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N° 3300 - 10 DE NOVIEMBRE DE 2005

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

63ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES MAESTRA NORA CASTRO Presidenta
Y JUAN JOSÉ BENTANCOR 2do. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 8 de noviembre de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo jueves 10, a la hora 8, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º. - Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Director General y Subdirector General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional. (Derogación del numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 y del inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736). (Carp. 445/005). (Informado). Rep. 400 y Anexo I

3º.- Deudores alimentarios. (Inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones). (Carp. 573/000). (Informado). Rep. 87 y Anexo I

4º.- Violencia en el deporte. (Normas para su prevención y régimen sancionatorio). (Carp. 484/005). (Informado). Rep. 411 y Anexo I

 

 

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN  JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

 

S U M A R I O.

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Utilización en Irak de armas de destrucción masiva por parte de los Estados Unidos de América.

— Exposición del señor Representante Rosadilla

8.- Conveniencia de implantar la obligación de que determinados lugares públicos cuenten con un desfibrilador.

— Exposición del señor Representante Orrico

9.- Iniciativas para la protección de los recursos ictícolas en aguas interiores del país.

— Exposición del señor Representante Martínez

10.- Solicitud de cesión en comodato de parte del edificio en el que funciona el Museo Histórico del Río Uruguay, en el departamento de Salto.

— Exposición del señor Representante Barreiro

11.- Aniversario del nacimiento del ex legislador profesor Carlos Walter Cigliuti.

— Exposición del señor Representante Espinosa

12.- Necesidad de reimplantar las escuelas nocturnas.

— Exposición del señor Representante Novales

CUESTIONES DE ORDEN

14.- Aplazamiento

13.- Integración de la Cámara

16.- Intermedio

13.- Licencias

17.- Preferencias

VARIAS

19.- Cuestión política planteada por el señor Representante Machado.

— Se vota negativamente

ORDEN DEL DÍA

15.- Director General y Subdirector General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional (Derogación del numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 y del inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736).

Antecedentes: Rep. Nº 400, de setiembre de 2005, y Anexo I, de noviembre de 2005. Carp. Nº 445 de 2005. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

18.- Deudores alimentarios. (Inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones).

Antecedentes: Rep. Nº 87, de marzo de 2005, y Anexo I, de noviembre de 2005. Carp. Nº 573 de 2000. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— En discusión general.

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Andrés Abt, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Ariel Barrios, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Alfredo Cabrera, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, José Carlos Cardoso, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde, Beatriz Costa, Hugo Cuadrado, Mauricio Cusano, Javier Cha, Richard Charamelo, Guillermo Chifflet, José Di Paulo, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Gustavo A. Espinosa, Julio César Fernández, Martín Fernández, Luis A. Ferrizo, Ana Gadea, Luis Gallo Cantera, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Guido Machado, Luis Machín, Jorge Machiñena, José Carlos Mahía, Gustavo Martínez, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Jorge Menéndez, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Jorge Pandolfo, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Esteban Pérez, Pablo Pérez González, Gonzalo Pessi, Enrique Pintado, Alicia Pintos, Iván Posada, Roque Ramos, Juan A. Roballo, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Alberto Scavarelli, Víctor Semproni, Juan C. Souza, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Roque Arregui, Daniel Bianchi, Juan José Bruno, Germán Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, Carlos Enciso Christiansen, Sandra Etcheverry, Luis José Gallo Imperiale, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliam Kechichián, Álvaro F. Lorenzo, Carlos Mazzulo, Gonzalo Mujica, Jorge Pozzi, Javier Salsamendi y Jaime Mario Trobo.

Faltan con Aviso: Daniel Mañana, Roque Martinelli, Edgardo Rodríguez y Carlos Signorelli.

Actúan en el Senado: Washington Abdala y Héctor Tajam.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 62

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y tripulación del buque ROU 04 "General Artigas", para realizar la Operación "NAVANT I", entre el 6 de diciembre de 2005 y el 10 de enero de 2006. C/623/005

-    A la Comisión de Defensa Nacional

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-    A la Comisión de Seguridad Social

-    A la Comisión de Presupuestos

La citada Cámara comunica que, en sesión de 8 de noviembre de 2005, sancionó el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y tripulación del Buque ROU 26 "Vanguardia", a efectos de participar en la operación "Antarkos XXII", entre el 17 de noviembre y el 20 de diciembre de 2005, efectuando escalas en los puertos de Ushuaia, República Argentina, y Punta Arenas, República de Chile. C/591/005

-     Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión Especial para el Deporte se expide sobre el proyecto de ley por el que se dictan normas para la prevención de la violencia en el deporte y se establece un régimen sancionatorio. C/484/005

La Comisión de Defensa Nacional se expide con dos informes en minoría sobre el proyecto de ley por el que se derogan el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, y el inciso 2º del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. C/445/005

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

-     Se repartieron con fecha 8 de noviembre

-     Se repartirá

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la nota presentada por representantes del barrio Grito de Asencio de la ciudad de Mercedes, relativa a la necesidad de evitar la reapertura del Hogar Asencio, para el traslado de menores infractores. C/25/005

-    A la Comisión de Derechos Humanos

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de las exposiciones realizadas por varios señores Ediles:

-     A la Comisión Especial para el Deporte

-    Téngase presente

La Secretaría de la Presidencia de la República acusa recibo de las siguientes exposiciones escritas:

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes de los señores Representantes Rodrigo Goñi Romero y David Doti Genta, sobre la instalación de antenas de telecomunicaciones en predios militares de los departamentos de Salto y Paysandú. C/426/005

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Jorge Gandini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, sobre su relación con un ciudadano con reiterados incumplimientos contractuales con el citado organismo. C/622/005

-     Se cursó con fecha 8 de noviembre

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos un proyecto de ley por el que se destina la recaudación mensual del Impuesto a las Retribuciones Personales para subsidiar el pago de alquiler de los jubilados y pensionistas incluidos en las disposiciones de la Ley Nº 17.217, de 24 de setiembre de 1999. C/627/005

-    A la Comisión de Hacienda

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Albérico Passadore" la Escuela Técnica de Colón, departamento de Montevideo. C/628/005

-     A la Comisión de Educación y Cultura".

3.-     Proyectos presentados.

A) "IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES. (Se destina la recaudación mensual referida en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900 para subsidiar el pago de alquiler de viviendas para jubilados y pensionistas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Destínase la recaudación mensual del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) referida en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 14 de octubre de 1987, para subsidiar el pago de alquiler de los jubilados y pensionistas incluidos en las disposiciones de la Ley Nº 17.217, de 24 de setiembre de 1999, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta días de su promulgación.

Montevideo, 8 de noviembre de 2005.

PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, ALBERTO CASAS, Representante por San José, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ANDRÉS ABT, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la presente ley se cubrirá en forma inmediata, la demanda real de viviendas para pasivos y pensionistas cuyo monto de asignación mensual de pasividad no supera las veinticuatro Unidades Reajustables y que carecen de vivienda propia.

De esta forma, se podría estar dando una solución habitacional sumamente rápida, a más de ocho mil pasivos en las condiciones antes mencionadas.

El Poder Ejecutivo en su reglamentación, determinará si el otorgamiento de los subsidios se efectúa de acuerdo a las normas vigentes para la adjudicación de viviendas a pasivos o si por el contrario, por tratarse de una nueva modalidad opta por otro criterio más sencillo que permita cubrir las necesidades de habitación en el menor tiempo posible.

Montevideo, 8 de noviembre de 2005.

PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, ALBERTO CASAS, Representante por San José, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ANDRÉS ABT, Representante por Montevideo".

B) "ALBÉRICO PASSADORE. (Designación a la Escuela Técnica de Colón, departamento de Montevideo).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Albérico Passadore", a la Escuela Técnica de Colón, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

Montevideo, 9 de noviembre de 2005.

JORGE MUTIO, Representante por Montevideo, ÁLVARO DELGADO, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, JOSÉ AMORÍN, Representante por Montevideo, ÁLVARO F. LORENZO, Representante por Montevideo, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ARIEL BARRIOS, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley, por el que se designa con el nombre de Albérico Passadore la Escuela Técnica de Colón, rinde homenaje a un ciudadano ejemplar, multifacético, con destacada actuación en diversas áreas y con una profunda vocación de servicio que se tradujo en un esfuerzo sin pausas para servir al país desde varios ángulos del quehacer nacional.

La comunidad de Colón, a través de sus fuerzas vivas, especialmente el Rotary Club de Colón, promueve esta iniciativa para tributar un merecido e impostergable homenaje a esta destacada personalidad tan rica en nobles virtudes ciudadanas, para perpetuar su recuerdo, designando con su nombre a la Escuela Técnica de Colón.

Don Albérico Passadore estuvo estrechamente vinculado al quehacer de ese instituto de enseñanza al que le dio desinteresadamente su colaboración y ayuda invalorables, en todo tiempo, y particularmente, en la construcción de su moderno edificio actual, el cual, en buena medida, se debe a su aporte generoso.

Quizás la característica más señalada de la personalidad de Don Albérico Passadore sea la variedad de las actividades que desempeñó, en todas las cuales estuvo en primer plano: viticultor, empresario, dirigente político, legislador, deportista, benefactor; disciplinas que desarrolló con brillo, pasión, enorme tenacidad y notable desprendimiento.

Don Albérico Passadore fue un importante y visionario vitivinicultor, contribuyendo en forma significativa al desarrollo de esta actividad de superior importancia para la vida económica del Uruguay, la que le ha dado prestigio internacional en el concierto de las naciones.

Como empresario, estuvo al frente de Bodegas y Viñedos Santa Rosa, pionera y líder del sector vitivinícola. Su empresa siempre ha sido una fuente de trabajo importante en la zona de Colón, muchos de cuyos habitantes encuentran allí su medio de vida.

Como ciudadano inquieto y preocupado por los problemas de la sociedad y del país, la acción política tampoco podía serle ajena. A esta actividad ejercida con idealismo y autenticidad, dedicó también sus mayores desvelos e inagotable capacidad de trabajo. Fue un dirigente político destacado, apreciado y respetado, siempre cercano a la gente, encabezando por varias décadas la tradicional lista 4 del Partido Nacional en Montevideo.

Albérico Passadore fue legislador, ocupando una banca de Diputado por el departamento de Montevideo en varias oportunidades, así como Senador de la República. Dejó su banca el día 5 de junio de 1973. Fue un legislador responsable, serio, trabajador, dedicado especialmente a la atención de los temas vinculados a la industria y la producción nacional.

En la historia del deporte nacional, su nombre ocupa un lugar de primer orden, destacándose en varias disciplinas como atleta y como dirigente. Muy tempranamente se dedicó a la práctica del deporte, primero fútbol, luego ciclismo y también atletismo, ostentando por muchos años el récord nacional de salto con garrocha. Fue técnico de basketball, siendo campeón federal y sudamericano en 1946, dirigiendo al equipo uruguayo que venció por única vez al de Estados Unidos. Como dirigente fue el nervio motor del Club Atlético Olimpia desde que en 1933 llega a Colón.

Construyó en las décadas de los años 50 y 60 la formidable sede de esta institución, cuya actividad cumple una función social, educativa y deportiva trascendente para una amplia zona del norte de Montevideo. Fue un importante dirigente del Comité Olímpico Uruguayo del que recibió la condecoración por haber sido el deportista amateur más relevante de su época.

Formó una numerosa familia ligada indisolublemente al deporte. Sus hijos y nietos se han destacado en la práctica de distintas disciplinas. En el automovilismo, el karting, el ciclismo y el rugby, el apellido Passadore figura en lugares de privilegio.

Don Albérico, como se le conoce en Colón, fue un colaborador entusiasta y permanente de los centros de enseñanza de la zona. Fue protagonista fundamental de la construcción de la Escuela Industrial hoy Escuela Técnica (cuya designación con su nombre se propone). También fue promotor de la construcción del Liceo Nº 9 de Lezica, de la Escuela Rural de Las Violetas (Canelones) y de su querida Escuela al Aire Libre Nº 199. Respaldó permanentemente a las Comisiones de Fomento de las escuelas de la zona, las que integró y presidió en reiteradas oportunidades. Varias generaciones de maestros y directores, a lo largo de muchas décadas, son testigos del obrar silencioso y desprendido de Don Albérico.

Don Albérico Passadore se caracterizó por ser un hombre sumamente generoso, abierto, altruista, que realizó una importante labor social. Siempre próximo al más desvalido y desprotegido, al que se acercaba con naturalidad y sencillez, con su inconfundible sonrisa y mano franca. Jamás hizo distinción por política, raza, religión ni ninguna otra especie, cuidando con exquisita sensibilidad que el otro no sintiera el peso de su personalidad o la del apoyo que estaba brindando, pues todos quienes trataron a Passadore lo tenían como un igual, un vecino más, con sus mismos gustos, afanes y pasiones.

Don Albérico, hijo de Don Juan Bautista Passadore y Doña Rosa Saettone, nació en Colón, Montevideo, el 22 de octubre de 1903 y murió en su domicilio, a pocos metros de su casa paterna, el 4 de setiembre de 1997 a los noventa y tres años de edad. Hombre de extraordinaria vitalidad y gran fuerza de voluntad, probo y honesto, trabajó sin pausas hasta cerca del final de su larga vida; y hasta sus últimos tiempos siguió interesado por las cosas de su comunidad y celebrando entusiasmado los acontecimientos que marcaban progreso y desarrollo de la misma.

Don Albérico Passadore, es un arquetipo ciudadano que debe tenerse como referente y ejemplo de vida para los jóvenes en formación. Por eso es de estricta justicia el aprobar el proyecto de ley que se presenta, para que la Escuela Técnica de Colón lleve el nombre de este virtuoso y respetado vecino.

Montevideo, 9 de noviembre de 2005.

JORGE MUTIO, Representante por Montevideo, ÁLVARO DELGADO, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, JOSÉ AMORÍN, Representante por Montevideo, ÁLVARO F. LORENZO, Representante por Montevideo, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ARIEL BARRIOS, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Está abierto el acto.

(Es la hora 8 y 23)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Jorge Romero Cabrera solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Empleo, al Comité Local de Empleo de Rivera, a las Entidades de Capacitación públicas y privadas, al Fondo de Reconversión Laboral, a la Junta Nacional de Empleo y al Programa de Capacitación Laboral; de Desarrollo Social; de Economía y Finanzas; de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera y a la Unión de Trabajadores Desocupados, sobre a la instrumentación de cursos del Programa de Capacitación Laboral para trabajadores amparados por el seguro de desempleo en el referido departamento. C/22/005

El señor Representante Darío Pérez Brito solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionada con la invitación cursada por la Cámara Empresarial Maldonado-Punta del Este a dicha Administración para participar en un emprendimiento de promoción del centro de la ciudad capital del departamento de Maldonado. C/22/005

El señor Representante Rodolfo Caram solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 8 de noviembre de 2005:

Con aviso: Carlos Signorelli.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 9 de noviembre

HACIENDA

Con aviso: Héctor Tajam.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Adriana Peña Hernández.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Carlos Signorelli.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN integrada con la de TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Álvaro F. Lorenzo.

ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO

Con aviso: Carlos Varela Nestier".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Jorge Romero Cabrera a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Empleo, al Comité Local de Empleo de Rivera, a las Entidades de Capacitación públicas y privadas, al Fondo de Reconversión Laboral, a la Junta Nacional de Empleo y al Programa de Capacitación Laboral; de Desarrollo Social; de Economía y Finanzas; de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera y a la Unión de Trabajadores Desocupados, sobre a la instrumentación de cursos del Programa de Capacitación Laboral para trabajadores amparados por el seguro de desempleo en el referido departamento.

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Desarrollo Social; al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Educación y Cultura; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Empleo (DINAE), al Programa de Capacitación Laboral (PROCAL), a las entidades de capacitación públicas y privadas y al Comité Local de Empleo de Rivera; y a la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) y al Fondo de Reconversión Laboral; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera; y a la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). El 2 de agosto del corriente año, por Oficio Nº 1758 de esta Cámara, cursamos una exposición escrita relacionada con una solicitud vinculada al Programa de Capacitación Laboral para trabajadores en seguro de desempleo (PROCAL), creado por la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que también creó la DINAE. En esa oportunidad, estimamos oportuno solicitar a las autoridades competentes que prestaran atención a nuestra solicitud, ya que hacía más de un año que no se realizaba curso alguno. Felizmente, nuestras palabras fueron bien recibidas, atendiéndose no sólo al departamento de Rivera, sino a todo el interior del país lo que, sin dudas, nos reconforta. Sin perjuicio de lo expresado, la preocupación permanece, pues nuevamente se han olvidado del departamento de Rivera. Llegó a nuestra mesa de trabajo un informe de los cursos y de los departamentos atendidos por dicho Programa, en el que no está incluido el departamento de Rivera. Los altos índices de desocupación continúan y la exigencia en los requisitos, a la hora de solicitar un empleo, es cada vez mayor. Reivindiquemos la importancia de esos cursos para la capacitación laboral de los trabajadores en seguro de desempleo, que son de gran ayuda y apoyo para nuestros ciudadanos, otorgando viáticos, orientación para la búsqueda de empleo y, en algunos casos, la inserción laboral, a través de la instrucción a esos trabajadores en diferentes áreas, como la informática, la administración, la venta, los idiomas, la gastronomía, la construcción, la sanitaria, los servicios personales, entre otros. A mediados de agosto del año 2004, se dictó el último curso -como se manifestara anteriormente-, y es imprescindible, para nuestra gente, obtener la reinstalación de ese invalorable Programa. Oportunamente informamos que el Comité Local de Empleo de Rivera elevó notas solicitando que se reanudaran los cursos, sin obtener ningún resultado. Continuamos, al día de hoy, sin recibir noticia alguna, por lo que reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de que tenga a bien atender estos reclamos, en conocimiento de que dicho Programa va dirigido a aquellas personas de más bajos recursos y más vulnerables de nuestra sociedad; criterios que se relacionan con el nivel de ingresos, con el nivel educativo y con la situación familiar. Reiteramos la importancia de mantener esos cursos vigentes y en funcionamiento. Nuestra preocupación está dirigida al departamento de Rivera, ya que el resto de los departamentos fueron atendidos. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera".

2) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionada con la invitación cursada por la Cámara Empresarial Maldonado-Punta del Este a dicha Administración para participar en un emprendimiento de promoción del centro de la ciudad capital del departamento de Maldonado.

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Desde hace varias semanas, se está impulsando la constitución de Pro Centro, una comisión especial de la Cámara Empresarial de Maldonado - Punta del Este, dedicada al desarrollo de mejores condiciones comerciales, sociales, humanas, urbanísticas y estéticas para el centro de la ciudad capital del departamento de Maldonado. Múltiples son las actividades que piensa desarrollar esa comisión, a saber: organización de promociones periódicas y permanentes; coordinación y contratación de publicidad en medios de comunicación y vía pública; coordinación y contratación de servicios de vigilancia, de limpieza, higiénicos y otros; información y orientación de clientes locales y de turistas; propuestas tendientes a la racionalización del estacionamiento de vehículos; creación de circuitos turístico - culturales - comerciales; instalación de señalización propia; coordinación y armonización de las propuestas estéticas de los locales; coordinación y organización de capacitación de personal (bolsa de trabajo); promociones internas cruzadas (gestión de beneficios para miembros); representación corporativa ante autoridades públicas y otras instituciones; e investigación y desarrollo (marketing). Múltiples, también, son los apoyos logrados por parte de empresas locales, que contribuirán con el Fondo de Promoción del Centro de la mencionada ciudad. Esta comisión ha invitado a ANTEL y a ANCEL a ser miembros de la misma. La propuesta ha sido realizada por parte de Pro Centro, el 26 de setiembre de 2005, sin obtener aún respuesta. Desearíamos que tan seria y meritoria asociación contara con el apoyo de ANTEL, ocupando también un lugar y promocionándose en un ámbito, que redundará en beneficios, para nuestra empresa telefónica del Estado. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

3) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a los Ministerios de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay; y del Interior, y por su intermedio a la Jefatura de Policía de Artigas, sobre la posibilidad de habilitar a funcionarios policiales del interior del país a operar en la División Crédito Social de dicha institución bancaria en plazos de hasta cuarenta meses.

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), y al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Jefatura de Policía de Artigas. Hace pocos días hemos accedido a la información de que el BROU, mediante una circular interna, habilitó a los funcionarios de la Jefatura de Policía de Montevideo, bajo el sistema automático de crédito, a operar hasta en 40 cuotas. Nuestra inquietud es qué motivos conducen a tomar esa decisión e, inmediatamente, nos preguntamos por qué los funcionarios policiales del interior no fueron contemplados. Creemos que seguramente hubo una omisión involuntaria, o por causa justificada, porque, de lo contrario, debemos pensar que es discriminación contra los funcionarios del interior y, sin dudas, es inadmisible que eso pueda ocurrir. Solamente podríamos aceptar alguna explicación de carácter técnico, de operativa del crédito, de procedimiento o del plazo que el Banco necesita para tramitarlo. Es muy importante que los responsables de la referida institución analicen la situación y hagan que esa decisión sea válida para los funcionarios del instituto policial de todo el territorio nacional. Si bien la indicada circular del BROU ya entró en vigencia, en los últimos días hemos recibido el reclamo de policías del interior del país, solicitando se los comprenda o ampare en la resolución. Es un tema muy sensible, que genera muchas expectativas para los funcionarios, más aun si consideramos que, en general, existe un fuerte endeudamiento y toda posibilidad de acceder al crédito en condiciones favorables es una alternativa para la economía familiar. Exhortamos a las autoridades correspondientes a tomar providencias a corto plazo, para que se revierta dicha situación, y que todos aquellos interesados en acceder al crédito puedan hacerlo sin tener en cuenta el lugar de trabajo. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

4) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; y a la Junta Departamental de Artigas, relacionada con el abastecimiento de agua potable al pueblo Sequeira, en dicho departamento.

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), y a la Junta Departamental de Artigas. Es motivo de inquietud la situación por la que atraviesan los pobladores de pueblo Sequeira, del departamento de Artigas, con respecto al suministro de agua potable. Una parte importante del pueblo ve restringido su utilización en determinadas horas del día y, principalmente, durante los períodos de primavera y verano. Ese pueblo, ubicado a 80 kilómetros de la capital departamental, sobre la Ruta Nacional Nº 4 Andrés Artigas, posee servicio de agua potable suministrado por OSE. Dicho servicio cuenta con más de 280 conexiones a la red, el agua potable viene de dos pozos semisurgentes con sendas bombas eléctricas y es derivada a un tanque elevado. Es precisamente ese el problema, la capacidad del tanque es absolutamente insuficiente para la demanda existente, por lo que las bombas no reponen con el mismo flujo la salida del líquido. Al descender el nivel del agua potable en el tanque comienzan los problemas de suministro a las partes altas, hasta el corte definitivo que generalmente se produce todos los días en momentos de alto consumo. Es importante destacar que en ese pueblo funcionan una escuela y un liceo público; tiene una población cercana a los 1.800 habitantes, la distribución de sus viviendas es muy irregular y se expande en una gran extensión. Sin embargo, aun en esas condiciones, el servicio de agua potable ha llegado a casi todas las viviendas, por lo que reconocemos el gran esfuerzo realizado por el ente estatal. A nuestro entender corregir el déficit de depósitos de agua potable se justifica plenamente. Hemos recabado información, en la oficina departamental de OSE, de que aumentar el número de tanques es posible, ya que el caudal de los pozos es suficiente. Actualmente existe uno solo con una capacidad mínima para la demanda. Este es una tema importante para muchos vecinos, creemos que es accesible la solución y sin dudas apunta a mejorar la calidad de vida de los mismos. Confiamos en la capacidad técnica de gestión de OSE y apelamos a la sensibilidad de sus autoridades para atender la situación de los usuarios de pueblo Sequeira. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     Utilización en Irak de armas de destrucción masiva por parte de los Estados Unidos de América.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señora Presidenta: queremos traer a la Cámara un tema que nos preocupa mucho.

En los últimos días nos hemos venido enterando, cada vez con más detalles, de hechos que desde hace meses se sospechaba que ocurrían, que se divulgaban a través de listas de correos electrónicos o circulaban por medio de agencias informativas sin el prestigio y el brillo de algunas cadenas internacionales, pero que recientemente han sido confirmados por esas cadenas de gran porte. Estados Unidos de Norteamérica, que atacó Irak contra la voluntad de las Naciones Unidas diciendo que allí iba a encontrar armas de destrucción masiva -que no encontraron-, no solo invadió ilegalmente y atropelló un país, sino que llevó ese tipo de armas y las utilizó. Nos dice la crónica de estos últimos días que Estados Unidos de Norteamérica volvió a utilizar napalm y fósforo blanco, y cuentan sus soldados que solo era para iluminar.

En esta Cámara, que ha sido muy sensible en los últimos días -y lo ha demostrado frente a declaraciones que compartimos y apoyamos, oponiéndonos a cualquier manifestación de totalitarismo, de arrasamiento o de avasallamiento-, no debería dejar de levantarse alguna voz para condenar este tipo de crímenes. Este ya era un crimen por su forma, por la manera como se hizo, por su contenido, y ahora se agrega la ilegalidad de la utilización de armas que ya hace tiempo la humanidad se puso de acuerdo en no emplear.

No voy a decir que me sorprende la actitud de los Estados Unidos. Sería hipócrita. Los imperialistas son capaces de esto y de mucho más. Ese imperialismo, que está absolutamente desembozado, que no tiene ningún tipo de control y que va desconociendo resoluciones de Naciones Unidas al imponer su ley, su concepto y su norma sobre la base de informaciones que luego resultan ser totalmente imposibles de probar, terminó utilizando armas químicas en Irak. Ahora mismo, cuando se sigue un proceso a los ex gobernantes de Irak -con los que me distancia un mundo por sus ideas y procedimientos, pero están presos y siendo enjuiciados-, van dos abogados muertos en veinte días. Reitero que de esos presos me separa un mundo, y el primer mundo que me separa es que fueron secuaces de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo esto porque me preocupa mucho.

No hace mucho, en esas mismas cadenas se brindó otra información; tengo el resumen de un medio de prensa del viernes 7 de octubre, donde el Presidente de Estados Unidos nos contó algunas cosas. Nos dijo que todo lo que hace, lo hace inspirado por Dios, que una vez vino Dios y le dijo: "George, ve y combate a esos terroristas en Afganistán". Y lo hizo. Después le dijo: "George, ve y pon fin a la tiranía en Irak". Y él fue y lo hizo. Ahora, hace poco, le dijo: "Ve y consígueles a los palestinos un Estado y a los israelíes su seguridad". ¡Y él, por Dios que lo va a hacer!

Como voy a solicitar que se envíe la versión taquigráfica de estas palabras a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, le digo a George que, a veces, Dios hace bromas, y si un día escucha que le dice: "George, ve a Uruguay y sálvalos", que sepa que es un chiste y no venga.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

8.-      Conveniencia de implantar la obligación de que determinados lugares públicos cuenten con un desfibrilador.

Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: el sábado 22 de octubre era un día de primavera, de esos que nos regala a los montevideanos esta estación que es la más linda del año, y daba para disfrutar al aire libre. Eso trajo como consecuencia que el club Círculo de Tenis ese día estuviera absolutamente repleto.

Aquello era una fiesta, con familias enteras que habían ido a pasar el día allí y, de pronto, promediando la tarde, ocurrió lo que nadie quiere que pase: un socio de cuarenta y ocho años tuvo una muerte súbita en la cancha 6. Rápidamente, otro socio, el señor Eduardo Fazzio, se trasladó hacia allí y empezó a hacerle masaje cardíaco y respiración artificial. Los empleados del club, Fernando Carve, María Andrea Fernández, Mariana Fugazot y Juan Martín Dabezies, se movilizaron inmediatamente y fueron hasta un lugar donde existe un aparato que se llama desfibrilador, rompieron el vidrio que lo protegía y se dirigieron hacia donde estaba el socio. Carve lo rasuró a la altura del pecho, le aplicaron los electrodos y el aparato dio la orden de suministrar el choque eléctrico, que efectivamente se produjo; y Alesandro hoy está vivo, gracias a ese aparato que es casi milagroso.

Todo el mundo lloraba. Andrea, que fue quien suministró la descarga, lloraba, porque aquello era una especie de milagro.

Digo esto porque este desfibrilador cuesta US$ 1.800, con capacitación incluida. Nuestro club, el Círculo de Tenis, rápidamente lo incorporó y se hizo el curso; inclusive, el gremio del club decidió que todos lo harían, y eso trajo como consecuencia que sobrevivió alguien que podría haber muerto. Todos los médicos que actuaron dijeron que si no fuera por ese desfibrilador, esta persona -reitero que tiene cuarenta y ocho años- estaría muerta.

El señor Diputado Gallo Imperiale presentó un proyecto de ley en esta Cámara para que sea obligatorio contar con estos aparatos inteligentes en determinados centros. Ha habido algunos accidentes en los que murió gente muy joven, porque, lamentablemente, como primer síntoma de una enfermedad cardíaca tuvieron una muerte súbita; y se dice que muchos se podrían haber salvado si en ese momento hubiera habido uno de estos aparatos, que deberían estar en determinados lugares. Me estoy refiriendo a los shoppings, a esta Cámara, al estadio y a tantos otros sitios donde se concentra gente y en los que bastaría contar con un aparato de este tipo -cuyo costo no es una locura ni cosa que se le parezca- y con entrenar a la gente para utilizarlo para que se salven miles y miles de vidas humanas. Es importante que todos sepamos que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en el Uruguay.

Abogo, entonces, para que este proyecto de ley se empiece a tramitar en esta Cámara, para que luego pase al Senado. Se trata de salvar vidas; en consecuencia, los costos son mínimos teniendo en cuenta la satisfacción que medidas de este tipo le pueden dar a la comunidad.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse a la señora Ministra de Salud Pública; al Ministerio de Turismo y Deporte; al programa de salud cardiovascular del Ministerio de Salud Pública; al Director General de Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Basso; a la Fundación Procardias, y a las Comisiones de Salud Pública de ambas Cámaras.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta en tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

9.-     Iniciativas para la protección de los recursos ictícolas en aguas interiores del país.

Tiene la palabra el señor Diputado Martínez.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero agradecer especialmente la actitud del señor Diputado Machado, Representante por Rivera, por cederme este espacio.

El 16 de noviembre de este año se va a celebrar el 152º aniversario de mi ciudad, en la cual convivo con mi familia. Allí, las organizaciones locales están organizando un conjunto de festejos. Entonces, quisiera hacerles llegar mi saludo, a través de la Junta Local de San Gregorio, que en definitiva es el órgano de gestión local en nuestra comunidad, a la que tanto queremos.

En segundo término, hay un tema de fondo que nos preocupa desde hace muchos años. La conservación y la reproducción ictícola en nuestros ríos, arroyos, lagos y lagunas -aguas interiores del país- ha sido y es preocupación de gobernantes, técnicos y vecinos, fundamentalmente ribereños. La extracción sin control, sin duda, significa una amenaza muy importante para los recursos naturales existentes en nuestras aguas. En ese sentido, creemos necesario tomar decisiones trascendentes para su protección y conservación, sin desmedro de la importancia productiva y social que tiene la pesca artesanal.

La situación social reinante en el país -especialmente en el interior-, que a nadie le es ajena, ha llevado a que la pesca artesanal se haya transformado para muchos pueblos, ciudades y villas en una forma de sustento para las familias, y sin duda ha sido reconocida, apoyada y defendida por la DINARA, antiguamente INAPE. Es así que la cantidad de pescadores en todo el país se ha transformado en cientos. Asimismo, han duplicado o triplicado su instrumental de captura, pero el volumen capturado no es igual que el de antes; seguramente sea hasta menor.

Podrá haber muchas razones desde la óptica técnico-científica para la merma de la reproducción de peces en nuestras aguas interiores, la cual es notoriamente decreciente. Pero lo más trascendente, desde nuestro punto de vista y, fundamentalmente, desde el de los propios actores, los pescadores, es la no existencia de un lapso de descanso anual. Sin tener mayor conocimiento técnico, pero estando permanentemente en contacto con los pescadores, creemos que se debe buscar una solución que pase por una pequeña veda de pesca durante los meses de desove de nuestros peces en los ríos y arroyos y que ocupe los tiempos más importantes, que, según los técnicos, serían los meses de octubre y diciembre. Y planteamos esto sin desmedro de saber que en las zonas donde se practica este duro oficio, los propios pescadores defienden la aparición de pescadores deportivos, porque, en definitiva, constituyen una población flotante que llega a esos pueblos, que también viven del comercio que se genera por la presencia de turistas.

En lugares como Nueva Palmira, la cuenca del río Negro, villa Soriano, Paysandú, Nuevo Berlín o la laguna Merín, los pescadores deben portar permiso librado por la DINARA, deben tener permiso de la Prefectura Nacional Naval de salida y llegada a la costa y tienen que decir cuánto es lo que capturaron. Los compradores, quienes de alguna forma hacen el acopio del pescado, también deberían tener el permiso de la DINARA y la autorización correspondiente desde el punto de vista de la actividad que desarrollan. Por lo tanto, se sabría cuánto se pesca, cuánto captura cada pescador, cuánto cuesta cada kilo de pescado. De alguna manera, ese registro podría servir para evaluar casi con certidumbre total cuánto gana cada pescador en el año.

Téngase presente que estamos en plena época de desove. Por ende, la Administración tiene un año entero para pensar en esta propuesta que hemos elaborado y buscar una solución.

Por lo expuesto -y por otras razones que el tiempo de que dispongo no me permite mencionar-, solicito al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la protección de la riqueza ictícola en aguas interiores de jurisdicción nacional y el amparo al pescador artesanal de la siguiente manera. En primer lugar, decretando veda de pesca artesanal en la época indicada científicamente de desove de peces en aguas interiores de jurisdicción nacional. En segundo término, estableciendo un subsidio mensual para los pescadores artesanales que operan en las aguas mencionadas, que regiría durante el tiempo de veda anual establecido por las autoridades competentes. Dicho subsidio sería equivalente al promedio de ingreso que recibe cada pescador, estableciéndose un tope máximo y recurriendo para ello a recursos como, por ejemplo, los utilizados por el Plan de Emergencia Social. Además, pedimos que se instrumente un mecanismo de control coordinando esfuerzos entre la DINARA, la Prefectura Nacional Naval y el Ministerio del Interior, salvando las limitantes existentes en los estatutos desde el punto de vista de la jurisdicción, y los propios pescadores como elemento de control. Al mismo tiempo, solicitamos que durante la veda se instrumenten talleres que permitan a los pescadores instruirse en la cría de peces en estanques, en jaulas y demás, a través de los técnicos y biólogos que tiene el país, que, sin duda, son muy capaces.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Poder Ejecutivo; al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; a las organizaciones de pescadores registradas en la DINARA, y a las Juntas Departamentales de todo el país.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y ocho en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

10.-      Solicitud de cesión en comodato de parte del edificio en el que funciona el Museo Histórico del Río Uruguay, en el departamento de Salto.

Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: luego de dos años de esfuerzos, y con la idea de preservar el rico patrimonio histórico de la ciudad de Salto en su relación con el río Uruguay, se inauguró el 19 de junio de 2000 el primer Museo Histórico del Río Uruguay. Con el apoyo de la Intendencia Municipal de Salto e instituciones públicas y privadas, y sobre todo con el tesón y la dedicación puestos de manifiesto por el grupo de personas que impulsó la idea, se procedió al alhajamiento de sus tres salas, en el resguardo del puerto de Salto.

El museo -en formación- creció y recibió abundante material, además de acrecentar su patrimonio con un permanente trabajo de investigación. Cumple una importante función didáctica y de asesoramiento en temas técnicos e históricos del río Uruguay. Ha recibido hasta la fecha la visita de más de 16.000 personas.

El Museo Histórico del Río Uruguay es una ONG que funciona bajo la dirección de una Comisión Administrativa Honoraria y se rige por sus estatutos. Fue declarada de interés departamental por la Junta Departamental de Salto y, con fecha 4 de setiembre de 2003, ha registrado su personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura con el Nº 9.423.

El 5 de mayo de 1998, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Comisión Honoraria del Patrimonio Histórico de Salto celebraron un convenio de restauración de la parte alta del resguardo portuario. Dicha Comisión y la Intendencia Municipal de Salto procedieron al llamado a licitación para las obras y, en definitiva, permitieron recuperar el antiguo edificio resguardando sus importantes valores arquitectónicos y culturales.

El motivo de esta exposición radica en lograr la cesión en comodato, o a través de la figura jurídica que se entienda pertinente, de la planta alta del edificio en cuestión, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Comisión Administradora del Museo, visto que su actividad en este local no se realiza actualmente a ningún título desde el punto de vista jurídico. Además, sería deseable que tan importante iniciativa, que ya lleva varios años de continuidad y con perspectivas ciertas de incorporación de nuevo e importante material, tuviera por lo menos una mínima seguridad en su funcionamiento. Se aseguraría así un destino útil para parte de un edificio que hace ya muchos años que no cumple con su primitivo cometido. Acotamos, además, que dicho bien se encuentra en vías de ser declarado monumento histórico nacional, pues existe un expediente en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Asegurar su utilización como Museo Histórico del Río Uruguay le permitirá, sin duda alguna, cumplir sobradamente con tan importante papel como referente histórico y cultural.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Hidrografía; al Ministerio de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Salto; a la Comisión Honoraria del Patrimonio Histórico de Salto y a la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

11.-     Aniversario del nacimiento del ex legislador profesor Carlos Walter Cigliuti.

Tiene la palabra el señor Diputado Espinosa.

SEÑOR ESPINOSA.- Señora Presidenta: el próximo 12 de noviembre se celebra el aniversario del nacimiento de una de las más importantes y señeras figuras del departamento de Canelones, de un gran hombre público, prominente político, hombre del Partido Colorado, ciudadano forjador de encomiable trayectoria, a quien podemos definir como un obrero sencillo y puro de la República.

Hablamos del profesor Carlos Walter Cigliuti, arquitecto de ideales liberales, cuyo tránsito por la vida cede a las futuras generaciones la generosidad de su pensamiento, el ara de su grandeza y un espíritu forjador del porvenir.

Las antiguas filosofías orientales definen el tránsito de las personas en la vida como "una gota de rocío caída en el huerto de la eternidad [...] caída en la extensión inmensa de la tierra, destella un momento apenas, mas cuando se levanta el cálido Sol no queda huella. Solo alguna vez logra brillar sobre una flor y se prolonga entonces su belleza hasta la orilla del tiempo".

De esta forma, con este pensamiento resaltamos la figura de Cigliuti: un eterno en el tiempo, artífice de una vida inmensa que en su caso, al igual que el rocío, perdura fresco, inextinguible, señera huella que recorre en su extensión una constante prédica de valores y ejemplos. Como la filosofía, su vida brilla en la huerta de la eternidad, impidiendo su olvido por haber alcanzado la otra orilla del tiempo.

Labrador incansable de ideales republicanos; templario de un inagotable espíritu democrático; artífice de una vida partidaria plena; docente magistral, impulsor de una arquitectura educativa que supo impartir con cariño y afecto permanente; firme en sus convicciones; tribuno elocuente, de profunda sagacidad y, por sobre todas las cosas, ciudadano ejemplar.

En su inagotable abnegación por la sociedad y su lucha constante por la libertad en su máxima ponderación, recorre todas las expresiones públicas y políticas posibles: docente, Presidente de la Asamblea Nacional de Profesores y de la Comisión Permanente, miembro del Consejo de Educación Secundaria, historiador, periodista, Presidente de la OFI, Ministro de la Corte Electoral, Subsecretario de Defensa Nacional, Secretario General Departamental del Partido Colorado, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Diputado, Senador; son todos estos espacios su arena de luchas cívicas en defensa de la democracia, de los intereses colectivos de la sociedad y de sus ciudadanos.

Su personalidad se amalgama con las francas y apacibles virtudes de un ser humano sencillo; surgen en él imborrables características de su personalidad: apasionado, atento, jovial, con capacidad innata para las picardías, iracundo por momentos, severo en sus juicios, notable orador, buen vecino y afectuoso en el trato diario.

Para "Chilín" nunca dejó de ser el ómnibus o el tren su medio de transporte para llegar al trabajo; se entregaba con igual pasión y plenitud a sus tareas familiares, donde destellaba su amor por "Lula" -su esposa- y por sus entrañables hija y nietos.

Obsequió a la vida una perpetua ofrenda de ideales batllistas, forjados en el yelmo conspicuo de sus pensamientos políticos; floreció siempre en él un fértil fervor partidario, de cuya convicción hizo gala en toda tribuna en que participó, manteniendo siempre en alto la llama de su acendrada admiración por don José Batlle y Ordóñez.

Sembró en su vida una proyección ideológica que en ríos de tinta inmortalizó en libros, escritos y notas periodísticas. Sus obras señalan la probidad de sus conocimientos y su inmenso compromiso con su Partido Colorado.

Su vida se cristaliza en sencillez, dignidad y en ese imponente estereotipo batllista que se rehúsa a agotarse temporalmente; al contrario, logra proyectarse en su constante reivindicación, revitalizándose así en todas las dimensiones su fraterno ejemplo.

Ante el respetuoso saludo que recibía llamándosele Senador, Cigliuti rechazaba cortés y permanentemente esa distinción. En consecuencia, los canarios aspirábamos a distinguirlo, por lo menos, con un: "Buenos días, don Carlos", al que nos contestaba siempre de manera muy afable: "Yo soy 'Chilín'; don Carlos era mi papá". Es un simple ejemplo que denota la virtud de su sencillez y su ática probidad de hombre de bien; parafraseando a Machado, yo digo: "Chilín" es, en el buen sentido de la palabra, bueno.

"Chilín" es, además, el brillante tribuno que puede impartir temor a sus adversarios al momento del debate, consular al emitir su opinión, apasionado en la política, emotivo en su discurso, constructor de una pasión batllista encumbrada, luchador incansable, optimista contagioso.

Señora Presidenta: la responsabilidad batllista nos compromete hoy -como siempre- a compartir un célebre pensamiento de Cigliuti, que solía decir: "el único régimen que vale para organizar un país, es la democracia, porque es el único que respeta los fueros de la persona y le da a cada uno las mismas posibilidades, en la misma medida y en el mismo tiempo".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los familiares del profesor Carlos Walter Cigliuti; al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités Ejecutivos Departamentales del Partido Colorado de todo el país; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Canelones; a los medios de prensa escritos, radiales y televisivos de Canelones y a los de circulación nacional.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

12.-     Necesidad de reimplantar las escuelas nocturnas.

Tiene la palabra el señor Diputado Novales.

SEÑOR NOVALES.- Señora Presidenta: en este espacio voy a referirme a un tema vinculado con la educación y su acceso a ella.

Después de las idas y venidas que ha tenido el Presupuesto a estudio de este Cuerpo legislativo, no puede desconocerse la singular trascendencia que en ese marco se le dio a la educación y el "quantum" del producto bruto interno que correspondería asignársele. En virtud de un compromiso preelectoral asumido por el partido de Gobierno, se otorgó a la educación, con determinadas condicionantes, un 4,5% del producto bruto interno, monto considerado adecuado por el Gobierno para contemplar las reclamaciones de la enseñanza. Sin entrar a discutir si el porcentaje otorgado es o no el adecuado, consideramos oportuno realizar un planteamiento que aspira a tutelar la situación por la que atraviesan muchas personas de nuestro país en lo atinente a la educación o a la falta de ella.

En primer lugar, debemos tener muy presente que, según lo establecido en el artículo 70 de la Constitución, "Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.- [...] La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones". Hoy en día, y de acuerdo con la reglamentación vigente, vemos con claridad cómo se viola flagrantemente y en forma sistemática este precepto constitucional.

Con el objetivo de facilitar en parte el acceso a la educación es que venimos a instar a las autoridades de la educación a que reimplanten las denominadas escuelas nocturnas. En nuestro país, según lo que publica la encuesta continua de hogares, el 1,1% de la población no tiene instrucción alguna y, de acuerdo con lo publicado en la página del Instituto Nacional de Estadística, según el Censo de 1996, la tasa de analfabetismo es del 3,21%. Este porcentaje parecería escaso si lo comparáramos con los de otros países, pero para dar una idea de la realidad diremos que equivaldría a la población total de un departamento mediano de nuestro país.

En la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública existía una modalidad de impartir clases, denominada "escuelas nocturnas". Consideramos que su reimplantación será un mecanismo eficiente para intentar bajar las tasas de analfabetismo antes mencionadas, posibilitando que se imparta educación primaria a las personas "extra edad".

Con las escuelas nocturnas se atendía a una franja importante de personas de nuestra población que hoy en día carecen de la posibilidad de acceder a la educación primaria de una manera práctica. Si bien tenemos conocimiento de que las personas "extra edad" tienen la posibilidad de terminar la educación primaria por medio de un examen de aptitud, consideramos que esa no es la mejor opción.

Consultadas diversas autoridades y maestras de primaria en el departamento de Soriano, manifestaron que la posibilidad de acceder a la educación primaria en los hechos existe, pero la reglamentación que actualmente está vigente no es la más adecuada. El régimen vigente establece que las personas "extra edad" podrán acordar con un docente que les imparta clases fuera de los centros de enseñanza, en forma muy similar a las clases particulares, y posteriormente el alumno debe rendir un examen de aptitud.

Hemos tomado conocimiento de que el porcentaje de aprobación de estos exámenes es muy bajo. Asimismo, a los docentes que dictan las clases se les abona la tarea realizada una vez que el alumno haya rendido y aprobado el examen, por lo que resulta poco atractivo para los maestros tener alumnos en ese régimen.

Además, no es lo mismo recibir clases de un docente en su casa, en un horario reducido, durante algunos días, etcétera, que hacerlo en la escuela como institución. Debemos pensar en una escuela en su conjunto, en la interacción de los estudiantes, en la estructura general de la institución, en los trabajos grupales, en la interacción total que hace a una sociedad escolarizada. Además, de este modo no se aislaría al alumno "extra edad", que vería que en su misma situación hay otras personas, que no es una persona analfabeta aislada. Podríamos seguir enumerando otras ventajas, pero no lo haremos en esta oportunidad.

Si bien el trabajo infantil está absolutamente prohibido y las reglamentaciones vigentes establecen que para acceder a determinados beneficios sociales es necesario que los niños concurran a la escuela, no podemos dejar de reconocer la realidad.

Consideramos que es muy importante restablecer el sistema de las escuelas nocturnas para seguir afirmando, con orgullo, que tenemos el índice de analfabetismo más bajo de prácticamente todo el universo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura y, por su intermedio, al CODICEN y a la Administración Nacional de Educación Pública.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Carlos Enciso Christiansen, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 10 de noviembre de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Machín Perdomo.

Del señor Representante Carlos Varela Nestier, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la Conferencia Subregional sobre "Seguridad Transnacional y Gobernabilidad", a realizarse en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, por el periodo comprendido entre los días 15 y 16 de noviembre de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Juan José Piñeyrúa.

Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 10 de noviembre de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis E. Gallo Cantera.

Del señor Representante Daniel Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 10 de noviembre de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José Di Paulo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 10 de noviembre de 2005, por razones de índole particular.

Sin más, la saluda atentamente,

CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN
Representante por Florida".

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto.

Sin más, la saluda atentamente.

Daniela Molina".

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria que he sido objeto.

Sin más, la saluda atentamente.

Nelson Pérez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Carlos Enciso Christiansen.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de noviembre de 2005.

II) Que por ésta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señora Daniela Molina Ruiz y Nelson Pérez Cortelezzi.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de noviembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Florida, Carlos Enciso Christiansen.

2) Acéptanse, por ésta única vez, las negativas presentadas por los suplentes correspondiente siguientes, señora Daniela Molina Ruiz y Nelson Pérez Cortelezzi.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 10 de noviembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6262 del Lema Partido Nacional, señor Luis Machín Perdomo.

Sala de la Comisión, 10 de noviembre de 2005.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, GUSTAVO MARTÍNEZ".

"Montevideo, 10 de noviembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia por los días 15 y 16 de noviembre del corriente, para asistir a la Conferencia Sub Regional sobre "Seguridad Transnacional y Gobernabilidad", que se realizará en la Sala Víctoria del Radisson Víctoria Plaza Hotel –Montevideo-Uruguay.

Acogiéndome a la Ley Nº 17.827, literal D).

Saluda atentamente,

CARLOS VARELA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de noviembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Varela Nestier, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta muy atentamente,

José Carrasco".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para concurrir a la Conferencia Sub Regional sobre "Seguridad Transnacional y Gobernabilidad", a realizarse en el Radisson Víctoria Plaza Hotel de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 15 y 16 de noviembre de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor José Carrasco.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por el período comprendido entre los días 15 y 16 de noviembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para asistir a la Conferencia Sub Regional sobre "Seguridad Transnacional y Gobernabilidad", a realizarse en el Radisson Víctoria Plaza Hotel de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

2) Acéptase la negativa presentada por esta única vez por el suplente siguiente, señor José Carrasco.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Juan José Piñeyrúa.

Sala de la Comisión, 10 de noviembre de 2005.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, GUSTAVO MARTÍNEZ".

"Montevideo, 9 de noviembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día jueves 10 de noviembre de 2005, por motivos personales.

Sin más, la saluda atentamente.

LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones". 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de noviembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de noviembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

2) Convóquese para integrar la referida representación, por el día 10 de noviembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Luis E. Gallo Cantera.

Sala de la Comisión, 10 de noviembre de 2005.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, GUSTAVO MARTÍNEZ".

"Montevideo, 10 de noviembre de 2005.

Señor Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, convocando a mi suplente respectivo durante el día de hoy.

Saluda a usted muy atentamente.

DANIEL BIANCHI
Representante por Colonia".

"Montevideo, 10 de noviembre de 2005.

Señor Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocada en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Claudia Allietti".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de noviembre de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, la suplente siguiente, señora Claudia Allietti.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de noviembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por la suplente siguiente, señora Claudia Alletti.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 10 de noviembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2015 del Lema Partido Colorado, señor José Di Paulo.

Sala de la Comisión, 10 de noviembre de 2005.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, GUSTAVO MARTÍNEZ".

14.-     Aplazamiento.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

15.-      Director General y Subdirector General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional (Derogación del numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 y del inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Director General y Subdirector General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional. (Derogación del numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto Ley Nº 14.157 y del inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 400

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General,
Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a su consideración el presente proyecto de ley acorde a lo dispuesto en el numeral 7º) del artículo 168 de la Constitución de la República, por el cual se derogan el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157, (Orgánico de las Fuerzas Armadas) de 21 de febrero de 1974 y el inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Con la derogación propuesta se determina una inserción orgánica más precisa en el plano de los colaboradores inmediatos del titular del Ministerio, en cuanto le reserva a éste la potestad de su designación en acuerdo con el Poder Ejecutivo y el orden directo de la dependencia. Se elimina una limitación que restringía las opciones al cuadro de "Coroneles" o equivalentes en "actividad". La remoción de esa condicionante libera a la función de gobierno de impedimentos que no se condicen con la institucionalidad recuperada y vigente.

Por los fundamentos expuestos, se remite a consideración de ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda a usted, con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, AZUCENA BERRUTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Derógase el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974 y el inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

AZUCENA BERRUTTI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Derógase el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del decreto-ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas) de 21 de febrero de 1974 y el inciso 2º del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de setiembre de 2005.

VÍCTOR VAILLANT
Presidente

SANTIAGO GONZÁLEZ BARBONI
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 400

"CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Defensa Nacional

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El proyecto de ley que se aconseja al Cuerpo aprobar, deroga el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974 y el inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Las normas legales que se proyectan establece en su artículo 31 "Los grados exigidos para desempeñar los distintos cargos serán los siguientes: (…)

D) Por Coroneles o equivalentes en actividad.

1. Director General de Secretaría de Estado.

Por su parte el artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, crea el cargo de Subdirector General de Secretaría y le extiende lo establecido en el literal D) del artículo 31 de la Ley Orgánica Militar antes citada, estableciendo:

"Créase en el Programa 001 "Administración Central", el cargo de Subdirector General de Secretaría.

Para su desempeño regirá lo dispuesto en el literal D) y en el inciso final del artículo 31, del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974".

La norma legal proyectada establece que ambos cargos serán designados directamente por el Ministerio de Defensa Nacional.

Con la derogación propuesta se determina una inserción orgánica más precisa en el plano de los colaboradores inmediatos del titular del Ministerio, en cuanto le reserva a éste la potestad de su designación en acuerdo con el Poder Ejecutivo y el orden directo de la dependencia. Se elimina una limitación que restringía las opciones al cuadro de "Coroneles" o equivalentes en "actividad". La remoción de esa condicionante libera a la función del Gobierno de impedimentos que no se condicen con la institucionalidad recuperada y vigente.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos al Pleno la aprobación del proyecto de ley tal como vino del Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2005.

JORGE MENÉNDEZ, Miembro Informante, LUIS ROSADILLA.

Comisión de Defensa Nacional

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo plantea el cambio de perfil de los cargos de Director General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional y de Subdirector de Secretaría, estableciendo que los mismos pierdan su actual condición técnico profesional, habilitando, como consecuencia de ello, que los mismos sean desempeñados por personas de particular confianza política del Gobierno.

Esta iniciativa ha sido impulsada, una vez más, sin la necesaria discusión previa acerca de la visión que sobre las políticas de defensa nacional tiene el actual Poder Ejecutivo.

Desde el inicio de esta administración se ha anunciado este debate, pero hasta el momento ha quedado solo en la intención de ello, sin embargo se han procesado modificaciones parciales, a instancias del Poder Ejecutivo, que van plasmando una estrategia de partidización profundamente negativa en la materia.

El debate sobre estas modificaciones es imprescindible poder darlo en el marco de una visión general sobre el papel de la Cartera en el liderazgo de una política de defensa nacional, sin embargo es perjudicial cuando el mismo se hace desvinculado del mismo, como en esta circunstancia.

Asimismo, refuerza nuestra opinión acerca de la partidización improcedente que se opera, el hecho de aumentar la carga política mediante la modificación del perfil del cargo de Subdirector de Secretaría cuando este cargo se ha suprimido en la mayoría de los Incisos de la Administración Central. La Ministra en su comparecencia en vuestra asesora fundamentó su existencia solamente en la necesidad de que esta persona supla al Director cuando existe una ausencia temporal del mismo, argumento que consideramos de poco valor para justificar su propia existencia, o por lo menos el cambio de perfil propuesto, que significará, a su vez mayores gastos al Estado.

Por lo expuesto, los abajo firmantes rechazamos las modificaciones propuestas.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2005.

JAVIER GARCÍA, Miembro Informante, DANIEL GARCÍA PINTOS.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley referente a la derogación del numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 y del inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2005.

JAVIER GARCÍA, Miembro Informante, DANIEL GARCÍA PINTOS".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

El proyecto cuenta con dos informes en minoría.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta: iniciaremos este informe en minoría pretendiendo, de alguna manera, asesorar a nuestros compañeros del Cuerpo, como corresponde hacer a las Comisiones asesoras de esta Cámara.

En primer lugar, vamos a dar lectura al informe en minoría firmado por quien habla y por nuestro compañero Presidente de la Comisión, señor Diputado Rosadilla. Luego trataremos de hacer una descripción y evaluación desde el punto de vista administrativo de los cargos en cuestión y, por último, deslizaremos algunas apreciaciones políticas.

El informe dice que "El proyecto de ley que se aconseja al Cuerpo aprobar, deroga el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y el inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.- Las normas legales que se proyectan establecen en su artículo 31 'Los grados exigidos para desempeñar los distintos cargos serán los siguientes: […].- D) Por Coroneles o equivalentes en actividad.- 1. Director General de Secretaría de Estado'.- Por su parte el artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, crea el cargo de Subdirector General de Secretaría y le extiende lo establecido en el literal D) del artículo 31 de la Ley Orgánica Militar antes citada, estableciendo: 'Créase en el Programa 001 'Administración Central', el cargo de Subdirector General de Secretaría.- Para su desempeño regirá lo dispuesto en el literal D) y en el inciso final del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974'. La norma legal proyectada establece que ambos cargos serán designados directamente por el Ministerio de Defensa Nacional. Con la derogación propuesta se determina una inserción orgánica más precisa en el plano de los colaboradores inmediatos del titular del Ministerio, en cuanto le reserva a este la potestad de su designación en acuerdo con el Poder Ejecutivo y el orden directo de la dependencia. Se elimina una limitación que restringía las opciones al cuadro de 'Coroneles' o equivalentes en 'actividad'. La remoción de esa condicionante libera a la función del Gobierno de impedimentos que no se condicen con la institucionalidad recuperada y vigente.- Por los fundamentos expuestos, solicitamos al pleno la aprobación del proyecto de ley tal como vino [...]", y acá debería decir: de la Cámara de Senadores.

(Murmullos)

——Asimismo, quiero decir ante este Cuerpo que, por Decreto Nº 114/991, de 5 de marzo de 1991...

(Murmullos)

——Solicito a la señora Presidenta que me ampare en el uso de la palabra.

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene usted toda la razón.

Puede continuar, señor Diputado.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Decía que mediante el Decreto Nº 114/991, que tiene la firma del doctor Lacalle de Herrera y del entonces Ministro de Defensa Nacional, doctor Mariano Brito, se dispone el Reglamento Orgánico Funcional de las reparticiones interiores del Ministerio de Defensa Nacional. Se trata de un Reglamento Orgánico y Funcional de la Administración Superior del Ministerio de Defensa Nacional. En su artículo 1º se establece: "La Administración Superior del Ministerio de Defensa Nacional se integra con: a) El Gabinete del Ministro.- b) La Dirección General de Secretaría". El artículo 2º dispone: "El Gabinete del Ministerio se integra con: a) Inspección Administrativa; b) Oficina de Relaciones Públicas; c) Ayudantía".

Quiero hacer hincapié en la Ayudantía, porque dentro de las funciones que esta cumple, además de asegurar el funcionamiento del Despacho del señor Ministro, por lo establecido en el literal b) asiste desde el punto de vista técnico, a través del Gabinete, al Ministro de Defensa Nacional y al Subsecretario.

En el artículo 11 se ingresa directamente en la concepción de la Dirección General de Secretaría, que según el decreto firmado por los doctores Lacalle de Herrera y Brito "será desempeñada por un Director y un Subdirector de la Jerarquía de Oficial Superior". Según el artículo 12, "El Director General de Secretaría tendrá a su cargo el mando de la Administración Superior y será el responsable directo ante el Ministro de Defensa Nacional del funcionamiento de la Secretaría de Estado". En el artículo 13 se establece: "El Subdirector General tendrá como atribuciones sustituir al Director General en caso de ausencia, secundar su labor y cumplir las tareas que le sean encomendadas".

Por su parte, el artículo 14 determina: "A la Dirección General de Secretaría compete: a) Dirigir y coordinar las actividades de las reparticiones bajo su dependencia directa.- b) Firmar por el Ministro y por su orden los oficios y piezas documentales corrientes pudiendo además, dirigirse a las reparticiones internas o externas del Ministerio.- c) Verificar en detalle los trabajos elaborados que sean de competencia de las reparticiones a sus órdenes, en especial aquellos proyectos e informes que deban remitirse a los otros Poderes de Gobierno, Órganos y Organismos Públicos, así como los decretos, resoluciones, órdenes y oficios a someterse a la firma del Presidente de la República o del Ministro.- d) Asegurar el despacho diario y la expedición de los mismos.- e) Conocer de los proyectos de Leyes de Presupuesto, Rendición de Cuentas y demás proyectos de Leyes, Decretos y Resoluciones.- f) Coordinar su actividad con los órganos que integran el Gabinete.- g) Autorizar las altas y bajas del personal de la Secretaría de Estado.- h) Llevar el registro de calificaciones de los Oficiales Superiores que deban ser calificados por el Ministro y asesorar al mismo a su requerimiento". No se desprende de este artículo 14 que deba ser un asesor técnico en tareas que sí están radicadas en su gabinete, particularmente en la Ayudantía.

Quiero expresar ante el Cuerpo el volumen de las actividades de la Dirección General de Secretaría y de la Subdirección. Comprende: Dirección de Secretaría Central, Dirección Administrativa, Dirección de Personal Superior, Dirección de Personal Subalterno, Dirección de Personal Civil...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Discúlpeme que nuevamente lo interrumpa, señor Diputado. Vuelvo a solicitar a las señoras legisladoras y a los señores legisladores que suspendan sus conversaciones particulares a efectos de un mejor desarrollo de la sesión.

Puede continuar el señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Continúo enumerando las dependencias que comprende, señora Presidenta: Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Financiero-Contable, Dirección de Contabilidad, Dirección Logística, Dirección de Pasos de Frontera.

En uno de los artículos se establece que también dependerán de la Dirección General de Secretaría, sin perjuicio de su autonomía técnica, la Asesoría Letrada, la Asesoría Notarial, la Oficina Sectorial del Servicio Civil, la Asesoría de Sistemas, la Contraloría. Hay un volumen muy importante de actividades para la Dirección General.

Entre los diversos cargos jerárquicos que existen en la Administración Central evidentemente se destacan por su importancia el Ministro del ramo, el Subsecretario y, obviamente, el Director General de Secretaría. Estos son los primeros cargos de confianza política que tienen los distintos Ministerios, pero pueden existir excepciones, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa Nacional, donde también existe un cargo de Subdirector General de Secretaría. A través de una iniciativa presupuestal enviada por este Gobierno -en particular, en su artículo 90- también se pretende que sea de particular confianza.

Este tipo de situaciones se determina en la mayoría de los casos por el volumen de trabajo que genera la responsabilidad del Director General, que es quien tiene a su cargo las unidades ejecutoras del Inciso; en ciertos casos ello llega a ser una pesada carga para una sola persona. Si bien en algunos Ministerios más pequeños esto puede ser más llevadero, en otros, como el que nos ocupa, el Ministerio de Defensa Nacional, se justifica su existencia y su categorización como cargo de confianza.

El Ministro, en la práctica, cuenta con el apoyo del Subsecretario, que en su ausencia es quien lo suplanta. No sucede lo mismo con el Director General de Secretaría, quien muchas veces debe recurrir a los mandos medios -como los Directores de División o Jefes de Departamento- a los efectos de delegar funciones que, como se comprenderá, traen consigo infinidad de riesgos. El hecho de que se trate de un civil o de un militar flexibiliza la función, otorgándole otras características.

La Dirección General de Secretaría, entonces, es un dique que contiene los innumerables trabajos y problemas que genera todo el entorno del Ministerio antes de que lleguen al Ministro; por ello, su reforzamiento en el cargo de Subdirector General es positivo desde el punto de vista del funcionamiento, de la toma de decisiones y de la mejora de la gestión. Entendemos que el Subdirector General de Secretaría opera como una extensión de las actividades del señor Ministro y del señor Subsecretario.

El artículo 84 del TOFUP -Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos-, en su edición de 1996, hace una enumeración de los cargos de particular confianza del Gobierno Nacional y determina que para el Ministerio del Interior habrá cinco cargos, para el de Economía y Finanzas doce cargos, para el de Relaciones Exteriores dieciocho cargos, para el de Educación y Cultura veintiún cargos, para el de Salud Pública doce cargos y para el Defensa Nacional dos cargos. En este último caso, un cargo sería para el Director General de Secretaría y el siguiente para el Director Nacional de Comunicaciones.

Decía que el Director General de Secretaría actúa como una extensión de las actividades del Ministro y hasta puede llegar a firmar por él. Pero se da la particularidad, en el caso, de que este cargo de confianza tan importante para el desempeño de este Ministerio está coartado desde el punto de vista de las decisiones que políticamente pueda tomar el señor Ministro de Defensa Nacional o el Poder Ejecutivo en cuanto a su nominación. A través del Decreto-Ley Nº 14.157, que fue dictado para amparar el funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional en la época de la dictadura, se coartaba la posibilidad de que civiles ingresaran a desempeñar el cargo; lo coartaba de una forma muy concreta diciendo que solamente podía ser desempeñado por Coroneles, y en actividad. Es el único Ministerio en que se restringe el recurso humano para poder desempeñarse en un cargo.

Hoy estamos bregando para que este residuo de la dictadura sea eliminado de nuestras normas legales. Se pretende que esta iniciativa -que hoy tiene media sanción y que fue votada en la Cámara de Senadores por una amplia mayoría que excedió los votos del oficialismo presente hoy aquí- sea aprobada en la Cámara de Diputados para que, entre otras cosas, sean transformados estos conceptos discriminatorios que eliminan discrecionalidad política en el accionar del Ministerio de Defensa Nacional.

Desde 1985 a esta parte se han estado elaborando proyectos de Ley Orgánica Militar a través de diversos y sucesivos Gobiernos, blancos y colorados. Se han proyectado cambios para sustituir, mediante una nueva Ley Orgánica Militar, el decreto-ley de la dictadura, de 1974; de todos modos, no se han concretado. También debemos decir que desde el 1º de marzo de 2005 nuestro Presidente prometió la creación de una ley de defensa nacional, con una gran discusión previa desde el punto de vista político, académico y militar, que luego sería sucedida por la creación de una Ley Orgánica Militar y una Ley Orgánica referente a las distintas Armas. Sabemos que se está avanzando en este sentido.

A través de instituciones militares como el CALEN se están realizando innumerables charlas, reuniones y simposios, como los llevados a cabo días pasados con la presencia de especialistas en defensa nacional de distintos lugares de Iberoamérica; participaron especialistas de toda Latinoamérica, de Portugal y España.

Desde 1985 se está tratando de cambiar esta situación y se ha avanzado en ella. Se ha avanzado en la derogación de ciertas normas que estaban implícitas en este decreto-ley de la dictadura. Entre las normas que violentan más nuestra conciencia estaban las que determinaban la doctrina de la seguridad nacional, llevadas al extremo de amparar a la dictadura aquí existente. Felizmente, los Gobiernos democráticos de nuestro país han ido derogando estas normas del decreto-ley de 1974, pero han quedado otras -que hoy nos preocupan y que intentaremos derogar- como residuos de ella, que nada tenían que ver con la amplitud democrática de la Ley Orgánica Militar aprobada en 1941, donde no se encorsetaba, a través de los Coroneles en actividad -o sus equivalentes en las otras ramas del Ministerio de Defensa Nacional-, el desempeño de esta función.

Por eso, desde el punto de vista de esta descripción administrativa, del volumen de tareas, pero también del fondo de la materia tratada y de los recursos humanos con que deben contar un Ministerio de Defensa Nacional y un Gobierno para llevar adelante la tarea que se pretende realizar, aconsejamos a este Cuerpo la derogación de estos artículos del Decreto-Ley Nº 14.157 y de la Ley Nº 16.736. Con esto no pretendemos -como se ha dicho en determinado momento- traer a este Cuerpo en forma descontextualizada un proyecto que marche por fuera de una ley de defensa nacional que, seguramente, será aprobada en este quinquenio. Estamos avanzando en cuanto al tratamiento de estos temas, y esta derogación para nosotros es muy importante desde el punto de vista del manejo de un Ministerio que tiene un peso fundamental dentro del Presupuesto Nacional, que cuenta con treinta mil empleados, lo que lo convierte en la Cartera que más funcionarios tiene.

Entonces, decimos que este proyecto no es descontextualizado ni trata de partidizar -como se ha dicho- en ciertas áreas el contexto político nacional a través de la integración de estos Ministerios, sino que apunta fundamentalmente a mejorar el funcionamiento y a eliminar resabios del decreto-ley de la dictadura, haciendo que así la Secretaría pueda marchar mucho mejor.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría señor Diputado García.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: el proyecto de ley que se pone a consideración del Cuerpo viene con iniciativa del Poder Ejecutivo y cuenta con la aprobación del Senado.

Quiero destacar que en esta Cámara contamos con el apoyo de los compañeros Diputados del oficialismo para considerarla con la profundidad que un proyecto de ley requiere, porque, entre otras cosas, pudimos llevar a cabo la citación a la Ministra del ramo, cosa que en el Senado los legisladores del partido oficialista no permitieron que se hiciera. Aquí, en la Cámara, pudimos llevar adelante un debate con mayor profundidad y, si se quiere, con mayor responsabilidad que el que se permitió en el Senado.

Este proyecto de ley, que -como decimos- proviene de la otra Cámara y que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo, no puede considerarse aislado, sino que debe vincularse lógicamente con otras iniciativas que están a consideración del Parlamento. En concreto, tiene que vincularse directamente con la iniciativa presupuestal, porque de aprobarse este proyecto -como creemos que va a suceder-, parte del mismo va operar como complemento de la iniciativa presupuestal en lo que refiere a la creación de cargos políticos de particular confianza a nivel del Ministerio de Defensa Nacional.

En esto que estamos debatiendo se le cambia el perfil a dos cargos dentro del Ministerio de Defensa Nacional: el de Director General de Secretaría y el de Subdirector General de Secretaría. Si bien ambos están incluidos en un único artículo, las consideraciones que se hacen sobre estos cargos son particularmente diferentes.

Antes de entrar en el fondo del asunto, queremos señalar -aunque muchas veces resulta cansino reiterarlo- que este es un debate que legítimamente se puede dar, pero es necesario hacerlo en otro contexto. Nuevamente, desde el Poder Ejecutivo se remiten iniciativas parciales sobre el ámbito de la defensa, en este caso sobre la Secretaría, sin que se pueda debatir ni conocer aún la opinión que tiene el Gobierno sobre la defensa nacional. Cada vez que se da una discusión de este tenor en la Cámara se nos dice por parte del Gobierno que se está preparando un debate, y ya es la tercera o la cuarta vez que se hace referencia a ello. Notoriamente, cualquier circunstancia indica que los debates deben ir de los aspectos generales a los particulares y nunca a la inversa, porque si se hace así, se cae en errores. Este debate que estamos llevando a cabo en el día hoy nuevamente se produce desde el ámbito parcial del Inciso "Ministerio de Defensa Nacional", sin el necesario debate, que se promete regularmente pero que nunca se concreta.

Obviamente, no se puede suplir la carencia de esa discusión -que debe tener iniciativa del Poder Ejecutivo y que nosotros reclamamos que se iniciara en esta Casa- mencionando que en el CALEN se hacen conferencias. En el CALEN se trabaja desde hace muchísimos años, y supongo que el Gobierno no pretenderá que el trabajo que habitualmente hace el CALEN sea parte del debate sobre defensa nacional que se viene prometiendo. Me imagino que no se estará pensando en eso. Estamos hablando de actividades académicas que se realizan habitualmente y desde hace muchos años en ese ámbito, como las que se van a llevar a cabo la semana que viene, en algunas de las cuales muchos de los que estamos aquí vamos a participar.

El Gobierno está carente de ideas en la materia. Pienso que, a esta altura, el Gobierno no tiene definido cuál es su pensamiento en materia de defensa nacional. No lo tiene, y es por eso que ha procesado la discusión en forma parcial y ha traído a esta Sala la modificación del sistema de ascensos para el grado de General. Por eso, cuando se dio la discusión presupuestal contamos solamente con un articulado muy pobre, exiguamente pobre -si es que vale el término-, dentro del cual lo único que se destacaba -y no para bien, según nuestra opinión- era la creación de siete cargos políticos de particular confianza, que se complementa con este proyecto de ley que hoy tenemos a consideración. Esa es la visión que se está manifestando, y ahí sí que veo -tengo que ser o seguir siendo intelectualmente honesto- una línea coherente por parte del Gobierno, que es: "En lo que refiere al Ministerio de Defensa Nacional y en lo que hace a las políticas de defensa y a los militares como parte integrante de esta materia, nuestra decisión es ocupar, copar, generar un proceso, más que de politización, de partidización de esos ámbitos". En eso sí uno ve que hay una política coherente, una línea que se viene siguiendo desde el inicio de este Gobierno: partidizar los ámbitos vinculados con la defensa, tanto desde el punto de vista burocrático administrativo de la Cartera como en el caso de algunos instrumentos que hacen a la carrera militar, aspecto que ya manifestamos en oportunidad del debate que se dio con respecto a los ascensos.

En esta circunstancia, tal como dijimos en Comisión, nos parece legítimo que se discuta, por ejemplo, la modificación del perfil del cargo de Director General de Secretaría; no estamos cerrados a ello. Es una discusión legítima, pero nosotros entendemos que hay que procesarla en el marco del debate en general, porque, de lo contrario, lo que refuerza esta idea es lo que acabamos de expresar: que estos cambios se hacen para profundizar un proceso de partidización dentro de la Cartera y en el ámbito de la defensa.

En el marco de otro debate, quizás nuestra opinión con respecto a este cargo hubiese sido otra; pero careciendo de ese debate y del conocimiento que se debe tener por parte del sistema político y del Uruguay en su conjunto acerca de cuál es la opinión del Gobierno con respecto a las políticas de defensa, nuestra posición va a ser la de no acompañar la modificación que se plantea en el perfil del cargo de Director General de Secretaría, que, además, se hace con una premura absolutamente inexplicable. Es de esas cosas que, con solo leerlas, uno se da cuenta de que no tienen ningún tipo de urgencia, tal como señalamos cuando se trató en el Senado, prácticamente a carpeta cerrada -y sin el prácticamente-, sin informe de la Comisión y sin la comparecencia de la señora Ministra.

De modo que, en lo que refiere al cambio de perfil del cargo de Director General de Secretaría, advierto que estamos condicionados por la carencia de ideas del Poder Ejecutivo y, sobre todo, por la falta de conocimiento que tenemos nosotros sobre los lineamientos que el Gobierno piensa impulsar en la materia. En la medida en que no conocemos, ni profunda ni superficialmente, cuál es la política del Gobierno en la materia, no estamos dispuestos a respaldar un cambio de significación como el que está planteado.

En el mismo artículo se establece lo relativo al cargo de Subdirector General de Secretaría. Este sí que es absolutamente inexplicable. Si hablamos de residuos, es evidente que este es uno, y aclaro que, obviamente, estoy hablando del cargo. Es prácticamente el único cargo de Subdirector General de Secretaría que queda en vigencia en la Administración Central. Digo prácticamente porque no tengo la absoluta certeza de que sea así, pero puedo decir con tranquilidad que si no es el único, anda por ahí. Reitero: no queda prácticamente ninguno y, como dije recién, no sé si no es el único que queda en la Administración Central. En síntesis, Subdirector General de Secretaría no hay en ningún lugar; en ninguno. Fueron todos eliminados durante el Gobierno blanco, por una sencilla razón: no hacían falta; gastábamos plata y cumplían tareas que perfectamente se podían desarrollar en el marco del normal funcionamiento del Ministerio. Y quedó este cargo, cuya existencia, en realidad, no tiene ninguna explicación.

Cuando la señora Ministra de Defensa Nacional concurrió a la Comisión asesora de la Cámara, le pedimos que nos explicara cuál era, a su entender, la importancia de este cargo y en qué medida se justificaba. La verdad es que la señora Ministra no dio ninguna explicación que nos conforme, porque decir que su existencia se fundamenta en la necesidad de tener a alguien que ocupe el cargo inmediatamente superior cuando el de Director General de Secretaría está vacante en forma temporal por razones de enfermedad, de viaje, de licencia; decir que debe haber un Subdirector General de Secretaría para cubrir el puesto cuando el Director se enferma, parece un argumento de muy poco peso, y sin parece: es de poco peso.

La señora Ministra de Defensa Nacional, cuando se lo requerimos en Comisión, dijo: "También proponemos ese cargo como de confianza en la disposición correspondiente del Presupuesto," -acá reafirma lo que decíamos hace instantes- "porque no está previsto; obviamente, contaremos con ese cargo si se vota afirmativamente.- El Subdirector sucede interinamente al Director" -esto está claro- "en caso de ausencias transitorias y lo apoya, lo auxilia, como hacen los Subdirectores y Subjefes con sus jerarcas inmediatos". Ahora aclaro yo: Subdirectores quedan pocos, o ninguno.

"El Subdirector es una persona muy importante" -decía la señora Ministra Berrutti- "porque, por su condición de sustituto interino en cualquier circunstancia, tiene que estar enterado de todo lo que está sucediendo y seguir las tramitaciones y los asuntos. Es decir que, además de las tareas que acuerde realizar cada uno, quienes ocupen ambos cargos necesariamente deben tener gran comprensión de todos los temas. Es la tarea que normalmente desempeñan los Subdirectores en todos los Ministerios, Direcciones, etcétera". Yo agrego: no hay Subdirectores en los Ministerios; no quedan.

Más adelante dice la señora Ministra de Defensa Nacional: "El cargo de Subdirector es importante. Como ya le dije, el volumen de la tarea que realiza es muy importante, y la calidad de la materia lo es aún más. Por eso me parece que la posibilidad de tener un apoyo directo y de que el cargo de Director pueda ser sustituido en cualquier emergencia conviene a la buena Administración". Y luego: "Además, si no fuera así, ¿quién lo haría?", pregunta la Ministra. Y yo contesto: bueno, todos los Ministerios funcionan sin Subdirector y no creo que pueda haber alguna emergencia nacional cuando el Director se enferma o toma licencia. Acá lo que se quiere es tener un cargo más de particular confianza política. Hay que decir las cosas como son: el Gobierno quiere disponer de un cargo más para un compañero del partido de Gobierno. En el reparto, uno. Es así, porque no tiene ninguna explicación institucional; ninguna.

Y si fuera válido el argumento de que siempre hay que tener un sustituto por si el superior se enferma, los cargos en la Administración Pública serían de una amplitud infinita; siempre hay gente que se enferma, por lo que habría que prever qué pasaría cada vez que se enferma un funcionario y, en este caso, quién ocupa un cargo de jerarquía. Sobre la base de ese argumento habría que nombrar un segundo Subdirector para el caso de que se enferme también el Subdirector, porque tiene que haber alguien que lo supla; y, en esa circunstancia, también tendría que haber un tercer Subdirector, porque podría enfermarse el segundo, y así sucesivamente. Entonces, parece de muy poco valor este argumento de que el cargo de Subdirector se justifica por la licencia o por la enfermedad del Director. Yo creo que cae de maduro...

(Murmullos)

——...y los compañeros Diputados que integran esta Cámara y que forman parte del oficialismo saben que esto es así y que este es un cargo que se comunica en forma directa con el artículo respectivo de la ley presupuestal, porque, en una técnica legislativa que reconozco como interesante, en un proyecto de ley se modifica el perfil del cargo y, en otro, se lo crea como cargo de particular confianza. Digo que esta técnica es interesante porque da la impresión de que la idea era licuar y que pasara inadvertido que en un lugar se saca la característica técnica del cargo y, en otro, se lo crea como cargo de particular confianza.

Reconozco que todos tenemos momentos de lentitud y a veces el de algunos, como el propio, puede ser más largo que el de otros. Pero debe admitirse que nos íbamos a dar cuenta; era muy difícil que pasara. Esto mismo se podría haber hecho en la ley de Presupuesto: en el mismo artículo en el que se crean los siete cargos de particular confianza política se podría haber incorporado este cambio de perfil. Sin embargo, se optó por el camino de estos dos proyectos, como para licuar, para que pasara inadvertido que lo que se está creando es un cargo más de particular confianza política, que es el fondo del asunto.

Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley que viene con media sanción del Senado de la República. En suma -como decimos los médicos-, a pesar de que es un solo artículo, tiene dos componentes; si uno de ellos, el que refiere al cargo de Director General de Secretaría, hubiera venido en el marco de otro contexto, quizás nuestra opinión hubiese sido diferente, pero tal como viene planteado y en el marco de la falta de conocimiento que tiene la opinión pública y nosotros en particular sobre las ideas del Poder Ejecutivo en materia de defensa nacional, no estamos en condiciones de acompañarlo.

Con respecto al segundo inciso de este artículo único, relativo al cargo de Subdirector General, vale lo que manifestamos en su momento. No planteamos la eliminación del cargo porque sabemos cuáles son las realidades políticas. Plantear la eliminación sabiendo que no va a contar con los votos suficientes en Cámara no tiene ningún sentido, pero si tuviéramos los votos, este cargo sería eliminado.

Es cuanto queríamos informar.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: hemos firmado uno de los dos informes en minoría, porque es bueno que el Cuerpo sepa de manera directa que en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes la votación se realizó de la siguiente manera.

De los cuatro legisladores, los dos Representantes del Frente Amplio, los señores Diputados Rosadilla y Menéndez, votaron a favor del proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo al Parlamento y que fuera aprobado por el Senado, y los otros dos integrantes de la Comisión, el señor Diputado García y quien habla, votamos en contra.

Compartimos el mismo informe con el señor Diputado García, aunque a medida que avanzamos en el tema vemos que tenemos algún tipo de diferencias. El señor Diputado García hizo una apreciación en el sentido de que su rechazo a este proyecto de ley se vincula fundamentalmente con la falta de discusión de la ley general sobre defensa nacional.

Efectivamente, no deja de asistirle razón en cuanto a la profundidad de ese comentario. Se deja entrever que si se hubiera operado este cambio dentro de la discusión y de la aprobación de la nueva ley de defensa nacional, tan anunciada, su posición podría ser similar en sus consecuencias a la que contiene este proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo. Es decir que infiero que se anularía la condición que se establece para ocupar este cargo -que es lo que importa- de Director General de Secretaría en el Ministerio de Defensa Nacional. Este no es mi pensamiento.

En este episodio de la discusión de la ley de defensa nacional -que ya ha comenzado, aunque de manera muy fraccionada- no vamos a estar de acuerdo en esta oportunidad -que será la definitiva- en que el cargo de Director General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional sea modificado de esta manera, es decir, que pase a ser un cargo de particular confianza y, por lo tanto, deje de estar ocupado por un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas. Creo que ahí hay una diferencia grande.

El tema vinculado con el cargo de Subdirector General, evidentemente no tiene la misma importancia, pero también soy partidario de su mantenimiento, porque desde el punto de vista funcional es un complemento a la tarea del Director General de Secretaría; lógicamente, me refiero a que debería ser también un Oficial Superior.

El argumento de suplir temporalmente al Director General -que fue manejado por la señora Ministra- ni es ni deja de ser medianamente importante, pero es nada más que eso. Creo que el apoyo y el complemento en el cumplimiento de la misión es lo que verdaderamente importa.

La expresión ley de defensa nacional y su discusión en episodios daría como para manejarla como título y subtítulo. A mi juicio, no debe anunciarse más que esa discusión se va a dar, porque, en realidad, ya se está dando. Son anticipos y fraccionamientos; se está dando en episodios, pero se está dando. Uno de ellos lo trajimos en las últimas semanas a consideración de la Cámara y tiene que ver con el ascenso al grado de General en el Ejército Nacional. Por su importancia se discutió largamente -mucho más que el proyecto que hoy tenemos a estudio- en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en este plenario, y creo que todavía se está discutiendo en el Senado. Si no se resolvió aún, seguramente se hará en las próximas horas.

Reitero: la discusión de la ley de defensa nacional ya ha comenzado. Ese primer episodio -creo que no hubo otro antes- tiene que ver con el ascenso al grado de General, y ya es ley. El segundo episodio tiene que ver con el Presupuesto Nacional -allí sí habría un aspecto a comentar, aunque no vamos a hacerlo ahora- y también está por concluir en estos días. El tercer episodio se relaciona con el cargo de Director General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional.

El miembro informante en minoría señor Diputado Menéndez hizo un informe que contiene, sin duda, un estudio serio sobre la cuestión, aunque yo no lo comparto. Quiero referirme solo a un punto al que hacía referencia el señor Diputado Menéndez, quien dijo que el conocimiento técnico profesional militar -va a ser uno de nuestros argumentos en esta discusión- perfectamente puede ser suplido -si no entendí mal- por la presencia de los señores Oficiales Superiores ayudantes de la Secretaría de Estado. Yo digo que no es lo mismo, porque la función de los ayudantes del Secretario de Estado es bien distinta a la del Director General de Secretaría. Reitero: es bien distinta.

En ese sentido, voy a empezar diciendo que, lógicamente, en la mayoría de los casos no tienen la antigüedad en el cargo de ayudante como sí la tienen, por lo menos, los Oficiales que han ocupado y que están ocupando el cargo de Director General. Pongamos el ejemplo -que creo que no es muy lejano- del actual Coronel que ocupa ese cargo, que si no es el primero en el orden de la derecha, anda ahí, muy cerca. Eso habla de una antigüedad en el cargo de Coronel y de una visión profunda y global, que se debe tener al ocupar ese cargo.

Esto es aproximadamente la recreación de la misma parte de la discusión del proyecto de ley relativo al ascenso al grado de General; es exactamente lo mismo. Al haber ocupado una cantidad de cargos a lo largo de una carrera, al llegar al grado de Coronel debe tener por lo menos entre diez y doce años de antigüedad. Sin duda, eso le da una visión global y profunda del funcionamiento de la Fuerza; según la ley actual -que va a cambiar a partir de unos pocos días-, el primer tercio de ellos está en condiciones de ascender al grado de General.

Esa es una razón clave y matemática para decir que el argumento de los ayudantes del Secretario de Estado no va de la mano con la realidad y con la profundidad de este cargo de Director General, que va a coordinar con los Comandantes en Jefe, porque estos tienen una clara función ejecutiva. El Director General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional es el principal articulador de la relación entre la Secretaría de Estado y las tres Fuerzas, que, como es sabido, tienen una singularidad muy marcada con respecto al resto de la Administración Pública. Esto implica que sea un profundo conocedor de las dos partes, capacidad que quien ocupe el cargo en el futuro difícilmente tendrá si no ha sido formado dentro de la profesión militar. Cabe la posibilidad de que al tratarse de un cargo de particular confianza sea ocupado por un Coronel retirado -puede ser; hasta se nos ocurrirían algunos nombres para ese cargo-, pero si el cargo fuera ocupado por un profesional universitario de la rama de la abogacía, lógicamente, por tratarse de un funcionario público de carrera tendrá la experiencia de la Administración Pública, pero es imposible que ese ciudadano sea un profundo conocedor de ambas partes. Por lo tanto, salvo que se trate de un Coronel retirado, la otra parte no la va a tener, porque solo la adquieren los militares a lo largo de más de treinta años de carrera.

Si esto se hiciera para contar con asesores que faculten a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional a actuar con propiedad en áreas especializadas, debo decir que el actual ordenamiento jurídico ya lo permite y que todos los Secretarios de Estado los han tenido, porque todos ellos han sido asesorados profesionalmente.

Otra puntualización que es bueno hacer para la discusión específica que estamos abordando es que la profesión militar y la defensa nacional han dado lugar, por su especialidad y por el manejo de poder que tienen, a un ordenamiento jurídico que las diferencian del resto de la ciudadanía, imponiéndoles obligaciones que están muy por encima de las de ella. O sea que como sociedad y como nación aceptamos que nuestra seguridad impone a los que actúan en esta actividad un mayor compromiso. Nos preguntamos si los que sean ubicados en estos lugares estarán obligados a estas mismas exigencias y obligaciones. En caso de no estarlo, ¿cómo se asegura que la falta de formación profesional de la que acabamos de hablar hace unos instantes, o la imprudencia, no ponen en riesgo a la nación? Esto lo digo por poner un ejemplo, que no es dramático, porque por esa Secretaría General pasan cosas muy importantes. Y si un civil, por imprudencia o por falta de formación profesional, llega a esa situación que nadie quiere, ¿qué castigo se le impone? Digo esto porque los Coroneles que han ocupado el cargo de Director General de Secretaría están sujetos a disciplina; esa es la realidad.

En otro orden de cosas, ¿cuál es el argumento que respalda una mayor eficiencia o eficacia? Es uno de los argumentos que normalmente vemos desfilar por el Parlamento. Aumentar el tamaño de la organización, ¿la mejora? Aumentar los gastos y costos, ¿también? En este punto, en el que podríamos detenernos mucho más, solo daremos una suerte de ejemplo o de observación. Un Oficial de las Fuerzas Armadas, para llegar al grado de Oficial Superior -el que posee quien desempeña esas tareas al día de hoy con la ley vigente-, debe cumplir una formación intensiva en disciplinas tan dispares como economía, derecho, sociología, organización y logística, por nombrar solo algunas.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Esto es reconocido oficialmente por la propia Universidad de la República al dar las reválidas correspondientes. Estos estudios se desarrollan en la intensidad de un programa estricto en tiempo y contenido, y, por lo general, son impartidos por los mejores especialistas que tiene el país.

Estas circunstancias, con la especificidad a que hemos hecho referencia, nos llevan a no votar este proyecto de ley, que lo que contiene en el fondo es una modificación severa en este tema. A nuestro entender, esta nueva ley de defensa nacional que ha sido anunciada y cuya discusión ya ha comenzado, constituye el tercer episodio que claramente, al igual que el primero -que tiene que ver con el ascenso al grado de Coronel-, lo que hace es empujar la estructura interna hacia una partidización de las Fuerzas Armadas, porque está dejando de lado lo esencial, que es pura y exclusivamente su profesionalización, y nos vuelve a sumergir en una discusión que claramente tiñe de color político-partidario un tema que nunca debería estarlo.

Por lo tanto, estamos recomendando, junto con el señor Diputado Hackenbruch Legnani, con quien integramos la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, la votación negativa de este proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo y que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señora Presidenta: comenzaría por concederles la razón a quienes desde la oposición reclaman por la discusión integral de los problemas de defensa. Hemos dicho en esta Cámara que este Gobierno hubiera deseado comenzar esta discusión en el presente año, pero no ha sido posible. Estamos comprometidos a comenzarla en marzo del año que viene. Sabemos que poner en marcha esta discusión nos llevará un año, pero quiero aclarar que los problemas relativos a las carencias en política de defensa y las promesas de discutir este tema los escuché hace veinte, quince, diez y cinco años. O sea que asumo la responsabilidad de utilizar doce meses para implementar esta discusión, y pido a quienes han tenido esa responsabilidad, por lo menos en los últimos veinte años de la vida política del país, que asuman la suya por esa tardanza, porque el hecho de que no tengamos una política de defensa ajustada a los tiempos que corren es una responsabilidad de todos.

Por otra parte, como se han hecho una serie de historias sobre las votaciones en la Comisión, quiero decir que nos alegra el dinamismo que han tenido algunos partidos en el curso de la votación de este proyecto, porque algunos sectores partidarios lo acompañaron en la Cámara de Senadores, pero en esta Cámara no lo van a hacer. A mi juicio, esto nos da cuenta de que estos temas se están discutiendo, aunque sea parcialmente, y que los partidos tienen movimientos internos, lo que me parece bien.

En síntesis, creo que la pregunta que debe hacerse la Cámara de Representantes con respecto a este proyecto de ley es si los uruguayos queremos tener un ministerio de guerra o un ministerio de defensa. Esta es la primera pregunta que debemos contestar.

El señor Diputado que me antecedió en el uso de la palabra se refirió a la confianza, a la disciplina y al acatamiento que debe tener el Director General de Secretaría, porque por sus manos pasan cosas muy peligrosas, y que en el caso de que se le escapen no tendría sanción disciplinaria.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ROSADILLA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero decir que con el señor Diputado Hackenbruch Legnani votamos de manera distinta a como lo hicieron los Senadores del Partido Colorado. Esto no es ningún baldón; somos un partido liberal, no estamos sujetos a disciplinas de acero inoxidable y, si bien este proyecto representa una cuestión de principios, no nos arrancaríamos el saco a pedazos. Por lo tanto, hemos entendido que lo mejor para el Poder Ejecutivo sería asumir nuestra posición.

No tenemos las manos enyesadas, lo que significa que no debemos apoyar de cualquier manera el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo y que viene del Senado, respaldado por los líderes partidarios. Esta conducta no es de ahora, sino de siempre, porque siempre hemos actuado así.

En segundo término, no afirmé lo que dijo el señor Diputado Rosadilla, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; hablé de la importancia y no de la peligrosidad. En un tema delicado como este no es lo mismo hablar de importancia que de peligrosidad; hago esta aclaración, por aquello de que quien calla, otorga.

Muchas gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señora Presidenta: aclaro que esa libertad de criterio la habíamos exaltado como un valor y no como un demérito; simplemente lo resaltamos porque se hizo una historia incompleta de las votaciones vinculadas a este tema.

Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si queremos un ministerio de guerra o uno de defensa; si queremos uno que asuma los temas de la defensa y que incluya a los institutos de las Fuerzas Armadas, que tienen otra amplitud y otra visión de los problemas de defensa, o un ministerio de guerra -en otros países es así-, que solo se vincule con la temática de las instituciones militares.

Está claro que este Ministerio, que tiene a su cargo algo más de treinta mil personas, hasta ahora tenía solo dos agentes políticos, que son el Ministro y el Subsecretario.

Se ha dicho que se quiere politizar el Ministerio, y yo lo reafirmo: hay que politizar al Ministerio, tiene que hacerse política en el Ministerio. Esa política se debe elaborar desde la dirección del Ministerio, y no hay que seguir en la inercia de que el Ministerio es un coto cerrado en el que, excluidos el Ministro y el Subsecretario, todo lo demás corresponde a la estructura de la institución militar. Es verdad, se quiere politizar; hay que llevar la política al Ministerio de Defensa Nacional. De la misma manera que nos parecería injustificado que hubiera normas que establecieran que en el Ministerio de Salud Pública solo puede haber médicos, que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas solo puede haber ingenieros, que en el Ministerio del Interior solo puede haber policías, etcétera, creemos que en este caso debe primar el mismo criterio, porque de lo contrario sería confundir la parte con el todo. Claro que organizar, profesionalizar y educar a los institutos militares es parte de la función del Ministerio de Defensa Nacional, pero es parte, no todo.

Es verdad que estamos adelantando un capítulo en este tema: si pensamos en un ministerio de guerra o en uno de defensa. Claramente, estamos pensando en un ministerio de defensa y, por lo tanto, en el Presupuesto y en este proyecto se establece la politización del Ministerio de Defensa Nacional. Esta debe dejar de ser una Cartera que apenas organiza los institutos militares -excluyendo al Ministro y al Subsecretario- para pasar a ser un Ministerio político de la defensa que, entre otras funciones, debe organizar y tener bajo su cargo a las instituciones armadas. Esa es la discusión y la pregunta que debemos responder.

Coincidimos con que este proyecto formará parte de un conjunto de transformaciones que debe hacerse a la política de defensa. Se ha dicho que el Gobierno no tiene ideas; sí las tiene, pero también tiene un método: quiere que en esta cuestión de definir la política de defensa, por tratarse de un tema de esta importancia, participen todo el sistema político y todas las organizaciones sociales, es decir, que se integre la ciudadanía a esta discusión. Nos parece un tema lo suficientemente importante, decididamente estratégico como para que lo decidan exclusivamente el Gobierno y sus mayorías, que todos sabemos que las tiene. Todos sabemos que sería posible que el Gobierno presentara un proyecto que incluyera todas sus ideas con respecto a la defensa nacional, las plantara en el Poder Legislativo y utilizara sus mayorías; ese no es el camino que hemos elegido. Nos parece que la oposición, en lugar de fustigarnos, debería asumir este aspecto como un punto a favor de lo que este Gobierno piensa hacer al respecto. Me parece que es un buen precedente.

Reconozco la lentitud; estamos hablando de un año, en el marco de una situación muy difícil que el país está viviendo. Pero me parece que la oposición debería reconocer que en una cuestión que tiene esta puntería y estos objetivos a largo plazo se piense, con errores o con aciertos, con vacilaciones y debilidades, en su implementación, en la amplia participación de la sociedad.

Junto con el compañero Diputado Menéndez recomendamos aprobar este proyecto porque va en la línea de fortalecer la política de la defensa, la política en el Ministerio de Defensa Nacional. Comparto lo que decía el señor Diputado García Pintos en el sentido de que a la hora de designar determinadas responsabilidades, en este como en otros Ministerios, sin duda habrá que tener muy en cuenta si el personal está consustanciado, si hay equilibrio en el personal que se elige a través de determinada política y considerando su capacidad técnica y los niveles de relación con una parte muy sustancial de lo que tiene que manejar. Eso también se hace en los demás Ministerios. Supongo que cuando en Salud Pública se elige a quien tiene que regular la asistencia externa, se trata de equilibrar su capacidad y su relación con los gremios médicos. El Ministro deberá considerar un determinado equilibrio entre la capacidad técnica, el acostumbramiento, la confianza, el arraigo en la política planteada de la persona que designe. Hay que discutir todo esto en ese plano, y todo lo demás, es decir, las funciones que tiene, si es solo para suplantar, si para las tareas que tiene una Dirección General de Secretaría en un Ministerio -que, como ya dijimos, solamente en los institutos armados debe organizar más de treinta mil efectivos- es o no necesaria una estructura de dirección para la que se está planteando siete cargos de responsabilidad política. ¿Realmente a alguien le parece un exceso que un Ministerio de la importancia que tiene el de Defensa Nacional desde el punto de vista de las tareas que debe desarrollar, de la estructura que maneja, del gasto que ejecuta -es el mayor gasto del Presupuesto, porcentualmente-, necesite un cuerpo de dirección apoyado por siete personas designadas por la confianza de que van a llevar adelante la política que el Estado defina en la materia? Nos parece que eso no se sostiene. Y no se sostiene porque no se sostiene lo anterior. Y lo anterior es rémora -eso sí es rémora-, es recuerdo, es inercia de un manejo que privilegiaba y casi hacía exclusivo en las órbitas de ese Ministerio la presencia de funcionarios militares en actividad, ya ni siquiera en retiro.

Acá no podemos entrar en lo chiquito de quién va a ser designado mañana o pasado. Seguramente, en eso podemos tener acuerdos o desacuerdos, pero tenemos que pensar si este Ministerio necesita o no -como todos los demás- una estructura de dirección llena de política. Obviamente, no nos parece excesivo, porque, como decía, no se están discutiendo estos dos cargos, sino esa transformación que hace que el Ministerio deje de tener solamente dos funcionarios políticos para tener nueve: Ministro, Subsecretario y siete funcionarios de particular confianza. Esa es la discusión a la que se responde: ¿queremos un ministerio de defensa o un ministerio de guerra?

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ROSADILLA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: me parece muy bien que el señor Diputado Rosadilla reconozca la voluntad de que haya una politización, que no fue lo que se dijo acá, al menos por mi parte. Yo hablé de partidización. Hay una confusión entre lo institucional y lo partidario. Con referencia al mando político que se debe ejercer en el Ministerio de Defensa Nacional sobre las políticas que le conciernen, creo que nadie puede tener dudas, por lo menos desde hace veinte años a la fecha. Alguno pudo haberlas tenido en el período anterior a ese, pero todos quienes concebimos la vida en libertad y en democracia no podemos tener ningún tipo de duda al respecto. Yo no hablé de politización sino de partidización, y si el señor Diputado Rosadilla lee el informe en minoría que redacté con respecto a esto, verá que, específicamente, hablé de partidización y no de politización. Esa es una confusión que tiene el Gobierno entre lo institucional y político y lo partidario. Lo que está llevando adelante el Gobierno es un fenómeno de partidización y no de politización. Se puede tener confianza política, inclusive, entre aquellos que no son partidarios de uno, y es normal en la vida democrática del Uruguay que un Gobierno, que un jerarca tenga confianza política en alguien que no es partidario.

Creo que es importante la voluntad del Gobierno de generar este debate, porque cada vez que discutimos un tema vinculado a la defensa el Gobierno se excusa de que todavía no lo inició. El tema no es que participen todos, sino que hasta ahora no ha participado nadie. ¡Ojalá participen todos! Pero hasta ahora no ha participado nadie.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Es más: el Gobierno está esperando que los técnicos en la materia -algunos no nacionales, sino internacionales- o algún organismo internacional le dé insumos. El Gobierno se está equivocando. Se equivoca. Esta es una discusión eminentemente política que se debe iniciar desde el Uruguay sin rechazar ningún aporte, en esta Casa, en la que están representados todos los partidos políticos, toda la opinión pública del Uruguay o su inmensa mayoría. No es que se esté esperando que los técnicos le digan al Gobierno qué piensa en materia de defensa; es el Gobierno el que tiene que decir, primero que nadie, qué piensa acerca de las políticas de defensa en el Uruguay del siglo XXI, inmerso en el proceso en que se encuentra a nivel regional y mundial. Eso es lo que tiene que decir el Gobierno, es lo que no ha dicho todavía y no debería esperar que se lo digan los técnicos. Espero que al más alto nivel político sea el Gobierno el que nos lo diga. Es más: no correspondería que hablen quienes no integran el Gobierno hasta que lo haga quien la soberanía decidió que tenía que hablar primero. Eso no se ha hecho. No se puede decir -no estoy haciendo referencia específica ni personal alguna, sobre todo al señor Diputado preopinante, sino que estoy hablando en forma general-, no se puede argüir que se está esperando que los técnicos den insumos en la materia. ¡Esta sí que es una discusión política, aquí y en todos los países democráticos del mundo! Esperamos que el Ministerio lidere esta discusión.

Reitero -termino, y agradezco al señor Diputado Rosadilla esta interrupción- que se equivoca el Poder Ejecutivo cuando espera que desde un organismo internacional, con asesores internacionales, le inicien el debate. Quiero escuchar al señor Presidente de la República, a la señora Ministra de Defensa Nacional y a las autoridades políticas de este Poder Ejecutivo que le digan al país y a nosotros, los integrantes del Parlamento -en este caso no hay cámaras empresariales para explicarles las reformas, como hay en otras circunstancias en las que primero se explica a las corporaciones qué se opina y luego a los representantes de la soberanía-, donde está la soberanía, qué opinan sobre el Uruguay del siglo XXI y sobre la materia de políticas de defensa. ¡Que se diga! Eso es lo que estamos esperando.

Gracias, señor Diputado Rosadilla.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- ¿De cuánto tiempo dispongo?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dispone de diez minutos, señor Diputado.

SEÑOR ROSADILLA.- Debo decir que tengo absolutamente claro que el señor Diputado García se refirió a los dos aspectos; si se consulta la versión taquigráfica se verificará que habló de politización y de partidización, de ambos conceptos. Al de partidización no quise contestar porque realmente no es el debate al que quiero entrar. Cuando estos cargos políticos sean llenados, entonces, el señor Diputado García, no sobre una presunción sino sobre los hechos, quizá podrá participar y decir que hay partidización. Mientras tanto, creo que es una presunción, y empezar a debatir acá sobre esas cosas le hace perder nivel al debate. Además, este Gobierno ha demostrado en varios Ministerios que ha utilizado técnicos y hombres en cargos de confianza política que no son de su partido. Entonces, ¿para qué vamos a discutir sobre esas presunciones? Entendí lo que dijo el señor Diputado García; simplemente, me pareció que no era el tema del debate de hoy. Quizás deberíamos tenerlo en algún tiempo y tal vez hasta yo lo proponga. ¿Quién sabe? Lo escuché bien; no quise responder porque no me parecía que fuera el fondo del asunto.

Vuelvo al fondo del asunto. Aquí el país está enfrentado; todos los uruguayos estamos enfrentados en el ámbito de la defensa. Lo decíamos cuando debatíamos algunos temas aquí, especialmente la Operación Unitas o el Presupuesto Nacional. Hay algunas cuestiones que siguen hacia adelante por la inercia que se ha generado y que todos debemos considerar. Comparto plenamente que este es un debate interno, de la nación, en el que el Gobierno tiene que plantar sus banderas y convocar a la ciudadanía. En eso estamos de acuerdo. El Parlamento tiene que jugar un papel relevante, pero no debemos estar cerrados a la experiencia ni a los conceptos internacionales. Y no estoy poniendo esto en boca de nadie; simplemente digo: ¡ojo!, el mundo avanza, hay muchos procesos que han sido similares al nuestro, en el sentido de que durante muchos años hubo una política de guerra y no de defensa; hay países que han desarrollado profundas transformaciones en esa área y debemos estar muy atentos a escucharlos.

Comparto lo que se ha dicho por parte de otros legisladores, pero quiero llamar nuevamente la atención en el sentido de que todavía nos cuesta mucho entender que los temas de defensa son de toda la sociedad. Esto todavía resulta difícil para buena parte de la sociedad y del sistema político. Si no, véase la importancia relativa que en esta Cámara tienen los temas de defensa, y que la Comisión respectiva solo tiene cuatro miembros. Normalmente, cuando estos temas entran a esta Cámara hacen uso de la palabra -con suerte- seis o siete legisladores, no más, y eso refleja la realidad de que del tema de la defensa se apropia el sistema político, y la ciudadanía también es parte del proceso.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta: realmente, este es un tema que consideramos importante.

Permítaseme hacer uso de la memoria; ayer en una Comisión utilicé el mismo mecanismo, pero me parece que uno debe transferir sus experiencias, lo que siempre es bueno.

Como usted sabe, señora Presidenta, durante cinco años ejercimos la Prosecretaría de la Presidencia de la República, durante el segundo Gobierno del Presidente Sanguinetti. Desde ese cargo integrábamos el acuerdo del Presidente con el Ministro respectivo, ese instrumento formidable de Gobierno que es el despacho de Gobierno a puertas cerradas con el Ministro, el Subsecretario y el Director General de Secretaría de cada Ministerio. Personalmente, lo que me preocupa, además de otras razones, es un tema absolutamente funcional.

El mecanismo militar y los fenómenos de la administración de la defensa y de los recursos militares y su personal son una de las características que tienen mayor particularidad en la organización de la estructura de Gobierno. Para empezar, tienen un lenguaje propio y códigos propios de comunicación; generalmente, el significado de las palabras en las fuerzas militares -aquí y en otras partes- no es el del uso vulgar, frecuente o civil. El Director General de Secretaría tiene un rol fundamental no solo en la administración, sino en la elaboración de la documentación a través de la cual se expresan los mandatos de Gobierno hacia el respectivo Ministerio. Creo que la sumatoria de Ministro, Subsecretario, Director General de Secretaría y Subdirector General que no pertenezcan a la especialidad de la Fuerza perjudica una eficaz y organizada función del ejercicio de Gobierno en el Ministerio de Defensa Nacional. No es casualidad que a lo largo de la historia prácticamente siempre hayan sido Coroneles, en actividad o retirados, quienes han ocupado este cargo. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión y desde nuestra experiencia, para el Ministro respectivo -en este caso la Ministra- y fundamentalmente para el Presidente de la República, el hecho de que el lenguaje de las decisiones que se toman y su trasmisión sea pensado, copensado o ayudado a construir desde la especialidad de alguien que pertenece a ellas, representa un enorme aval de que el mando de las Fuerzas Armadas se ejerce con las garantías correspondientes.

Creo que el Poder Ejecutivo está bien representado, en lo que refiere al poder político, a través del Ministerio, con el Ministro, el Subsecretario y los dos cargos de particular confianza que se crean. Parece difícil pensar que en la magnitud de las Fuerzas Armadas, por la cantidad de sus integrantes y con la relevancia del resultado electoral pasado, el Poder Ejecutivo no pueda encontrar personas de confianza como para ejercer los cargos de Director General y de Subdirector General del Ministerio. Parece difícil. No estamos hablando de un Gobierno que llega por un juego de rebotes de banda, con una pequeña minoría, que sumada a otras puede lograr un cargo de Gobierno. No; estamos hablando de un partido o una coalición de partidos que asume el Poder Ejecutivo con un enorme respaldo de poder político.

Por lo tanto, me parece que esto es -discúlpeseme la expresión- casi como una "capitis deminutio"; es como decir: no encuentro en el ámbito de las Fuerzas Armadas del país personas con la idoneidad y confianza necesarias como para ejercer el cargo de Director General del Ministerio, que implica nada menos que el nexo entre el Ministro y el resto de las Fuerzas en la redacción, construcción, lenguaje y trasmisión de la opinión.

Además, un Director General muchas veces cumple la función de traducir la intención del Poder Ejecutivo hacia los mandos. Imagino que ahora, el acuerdo del Ministerio de Defensa Nacional -para luego ir al acuerdo con el Presidente- será una reunión entre gente que no va a escuchar todas las campanas. Se me podrá decir que están los Comandantes en Jefe y se hablará con ellos, pero los Comandantes no están en el casco del Ministerio. Y en estas cosas el ser es tan importante como el estar. Podrá ser el mejor de los Comandantes, pero no va a estar en el seno del Ministerio cuando se tomen las decisiones.

Por eso, señora Presidenta, queremos adelantar que no vamos a acompañar este proyecto con nuestro voto. Queremos dejar dicho que nos causa preocupación, no porque advirtamos intencionalidad negativa -porque no creo que el Poder Ejecutivo se quiera perjudicar a sí mismo-, sino porque nos parece que es un mensaje -me atrevo a decir- descalificador para la condición militar no encontrar una persona de confianza para un cargo de este tipo. Me parece que estamos dando un mensaje contrario al interés de la integración de las Fuerzas Armadas al poder civil y que estamos diciendo que no están calificadas para poder ser merecedoras de confianza.

Creo que se está cometiendo un error, y lo digo con total convicción. Ojalá que la experiencia no resulte lo mala que creo que puede resultar. Y ojalá que en la soledad del despacho del Presidente, cuando esté encerrado con el Ministro, el Subsecretario y el Director General -todos civiles- haya la suficiente capacidad, conocimiento e información para que la modificación de las decisiones que se toman y se llevan a la instancia del acuerdo se compadezca con la realidad que tienen que administrar.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: la verdad es que estoy un poco sorprendido por algunos de los argumentos que he escuchado, con los que se pretende invalidar esta propuesta que el Cuerpo tiene a su consideración. Por supuesto -desde ya lo adelanto- excluyo la intervención del señor Diputado Scavarelli de las apreciaciones que quiero hacer.

He escuchado en muchas oportunidades reclamar en esta Cámara la posibilidad de más debate, de más tiempo para el análisis y para confrontar opiniones y propuestas. A fuer de sincero, tengo que reconocer que puede entenderse que hubo oportunidades en que esos tiempos no se dieron; admito que en algunos casos no se dieron y que habría sido deseable que fueran más extensos.

Me parece que cuando argumentamos, debemos hacerlo con mayor seriedad. A mí me preocupa la superficialidad, la poca consistencia y hasta las contradicciones que se ponen sobre la mesa a la hora de analizar un tema. Hoy escuché muchas cosas en este sentido: objeciones contradictorias, como decir que el Gobierno no tiene líneas claras por un lado y, al rato, expresar que los cargos de confianza política incluidos en el Presupuesto están relacionados con el proyecto de ley que hoy estamos considerando y al que, evidentemente, esto se liga.

Se podrá decir que no se está de acuerdo con la línea del Gobierno, que no es completa la posición del Gobierno con respecto al tema de la defensa. Por supuesto que quienes primero lo admitimos somos nosotros, porque hemos dicho que habría sido deseable que en el correr de 2005 el país se diera un debate imprescindible como el de la defensa, y aún lo podríamos hacer, a pesar de que reconozco que tiene razón el señor Diputado García Pintos cuando dice que el debate se da todos los días. Es cierto que nos hemos introducido en áreas del tema y tal vez lo que hagamos en 2006 sea simplemente su síntesis.

Advertimos a diario que en el funcionamiento de este Gobierno hay muchos estilos distintos. Tal vez el ejemplo más contundente, reciente y último sea lo que tiene que ver con la propuesta de modificar el sistema fiscal o impositivo que ayer se dio a conocer y se está planteando que ingrese al Parlamento el 1º de marzo. Durante noviembre, diciembre, enero y febrero existe la posibilidad de que la sociedad toda discuta, opine, cuestione y realice sus aportes. Ese es un estilo que hoy está sobre la mesa. Entonces, seguramente en 2006 se hará la síntesis del debate ya iniciado sobre defensa. A eso vamos.

Cuando se habla de que en el Presupuesto se incluyen cargos de confianza política y se dice que esto los aumenta, creo que debemos decir toda la verdad. No olvidemos señalar que este Gobierno ha fijado una línea muy clara en cuanto a que no se va a seguir con el régimen de contratos de obra, inventados para sustituir a los funcionarios públicos que no podían ingresar en función de la prohibición establecida por una ley aprobada por este Parlamento.

Y si estamos hablando de aproximadamente 1.600 cargos, en los que van a quedar los imprescindibles -reitero que solo los imprescindibles-, como es natural habrá que sustituirlos, en los espacios de Gobierno, por cargos de confianza política o con otros. Seguramente, los cargos de confianza política sustituirán a aquellos que por la vía del contrato de obra abrieron alegremente la puerta al clientelismo político y a los acuerdos que, religiosa y rigurosamente, se hicieron entre amigos, familiares, correligionarios políticos, etcétera.

También escuché que se ridiculizó la posición de la señora Ministra cuando dijo que era importante la presencia de un Subdirector en caso de que estuviera ausente el Director. Por supuesto que se lo puede ridiculizar de esa manera. Se puede ridiculizar diciendo que lo sustituya cuando esté enfermo. Yo lo puedo ridiculizar más; puedo decir que lo sustituya cuando el Director pide licencia porque se quiere ir a pescar o de vacaciones. Acá también está implícito un concepto de continuidad en el ejercicio de la función, elemental para que quien sustituye al inmediato superior tenga el conocimiento, el manejo y la operativa del cargo que pasa a ocupar. Entonces, esto no es cosa menor y se expresa en cada una de las conductas que podemos llevar adelante. Para poner un ejemplo, puedo decir que en mi despacho está mi suplente, porque quiero que el día que yo no esté acá, venga alguien que tenga pleno conocimiento de lo que estamos manejando. Esta es una filosofía que hemos aplicado y que también debe seguirse en este caso. La cuestión no es sustituir a alguien porque está enfermo, sino que, cuando exista esa necesidad, se pueda contar con alguien que tenga el manejo, el conocimiento, la operativa y el seguimiento de la temática en análisis y en debate que permita el pleno desempeño desde el inicio de la sustitución. Es decir que quien sustituye no tenga que llegar luego de un tiempo a la adecuación y al conocimiento de lo que se maneja.

Ya contestó el señor Diputado Rosadilla lo relacionado con las diferencias entre un ministerio de defensa y uno de guerra. Tenemos la convicción de que un ministerio de defensa va mucho más allá de lo que es simplemente el manejo de las instituciones militares. El ministerio de defensa, la política de defensa y la ley de defensa tienen una vinculación muy íntima con las relaciones exteriores. Naturalmente, esto no supone de ninguna manera entender que no puede haber un militar con la capacidad necesaria para desempeñar ese cargo. Lo que se está haciendo es abrir la posibilidad de que también haya un civil en dicho cargo. No excluye a nadie; abre la posibilidad al civil y al militar. Pero cuando entiendo que en ese cargo tiene que haber un militar es porque tengo una concepción militarista de la defensa. Y yo no digo que esté mal, sino que no la comparto.

Es lo mismo que señalaba el señor Diputado Scavarelli, cuando manifestaba sus objeciones en cuanto a que no se habría de dar más, en el ámbito del despacho del Presidente, esa instancia a puertas cerradas, con el señor Ministro, el señor Subsecretario, el Director y el Subdirector. Es así, porque en este momento a nivel de Presidencia tampoco se trabaja de esa manera. Hoy, los acuerdos ministeriales tienen otras características, que no son las que tuvieron ayer. Por consiguiente, eso tampoco nos preocupa, porque no se va a dar. Pero no va a ser así en el sentido crítico que se le asignaba, porque se ha modificado la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Por estas razones y por muchas más que podría agregar, aunque no quiero extender mucho más este debate, nos parecía imprescindible señalar nuestra posición, en el entendido de que este proyecto debe ser aprobado por el Cuerpo en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señora Presidenta: queremos emitir nuestra opinión con respecto al proyecto de ley que hoy está en discusión. Es un tema que nos interesa porque está en el corazón de los problemas de este país, y cuando los discutimos, indudablemente aparece el espectro global de la situación de las Fuerzas Armadas, lo que constituye una preocupación de este Gobierno. Por eso, siempre nos atrae la posibilidad de conocer alguna opinión que fortalezca los argumentos que nos llevan a dar determinados pasos.

Nadie puede desconocer el hecho de que si hablamos de partidización de las Fuerzas Armadas, el partido que menos incidencia ha tenido en ese sentido ha sido el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, que tal vez llegue a denominarse Frente Amplio Progresista, como se está manejando. Insisto: a nadie escapa lo que acabo de decir; tenemos que ser conscientes de que es así. ¿Cómo se puede pensar que nosotros, que hablamos de la democratización de las Fuerzas Armadas, no lo hagamos con todo derecho? Lo hacemos y así se lo hemos dicho a las Fuerzas Armadas en todas las épocas, en una crítica sostenida aun desde las cárceles, donde muchos de los compañeros y de las compañeras de izquierda y dirigentes que hoy están en el Gobierno y en este Parlamento teníamos esporádicas discusiones con los militares. Ellos estuvieron al servicio de una clase que llevó al país a lo que aún hoy, luego de haber salido de la dictadura, tenemos que enfrentar. El sometimiento de los civiles y la complicidad de algunos de ellos -inclusive, en la conducción- llevaron a las Fuerzas Armadas a ponerse al frente del saqueo del país.

Entonces, ¿cómo no iba a preocuparnos la situación, si sabíamos que había militares progresistas que no estaban trabajando allí? Se habla de un partido que estaría dentro de las Fuerzas Armadas, se habla de partidización de las Fuerzas Armadas, y yo tomo este concepto como base de este análisis, pero quienes podían haberlo integrado estuvieron presos durante aquella época, y luego, cuando salieron, fueron relegados y no se los aceptaba en el seno de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que los militares que podrían haber operado como una corriente de opinión política -de las que siempre hubo en las Fuerzas Armadas- no las integraban en aquel momento. Entonces, no se puede decir que este Gobierno apunta a una partidización.

Lo que sí vamos a defender a muerte es que las Fuerzas Armadas tienen que politizarse. ¿Por qué no, si siempre estuvieron politizadas? Siempre se ha intentado crear un tabú con respecto a las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que son parte de los ciudadanos de este país, pero tienen una profesión que los diferencia, con un nivel técnico que -hay que reconocerlo- es más exigente y tiene sus códigos. Pero no hay que hacer un tabú de esos códigos, porque lo que se ha logrado con eso es alejar a las Fuerzas Armadas y confrontarlas con el pueblo.

Cuando hablamos de tener ámbitos y herramientas que nos permitan democratizar las Fuerzas Armadas, nos referimos a pasos que el conjunto de las fuerzas políticas de este país debería considerar positivos. Todos los partidos dicen que la dictadura fue mala; por lo menos, nunca encontré a ningún legislador que dijera en este ámbito que estaba de acuerdo con la dictadura. Pero ¿cómo puede sacarse la doctrina de la seguridad nacional de la mentalidad de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se puede sacar una idea anterior, relativa a la doctrina de ejército de ocupación en que nos sumió el Pentágono? Me refiero a aquella famosa línea de ejército de ocupación que planteaba el señor Rockefeller en la década del sesenta, por la que cada ejército tenía que ser la fuerza de ocupación en cada país, fundamentalmente en Latinoamérica.

¿Cómo podremos hacer un intercambio político con los integrantes de las Fuerzas Armadas sin una posibilidad real de concretarlo?

Creo que, al día de hoy, las Fuerzas Armadas de este país tienen el escalafón abierto como para que, con toda tranquilidad, haya desplazamientos. Además, los ascensos que se producirán en estos meses dejarán muy claro que no hay partidización, aunque seguramente sí una politización y un enfoque de lo que queremos hacer.

Además, el año que viene discutiremos la normativa que regirá a las Fuerzas Armadas y volcaremos el caudal de conocimientos que esta fuerza política tiene en la materia. Podemos decir a los señores legisladores -aunque seguramente lo saben- que la Comisión de Defensa del Frente Amplio, que hasta hace muy poco dirigió el General retirado Víctor Licandro, dispone de materiales muy abundantes de lo que consideramos debe ser nuestro Ejército. Toda la información ha sido muy discutida en las interminables sesiones de los miércoles por la mañana, en el local de la calle Colonia. Inclusive, las conclusiones a las que arribamos en materia programática sobre las Fuerzas Armadas están a disposición del público en la página web; tampoco eso es un tabú. Lo que en esas discusiones estuvo permanentemente sobre la mesa fue el concepto de defensa, que muy bien manejó el señor Diputado Rosadilla.

A nuestro juicio, nuestra organización militar tiene que ser una organización de defensa; a partir de ese concepto pueden definirse otras cuestiones -que no quiero llamar secundarias-, relativas a la cantidad de efectivos, a la composición de las distintas armas y a su relevancia. Oportunamente profundizaremos en esos aspectos y traeremos el debate al ámbito legislativo.

Lo que quiero es aventar cualquier tipo de preconcepto con respecto a lo que está haciendo nuestro Gobierno. Indudablemente, necesitamos herramientas para trabajar en el seno de Fuerzas en las que la mayoría de sus integrantes son colorados y blancos; si hiciéramos una encuesta, en términos muy generales, arrojaría que mayoritariamente votan al Partido Colorado o al Partido Nacional. Por supuesto que en cuanto a la tropa puede haber habido cambios en los últimos tiempos. Por ejemplo, los muchachos que hoy están en las misiones de paz vienen de todos los barrios del país; inclusive, conocemos a algunos de sus integrantes. Es gente que se conchabó -digámoslo así- en las misiones de paz, lo que también tendremos que discutir en este ámbito. Lo cierto es que, desarrollando esas tareas, vieron otras cosas y se les abrió la cabeza en cuanto a las situaciones políticas; por ello, cuando pudieron elegir, votaron como lo hacen todos: libremente.

Pero insisto en que la composición fundamental de las Fuerzas Armadas, sobre todo a nivel de los mandos, siempre ha estado partidizada; de eso no nos cabe ninguna duda. De todos modos, eso no nos importa; lo que le importa al Frente Amplio es que las Fuerzas Armadas tengan profesionalidad, conocimiento de los temas y, por supuesto, que respondan al Gobierno de turno. Si lo logramos, alcanzaremos el objetivo que nos hemos planteado.

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Disculpe, señor Diputado, pero quiero anunciar que en la segunda barra hay alumnos de las siguientes escuelas rurales del departamento de Cerro Largo: Nº 20, de Tres Islas; Nº 62, de Mazangano; Nº 98, de Paso Tía Lucía, y Nº 117, de Infiernillo. Interrumpimos al señor Diputado porque queríamos saludarlos y ya van a proseguir su visita por nuestro Palacio Legislativo.

Puede continuar el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Ya termino, señora Presidenta.

Pido mil disculpas a los legisladores que están trabajando muy seriamente en la Comisión, pero quería dar mi punto de vista, aunque es probable que en marzo del año que viene discutamos la reforma de la Ley Orgánica Militar. En ese momento profundizaremos muchísimo en el tema y tendremos oportunidad de desplegar todos nuestros conocimientos en ese sentido. Ahora pido a todos los señores legisladores un voto de confianza a los pasos que da el Poder Ejecutivo.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de un concepto. Cuando escuchaba al señor Diputado Domínguez -lo nombro porque me suena bastante ridículo hablar de "Diputado preopinante"-, sentí que hay una cierta contradicción en la posición del Gobierno, porque por un lado se habla del mando político, que comparto, pero también se habla de intercambios políticos con las Fuerzas Armadas, y eso no lo comparto. Desde mi punto de vista, es una contradicción absoluta.

Cuando se habla de la democratización de las Fuerzas Armadas, supongo que se hace referencia -lo dije cuando se discutió la ley de ascensos a General- a que ellas deben tener un respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes, pero me imagino que no se debe estar pensando en un funcionamiento asambleístico, donde hay, entre otras cosas -como recién dijo el señor Diputado Domínguez- un intercambio político.

Creo que es un profundo error y, además, peligroso. Las Fuerzas Armadas se deben al mando superior, constituido en base a lo que determina nuestra Carta Magna. Allí está la génesis democrática: en el acatamiento a la Constitución de la República y a los mandos legítimamente constituidos. Pero no se puede sostener al mismo tiempo el mando político -que, obviamente, compartimos- y hablar de intercambio político con las Fuerzas Armadas. ¡Intercambio político, no! Puede haber intercambios técnicos u opiniones de profesionales de un ámbito muy específico de la vida de una nación, como las de quienes portan legalmente las armas y definen su profesión como la defensa de la soberanía nacional, pero intercambios políticos de un Gobierno democrático con las Fuerzas Armadas, no; y funcionamiento asambleístico de las Fuerzas Armadas, cualquiera de ellas, tampoco. Debe haber un acatamiento irrestricto al mando superior, en el acierto o en el error, que como es ejercido por seres humanos puede tener estas circunstancias en la vida, pero nunca consultas políticas e intercambios políticos. Y mucho menos se debe pensar que las Fuerzas Armadas pueden hacer pasar su vida por la dinámica de una asamblea. Cuando esto sucedió, el país empezó a vivir años trágicos que todos lamentamos y de los cuales aún estamos pagando las consecuencias.

Me dice con razón un colega Diputado que hay que tener cuidado, porque también en los comunicados 4 y 7 hubo intercambios políticos.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señora Presidenta: el señor Diputado me habilitó gentilmente a responderle cuando me mencionó.

Estos son los temas que hay que discutir, pero no lo vamos a poder hacer ahora. Me parece que este es un concepto que realmente nos aleja de la posibilidad de romper los tabúes, porque en determinado momento se llegó a que un sector de la sociedad, la clase dominante, utilizara a las Fuerzas Armadas para llevar adelante sus cometidos. De esa forma, se nos negó la posibilidad de intercambiar y de tener posicionamientos que permitieran a la fuerza de izquierda otro tipo de desarrollo.

Con respecto a los comunicados 4 y 7, se desató una situación muy larga de contar, que pudo haber tenido salidas que indudablemente no prosperaron porque no triunfaron los posicionamientos progresistas sino los más conservadores dentro de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que ninguna cadena de mando admite que se la altere. Ese funcionamiento se puede dar, pero también se puede dar una discusión permanente en los ámbitos militares que correspondan, a fin de elevar la discusión política y los aspectos que conciernen al desarrollo de este Gobierno. Yo, por ejemplo, estoy en permanente contacto con los mandos militares y policiales de mi departamento, en su relacionamiento con el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajamos con relación al tema de la aftosa y se discutían políticamente los enfoques de cada aspecto. Creo que esa es una sana discusión que se deberá tener en forma permanente, porque inclusive en nuestra fuerza política se debatió mucho y se sigue debatiendo el tema de la acción cívica, debido a que se esquematizaba a los Ejércitos porque la historia nos había dicho eso. Sin embargo, de ahora en adelante debemos pensar en otro relacionamiento, puesto que lo que se planteaba fue que la acción cívica fue usada con el concepto "Pentágono" de infiltración en los sectores sociales y populares. Eso hoy no tiene casi sentido. Debemos tener un relacionamiento franco y leal con las Fuerzas Armadas, que son parte de nuestro pueblo, y trabajar en todo lo que sea necesario junto a ellas y no solo para la guerra.

La defensa nacional va más allá de los aspectos militares. También representa defender situaciones como las que vivimos en torno a la producción, a las catástrofes, etcétera. Hoy en día, en los foros militares se discute hasta el problema del sida, porque no es una temática que pueda estar alejada de la discusión. Quiere decir que la defensa pasa por enriquecer ese contacto con las Fuerzas Armadas y, por otro lado -no se contraponen-, por una cadena de mando que funcione, porque es la forma de actuar de las Fuerzas Armadas y nadie lo puede dudar.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: creo que la discusión se fue al "ALCA". Estamos hablando de cosas que verdaderamente están bien lejos, pero bien lejos, del proyecto de ley y del abordaje técnico que debimos haber hecho.

No me opongo a que se hable de lo que se quiera hablar, porque en definitiva para eso estamos en el Parlamento, pero creo que no es bueno para el desarrollo que tuvo este tema en su primera parte que terminemos con enfoques bien distantes de la cuestión de fondo.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Bentancor)

——Podríamos responder a cada una de las afirmaciones que se hicieron con otras cuatro afirmaciones, pero creo que este no es el momento adecuado para entrar en profundidades que no le harían bien a la Cámara. Hoy tenemos otros temas que también son importantes.

Como contribución, nos vamos a limitar al abordaje técnico de la cuestión, en los términos en que lo hemos hecho hasta ahora.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y seis en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR MACHADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: hemos votado negativamente, puesto que compartimos los criterios expuestos por nuestros compañeros, los señores Diputados García Pintos y Scavarelli.

Además, queremos decir que este proyecto de ley emite una señal equivocada hacia el seno de las Fuerzas Armadas. De la misma manera que dijimos en el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto que era una señal equivocada que la guardia personal del señor Presidente de la República fuera exógena al aparato policial del país, decimos que excluir a los Coroneles integrantes de las Fuerzas Armadas de la posibilidad de ocupar el cargo de Director General de Secretaría del Ministerio nos parece una equivocación que da una pésima señal a la interna de las Fuerzas Armadas. Si se quiere promover cambios, debe hacerse con las Fuerzas Armadas y no excluyéndolas.

Muchas gracias.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: votamos negativamente porque entendemos que este proyecto de ley va en la misma línea que el cambio en la forma de ascensos al grado de General del Ejército Nacional y la creación de cargos de particular confianza política para el Ministerio de Defensa Nacional en el Presupuesto Nacional.

Creemos que el camino que está recorriendo el Poder Ejecutivo atenta contra la profesionalización de las Fuerzas Armadas y promueve su politización partidaria.

Muchas gracias.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: quiero hacer una puntualización acerca de un problema que se ha planteado lateralmente.

Creo que el señor Diputado García Pintos tiene razón en cuanto a que algunos temas de fondo que se abordaron aquí no corresponden estrictamente a este proyecto, pero como este asunto es muy delicado, se ha debatido muchas veces en el Parlamento y tiene que ver con la politización, la opinión política o el intercambio político entre integrantes de partidos y Fuerzas Armadas, quiero señalar algo que me parece muy claro. La Constitución establece que los militares en actividad no pueden opinar sobre política, y esto me parece esencial. Tengo algunos elementos -que lamentablemente no traje, porque el tema no era ese- que prueban esto.

Por ejemplo, en 1875, cuando Sáenz Peña abandona la Presidencia de Argentina, le sucede Evaristo Uriburu. En esa oportunidad se le presentaron los tres mandos de las Fuerzas Armadas diciendo: "Señor Presidente: queremos presentarle todo nuestro respaldo; le vamos a apoyar en la defensa de la Constitución y la ley". Uriburu les dijo: "¿Podrían repetirme el planteamiento?". Ellos hicieron un planteamiento estrictamente legalista. El Presidente les contesta: "Vean: ustedes no pueden opinar sobre política, y aunque eso sea a mi favor, yo tengo obligación de arrestarlos". Tengo presente hasta los lugares donde estuvieron arrestados los mandos de las Fuerzas Armadas en Argentina.

Voy a comentar otro ejemplo. En determinado momento, a Luis Alberto de Herrera un mando militar le hizo una puntualización de críticas, etcétera. Y él, consultado por la prensa, dijo: "A ese señor no le contesto. Voy a hablar con su superior para que lo observe, porque no puede opinar de política". Esto fue citado por Zelmar Michelini y recogido en "Uruguay vencerá", un libro escrito por un excepcional funcionario de esta Cámara, don Mario Jaunarena, a propósito de la muerte de Zelmar.

Comento esto porque, aunque el tema fue lateral, los legisladores no podemos hablar de política con los militares salvo en seminarios o en lugares donde se traten estos asuntos. Pero debe quedar claro -porque esto se ha perdido a través de años sombríos- que los militares no pueden hablar de política estando en actividad.

Muchas gracias.

SEÑOR CHA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHA.- Señor Presidente: no tuvimos la oportunidad de participar en el debate, no porque no estuviese garantizado nuestro derecho democrático, sino porque entendemos que con mucha frecuencia estas discusiones tienden a desnaturalizarse y nos vamos completamente de la materia; creo que eso es lo que sucedió en el último tramo del debate.

Votamos por la afirmativa, no por razones estrictamente ideológicas ni por rendir algún examen de trayectoria histórica, sino porque nos parece correcto, en términos políticos, dar una estructura funcional -con funciones políticas- y llenar de contenido político aquello que tiene esa naturaleza. La estructura política que nos proponemos organizar y llevar adelante en el Ministerio de Defensa Nacional pretende concretar el punto de vista político del Gobierno, en comunión con la sociedad, en cuanto a lo que se entiende por defensa nacional. No lo concebimos como prolongación funcional o profesional de lo que son la Casa Militar o las instituciones armadas; se trata de un Ministerio político. Por tanto, proveemos una solución para su mejor estructuración y funcionamiento.

Por dar una solución política, rechazamos que se nos diga que estamos haciendo un intento de partidización. No estamos discutiendo aquí ninguna penetración exógena en la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Simplemente, estamos dando una solución política para un tema político planteado en el Ministerio, donde se representa la política del Poder Ejecutivo en materia de defensa nacional. Ese es el lugar donde debemos inscribir el debate; lo demás son prejuzgamientos, suposiciones o sospechas acerca de voluntades o intencionalidades de un Poder Ejecutivo, y eso está muy lejos del análisis de lo que aquí se estaba tratando.

Estamos representados plenamente en las palabras del señor Diputado Rosadilla cuando explicó por qué sosteníamos este proyecto de ley. Votamos afirmativamente por todos estos argumentos.

Nada más.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: como dije antes, creo que se ha cometido un error y considero que no va a pasar mucho tiempo para que ese error se subsane con otro proyecto.

SEÑOR SEMPRONI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

16.-     Intermedio.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional, solicito un intermedio de diez minutos para realizar una reunión que ya está debidamente coordinada, por lo que no va a insumir más de ese lapso.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 11 y 10)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 11 y 25)

17.-     Preferencias.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Bentancor, Guarino, José Carlos Cardoso, Semproni, Pintado, Abt, Martínez Huelmo, Cusano y Ramos.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto sobre violencia en el deporte (Carpeta Nº 484/005) se considere como segundo punto del orden del día de la próxima sesión".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

18.-      Deudores alimentarios. (Inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Deudores alimentarios. (Inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 87

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Creación).- Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Agréguese al artículo 6º de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, el siguiente numeral:

"4º) Registro Nacional de Deudores Alimentarios que tendrá competencia nacional y sede en Montevideo".

Artículo 2º. (Deudores alimentarios).- Se considera deudores alimentarios, a efectos de su inscripción en el Registro correspondiente, a aquellas personas que reúnan acumulativamente las siguientes condiciones:

A) Que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o adolescentes menores de veintiún años, o mayores de veintiún años si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente.

B) Que adeuden más de tres cuotas alimenticias consecutivas, o cinco alternadas, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos.

C) Que previamente se le haya intimado judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar las obligaciones alimenticias, estando a lo que el Juez resuelva.

Artículo 3º. (Inscripción).- Verificados los extremos previstos en el artículo 1º de la presente ley, el Juez, a pedido de parte, podrá ordenar la inscripción del obligado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, librando el oficio correspondiente, el que deberá contener:

A) Nombres y apellidos y domicilio del obligado.

B) Número del documento de identidad del obligado.

C) Monto y cantidad de cuotas de pensiones incumplidas.

D) Nombres y apellidos y domicilio de los beneficiarios.

Cuando el oficio fuera librado por un Juzgado Letrado del interior de la República, el mismo deberá ser remitido directamente por la Sede al Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el que deberá acusar recibo de la inscripción.

Artículo 4ª. (Exoneración).- La inscripción del oficio correspondiente estará exenta del pago de tasas o tributos.

Artículo 5º. (Solicitud de cuentas bancarias y tarjetas de crédito).- Las entidades financieras comprendidas por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y las emisoras de tarjetas de crédito, deberán solicitar información al Registro Nacional de Deudores Alimentarios antes del otorgamiento o renovación de créditos, aperturas de cuentas bancarias o emisión de tarjetas de crédito. La omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscripto como deudor en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, hará solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay (BCU), por su omisión.

Artículo 6º. (Proveedores del Estado).- Los proveedores del Gobierno Central, Gobiernos Departamentales, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, y Personas Públicas No Estatales, deberán acreditar que no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, a efectos de poder contratar con los mismos. Quedan comprendidas todas las personas físicas que sean directivos de personas jurídicas proveedoras.

Montevideo, 22 de agosto de 2000.

FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La obligación de contribuir al sustento material de los hijos es un deber inherente a la patria potestad, pero que lamentablemente en la práctica no siempre se lleva a cabo en tiempo y forma, recargando en definitiva a uno de los progenitores.

El presente proyecto de ley toma como base otro similar presentado en esta Legislatura por el Encuentro Progresista, por el que se crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, apuntando este proyecto a incluir otros supuestos necesarios para el efectivo cumplimiento de la obligación alimenticia.

En este sentido, el Registro que se crea se inserta dentro de la Ley Nº 16.871 de Registros Públicos, sin alterar la estructura de dicha ley. Por tanto, se modifica solamente el artículo 6º que establece la composición de los Registros Públicos incluyendo al que se crea por esta ley.

En cuanto a la tipificación del deudor alimentario se amplía el elenco, comprendiendo no solamente a los progenitores, sino también a quienes resulten ser obligados subsidiarios. Asimismo, se incluyen también a los beneficiarios mayores de veintiún años, cuando estos son discapacitados.

Se establece que la deuda alimenticia alcance a tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, ya sea que se trate de pensión provisoria o definitiva.

También se establece como requisito previo que el deudor haya sido intimado judicialmente, y además, que tenga la oportunidad de manifestar el motivo de su incumplimiento, pudiendo aceptarse únicamente que momentáneamente carece de recursos para hacer frente a la obligación, siendo facultativo del Juez apreciar dichos extremos para decidir si se procede o no a la inscripción del deudor en el Registro.

En cuanto a la inscripción -dado que se trata de un Registro Nacional con sede en Montevideo-, se debe facilitar la misma, preceptuándose que si el oficio al Registro es librado por un Juez Letrado del interior de la República, el mismo sea remitido directamente por la Sede al Registro, debiéndose tener en cuenta que de otra manera sería muy gravoso para la parte acreedora costear los gastos de traslado para su inscripción.

Asimismo, se establece la exoneración en el cobro de tasa o tributo, sólo para la inscripción en el Registro, no así para el levantamiento de la misma, que deberá ser abonada por el deudor. De esta manera, se busca que luego de obtenido el oficio el mismo no deje de ser inscripto por carecer de recursos para hacerlo.

En relación a la solicitud de cuentas bancarias o tarjetas de créditos, se prevé que las entidades financieras también deben consultar al Registro en caso de renovación de las mismas.

Por último, se establece que los proveedores del Estado y de las Personas Públicas No Estatales deben estar igualmente libres de inscripción para poder contratar con las mismas.

Montevideo, 22 de agosto de 2000.

FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

I N F O R M E

Señores Representantes:

El presente proyecto de ley tiene como antecedentes los presentados en Legislaturas anteriores por Diputados de las bancadas del Frente Amplio y del Nuevo Espacio.

En el presente período ambos proyectos son desarchivados y se destinan a la consideración de esta Asesora.

No obstante, la Comisión Especial de Género y Equidad realiza un estudio de los mismos, recibiendo la opinión de los asesores de dicha Comisión, de la Asociación de Magistrados y de tres abogadas litigantes vinculadas a organizaciones no gubernamentales que trabajan en derecho de familia: CLADEM, Instituto Mujer y Sociedad y Casa de la Mujer de la Unión.

De estos asesoramientos surge la necesidad de buscar nuevas soluciones legales para el incumplimiento de las pensiones alimenticias, problemática que aumenta la infantilización de la pobreza.

Por otra parte ha llegado el reclamo de diversas organizaciones nucleadas en diferentes departamentos del país, señalando la necesidad de un marco claro para los Jueces que permita generar una conciencia de mayor responsabilidad en el ejercicio de la paternidad y maternidad.

Asimismo hoy se poseen datos proporcionados por una Encuesta de Situaciones Familiares y Desempeños Sociales en Montevideo y el Área Metropolitana (mayo de 2002) que se realizara en convenio entre la Universidad de la República y UNICEF sobre 1806 hogares, y que demostró que más de la tercera parte de los padres nunca pasó dinero para la atención de los hijos.

De las sugerencias recibidas, de la legislación comparada que nos alcanzara Estudios Legislativos y del rico intercambio de opiniones entre los miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración esta Asesora recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley que pretende afinar los procedimientos para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de disfrutar de un desarrollo integral de sus posibilidades como sujetos de derecho.

Sala de la Comisión, 4 de agosto de 2004.

MARGARITA PERCOVICH, Miembro Informante, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, ERNESTO RODRÍGUEZ ALTEZ

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Creación).- Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Agrégase al artículo 6º de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, el siguiente numeral:

"4º) El Registro Nacional de Deudores Alimentarios que tendrá competencia nacional y sede en Montevideo".

Artículo 2º. (Deudores alimentarios).- Se considera deudores alimentarios, a efectos de su inscripción en el Registro correspondiente, a aquellas personas que reúnan acumulativamente las siguientes condiciones:

A) Que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o niñas o adolescentes menores de veintiún años, o mayores de veintiún años si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente.

B) Que adeuden más de 3 (tres) cuotas alimenticias consecutivas, o 5 (cinco) alternadas, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos.

C) Que previamente se le haya intimado judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar las obligaciones alimenticias.

D) No será procedente la inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios cuando de oficio o a petición de parte se acredite que existe una acción de rebaja o de exoneración de la pensión alimenticia no abonada por el obligado, iniciada con anterioridad a la petición de inscripción y esté pendiente de resolución definitiva.

Artículo 3º. (Inscripción).- Verificados los extremos previstos en el artículo 1º de esta ley, el Juez, a pedido de parte, podrá ordenar la inscripción del obligado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, librando el oficio correspondiente, el que deberá contener:

A) Nombres y apellidos y domicilio del obligado.

B) Número del documento de identidad del obligado.

C) Monto y cantidad de cuotas de pensiones incumplidas.

D) Nombres y apellidos y domicilio de los beneficiados.

Cuando el oficio fuera librado por un Juzgado Letrado del interior de la República, el mismo deberá ser remitido directamente por la Sede al Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el que deberá acusar recibo de la inscripción.

Artículo 4º. (Exoneración).- La inscripción del oficio correspondiente estará exenta del pago de tasas o tributos.

Artículo 5º. (Solicitud de cuentas bancarias y tarjetas de crédito).- Las entidades financieras comprendidas por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y las emisoras de tarjetas de crédito, deberán solicitar información al Registro Nacional de Deudores Alimentarios antes del otorgamiento o renovación de créditos, aperturas de cuentas bancarias o emisión de tarjetas de crédito. La omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscripto como deudor en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, hará solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay (BCU), por su omisión.

Artículo 6º. (Proveedores del Estado).- Los proveedores del Gobierno Central, Gobiernos Departamentales, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, y personas públicas no estatales, deberán acreditar que no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, a efectos de poder contratar con los mismos. Quedan comprendidas todas las personas físicas que sean directivos de personas jurídicas proveedoras.

Sala de la Comisión, 4 de agosto de 2004.

MARGARITA PERCOVICH, Miembro Informante, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, ERNESTO RODRÍGUEZ ALTEZ".

Anexo I al
Rep. Nº 87

"Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

I N F O R M E

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja a la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley denominado Deudores Alimentarios.

1) LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO.

El proyecto que se pone a discusión del Plenario de esta Cámara constituye un significativo avance en la protección de los niños, adolescentes e incapaces dando herramientas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de sus padres u otros obligados conforme a la ley.

La Constitución de la República en sus artículos 41 y 42 establece la obligación para los padres del cuidado y educación de sus hijos. Asimismo existe un mandato para nuestro Estado de disponer las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores.

La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley Nº 16.137) y la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823) han significado un claro avance en el respeto de dichos derechos. Sin embargo para que estos derechos sean realmente efectivos deben instrumentarse legislativamente una serie de medidas que sirvan como garantía de su ejercicio. De lo contrario todas estas normas corren riesgo de quedar en el papel y no ser eficaces.

2) LA SITUACIÓN URUGUAYA.

En el Uruguay existe una de las mayores tasas de divorcio de América Latina, e integra el grupo de países que los especialistas denominan como "high divorce systems" (Goode, 1993). Los sucesivos estudios demuestran que mientras en 1985 el indicador de divorciabilidad mostraba que el 17% de los matrimonios se disolvería, para el 2000 se preveía que las rupturas alcanzarían a un tercio de los matrimonios. Estas cifras no toman en cuenta a las uniones ni a las separaciones de hecho que, según la Encuesta de Situaciones Familiares y Desempeños Sociales, tienen un más alto índice de rupturas que los matrimonios legales.

Existen diversos estudios que han puesto de manifiesto la directa relación que existe entre las rupturas familiares y el deterioro económico de los miembros del núcleo familiar; en particular de las mujeres y los hijos o hijas.

Según una muy reciente publicación "ASIGNACIONES FAMILIARES, PENSIONES ALIMENTICIAS Y BIENESTAR DE LA INFANCIA EN URUGUAY" presentada conjuntamente por la Universidad de la República y UNICEF: "Para estimar el porcentaje de padres que no realizan transferencias, se ha trabajado con la información proporcionada por las mujeres separadas o divorciadas de una unión que duró al menos seis meses y que conviven con, al menos un hijo –de esa unión– menor de 21 años. Se constata que 58% de estas mujeres –61% de los menores– no percibe una transferencia, entendida como un pago regular de dinero o como un gasto habitual del cual el padre se hace cargo".

Esto pone claramente de manifiesto que en nuestro país existe un importante número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estado de indefensión y que es menester encontrar los mecanismos a través de la legislación para disuadir las conductas irresponsables de algunos progenitores disuadiendo el incumplimiento de sus deberes y garantizar, a su vez, la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3) ANTECEDENTES.

Este proyecto recoge disposiciones propuestas en dos proyectos presentados en legislaturas anteriores y ha contado con aportes de distintas fuerzas políticas.

Tiene como antecedentes en el Derecho Comparado la Ley 259 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que creó en el ámbito de dicha ciudad el Registro de deudores Alimentarios Morosos que funciona en el área de la Subsecretaría de Legislación y Justicia de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 2 Reglamentación 230), así como de múltiples legislaciones provinciales sobre el punto.

Existen normas en Costa Rica, Brasil, Paraguay, Chile, Puerto Rico, Canadá, Francia, que recurren a distinto tipo de instrumentos para proteger el derecho de asistencia alimentaria a los niños, niñas y adolescentes que varían según los casos estableciendo: restricciones migratorias, privación de libertad en distintos grados, multas, retiro de la libreta de conducir y/o acciones directas sobre los bienes del alimentante.

Este proyecto cuenta con el beneplácito de las organizaciones sociales dedicadas a la infancia y también de los operadores jurídicos. Al respecto la Asociación de Magistrados del Uruguay a través de su Comisión Directiva ha manifestado ver "con beneplácito el presente proyecto, como el modo de efectivizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a los alimentos (en el concepto dado por el artículo 121 del Código Civil) frente a aquellos deudores alimentarios que teniendo la posibilidad real de cumplir con sus obligaciones morales y legales no lo hacen".

4) CONTENIDO DEL PROYECTO EN DISCUSIÓN.

Concepto de deudores alimentarios.

A los efectos de ser considerados deudores alimentarios y por ende ser inscriptos en el Registro como tales, se considera a quienes reúnan una serie de condiciones en forma conjunta que se enumeran en el artículo 2º del proyecto, a saber:

a) Estar obligados a servir pensión alimenticia a niños o adolescentes menores de 21 años o mayores de 21 años en situación de discapacidad. Dicha pensión deberá haberse fijado por sentencia ejecutoriada o convenio homologado en sede judicial, por lo que el tema se habrá discutido en el Poder Judicial, con las garantías que esto implica.

b) Adeudar más de tres cuotas alimenticias en forma total o parcial.

c) Que previamente se le haya intimado el pago judicialmente y no haya probado fehacientemente (sin lugar a razonables dudas) su imposibilidad de cumplir. Tal oposición deberá tramitarse por la vía incidental (artículo 318 y siguientes del Código General del Proceso). Como vemos se amparan las situaciones reales y comprobables de imposibilidad económica respetándose el principio del debido proceso.

Tampoco corresponderá la inscripción si el deudor acredita haber iniciado trámites judiciales de rebaja o cese de pensión alimenticia siempre que esto haya acontecido con anterioridad al pedido de inscripción.

Formalidades de la inscripción.

Una vez acreditados los requisitos anteriormente enumerados, el Juez ordenará la inscripción que se realizará en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

El oficio correspondiente deberá tener una serie de elementos descriptos en el artículo 3º. Vale consignar la previsión que se realiza en caso de ausencia de Cédula de Identidad, donde si ésta no surgiera de las actuaciones o se desconociera su número, esto no obstará a la inscripción (literal b) de dicho artículo).

La inscripción de referencia estará exenta de tributos y caducará a los cinco años de producida (artículos 4º y 7º del proyecto respectivamente).

Garantías de eficacia de la Inscripción.

Se establecen en el proyecto disposiciones complementarias que aseguran la eficacia de la registración de los deudores alimentarios, para que en la práctica la inscripción que se crea tenga relevancia. En tal sentido se establecen normas respecto a los créditos financieros y a los proveedores del Estado.

En el primer caso, se obliga a las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito a que antes de otorgar créditos, abrir cuentas bancarias u otras actividades comerciales pidan la información al Registro sobre la situación de los solicitantes. En caso de omitir este requisito o de celebrar la operación a pesar de una eventual inscripción, las entidades financieras serán solidariamente responsables de las obligaciones alimentarias impagas (artículo 5º).

En segundo lugar, se establece que en caso de contratación con proveedores, el Estado y las personas públicas no estatales deberán solicitar previamente la información registral de los directores o administradores de las mismas. En caso de figurar inscripciones respecto de directores o administradores de dichos proveedores quedará prohibida la contratación (artículo 6º).

Por todo lo expuesto entendemos de estricta justicia la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2005.

DAISY TOURNÉ, Miembro Informante, DIEGO CÁNEPA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, JORGE ORRICO, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Actos inscribibles).- Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, la inscripción de los deudores alimentarios morosos con el alcance previsto por esta ley.

Artículo 2º. (Deudores alimentarios).- Se considera deudores alimentarios, a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, a aquellas personas que reúnan acumulativamente las siguientes condiciones:

A) Que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o niñas o adolescentes, menores de veintiún años, o mayores de veintiún años si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente.

B) Que adeuden más de tres cuotas alimenticias, total o parcialmente, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos.

C) Que previamente se le haya intimado judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar las obligaciones alimenticias.

Una vez que sea intimado, si el obligado se encontrase imposibilitado de cumplir, la tramitación de la oposición se realizará por la vía incidental.

D) No será procedente la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, cuando de oficio o a petición de parte se acredite que existe una acción de rebaja o de exoneración de la pensión alimenticia no abonada por el obligado, iniciada con anterioridad a la petición de inscripción y esté pendiente de resolución definitiva.

Artículo 3º. (Inscripción).-  Verificados los extremos previstos en el artículo 2º de esta ley, el Juez, a pedido de parte, ordenará la inscripción del obligado en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, librando el oficio correspondiente, el que deberá contener:

A) Nombres y apellidos y domicilio del obligado.

B) Número del documento de identidad del obligado. No obstante, si de las actuaciones judiciales no surgiera éste o el actor lo desconociere, el Juzgado hará constar este hecho y ordenará la inscripción.

C) Monto y cantidad de cuotas de pensiones incumplidas.

D) Nombres y apellidos y domicilio de los beneficiarios.

Cuando el oficio fuera librado por un Juzgado Letrado del interior de la República, el mismo deberá ser remitido directamente por la Sede al Registro Nacional de Actos Personales, el que deberá acusar recibo de su inscripción.

Artículo 4º. (Exoneración).- La inscripción del oficio correspondiente estará exenta del pago de tasas o tributos.

Artículo 5º. (Solicitud de cuentas bancarias y tarjetas de crédito).- Las entidades financieras comprendidas por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y las emisoras de tarjetas de crédito, deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, antes del otorgamiento o renovación de créditos, apertura de cuentas bancarias, emisión y renovación de tarjetas de crédito. Los eventuales costos que insumiera dicha operativa, serán de cargo de las entidades financieras referidas o de las emisoras de las tarjetas de crédito. La omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscripto como deudor en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, hará solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay (BCU) por su omisión.

Artículo 6º. (Proveedores del Estado y de Personas Públicas no estatales).- El Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como las personas públicas no estatales deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, previo a contratar con sus proveedores, a fin de conocer si éstos figuran inscriptos como deudores alimentarios. En ese caso, no podrán contratar con ellos hasta tanto se levante la referida inscripción. La solicitud de información registral referida alcanza a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando prohibida la contratación con éstas, en caso de que sus directores o administradores figuren inscriptos como deudores alimentarios.

Artículo 7º. (Modificaciones al Registro).- La inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, tendrá una duración de cinco años. Transcurrido dicho plazo se dará de baja de oficio.

El Juez, a pedido de parte, ordenará la reinscripción si comprobare que se continúan configurando los extremos establecidos en el artículo 2º de esta ley.

Cuando se acredite el pago de la deuda alimentaria, o a pedido de quien hubiera requerido la inscripción, el Juez dispondrá de inmediato la baja del Registro.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2005.

DAISY TOURNÉ, Miembro Informante, DIEGO CÁNEPA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, JORGE ORRICO, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

—— En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: el proyecto que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, por unanimidad de sus miembros, presenta hoy al plenario, tiene un fuerte contenido social. Su objetivo central es corregir una fuerte situación de indefensión -así lo entendemos los integrantes de la Comisión Asesora- que están viviendo niñas, niños y jóvenes de nuestro país.

Es evidente que aquí operan factores que tienen que ver muy fuertemente con lo social. Es el caso de las niñas, de los niños y de los adolescentes, e inclusive de aquellas personas con incapacidad que deberían percibir, por derecho, asistencia alimentaria pero, por diversas situaciones que luego analizaremos, no la están recibiendo. Ese es el objetivo central de este proyecto: disuadir a padres y a madres que no cumplen con su responsabilidad de que no lo hagan; pero también pretende defender el derecho de las niñas, de los niños y de los adolescentes a percibir su asistencia alimentaria.

Decíamos que hay varios factores sociales a tener en cuenta en este proyecto. Uno de ellos es una característica particular del Uruguay: la tasa de divorcios. Según las cifras de que se dispone, en el año 1985 el 17% de los matrimonios legalmente establecidos terminaron en divorcio. En el año 2000, esa situación aumentó a más de un tercio de los matrimonios constituidos legalmente. Y según podemos ver en los resultados de las encuestas que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, la tendencia indica el aumento de los divorcios.

Fíjese la Cámara que estoy hablando solo de los matrimonios constituidos legalmente. En este análisis no estamos incorporando las uniones libres, que, según estudios, tienen una probabilidad de ruptura aún mayor que la de los matrimonios legalmente constituidos. Por lo tanto, creemos que este es un tema que tenemos que atender.

Una iniciativa a este respecto fue presentada a la Cámara en el año 1998; luego sufrió modificaciones. En el período pasado contó con el consenso de los distintos partidos políticos que integraban la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Sin embargo, por problemas de tiempo, nunca llegó al plenario para su consideración. En esta oportunidad, luego de un debate muy serio y profundo en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y de que la Comisión Especial de Género y Equidad y la bancada femenina exhortaran a la consideración de este proyecto, viene informado por unanimidad.

En el mundo desarrollado se han realizado varios estudios teóricos, profundos, que ligan el tema del divorcio y de las pensiones alimenticias con el del bienestar de los miembros de la familia. La pérdida de bienestar en las familias al separarse está ampliamente probada. En el caso uruguayo, que es el que nos importa, esta pérdida de bienestar afecta fundamentalmente a las mujeres y a las niñas y niños miembros del núcleo familiar. En Uruguay, una vez que se produce el divorcio, entre el 85% y el 90% de las niñas y niños quedan a cargo de las madres. A diferencia de lo que ocurre en el Primer Mundo, donde se realizan todos estos estudios, estas madres no forman hogares monoparentales y, cuando los forman, no es allí donde está el problema de la pobreza.

En Uruguay, concretamente, el fenómeno se produce en los hogares extendidos. Estas madres pasan, en su mayoría, a nuclearse con otros miembros de la familia, y los estudios que se han hecho en Uruguay prueban que, precisamente, la incidencia de la pobreza se da, no tanto en los hogares monoparentales, sino en los hogares extendidos.

Hace poco más de una semana se publicó un estudio sobre las asignaciones familiares, las pensiones alimenticias y el bienestar de la infancia en el Uruguay por parte de la Universidad de la República, conjuntamente con la UNICEF. Con relación a este tema de los hogares extendidos, me gustaría leer un párrafo que fundamenta este tema de la inclusión o de la afectación del bienestar y de la pobreza de estas familias. Dice así: "La convivencia con personas ajenas al núcleo padre-madre-hijos es una práctica relevante en Uruguay. Cerca de 20% del total de los hogares son hogares extendidos y existe una clara asociación entre este tipo de arreglo de convivencia y la pobreza. En 2003, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Hogares, 44% de estos hogares eran pobres, mientras que la incidencia de la pobreza en los hogares monoparentales y en los nucleares biparentales" -o sea padre, madre y sus hijos- "era de 32,6% y 41,9%, respectivamente" Trajimos este dato porque se asocia con este criterio que creo que es el objetivo del proyecto: el bienestar de los miembros de una familia una vez que se produce la separación.

¿Cuáles son los problemas de incumplimiento? Para ser sintética, voy a señalar que tenemos varios grupos. Por un lado, los papás, o minoritariamente las mamás, que por razones de su inserción en el mercado laboral no pueden dar cumplimiento a la pensión alimentaria. Por otro lado, sí tenemos padres y madres solventes -y este es el problema más grande- que, a veces de mala fe, recurren a colocar los bienes como sociedades anónimas, etcétera, y la Justicia tiene dificultades para determinar el ingreso exacto. En esto también tiene mucho que ver -lo hemos manejado en la Comisión- la forma en que figuran los padres o las madres en las planillas de trabajo, porque muchas veces aparecen con menos horario del que cumplen o con menos salario del que perciben, y de esa manera se le dificulta mucho a la Justicia poder determinar con claridad el monto que por derecho les corresponde a esas niñas, a esos niños y a esos jóvenes en lo que tiene que ver con la pensión alimentaria.

También interesa considerar -lo discutimos así y me gustaría dar cuenta de ello- las relaciones entre padre y madre. Según todos los estudios realizados, que figuran extensamente detallados en este libro recientemente publicado, cuanto más prolongado fue el vínculo de esa pareja, cuanto más compromiso existió de su parte con sus hijas e hijos, es más alta la probabilidad del aporte. Sin embargo, si la relación tuvo lugar en un lapso más corto y hay un alto conflicto, se produce todo un problema al determinarse el monto de la pensión y el régimen de visitas. Eso incide directamente en el desarrollo, la vida, las posibilidades de educación, de nutrición, de ocio y de desarrollo pleno de esas hijas o hijos.

¿Cuál es la realidad judicial que tenemos hoy? Hoy está claramente determinado, a través del artículo 121 del Código Civil, algo que me parece sustantivo y es que el derecho a pensión alimentaria va más allá de los alimentos, porque tiene que ver con la atención de la salud, el vestido, el calzado, la educación, y debe estar establecido previamente a la disolución matrimonial.

Hay tres cosas que quedan clarísimas en nuestra legislación: previo al trámite de divorcio tiene que establecerse la tenencia, el régimen de visitas y la pensión alimenticia como garantía de los derechos de los hijos fruto de esa pareja. Inclusive, en el Código de la Niñez y la Adolescencia -el último aprobado- se garantiza la posibilidad de cumplir con estos derechos. Es más: se establece la posibilidad de embargar los bienes de las personas que incumplan. Es decir que hay bastante normativa, pero existe una dificultad muy seria, ya que la prueba de los ingresos de la parte demandada y los propios procesos de embargos implican juicios muy costosos y, en definitiva, no arrojan demasiados beneficios para la persona, una vez que el fallo se dicta. Además, en situación de indefensión económica es muy difícil llevar estos procesos adelante.

En definitiva, la opinión de los actores judiciales, que también está profusamente recogida en este libro, es que resulta muy difícil hacerlo efectivo, más allá de que exista posibilidad de retención de haberes concretos, que es cuando el demandado o la demandada tienen una inserción clara en el mercado de trabajo, están en planilla y la retención judicial puede hacerse. En esos casos es efectiva y opera, pero en la gran mayoría de los casos esta posibilidad queda por fuera.

Últimamente, a nivel de nuestro concepto legal se entiende por alimento algo mucho más amplio, que no solo cubre la supervivencia física de la niña o del niño en cuestión, sino el conjunto de sus necesidades: habitación, vestimenta, salud, recreación, educación. Especialmente me interesa reafirmar que toda la jurisprudencia tiende, a través del Código Civil y de la cátedra, a estipular las obligaciones que nacen entre parientes de línea directa y entre cónyuges y ex cónyuges, fundadas en un principio que a veces tenemos poco en cuenta -que para mí en este tema es central-, que es el de la solidaridad familiar. Quiere decir que todos los miembros de la familia deben tener una actitud solidaria para con la atención de los derechos de las niñas y de los niños.

Entonces, podríamos decir que no es que el tema no esté cubierto por la legislación, sino que todos los actores que de alguna manera dan testimonio en esta publicación a la que hago referencia -que inclusive nos han visitado en la Comisión Especial de Género y Equidad y en la anterior Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración-, entre los cuales está la Asociación de Magistrados del Uruguay, demandan una herramienta que, por un lado, pueda disuadir a aquellos padres y a aquellas madres de llevar adelante una conducta irresponsable, evadiendo lo que es su deber, y que, por otro, haga factible el cumplimiento de esta obligación.

Creo que este proyecto cumple con creces con esta demanda de la sociedad civil -que fue expresada en varias oportunidades, fundamentalmente por las organizaciones de mujeres del Uruguay- y con la de los propios Magistrados que, a través de su Asociación, nos hicieron conocer la opinión de que sería necesario que Uruguay se pusiera a tono, porque de paso informo que ya en muchos países, como Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Francia, hay experiencias explícitas muy similares a las que pretendemos impulsar en este proyecto, para hacer viable el pago de las pensiones.

Me gustaría hacerles conocer el testimonio de uno de los letrados de familia que aparece en esta publicación. Dice así: "Yo he tenido la suerte de que en algunos casos he podido comprobar ingresos, pero son los mínimos, para los cuales hay que estar atrás continuamente para saber qué informe dio el patrón. A partir de ese informe uno consigue que el inspector vaya en un horario en que según el patrón no debería estar (el demandado), porque según su informe no trabajaba, o trabajaba medio horario o trabajaba por su cuenta. Es complejo. Y después están todas esas posibilidades de disfrazar los bienes, la creación de personas jurídicas que esconden bienes, etcétera".

Esta es la práctica cotidiana de un defensor de familia, que se encuentra todos los días con estos casos de reclamaciones por pensiones alimentarias. También se dice: "De la misma manera que podemos pensar que alguien que es un desocupado no paga y hace lo posible para no pagar, en las audiencias se ve gente que es integrante de una sociedad anónima, presentan balances que muestran que no tienen resultados, tampoco pagan y, sin embargo, viven opulentamente".

Estas son realidades que viven los defensores de familia, los abogados, quienes ven todos los días cómo sufren las familias. Por eso, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración entiende necesario aprobar este proyecto.

Por otro lado, en otros países, inclusive en el nuestro, caben sanciones penales, pero, señora Presidenta, señoras legisladoras y señores legisladores, en nuestra opinión -queremos recoger la discusión que se dio en la Comisión- estas no colaboran con el objetivo, y en la práctica es rarísimo que los Jueces Penales procedan en estos casos; son raros los casos que llegan a esa órbita y mucho más raros los fallos que se obtienen, porque no colaboran con el objetivo central, que es que los chiquilines que no están recibiendo la pensión efectivamente la perciban.

Por eso entendemos que la medida que propone el proyecto -que explicaremos brevemente para que otros legisladores puedan hacer uso de la palabra- es mucho más pertinente y operativa que establecer la sanción penal que llevan adelante otros países: me refiero a la prisión.

El proyecto en cuestión es sencillo, tiene un articulado claro y describe la categoría o tipifica qué es un deudor alimentario, refiriéndose a aquella persona que está obligada a servir una pensión...

(Murmullos.- Campana de orden)

——...cuyos beneficiarios sean niños, niñas o adolescentes menores de veintiún años o mayores de esa edad si se trata de personas con discapacidad, que tienen una sentencia ejecutoriada o convenio homologado por el Juez, que adeude tres cuotas alimenticias consecutivas o cinco alternadas, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos, y que previamente haya sido intimada por vía judicial a que realice el pago y no lo haya hecho.

Obviamente, quien pruebe no tener condiciones económicas para hacer el pago quedaría exceptuado.

No se crea, como se hizo en algunos proyectos, un registro de deudores, sino que se incorpora la sentencia al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, tomándose como cualquier otra interdicción.

En el artículo 3º se establecen algunos requisitos para la inscripción, como que una vez verificados los extremos previstos tendrá que figurar el nombre y el apellido, el documento de identidad -aunque no obsta a que, si no se consigue, se realice igual la inscripción, lo que nos parece buena cosa advertirlo en el propio proyecto, porque al carecer de un dato que no siempre figura podríamos entorpecer la inscripción en el Registro-, el monto y cantidad de cuotas de pensiones incumplidas y el nombre, apellido y domicilio de los beneficiarios.

En el artículo 4º se establece un detalle no menor: "La inscripción del oficio correspondiente estará exenta del pago de tasas o tributos". Pensemos en una madre de escasos recursos y con hijos a su cargo que tenga que pagar alrededor de $ 700 para inscribir esta demanda. Es una buena cosa que se exceptúe el pago de tasas o tributos siempre que se solicite.

¿Cómo opera este procedimiento? Muy sencillamente. Opera a nivel de la solicitud de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Simplemente, las entidades financieras que otorgan tarjetas deberán, ante una solicitud, consultar al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, para saber si esta persona está inscripta. Si no lo está, se le otorgará lo que solicita, y de lo contrario no se le podrá otorgar la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria, la renovación del préstamo o el préstamo que solicite. Si de cualquier manera la entidad financiera lo otorga, se hará responsable solidariamente de los adeudos.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——En el artículo 6º nos pareció lógico establecer que se procederá de igual manera con los proveedores del Estado y las personas públicas no estatales. Obviamente, si el deudor se encuentra inscripto en el Registro, los Directores o Administradores no podrán proceder a su contratación.

En el artículo 7º se establece que el plazo de la inscripción en el Registro será de cinco años. El Juez, a pedido de parte o por el cumplimiento, podrá levantar esa inscripción.

Creo que de esta manera, con un proyecto breve, claro, se atiende una situación que en un país como el nuestro, con un alto índice de divorcios y donde cada vez son más frecuentes las uniones libres...

19.-      Cuestión política planteada por el señor Representante Machado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- ¿Me permite señora Diputada?

Ha llegado a la Mesa una moción de orden presentada por el señor Diputado Machado.

Léase.

(Se lee:)

"Mociono para hacer uso de la palabra por una cuestión política".

SEÑOR MACHADO.- Pido la palabra por una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Señora Presidenta: habíamos acordado que se presentara esta moción una vez terminado este tema.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa desea aclarar al señor Diputado que la miembro informante, señora Diputada Tourné, todavía tiene veintiún minutos para hacer uso de la palabra. Entonces, teniendo en cuenta que por tratarse de una sesión ordinaria, esta culminará a la hora 12, y que hay un señor Diputado anotado para hacer uso de la palabra en la media hora final, a la hora 11 y 55 la señora miembro informante deberá suspender su exposición. Por lo tanto, como se trata de una moción de orden, la Mesa la pone a votación en este momento.

Se va a votar el carácter preferente de la cuestión política planteada.

(Se vota)

——Veintiocho en setenta y seis: NEGATIVA.

SEÑOR ORTUÑO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORTUÑO.- Señora Presidenta: efectivamente, tal como dijo el señor Diputado Machado, habíamos acordado -nuestra voluntad es ser fieles a eso- que luego de aprobarse este proyecto de ley que está informando la señora Diputada Tourné daríamos curso a la cuestión política. Deseo aclarar que en función de la hora no hemos acompañado esta moción, porque resulta impracticable.

SEÑOR MACHADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Señora Presidenta: lamentablemente, por un problema de tiempo se rompe el acuerdo que se había alcanzado. Sin embargo, es importante resaltar la oportunidad en que presentamos esta moción como asunto político, porque íbamos a plantear un tema que no es menor.

Verdaderamente, nos parece medular que la Cámara trate temas como el que íbamos a plantear, que es el relativo al conflicto en CONAPROLE, que afecta a todo el sector lechero del Uruguay, representado en la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Estos son los temas que se deben discutir en la Cámara.

Íbamos a proponer la convocatoria del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para que concurriera, en régimen de Comisión General, a discutir sobre este conflicto con todos los sectores, porque este tema comprende a varias Comisiones y afecta la gran cadena agroalimentaria del sector lácteo, que es ejemplo para el país y que en este momento, en que estamos en un pico de producción, vive un conflicto, a pesar de la tregua de cuatro días que no sabemos en qué derivará.

Realmente, este conflicto nos tiene preocupados, porque no estamos hablando de un tema menor, sino de una cuestión que afecta a miles de productores y trabajadores y a varios sectores que articulan sus actividades con el sector lácteo.

Por lo tanto, no comprendemos la actitud de la mayoría, que demostró no ser sensible a un tema que debemos debatir entre todos y sobre el cual tenemos que escuchar la opinión del Poder Ejecutivo para saber cómo va orientando la solución de este grave problema.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: no hemos votado esta moción, en la medida en que hemos seguido con mucha atención el conflicto que se mantiene en CONAPROLE. En ese sentido, queremos garantizar que el trabajo que viene realizando desde hace varios días el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para buscar una solución estaría, de acuerdo con los datos que hemos recibido en este momento, próximo a dar resultado y se levantaría el conflicto.

Por otra parte, el señor Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería me consultó ayer acerca de la posibilidad de que esa Comisión, la de Legislación del Trabajo y la de Ganadería, Agricultura y Pesca funcionen conjuntamente mañana para atender este tema; ese también sería un ámbito de discusión. Además, los trabajadores serán recibidos en la Comisión de Legislación del Trabajo el próximo martes, en el caso de que fracasaran estas gestiones que hoy se llevan a cabo intensamente y que estarían dando resultado. Por lo tanto, es muy probable que no haya otra negociación, ya que el conflicto está en vías de solucionarse.

Entonces, consideramos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está realizando todos los esfuerzos -como es su costumbre- para levantar este conflicto y satisfacer a las partes.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Cámara saluda la presencia de los estudiantes del Liceo Nº 4 de Maldonado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta: me sumo a la perplejidad que manifestaba el señor Diputado Machado. Lamento no poder coincidir...

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 12)

Mtra. NORA CASTRO

PRESIDENTA

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.