Texto de la citación

Montevideo, 11 de agosto de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión especial (artículo 32 del Reglamento del Cuerpo), el próximo martes 16, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2004. (Aprobación). (Carp. 273/005). (Informado). Rep. 303 y Anexos I a XIII

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN JOSÉ PEDRO MONTERO

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Julio Basanta, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Daniel Bianchi, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Irene Caballero, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Raúl Casás, Nora Castro, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde (1), Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Guillermo Chifflet, Luis Damboriarena, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Luis E. Gallo Cantera, Carlos Gamou, Jorge Gandini (2), Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Diego Guadalupe, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Liliam Kechichián, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Artigas Melgarejo, Jorge Menéndez, Eloísa Moreira, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano (3), Edgardo Ortuño, Jorge Pandolfo, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Iván Posada, Jorge Pozzi, Rosa Quintana, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Carmen Sánchez, Tomás Sánchez, Alberto Scavarelli, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Homero Viera, Horacio Yanes y Jorge Zás Fernández.

Con licencia: Washington Abdala, Miguel Asqueta Sóñora, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Silvana Charlone, Luis José Gallo Imperiale, Pablo Iturralde Viñas, Guido Machado, Jorge Orrico, Alberto Perdomo Gamarra, Enrique Pintado y Álvaro Vega Llanes.

Falta con aviso: Augusto Cal.

Sin aviso: Ruben Amaro Machado.

Actúa en el Senado: Jorge Romero Cabrera.

Observaciones:

(1) A la hora 00:00 del día 17 de agosto comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Rosa Quintana.

(2) A la hora 00:00 del día 17 de agosto fue convocado para actuar en el Senado, ingresando en su lugar la Sra. Irene Caballero.

(3) A la hora 00:00 del día 17 de agosto comenzó licencia, siendo convocado en su lugar el Sr. Ruben Amaro Machado.

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 9 de agosto de 2005, promulgó las siguientes leyes:

• Nº 17.882, por la que se designa "Química Farmacéutica Elida Heinzen" el Liceo Nº 1 del departamento de Paysandú. C/3395/003

• Nº 17.883, por la que se designa "Claudia Tapia de Arboleya" la Escuela Nº 56 de Estación González, departamento de San José. C/3913/004

COMUNICACIONES GENERALES

La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas:

• por el señor Representante Víctor Semproni, en sesión de 14 de julio de 2005, sobre la actuación del sacerdote Luis Pérez Aguirre en la lucha por la recuperación de la democracia. S/C

• por el señor Representante Alfredo Asti, en sesión de 14 de julio de 2005, relacionada con el papel que desempeñan los Gobiernos Departamentales en la estructura institucional del país. S/C

• por el señor Representante Julio Cardozo Ferreira, en sesión de 14 de julio de 2005, acerca de la problemática del endeudamiento y de la incertidumbre en materia productiva. S/C

-     A sus antecedentes".

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 16)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición de los señores Representantes Bertil R. Bentos y Julio Cardozo Ferreira al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y por su intermedio al Consejo de Educación Secundaria, sobre la necesidad de realizar obras de adecuación del edificio del liceo de villa Tambores, departamento de Tacuarembó.

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, ha considerado el mensaje y proyecto de ley e Informe Económico Financiero correspondiente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal Ejercicio 2004.

El Estado de Resultado del Ejercicio 2004, es decir la diferencia entre los ingresos efectivamente realizados y los egresos por lo devengado, presenta un déficit de $ 11.085:214.000.

Asimismo, existe un déficit extrapresupuestal, que no surge de la ejecución de gastos y de la percepción de ingresos originados en el periodo, por un monto de $ 23.951:408.000.

Se aclara además en el mensaje del Poder Ejecutivo, que las modificaciones presupuestarias, es decir los aumentos de rubros que se verifican en el articulado, tienen que ver con tres elementos:

1) Gastos pendientes de registración por insuficiencias presupuestales;

2) Deudas del Ejercicio 2004 y de ejercicios anteriores;

3) Modificaciones necesarias para permitir el funcionamiento normal de organismos del estado que esta administración encontró desfinanciados.

En referencia a los Gastos pendientes de registración por insuficiencias presupuestales y las Deudas del Ejercicio 2004 y de ejercicios anteriores, es necesario que nos referenciemos a la discusión que nuestra fuerza política diera con el gobierno anterior, respecto de cual era el déficit real de la Rendición de Cuentas del año 2003.

Es de recordar que el gobierno anterior afirmaba en el Mensaje al Parlamento Nacional, que el Resultado del Ejercicio 2003 era deficitario en 29.351 millones de pesos, lo que en dólares alcanzaba a 1.040:000.000 (que representaba un 9.3% del PBI).

A este déficit de las cuentas públicas, se llegaba en virtud de ciertos procedimientos contables, que como fuerza política cuestionamos y que incluso había sido cuestionado por el Tribunal de Cuentas de la República. Dichos cuestionamientos, nos hacían concluir que el déficit de la Rendición de Cuentas 2003, era en realidad mayor a las cifras que anunciaba el gobierno.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas realizaba tres claras observaciones al mensaje del Ejecutivo en la Rendición 2003:

1) La Capitalización del Nuevo Banco Comercial por $ 3.706:000.000 (US$ 131:000.000 aproximadamente) que fuera incluido en dicha oportunidad en "Cuadro 1 - Estado de Resultados Consolidados" dentro de "Financiamiento – Variación de Otros Activos y Pasivos", cuando a juicio del Tribunal, debió ser expuesta como Gasto de Inversión. Por ende, al no ser considerado un Gasto sino un Activo contra terceros, el Resultado del Ejercicio está subvaluado en este monto.

2) El Canje de Títulos de deuda realizada por el Gobierno, significó una pérdida neta de $ 1.578:000.000 (aproximadamente) es decir US$ 53.867.684, que se devengó en el periodo y que no fuera considerado en la determinación del resultado, tal cual dice el dictamen del Tribunal.

3) Por otra parte, en las Notas al Estado de Situación del Tesoro, se establecía que no se contaba con información acerca del Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario. En virtud de ello el Tribunal no pudo cuantificar el importe a registrar como gasto y que lógicamente incidiría en el resultado final del ejercicio. El Monto total de los préstamos realizados a estas instituciones bancarias había sido de $ 30.227:000.000 (US$ 1.071:000.000).

Si se consideraban las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el Déficit que realmente debíamos considerar para el Ejercicio 2003, era mucho mayor.

En definitiva, es el actual gobierno progresista el que sincera las cuentas públicas y registra correctamente las pérdidas que debieron ser registradas como tales por el gobierno anterior.

Si analizamos primariamente el Gasto de Funcionamiento e Inversiones Presupuestario por Grandes Rubros, encontramos como elemento más destacable la escasa significación que presentan las Inversiones, que constituyen tan solo el 6.83% del total. Las mismas ascendieron durante el 2004, a unos 211 millones de dólares, lo que apenas sobrepasa el 1.5% del PIB. El gasto en Personal, que incluye Retribuciones Personales, Cargas Legales y Prestaciones Sociales de los trabajadores del Estado, 26,5% del total del Gasto Presupuestario, en tanto que Otros Gastos de Funcionamiento, constituyen el 66.68%.

Si en cambio analizamos la Estructura del Gasto Obligado o Ejecutado por Incisos, encontramos que el Inciso de mayor significación son los Desembolsos Financieros del Estado que significaron $ 20.902:000.000, unos US$ 728:000.000, constituyendo un 23.62% del Presupuesto Nacional y un 5,5% del Producto Interior Bruto, aproximadamente. Asimismo, el Inciso 22 "Transferencias al Sector de la Seguridad Social", es de gran significación pues constituye un 16.43% del total. Constituyó durante el año 2004, unos $ 14.508:000.000 (US$ 505:000.000). Cabe destacar que la incidencia que este inciso presenta en el presupuesto Nacional presenta una tendencia claramente descendente desde 2002.

A nivel de los Ministerios, el Ministerio de Defensa Nacional es el de mayor participación en el presupuesto (5.66% del total) con un gasto de poco más de $ 5.000:000.000 (US$ 175:000.000 aproximadamente) y lo siguen el Ministerio de Salud Pública y el del Interior, con una participación respectiva de 5.37% y 5%.

Por otro lado, dentro de los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, en su conjunto participan con un 16,55% del total del Gasto Presupuestal, siendo el de mayor importancia el de la ANEP, que participa con un 10,48% del total.

Por su parte, a nivel de los Ingresos Presupuestales, los denominados Impuestos Directos, dentro de los que se incluye el IRIC, los impuestos a la Propiedad (al Patrimonio) y Otros, constituyeron el 30.31% del total. Por su parte, los Impuestos Indirectos, entre los que se incluyen el IVA, el IMESI y los Impuestos al Comercio Exterior, fueron el 52.71% del total, mostrando un rasgo característico de la Estructura Tributaria Nacional, cual es la preeminencia de los Impuestos Indirectos que gravan el gasto.

Por su parte, las Tasas constituyeron un 1.86%, en tanto que Ingresos No Tributarios –dentro de los que están Ingreso por venta de bienes y servicios, Rentas de la Propiedad, Concesiones, Multas, Sanciones y Recargos, constituyeron solo 10.60% del Total.

Pobreza

Nuestro país, que se había caracterizado por ser de los países latinoamericanos que presentaban menores niveles de incidencia de la pobreza, vio incrementar paulatinamente la proporción de hogares por debajo de la Línea de Pobreza a partir de 1995. La crisis económica reciente, dados los niveles de desigualdad, desempleo e informalidad característicos del mercado de trabajo uruguayo, determinó un incremento de la pobreza, a niveles jamás observados en nuestro país.

De acuerdo a Informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas pobres alcanzó a 849.500 en el 2003, lo cual nos dice que el número de pobres en nuestro país creció en 204.000 personas tan solo en un año. Por su parte, desde el comienzo de la crisis en 1999, el número de pobres creció en 441.000 personas.

Por otra parte, casi el 57% de los menores de 6 años que nacen en nuestro país son pobres, configurando un preocupante y triste panorama de infantilización de la pobreza, ya que la pobreza afecta proporcionalmente más a los niños que a los adultos.

Nivel de Actividad durante 2004 y primeros meses de 2005

La actividad económica continuó recuperándose en 2004. El PBI creció 12,3% respecto del año anterior lo que constituyó un guarismo muy importante incluso a nivel de América Latina, aunque aún no se ha alcanzado el máximo nivel de actividad del ciclo expansivo anterior. De acuerdo a estimaciones del BCU, durante el primer trimestre de 2005 el PBI creció 7.1% respecto del mismo periodo del año anterior. Nos parece necesario realizar alguna puntualización. En primer lugar, al parecer durante el año 2004 se ha llegado a utilizar al máximo la capacidad instalada que estaba ociosa en virtud de la crisis y que el crecimiento que se está verificando en los primeros meses del año tiene que ver con un proceso de Inversión que expande saludablemente la capacidad instalada. Lo anterior confirma que las expectativas de los agentes productivos respecto del cambio de gobierno decidido por la mayoría de la población, han sido favorables y que están dispuestos a invertir y crecer. Para ello, este gobierno está dispuesto, a través de una serie de medidas, una de las cuales es el incremento de las Inversiones Públicas para el año 2006, a apoyar la continuidad de las inversiones que expandan el producto potencial de la economía uruguaya y nos habilite a salir de esta "media década perdida".

Durante el 2004, a lo largo del cual las principales encuestadoras casi no dudaban del triunfo electoral del FA-EP-NM, la Inversión Bruta Interna creció un 27% y la Inversión Bruta Fija lo hizo en un 32%, lo cual confirma lo que señaláramos anteriormente.

El Consumo tuvo un desempeño más modesto –creció 11.4%- en virtud de que el Salario Real Medio permaneció incambiado en 2004 respecto a 2003 y que el Ingreso Medio Real de los Hogares creció moderadamente (2.4%).

A nivel de sectores, la Industria creció 21,6% y el Comercio lo hizo un 21%, mientras que el Sector Agropecuario lo hizo en un 13%. Durante los primeros meses de 2005, todos los sectores habrían seguido creciendo, en tanto el último de los nombrados se habría visto afectado por el déficit hídrico de los primeros meses del año.

Las Exportaciones crecieron sustancialmente en un marco internacional y regional favorable, signado por precios internacionales de nuestros productos de exportación a niveles elevados, el crecimiento de las principales economías demandantes de nuestros productos, la estabilidad macroeconómica y financiera de la región que contribuyó a mantener un clima de estabilidad y mejorar las expectativas de los agentes.

Mercado de Trabajo

A nivel del mercado de trabajo, la Tasa de Desempleo se redujo respecto del promedio de 2003 (16.9%) y se ubicó en 13.1%, lo que significa 164.300 desocupados, constituyendo uno de los elementos más preocupantes del modelo que rigió hasta el 2004. Esta disminución de la tasa de desempleo se produce a partir de cifras de desempleo récord para nuestro país, que explican como ya hemos dicho la evolución de la desigualdad y la pobreza. La última estimación del Instituto Nacional de Estadística marca una tasa de desempleo de 12.3% para el trimestre Abril-Junio, señalando una tendencia preocupante a no disminuir al ritmo del incremento de la Inversión y el nivel de actividad. En este sentido, la recesión, aunada a la inexistencia de políticas de promoción del empleo durante todo el periodo, marcan que el nivel de desempleo estructural, se consolidará seguramente en niveles superiores de los históricos.

Esta tasa de desempleo, implica que aproximadamente 155.000 uruguayos se encuentran en situación de desocupación abierta, sin ningún tipo de empleo, aún cuando el número de desocupados que no imponen ninguna condición para aceptar un empleo continúan creciendo.

Otro dato preocupante en relación al mercado de trabajo y que también se ha configurado como un elemento estructural de la economía uruguaya, es que, según la información del INE, gran parte de los empleos creados durante el 2004 fueron de mala calidad. Si se considera como restricciones al empleo, tanto el Subempleo –personas que trabajan menos de 40 horas semanales y que desea y puede trabajar más-, como al hecho de no estar registrado en la seguridad Social, el 45% de la población ocupada tuvo en 2004 restricciones o problemas en el empleo. De este modo, si sumamos los desempleados plenos a las personas con restricciones al empleo, más del 50% de la Población Activa tiene problemas de empleo.

Por otro lado, vemos que los trabajadores que vieron reducir sustancialmente su poder de compra a lo largo de la crisis –recordemos que el Salario Real Medio cayó 18% entre 1998 y 2004, en tanto que el Salario Real Privado se redujo una cuarta parte en ese periodo- a lo largo del año 2004 el Salario Real Promedio no creció. Si se analizan los primeros cuatro meses del año, el Salario Real creció tan solo 1% respecto a Diciembre de 2003.

Esta también constituye una "pesada herencia" de los gobiernos anteriores y un desafió que enfrenta y acepta el gobierno progresista. En este sentido, a pesar de las enormes restricciones fiscales que se enfrentan, se han puesto en marcha los Consejos de Salario y se ha firmado un Acuerdo Marco con los trabajadores públicos que recuperará la caída real de sus ingresos durante la crisis, a lo largo de los próximos cinco años.

Sistema Financiero

El Sistema Financiero, tanto a nivel del subsistema público como privado, fue enormemente afectado en el marco de la crisis reciente. La dolarización de los depósitos y sobretodo de los créditos, que fue alentada desde las más altas esferas de los últimos gobiernos, generó una enorme fragilidad financiera, en tanto no existía una regulación que requiriera que tanto los bancos como los solicitantes de créditos estén "calzados".

¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Si bien, durante el 2004, los depósitos en el sistema aumentaron un 6,8% en dólares respecto de fines del año 2003, los plazos de los mismos se redujeron considerablemente como expresión de esa desconfianza del público y se mantiene la dolarización de los mismos en niveles elevado (91% del total). Ello tiene implicancias importantes, pues disminuye las posibilidades de los bancos de realizar la intermediación de fondos hacia el sistema productivo. En este sentido, el stock de créditos bancarios otorgados al sector privado disminuyó casi 11%.

Asimismo, a días de haber asumido el nuevo gobierno, esa situación de mayor fragilidad del sistema financiero que heredamos, hizo eclosión en una nueva institución y hubo que atender la situación de la cooperativa de ahorro y crédito COFAC. Felizmente, la confianza de los depositantes y del público en general, tanto en el sistema cooperativo, como en el nuevo gobierno, evitó que se configurara una nueva corrida contra una institución bancaria y se arribó a soluciones rápidamente.

Finanzas Públicas y Endeudamiento

El superávit primario alcanzado a lo largo del año 2004 fue de 3.9% del PBI, lo que significó que el déficit del Sector Público Consolidado se situara en 2% del PBI, reduciéndose respecto de 2003 en el que fuera de 3.1%.

Este aumento en el superávit primario se logró básicamente debido a la mejora de la Gestión del Gobierno Central, que redujo el gasto en relación al producto, en particular debido a la disminución de las contribuciones estatales a la seguridad social. Esto último obedeció a su vez a una reducción en las erogaciones que realiza el BPS ya que se redujo el gasto en pasividades, que cayeron en términos reales 1.4% en el año, algo que ciertamente no nos alegra. La disminución de las pasividades se debe básicamente a su mecanismo de ajuste –dado que de acuerdo a la Ley Nº 17.649, las mismas se ajustan con el Índice Medio de Salarios en términos nominales- por lo tanto el aumento del salario medio líquido debido a la reducción de los adicionales al IRP, no se reflejó positivamente en las pasividades.

Asimismo, las características pro cíclicas de nuestro sistema impositivo, constituido básicamente por impuestos que gravan al gasto interno, determinaron que el crecimiento en el nivel de actividad interna y las importaciones, se reflejara positivamente en los ingresos del Estado, que crecieron 11.1% en términos reales. Aquello que tantas veces dijimos, en cuanto a la prociclicidad de la Política Fiscal operó esta vez positivamente, del mismo modo que sumió al estado en una crisis fiscal cuando la economía se desbarrancó hacia la recesión.

A este respecto vale la pena citar a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, cuando refiriéndose a las reformas estructurales de los años 90 en América Latina, decía: "Las reformas sustituyeron los estabilizadores automáticos por desestabilizadores automáticos. En lugar de ser anticíclica, la política fiscal de América Latina en su conjunto ha sido pro cíclica ". Vale la pena recordar y así se establece en múltiples trabajos académicos, que nuestro país fue un de los primeros en cambiar su sistema impositivo, transformando la estructura hacia una de tributación en base al gasto. La reforma tributaria que tenemos es la heredada de la reforma de 1974 y que sigue vigente hasta el día de hoy sin cambios sustanciales.

En cuanto al Endeudamiento Público, la Deuda Bruta del Sector Público ascendía a fines de 2004 a US$ 13.335:000.000 lo que supuso un aumento de 1.172:000.000 en tan solo un año, arribando al 100% del PBI. Esta situación, cuya explicación tienen que ver con déficits fiscales desmesurados generados a fines de 1998 y a la última crisis financiera, constituye asimismo una pesada herencia en tanto la factura de intereses, reduce las posibilidades de realizar gastos sociales e Inversión Pública, como la situación económica y social lo hubiera requerido. De todas formas, en función del acuerdo logrado con los organismos multilaterales de crédito y el crecimiento programado del producto, el ratio Deuda Bruta/PBI se reducirá seguramente a 85% a fines de 2005 y de todas formas se destinan fondos a Políticas Sociales y se incrementan las Inversiones un 10% en el próximo Presupuesto Nacional.

En este sentido, mientras que en el año 1999 el gasto de intereses era el 9,7% del total del Presupuesto Nacional, en el año 2004, lo destinado a pagar los intereses de la duda pública arribó a 23,6% del Presupuesto. Esta elevada factura por intereses de la deuda, determinó una sustancial reducción de otros segmentos de gasto del Presupuesto.

Esta reducción se centró esencialmente, en recortes a la Inversión Pública que pasó de representar aproximadamente el 10% del Presupuesto en el 2000 a constituir tan solo el 6.8%.

La mayor rigidez del Gasto Presupuestal se constata en la menor disponibilidad de recursos para procesar una redistribución del gasto o un eventual aumento del mismo. Si asumimos que los recursos destinados a los Salarios, Beneficios Sociales y Aportes de los trabajadores públicos, no serán modificados a la baja, si igualmente, consideramos que no es posible reducir la transferencia de recursos presupuestales al Sector de la Seguridad Social, al tratarse de una obligación constitucional, y si adicionamos los desembolsos financieros del Estado, la disponibilidad de recursos estará muy menguada.

Según las cifras de la Rendición de Cuentas 2004:

- El Gasto en Personal, fue US$ 817:000.000, siendo el 26,5% del total.

- Las Transferencias al sector de la Seguridad Social fueron durante el 2004, más de US$ 505:000.000, correspondiendo a 16.4%.

- Por último, el rubro "Desembolsos Financieros" implicó, durante 2004, una erogación de US$ 728:000.000, es el 23.65% del Presupuesto Nacional.

Con todo ello, si calculáramos el Gasto No Discrecional de acuerdo a las cifras de la Rendición de Cuentas 2004, encontraríamos que arriba al 67% del total del Gasto Presupuestal del año 2004. Esta cifra implicó unos US$ 2.150:000.000, cerca del 16.3% del Producto Bruto Interno. En un marco de prolongada recesión, mucho hemos oído decir acerca del papel que podría jugar la Política Fiscal, en particular el Gasto Público, en el intento de iniciar un proceso de reactivación y de realizar políticas sociales, sin embargo el cálculo elemental realizado, nos presenta el complicado panorama de las restricciones del Sector Público.

Si comparamos la evolución en términos reales del gasto ejecutado u obligado por inciso, encontramos que entre 2001 y 2004, el gasto que más ha crecido han sido los Desembolsos Financieros del Estado. En estos cuatro últimos años, han crecido 98% en términos reales, constituyendo como ya dijéramos unos US$ 728:000.000 en el año 2004. Esta cifra sitúa a los Desembolsos Financieros del Estado en torno al 5.5% del PBI y como dijimos 23.65% del total del Gasto Presupuestal.

El Gasto del Ministerio de Vivienda, cayó entre 2001 y 2004 un 32% en términos reales, siendo el ministerio que presenta la mayor caída del gasto en términos reales y constituye tan solo un 1.42% del Gasto Total.

Por su parte, el gasto en los Ministerios dedicados a la coordinación y el control de la producción de bienes y servicios –Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ministerio de Turismo- cayó 23%, 27% y 10% respectivamente, en términos reales, constituyendo en su conjunto un 1.49% del total del Gasto. Curiosamente, la suma del gasto de los tres ministerios antes nombrados, es exactamente la cifra en que participa el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ministerio es, uno de los pocos cuyo gasto creció en términos reales en el periodo analizado, lo hizo en un 10% aproximadamente. Estas comparaciones muestran lo irracional de la estructura del Gasto Presupuestal y el sesgo antiproductivo que la política fiscal en particular y la política Económica en general de estos últimos gobiernos han tenido.

Asimismo, el gasto del Ministerio de Salud Pública tuvo una caída en términos reales de 12.5% en estos años y es tan solo el 5.4% del Presupuesto Nacional y el 1.2% del PBI. Este nivel de gasto, confirma una tendencia al descenso en Salud Pública en relación al gasto presupuestal total que se viene verificando desde 1990, dado que entre 1990-1994 la participación era el 7.4% del total y en el periodo 1995-99 fue de 6.9%. Esta tendencia confirma la prociclicidad del gasto social al menos en materia del Gasto en Salud, lo cual es exactamente lo contrario a lo recomendado por los organismos internacionales. Mientras que, como es de público conocimiento el número de pacientes que se atienden en el subsistema público ha crecido, el gasto en términos reales y en la participación respecto del total, ha venido cayendo sistemáticamente.

Cabe destacar, también a nivel de Incisos, la caída en términos reales que ha sufrido el gasto de la Universidad de la República ha sido entre 2001 y 2004, un 15.2%. Mientras tanto, en el mismo periodo, el gasto de la ANEP también ha sufrido una contracción en términos reales de casi 7%.

Como conclusión, podríamos establecer que la caída del gasto real de la mayoría de los incisos que constituyen el grueso del gasto social y "productivo" del Presupuesto Nacional, tiene como contracara y explicación su sustitución por Desembolsos Financieros del Estado, es decir por los pagos de los servicios de la deuda contraída para evitar el colapso del sistema financiero nacional, del que, como ya dijimos son responsables directos.

ARTICULADO DEL PROYECTO

En cuanto al articulado resultante del análisis en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, haré una apretada síntesis de cada uno de ellos.

El artículo 1º está analizado al comienzo del informe.

De los artículos 2º a 5º, se reconsidera la asignación presupuestal de premios al desempeño y a la mayor responsabilidad que se habían establecido a través de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

El artículo 2º deja sin efecto el "premio al desempeño" que se establecía a partir de obtener una calificación de excelente y muy bueno.

El artículo 3º establece el cese del pago de una retribución especial de hasta el 20% de las economías anuales obtenidas por reestructuras en los incisos.

El artículo 4º distribuye las economías generadas por los artículos anteriores, respetando los derechos adquiridos por desempeño.

El artículo 5º comete al Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y el CEPRE, a dar cumplimiento al artículo. 87 de la Ley Nº 17.556.

Por el artículo 6º se crea un fondo que se integra con el 5% de los recursos con afectación especial a fin de aumentar los ingresos personales menores respecto a los promediales por grado del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas".

Por el artículo 7º se interpreta a efectos de integrar el Fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas y a sus Unidades Ejecutoras. Los recursos serán afectados en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo.

Por el artículo 8º se crea un crédito para registrar una deuda que ya existe y que no estaba registrada contablemente, por falta de créditos suficientes, correspondiente al Fondo Forestal.

Por el artículo 9º se asigna una partida para los gastos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, para el pago del personal eventual del Programa 004 "Servicios Agrícolas".

Por el artículo 10 se adecua la retribución de los cargos de Director de Educación y Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Por el artículo 11 se establece la composición de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado y la forma de designarla, así como cuales serán sus cometidos.

Por el artículo 12 se fija la retribución de los miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera en el 85% del cargo de Subsecretario de Estado, a partir de la designación de la nueva Junta.

Por el artículo 13 se establece una partida y su financiación para implementar el Registro Patronímico, creándose una Unidad Ejecutora en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura.

Los artículos 14, 15, 16 y 17 refieren a modificaciones, obligaciones y plazos para cumplir con las normas de inscripción en el Registro Nacional de Comercio.

Por el artículo 18 se fija en un 20% de las pautas publicitarias contratadas por los órganos del Poder Ejecutivo, serán contratadas con Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional y con las radiodifusoras del "Servicio Oficial de Difusión Radio-Televisión y Espectáculos" (SODRE), excluidas las que se realicen en medios del exterior.

Por el artículo 19 se otorga facultades a la Corte Electoral para organizar elecciones en distintos organismos.

Por el artículo 20 se asigna una partida al Ministerio de Desarrollo Social, para el pago de una compensación personal a los funcionarios públicos que cumplan efectivamente tareas en el mismo.

Por el artículo 21 se da solución a una diferencia entre los funcionarios del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respecto a una compensación personal.

Por el artículo 22 se crea un crédito para registrar una deuda que ya existe y no estaba registrada para abonar "Cuotas Anuales de Afiliación a Organismos Internacionales".

Por los artículos 23 y 24 se faculta al Banco de Previsión Social (BPS) a regularizar la situación de los contratos del PNUD ingresados por llamado público y que están realizando tareas desde hace mucho tiempo bajo la forma de un contrato como empresa unipersonal y en el Área de la Salud.

Por el artículo 25 se declara que las transferencias realizadas al Ministerio de Economía y Finanzas previstas en el Estado de Situación Patrimonial del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 del Banco Central del Uruguay (BCU), debe entenderse como una subrogación del Estado a dicho Banco.

Por lo expuesto en el informe precedente se aconseja al Plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

DOREEN JAVIER IBARRA, Miembro Informante, ALFREDO ASTI, EDUARDO BRENTA, ROBERTO CONDE, CARLOS GAMOU, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, HÉCTOR TAJAM, HORACIO YANES, IVÁN POSADA, discorde por los fundamentos que expondrá en Sala.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004, con un resultado deficitario de: a) $ 11.085:214.000 (pesos uruguayos once mil ochenta y cinco millones doscientos catorce mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y; b) $ 23.951:408.000 (pesos uruguayos veintitrés mil novecientos cincuenta y un millones cuatrocientos ocho mil) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Apruébanse las partidas a regularizar y los créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente a los Ejercicios 2002 y 2003, incorporados a la presente ley como anexo.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Artículo 2º.- Déjase sin efecto la asignación de los "premios al desempeño" creados por el artículo 27 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a partir del período de evaluación comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 3º.- La retribución destinada a compensar el desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización a que refiere el artículo 725 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, cesará a partir del mes siguiente a la promulgación de la presente ley.

Artículo 4º.- Las Unidades Ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional distribuirán entre sus funcionarios las economías generadas por la aplicación de los artículos 2º y 3º de la presente ley, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo dentro de los quince días de su promulgación.

El decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban las retribuciones citadas en el artículo 3º de la presente ley en forma regular y permanente sin cambiar su naturaleza.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), dará cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Deróganse los artículos 22 a 26 y 28 a 29 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, los que quedarán vigentes al solo efecto de la calificación por desempeño del Ejercicio 2004.

Artículo 6º.- Sustitúyense los incisos primero y tercero del artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 diciembre de 1990, por los siguientes:

"Créase un fondo que se integrará con el 5% (cinco por ciento) de los ‘Recursos con Afectación Especial’ de todas las unidades ejecutoras que conforman el Inciso 05 ‘Ministerio de Economía y Finanzas’.

Este fondo será destinado a aumentar los ingresos personales menores respecto a los promediales por grado, considerándose lo percibido por todo concepto y financiación por los funcionarios del Inciso, salvo las excepciones que establezca la reglamentación. A esos efectos, se concederá una compensación especial que no será considerada en los porcentajes máximos de la tabla del artículo 26 de la presente ley".

Artículo 7º.- Interprétase que los recursos a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003, deberán ser afectados, en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo, a los efectos de integrar el fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 8º.- Asígnase una partida por única vez de $ 692:875.313 (pesos uruguayos seiscientos noventa y dos millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos trece) al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Programa 008 "Programa Forestal" con destino al Fondo Forestal creado por el artículo 52 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, a fin de cancelar las deudas generadas al 31 de diciembre de 2004.

La cancelación de las deudas del fondo forestal mencionada en el presente artículo se efectuará de forma tal de cubrir en primera instancia aquellos adeudos pertenecientes a pequeños productores.

Artículo 9º.- Asígnase una partida de $ 471.528 (pesos uruguayos cuatrocientos setenta y un mil quinientos veintiocho) para el Ejercicio 2005, con la finalidad de atender las retribuciones del personal eventual que desempeña tareas en el Programa 004 "Servicios Agrícolas" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 10.- Los cargos de "Director de Educación" y "Director de Cultura" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", quedarán incluidos dentro de lo dispuesto en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a partir del 1º de marzo de 2005.

Artículo 11.- Sustitúyese el numeral 1º del artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

"1º) Asesorará a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la presente ley, contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos 4 y 5 del Código Penal) y contra la economía y la hacienda pública (Título IX del Código Penal), que se le imputen a alguno o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10 y 11 de la presente ley.

Estará compuesta de tres miembros quienes durarán cinco años en sus funciones a partir de su designación por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida la solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva o reiterar su propuesta anterior, disponiéndose nuevamente de sesenta días. En caso de que la venia no fuese otorgada en dicho plazo, alcanzará con obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado para designar a los miembros de la Junta.

El Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá destituir por resolución fundada a los miembros de la Junta con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por la misma mayoría exigida para su designación. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en un término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución".

Artículo 12.- La retribución de los miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado será equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la remuneración nominal que corresponda al cargo de Subsecretario de Estado.

Esta retribución será asignada a los miembros de la Junta que fueran designados con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Derógase el artículo 335 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 13.- Créase en la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" en el Grupo 5 "Transferencias", una partida de $ 1.100.000 (pesos uruguayos un millón cien mil) para el Ejercicio 2005, con la finalidad de atender las erogaciones necesarias para la implementación del Registro Patronímico.

Dicha partida se financiará con los créditos vigentes del Grupo 2 "Servicios No Personales" de los Recursos de Afectación Especial de la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros".

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 86 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"ARTÍCULO 86. (Cambio de sede social y nombramiento, cese y revocación de los administradores, directores y representantes).- Todo cambio de sede social y nombramiento de administrador, director o representante por acto distinto del contrato o estatuto social, así como su cese o revocación deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio.

En la obligación de inscribir no quedan comprendidos los negocios de apoderamiento.

La actuación de sociedades con administradores, representantes o directores no inscriptos, hará inoponible el acto o contrato de que se trate. (Artículo 54 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997)".

Artículo 15.- Sustitúyese el inciso final del artículo 170 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"El nombramiento de liquidadores así como su cese o revocación deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio".

Artículo 16.- Sustitúyese el literal B) del inciso tercero del artículo 331 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 59 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:

"B) Se inscriba un ejemplar en el Registro Na- cional de Comercio".

Artículo 17.- Las sociedades ya inscriptas en el Registro dispondrán de un plazo de un año desde el 1º de enero de 2006, para realizar la inscripción de sus actuales administradores, directores, representantes, liquidadores, cambio de sede social y convenios de sindicación.

La inscripción de los actos a que se refieren los artículos 14 a 16 de esta ley, tributará como solicitud de certificación de acuerdo con el artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 18.- El 20% (veinte por ciento) de las pautas publicitarias en televisión y radio que contraten por todo concepto y bajo cualquier modalidad los órganos del Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, serán contratadas con "Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional" y con las radiodifusoras del "Servicio Oficial de Difusión Radio- Televisión y Espectáculos" (SODRE).

Queda excluida la publicidad que se realice en medios del exterior.

Artículo 19.- Extiéndense las facultades otorgadas a la Corte Electoral por la Ley Nº 17.755, de 1º de abril de 2004, a la organización de la elección de las Asambleas Técnico Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, de la elección de autoridades universitarias y de la elección de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Seguro de Salud y de la Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) a celebrarse el 28 de setiembre de 2005, el 12 de octubre de 2005 y el 12 de agosto del mismo año respectivamente.

Artículo 20.- Asígnase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social" una partida anual de $ 7:832.500 (pesos uruguayos siete millones ochocientos treinta y dos mil quinientos), para el pago de una compensación personal a los funcionarios públicos que cumplan efectivamente tareas en el mismo, con un alto grado de especialización y dedicación, y siempre que dichas tareas sean prioritarias para el cumplimiento de los cometidos del Inciso. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición en un plazo de treinta días de la promulgación de la presente ley.

Artículo 21.- La compensación personal otorgada por el artículo 465 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, con la interpretación dada por el artículo 14 de la Ley Nº 17.707, de 10 de noviembre de 2003, será considerada en la base de cálculo de todas las retribuciones que, según disposiciones legales, deban determinarse en función de otras.

A título enunciativo, se entienden comprendidas en el inciso anterior las "compensaciones" por: dedicación permanente, dedicación total, alta especialización, compensación por asiduidad, permanencia a la orden, retribución complementaria por rendimiento, horas extras y compensación para funcionarios del Instituto Técnico Forense (ITF) que desempeñan tareas en el Departamento de Medicina Forense (Morgue Judicial) y Laboratorio de Toxicología.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a partir del 1º de enero de 2005.

La Contaduría General de la Nación (CGN) incrementará los créditos presupuestales que correspondan para la aplicación de la presente disposición.

Artículo 22.- Asígnase una partida para el Ejercicio 2005 de $ 522:105.832 (pesos uruguayos quinientos veintidós millones, ciento cinco mil ochocientos treinta y dos) equivalente a US$ 19:754.288 (diecinueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América) en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Programa 001 "Diversos Créditos", Objeto del Gasto 581.001 "Cuotas Anuales de Afiliación a Organismos Internacionales", que será destinada a cancelar las deudas generadas al 31 de diciembre de 2004 con los referidos organismos.

Artículo 23.- Facúltase al Banco de Previsión Social (BPS) a realizar contratos de función pública con el objeto de regularizar la situación del personal que habiendo ingresado a partir de un llamado público, revista al 30 de junio de 2005 como empresas unipersonales contratadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, prestando servicios en el Banco de Previsión Social, y cuyos contratos vencen el 28 de junio de 2005.

Artículo 24.- Facúltase al Banco de Previsión Social (BPS) a realizar contratos de función pública con el personal que habiendo ingresado a partir de un llamado público desarrolla al 30 de junio de 2005 funciones en carácter de suplencias, en el área de la salud, al amparo de lo dispuesto en el literal A) del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la modificación dispuesta en el artículo 573 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 25.- Declárase que las transferencias realizadas al Ministerio de Economía y Finanzas previstas en el Estado de Situación Patrimonial del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 del Banco Central del Uruguay (BCU), debe entenderse como una subrogación del Estado a dicho Banco en todos los créditos que por cualquier concepto tenía el mismo contra los Bancos cuyas actividades se encontraban suspendidas a la fecha de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, que sean liquidados y sus respectivas garantías, de conformidad con el artículo 26 de la citada ley.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

DOREEN JAVIER IBARRA, Miembro Informante, ALFREDO ASTI, EDUARDO BRENTA, ROBERTO CONDE, CARLOS GAMOU, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, HÉCTOR TAJAM, HORACIO YANES, IVÁN POSADA, discorde por los fundamentos que expondrá en Sala.

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:
Consideraciones generales

La representación del Partido Nacional en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, luego de considerar el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2004, en su más amplio contexto, resolvió votar negativamente el proyecto en general, así como su artículo 1º. La decisión no refiere exclusivamente a las cuentas contenidas en lo que estrictamente es la Rendición de Cuentas y que se consagra en el artículo 1º. Está basada más bien, en la discrepancia con la mayoría del articulado que lo acompaña, y con la enorme disparidad entre el discurso oficial del nuevo gobierno y lo que él mismo afirma en el informe Económico Financiero de la situación macroeconómica del año 2004, que acompaña el Mensaje de la última Rendición de Cuentas del pasado Gobierno.

No podemos aprobarle al actual gobierno el Mensaje que nos envía respecto a las cuentas del anterior, cuando la gestión de los primeros meses ha estado rodeada de afirmaciones diversas que pueden sintetizarse en la "herencia maldita" que recibió la actual administración; y que ha servido para justificar errores, lentitudes, marchas y contramarchas, así como incumplimientos a compromisos públicamente contraídos.

Por otra parte, el Informe Económico Financiero que acompaña la Rendición de Cuentas, y que ha sido preparado por la actual administración, no ahorra loas ni reconocimientos al manejo de la economía durante el pasado año. Habla en él de la consolidación, de la recuperación económica que comenzó en el 2003, del "fuerte crecimiento" de la producción global de bienes y servicios, del "dinamismo productivo", de la "política monetaria prudente", del "pronunciado aumento de los ingresos tributarios", del "aumento del superávit fiscal primario", todo lo que permitió "alcanzar las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional". Concuerda con el manejo de la política monetaria que llevó adelante el Banco Central del Uruguay, con el descenso logrado en la inflación minorista, con la consolidación del proceso de fortalecimiento del sistema financiero, y habla de la "significativa mejora de los indicadores de solidez y liquidez de las instituciones de intermediación financiera".

Sería sobreabundar continuar extrayendo reconocimientos a la administración anterior del documento referido. Por lo demás, no deseamos ahorrarle a los miembros de este Cuerpo la posibilidad de leer atentamente ese Informe, que no tiene desperdicios.

Por otra parte, esperaba la oposición que la Rendición de Cuentas contuviera en el articulado la regularización de gastos autorizados genéricamente y de manera urgente, para que el gobierno hiciera frente a alguna de sus principales y más urgentes propuestas. En particular, la Rendición de Cuentas no contiene, como debió hacerlo según dispone el inciso final del artículo 214 de la Constitución de la República, las modificaciones presupuestales que se han realizado en materia de gastos, inversiones y sueldos, al crearse por ley el Ministerio de Desarrollo Social. La Rendición de cuentas debió regular los montos que el Poder Ejecutivo está destinando, sin autorización legal, para pagar sueldos, gastos de funcionamiento y eventualmente inversiones, en un Ministerio que recién tendrá su primer presupuesto a partir del próximo año.

Por todas estas consideraciones, sobre las que se abundará en Sala, el Partido Nacional votó negativamente en general el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2004, correspondiente al gobierno anterior.

Consideraciones particulares

ARTÍCULOS 2º al 5º:

Hemos votado negativamente los artículos 2º al 5º y el aditivo propuesto por la bancada oficialista al artículo 4º por los motivos que se exponen:

El artículo 2º pretende derogar la asignación denominada "partida al desempeño" consagrada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, aunque en su combinación con el artículo 4º se prevé que los recursos destinados a dicho premio se distribuirán al amparo de la reglamentación, abandonando la seguridad y claridad que brinda la ley.

El artículo 3º busca derogar la compensación por tareas de mayor responsabilidad y especialización creada por la misma ley.

En ambos casos, aunque particularmente en este artículo 3º, se lesiona el derecho de quienes perciben una retribución ya de carácter permanente. Su fin ha sido permitir a la administración mejorar la retribución de algunos funcionarios que desempeñan tareas de alta responsabilidad dado que muchas veces la escala salarial vigente no permite una retribución acorde y diferencial que motive mínimamente a quien asume esa mayor carga funcional.

El artículo 4º dispone de los recursos que la derogación de ambas "compensaciones" liberan para los funcionarios de cada unidad ejecutora, pero sin especificar con qué criterios se hará. Resigna al arbitrio del Poder Ejecutivo el manejo de esos recursos, dejando sin respaldo legal toda decisión que luego se tome.

El artículo 86 de la Constitución de la República en su inciso primero no ofrece dudas cuando establece: "La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV".

El inciso segundo de ese artículo, consagra con claridad la limitación para el Poder Legislativo en materia salarial, haciendo privativa del Poder Ejecutivo la iniciativa "(...) para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos (...)".

En tanto el inciso primero del artículo 86 de la Constitución de la República limita las potestades del Poder Ejecutivo obligándolo a que toda modificación en las remuneraciones de los funcionarios públicos debe ser consagrada por leyes de carácter presupuestal. Por lo tanto siempre el Poder Ejecutivo propone y siempre el Parlamento vota. No hay otro camino para distribuir recursos con destino a remuneraciones personales.

Es de destacar que el equipo económico en su comparecencia ante la Comisión cuantificó la economía del artículo 2º en $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) y la del artículo 3º en $ 120.000.000 (ciento veinte millones de pesos); sin aclarar cómo los redistribuiría.

Con posterioridad el Partido Nacional solicitó se invitara a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), para escuchar su opinión sobre este asunto que afectaría las remuneraciones de muchos de sus afiliados.

La Comisión tuvo conocimiento allí de la opinión favorable de COFE de los artículos 2º al 5º en tanto esa organización acordó con el Gobierno disponer de las economías generadas ($ 160.000.000) mediante la negociación posterior. Dicho acuerdo fue documentado en un texto de cinco artículos denominado "Acuerdo Parcial" que fue distribuido. En él las partes acuerdan negociar los recursos que quedarían disponibles, priorizando a los funcionarios vinculados a COFE pero exceptuando a los escalafones K y L.

Se dijo a la delegación gremial por parte de esta bancada que no era bueno acordar retribuciones personales sin el marco legal correspondiente al que refiere el artículo 86 de la Constitución de la República, menos aún cuando el proyecto todavía no fue votado.

Debe consignarse en este tema que vencido el plazo acordado para presentar aditivos en Comisión, la delegación oficialista presentó uno al artículo 4º que también fue votado negativamente por el Partido Nacional y que se transformó en el inciso final del actual artículo 4º.

A nuestro entender dicho inciso deja vigente lo que se pretende derogar en el artículo 3º. En la práctica, la compensación por mayor responsabilidad se seguirá cobrando y por lo tanto no se liberará buena parte de las economías previstas ($ 120.000.000), lo que traerá dificultades para cumplir lo pactado con COFE. Lo que es peor aún, al derogar la Ley que regula esa partida (artículo 3º), pero dejando vigentes sus efectos (inciso final artículo 4º), se traslada al ámbito del decreto, y por lo tanto al arbitrio del Poder Ejecutivo, su aplicación en cada caso. La definición de "regular y permanente" a que hace referencia esta modificación de última hora, deja un margen inconveniente a la autoridad de turno, pero además congela un derecho al que sólo accederán los que ya lo tienen.

La Comisión no pudo conocer el fundamento de este inciso final del artículo 4º. Los firmantes de este Informe consideramos más lógico eliminar el artículo 3º y dejar vigente el actual sistema, que ha tenido importantes defectos en su aplicación, pero ofrece las garantías de la ley, a la que correspondería, en todo caso, ajustar su aplicación.

Debe recordarse que los escalafones K y L a los que hace referencia el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y COFE, según el cual quedan excluidos de las mejoras salariales pactadas, son los que están regulados por la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y corresponden en el código K a personal militar, y en el código L a personal policial.

ARTÍCULO 5º:

El artículo 5º fue votado negativamente porque forma parte de la solución dada por los tres artículos anteriores.

ARTÍCULOS 6º y 7º:

Los artículos 6º y 7º modifican la integración de un fondo existente desde 1990 en el Ministerio de Economía y Finanzas. El artículo 6º modifica el inciso primero y tercero del artículo 169 de la Ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990 cuya principal incidencia parece ser quitar de la excepción en la participación de dicho fondo a la Dirección Nacional de Aduanas. El artículo 7º dispone que se integra a dicho fondo, un porcentaje no definido, de la mejora de la recaudación de la Dirección General Impositiva prevista para otro fin por la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003.

Debe recordarse que dicha Ley de 4 de noviembre de 2003 en su artículo 2º prevé que se destine a la mejora de gestión de la DGI, hasta el 25% de la mejora de su recaudación y encomienda al decreto esa tarea.

Dicha reforma entró en vigencia el pasado 30 de mayo de 2005, utilizando para la mejora salarial $ 590.000.000, lo que equivale al 11% de la mejora de la recaudación sobre lo percibido en el año 2003. El artículo 7º del proyecto en consideración dispone que "en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo" de ese 14% aún disponible, ya recaudado y sin afectación definida, se destinará al fondo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Todo parece indicar que con una redacción poco clara y difícil de interpretar, el Poder Ejecutivo pretende utilizar los recursos excedentes de ese 14% aún disponible, para financiar, por la vía del decreto, la reforma salarial de la Dirección Nacional de Aduanas, tal como lo hizo con la Dirección General Impositiva. De este modo pasaría por el Parlamento una autorización poco consciente que otorgaría los recursos necesarios para una reforma que luego el decreto regularía.

Es notorio que el Poder Ejecutivo inicia con esta propuesta un camino destinado a ir utilizando esos recursos disponibles para atender demandas puntuales y eligió hacerlo empezando por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, sede de la iniciativa presupuestal que se considera.

Cabe consignar que cada uno de esos puntos porcentuales, del 14% disponible, equivalen, según las informaciones proporcionadas por el Poder Ejecutivo, a unos $ 53.600.000 (aproximadamente US$ 2.150.000.

La bancada del Partido Nacional votó negativamente los artículos 6º y 7º y propuso otro destino para los más de 30 millones de dólares disponibles, recaudados y sin afectación.

Aditivo: Jubilación mínima.

En cumplimiento de su programa de gobierno "Compromiso Nacional", entendió prioritario atender con dichos fondos el incremento de las jubilaciones hasta un mínimo de $ 3.000 (tres mil pesos).

Esta iniciativa alcanza unos 110.000 jubilados y tiene un costo apenas superior al disponible.

El Poder Ejecutivo ya ha dispuesto de 25 millones de dólares para mejorar los salarios de 1.300 funcionarios de la DGI. No parece conveniente que utilice ahora más de 30 millones de dólares aún disponibles, producto de los mayores impuestos pagados por los uruguayos, con destino a los salarios de los funcionarios aduaneros y sus jerarcas. Si esos recursos están disponibles, el Partido Nacional cree que hay que cumplir primero con los que menos tienen. Y la lista está encabezada sin duda por los jubilados.

Para subsanar la ausencia de iniciativa prevista en el artículo 86 de la Constitución de la República, el artículo recoge una discutida pero muy recurrida práctica parlamentaria que incluye la "facultad" al poder Ejecutivo de modo de superar dicha ausencia. El artículo que se transcribe no obtuvo el respaldo del Partido de Gobierno en la Comisión, por lo que no está incluido en el articulado a consideración.

Aditivo propuesto:

"Artículo .- Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar las jubilaciones servidas por el Banco de Previsión Social, hasta alcanzar un mínimo de $ 3.000 (tres mil pesos).

Los costos de dicho incremento serán atendidos con cargo a los porcentajes no utilizados de la mejora de la recaudación real de la Dirección General Impositiva, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003".

ARTÍCULO 8º:

El artículo 8º propuesto en el mensaje original, fue acompañado por el Partido Nacional en el entendido que la partida originada para cumplir con las deudas del Fondo Forestal, aunque no se encuentra disponible, debe registrarse como tal, para ser cancelada en un momento posterior.

ARTÍCULO 9º:

El artículo 9º fue acompañado por igual motivo.

ARTÍCULO 10:

El artículo 10 consagra un aumento de salario para los Directores de Educación y de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, pasándolos a la categoría del literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que regula por grupos los salarios de los cargos políticos y de particular confianza.

Este artículo contó con el apoyo del Partido Nacional por entender que es de justicia elevar la consideración salarial y por ende política de dichas responsabilidades de Gobierno, y por entender que así debe procederse para modificar las remuneraciones de los cargos regulados por la Ley. Dejamos constancia en la Comisión, que en el mismo literal, en el que ahora se incluye a los directores de Educación y de Cultura, se encuentran percibiendo el 85% del sueldo de un Subsecretario de Estado muchos otros cargos de particular confianza, entre ellos el de director General de Rentas. Su retribución fue aumentada significativamente por la vía del decreto reglamentario de la Ley Nº 17.706 del 4 de noviembre de 2003, excediendo largamente el monto fijado por la ley que ahora se cambia para cargos similares.

ARTÍCULO 11:

El artículo 11 no contó con el apoyo del Partido Nacional ni en la redacción original ni en la que ahora se propone al Cuerpo, aunque se valora positivamente la modificación que, a iniciativa de la bancada mayoritaria, le introdujo la Comisión.

Este artículo no es material presupuestal y se introduce sin motivo aparente en la Rendición de Cuentas, con el único objetivo de modificar la forma de designar los integrantes de la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, creada por la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998.

No consideramos oportuno ni conveniente que las mayorías requeridas por la Ley para designar y destituir a sus miembros se adapten a las mayorías parlamentarias que tiene actualmente el Poder Ejecutivo.

La mayoría especial de 3/5, hoy exigida, está consagrada no por casualidad, capricho o conveniencia coyuntural, sino para obligar al gobierno -a los pasados, éste u otros- a buscar acuerdos extrapartidarios y de ese modo integrar un órgano como la "Junta Anticorrupción" con un amplio apoyo político y por personas que estén más allá de lo partidario. Sobre todo debe tenerse en cuenta que este órgano controla a todo el sistema político, más precisamente al gobierno de turno, que debería ser el más interesado en que lo controlen más los ajenos que los propios.

Los 3/5 exigidos son precisamente para que ni Gobierno ni oposición dispongan de mayorías que pudieran eventualmente responder a uno u otro interés. Los 3/5 dan poder de veto a todas las partes y obligan a proponer ciudadanos que den garantías a todos.

En estos días, cuando queda claro que ningún país está exento de actos de corrupción en su gobierno, no parece oportuno proponer bajar las exigencias para integrar este órgano de contralor y adaptar las mayorías para su destitución a las disponibles actualmente por el Partido de Gobierno.

ARTÍCULO 12:

El artículo 12 fue acompañado por esta bancada en tanto refleja una equiparación justa y permite las economías que financian el incremento consagrado en el artículo 10.

ARTÍCULO 13:

El mismo fue votado negativamente por la bancada nacionalista en la Comisión. Sin desconocer que este es un reclamo antiguo de la Dirección General de Registros, el objetivo puntual de su incorporación está directamente relacionado con la anunciada reforma tributaria y la implantación del impuesto a la renta. Al no tener conocimiento de los contenidos de dichas reformas impositivas, preferimos que los cambios accesorios como el propuesto se consideren junto con ellas y disponiendo de información más completa.

ARTÍCULOS 14, 15 y 16:

Los artículos 14, 15 y 16 fueron acompañados en sus nuevas redacciones por entender que dichas modificaciones adaptan la legislación vigente a la realidad actual de las sociedades comerciales y aportan a estas relaciones, mayores garantías y más transparencia.

ARTÍCULO 17:

El artículo 17 original fue votado negativamente por quedar su contenido comprendido en otra iniciativa legal en trámite cuyo contenido es específico del tema.

ARTÍCULO 18:

El artículo 18 fue producto de un análisis profundo en Comisión y su texto original fue cambiado. El texto aprobado en la Comisión difiere del enviado por el Poder Ejecutivo, pero coincide en buena parte con una iniciativa blanca (aunque no totalmente) que no prosperó.

La comparecencia del Ministro de Educación y Cultura, así como la del equipo económico, permitió que Gobierno y oposición coincidieran en la necesidad de dotar a los medios oficiales de recursos genuinos, asumiendo que ni el canal, ni las radios tienen fines comerciales y por tanto deben ser subsidiados para que cumplan su función. Quedó clara también la preferencia de todos por un subsidio directo, definido y controlable.

En este sentido el Poder Ejecutivo se comprometió a asignar recursos directos para que estos medios oficiales funcionen debidamente y la oposición a acompañar esa idea cuando se remita en el proyecto de Ley de Presupuesto. Por esa razón entendimos que el subsidio encubierto que otros organismos estatales aportarían al Canal 5 y las radios del SODRE mediante la contratación obligatoria de propaganda, debería caer cuando entre en vigencia el nuevo presupuesto conteniendo el compromiso contraído.

Esta fue la diferencia con el texto que el Cuerpo tiene a consideración.

Cabe destacar que el subsidio que se consagra es más acotado que el propuesto por el proyecto original.

ARTÍCULO 19:

El artículo 19 del proyecto a consideración es una iniciativa del Partido Nacional que fue acompañada por toda la Comisión. Es un artículo que no implica gastos no previstos, pero que habilita a la Corte Electoral a pagar con recursos disponibles trabajos extraordinarios de sus funcionarios para organizar tres importantes actos electorales. La autorización de la que disponía cesó en la pasada elección municipal y el tema de fondo quedará resuelto con la ley de presupuesto, sin embargo, la inminente celebración de las elecciones referidas requiere una iniciativa como la propuesta.

ARTÍCULO 20:

Este artículo, con la redacción propuesta al Cuerpo, no fue acompañado por la bancada nacionalista, aunque tampoco recibió respaldo el sustitutivo que propusiéramos en la Comisión.

La asignación de la partida anual prevista, fue objeto de diversas interpretaciones en cuanto a su destino. El Ministerio de Desarrollo Social expresó que el monto correspondía a una compensación mensual de $ 5.000 más cargas sociales para cien funcionarios.

En una oportunidad se justificó dicho incremento para compensar las pérdidas salariales que tendrían los funcionarios que pasaran a trabajar en comisión a ese Ministerio. En otra oportunidad, se fundamentó en la necesidad de acercar las retribuciones de funcionarios procedentes de distintos organismos y con dispares salarios. Consultada la Oficina Nacional del Servicio Civil, confirmó que los funcionarios que pasen en comisión al amparo de lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley 16.320, según está previsto, no pierden ninguno de sus beneficios remuneratorios o jubilatorios.

La delegación de COFE, consultada al respecto, se manifestó contraria a remuneraciones extraordinarias que no fueran para compensar eventuales pérdidas ocasionadas por el pase en comisión.

Demostrando nuestro apoyo al espíritu del artículo, pero procurando la precisión en el destino de la partida, propusimos un aditivo que no fue acompañado por la mayoría, que especifica que el monto previsto será destinado para el pago de una compensación personal "para complementar en igual monto los ingresos que puedan dejar de percibir los funcionarios que pasen en comisión al Ministerio de Desarrollo Social".

La actual redacción del artículo 20 deja en manos de la Ministra de Desarrollo Social la posibilidad de compensar de la manera que le parezca, a todos o a alguno de los ciento quince funcionarios de su confianza que pasarán en comisión, según la ley recientemente aprobada, por los montos, el tiempo y las razones que entienda convenientes. Nuestro apoyo a este nuevo Ministerio, y particularmente al Plan de Emergencia, no incluye un cheque en blanco de tal magnitud en el manejo de los recursos humanos y sus retribuciones. Este artículo va en contra de lo que el propio Poder Ejecutivo acaba de firmar en el acuerdo marco con COFE.

ARTÍCULO 21:

El artículo 21 fue votado en contra por entender que su contenido debe ser incluido en las modificaciones que el equipo económico ha anunciado vendrán incluidas en el presupuesto nacional, modificando aspectos generales en materia de remuneraciones y compensaciones para toda la administración.

ARTÍCULO 22:

El artículo 22 mereció nuestro apoyo por las mismas consideraciones que se hicieron con relación al artículo 8º, dado que su formulación prevé exclusivamente el registro contable de esa deuda.

ARTÍCULOS 23 y 24:

Los artículos 23 y 24 refieren a una temática que el Ejecutivo ha anunciado abordará de manera general en el proyecto de presupuesto. El tratamiento particular de estas situaciones, descolgado de la solución general, no parece conveniente. Por dicha razón, no fueron acompañados por los miembros nacionalistas en la Comisión.

ARTÍCULO 25:

La subrogación prevista en este artículo mereció nuestro apoyo, en tanto corrige una situación no prevista y llena un vacío legal.

ADITIVO INDA.:

También fue propuesto un aditivo que la mayoría de la Comisión no acompañó por el que se dispone que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) se incorpore al Ministerio de Desarrollo Social, manteniendo su estructura, organización y recursos.

Parece obvio que un Ministerio nuevo que tiene dificultades para implementar la enorme tarea que se le ha asignado debería estar de acuerdo con recibir una Institución que cuenta con más de trescientos funcionarios, locales, depósitos, vehículos, presupuesto, experiencia y sobre todo especialidad en lo que es uno de los programas del Plan de Emergencia: la alimentación de los sectores populares. En el mismo sentido que la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social dispuso el pase a esa órbita del INAU, el INJU y el Instituto de la Familia y la Mujer, así como el Programa INFAMILIA, el INDA debería desvincularse del MTySS, dedicado a otras prioridades, para hacer más eficiente su labor en el MDS creado para tal fin.

La Ministra declaró en Comisión no estar de acuerdo con esa modificación y dijo no querer al INDA con la actual estructura, proponiendo un debate previo a esa decisión, aunque más adelante.

En consecuencia la bancada mayoritaria acompañó a la Ministra y se mantendrán en la administración central dos organismos haciendo lo mismo, compitiendo en algunas áreas, desatendiendo otras y gastando mal lo poco que hay.

ADITIVOS INAU:

Debe mencionarse que el Partido Nacional presentó y luego retiró tres aditivos que daban iniciativa a tres artículos presentados a la Comisión directamente por el INAU sin revestir las formalidades exigidas. Al ingresar por la vía incorrecta, sin pasar por el Poder Ejecutivo quien debe darle iniciativa y no cumplir además con el plazo constitucional que venció el 30 de junio, el Partido Nacional ofreció su iniciativa para darle trámite. Sin embargo, el propio INAU compareció ante la Comisión y dijo preferir recorrer la vía administrativa para solucionar la emergencia. Por esa razón y ante la afirmación que en virtud del acuerdo alcanzado entre el INAU y el MEF esos artículos no son necesarios, el Partido Nacional retiró esos artículos aditivos.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JORGE GANDINI, Miembro Informante, FEDERICO CASARETTO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JORGE GANDINI, Miembro Informante, FEDERICO CASARETTO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2004, que se somete al tratamiento de este Cuerpo y que ha sido estudiado por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, debe ser, desde nuestro punto de vista aprobada en algunos de sus artículos y rechazada en otros.

Entendemos que en el análisis de este proyecto de Rendición de Cuentas remitida por el Poder Ejecutivo debe realizarse en dos etapas.

La primera refiere a la Rendición de Cuentas propiamente dicha, en donde el Poder Ejecutivo explica los números del país en el ejercicio 2004, acompañada por un documento de fundamental importancia, tal cual es el "Informe Económico Financiero" que relata la situación macro-económica del Uruguay durante el año 2004.

La segunda etapa refiere a las modificaciones a las normas presupuestales vigentes y que están referidas en los artículos 2º a 25 en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al artículo 1º y al informe "Económico Financiero del año 2004", este asume una importancia fundamental en cuanto a la visión de un nuevo Gobierno acerca de los resultados del último año de la gestión del Gobierno anterior. Y en este caso la importancia se acrecienta en la medida que este informe lo hace un Gobierno de un Partido Político que estuvo en la oposición con respecto al Gobierno anterior.

El resumen del informe económico financiero es el siguiente: la economía uruguaya consolidó durante el año 2004 el proceso de recuperación que se había iniciado a comienzos del año 2003, después de la muy fuerte crisis que se registrara entre los años 1999 y 2002. En ese sentido la producción global de bienes y servicios mostró en el año 2004 un crecimiento del 12.3%. El crecimiento se explica tanto por el dinamismo de la demanda interna como de la demanda externa. Dentro de los componentes de la demanda interna cabe destacar la importante recuperación en la inversión, elemento fundamental para consolidar el retorno a una senda de crecimiento sostenido y el consumo privado.

El volumen exportado en bienes y servicios creció en el 2004 un 22.7% con respecto al 2003.

El dinamismo de la actividad económica permitió un sensible aumento de los puestos de trabajo y una mejora de algunos indicadores de mercado laboral. El empleo se expandió un 6% lo que implicó la creación de 63.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desocupación que fue de un 13.1 en el promedio del 2004, finalizó en el mes de diciembre de 12,1%. El ingreso medio de hogares exhibió un crecimiento del 2% real en el promedio de ese año, pero el último trimestre creció 6.5% real.

Sector externo.

Si bien en materia balanza de pagos la cuenta corriente registró un déficit de US$ 105:000.000 en el año 2004, la balanza de pagos presento un superávit de US$ 454:000.000 en el conjunto del 2004 en función de un significativo ingreso de capitales, reflejo de la consolidación de confianza en el sistema financiero doméstico.

Los activos de reserva del Banco Central del Uruguay ascendieron a US$ 2.512 000.000 de dólares al cierre del año 2004, creciendo en US$ 2.000.000,000 desde marzo de 2003.

En materia de comercio de bienes, las exportaciones crecieron un 32.5% medidas en dólares. Cabe resaltar la creciente diversificación de nuestras exportaciones. En los últimos años, los socios comerciales pertenecientes al MERCOSUR, han perdido peso en nuestras ventas externas, pasando a representar un 25% de las exportaciones en bienes en el 2004, cuando en 1998 eran el 55%. Debe destacarse la creciente importancia del mercado del NAFTA (27% del total) en razón del incremento de venta de carnes a los Estados Unidos.

También las exportaciones registraron un importante aumento en base a la recuperación del gasto interno y al acentuado dinamismo de las importaciones de bienes de capital.

Precios, Salarios y tipo de Cambio.

La tasa de inflación se redujo a 7.6% durante el año 2004. La cotización del dólar interbancario estaba al cierre de diciembre de 2004 en $26.4 (lo que hizo que importantes dirigentes de la entonces oposición expresaran su desagrado por el notorio atraso cambiario que este guarismo reflejaba).

En materia de remuneraciones en un contexto de sensible aumento de los puestos de trabajo el salario líquido registró una suba del 2.9% en términos reales.

Finanzas Públicas

En el año 2004, se verificó una sensible mejora de las cuentas públicas, en virtud de una pronunciada suba de los ingresos tributarios en conjunto de una política de contención de las erogaciones.

El déficit del sector público consolidado fue del 1.9% del PBI y el superávit primario fue en el 2004 el 4.0 del PBI.

Merece especial destaque las reducciones impositivas operadas en los meses de mayo y agosto del año 2004 las que fueron realizadas según lo expresado por la Ley de Ajuste Fiscal de Mayo de 2002 y por la Rendición de Cuentas de setiembre del mismo año, además del compromiso público asumido por el entonces Gobierno y por sus Legisladores en ambas Cámaras.

En un contexto de perspectivas financieras más auspiciosas y de mayor ahorro fiscal en Uruguay se observó una significativa reducción del los spreats pagados por el Gobierno Uruguayo, el riesgo país llegó a su mínimo el 25 de febrero de 2005: 336 puntos básicos.

Sistema Financiero

En el año 2004 se consolidó el proceso de recuperación de la confianza en el Sistema Financiero el cual se había iniciado tras la salida diseñada para afrontar la crisis bancaria que vivió en el 2002 y a principios del 2003. La creciente solidez del sistema se reflejó en la mejora exhibida por los indicadores de morosidad, solvencia y liquidez, comportamiento, que, sin dudas se vio favorecido por la fuerte expansión productiva.

Corresponde señalar los avances logrados por las autoridades económicas de la época en lo que refiere a la reestructura de la Banca Pública, en particular, en materia de reducción de costos y recuperación de la rentabilidad.

Debido a la buena liquidez del BROU las autoridades decidieron adelantar el cronograma de devolución del segundo y tercer tramo de los depósitos reprogramados, tanto en el BROU como en el BHU. Los agentes optaron por mantener la mayor parte de esos depósitos en el BROU, lo que constituye otro indicador de recuperación de la confianza en el sistema.

La Ejecución Presupuestal

El resumen del resultado de la ejecución presupuestal figura en el artículo 1º del proyecto de ley y demuestra una significativa mejoría con respecto al del año 2003; esto se debe a que en el ejercicio se registró un sustancial incremento de los recursos y también, una disminución de los egresos.

Todo lo expresado, es una transcripción resumida del informe de la actual administración remitido por el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y la totalidad de sus Ministros, al Poder Legislativo. Corresponde señalar desde nuestro punto de vista la objetividad con la cual se examinan los avances realizados por la economía uruguaya en el año 2004.

La situación económica del país era pues, de un crecimiento firme y sostenido durante el año 2004.

Es por ese motivo que vamos a aprobar la Rendición de Cuentas en general ya que entendemos que su artículo primero y el Informe Económico Financiero son sus elementos fundamentales.

La segunda etapa de la Rendición de Cuentas refiere a las modificaciones a las normas presupuestales vigentes y que están referidas en los artículos 2º a 25 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Votaremos en contra de los artículos 2º al 5º de la iniciativa, por cuanto entendemos que en ellos se deja sin efecto una solución bien interesante que premiaba el desempeño y las tareas de mayor responsabilidad y especialización de los funcionarios públicos. Y se deja sin efecto sin sustituirlo por un nuevo régimen el que se anuncia habrá de elaborarse en un trabajo entre el Gobierno y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).

Sin embargo el inciso segundo del artículo 4º atempera el alcance del artículo 3º en una forma en que aún no conocemos. En efecto, durante la votación de este proyecto en Comisión, Legisladores del Gobierno presentaron el aditivo que fue votado como inciso segundo del artículo 4º y no se pudo explicar a quien alcanzaba este artículo, cuál era el monto que implicaba y cuál era el alcance de la expresión "regular y permanente" a ser tomada por un decreto del Poder Ejecutivo.

Tampoco acompañaremos los artículos 6º y 7º en los cuales se hace una diferencia importante entre los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y el resto de los funcionarios públicos en beneficio de aquéllos.

Apoyaremos los artículos 8º y 9º que son asignaciones de partidas a los efectos de que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca cumpla con algunas de sus obligaciones.

En el mismo sentido votaremos el artículo 10 que mejora las remuneraciones de los cargos de "Director de Educación" y "Director de Cultura" del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura. Las explicaciones expuestas por las delegaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación y Cultura en el sentido de que éstos no aumentan los gastos del Estado ya que se compensan con la modificación en la retribución de los miembros de la Junta Asesora en materia económica-financiera del Estado, artículo 12 de este proyecto de ley, son desde nuestro punto de vista satisfactorios.

El artículo 11 merece, desde nuestro punto de vista, el más profundo rechazo. Hasta ahora la designación de los miembros de la Junta Anticorrupción se realizaba por el voto de los 3/5 de los integrantes del Senado. Esto aseguraba la mayor representación y un acuerdo amplio para su designación. La propuesta del Poder Ejecutivo de disminuir las mayorías exigidas a la mayoría absoluta implica la voluntad de que los miembros de esta Junta, que tiene como cometido principal asesorar en materia de delitos previstos contra la Administración Pública y contra la economía y la hacienda pública que se le imputen a ciertos funcionarios públicos, disminuye la garantía de imparcialidad en independencia de los mismos. Es quizá este artículo, que deroga un artículo votado en su momento por todos los sectores políticos, el que provoca en primera instancia mayor rechazo.

Los artículos 14, 15, 16 y 17 que refieren a temas de la Dirección General de Registros no merecen objeciones.

El artículo 18 restituye la obligación del Estado de contratar en forma obligatoria un porcentaje de las pautas publicitarias con el Canal 5, Servicio de Televisión Nacional y con las Radiodifusoras del SODRE. Esto es desde nuestro punto de vista, absolutamente negativo, constituye un subsidio encubierto que deben pagar entre otros las Empresas Públicas que estén en competencia. Somos contrarios a los subsidios indirectos cuyo monto desconocemos y cuyo conocimiento es imposible por lo que no apoyaremos el contenido de este artículo.

Tampoco compartimos lo expuesto en el artículo 20 por los siguientes motivos: la filosofía del artículo choca con lo expresado en los artículos 2º y 3º de este mismo proyecto; en aquéllos se eliminan las retribuciones para tareas de mayor responsabilidad y especialización para toda la Administración Pública y en éste se crea una compensación para los funcionarios públicos que cumplan tareas con un alto grado de especialización y dedicación. Asimismo, debemos expresar que la explicación del Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Desarrollo Social, con respecto a la aplicación del mismo son absolutamente contradictorias.

Finalmente, debemos aclarar que los artículos 21 a 25 no nos merecen mayores objeciones.

Es por todo lo expresado que votaremos este proyecto de ley en general, en cuanto el centro del mismo es el artículo 1º y el Informe Económico Financiero que acompaña esta Rendición de Cuentas. Y rechazaremos aquellos artículos que hemos expresado.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JOSÉ AMORÍN, Miembro Informante, GUIDO MACHADO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004, con un resultado deficitario de: a) $ 11.085:214.000 (pesos uruguayos once mil ochenta y cinco millones doscientos catorce mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y; b) $ 23.951:408.000 (pesos uruguayos veintitrés mil novecientos cincuenta y un millones cuatrocientos ocho mil) por concepto de operaciones extrapresupuestales, derivadas de la aplicación de normas legales.

Apruébanse las partidas a regularizar y los créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente a los Ejercicios 2002 y 2003, incorporados a la presente ley como anexo.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JOSÉ AMORÍN, Miembro Informante, GUIDO MACHADO".

——Léase el proyecto en mayoría.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: vamos a comenzar a considerar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2004.

En primer lugar, como Presidente de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, quiero agradecer las tareas desarrolladas por la Secretaría de dicha Comisión, por los Oficiales de Sala, por los Ujieres, por los señores Taquígrafos, por los funcionarios de Imprenta, es decir, por todos aquellos que de alguna u otra forma participaron activamente en el desarrollo del estudio de la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2004.

El informe del Poder Ejecutivo presenta un Estado de Resultado del Ejercicio 2004 -es decir, la diferencia entre los ingresos efectivamente realizados y los egresos por lo devengado- con un déficit de $ 11.085:214.000.

Asimismo, existe un déficit extrapresupuestal, que no surge de la ejecución de gastos y de la percepción de ingresos originados en el período, por un monto de $ 23.951:408.000, haciendo un total de $ 35.036:622.000.

Además, debemos tener en cuenta que el producto bruto interno en el año 2004 alcanzó a US$ 13.200:000.000 y que la tasa de cambio que se utilizó para los cálculos de esta Rendición de Cuentas fue de $ 28,701 por dólar.

Quisiéramos aclarar que las modificaciones presupuestarias, es decir, los aumentos de los rubros que se verifican en el articulado, tienen que ver con tres aspectos: gastos pendientes de registración por insuficiencias presupuestales; deudas del Ejercicio 2004 y de Ejercicios anteriores, y modificaciones necesarias para permitir el funcionamiento normal de organismos del Estado que esta Administración encontró desfinanciados en su momento.

Con relación a los dos primeros puntos, es inevitable hacer referencia a la discusión que nuestra fuerza política diera en ocasión de considerarse la Rendición de Cuentas del año 2003 respecto a su déficit real.

En ese sentido, el déficit alcanzaba a US$ 1.040:000.000, pero existieron tres observaciones del Tribunal de Cuentas, que nosotros compartimos, en el sentido de que era necesario registrar, fundamentalmente, las partidas de asistencia al sistema financiero bancario a raíz de la crisis del año 2002. Al respecto, el actual Poder Ejecutivo realiza una previsión de entre el 77% y el 80% como cartera incobrable de esa asistencia que se otorgara oportunamente. En definitiva, el déficit extrapresupuestario alcanzó a US$ 834:000.000, aproximadamente.

Entonces, es bueno recordar que en el mensaje enviado al Parlamento para el Ejercicio 2003 se hablaba de un déficit de $ 29.351:000.000, que alcanzaba a US$ 1.040:000.000, como dije anteriormente.

A este déficit de las cuentas públicas se llegaba en virtud de ciertos procedimientos contables que como fuerza política cuestionamos y que, inclusive, habían sido cuestionados por el propio Tribunal de Cuentas de la República. Dichos cuestionamientos nos hacían concluir que el déficit de la Rendición de Cuentas del año 2003 era en realidad mucho mayor que las cifras anunciadas por el Gobierno anterior.

Muy rápidamente vamos a mencionar las tres observaciones fundamentales que el Tribunal de Cuentas hiciera al mensaje del Poder Ejecutivo en ese sentido.

La primera refiere a la capitalización del nuevo Banco Comercial, por aproximadamente US$ 131:000.000, que fuera incluida en "Financiamiento - Variación de Otros Activos y Pasivos", cuando, a juicio del Tribunal de Cuentas, debió ser expuesta como gasto de inversión. Por ende, el resultado del Ejercicio está subvaluado en este monto.

En la segunda observación, el Tribunal de Cuentas refiere a que el canje de títulos de deuda realizado por el Gobierno anterior representó una pérdida neta de US$ 56:000.000, que se devengó en el período y que no fuera considerado en la determinación del resultado.

Por último, en las notas al estado de situación del Tesoro se establecía que no se contaba con información acerca del Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario, algo que en aquel momento nos asombró, porque debe existir una coordinación absoluta entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la dirección del Banco Central.

En virtud de ello, el Tribunal no pudo cuantificar el importe a registrar como gasto, el cual, lógicamente, incidiría en el resultado final del Ejercicio. El monto total de los préstamos realizados a esas instituciones alcanzaba a US$ 1.071:000.000. Si se consideraban las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el déficit que realmente debíamos considerar para el Ejercicio 2003 era mucho mayor, prácticamente el doble del que expresaba el artículo 1º de la Rendición de Cuentas de 2003.

Por eso, nosotros cuestionamos el desarrollo de esa Rendición de Cuentas, cuestionamos su estructura y, por supuesto, no acompañamos su aprobación.

En definitiva, el actual Gobierno sincera las cuentas públicas y registra correctamente las pérdidas que debieron ser registradas como tales por el Gobierno anterior, que se dedicó a cambiar la realidad o, como se dice vulgarmente, a maquillar el resultado real de la Rendición de Cuentas del año 2003. Queríamos dejarlo establecido porque hubo una polémica compleja, difícil, dura, en determinado momento, cuando tratamos el tema de la Rendición de Cuentas, que no se desarrolló solamente en el ámbito del Poder Legislativo, sino también en forma pública. Nosotros asegurábamos que era necesario hacer dicho registro y, sin embargo, esto no fue compartido por el Poder Ejecutivo anterior. Por eso es bueno que las cuentas estén establecidas con absoluta claridad.

En cuanto a las cifras del Informe Económico-Financiero del año 2004 que nos remitiera el Poder Ejecutivo, quisiera destacar algunos temas.

Efectivamente, en el año 2004 existió un proceso de recuperación, luego de la crisis de 2002, favorecido por el entorno y por la mejora en la situación financiera del Gobierno y de política monetaria. En determinado nivel se redujo la presión impositiva. Recordemos que el Gobierno anterior disminuyó la tasa del Impuesto a las Retribuciones Personales. Se logró una disminución de la inflación minorista, que alcanzó el 7,6%, contra la de 2003, que fue de 10,2%. La tasa de desocupación se situó en el 13,1%, cuando en 2003 era del 16,9%. El comercio de bienes de exportación en 2004 exhibió un marcado aumento del 32,5% en dólares y las importaciones en un 42,2%. El déficit del sector público consolidado se sitúa en el 1,9% del producto bruto interno, contra el 3,3% del año 2003. Como todos sabemos, en el sistema financiero se consolidó el proceso de recuperación de la confianza.

Acerca del nivel de actividad en 2004 y primeros meses de 2005, debo decir que el PBI creció un 12,3%, y ese aumento de la actividad económica respecto al año anterior constituyó un guarismo muy importante, inclusive a nivel de América Latina, aunque todavía no se ha alcanzado el máximo nivel de actividad del ciclo expansivo anterior. De acuerdo con estimaciones del Banco Central, durante el primer trimestre del año 2005 el PBI creció el 7,1% respecto del mismo período del año anterior. Nos parece necesario realizar alguna puntualización al respecto. Al parecer, durante el año 2004 se ha llegado a utilizar al máximo la capacidad instalada que estaba ociosa en virtud de la crisis, y el crecimiento que se está verificando en los primeros meses del año tiene que ver con un proceso de inversión que expande saludablemente la capacidad instalada. Lo anterior confirma que las expectativas de los agentes productivos respecto del cambio de Gobierno decidido por la mayoría de la población han sido favorables y que están dispuestos a invertir y crecer. Para ello, el actual Gobierno, a través de una serie de medidas -una de las cuales es el incremento de las inversiones públicas para el año 2006-, está dispuesto a apostar a la continuidad de las inversiones que expandan el producto potencial de la economía uruguaya y nos habilite a salir de esta media década perdida, como le llaman algunos técnicos.

A nivel de sectores, la industria creció un 29,6%; el comercio, un 21%, y el sector agropecuario, un 13%. Durante los primeros meses de 2005 todos los sectores habrían seguido creciendo si el último de los mencionados, el agropecuario, no se hubiera visto afectado por el déficit hídrico en los primeros meses del corriente año.

Sobre las finanzas públicas y el endeudamiento, debo decir que el superávit primario alcanzado a lo largo de 2004 fue del 3,9% del PBI, lo que significó que el déficit del sector público consolidado se situara en el 2% del producto, reduciéndose respecto de 2003, en que era de del 3,1%.

El aumento en el superávit primario se logró básicamente debido a la mejora de la gestión del Gobierno Central, que redujo el gasto con relación al producto, en particular debido a la disminución de las contribuciones estatales a la seguridad social. Esto último, a su vez, obedeció a una reducción en las erogaciones del Banco de Previsión Social, ya que se redujo el gasto en pasividades, que cayó en términos reales el 1,4% en el año, algo que ciertamente es preocupante. La disminución de las pasividades se debe fundamentalmente a que, de acuerdo con la Ley Nº 17.649, su mecanismo de ajuste se realiza tomando el índice medio de salarios en términos nominales, y el aumento del salario medio líquido, debido a la reducción de los adicionales al IRP, no se reflejó positivamente en las pasividades.

En cuanto al endeudamiento público, debo decir que la deuda bruta del sector público a fines de 2004 ascendía a US$ 13.335:000.000, lo que supuso un aumento de US$ 1.172:000.000 en tan solo un año, llegando al 100% del producto bruto interno. De esta manera, se batieron récords absolutos en nuestro país. Esta situación tiene que ver con el déficit fiscal desmesurado generado a fines de 1998 y con la última crisis financiera, lo que constituye una pesada herencia, en tanto la factura de intereses reduce las posibilidades de realizar gastos sociales e inversión pública, como lo requiere la situación económica y social.

En función del acuerdo logrado con los organismos multilaterales de crédito y con el crecimiento programado del producto, la ratio deuda bruta-PBI se reducirá seguramente a 85% a fines de 2005. De todas formas, se destinarán fondos -como se está haciendo en este momento- para atender políticas sociales y se incrementarán las inversiones un 10% en el próximo Presupuesto Nacional.

Como es notorio, nuestro Gobierno está colocando deuda para financiar los vencimientos que nos fueron legados, que heredamos; lo está haciendo en el mercado privado, evitando recurrir a organismos internacionales y a sus condiciones sobre política económica. Para mejorar su situación, el Gobierno uruguayo irá sustituyendo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por endeudamiento en los mercados. Según distintas consultoras, se está aprovechando un buen contexto internacional para continuar haciéndonos de fondos que nos permitan atender los vencimientos futuros.

En síntesis, debo decir que el Gobierno está aprovechando esta coyuntura favorable de bajo riesgo país para emitir deuda en los mercados internacionales. Cabe mencionar también que el Gobierno está aprovechando un contexto global con tasas bajas a largo plazo para emitir deuda a tasa fija. De esta manera, el país estaría a salvo de eventuales modificaciones en las tasas de interés internacionales.

De todos modos, tenemos importantes limitaciones presupuestales. En tal sentido, la intervención del Estado en la economía se concreta de diferentes maneras; la intensidad de dicha intervención depende del marco sociopolítico del país, del nivel de desarrollo de la economía -que puede viabilizar una mayor intervención para proteger a algunos sectores más vulnerables de la sociedad- y de factores institucionales, porque las rigideces jurídicas pueden volver impracticable algún tipo de política económica.

Como parte de la política fiscal, el Presupuesto Nacional -que comenzaremos a estudiar en las próximas semanas- implica el manejo de los ingresos y de los egresos del Estado como instrumento para la consecución de objetivos tales como el crecimiento del producto, el logro del pleno empleo, la estabilización de la economía, etcétera. A nuestro juicio, el Presupuesto Nacional constituye la principal herramienta fiscal en la política económica de un Gobierno. El Presupuesto influye, tanto por la vía del gasto como por la vía impositiva, sobre la producción, la distribución del ingreso y el desarrollo de áreas estratégicas, constituyendo, por un lado, el principal instrumento de gestión de un Gobierno y, por otro, sintetizando sus lineamientos fundamentales. Sin embargo, la situación en la que se encuentra la economía nacional y en especial las restricciones sin precedentes que enfrenta el sector público, hacen que la disponibilidad de la política fiscal como herramienta para realizar políticas sociales, para aumentar la inversión y para recuperar el salario público se vea objetivamente limitada.

La crisis reciente y las políticas económicas que la originaron determinaron cambios en la estructura del Presupuesto Nacional, haciéndolo más rígido en el sentido de contar con una menor discrecionalidad para disponer partidas presupuestales en ciertas oportunidades. Como ya señalamos, la reciente crisis financiera y los déficit fiscales acumulados desde 1998 originaron decisiones gubernamentales en dos sentidos. Por un lado, hubo contratación de préstamos internacionales que determinaron un aumento en la factura de intereses de la deuda pública; y, por otro, se decidieron recortes en el gasto con el objeto de generar un superávit primario, asegurando los pagos. En tal sentido, mientras que en 1999 -escúchese bien- el gasto de intereses era del 9,7% del total del Presupuesto Nacional, en 2004 lo destinado para pagar los intereses de la deuda pública llegó al 23,6% del Presupuesto. Esta elevadísima factura por intereses de la deuda determinó una sustancial reducción de otros segmentos del gasto en el Presupuesto. Esencialmente, la reducción se centró en recortes a la inversión pública, que pasó de representar aproximadamente el 10% del Presupuesto en el año 2000 a tan solo el 6,8% en 2004.

Tenemos algunos cuadros que nos han entregado nuestros asesores, que es importante tener en cuenta. Con referencia a la previsión que realizara este Gobierno de alguna manera regularizando las cuentas públicas -por la asistencia que se otorgara al sistema financiero y bancario-, debo decir que alcanza a un 77%, lo que equivale a US$ 834:000.000, cifra que ya fue mencionada. Además, en cuanto a la financiación del déficit hay tres vertientes. En primer lugar, se habla del uso de disponibilidades que tenía el Estado por US$ 179:000.000; en segundo término, se cita el aumento de la deuda pública y presupuestal en US$ 227:000.000; por último, aparece un descuento bancario en activos legítimos contra la banca liquidada por US$ 815:000.000.

En otro cuadro vemos de qué manera se presenta el gasto no discrecional, es decir, aquel que no se puede tocar. Se detalla el gasto en personal, fundamentalmente en salarios, incluido en el Presupuesto Nacional, que alcanza el 26,5% del total. Luego aparece la transferencia financiera al sector de la seguridad social, que representa el 16,4%, y, por último, se determinan los desembolsos financieros del Estado, o sea, el pago de los intereses, que como dije alcanza al 23,6%. Todo ello suma un 66,5%, que son gastos no discrecionales que no podemos cambiar, aunque exista la voluntad de una modificación profunda en la estructura del Presupuesto Nacional.

Recién mencionaba el aumento que se ha dado en la evolución de los desembolsos financieros del Estado para pago de intereses de la deuda externa y vemos que desde 1999 a 2004 es de 93,6% el incremento que ha existido, un 127,6% en términos reales a partir de 1999. Se trata de una cifra realmente importantísima que de alguna manera condiciona las finanzas del país.

Por otro lado, tenemos otro cuadro que refiere a las transferencias financieras al sector de la seguridad social, de las cuales un 68% corresponden al Banco de Previsión Social, un 10% al Servicio de Retiros Policiales y un 21% al Servicio de Retiros Militares, lo que también es algo que condiciona de alguna manera las posibilidades de modificación presupuestaria.

En otro cuadro que es importante tener en cuenta figuran los Ministerios que están destinados a la producción del país, llámese Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería o Ministerio de Turismo. Entre las tres Carteras apenas se alcanza el 1,49% del Presupuesto Nacional. Solamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca alcanza el 1,14%; el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 0,19% -con la importancia que tiene este Ministerio para la producción nacional-, y el de Turismo apenas alcanza el 0,17%. En los últimos años ha habido un desmantelamiento, sobre todo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que origina esta situación realmente crítica en lo que tiene que ver con su estructura.

Con referencia al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, téngase en cuenta que apenas significa un 1,42% del Presupuesto Nacional, cuando en 1999 alcanzaba un 2,46%, con el agravante -según se nos ha informado- de que el Estado le debe al Fondo Nacional de Vivienda aproximadamente US$ 120:000.000. Es decir que de alguna manera ese dinero se fue en aquella "aspiradora" que se mencionó por parte de algún ex Ministro de Economía y Finanzas, sobre todo a raíz de la crisis del sistema financiero y bancario. O sea que se podrían haber destinado US$ 120:000.000 para atender las necesidades de vivienda de la gente; se podrían haber destinado US$ 120:000.000 para crear fuentes de trabajo, por lo que significa la construcción en la economía de un país. Esas son las realidades con las que nos encontramos; de alguna forma se buscarán soluciones graduales para ir absorbiendo esa deuda que se tiene con el Fondo Nacional de Vivienda.

Con referencia a los desembolsos financieros del Estado -como ya lo mencioné-, el pago de intereses en 1999 representaba un 9,66% y en 2004 alcanza a un 23,62%.

También ha habido una disminución en los porcentajes presupuestales para la ANEP y la Universidad de la República en prácticamente un punto desde 1999 a la fecha. Si observamos el cuadro correspondiente podemos apreciar que también hay una disminución importante de los recursos que se le otorgaban al INAME en 1999 con relación a los que se le otorgan en 2004. En 1999 prácticamente llegaban a dos puntos del Presupuesto Nacional y ahora apenas alcanzan a un punto y medio, lo que quiere decir que también se produjo una pérdida muy importante.

Hay un dato que es bueno tener en cuenta porque muchas veces nosotros -no digo en forma ligera, pero sí por falta de conocimiento- decimos "vamos a reestructurar el Presupuesto" y lo primero que se nos viene a la cabeza es el Ministerio de Defensa Nacional. Es así; lo tenemos que reconocer. Sin embargo, en los últimos años ha habido una disminución de la incidencia del Ministerio del Defensa Nacional en el Presupuesto Nacional. Véase que en 1989 la incidencia en el Presupuesto para el Ministerio de Defensa Nacional era del 12%. Luego, en 1994, era del 11,28%; en 1999, del 8,42%; en 2001, del 7,17%, y llega a 2005 en un 5,66%. Es decir que prácticamente disminuyó en un 50% la asignación al Ministerio de Defensa Nacional, cosa que es bueno tener presente para analizar con exactitud lo que estamos diciendo.

Señora Presidenta: todos tenemos un documento del Instituto Nacional de Estadística del año 2004 que refiere a las estimaciones de pobreza por el método del ingreso. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero también, cuando ha culminado el período de un Gobierno como el que presidía el doctor Jorge Batlle, es bueno recordar que desde 1999 a la fecha la pobreza se ha duplicado en nuestro país. Tengo algunas cifras. De las 108.200 personas indigentes de 2004, se estima que 44.600 son adultas y 63.600 son menores de dieciocho años. Por otra parte, en términos absolutos, la cantidad de personas indigentes en localidades de cinco mil habitantes o más se encuentra entre las 95.000 y las 121.000 personas. Además, tenemos que recordar que se ha denunciado por parte del Ministerio de Desarrollo Social que cuando se va a determinadas localidades de menos de cinco mil habitantes se encuentra un índice de indigencia muy importante. La cantidad de personas pobres, incluidas las indigentes, se encuentra entre las 831.700 y las 908.300. Siempre me refiero a localidades con más de cinco mil habitantes; por lo tanto, cuando hablamos de un millón de personas, evidentemente no le erramos; sin duda andará por esa cifra.

La pobreza en las personas creció puntualmente en 2004, alcanzando en promedio un 31,2% frente a un 30,9% registrado en 2003. Los hogares indigentes se caracterizan por estar compuestos por muchas personas, gran parte de estas son menores y pocas de ellas perceptoras de ingresos. Es importante señalar que se observa un incremento en el tamaño de los hogares indigentes y en la proporción relativa entre sus componentes respecto al año anterior, revirtiendo la tendencia descendente experimentada en los últimos años. Además, son más los hogares indigentes con jefatura de mujer, que es otro elemento que debemos tener en cuenta.

Acá hay un cuadro que se publicó en un medio de comunicación -y está verificado-, que muestra que el 31% de la población de nuestro país es pobre; que el 54% de los niños menores de seis años es pobre; que el 52% de los niños entre seis y doce años es pobre...

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Discúlpeme, señor Diputado. Lo voy a interrumpir para solicitar a las señoras y señores integrantes de este Cuerpo que tengan la amabilidad de suspender sus conversaciones particulares para poder escuchar, como corresponde, al señor miembro informante. Esta invitación está dirigida a todas y a todos los integrantes de este Cuerpo.

Puede continuar el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR IBARRA.- Muchas gracias.

El otro dato que nos brinda el INE a través de esa publicación correspondiente a las estimaciones de pobreza según el ingreso del año 2004, señala que el 47% de los jóvenes cuya edad oscila entre trece y diecisiete años, es pobre; que el 27% de los adultos es pobre; que el 10% de los adultos de la tercera edad es pobre.

Cuando nos vemos en la necesidad de evaluar el desempeño presupuestal del año 2004 no podemos dejar estos datos de lado. Por este motivo marcamos lo que significa el incremento desmesurado de la deuda pública, algunas desproporciones importantes en lo asignado a cada Ministerio desde el punto de vista porcentual con respecto al total del Presupuesto Nacional, y por eso marcamos que, lamentablemente, no se encontraron los mecanismos para utilizar como corresponde los recursos de la ciudadanía que volcó el pueblo, a través de los jubilados y de los asalariados, al Fondo Nacional de Vivienda, originando esa deuda que supera los US$ 120:000.000, que sin duda significa un gran atraso desde el punto de vista de que muchos ciudadanos puedan tener su vivienda y además en cuanto a la imposibilidad de crear fuentes de trabajo activas a través de la construcción. Todo esto sucede por no haberse utilizado esa partida.

En cuanto al mercado de trabajo, reitero que la tasa de desempleo llegó a 13,1%, que equivale a 164.300 personas desocupadas. La estimación para los meses comprendidos entre abril y junio de este año que hace el Instituto Nacional de Estadística sitúa ese dato en 12.3%, lo que implica que existen 155.000 uruguayos en situación de desocupación abierta, sin ningún tipo de empleo. Aún continúa creciendo el número de desocupados que no impone ninguna condición para aceptar un empleo.

Otro dato preocupante con respecto al mercado de trabajo y que se ha configurado como elemento estructural en la economía uruguaya es que, según el INE, gran parte de los empleos creados durante el año 2004 fueron de mala calidad. Lo están diciendo todos los voceros del Poder Ejecutivo y, por supuesto, también es reconocido por los anteriores gobernantes. Hay una creación de empleo de mala calidad, si se considera como restricciones tanto el subempleo de personas que trabajan menos de cuarenta horas semanales y que desean y pueden trabajar más, como el hecho de no estar registrados en la seguridad social. Fíjese qué cifras, señora Presidenta; es bueno que queden registradas en la versión taquigráfica. El 45% de la población ocupada en el año 2004 tuvo restricciones o problemas en el empleo. Si sumamos los desempleados plenos a los empleados con restricciones, notamos que más del 50% de la población activa tiene problemas de trabajo. ¡Si habrá que trabajar para cambiar esta situación!

Esta es una de las principales preocupaciones del actual Gobierno en tanto se están violando derechos elementales de los trabajadores y dada la estrecha vinculación que varios estudios han demostrado entre las condiciones del mercado de trabajo y los problemas de pobreza y marginación existentes.

Por otra parte, notamos que los trabajadores vieron reducir sustancialmente su poder de compra a lo largo de la crisis. Recordemos que en el período comprendido entre los años 1998 y 2004 el salario real medio cayó un 18% y el salario real privado se redujo en una cuarta parte, es decir, en un 25%. A lo largo del año 2004 el salario real promedio no creció y en los primeros cuatro meses del año el salario real creció solo el 1% con respecto a diciembre de 2003. Esto constituye un pesado legado de los Gobiernos anteriores y un desafío que enfrenta y acepta el Gobierno progresista.

En este sentido, a pesar de las enormes restricciones fiscales que enfrentamos, se han puesto en marcha prácticamente en más de un 90% los Consejos de Salarios y se ha firmado un acuerdo marco con los trabajadores públicos tendiente a recuperar en los próximos cinco años la caída real de sus ingresos durante la crisis. Este es el compromiso que ha asumido el actual Gobierno.

Más allá de reconocer, a través del Informe Económico-Financiero que nos remitió el Poder Ejecutivo, que en el año 2004 existió un verdadero proceso de recuperación luego de la tremenda crisis del año 2002, mencionamos otras cifras que tienen que ver con el incremento de las exportaciones y de las importaciones, un fortalecimiento gradual del sistema financiero y, al mismo tiempo, desde el punto de vista económico y social hemos querido señalar con absoluta claridad nuestra preocupación por atender las necesidades de la economía uruguaya, de la hacienda de la nación y de lo relativo a las necesidades de la gente.

En ese sentido, se está actuando a través de determinados mecanismos que a mediano plazo darán el resultado que corresponde.

Mi sector político aconseja la aprobación del proyecto de ley que informamos en el Anexo XIII al Repartido Nº 303, de agosto de 2005.

Sin duda, luego de considerar el proyecto en general analizaremos en forma detenida el articulado, en el que se propone la aplicación de ciertas medidas -algunas muy interesantes- relacionadas directamente con una recuperación gradual del salario de los trabajadores públicos; con otorgar a la televisión nacional y a las radiodifusoras del SODRE una partida para que se puedan desenvolver correctamente; con las facultades que se dan a la Corte Electoral para fiscalizar determinadas elecciones, lo cual fue propuesto por legisladores del Partido Nacional y apoyado por nosotros; con la regularización de una compensación personal para los funcionarios del Poder Judicial, que estaba en discusión desde hace muchos años; y hay otra medida relacionada con la registración de algunas deudas que tampoco fueron tenidas en cuenta en su oportunidad. Me refiero, por ejemplo, a la deuda que se tiene con el Fondo Forestal, que es de alrededor de US$ 20:000.000, y a una deuda -también importantísima- de US$ 24:000.000 por la falta de pago de la afiliación a los organismos internacionales, lo que en algunos casos ha originado problemas de representación y de votos.

También se plantea, a través de dos artículos, la regularización de becarios y pasantes a nivel del Banco de Previsión Social, lo que es imprescindible y de alguna manera constituye un adelanto de lo que va a establecerse próximamente, según el acuerdo que realizara nuestro Gobierno con los trabajadores de COFE para dar estabilidad a 8.500 ó 9.000 funcionarios que están en carácter de becarios, pasantes o contratados de distintas formas. Seguiremos analizando esto cuando abordemos el articulado en particular.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el miembro informante de la primera minoría, señor Diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Antes se le llamaba minoría mayor, señora Presidenta; pero está bien: somos la primera minoría.

Con mucho gusto vamos a referirnos a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2004 que nos ha remitido el Poder Ejecutivo junto con el Informe Económico-Financiero que, al igual que un voluminoso planillado, forma parte de la Rendición de Cuentas que hemos considerado.

En primer lugar, quiero destacar que en la Comisión se trabajó armónicamente, desarrollando un debate profundo, bien organizado, bien dirigido por el Presidente -que fue el señor Diputado preopinante-, que siempre fue muy respetuoso de todas las opiniones. Además, contamos con una excelente asistencia de los funcionarios que colaboran con la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda.

La bancada del Partido Nacional votó negativamente la Rendición de Cuentas en general; también votó negativamente la mayoría de los artículos, aunque apoyó algunos de ellos. Además, presentó varios aditivos, y uno de ellos -al que acaba de hacer referencia el señor Diputado Ibarra-, referido a la Corte Electoral, resultó aprobado. Sin embargo, la mayoría de esas propuestas no fueron apoyadas por la Comisión y, por lo tanto, no se encuentran incluidas en esta Rendición de Cuentas, aunque en la Mesa ya se han presentado cuatro artículos -aditivos o sustitutivos- para que sean considerados en su momento.

Hemos votado negativamente la Rendición de Cuentas por varias razones. La primera de ellas es que nos ha costado mucho compatibilizar la recomendación del Poder Ejecutivo con su discurso, y nos ha costado más aún compatibilizar el discurso del Poder Ejecutivo con la recomendación de votar afirmativamente este proyecto y con el discurso -o parte de él- que consta en el informe de la mayoría.

Analizamos los números en puridad; en esencia, eso es la Rendición de Cuentas de una Administración que no es esta, sino la del Gobierno pasado. La Rendición es remitida por este Gobierno; es una tarea nada sencilla. Pero el Gobierno no lo hace de manera aséptica, no cumple con el mero trámite de decir en el primer artículo cuál es el gasto ejecutado y cuál el déficit emergente, sino que abunda en el Informe Económico-Financiero que acompaña conceptualmente la gestión de este último año de Gobierno bajo el título "La situación macroeconómica durante el año 2004".

Esto se hace sin ahorrar loas y conceptos que expresan que se comparte buena parte de la gestión del Gobierno anterior en materia económica y financiera, lo que, sin duda, es la primera definición que en esta materia el Gobierno adelanta en cuanto a cuál será la filosofía del Presupuesto Nacional y, por ende, cuáles serán los criterios rectores de su política macroeconómica y presupuestal.

Hay cantidad de conceptos que expresan que el Gobierno comparte la gestión pasada. Se habla del nivel de la actividad económica y se dice que "El nivel de actividad económica exhibió un fuerte ritmo de crecimiento en el correr de 2004, consolidando el proceso de recuperación insinuado en 2003", con lo que, obviamente, reconoce que toma un Gobierno que viene consolidando una recuperación económica y que tiene un fuerte crecimiento en 2004, el último año de esa Administración. Por supuesto, esto constituye un dato central de la herencia económica con que se inicia este Gobierno.

Se agrega, además, que "Del punto de vista de la demanda, el crecimiento económico se explicó tanto por el dinamismo del gasto interno como de la demanda externa". Dice también que "En materia de comercio de bienes, en 2004 las exportaciones exhibieron un marcado aumento, de 32,5% medidas en dólares según datos provistos por el Banco Central del Uruguay (BCU)", y que "las importaciones también registraron un notable aumento, de 42,2% en 2004, producto del dinamismo de la actividad y de la recuperación del gasto interno. En este sentido, corresponde destacar el acentuado dinamismo de las importaciones de bienes de capital [...]".

También habla de precios, salarios y del tipo de cambio, temas que no han dejado de estar en la agenda pública durante los primeros meses del actual Gobierno. Expresa que "En un contexto de mejora de la situación financiera del sector público y de política monetaria restrictiva, la tasa de inflación se redujo a 7,6% en los doce meses terminados en diciembre de 2004 (10,2% en 2003). De esa manera, el Banco Central alcanzó la meta original de una inflación entre 7% y 9% para todo el año. [...] Por su parte, en el transcurso de 2004 la cotización del dólar interbancario descendió 9,9%, para situarse en $ 26,4 al cierre de diciembre" -¡qué tiempos aquellos en que el dólar estaba a $ 26,4!- "(frente a $ 29,4 a fin de 2003). Vale mencionar que la trayectoria descendente exhibida por el tipo de cambio en los últimos meses de 2004 fue un factor fundamental en la desaceleración de los precios minoristas, ya que amortiguó el impacto de la acentuada suba de los precios internacionales de petróleo, de la energía en general, y de varios productos básicos".

Dice también que "En materia de remuneraciones, en un contexto de sensible aumento de los puestos de trabajo," -voy a reiterarlo porque acaban de decirse cosas que parecen no cerrar con esto: en un contexto de sensible aumento de los puestos de trabajo en 2004- "en 2004 el salario líquido medio interrumpió la tendencia descendente experimentada desde 2002 y, en cambio, registró una suba de 2,9%".

Además, hace comentarios en cuanto a las finanzas públicas y dice que en ese año "se verificó una sensible mejora de las cuentas públicas, en virtud de una pronunciada suba de los ingresos tributarios en conjunto con una política de contención de las erogaciones. [...] En ese contexto de acentuado aumento de los ingresos, el gobierno decidió aplicar una reducción impositiva, principalmente mediante la eliminación de las alícuotas adicionales de los impuestos introducidos en forma transitoria durante la crisis vivida en 2002". O sea que este informe dice que en el último año del Gobierno pasado hubo una reducción de impuestos, que se bajaron los impuestos.

Se sigue hablando de este contexto de mejoras y perspectivas financieras favorables que permitieron que el Gobierno continuara accediendo a los mercados internacionales de capitales, y de los logros de colocaciones de marzo y octubre del pasado año, que hicieron posible la obtención de varios millones de dólares para hacer frente a los compromisos.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Bentancor)

——Este informe de la macroeconomía de 2004 no podría justificar para nada lo que han sido otras expresiones del Gobierno, inclusive en la Comisión, que pueden sintetizarse en la últimamente muy utilizada expresión de "herencia maldita". No se puede entender cómo una herencia maldita tuvo tan buenos resultados económicos, tanto que el actual Gobierno no votó ni una de las Rendiciones de Cuentas del anterior período, salvo esta última, ahora que es Gobierno. Parece que esa herencia maldita ha servido para justificar errores, muchos de los cuales son justificables en sí mismos por el reciente acceso al Gobierno de una fuerza política que no había tenido esa posición con anterioridad, pero que se justifican en las pésimas condiciones, en todo sentido, en que se recibió el país y sirven para justificar marchas y contramarchas en medidas iniciales que fueron producto de anuncios del propio 1º de marzo y que luego experimentaron notorios cambios en las decisiones gubernamentales. Esa herencia no se ve reflejada en lo que el Gobierno fundamenta para la recomendación de votar afirmativamente esta Rendición de Cuentas que, si bien en el artículo 1º es la del anterior Gobierno, cuenta además con otros veinticuatro artículos que este Gobierno sustenta con mucho calor, algunos de los cuales son materia presupuestal y varios están en una ley de tipo presupuestal, pero no lo son. Ese solo factor ya haría justificable que el Partido Nacional no votara, en términos generales, esta Rendición de Cuentas, dejando la expresión de su voluntad particular para cada uno de los artículos a considerar posteriormente.

Además, debemos decir que tampoco compartimos un aspecto no explicitado en la Rendición pero que se insinúa a lo largo de toda ella, que tiene mucho que ver con la filosofía con que el Gobierno la ha hecho y sobre la que queremos marcar, desde ya, nuestra discrepancia, para ir anunciando posiciones hacia la próxima elaboración y discusión del Presupuesto Nacional. Esta manifestación es relativa a la reiterada práctica, que se desprende de varios artículos, de derogar aspectos que están en la ley y dejarlos para que luego sean regulados por decreto. La ley, sobre todo en temas presupuestales, tiene la garantía de su estabilidad y, además, la que le da el hecho de poder ser discutida por el órgano más representativo de la soberanía, que es el Parlamento.

La Constitución se cuida mucho de dar al Poder Ejecutivo todas aquellas herramientas necesarias para que pueda ejecutar y gobernar, pero también se cuida mucho de que el Parlamento pueda ejercer los controles y repose en él la soberanía popular para decidir algunos temas que no pueden ser materia de la voluntad exclusiva de quien ejerce el Gobierno. La Carta es cuidadosa en varios aspectos, y en su artículo 214 nos obliga, por ejemplo, a pasar por las Rendiciones de Cuentas anuales y consagrar en ellas las modificaciones que se realicen en los períodos comprendidos entre un Presupuesto y una Rendición de Cuentas o entre dos Rendiciones. Sin embargo, esta Rendición de Cuentas no contiene la principal modificación presupuestal que hizo este Gobierno con carácter de urgencia y con nuestro apoyo, que es la referida a la creación del Ministerio de Desarrollo Social.

Este es un Ministerio que está dotado de funcionarios, que se ha integrado y ha heredado créditos, partidas presupuestales y funcionarios de otros organismos que se incorporaron a él, como por ejemplo el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud y el Programa de Infancia y Familia; pero también tiene otras obligaciones presupuestales que se vienen cumpliendo con refuerzos de partidas del Poder Ejecutivo y que no han llegado en esta Rendición de Cuentas.

También hay otra ley aprobada con carácter urgente en este Parlamento, que destina US$ 50:000.000 para uno de los siete programas de ese Ministerio, que es el de Ingreso Ciudadano. Además, se consagra para este año, el próximo y parte de 2007, un total de US$ 200:000.000 -expresado en pesos- y se dice, en términos generales, que irá a esos programas, pero no se expresa cuánto a cada uno ni de qué manera. Esperábamos que en esta Rendición de Cuentas el Gobierno nos diera cuenta de esas modificaciones presupuestales, porque es obligación de todo Gobierno ejecutar el Presupuesto por lo menos mediante tres grandes conceptos o rubros, que son salarios y cargas sociales, gastos de funcionamiento e inversiones, pero no sabemos nada de cómo van a estar destinados esos recursos. Recordemos que el Presupuesto que ingresa al Parlamento dentro de unos días, supuestamente va a dar cuenta de la estructura presupuestal de ese nuevo Ministerio a partir del próximo año, pero este año esa Cartera ejecuta sin autorización parlamentaria. Pensábamos que aquí íbamos a tener esos datos, pero no tuvimos ni un dibujo ni una explicación.

Por otra parte, en varios de sus artículos se expresa la liberación de partidas presupuestales consagradas legalmente, con acuerdo o no de este Gobierno, que se derogan. Más allá de su destino -que vamos a debatir cuando llevemos adelante la discusión particular-, se establece que la reglamentación del Poder Ejecutivo determinará precisamente el destino y su forma de distribución. Lo mismo hace el artículo 7º, con una partida que se ahorra a través de lo determinado en el artículo 6º.

Estamos de acuerdo con la negociación salarial que lleva adelante este Poder Ejecutivo a través de los Consejos de Salarios implementados y que se vienen desarrollando en el sector privado. El Gobierno también ha innovado en la discusión con el sector público, y nos parece bien. No nos parece bien que la discusión de los salarios públicos se pacte fuera del ámbito parlamentario y se deje al Parlamento, simplemente, como un organismo dedicado a cumplir el trámite de liberar partidas para que luego, en la mesa de negociación entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos, se establezca cómo aplicarlas. No nos parece bien a nosotros ni tampoco a la Constitución de la República, que en su artículo 86 establece con claridad que toda modificación en esa materia -se refiere a ella con el carácter más amplio posible, usando la palabra "dotaciones", para que queden incluidas todas las posibles modificaciones de ingresos de los funcionarios- requiere ley, y esta debe ser de tipo presupuestal. Nos parece bien la negociación, pero la decisión es compleja y requiere iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobación del Parlamento. Esta voluntad se compone e integra por la que el Poder Ejecutivo indica en su iniciativa privativa y por la que el Parlamento expresa con su voluntad soberana, en cuya conformación el partido que ejerce el Poder Ejecutivo tiene mayoría y, por lo tanto, no debería dudar; pero debe ser por aquí por donde debe pasar.

Entonces, no compartimos esa filosofía que se desliza, casi sin expresarlo, en esta Rendición de Cuentas y que anuncia que, quizás, este será el estilo de los próximos tiempos. El Poder Ejecutivo tiene todo, aun las mayorías parlamentarias requeridas para cumplir con las exigencias de la Constitución y la ley, sin necesidad de buscar estos vericuetos que hacen que la bancada del Partido Nacional vea como negativas estas iniciativas.

Reitero que habríamos preferido dar aquí la discusión sobre los contenidos presupuestales de ese Ministerio recientemente creado. Vamos a hacer algunas precisiones muy concretas cuando lleguemos a la discusión de algunos artículos.

Quiero dejar para la discusión particular las referencias puntuales al articulado, pero brevemente deseo decir que los artículos 2º al 5º han merecido una importante discusión en la Comisión y fueron objeto de una visita gremial, la de COFE, a fin de conocer su opinión al respecto. El Partido Nacional ha votado en forma negativa estos artículos porque lesionan derechos y porque no son coherentes en sí mismos a partir de la corrección que la bancada mayoritaria hizo mediante un aditivo de último momento que deja sin efecto las consecuencias y resultados de lo que se quiso crear por el artículo 3º, es decir, de la partida que se quiso liberar. La única y terrible diferencia es que el artículo 3º consagra una partida por ley mientras que el aditivo al artículo 4º la deja vigente pero con un destino que determina el decreto, una vez más.

Tampoco coincidimos con los artículos 6º y 7º. Tuvimos que ir a la letra chica para desentrañar qué se quería decir en ellos. En realidad, solo están justificados para eximir a la Dirección Nacional de Aduanas de la imposibilidad que tiene de participar de un fondo salarial para los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a decirlo claramente, porque tuvimos nuestras coincidencias y nuestras discrepancias cuando analizamos en el ámbito de la Asamblea General la reforma de la Dirección General Impositiva. Aquí lo que se hace -es la letra chica- es prever que lo que sobró para esa reforma, que son nada menos que US$ 32:000.000, puedan ser destinados para la reforma de la Dirección Nacional de Aduanas y exclusivamente para sus sueldos. No tenemos nada contra ellos, pero nos gustaría que cuando se trata de sueldos, tal como lo establece la Constitución, sea el Parlamento quien laude, quien decida, quien consagre esos aumentos de sueldo; ya sean aumentos, mejoras, retribuciones o reestructura, todos corresponden al ámbito de la ley. Aquí, casi en puntas de pie, la ley habilita a que esa partida se destine a un fondo, que luego el Poder Ejecutivo determinará en qué porcentaje va dirigido a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, entre los que la ley incluye -porque elimina la excepción- a los de la Dirección Nacional de Aduanas, es decir, la unidad ejecutora 007 de dicha Cartera.

Entonces, también votamos en contra. Pero queremos decir con claridad que no es que estemos en contra, sino que nos gusta que estas cosas se expresen, se discutan y se aprueben. También es cierto que preferimos -el aditivo está en la Mesa- que esos US$ 32:000.000 vayan a cumplir otro de los compromisos que muchos asumimos en la elección -cuando digo muchos, me refiero a mi Partido en su programa de gobierno, y también al partido de Gobierno-, que es subir las jubilaciones de quienes ganan menos de $ 3.000.

Sin duda, también corresponde, por mandato constitucional, que esta decisión tenga iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Pero debe estar financiada, y aquí el financiamiento parece estar porque hay una partida de ese monto, disponible, sin destino y recaudada. Tanto es así que el Poder Ejecutivo empieza a asignarle destino: el de la Dirección Nacional de Aduanas o el del fondo de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Preferiríamos que tuviera un destino más prioritario: el de los 110.000 jubilados que ganan menos de $ 3.000, entre los que están incluidos 11.500 que ganan menos de lo que se paga por Ingreso Ciudadano a aquellos que están catalogados como indigentes.

Podríamos seguir con otros artículos, como el que modifica la forma de elegir a los miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado -conocida como Junta Anticorrupción-, lo que no constituye una materia presupuestal. Se adapta la manera de nombrar y de destituir a los miembros de esa Junta que nos debe controlar, precisamente, a nosotros, los integrantes del sistema político; se la modifica y se la adapta a las mayorías del actual Gobierno. Esto no parece sano, porque lo que más debería desear el Gobierno, particularmente en estos tiempos, es que lo controlen, para demostrar la transparencia con la que ejecuta sus acciones.

Hay otros artículos más a los que queremos referirnos, pero vamos a abordarlos en la discusión particular.

Creo que hemos abundado en un informe, obviamente de tipo político, para fundamentar nuestra decisión, también política, de votar en contra este proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la discusión general.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GANDINI.- Concedo una interrupción a quien ha sido uno de los integrantes por el Partido Nacional en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: en la misma línea que el señor Diputado Gandini, en representación de nuestro sector, el Herrerismo, queremos dejar algunas constancias en la discusión general respecto a cuáles son las razones por las que votamos en contra este proyecto de Rendición de Cuentas.

En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento obvio, pero imprescindible. La Rendición de Cuentas es un documento político y, como tal, expresa la voluntad del Gobierno y la del partido que gobierna a través de señales que da, en este caso, al Parlamento.

Es cierto que la Rendición de Cuentas se hace por una obligación constitucional y este Gobierno viene a rendir cuentas del último año del Gobierno anterior. Es allí donde aparece la primera luz amarilla en este documento político: el partido de Gobierno redacta los fundamentos de la Rendición de Cuentas contradiciendo, por lo menos, un año de discursos políticos formulados a la luz pública, referidos al Gobierno anterior y a la gestión del Presidente Batlle.

Nosotros no venimos a defender al Gobierno del ex Presidente Batlle ni, por tanto, a aprobar su Rendición de Cuentas, porque el Partido Nacional tampoco votó las Rendiciones de Cuentas anteriores. ¡Ya tendrá el Gobierno del ex Presidente Batlle quien lo defienda acá! Pero sí es cierto -es una constatación evidente- que el partido de Gobierno escribe una cosa que no es lo que dijo a los uruguayos en el último año. Es decir que hay una fuerte contradicción en la concepción, por lo menos, de cómo encontraron al Estado, a la luz de lo que se dice en el informe en general de la Rendición de Cuentas.

La Rendición de Cuentas también recorre algunos aspectos que deben llamarnos la atención. Muchas veces se ha criticado las Rendiciones de Cuentas porque no deben ser normas que incorporen asuntos de toda naturaleza, ni formas de enmendar problemas que pueda tener la Administración. Sin embargo, el Gobierno repite la misma praxis, la misma experiencia anterior que tantas veces criticó, y encolumna, en veinticinco artículos, asuntos de toda naturaleza. Hay asuntos diversos y algunos que notoriamente no son de naturaleza presupuestal. Entonces, se repite la misma historia que se criticó durante tanto tiempo de incluir por la vía de la Rendición de Cuentas asuntos que no hacen a esta presentación.

En el debate en particular obviamente vamos a analizar artículo por artículo, pero quiero hacer una referencia general a cuatro que constituyen lo que se podría llamar -perdóneseme la expresión- la "vedette" de la Rendición de Cuentas, que se lleva todos los aplausos.

En primer lugar, me referiré al artículo 3º. Voy a repetir algo que dije en Comisión: el Gobierno nos sometió a una serie de sesiones, de clases y de lecciones acerca de las nuevas políticas salariales del sector público. Asistimos a una detallada explicación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre cómo es que ahora el sector público -por lo menos, el de la Administración Central- va a corregir los déficit internos que se provocaron durante años a partir de aumentos diferenciales y de desórdenes. Se nos dio una, otra y otra lección hasta que aprendimos. ¡Aprendimos la lección! El Gobierno se preparaba a una nueva política en materia salarial del sector público: no más diferenciación entre los iguales. ¡A los iguales, iguales! Todo esto aconteció hasta que faltaba un día para cerrar el debate. Y faltando un día, apareció el Gobierno con un aditivo que desdecía la lección de todo el mes y que figura en el último inciso del artículo 4º. Todo lo que estaba bien durante el mes, dejó de estarlo por la mágica aparición -seguramente, sugerida por el Gobierno- de un aditivo que decía que no era tanta la reforma que se pretendía hacer en la política salarial de los funcionarios. Cuando discutamos el artículo expondremos esto más en detalle.

En segundo término, quiero referirme al artículo 11 y a esta sorprendente actitud del Gobierno de querer modificar la mayoría parlamentaria para seleccionar los integrantes de la Junta Anticorrupción. Hablamos con los señores Ministros de Educación y Cultura y de Economía y Finanzas y debo reconocer la sensibilidad de un Representante del Gobierno, el señor Diputado Conde, quien afirmó en Comisión que estaba dispuesto a trabajar en una reforma del artículo tal como venía originalmente redactado.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Reconozco esa solidaridad, aunque para nosotros no fue suficiente la modificación introducida. Finalmente, se insiste en que el Gobierno y el partido de Gobierno podrán poner y sacar a los integrantes de la Junta Anticorrupción con sus exclusivos votos; se trabaja sobre una realidad política conocida: tienen mayoría absoluta en el Senado y se propone que esa mayoría ponga y saque a los integrantes de la Junta Anticorrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- El señor legislador se ha pasado un minuto de su tiempo.

Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Gandini.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una nueva interrupción?

SEÑOR GANDINI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Al señor Diputado Gandini le restan doce minutos.

Puede interrumpir el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: solo voy a ocupar tres o cuatro minutos más del tiempo del señor Diputado; luego expondré en detalle en la discusión particular.

En tercer lugar, quiero referirme a los artículos 18 y 20. Más allá de que el señor Ministro de Economía y Finanzas señaló claramente en Comisión que prefiere que cada organismo del Estado tenga su presupuesto y que sepamos claramente cuánto y cómo va a gastar cada uno -eso es lo que él quiere y prefiere-, el Gobierno insiste con el artículo 18, que implica otorgar partidas al SODRE a partir de lo que gastan otros funcionarios. Es decir que en el SODRE se crea un presupuesto que dependerá de los gastos de otros, pero no de su propia estimación presupuestal. Nos parece que ese es un camino equivocado; pero también tengo que hacer una salvedad: uno de los Diputados del Gobierno, integrante de la Comisión, dejó establecido -le tomo la palabra- que si el Gobierno elabora dentro del Presupuesto quinquenal un presupuesto para el SODRE, propondrá la derogación de este artículo, por el que se le otorga el 20% de los gastos en propaganda del Estado.

Finalmente, me resta hablar del artículo 20, que refiere a las tan manidas compensaciones de los funcionarios en comisión en el Ministerio de Desarrollo Social. Basta con leer la versión taquigráfica de las palabras vertidas por la señora Ministra Arismendi en esa jornada para advertir la falta de criterio que se tiene para solicitar esta partida. No sé si todos los compañeros de Comisión coincidirán -seguramente, no-, pero tengo la plena seguridad de que nadie -desde la Ministra hasta el último de los funcionarios, pasando por los miembros de la Comisión- sabe exactamente para qué es esta partida. ¡Nadie lo sabe exactamente! No se sabe si es complemento, compensación, sobresueldo, etcétera. Nadie sabe -ni siquiera la Ministra- cómo se va a utilizar ese dinero. Es decir que lo que se hace, una vez más, es aumentar una diferenciación entre funcionarios públicos, referida a esa política salarial de la que hablé al principio y que tan bien nos había explicado el Gobierno.

En líneas generales, estos son los argumentos que nos han llevado, por supuesto, a rechazar la presente Rendición de Cuentas; en el análisis del articulado daremos otros detalles.

Muchas gracias, señor Presidente y señor Diputado Gandini.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente...

SEÑOR CASARETTO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GANDINI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: en el mismo sentido que los señores Diputados preopinantes, en nombre de nuestro sector, Correntada Wilsonista, queremos dejar sentada nuestra posición contraria a la votación en general de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

No queremos abundar en argumentos ya manifestados, pero coincidimos plenamente con lo dicho por nuestro miembro informante en minoría en cuanto a la contradicción y el asombro que representa para nosotros ver expresiones como "fuerte crecimiento", "dinamismo productivo", "política monetaria prudente", "pronunciado aumento de los ingresos tributarios", "alcance de metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional" y "significativa mejora de los indicadores de solidez y liquidez de las instituciones de intermediación financiera".

Si nos hubiesen dado a leer este informe sin firma, nos habríamos quedado convencidos de que estaba hecho por el equipo económico del anterior Gobierno. Sin embargo, fue hecho por este equipo económico. Realmente nos sorprende la falta de coherencia con lo manifestado en los últimos tiempos.

Nuestro Partido hoy es coherente: no acompañó las Rendiciones de Cuentas de los años anteriores y tampoco acompaña esta. De cualquier manera, queremos resaltar la impresión que nos ha dejado el tratamiento de esta Rendición de Cuentas. Hemos notado algunas idas y venidas. Y no me refiero a idas y venidas en el articulado o en la redacción literal de algunos artículos, sino a idas y venidas en temas importantes y fundamentales, algunos de los cuales se han mencionado anteriormente.

Y hay algo que hasta ahora no se ha dicho en este debate: se trata del episodio registrado por el INAU en el tratamiento de esta Rendición de Cuentas. Cuando la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, estaba sesionando, y en presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, nos enteramos -y se enteró el propio señor Ministro- de que había llegado un mensaje enviado directamente, en contra de las normas vigentes, por el Directorio del INAU, reclamando la votación por parte de esta Comisión y del Parlamento de tres artículos referidos a la creación de 212 cargos, a una partida de $ 200:000.000 y a determinadas exoneraciones. Junto con este mensaje llegó una solicitud de entrevista del propio gremio del INAU, reclamando exactamente lo mismo. Y todo esto enmarcado en una situación social crítica en materia de minoridad, en la que día a día vemos las dificultades que este organismo está teniendo en el control de esta problemática.

¿Cuál es la reacción de nuestro Partido? ¿Cuál es la reacción de los cuatro integrantes de nuestro Partido en esta Comisión? La de recoger estos planteos del Directorio del INAU -que no debió hacerlos por esta vía; reconoció el error y está muy bien que lo haya hecho- y también del gremio, incluyéndolos mediante el famoso "Facúltase", dado que en la Rendición de Cuentas no tenemos la potestad para disponerlo. Y consultamos a la Directora del organismo acerca de si prefería esperar al Presupuesto Nacional -es decir, a que las normas entraran en vigencia dentro de cinco o seis meses, en enero- o que se proporcionaran los instrumentos necesarios a través de la Rendición de Cuentas. La sorpresa, en estas idas y venidas, fue la respuesta de la Directora del INAU, quien manifestó que no necesitaban este apoyo que nosotros estábamos dispuestos a darles por vía de la ley y que confiaban en los acuerdos alcanzados en estos días en la materia. Obviamente, nuestro Partido retiró esos tres artículos. Deseamos el mayor de los éxitos al INAU, que -según la versión de esta Directora- hoy vería solucionado sus problemas.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Solicito una nueva interrupción al señor Diputado Gandini.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Al señor Diputado Gandini le restan tres minutos de su tiempo.

SEÑOR DELGADO.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: no tengo inconveniente con esta prórroga, ni en dar una nueva interrupción al señor Diputado Casaretto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Se va a votar lo solicitado por el señor Diputado Delgado.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

El señor Diputado Gandini cuenta con quince minutos más para terminar su exposición.

Puede interrumpir nuevamente el señor Diputado Casaretto.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: este artilugio que utilizamos los sectores se basa en un acuerdo que hemos logrado todos los partidos aquí representados, en cuanto a que la fundamentación de la votación en la discusión general la realice un Representante por partido.

Con respecto a estas idas y venidas también es de mencionar el tema de COFE -ya tratado aquí- y las medidas en materia salarial. Como bien decía el señor Diputado José Carlos Cardoso, recibimos lecciones acerca de lo que estaba mal hecho y de cómo se debían hacer bien las cosas, pero de un día para el otro vimos con sorpresa que todo lo que se había dicho el día anterior se borraba con el codo. También señalo nuestra sorpresa porque los trabajadores, que sistemáticamente reclamaban soluciones legales, debido a las garantías que estas implican, aceptaban soluciones por decreto y compromisos firmados entre partes; aceptaban eso en lugar de una solución legal que el Parlamento les estaba ofreciendo.

En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, aquí se decía: "No sabemos para qué es esta partida que hoy estamos votando". Algunos dijeron que era para dar $ 5.000 a cada funcionario en comisión; otros, que era para equiparar las pérdidas que los funcionarios tienen al pasar en comisión -sin embargo, a través de un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil constatamos que no es así-; y otra postura, que era para igualar a los funcionarios que pasan en comisión y que, por provenir de diferentes organismos, perciben distintas remuneraciones. Por lo tanto, seguimos sin saber para quién es este dinero. Nos preocupa la discrecionalidad con la que se llegue a manejar la instrumentación de este Ministerio, no solo en la conformación y en la elección de los pases en comisión, sino también en los beneficios. Aquí también tuvimos una sorpresa. COFE nos manifestaba que estaba en contra de este tipo de prebendas, premios y beneficios porque hacen que las remuneraciones de los funcionarios públicos sean desiguales, pero en este caso se nos manifestó que era una situación distinta y que esto era urgentísimo. Creemos que urgentísimo sería que hubiesen venido las normas permanentes que estamos reclamando para el Ministerio de Desarrollo Social. La señora Ministra no nos supo explicar cuáles son las tareas de mayor rendimiento, ni nos supo explicar quiénes van a ser pasibles, o no, de cobrar este beneficio, es decir, si el telefonista no lo cobra y el que trabaja los fines de semana sí, o bien lo hará aquel que trabaja una hora más fuera de horario. Creemos que el manejo de este tema no ha sido del todo serio, especialmente cuando se trata de partidas tan importantes.

Por último, queremos destacar, a cuenta de profundizar en cada uno de estos temas -porque los debates en esta Comisión no han tenido desperdicio, con las sorpresas que hemos recibido-, que esta Rendición de Cuentas consagra un instrumento muy peligroso, en el nuevo juego, en el nuevo relacionamiento, que es la medida instituida para la elección de los integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. Aquí se decía muy bien: "Esta Junta es la que nos controla a todos". Cuando el legislador la creó, buscó los mecanismos necesarios para obligar a quien estuviera en el Gobierno a buscar consensos, para que un solo partido no tuviera la posibilidad de elegir, discrecionalmente, a los integrantes de un organismo con una función tan delicada. Con la medida que hoy se consagraría a través de esta Rendición de Cuentas, estaríamos dando la potestad al Gobierno -que hoy es del Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría, pero mañana puede ser otro partido, cualquiera sea- de elegir, discrecionalmente, a los miembros de esta Junta que va a controlar a todo el sistema político.

Se nos ha dicho que estos nombramientos van a perseguir los consensos, que van a darse las garantías necesarias para que estas personas reúnan el consenso de todo el sistema político. Pues, señores: si se va a recorrer ese camino, ¿por qué cambiar la forma de elección de estos miembros o, lo que es peor, su forma de destitución?

En nombre de nuestro sector, Correntada Wilsonista, y a cuenta de lo que vamos a manifestar en cada uno de los artículos cuando pasemos a la discusión particular, era cuanto queríamos consignar. Seguramente no está en la voluntad de ninguno, pero luego de estas idas y venidas que ha tenido el Poder Ejecutivo en esta materia es evidente que vamos a cometer errores, vamos a sentar algunos precedentes peligrosos y, lo que es peor, vamos a legislar en temas que muchas veces no nos competen, cuando estamos a las puertas de un nuevo Presupuesto Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Gandini, a quien le restan diez minutos.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: en términos generales ya he manifestado todo lo que quería decir con relación a esta Rendición de Cuentas, que, además, se complementa con lo que han dicho los dos señores Diputados preopinantes. En esta discusión general hemos terminado la presentación de nuestro informe en minoría.

Gracias.

——Señores legisladores: por alguna razón técnica que los funcionarios no han podido identificar, en la Sala hay olor a quemado. Por lo tanto, rápidamente vendrán integrantes del Cuerpo de Bomberos para hacer una inspección. Es por ello que la Mesa propone un intermedio de quince minutos para que se revise la Sala.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 18 y 2)

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 25)

——Queremos informar a los integrantes del Cuerpo que el humo provenía de un incendio en la azotea. Felizmente, está solucionado el problema por la intervención de los bomberos y los funcionarios de la Casa.

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el segundo miembro informante en minoría, señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señora Presidenta: corresponde, como siempre en estas situaciones, y en este caso especialmente merecido, agradecer a todos los funcionarios, que han trabajado con entusiasmo y tesón durante el proceso de discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Comisión. También corresponde felicitar, por su gestión, al Presidente de la Comisión integrada, señor Diputado Ibarra, que siempre la condujo con la ecuanimidad que lo caracteriza.

De acuerdo con lo pactado con otros partidos políticos, pretendo ser relativamente breve en esta primera intervención y dividirla en dos partes. La primera está relacionada con el artículo 1º, especialmente con el Informe Económico-Financiero que acompaña este proyecto de Rendición de Cuentas, y la segunda la destinaré a hacer algunos comentarios acerca de los artículos 2º a 25, es decir, el resto del articulado.

Es sabido que acompañaremos en general este proyecto porque entendemos que el centro, la médula, lo que no puede faltar nunca en una Rendición de Cuentas es lo que contiene el artículo 1º, y también por el Informe Económico-Financiero, con el cual estamos absolutamente de acuerdo.

Quiero hacer un especial reconocimiento a la forma en que se elaboró este Informe Económico-Financiero, porque en una circunstancia como la actual, en la que entra un Gobierno nuevo -nuevo en todo sentido, porque nunca había estado en la conducción de los asuntos del país- y sale otro -con el que aquel en los últimos tiempos había discrepado particularmente en forma notable, diría que en casi todos los temas-, no es sencillo poner punto final a un debate sobre cuál es la circunstancia y la forma en que se entrega un Gobierno con un informe de las características del que analizaremos, firmado por el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y por todos sus Ministros. Sin ninguna duda, desde el punto de vista político, esta es la verdad oficial de la forma en que se recibió el Gobierno.

No me voy a extender largamente en esto, pero basaré mi intervención fundamentalmente -diría más: exclusivamente- en el informe del Gobierno en pleno acerca de esta Rendición de Cuentas, en las expresiones tan esclarecedoras del señor Ministro Astori cuando concurrió a la Comisión y explicó la forma en que se recibía la economía, y en algunas cifras del informe de coyuntura elaborado por el Área de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. En síntesis, basaré mi informe solo en esos datos, es decir, en las cifras oficiales del actual Gobierno, en la palabra del señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, y en el informe de coyuntura de la Universidad de la República.

Respecto de los niveles de actividad y empleo, en el año 2004 el crecimiento fue del 12,3%, el mayor que conoce el país desde que existen estadísticas.

En lo que tiene que ver con distintas áreas, la agropecuaria registró su máximo nivel en la historia, ya que nunca hubo un nivel de actividad en ese sector tan alto como el actual. La industria creció en forma espectacular, así como el turismo, los servicios, el comercio, es decir, absolutamente todo. ¿Cómo crece esto? En base a demanda interna y externa.

En lo que respecta a la demanda interna, queremos especialmente subrayar, como lo hizo el señor Ministro Astori en la Comisión, el formidable incremento del 73% en inversión fija, es decir, en maquinarias y equipos. Por lo tanto, a lo que refería el señor Diputado Ibarra en el sentido de que ya todos los recursos ociosos se estaban ocupando, hay que sumar un crecimiento en inversión fija, especialmente en maquinaria y equipos, como nunca se había dado en la historia del país.

Respecto al empleo, es cierto lo que se afirma en cuanto a que el promedio de la desocupación en 2004 fue del 13,1%. A su vez, en febrero de 2005 la tasa de desempleo era del 11,8%, mientras que la tasa de empleo también creció como nunca.

Las exportaciones en 2004 registraron un récord histórico. Nunca se exportó como en 2004, y esperamos y creemos, porque los caminos están abiertos para hacerlo, que este año se alcance un nuevo récord histórico. Y eso se logra de una manera muy especial: diversificando los destinos. En 1998, el 55% de lo exportado era para el MERCOSUR, pero hoy es menos del 25% ya que, en términos globales, aumentó en forma extraordinaria el mercado de América del Norte -hoy es poco más del 25%-, otra cuarta parte se destina a Europa y la otra cuarta parte a Asia. Esto es extraordinariamente importante. Además, tenemos la impresión de que el Gobierno actual -por lo menos, parte de él- va en esa misma línea, es decir, tratando de aumentar las exportaciones a esos países, y seguramente en no mucho tiempo la aprobación de tratados de inversión con algunos países -tema muy debatido-, concretamente con los Estados Unidos, permitirá que esta corriente crezca.

Los precios estuvieron dentro de lo previsto; el equipo económico hablaba de entre un 7% y un 9%, y fueron de un 7,6%.

El dólar interbancario tuvo un comportamiento a la baja, y en 2004 cerró a $ 26,40, lo que hizo que en tantos casos fuéramos absoluta y duramente criticados por el tan mentado atraso cambiario contra el sector productivo, pero ahora, naturalmente como todos lo vemos, cotiza a algo más de $ 24. Además, esto provoca que el costo de la deuda pública baje proporcionalmente, en la medida en que el Estado tiene ingresos en pesos y deudas en dólares: cuanto más bajo se cotice el dólar, la proporción y el peso sobre el producto bruto bajará.

En 2004, el salario líquido medio subió casi un 3% de punta a punta.

En cuanto a las finanzas públicas, el déficit cayó del 3,3% al 1,9% en los años 2003 y 2004. Esto se da por dos razones: por la mejora de la recaudación, que fue muy importante, y por la disminución de gastos. En el año electoral la disminución de gastos en términos porcentuales con respecto al producto bruto interno es bien importante.

Quiero decir que en el año 2004 se cumplió con un compromiso que había asumido el Gobierno en 2002. En aquellos momentos tan complejos pedimos el voto a legisladores de todos los partidos a los efectos de poner impuestos. Queremos que se sepa que valoramos especialmente el coraje de quienes, no siendo de nuestro Partido -el partido de Gobierno de aquel entonces-, levantaron su mano para votar más impuestos y salir de esa situación tan compleja. Cuando consideramos ese proyecto de ley nos comprometimos a eliminar dichos impuestos cuando la situación se superara. Y me tocó a mí en aquel momento, como miembro informante, decir a la Cámara que lo que proponíamos lo íbamos a cumplir, si las condiciones se daban. Deseo manifestar que una de las grandes satisfacciones que uno puede tener en esta actividad política es cumplir y que se den los elementos para ello. Es así que en el año 2004 se eliminaron todos los impuestos adicionales que se votaron en 2002 y algunos más. A pesar de ello, los ingresos siguieron creciendo, gracias a la muy fuerte recuperación que tuvo el país en ese año.

El riesgo país, al 28 de febrero de 2005, fue de 336 puntos, lo que permite que el Estado acceda a los mercados de crédito para financiarse. Eso es lo que ha hecho que en varias oportunidades este Gobierno haya acudido a ellos y no haya tenido ningún problema para financiar la deuda.

Por lo tanto, de alguna manera quiero expresar mi beneplácito por la franqueza que ha tenido el Poder Ejecutivo, presidido por el doctor Vázquez y conformado por todos sus Ministros, al dar por saldada la discusión acerca de cómo este Gobierno recibió el país. Basta con leer el Informe Económico-Financiero -desde mi punto de vista hecho con absoluta objetividad- para ver que se recibió el país con un fuerte, sostenido y permanente crecimiento.

El señor Diputado Ibarra hizo referencia a cómo se distribuyen los dineros en el Presupuesto, a qué Ministerio gasta más y a cuál gasta menos y manifestó alarma porque Ministerios de la producción como el de Ganadería, Agricultura y Pesca o el de Turismo tuvieran una parte muy pequeña del Presupuesto. En realidad, estos Ministerios no están para gastar, sino para que los sectores funcionen bien. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no es mejor si gasta más, sino que es mejor si el sector funciona bien; y lo mismo ocurre con el Ministerio de Turismo. Creo que las cifras que nos propone el Gobierno acerca del formidable desarrollo de la agropecuaria y del turismo son definitivas para decir que se ha gastado bien y que se ha cumplido con las metas que se tenía.

El señor Diputado Ibarra también nos ha dicho con alarma -no sé si positiva o negativa; seguramente, más adelante en la discusión nos aclarará su posición- que lo que se gastaba antes en el Ministerio de Defensa Nacional constituía el 12% del Presupuesto Nacional y ahora es el 5%. No sé hoy, pero haber dicho esto hace tres años hubiera sido extraordinariamente positivo para la fuerza que hoy es Gobierno, y por eso quiero que se me aclare -después, no ahora- si esto es visto con valoración positiva o negativa.

Como hemos dicho, vamos a votar afirmativamente el artículo 1º y, por lo tanto, en general este proyecto de ley. Con nuestro voto también vamos a acompañar otros artículos, pero quiero adelantar nuestra posición con respecto a algunos artículos que son sustanciales y que, francamente, desde mi punto de vista muestran contradicciones y desorientación en el Gobierno.

Los artículos 2º al 5º dejan sin efecto algunas asignaciones relativas a compensar el desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización de los funcionarios de la Administración Pública. En la Comisión se nos dijo que lo que había antes era un desastre y que, por lo tanto, había que cambiarlo, porque así los Gobiernos no pueden funcionar. También se dijo que estos premios, estas retribuciones para compensar el desempeño de mayor responsabilidad y especialización deberían terminar.

Por el artículo 20 de este proyecto, que suprime esos beneficios para todos los Incisos, se crean para el Ministerio de Desarrollo Social; el argumento no se explica.

En el inciso segundo del artículo 4º -cuya redacción llegó el último día, cuando íbamos a votar el proyecto en Comisión- se dice que el Poder Ejecutivo -por lo tanto, por decreto- dejará sin efecto parte del artículo 3º. Es decir que quienes perciben esta retribución destinada a compensar el desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización como un derecho adquirido, en realidad la seguirán recibiendo. En su momento, preguntamos a los legisladores del oficialismo a cuántos funcionarios abarcaba este beneficio, cuál era el costo y a quién implicaba, pero no obtuvimos respuesta. Seguramente en la discusión particular del día de hoy se nos aclarará este tema. De todos modos, es notorio que esta disposición va absolutamente en contra de lo expresado en los artículos 2º y 3º, lo que parecía que era un principio extraordinario e inviolable del Gobierno.

Los artículos 6º y 7º benefician, sin lugar a dudas, a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. En realidad, la Rendición de Cuentas, el proyecto y el decreto relativo a la DGI benefician únicamente a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un viejo dicho popular: "El que parte y reparte se queda con la mejor parte", y los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas son los beneficiados. ¿En cuánto? No sabemos. ¿Cuál va a ser el límite que pondrá el Poder Ejecutivo? Tampoco lo sabemos, pero, seguramente, este también será tema de discusión en el futuro.

Por otra parte, nos vamos a oponer con todo nuestro entusiasmo y en forma radical a la modificación introducida por el artículo 11, que establece que los miembros de la Junta Anticorrupción serán designados por mayoría simple. Cuando se votó esta ley, todo el Parlamento pretendió que la designación fuera por tres quintos de miembros del Senado. Esto se estableció así para que hubiera un acuerdo lo más general posible acerca de las personas a designar, y fue votado por todos los partidos políticos, debido a que nos daba a todos las garantías necesarias como para saber que en la Junta Anticorrupción iba a haber gente que controlara a la Administración y que no perteneciera a ella. Esta modificación propuesta por el Gobierno promueve que este, por sí solo, pueda nombrar a quienes lo deberán controlar. Me parece, sin lugar a dudas, un paso absolutamente negativo.

Finalmente, señora Presidenta, en cuanto al articulado hemos dicho que vamos a votar en contra del artículo 18, que dice que el 20% de los gastos de propaganda que realicen los órganos del estado debe ir al SODRE. Este subsidio indirecto nos parece negativo, porque no se sabe cuánto es. Además, nos parece negativo porque pone a las empresas públicas en clara desventaja ante sus competidores al obligarlas a realizar el 20% de su publicidad en el canal y en las radios oficiales. Es claro que si se les obliga es porque ellos por su cuenta no lo harían y entienden que es una publicidad quizá innecesaria. Por lo tanto, esto hace que las empresas públicas tengan dificultades frente a empresas privadas que están en competencia con ellas y que hacen su propaganda donde quieran realizarla.

Señora Presidenta: he dicho cuando comencé esta exposición que no iba a utilizar todo mi tiempo y que, en aras de lo pactado en esta Sala, quería dejar muy claro por qué votamos en general este proyecto de ley, tan claro como lo dejó el Gobierno actual al referirse a las condiciones económicas en que se entregó el Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: las Rendiciones de Cuentas son la expresión numérica de una gestión de Gobierno, y las gestiones de Gobierno, por cierto, no se pueden evaluar en un solo año: se evalúan esencialmente a través del transcurso del período de Gobierno.

Por tanto, cuando analizamos esta Rendición de Cuentas no podemos sustraernos de lo que pasó en el país ni de cuál fue la gestión del Gobierno durante los años 2000 a 2003 y también, por cierto, durante 2004. De esa evaluación de un período muy especial de la vida del país que, a nuestro juicio, termina siendo claramente negativa, surge que, si bien el país recibió impactos muy negativos desde el exterior, también se generaron y se cometieron errores en la propia gestión de Gobierno que determinaron después situaciones por lo menos más graves de lo que podrían haber sido en función de las realidades que se debió enfrentar.

Por tanto, señora Presidenta, así como votamos negativamente la propuesta de Presupuesto quinquenal que nos planteó la Administración anterior, también votamos negativamente todas y cada una de las Rendiciones de Cuentas porque, en definitiva, lo que estábamos haciendo era juzgar esa gestión de Gobierno durante la cual el país tuvo una caída del 1,4% del producto bruto interno en el año 2000; del 3,4% en el año 2001; del 11% en el año 2002, para iniciar a partir del año 2003 una recuperación del 2,2% y finalmente esta, que analizamos en el día de hoy, del 12,3%.

Pero en el balance general de la gestión, nosotros, que criticamos la gestión del Gobierno anterior, hoy, lógicamente, razonablemente, vamos a votar en forma negativa esta Rendición de Cuentas.

Sorpresivamente nos encontramos con que el nuevo Gobierno -ese mismo Gobierno que, según palabras de todos o casi todos sus Ministros y del propio Presidente de la República, recibió una herencia maldita- hoy propone al Parlamento que vote por la afirmativa, que valore de manera positiva la gestión relativa al Gobierno anterior, en especial la del último año.

Nosotros no vamos a caer en contradicciones. Creemos que la gestión del Gobierno presidida por el doctor Batlle representó un impacto realmente negativo para los uruguayos y las uruguayas, que se vieron afectados fundamentalmente por la caída de los niveles de empleo y, en especial, por un agravamiento o un deterioro de la situación social que está medido de manera notoria en el incremento de los indicadores de pobreza, en la medida en que son hoy muchas más las personas que viven por debajo de la línea de pobreza y aún más las que viven por debajo del nivel de indigencia.

Desde ese punto de vista, con el Partido Independiente no hay sorpresas.

Quiero, asimismo, señalar algunos otros aspectos que me parece importante destacar, porque uno tiene que actuar diciendo siempre la verdad, toda la verdad y no una parte de la verdad. De alguna manera, hay que destacar que el año 2004 fue, en nuestro Uruguay, un año atípico desde el punto de vista de la conducción económica, a diferencia de otros años electorales -¡vaya si recordamos lo que pasó en los años 1994 y 1999!- en los que hubo un incremento del gasto público que notoriamente comprometió las futuras gestiones de Gobierno. Ese es un dato de la realidad. Basta mirar los números y analizar el incremento del gasto público en esos períodos.

Creo que bien vale destacar y reconocer la responsabilidad fiscal con que actuó, en el último año de su gestión, el Gobierno del doctor Batlle en aspectos que, sin duda, de no haberse actuado con esa responsabilidad fiscal, habrían generado dificultades mayores que las que hoy debe enfrentar el nuevo Gobierno.

En todo caso, también es conveniente prestar atención a las luces amarillas que ya sobre el final del año 2004 comenzaron a prenderse. No quiero ingresar ahora -seguramente lo haremos en la instancia del Presupuesto- en un análisis de las circunstancias que vivió el país y que fueron generando, por la vía del atraso cambiario, una pérdida de capacidad de competencia de nuestros productos, excepto para la región, al principio, que determinó que la balanza comercial del país fuera cayendo. Notoriamente, el crecimiento de las importaciones superaba el de las exportaciones y, en consecuencia, se fue generando un déficit comercial cada vez más abultado. ¿Por qué hago mención a estos aspectos? Precisamente porque, si queremos identificar entre otras causas cuáles fueron las de la recuperación económica del país a partir de 2003, tenemos que señalar que la depreciación de nuestra moneda jugó un papel fundamental en la recuperación de las inversiones y particularmente de las exportaciones.

Recién se hacía mención a que las exportaciones del año 2004 llegaron a una cifra récord, entre otras cosas porque la capacidad de competencia durante ese año fue positiva, inclusive con relación al año 2003. No obstante, hay una luz amarilla que se prende sobre finales de 2004; el propio informe del Banco Mundial que recibimos en estos días expresa que debe anotarse que, medida de punta a punta, la capacidad de competencia global de la economía uruguaya se deterioró en 2004 en un 7,8% con respecto al año anterior. Advierto que este deterioro se ha venido profundizando en los últimos meses y, en consecuencia, volvemos a ver la misma película. Las importaciones comienzan a crecer mucho más que las exportaciones y, por tanto, se deteriora la posibilidad de que haya mayores niveles de exportación de nuestros productos.

Se dice que no hay atraso cambiario, pero resulta que la inflación en dólares y los indicadores de capacidad de competencia nos dicen que los productos uruguayos vienen perdiendo esa capacidad frente al resto de los mercados. Se señala eso para el año 2004, y por cierto que este deterioro es mayor en los meses que han transcurrido de 2005.

Con respecto a los artículos que propone el Poder Ejecutivo, quiero destacar en primer lugar que esta Rendición de Cuentas debió haber sido el instrumento para tratar de sincerar y establecer claramente los niveles de gasto y la estructura de funcionamiento del nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Lamentablemente, seguimos ignorando cuál va a ser la asignación de gastos a nivel de cada uno de los Programas cuyo funcionamiento aprobó el Poder Legislativo con carácter general. Hoy seguimos desconociendo cómo se está desarrollando ese gasto durante 2005. Este es un aspecto que queríamos remarcar porque, de alguna manera, se sigue ocultando al Parlamento la distribución de la asignación de esos recursos.

La segunda señal que se emite a través de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y que nos parece negativa es la derogación contenida en el artículo 2º. En una Administración Pública como la uruguaya, que tiene notorias carencias en su funcionamiento, eliminar los premios por desempeño -podrían ser perfectamente reformulados- para destinarlos a cumplir un acuerdo salarial con los funcionarios de COFE es, en los hechos, amputarse la posibilidad de utilizar...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Perdón, señor Diputado. Voy a hacer una nueva exhortación a los integrantes del plenario para ver si podemos continuar con un desarrollo menos interrumpido por los susurros, que a veces son un poco altos.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Decía que eliminar los premios por desempeño es amputarse la posibilidad de lograr, mediante el mecanismo del estímulo, un mejor rendimiento del funcionariado público. Lamentablemente, esta señal está incorporada en la Rendición de Cuentas y, por cierto, supone un hecho negativo que queríamos resaltar.

Hay otro hecho negativo que también ha sido mencionado en Sala y, como antecedente, es absolutamente lamentable. Cuando se votó la ley anticorrupción se estableció determinado quórum para la designación de los integrantes de la Junta Asesora, que son los que tienen la responsabilidad de recibir las declaraciones y realizar el seguimiento de todo lo que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios públicos. Resulta que en la primera oportunidad que se tiene se cambian las mayorías, para que esos integrantes puedan ser designados por el partido de Gobierno. Es decir que con esta propuesta se están afectando claramente las garantías que todos los partidos políticos quisimos darnos cuando se fijó esa mayoría tan especial de tres quintos. Esta es una señal grave para todo el sistema político porque, en todo caso, me parece que hablar de transparencia -como lo hace bastante seguido el Gobierno- significa que se debe actuar en forma transparente. Creo que esta señal, si algo expresa, es la falta de garantías y de transparencia respecto a la acción de Gobierno.

Acá finalizamos nuestra intervención. Seguramente en la discusión particular tendremos oportunidad de analizar otros artículos, pero quedan expresados los fundamentos que han determinado que nuestro Partido, el Partido Independiente, vote negativamente este proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR TAJAM.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TAJAM.- Señora Presidenta: hemos votado esta iniciativa en general, estando a favor del informe en mayoría que fuera presentado por el señor Diputado Ibarra.

Aquí se ha dicho que hay un informe económico que, como bien dijo el señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión, era el tradicional, y se lo ha confundido con loas a las gestiones de Gobierno, como si en el informe de coyuntura -que contiene exactamente los mismos datos objetivos, porque no se podía hablar de algo que sube y baja- el Instituto de Economía estuviera alabando a un Gobierno cuando dice lo que efectivamente pasó. Entonces, hay que leer todos los datos que contiene el informe y también el que aquí se mencionó, del Instituto de Economía.

Es verdad que el producto creció muchísimo en el año 2004; pero también es cierto que se produjo la mayor caída acumulativa de la historia y la de más duración, en una de las mayores crisis que han afectado a este país. Esa caída es producto de un ciclo, y así hay que entenderlo. No se la puede tomar aisladamente; si así se hiciera, las proyecciones hacia adelante -4%, 5% o 5,3%- que, inclusive, están llevando a cabo instituciones internacionales, ¿están mostrando un fracaso por anticipado de algún Gobierno? No es así. Simplemente son conscientes objetivamente de cuáles son los ciclos de la economía uruguaya y a eso nos estamos refiriendo. En este ciclo particular tenemos que decir que se cumplió y que se va cumpliendo con lo que se venía desarrollando desde antes -y que también está aquí-, fundamentalmente el crecimiento sin distribución. Si hablamos del 12% de crecimiento, también tenemos que decir que los ingresos de los hogares crecieron solo un 2%; que el salario real, comparando los promedios, bajó 0,1% -prácticamente quedó estancado-; que la pasividad media real bajó 2,6% y la jubilación 3,1%. Por lo tanto, se produjo un achicamiento del mercado interno que hizo imposible hasta que hubiese inflación. Acá se dice que el crecimiento está basado en la exportación y en la diversificación. Pero en este excelente informe del Instituto de Economía se nos dice que cuando se diversifica nuestra exportación hacia los países desarrollados, como se logró hacer, se opera en base a materias primas y a alimentos, con muy poco trabajo nacional. Todos sabemos lo que eso significa: que no va a haber suficiente empleo y que, a largo plazo, siempre vamos a ir en pérdida en las relaciones de intercambio.

Entonces, no podemos decir que todo está excelente, cuando en el último año la deuda pública creció en US$ 1.172:000.000. Esto lo afirma el propio Banco Central.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: quisiera dejar constancia de que el Partido Nacional ha votado en contra el pase a la discusión particular de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: voy a ser breve porque los compañeros ya se han manifestado sobre el tema.

Hemos votado favorablemente el pasaje a la discusión particular, aprobando en general esta Rendición de Cuentas que no es la nuestra, no es la de este Gobierno progresista. El informe refiere a lo que pasó, a nivel macro, en el año 2004. Pero debemos señalar que la situación del país que heredamos no solamente comprende los datos de ese año. Debemos analizar cuál fue la composición del gasto, tal como lo hizo el compañero miembro informante.

Asimismo, tenemos que estudiar cuál es la distribución del ingreso que heredamos. Se trata de una distribución del ingreso regresiva, en particular en lo que respecta al sistema tributario, en el cual los deciles más pobres de la población uruguaya aportan un 11% de sus ingresos, mientras que los deciles más ricos solamente el 8%.

Por otra parte, la deuda pública llegó a ser la mayor del mundo con relación al producto. Esto también es lo que heredamos, por más que se haya tratado de una situación excepcional como fue la de 2002. Pero no hablamos únicamente de ese año, porque la deuda venía creciendo desde el 41% en 1999 hasta el 54% en 2001 antes de la crisis, para luego duplicarse con el 93% en 2002 y el 109% que se registró en 2003, y posteriormente bajar al 101% en 2004.

Cabe reseñar que hubo un bajísimo nivel de inversión en el período 2002-2004, entre un 9,4% y un 11,4%, aunque se mencionaba por parte de un legislador preopinante que esto era positivo.

Pero especialmente hay que tener en cuenta -tal como lo decía algún compañero anteriormente- que durante 2004 se ha generado una confianza en un cambio, cambio que iremos desarrollando desde el momento en que podamos elaborar nuestro propio Presupuesto. No obstante, recordemos que la primera medida de carácter presupuestal de este Gobierno -contrariamente con lo que hicieron los Gobiernos anteriores, que imponían a la población un ajuste fiscal- fue una ley votada por este Parlamento por mayoría, para aumentar el gasto social. Para ello se votaron US$ 100:000.000 por año a fin de atender la emergencia social y a esos indigentes que duplican hoy el número de los que existían al comenzar el periodo anterior de Gobierno.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: de acuerdo con las conversaciones que mantuvimos con el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, sería pertinente solicitar un intermedio de diez minutos a los efectos de ordenar la votación en particular.

No obstante, ya que ha habido fundamentos de voto por parte de la bancada de Gobierno y de la del Partido Nacional, no tendríamos inconveniente en postergar esta moción de orden hasta tanto todos aquellos legisladores del Partido Colorado y del Partido Independiente que deseen fundar su voto lo hayan hecho.

De lo contrario, estaría planteando esta moción.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se vote!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar la moción presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se vota)

——Ochenta y tres en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 19 y 14)

——Continúa la sesión.

——Prosigue la consideración del asunto motivo de la convocatoria.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POSADA.- ¡Que se suprima la lectura de este artículo!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que el Partido Nacional ha votado en contra el artículo 1º.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que el Partido Independiente ha votado negativamente el proyecto en general y también este artículo 1º.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: mociono para que se suprima la lectura de los artículos 2º a 25, exceptuando los artículos 18 y 20.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar la moción del señor Diputado.

(Se vota)

——Setenta y ocho en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda suprimida la lectura de los artículos 2º al 25, exceptuando los artículos 18 y 20.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: mociono para que se voten en bloque los artículos 2º a 5º, inclusive, desglosando el segundo inciso del artículo 4º.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión lo propuesto por el señor Diputado Gamou.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión los artículos 2º a 5º, inclusive, desglosando el segundo inciso del artículo 4º.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: en la discusión de estos artículos en Comisión hemos votado en contra, inclusive del segundo inciso del artículo 4º, que no estaba incluido en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y fue incorporado en la Comisión por la bancada mayoritaria.

El artículo 2º deroga una disposición legal que establece el premio al desempeño, y el artículo 3º deroga la retribución destinada a la compensación por el desempeño de un cargo de mayor responsabilidad y especialización. Ambas disposiciones corresponden a la Ley Nº 16.736, de Presupuesto, y destinaban ciertas economías de los organismos para que, en algunos casos, se retribuyera a un porcentaje de funcionarios por su desempeño. Existía una reglamentación -que se cumplía, con carencias y con defectos-, que establecía cómo asignar esa partida que recibían algunos funcionarios de la unidad ejecutora.

El artículo 3º, con una mayor utilidad, establecía una retribución diferente para aquellos funcionarios que tenían una mayor responsabilidad, que muchas veces no se veía reflejada en la remuneración por el escalafón al que pertenecían. De esta manera, frecuentemente se premia o se da un suplemento a un funcionario que tiene una especialización que no está reconocida en su grado o escalafón, o que tiene una responsabilidad que muchas veces lo hace permanecer más tiempo o tener una carga adicional en el trabajo. En este segundo caso, de manera bastante general, se percibe en forma permanente.

El texto del artículo 4º, que no fue compartido por los funcionarios públicos, establece que las unidades ejecutoras de esos Incisos distribuirán entre sus funcionarios las economías que se generen por la derogación de estos dos artículos, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo; así venía redactado.

Se liberan $ 160:000.000 anuales: $ 40:000.000 por la derogación del artículo 2º y $ 120:000.000 por la del artículo 3º. En la Comisión, el equipo económico nos dijo que no había un destino específico para este dinero; lo preguntamos más de una vez. Luego, a través de lo expresado en su comparecencia por la Confederación de Funcionarios del Estado, nos enteramos de que había un convenio firmado en el marco de la negociación salarial que establecía que las economías generadas por esos artículos -es decir, esos $ 160:000.000- tenían como destino una negociación futura entre el Poder Ejecutivo y los funcionarios pertenecientes a la Administración Central.

En el artículo 2º del acuerdo firmado el 26 de julio de este año entre los representantes del Poder Ejecutivo y de COFE se establece que en los artículos 2º y 3º del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004 -este que estamos considerando- se consagra el cese de las retribuciones correspondientes a dichos rubros. El artículo 3º expresa: "El Poder Ejecutivo se compromete a no aumentar ni modificar las afectaciones mensuales del rubro hasta el cese previsto por la promulgación de la Ley de Rendición de Cuentas en su Art. 3º". El artículo 4º establece: "Las partes acuerdan que, en cumplimiento del Art. 4º de la Rendición de Cuentas, se negocie en este ámbito la distribución del saldo disponible después del cese y aún no afectado de los recursos para el año 2005 [...]". Además, dice: "En la redistribución," -de esos recursos- "se priorizarán los siguientes criterios: a) considerar en primer término a los funcionarios incluidos en esta mesa de negociación, excepto los pertenecientes a los escalafones K y L, b) que el rubro sea distribuido en seis cuotas con vigencia desde el 1º de julio de 2005".

Por tanto, el Poder Ejecutivo ya firmó y se comprometió a que lo que se ahorre con la aprobación de estos artículos en la Rendición de Cuentas lo negociará con COFE. Por eso deja al marco de la reglamentación el destino que esto vaya a tener.

Dijimos a la delegación de COFE que no compartíamos la visión de que se establecieran retribuciones personales por cualquier concepto -incluido este- que no tuvieran consagración legal. No estamos de acuerdo porque estamos convencidos de que es la ley la que debe establecer cualquier tipo de retribución. Además, entendemos que el decreto se cambia por otro y por tanto la estabilidad que da la ley se pierde.

También dijimos -con estas palabras- que no era bueno vender la piel del oso antes de cazarlo y que, por lo tanto, no creíamos conveniente que el Poder Ejecutivo y la asociación sindical estuvieran distribuyendo un dinero que todavía no tenían. Esto es algo a futuro y eventual, puesto que el Parlamento -que alguna dignidad debe tener- todavía no aprobó esta derogación. El tiempo nos dio la razón, porque a último momento se propuso un aditivo para el artículo 4º, que expresa: "El decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban las retribuciones citadas en el artículo 3º de la presente ley en forma regular y permanente sin cambiar su naturaleza". Este inciso pretende dejar vigente lo que deroga el artículo 3º, porque la retribución por mayor responsabilidad y especialización la cobran todos los que la perciben de manera regular y permanente. Este es un concepto bastante indefinido y deja un margen para la interpretación del jerarca. Quiere decir que lo que hoy está consagrado y reglamentado por ley se deroga, pero las consecuencias se dejan vigentes y es el decreto el que tendrá el margen de establecer: "Pero a este que la percibía se la saco porque interpreto que no fue regular ni permanente". Además, quien no la percibía -aunque en el futuro cumpla tareas de mayor responsabilidad o especialización- no podrá recibirla y quedará en diferencia con el compañero que se sienta a su lado, que hace lo mismo que él y que sí la percibirá porque ya la recibía. Esto cae en lo que establece el inciso final del artículo 4º. De esta manera agregamos una nueva injusticia a la escala salarial. Y todo esto se hace en el marco de una definición que escuchamos de parte del propio Poder Ejecutivo y de la organización de funcionarios en cuanto a que están absolutamente en contra de que se establezcan estos sistemas de remuneración que no figuran en el salario.

Se nos habló varias veces de la escala salarial de COFE, que es a la que adhieren los funcionarios; se nos dijo que están en contra del artículo 4º, que establece que las economías se reparten dentro de las unidades ejecutoras de los Incisos, en tanto ellos prefieren que ese dinero vaya a una gran bolsa y que la negociación establezca adónde va, independientemente del Inciso en el que se genera dicha economía. Pero, contrariamente a todas esas definiciones que han sido coherentemente sostenidas durante muchos años por el movimiento sindical, en este caso se defienden porque son parte de la negociación y explican el financiamiento del acuerdo al que a último momento llegó el Poder Ejecutivo para decretar el aumento salarial, que recoge la inflación del último tiempo y agrega una recuperación del 0,6%, con un total de 2,5%. Además se manejó la posibilidad de otorgar $ 200 como mínimo y otros elementos de los que nosotros tomamos conocimiento a través de la prensa, que no sabíamos cómo se financiaban y que ahora comprendimos que se financian de esta manera. Pero si analizamos este último inciso nos damos cuenta de que tampoco con esto se financia. Como dijo algún señor Diputado del oficialismo en la Comisión, "de algún lado se financiarán", porque de esto no es. Se generan $ 160:000.000, que son la piel del oso que ahora se escapó, y esto no se puede financiar. El inciso final del artículo 4º dice que todos los que la cobran la seguirán percibiendo; de ahí se generaban $ 120:000.000.

Uno se pregunta: ¿por qué esto? Sin duda, la explicación viene por los escalafones K y L, que no están muy agremiados pero que seguramente tienen voz. La ley establece que el escalafón K es el militar y el L es el policial. Dentro de estos dos escalafones hay funcionarios que realizan tareas en órganos que pertenecen al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional, muchos de ellos remunerados de manera especial con esta partida de mayor responsabilidad o especialización, que perderían. Pero una disidencia de último momento dentro del Poder Ejecutivo hizo corregir esto, y lo que logra es que la economía que ya se había repartido en el acuerdo del 26 de julio con COFE no se genere. Encima, agregamos que será el marco del decreto el que va a distribuir lo que queda y determinará a quiénes sí y a quiénes no.

Por eso, señora Presidenta, nosotros preferimos que los artículos 27 y 725 de la Ley Nº 16.736 queden vigentes, que no se voten afirmativamente los artículos 2º y 3º y, consecuentemente, tampoco el 4º y el 5º, porque pierden sentido, y que, cuando se trate el Presupuesto, en una discusión más a fondo se analice cómo se van a resolver estos asuntos. Es bastante desprolijo que el artículo 3º derogue una cosa y que el siguiente la ponga en vigencia.

Invitamos a reflexionar a la mayoría de esta Cámara sobre la inconveniencia, quizás no del fondo, quizás no de la intención, quizás no del objetivo de mejorar el destino de esos recursos, pero sí de hacerlo de esta manera, lo que va a lesionar derechos, va a ocasionar reclamos administrativos al Estado, va a generar diferencias internas y, además, va a generar problemas porque hay un compromiso firmado que, si se aprueba así, no se va a poder cumplir.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: la intervención explicativa que ha hecho el señor Diputado Gandini nos facilita, por cierto, expresar lo que adelantábamos en ocasión de nuestra intervención en la discusión general.

En primer lugar, manifestamos claramente nuestra oposición a lo establecido en los artículos 2º y 3º, que derogan los artículos 27 y 725 de la Ley Nº 16.736. En nuestra intervención anterior señalábamos que llamaba la atención, en un ámbito donde necesariamente debe tenderse a mejorar la gestión -especialmente la de aplicación a los recursos humanos-, que se opte por esta solución que, por un lado, termina con los premios por desempeño y, por otro, deroga las compensaciones por mayores responsabilidades. Creemos que como inicio de una gestión esto priva al Poder Ejecutivo de utilizar un instrumento con cuya aplicación hasta ahora podrá discreparse, pero que, de ser bien utilizado, mejora esencialmente el funcionamiento de la propia Administración Pública. Sin embargo, se plantea su derogación; se plantea la derogación de los premios por desempeño, de los $ 40:000.000 a los que aludía el señor Diputado Gandini.

Como bien se señalaba, en un inciso que se agregó al artículo 4º en el trabajo de Comisión se restablece lo que derogara el artículo 3º, no en cuanto a su aplicación en pleno, sino en cuanto a sus efectos. Se restablecen los efectos, por cuanto al hacerse referencia a que el decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que estén percibiendo la compensación por responsabilidad en forma regular y permanente, esto supone que la gran mayoría de los funcionarios de la Administración Pública que están en esta condición -y no solo los que pertenecen a los escalafones K y L, o sea, los escalafones militar y policial- seguirán percibiendo la partida que hasta entonces percibían. Con esto se generará otro problema; notoriamente, este inciso -que adelanto que vamos a votar afirmativamente, en la medida en que restablece los derechos adquiridos en el artículo 3º- generará otro gran lío con COFE, porque se contraría lo que se firmó oportunamente con esa confederación.

Queríamos establecer claramente cuál será nuestra actitud con respecto a los artículos 2º a 5º, que, reitero, votaremos negativamente, excepto el segundo inciso del artículo 4º, que como se ha señalado fue agregado en el trabajo en Comisión.

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Prosigue la discusión de los artículos 2º a 5º, inclusive, con el desglose del segundo inciso del artículo 4º.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º se reconsidera la asignación presupuestal de premios al desempeño y a la mayor responsabilidad, en el entendido de que no necesariamente esto se aplicó de acuerdo con los criterios que la ley establecía. También se entendió -no solo por parte de este Gobierno, sino del anterior- que en algunos casos había que reconsiderar la aplicación de estos artículos, o sea, los artículos que están concatenados del 2º al 5º.

Con referencia al artículo 2º, estamos planteando dejar sin efecto la asignación de los premios por desempeño creada por el artículo 27 de la Ley Nº 16.736, a partir del período de evaluación comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005. Quiere decir que si se hubiera obtenido un resultado de evaluaciones anteriores, se lo debería reconocer. Queda claro, entonces, que no se deroga la evaluación de desempeño del año 2004 realizada en 2005, sino la evaluación de 2005 que, sin duda, corresponderá al 1º de enero de 2007.

Se entiende que el régimen establecido en la ley anterior tiene ciertas debilidades que es preciso corregir y necesariamente detener porque, de lo contrario, daría lugar a sucesivas evaluaciones antes de que la ley pudiera tener efecto suspensivo. Efectivamente, lo que se expresó acá por parte de los otros señores Diputados es así. Se trata de un artículo vinculado con una suma aproximada a los $ 40:000.000.

El artículo 3º refiere a una partida por mayor responsabilidad, de carácter discrecional; y este es uno de los motivos por los cuales se quieren realizar las modificaciones correspondientes. Reitero que es una partida por mayor responsabilidad, de carácter discrecional, no permanente, que la aplica el jerarca, quien puede cambiarla, anularla o continuar aplicándola.

Ahora bien; ese artículo 3º equivale a $ 100:000.000 anuales, es decir, a aproximadamente $ 9:000.000 mensuales. La intención es mejorar los salarios más bajos a través de la distribución de esta partida.

En el artículo 4º se encomienda al Poder Ejecutivo la aplicación de los artículos 2º y 3º del presente proyecto de ley, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo dentro de los quince días a partir de su promulgación. Por lo tanto, la reglamentación también está íntimamente ligada con los artículos 2º y 3º.

Se presentó un aditivo al artículo 4º -es un ajuste de redacción- a fin de esclarecer en forma absoluta la voluntad del Poder Ejecutivo, que señala que el decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban las retribuciones citadas en el artículo 3º de la presente ley en forma regular y permanente. Por lo tanto, aquellos funcionarios que cobren en forma regular y permanente la partida mencionada en el artículo 3º, como compensación por el desempeño de mayor responsabilidad y especialización, continuarán percibiéndola. Algunas de las exposiciones planteaban la duda en cuanto a la eliminación de esta partida, pero entiendo que con este nuevo inciso el problema se soluciona desde ese punto de vista.

Además, con respecto al acuerdo parcial firmado el 26 de julio de 2005 entre la delegación de COFE y el Gobierno, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estoy absolutamente seguro de que se va a cumplir más allá de algunas ulterioridades que puedan acontecer con las partidas previstas originalmente, porque en el artículo 4º se establece con claridad el compromiso de analizar las posibles lesiones de derechos que pudieran suscitarse, consagrándose soluciones en el ámbito del Presupuesto Nacional. Es decir que lo que manifestaba la delegación de COFE en el seno de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, se está concretando en esa frase del artículo 4º, en el sentido de considerar alguna situación especial a través del Presupuesto Nacional, aunque hay otros mecanismos, tal vez a través de economías que puedan existir en cierto momento en algunas unidades ejecutoras. Por lo tanto, no hay duda de que el compromiso, el acuerdo parcial firmado por COFE y el Gobierno Nacional será cumplido.

SEÑOR CASARETTO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: en el mejor de los climas de entendimiento en el que se viene desarrollando esta sesión, quiero reiterar la pregunta que se hizo en el transcurso del trabajo de la Comisión y que también anunció el señor Diputado Gandini hace algunos minutos. Me gustaría que alguien del Gobierno nos explicara cómo se puede cumplir el acuerdo ya firmado entre COFE y el Gobierno para el cual se dispone de rubros que son fruto del ahorro que generaba el artículo 3º de la Rendición de Cuentas y que fue eliminado durante el transcurso de la discusión. Según lo que nos dijo el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, con la eliminación de la retribución destinada a compensar el desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización establecida en el artículo 3º se generaba un ahorro de $ 120:000.000 anuales. Cuando COFE concurre a la Comisión y argumenta en este sentido, lo hace en conocimiento de este artículo. COFE no sabía lo que iba a pasar cuatro o cinco días después, es decir, que el Gobierno iba a modificar el artículo 4º, reconociendo este derecho a los funcionarios que lo perciben en forma regular y permanente. Entonces, con el mejor de los espíritus y esperando encontrar más claridad que en la Comisión, donde un Diputado dijo: "De algún lado va a salir" -lo que es preocupante, porque cuando estamos adoptando decisiones de este tipo, no podemos hacerlo en virtud de que de algún lado va a salir el recurso-, me permito preguntar al miembro informante del partido de Gobierno cómo se va a cumplir el acuerdo entre COFE y el Poder Ejecutivo, para el cual se destinaban $ 120:000.000 que hoy ya no están debido a la modificación que el Gobierno ha introducido en este articulado.

Muchas gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: intenté ser absolutamente claro al señalar que se analizarán las posibles lesiones de derechos que pudieran suscitarse, tal como establece el artículo 4º. En el Presupuesto Nacional se va a cumplir con ese requisito y con ese acuerdo parcial al que se llegó con COFE.

También hablé de la partida de $ 120:000.000. Tengo entendido que en este momento se estaría haciendo un relevamiento en cada una de las unidades ejecutoras de los funcionarios que perciben la partida por desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización.

Por lo tanto, conociendo la voluntad del Poder Ejecutivo en cuanto al cumplimiento de los acuerdos firmados con el sindicato de COFE y sabiendo que están trabajando -lamentablemente, todavía no tenemos los datos en detalle-, considero que a través de economías que puedan surgir de determinadas unidades ejecutoras se va a encontrar la solución para cubrir algún déficit en la suma total, a fin de aplicar en forma completa el artículo 3º y el contenido del artículo 4º.

El artículo 5º, que está incluido en el paquete, tiene que ver directamente con la disposición de que el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del CEPRE, dé cumplimiento -lo que no ha hecho- a lo que establece la Ley Nº 17.556 en lo que refiere a la reglamentación y puesta en práctica de un nuevo régimen de evaluación del desempeño, que se aplicará en sustitución del dispuesto por otra ley. Entonces, también en ese caso existe una intención del Poder Ejecutivo que se va a concretar, porque contar con un nuevo régimen de evaluación es fundamental para los funcionarios públicos y para la Administración Central; prácticamente se compele al Poder Ejecutivo para que, con el asesoramiento correspondiente, aplique lo dispuesto por el artículo de la ley que mencioné anteriormente.

Esto era todo lo que quería decir.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: el señor Diputado preopinante, miembro informante en mayoría, no convence con los argumentos que da hoy en Sala, como tampoco se nos convenció en la Comisión en cuanto a la organización de estos artículos que están en debate y que son considerados en forma conjunta.

Hay tres asuntos -alguna cuestión adelantamos en el debate en general-, que son los centrales de este articulado, sobre los que tenemos que hacer ciertas precisiones. En primer lugar, me refiero a la falta de información. Esta queda de manifiesto; el miembro informante no puede explicar de dónde van a salir los recursos para complementar el acuerdo con COFE. Nadie puede explicarlo porque nadie lo sabe. Es por una razón simple, elemental: no tienen la información. Podría exagerar un poco y decir que nos la están escondiendo, pero creo que no la conocen. La bancada de Gobierno no sabe de dónde se va a sacar el dinero.

Insisto: hay una falta de información manifiesta respecto de un convenio que se mostró en los medios de comunicación y sobre el que COFE vino a informar, repartiendo fotocopias en la Comisión y cantando loas al nuevo sistema de acuerdo y entendimiento. Es más: la Presidenta de COFE llegó a decir en la Comisión que ella confiaba más en el acuerdo que en la ley. Lo dijo respondiendo a una pregunta del señor Diputado Gandini. Pero nadie puede decir de dónde van a salir los recursos que ahora no están, aunque sí estaban cuando entró la Rendición de Cuentas a la Cámara.

Repito que hay una falta de información manifiesta. No sabemos de dónde van a salir esos recursos; nadie podrá explicarlo. Por lo menos hasta ahora nadie ha dado esa noticia.

También hay una fuerte contradicción entre el artículo 3º y el aditivo al que ya hicimos referencia. El artículo 3º se fundamentaba en una nueva política salarial del sector público; el aditivo al artículo 4º deja las cosas como están. Es decir que durante este mes hubo una marcha atrás; algo pasó. No sabemos si hubo sectores de presión de los funcionarios públicos, de los militares... No sabemos quién dijo: "¡Ah, no!, a mí esto no me lo tocan" y el Gobierno dio marcha atrás y presentó el aditivo prácticamente anulando los efectos del artículo 3º, por los cuales recuerdo que el señor Diputado Posada nos invitaba a votarlo. El aditivo del artículo 4º bloquea lo que se establece en el artículo 3º.

Otro aspecto que no es menor y que debe ser tenido en cuenta especialmente por el Parlamento y por los señores Diputados, más allá de a quién representemos en esta Cámara, es que aquí se cambia una asignación de recursos que se fijaba por ley, estableciéndola por decreto. Esta no es una cuestión menor, señora Presidenta. Lo que se está haciendo es un cambio relevante: se está llevando al terreno del decreto lo que era asignado por ley. El segundo inciso del artículo 4º establece que el decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban la retribución citada en el artículo 3º de la presente ley. Es decir que ahora es el decreto el que va a interpretar. Es una discrecionalidad cambiar la ley y llevar al terreno del decreto lo que antes estaba consignado en una ley.

Por si algo faltaba, este inciso del artículo 4º otra vez abre un gran espacio de incertidumbre cuando refiere a la forma regular y permanente; tampoco se pudo explicar en la Comisión a qué se aludía. ¿Quiénes son los funcionarios que van a mantener sus compensaciones diferenciadas, porque las perciben en forma regular y permanente? ¿Qué es regular? ¿Qué es permanente? ¿Cuánto tiempo, cuántos años hace que perciben estas compensaciones a las que se considera regulares y permanentes? ¿A qué compensaciones se refiere?

En el análisis de este artículo hemos navegado en una enorme contradicción que el Gobierno no puede explicar. Hemos estado sometidos a la desinformación del Gobierno; y lamento tener que involucrar a la bancada de Gobierno, pero también está desinformada. A no ser que tenga información... Veo algunas cabezas que asienten; parece que alguien tiene información. Entonces, ¿por qué no la dan? Es el momento de hacerlo; hasta ahora, nadie la ha dado. Me alegraría que apareciera algún Diputado que nos pueda proporcionar esta información y que haga referencia, no genérica sino exacta, a lo que establece este artículo. Si alguien tiene la información, hasta ahora no la ha dado; el miembro informante en mayoría tampoco la proporcionó. Si alguien la tuviera, sería bueno que la conociéramos.

Este conjunto de artículos refiere a modificaciones que se planteó hacer, pero se ve que no se pudieron concretar. No sabemos exactamente por dónde va a salir el acuerdo con COFE, más allá de que un Diputado dijo en la Comisión: "De algún lugar el Gobierno sacará". Se podrán imaginar que no es información para dar al Parlamento. Se debió haber dicho y se debe decir al Parlamento en forma transparente de dónde se sacan los recursos y cómo se manejan dineros que refieren nada más y nada menos que a créditos de salarios de funcionarios públicos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Asti.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: me voy a referir en particular a estas últimas expresiones del señor Diputado preopinante.

La primera aclaración que corresponde hacer es que cuando se habla de los $ 120:000.000 nos referimos a una partida anual. Al momento en que se apruebe esta Rendición de Cuentas entrará a regir la supresión de esta partida, ya sea en agosto, setiembre u octubre, de acuerdo con lo que resuelva el Senado. Lo que va a restar de esa partida, obviamente, va a ser proporcional al tiempo que haya estado vigente. Por lo tanto, no estamos hablando de $ 120:000.000 anuales para este período que va desde ahora al 31 de diciembre de 2005, sino de la parte proporcional; el resto por supuesto que va a ser recogido en el Presupuesto Nacional.

Lo que me parece interesante en las exposiciones de algunos Diputados preopinantes es que, aparentemente, se está pretendiendo traer al ámbito parlamentario la negociación colectiva con COFE. Me parece interesante porque luego de haber pasado por varios Gobiernos en los cuales no hubo negociación colectiva con los funcionarios públicos, después de que inclusive hubo algún Presidente que dijo: "Ellos hacen que trabajan y yo hago que les pago", hoy se preocupan de que no vayamos a violar un acuerdo con COFE, porque eso es sagrado.

Los propios funcionarios de COFE aclararon -como muy bien decía recién el señor Diputado preopinante- que confían en la negociación colectiva, y esta no ha terminado; está funcionando el Consejo Superior de Salarios y las negociaciones están abiertas en cada una de las ramas de actividad de los funcionarios públicos. O sea que las soluciones que se vayan encontrando para cumplir con cada uno de los acuerdos se establecerán y cumplirán soberanamente por parte del Poder Ejecutivo y de COFE.

Ahora voy a referirme a ciertos aspectos que también mencionaron algunos señores Diputados preopinantes, relacionados con la preocupación de que se esté cambiando la forma de distribución de partidas que antes se asignaban por vía legal y ahora se asignarán por la vía del decreto.

Me permitiré leer una referencia sobre este tema, concretamente los artículos 22 a 27 de la Ley Nº 16.736...

SEÑOR CASARETTO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ASTI.- Cuando termine, señor Diputado.

Dice así: "La aplicación de las normas sobre evaluación previstas en los artículos 22 a 27 de la Ley Nº 16.736 y del reglamento que en su momento dictara la Oficina Nacional del Servicio Civil ha demostrado que el sistema no ha sido demasiado bueno. Ha creado problemas en el tipo de calificaciones y se quiere ir a un régimen diferente que tome en cuenta la eficacia de los servicios en general.- Todo eso requiere un estudio que debemos hacer conjuntamente con la Oficina Nacional del Servicio Civil y, por lo tanto, se está pidiendo autorización para modificar el sistema. En su base, establecía muy poca cosa: cuatro criterios de calificación y que no podían exceder de determinado porcentaje los premios de muy bueno y sobresaliente, pero impone un par de limitaciones que hacen que no se puedan tomar en cuenta esos elementos.- Por lo tanto, se pide la autorización para cometer a la Oficina Nacional del Servicio Civil con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del CEPRE -porque Servicio Civil forma parte del Comité Ejecutivo- para modificar las normas de evaluación del desempeño. Estas son básicamente por decreto, salvo dos de los artículos citados, del 22 al 27 [...]".

Esta referencia no la hizo el equipo económico cuando vino a argumentar por qué se dejaban sin efecto las partidas que establecía el artículo 2º de este proyecto. Esta referencia la hizo el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno anterior, contador Davrieux. Por eso mismo, nos extraña que hoy legisladores de la actual Legislatura se preocupen de una autorización al Poder Ejecutivo para actuar por decreto.

Esta referencia que hacía el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue luego el fundamento del artículo 87 de la Ley Nº 17.556, que, precisamente, preveía que se debía dejar sin efecto el régimen de evaluación de desempeño que establecían los artículos 22 a 27. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque había una tremenda discrecionalidad y disparidad en la aplicación de estos criterios por parte de cada una de las unidades ejecutoras. Ahora decimos que lo vamos a hacer por decreto, igual que lo votó la Legislatura anterior, en la que existía otro tipo de mayorías circunstanciales, como se acota que pasa con la mayoría de nuestra bancada. En aquel momento aquellas mayorías circunstanciales aprobaron facultar al Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a que estableciera por decreto un nuevo régimen que sustituyera la evaluación por desempeño que se aplicaba en los artículos 22 a 27.

Antes de dar la interrupción al señor Diputado Casaretto, quisiera saber cuánto tiempo me resta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Le restan cinco minutos.

SEÑOR ASTI.- Gracias, señora Presidenta.

Se extrañan mucho de la inclusión de ese último inciso en el artículo 4º, y nosotros decimos que también lo habíamos informado cuando estuvo el equipo económico de esta gestión de Gobierno. En esa oportunidad se dijo: "Entonces, queda claro que en el primer punto de ninguna manera hay violación de los derechos adquiridos. Es más; trabajaremos sobre ellos, y en ese período modificaremos la norma". Se entendió que era de mayor claridad desde el punto de vista legal dejar establecido que no se iban a afectar las retribuciones de carácter permanente sin que se perdiera su naturaleza.

También decía el equipo económico: "[...] es cierto que esto forma parte de los diversos análisis que hacemos en el Consejo Superior de Salarios con los funcionarios públicos. Es decir que esto no lo estamos haciendo con un tubo de ensayo, sino en el marco de un debate que integrará un futuro acuerdo que, con seguridad, firmaremos con los trabajadores que se desempeñan dentro de la función pública".

Volvemos a reiterar que este Gobierno ha apostado al diálogo, a la participación de los trabajadores públicos como nunca lo hizo otro Gobierno, y ahora nos rasgamos las vestiduras porque presuntamente hoy no podemos establecer -siendo una potestad del Poder Ejecutivo- cuál va a ser la solución que se va a acordar con los trabajadores en el Consejo de Salarios.

Señora Presidenta, concedo la interrupción al señor Diputado Casaretto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado Casaretto, a quien le informo que al señor Diputado Asti le restan tres minutos.

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: quiero seguir manteniendo el tono de tranquilidad con que venimos debatiendo e intercambiando ideas y no introducir en este ámbito ningún aspecto de nerviosismo. Aquí lo que seguimos haciendo es jugar a la mosqueta; seguimos sin saber de dónde van a salir los $ 120:000.000 de que el Poder Ejecutivo, cuando vino aquí, dijo que iba a disponer para un acuerdo en beneficio de los trabajadores. Seguimos sin saberlo. Cuando el señor Diputado José Carlos Cardoso estaba haciendo uso de la palabra, se asentía y se levantaba la mano y se decía: "Cálmese, que ya viene la respuesta". Yo pensé: "Bueno, al fin la vamos a tener", porque durante todas las sesiones de la Comisión en la cual tratamos este tema no la tuvimos, como tampoco la tuvimos hace minutos del miembro informante y Presidente de la Comisión de Presupuestos, ni la tenemos ahora.

Aquí no ha habido ninguna rasgadura de vestidura; aquí hay un Gobierno que ha optado por hacer las cosas de forma diferente, con todo el derecho que tiene de hacerlo. La ciudadanía juzgará quién actúa mejor y quién lleva mejor adelante las políticas con los funcionarios. Ya dijo la Presidenta de COFE en la propia Comisión que a ningún Gobierno le da cheques en blanco. Ahora bien; si aquí hay legisladores a los que les molesta que en el momento de emitir el voto en un tema de esta delicadeza, de manejo de dineros para los funcionarios públicos, un legislador -sea del partido que sea- quiera saber cómo va a ser este manejo, creo que están equivocados. No hay que ponerse nerviosos, no hay que ofenderse ni hay que plantear cosas del pasado. Nadie está aquí cuestionando las instancias de diálogo que ha llevado adelante el Gobierno con los funcionarios públicos. Además -como me acotaba el señor Diputado José Carlos Cardoso-, esto no es generoso; el Poder Ejecutivo tiene la obligación de informar de estos acuerdos al Parlamento. No es que introduzcamos este tema aquí; no salió de la galera el acuerdo firmado por COFE; fue motivo de discusión en la Comisión de Presupuestos; lo habló la delegación de COFE, la única delegación sindical...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Redondeo, señora Presidenta.

Entonces, seguimos sin saber de dónde van a salir los $ 120:000.000 que en el acuerdo parcial que ha firmado COFE con el Poder Ejecutivo se disponen como beneficios a redistribuir.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Asti.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: Señora Presidenta: quiero aclarar que no son $ 120:000.000 en este año 2005; es solamente lo que quede del período luego de que se apruebe la Rendición de Cuentas.

Gracias.

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Prosigue la discusión de los artículos 2º a 5º, inclusive, con el desglose del segundo inciso del artículo 4º.

Tiene la palabra el señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señora Presidenta: indudablemente, tal como ya lo hemos hecho en la Comisión, vamos a votar en contra este bloque compuesto por los artículos 2º, 3º, 4º y 5º.

Hay cosas que hay que decirlas aunque se atrase un poco la votación y perdamos algo de tiempo. Nosotros estuvimos de acuerdo con los delegados de COFE cuando en la Comisión dijeron que ellos aspiraban a que hubiera una escala salarial única para todos los funcionarios del Estado. Estamos de acuerdo en que, a igual función, igual remuneración. También estamos de acuerdo -vamos a hacer lo que podamos; nosotros a veces creemos que las cosas van para un lado y después salen para otro- conque cuando se cobra el sueldo de los funcionarios del Estado haya un solo ítem, y no como pasa en algunos Ministerios, donde se cobra con dos hojas en las cuales figura un sueldo base de tanto y otra cantidad por el artículo tal, y nunca sabemos qué es.

Al considerarse el Presupuesto quinquenal pasado, yo, que ya pensaba de esta misma manera, solicité una escala de lo que ganaban los funcionarios del Estado. En ese momento me dijeron que sí, pero a los pocos días un funcionario del Gobierno me dijo: "No te podemos dar la información; es casi imposible saber lo que ganan los funcionarios del Estado porque es distinto en todas las reparticiones".

El otro día, la delegación de COFE reivindicó la escala salarial única y la conveniencia de tener un sueldo básico que no sea discriminado por partidas. Nosotros creímos que ahora se empezaba con los cambios, pero no es así. Se habla de sacar unas partidas pensando que después habrá una mejor distribución, pero luego no se hace. Esta es la contradicción contenida en el artículo 3º de la que estamos hablando.

El 26 de julio de 2005 -fecha que tiene el documento firmado entre el Estado y COFE- se dijo que se iba a distribuir lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Rendición de Cuentas. Ahí ya se sabía que se iban a derogar. Después, no sabemos por qué fuerzas, se decidió que el artículo 3º no se derogaba. Indudablemente, según la redacción del artículo 4º se mantienen todas las partidas que están cobrando los funcionarios.

Esta no es la filosofía que han sostenido los funcionarios públicos desde siempre. Además, el nuevo Gobierno había insinuado que lo iba a cambiar. Sin embargo, se siguen manteniendo partidas que serán adjudicadas en forma discrecional.

Como bien dijo el señor Diputado José Carlos Cardoso, falta información. Tanto es así que el Presidente de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, se comprometió a hacer un pedido de informes para aclarar las dudas que teníamos los legisladores. Él dijo lo siguiente: "Hay una sugerencia del señor Diputado Conde de hacer un pedido de informes para conocer esos datos que solicitan algunos señores legisladores. Si no hay inconveniente, eso se hará inmediatamente después de terminada esta sesión". No sabemos si se hizo. Y luego, cuando nos tocó hablar, dijimos que esperábamos que la respuesta a ese pedido de informes llegara antes del martes, lo que no ha sucedido, pues de lo contrario ya se nos habría explicado. Nosotros necesitábamos la información porque este aditivo tiene nombre y apellido; es un artículo con nombre y apellido. Por ese motivo, queríamos saber -el Presidente de la Comisión se había comprometido a hacer el pedido de informes- a quiénes beneficia. Queríamos saber si es a Juan, a Pedro, a Diego, es decir, quiénes son aquellos a quienes se les va a mantener esta compensación regular y permanente, como establece el artículo. O sea, queríamos saber de qué organismos se trata, a qué Inciso pertenecen, si es cierto que son militares; yo no lo sé. Se han dicho muchas cosas, pero yo no tengo la información. Me quedé confiado, porque me dije: "De acá al martes" -era la semana pasada- "nos va a llegar un informe que dirá cuáles son los funcionarios y a qué Ministerio pertenecen aquellos a quienes se les mantendrá la partida".

Tal vez habría sido mucho más prolijo y transparente proporcionar el nombre de todos estos funcionarios. Aunque no lo sepamos nosotros, sí se conoce quiénes son los que perciben esta partida en forma regular y permanente. Yo no lo sé; tal vez no lo sabe la mayoría de la oposición, pero sí lo debe conocer el Gobierno, aunque todavía no nos lo ha dicho. Esto me hace acordar un poco a aquella canción de la ola marina, ¿se acuerdan? Tiene un motor que camina para adelante y otro que camina para atrás. A veces vamos para adelante. Íbamos para adelante cuando se decía que se eliminaban estas injustas compensaciones que vaya uno a saber cómo se otorgaban, en forma discrecional, es decir, si se daban a los amigos o por clientelismo político. Eso lo he escuchado durante muchos años. Quizás tenían razón. Ahora, el Gobierno lo iba a eliminar, pero después dijo que no. Yo habría votado la eliminación de estas partidas. ¡Claro que lo habría votado! Pero lo habría hecho si le hubiéramos cambiado esta redacción por otra, o sea, si hubiéramos sustituido estos artículos y hubiéramos dicho: "Esto que está establecido así, en una ley como la de Rendición de Cuentas, lo vamos a cambiar por otra cosa".

Además, con este artículo se está dando un cheque en blanco. Es decir: el Poder Ejecutivo, en forma discrecional, va a distribuir no sé cómo estas partidas; los de COFE dicen que será en acuerdo con ellos, y están ilusionados.

Por lo tanto, si se me hubiera dicho que tenía determinado destino, yo lo habría votado, pero no comparto que se den partidas en forma discrecional, o sea, que el jerarca o el Ministro digan: "A Fulano le doy $ 5.000; al otro le doy $ 3.000; al otro $ 2.000". No lo comparto; nunca lo compartí y menos ahora. Por eso también voy a votar en contra el artículo por el cual se destinan partidas al Ministerio recientemente creado para que las distribuya como quiera.

Quiere decir que aquí hay contradicciones. ¿Vamos a seguir con ellas o cuando consideremos el Presupuesto se va a arreglar todo? Eso es lo que aparentemente nos dicen. Esperemos que cuando tratemos el Presupuesto se renueve la teoría de la justicia y de la transparencia y se eliminen estas cosas, no vaya a ser que cuando consideremos el Presupuesto nos digan: "Por ahora no; lo vamos a arreglar en la próxima Rendición de Cuentas".

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Con mucho gusto las concedo por su orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa informa al señor Diputado González Álvarez que le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Concedo la interrupción al señor Diputado Asti.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: cuando se dice que es con nombre y apellido, podría quedar flotando la idea de que se está beneficiando a determinadas personas.

Parece que no se puede llegar a comprender que el decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban las retribuciones citadas en el artículo 3º de este proyecto de ley en forma regular y permanente, sin cambiar su naturaleza. Quiere decir que a aquellos que tengan responsabilidad, no se les va a quitar la retribución por mayor responsabilidad, mientras la sigan teniendo. Esa es la discrecionalidad que tenía hasta este momento la norma. De alguna manera, es lo que se intenta empezar a corregir en esta maraña de cosas que en tres o cuatro meses hemos tenido que determinar para desentrañar lo que son las retribuciones de los funcionarios públicos. Como muy bien decía el señor Diputado preopinante, durante muchas décadas no pudimos saber cuáles eran las retribuciones de los funcionarios públicos.

Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado González Álvarez, a quien le resta un minuto de su tiempo.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Indudablemente, la explicación que da el señor Diputado preopinante no aclara la situación. Es con nombre y apellido. Yo no tengo ningún funcionario conocido en la Contaduría General de la Nación; de lo contrario, se trataría de apretar un botón y obtendríamos el listado de todos los que cobran partidas. No hay ninguna duda. Es así. Reitero que es con nombre y apellido por más que se quiera adornar.

Quiere decir que acá se van a mantener compensaciones, aunque toda la vida se dijo que no se iban a mantener. Por esa razón, votamos en contra. Además, lo hacemos porque no queremos dar un cheque en blanco al Gobierno para que con el dinero del Estado pueda hacer lo que quiera sin pasar por la consideración del Parlamento. Ya nos equivocamos -yo no lo voté en aquel momento; otros sí lo hicieron- cuando le dimos un cheque en blanco para distribuir el dinero de la DGI. Luego, por decreto, se establecieron los sueldos de los funcionarios. Eso fue un cheque en blanco. Después no pudimos opinar, a pesar de que se había dicho que sí lo íbamos a poder hacer.

En definitiva, no estoy dispuesto a dar una autorización al Poder Ejecutivo para que distribuya sueldos como se le antoje. Aparentemente, va a ser así.

Finalmente, reitero que voy a votar en contra y quería fundamentar mis razones.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Señora Presidenta: creo que esta discusión está prácticamente liquidada de una parte y de la otra.

Sin duda, los cuatro artículos que proponemos votar tienen una unidad y por eso sugerimos votarlos juntos. Por el artículo 2º se dejan sin efecto los premios al desempeño, que eran distribuidos luego de una previa calificación. Por el artículo 3º se hacen cesar retribuciones destinadas a compensar el desempeño por mayor responsabilidad y especialización. Esas retribuciones representan economías que en el artículo 4º se prevé distribuir. Es cierto que se presentó un aditivo, pero con el fin de no afectar ciertos derechos adquiridos, como bien se ha dicho. Y lo que se agrega en el artículo 5º es la posibilidad de crear un nuevo régimen de evaluaciones que, como bien demostraron los integrantes del Poder Ejecutivo en la Comisión, es absolutamente necesario.

Estamos pidiendo la votación de estos cuatro artículos. Es decir que pedimos una autorización para distribuir las economías resultantes de los ceses previstos en los artículos 2º y 3º, aunque es verdad que se han visto afectadas por una revisión. Parece que antes, cuando se trataba de determinada suma, los Diputados iban a votar esta autorización, pero ahora que es un poco menos, aunque va a tener el mismo destino, no lo quieren hacer. Esto es incomprensible.

Por otra parte, como bien dijeron los compañeros de nuestra bancada, el acuerdo con los funcionarios del Estado está amparado por la negociación colectiva que el Gobierno ha comenzado a estimular.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta: antes que nada me quiero referir a un tema de fondo que hoy se ha venido manejando y que refiere al artículo 3º, en el que se habla del desempeño de tareas de mayor responsabilidad.

Me parece advertir que se habla de compensación por el desempeño de tareas de mayor responsabilidad como si eso fuera mala palabra. Creo que hay un error de percepción -lo digo sinceramente-, porque cuando se tiene la responsabilidad de dirigir la función pública, se constata que hay tareas que realmente implican una capacidad de sacrificio y dedicación del funcionario que es superior a la categoría funcional en la que revista.

(Murmullos)

——Muchas veces, en lugar de dar a esa persona un aumento de escalafón, generando un nuevo posicionamiento presupuestal -que de pronto no tiene-, la Administración opta por destinar recursos para compensar esas tareas específicas que se están realizando.

(Murmullos)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa ruega a los señores legisladores guardar silencio.

Muchas gracias.

Puede continuar el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta: estoy seguro de que hoy la Administración está comenzando a tomar contacto con esas realidades y me parece que no es conveniente tratar, haciendo tabla rasa, la derogación definitiva de la compensación por tareas especiales, que se termina cuando el empleado deja de cumplir la función; quiero ser claro en esto. Si designamos a un funcionario para que maneje determinados temas -por ejemplo, acuerdos de Presidencia de la República-, lo que implica que no tenga horas ni días libres, que esté dedicado a "full", y hay una categoría especial en la cual instalarlo para retribuirlo como merece, debe tener una compensación. Si esa persona se va, por lo que ya no tendrá esa compensación, vendrá otra que la percibirá.

Entonces, veo este asunto con preocupación, porque no sé cómo va a afectar el funcionamiento de la Administración en cuanto a la efectiva toma de responsabilidades de todos los días.

(Murmullos)

——Por otra parte, me quiero referir al artículo 214 de la Constitución. Teniendo en cuenta que nos encontramos a horas del ingreso del proyecto de ley de Presupuesto -si sumamos, son pocas las horas que faltan-, me parece inconveniente que se incluyan temas presupuestales en el proyecto de Rendición de Cuentas. Lo digo de corazón: no me parece de buena técnica legislativa.

(Murmullos)

SEÑOR YANES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- En unos instantes se la concederé con mucho gusto.

Decía que no me parece de buena técnica legislativa, porque estamos generando algunos factores muy claros. En el literal D) del artículo 214 de la Constitución se establece: "El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas". Esto precisamente tiene que ver con el Presupuesto y, por lo tanto, me parece que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes.

Voy a citar otro artículo de la Constitución, ese librito que nos ayuda tanto. En el inciso segundo del artículo 86 se consigna: "Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos". Ese texto es muy claro.

Entiendo la arquitectura de los artículos 2º, 3º y 4º, pero sin el inciso segundo del artículo 4º. Sin embargo, a partir de ese segundo inciso, es obvio que estamos hablando de partidas nuevas. También entiendo el argumento esgrimido en Sala: no se trata de la partida total, sino de una parte, por lo que el daño es menor; pero la Constitución no dice a partir de qué monto hay que justificar la cantidad, sino que habla de cualquier disposición que implique un gasto. Por tanto, hubiera sido de buena técnica legislativa dejar esto como estaba hasta dentro de unos días. Lo digo porque faltan apenas unos pocos días para que entre el proyecto de ley de Presupuesto. Esto vendría en un contexto de presentación, lo que permitiría al Poder Ejecutivo hacer un planteamiento íntegro, cosa que en este caso no se está dando.

Antes de conceder la interrupción, dejo en claro que hay que tener cuidado con este criterio que estamos asumiendo en cuanto a que compensación por tareas especiales es algo así como una prebenda extraña. ¡Cuidado! Creo que podemos cometer un profundo error y perjudicar a quienes tienen la responsabilidad de conducir la cosa pública, que, en definitiva, es la mía, la de ustedes y la de todos.

También quiero dejar en claro que estamos rozando el texto constitucional en su artículo 86, al no prever recursos específicos para algo que implica gastos.

Concedo la interrupción al señor Diputado Yanes.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señora Presidenta: pretendí interrumpir en el momento en que había fuertes murmullos en Sala. Entiendo que son muchas horas, que hay comentarios para hacer y que todos hablamos, pero lo cierto es que el murmullo fue subiendo de volumen. La idea era interrumpir para que todos tomáramos conciencia de ello.

Pido disculpas al señor Diputado porque corté el hilo de su razonamiento, pero entiendo que la discusión no puede continuar de esa manera. Una cosa son los diálogos y otra los gritos. De lo contrario, terminaremos a la hora 3 y escuchándonos menos de lo que ya lo hacemos.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta...

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: el señor Diputado preopinante decía que podíamos rozar los preceptos constitucionales al derogar una partida por el artículo 3º y restablecerla por decreto. Para que no queden dudas, quiero decir que por el artículo 4º, que tiene la misma categoría legal que el artículo 3º, que la deroga, se mantienen determinadas partidas para los funcionarios que perciban esto en forma permanente, sin cambiar su naturaleza.

Muchas gracias, señora Presidenta y señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Scavarelli, a quien le restan cuatro minutos.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta: solo voy a contestar el comentario formulado.

No quiero hablar de violar la Constitución porque me parece demasiado fuerte en un caso de este tipo, pero lo cierto es que no estamos respetando su texto, y no me refiero al decreto sino a la arquitectura de este proyecto. Por los artículos 2º y 3º se dejan sin efecto ciertas asignaciones, pero también su fuente de recursos. Sin embargo, en el inciso segundo del artículo 4º se reasume el tema de la responsabilidad del Estado de pagar a quienes tienen ese derecho. Por lo tanto, vemos aquí una crisis en lo que tiene que ver con la fundamentación de dónde salen los recursos, y el artículo 86 de la Constitución es muy claro en el sentido de que no podemos votar una ley que no establezca la fuente de los recursos. Ese es el argumento que esgrimimos.

También digo que en lugar de hacer esta cosa tan forzada, a poco de tener el proyecto de ley de Presupuesto en estas mismas bancas, ¿por qué no hacemos una Rendición de Cuentas pura, que se dedique a ese tema, considerando que viene de un Gobierno que no es este, y dejamos todo claramente establecido? Dicho de otro modo: no veo la razón de urgencia que impone al Poder Ejecutivo la necesidad -no la veo, aunque quizás exista- de tocar instrumentos tan sutiles del manejo de la administración de la cosa pública, que tienen que ver con tareas de mayor responsabilidad y con la asignación de recursos que no existen, aspecto claramente establecido en la ley.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 2º a 5º, inclusive, con excepción del segundo inciso del artículo 4º.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señora Presidenta: expresamente, no quise intervenir en el debate para no demorarlo.

Aclaro que en mi caso voté estos artículos con la absoluta convicción de que necesariamente los salarios de todos los funcionarios públicos exigen una regulación, una nivelación, etcétera, pero también es absolutamente claro que, en el actual estatus jurídico en el que se manejan esas retribuciones, resulta imposible solucionar ese problema sin que quien pretenda hacerlo tenga problemas ulteriores de eventuales juicios contra el Estado, que inevitablemente perderá.

Por otra parte, quiero decir que reivindico plenamente la negociación colectiva, no solo en sí misma, sino como un elemento tendiente a conformar la voluntad legislativa que se expresa en normas jurídicas; y las normas tienen fuentes diversas y todas ellas son absolutamente constitucionales. Por lo tanto, independientemente de algunos reparos que estos artículos puedan merecer, los voto con la más absoluta convicción, en base a los argumentos antes expuestos.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el inciso segundo del artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que el Partido Nacional ha votado en contra los artículos 2º, 3º, 4º y 5º.

Muchas gracias.

SEÑOR BASANTA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BASANTA.- Señora Presidenta: brevemente, quiero manifestar que en el informe en mayoría de la Comisión se establece que el 45% de la población ocupada tuvo restricciones o problemas de empleo debido a la crisis que ha sufrido el país. Seguramente, en este 45% no se encuentran los funcionarios del Estado, porque no son susceptibles de ir a seguro de paro, de que les disminuyan el sueldo ni de ser despedidos. Por eso, me preocupa que la redistribución de recursos que son de toda la sociedad se realice por decreto y en forma discrecional.

Por ese motivo he votado en contra de estos artículos, y especialmente del segundo inciso del artículo 4º.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el artículo 6º.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite, señora Presidenta?

Solicito que se voten en bloque los artículos 6º y 7º.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar lo solicitado por el señor Diputado.

(Se vota)

——Setenta y ocho en ochenta: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 6º y 7º.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: en Comisión también votamos negativamente estos dos artículos.

Para fundamentar nuestra exposición, voy a invertir el orden, empezando por el artículo 7º, porque es la manera de entender el artículo 6º.

El artículo 7º del proyecto interpreta que pasan a integrar el Fondo del Ministerio de Economía y Finanzas al que hace referencia el artículo anterior, los recursos sobrantes -digámoslo así- previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 17.706. Vamos a recordar de qué se trata. Dicha ley se votó en noviembre de 2003, y en su artículo 2º prevé que el 25% de los recursos provenientes de una mayor recaudación de la Dirección General Impositiva tendrán como destino la mejora de gestión de ese organismo. Esto demoró un tiempo largo en instrumentarse a través del decreto a que refiere ese artículo y fue reglamentado y comunicado a la Asamblea General en esta Administración, entrando en vigencia treinta días después, como lo establece el decreto que, si no recuerdo mal, es del 30 de mayo pasado.

Consideramos ese artículo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea General, recibimos al equipo económico, y particularmente al señor Director General de Rentas, junto con el señor Ministro de Economía y Finanzas, y nos enteramos de los contenidos de esa reforma.

Independientemente de aquel tema que ya fue superado en la discusión y que consagró una reforma de la Dirección General Impositiva en cuanto a los salarios de los funcionarios, que pasaron a mejorar en forma sensible sus retribuciones -un decreto que trae otras complejidades vinculadas con encargaturas, modificaciones del escalafón interno, etcétera-, lo que nos quedó claro en ese momento fue que la DGI, que tenía la posibilidad de utilizar hasta el 25% de la mejora de la recaudación, utilizó menos de la mitad de lo dispuesto, un 11%, que, según el señor Ministro de Economía y Finanzas, equivale a $ 590:000.000, algo así como US$ 24:000.000. Quiere decir que la Dirección General Impositiva dispuso de US$ 24:000.000 anuales para retribuir a 1.300 funcionarios que pasan a ganar bastante más: algunos una vez, otros una vez y media, dos veces o dos veces y media lo que ganaban. Algunos de ellos, concretamente 474, pasan a ganar más que el señor Ministro de Economía y Finanzas.

Pero, nos guste o no, esa disposición entró en vigencia porque no hubo quórum en la Asamblea General, y una vez que venció el plazo, se aprobó.

La conclusión de aquel momento fue que si $ 590:000.000 representan el 11%, que equivalen a US$ 24:000.000, por una regla de tres se determinaba que quedaban disponibles, sin afectación, US$ 32:000.000.

Entendiendo, entonces, que lo que establece el artículo 7º es que el Poder Ejecutivo queda autorizado por esta interpretación a utilizar un porcentaje -no se determina cuál es- de esos US$ 32:000.000 para incorporarlo al Fondo del Ministerio de Economía y Finanzas, se advierte que en el artículo 6º se sustituyen los dos primeros incisos del artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, que es la que crea ese fondo.

Cuando uno afina la puntería trata de entender qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo, y a poco que lea con atención los dos incisos que se sustituyen advierte que en el primero la sustitución no parece tener mayor relevancia, en tanto la única diferencia es que el artículo 169 de la ley vigente refiere a que el fondo quedará integrado por el 5% de los ingresos extrapresupuestales de libre disponibilidad de todas las unidades ejecutoras que conforman ese Ministerio.

El artículo 6º establece que el fondo a crearse se integrará con el 5% de los "Recursos con Afectación Especial" de todas las unidades ejecutoras que conforman el Inciso 05. Se trata de un cambio de nominación y probablemente de concepto, ya que en vez de referirse a recursos extrapresupuestales, se habla de "Recursos con Afectación Especial". La clave está en que el artículo 169 de la Ley Nº 16.170 establece que "El porcentaje se aplicará sobre los ingresos por todo concepto, con las siguientes excepciones" y a continuación aparece el detalle, en el cual se incluye a la unidad Ejecutora 007, Dirección Nacional de Aduanas.

No se derogan lo relativo a las unidades ejecutoras 008, Dirección de Loterías y Quinielas; la 010, Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento, ni la 013, Dirección General de Casinos. Sí se deroga la excepción que el artículo 169 de esa ley, que crea el fondo, establece para la Dirección Nacional de Aduanas.

Entonces, la Dirección Nacional de Aduanas -que tiene sus propios recursos, igual que la Dirección General de Casinos y la Dirección de Loterías y Quinielas; por eso estaban exceptuados, aunque ahora no- se incluye en ese fondo, porque el artículo 7º quiere que un porcentaje no determinado de esos US$ 32:000.000 sea destinado al organismo por el Poder Ejecutivo, a través de un decreto.

Es decir que otra vez, por la vía del decreto, se va a hacer la reforma de un organismo -que seguramente es necesaria-, destinando importantes recursos -no estoy seguro de que haya que hacerlo- a los salarios de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, sin que, una vez más, la iniciativa pase por el Parlamento.

Hay US$ 32:000.000, producto de una recaudación que mejora sensiblemente, como explica el Informe Económico-Financiero que presenta el Gobierno, que analiza el peor año de recaudación, que fue 2003. En 2004 hubo un volumen importante, de casi US$ 60:000.000, que constituye el 25% de la mejora de la recaudación. Por lo tanto, la recaudación mejoró y mucho. Quedan US$ 32:000.000 recaudados sin afectación y se prevé que se continuarán recaudando. Entendemos que si este es el destino, la iniciativa debería ser considerada en el Parlamento a través de un proyecto de ley, probablemente en la instancia del Presupuesto o cuando el Poder Ejecutivo lo entienda conveniente. Pero, en todo caso, lo primero que habría que discutir es el destino.

Ya el Gobierno ha determinado como prioridad destinar US$ 25:000.000 para mejorar los salarios de 1.300 funcionarios, que son los recaudadores, sobre la base de que la dedicación exclusiva va a hacer cambiar la actitud de esos funcionarios como recaudadores. ¿Serán esos los conceptos que se apliquen para la Dirección Nacional de Aduanas? ¿Será pagar más por hacer lo que se tiene que hacer, para evitar desvíos dentro de ese organismo, duplicidad de tareas o una dedicación horaria inadecuada? No lo sabemos. Lo que sí nos queda claro es que el Poder Ejecutivo pretende destinar una parte -no sabemos si grande o chica- de esos US$ 32:000.000 para retribuir a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y elimina la excepción de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas de la participación de esos fondos.

Eso nos revela una intención un tanto encriptada en esta forma de redactar, porque se va a pagar más a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas -que no son los peor pagados dentro de la Administración Central y del Ministerio de Economía y Finanzas- para proceder a la reforma anunciada de ese organismo, pactada y acordada también en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, al igual que la de la DGI.

Nosotros preferimos -lo adelanto, pero va a aparecer en la discusión de esta Rendición de Cuentas- que esos US$ 32:000.000 tengan otro destino, y en ese sentido hemos propuesto que sean para el incremento de las asignaciones de los 110.000 jubilados que perciben menos de $ 3.000, aunque así no se da cumplimiento a la otra parte de lo que creemos que es un compromiso, que son los pensionistas, porque deberíamos tener una fuente de financiamiento que no está a nuestro alcance.

En cambio, aquí está, y la fórmula recoge la palabra mágica "facultad", porque facultamos al Poder Ejecutivo en tanto no tenemos iniciativa. Pero esa facultad fue discutida y resistida en otras Rendiciones de Cuentas y Presupuestos anteriores por las corrientes parlamentarias que hoy son mayoría; supongo que por haber cambiado el rol en el escenario político ahora no discutirán. Facultad implica no obligar y dar al Poder Ejecutivo la posibilidad de que se agregue su iniciativa con posterioridad, que se transforme en perfecta la consagración legal de que esos fondos vayan con el destino que el legislador quiso dar.

Nosotros queremos darle el destino de mejorar las jubilaciones de 110.000 jubilados, que han aportado toda su vida para eso.

Queremos ser coherentes con las dos premisas que acabo de detallar. En primer lugar, decimos que si se van a mejorar los salarios de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, tan cercanos al señor Ministro -que envía como Ministro principal esta Rendición de Cuentas-, se debe hacer por ley y no otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de hacerlo sin que el Parlamento lo apruebe. En segundo término, preferimos que esos recursos se asignen con prioridad a mejorar o incrementar las jubilaciones menores a $ 3.000, porque para nosotros esas personas están antes que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas en el listado de los que menos ganan.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Asti.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: lamento que el señor Diputado preopinante no haya comentado en la Comisión su interpretación del artículo 6º. De haberlo hecho, nos hubiéramos ahorrado gran parte de su exposición. Aclaro que el señor Diputado preopinante me dijo, cuando le reclamaba habérmelo aclarado anteriormente, que se había dado cuenta luego de haber finalizado la discusión de este proyecto en la Comisión.

Si se me permite, debo decir que existe un error de interpretación del artículo 6º, que proviene de no haber visto dos puntos en el texto. El artículo 6º dice: "Sustitúyense los incisos primero y tercero del artículo 169 de la Ley Nº 16.170 [...]", y luego figuran los dos incisos que se sustituyen, el primero y el tercero. Estamos de acuerdo con el señor Diputado preopinante en cuanto a que el inciso primero solo cambia lo que antes se llamaba "Ingresos Extrapresupuestales de Libre Disponibilidad" por la expresión "Recursos con Afectación Especial".

El inciso tercero es el que motiva la preocupación del señor Diputado preopinante. No sé si los señores Diputados disponen del texto del artículo 169 de la Ley Nº 16.170. El inciso primero, al que acabamos de hacer referencia, no merece mayores comentarios. El inciso segundo, que no se modifica, dice: "El porcentaje se aplicará sobre los ingresos por todo concepto, con las siguientes excepciones:" -dos puntos- "Unidad Ejecutora 007, Dirección Nacional de Aduanas, [...] Unidad Ejecutora 008, Dirección de Loterías y Quinielas, [...] Unidad Ejecutora 010, Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento, [...] Unidad Ejecutora 013, Dirección General de Casinos [...]". Ahí termina el inciso segundo.

Por su parte, los dos únicos cambios que el Poder Ejecutivo y la mayoría de la Comisión proponen introducir al inciso tercero del artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, es que se eliminen los términos "escalafón" y "con carácter permanente". La propuesta de modificación del inciso tercero dice: "Este fondo será destinado a aumentar los ingresos personales menores respecto a los promediales por grado," -anteriormente se establecía "por escalafón y grado"; ahora se elimina la expresión "escalafón" y queda solo "grado"- "considerándose lo percibido" -antes decía "con carácter permanente"- "por todo concepto y financiación por los funcionarios del Inciso, salvo las excepciones que establezca la reglamentación. A esos efectos, se concederá una compensación especial que no será considerada en los porcentajes máximos de la tabla del artículo 26 de la presente ley".

Por lo tanto, lo que se dice en cuanto a que esto estaba previsto para modificar las retribuciones de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, proviene de un error por no haberse visto los dos puntos que incluye el inciso segundo, que es el que detalla las unidades ejecutoras, haciendo que el inciso siguiente quede como tercero. Es decir, este proyecto no establece nuevas excepciones, y lo único que pretende -ahora vamos al fondo de la cuestión- es equiparar algunos salarios más bajos, como lo dijo claramente el equipo económico cuando concurrió a la Comisión integrada. La Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 -queda claro por la fecha qué Gobierno propició esta norma-, no tiene como cometido aumentar los salarios en general del Ministerio de Economía y Finanzas, sino simplemente suavizar un poco las diferencias de salarios en los cargos y escalafones iguales entre las distintas unidades ejecutoras, aumentando los ingresos personales a quienes están por debajo del promedio de cada grado que, reitero, antes era "escalafón y grado", como lo estableció el artículo 169. Es decir, se toma el promedio -ahora del "grado"; antes de "escalafón y grado"- y se compara con lo que se gana "por todo concepto" -antes eran solo las retribuciones "de carácter permanente"; ahora se incluyen todas las remuneraciones, inclusive las que no se perciban en forma permanente- y se otorga un porcentaje de aumento a quienes tienen una diferencia mayor respecto al promedio, en igual grado entre las distintas unidades ejecutoras que integran el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este artículo intenta mantener lo que en 1990 votó el Parlamento, pero con esta única diferencia.

En cuanto al caso del artículo 7º, que también preocupa al señor Diputado preopinante, lamentablemente, tampoco se recogen las declaraciones efectuadas en la Comisión integrada. Quien terminó de resumir esta posición en la Comisión fue el señor Diputado Posada, cuando se refirió a qué es el artículo 7º. El artículo 7º dice: "Interprétase que los recursos a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003," -fue la que reformó la Dirección General Impositiva- "deberán ser afectados, en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo, a los efectos de integrar el fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990", a la que nos referimos recientemente. Como la Dirección General Impositiva tuvo su propia reforma, debería contribuir de alguna manera a igualar ese porcentaje del 5% de afectación especial que aportan las demás unidades ejecutoras del Inciso 05, Ministerio de Economía y Finanzas.

El señor Diputado Posada interpretaba correctamente en la Comisión el espíritu de este artículo; si me permite el señor Diputado, voy a leer textualmente lo que dijo en Comisión: "En la última respuesta que se dio, se hizo referencia al 5%; aclaro que ese 5% debe entenderse del 25% al que se refiere el artículo 2º" de la ley que creó las retribuciones de la Dirección General Impositiva. Luego en la versión taquigráfica figura entre paréntesis "Diálogos"; debe aclararse que miembros de la bancada de Gobierno -lo digo porque fue mi caso- e integrantes del equipo económico asintieron, porque era correcta la interpretación del señor Diputado Posada. Lamentablemente, esa constancia no quedó en la versión taquigráfica, pero basta con que esa opinión no haya sido controvertida por el equipo económico ni por la bancada de Gobierno.

Me quedan pocos minutos, pero no quería dejar de comentar la referencia que se hizo a la reforma de la Dirección General Impositiva, ya que se compararon los incrementos de sueldo. Debemos tener en cuenta que en este caso también se cambió el tipo de relación laboral que tendrán esos funcionarios, ya que pasarán a tener dedicación exclusiva y se prevé una serie de incompatibilidades. Entre otras cosas, la dedicación exclusiva para los profesionales universitarios -fundamentalmente, contadores, pero también otros- implica que dupliquen, como mínimo, su carga horaria, dado que pasarán a trabajar cuarenta horas semanales cuando antes trabajaban solo veinte. Y digo como mínimo porque la dedicación exclusiva seguramente obligará a que esos funcionarios trabajen más de cuarenta horas semanales.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: es bienvenida la aclaración del señor Diputado Asti, por cuanto es cierto que hemos incurrido en un error al interpretar la lectura del artículo. De todos modos, esto no invalida las dos premisas en las que basamos nuestro rechazo a este artículo en la Comisión.

Como recién decía el señor Diputado Asti, este tema casi no fue considerado en Comisión; preguntamos al equipo económico y posteriormente lo discutimos en forma breve y lo votamos. A la hora de elaborar el informe para elevarlo al Cuerpo, quedó escrito, precisamente, cuál fue el centro de nuestra posición y de nuestros fundamentos para votar en contra de esta norma. El centro de nuestro fundamento ha sido que se dispone de recursos que fueron recaudados y que no tienen afectación para otro destino que el previsto por el artículo 2º de la ley de 2003; ahora se los destina a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por la vía del decreto. Esas son las premisas fundamentales por las que votamos en contra. Agregué algunos argumentos tendientes a demostrar que esos recursos podrían ir a la Dirección Nacional de Aduanas, a través de una interpretación que aquí en Sala se aclaró que fue equivocada. Lo reconozco y lo agradezco, porque pone en su lugar la discusión, lo que no invalida nuestro voto contrario en Comisión, que también lo será en Sala.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: vamos a recrear muy brevemente, de la manera más clara posible, el argumento por el cual en la Comisión hemos votado negativamente estos artículos, y en especial el 7º, que en aquel ámbito estuvo rodeado de una presentación alternativa que el Partido Nacional hizo en cuanto a los fondos.

A diferencia de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º -que discutimos antes-, para los que no había plata, para este sí hay plata. Esa es la primera constatación. Si algo hay en este artículo, son recursos. Si algo hay acá, es plata. El Director General de Rentas fue muy económico y, como todos sabemos, del monto original que tenía autorizada la Dirección General Impositiva no utilizó el 25% por concepto de incremento en la recaudación, sino solamente el 11%, es decir, US$ 25:000.000. Del monto disponible utilizó el 11%, es decir, US$ 25:000.000. Quiere decir que cada puntito anda en los US$ 2:200.000. Esa es la plata que hay en este artículo, por cada puntito de los 25 originales. El Director General de Rentas utilizó US$ 25:000.000, y por eso tenemos la reforma que tenemos. Ahora ya no tenemos más contadores de la DGI inspeccionando y asesorando empresas. Felizmente, tenemos la reforma que tenemos. La diferencia entre el 11% y el 25% sobró, y a US$ 2:200.000 el punto, saquen la cuenta de cuánto dinero hay.

Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Economía y Finanzas? "Vamos a echarle mano". Claro; el que está cerca de la caja es el primero que echa mano. Entonces ¿quiénes echan mano? Las unidades ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso se les destina una parte de ese dinero, que es mucha plata, más de US$ 30:000.000, y se empieza a gastar en los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Dónde se va a gastar si la plata está ahí, está recaudada, está en caja? Esto no es a futuro, es plata recaudada, más de US$ 30:000.000 en efectivo. ¿Cómo la vamos a gastar? En el artículo se establece que se empiece por el Ministerio. Dijo el señor Ministro Astori: "Más o menos es un 5%". Pero no fue muy claro, y lo dijo hasta en voz baja, aunque lo recordarán los Diputados. No quería decir el porcentaje y los Diputados le preguntaron: "¿Hasta cuánto? ¿Hasta el 5%?". Y él decía: "Bueno, sí". Y ahí terminó la conversación y no explicó más. El artículo deja esto librado a lo que el Poder Ejecutivo determine. Establece que se va a gastar la plata en incrementos salariales a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. ¡Válgame Dios con la política salarial del Estado! Miren en lo que va quedando. Se va a gastar en los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos, 5 puntos. Igual, sobra plata...

¿Qué decíamos nosotros? Aquí hay un fondo disponible. Hay 3:200.000 ideas acerca de cómo gastar la plata en Uruguay; todos tenemos una idea de cómo gastarla. A nosotros se nos ocurrió que una forma de cumplir con una vieja demanda respecto a nivelar las jubilaciones más bajas era beneficiar a esos 110.000 uruguayos que cobran menos de $ 3.000. Este dinero alcanza, porque es plata contante y sonante que se recauda todos los años. El año que viene se repone este fondo, y el otro también. Estamos hablando de recursos absolutamente genuinos. Por lo tanto, podríamos facultar al Poder Ejecutivo a utilizarlos para nivelar las jubilaciones más bajas, tema que a todos nos ha preocupado y me consta que al partido de Gobierno también, porque muchas veces se habló de nivelarlas a $ 3.000.

Además -de paso, cañazo-, estamos en un momento en el que se anuncia que el nuevo régimen de aumento jubilatorio estará atado al lugar donde viva el jubilado. Si al jubilado le toca vivir debajo del puente, va a recibir el aumento, pero si reside en la casa con el hijo y la nuera, probablemente no lo perciba. Parece ser que los aumentos jubilatorios en el futuro van a estar atados al lugar donde viva el jubilado y no a los derechos jubilatorios generados por él durante su vida laboral. Estamos desatando una vieja lógica en materia jubilatoria en el sentido de que el aumento tiene que ver con el entorno familiar y no con el jubilado; eso es lo que se anuncia que aplicará ahora el Poder Ejecutivo. Es decir que se tendrá en cuenta la integración del núcleo familiar y los ingresos, tal como lo explicó el Presidente del BPS de manera bastante confusa; pero eso fue lo que entendí. Si gana $ 12.000 no recibe aumento, y si gana menos capaz que sí. Se trata de un régimen de aumento que no compartimos.

Esa es la razón por la que no votamos este artículo. Aquí hay dinero y la repartija empieza por casa, es decir, por el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con el artículo, se va a distribuir el incremento conseguido por el éxito de la recaudación del Estado, la buena gestión de la DGI y la muy buena administración de los fondos de la Dirección General de Rentas, y este incremento se va a empezar a repartir en el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros no compartimos ese criterio y por eso votamos en contra.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: vamos a votar negativamente los artículos 6º y 7º, pero por distintas razones a las que se han esgrimido en Sala. A pesar de que en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas existe un órgano recaudador muy importante para el Estado, como es la Dirección General Impositiva, eso no debe llevar a privilegiar a los funcionarios de ese Ministerio con respecto a los demás Ministerios. Creemos que por esta vía y de acuerdo con la interpretación que se hace del artículo 7º, se está generando una situación distinta para tratar a los funcionarios públicos, según sean estos del Ministerio de Economía y Finanzas o de los demás.

A nuestro juicio, como se ha señalado y como figura en la versión taquigráfica, se trata del 5% del 25% al que se hace referencia, lo cual da una cifra bastante menor a la que se ha manejado, pero de todas maneras genera un privilegio para los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, la diferencia existente entre los distintos funcionarios públicos se acrecienta por esta vía en lugar de aplicarse ese viejo concepto que dice "a igual función, igual remuneración".

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Gamou.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: la discusión sobre la propuesta que hace el Partido Nacional respecto al aumento de las jubilaciones la daremos cuando tratemos el aditivo, tal como lo habíamos acordado.

Simplemente, a título de anuncio, quiero decir que no es lo mismo tener una jubilación de $ 2.000 y quinientas cuadras de campo que una de $ 2.000 y dos hijos desocupados. Todos sabemos cómo se sacaron jubilaciones en este país, como, por ejemplo, de costurera, en aquellos viejos clubes. En definitiva, esa discusión la daremos cuando tratemos el aditivo que va a presentar el Partido Nacional, tal como lo ha anunciado.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 6º y 7º.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que el Partido Nacional ha votado negativamente los precedentes artículos.

SEÑOR BASANTA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BASANTA.- Señora Presidenta: una vez más, quiero fundar el voto diciendo que esta solución no es solidaria, sino que constituye el triunfo de los corporativismos que evidentemente campean en el Ministerio de Economía y Finanzas. Al ver las demás unidades que la Dirección General Impositiva había sido beneficiada, han recurrido al mismo método. Habiendo -como dice el informe en mayoría- una severa crisis social, evidentemente se debieron encontrar mejores lugares donde colocar el dinero de los contribuyentes.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el artículo 8º.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: voy a solicitar que se voten en bloque los artículos 8º, 9º y 10. Si bien los tres artículos no se refieren a la misma temática, en la coordinación acordamos que esos artículos no iban a tener discusión y que, una vez votados, se fundaría el voto por parte de aquellos Partidos que lo quisieran hacer.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar si se procede tal como propone el señor Diputado Gamou.

(Se vota)

——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión los artículos 8º, 9º y 10.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: votamos toda esta Rendición de Cuentas en el mismo entendido con que lo hicimos con el informe realizado por el equipo económico, que recoge de la jerga en esta materia la expresión "gasto cero". En ese sentido, se nos ha informado que los artículos 8º, 9º y 10 están financiados. Los artículos 8º y 9º consagran una especie de asiento contable a los efectos de prever el crédito para pagar -no ahora, sino cuando haya recursos disponibles- estas dos obligaciones. Por lo tanto, no está creando la obligación de pagar y saber de dónde sacar los recursos, sino la necesidad de asentar esta deuda a los efectos de que quede registrada.

A través del artículo 10 se crea un incremento, porque asciende al literal C) de la Ley Nº 15.809 a dos Directores -el de Educación y el de Cultura- que estaban en un literal inferior, agrupados con otros Directores de la Administración, percibiendo una remuneración inferior. Se nos ha informado que el incremento de sus retribuciones está financiado por el artículo 12, que disminuye las retribuciones de los futuros miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado.

Dejamos constancia, también, de que lo hemos votado en el entendido de que este es el camino correcto e indicado para cambiar la retribución de los cargos de particular confianza. Estas retribuciones están previstas por ley, precisamente por esta ley que estamos modificando. Por ley deben modificarse ingresos presupuestales y no como se ha hecho recientemente por la vía del decreto, como ocurriera con la remuneración del Director General de Rentas. Precisamente este literal C) fija la retribución del Director General de Rentas en el 85% del sueldo del Subsecretario, y el decreto lo ha modificado sustancialmente. Sustancialmente o no -no importa-, lo relevante es que la ley es la que debe consagrar esas modificaciones.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BRENTA.- Señora Presidenta: votamos el artículo 8º, que asigna por única vez una partida de $ 692:875.313 al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta partida crea un crédito que registra una deuda que ya existe y que no estaba registrada contablemente porque no había crédito suficiente. Quiere decir que es un gasto en el que incurrió el Estado sin el crédito habilitante. La única solución es lo que estamos haciendo: habilitar un crédito para que el Poder Ejecutivo pueda registrar este gasto. Es bueno saber que este gasto se va a registrar en el Ejercicio 2005, aunque en realidad se generó en Ejercicios anteriores. Esto implica que cuando realicemos la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2005 tendremos que diferenciar aquellos elementos que vienen de años anteriores de los que efectivamente se devengaron en el Ejercicio 2005.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el artículo 11.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: quiero aclarar que el artículo 11 se va a tratar solitariamente.

Como todos los legisladores presentes saben, el artículo 11 se refiere a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado y, concretamente, a la forma de elección de sus integrantes.

La primera apreciación que quiero hacer es que, a veces, en política exageramos la nota y creemos que un determinado sistema electoral para elegir algo define "per se", y olvidamos que participan varios elementos que, en el conjunto, en su interacción, constituyen una estructura.

En todo caso, el sistema electoral puede ser un elemento facilitador o un elemento obstruyente, pero nunca determina. La normativa electoral jamás determina la realidad política. Si no, miremos lo que ha pasado en este país, y no me refiero solamente al 31 de octubre, sino históricamente. Mi compañero de bancada, el señor Diputado Martínez Huelmo, recordaba que durante decenas de años el Partido Nacional no acumuló. La primera vez que lo hizo, en 1958, ganó la elección. La posibilidad estaba, pero no la utilizó.

A veces, la forma de elegir un determinado organismo, en lugar de ser un elemento facilitante se transforma en un factor de obstrucción. Una máxima de la democracia es el derecho de las minorías. Yo diría que esto tiene dos patas: es necesario que las mayorías no avasallen, pero también que las minorías no paralicen. ¿Qué ha sucedido en este país? Existe un sistema electoral para elegir los organismos de contralor que, supuestamente, debe facilitar los acuerdos interpartidarios. Sin embargo, hace diez años estamos con la misma integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, no ha facilitado absolutamente nada. Se dice que el que falla es el sistema político porque no se pone de acuerdo. Entonces, vamos a ayudarlo, y si es una estructura, vamos a tratar de que encajen las piezas. Tampoco el hecho de establecer determinada mayoría menor significa que no se pueda tener una mayoría mayor. Hace bien poco nos rompimos las manos aplaudiendo una decisión que se tomó por unanimidad, no en esta Cámara sino en la Asamblea General, aunque esa unanimidad no era necesaria.

Como ocurre hasta ahora, para elegir a los integrantes de la Junta hacen falta tres quintos de votos, pero si no se logran los tres quintos de votos, la Junta sigue "in aeternum". ¿Qué proponemos con este artículo? Procuramos que ese elemento electoral facilite un poco más, y para ello vamos a apurar el acuerdo político. ¿Por qué digo esto? Porque hace diez años que estamos esperando que un determinado sistema electoral establecido en nuestra Constitución cambie de una buena vez los organismos de contralor, pero no hemos tenido suerte. Nos dicen que el tema se va a conversar, pero hace diez años que estamos conversando. ¿Qué es lo grave? ¿Cuál es el atentado a la democracia que estamos haciendo? Lo que se establece en el proyecto es que la propuesta que se envía debe contar con la aprobación de los tres quintos de votos del Senado. Si esta mayoría no se logra, se puede volver a enviar la propuesta o redactar una distinta, que también debe contar con la aprobación de los tres quintos de votos del Senado. Si luego de esas dos instancias no se logran los tres quintos será posible aprobarlo por mayoría absoluta, que no es cualquier cosa.

Si hay algo que no impide este artículo son los consensos, ya que no hay nada que impida que los treinta y un miembros del Senado voten la integración de la Junta Asesora. Esto lo dijimos en la Comisión y lo sostenemos ahora. ¡Ojalá que salga por la unanimidad del Senado! Ahora bien: algún mensaje hay que dar.

Los informes de la oposición reconocen el esfuerzo que hizo la bancada de Gobierno. Dicen que no son suficientes, pero reconocen el esfuerzo de agregar sesenta días más de plazo. Si no nos alcanzan ciento veinte días para ponernos de acuerdo acerca de personas de probada honestidad y capacidad, lo que está fallando no es el sistema electoral, sino el sistema político.

Por tanto, vamos a apoyar el artículo 11 con las modificaciones que hizo la bancada de Gobierno a la propuesta que venía del Poder Ejecutivo, pero tanto en esta como en cualquier otra instancia vamos a apoyar el hecho de que organismos tan importantes como esta Junta sean nombrados, no por una ortopedia electoral, sino por la unanimidad del Senado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: notoriamente, este artículo estableció importantes diferencias entre el Gobierno y la oposición a nivel de la Comisión. Nosotros preguntamos primero al señor Ministro de Economía y Finanzas y luego al señor Ministro de Educación y Cultura las razones que fundamentaban una reforma en la manera de elegir los integrantes de la Junta Anticorrupción.

Nosotros entendemos válido el cambio que implica la propuesta, pues el Gobierno tiene derecho a plantear la modificación de la integración de un organismo -en este caso la Junta Anticorrupción- si entiende necesario su recambio. No obstante, como aporte a este debate, en primer lugar queremos señalar lo inoportuno del planteo.

Lo primero que se aprecia es una gran inoportunidad política, y vamos a explicar por qué. Los partidos políticos uruguayos venimos de sostener un debate público acerca de la conformación del Gobierno, de la participación de las minorías en organismos del Estado y en la administración de las empresas públicas. El país ha sido testigo de la falta de entendimiento, de que este avance no pudo concretarse y, por ende, a renglón seguido, tuvo la confirmación de que el partido gobernante tiene un control absoluto de toda la estructura del Estado, ya sea Ministerios, entes autónomos o servicios descentralizados, es decir, de toda la Administración Pública. Ese es un dato que ya todo el país conoce.

Queda pendiente -el señor Diputado preopinante ha hecho referencia a esto- la integración de dos importantes órganos de contralor que están sometidos a un régimen previsto en la Constitución de la República. ¿Y el Gobierno qué hace? Avanza un poco más y dice: "No solamente todo el Gobierno, no solamente toda la Administración pública, todas las empresas, todo, todo, todo; también esta Junta Asesora".

Esta no es una institución del Gobierno; notoriamente no lo es. En todo caso, lo que aquí se administra es información de los cargos políticos, nuestra información, la que le suministramos, la que proporcionan los gobernantes, los Ediles. No es un órgano de la Administración. Todos reconocemos que aquí está en juego la gestión de una actividad; es un órgano asesor que tiene nada más y nada menos que el volumen acumulado de la información y está vinculado a una norma mayor que es la recordada ley anticorrupción o ley cristal; tuvo varias denominaciones. Se trata de meterle mano a la forma de integrar un organismo que no refiere a la administración del Estado, sino a una cosa diferente. Tampoco es un órgano de contralor, sino uno que observa o tiene acceso a información calificada que, de alguna manera, busca defendernos de la corrupción.

¿Para qué hace esto el Gobierno? No tiene sentido. No tiene sentido que reduzca la mayoría. Además, es equivocado el argumento de que la oposición lo va a bloquear. ¿Y saben por qué es equivocado? Porque no han hecho un solo intento en este sentido. ¡Ni un solo intento en los seis meses de Gobierno! Si lo hubieran hecho, podrían decir: "Nos han bloqueado también la Junta Anticorrupción". Pero no ha habido un solo intento de acercar nombres a los partidos de la oposición y de decir: "Por aquí venimos; estos son nuestros nombres". ¿Quién le dijo al Gobierno que no va a tener unanimidad? ¿Quién le dijo al Gobierno que no va a tener esa unanimidad que el señor Ministro de Educación y Cultura dijo que trataría de conseguir? ¿Por qué se resisten a que sea con tres quintos? ¿Hicieron la prueba? No la hicieron. Primero quieren la fortaleza de decir: "Miren que los ponemos nosotros solos", para después discutir los nombres. Están invirtiendo el razonamiento, que se convierte en: "Primero quiero tener la facultad para poner a esos tres nosotros solos, y después discuto con ustedes los nombres".

Ese es el relacionamiento que implica esta redacción. La carga de la prueba es al revés: la fortaleza es para el partido de Gobierno y no hasta agotar una instancia. Es como si dijeran: "Ya se sabe que tenemos los votos, así que si quieren vengan a discutir los nombres, y si no les gusta, esperamos ciento veinte días y punto". Esa es la línea de razonamiento que está detrás de este artículo; a nosotros nos parece que es inoportuna.

El Gobierno no necesita poner los cargos también en la Junta Anticorrupción. Han puesto todos los cargos. ¿A razón de qué necesitan estos tres? Además, no son de distribución política. Este es otro razonamiento equivocado. A diferencia de los cargos de la Administración que discutimos para el Banco de la República Oriental del Uruguay o el CODICEN -estos sí para administrar, estos sí con coparticipación-, este no es un organismo de típica integración de coparticipación. ¿Quién dijo que la Junta Anticorrupción se tiene que integrar con uno de cada partido? ¡No hay referencia en ningún lado en tal sentido! Y cuando se discutió la norma -tengo en mi poder el debate parlamentario- todos los partidos acordaron que estos tres señores están por encima de una distribución política. ¡No refiere a una distribución política! Sería pésimo someter a los partidos a discutir políticamente esos tres nombres; pero no hicieron el intento y se resisten siquiera a ponerlos. Seguramente los tendrán. ¡Cómo no los van a tener! Hay ex integrantes de la Suprema Corte de Justicia y supongo que hay nombres en el país que recogerían un consenso inmediato. Pero lo que hace el Gobierno es aumentar su fortaleza para negociar, y esto no se debería negociar. La Junta Anticorrupción no se debería negociar; tampoco eso le hace bien al Gobierno. La región no está en un momento como para andar jugueteando con estos temas. Nadie está vacunado, y es bueno tener garantías. ¡Que todos las tengamos!

Este procedimiento es innecesario, inoportuno e inconveniente. No están haciendo las cosas bien. Prueben enviar tres nombres a ver si no consiguen mayoría, evitando modificar definitivamente la integración de un Cuerpo que debería ser insospechado de negociación política. Me resisto a pensar que mi Partido va a someter la Junta Anticorrupción a una negociación política. Estoy convencido de que va a decir que no, que no hay negociación política. Entonces, propongan los nombres. Bastará con que se trate de personas muy dignas y de reconocida trayectoria para que los votos sean suficientes. Estos cargos no están sometidos a la misma lógica que los otros y no es bueno ni correcto asociar este debate al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral, ya que estos organismos son absolutamente de otra naturaleza.

Es cierto que hemos tenido una trabazón política, pero también lo es -vamos a empezar a decirlo fuerte y claro- que con esta integración de la Corte Electoral ha habido garantías para todos, inclusive para que el partido que hoy está en el Gobierno lo alcanzara sin ninguna queja y con transparencia electoral. Esta Corte Electoral fue capaz de garantizar un resultado electoral como el que tuvimos el 31 de octubre. Señalo esto, ya que tantas cosas se dicen de la Corte Electoral.

Entonces, este artículo no le hace bien al Gobierno. No es un tema que deberíamos estar discutiendo. Tendría que quedar fuera del debate político para tranquilidad de los ciudadanos y para que nadie crea que también el Gobierno quiere poner o sacar con sus solos votos a los integrantes de la Junta Anticorrupción.

Muchas gracias.

(¡Muy bien!)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señora Presidenta: hay una serie de argumentos que fundan nuestra preocupación sobre este artículo 11. Para ser pragmático, voy a empezar por la razón del artillero. En definitiva, lo que resulta complejo de aceptar en este articulado es que la mayoría que se exigiría -después de no obtener la prevista originalmente en la ley- coincide con la mayoría que tiene el partido de Gobierno. Ese es el primer hecho.

Pero me hago una pregunta. ¿Por qué forzar una norma de este tipo cuando todavía no se intentó integrar la Junta como se determina? Entiendo que se trata de hacer una negociación para obtener los votos. Discrepo con el concepto de democracia que se ha mencionado aquí. La democracia es buscar consensos. En octubre hubo un resultado formidablemente abrumador, que reconocemos porque es la voz de la ciudadanía, pero no supera a la casi otra mitad de uruguayos que votaron cosas distintas. Sé que es la vocación de cualquier partido de Gobierno, y del actual, buscar la construcción de los consensos que nos den garantías a todos. Entonces, yo me pregunto: ¿la mayoría de que goza hoy el partido de Gobierno, la coalición de Gobierno, o como se le quiera llamar, es circunstancial y está construida sobre acuerdos de coalición? No, es una mayoría sólida; a la vista está. Por lo tanto, ¿qué costaría no incluir este artículo aquí, intentando integrar la Junta por el camino previsto en la ley? Si se notara un obstruccionismo artificioso -entiendo que puede haber una preocupación en tal sentido-, entonces, sí, se le podría decir a la ciudadanía: "Señores, me están trancando la generación de una Junta de este tipo; yo tengo los votos y voy a modificar eso". Pero ese paso no se cumplió. Entonces, me parece que estamos erosionándonos en puntos que son adjetivos, cuando hay tanto por resolver.

Por otro lado, la Constitución prevé dos elementos de integración para saber si los votos alcanzan o no. Estoy hablando de los organismos industriales y comerciales -es decir, los servicios descentralizados y los entes autónomos-, y el Tribunal de Cuentas. Yo me pregunto a qué se parece más esta Junta Asesora -que no es Tribunal de Cuentas, ente autónomo ni servicio descentralizado- en sus roles, en sus cometidos legales. ¿A ANCAP? ¿Al Banco de la República Oriental? ¿A la OSE? ¿A la UTE? ¿O un poquito más al Tribunal de Cuentas? Yo creo que se parece más al Tribunal de Cuentas que a otra cosa.

¿Qué dice la Constitución sobre esto? El artículo 187 de la Constitución, cuando habla de los Directorios de los entes y de los servicios descentralizados -el país no se puede parar por la oposición, y en esto estoy totalmente de acuerdo porque el Gobierno tiene la obligación de gobernar, y la UTE y la OSE tienen que funcionar-, dice que usted requiere una mayoría -reitero que es lo que se prevé en la Constitución-, que es grande. Si usted no la logra, días después lo va a poder hacer con la mayoría absoluta. Y la Constitución fue elaborada en un tiempo en el que no había un partido en el Gobierno que tuviera mayoría absoluta, pero la gente votó con esta Constitución y con estas leyes y, por lo tanto, debemos hacer la ficción de que votó conociendo estas normas.

¿Qué digo con esto? Cuando se trata de organismos de determinada naturaleza, como la Administración no puede pararse, si no le alcanzan los votos para integrar un Directorio con la mayoría que prevé el primer inciso del artículo 187, que establece que deberá integrarse por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes del Senado, podrá aplicar el segundo inciso de este mismo artículo, que dice: "Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días [...], el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado". Es lo que dice este artículo para los entes autónomos. Pero cuando la Constitución de la República se aplica para el Tribunal de Cuentas, claramente en el artículo 208 se establece: " [...] Serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes". Y no aclara nada más porque desde el punto de vista institucional, como el Estado es uno solo, quienes hoy están en el Tribunal de Cuentas fueron elegidos por estas mayorías especiales; con otra representatividad, es verdad, pero el arte de la democracia es construir la representatividad.

Entonces, me remito a la razón del artillero nuevamente. Aunque no hubiera dicho lo que dije al principio sobre la oportunidad, la conveniencia y el instrumento que este Gobierno tiene, que es una mayoría que puede modificar esta futura ley cuando quiera, lo que queda claro es que la filosofía de la Constitución para los órganos de contralor es otra. Sin duda, esta Junta, que no está en la Constitución, tiene mucho más aroma a Tribunal de Cuentas que a OSE y a UTE.

Además -ingreso en un tema bastante polémico-, es muy duro aceptar que una ley que establece mayorías particulares y especiales pueda ser derogada por mayorías simples cambiando esas mayorías especiales. No estoy hablando de derecho, que daría para varias bibliotecas, sino que me parece que el mensaje no es bueno. Cuando se votó esta ley con mayorías especiales no se hizo por casualidad -no es un problema de desconfianza-, sino porque lo que se quiere es mostrar a la opinión pública que realmente hay un órgano de contralor -si no es de contralor, es muy parecido-, que está manejado por personas que gozan de un prestigio consensuado.

Y digo lo del principio: si realmente el Gobierno siente que después de procurar y de esforzarse no consigue el consenso para integrar esta Junta -capaz que no lo consigue para el Tribunal de Cuentas, y se va a tener que aguantar, salvo que cambie la Constitución-, y prueba y no puede, prueba y no puede, y la oposición no tiene la madurez de ser oposición constructiva -como se dice ahora-, cuando vengan acá y nos digan: "Miren, yo probé el 22 de agosto, el 15 de setiembre, el 15 de octubre, el 25 de diciembre y no pude; voy a presentar un proyecto de ley y aplico la mayoría que tengo que, después de todo por algo la tengo", yo estaré de acuerdo.

Por lo tanto, en primer lugar anuncio que me habría gustado que esta norma no hubiera estado aquí; en segundo término, me habría gustado que en lugar de estar aquí primero se hubiera intentado construir un consenso. Yo le tengo fe al Gobierno para construir consensos porque, además, la herramienta -a la que se referían recién-, la sigue teniendo aunque no exista esta ley, porque si se negocia y se negocia y no hay consenso, va a decir: "Señores, ¿saben qué? Me cansé de buscar consensos; va un proyecto de ley y se aprueba en setenta y dos horas". ¡Y la mayoría está para que sea aprobado!

Por lo tanto, creo que estos son procesos de desgaste innecesario, en los que se generan rispideces innecesarias -de buena fe, porque no soy quién para atribuirlas, aunque acá tampoco veo ningún elemento que la demuestre-, son elementos que nos desgastan innecesariamente cuando hay caminos alternativos.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Lorenzo.

SEÑOR LORENZO.- Señora Presidenta: con absoluto asombro veo que la bancada oficialista va a llevar adelante este artículo 11 tal como viene proyectado.

En la argumentación, en apoyo a su aprobación, se ha hecho una gran mescolanza con términos como democracia, y confundiendo contralor con acciones paralizantes de la oposición. ¿De qué estamos hablando? Acá estamos hablando de un organismo cuya naturaleza es de contralor, y no importa si está en la Constitución o en otro lugar; es de contralor. ¿Cuál es el elemento esencial del contralor? La oposición de intereses. ¿Cómo se garantiza la oposición de intereses? Se garantiza con una integración plural.

Para una integración plural, en las normativas que establecen designaciones como esta o sistemas de elección, en general se indican mayorías especiales. ¿Por qué? Porque aquellos que son controlados en su acción de Gobierno no pueden ser los que, a su vez, definan la integración de aquellos organismos que los van a controlar; por lo menos no en su totalidad.

El sistema de designación no es neutro; define si estos organismos son o no de contralor. Mediante un mecanismo que equipara las mayorías que tiene quien debe ser controlado con aquellas que se necesitan para integrar los organismos de contralor, lo único que se garantiza es que haya designaciones de personas afectas al régimen y, en consecuencia, dispuestas a no cumplir su rol de contralor.

Eso es asombroso porque una fuerza política que ha llegado al Gobierno haciendo gárgaras con discursos de transparencia, de cristalinidad y de honestidad en la gestión de la cosa pública, ahora pone mecanismos para evitar ser controlada.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Varela Nestier)

——Acá de lo que estamos hablando es de consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¡Y vamos a no mezclar los temas! La integración de los organismos de Gobierno de gestión descentralizada -ya sean entes autónomos o servicios descentralizados, como bien marcaba el señor Diputado Scavarelli- es un asunto que está liquidado, y si alguien considera que no es así, aprovecho para pasar un aviso y decir que en el día de hoy el sector político Alianza Nacional presentó un proyecto para reducir de cinco a tres miembros la integración de los Directorios de los entes autónomos del dominio industrial y comercial del Estado. Ahí vamos a ver si hay otra consistencia -que es la de hablar de racionalización del gasto, de orden, de prolijidad- y vamos a ver si realmente estamos dispuestos a reducir el número de integrantes; esto es algo que no afectaría a nadie porque el número de integrantes ya está determinado de una manera irregular, pues los organismos están funcionando con menos miembros de los que deberían tener. Y ahí vamos a un punto que no tiene que ver con esto.

El segundo elemento tiene que ver con los organismos de contralor establecidos en la Constitución de la República. Ahí hay mayorías, y no tengan dudas de que se va a llegar a un acuerdo, pero no sobre la base de que el Gobierno, por tener mayoría en las Cámaras -no las requeridas para modificar la integración de los organismos de contralor-, tiene derecho a una cuotificación política, porque hay que leer la Constitución. La concepción de la Constitución no establece eso; no es de cuota política. Que haya sido así en el pasado no significa que sea lo correcto. Esta fuerza política está dispuesta a convalidar mecanismos apropiados, más allá de que en el pasado haya sido así. Por lo tanto, tampoco se puede traer a colación este tema.

En este caso en particular sería buena cosa que la fuerza de Gobierno permitiera mayorías especiales porque, si no, llamaría la atención respecto de la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, y esperemos que no llame la atención cuando haya problemas que deban ser considerados por esta Junta. Esperemos que el partido de Gobierno proponga nombres que dignifiquen esto, a pesar de que esta modificación no nos augura nada positivo en ese sentido. La democracia -uno de los conceptos con los que se trató de fundamentar esta disposición- no significa que la mayoría pueda disponer libremente, sin controles, de recursos que son de toda la sociedad. Para eso está el derecho a ejercer los poderes de Gobierno, pero también la obligación de someterse a los controles, y la verdad es que esto es asombroso. Es asombroso que el Gobierno esté propiciando esta modificación que garantiza que quienes deben controlarlo consientan aquellos eventuales actos de corrupción que deban ser sometidos a consideración de este organismo.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Casaretto.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: es muy difícil no ser reiterativo, porque muchas de las cosas que se han dicho aquí las sostuvimos en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. Inclusive, tuvimos un intercambio de opiniones con el señor Subsecretario de Educación y Cultura.

En primer lugar, creemos que debemos ubicar este tema en su real dimensión. No está bien que en una Rendición de Cuentas se incluya un tema de esta naturaleza. Esta Junta Anticorrupción tanto no tiene nada que ver con el Tribunal de Cuentas y con la Corte Electoral, que entre sus cometidos está controlar, precisamente, a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas. La ley dice que el Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la potestad y la iniciativa para nombrar este organismo. Lo decíamos en la Comisión y hoy se reiteraba. ¿Por qué no lo ha hecho? No le gustó al señor Subsecretario cuando le dijimos que el Poder Ejecutivo estaba en falta al no haber enviado los nombres para la integración. ¿Por qué no está? Es el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, quien tiene la iniciativa.

Que no se diga aquí que la oposición está trabando esto cuando no es nuestra iniciativa la que debe estar en juego. ¿Por qué se prejuzga? ¿Por qué se opina de antemano cuál será la actitud de la oposición en este tema, si no se sabe lo que va a suceder? Quienes sí debemos prejuzgar, porque conocemos actitudes y hechos consumados en los últimos tiempos, somos los partidos de la oposición. Yo pido que no se malinterpreten mis palabras, porque no quiero generar un debate sobre un tema que no es el que hoy nos concita.

Pero si alguien puede prejuzgar, somos nosotros, porque las actitudes han hecho que hoy estemos fuera del Gobierno, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Primero quedó un partido por el camino por determinada posición sobre la educación. Posteriormente, en un cambio de reglas de juego, respetable pero cambio al fin, quedó por el camino nuestro Partido. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que esto, que es inimaginable que viniese en una Rendición de Cuentas, no persigue otro objetivo que no sea la glotonería política? Lo digo con el mayor de los respetos porque si se me dijese que se intentó y hubo una oposición que no dio los caminos suficientes y necesarios para constituir este organismo, yo estaría de acuerdo conque existiese un prejuzgamiento en cuanto a que la oposición está usando esto en ese sentido.

Este es un organismo tremendamente sensible; es el que debe asesorar a los órganos judiciales con competencia penal en los supuestos delitos de peculado, concusión, cohecho simple, cohecho calificado, tráfico de influencias, soborno, fraude, conjunción del interés personal y el público, abuso de funciones, etcétera.

(Murmullos)

——Lo que estoy diciendo causa gracia, pero a mí no me causa gracia, sino una tremenda preocupación, porque estamos viendo que un partido político -sin pensar quién ocupa el Gobierno-, cualquiera sea, a partir de la votación de este artículo, si lo quiere, va a poder ejercer la potestad de nombrar a sus integrantes y a quien quiera por su propia voluntad. Esto hay que decirlo.

Cada vez que un legislador del Gobierno trató este tema en la Comisión, dijo: "No queremos que se apruebe por mayoría simple ni por tres quintos; queremos que salga por unanimidad, y vamos a buscar los caminos para ello". Quiero creer que esa es la voluntad del Gobierno. Pero si es así, ¡manden los nombres! Si saben que van a buscar los caminos para lograr la unanimidad porque las personas van a ser de tal calificación que nos van a dar garantías a todos, ¡manden los nombres! Lo único que puedo pensar de esta actitud es que se esté desconfiando de que nuestro Partido pueda llevar adelante prácticas de oposición que han sido habituales en los últimos tiempos, pues en estos pocos meses hemos demostrado -y lo seguiremos haciendo- que nuestra posición es distinta.

Coincido con el señor Diputado José Carlos Cardoso. Digo desde ya que ni pienso que el Partido Nacional pueda entrar en un acuerdo político para nombrar a estas personas. Pero me preocupa el cheque en blanco que se le da al partido de Gobierno -y, reitero, me olvido de quién ocupa hoy el Gobierno, porque me refiero a cualquier partido de Gobierno- para nombrar a estos integrantes.

Creo que este artículo amputa algo muy importante: la obligación de buscar acuerdos. Queda amputada la obligación de buscar acuerdos. Y no se me diga que no. Si el partido de Gobierno no quiere acordar, espera ciento ochenta días y nombra a quien quiere, cuando, de la otra manera, está obligado a buscar acuerdos. Reitero: este no es el caso de la Corte Electoral ni del Tribunal de Cuentas. Con estos artículos se pueden cambiar estas cosas. Pero primero generemos las instancias, veamos que hay una oposición con el palo en la rueda para poder generar esto. Se decía hoy que no quemáramos esas instancias que son muy positivas.

Hay otra cosa de la que muy pocos han hablado, pero que sí se discutió en la Comisión. Es tan grave la amputación para buscar los acuerdos a fin de nombrar los integrantes, como la potestad de que la mayoría absoluta los destituya. Y aquí no hay ciento ochenta días, hay sesenta, y me olvido nuevamente de cuál es el partido de Gobierno. Pienso que cualquier Gobierno puede tener, como una espada de Damocles sobre su cabeza, la amenaza de pedido de renuncia o de destitución de un funcionario con una mayoría absoluta. Eso debemos considerarlo.

Reconozco el nuevo escenario político; reconozco una fuerza que después de mucho tiempo tiene mayorías suficientes como para hacer estos cambios. Pero no perdamos el objetivo de que el Uruguay no termina ni empezó con este Gobierno y que debemos legislar para adelante. Debemos pensar que esta norma la va a emplear cualquier partido de Gobierno. Creo que no hay necesidad de entrar a discutir un tema tan sensible como este.

He estado viendo la filosofía que se persiguió al iniciar el camino con la aprobación de la ley cristal, la ley anticorrupción y lo que terminó siendo la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. El espíritu era otro, era dar las garantías de que absolutamente todos, Presidente, Vicepresidente, Ministros, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, absolutamente todos, tuvieran la garantía de ser controlados por gente intachable que contara con la mayoría suficiente como para garantizar a todos los partidos representados su representación, valga la redundancia.

Creo que esto es inoportuno y que el Gobierno debería haber seguido otro camino que la Constitución le otorga: tomar la iniciativa -que la tiene- por parte del Presidente, actuando en Consejo de Ministros, y enviar los nombres para que el Senado resolviera sobre este tema. Creo, señor Presidente, que se está sentando un precedente muy peligroso. Reitero que hablo para futuros Gobiernos y también para este: se debe negar la posibilidad de que un partido por sí solo nombre y destituya a quienes entienda conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Señor Presidente: creo que estos temas que son delicados y de alta sensibilidad pública deben ser abordados con calma, con tranquilidad, sin levantar la voz y, eventualmente, con la mejor predisposición en la búsqueda de alcanzar acuerdos.

Uno presume -con esto no quiero dar ninguna señal equivocada- que a veces no se busca eso; se busca otra cosa. Teniendo en cuenta un tema de este nivel de sensibilidad pública, nuestra bancada perseguía -y creo que dio muestras de ello a lo largo del debate en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda- trabajarlo con calma, con flexibilidad, buscando consensos, de forma tal de lograr un objetivo que creo que es común a todas las fuerzas políticas que componen el Parlamento: integrar esta Junta Anticorrupción con el respaldo de todos los partidos políticos. Quiero decir que esta es la voluntad de esta bancada de Gobierno, esta es la voluntad del Gobierno y me parece que esta es la voluntad de los uruguayos. Estos temas tienen altísima sensibilidad. Esta Junta Anticorrupción tampoco surgió de la nada; surgió de situaciones políticas que atravesó el país y de sumatorias de denuncias de hechos de corrupción -que todos recordamos- que ameritaron su formación. Nos parece que esta es una buena señal que el sistema político dio a la ciudadanía, aumentando los controles respecto de aquellos que tenemos responsabilidades de tipo político.

Con calma, con tranquilidad, la voluntad del Gobierno es lograr los consensos y estamos convencidos de que se van a alcanzar. También es cierto -como muy bien dijo el señor Diputado Scavarelli- que el Gobierno debe gobernar, razón por la cual nosotros consideramos -también dijimos esto en la Comisión- que la peor señal que se puede dar a la ciudadanía en un tema de esta sensibilidad es que este organismo no se integre. Esta es la peor señal para los ciudadanos todos. El sistema político es un poco como el matrimonio. Acá se han hecho largas intervenciones con relación a la incapacidad del Gobierno de incorporar o no a la oposición en los entes autónomos, en los organismos de contralor. Pero cuando no se logran estos acuerdos, como en el matrimonio, es culpa de las dos partes.

Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que la oposición integre los entes autónomos y distintos organismos de Gobierno. No se ha logrado. Distinta es la situación de los organismos de contralor y diferente es la situación de la Junta Anticorrupción. Hay que lograr un equilibrio en cuanto a la representación de la jerarquía que dé a todos garantías y un absoluto respeto por los nombres de quienes van a integrar la Junta. Esto no es: "Manden los nombres"; no es así, porque los nombres no van y vienen y, por tanto, se manosean. Esto significa un tratamiento respetuoso de aquellas personas que se ha propuesto para integrar la Junta. La tercera pata de esta cuestión es que definitivamente la Junta Anticorrupción se integre.

Nuestra bancada instrumentó una modificación a la propuesta original que el Poder Ejecutivo envió, que significa claramente una flexibilización de la propuesta original; esto demuestra nuestra voluntad política. El trámite de la Rendición de Cuentas no termina en la Cámara de Diputados; necesita la sanción del Senado. Por lo tanto, habrá otras instancias para seguir discutiendo.

Esta es nuestra voluntad, es la voluntad de nuestra bancada, y esperamos que sea la voluntad de la oposición. Estamos convencidos de que si sustituimos los decibeles por un tratamiento respetuoso de estos temas -con la responsabilidad que ellos exigen- va a haber una Junta Anticorrupción integrada por personas que darán garantías a todos los partidos políticos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Olano Llano.

SEÑOR OLANO LLANO.- Señor Presidente: como blanco, no le doy la derecha a ningún partido sobre cómo se debe ejercer la oposición ni sobre experiencia ejerciendo la oposición. Ahora, sí le doy la derecha al Frente Amplio en cómo se obstaculiza desde la oposición. Entiendo perfectamente que el que la tiene hecha, tenga la sospecha. Esa derecha se la doy.

No quiero ser reiterativo, pero este Gobierno ha llevado al súmmum su intención de no ser controlado absolutamente de ninguna manera. Este es el colmo; es la máxima expresión de esa intención. Lo que digo es subjetivo. No creo que ese sea el deseo de la mayoría de los encuentristas; tampoco creo que ese sea el deseo de la mayoría de los parlamentarios del Encuentro Progresista. Estoy convencido -que me disculpen si me equivoco- de que muy probablemente en el Gobierno haya algunos actores que tienen esta intención y, en definitiva, su opinión es la que está prevaleciendo en estos casos. Tampoco entiendo -esto no es culpa de ningún partido en particular-, a ojos de ginecólogo, cómo la legislación permite que una cosa que se debe decidir por mayorías especiales se cambie por mayorías menores a esas especiales. Esas son cosas que los abogados me explicarán.

Reitero mis disculpas si me equivoco, pero me parece que lo que se está haciendo ahora es como se dice en mi pago: "Asegún el sapo, es la piedra". Todo lo que podamos arreglar para poder tener discrecionalidad con nuestras mayorías, lo vamos a arrimar a los cincuenta y dos votos. Me pregunto si no está en los consensos, pero entonces eso significa que para la mayoría especial los que están hoy son mejores que los propuestos. De alguna manera, eso es lo que asegura la mayoría. ¿Cuál es el problema? Si los nuevos nombres no obtienen los consenso, entonces son de mayor consenso los que están. La mayoría especial prefiere dejar los que están en lugar de que se pongan los nuevos.

Además, me acotan algo que es lo más grave de todo: tienen mayoría para destituirlos. Esto quiere decir que al Gobierno lo va a controlar alguien que si a él no le gusta cómo lo hace, tiene los votos para liquidarlo.

A la célebre frase que dice: "Podremos meter la pata, pero no la mano en la lata", habría que agregar: "Y si la Junta Anticorrupción me ventila algún negocito, le aplico la mayoría y andá a llorar al cuartito".

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: hasta este momento habíamos logrado mantener cierto nivel que evadía este tipo de agresiones a una fuerza política que representa a más de un millón de uruguayos.

El buen acuerdo que logramos todos los coordinadores de bancada en pos de dar al tratamiento de esta Rendición de Cuentas un trámite ágil, también se basa en guardar determinadas formas. Quisiera no perder esas formas porque, de lo contrario, no va a ser posible respetar el acuerdo. Por lo tanto, pido reflexión, en primer lugar a mis compañeros: no entremos en las provocaciones; y solicito a los demás que en lo posible tampoco provoquen.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR CASARETTO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo, y queremos expresar algo que la mayoría del Cuerpo ya sabe. Nosotros no vamos a venir acá a hablar como a determinado Diputado le guste; vamos a venir a hablar como sabemos hacerlo.

(Murmullos)

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- La Mesa entiende que está haciendo alusiones.

SEÑOR CASARETTO.- No, señor Presidente; estoy hablando en general.

Este Diputado, en este Parlamento y en este tema -y estoy fundamentando el voto- no va a venir a hablar como le guste a ningún Diputado ni de mi Partido, ni de la oposición, ni del Gobierno. Este Diputado va a hablar y va a defender con la vehemencia que crea conveniente las cosas de las cuales está convencido. El que confunda el tono de voz y la forma en que se expresan los conceptos con una falta de respeto o con agresiones, que lea las versiones taquigráficas. A los que les guste lo suavecito, que jueguen a las muñecas. Yo vengo a hacer política.

(Interrupciones.- Murmullos)

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Usted no está fundamentando el voto y genera una situación que va a dar posibilidad de que haya respuestas. La fundamentación de voto tiene que ver exactamente con el articulado.

(Interrupciones.- Murmullos)

SEÑOR CASARETTO.- Yo no estoy aludiendo absolutamente a nadie.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Solicito por favor que reine la tranquilidad.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: yo no he hablado de ningún legislador; he tolerado...

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Señor Diputado: la Mesa considera que debe referirse al tema que se acaba de votar, no a la forma como se debe votar.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: estoy refiriéndome al tema y he soportado en silencio que durante más de cinco minutos se haya hablado de que hay que mantener la calma y de que hay que hablar de la manera que le gusta a algún señor legislador. Y yo estoy fundamentando mi voto acerca de por qué opino como opino y por qué defiendo las cosas de las cuales estoy convencido.

Ningún legislador tiene la obligación de conocerme. Yo soy así. Ahora sí voy a hacer una alusión, pero sin insultos. El señor Diputado Cánepa, cuando recién me conoció, me dijo: "Tenés una forma de hablar que parece que estuvieras enojado". Durante estos cinco años me van a conocer. Yo siempre he mantenido el estilo, y esta es mi forma de comunicarme.

Hemos votado en forma negativa este artículo y hemos hablado del modo que lo hicimos porque creemos que se está sentando un precedente muy peligroso, cambiando mayorías que están instituidas respetando una voluntad del Parlamento anterior de buscar los consensos imprescindibles para tener las garantías.

(Murmullos)

——Señor Presidente: le pido que se aplique el mismo criterio, pues esto es un jolgorio.

(Murmullos.- Hilaridad.- Campana de orden)

——Lo que queríamos decir era eso. Esta es la única vez que me voy a referir a este asunto porque no es la primera vez que mis expresiones se interpretan como fuera de tono. Simplemente, quiero advertir que no hay que adjudicar intenciones cuando estas no existen.

Muchas gracias.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: simplemente quiero fundamentar mi voto negativo, al igual que el de todo el Partido Nacional, señalando que se puede haber ingresado en un error al tomar por el camino de adaptar las mayorías circunstanciales de un partido político para integrar, para designar y para destituir en órganos tan importantes y tan sensibles. Nunca debe instalarse la sospecha sobre los miembros de un órgano que tiene la función de control. Esto se ha comparado con los miembros de los entes autónomos, con los del Tribunal de Cuentas, con los de la Corte Electoral, pero yo preferiría que se hiciera otra comparación. Estamos designando jueces de nuestra conducta, de nuestra moral, de nuestra honestidad, de nuestra vida privada, de quienes estamos en esta Sala e integramos el sistema político tan cuestionado. Ahora queremos rebajar las exigencias para elegir a quienes nos van a controlar a nosotros, no a la oposición ni al Gobierno; reitero: a nosotros. La Constitución prevé que para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia la Asamblea General debe tener dos tercios de votos, y para elegir o votar venias de Fiscales, que el Senado tenga tres quintos de votos. De la misma manera, se exige tres quintos de votos para elegir a estos jueces que no pueden estar a la orden de ninguna mayoría. Los tres quintos dan poder de veto a todas las partes; por eso se establecen los tres quintos: para que las mayorías puedan ser controladas. Serían las mayorías las primeras interesadas en que las controlaran desde el Tribunal de Cuentas, que es un órgano asesor del Poder Legislativo que controla al Gobierno en la forma o en la legalidad en que realiza los gastos, y desde la Justicia, para la cual somos todos iguales. Este Parlamento vota los Jueces y, para que una mayoría circunstancial no elija a unos y deje de elegir a otros, se establecen mayorías especiales. De igual manera debería procederse para la elección de los jueces de nuestra conducta, a los jueces que integran esta Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, que tendrá muchas funciones, pero la principal -y por la que se le llama "anticorrupción"- es la de controlar la moral, la conducta de quienes integramos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los demás órganos del Estado.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: obviamente, en este tema se pueden sostener posiciones diferentes. Simplemente, aclaro que he votado este artículo con total tranquilidad de conciencia, recordando que la absoluta mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia -que, obviamente, tiene algunas funciones más importantes que la Junta Anticorrupción- han sido designados por un simple expediente, y digo esto sin quitar el mérito que ello tiene ni poner en tela de juicio en lo más mínimo a los integrantes de ese Tribunal, pero lo cierto es que han ascendido a la máxima magistratura del Poder Judicial de este país por antigüedad y no por la decisión del Senado de la República, etcétera. La Constitución previó una solución determinada para cuando existen problemas que bloquean determinado tipo de designación.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: hemos votado negativamente, tal como habíamos señalado en nuestra intervención en la discusión general de la Rendición de Cuentas. Realmente, creemos que se sienta un gravísimo precedente nada menos que en los temas relativos a la corrupción; por parte de la mayoría se adopta una decisión que lo menos que tiene es transparencia, que tiende claramente a politizar un órgano que no debiera ser politizado. Desde ese punto de vista, creo que vamos hacia atrás respecto a una ley anticorrupción que fue votada por todo el Parlamento. Todo el Parlamento estuvo de acuerdo con establecer esa mayoría, pero resulta que cuando se tiene determinada mayoría en el Poder Legislativo se entiende que deben operar criterios diferentes.

Esta propuesta, este artículo que se incorpora en la Rendición de Cuentas me parece absolutamente lamentable como muestra de lo que realmente debe ser la transparencia en el ejercicio del poder.

SEÑOR LORENZO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo porque con esta modificación se establece un mecanismo que no independiza la designación o la provisión de los cargos de que se trata, de quien debe ser controlado. La Constitución establece para organismos de similar naturaleza -organismos de contralor, no de gobierno- mecanismos independientes, y fija mayorías que exceden las que tiene el que debe ser controlado o los Poderes del Gobierno, o dispone mecanismos automáticos, como el que mencionaba el señor Diputado Salsamendi para el caso de la Suprema Corte de Justicia, que también es un mecanismo independiente de quien debe ser controlado. Como este proyecto no lo determina sino que va en el sentido absolutamente contrario, hemos votado negativamente.

SEÑOR BASANTA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BASANTA.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este proyecto porque va en sentido contrario a lo que han manifestado los señores Diputados del partido de Gobierno, quienes han hecho un alegato in extenso sobre sus intenciones de llevar adelante una política cristalina y de buen comportamiento.

(Murmullos)

——Hay una célebre frase que dice que la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino parecerlo. En este caso, parecerlo supone someterse a los controles, y no utilizar las mayorías para evitarlos.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Murmullos)

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Disculpe, señora Diputada.

Voy a solicitar a las señoras y a los señores Representantes que guarden silencio a efectos de poder escuchar a la señora Diputada.

Puede continuar la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: no era mi intención intervenir, pero no quería dejar de hacerlo para reafirmar que he votado este artículo con absoluta tranquilidad de conciencia, que estoy hablando con el tono de voz que considero que debo usar, que no le voy a indicar a nadie el tono de voz que debe utilizar, y que creo que cada quien sabrá cómo debe emplear su voz y qué modales debe tener.

También quiero decir que tengo seis hijos, hombres y mujeres, y que a las muñecas jugaron todos y son todos buenas personas. Creo que algunas cosas que se han dicho aquí están fuera de lugar, como también lo están algunos versitos que se han citado; en mi calidad de maestra de preescolares podría decir unos cuantos, pero por el tenor de las cosas que estamos discutiendo deberían quedar al margen.

Yo no atribuyo intenciones; me parece que es una cosa menor y bastante deleznable. Sin embargo, aquí he escuchado que se han atribuido intenciones.

Termino diciendo que con mucho asombro escucho hoy que parece que la mayoría absoluta se descubrió en este país recién ahora que nuestro Partido político, en buena ley, la obtuvo; eso también sigue asombrándome.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- En discusión el artículo 12.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: según el acuerdo al que habíamos llegado, votaríamos en bloque los artículos 12 al 17, sin discusión y con fundamentos de voto. El único problema es que habrá que desglosar el segundo inciso del artículo 14 -pido que todos me sigan-, el que empieza con "Artículo 86", porque tiene un error de sintaxis. Donde dice "Cambio de sede social y nombramiento", en lugar de la "y" debe ir una coma. Dos renglones más abajo, donde establece "Todo cambio de sede social y nombramiento de administrador", también en lugar de la "y" debe ir una coma.

Por lo tanto, propongo que votemos en bloque los artículos 12 a 17, excepto el segundo inciso del artículo 14. A continuación, votaríamos el segundo inciso del artículo 14 como vino de Comisión y luego con las correcciones que deben introducírsele.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: voy a hacer una sugerencia para la versión taquigráfica. Cuando se hizo mención a las muñecas debería haberse dicho también "muñecos", para mantener el lenguaje adecuado: muñecas y muñecos.

Con respecto al procedimiento, tengo una pequeña diferencia con el señor Diputado Gamou. Nosotros vamos a proponer que se vote solo el artículo 12; el artículo 13 está incluido equivocadamente en el bloque, porque el Partido Nacional no lo apoyará. Repito que proponemos la votación exclusiva del artículo 12, que no genera debate y que seguramente todos vamos a votar. Luego, votaríamos el artículo 13 y, por último, el bloque.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: no voy a votar los artículos 14, 15 y 16 y, por lo tanto, preferiría que la Cámara los tratara por separado. Creo, además, que son materia que no tiene absolutamente nada que ver con la Rendición de Cuentas. Se trata de una modificación a la ley de sociedades comerciales, que no fue explicada claramente por quienes nos visitaron en la Comisión. Por esta razón, no los voy a acompañar.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: creo que en esta discusión en la que hemos entrado, en definitiva, vamos en contra de lo que queremos lograr. En consecuencia, sugiero tratar artículo por artículo, sin lectura, e ir votándolos.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- La Mesa entiende que hay acuerdo en seguir el procedimiento que sugiere el señor Diputado Gamou.

En discusión el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente el artículo 12, que refiere a las remuneraciones de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. El fundamento es que en él se financian los aumentos de las remuneraciones del Director de Educación y del Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, previstos en el artículo 10, que también votamos. De esta manera dejamos en claro nuestra coherencia a la hora de votar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- En discusión el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y seis. AFIRMATIVA.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: solo quiero señalar que el Partido Nacional ha votado negativamente este artículo por entender que refiere al financiamiento de un nuevo registro. Según se nos informó en Comisión, tiene por objeto ordenar una serie de datos con destino a la implementación del futuro Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Se ha anunciado que este impuesto será analizado en el Parlamento en diciembre, enero o, a más tardar, en febrero, por lo que preferimos discutir la creación de este registro en el contexto adecuado de esa reforma tributaria. Por lo tanto, no votamos este artículo a la espera de discutir toda la reforma que el Gobierno propondrá en la materia.

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: votamos afirmativamente este artículo porque da la posibilidad de llevar un registro patronímico de los bienes inmuebles, y eso permitirá terminar con el anonimato que se ha mantenido en los últimos tiempos, ya que se puede saber a quién pertenece determinado bien, pero nunca cuántos bienes tiene una sola persona.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- En discusión el artículo 14.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: en esta segunda ronda de recoordinación, hemos llegado al siguiente acuerdo: que se vote en bloque desde el artículo 14 hasta el 17, inclusive, desglosándose el inciso segundo del artículo 14, por las correcciones de sintaxis antes referidas.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Se va votar lo mocionado.

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 14 a 17, excepto el inciso segundo del artículo 14.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: voy a usar parte de los argumentos que esgrimió el señor Diputado Gandini cuando fundó el voto del artículo 13.

En primer lugar, quiero decir que aquí hay varias normas que no tienen que ver con una Rendición de Cuentas. En ese sentido, no he escuchado a ningún legislador de la coalición de Gobierno que haya hecho las mismas invocaciones que se hicieron en oportunidades en las que se trataron Rendiciones de Cuentas o Presupuestos en los que se incluían normas ajenas a la cuestión presupuestal. Aquí hay cuatro artículos que refieren a modificaciones de la ley de sociedades comerciales, cuyo contenido -si se lee la versión taquigráfica de la Comisión, se advertirá- no fue explicado en lo más mínimo por los visitantes y, en particular, el día en que estuvo presente el equipo económico. Se refirieron a que eran unos pequeños cambios en los aspectos procesales de la inscripción de las sociedades anónimas, de los directores, de los liquidadores. Pero, francamente, no hay una información de sustancia que explique la razón por la cual se incluyen estos cuatro artículos en esta norma. No se dice por qué se hace en este momento y por qué están sometidos a un procedimiento sumario como el de urgencia; se puede considerar como tal el análisis de una Rendición de Cuentas.

Además, debo decir que hay algunas normas vigentes en materia registral en cuanto a las sociedades comerciales que no se cumplen, porque los registros no están en condiciones de hacerlo. En definitiva, implican burocracia y lo que hacen es entorpecer en vez de facilitar.

Creo que el Gobierno ha resuelto, en vez de encarar esto cuando llegue el momento de la discusión del famoso y tan mentado Impuesto a la Renta, hacerlo en forma lateral y no como un todo, es decir, debatiendo sobre el impuesto, su concepción, las razones que tienen para aplicarlo y, además, todos los instrumentos con los cuales va a poner en funcionamiento un sistema de control.

Hace pocos días se aprobaron algunas normas en la Cámara de Representantes, que espero que el Senado no apruebe, que las corrija, respecto de créditos personales, de las personas que prestan dinero -de dónde lo sacan, cómo lo aplican, qué tipo de intereses fijan-, con el argumento de que lo que se estaba persiguiendo era la usura. No se va a lograr perseguir a los usureros ni derrotar a la usura, sino que se va a estar creando un mecanismo de controles, dentro del cual se inscribe también esta modificación de la ley de sociedades comerciales.

Quizá el mío sea el único voto negativo en esta Cámara en cuanto a estas normas, pero quiero decir muy claramente que lo que el Gobierno está haciendo es avanzar en su actitud de rehuir un debate de fondo y en serio respecto a qué tipo de política impositiva va a aplicar, cuál será el sistema tributario del Uruguay y sus mecanismos de control. Entonces, actúa mediante estas apostillas, estas pequeñas y breves modificaciones que se van haciendo a la legislación vigente.

Creo que esto es ajeno a una Rendición de Cuentas, y por esa razón, así como por no haber recibido, como hubiese correspondido, una explicación cabal, responsable y profunda por parte del Gobierno en la instancia de la Comisión, no lo vamos a acompañar.

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: cuando vino el equipo económico no se profundizó en los artículos 14, 15, 16 y 17, porque se iba a hacer -como se hizo- cuando recibiéramos al Ministerio de Educación y Cultura, en particular a la Directora del Registro y, luego, a la Asociación de Escribanos.

En cuanto a su fundamento, estas modificaciones tienen como fin el contralor de algunas sociedades anónimas fantasmas, de las cuales, luego de aparecer y constituirse, no se tiene más información cuando cambian de domicilio o nombran administradores, directores o representantes; también se amplía el tema a los liquidadores. En el artículo 16 hablábamos de los acuerdos de sindicación con los cuales luego se actúa en las asambleas.

Es por ese motivo que claramente se están modificando estos artículos de la Ley Nº 16.060; se trata de dar mayor transparencia a todo el funcionamiento de estas sociedades, tanto sean anónimas como comerciales.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: quiero decir que lo que esta norma crea es un doble registro de los administradores; como es sabido, la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social deben tener registro de los administradores. No se puede decir, para inducir a error a quien analiza la norma para votarla, que ese registro no existe. Primero se habló de sociedades fantasmas; después se dijo que es para obligar a que se registren los administradores. Yo afirmo -y no se puede decir lo contrario- que los administradores se deben registrar en esas dos organizaciones públicas: el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. No se puede decir que no sea así. Además, afirmo que los liquidadores deben registrarse en la auditoría interna, porque cuando una sociedad se liquida, debe señalar que se está liquidando, debe registrar el acta en la que se disuelve para ser liquidada y nombrar al liquidador.

Entonces, lo que yo digo es que acá se establece un nuevo registro y más burocracia. Yo le tengo temor a la burocracia desde la visión de los ciudadanos y de los contribuyentes, a quienes hay que facilitarles las cosas y no entorpecérselas.

Ocurre que con estas normas, en algún caso, va a tener que registrarse dos veces la misma cuestión. ¿Y qué va a significar eso? Que hay que pagar timbres, seguramente algún provento y también pagarle a algún profesional. Eso va a significar que en la actividad económica de nuestro país, que es pesada, que está burocratizada y en la que muchas veces está sistematizado el trancazo para impedir que el individuo haga las cosas, cada día tengamos más obstáculos.

Esto no me extraña en un Gobierno denominado progresista, de izquierda y estatista, como el de la coalición de Gobierno actual; este tipo de cosas son las que les gustan a los Gobiernos estatistas; les gusta ejercer diez o quince veces el mismo control para impedir que la gente haga libremente las cosas.

Por eso no voto estas disposiciones. Las explicaciones que se me han dado, las que leí de la respectiva versión taquigráfica de la sesión de la Comisión en la que participaron el señor Ministro de Educación y Cultura y la gente de la Dirección Nacional de Registros y las que escuché de boca del señor Director de Planeamiento y Presupuesto cuando concurrió el señor Ministro de Economía y Finanzas no son convincentes, por lo menos para mí, que tengo una visión diferente de lo que es la estimulación a la inversión y al desarrollo del riesgo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 14 a 17, inclusive, con excepción del inciso segundo del artículo 14, que fue desglosado.

(Se vota)

——Setenta en setenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: en realidad, estoy un poco ronca porque he jugado mucho a las muñecas al aire libre,...

(Interrupción del señor Representante José Pedro Cardoso)

——...a las muñecas y los muñecos al aire libre.

Quiero fundamentar mi voto, porque acá se han dicho algunas cosas que no solo no comparto, sino que rechazo totalmente, en cuanto a que parte de la discusión que hemos tenido es como una forma de eludir nuestra verdadera postura acerca de qué política tributaria queremos tener. Además, se nos acusa de que seguimos aumentando la burocracia, en un país que hoy tiene más de veinte impuestos y de los cuales solo siete recaudan el 90% del total. ¿Quiénes han sido los que han aumentado la burocracia en este país?

Hemos planteado esa discusión; hemos hablado claramente sobre qué política tributaria tenemos. Por lo tanto, no me podía quedar callada ante argumentos absolutamente falsos para con esta fuerza de Gobierno. Asimismo, deberían tener menos soberbia y hacerse cargo de qué burocracia tributaria han creado en este país, situación que, por suerte, a partir de fin de año vamos a poder cambiar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- En discusión el segundo inciso del artículo 14.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: personal de Secretaría me informó que no es necesario votar primero negativamente este inciso tal como viene de Comisión porque, en definitiva, la modificación que planteamos es aceptada por toda la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. Por lo tanto, pediría que se leyera dicho inciso con su nueva redacción y que lo pasáramos a votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Léase el inciso segundo del artículo 14 con su nueva redacción.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 86. (Cambio de sede social, nombramiento, cese y revocación de los administradores, directores y representantes).- Todo cambio de sede social, nombramiento de administrador, director o representante por acto distinto del contrato o estatuto social, así como su cese o revocación deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: quiero dejar una simple constancia. Cuando el Partido Nacional fue Gobierno, la cantidad de impuestos bajó significativamente.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Además, se simplificaron bastante todos los trámites en el país. En todo caso, si se quiere establecer responsabilidades, habrá que responsabilizar al partido que fue Gobierno durante el otro tiempo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Gamou, Scavarelli y José Carlos Cardoso.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

Continúa la consideración del asunto en debate.

En discusión el artículo 18.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: solicito que este próximo artículo se trate en forma particular, y como hay un sustitutivo presentado por el Partido Nacional, propongo que se lea el artículo tal como viene de Comisión y luego el sustitutivo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no hay inconveniente, así procederemos.

Léase el artículo 18 tal como viene de Comisión.

(Se lee)

Léase un sustitutivo del artículo 18, presentado por los señores Diputados Casaretto, Gandini, González Álvarez y José Carlos Cardoso.

(Se lee:)

"Artículo 18.- Los órganos del Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, contratarán el 20% (veinte por ciento) de la propaganda que por todo concepto realicen en televisión y radio, en el 'Canal 5 -Servicio de Televisión Nacional' y en las radiodifusoras del 'Servicio Oficial de Difusión Radio-Televisión y Espectáculos' (SODRE), respectivamente.- Queda excluida la propaganda que se realice en medios del exterior.- Esta disposición regirá hasta la entrada en vigencia del próximo Presupuesto quinquenal".

——En discusión.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MUJICA.- Señora Presidenta: en Comisión este tema encontró un amplio consenso.

El motivo de mi intervención es explicar cuál es la única diferencia entre los dos artículos -es decir, entre el que viene de Comisión y el propuesto por el Partido Nacional-, que se refiere al término de vigencia del artículo.

La discusión sobre el financiamiento de la radio y televisión del Estado encontró un amplio consenso, por un lado, en el sentido de su importancia social y, por el otro, en cuanto a la necesidad de que el Estado se haga cargo de ese financiamiento. Inclusive, hubo un amplio acuerdo en cuanto a la necesidad de transparentar el financiamiento de estas instituciones. Diríamos que en grandes términos tenemos una visión común con respecto a que lo mejor es que los organismos tengan un presupuesto propio que esté incorporado al Presupuesto Nacional y que, si deben ser subvencionados de alguna forma, eso se haga directamente.

Con relación a la televisión y la radio en particular, según lo que nos informó el señor Director de las radioemisoras del Estado en su comparecencia ante la Comisión, el estado en el que se han encontrado estos organismos es de sumo deterioro. Quisiera referirme a algunas de las informaciones que nos dio en ese momento.

El SODRE tiene 4 emisoras centrales y 16 ondas cortas asignadas, de las que solo se utilizan 3. Además, tiene 19 FM asignadas en todo el país que nunca fueron utilizadas, algunas de las cuales se perdieron, como sucedió en Montevideo y Canelones.

Los funcionarios nunca habían sido contados, debido a que están fusionados en un solo padrón correspondiente al SODRE. Ahora sabemos que son 111, la mayoría de los cuales son técnicos.

Además, se refirió a los planes, no solamente de reconstruir un organismo que se ha encontrado prácticamente devastado. El señor Director decía: "En ese sentido" -en cuanto a la planificación- "agregamos el desarrollo y la potencialidad de una página web que esperamos tenga las cuatro radios en línea". Luego agregó: "Es por eso que en el futuro pensamos montar una red en convenio con ANTEL, vía satélite o por fibra óptica". Más adelante puntualizó: "Este es el contexto en el que estamos pensando relanzar, potenciar y construir muchas cosas que no se han construido y, por lo tanto, lograr muchas conquistas que hasta hoy no han sido posibles". Grosso modo, lo que se está intentando es una reconstrucción y un lanzamiento hacia el futuro de una red o sistema de radio y televisión del Estado cuya función excede lo comercial y que tiene que ver con la presencia estatal en el área informativa y formativa de todo el país y con la posibilidad de acceso a medios de información democráticos por parte de toda la población. Este desarrollo implica un esfuerzo muy grande y estamos tomando la responsabilidad de llevarlo adelante.

Naturalmente, el artículo 18, al que nos estamos refiriendo, establece un mecanismo de financiamiento con respecto al cual todos estamos de acuerdo en que no es el mejor, porque solicitar a las empresas del Estado que pongan el 20% de su publicidad en estas entidades estatales, las somete, en los casos en que están en competencia abierta, a una situación de desventaja frente a sus competidoras.

De todas maneras, tal como se veía en Comisión, el dinero que se pueda obtener por esta vía -que se fijaría hoy por este artículo-, la radio y televisión del Estado lo van a estar recibiendo después de fin de año seguramente y queda como un refuerzo para el lanzamiento de estas instituciones que estamos en proceso de presupuestar.

Reitero que hay toda una reestructura, una recuperación y una planificación del desarrollo de todo esto, por lo que es muy difícil presupuestar, no lo que tenemos, sino lo que aspiramos a construir en los próximos cinco años. En función de eso había un acuerdo en el sentido de que el 20% de la publicidad y la propaganda puesta por las entidades del Estado era una forma correcta de subsanar una etapa de este proceso de reconstrucción. Naturalmente, todos deseamos que en el proyecto de Presupuesto quinquenal venga un presupuesto del SODRE que incluya todo eso que estamos pensando. Aun así, lo que se pueda facturar por concepto de publicidad hasta diciembre va a formar parte de los recursos con que contarán estas entidades en la primera etapa del año siguiente. Por la forma en que se factura y se toma la publicidad, lo más seguro es que se cuente primero con las partidas que se reciban del Presupuesto que las que se terminen de cobrar por la ejecución de este artículo. Entonces, a todas luces parecía importante sostener estas formas -en eso hubo acuerdo generalizado en Comisión-, pero al mismo tiempo, dada la complejidad del presupuesto que se exige a estos organismos, no consideramos prudente poner término al artículo 18. Además, como el presupuesto del SODRE estará comprendido en el proyecto de ley de Presupuesto, el artículo 18 caerá por simple oposición.

Esa fue la razón por la cual no incluimos ese inciso que hace la única diferencia entre el artículo 18 que viene de Comisión y el sustitutivo presentado por el Partido Nacional.

Francamente, mi intervención no pretende aumentar la distancia en un tema en que, por fortuna, hubo muy poca, sino, en todo caso, lamentar que por una diferencia que considero muy pequeña y habiendo compartido el financiamiento de emergencia y el espíritu del financiamiento definitivo, no podamos dar un voto unánime a una iniciativa con la que, reitero, en lo fundamental y en lo extenso, hemos estado todos de acuerdo.

Era lo que tenía para decir.

—— Continúa la consideración del asunto en debate.

(Interrupción del señor Representante José Carlos Cardoso)

(Se vota)

——Cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas concurrió a la Comisión nos habló de un remanente de aproximadamente US$ 32:000.000; pero días después el Gobierno declaró que la recaudación aumentó más, alcanzando -creo- a US$ 88:000.000 más que el año pasado. Quiere decir que la recaudación irá aumentando y es una cosa permanente que ya tiene el Estado.

—— Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 3 y 22 del día 17)

Mtra. NORA CASTRO PRESIDENTA
Dr. José Pedro Montero Secretario Relator	Dr.Marti Dalgalarrondo Añón Secretario Redactor
Ricardo Aldabe Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.