"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 12 de julio de 2005:

Con aviso: Carlos Signorelli.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 12 de julio

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Silvana Charlone.

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Con aviso: Carlos Gamou y Guido Machado.

Miércoles 13 de julio

ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Alberto Perdomo Gamarra.

TURISMO

Sin aviso: Germán Cardoso".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

"Montevideo, 12 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Secundaria. He sido informado de un conjunto de hechos que se han venido suscitando en el Liceo Nº 3, Profesor Gregorio Cardozo de la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, relacionados a la actuación de la Directora de ese centro educativo, con referencia al comportamiento de un alumno -que es su hijo-, por lo que solicito que se investigue dicha situación y que se adopten las medidas que correspondan. A los efectos de una mayor comprensión del tema adjunto copia de los siguientes documentos: 1) Nota de la profesora de Educación Física, señora Marcela Graña Gómez, dirigida a la Directora del liceo para ser elevada a la Inspección de Educación Física, en la que se denuncia la situación (folios 1 y 2). 2) Nota de la Directora a la profesora, solicitando que se presenten pruebas escritas (folio 3). 3) Escrito dirigido a la Directora, y firmado por la profesora Marcela Graña y por el abogado doctor Alberto Guigou Klüver (folios 4, 5 y 6). 4) Nota dirigida por la Directora a la Inspectora Coordinadora de la Inspección Regional de Ciclo Básico del Litoral, profesora Celeste Vázquez Melo (folio 7). 5) Nota enviada por la Inspectora mencionada a la Subdirectora del Liceo Nº 3 (folio 8). 6) Nota enviada por la Subdirectora a la Directora, para que fuese elevada a la Inspección Regional de Ciclo Básico (folios 9 y 10). 7) Nota enviada a la Subdirectora por parte de la Inspectora. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante David Doti Genta a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Economía y Finanzas, relacionada con la obra que desarrolla MEVIR en el departamento de Paysandú.

"Montevideo, 13 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, al Ministerio de Economía y Finanzas. Como Representante del departamento de Paysandú, pero seguro de que este planteamiento tiene carácter nacional, ya que pretende apoyar a los sacrificados y silenciosos ciudadanos que habitan los distintos rincones de nuestra campaña, quiero referirme a la trascendente e invalorable tarea que desarrolla el organismo paraestatal: la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). Fue creada en el año 1967, para erradicar la vivienda rural, precaria, insalubre y sin las mínimas condiciones de confort y comodidad, a través del fomento de la construcción de núcleos habitacionales. Tuvo un importante impulso en los últimos quince años, a lo que se agregó, desde el año 1989, el apoyo a la construcción de viviendas productivas. MEVIR tiene dos fuentes de recursos: 1) Aproxi-madamente, un 50% proviene de un convenio marco con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que le asigna partidas presupuestales, y 2) El restante 50% se obtiene: A) Por lo generado por el impuesto del 2 o/oo (dos por mil) sobre las transacciones agropecuarias. B) Por la recuperación de las inversiones realizadas por MEVIR, mediante el cobro de cuotas mensuales a cada uno de los beneficiarios, siendo éste el recurso mayoritario dentro del ítem 2. La importancia de la acción de MEVIR surge del proceso de construcción de viviendas: año 1990: se inaugura la vivienda Nº 5.000 (MEVIR II), localidad: Tambores (Tacuarembó). Febrero 1995: se inaugura la vivienda Nº 10.000, localidad: Porvenir (Paysandú). Mayo 2000: se inaugura la vivienda Nº 15.000, localidad: Blanquillo (Durazno). Junio 2005: se inaugura la vivienda Nº 19.772, localidad: Curupí (Paysandú). Viviendas Productivas: Desde 1989 a la fecha, se han inaugurado 1.162 viviendas. Es de estricta justicia destacar, tanto la importante labor cumplida desde el punto de vista de la construcción de viviendas, como también la responsabilidad, la eficiencia y la transparencia en el manejo de las obras y de los recursos financieros, lo que siempre le ha permitido cumplir con su misión, a total satisfacción y, en especial, lo que le permitió superar la gravísima crisis del sistema financiero del año 2002, apelando a sus reservas para seguir construyendo en momentos tan difíciles para el país. Nadie puede negar la importancia que tiene la explotación agropecuaria dentro de la economía nacional y para que ésta pueda existir se precisa de miles de ciudadanos –hombres y mujeres- que habitando los rincones del país, lejos de la mínimas comodidades que ofrece la vida moderna para los más modestos habitantes de las localidades urbanas, trabajan diariamente de sol a sol, para aportar su silencioso sacrificio en aras de los mejores resultados de nuestra agropecuaria. Es a estos hombres y mujeres y también a sus hijos, que todos –pero en especial quienes tenemos la responsabilidad de ocupar cargos de Gobierno- les debemos, por lo menos, que puedan tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna, con los servicios fundamentales en cuanto a energía eléctrica, agua, educación y salud que, por otra parte, no se les regala, ya que para concretar la construcción de sus viviendas destinan muchas horas que deberían servirles de merecido descanso y que, después de ocupadas, a pesar de sus bajos ingresos, con mucho sacrificio pagan una cuota mensual. Cada vez que hablamos del país productivo y del repoblamiento de la campaña, debemos considerar que MEVIR es una de las herramientas más eficientes y efectivas para concretarlo. Es por esto que solicito a los Ministerios involucrados que, en oportunidad de realizar las previsiones de las partidas presupuestales a otorgar a MEVIR -período 2005-2010- se tenga muy en cuenta que lo que se le destine será una de las mejores inversiones y una efectiva contribución - lejos de cualquier duda o sospecha- a mejorar la calidad de vida de esos miles y miles de ciudadanos que habitan nuestra campaña, de manera que permita que ese eficiente organismo pueda continuar con su ritmo de construcción que, en los últimos quince años, fue de 5.000 viviendas por período de Gobierno y, si fuera posible superarla, mejor aún, en el presupuesto quinquenal a elevar a este Parlamento, el 31 de agosto de 2005. Estoy seguro de que el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con la profesionalidad y la sensibilidad que lo caracteriza, y con la experiencia de sus dos períodos al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo, sabrá comprender la importancia de este planteamiento. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

3) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, acerca de la posibilidad de donar materiales para la construcción del cuartelillo de bomberos de la ciudad de Pan de Azúcar.

"Montevideo, 13 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP). Desde hace aproximadamente un año y medio, la comunidad de la ciudad de Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado, encaró la notable proeza de construir rápidamente un cuartelillo de bomberos, aspiración largamente esperada en la zona y en la ciudad mencionada. Con inmenso sacrificio y rapidez, diferentes organismos sociales, voluntarios y la ciudadanía en general, están próximos a consumar el sueño anhelado, inclusive, endeudándose en, aproximadamente, 150 bolsas de pórtland con una empresa de hormigón armado (Concretex), que colaboró con ese emprendimiento cediendo, como crédito, la cantidad de pórtland necesario. Es por esa razón, y porque el esfuerzo de la comunidad de Pan de Azúcar se lo merece, que solicitamos al Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) que colabore con ese proyecto, producto del admirable compromiso e la gente. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

4) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Salud Pública, referente a la situación del Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 13 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. El Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, es un punto de referencia de la llamada Zona Oeste del departamento de Maldonado, - con una población usuaria registrada, al día de hoy, de 11.000 personas-, que involucra a las localidades de Piriápolis, Gregorio Aznárez, Solís y Las Flores. Se encuentra situado en el cruce de varias rutas nacionales, donde ocurren frecuentes accidentes de tránsito. El crecimiento de su planta física, de 1.400 metros cuadrados, a raíz de diversas ampliaciones, no fue acompañado por los recursos humanos necesarios, para 6 consultorios simultáneos, enfermería, administración, farmacia, laboratorio, radiología, sala de cuidados intermedios para 15 adultos y 6 niños, cocina, lavadero y emergencia. El mantenimiento del referido centro está a cargo de la Comisión de apoyo local y del funcionariado. Las necesidades, concretamente, son: un médico ginecólogo; 24 horas más de consultoría pediátrica -lo que cubriría la demanda insatisfecha- y, asimismo, no menos de seis auxiliares de enfermería. Existen, también, dificultades en el traslado de pacientes a otros centros departamentales o extradepartamentales, necesitándose, por tal motivo, una ambulancia totalmente equipada; se requiere, también, un cupo extra de 600 litros de gasoil mensuales para la calefacción, y un nuevo convenio con empresas de transporte, inter o intradepartamentales, que solucione horarios y cupos para el traslado de pacientes a los centros mencionados. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

5) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Hidrografía, sobre la deuda que mantiene un pescador artesanal del puerto de Punta del Este con la citada Dirección.

"Montevideo, 13 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Hidrografía. Queremos transmitir la situación en que se encuentra un vecino del departamento de Maldonado, el señor Emilio Kaloper, propietario de la embarcación 'Arroz'. Dicho vecino es pescador artesanal del puerto de Punta del Este, actividad que constituye su única fuente de ingresos. En la actualidad, tiene una acción judicial caratulada: 'MTOP c/Kaloper, Emilio. - Juicio Ejecutivo. Ficha 294-121/2005'. Lo que originó tal expediente fue el hecho de que ese Ministerio le reclama al señor Kaloper la suma de $ 11.211, por concepto de estadía de la barca en 'puerto seco'. La presencia de la embarcación en el citado lugar no se debió a la voluntad del propietario, sino a que un temporal la tiró a tierra. Encontrándose la barca en tierra, esa Secretaría de Estado le labró un acta a su propietario en la que, constatando dicha situación, se le exigió que pagara por el servicio que se le estaba prestando. El dueño de dicha embarcación aceptó abonar el citado servicio, solicitando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas facilidades razonables para poder hacerlo, teniendo en cuenta que su única fuente de ingreso es la embarcación en cuestión. Las diferentes propuestas del señor Kaloper fueron rechazadas, aunque estaría dentro de las potestades de la unidad ejecutora otorgar un convenio de pago. Finalmente, el señor Kaloper solicitó retirar la barca a mantenimiento abonando lo que correspondía; lo que fue aceptado, pero luego cuando intentó retornar con la embarcación a la pesca le fue impedido hasta que realizara el pago de lo que debe por el juicio iniciado. De acuerdo con lo planteado, solicitamos a la Dirección Nacional de Hidrografía, que reconsidere la situación aquí descrita, teniendo en cuenta la voluntad de pago del implicado y el hecho de que la pesca es su única fuente de ingreso, por lo que no podría hacer frente a la situación que actualmente está viviendo, si no puede acceder a su fuente de ingresos. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

6) Exposición del señor Representante Orlando D. Lereté Salcedo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de construir una calzada de servicio en el margen de la Ruta Interbalnearia a la altura de los balnearios Las Toscas y Parque del Plata, departamento de Canelones.

"Montevideo, 13 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La Ruta Interbalnearia -pensada en su momento como de alta velocidad, con la finalidad de un rápido tránsito de autos, camiones y ómnibus, y como principal ruta turística del país- hoy no cumple con ese cometido. Estamos ante la realidad de que hasta su kilómetro 55 la velocidad se regula mediante semáforos, ya que los accidentes de tránsito son tan numerosos que las autoridades debieron instalar dicho sistema, en el intento de bajar los índices de accidentes, aunque los mismos continúan. A dicha ruta, en el tramo entre los balnearios Las Toscas y Parque del Plata, le está faltando la construcción de la calzada de servicio o calle auxiliar, que promovería el cruzar por los lugares habilitados y no por cualquier lugar de la ruta, como sucede actualmente (lo que puede comprobarse por las huellas marcadas en el césped). Debajo del puente del arroyo Solís Chico se construyó una calzada para el cruce de vehículos de menos de 2,20 metros de alto, dando un excelente resultado. Lo que estaría faltando sería un cruce seguro para los peatones. Recordamos que el balneario Parque del Plata está habitado del lado sur y del lado norte de la Ruta Interbalnearia, siendo más populoso del lado norte. Agregamos a esa circunstancia que la principal escuela está situada del lado sur y que el único liceo, del lado norte. Como se comprenderá, los más pequeños son las potenciales víctimas de accidentes. Por lo expuesto, solicitamos: 1) Que se obligue a quien corresponda, a construir las calzadas de servicio, tanto norte como sur, antes del próximo verano. 2) Dado que existen desniveles naturales en la calle 9 y en la avenida Argentina, en su cruce con la Interbalnearia, que se estudie la viabilidad de construir pasajes subterráneos, ya que se ha demostrado que los puentes no son prácticos ni utilizados por la población. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. ORLANDO D. LERETÉ SALCEDO, Representante por Canelones".

7) Exposición del señor Representante Orlando D. Lereté Salcedo al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria, acerca de la posibilidad de instalar una escuela en un inmueble de propiedad de la Administración de Ferrocarriles del Estado en la estación La Floresta, departamento de Canelones.

"Montevideo, 13 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Primaria. Estación La Floresta, nacida en los alrededores de la antigua Vía del Este, y a la orilla de la actual Ruta Nacional Nº 35, se encuentra habitada por un grupo humano formado, en su mayoría, por mujeres y hombres de condición humilde y muy humilde. El principal mercado laboral de esas personas está, generalmente, a más de dos kilómetros de distancia: balnearios La Floresta, Costa Azul y otros o Montevideo, así como los centros de estudio para sus hijos, escuela, liceo y demás. Pequeños despachos de bebidas o almacenes, una panadería son los pocos comercios allí existentes; en el invierno se subsiste vendiendo hongos, piñas, leña o limpiando jardines. La problemática que hoy nos ocupa está referida a los niños pequeños que, con sol o con lluvia, deben transitar por la Ruta Nacional Nº 35 y cruzar la Ruta Interbalnearia para llegar a su escuela; actualmente, se han formado grupos de padres que concurren en bicicleta o a pie acompañando a los pequeños los dos largos kilómetros de trayecto, ya que muchas veces el horario de los ómnibus interdepartamentales no coincide. Ante esa realidad solicitamos al Consejo de Educación Primaria la creación de una nueva escuela. Sabemos que los dineros públicos nunca alcanzan, pero sería hacer justicia con una población que lucha dignamente por subsistir y darles a sus hijos los estudios primarios imprescindibles. Consideramos que el local de la Estación de Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) es una construcción de buen nivel donde, en primera instancia, se podría establecer la escuela ya que cuenta con excelentes espacios para jugar los niños y está situada en el centro del poblado. Descontando el estudio y aprobación de lo solicitado esperamos que el mismo sea resuelto prontamente. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. ORLANDO D. LERETÉ SALCEDO, Representante por Canelones".

MEDIA HORA PREVIA

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Alberto Perdomo, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 13 y 14 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Raúl Casás por el día 14 de julio de 2005.

Del señor Representante Jorge Gandini, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de julio de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Irene Caballero.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 19 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Rombys.

Del señor Representante Carlos Enciso, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de julio de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Pérez Cortelezzi.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de julio de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Paul Moizo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitar uso de licencia desde el día de hoy hasta mañana inclusive, por motivos de enfermedad. Adjunto certificado médico.

Al saludarla muy atentamente le ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo.

ALBERTO PERDOMO
Representante por Canelones".

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Canelones, señor Alberto Perdomo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 14 de julio de 2005, y adjunta certificado médico.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y por el literal A) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 13 y 14 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 14 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20004 del Lema Partido Nacional, señor Raúl Casás.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo de su presidencia, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales por el día 14 de julio de 2005.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida,

JORGE GANDINI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Jorge Gandini.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Álvaro Viviano Baldi".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de julio de 2005.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de julio de 2005, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004 del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito se me conceda 1 (un) día de licencia por motivos personales, el día martes 19 de julio del presente año.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Paysandú".

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente.

Mario Córdoba".

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente.

Ricardo Mello".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de julio de 2005.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la ley Nº 17.827 de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez.

2) Acéptase las negativas que, por esta vez presentan los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 19 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Gustavo Rombys.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 12 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día 14 de julio, por razones de índole particular.

Sin más, la saluda atentamente,

CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN
Representante por Florida".

"Florida, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por esta única vez a la convocatoria de que he sido objeto.

Sin más, la saluda atentamente

Daniela Molina".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Carlos Enciso Christiansen.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de julio de 2005.

II) Que por ésta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señora Daniela Molina Ruiz.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Florida, Carlos Enciso Christiansen.

2) Acéptase, por ésta única vez, la negativa presentada por el suplente correspondiente siguiente, señora Daniela Molina Ruiz.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6262 del Lema Partido Nacional, señor Nelson Pérez Cortelezzi.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 14 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia por el día de la fecha, convocando a mi suplente correspondiente.

El motivo es personal.

Saluda atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 14 de julio de 2005.

Sra. Presidenta de la
Cámara de Representantes
Doña Nora Castro

Presente
De mi consideración:

Habiendo sido convocada por ese Cuerpo en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta muy atentamente.

Gabriela Garrido".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de julio de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente correspondiente, señora Gabriela Garrido.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta única vez, por la suplente siguiente señora Gabriela Garrido.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de julio de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Paul Moizo.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, RAÚL CASÁS".

"Artículo Único.- Modifícase el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

'ARTÍCULO 482.- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito gravado a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el control del pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que gestionen y los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (UDELAR).

Los Jueces podrán, por razones fundadas, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). Su resolución se tomará sin dar vista a la contraparte y dicha resolución no recibirá recurso alguno.

El monto correspondiente al pago del impuesto, según lo establecido en los incisos precedentes, se hará con cargo a la liquidación final de lo ejecutado siendo este un crédito privilegiado respecto a cualquier otro existente' ".

Montevideo, 22 de febrero de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7º) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 20 de octubre de 2004 y que consta de un Preámbulo, diecisiete artículos y tres anexos.

En líneas generales la virtud del nuevo Acuerdo se basa en que nivela las relaciones aerocomerciales entre ambos países, lo que no sucedía en el texto anterior del año 1946, donde las aerolíneas de los Estados Unidos de América podían acceder al mercado uruguayo desde cualquier punto de dicho país, sin límites de capacidad y a través de cualquier punto intermedio con derechos de quinta libertad.

De lo anterior se desprende que con el nuevo Acuerdo se logra una igualdad de oportunidades para las empresas de ambos países, quedando librado al sector privado el ejercicio efectivo de los derechos de tráfico logrados por esta negociación.

En un mundo globalizado, el transporte aéreo ya no es un fin en sí mismo, sino que por el contrario es un medio para otras actividades económicas como lo son el turismo, el comercio internacional y el mayor relacionamiento entre nacionales de ambos países.

Desde el punto de vista jurídico se puede consignar que:

1º) El texto firmado con los Estados Unidos de América es el modelo clásico, con algunos ajustes, de Acuerdo de Cielos Abiertos - Open Skies Agreements- que refleja la política aeronáutica internacional que el referido Estado ha impulsado desde la década de los setenta habiendo suscrito hasta la fecha más de medio centenar de acuerdos bilaterales iguales y análogos al presente.

2º) En materia de derechos de tráfico, se prevé el otorgamiento de la primera a la sexta libertades del aire, excluyéndose por tanto el cabotaje, sea autónomo o sucesivo.

Esta posición restrictiva respecto del cabotaje a empresas extranjeras dentro de su territorio es política tradicional y general del Estado referido. Tanto es ello así, que el principal diferendo aeropolítico instaurado actualmente en el mundo es el que se da entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. La Unión Europea reivindica su concepto de territorio económico único y por ende territorio aeronáutico único y pretende que las quintas libertades intraeuropeas otorgadas a las empresas estadounidenses sean compensadas en reciprocidad por cabotaje que los Estados Unidos de América otorgue a las aerolíneas del viejo continente.

3º) En materia de designación se plantea la designación múltiple y los requisitos clásicos de propiedad sustancial y control efectivo. También se establece como condición para la autorización por la parte que recibe la designación y como causal para que la misma pueda revocar una autorización ya concedida que la línea aérea designada dé cumplimiento a las normas del Convenio sobre seguridad operacional y sobre la seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita.

4º) En el artículo 6º se establecen normas sobre seguridad operacional. Sustancialmente se recoge la cláusula de la OACI -Organización de la Aviación Civil Internacional- sobre el tema y ello significa a los efectos prácticos el reconocimiento bilateral de la facultad de aplicar el programa IASA -Sistema Internacional de Relevamiento de la Seguridad Operacional- que lleva adelante la FAA -Administración Federal de Aviación-. Debe sí tenerse en cuenta, que a los efectos de la seguridad operacional además de las licencias, aeronavegabilidad y operaciones se incluyen las instalaciones aeronáuticas. De acuerdo al procedimiento previsto, si una parte considera que la otra tiene problemas de seguridad operacional puede solicitar la celebración de consultas, y si tras las mismas no se soluciona el problema puede retirar, revocar o restringir las autorizaciones o permisos de las líneas aéreas si el Estado designante no toma las debidas medidas correctivas en un plazo prudencial. Esta cláusula implica que, las líneas aéreas designadas por el Estado uruguayo no podrán efectivamente ejercer los derechos de tráfico hasta tanto la República no sea recategorizada por la FAA -Administración de la Aviación-. De todas formas, como es sabido, aunque no se firmara el Convenio, la situación sería la misma. Y existen alternativas pues esos derechos de tráfico pueden llegar a ser ejercidos por empresas uruguayas utilizando por ejemplo, aeronaves de otra matrícula (nacionalidad) y por ende sujetas a contralor de un Estado en Categoría I.

5º) En materia de seguridad contra actos de interferencia ilícita, básicamente se recogen las normas de la OACI -Organización de la Aviación Civil Internacional-, reforzadas luego del 11 de setiembre de 2001.

Aquí se prevé un procedimiento similar al de la seguridad operacional para el caso en que una parte considere que la otra no aplica las normas sobre seguridad. Pero el procedimiento es más rápido, ya que la consulta deberá realizarse dentro de los quince días de solicitada. Incluso si la Parte convocante de la consulta considera que existen razones de urgencia puede tomar medidas provisionales antes del vencimiento del plazo de los 15 días.

6º) En materia de oportunidades comerciales cabe resaltar:

a) La libertad de contratación o autoprestación de servicios de escala o asistencia en tierra, que sólo puede limitarse por razones de seguridad del aeropuerto.

b) Se permite ampliamente la operación comercial mediante Código Compartido, arrendamiento y fletamiento parcial ( blocked - space).

c) En el punto 8 se establecen normas sobre el transporte multimodal de cargas sin restricciones, pudiendo establecerse un único precio directo que comprenda el transporte aéreo y el terrestre combinados.

7º) En materia de competencia (acceso al mercado) en su Preámbulo, el Acuerdo establece que la finalidad del mismo es fomentar un sistema internacional de transporte aéreo basado en la competencia en el mercado entre las líneas aéreas con mínima intervención y reglamentación oficiales, buscando que se pueda ofrecer al público una variedad de opciones al menor precio que no signifique discriminación ni abuso de posiciones dominantes y que aliente a las líneas aéreas a elaborar y aplicar tarifas innovadoras y competitivas. En concordancia con el artículo 10 se establece que las Partes concederán a las líneas aéreas designadas por los dos Estados oportunidades justas e iguales para competir.

En materia de frecuencias y capacidad, las aerolíneas las fijarán según consideraciones comerciales del mercado y ninguno de los dos Estados limitará unilateralmente el volumen del tráfico, la frecuencia o regularidad del servicio y los tipos de aviones operados por las aerolíneas designadas por la otra Parte, salvo que ello se requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales (debe considerarse incluida la "safety" y la "security").

Tampoco un Estado podrá imponer a las aerolíneas designadas por el otro, requisitos de prioridad o proporción en la distribución del tráfico, ni impondrá compensaciones por permitir la operación (del tipo de la reciprocidad efectiva) ni establecerá exigencias respecto a la capacidad, frecuencia o tráfico que sean incompatibles con el Acuerdo.

Tampoco un Estado solicitará a las líneas aéreas del otro que presenten para su aprobación horarios, programas de vuelos no regulares u operaciones, a menos que se requieran, sin efectos discriminatorios, en términos generales a todas las aerolíneas que operan en ese Estado, por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales. Aún en estos casos los requisitos y procedimientos administrativos deberán ser mínimos.

Esta libertad de capacidad y frecuencias es diferente a la actual que prevé la libertad inicial para las aerolíneas, pero una posibilidad de revisión "ex post facto" en reunión de consulta de autoridades aeronáuticas. Pero en los hechos, si no hay acuerdo entre las autoridades, el resultado es el mismo; hay que ir a la denuncia del Acuerdo (actualmente se podría ir también -teóricamente- a arbitraje).

8º) TARIFAS

La fijación de tarifas es libre y por tanto las aerolíneas las fijarán por consideraciones comerciales de mercado. Tampoco se exige el mero registro de tarifas.

En consecuencia los Estados no pueden intervenir en forma previa o posterior a la libre fijación de tarifas por las aerolíneas. Luego de establecida una tarifa los Estados sólo pueden intervenir si consideran que:

a) Es necesario evitar tarifas o prácticas injustificadamente discriminatorias.

b) Para proteger a los consumidores de tarifas injustificadamente elevadas o restrictivas, que se deban al abuso de una posición dominante.

c) Proteger a las aerolíneas de tarifas artificialmente bajas a causa de subvenciones o apoyos gubernamentales, directos o indirectos.

Si un Estado considera que se ha dado alguna de las causales mencionadas anteriormente, tampoco puede actuar unilateralmente, sino que debe solicitar al otro una reunión de consulta que debe celebrarse dentro de los 30 días de recibida la solicitud.

Si hay acuerdo entre los Estados cada uno de ellos "hará sus mejores esfuerzos" para que ese acuerdo entre en vigencia. Si no hay acuerdo la tarifa entrará o continuará y la única alternativa del Estado disidente es denunciar el Convenio.

El sistema tarifario actual, es igual que la capacidad: libertad inicial y revisión "ex post facto", lo que de hecho es libertad. A diferencia del texto firmado, no se prevén normas para preservar la "sana competencia", en cuyo aspecto, el texto firmado es superior.

En cuanto a la libertad tarifaria, el suscrito considera, que la aprobación gubernamental previa requerida en el artículo 51 de la Constitución no es de aplicación en este caso, por ser un servicio público internacional, que se rige por normas internacionales.

9º) ANEXOS

El Convenio presentado consta de 3 Anexos.

A) En el Anexo I tiene secciones referidas a: Rutas, Flexibilidad Operativa y Cambio de Material (también conocido como ruptura de carga o cambio de trocha). En materia de rutas se establecen derechos de tráfico de tercera, cuarta, quinta y sexta libertades del aire.

En la sección II bajo el título de Flexibilidad Operativa se establecen distintas hipótesis que permitan la máxima flexibilidad operacional, que sean adecuadas al objeto y fin del convenio.

En la sección III se permiten cambios de material en cualquier punto de las rutas siempre que implique la continuación del vuelo original. Se establece al respecto una excepción en materia de servicios de carga pura.

En materia de derechos de tráfico, es muy superior el texto firmado a los acuerdos vigentes, que establecen limitaciones para el Uruguay y un amplio margen de libertad para Estados Unidos de América, lo que constituye un claro desequilibrio.

B) El Anexo II regula los vuelos charter de pasajeros y carga otorgando estos derechos:

a) Tercera, cuarta y quinta sin restricciones.

b) Stop over.

c) Transporte de tráfico en tránsito a través del territorio de otra parte.

d) Combinar en la aeronave tráfico de sexta.

Además se establece que por razones de cortesía y reciprocidad cada Parte considerará favorablemente la solicitud de vuelo charter que la otra plantee y que no se encuentren previstos en el Anexo.

C) En el Anexo III se establecen normas sobre los Sistemas Computarizados de Reservas, que constituyen una verdadera innovación en cuanto a nuestro derecho se refiere (no hay normas internas ni en las bilaterales). Las normas del Anexo tienden a evitar los abusos o prácticas discriminatorias de los propietarios de los CRS -Sistemas Computarizados de Reservas- en contra de los usuarios y aerolíneas participantes. Estas normas siguen en términos generales el Código de Conducta de OACI - Organización Internacional de la Aviación Civil- y normas de los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre el punto, siendo las diferencias de eventuales detalles.

Por lo antes expuesto, y en el entendido que su firma y posterior ratificación brinda mayores oportunidades económicas y comerciales que las actuales para la República es que el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo su correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ISAAC ALFIE, YAMANDÚ FAU, CARLOS POLLIO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 20 de octubre de 2004.

Montevideo, 22 de febrero de 2005.

DIDIER OPERTTI, ISAAC ALFIE, YAMANDÚ FAU, CARLOS POLLIO.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, "las Partes"),

En el deseo de fomentar un sistema internacional de transporte aéreo basado en la competencia en el mercado entre líneas aéreas, con mínima intervención y reglamentación de parte de los gobiernos;

En el deseo de facilitar la expansión de las oportunidades para el transporte aéreo internacional;

En el deseo de hacer posible que las líneas aéreas ofrezcan una variedad de opciones para el servicio del público viajero y del comercio de carga, al menor precio que no signifique ni discriminación ni abuso de posiciones dominantes, y de alentar a cada línea aérea a elaborar y aplicar unas tarifas innovadoras y competitivas;

En el deseo de velar por el mayor grado de protección y seguridad en el transporte aéreo internacional y de reafirmar su grave inquietud por los actos o las amenazas contra la seguridad de las aeronaves que ponen en peligro a las personas o los bienes, perjudican las operaciones del transporte aéreo y socavan la confianza del público en la aviación civil;

Siendo Partes en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional que fue abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944,

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

A efectos del presente Acuerdo, y salvo especificación en contrario, el término:

1. "Autoridades aeronáuticas" significa, en el caso de los Estados Unidos, el Departamento de Transporte o su organismo sucesor, y en el caso de la República Oriental del Uruguay, el Ministerio de Defensa y cualquier persona u organismo autorizado para desempeñar las funciones que ejerza dicho Ministerio.

2. "Acuerdo" significa el presente Acuerdo, sus anexos y cualquier enmienda.

3. "Transporte aéreo" significa todo servicio prestado mediante aeronaves para el transporte público de pasajeros, equipaje, carga y correo, separadamente o en combinación, por remuneración o arriendo.

4. "Convenio" significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional que fue abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, lo que comprende:

a. Cualquier enmienda que haya entrado en vigencia con arreglo al literal a, artículo 94 del Convenio y que haya sido ratificada por las dos Partes, y

b. Cualquier Anexo o enmienda del mismo adoptado con arreglo al artículo 90 del Convenio, en cuanto que dicho Anexo o enmienda esté en vigencia para las dos Partes en cualquier momento determinado.

5. "Línea aérea designada" significa una línea aérea designada y autorizada de conformidad con el artículo 3 del presente Acuerdo.

6. "Costo total" significa el costo de prestar el servicio más un recargo justificado por gastos administrativos.

7. "Transporte aéreo internacional" significa el transporte aéreo que atraviesa el espacio aéreo situado sobre el territorio de más de un Estado.

8. "Precio" significa cualquier flete, tarifa o tasa por el transporte aéreo de pasajeros (y su equipaje) o de carga (excluido el correo) o de ambos que cobren las líneas aéreas, incluidos sus agentes, y las condiciones que rijan la oferta de dicho flete, tarifa o tasa.

9. "Escala sin fines comerciales" significa el aterrizaje para fines que no sean el embarco o desembarco de pasajeros, equipaje, carga o correo en el transporte aéreo.

10. "Territorio" significa las extensiones de tierra que están bajo la soberanía, jurisdicción, protección o fideicomiso de una Parte, y las aguas territoriales adyacentes.

11. "Cargos al usuario" significa el gravamen que se impone a las líneas aéreas por prestarles los servicios o las instalaciones aeroportuarias, de navegación aérea o de seguridad de la aviación, incluidos los servicios y las instalaciones afines.

ARTÍCULO 2

1. Cada Parte concede a la otra Parte los siguientes derechos para que las líneas aéreas de la otra Parte realicen el transporte aéreo internacional:

a. El derecho a volar sobre su territorio sin aterrizar.

b. El derecho a hacer escalas en su territorio sin fines comerciales.

c. Los demás derechos estipulados en el presente Acuerdo.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no supondrá la concesión a las líneas aéreas de una Parte del derecho a admitir a bordo, en el territorio de la otra Parte, pasajeros con su equipaje, carga o correo que se lleven por remuneración y que se dirijan a algún otro punto del territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 3

1. Cada Parte tendrá derecho a designar a cuantas líneas aéreas desee para realizar el transporte aéreo internacional de conformidad con el presente Acuerdo y a retirar o alterar dichas designaciones. Esas designaciones se comunicarán por escrito a la otra Parte por vía diplomática, especificando si la línea aérea en cuestión está autorizada para realizar el transporte aéreo estipulado en el Anexo 1 o el estipulado en el Anexo II o ambos.

2. Al recibo de dicha designación y de las solicitudes de la línea aérea designada, conforme a lo prescrito para la concesión de las autorizaciones de servicio y los permisos técnicos, la otra Parte concederá los debidos permisos y autorizaciones con un mínimo de demora administrativa, siempre que:

a. La propiedad esencial y el control efectivo de dicha línea aérea pertenezcan a la Parte que la designe o a los nacionales de dicha Parte o a ambos.

b. La línea aérea designada esté capacitada para cumplir las condiciones impuestas según el ordenamiento que la Parte que estudie sus solicitudes aplique normalmente al funcionamiento del transporte aéreo internacional.

c. La Parte que designe la línea aérea cumpla y administre las normas enunciadas en el artículo 6 (Seguridad operacional) y el artículo 7 (Seguridad de la aviación).

ARTÍCULO 4

1. Cada Parte podrá revocar, suspender o limitar las autorizaciones de funcionamiento o los permisos técnicos de una línea aérea designada por la otra Parte cuando:

a. La propiedad esencial y el control efectivo de dicha línea aérea no pertenezcan a la Parte que la designe ni a los nacionales de dicha Parte ni a ninguno de los dos.

b. La línea aérea en cuestión haya dejado de cumplir el ordenamiento al que se refiere el artículo 5 (Aplicación de las leyes) del presente Acuerdo.

c. La otra Parte no cumpla y administre las normas enunciadas en el artículo 6 (Seguridad operacional).

2. A menos que resulte esencial la toma de medidas inmediatas para evitar que persista el incumplimiento al que se refieren los literales a y b, párrafo 1 del presente artículo, los derechos estipulados por el presente artículo se ejercerán sólo después de la celebración de consultas con la otra Parte.

3. El presente artículo no restringe los derechos de ninguna Parte a retirar, revocar, limitar o condicionar la autorización de funcionamiento o el permiso técnico de una o más líneas aéreas de la otra Parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 (Seguridad de la aviación).

ARTÍCULO 5

1. A la entrada en el territorio de una Parte o a la salida del mismo o durante la permanencia en él, las líneas aéreas de la otra Parte cumplirán el ordenamiento de la primera relativo a la operación y navegación de aeronaves.

2. A la entrada en el territorio de una Parte o a la salida del mismo o durante la permanencia en él se cumplirá el ordenamiento relativo al ingreso en su territorio o a la salida del mismo de los pasajeros, los tripulantes o la carga de aeronaves (incluidos los reglamentos relativos al ingreso, despacho, seguridad de la aviación, inmigración, pasaportes, aduana y cuarentena, o en el caso del correo, los reglamentos postales), directamente por dichos pasajeros, tripulantes y carga de las líneas aéreas de la otra Parte o en su nombre.

ARTÍCULO 6

1. Cada Parte reconocerá la validez de los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de competencia y las licencias que expida o convalide la otra Parte y estén vigentes, a efectos de la prestación del transporte aéreo a que se refiere el presente Acuerdo, a condición de que los requisitos para la concesión de dichos certificados o licencias igualen, por lo menos, las normas mínimas que se establezcan con arreglo al Convenio. Cada Parte, sin embargo, podrá denegar la validez a efectos de los vuelos sobre su propio territorio de los certificados de competencia y licencias expedidos o convalidados a sus propios nacionales por la otra Parte.

2. Cada Parte podrá solicitar la celebración de consultas acerca de las normas de seguridad operacional que imponga la otra Parte relativas a las instalaciones aeronáuticas, las tripulaciones, las aeronaves y el funcionamiento de las líneas aéreas designadas. Si, tras dichas consultas, una Parte llega a la conclusión de que la otra Parte no impone eficazmente ni administra normas y requisitos de seguridad operacional en estos aspectos que sean por lo menos iguales a las normas mínimas que se estipulen con arreglo al Convenio, notificará a la otra Parte de esa conclusión y de las medidas que se consideren necesarias para ajustarse a dichas normas mínimas; la otra Parte tomará las debidas medidas correctivas. Cada Parte se reserva el derecho a retirar, revocar o restringir la autorización de funcionamiento o el permiso técnico de las líneas aéreas designadas por la otra Parte si esa Parte no toma las debidas medidas correctivas en un plazo prudencial.

ARTÍCULO 7

1. De conformidad con sus derechos y obligaciones según el derecho internacional, las Partes reafirman que su mutua obligación de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma parte integrante del presente Acuerdo. Sin que por ello se restrinja la amplitud de sus derechos y obligaciones conforme al derecho internacional, las Partes, en particular, actuarán de conformidad con el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963; el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970; el Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y el Protocolo para la represión de los actos ilícitos de violencia en aeropuertos civiles con servicios internacionales, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

2. Las Partes, previa solicitud, se prestarán mutuamente toda la asistencia necesaria para evitar el apoderamiento ilícito de aeronaves y otros actos ilícitos contra la indemnidad de los pasajeros, la tripulación, las aeronaves, los aeropuertos y los servicios de navegación aérea, así como para enfrentarse a cualquier otra amenaza a la seguridad de la navegación aérea civil.

3. Las Partes, en sus relaciones mutuas, actuarán de conformidad con las normas y las prácticas pertinentes recomendadas de la aviación civil estipuladas por la Organización de Aviación Civil Internacional y denominadas Anexos al Convenio. Asimismo, exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, los explotadores que tengan su sede o residencia permanente en su territorio y los explotadores de aeropuertos en su territorio actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre la seguridad de la aviación.

4. Cada Parte conviene en observar las disposiciones de seguridad que exija la otra Parte para la entrada en su territorio, la salida del mismo y mientras se permanezca en él, y en tomar medidas adecuadas para proteger las aeronaves e inspeccionar a los pasajeros, los tripulantes, el equipaje, el equipaje de mano, la carga y los suministros antes del embarco de pasajeros o carga y durante el transcurso del mismo. Cada Parte también considerará favorablemente toda solicitud de la otra Parte encaminada a que se tomen medidas especiales de seguridad para confrontar alguna amenaza en particular.

5. En el caso de incidente o de amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de una aeronave o de otros actos ilícitos contra la indemnidad de los pasajeros, la tripulación, las aeronaves, los aeropuertos y los servicios de navegación aérea, las Partes se asistirán mutuamente mediante la facilitación de las comunicaciones y otras medidas convenientes que se propongan terminar con prontitud y seguridad dicho incidente o amenaza de incidente.

6. Cuando una Parte tenga razones justificadas para considerar que la otra Parte se ha desviado de las disposiciones sobre la seguridad de la aviación del presente artículo, las autoridades aeronáuticas de dicha Parte podrán solicitar la celebración de consultas inmediatas con las autoridades aeronáuticas de la otra Parte. De no llegarse a un acuerdo satisfactorio en el plazo de quince días a partir de la fecha de dicha solicitud, habría justificación para retirar, revocar, restringir o condicionar la autorización de funcionamiento o el permiso técnico de las líneas aéreas de la otra Parte. Cuando se requiera en caso de urgencia, una Parte podrá tomar medidas provisionales antes de la expiración de los 15 días de plazo.

ARTÍCULO 8

1. Las líneas aéreas de cada Parte podrán establecer sucursales en el territorio de la otra Parte para la promoción y venta de transporte aéreo.

2. Las líneas aéreas designadas de cada Parte, de conformidad con el ordenamiento de la otra Parte relativo al ingreso, la residencia y el empleo, podrán traer al territorio de la otra Parte y mantener en él a gerentes, vendedores, técnicos, operarios y otros especialistas que hagan falta para la prestación del transporte aéreo.

3. Cada línea aérea designada tendrá derecho a proporcionar sus propios servicios de escala en el territorio de la otra Parte ("servicios propios") o, si lo prefiere, seleccionar a algunos entre los agentes en competencia para que los presten total o parcialmente. Estos derechos estarán limitados solamente por restricciones físicas impuestas por consideraciones relativas a la seguridad del aeropuerto. Cuando esas consideraciones excluyan los servicios propios, los servicios de escala estarán a la disposición de todas las líneas aéreas en condiciones de igualdad; las tarifas se basarán en el costo de los servicios prestados, y dichos servicios serán equiparables, en índole y calidad, a los servicios propios que se prestarían si fueran posibles.

4. Cualquier línea aérea de cada Parte podrá efectuar ventas de transporte aéreo en el territorio de la otra Parte, directamente, y a criterio de la línea aérea, por medio de sus agentes, salvo por las disposiciones específicas sobre fletamentos de la Parte en cuyo territorio se origine el vuelo acerca de la protección de los fondos de los pasajeros y a los derechos de anulación y reembolso de los pasajeros. Cada línea aérea tendrá derecho a vender dicho transporte, y cualquier persona tendrá derecho a comprarlo, en la moneda del territorio o en monedas libremente convertibles.

5. Cada línea aérea tendrá derecho a convertir y transferir a su país, previa solicitud, los ingresos en el territorio de la otra Parte que rebasen las sumas desembolsadas en el mismo. Se permitirán la pronta conversión y transferencia, sin imponerles restricciones ni gravámenes, a la tasa de cambio aplicable a las operaciones y transferencias corrientes en la fecha en que el transportista presente la solicitud inicial de transferencia.

6. Se permitirá que las líneas aéreas de cada Parte paguen los gastos contraídos en el territorio de la otra Parte, incluidas las compras de combustible, en la moneda del país. A su criterio, las líneas aéreas de una Parte podrán pagar dichos gastos en el territorio de la otra Parte en monedas libremente convertibles, de conformidad con la reglamentación monetaria del país.

7. Al explotar u ofrecer los servicios autorizados en las rutas acordadas, cualquier línea designada de una Parte podrá concertar arreglos cooperativos de comercialización, por ejemplo, arreglos de fletamento parcial, de códigos compartidos o de arrendamiento, con:

a. Una línea aérea o más de cualquiera de las Partes;

b. Una línea aérea o más de un tercer país, y

c. Un proveedor de transporte terrestre de cualquier país;

a condición de que todas las líneas aéreas que concierten dichos arreglos i) tengan la debida autorización y ii) cumplan con los requisitos que se apliquen normalmente a esos arreglos.

8. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Acuerdo, se permitirá sin restricciones a las líneas aéreas y los proveedores indirectos de transporte de carga de las dos Partes que empleen, en relación con el transporte aéreo internacional, cualquier transporte terrestre de carga a cualesquier puntos en el territorio de las Partes o de terceros países o desde ellos, lo que incluye el transporte a todo aeropuerto que cuente con servicios aduaneros o desde dicho aeropuerto, y también, cuando sea pertinente, el derecho a transportar carga en depósito aduanero, según el ordenamiento aplicable. Dicha carga, ya se transporte por tierra o por aire, tendrá acceso a la tramitación e instalaciones aduaneras aeroportuarias. Las líneas aéreas, a su iniciativa, podrán efectuar su propio transporte terrestre o prestarlo por medio de acuerdos con otros transportistas terrestres, incluido el transporte terrestre que presten otras líneas aéreas y los proveedores indirectos de transporte de carga aérea. Estos servicios multimodales de carga pueden ofrecerse a un solo precio hasta el destino para el transporte aéreo y terrestre combinado, siempre y cuando no se induzca en error a los remitentes acerca de las circunstancias de dicho transporte.

ARTÍCULO 9

1. Al arribar al territorio de una Parte, las aeronaves que tengan en servicio en el transporte aéreo internacional las líneas aéreas designadas de la otra Parte, su equipo ordinario, equipo de tierra, combustible, lubricantes, suministros técnicos fungibles, piezas de repuesto (los motores inclusive), suministros (incluidos, entre otros, los artículos de comida, bebida, licor y tabaco y demás productos destinados para la venta a los pasajeros o para el consumo de éstos en cantidades restringidas durante el vuelo) y otros objetos que se destinen o utilicen sólo en relación con el funcionamiento o la conservación de las aeronaves que participen en el transporte aéreo internacional estarán exentos, con criterio de reciprocidad, de todas las restricciones de importación y de todos los impuestos sobre bienes y sobre el patrimonio, derechos de aduana, gravámenes sobre el consumo, y tasas y tarifas similares que i) impongan las autoridades nacionales y ii) no se basen en el costo del servicio prestado, a condición de que dichos equipo y suministros permanezcan a bordo de la aeronave.

2. Asimismo, y con criterio de reciprocidad, quedarán exentos de los impuestos, derechos, gravámenes, tasas y tarifas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, a excepción de las tarifas que se basen en el costo del servicio prestado:

a. Los suministros ingresados o proporcionados en el territorio de una Parte y llevados a bordo, dentro de límites prudenciales, para uso en las aeronaves de salida de las líneas aéreas de la otra Parte que participen en el transporte aéreo internacional, aun cuando dichos suministros se vayan a utilizar en una parte del viaje que se realice sobre el territorio de la Parte en la cual se llevaron a bordo.

b. El equipo de tierra y las piezas de repuesto (motores inclusive) ingresados en el territorio de una Parte para el servicio, el mantenimiento o la reparación de aeronaves de las líneas aéreas de la otra Parte que participen en el transporte aéreo internacional.

c. El combustible, los lubricantes y los suministros técnicos fungibles ingresados en el territorio de una Parte o proporcionados en dicho territorio para uso en aeronaves de las líneas aéreas de la otra Parte que participen en el transporte aéreo internacional, aun cuando dichos suministros se vayan a utilizar en una parte del viaje que se realice sobre el territorio de la Parte en la cual se llevaron a bordo.

d. Los materiales de propaganda y publicidad ingresados en el territorio de una Parte y llevados a bordo, dentro de límites prudenciales, para uso en las aeronaves de salida de las líneas aéreas de la otra Parte que participen en el transporte aéreo internacional, aun cuando dicho material se vaya a utilizar en una parte del viaje que se realice sobre el territorio de la Parte en la cual se llevaron a bordo.

3. Se podrá exigir que el equipo y los suministros a los que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo se guarden bajo la supervisión o el control de las autoridades competentes.

4. Las exenciones que estipula el presente artículo se concederán asimismo cuando las líneas aéreas designadas de una Parte hayan contratado con otras líneas aéreas que igualmente disfruten de dichas exenciones de la otra Parte, el préstamo o la cesión, en el territorio de la otra Parte, de los objetos a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

ARTÍCULO 10

1. Los cargos al usuario que graven las autoridades u organismos fiscales competentes de una Parte a las líneas aéreas de la otra Parte serán justos y razonables, no discriminarán injustificadamente, y se repartirán equitativamente entre todas las categorías de usuarios. En cualquier caso, los cargos al usuario se gravarán a todas las líneas aéreas de la otra Parte en términos no menos favorables que los más favorables de que goce cualquier otra línea aérea en el momento en que se fijen esos cargos.

2. Los cargos al usuario gravados a las líneas aéreas de la otra Parte podrán corresponder, sin excederla, a una parte equitativa del costo total que signifique para las autoridades fiscales competentes la prestación de los debidos servicios e instalaciones del aeropuerto, medio ambiente aeroportuario, navegación aérea y seguridad de la aviación, en el aeropuerto y en el sistema aeroportuario. Dichos cargos podrán tener en cuenta un rendimiento razonable de los activos, descontada la depreciación. Las instalaciones y los servicios por los que se graven esos derechos se proporcionarán de forma eficiente y económica.

3. Cada Parte promoverá la celebración de consultas entre las autoridades u organismos fiscales competentes en su territorio y las líneas aéreas que utilicen los servicios y las instalaciones, y alentará a dichas autoridades u organismos y a las líneas aéreas a que intercambien la información que resulte necesaria para determinar con precisión si los gravámenes están justificados, en vista de los principios enunciados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. Cada Parte alentará a las autoridades fiscales competentes a que notifiquen a los usuarios con prudente antelación cualquier propuesta de cambios en los cargos al usuario, a fin de permitir que los usuarios expresen su opinión antes de que se efectúen los cambios.

4. En los procedimientos de arreglo de controversias con arreglo al artículo 14, no se considerará que una Parte ha contravenido alguna disposición del presente artículo a menos que i) no emprenda, en un plazo prudencial, el examen del gravamen o de la práctica objeto de la queja de la otra Parte, o que ii) con posterioridad a dicho examen, deje de tomar las medidas que estén a su alcance para corregir cualquier gravamen o práctica que sea incompatible con el presente artículo.

ARTÍCULO 11

1. Cada Parte concederá una oportunidad justa e igual a las líneas aéreas designadas de las dos Partes para que compitan por el transporte aéreo internacional a que se refiere el presente Acuerdo.

2. Cada Parte permitirá que cada línea aérea designada fije la frecuencia y capacidad del transporte aéreo internacional que ofrezca según consideraciones comerciales del mercado. Conforme a este derecho, ninguna Parte limitará unilateralmente el volumen del tráfico, o la frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves que tengan en servicio las líneas aéreas designadas de la otra Parte, salvo cuando se requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales, en condiciones uniformes compatibles con el artículo 15 del Convenio.

3. Una Parte no impondrá a las líneas aéreas designadas de la otra Parte requisitos de derecho de prioridad ni de proporción en la distribución del tráfico, ni concederá compensaciones por no presentar objeciones, ni hará otras exigencias con respecto a la capacidad, frecuencia o tráfico que sean incompatibles con los fines del presente Acuerdo.

4. Una Parte no requerirá que las líneas aéreas de la otra Parte presenten, para su aprobación, horarios, programas de vuelos de fletamento o planes operativos, salvo los que se requieran, sin efecto discriminatorio, para hacer cumplir las condiciones uniformes previstas en el párrafo 2 del presente artículo o los que se autoricen específicamente en un Anexo al presente Acuerdo. La Parte que requiera esa documentación para fines informativos minimizará los trámites administrativos que representen los requisitos y procedimientos consiguientes para los intermediarios del transporte aéreo y para las líneas aéreas designadas de la otra Parte.

ARTÍCULO 12

1. Cada Parte permitirá que los precios del transporte aéreo los fije cada línea aérea designada por consideraciones comerciales del mercado. La intervención de las Partes se limitará a:

a. Evitar precios o prácticas injustificadamente discriminatorios.

b. Proteger a los consumidores de unos precios que resulten injustificadamente elevados o restrictivos, a causa del abuso de una posición dominante.

c. Proteger a las líneas aéreas contra precios que sean artificialmente bajos a causa de subvenciones o apoyos oficiales directos o indirectos.

2. No se exigirá que se presenten a las autoridades los precios del transporte aéreo internacional entre los territorios de las Partes. No obstante lo anterior, las líneas aéreas designadas de las Partes seguirán permitiendo a las autoridades aeronáuticas de las Partes el acceso inmediato, previa solicitud, a la información sobre los precios antiguos, actuales y propuestos, de una manera y en una forma que resulten aceptables a dichas autoridades.

3. Ninguna Parte tomará medidas unilaterales destinadas a evitar la entrada en vigencia o la continuación de un precio que efectivamente cobren o se propongan cobrar i) las líneas aéreas de cualquiera de las Partes para el transporte aéreo internacional entre los territorios de las Partes, o ii) las líneas aéreas de una Parte para el transporte aéreo internacional entre el territorio de la otra Parte y cualquier otro país, incluido en ambos casos, el transporte compartido entre líneas o efectuado por una misma línea. Si una de las Partes considera que dicho precio es incompatible con las consideraciones expuestas en el párrafo 1 del presente artículo, solicitará la celebración de consultas y notificará a la otra Parte a la mayor brevedad las razones de su descontento. Estas consultas se celebrarán en un plazo no mayor de 30 días a partir del recibo de la solicitud, y las Partes cooperarán a fin de conseguir la información necesaria para la resolución razonada del caso. Si las Partes llegan a un acuerdo acerca de un precio con respecto al cual se haya presentado un aviso de descontento, cada Parte ejercerá sus mejores oficios para que dicho acuerdo entre en vigencia. A falta de mutuo acuerdo, ese precio entrará o continuará en vigencia.

ARTÍCULO 13

Cualquiera de las Partes, en cualquier momento, podrá solicitar la celebración de consultas acerca del presente Acuerdo. Dichas consultas comenzarán lo antes posible pero no después de 60 días de la fecha en que la otra Parte reciba la solicitud, salvo acuerdo en contrario.

ARTÍCULO 14

1. Cualquier controversia que surja del presente Acuerdo, a excepción de las que surjan del párrafo 3 del artículo 12 (Fijación de precios), que no se resuelva en la primera vuelta de consultas oficiales, por acuerdo entre las Partes podrá referirse a la decisión de alguna persona o entidad. Si las Partes no llegan a un acuerdo, la controversia se someterá a arbitraje conforme a los procedimientos que se estipulan a continuación.

2. El arbitraje estará a cargo de un tribunal de tres árbitros integrado de la siguiente forma:

a. En el plazo de 30 días a partir del recibo de la petición de arbitraje, cada Parte nombrará a un árbitro. En el plazo de 60 días de haber sido nombrados, estos dos árbitros nombrarán, de común acuerdo, a un tercer árbitro, que desempeñará las funciones de Presidente del tribunal de arbitraje.

b. Si cualquiera de las Partes en la controversia no nombra árbitro, o si el tercer árbitro no se nombra de conformidad con lo previsto en el literal a. del presente párrafo, cualquiera de las Partes podrá pedir al presidente del Consejo de Aviación Civil Internacional que nombre al árbitro o a los árbitros necesarios en el plazo de 30 días. Si el presidente es de la misma nacionalidad que una de las Partes, hará el nombramiento el vicepresidente de más categoría que no esté descalificado por ese motivo.

3. Salvo acuerdo en contrario, el tribunal de arbitraje fijará los límites de su jurisdicción de conformidad con el presente Acuerdo y establecerá su propio reglamento. El tribunal, una vez formado, podrá recomendar la adopción de medidas provisionales de desagravio mientras llega a una decisión firme. A iniciativa del tribunal o a petición de cualquiera de las Partes y a más tardar a los 15 días de haberse constituido plenamente el tribunal, se celebrará una conferencia para decidir las cuestiones precisas que se someterán a arbitraje y los procedimientos concretos que se seguirán.

4. Salvo acuerdo en contrario o según las instrucciones del tribunal, cada Parte en la controversia presentará una memoria en el plazo de 45 días de la integración plena del tribunal. Las respuestas deberán recibirse 60 días después. El tribunal celebrará una audiencia a petición de cualquiera de las Partes o por su propia iniciativa en el plazo de 15 días del vencimiento del plazo para el recibo de las respuestas.

5. El tribunal tratará de pronunciar una resolución por escrito en el plazo de 30 días a partir de la conclusión de la audiencia, o de no celebrarse la audiencia, de la fecha de presentación de las dos respuestas. Prevalecerá la decisión de la mayoría del tribunal.

6. Las Partes podrán presentar solicitudes de aclaración de la resolución en el plazo de 15 días de haberse pronunciado, y cualquier aclaración que se haga se dictará en el plazo de 15 días de dicha solicitud.

7. Cada Parte, en la medida compatible con su legislación interna, dará pleno cumplimiento a cualquier resolución o laudo del tribunal de arbitraje.

8. Los gastos del tribunal de arbitraje, incluidos los honorarios y gastos de los árbitros, serán sufragados a partes iguales por las Partes. Todo gasto contraído por el presidente del Consejo de Aviación Civil Internacional en relación con los procedimientos enunciados en el literal b, párrafo 2 del presente artículo, se considerará parte de los gastos del tribunal de arbitraje.

ARTÍCULO 15

En cualquier momento, cualquiera de las Partes podrá notificar por escrito a la otra Parte su decisión de denunciar el presente Acuerdo. Dicha notificación se enviará simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional. El presente Acuerdo expirará a la medianoche (en el lugar de recibo de la notificación a la otra Parte) inmediatamente anterior al primer aniversario de la fecha de recibo de la notificación por la otra Parte, a menos que la notificación se retire por acuerdo entre las Partes antes del fin de ese período.

ARTÍCULO 16

El presente Acuerdo y sus enmiendas se registrarán en la Organización de Aviación Civil Internacional.

ARTÍCULO 17

El presente Acuerdo y sus Anexos se aplicarán provisionalmente a partir de la fecha de la firma y entrarán en vigor en la fecha de la última nota diplomática por la que las Partes se confirman que se han cumplido los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del presente Acuerdo.

A la entrada en vigencia, el presente Acuerdo sustituirá al Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, con su Anexo, suscrito en Montevideo el 14 de diciembre de 1946, y enmendado por el Acuerdo efectuado mediante canje de notas en Montevideo el 9 de julio de 1976 y el 9 de febrero de 1977, y por el Acuerdo efectuado por canje de notas en Montevideo el 15 de julio de 1991.

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO en Montevideo, el 20 de octubre de 2004, en dos textos, en los idiomas español e inglés, ambos al mismo tenor y efecto.

(SIGUEN FIRMAS).

ANEXO I

Las líneas aéreas de cada Parte designadas conforme al presente Anexo, con arreglo a las condiciones de su designación, estarán autorizadas a efectuar el transporte aéreo regular internacional entre puntos en las rutas siguientes:

A. Rutas de las líneas aéreas designadas por el Gobierno de los Estados Unidos:

1. De puntos anteriores a los Estados Unidos vía los Estados Unidos y puntos intermedios a un punto o a más situados en el Uruguay y más allá.

2. En el servicio o los servicios exclusivamente de carga, entre el Uruguay y cualquier punto o puntos.

B. Rutas de las líneas aéreas designadas por el Gobierno del Uruguay:

1. De puntos anteriores al Uruguay vía el Uruguay y puntos intermedios a un punto o a más situados en los Estados Unidos y más allá.

2. En el servicio o los servicios exclusivamente de carga, entre los Estados Unidos y cualquier punto o puntos.

A su elección, cada línea aérea designada, en cualquiera de sus vuelos o en todos ellos, podrá:

1. Efectuar vuelos en cualquier dirección o en ambas.

2. Combinar diferentes números de vuelo en la operación de una sola aeronave.

3. Atender a puntos en las rutas anteriores a los territorios de las Partes, o intermedios, 0 más allá de ellos, o situados en dichos territorios, en cualquier combinación u orden.

4. Omitir escalas en cualquier punto o en más de uno.

5. Transferir el tráfico de una aeronave a otras cualesquiera de sus aeronaves en cualquier punto en las rutas.

6. Atender a puntos anteriores a cualquier punto en su territorio, con o sin cambio de aeronave o de número de vuelo, y ofrecer y anunciar dichos servicios al público como servicios directos, sin restricciones geográficas ni de dirección y sin pérdida de cualquier derecho a transportar tráfico que por lo demás esté autorizado con arreglo al presente Acuerdo; siempre y cuando, a excepción de los servicios exclusivamente de carga, dicho servicio atienda a un punto situado en el territorio de la Parte que designe a la línea aérea.

En cualesquiera segmentos de las rutas antedichas, cualquier línea aérea designada podrá efectuar el transporte aéreo internacional sin limitación en cuanto al cambio, en cualquier punto de la ruta, en el tipo o número de aeronaves en servicio, siempre y cuando, a excepción de los servicios exclusivamente de carga, en la dirección de salida, el transporte más allá de dicho punto sea continuación del transporte desde el territorio de la Parte que haya designado a la línea aérea, y que, en la dirección de llegada, el transporte al territorio de la Parte que haya designado a la línea aérea sea continuación del transporte desde más allá de dicho punto.

ANEXO II

A. Las líneas aéreas de cada Parte designadas conforme al presente Anexo, con arreglo a las condiciones de su designación, tendrán derecho a transportar tráfico internacional de fletamento de pasajeros (y del equipaje que los acompañe) o de carga (lo que incluye, entre otros, los fletamentos de expedidores de mercancías, los fraccionados y los mixtos de pasajeros y carga) o de los dos:

1. Entre cualquier punto o más en el territorio de la Parte que haya designado a la línea aérea y cualquier punto o más en el territorio de la otra Parte, y

2. Entre cualquier punto o más en el territorio de la otra Parte y cualquier punto o más en terceros países, siempre y cuando, a excepción de los vuelos de fletamento de carga, dicho servicio constituya parte de una operación continua, con o sin cambio de aeronave, que comprenda el servicio al país de origen a fin de portar tráfico local entre el país de origen y el territorio de la otra Parte.

B. En la prestación de los servicios a que se refiere el presente Anexo, las líneas aéreas de cada Parte designadas conforme al presente Anexo también tendrán derecho a: 1) Hacer paradas estancias en puntos cualesquiera, dentro o fuera del territorio de las Partes; 2) transportar tráfico en tránsito a través del territorio de la otra Parte; 3) combinar en la misma aeronave el tráfico que se origine en el territorio de una Parte, en el territorio de la otra Parte y en terceros países; y 4) prestar transporte aéreo internacional sin ninguna limitación en cuanto al cambio, en cualquier punto de la ruta, en el tipo o número de aeronaves en servicio, siempre y cuando, a excepción de los vuelos de fletamento de carga, en la dirección de salida, el transporte más allá de dicho punto sea continuación del transporte desde el territorio de la Parte que haya designado a la línea aérea, y en la dirección de llegada, el transporte al territorio de la Parte que haya designado a la línea aérea sea continuación del transporte desde más allá de dicho punto.

C. Cada Parte, por razones de cortesía y reciprocidad, considerará favorablemente las solicitudes de las líneas aéreas de la otra Parte de transportar tráfico que no ampare el presente Anexo.

A. Toda línea aérea designada por una u otra de las Partes que preste transporte aéreo internacional de fletamento que se origine en el territorio de cualquiera de las Partes, ya sea de una sola dirección o de ida y vuelta, tendrá la opción de atenerse al ordenamiento en materia de fletamento de su país de origen o de la otra Parte. Si una Parte aplica normas, reglamentos, términos, condiciones o limitaciones diferentes a una o más de sus líneas aéreas, o a las líneas aéreas de países diferentes, cada línea aérea designada será objeto del menos restrictivo de esos criterios.

B. Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior no limitará los derechos de las Partes a exigir que las líneas aéreas designadas por cualquiera de ellas conforme al presente Anexo se ajusten a los requisitos relativos a la protección de los fondos de los pasajeros y de los derechos de los pasajeros a la anulación y al reembolso.

Salvo con respecto a las normas de protección de los consumidores a que se refiere el párrafo anterior, ninguna de las Partes requerirá que una línea aérea designada por la otra Parte conforme al presente Anexo, con respecto al transporte de tráfico del territorio de esa otra Parte o de un tercer país, ya sea de una sola dirección o de ida y vuelta, presente más que la declaración de conformidad con el ordenamiento aplicable a que se refiere la anterior Sección 2 del presente Anexo, o la exención de dicho ordenamiento concedida por las autoridades aeronáuticas competentes.

ANEXO III

El presente Anexo caducará el 31 de marzo de 2019.

1. Servicios de escala. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8 del presente Acuerdo, las líneas aéreas de los Estados Unidos disfrutarán de derechos de escala en el Aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, únicamente en cuanto los mismos sean compatibles con los compromisos y las obligaciones contractuales que estén en vigor en la fecha de suscripción del presente Acuerdo. Dichos compromisos y obligaciones no se prorrogarán ni perpetuarán de otro modo. Una vez que caduquen o se rescindan de otra forma los compromisos y las obligaciones vigentes que exigen un proveedor exclusivo de los servicios de escala, el Gobierno del Uruguay velará por el cumplimiento pleno de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8".

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 20 de octubre de 2004.

Este nuevo Acuerdo viene a mejorar el posicionamiento que nuestro país tiene hasta el momento, que emana de un texto de 1946, por el que las aerolíneas de los Estados Unidos de América podían acceder al mercado uruguayo desde cualquier punto de dicho país, sin límites de capacidad y a través de cualquier punto intermedio con derechos de quinta libertad, ocurriendo lo propio para las uruguayas.

El texto cuya aprobación se propone nivela las relaciones aerocomerciales entre ambos países. De esta manera se logra una igualdad de oportunidades para las empresas de ambos países, quedando librado el ejercicio efectivo de los derechos de tráfico logrados por esta negociación.

El Estado contraparte, desde la década de los setenta hasta la fecha, ha suscrito más de medio centenar de acuerdos bilaterales iguales o análogos al presente. Jurídicamente se trata de modelo clásico, con algunos ajustes, del Acuerdo de Cielos Abiertos -Open Skies Agreement- que refleja su política aeronáutica internacional.

Con relación a los derechos de tráfico se establece el otorgamiento de la primera a la sexta libertades del aire, con exclusión del cabotaje, sea éste autónomo o sucesivo. Las restricciones indicadas responden a la política tradicional y general de dicho Estado, y luego de las transformaciones políticas existentes en Europa, constituyen materia del mayor diferendo aeropolítico instaurado actualmente en el mundo, que es el que mantiene con la Unión Europea. Al reivindicar la Unión Europea un territorio aeronáutico único en el que operan compañías estadounidenses, reclama, asimismo, el mismo tratamiento para sus compañías en el territorio de los Estados Unidos de América.

Con referencia a la designación de las empresas que se incluyan en las actividades alcanzadas por el Convenio, se plantea que ella sea múltiple y los requisitos clásicos de propiedad sustancial y control efectivo. La parte que recibe la autorización tiene como condición y como causal para revocar la ya concedida el hecho de que la línea aérea designada cumpla con las normas del Convenio sobre seguridad operacional y sobre la seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita.

En materia de seguridad el Artículo 6º establece normas de seguridad operacional. Se recoge la cláusula de la Organización de la Aviación Civil Internacional lo que significa el reconocimiento bilateral de la facultad de aplicar el programa del Sistema Internacional de Relevamiento de la Seguridad Operacional (IASA). A los efectos de este sistema, se comprenden las instalaciones aeronáuticas, además de las licencias aeronavegabilidad y operaciones. El procedimiento previsto prevé la facultad de que, si una parte considera que la otra tiene problemas de seguridad operacional, solicite la celebración de consultas, y si tras ellas no se soluciona el problema la habilita a retirar, revocar o restringir las autorizaciones o permisos de las líneas aéreas si el Estado designante no toma las debidas medidas correctivas en un plazo prudencial. Si bien las líneas aéreas designadas por el Estado uruguayo no podrán ejercer en forma efectiva los derechos de tráfico hasta tanto la República no sea recategorizada por la Administración de la Aviación (FAA), aunque no se firmara el Convenio la situación sería la misma. No obstante esos derechos de tráfico pueden llegar a ser usados por empresas uruguayas utilizando, por ejemplo, aeronaves de otra facilidad y por tanto sujetas a contralor de un Estado en Categoría I.

Se recogen las normas de la OACI -Organización de la Aviación Civil Internacional- en materia de seguridad contra actos de interferencia ilícita, reforzadas luego del 11 de setiembre de 2001. Se prevé un procedimiento más rápido de seguridad operacional, con una consulta dentro de los quince días de solicitadas. Y se faculta a la Parte convocante para tomar medidas provisionales antes de los quince días si considera que existen razones de urgencia.

De las variadas oportunidades comerciales que se abren con la vigencia de este acuerdo pueden destacarse:

- La Libertad de contratación o autoprestación de servicios de escala o asistencia en tierra, que solo puede limitarse por razones de seguridad del aeropuerto.

- La operación comercial mediante Código Compartido, arrendamiento y fletamiento parcial (blocked-space).

- Las normas sobre transporte multimodal de cargas sin restricciones con posibilidad de establecer un precio único directo sin restricciones, comprensivo del transporte aéreo y terrestre.

La finalidad del Acuerdo es la de fomentar un sistema internacional de transporte aéreo basado en la competencia en el mercado entre las líneas aéreas con mínima intervención y reglamentación oficiales, de manera de que se pueda ofrecer al público opciones variadas al menor precio que no signifique discriminaciones ni abuso de posiciones dominantes y que aliente a las líneas aéreas a elaborar y aplicar tarifas innovadoras y competitivas. Tal lo expresado en su Preámbulo, y acorde con ello el Artículo 10 del Acuerdo establece que las Partes concederán a las líneas aéreas designadas por los dos Estados oportunidades justas e iguales para competir.

Las aerolíneas comerciales podrán fijar sus frecuencias y capacidad, según las consideraciones de mercado y ninguno de los Estados limitará unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o la regularidad del servicio y los tipos de aviones operados por las aerolíneas designadas por la otra Parte, salvo que por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales (debe considerarse incluidas la "safety" y la "security").

Un Estado no puede imponer a las aerolíneas que el otro designe requisitos de prioridad o proporción en la distribución del tráfico, compensaciones por permitir la operación (del tipo de la reciprocidad efectiva), ni establecer exigencias respecto a la capacidad, frecuencia o tráfico incompatibles con el Acuerdo.

Tampoco solicitará a las líneas aéreas del otro que presenten para su aprobación horarios, programas de vuelos no regulares u operaciones, a menos que se requieran, sin efectos discriminatorios, en términos generales a todas las aerolíneas que operan en ese Estado, por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales. Aun en estos casos los requisitos y procedimientos administrativos deberán ser mínimos. Esta libertad de capacidad y frecuencias es diferente a la actual que prevé la libertad inicial para las aerolíneas, pero con una posibilidad de revisión "ex post facto" en reunión de consulta de autoridades aeronáuticas. No obstante, en los hechos, de no haber acuerdo entre las autoridades, el resultado es el mismo, ya que debe denunciarse el Acuerdo. En la actualidad, teóricamente no está excluida la posibilidad del arbitraje.

Las tarifas se fijan libremente, por consideraciones comerciales de mercado, sin necesidad de registro. Se excluye, por tanto, la posibilidad de que los Estados intervengan en forma previa o posterior, salvo que:

- Se trate de evitar tarifas o prácticas injustificadamente discriminatorias.

- Para proteger a los consumidores de tarifas injustificadamente elevadas o restrictivas, que se deban al abuso de una posición dominante.

- Para proteger a las aerolíneas de tarifas artificialmente bajas a causa de subvenciones o apoyos gubernamentales, directos o indirectos.

Aun en el caso de que un Estado considere que se ha dado alguna de las causales mencionadas anteriormente, no podrá actuar unilateralmente, sino que deberá solicitar al otro una reunión de consulta que debe celebrarse dentro de los treinta días de recibida la solicitud. Establece la obligación de ambos Estados de "hacer sus mejores esfuerzos", si hay acuerdo, para su entrada en vigencia. Si no lo hay la única alternativa del Estado disidente será la denuncia del Convenio.

El texto del acuerdo firmado que recomendamos a la Cámara que apruebe es superior al actualmente vigente, ya que se prevén normas para preservar la "sana competencia". No obstante el sistema tarifario actual es igual que la capacidad: libertad inicial y revisión "ex post facto": libertad.

En lo que dice relación con la libertad tarifaria, además, el Poder Ejecutivo ha entendido que la aprobación gubernamental previa requerida en el Artículo 51 de la Constitución es inaplicable en este caso, por tratarse de un servicio público internacional, que se rige por normas internacionales.

En el Anexo I se refiere a Rutas (establece derechos de tráfico de tercera, cuarta, quinta y sexta libertades del aire), Flexibilidad Operativa (hipótesis que permitan la máxima flexibilidad operacional adecuadas al objeto y fin del convenio) y Cambio de Material o ruptura o cambio de trocha (en cualquier punto de las rutas siempre que implique la continuación del vuelo original, con una excepción en materia de servicios de carga pura).

También a los efectos del interés de nuestro país, es superior el nuevo texto en materia de derechos de tráfico, ya que el vigente limita al Uruguay, y brinda más libertad a Estados Unidos de América.

El Anexo II regula los vuelos charter de pasajeros y carga, y otorga los derechos de tercera, cuarta y quinta libertades en forma irrestricta, stop over, transporte de tráfico en tránsito a través del territorio de la otra Parte, combinación aeronave tráfico de sexta. Por razones de cortesía y reciprocidad cada Parte considerará favorablemente la solicitud de vuelo charter que la otra plante, aun cuando no se encuentren previstos en el Anexo.

El Anexo III presenta una innovación en cuanto a nuestro derecho, en la línea de la defensa del interés de los consumidores y los usuarios, se establecen normas sobre los Sistemas Computarizados de Reservas. Su objetivo es evitar los abusos o prácticas discriminatorias de los propietarios de dichos Sistemas en cuanto de los usuarios y aerolíneas participantes. En términos generales dichas normas siguen el Código de Conducta de la OACI -Organización Internacional de la Aviación Civil- y las normas de los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre el punto, siendo las diferencias de eventuales detalles.

Por lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda a la Cámara la sanción del adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el denominado "Acuerdo sobre Transporte Aéreo con el Gobierno de los Estados Unidos de América".

Sala de la Comisión, 6 de julio de 2005.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, SILVANA CHARLONE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, DANIEL PEÑA, ENRIQUE PINTADO".

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Daniel García Pintos, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 14 y 23 de julio de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Roxana Tejera.

Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los períodos comprendidos entre los días 2 y 4 de agosto de 2005, y 9 y 11 de agosto de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Gallo Cantera".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar a ese Cuerpo, se me conceda licencia entre los días 14 y 23, inclusive, del presente mes, por razones de enfermedad.

Saluda a usted atentamente.

DANIEL GARCÍA PINTOS
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, señor Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 23 de julio de 2005, y adjunta certificado médico.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y por el literal A) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 14 y 23 de julio de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señora Roxana Tejera.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 13 de julio de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales por los días 2, 3 y 4 de agosto y 9, 10 y 11 de agosto, respectivamente.

Sin más, la saluda atentamente.

LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los períodos comprendidos entre los días 2 y 4 de agosto de 2005 y entre los días 9 y 11 del mismo mes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los períodos comprendidos entre los días 2 y 4 de agosto de 2005 y entre los días 9 y 11 del mismo mes, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

2) Convóquese para integrar la referida representación, por los referidos períodos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Luis Enrique Gallo Cantera.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, RAÚL CASÁS".

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 4 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, integrado por el preámbulo, diecinueve artículos y un Anexo, que fue suscrito en Ottawa, el 10 de setiembre de 2002.

De conformidad con lo establecido en el referido instrumento, la modalidad de admisión al régimen de coproducción de la obra cinematográfica, deberá contar con la aprobación de las autoridades competentes de las Partes Contratantes, debiendo los productores a los que se concedan los beneficios de coproducción, disponer de una organización técnica y financiera adecuadas, como de la experiencia y de la suficiente calificación profesional.

La aportación de cada coproductor implicará necesariamente una efectiva participación artística, técnica y creativa en la obra cinematográfica, proporcional a su inversión, debiendo observarse un justo equilibrio tanto en la participación como en la cuantía global de las inversiones.

El Poder Ejecutivo considera de primordial interés otorgar impulso al desarrollo de la coproducción cinematográfica, en cuanto instrumento de creación y de expresión de la diversidad cultural.

En tal sentido, el Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas con Canadá podría constituirse en un medio idóneo para contribuir al fomento de la industria cinematográfica uruguaya y en un factor dinámico para la referida actividad, que permitirá estimular la capacitación, la calificación y la experiencia profesionales, afianzará vínculos en el ámbito artístico, técnico y cultural e impulsará la tarea de distribución y exhibición, todo lo cual permitiría el aumento del intercambio económico entre las Partes Contratantes, convicciones necesarias y suficientes para justificar el interés del Poder Ejecutivo al formular la presente solicitud de aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, WILLIAM EHLERS, LEONARDO GUZMÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, suscrito en Ottawa, el 10 de setiembre de 2002.

Montevideo, 4 de agosto de 2004.

WILLIAM EHLERS, LEONARDO GUZMÁN.

TEXTO DEL ACUERDO

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE CANADÁ, (en adelante las "Partes"),

CONSIDERANDO que es deseable establecer un marco regulador de las relaciones cinematográficas, en particular, coproducciones para cine, video y televisión;

CONSCIENTES de que las coproducciones de calidad pueden contribuir al desarrollo de la producción de las industrias cinematográficas, de video y televisión de ambos países y su distribución, así como al desarrollo de sus intercambios culturales y económicos;

CONVENCIDOS de que esta cooperación cultural y económica contribuirán al robustecimiento de las relaciones entre los dos países;

HAN acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

1. A los fines del presente Acuerdo, la designación "coproducción de películas audiovisuales" se refiere a proyectos, sin tener en cuenta su longitud o formato, incluyendo animaciones, dibujos animados y documentales, filmados sobre película, cintas de video o video discos, para su distribución en teatros, televisión, videocassettes, videodiscos o cualquier otra forma de distribución. Nuevas formas de producción audiovisual y su distribución se incluirán en este Acuerdo por intercambio de notas.

2. Las coproducciones emprendidas en virtud del presente Acuerdo deberán ser aprobadas por las siguientes autoridades, (en adelante "autoridades competentes").

En Uruguay: El Ministerio de Educación y Cultura

En Canadá: El Ministerio del Patrimonio Canadiense

3. Estas coproducciones estarán sujetas a la legislación nacional y reglamentos en vigor en Uruguay y en Canadá.

4. Asimismo se considerarán producciones nacionales por cada uno de los dos países. Las coproducciones gozarán de los beneficios que pudieran ser decretados en sus respectivos países. Estos beneficios corresponderán solamente al productor del país que los concede.

ARTÍCULO II

Los beneficios de las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán solamente a coproducciones emprendidas por productores que tengan una buena organización técnica, respaldo financiero sólido y categoría profesional reconocida.

ARTÍCULO III

1. La proporción de las contribuciones respectivas de los coproductores de las Partes podrá variar del veinte (20) al ochenta (80) por ciento del presupuesto de cada coproducción.

2. Se exigirá que cada coproductor haga una contribución técnica y artística efectiva. En principio dicha contribución será en proporción a su inversión.

ARTÍCULO IV

1. Los productores, guionistas y directores de coproducciones, así como los técnicos, actores y otro personal de producción que participen en la producción deben ser ciudadanos o residentes permanentes de Canadá, ó ciudadanos o residentes permanentes de Uruguay.

2. Si la coproducción así lo exigiera, se podría permitir la participación de otros actores diferentes de los previstos en el primer párrafo, sujeto a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO V

1. Las filmaciones en vivo y los trabajos de animación, tales como secuencias de imágenes, maquetas definitivas destinadas a la animación, dibujos claves, intervalos y grabaciones de las voces deberán, en principio, ser realizados alternativamente en Uruguay y Canadá.

2. Se podrá autorizar el rodaje en un lugar, interior o exterior, de un país que no participe en la coproducción, si el guión o la acción así lo requiere y participaran en él técnicos de Uruguay y Canadá.

3. El trabajo de laboratorio se realizará tanto en Uruguay como en Canadá, a menos que por problemas técnicos esto no sea posible. En ese caso, el trabajo de laboratorio realizado en un país no partícipe en la coproducción, requerirá la autorización de las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO VI

1. Las autoridades competentes de ambos países considerarán favorablemente las coproducciones emprendidas por productores de Uruguay y Canadá con países con los que Uruguay o Canadá estén vinculados por acuerdos de coproducción.

2. La proporción de la contribución minoritaria en estas coproducciones no será inferior al veinte (20) por ciento de cada coproducción.

3. Los coproductores minoritarios estarán obligados a realizar una contribución técnica y artística efectiva.

ARTÍCULO VII

1. La banda sonora original de cada coproducción deberá ser realizada en inglés, francés o español. Está permitido el rodaje en cualquiera de estos idiomas o en los tres. En la coproducción podrán incluirse diálogos en otros idiomas si el guión lo requiere.

2. El doblaje o subtitulado de cada coproducción en inglés, francés o español se realizarán en Uruguayo Canadá. Cualquier excepción a lo anterior deberá ser aprobada por las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO VIII

1. Las producciones realizadas bajo un acuerdo conjunto podrán ser consideradas, con la aprobación de las autoridades competentes, como coproducciones y podrán recibir los mismos beneficios. No obstante a lo dispuesto en el Artículo III, en el caso de acuerdos conjuntos, las participaciones recíprocas de los productores de ambos países podrán limitarse a una contribución monetaria únicamente, sin necesidad de excluir las contribuciones artísticas o técnicas.

2. Para ser aprobadas por las autoridades competentes, dichas producciones deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) deberán existir inversiones recíprocas y un balance total con respecto a las condiciones de compartir los recibos de los coproductores que se benefician del acuerdo conjunto.

b) Las producciones conjuntas deberán ser distribuidas bajo condiciones similares en Uruguay y Canadá.

c) Las producciones conjuntas podrán ser producidas al mismo tiempo o en forma consecutiva, en el entendido de que en el último caso, el tiempo transcurrido entre la conclusión de la primera producción y el comienzo de la segunda no podrá ser mayor a (1) un año.

ARTÍCULO IX

1. Con excepción de lo previsto en el próximo párrafo, para todas las coproducciones se harán por lo menos dos copias del material de protección final y de reproducción utilizados en la producción. Cada coproductor será propietario de una copia del material de protección y reproducción y tendrá derecho a utilizarlo para hacer las reproducciones necesarias. Además, cada coproductor tendrá acceso al material original de producción, de acuerdo con las condiciones acordadas entre los coproductores.

2. A solicitud de ambos coproductores y sujeto a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países, para las coproducciones de presupuesto reducido se podrá hacer una sola copia del material final de protección y reproducción. En este caso, el material deberá ser guardado en el país del coproductor mayoritario. El coproductor minoritario tendrá acceso a este material en todo momento.

ARTÍCULO X

Sujeto a la legislación y reglamentación en vigor, las Partes deberán:

a) facilitar la entrada y residencia temporal en sus respectivos territorios del personal artístico y técnico dependiente del coproductor del otro país y

b) permitir el ingreso temporal y re-exportación del equipo necesario para la realización de coproducciones en el marco de este Acuerdo.

ARTÍCULO XI

En principio la distribución de los beneficios será proporcional a la contribución total de cada uno de los coproductores y será sometida a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO XII

La aprobación de una propuesta de coproducción por las autoridades competentes de ambos países no constituye un compromiso para uno o ambos coproductores respecto a la concesión de permisos por parte de autoridades gubernamentales para proyectar la coproducción.

ARTÍCULO XIII

1. Cuando una coproducción se exporte a un país en el que las importaciones de producciones cinematográficas estén reguladas por cuotas, la misma se incluirá tanto en la cuota de la Parte:

a) del coproductor mayoritario

b) del que tiene la mejor oportunidad de disponer su exportación, si las contribuciones de los respectivos coproductores son idénticas ó

c) del que es nacional el director, en caso de plantearse dificultades con las cláusulas a) o b)

2. No obstante el párrafo I, en caso de que uno de los países coproductores goce de entrada irrestricta de sus películas a un país donde las importaciones estén reguladas por cuotas, la coproducción desarrollada al amparo de este Acuerdo, será considerada como producción nacional de ese país para ingresar sin restricciones al país importador, si aquel país la aprueba.

ARTÍCULO XIV

1. Cuando una coproducción es proyectada, deberá identificarse como "Coproducción Uruguayo-Canadiense" ó "Coproducción Canado-Uruguaya", dependiendo del origen del coproductor mayoritario o conforme al acuerdo entre los productores.

2. Tal identificación aparecerá en los títulos, avisos comerciales y material de promoción y dondequiera que se proyecte esta coproducción y deberá darse igual tratamiento a ambas Partes.

ARTÍCULO XV

A menos que los coproductores acuerden otra cosa, la coproducción participará en festivales internacionales, presentada por el país del coproductor mayoritario o, en caso de igual participación financiera de los coproductores, por el país del que es nacional el director.

ARTÍCULO XVI

Las autoridades competentes de ambos países establecerán conjuntamente las normas de procedimientos para las coproducciones, teniendo en cuenta la legislación y reglamentaciones en vigor en Uruguay y en Canadá. Estas normas de procedimiento se adjuntan al presente Acuerdo.

ARTÍCULO XVII

La importación, distribución y proyección de las producciones cinematográficas, de video o televisión uruguayas en Canadá o de las canadienses en Uruguay no estarán sometidas a otras restricciones que las contenidas en la legislación y reglamentaciones en vigor en cada uno de los países.

ARTÍCULO XVIII

1. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se procurará lograr un equilibrio total respecto a la participación financiera, así como en lo referido al personal creativo, técnicos, artistas y a las instalaciones (estudio y laboratorio), tomando en cuenta las respectivas características de cada país.

2. Las autoridades competentes de ambos países examinarán los términos de ejecución de este Acuerdo para resolver cualquier dificultad que surja de su aplicación. Ellas recomendarán, de ser necesario, las modificaciones aconsejables para desarrollar la cooperación cinematográfica y de video para beneficio de ambos países.

3. Se establece una Comisión Mixta encargada de velar por la aplicación del presente Acuerdo. Dicha Comisión examinará si se ha respetado el equilibrio de las contribuciones, y en caso contrario tomará las medidas que se consideren necesarias para hacerlo. Se reunirá en principio cada dos años, alternativamente en cada país. Sin embargo, podrá ser convocada a solicitud de una o ambas autoridades competentes, particularmente en caso de introducirse modificaciones importantes a la legislación o la reglamentación que rige las industrias del cine, televisión y video en cualquiera de los dos países o cuando se presentaran dificultades graves para la aplicación del Acuerdo. La Comisión Mixta deberá reunirse dentro de los seis (6) meses siguientes a su convocatoria por una de las Partes.

ARTÍCULO XIX

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en forma definitiva a partir de la fecha de recepción de la última notificación por la que las Partes se comuniquen haber completado los procedimientos internos de aprobación.

2. Permanecerá en vigor por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de entrada en vigencia. Se renovará tácitamente por periodos similares, a menos que una de las Partes comunique a la otra por escrito su intención de darlo por terminado, al menos seis (6) meses antes de la fecha de expiración.

3. Las coproducciones en vías de realización en el momento del aviso de terminación del Acuerdo por cualquiera de las partes, continuarán beneficiando se de las condiciones de este Acuerdo hasta su terminación definitiva. Después de la expiración del Acuerdo, sus términos continuarán aplicándose a la liquidación de beneficios de coproducciones terminadas.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman este Acuerdo.

HECHO en duplicado en Ottawa el 10 de septiembre de 2002, en los idiomas español, inglés y francés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)

ANEXO

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Las solicitudes de admisión a las ventajas del presente acuerdo para toda coproducción se dirigirán simultáneamente a las dos administraciones, por lo menos treinta (30) días antes del comienzo del rodaje.

La documentación que se presente en apoyo de cualquier solicitud comprenderá los elementos siguientes, redactados en francés o inglés para Canadá, y en idioma español para Uruguay.

I. El guión definitivo;

II. La sinopsis;

III. Los documentos que permitan establecer que la propiedad de los derechos de autor de la coproducción ha sido adquirida legalmente;

IV. Un contrato de coproducción, firmado por los dos coproductores. Ese contrato incluirá:

1. el título de la coproducción;

2. el nombre del guionista o del adaptador, si se trata de un tema inspirado en una obra literaria;

3. el presupuesto;

4. el plan de financiación;

5. una cláusula que estipule la repartición de las entradas en efectivo, de los mercados, de los medios de difusión, o de una combinación de esos elementos;

6. una cláusula que determine la participación de cada coproductor en los sobrecostos o las posibles economías;

7. una cláusula que precise que la admisión a las ventajas que deriven del Acuerdo no comprometerá a las autoridades gubernamentales de los dos países a otorgar un permiso de exhibición de la coproducción;

8. una cláusula que precise las disposiciones previstas:

a) en el caso en que, después de examinar el expediente, las autoridades competentes de uno de los dos países no concedieran la admisión solicitada;

b) en el caso en que las autoridades competentes no autorizaran la exhibición de la coproducción en su país o su exportación a un tercer país;

c) en el caso en que uno de los dos coproductores no respetara sus compromisos;

9. una cláusula que precise que la producción estará cubierta por una póliza de seguros que cubra por lo menos "todos los riesgos para la producción" y "todos los riesgos para el negativo";

10. una cláusula que estipule la repartición de la propiedad de los derechos de autor en proporción al aporte de cada uno de los coproductores.

V. Las cartas, contratos y otros documentos financieros para todos los participantes presentes en la estructura financiera;

VI. La lista del personal artístico y técnico con indicación de su nacionalidad y los papeles atribuidos a los actores;

VII. El calendario de producción;

VIII. El presupuesto detallado en que se precisen los gastos que deberá hacer cada coproductor, así como los gastos en un tercer país, si corresponde.

Las dos administraciones competentes de las partes contratantes podrán asimismo solicitar todos los documentos y todas las precisiones adicionales que juzguen necesarias.

En principio, la repartición creativa y técnica deberá presentarse a los administradores competentes antes de comenzar el rodaje.

Se podrán hacer modificaciones al contrato original, incluyendo el reemplazo de un coproductor. Sin embargo, dichas modificaciones deberán someterse a aprobación de las administraciones competentes de las partes contratantes antes de la finalización de la coproducción. El reemplazo de un coproductor sólo se podrá admitir en circunstancias excepcionales y por motivos cuya validez sea reconocida por las dos administraciones competentes.

Las administraciones competentes se informarán mutuamente de sus decisiones".

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 13 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el artículo 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 4 de agosto de 2004, Asunto 253ª/04 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación del Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, suscrito en Ottawa, el 10 de setiembre de 2002.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación del mencionado instrumento bilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, JORGE BROVETTO

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, suscrito en Ottawa, el 10 de setiembre de 2002.

Montevideo, 13 de mayo de 2005.

REINALDO GARGANO JORGE BROVETTO

TEXTO DEL ACUERDO

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE CANADÁ, (en adelante las "Partes"),

CONSIDERANDO que es deseable establecer un marco regulador de las relaciones cinematográficas, en particular, coproducciones para cine, video y televisión;

CONSCIENTES de que las coproducciones de calidad pueden contribuir al desarrollo de la producción de las industrias cinematográficas, de video y televisión de ambos países y su distribución, así como al desarrollo de sus intercambios culturales y económicos;

CONVENCIDOS de que esta cooperación cultural y económica contribuirán al robustecimiento de las relaciones entre los dos países;

HAN acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

1. A los fines del presente Acuerdo, la designación "coproducción de películas audiovisuales" se refiere a proyectos, sin tener en cuenta su longitud o formato, incluyendo animaciones, dibujos animados y documentales, filmados sobre película, cintas de video o video discos, para su distribución en teatros, televisión, videocassettes, videodiscos o cualquier otra forma de distribución. Nuevas formas de producción audiovisual y su distribución se incluirán en este Acuerdo por intercambio de notas.

2. Las coproducciones emprendidas en virtud del presente Acuerdo deberán ser aprobadas por las siguientes autoridades, (en adelante "autoridades competentes").

En Uruguay: El Ministerio de Educación y Cultura.

En Canadá: El Ministerio del Patrimonio Canadiense.

3. Estas coproducciones estarán sujetas a la legislación nacional y reglamentos en vigor en Uruguay y en Canadá.

4. Asimismo se considerarán producciones nacionales por cada uno de los dos países. Las coproducciones gozarán de los beneficios que pudieran ser decretados en sus respectivos países. Estos beneficios corresponderán solamente al productor del país que los concede.

ARTÍCULO II

Los beneficios de las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán solamente a coproducciones emprendidas por productores que tengan una buena organización técnica, respaldo financiero sólido y categoría profesional reconocida.

ARTÍCULO III

1. La proporción de las contribuciones respectivas de los coproductores de las Partes podrá variar del veinte (20) al ochenta (80) por ciento del presupuesto de cada coproducción.

2. Se exigirá que cada coproductor haga una contribución técnica y artística efectiva. En principio dicha contribución será en proporción a su inversión.

ARTÍCULO IV

1. Los productores, guionistas y directores de coproducciones, así como los técnicos, actores y otro personal de producción que participen en la producción deben ser ciudadanos o residentes permanentes de Canadá, o ciudadanos o residentes permanentes de Uruguay.

2. Si la coproducción así lo exigiera, se podría permitir la participación de otros actores diferentes de los previstos en el primer párrafo, sujeto a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO V

1. Las filmaciones en vivo y los trabajos de animación, tales como secuencias de imágenes, maquetas definitivas destinadas a la animación, dibujos claves, intervalos y grabaciones de las voces deberán, en principio, ser realizados alternativamente en Uruguay y Canadá.

2. Se podrá autorizar el rodaje en un lugar, interior o exterior, de un país que no participe en la coproducción, si el guión o la acción así lo requiere y participaran en él técnicos de Uruguay y Canadá.

3. El trabajo de laboratorio se realizará tanto en Uruguay como en Canadá, a menos que por problemas técnicos esto no sea posible. En ese caso, el trabajo de laboratorio realizado en un país no partícipe en la coproducción, requerirá la autorización de las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO VI

1. Las autoridades competentes de ambos países considerarán favorablemente las coproducciones emprendidas por productores de Uruguay y Canadá con países con los que Uruguay o Canadá estén vinculados por acuerdos de coproducción.

2. La proporción de la contribución minoritaria en estas coproducciones no será inferior al veinte (20) por ciento de cada coproducción.

3. Los coproductores minoritarios estarán obligados a realizar una contribución técnica y artística efectiva.

ARTÍCULO VII

1. La banda sonora original de cada coproducción deberá ser realizada en inglés, francés o español. Está permitido el rodaje en cualquiera de estos idiomas o en los tres. En la coproducción podrán incluirse diálogos en otros idiomas si el guión lo requiere.

2. El doblaje o subtitulado de cada coproducción en inglés, francés o español se realizarán en Uruguayo Canadá. Cualquier excepción a lo anterior deberá ser aprobada por las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO VIII

1. Las producciones realizadas bajo un acuerdo conjunto podrán ser consideradas, con la aprobación de las autoridades competentes, como coproducciones y podrán recibir los mismos beneficios. No obstante a lo dispuesto en el Artículo III, en el caso de acuerdos conjuntos, las participaciones recíprocas de los productores de ambos países podrán limitarse a una contribución monetaria únicamente, sin necesidad de excluir las contribuciones artísticas o técnicas.

2. Para ser aprobadas por las autoridades competentes, dichas producciones deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) deberán existir inversiones recíprocas y un balance total con respecto a las condiciones de compartir los recibos de los coproductores que se benefician del acuerdo conjunto.

b) Las producciones conjuntas deberán ser distribuidas bajo condiciones similares en Uruguay y Canadá.

c) Las producciones conjuntas podrán ser producidas al mismo tiempo o en forma consecutiva, en el entendido de que en el último caso, el tiempo transcurrido entre la conclusión de la primera producción y el comienzo de la segunda no podrá ser mayor a (1) un año.

ARTÍCULO IX

1. Con excepción de lo previsto en el próximo párrafo, para todas las coproducciones se harán por lo menos dos copias del material de protección final y de reproducción utilizados en la producción. Cada coproductor será propietario de una copia del material de protección y reproducción y tendrá derecho a utilizarlo para hacer las reproducciones necesarias. Además, cada coproductor tendrá acceso al material original de producción, de acuerdo con las condiciones acordadas entre los coproductores.

2. A solicitud de ambos coproductores y sujeto a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países, para las coproducciones de presupuesto reducido se podrá hacer una sola copia del material final de protección y reproducción. En este caso, el material deberá ser guardado en el país del coproductor mayoritario. El coproductor minoritario tendrá acceso a este material en todo momento.

ARTÍCULO X

Sujeto a la legislación y reglamentación en vigor, las Partes deberán:

a) facilitar la entrada y residencia temporal en sus respectivos territorios del personal artístico y técnico dependiente del coproductor del otro país y,

b) permitir el ingreso temporal y re-exportación del equipo necesario para la realización de coproducciones en el marco de este Acuerdo.

ARTÍCULO XI

En principio la distribución de los beneficios será proporcional a la contribución total de cada uno de los coproductores y será sometida a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO XII

La aprobación de una propuesta de coproducción por las autoridades competentes de ambos países no constituye un compromiso para uno o ambos coproductores respecto a la concesión de permisos por parte de autoridades gubernamentales para proyectar la coproducción.

ARTÍCULO XIII

1. Cuando una coproducción se exporte a un país en el que las importaciones de producciones cinematográficas estén reguladas por cuotas, la misma se incluirá tanto en la cuota de la Parte:

a) del coproductor mayoritario,

b) del que tiene la mejor oportunidad de disponer su exportación, si las contribuciones de los respectivos coproductores son idénticas o,

c) del que es nacional el director, en caso de plantearse dificultades con las cláusulas a) o b).

2. No obstante el párrafo I, en caso de que uno de los países coproductores goce de entrada irrestricta de sus películas a un país donde las importaciones estén reguladas por cuotas, la coproducción desarrollada al amparo de este Acuerdo, será considerada como producción nacional de ese país para ingresar sin restricciones al país importador, si aquel país la aprueba.

ARTÍCULO XIV

1. Cuando una coproducción es proyectada, deberá identificarse como "Coproducción Uruguayo-Canadiense" o "Coproducción Canado-Uruguaya", dependiendo del origen del coproductor mayoritario o conforme al acuerdo entre los productores.

2. Tal identificación aparecerá en los títulos, avisos comerciales y material de promoción y dondequiera que se proyecte esta coproducción y deberá darse igual tratamiento a ambas Partes.

ARTÍCULO XV

A menos que los coproductores acuerden otra cosa, la coproducción participará en festivales internacionales, presentada por el país del coproductor mayoritario o, en caso de igual participación financiera de los coproductores, por el país del que es nacional el director.

ARTÍCULO XVI

Las autoridades competentes de ambos países establecerán conjuntamente las normas de procedimientos para las coproducciones, teniendo en cuenta la legislación y reglamentaciones en vigor en Uruguay y en Canadá. Estas normas de procedimiento se adjuntan al presente Acuerdo.

ARTÍCULO XVII

La importación, distribución y proyección de las producciones cinematográficas, de video o televisión uruguayas en Canadá o de las canadienses en Uruguay no estarán sometidas a otras restricciones que las contenidas en la legislación y reglamentaciones en vigor en cada uno de los países.

ARTÍCULO XVIII

1. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se procurará lograr un equilibrio total respecto a la participación financiera, así como en lo referido al personal creativo, técnicos, artistas y a las instalaciones (estudio y laboratorio), tomando en cuenta las respectivas características de cada país.

2. Las autoridades competentes de ambos países examinarán los términos de ejecución de este Acuerdo para resolver cualquier dificultad que surja de su aplicación. Ellas recomendarán, de ser necesario, las modificaciones aconsejables para desarrollar la cooperación cinematográfica y de video para beneficio de ambos países.

3. Se establece una Comisión Mixta encargada de velar por la aplicación del presente Acuerdo. Dicha Comisión examinará si se ha respetado el equilibrio de las contribuciones, y en caso contrario tomará las medidas que se consideren necesarias para hacerlo. Se reunirá en principio cada dos años, alternativamente en cada país. Sin embargo, podrá ser convocada a solicitud de una o ambas autoridades competentes, particularmente en caso de introducirse modificaciones importantes a la legislación o la reglamentación que rige las industrias del cine, televisión y video en cualquiera de los dos países o cuando se presentaran dificultades graves para la aplicación del Acuerdo. La Comisión Mixta deberá reunirse dentro de los seis (6) meses siguientes a su convocatoria por una de las Partes.

ARTÍCULO XIX

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en forma definitiva a partir de la fecha de recepción de la última notificación por la que las Partes se comuniquen haber completado los procedimientos internos de aprobación.

2. Permanecerá en vigor por un período de cinco (5) años desde la fecha de entrada en vigencia. Se renovará tácitamente por períodos similares, a menos que una de las Partes comunique a la otra por escrito su intención de darlo por terminado, al menos seis (6) meses antes de la fecha de expiración.

3. Las coproducciones en vías de realización en el momento del aviso de terminación del Acuerdo por cualquiera de las partes, continuarán beneficiándose de las condiciones de este Acuerdo hasta su terminación definitiva. Después de la expiración del Acuerdo, sus términos continuarán aplicándose a la liquidación de beneficios de coproducciones terminadas.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman este Acuerdo.

HECHO en duplicado en Ottawa el 10 de septiembre de 2002, en los idiomas español, inglés y francés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)

ANEXO

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Las solicitudes de admisión a las ventajas del presente acuerdo para toda coproducción se dirigirán simultáneamente a las dos administraciones, por lo menos treinta (30) días antes del comienzo del rodaje.

La documentación que se presente en apoyo de cualquier solicitud comprenderá los elementos siguientes, redactados en francés o inglés para Canadá, y en idioma español para Uruguay.

I. El guión definitivo;

II. La sinopsis;

III. Los documentos que permitan establecer que la propiedad de los derechos de autor de la coproducción ha sido adquirida legalmente;

IV. Un contrato de coproducción, firmado por los dos coproductores. Ese contrato incluirá:

1. el título de la coproducción;

2. el nombre del guionista o del adaptador, si se trata de un tema inspirado en una obra literaria;

3. el presupuesto;

4. el plan de financiación;

5. una cláusula que estipule la repartición de las entradas en efectivo, de los mercados, de los medios de difusión, o de una combinación de esos elementos;

6. una cláusula que determine la participación de cada coproductor en los sobrecostos o las posibles economías;

7. una cláusula que precise que la admisión a las ventajas que deriven del Acuerdo no comprometerá a las autoridades gubernamentales de los dos países a otorgar un permiso de exhibición de la coproducción;

8. una cláusula que precise las disposiciones previstas:

a) en el caso en que, después de examinar el expediente, las autoridades competentes de uno de los dos países no concedieran la admisión solicitada;

b) en el caso en que las autoridades competentes no autorizaran la exhibición de la coproducción en su país o su exportación a un tercer país;

c) en el caso en que uno de los dos coproductores no respetara sus compromisos;

9. una cláusula que precise que la producción estará cubierta por una póliza de seguros que cubra por lo menos "todos los riesgos para la producción" y "todos los riesgos para el negativo";

10. una cláusula que estipule la repartición de la propiedad de los derechos de autor en proporción al aporte de cada uno de los coproductores.

V. Las cartas, contratos y otros documentos financieros para todos los participantes presentes en la estructura financiera;

VI. La lista del personal artístico y técnico con indicación de su nacionalidad y los papeles atribuidos a los actores;

VII. El calendario de producción;

VIII. El presupuesto detallado en que se precisen los gastos que deberá hacer cada coproductor, así como los gastos en un tercer país, si corresponde.

Las dos administraciones competentes de las partes contratantes podrán asimismo solicitar todos los documentos y todas las precisiones adicionales que juzguen necesarias.

En principio, la repartición creativa y técnica deberá presentarse a los administradores competentes antes de comenzar el rodaje.

Se podrán hacer modificaciones al contrato original, incluyendo el reemplazo de un coproductor. Sin embargo, dichas modificaciones deberán someterse a aprobación de las administraciones competentes de las partes contratantes antes de la finalización de la coproducción. El reemplazo de un coproductor sólo se podrá admitir en circunstancias excepcionales y por motivos cuya validez sea reconocida por las dos administraciones competentes.

Las administraciones competentes se informarán mutuamente de sus decisiones".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: este Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Gobierno de Canadá y la República Oriental del Uruguay fue suscrito en Ottawa en setiembre de 2002. Como verán, ha pasado algún tiempo desde que se suscribió este Acuerdo, y la Comisión de Asuntos Internacionales entendió conveniente dar al trámite la mayor celeridad posible, porque nos parece un acuerdo importantísimo y, además, porque el Poder Ejecutivo nos marcó su expresa voluntad de que fuera ratificado cuando antes por el Parlamento.

El presente Acuerdo -no voy a repetir el informe, para no ofender la inteligencia de los queridos colegas- fomenta el desarrollo de las industrias cinematográficas, de video y de televisión entre ambos países. Es un marco regulador de la coproducción, en el que se establecen las proporcionalidades de cada Parte en cada caso, la cantidad de producciones que se pueden hacer simultáneamente o en forma consecutiva entre ambos países y establece beneficios que se distribuirán proporcionalmente entre los coproductores.

Desde mi punto de vista, lo más relevante es lo relativo a los casos en los que se exporta una producción de este tipo a países que tienen establecida una cuota de importación. Lo que establece el Acuerdo es que el nombre del país patrocinante será el de aquel que tenga mayores cuotas partes aceptadas en el país que va a recibir la coproducción cinematográfica, de video o de televisión. En el caso de que los países tengan la misma proporción de cuotas, el país patrocinante será aquel que tenga mejores posibilidades.

Si este Acuerdo se implementa bien, representa dos cosas que aquí se han señalado en el pasado como importantes, y quiero destacar en esto el trabajo realizado por el señor Diputado Orrico, quien ha sido un militante en la causa de la cultura. Este no es solo un acuerdo de hacer películas y que, como se cree, tiene un valor marginal.

Hace unos años salió una publicación de un economista uruguayo que decía: "La cultura da trabajo". En el caso de la producción cinematográfica, de video y de televisión, no solo da trabajo a quienes participan directamente, sino también a quienes lo hacen indirectamente. Acá hemos recibido excelentes explicaciones de cuánta gente y cuánta economía se mueve alrededor de una hora de filmación, que puede ser una escena de una película, en determinado lugar. Y eso tiene un impacto económico positivo sobre el país que está realizando la obra de arte, porque de eso se trata.

Pero, además, es importantísimo en el caso uruguayo, pues cuando se recorre el mundo, cuando uno dice: "Vengo de Uruguay", a la gente común le cuesta ubicarlo geográficamente en el mapa e inclusive en el continente. Por lo tanto, debemos generar las consecuencias que logran las producciones de este tipo, mostrando nuestros lugares, nuestros paisajes. Está científicamente comprobado que cuando una producción de este tipo se difunde en países extranjeros hay una repercusión turística a mediano plazo. Esto apunta al turismo internacional, porque hay gente que desconoce paisajes y lugares, y entonces, difundiendo una producción que los muestre, es posible despertar el interés por visitar el país en el que fue filmada esa película.

En esta última etapa del cine uruguayo, que obviamente se hace con escasos recursos pero que tiene un excelente nivel y una gran repercusión internacional -no voy a repasar aquí la lista de producciones cinematográficas uruguayas exitosas en el mundo-, se ha tenido como seña particular mostrar los lugares con los cuales los uruguayos nos sentimos identificados, y las personas terminan sintiendo interés por viajar para ver los paisajes que se muestran.

Por último, también hay una cuestión de identidad que tenemos que preservar. En un mundo globalizado donde los patrones culturales corren el riesgo de ser impuestos por las macroproducciones dominantes, si no hacemos un esfuerzo por reencontrarnos y reconocernos en los lugares habituales por los que transitamos, el día de mañana quizá pensaremos que el Bronx es algún barrio de alguna ciudad de Uruguay y empezaremos a no reconocer las señales que son parte de nuestra nación sudamericana, porque comenzamos a vernos en otros paisajes. Se deforma el idioma, la manera en que nos comunicamos y también los patrones de convivencia. Por eso, en este mundo globalizado es importantísimo apoyar este tipo de coproducciones que rescatan lo esencial que tenemos y lo ponen al servicio del mundo.

Creo que la globalización no puede ser la hegemonía de un patrón cultural sobre el resto del mundo, sino la pluralidad de identidades y de costumbres para que se realicen los pueblos y sean conocidos de la mejor manera. Este Acuerdo significa un esfuerzo en ese sentido, porque a nosotros, los uruguayos, nos va a aportar lo que no tenemos, que son recursos económicos y técnicos -que a veces podemos conocerlos, pero no acceder a ellos- y es un puente para fortalecer, ayudar y contribuir a este incipiente esfuerzo de la cinematografía uruguaya en la producción de televisión y video.

Por ese motivo, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda votar en estas condiciones el proyecto para que pase rápidamente al Senado, que ojalá le dé el mismo trámite urgente que nosotros le estamos dando.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora Presidenta: ratificando el excelente informe del señor Diputado Pintado, quiero decir que hemos establecido contacto con integrantes de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine, Video y Televisión del Uruguay para saber qué consideraciones les merecía este Acuerdo con Canadá. Me manifestaron que el sistema de coproducción es ventajosísimo, pero mucho más con Canadá, porque las producciones uruguayas se verán beneficiadas por este proyecto con la adquisición de derechos que conllevan otros acuerdos que tiene Canadá con otras naciones. Francamente, es una búsqueda de nuevas plateas y de nuevos mercados para nuestras producciones fílmicas. El sector de productores nacionales estaba esperando la promulgación de este Acuerdo desde que se enteró de que había sido signado en Ottawa en el año 2002.

Es muy importante señalar que mientras Canadá demora mucho tiempo en acceder a este tipo de acuerdos con otras naciones, ha demostrado particular interés en llevarlo a cabo con la República Oriental del Uruguay. Por otra parte, Canadá busca esta clase de acuerdos en función de algunos aspectos políticos internos: primero, es un país profundamente despoblado y, segundo, su población habita marcadamente en la zona de la frontera sur con Estados Unidos, país que desde el punto de vista cultural ejerce una gran influencia comunicacional, ya sea por el sonido, los filmes, la televisión, etcétera.

Una de las formas que tiene Canadá de afrontar esta situación es la coproducción; de ese modo, neutraliza esa situación particular con su vecina potencia. Lo mismo sucede en nuestra frontera norte con la Red Globo y en nuestro litoral. Los países de mayor población y potencial invaden culturalmente al nuestro, y a Canadá también le pasa esto en su frontera sur.

En cuanto a Uruguay, el mercado interno para el cine producido aquí es muy pequeño en todo sentido. Tengo algunas cifras interesantes. Por ejemplo, el film "En la puta vida" tiene el récord de asistencia, con 140.000 espectadores, y aun con esta cifra, enorme para nuestra plaza, solamente se recuperó el 10% del costo de producción. La película "Whisky" llevó 50.000 espectadores, pero el costo era de US$ 400.000.

Es evidente, entonces, que para que este trabajo prosiga es básico el sistema de la coproducción, porque ayuda a solventar absolutamente toda la estructura de costos de esta actividad, que es tremendamente onerosa, como ya lo dijo el señor Diputado Pintado.

El tema de las coproducciones adquiere una gran importancia porque todos los filmes más conocidos de la industria nacional son hijos de la coproducción. Por ejemplo, "Whisky" es una coproducción argentina, española y uruguaya, lo que implica que se vende en los tres mercados. La película "El viaje hacia el mar" es una coproducción argentina y uruguaya; "En la puta vida" es una coproducción de Bélgica, Cuba, España y Uruguay; "El baño del Papa" es una coproducción de Brasil, Argentina y Uruguay. Como bien se nos ha informado, sin el sistema de coproducción estas y muchas otras exitosas obras de arte del cine uruguayo no hubieran sido viables en lo más mínimo.

Es evidente que todo lo que favorezca a esta industria está en un todo de acuerdo con los fines artísticos y culturales y, sobre todo, brinda ocupación genuina a nuestros artistas -sean guionistas, iluminadores, camarógrafos, maquilladores, vestuaristas, músicos, sonidistas, transportistas, utileros-; hay muchas otras profesiones y oficios que rodean el mundo del cine, la televisión y el video.

En esta actividad se aprecia por parte de sus protagonistas una fe y una esperanza mayúsculas en el arte, ante lo cual nosotros, como ciudadanos de la República, nos inclinamos. Basta como ejemplo saber que en la película "25 watts" el personal íntegro donó sus jornales para poder llevar adelante esta producción, sobre la que se dice que es una de las mejores que ha tenido nuestra industria fílmica.

Entre las más importantes dificultades que afronta esta incipiente industria está el IVA, dado que el 23% de todo lo que consume un film no se recupera hasta el momento de su exhibición, que puede ser un año y medio o dos a partir de que se empieza la filmación. Esto implica una tremenda carga financiera, y estoy seguro de que en la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Industria, Energía y Minería o de la Comisión de Educación y Cultura podríamos ayudar a la gente que trabaja en esta actividad, porque son parte del país productivo por la alta capacidad que poseen de generar empleo. Además, sabemos que desde el punto de vista internacional el cine uruguayo es una señal existencial de nuestro país en el concierto de las naciones.

Por eso, creo que es muy importante la aprobación de este Acuerdo, que implica la coproducción fílmica con Canadá, y en ese sentido hubo unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señora Presidenta: voy a hacer algunas puntualizaciones muy breves.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Peña Fernández)

——Me parece que el proyecto que tenemos a consideración es un paso muy importante. Como saben los señores legisladores, se trata de abrir camino a la coproducción entre los cineastas del Uruguay y los de Canadá. Creo que deberíamos llamar la atención a los compañeros legisladores integrantes de la Comisión de Industria, Energía y Minería en el sentido de que es importante para Uruguay la posibilidad de que esta industria constituya realmente una fuente de trabajo y que sea analizado por la Comisión y se abra a las posibilidades del país. Digo esto por varias razones.

Hace algunos años, en un diálogo con una persona que se dedica al cine y al arte en general, Sancho Gracia, y el entonces Presidente de la Cámara, escribano Stirling, tuve oportunidad de preguntar al primero cuáles eran las condiciones para el cine que existían en Uruguay. Sancho Gracia elogió prácticamente todas: desde los actores de primerísimo nivel hasta los paisajes. Él había venido a filmar una película aquí, que dejó alguna ganancia importante en todos los elementos laterales que se vinculan a esa industria.

Recuerdo que alguna gente vinculada al cine presentó hace algunos años un proyecto para la creación de esa industria. Para no presentarlo a través de un partido político y tener apoyo más general convocaron a una conferencia de prensa, a la que recuerdo que asistieron el señor Diputado Pintado y el hoy señor Senador Michelini. Varios firmamos ese proyecto, que pasó a la Comisión de Industria, Energía y Minería. Allí fue analizado y hubo oposición de parte de alguna persona vinculada al cine y, finalmente, la Comisión no lo trajo a consideración de la Cámara. Con eso perdimos una oportunidad, porque se trata de una industria con todas las posibilidades.

Aquí se ha destacado cómo algunos filmes realizados por uruguayos han tenido particular éxito. Se destacó "El viaje hacia el mar", que me parece un modelo realmente interesante de las cosas que se pueden hacer en el país. Pero ahora estamos frente a la necesidad de crear fuentes de trabajo y este proyecto me da la oportunidad de subrayar la necesidad de que analicemos el tema en la Comisión de Industria, Energía y Minería, que citemos a las personas vinculadas al cine y así estoy seguro de que podremos elaborar un excelente proyecto que abrirá amplias posibilidades a los actores uruguayos, a toda la industria y a los elementos vinculados a la filmación. Desde luego que poder contar con la infraestructura imprescindible facilitará a quienes lo deseen realizar inversiones en las coproducciones en nuestro país.

SEÑORA KECHICHIÁN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CHIFFLET.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: me siento muy congratulada al votar este proyecto de ley. Soy de quienes consideran que una visión moderna del Estado debe incorporar a la cultura como parte de sus industrias, que son las que dan fuentes de trabajo. En mi labor como Diputada quiero decir que de verdad haré todo el esfuerzo posible para que ciertamente las actuales autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería le incorporen al organismo una sección que sea "Industrias Culturales". Digo esto teniendo en cuenta que fui integrante del pasado equipo de gobierno de la ciudad de Montevideo. Por ello, quiero recalcar el rol del Estado en este tema. Como integrante del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo fuimos promotores de buena parte de esas producciones que hoy se mencionaron aquí: "En la puta vida", "Whisky" y "El viaje hacia el mar". Creo que fue una de las políticas más exitosas esa promoción, o esa palabra a veces tan devaluada que es subsidio, que yo sigo reivindicando no como una mala palabra. Ese fue el rol del Estado, que se jugó en ayudar a esas producciones uruguayas que, como bien decía el señor Diputado Pintado, son además parte de la promoción turística del Uruguay. Chequeamos que la rambla de Pocitos nunca fue tan conocida por los españoles como con la proyección de la película "En la puta vida", y lo mismo pasó con otra cantidad de lugares maravillosos del país.

Coincido totalmente con el señor Diputado Chifflet en cuanto a que para nosotros, además de constituir como una señal de nuestra identidad, también debe ser generadora de puestos de trabajo para los uruguayos. Este proyecto de ley pone como condición que los productores, los guionistas y los directores de las coproducciones deben ser ciudadanos residentes tanto de Canadá como de Uruguay. También se establece que los técnicos que se requieran deben ser de Uruguay o de Canadá. Asimismo, el trabajo de laboratorio se debe realizar tanto en Uruguay como en Canadá. El artículo 6º establece que las bandas sonoras originales deberán ser realizadas en inglés, francés y español, y, en este último caso, por uruguayos. Soy una firme defensora de los puestos de trabajo que las industrias culturales y de turismo van a proveer al Uruguay.

Sé de la opinión de ASOPROD y quería dejar sentado mi beneplácito por poder votar hoy este Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas con el Gobierno de Canadá.

Muchas gracias, señor Diputado Chifflet.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede continuar el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: concluyo diciendo que me parece un excelente proyecto y señalo, subrayando algún argumento que planteó el señor Diputado Pintado, que hasta desde el punto de vista turístico y del conocimiento del país en el exterior, una industria cinematográfica y estas coproducciones resultarán de particular interés.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Tiene la palabra el señor Diputado Washington Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señor Presidente: cuando iniciamos este Período legislativo, este proyecto era uno de los mojones que la Comisión de Asuntos Internacionales tenía como preocupación. Hay que observar que esta iniciativa está armada desde el año 2002; es increíble cómo a los Gobiernos nos lleva tiempo terminar por consolidar cosas que nos sirven a todos. Ya pasaron 2002, 2003 y 2004; estamos en 2005, pero ¡por suerte, salió!

Escuché con atención a la señora Diputada Kechichián y al señor Diputado Chifflet y digo que tienen toda la razón, porque estas son áreas del país que no nos damos cuenta que efectivamente requieren más incentivo y mucho más estímulo.

Creo que la película "Whisky", de repente, hizo mucho más por nosotros que lo que hacen otros. Digo esto porque de esta manera en el mundo terminan enterándose de dónde está Uruguay, qué es Uruguay, percibiendo en parte nuestra identidad. Este país a veces tiene un cierto complejo por ser pequeño y porque nos cuesta mucho hacer las cosas. En ese sentido, hay que tener la inteligencia para articular este tipo de emprendimientos que les permitan a los grandes utilizar nuestras ventajas comparativas, es decir, poder invertir, utilizar nuestros paisajes y poder compartir esa experiencia.

Un amigo mío, que estuvo en Praga hace unos años, me contaba que los checos, también tratando de sacar su país adelante, en buena parte de la ciudad hacen autorizaciones muy especiales para filmaciones de películas y que parezca París. Yo digo que si los checos lo están haciendo en Europa, tratando de que estas cosas salgan, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Los paisajes uruguayos son benditos -por utilizar una expresión- y tenemos actores de primer nivel. Creo que esto nos ofrece una fenomenal oportunidad, y lo que dijo la señora Diputada Kechichián es doblemente importante porque en esto es donde ha ganado Estados Unidos, es decir, en la batalla cultural. Me explico: no la estoy valorando. La batalla cultural de los Estados Unidos está ganada, nos guste o no, en el plano de la globalización, precisamente por el tema de las industrias culturales, ¡y por paliza! Al mirar televisión por cable notamos que todos los canales están vinculados a las cadenas internacionales de los Estados Unidos. Cuando aparece uno que se llama Eurochannel, lo miramos como diciendo: "¿Cómo apareció esto?". La batalla cultural está ganada; la batalla de la industria cinematográfica, la de la televisión, etcétera.

Entonces, nosotros tenemos que dar la batalla por acá. ¡Vaya si tenemos elementos de identidad locales, regionales! ¡Y vaya si se puede hacer algo a nivel de subsidio, como muy bien se decía! ¡Ojo! Los de Otawa, los canadienses, no vienen a hacer caridad; quieren ganar plata; quieren hacer producciones cinematográficas para ganar dinero porque esto les resulta más barato. Entonces: "Señores: si es más barato, vamos a compartir". Como se dice en el Acuerdo, vamos a compartir trabajadores, vamos a compartir éxitos. Trabajemos bien; no siempre se presentan estas oportunidades.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: honestamente, no pensaba intervenir en este debate porque no soy miembro de la Comisión, pero me alentaron un poco.

Solamente voy a citar un par de datos. Hace doce o catorce años, en Chile la industria audiovisual empleaba a unos pocos centenares de personas. En ese país, con un mecanismo que no tenemos por qué imitar -pero sí ver-, con cada productora de cine crearon una pequeña empresa, en la cual al Estado le corresponde el 50% y el porcentaje restante se financia de alguna manera. Les fue tan bien que llegaron a ganar el festival de San Sebastián, que es uno de los más importantes del mundo, con una película que se llama "Taxi para tres" y que, paradojalmente, en Uruguay se vio solo en Cinemateca en un festival.

Aquellos pocos centenares de personas que trabajaban en la industria audiovisual en Chile hoy pasaron a ser setenta mil y se desempeñan en una actividad absolutamente superavitaria. Es decir que Chile hoy recibe divisas impresionantes porque produce, por ejemplo, los "spots" publicitarios que antes llevaba de algún otro lado.

Voy a decir lo siguiente, agradeciendo mucho la interrupción. Hace muy poco, el señor Ministro de Turismo de Francia pidió a los cineastas de ese país que en las películas mostraran paisajes franceses, porque se demostró que el 70% del turismo que va a Francia -es un porcentaje enorme- son personas que vieron paisajes franceses en películas y se sintieron motivados a ir allí.

Por suerte estamos sintonizando la onda que corresponde. No es cuestión solamente de fruncir la nariz cuando se habla de cultura, sino de tener claro también que cuando se dice que la cultura da trabajo, realmente una industria cinematográfica genera mucho más empleo que una fábrica abierta, lo cual no quiere decir que haya que estar en contra de las fábricas o cerrarlas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede continuar el señor Diputado Washington Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señor Presidente: coincido con lo que señaló el señor Diputado Orrico. Efectivamente es así. Lo que nos ha ayudado es que la tecnología está bajando sus costos, que los instrumentos que permiten filmar se están masificando. Entonces, podemos colarnos en la fiesta. Antes no podíamos porque no teníamos chance. Ahora podemos colarnos con intensidad y con producción y, fundamentalmente, con coproducción. Me parece que en esto hay que estar. Está bien el ejemplo que se citó.

A veces en el cable también vemos producciones colombianas y peruanas que son de excelente nivel; sin embargo, aparece muy poquita cosa nuestra. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo.

Conjuntamente con los señores Diputados Ibarra y Mahía, del Frente Amplio, y Lorenzo, del Partido Nacional, estuvimos trabajando precisamente en las industrias culturales en la Comisión del PARCUM. Los mexicanos nos dieron una lección de lo que es la defensa de sus industrias culturales, la defensa de los derechos de autor. En Uruguay esto no está mal legislado, pero vamos a tener que hacer una revisación, porque Gardel es de todos, en Argentina y en Uruguay -me importa en Uruguay-, y eso porque pasó un determinado tiempo. Los mexicanos, por ejemplo, para liberar al uso internacional los derechos de autores nacionales hacen pasar cien años. ¡Cien años! No está mal, ¿eh? Hay que meter cabeza; hay que reflexionar sobre esto. Recordemos que acá, pasado un período que va entre treinta y cuarenta años, se considera que la obra pertenece a la humanidad y, entonces, pueden utilizarla con fines comerciales.

Por último, quiero decir que esto es muy bueno y que los colorados estamos muy satisfechos. Ojalá que en materia de industrias culturales se puedan seguir haciendo cosas en esta línea. Vamos a apoyar todo; lo que sea bueno para el país es bueno para nosotros.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Tiene la palabra el señor Diputado Cusano.

SEÑOR CUSANO.- Señor Presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible ya que se han vertido muchos conceptos al respecto.

Me congratulo por la celeridad con que los compañeros Diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales han tratado el tema, y también recojo el guante que se ha mencionado aquí para que la Comisión de Industria, Energía y Minería, que tiene en carpeta la industria cinematográfica, trate de apoyar, de acelerar y de analizar si desde este Parlamento podemos crear una ley para institucionalizarla y otorgarle los mecanismos necesarios para crecer. Tenemos suficiente material humano. Esto lo notamos en el hecho de que todas nuestras producciones, realizadas con mil sacrificios, llegan a los ámbitos internacionales y se ubican en los primeros planos. Tuvimos la suerte de que por primera vez un Óscar haya sido ganado por un uruguayo. Entonces, ayudemos a los que están acá. Insisto en que es importante que la Comisión de Industria, Energía y Minería considere este asunto y saque algo en conjunto con la industria cinematográfica.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: nosotros hemos acompañado el informe de la Comisión. Estamos de acuerdo con la aprobación de este instrumento, que nos parece importante.

Vamos a hacer algunas reflexiones en voz alta para que la Cámara las siga -lo cual también es importante-, ya no solo con respecto a este Acuerdo, sino a todos en general.

Al respecto, vamos a citar algunas fechas. Este Acuerdo se firmó el día 10 de setiembre del año 2002, es decir, hace ya casi tres años. La fecha de ingreso al Parlamento para su ratificación fue el 4 de agosto del año 2004. No fue tratado porque prácticamente se estaba ingresando en el período de receso, aunque podría haberse reunido para aprobar este proyecto de ley relativo a un acuerdo que es tan bueno e importante. En el período comprendido entre marzo y julio -cuatro meses y medio- el Poder Ejecutivo ha enviado a la Cámara de Representantes, a través de la Asamblea General, solamente cinco de los acuerdos internacionales que Uruguay ya ha firmado; algunos de ellos tienen diez años y el Parlamento todavía no los ha aprobado.

En este sentido, quiero decir que cuando finaliza una Legislatura los acuerdos internacionales que no fueron aprobados se archivan y no pueden ser desarchivados ni por la Cámara de Diputados ni por la de Senadores. Para que el Parlamento los considere es necesario nuevamente la manifestación de voluntad expresa por parte del Poder Ejecutivo. Es importante que la mayoría tenga en cuenta que hay decenas de acuerdos importantes que no están siendo considerados por el Poder Legislativo porque el Poder Ejecutivo no ha ejercido la iniciativa que corresponde en el lapso que he mencionado, es decir, desde el 1º de marzo hasta el día de hoy.

Exhorto -lo hemos hecho en la Comisión de Asuntos Internacionales desde el primer día en que nos reunimos- a que tengamos la mayor cantidad de acuerdos internacionales para tratar, muchos de los cuales refieren a materias muy puntuales. Hay acuerdos culturales, y en este sentido cito un ejemplo que siempre uso porque me parece paradigmático. Tenemos un acuerdo de cooperación cultural con la República de Armenia que no hemos tratado y que, por ende, no hemos aprobado; pero, además, en estos cuatro meses y medio el Poder Ejecutivo no tuvo la iniciativa para que lo analizáramos rápidamente.

Quiero decir esto porque comparto los términos de todo lo que se ha dicho sobre el Acuerdo y sus beneficios y lo que se ha dicho, excediendo la discusión, en cuanto a la industria de la cultura, etcétera. Pero vamos a ser francos: estamos tratando este Acuerdo porque alguien ayer pidió que se estudiara en forma urgente. Además, me consta que hay productores cinematográficos canadienses que tienen interés en rodar una película en Uruguay, lo que no sería posible si este Acuerdo no se aprobara.

No estoy en contra de la celeridad parlamentaria cuando un tema lo exige. De lo que estoy en contra es de la abulia parlamentaria frente a una cantidad de temas que no se aprueban porque no se exige una rápida instrumentación para que se pongan en práctica. Me parece que la dinámica y el ritmo en la respuesta institucional a la confirmación de los acuerdos que el Poder Ejecutivo está en condiciones legítimas de firmar con otros Estados, tienen que ser muy ágiles. Habrá que hacer un análisis; hay acuerdos que tienen aspectos controversiales, pero hay que definirse rápidamente. Los acuerdos no pueden estar "in aeternum" en el Parlamento. Además, esa demora puede interpretarse como una señal inamistosa para con los Estados que firmaron acuerdos con nuestro país. Me refiero, ya no al asunto de la controversia política que puede haber en torno a un acuerdo de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos -no es el tema-, sino a otra cosa, y voy a citar nuevamente un caso paradigmático. ¿No tenemos amistad con el pueblo de Armenia como para ratificar rápidamente el acuerdo de cooperación cultural con ese país? Entonces, que el Poder Ejecutivo lo envíe rápidamente al Parlamento para que este lo apruebe a la brevedad posible.

Con esto quiero decir que la dinámica de la aprobación de los acuerdos por parte de las Cámaras es una cuestión que hace a la política exterior del país, que hace a la forma como nos relacionamos con otros Estados y que tiene que ser el resultado de una lógica de trabajo y no de un estímulo derivado de un acto que necesita un marco jurídico para que se pueda realizar.

Fíjese, señor Presidente, lo que sucedió el año pasado: después de una discusión complicadísima, aprobamos un tratado. Es bueno recordar que algunos partidos estuvieron a favor y otros en contra; era un acuerdo de protección recíproca de inversiones con Finlandia. El Partido Nacional y el Partido Colorado apoyaron el acuerdo y el Frente Amplio votó en contra. La consecuencia de...

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TROBO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: quería recordar al señor legislador que como había una duda sobre uno de los artículos de ese convenio, el Frente Amplio dijo que si el señor Ministro o alguien del Poder Ejecutivo concurría al Parlamento e informaba que esa disposición rezaba lo que decía la coalición de Gobierno en ese momento, desde luego estábamos dispuestos a votarlo; dijimos que teníamos dudas y que simplemente queríamos que se clarificase ese aspecto para poder votarlo.

En esa oportunidad hizo uso de la palabra el ex Diputado Agazzi, que fundamentó expresamente por qué los acuerdos con Finlandia eran positivos para el país, y también habló la señora Diputada Charlone. Lo que ocurre es que para decir en forma pública que el Frente Amplio se oponía a la inversión extranjera se precipitó su votación y no pudimos votarlo por la afirmativa. Pero aclaro que yo mismo publiqué en la prensa esta explicación diciendo claramente que estábamos a favor de ese proyecto, aunque había un artículo que nos merecía reservas, y como después esos acuerdos se trasladan a otros países, con una simple aclaración -si se sostenía lo que la coalición decía en ese momento- estábamos dispuestos a votarlo. Esa es la realidad de los hechos.

Gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede continuar el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: los acuerdos dicen lo que dicen y no lo que dice la Cancillería que dicen, porque una vez que se aprueban, los Estados Parte se obligan a cumplir con las normas. Y si se está en desacuerdo con lo que dice la norma, se resuelve en un ámbito que no es el de los Estados; la controversia debe ser resuelta en otro ámbito.

Yo sé lo que el señor Diputado Chifflet explicó en aquel momento, pero también sé qué fue lo que votó. No quiero ingresar en la discusión del tratado con Finlandia; aspiro a señalar el marco político en el cual tenemos que analizar y resolver estos temas. Porque el señor Diputado recordará -tiene que decirlo y, si no, lo digo yo- que el tratado con Finlandia estuvo aprobado durante meses solo en general, sin que se concluyera su trámite de aprobación. Esperamos pacientemente una definición.

Pero yo no quería ir a la cuestión del proceso sino constatar que, a pesar de que se votó en contra, es bueno el tratado con Finlandia. Gracias a ese tratado y gracias a Dios, el Uruguay contará con una inversión muy importante de los finlandeses.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TROBO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: lo primero que quiero decir es que lo que se esperó pacientemente fue tener cincuenta Diputados para votarlo; esa es la realidad. Nosotros estábamos en un proceso de discusión que en realidad terminó con una tonalidad favorable que, en el momento en que se consiguieron los cincuenta votos, no pudimos expresar. Así lo dije cuando fundamenté nuestra posición.

En cuanto a los tratados que no vienen al Parlamento, creo que deberíamos repasar la historia de todos los Gobiernos, porque cada nuevo Poder Ejecutivo se toma un tiempo para revisar los acuerdos antes de enviarlos, cosa que está ocurriendo en este momento. Además, no creo que el ritmo de envío de tratados en otro momento haya sido superior al actual, comparando los mismos tiempos.

Este es un tema complejo al que hay que dar prioridad, y los mecanismos internos de los Ministerios tienen sus propios ritmos, que no han cambiado; las tramitaciones llevan su tiempo.

En definitiva, tengamos todos la tranquilidad de que trabajo no nos va a faltar; con un ritmo creciente están llegando una cantidad de tratados que, por razones reglamentarias, se habían archivado.

Gracias por concederme esta interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Puede continuar el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: el señor Diputado Pintado sabe que nos incluimos entre quienes tienen una gran disposición a cooperar en el trabajo y a que salga lo antes posible.

En cuanto a la consideración de los tratados y su aprobación, entiendo que son una señal de política exterior y de política exterior de Estado -¡ni qué hablar!- por lo que es algo muy importante y la Cámara tiene que preocuparse especialmente. Advierto que en otras oportunidades los tratados esperaban y esperaban y nunca se llegaba a las mayorías necesarias. O sea que irremediablemente se demoraba la aprobación de tratados que tenían beneficio para nuestro país.

Este es un ejemplo muy claro: se firmó en 2002 y lo aprobamos en 2005, y si es tan bueno como decíamos, evidentemente lo tendríamos que haber aprobado mucho antes. Hay una circunstancia puntual: un grupo de productores cinematográficos canadienses tiene interés en hacer una coproducción con Uruguay, que creo que se hará en Punta del Este; esto es muy importante para nuestro país.

Concuerdo con todo lo que se ha dicho sobre la industria cinematográfica. Creo que es importante no solo para los actores y actrices, los guionistas, los productores nacionales, sino para una gran cantidad de individuos que tienen una gran capacidad, ya que con medios tecnológicos muy deficientes o no tan avanzados han logrado en nuestro país una calidad reconocida a nivel internacional. Este Acuerdo y otros que habrá que firmar con otros Estados darán a la producción cinematográfica un lugar muy importante y, sin duda alguna, para el Uruguay será trascendente.

Me parecía muy importante señalar este aspecto en cuanto al procedimiento, en cuanto a la forma de llevar adelante estos temas porque es mejor tratar los asuntos en abstracto que vincularlos a un tema en particular. Me parece que esa es la mejor forma de expresarnos -en abstracto- sobre estos temas que son tan importantes para algunas de las actividades que se desarrollan en nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Transferencia de un inmueble del patrimonio del Estado a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. (Modificación del artículo 1º de la Ley Nº 17.807)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 9 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, para someter a su consideración el proyecto de ley que se adjunta, por el cual se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 17.807, de 1º de setiembre de 2004.

La Ley Nº 17.807, de 1º de setiembre de 2004 transfirió a título gratuito al Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) a favor de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado el inmueble padrón Nº 2.958 (p), rural, ubicado en el paraje Arroyo Vejigas, localidad de Tala, de la 10a. Sección Catastral del Departamento de Canelones, según plano de mensura y deslinde del ingeniero agrimensor Germán Dellepiane, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional con el Nº 8.810 el 24 de agosto de 1998, con un área de 1.392,78m².

El Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al obtener las cédulas catastrales, constató que el bien transferido actualmente tiene adjudicado otro número de padrón, el Nº 57.236 correspondiendo a la fracción 2 del plano del ingeniero agrimensor Germán Dellepiane, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional con el Nº 8.810 el 24 de agosto de 1998, con un área de 1.392,78m², por lo que atento a la constatación referida, corresponde subsanar el error padecido mediante el proyecto de ley que se adjunta.

TABARÉ VÁZQUEZ, VÍCTOR ROSSI, MARIANO ARANA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.-Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.807, de 1º de setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- Transfiérese a título gratuito, del dominio del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), el inmueble padrón Nº 57.236, rural, ubicado en la 10a. Sección Catastral del Departamento de Canelones, fracción 2 del plano de mensura y deslinde del ingeniero agrimensor Germán Dellepiane, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional con el Nº 8.810, el 24 de agosto de 1998, tiene un área de 1392,78m²".

Montevideo, 9 de mayo de 2005.

VÍCTOR ROSSI, MARIANO ARANA.

I N F O R M E

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 17.807, de 1º de setiembre de 2004.

La Ley Nº 17.807 transfirió a título gratuito del dominio del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) a favor de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado el inmueble padrón Nº 2.958 (p), rural, ubicado en el paraje Arroyo Vejigas, localidad de Tala, de la 10a. Sección Catastral del departamento de Canelones, para la instalación de una planta potabilizadora de suministro de agua a la localidad de Tala.

Al obtener las cédulas catastrales, el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas constató que el bien transferido actualmente tiene adjudicado otro número de padrón, el Nº 57.236 correspondiendo a una fracción del plano del ingeniero agrimensor Germán Dellepiane.

Corresponde subsanar el error padecido mediante el proyecto de ley que se adjunta, cuya aprobación se aconseja por unanimidad.

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2005.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI, DIEGO CÁNEPA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, ÁLVARO LORENZO, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.807, de 1º de setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- Transfiérese a título gratuito, del dominio del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), el inmueble padrón Nº 57.236 (cincuenta y siete mil doscientos treinta y seis), rural, ubicado en la 10a. Sección Catastral del departamento de Canelones, de la fracción del plano de mensura y deslinde del ingeniero agrimensor Germán Dellepiane, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el Nº 8.810, el 24 de agosto de 1998, tiene un área de 1.392,78m²".

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2005.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI, DIEGO CÁNEPA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, ÁLVARO LORENZO, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ".

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en primer lugar corresponde hacer justicia y agradecer la gestión del señor Diputado, escribano Longo, quien ha colaborado con nuestra Comisión a efectos de que este proyecto de ley, que es simple en su formulación -en la medida en que implica solo el traspaso de un bien del Estado en forma gratuita a otro lugar del Estado-, esté bien redactado para que después no haya problemas con los registros y demás.

En base a lo que establece la Ley Nº 17.807, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas transfirió, a título gratuito, un inmueble que estaba identificado con el Padrón Nº 2.958. El problema surgió cuando las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fueron a sacar las cédulas catastrales y se encontraron con que había cambiado el número de padrón, que pasó a ser el Nº 57.236. Este proyecto intenta dar a esa ley una redacción más prolija que la que tenía y, a su vez, saldar el error que se había cometido.

La unanimidad de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja a esta Cámara la aprobación de este proyecto de ley.

Es cuanto tengo para informar.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(ANTECEDENTES:)

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Doctor Alfredo Sanjuán Suárez" al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de junio de 2005.

RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

SANTIAGO GONZÁLEZ BARBONI
Secretario".

I N F O R M E

Señoras y Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley, por el que se designa "Doctor Alfredo Sanjuán Suárez" al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida.

El doctor Alfredo Sanjuán Suárez nació en la ciudad de Montevideo el 18 de octubre de 1894, recibiéndose de médico un 22 de agosto de 1920, y tres días después de haber obtenido el título se radicó en la histórica ciudad de Sarandí Grande. De inmediato comenzó sus tareas al servicio de la sociedad toda, como médico y, posteriormente, como profesor de historia, facetas que lo distinguieron no solo en Sarandí Grande, sino en todo el territorio nacional.

Cumplió sus bodas de oro como médico, hecho que fue reconocido por las más prestigiosas instituciones de Sarandí Grande y el pueblo, que reconoció en él al filántropo desinteresado, humanista y solidario con aquel que reclamaba sus servicios.

Paralelamente, prestó su apoyo a toda aquella iniciativa que fuera de progreso para esta ciudad, actuando siempre con sentido patriótico, lo que para él estaba por sobre todo, con una trayectoria que se distinguió por la destacada actividad que desplegó hasta su fallecimiento.

Desde el año 1929 hasta el 1933, ocupó la Dirección del Centro Asistencial de Salud Pública de Sarandí Grande, hasta que cayeron las instituciones democráticas, tiempo en el que, por problemas políticos, fue alejado de esa Dirección.

Posteriormente, cuando retornó la normalidad institucional, fue designado como médico del Centro Materno Infantil del Consejo del Niño, lugar donde se desempeñó por años en carácter honorario.

En 1930, fue uno de los fundadores del liceo y, con el apoyo de ilustres ciudadanos del lugar, dieron el "puntapié inicial" a las obras de referencia. En este liceo fue profesor honorario de historia universal, por más de tres décadas, siendo, además, Director del mismo.

Trabajó mucho para lograr que en 1933 se oficializara este liceo y, además, en 1946, logró, con su esfuerzo personal y con el apoyo de vecinos, la donación de dos terrenos de una hectárea cada uno, para incluirlos en el plan "Berreta" de entonces, hasta que en el período 1958-1962, el Consejo Nacional de Gobierno arbitra recursos y se incluye el liceo actual de Sarandí Grande en el plan antes mencionado.

Con motivo de la fecha histórica del 12 de octubre de 1925, centenario de la batalla de Sarandí, es convocado por las fuerzas vivas para integrar la Asociación de los "33", ocupando la segunda Vicepresidencia; en dicho lapso obtiene importantes conquistas, una sala de auxilio (hoy centro de asistencia), la energía eléctrica, el agua potable, etcétera.

Cincuenta años después fue designado Presidente de la Comisión del Sesquicentenario.

En la actividad política, tuvo la distinción de integrar el Concejo Municipal entre los años 1921 y 1933, ocupando la Presidencia del mismo en dos períodos.

También cabe destacar que fue Presidente e integrante de distintas comisiones directivas del "Club 12 de Octubre", además de ser fundador y dirigente de la liga de fútbol regional.

En 1970, cumplió uno de sus sueños: escribir un libro, merced al apoyo del señor Intendente Municipal de Florida, profesor Asdrúbal Alzatti; edita "Historia de Sarandí Grande" (1874-1961).

También se destacó por sus encendidas oratorias, que realizó en innumerables oportunidades en el obelisco, como en la plaza Gallinal, recordando los hechos históricos de aquel lejano 12 de octubre de 1825.

Fue, junto a sus compañeros del Club Social "12 de Octubre", uno de los pioneros del clásico y tradicional "raid hípico" "Batalla de Sarandí", prueba que, año tras año, concita la atención de los más calificados jinetes, rindiendo homenaje a aquellos patriotas que libraron la gran batalla en campos de Sarandí.

Este médico e historiador excepcional falleció el 13 de marzo de 1987, a la edad de noventa y dos años, y todo homenaje que se tribute al doctor Alfredo Sanjuán Suárez será poco para lo mucho que realizó por Sarandí Grande a favor de la medicina, la enseñanza y la comunidad.

Por lo expuesto, se aconseja la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 15 de junio de 2005.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI, DIEGO CÁNEPA, ÁLVARO LORENZO, EDGARDO ORTUÑO, ALEJANDRO REPETTO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ".

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, por unanimidad aconseja a esta Cámara la aprobación de este proyecto de ley por el cual se denomina doctor Alfredo Sanjuán Suárez al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande.

El doctor Sanjuán, a quien tuve el honor de conocer cuando yo era visitador médico en Sarandí Grande, era una institución en el pueblo. Se recibió en 1920, tuvo una larga vida -vivió más de noventa años- y fue no solamente médico, sino también profesor de Historia.

Fue uno de los fundadores del liceo de Sarandí Grande y el que más luchó para que se reconociera a ese centro de enseñanza cada vez más categoría. Intervino en agrupaciones y clubes deportivos de la zona y fue uno de los impulsores del hoy ya más que conocido Raíd Hípico "Batalla de Sarandí".

Fue un hombre absolutamente integrado a la comunidad. Tuvo una cierta participación política, ya que entre los años 1929 y 1933 ocupó la Dirección de Salud Pública de Sarandí Grande y también integró el Concejo Municipal, pero por problemas con la dictadura de Gabriel Terra dejó de cumplir esa función.

De manera que con esta designación se hace justicia con un típico médico de pueblo que tenía una gran vocación por el servicio hacia sus vecinos. Por lo tanto, se recomienda al Cuerpo que apruebe esta designación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Cortelezzi.

SEÑOR PÉREZ CORTELEZZI.- Señor Presidente: para mí es un gran honor integrar, aunque sea en forma fugaz, este honorable Cuerpo.

Como floridense y sarandiense no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme en forma somera, por razones de tiempo, al gran filántropo sarandiense por adopción doctor Alfredo Sanjuán. ¡Qué honor para mí, alumno del doctor Alfredo Sanjuán Suárez, expresar en este recinto algo de lo mucho que hizo en su fecunda vida profesional y social por su Sarandí Grande -como él decía- y, por qué no, por todo el departamento de Florida!

De más está decir que adhiero fervorosamente a lo expresado en la exposición de motivos y en las exposiciones realizadas en el Senado de la República por los Senadores floridenses Juan Justo Amaro y Alberto Lorier, permitiéndome felicitarlos por la feliz idea, que sin lugar a dudas se está plasmando en una realidad.

El doctor Alfredo Sanjuán Suárez fue un ejemplo de vida puesta al servicio de una profesión tan noble como la de médico y de una comunidad pequeña de un departamento del interior del país. Sarandí Grande, hoy ciudad, fue elevada a la categoría de pueblo por ley dictada el 13 de junio de 1906, a instancia de los Diputados por el departamento en aquel momento.

El doctor Sanjuán llegó a Sarandí Grande inmediatamente después de haber recibido el título de médico y se radicó allí en forma definitiva en agosto de 1920 hasta su fallecimiento, acaecido en el año 1987, a los noventa y dos años de edad.

Formó una familia, aún radicada en la ciudad adoptiva, pues él había nacido en Montevideo. Se trata de una familia muy querida por toda la comunidad zonal. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que todo emprendimiento social, cultural y deportivo de la zona tuvo su impronta y contó con su participación desinteresada, leal y activa, aun siendo anciano.

El doctor Sanjuán Suárez fue un ejemplo para todos quienes tuvimos el honor de conocerlo, de trabajar juntos en comisiones y, por tanto, de recibir de primera mano sus conocimientos, ideas y virtudes.

Sin duda, ha sido un referente para quienes de una manera u otra realizan actividades en beneficio de la comunidad. En la exposición de motivos y en las exposiciones de los señores Senadores, proponentes del homenaje...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Peña Fernández).- Disculpe, señor Diputado. Debo interrumpir su exposición, para la cual le restan trece minutos.