Texto de la citación

Montevideo, 3 de julio de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 8, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Participación política. (Se establecen normas relativas a la igualdad de oportunidades para ambos sexos). (Carp. 2280/002). (Informado). Rep. 1012 y Anexo I

3º.- Pedidos de informes formulados por señores Legisladores. (Se establecen plazos para su contestación). (Modificaciones de la Cámara de Senadores). (Carp. 226/000). (Informado). Rep. 140 y Anexos I a III

4º.- Medidas alternativas a la pena de reclusión. (Establecimiento). (Carp. 849/000) (Informado). (EN DISCUSIÓN). (A). Rep. 457 y Anexo I

5º.- Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. (Aprobación). (Carp. 1860/001). (Informado). Rep. 856 y Anexo I

6º.- Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. (Aprobación). (Carp. 2169/002). (Informado). Rep. 973 y Anexo I

7º.- Incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de estos actos contra determinadas personas. (Modificación de disposiciones del Código Penal). (Modificaciones de la Cámara de Senadores). (Carp. 699/000). (Informado). Rep. 384 y Anexos I a III

8º.- Controles ejercidos por el Ministerio de Salud Pública en relación a las competencias y obligaciones que establece la normativa vigente. (Designación de una Comisión Investigadora con fines legislativos). (Carp. 2947/003). (Informado). Rep. 1261

9º.- Día Internacional del Técnico. (Se declara el 6 de setiembre de cada año con motivo de conmemorarse la creación de la Organización Internacional de Técnicos). (Carp. 2481/002). (Informado). Rep. 1072 y Anexo I

10.- Beneficio de la libertad anticipada. (Se extiende a aquellos procesados que hayan cumplido efectivamente la mitad de la pena que haya solicitado el Ministerio Público). (Carp. 2427/002). (Informado). Rep. 1063 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Odel Abisab, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, Eduardo Bonomi, Nelson Bosch, Víctor Braccini, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Silver Estévez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Amida Jardim, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Óscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, José Homero Mello, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Jorge Patrone, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Carlos Riverós, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Gustavo Silveira, Ramón Simonet, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Álvaro Alonso, Jorge Barrera, Juan José Bentancor, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Brum Canet, Nora Castro, Silvana Charlone, Juan Domínguez, Guido Machado, José Carlos Mahía, Artigas Melgarejo, Carlos Pita, Pedro Señorale y Julio C. Silveira.

Suplente convocado: Marcelino Viera.

"Pliego Nº 236

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 30 de junio de 2003, promulgó la Ley Nº 17.661, por la que se autoriza la entrada al país de las delegaciones de la Armada Argentina y de la Marina del Brasil, integradas por tres Oficiales Superiores o Jefes cada una, a efectos de participar de un Juego de Guerra Trilateral consistente en el planteamiento de situaciones hipotéticas con Fuerzas Navales combinadas en el marco del Derecho Internacional, a llevarse a cabo entre el 23 y el 27 de junio de 2003, en las aulas de la Escuela de Guerra Naval. C/3095/003

-      Archívese

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite los siguientes asuntos:

• mensaje del Instituto Nacional del Menor, por el que remite la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2002. C/3137/003

• mensaje de la Intendencia Municipal de Salto, remitiendo el estado demostrativo de la ejecución de los proyectos financiados con fondos del Presupuesto Nacional. C/3137/003

• mensaje de la Intendencia Municipal de Rivera, remitiendo la Rendición de Cuentas de los recursos recibidos por aplicación del literal C) del artículo 214 de la Constitución de la República. C/3137/003

-     A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

• por el que se deroga el artículo 22 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 y se dispone que los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República podrán continuar prestando en forma directa servicios médicos y odontológicos a sus funcionarios, en las condiciones que se determinan. C/3152/003

• por el que se aprueba el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 22 de junio de 2001. C/3153/003

-     A la Comisión de Asuntos Internacionales

La citada Cámara comunica que, con fecha 2 de julio de 2003, sancionó el proyecto de ley por el que se designa "Pascual Harriague" la Escuela Nº 69 de Colonia Harriague, departamento de Salto. C/756/000

-     Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa "Área Militar 18 de Mayo de 1811", los predios que actualmente ocupan el Comando General del Ejército, Estado Mayor del Ejército, Instituto Militar de Estudios Superiores, Centro de Atención Periférica Nº 3, Estadio Militar y Batallón de Policía Militar del Ejército, ubicados entre las calles Avenida General Garibaldi, doctor Juan José de Amézaga, Bulevar General Artigas y Colorado. C/2657/002

• por el que se reglamenta el ejercicio de la profesión de geólogo en el territorio nacional. C/2698/002

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Mario Cabral. C/2991/003

La Comisión de Industria, Energía y Minería se expide sobre el proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la iniciativa para legislar sobre el desarrollo de la industria maderera. C/2576/002

-     Se repartirá

La Comisión de Presupuestos, integrada con la de Asuntos Internos, aconseja el archivo de los siguientes proyectos de resolución:

• por el que se faculta al Presidente de la Cámara de Representantes a establecer un porcentaje de ajuste de los salarios de los funcionarios de su dependencia, de acuerdo al porcentaje que determine el Poder Ejecutivo para los funcionarios de la Administración Central, en la oportunidad que corresponda. C/2746/003

• por el que se deja sin efecto, por esta vez, la adecuación que corresponde efectuar a partir del 1º de enero de 2003, a la partida mensual del rubro 9.21 "Asignaciones de Sectores Parlamentarios", establecida en el artículo 19 de Resolución de la Cámara de Representantes, de 25 de julio de 1985. C/2747/003

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de las exposiciones realizadas por dos señores Ediles, sobre el trigésimo aniversario del golpe de Estado. C/4/000

La Junta Departamental de Río Negro remite los siguientes asuntos:

• nota sobre declaraciones de rechazo a los aumentos en las tarifas de las empresas públicas. C/20/000

-     A la Comisión de Hacienda

La Confederación Empresarial del Uruguay contesta la exposición realizada por el señor ex Representante Ramón Lorente, en sesión de 11 de junio de 2003, acerca de la desigualdad en que se encuentran sectores de la actividad económica frente a las empresas informales. S/C

La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de las siguientes exposiciones:

• realizada por el señor Representante Enrique Pérez Morad, en sesión de 17 de junio de 2003, referente a la carta de una alumna de una escuela pública del interior del país. S/C

• realizada por la señora Representante Margarita Percovich, en sesión de 18 de junio de 2003, sobre la conmemoración del Día de la Lucha por la Salud de la Mujer. S/C

El Directorio del Partido Nacional acusa recibo de las exposiciones realizadas por varios señores Representantes, en el homenaje tributado con motivo del fallecimiento del arquitecto José María Mieres Muró. S/C

La Suprema Corte de Justicia comunica que ha designado al doctor Daniel I. Gutiérrez Proto para integrar la Comisión Nacional de Homenaje en Memoria a Wilson Ferreira Aldunate. C/714/000

La citada Corporación contesta las siguientes exposiciones:

• realizada por el señor Representante José Luis Blasina, en sesión de 3 de junio de 2003, sobre sanciones aplicadas a funcionarios de la Corte Electoral. S/C

• realizada por el señor Representante Gustavo Penadés, en sesión de 4 de junio de 2003, relacionada con el reconocimiento al doctor Francisco Falcao, Fiscal de Gobierno de Primer Turno, con motivo de su retiro de la función pública. S/C

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes de varias señoras Representantes, acerca de la ejecución de un programa relativo a la entrega de métodos anticonceptivos. C/3082/003

La empresa Uragua S.A. contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Darío Pérez, referente a la ejecución de un convenio para la realización de obras de saneamiento en la ciudad de Maldonado. C/27/000

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

• pedidos de informes:

• del señor Representante Jorge Orrico, sobre el uso de vehículos automotores pertenecientes a dicha Secretaría de Estado por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. C/2765/003

• de la señora ex Representante Elena Ponte, relacionada con los registros existentes en dicha Secretaría de Estado relativos a hechos de violencia doméstica y sus consecuencias. C/2865/003

• del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, acerca del control policial efectuado en ocasión de una manifestación realizada en los alrededores de un puesto de peaje instalado en la Ruta Nacional Nº 2, en el departamento de Río Negro. C/2915/003

• del señor Representante Guillermo Chifflet, referente a denuncias presentadas por familiares de funcionarios policiales del departamento de Rivera. C/2957/003

• exposición escrita presentada por el señor Representante Roque Arregui, sobre la posibilidad de entregar un folleto explicativo con normas viales en los lugares de ingreso de turistas argentinos a nuestro país. C/27/000

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos:

• pedidos de informes:

• del señor Representante Heber Sellanes, hecho suyo por la Cámara de sesión de 10 de octubre de 2001, relacionado con el impacto ambiental producido por el vertimiento de residuos químicos de una planta industrial ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 1, en el departamento de San José. C/368/000

• del señor Representante Ramón Legnani, acerca del impacto ambiental que produciría la eventual construcción de una ruta costanera en la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. C/971/001

• de la señora Representante Raquel Barreiro:

• hecho suyo por la Cámara en sesión de 15 de octubre de 2002, referente a las condiciones impuestas por la referida Secretaría de Estado a una empresa del departamento de San José y el plazo para el cumplimiento de las mismas. C/1984/002

• sobre las actuaciones administrativas cumplidas ante la suspensión y posterior rehabilitación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos en el departamento de San José. C/2406/002

• del señor ex Representante Horacio Yanes, relacionado con las observaciones realizadas por esa Secretaría de Estado relativas a las consecuencias de las obras de la rambla de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, y las actuaciones administrativas correspondientes. C/2398/002

• de la señora Representante Margarita Percovich:

• sobre las pautas o informes a presentar por nuestro país en la reunión llevada a cabo en Johannesburgo, República de Sudáfrica, desde el día 26 de agosto hasta el 4 de setiembre de 2002, con motivo del décimo aniversario de la Cumbre de la Tierra de 1992. C/2257/002

• acerca de las actuaciones relativas a la construcción de una doble vía en la Rambla Costanera de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. C/2736/003

• del señor Representante Enrique Pérez Morad, referente a la preparación del llamado "Proyecto Acuífero Guaraní". C/2932/003

• exposición escrita presentada por la señora ex Representante Gabriela Garrido, sobre la instalación de una cantera en un barrio de la ciudad de Las Piedras. C/27/000

• exposiciones realizadas:

• por la señora ex Representante Gabriela Garrido, en sesión de 12 de marzo de 2003, sobre el ensanche de la rambla costanera de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. S/C

• por el señor Representante Félix Laviña, en sesión de 6 de noviembre de 2002, relacionada con la adopción de medidas para solucionar el problema de la contaminación provocada por el transporte urbano. S/C

• por la señora Representante Margarita Percovich, en sesión de 11 de junio de 2002, acerca de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, República de Sudáfrica. S/C

• por el señor Representante Gustavo Guarino, en sesión de 11 de diciembre de 2001, referente a la contaminación del río Yaguarón a la altura de la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo. S/C

El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes:

• del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre los controles sanitarios en el puerto de Fray Bentos en prevención de casos de neumonía atípica. C/2983/003

• de los señores Representantes Roque Arregui, José Homero Mello y Ricardo Castromán Rodríguez, relacionado con la aplicación de la normativa vigente relativa a maquinistas navales. C/3004/003

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo y a la Corporación Vial del Uruguay, sobre la recaudación de los peajes gestionados por la referida institución. C/3144/003

El señor Representante José Mahía solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con la lista de docentes que ocuparon cargos electivos entre los años 1985 y 2000. C/3145/003

El señor Representante Daniel Díaz Maynard solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, acerca de la utilización de containers como celdas para alojamiento de reclusos. C/3147/003

-     Se cursaron con fecha 3 de julio

El señor Representante Eduardo Bonomi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Técnico-Profesional, acerca de la contrapartida nacional exigible para un convenio de financiación suscrito con la Comunidad Europea. C/3148/003

El señor Representante León Lev solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Economía y Finanzas:

• y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo; y al Tribunal de Cuentas, referente a las transferencias de fondos destinados a la citada Corporación y la normativa legal que las autoriza. C/3149/003

• y por su intermedio al Banco Central del Uruguay; y al Tribunal de Cuentas, sobre determinadas partidas de asistencia a instituciones financieras y a la Corporación Nacional para el Desarrollo, correspondientes al ejercicio 2002. C/3150/003

El señor Representante Luis José Gallo Imperiale solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con los establecimientos dedicados a la crianza, faena y exportación de carne de ñandú. C/3151/003

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de los montos destinados a viajes al exterior de los jerarcas del citado Organismo. C/3154/003

-     Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Ricardo Berois Quinteros y Juan Máspoli Bianchi presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública la expropiación de determinados padrones ubicados en la villa Ismael Cortinas, 4ª Sección Judicial del departamento de Flores. C/3146/003

"INMUEBLES PADRONES Nos. 117, 283, 284, 285, 286 Y 313 UBICADOS EN LA VILLA ISMAEL CORTINAS, 4a. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FLORES. (Se declara de utilidad pública su expropiación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública para la expropiación a los siguientes inmuebles: padrones números 283, 286, 284, 313 y 285, correspondientes a las fracciones 3, 4, 5, 6 y 7 de acuerdo al plano del ingeniero agrimensor Luis A. Ibiñete, inscripto en la Dirección General de Catastro Nacional, Oficina Departamental de Flores, con el Nº 2.219, propiedad de los sucesores de Orlando Fernández Pérez y Elvira Childe Beretta de Fernández, y el padrón Nº 117, correspondiente a la fracción B del plano del ingeniero agrimensor Salvador Mascheroni, Nº 85.047, propiedad de los sucesores de Aníbal Fernández y Aída Pérez de Fernández, todos sitos en la 4a. Sección Judicial del departamento de Flores, villa Ismael Cortinas, a fin de construir una piscina de uso público.

Artículo 2º.- Facúltase a la Intendencia Municipal de Flores a llevar a cabo el procedimiento expropiatorio de acuerdo a la Ley Nº 3.598, de 28 de marzo de 1912, y demás normas legales complementarias y modificativas, debiéndose prever la partida presupuestal correspondiente.

Montevideo, 2 de julio de 2003.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, JUAN MÁSPOLI BIANCHI, Representante por Flores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al amparo del artículo 32 de la Constitución de la República es que planteamos el propósito de desplazar los terrenos referidos en el proyecto de ley, del dominio de los particulares al dominio público, a través de la expropiación y por las razones de interés general que se definen de acuerdo a las consideraciones siguientes.

En la actualidad se trata de predios urbanos sin construcción, baldíos, ubicados en una zona céntrica de villa Ismael Cortinas, lindantes a inmuebles municipales, como la Plaza de Deportes, la Casa de la Cultura y otros oficiales como OSE.

Estos predios de hecho, han pasado a ser de dominio público, en tanto se los utiliza para realizar espectáculos artísticos, ferias, así también como espacios donde se practican diversos deportes al aire libre. La propia Semana de villa Ismael Cortinas, evento de gran significación para el lugar se realiza en ese sitio.

La aspiración de construir una piscina, que sirva de recreación y que apunte al desarrollo físico, al mantenimiento de una condición saludable y así como brindar a los más de mil quinientos habitantes de la villa una mejor calidad de vida, es un largo anhelo de la población.

Será sin duda una gran contribución para que tantos y tantos jóvenes de villa Ismael Cortinas tengan una mejor y más completa formación. Por otro lado, es importante destacar que el presente planteo no es una mera expresión de deseos, no esta destinado a dejar librado a las futuras generaciones el uso del mismo, sino que muy por el contrario se enmarca en lo que ha sido la expresa y manifiesta voluntad de quien a favor se expropia, la Intendencia Municipal de Flores, el construir la piscina.

Resulta importante insistir en el tremendo impacto positivo que tendría en toda la población de la villa, fundamentalmente entre los niños y jóvenes que concurren a la escuela, son más de doscientos cincuenta niños y al liceo, más de doscientos jóvenes, los cuales podrán complementar una adecuada formación en educación física.

Resulta importante insistir en las razones del porqué en dicho lugar ha de emplazarse el proyecto, el mismo fue seleccionado por sus condiciones de lugar céntrico, espacio libre inutilizado, de fácil acceso para todos los pobladores del lugar, en zona ya urbanizada con todos los servicios a disposición.

También tendrá impacto en la zona circundante, en la cual se encuentran pequeñas poblaciones que podrían utilizar las futuras instalaciones.

Villa Ismael Cortinas, se encuentra ubicada en la intersección de las Rutas Nos. 23 y 12, perteneciente al futuro eje vial de toda la zona sur del país, ello obliga a pensar sobre todas las obras de infraestructura necesarias a realizar para un desarrollo armónico y sostenido y en ello no son solamente las obras viales las que importan, sino también aquellas destinadas a afincar y consolidar las poblaciones existentes, hecho que justifica plenamente el presente proyecto de ley, siendo ésta, sin duda una razón de interés general.

Montevideo, 2 de julio de 2003.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, JUAN MÁSPOLI BIANCHI, Representante por Flores".

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 17)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 2 de julio

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Enrique Pintado.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Alejo Fernández Cháves, Diana Saravia Olmos y Gustavo Borsari Brenna.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Francisco Ortiz.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Alberto Perdomo.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.

Con aviso: Óscar Magurno.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: María Alejandra Rivero Saralegui.

PRESUPUESTOS integrada con la de ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, Guillermo Álvarez, Óscar Alfredo Gómez da Trindade y Ruben H. Díaz.

Jueves 3 de julio

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné y Guzmán Acosta y Lara.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Margarita Percovich, Pablo Mieres y Yeanneth Puñales Brun.

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Alberto Scavarelli, Daisy Tourné, Daniel Díaz Maynard, Daniel García Pintos, Felipe Michelini, Jaime Mario Trobo, Jorge Orrico, Margarita Percovich, Mario Hermes de Pazos Parada y Nelson Bosch.

INVESTIGADORA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO

Con aviso: Alberto Perdomo y Alejandro Falco.

Lunes 7 de julio

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Carlos Baráibar, Julio Lara, Óscar Magurno y Ricardo Falero".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veinticinco en veintiséis: AFIRMATIVA.

"Montevideo, 2 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura; a la Presidencia de la República, y a la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay. La Administración Nacional de Correos (ANC) tiene, a la fecha, un déficit pronunciado que compromete toda la operativa postal y que se relaciona, básicamente, con una administración y con políticas no adecuadas, con la competencia existente en el medio, donde no existe un marco regulatorio en materia postal, y con la tendencia internacional. Es un correo que opera con un subsidio del Ministerio de Economía y Finanzas (hoy disminuido sustantivamente) y que depende, por otro lado, de los ingresos de sus principales clientes, que no alcanzan para mantener el servicio, por lo que se hace necesario encontrar las alternativas para que la ANC no desaparezca y que con ello no se pierda una parte histórica del país, con más de 150 años de existencia. La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, atendiendo a la realidad nacional e internacional, entiende como prioritario legislar en la materia, en el sentido de que todos los envíos equiparables a cartas (facturas de los entes del Estado) se viabilicen a través de la ANC. Es fundamental que nuestro correo asuma dicho servicio (reparto de facturas públicas, entre otros) porque es la empresa estatal de distribución capacitada para cumplir con tal fin. A este tema debo agregarle el de las excedencias y el cierre de locales en todo el país, lo que es sumamente grave porque quedan lugares sin posibilidad de representación postal estatal y funcionarios sin trabajo. Hoy, los retrasos en los pagos de los salarios de los trabajadores son considerables; situación a la que se debe sumar el no pago -hasta ahora- del 2% de ajuste salarial otorgado por el Poder Ejecutivo, el atraso en el pago del medio aguinaldo, el atraso con el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) y con las empresas de transporte para que los carteros puedan repartir la correspondencia. Por lo expuesto, es necesario que se proporcionen soluciones rápidas y que se asuman compromisos claros para con los trabajadores postales del Uruguay. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ÓSCAR GÓMEZ, Representante por Montevideo"

2) Exposición del señor Representante Óscar Gómez a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Junta Departamental de Durazno, relacionada con la necesidad de designar un defensor de oficio para la ciudad de Sarandí del Yi, en el citado departamento.

"Montevideo, 2 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Junta Departamental de Durazno. De acuerdo a lo que surge del Libro de Registro de Labor Social del Juzgado de Paz de la ciudad de Sarandí del Yi, del departamento de Durazno en un período de 9 meses, más de doscientas treinta personas han solicitado asistencia y asesoramiento jurídico por no poder acceder a un abogado particular ni a la Defensoría de Oficio con sede en la ciudad capital del departamento de Durazno. La referida atención, en el ámbito de competencia de labor social del Juzgado, se ha realizado con verdadero esfuerzo y vocación de servicio, por parte de todos los funcionarios, pero no ha podido cubrir todas las solicitudes que se han presentado (que han ascendido a más del doble del número citado anteriormente). Los consultantes son, en su mayoría, personas desocupadas o con ingresos mensuales mínimos, lo que no les permite acceder siquiera al traslado en ómnibus a la ciudad de Durazno. El mayor número de consultas responde a asuntos de familia (tenencias para cobro de asignaciones familiares, pensiones alimenticias y demás) y en segundo lugar, desalojos y reclamos de deudas laborales. Desde el Juzgado se han realizado diversas gestiones en aras de la prevención de conflictos, así como en la de colaborar en la atención de esa problemática social. En ese sentido, se han realizado convenios verbales con la Junta Local de Sarandí del Yi, con las secciones policiales y con los abogados que ejercen en la localidad, quienes solidariamente proporcionan traslados gratuitos a la Defensoría de Pobres de la capital. Por otra parte, se ha coordinado con la Defensoría de Oficio, la comunicación y el acuerdo telefónico de los días de atención para la gente de Sarandí del Yi, -todo lo que se verifica desde el Juzgado- a efectos de asegurar que sea posible su asesoramiento en esa fecha, así como que los interesados concurran munidos de la documentación necesaria para evitar reiterados traslados por ese motivo. Es importante destacar que ese tipo de consultas ha aumentado (de acuerdo a lo que surge de los Libros del Juzgado) en más de un 100% en el último año; así como también, que concurren personas de localidades vecinas (Villa del Carmen, Blanquillo, Capilla del Sauce y La Paloma) que, por motivos familiares o laborales, concurren con frecuencia a Sarandí del Yi y que expresan similares dificultades para trasladarse a la ciudad de Durazno. Por todo lo expuesto surge que sería imperioso contemplar esa situación, en la próxima ley de rendición de cuentas, a fin de nombrar una Defensoría de Oficio o, en su defecto, crear una Oficina de Defensoría de Oficio en la ciudad de Sarandí del Yi. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ÓSCAR GÓMEZ, Representante por Montevideo".

3) Exposición del señor Representante Fernando Araújo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, acerca de los inconvenientes producidos por las emanaciones de una planta de procesamiento de agua en el departamento de Rivera.

"Montevideo, 4 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Los vecinos de la Planta de Procesamiento de OSE, de la ciudad capital del departamento de Rivera, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, reclaman por el mal olor que dicha planta desprende. Los habitantes de los barrios La Pedrera, Mandubí y Bissio, son los más afectados por esa desagradable situación. Han dialogado con los ingenieros encargados de dicha planta, quienes les han dicho que esa situación tendría solución a largo plazo, aproximadamente en dos o tres meses, lo que aún no ha sucedido. Los malos olores, provocados por diversas actividades, son un tipo de contaminación ambiental. Aunque no llegue a ser tóxico, el mal olor es un agente contaminante, que provoca malestar, molestias respiratorias, afecciones psicológicas, y otras. Afecta al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Si hay malestar, hay un problema de salud. Es insoportable dicha situación, a lo que se agrega que dichos olores se intensifican en las horas de la noche. Estamos en conocimiento que existen personas que están padeciendo problemas de salud. Para que esta problemática no pase a mayores y no traiga consigo otros inconvenientes, solicitamos que se dé urgente solución a ese problema, con lo que estaríamos mejorando notablemente la calidad de vida de dichas familias. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. FERNANDO ARAÚJO, Representante por Rivera".

4) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Río Negro; a todas las Juntas Departamentales del país; a la empresa "Consorcio Fray Bentos" y al señor director de "TV Libre", referente a la posibilidad de incorporar la referida señal a los servicios de televisión para abonados en el citado departamento.

"Montevideo, 8 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal de Río Negro, a las Juntas Departamentales de todo el país, a la empresa Consorcio Fray Bentos y al señor Director de TV Libre, doctor Federico Fasano Mertens. El 22 de mayo del corriente año, las autoridades de TV Libre ofrecieron en forma gratuita a todas las empresas que operan bajo la modalidad de televisión cable en todo el país, la señal de este nuevo medio de prensa televisivo, con estudios en la ciudad de Montevideo. En nuestro carácter de Representante Nacional, no queremos que lo que expresemos respecto al tema pueda ser considerado como una injerencia o como querer establecer directivas a las empresas que brindan el servicio de televisión cable por abonados. Pero sí hemos notado la cada vez mayor expectativa y los deseos de contar, en casi todo el país, con la posibilidad de la señal de TV Libre dentro del servicio, además de los canales de distintos países que la gran mayoría de las empresas tienen en su programación. Queremos indicar, asimismo, que el 26 de junio del año en curso, en la sesión de la Junta Departamental de Río Negro, el señor Edil, arquitecto Eduardo Cáceres planteó a sus pares la inquietud y expectativa de gran cantidad de vecinos, las que trasladó al ámbito de la corporación, de estudiar la posibilidad de que la empresa Consorcio Fray Bentos pudiera tomar la señal de TV Libre, en atención a que es gratis y porque la filosofía de la mencionada empresa es la de apoyar y difundir con pluralidad las distintas opiniones de la sociedad, lo que fue apoyado en forma unánime por los tres partidos políticos con representación parlamentaria. Sin duda, que esta nueva opción de opinión e información podría ser tenida en cuenta por los directivos, en este caso de Consorcio Fray Bentos, como quizá también, con mucho respeto, por otras empresas del interior del país, en el sentido más positivo de lo expuesto, de contar con un medio periodístico plural. Nos hemos permitido expresar lo que pensamos, en nombre de la gente que representamos y con la mayor ponderación, a Directivos o propietarios de las empresas de televisión cable del interior del país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

5) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro y a la Federación de Funcionarios de OSE, relacionada con la situación de los funcionarios que se desempeñan en la planta de depuración de aguas de Fray Bentos, en el citado departamento.

"Montevideo, 8 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, y a la Federación Funcionarios de OSE (FFOSE). Los funcionarios de OSE de la estación de depuración de la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, han realizado ingentes gestiones ante las autoridades del organismo para que se les regularice su situación desde el punto de vista salarial y de las obligaciones que les corresponden en el lugar donde desempeñan tareas. Sabemos que no son los únicos, sino que son decenas los reclamos en distintos lugares del país donde se cumplen tareas, pero los funcionarios de la planta de tratamiento de efluentes de la ciudad de Fray Bentos, gestionaron, -creemos que con total justicia-, la recategorización correspondiente, por nota de la JTRN 3/99, que posteriormente se transformó en el GL 222/99, la dotación necesaria para la planta, así como los cargos a proveer. Tenemos conocimiento de que en el transcurso del año 2002 se realizaron las asignaciones de cargos, con motivo de la visita realizada por funcionarios del organismo de la División Cargos y Salarios al departamento de Paysandú, donde se coincidió en que los funcionarios que revistan en la planta deberían tener el cargo de operador de desagüe, siendo nominados. El pasado 29 de mayo de 2003, cuatro de los funcionarios que cumplen tareas en la estación de depuración enviaron una nota al señor Jefe Técnico Departamental, ingeniero Daniel Ceva, en la que volvieron a efectuar el reclamo de cargos que en su oportunidad plantearan al empezar a realizar tareas superiores en la nueva planta, por ejemplo, tirado de volquetas al vertedero municipal en el camión del organismo, conducido por alguno de los funcionarios que no tienen categoría para conducir vehículos oficiales, o que, cuando el encargado de la planta toma licencia, queda uno de los funcionarios a cargo de la misma, sin recibir ningún tipo de compensación por la subrogación en el cargo. Hemos sido debidamente informados de que el tema está en la División Cargos y Salarios de OSE, donde más allá del tratamiento que, a lo expuesto se le ha dado, son los integrantes del Directorio quienes deberán, -dicho con el mayor de los respetos-, solucionar esa situación anómala e injusta. En la seguridad de que rápidamente se atenderá el reclamo, de acuerdo a los antecedentes y porque los propios funcionarios involucrados están dispuestos a acordar con las autoridades una solución definitiva al tema planteado, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

6) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Río Negro, y por su intermedio a la Junta Local de Algorta, acerca de la necesidad de contar con un profesor de educación física en la Escuela Nº 23 de la citada localidad.

"Montevideo, 8 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Primaria; a la Intendencia Municipal de Río Negro y, por su intermedio, a la Junta Local de Algorta; y a la Junta Departamental de Río Negro. En visita que realizamos recientemente a pueblo Algorta, del departamento de Río Negro, mantuvimos una reunión de trabajo en el Centro Comunal de la Junta Local, con importante concurrencia de vecinos representativos de distintas organizaciones del lugar. Pueblo Algorta tiene, aproximadamente, 1.400 habitantes, concurriendo a la Escuela Nº 23, un total de 185 alumnos. En la citada escuela se dictan cursos de enseñanza primaria, es decir, de primero a sexto año, pero también hay alumnos que cursan ciclo básico, que son los grados séptimo, octavo y noveno, lo que implica que las autoridades de la enseñanza, tal cual se nos señalara, deben contar con un profesor de educación física que imparta la asignatura que es necesaria e indispensable. Estamos en conocimiento de que en la ciudad de Young, del departamento de Fray Bentos, y en la de Guichón, del departamento de Paysandú, hay profesores de educación física. Dichas localidades se hayan cercanas a Pueblo Algorta, lo que facilitaría el traslado del docente que se asignara para desempeñar el cargo. La escuela cuenta con un terreno de, aproximadamente, 8.000 metros cuadrados, que además de servir de patio para el recreo de los alumnos, tiene la ventaja de que en él podría construirse una cancha de fútbol, otra de básquetbol o de voleibol, necesitándose por lo tanto: arcos, tableros, redes y pelotas para las distintas prácticas deportivas. Consideramos totalmente de recibo el planteo que nos realizaron los vecinos y esperamos que las autoridades procuren atender los reclamos que, en su nombre, realizamos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

7) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, referente a la posibilidad de cubrir los costos de un remate de locales escolares en el departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 8 de julio de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En el mes de mayo del presente año, la ANEP puso a remate público tres escuelas rurales del departamento de Cerro Largo. Ante la gravedad del hecho, los vecinos y los productores de las zonas de influencias de dichos centros de enseñanza se movilizaron, y a través de la Sociedad Agropecuaria y de la Federación Rural se negoció un acuerdo con ANEP para la cancelación del remate. Actualmente, surge el problema de los costos que implicó la publicación del llamado a remate y los del martillero, el que cobra su comisión. Según se nos informó, los costos son del orden de los $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos). En estos momentos las gremiales involucradas tienen dificultades para enfrentar la totalidad de los gastos. Por la importancia del tema, solicitamos que ese Ministerio estudie la posibilidad de contribuir al pago del gasto originado, así como ceder esas escuelas en comodato a los productores de cada lugar, para ser utilizadas en el bien de la comunidad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

MEDIA HORA PREVIA

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante José Luis Blasina, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 8 de julio de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora María Nelba Iriarte.

Del señor Representante Julio C. Silveira, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 7 y 20 de julio de 2003, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Amida Jardim por el período comprendido entre los días 8 y 20 de julio de 2003.

Del señor Representante Artigas Melgarejo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 9 de julio de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Riverós.

Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 14 de julio de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Odel Abisab.

Del señor Representante Juan José Bentancor, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por los días 8, 9, 14, 15 y 16 de julio de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Edgardo Ortuño.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 7 y 11 de julio de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Víctor Braccini por el período comprendido entre los días 8 y 11 de julio de 2003.

Del señor Representante Carlos Pita, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 9 de julio de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Pérez.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 11 de julio de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Gabriela Garrido.

Visto la licencia por enfermedad oportunamente concedida al señor Representante Guido Machado, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 8 y 30 de julio de 2003, al suplente correspondiente siguiente, señor Marcelino Viera".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside licencia por motivos particulares, el día 8 de julio de 2003.

Pido se convoque al suplente respectivo.

Saludo al señor Presidente muy atte.,

JOSÉ L. BLASINA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe, Carmen Anastasía, Cédula de Identidad Nº 3.529.236-5, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Carmen Anastasía".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Álvaro Espinosa, Cédula de Identidad Nº 1.018.226-2, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Álvaro Espinosa".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe, Blanca Elgart, Cédula de Identidad Nº 3.127.308-0, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Blanca Elgart".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Carlos Riverós en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Carlos Riverós".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Javier Cousillas, Cédula de Identidad Nº 1.621.079-4, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el día 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Javier Cousillas".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Jorge Basso, Cédula de Identidad Nº 1.254.459-7, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Jorge Basso".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Hugo Rodríguez, Cédula de Identidad Nº 3.548.446-1, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Hugo Rodríguez".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Gonzalo Reboledo, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Gonzalo Reboledo".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Álvaro Pérez, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Álvaro Pérez".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Luis Garrido, Cédula de Identidad Nº 4.159.993-7, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Luis Garrido".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe, Hyara Rodríguez, en mi calidad de primer suplente de la señora Representante Nacional, José Luis Blasina quien ha solicitado licencia el 8 de julio de 2003, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Hyara Rodríguez".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Luis Blasina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 8 de julio de 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes siguientes, señora Carmen Anastasía, señor Álvaro Espinosa, señora Blanca Elgart, señores Carlos Riverós, Javier Cousillas, Jorge Basso, Hugo Rodríguez, Gonzalo Reboledo, Álvaro Pérez, Luis Garrido y señora Hyara Rodríguez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 8 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Luis Blasina.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señora Carmen Anastasía, señor Álvaro Espinosa, señora Blanca Elgart, señores Carlos Riverós, Javier Cousillas, Jorge Basso, Hugo Rodríguez, Gonzalo Reboledo, Álvaro Pérez, Luis Garrido y señora Hyara Rodríguez.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 8 de julio de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Nelba Iriarte.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 7 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el día 7 de julio y el día 20 de julio de 2003, por motivos personales.

Sin otro particular saluda a usted atentamente.

JULIO C. SILVEIRA
Representante por Artigas".

"Montevideo, 7 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Don Julio C. Silveira.

Sin más saluda atentamente.

Ney Humberto Marín".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Artigas, Julio C. Silveira.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 7 y 20 de julio de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto, el suplente siguiente señor Ney Humberto Marín.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 7 y 20 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Artigas, Julio C. Silveira.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Ney Humberto Marín.

3) Convóquese por Secretaría por el período comprendido entre los días 8 y 20 de julio de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 816 del Lema Partido Nacional, señora Amida Jardim.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia los días 8 y 9 de julio por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

ARTIGAS MELGAREJO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Álvaro Espinosa, cédula de identidad Nº 1.018.226-2 en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional Artigas Melgarejo quién ha solicitado licencia entre los días 8 y 9 de julio, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Álvaro Espinosa".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe Blanca Elgart, cédula de identidad Nº 3.127.308-0 en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional Artigas Melgarejo, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Blanca Elgart".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Artigas Melgarejo.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 9 de julio de 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 9 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Artigas Melgarejo.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Carlos Riverós.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Jorge Chápper

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos de carácter personal, desde el 8 de julio hasta el 14 de julio.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Jorge Chápper

Presente
De mi mayor consideración:

Al haber sido convocado para integrar el Cuerpo que Ud. preside, no acepto la convocatoria por esta única vez.

Saludo cordialmente,

Raúl Giuria Barbot".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 14 de julio de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Raúl Giuria Barbot.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 14 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente señor Raúl Giuria Barbot.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Odel Abisab.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. ponga a consideración del Cuerpo mi solicitud de licencia por motivos personales para los días 8, 9, 14, 15, y 16 de julio de 2003.

Sin otro particular saluda a usted atentamente.

JUAN JOSÉ BENTANCOR
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria a la Cámara que Ud. preside.

Sin más saluda atentamente.

Enrique Soto".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Bentancor.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 8, 9, 14, 15 y 16 de julio de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Enrique Soto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 8, 9, 14, 15 y 16 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Bentancor.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Enrique Soto.

3) Convóquese por Secretaría, por los días 8, 9, 14, 15 y 16 de julio de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Edgardo Ortuño.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 7 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito se me conceda, por motivos de enfermedad, licencia desde el día de la fecha hasta el 11 de julio inclusive.

Nota: adjunto certificado médico del Servicio Médico del Poder Legislativo.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, señor Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 7 y 11 de julio de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 7 y 11 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el período comprendido entre los días 8 y 11 de julio de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Víctor Braccini.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito se me conceda licencia por motivos personales los días 8 y 9 del corriente y se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CARLOS PITA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el Sr. Representante Nacional, Dr. Carlos Pita, manifiesto a Ud. que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 9 de julio de 2003.

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 9 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, solicito a Ud. licencia reglamentaria durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio del corriente por motivos particulares.

Sin otro particular, saluda atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 11 de julio de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 11 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

Montevideo, 2 de julio de 2003.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
DR. JORGE CHÁPPER

Nº1568/2003
272/5

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Rivera Ing. Agr. Guido Machado electo por la hoja de votación número 292000 del lema Partido Colorado, sublema "Foro Batllista" ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 1º al 30 del corriente del año en curso y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo candidato Sr. Marcelino Viera y suplentes a los Sres. Dr. Alberto Buyanoff, Pedro Muñoz y Schubert Gonzálvez. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Ing. Agr. Guido Machado, entre el 2 y el 30 de julio y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del inciso 2º del artículo primero de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

RENAN RODRÍGUEZ
Vicepresidente

ALFONSO MARIO CATALDI
Secretario Letrado"

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad, oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado, por el período comprendido entre los días 2 y 30 de julio de 2003.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señora María Terrón de Estéves y señores Walter Machado y Ariel Abarno no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Marcelino Viera, Alberto Buyanoff, Pedro Muñoz y Schubert Gonzálvez, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 1568/2003, de 2 de julio de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Rivera, por el período comprendido entre los días 8 y 30 de julio de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 292000, del Lema Partido Colorado, señor Marcelino Viera.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"TEXTO APROBADO POR LA CÁMARA

DE REPRESENTANTES

Artículo 1º.- Establécese que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, los Ministros de Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y los organismos a que refiere el artículo 17 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990 (Oficina Nacional del Servicio Civil y Oficina de Planeamiento y Presupuesto) dispondrán de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores conforme a las facultades que les otorgan dichos artículos.

Artículo 2º.- Si por la complejidad de la información solicitada no fuera posible remitirla en el plazo referido en el artículo 1º de la presente ley, antes de su vencimiento, se deberá enviar al Presidente de la Cámara que corresponda, con destino al legislador solicitante, informe circunstanciado sobre las causas que impiden la remisión en plazo.

A partir del vencimiento del plazo referido en el artículo 1º de la presente ley, el organismo requerido dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, para dar cumplimiento al pedido.

Artículo 3º.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 1º ó 2º de la presente ley, en su caso, sin que el organismo requerido haya remitido la información solicitada, el legislador podrá pedirlos por intermedio de la Cámara a la que pertenece, estándose a lo que ésta resuelva.

Si la Cámara correspondiente hiciera suyo el pedido, el organismo requerido dispondrá de treinta días hábiles para remitir respuesta.

Artículo 4º.- El vencimiento del plazo establecido por el inciso segundo del artículo 3º de la presente ley, sin que el organismo requerido evacuare la información solicitada, podrá dar lugar al ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República.

Artículo 5º.- Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tal propósito.

Artículo 6º.- Los plazos establecidos en la presente ley se computarán a partir del día siguiente al que el o los organismos referidos en el artículo 1º de la presente ley reciban la solicitud correspondiente.

La prórroga establecida en el artículo 2º de la presente ley se computará a partir del día siguiente al que el Presidente de la Cámara que corresponda reciba el informe circunstanciado a que refiere dicho artículo.

Artículo 7º.- En los pedidos de informes solicitados a partir del 15 de febrero de 2000 y no contestados a la promulgación de la presente ley, los plazos referidos en los artículos anteriores se computarán a partir de ésta.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de agosto de 2000.

WASHINGTON ABDALA
Presidente

HORACIO D. CATALURDA
Secretario.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Establécese que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, los Ministros de Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y los organismos a que refiere el artículo 17 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990 (Oficina Nacional del Servicio Civil y Oficina de Planeamiento y Presupuesto) dispondrán de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores conforme a las facultades que les otorgan dichos artículos.

Artículo 2º.- Si por la complejidad de la información solicitada no fuera posible remitirla en el plazo referido en el artículo 1º de la presente ley, antes de su vencimiento, se deberá enviar al Presidente de la Cámara que corresponda, con destino al legislador solicitante, informe circunstanciado sobre las causas que impiden la remisión en plazo.

A partir del vencimiento del plazo referido en el artículo 1º de la presente ley, el organismo requerido dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, para dar cumplimiento al pedido.

Artículo 3º.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 1º ó 2º de la presente ley, en su caso, sin que el organismo requerido haya remitido la información solicitada, el legislador podrá pedirlos por intermedio de la Cámara a la que pertenece, estándose a lo que ésta resuelva.

Si la Cámara correspondiente hiciera suyo el pedido, el organismo requerido dispondrá de treinta días hábiles para remitir respuesta.

Artículo 4º.- El vencimiento del plazo establecido por el inciso segundo del artículo 3º de la presente ley, sin que el organismo requerido evacuare la información solicitada, podrá dar lugar al ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República.

Artículo 5º.- Los plazos establecidos en la presente ley se computarán a partir del día siguiente al que el o los organismos referidos en el artículo 1º de la presente ley reciban la solicitud correspondiente.

La prórroga establecida en el artículo 2º de la presente ley se computará a partir del día siguiente al que el Presidente de la Cámara que corresponda reciba el informe circunstanciado a que refiere dicho artículo.

Artículo 6º.- En los pedidos de informes solicitados a partir del 15 de febrero de 2000 y no contestados a la promulgación de la presente ley, los plazos referidos en los artículos anteriores se computarán a partir de ésta.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 4 de diciembre de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, en mayoría, aconseja al Plenario hacer suyas las modificaciones aprobadas por la Cámara de Senadores, respecto del proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, Miembro Informante, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, JOSÉ LUIS VEIGA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Acéptanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, Miembro Informante, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, JOSÉ LUIS VEIGA.

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración eleva para la consideración del Cuerpo de Representantes el presente informe motivado a raíz del estudio y discusión que efectuara el Senado sobre el proyecto de ley, oportunamente aprobado por esta Cámara, referido a los plazos para remitir datos e informes conforme a lo previsto por el artículo 118 de la Constitución de la República, que culminara con la supresión del artículo 5º de dicho proyecto.

Al respecto conviene recordar la redacción del mismo, el que previene que "Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tales propósitos".

Conveniente al derecho e interés de las partes involucradas, así como de los administrados, a efectuar las consideraciones por las cuales estos integrantes de la Comisión entienden, entre otras connotaciones, que la supresión del artículo precitado del proyecto normativo que nos ocupa priva a los habitantes del país de derechos sustanciales básicos en la vida democrática, en tanto que su mantenimiento otorga una válida y eficaz herramienta de uso del legislador, protegiendo tanto intereses particulares como intereses difusos, intereses éstos que como consecuencia de su exposición pública pueden significar la posibilidad de generar algún daño y por tanto privar al peticionante del conocimiento de la situación de hecho que puntualmente necesite.

En efecto, si bien debe marcarse claramente que no existe en principio información alguna que esté vedada al conocimiento del legislador, este artículo 5º permite arbitrar el mecanismo de confidencialidad necesario para que a través de la vía que el peticionado estime más oportuna, pueda remitir la información solicitada, evitando que la misma tenga una trascendencia pública innecesaria y contraproducente incluso al fin por el cual se solicita el pedido de informes, pudiendo su publicidad causar un daño, el que puede ser tanto eventual como concreto en la esfera personal, particular o general, que resultare luego en forma inmediata o mediata en un daño real y cierto, estimable moral o patrimonialmente, incluyendo dentro de estas personas eventualmente afectadas al propio Estado.

Se debe tener presente que existen casos en los cuales se produce una protección a la persona al amparo de lo preceptuado por la propia Constitución a través de, entre otros, el artículo 7º, donde se establece que "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". La redacción otorgada al artículo 5º que nos ocupa, si bien no habilita a contestar lo que nadie, ni siquiera un Ministro, un Director de un Ente Público, un Diputado o un Senador, está impedido de contestar en consagración del tenor del citado artículo 7º, artículo éste que es uno de los puntales de nuestro sistema democrático, habilita sí a la instrumentación regida bajo un principio de sano discernimiento lógico por parte del oportuno informante. No debe escapar a la consideración de esta Cámara y en definitiva del Senado en el tema que nos ocupa, que en la contestación de pedidos de informes están íntimamente involucrados los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero también están los derechos no solo de los ciudadanos, sino de los habitantes de la República, considerados en forma individual o en su conjunto. Por lo mismo y siendo alta y complejamente difícil establecer el límite entre la necesidad de indagar a través del instrumento "pedido de informes" y el derecho que tiene el habitante en ser protegido, la redacción de este artículo 5º si bien no es la solución única y definitiva, sí es una herramienta, la que correctamente accionada al amparo de la Constitución y de la norma puede y debe ser la salida jurídica a tan compleja situación. Entendemos que es obligación del legislador proveer al intérprete de una norma válida para poder ampararse a ella en las situaciones en que está en juego la posibilidad eventual o fáctica de causar un daño, el que luego de producido es susceptible o no de no poder ser reparado en su justa medida, creando a través de lo previsto por el artículo 5º, la posibilidad de una reserva en el sentido de la conveniencia o inconveniencia de optar por informar a través del sistema administrativo o confidencial.

Por su parte, si bien es cierto que se debe tener presente que se apela al sano juicio y a la responsabilidad de quien es peticionado, no podemos omitir aquí que en la ejecución cotidiana de los actos administrativos, la persona física que tiene la función de administrar debe en forma permanente interpretar la norma y por ende la Constitución para saber como pronunciarse ante un pedido concreto, tanto sea de un pedido de informes efectuado por la Cámara de Representantes como del ejercicio particular del artículo 30 por parte de cualquier habitante, ya que la pertinencia o no de dar una información no presupone la violación de ningún principio legal. Por ello, ante la posibilidad de poder ejercer el principio de confidencialidad que se consagra en el artículo que nos ocupa, se evita la difusión de la información a través del trámite administrativo, otorgando la posibilidad, además, de que el peticionado pueda a través de este medio brindar una información que en la hipótesis de hacerse pública no sería susceptible de ser remitida. De esa manera el legislador puede recibir un informe que de otra manera estaría vedado a su interés; téngase presente a estos efectos problemas de seguridad, de negociaciones estatales, de secretos bancarios, de secretos profesionales, etcétera.

Entendemos que la redacción del artículo 5º oficia de una suerte de equilibrio, transformándose en una herramienta por demás útil a los intereses de todas y de cada una de las partes consideradas, por lo que sostenemos válidamente que debe mantenerse la redacción del mismo en todos y cada uno de sus términos.

Por lo expuesto, aconsejamos al Plenario la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS, Miembro Informante, JORGE BARRERA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Deséchanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS, Miembro Informante, JORGE BARRERA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Hay dos informes, uno en mayoría, cuyo miembro informante es el señor Diputado Borsari Brenna -quien se encuentra en uso de licencia-, y uno en minoría, cuyo miembro informante es la señora Diputada Saravia Olmos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Yo podría hacer uso de la palabra en la medida en que no está presente el miembro informante, señor Diputado Borsari Brenna.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Proceda, señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el informe en mayoría presenta un proyecto de resolución por el cual se aceptan las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores al proyecto de ley aprobado en su oportunidad por esta Cámara con relación a los pedidos de informes formulados por los señores legisladores.

Queremos recordar a la Cámara que este proyecto de ley se basaba en una iniciativa presentada por quien habla y que consistía en reglamentar los mecanismos por los cuales el Poder Ejecutivo y los organismos del Estado contestan los pedidos de informes formulados por los legisladores, a lo cual están obligados. Concretamente, se establecía un sistema y un plazo precisos para evitar que sucediese lo que pasa ahora: muchas veces, los pedidos de informes no son contestados y no hay ningún tipo de sanción, pues el mecanismo constitucional aplicable no responde a lo que se requiere en casos de no respuesta a pedidos de informes comunes, ya que supondría, de alguna manera, un enfrentamiento o una confrontación de extrema gravedad entre el Poder Legislativo y el organismo al cual se ha solicitado el informe.

La Cámara de Senadores, por su parte, acepta el proyecto aprobado por esta Cámara, pero elimina de la iniciativa el artículo 5º, que refería a un mecanismo alternativo para contestar pedidos de informes en caso de que el organismo estimare pertinente no confiarlo al trámite administrativo común. El artículo 5º venía a cubrir la siguiente hipótesis: si se hacía un pedido de informes con respecto al cual el organismo entendía pertinente no proporcionar su respuesta en el marco de los trámites administrativos comunes, podía dar la información de la manera que considerare más adecuada.

Tal como dije, el Senado eliminó ese artículo, por lo que la respuesta a todos los pedidos de informes que se cursen tiene que seguir el trámite común desde el punto de vista administrativo; en definitiva, no se establece ninguna diferencia.

Nosotros recordábamos en Comisión que en el proyecto original no se establecía un mecanismo de esta naturaleza y que este fue introducido, en su momento, durante la discusión en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, como resultado de la negociación parlamentaria común. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, así como en lo que tiene que ver con el resto de los integrantes de la Comisión que informan en mayoría, aceptamos sin violencia las modificaciones del Senado.

Es cuanto tengo para decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la miembro informante en minoría, señora Diputada Saravia Olmos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: en el caso que nos ocupa, la Cámara tiene que aceptar las modificaciones introducidas por el Senado o rechazarlas. Tal como se ha dicho, hay dos informes, y nosotros estamos defendiendo la no aceptación de las modificaciones propuestas por la Cámara Alta.

De acuerdo con la redacción aprobada en la Cámara de Representantes, en el artículo 5º se establecía lo siguiente: "Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tal propósito". Nosotros propugnamos que este artículo se mantenga.

A este respecto, vamos a hacer algunas consideraciones que figuran en el informe en minoría.

Convienen al derecho e interés de las partes involucradas, así como de los administrados, efectuar las consideraciones por las cuales nosotros entendemos que la supresión de este artículo del proyecto priva a los habitantes del país de derechos sustanciales básicos en la vida democrática, en tanto su mantenimiento otorga una válida y eficaz herramienta de uso del legislador, protegiendo tanto intereses particulares como intereses difusos, cuya exposición pública puede representar la posibilidad de generar algún daño y, por tanto, privar al peticionante del conocimiento de la situación de hecho que puntualmente necesite.

En efecto, si bien debe determinarse claramente que no existe en principio información alguna que esté vedada al conocimiento del legislador, el artículo 5º que se había redactado en la Cámara de Diputados permite arbitrar el mecanismo de confidencialidad necesario para que, a través de la vía que el peticionado estime más oportuna, pueda remitir la información solicitada, evitando que ella tenga una trascendencia pública innecesaria y contraproducente, incluso al fin por el cual se cursa el pedido de informes, pudiendo su publicidad causar un daño, el que puede ser tanto eventual como concreto en la esfera personal, particular o general, que resultare luego en forma inmediata o mediata en un daño real y cierto, estimable moral o patrimonialmente, incluyendo entre las personas eventualmente afectadas al propio Estado.

Se debe tener presente que hay casos en los cuales se produce una protección a la persona al amparo de lo preceptuado por la propia Constitución a través, entre otros, del artículo 7º, donde se establece: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad".

La redacción del artículo 5º que nos ocupa, si bien no habilita a contestar lo que nadie, ni siquiera un Ministro, un Director de un ente público, un Diputado o un Senador, está impedido de contestar en consagración del tenor del citado artículo 7º -que es uno de los puntales de nuestro sistema democrático-, habilita, sí, a la instrumentación regida bajo un principio de sano discernimiento lógico por parte del oportuno informante.

En el tema que nos ocupa no debe escapar a la consideración de esta Cámara ni, en definitiva, del Senado, que en la contestación de pedidos de informes están íntimamente involucrados el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero también están los derechos no solo de los ciudadanos, sino de los habitantes de la República, considerados en forma individual o en su conjunto.

Por lo mismo, siendo difícil y complejo establecer el límite entre la necesidad de indagar a través del instrumento "pedido de informes" y el derecho que tiene el habitante a ser protegido, la redacción de este artículo 5º, si bien no es la solución única y definitiva, sí es una herramienta que, correctamente accionada al amparo de la Constitución y de la norma, puede y debe ser la salida jurídica a tan compleja situación. Entendemos que es obligación del legislador proveer al intérprete de una norma válida para poder ampararse en ella en las situaciones en que está en juego la posibilidad, eventual o fáctica, de causar un daño, el que luego de producido es susceptible o no de no poder ser reparado en su justa medida, creando a través de lo previsto por el artículo 5º la posibilidad de una reserva, en el sentido de la conveniencia o inconveniencia de optar por informar a través del sistema administrativo o confidencial.

Por otra parte, si bien es cierto que se debe tener presente que se apela al sano juicio y a la responsabilidad de quien es peticionado, no podemos omitir aquí que en la ejecución cotidiana de los actos administrativos la persona física que tiene la función de administrar debe en forma permanente interpretar la norma y, por ende, la Constitución, para saber cómo pronunciarse ante un pedido concreto, tanto sea un pedido de informes efectuado por la Cámara de Representantes como el ejercicio particular del artículo 30 por parte de cualquier habitante, ya que la pertinencia o no de dar una información no presupone la violación de ningún principio legal.

Por ello, ante la posibilidad de ejercer el principio de confidencialidad que se consagra en el artículo que nos ocupa, se evita la difusión de la información a través del trámite administrativo, dando la posibilidad, además, de que el peticionado, a través de este medio, dé una información que en la hipótesis de hacerse pública no sería susceptible de ser remitida. De esa manera el legislador puede recibir un informe que de otra forma estaría vedado a su interés; a modo de ejemplo, ténganse presentes a estos efectos problemas de seguridad, de negociaciones estatales, de secretos bancarios, de secretos profesionales.

Entendemos que la redacción del artículo 5º tal como se aprobó en la Cámara de Representantes oficia como una suerte de equilibrio, transformándose en una herramienta por demás útil a los intereses de todas y cada una de las partes consideradas, por lo que sostenemos que debe mantenerse su redacción en todos y cada uno de sus términos.

Era cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: nos parece que esta reglamentación de lo establecido en el artículo 118 de la Constitución ha sido un buen aporte para la dignificación de los legisladores, en atención a la información que deben recibir por parte del Poder Ejecutivo.

No solamente compartimos el texto, sino que también acordamos con la modificación realizada por el Senado, porque entendemos que rechazar la eliminación del artículo 5º implicaría que este avance en los derechos de los legisladores no fuera considerado.

Por lo tanto, nos parece que es un buen proyecto de ley el que hoy tiene la Cámara a consideración.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: nosotros vamos a acompañar con nuestro voto lo que se ha expresado en el informe en mayoría.

Queremos que quede muy claro -seguramente, es el espíritu de todos los legisladores- que cuando realizamos un pedido de informes -lo cual está dentro de nuestras potestades- no lo hacemos por antojo ni por poner bajo sospecha a algún jerarca, sino porque la gente del departamento del que somos oriundos -e, inclusive, de otros departamentos- y a la cual representamos, nos pide que rindamos cuentas y que asumamos la responsabilidad que tenemos en tanto Representantes Nacionales. Y esa responsabilidad incluye, además de la de legislar, la de ser controladores, fiscalizadores de todos los estamentos oficiales de la sociedad uruguaya, es decir, de los Ministerios, entes autónomos o empresas del Estado, ya que en ellos desempeñan sus tareas hombres y mujeres que en muchos casos no han sabido cumplirlas a cabalidad. En ese sentido, podríamos remitirnos a una innumerable cantidad de pruebas de vieja data, pero también recientes.

Creo que al sancionar este proyecto de ley en el día de hoy se nos dará una respuesta a quienes permanentemente nos vemos compelidos por la ciudadanía a hacer pedidos de informes sobre distintas situaciones de la vida cotidiana del país. Estos pedidos de informes no tienen como último fin su archivo, sino que habitualmente son utilizados para dar respuesta a la ciudadanía en general y, a veces, a organizaciones en particular, sobre distintas actividades de los organismos del Estado.

Al votar la iniciativa con la modificación que nos remite ahora el Senado de la República estaremos dando un paso muy importante para nuestro trabajo, ya que, a nuestro modesto juicio, tanto los pedidos de informes como el trabajo en Comisión son la columna vertebral de la actividad parlamentaria, lo que nos permite un mejor relacionamiento con la sociedad y la obtención de una mejor información. Esta norma exigirá que aquellos funcionarios públicos, como nosotros, que ocupan cargos de jerarquía informen a la mayor brevedad posible acerca de las inquietudes que los legisladores, en tanto representantes de la gente, podamos plantear.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: en el primer año de esta Legislatura apoyamos calurosamente este proyecto de ley; ahora también nos vamos a sentir muy satisfechos de poder votarlo para que, de una vez por todas, se transforme en ley.

No es posible que se mantenga esta situación, hasta ahora renga, en la cual nos asiste el derecho de pedir los informes, pero no existe la obligación de contestarlos. Y no es una simple gimnasia la que desarrolla el legislador cuando solicita, para el cumplimiento de sus tareas constitucionales, que el Poder Ejecutivo, tan empleado del pueblo como los legisladores, proporcione los informes.

Adelantamos nuestro voto afirmativo a efectos de que este proyecto se transforme cuanto antes en ley. Quizás podamos tener entonces la suerte de recibir una respuesta a los pedidos de informes, porque a esta altura realmente sería una suerte que, por ejemplo, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública nos contestara alguna de las preguntas que desde el año 2001 le estamos formulando, y no para hacer gimnasia, sino para conocer cosas que el pueblo tiene derecho a conocer.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: nosotros vamos a acompañar la iniciativa tal como viene del Senado. Nos parece que este es un proyecto de ley importante, porque establece un marco que permite garantizar que una de las facultades principales del Poder Legislativo y de los legisladores pueda ponerse en acción efectivamente, lo cual no siempre ha ocurrido a lo largo del tiempo, como muchos de nosotros sabemos. Pone plazos al Poder administrador y dispone una obligatoriedad que ya existe, acotándola mucho más claramente, al establecer plazos concretos.

La modificación introducida por el Senado está en consonancia con el proyecto original y no hace otra cosa que darle mayor fuerza, en cuanto no determina otras modalidades de respuesta sino aquella que corresponde, esto es, la respuesta por escrito, en los plazos que la iniciativa estipula.

Así que vamos a votar muy convencidos y conformes de que esto se convierta en ley a partir de la sanción que esta Cámara dará a este proyecto en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Léase el proyecto de resolución en mayoría.

(Se lee)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

——Habiendo cincuenta y tres señores Diputados en Sala, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Participación política. (Se establecen normas relativas a la igualdad de oportunidades para ambos sexos)".

(ANTECEDENTES:)

"DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza la salida del país del Buque Escuela ROU 20 "Capitán Miranda" y su tripulación a efectos de realizar el XXII Viaje de Instrucción. C/3155/003

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo se incluyan en las exoneraciones establecidas en el literal J) del numeral 1) del artículo 19 del Título 10 de Texto Ordenado 1996 a los discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país. C/3156/003

COMUNICACIONES GENERALES

La Contaduría General de la Nación remite nota relacionada con un error padecido en el cuadro 62 del Tomo I de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2002. C/3137/003

"DISCOS Y CASETES MUSICALES DE ARTISTAS NACIONALES, PRODUCIDOS EN EL PAÍS. (Se solicita al Poder Ejecutivo que se incluyan en las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que se incluya en las exoneraciones establecidas en el Título 10 del Texto Ordenado 1996, artículo 19, numeral 1), literal J) a los discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país.

Montevideo, 8 de julio de 2003.

RONALD PAIS, Representante por Montevideo, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ALBERTO SCAVARELLI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Texto Ordenado de Normas Tributarias prevé en su Título 10, artículo 19, numeral 1), literal J), la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a los "diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los pornográficos". Asimismo, la disposición citada establece que "Estará asimismo exento el material educativo. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos comprendidos dentro del material educativo".

Igualmente, el artículo 291 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sustituyó al literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, exonerando de todo tributo nacional, incluidos los proventos, precios portuarios, recargos, tasa de movilización de bultos y demás gravámenes aduaneros y tasas consulares, "los sobres y estuches de disco y otros elementos de reproducción fonográfica...".

El disco es reconocido unánimemente por su valor de transmisión cultural y es, además, un elemento imprescindible para el desarrollo y proyección en la carrera artística de todo músico o cantante.

La música nacional, por su parte y pese a las dificultades inherentes a un medio pequeño y carente de un "show business" desarrollado, ha producido y produce constantemente artistas de talla internacional.

La aceptación y admiración que cantantes, conjuntos y músicos uruguayos recogen en miles de adeptos -más allá de fronteras- indica que aquí existe una industria cultural y una exportación no tradicional que merece el incentivo y apoyo de toda la sociedad.

Seguramente estas razones hicieron que también el legislador exonerara de IVA a "las retribuciones personales obtenidas fuera de la relación de dependencia, cuando las mismas se originen en actividades culturales desarrolladas por artistas residentes en el país" (Texto Ordenado Título 10, artículo 19, numeral 2), literal J).

Lamentablemente, los esfuerzos de creadores, autores, artistas y sellos discográficos, han chocado desde hace tiempo con la devastación provocada por la piratería discográfica. Esta ha tomado nuevas formas a partir de los nuevos medios tecnológicos, que han facilitado su difusión y crecimiento, al mismo tiempo que resulta cada vez más difícil su control y enfrentamiento.

Ello ha llevado a una caída constante en la venta de discos, cuyos precios no han podido acompañar los bajos costos que disponer de una copia pirateada supone.

Es por esta razón que resulta necesario facilitar el acceso al disco en condiciones legales, comenzando por la producción nacional que no tiene -en principio- la facilidad de los mercados marginales que poseen las producciones extranjeras.

En consecuencia, a efectos de apoyar la creatividad y desarrollo de la música nacional mediante el incremento en la venta de discos legítimos, creemos oportuno plantear al Poder Ejecutivo incluir en la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a los discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país.

Este planteamiento, naturalmente, no impide la consideración de otras posibles opciones, por parte del Poder Ejecutivo, como puede ser la devolución del IVA compras, es decir, asimilar la enajenación de discos y casetes musicales de artistas nacionales, producidos en el país, a una exportación.

Esperamos que la medida propuesta constituya una herramienta más para el combate a la piratería, al mismo tiempo que contribuya al crecimiento de una actividad que -más allá del valor cultural- es indudablemente productiva y generadora de empleo.

Montevideo, 8 de julio de 2003.

RONALD PAIS, Representante por Montevideo, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ALBERTO SCAVARELLI, Representante por Montevideo".

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Ambrosio Rodríguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por los días 9, 10, 15 y 16 de julio de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Amestoy.

Del señor Representante Gustavo Amen, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 11 y 17 de julio de 2003, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Rosario Bueno.

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por los días 9, 15 y 16 de julio de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor José María Caballero".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por los días 09, 10,15 y 16 de julio por motivos particulares.

Sin más saluda atentamente.

AMBROSIO RODRÍGUEZ
Representante por Maldonado".

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Ambrosio Rodríguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 9, 10, 15 y 16 de julio de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 9, 10, 15 y 16 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Ambrosio Rodríguez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por los días 9, 10, 15 y 16 de julio de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 23 del Lema Partido Nacional, señor Mario Amestoy.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003

TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Minas, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 11 hasta el 17 de julio inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

GUSTAVO AMEN VAGHETTI
Representante por Lavalleja".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Daoiz Librán".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Lavalleja, Gustavo Amen..

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 17 de julio de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Daoiz Librán.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 11 y 17 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Lavalleja, Gustavo Amen.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Daoiz Librán.

3) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señora Rosario Bueno.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por los días 9, 15 y 16 de julio del 2003 inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Montevideo, 8 de julio de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores, para los días 9, 15 y 16 de julio de 2003 inclusive.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 9, 15 y 16 de julio de 2003.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 9, 15 y 16 de julio de 2003, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por los días 9, 15 y 16 de julio de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, TABARÉ HACKENBRUCH, GUILLERMO ÁLVAREZ".

Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7º) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por los Estados Partes en la octava reunión celebrada el 22 de mayo de 1995, cuyo texto se transcribe:

"El Comité se reunirá normalmente todos los años para analizar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. La duración de las reuniones del Comité será determinada por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, y estará sujeta a la aprobación de la Asamblea General".

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XXXIV Período de Sesiones, el 18 de diciembre de 1979, fue aprobada por Decreto-Ley Nº 15.164 promulgado el 4 de agosto de 1981, entrando en vigor para la República el 8 de noviembre de 1981. El Protocolo Facultativo de la Convención, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, fue aprobado por Ley Nº 17.338 promulgada el 18 de mayo de 2001 y entró en vigor para la República el 26 de octubre de 2001.

En lo sustantivo, la propuesta de enmienda contribuye a mejorar la atención del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer frente al aumento del volumen de trabajo como consecuencia de nuevas ratificaciones y adhesiones a la Convención, así como también por las mayores responsabilidades que le incumben con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención.

Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas viene instando a los Estados Partes en la Convención para que lo antes posible, adopten las medidas apropiadas que permitan obtener la aceptación por la mayoría de dos tercios de los Estados Partes, requerida para que la enmienda entre en vigor, razón por la cual el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ANTONIO MERCADER, ÁLVARO ALONSO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 del "Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptada por los Estados Partes en la octava reunión celebrada el 22 de mayo de 1995.

Montevideo, 2 de julio de 2002.

DIDIER OPERTTI, ANTONIO MERCADER, ÁLVARO ALONSO.

TEXTO DE LA ENMIENDA

La Asamblea General,

Recordando su Resolución 49/164, de 23 de diciembre de 1994, relativa a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y su decisión 49/448, de 23 de diciembre de 1994, relativa al examen de la solicitud de revisión del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención,

Tomando nota de la decisión adoptada por los Estados Partes el 22 de mayo de 1995 de enmendar el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

Acogiendo con agrado el llamamiento contenido en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de setiembre de 1995, a fin de lograr una amplia ratificación de esa enmienda.

Reiterando la importancia de la Convención y la contribución que aporta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a la labor de las Naciones Unidas para eliminar la Discriminación contra la Mujer,

1. Toma nota con satisfacción de la resolución relativa a la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada el 22 de mayo de 1995 por los Estados Partes en la Convención;

2. Insta a los Estados Partes en la Convención a que adopten las medidas apropiadas para que pueda obtenerse lo antes posible la aceptación por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes a fin de que la enmienda entre en vigor.

99ª sesión plenaria, 22 de diciembre de 1995.

ANEXO

PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

Recordando la Resolución 49/164 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, relativa a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

Tomando nota de la propuesta de revisión del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, consistente en sustituir las palabras "se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para" por las palabras "se reunirá todos los años por un período de la duración necesaria para", presentada por los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, de conformidad con el artículo 26 de la Convención,

Tomando nota también de la decisión 49/448 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, en la cual la Asamblea, de conformidad con el artículo 26, pedía a los Estados Partes que examinaran la solicitud de revisión en la presente reunión y que limitaran el alcance de la revisión al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención,

Reiterando la importancia de la Convención y de la contribución del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a los esfuerzos de las Naciones Unidas por eliminar la Discriminación contra la Mujer.

Tomando nota de que ha aumentado el volumen de trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a causa del número cada vez mayor de Estados Partes en la Convención y de que el período de sesiones anual del Comité es el más corto de todos los períodos de sesiones anuales de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos,

Recordando la recomendación 22 aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 14ª período de sesiones, relativa a la duración de las reuniones del Comité,

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que permitan al Comité, de conformidad con su mandato, examinar en detalle y a tiempo los informes presentados por los Estados Partes y cumplir con las responsabilidades que le incumben en virtud de la Convención,

Convencidos también de que la concesión de suficiente tiempo para las reuniones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un factor indispensable para asegurar la eficacia permanente del Comité en años futuros,

1. Deciden sustituir el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por el siguiente texto:

"El Comité se reunirá normalmente todos los años para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. La duración de las reuniones del Comité será determinada por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, y estará sujeta a la aprobación de la Asamblea General.";

2. Recomiendan que la Asamblea General, en su quincuagésimo período de sesiones, tome nota con aprobación de la revisión;

3. Deciden que la revisión entre en vigor después de haber sido examinada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes que así se lo hayan notificado al Secretario General como depositario de la Convención.

(SIGUE FIRMA)

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 del "Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptada por los Estados Partes en la octava reunión celebrada el 22 de mayo de 1995.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de agosto de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba la enmienda al párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por los Estados Partes en la octava reunión celebrada el 22 de mayo de 1995.

El Artículo 17 de la Convención, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, determina "1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer(...)".

El Artículo 20, en su redacción original, estipulaba "1.El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el Artículo 18 de la presente Convención".

La enmienda propuesta elimina la frase "por un período que no exceda de dos semanas", sin acotar plazo, y en procura de dotar al organismo de mayor eficacia, dado el aumento de su tarea. Tal la razón por la cual se aconseja la aprobación.

Se deja expresa constancia de que el texto del artículo único del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y tal como ha sido aprobado por el Senado, debe ser corregido. El texto se refiere al "Convenio sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", cuando debe citarse a la "Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer". Ese es el instrumento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, ratificado por la República mediante el Decreto-Ley Nº 15.164, de 4 de agosto de 1981.

Por las razones brevemente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba la enmienda al párrafo 1 del Artículo 20 de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer".

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Miembro Informante, FÉLIX LAVIÑA, ANTONIO LÓPEZ, CARLOS PITA, ENRIQUE PINTADO, JAIME MARIO TROBO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la enmienda al párrafo 1 del Artículo 20 de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptada por los Estados Partes en la octava reunión celebrada el 22 de mayo de 1995.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Miembro Informante, FÉLIX LAVIÑA, ANTONIO LÓPEZ, CARLOS PITA, ENRIQUE PINTADO, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señora Presidenta: solamente quiero dejar constancia de que hemos votado en forma afirmativa la enmienda, congratulándonos de que el país adhiera a este tipo de convenios que van en la ruta de eliminar todas las formas de discriminación y no de crear otras nuevas.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: estaba revisando el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales y quiero dejar constancia de que el artículo único aprobado modifica, aunque no en la sustancia, el proyecto de ley aprobado por el Senado. El artículo que acabamos de aprobar refiere a la Convención, mientras que en el del Senado se emplea el término "Convenio". Por lo tanto, habría que definir si corresponde que el proyecto vuelva al Senado para su adecuada aprobación.

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- La Mesa entiende que debe volver al Senado.

Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7º) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, integrado por el preámbulo, veinte artículos y un Anexo, que fue suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

De conformidad con lo establecido en el referido instrumento, la modalidad de admisión al régimen de coproducción de la obra cinematográfica, deberá contar con la aprobación de las autoridades competentes de las Partes Contratantes, debiendo los productores a los que se concedan los beneficios de coproducción, disponer de una organización técnica y financiera adecuadas, como de la experiencia y de la suficiente calificación profesional.

La aportación de cada coproductor implicará necesariamente una efectiva participación artística, técnica y creativa en la obra cinematográfica, proporcional a su inversión, debiendo observarse un justo equilibrio tanto en la participación como en la cuantía global de las inversiones.

En tal sentido, el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica con la República Italiana podría constituirse en un medio idóneo para contribuir al fomento de la industria cinematográfica uruguaya y en un factor dinámico para la referida actividad, que permitirá estimular la capacitación, la calificación y la experiencia profesionales, afianzará vínculos en el ámbito artístico, técnico y cultural e impulsará la tarea de distribución y exhibición, todo lo cual permitiría el aumento del intercambio económico entre las Partes Contratantes, convicciones necesarias y suficientes para justificar el interés del Poder Ejecutivo al formular la presente solicitud de aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ANTONIO MERCADER.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

DIDIER OPERTTI, ANTONIO MERCADER.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana a continuación denominados "las Partes".

Conscientes de la contribución que las coproducciones pueden aportar al desarrollo de las industrias cinematográficas, así como al crecimiento de los intercambios económicos y culturales entre Uruguay e Italia.

Decididos a estimular el desarrollo de la cooperación cinematográfica entre los dos países.

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo, el término film comprende las obras cinematográficas de cualquier duración y de cualquier material, incluyendo aquellos de ficción, animación y documentales, conforme a las disposiciones relativas para la industria cinematográfica existentes en ambos países donde la primera difusión, se realizará en las salas cinematográficas de los dos países.

Artículo 2

Los filmes realizados en coproducción y amparados por el presente Acuerdo, se beneficiarán de todos los derechos y ventajas previstos para los filmes nacionales por las disposiciones relativas para la industria cinematográfica que estén en vigor o que podrían ser promulgadas en cada uno de los dos países.

De todos modos, las autoridades competentes podrán limitar las ayudas establecidas en las disposiciones vigentes o futuras del país que las concede, en el caso de coproducciones financieras o en aquellas en las cuales el importe financiero no sea proporcional a las participaciones técnicas o artísticas.

Dicha limitación deberá ser comunicada al coproductor interesado en el momento en el cual será aprobado el proyecto de coproducción.

Estas ventajas serán concedidas solamente al productor del país que las concede.

Artículo 3

La realización de los filmes, en coproducción entre los dos países debe recibir la aprobación, luego de haberse consultado recíprocamente, de las autoridades competentes:

a) en Uruguay: el Instituto Nacional del Audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura;

b) en Italia: el Departamento del Espectáculo del Ministerio para los Bienes y las Actividades Culturales.

Artículo 4

Para usufructuar los beneficios que la coproducción otorga, los filmes deberán ser realizados por productores que dispongan de una buena organización tanto técnica como financiera y una experiencia y calificación profesional reconocida por las autoridades competentes mencionadas en el Artículo 3.

Artículo 5

Las solicitudes de admisión a los beneficios de la coproducción presentadas por los productores de cada uno de los dos países deberán ser redactadas, para su aprobación, según las normas de procedimiento, previstas en el anexo del presente Acuerdo, el cual es parte integrante del mismo.

Dicha aprobación es irrevocable salvo en caso de sustanciales modificaciones de las previsiones realizadas en materia artística, económica y técnica.

Artículo 6

La proporción de los respectivos aportes de los coproductores de los dos países puede variar del veinte al ochenta por ciento por film (20-80%).

El aporte del coproductor minoritario debe incluir obligatoriamente una participación técnica, artística y creativa efectiva, en línea de máxima proporción a su inversión. Excepcionalmente, pueden ser admitidas derogaciones acordadas por las autoridades competentes de los dos países.

Se considera personal creativo, técnico y artístico a las personas calificadas como tales por las legislaciones de cada uno de los países. El aporte de cada uno de los antedichos, será valorado individualmente.

En línea de máxima, el aporte de cada país incluirá al menos un elemento creativo (guionista, director de escenografía, director, autor de la música, técnico en el montaje de las máquinas, director de fotografía, escenógrafo, fónico), un actor en un rol principal, un actor en un rol secundario y un técnico calificado.

Con este fin el actor del rol principal podrá ser sustituido por al menos dos técnicos calificados.

Artículo 7

Los filmes deben ser realizados por directores uruguayos o italianos (o provenientes de un país de la Unión Europea), con la participación de técnicos o intérpretes de nacionalidad italiana (o pertenecientes a un país de la Unión Europea) o uruguayos.

Podrá ser admitida la participación de intérpretes y técnicos distintos de aquellos mencionados en el parágrafo anterior, consideradas las exigencias del film y luego de un acuerdo entre las autoridades competentes de los dos países.

Las filmaciones deben ser realizadas en el territorio de los países coproductores; podrán ser concedidas excepciones por motivos artísticos por parte de las autoridades competentes.

Artículo 8

En el caso de coproducciones multilaterales, la participación más baja no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento), y la más alta no podrá exceder el 70% (setenta por ciento) del costo total.

Las condiciones de admisión de las obras cinematográficas deberán ser examinadas caso por caso.

Artículo 9

Un justo equilibrio debe ser observado en lo que respecta a la participación del personal creativo, artístico o técnico en lo que concierne a los medios financieros y técnicos de los dos países (teatros de prosa y laboratorios).

Con el fin de lograr el equilibrio financiero y del número de filmes podrán ser tomados en consideración los filmes nacionales uruguayos e italianos distribuidos y/o difundidos en Uruguay y en Italia que hayan obtenido un mínimo de garantía por parte del distribuidor y/o una preadquisición por parte de un canal televisivo.

La Comisión Mixta prevista por el art. 18 del presente Acuerdo velará por el respeto de este equilibrio y, en caso contrario, adoptará las medidas que se crean necesarias para restablecerlo.

Artículo 10

Los trabajos de filmaciones en teatro de prosa, de sonido y de laboratorio deberán ser realizados respetando las siguientes disposiciones:

a) Las filmaciones en teatro de prosa deberán realizarse preferentemente en el territorio de ambos países coproductores;

b) Cada productor es, en cada caso, copropietario del negativo original (imágenes y sonido), sea cual sea el lugar donde sea depositado.

c) Cada coproductor tiene derecho, en cualquier caso, a un internegativo de la propia versión. Si uno de los coproductores renuncia a este derecho, el negativo será depositado en un lugar elegido de común acuerdo entre los coproductores.

d) En línea de máxima, la post producción y el desarrollo del negativo será realizado en los estudios y en los laboratorios del país mayoritario, así como la impresión de las copias destinadas a la proyección en el mismo país; las copias destinadas al uso en el país minoritario serán realizadas en un laboratorio de ese país.

e) El eventual saldo de la cuota minoritaria debe ser pagado en el término de sesenta (60) días de la fecha de entrega de todo el material necesario para la preparación de la versión del film en el país del coproductor minoritario.

Artículo 11

En el respeto de la propia legislación y reglamentación, cada una de las dos Partes contratantes facilitará el ingreso y la estadía en el propio territorio del personal técnico y artístico de la otra Parte.

De la misma forma, autorizará la importación temporal y la exportación del material necesario para la producción de los filmes realizados en el ámbito del presente Acuerdo y facilitará el ingreso y la estadía en el propio país del personal de la producción.

Artículo 12

Las cláusulas contractuales que prevén la distribución entre los coproductores de cualquier tipo de ganancia y de los territorios estarán subordinadas a la aprobación de las autoridades competentes de los dos países. Esta distribución debe, en línea de máxima, ser proporcional a los aportes respectivos de los coproductores.

Artículo 13

En el caso en el cual un film realizado en coproducción sea exportado a un país en el cual las importaciones de obras cinematográficas estén limitadas:

a) El film, por reglamento, es agregado al contingente del país que tiene una participación mayoritaria;

b) En el caso de filmes para los cuales hay una participación igual de ambos países, la obra limitada será asignada al contingente del país con mejores condiciones de exportación;

c) En caso de dificultades, el film será asignado al contingente del país de origen del productor;

d) Si uno de los países coproductores tiene la posibilidad de libre importación de sus filmes en el país importador, los filmes coproducidos, así como los nacionales, se beneficiarán de pleno derecho de dicha posibilidad.

Artículo 14

Los filmes realizados en coproducción deben ser presentados con la leyenda: "Coproducción italo-uruguaya" o "Coproducción uruguayo-italiana".

Tal leyenda deberá figurar en los títulos de inicio o de fin, en toda la publicidad y propaganda comercial, en el material promocional y en todo lugar en donde sea presentada dicha coproducción.

Artículo 15

Las obras cinematográficas realizadas en coproducción y que sean presentadas en Festivales Internacionales deberán mencionar todos los países coproductores.

Artículo 16

Como excepción a las disposiciones precedentes del presente Acuerdo pueden ser admitidos anualmente al beneficio de la coproducción de ambas partes, filmes realizados en cada uno de los dos países bajo las siguientes condiciones:

1. Poseer una calidad técnica y un valor artístico espectacular, de forma tal de demostrar un indiscutible interés para el cine europeo; estas características deberán ser reconocidas por las autoridades competentes de los dos países.

2. Tener un costo igual o superior a 1.200 millones de liras o su equivalente en pesos uruguayos.

3. Conformar una participación minoritaria del 20% (veinte por ciento), que podrá ser limitada al ámbito financiero, en conformidad con el contrato de coproducción; en caso que el presupuesto de costo del film sea superior a los 2.400 millones de liras o su equivalente en pesos uruguayos; el aporte minoritario podrá ser reducido hasta y no menos del 10% (diez por ciento). Excepcionalmente las autoridades competentes podrán aprobar porcentajes de participación financiera superior al 20% (veinte por ciento).

4. Tener las condiciones fijadas para la concesión de la nacionalidad por la legislación vigente del país mayoritario. De todos modos, la participación de los intérpretes del país mayoritario puede ser limitada a la sola mayoría de los intérpretes secundarios.

5. Incluir en el contrato de coproducción disposiciones relativas a la distribución de los ingresos.

El beneficio de la coproducción bilateral será concedido solamente a cada obra, previa autorización específica caso por caso, de las competentes autoridades uruguayas e italianas.

De todas formas, en el cómputo general de las coproducciones financieras deberá haber un igual número de filmes con participación mayoritaria sea italiana como uruguaya, los aportes financieros efectuados por una y otra parte debiendo ser equilibrados, a los fines de dicho equilibrio podrá tenerse en cuenta cuanto dispuesto en el segundo parágrafo del art. 9 del presente Acuerdo.

Si en el curso de dos años, se obtiene el número de filmes correspondientes a las condiciones antes enunciadas, la Comisión Mixta, según el art. 18, se reunirá con el fin de examinar si el equilibrio financiero es respetado y determinar si otras obras cinematográficas pudieran ser admitidas en el beneficio de la coproducción.

En caso de que la reunión de la Comisión Mixta no pudiera realizarse, las autoridades competentes podrán admitir en el beneficio de la coproducción financiera, en condiciones de reciprocidad, caso por caso, filmes que reúnan todas las condiciones indicadas.

Artículo 17

La importación, distribución y proyección de los filmes italianos en Uruguay y de los uruguayos en Italia no estará subordinada a ninguna restricción, salvo aquellas establecidas por la legislación y reglamentación vigente en ambos países.

Igualmente, las Partes reafirman su voluntad de favorecer y desarrollar por todos los medios, la difusión de los filmes de un país en el otro.

Artículo 18

Las autoridades competentes de los dos países examinarán, de ser necesario, las condiciones de aplicación del presente Acuerdo a fin de resolver las dificultades que surjan de la aplicación de las propias disposiciones. Análogamente estudiarán las modificaciones necesarias con el fin de desarrollar la cooperación cinematográfica en el interés común de los países.

Las mismas se reunirán, en el ámbito de una Comisión Mixta, al máximo una vez cada dos años, alternadamente en cada país. No obstante esto, podrá ser convocada una reunión extraordinaria a solicitud de una de las autoridades competentes, especialmente en lo referente a modificaciones legislativas importantes o de las reglamentaciones aplicables a la industria cinematográfica o en el caso en que el Acuerdo encuentre dificultades especialmente graves en su aplicación.

En concreto, examinarán si la estabilidad numérica y porcentual de las coproducciones ha sido respetada.

Artículo 19

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no perjudicarán las obligaciones internacionales de las Partes, incluidas, en lo que respecta a la República Italiana, las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión Europea.

Artículo 20

El presente Acuerdo entrará en vigencia luego de treinta (30) días de la recepción de la segunda de las dos notificaciones con las cuales las Partes se habrán comunicado oficialmente el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos previstos para su aprobación.

El presente Acuerdo tendrá una duración bi-anual y será renovable tácitamente por períodos sucesivos y de igual duración, salvo opinión contraria de cualquiera de las Partes, notificando por la vía diplomática a la otra Parte, al menos tres meses antes de la fecha de la renovación.

Cada una de las partes podrá denunciar el presente. Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte, por vía diplomática, de su intención de denunciarlo. La denuncia tendrá efecto transcurridos tres meses a partir de la fecha de la notificación.

La disolución anticipada del presente Acuerdo no tendrá efecto sobre la conclusión de las coproducciones que hayan sido aprobadas durante su validez.

En fe de ello, los abajo firmantes, representantes debidamente autorizados por los respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Montevideo, el 13 de marzo de 2001, en dos originales, cada uno en idioma italiano y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)

ANEXO

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

La solicitud para la aprobación de los proyectos de coproducción en los términos del presente Acuerdo deberá ser presentada simultáneamente a las Partes, con al menos 40 días antes del comienzo de las filmaciones. El país coproductor mayoritario comunicará su propuesta al otro dentro de los 20 días a partir del recibimiento de la solicitud.

Para completar la solicitud y beneficiarse de las disposiciones del presente Acuerdo, deberán adjuntar:

1. Escenografía y guión.

2. Documento comprobante de la adquisición legal de los derechos de autor para la coproducción a realizar.

3. Copia del contrato de coproducción (*) estipulado con reserva de aprobación por parte de las autoridades competentes de los dos países.

(*) el contrato deberá contener los siguientes elementos:

a) Título del film.

b) Identificación de los productores acordantes.

c) Nombre y apellido del guionista y del adaptador, si ha sido tomado de una fuente literaria.

d) Nombre y apellido del director (ha sido concedida una cláusula de sustitución en caso de necesidad).

e) Presupuesto que refleje el porcentaje de participación de cada productor, que deberá corresponder al valor financiero de los aportes técnico artísticos.

f) Plan de financiación.

g) Cláusula que establezca la división de cualquier tipo de prebendas y de los territorios.

h) Cláusula que especifique las participaciones respectivas de los coproductores en los gastos superiores e inferiores. Dichas participaciones, en línea de máxima, serán proporcionales a las respectivas contribuciones. La participación del coproductor minoritario, en un exceso de gastos, podrá ser limitada a un porcentaje menor o a una cantidad fija, siempre que sea respetado el aporte mínimo del 20% o del 10%, en el caso de coproducciones financieras para filmes de importes no superiores a los 2.400 millones de liras o su equivalente en pesos uruguayos.

i) Cláusula que describa las medidas a utilizar si luego de una consideración completa del caso, las autoridades competentes de uno de los países rechazan la concesión de los beneficios solicitados o si cada una de las Partes no cumple con los acuerdos establecidos.

j) Fecha de comienzo de las filmaciones.

k) Cláusula que prevea la repartición de la propiedad de los derechos de autor, sobre una base proporcional a los respectivos aportes de los coproductores;

l) Cláusula que prevea que la admisión al beneficio del Acuerdo no compromete a las autoridades competentes italianas a la extensión del permiso de proyección en público.

4. Contrato de distribución, una vez firmado.

5. Elenco del personal creativo, artístico y técnico indicando la nacionalidad y categoría de las especialidades, en el caso de los actores, la nacionalidad y los roles que interpretarán, con indicación de la categoría y la duración de los mismos.

6. Programa de la producción, con indicación expresa de la duración aproximada de la filmación, los lugares donde se realizarán las tomas y el plan de trabajo.

7. Presupuesto detallado que identifique los gastos previstos para cada uno de los coproductores.

Las autoridades competentes de los dos países podrán solicitar otros documentos e informaciones que consideren necesarios.

Por norma, antes del inicio de las tomas del film, se deberá presentar a las autoridades competentes el guión definitivo, incluyendo los diálogos.

Se podrán realizar modificaciones al contrato original cuando las mismas sean necesarias, pero estas modificaciones deberán estar sujetas a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países, antes del fin de la realización de la copia de muestra del film. La sustitución de un coproductor estará permitida solo en casos excepcionales y con el beneplácito de las autoridades competentes de ambos países.

Las autoridades competentes se mantendrán informadas de las propias decisiones.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 19 de noviembre de 2002.

WALTER RIESGO
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

A través del Acuerdo se pretende estimular la cooperación cinematográfica entre los dos países contratantes, lo que contribuirá, por un lado, al desarrollo de las industrias cinematográficas de ambos, y al mismo tiempo favorecerá el crecimiento de los intercambios económicos y culturales entre nuestro país e Italia.

Los filmes realizados en coproducción uruguayo-italiana, "se beneficiarán de todos los derechos y ventajas previstos para los filmes nacionales por las disposiciones relativas para la industria cinematográfica que estén en vigor o que podrían ser promulgadas en cada uno de los dos países". Sin embargo, se establece también la posibilidad de limitar las ayudas establecidas o a establecerse en el país que las concede, "en el caso de coproducciones financieras o en aquellas en las cuales el importe financiero no sea proporcional a las participaciones técnicas o artísticas" (Artículo 2).

El Artículo 3 del Acuerdo establece que, para poder realizar una coproducción al amparo del mismo, es necesario contar con la aprobación de las autoridades competentes de ambos países, que en el nuestro corresponde al Instituto Nacional del Audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura. Por otra parte, es necesario, además, que los productores dispongan de una organización técnica y financiera adecuadas, así como de experiencia y de la suficiente calificación profesional (Artículo 4).

Asimismo, para que los proyectos de coproducción se beneficien de las disposiciones del Acuerdo, se deberá presentar una solicitud simultáneamente ante ambas Partes Contratantes, las que se mantendrán informadas de sus decisiones, hasta tomar la decisión final. La solicitud incluirá toda la información respecto al film proyectado: guión, datos del director, personal, presupuesto, etcétera (Artículo 5 y Anexo al Acuerdo).

Conforme el Acuerdo, deberá observarse un justo equilibrio, tanto en la participación del personal, como en la cuantía global de las inversiones. En efecto, el aporte de cada coproductor implicará necesariamente una efectiva participación artística, técnica y creativa en la obra cinematográfica, proporcional a su inversión. A su vez, está dispuesto que el aporte de cada país incluya al menos un elemento creativo, un actor en un rol principal, un actor en un rol secundario y un técnico calificado (Artículos 6 y 9).

Se establece que los directores deberán ser nacionales de los Estados Partes, y que las obras se realizarán en sus territorios, a pesar de que se fijan algunas excepciones a dicha disposición (Artículo 7).

El Artículo 11 establece que cada una de las dos Partes Contratantes facilitará el ingreso y la estadía en el propio territorio del personal técnico y artístico de la otra Parte, y autorizará la importación temporal y la exportación del material necesario para la producción de los filmes realizados en el ámbito del Acuerdo y facilitará el ingreso y la estadía en el propio país del personal de la producción.

Por el Artículo 18 se establece que "las autoridades competentes de los dos países examinarán, de ser necesario, las condiciones de aplicación del presente Acuerdo, a fin de resolver las dificultades que surjan de la aplicación de las propias disposiciones". A tal efecto, se dispone la celebración de una Comisión Mixta, que se realizará una vez cada dos años, alternadamente en cada país, con la posibilidad de convocar reuniones extraordinarias.

El Acuerdo entrará en vigencia luego de treinta días de la recepción de la segunda de las dos notificaciones que indiquen el cumplimiento de los procedimientos internos previstos para su aprobación. La duración del Acuerdo será bianual y se renovará tácitamente por períodos sucesivos y de igual duración, salvo opinión contraria de cualquiera de las Partes, notificada al menos tres meses antes de la fecha de la renovación (Artículo 20).

En el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se expresa la importancia que tiene el presente Acuerdo, a los efectos de otorgar un impulso al desarrollo de la coproducción cinematográfica, en cuanto instrumento de creación y de expresión de la diversidad cultural. Asimismo, se establece que este instrumento podría constituirse en un medio idóneo para contribuir al fomento de la industria cinematográfica uruguaya y en un factor dinámico para la referida actividad, que permitirá estimular la capacitación, la calificación y la experiencia profesionales, afianzará vínculos en el ámbito artístico, técnico y cultural e impulsará la tarea de distribución y exhibición, todo lo cual permitiría el aumento del intercambio económico entre las Partes Contratantes.

Por lo expresado, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley por medio del cual se ratifica el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica con la República Italiana, el que ya fue sancionado por la Cámara de Senadores.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2002.

FÉLIX LAVIÑA, Miembro informante, RAMÓN FONTICIELLA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

Montevideo, 16 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 23 de julio de 1996 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria de las Enmiendas a los Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII, del Acuerdo Constitutivo de Intelsat, adoptadas en la Decimonovena y Vigésima Asambleas de las Partes (Venezuela 1994 y Dinamarca 1995), así como las Enmiendas al Acuerdo Operativo, Artículos 6 y 22; adoptadas en la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios, Singapur 1995.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO VALLES, LUIS BREZZO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébanse las Enmiendas a los Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII, del Acuerdo Constitutivo de Intelsat, adoptadas por la Decimonovena y Vigésima Asambleas de las Partes, (Venezuela 1994 y Dinamarca 1995), y las enmiendas a los Artículos 6 y 22 del Acuerdo Operativo, adoptadas por la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios, Singapur, 1995.

Montevideo, 16 de mayo de 2000.

GUILLERMO VALLES, LUIS BREZZO.

Montevideo, 23 de julio de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueban las Enmiendas al Acuerdo Constitutivo de Intelsat (Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII), adoptadas por la Decimonovena y Vigésima Asambleas de las Partes (Venezuela 1994 y Dinamarca 1995), así como las Enmiendas al Acuerdo Operativo (Artículos 6 y 22), adoptadas en la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios, Singapur 1995.

Antecedentes:

Por Decreto-Ley Nº 15.262, de 23 de abril de 1982, se aprobaron el Acuerdo relativo a Intelsat, de carácter constitutivo, su Acuerdo Operativo y sus Anexos.

Por resolución del Poder Ejecutivo, de fecha 8 de noviembre de 1982, se resolvió:

1.- La adhesión de nuestro país a los mencionados Acuerdos, integrando Uruguay, como Parte, la Asamblea de las Partes.

2.- Autorizar a ANTEL a constituirse en Signatario de Intelsat.

En relación al Acuerdo y al Acuerdo Operativo, la Asamblea de las Partes y la Reunión de Signatarios han adoptado las siguientes enmiendas:

I. ENMIENDAS AL ACUERDO

Las modificaciones introducidas, durante la Vigésima Asamblea de Partes, a los Artículos I, II, VIII, IX y XVI permiten que los países miembros de la Organización designen múltiples Signatarios.

De estas modificaciones, resulta importante señalar las efectuadas al párrafo e) del Artículo VIII, por el que todos los Signatarios de una Parte se considerarán como uno solo a los efectos de determinar mayorías y para la votación, y al Artículo IX relativo a la composición y voto de la Junta de Gobernadores, al que se le agrega el párrafo (iv) por el que se establece que un Gobernador representará a todos los Signatarios designados por una sola Parte.

Artículo XVII párrafo (f), modifica la entrada en vigor de las enmiendas, eliminado la referencia a que las Partes deben aceptarlas dentro de un plazo de dieciocho meses. El propósito de esta medida es dar más tiempo a los miembros, para que concluyan los trámites gubernamentales correspondientes para la aprobación, o ratificación de aquéllas.

II. ENMIENDAS AL ACUERDO OPERATIVO

Con la finalidad de armonizar disposiciones del Acuerdo con el Acuerdo Operativo, en relación a las modificaciones adoptadas por la Asamblea de las Partes al párrafo (f) del Artículo XVII del Acuerdo, ésta recomendó a la Reunión de Signatarios la eliminación de la condición equivalente establecida en el párrafo (f) del Artículo 22 del Acuerdo Operativo.

La Decimonovena Asamblea de las Partes presentó a la Reunión de Signatarios una propuesta, con la finalidad de dar mayor flexibilidad a las inversiones, habiéndose aprobado por la Reunión de Signatarios la modificación al párrafo (d) del Artículo 6 del Acuerdo Operativo, eliminando las condiciones por las cuales un Signatario podía solicitar una reducción en la participación de inversión a la asignada oportuna-mente. Sin embargo en el párrafo (h) del mismo artículo se ha establecido un tope máximo en relación al porcentaje de la participación de inversión de cualquier Signatario, el que no puede superar el 150% del total de la participación de inversión de todos los Signatarios.

En el entendido de que las enmiendas aprobadas tienden a otorgar mayor flexibilidad en las votaciones y en la participación de las inversiones de los Miembros del Acuerdo, el Poder Ejecutivo considera conveniente la aceptación de las mismas, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI, ÁLVARO RAMOS, RAÚL ITURRIA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébanse las enmiendas a los Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII, del Acuerdo de Intelsat adoptadas por la Decimonovena y Vigésima Asambleas de las Partes (Venezuela 1994 y Dinamarca 1995), y las enmiendas a los Artículos 6 y 22 del Acuerdo Operativo, adoptadas por la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios, Singapur 1995.

Montevideo, 23 de julio de 1996.

ÁLVARO RAMOS, RAÚL ITURRIA.

TEXTO DEL ACUERDO

1. Artículo I. (Definiciones).-

Modificación del Párrafo (g)

(g) el término "Signatario" designa la Parte o una entidad de telecomunicaciones designada por la Parte, que ha firmado el Acuerdo Operativo y para la cual este último ha entrado en vigor o a la cual se le aplica provisionalmente;

2. Artículo II. (Establecimiento de INTELSAT).-

Modificación del Párrafo (b)

(b) Cada Estado Parte firmará o designará por lo menos una entidad de telecomunicaciones, pública o privada, para que firme el Acuerdo Operativo, el cual será concluido de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, y que se abrirá a la firma al mismo tiempo que el presente Acuerdo. Las relaciones entre cualquier entidad de telecomunicaciones, en su calidad de Signatario, y la Parte que la designó se regirán por la legislación nacional aplicable.

3. Artículo VIII. (Reunión de Signatarios).-

Modificación del Párrafo (e)

(e) El quórum para toda sesión de la Reunión de Signatarios se constituirá por los representantes de la mayoría de los Signatarios. Cada Signatario tendrá un voto. Las decisiones sobre cuestiones sustantivas se tomarán por un voto afirmativo emitido por lo menos por dos tercios de los Signatarios cuyos representantes estén presentes y votantes. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por un voto afirmativo emitido por una mayoría simple de los Signatarios cuyos representantes estén presentes y votantes. Las controversias sobre si una cuestión específica es de procedimiento o sustantiva serán decididas por un voto emitido por una mayoría simple de los Signatarios cuyos representantes estén presentes y votantes. Para los efectos de la determinación de las mayorías y de toda votación, todos los Signatarios designados por una sola Parte serán considerados conjuntamente como un solo Signatario.

4. Artículo IX. (Junta de Gobernadores: composición y voto).-

(a) La Junta de Gobernadores se compondrá de:

(i) un Gobernador que represente a cada Signatario cuya participación de inversión no fuere menor que la participación mínima determinada de conformidad con el párrafo (b) del presente artículo;

(ii) un Gobernador que represente a cada grupo de dos o más Signatarios no representados conforme al inciso (i) del presente párrafo, cuya suma de participaciones de inversión no fuere menor que la participación mínima determinada de conformidad con el párrafo (b) del presente artículo y que han acordado ser así representados;

(iii) un Gobernador que represente a cada grupo de no menos de cinco Signatarios no representados conforme a los incisos (i) o (ii) de este párrafo y que pertenezcan a una de las regiones definidas en la Conferencia Plenipotenciaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, celebrada en Montreux en 1965, cualquiera que fuere el total de participaciones de inversión de los Signatarios que integran el grupo. Sin embargo, el número de Gobernadores dentro de esta categoría no excederá de dos de cualquier región definida por la Unión, o cinco de todas dichas regiones.

(iv) no obstante las disposiciones anteriores, no habrá más de un Gobernador que represente a uno o más de los Signatarios designados por una sola Parte.

El resto del artículo queda sin modificar.

5. Artículo XVI. (Retiro).

Modificación de la referencia a un solo signatario por Parte en los párrafos (d), (e), (f), (g) y (k).

(a) Sin modificar.

(b) Sin modificar.

(c) Sin modificar.

(d) El retiro de una Parte como tal implicará el retiro simultáneo [del Signatario] de todos los Signatarios designados por dicha Parte, o de la Parte en su capacidad de Signatario, según el caso, y el presente Acuerdo y el Acuerdo Operativo dejarán de estar en vigor para [el] cada Signatario en la misma fecha en que el presente Acuerdo deje de estar en vigor para la Parte que lo designó.

(e) En todos los casos de retiro de un Signatario de INTELSAT, la Parte que lo designó asumirá la calidad de Signatario, o designará a [un nuevo] otro Signatario cuya designación surtirá efecto en la fecha de dicho retiro, o, de no quedar ningún Signatario designado por dicha Parte, se retirará de INTELSAT.

(f) Si por algún motivo una Parte desea sustituir a(*) [el] uno o más de los Signatarios que había designado, o (designar) sustituir por (un nuevo) otro Signatario a un Signatario previamente designado, dará aviso por escrito al efecto al Depositario; y luego de asumir el [nuevo] Signatario substituto todas las obligaciones pendientes del anterior Signatario y después de firmar el Acuerdo Operativo, el presente Acuerdo y el Acuerdo Operativo entrarán en vigor para el [nuevo] Signatario substituto y dejarán de estar en vigor para el Signatario que había sido designado en primer lugar y para quien estaban en vigor.

(g) Al recibir el Depositario o el órgano ejecutivo, según el caso, la notificación de la decisión de retiro de conformidad con el inciso (i) del párrafo (a) del presente artículo, la Parte que presentó dicha notificación y [el] los Signatarios designados por la misma, o el Signatario respecto del cual se efectuó la notificación, según el caso, perderán todos los derechos de representación y de voto en todos los órganos de INTELSAT y no contraerán responsabilidad ni obligación alguna después del recibo de la notificación, salvo que [el] dichos Signatarios tendrán la obligación, a menos que la Junta de Gobernadores decida de otra forma de conformidad con el párrafo (d) del artículo 21 del Acuerdo Operativo, de pagar la parte que les corresponde de las contribuciones de capital necesarias para atender tanto los compromisos contractuales específicamente autorizados antes de tal recibo, como las responsabilidades que emanen de actos u omisiones anteriores a tal recibo.

(h) Sin modificar.

(i) Sin modificar.

(j) Sin modificar.

(k) Si de conformidad con el inciso (i) del párrafo (b) del presente artículo, la Asamblea de Partes decide que una Parte sea considerada como retirada de INTELSAT, esa Parte en su calidad de Signatario, o sus Signatarios designados, según el caso, no incurrirán en obligación ni responsabilidad alguna después de tal decisión, excepto que la Parte en su calidad de Signatario, o cada uno de sus Signatarios designados, según el caso, tendrán la obligación, a menos que la Junta de Gobernadores decida de otra forma de conformidad con el párrafo (d) del artículo 21 del Acuerdo Operativo, de pagar la parte que les corresponde de las contribuciones de capital necesarias para hacer frente tanto a los compromisos contractuales específicamente autorizados antes de tal decisión, como a las responsabilidades que emanen de actos u omisiones anteriores a tal decisión.

(l) Sin modificar.

(m) Sin modificar.

(n) No se exigirá el retiro de INTELSAT de Parte alguna, ni de [l] Signatario [que ésta haya] alguno designado, como consecuencia directa de cualquier cambio en la condición de dicha Parte respecto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Propuesta de texto revisado del acuerdo y el acuerdo operativo de INTELSAT, a fin de enmendar los procedimientos de enmienda.

Modificación del párrafo (f).

Artículo XVII. (Enmiendas).

(a) Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo. Las propuestas de enmienda serán presentadas al órgano ejecutivo, el cual las distribuirá a todas las Partes y Signatarios a la brevedad posible.

(b) Las propuestas de enmienda serán consideradas por la Asamblea de Partes en su primera reunión ordinaria siguiente a la distribución por el órgano ejecutivo, o bien en una reunión extraordinaria anterior convocada conforme al Artículo VII del presente Acuerdo, siempre que en ambos casos las propuestas hayan sido distribuidas no menos de noventa días antes de la apertura de la reunión correspondiente. La Asamblea de Parte, a este efecto, examinará las observaciones y las recomendaciones que haya recibido respecto de las propuestas de enmienda de la Reunión de Signatarios o de la Junta de Gobernadores.

(c) La Asamblea de Partes tomará decisiones respecto de las propuestas de enmienda de conformidad con las reglas de quórum y votación establecidas en el Artículo VII del presente Acuerdo. Asimismo, podrá modificar propuestas de enmienda distribuidas conforme al párrafo (b) del presente artículo y tomar decisiones sobre propuestas de enmienda que no hubieran sido así distribuidas pero que resulten directamente de una propuesta de enmienda o de una enmienda modificada.

(d) Las enmiendas aprobadas por la Asamblea de Partes entrarán en vigor, de conformidad con el párrafo (e) del presente artículo, después de que el Depositario haya recibido notificación de la aprobación, aceptación o ratificación de la enmienda, sea por:

(i) dos tercios de los Estados que eran Partes en la fecha en que la enmienda fue aprobada por la Asamblea de Partes, siempre que dichos dos tercios incluyan Partes que tenían entonces, o cuyos Signatarios designados tenían entonces, por lo menos dos tercios del total de las participaciones de inversión; o por

(ii) un número de Estados igual o superior al ochenta y cinco por ciento del número total de Estados que eran Partes en la fecha en que la enmienda fue aprobada por la Asamblea de Partes, cualquiera que fuere el monto de las participaciones de inversión que dichas Partes o sus Signatarios designados hubieren tenido en esa ocasión.

(e) El Depositario notificará a todas las Partes, tan pronto como las haya recibido, las aceptaciones, aprobaciones o ratificaciones requeridas por el párrafo (d) del presente artículo para la entrada en vigor de una enmienda. Noventa días a partir de la fecha de esta notificación, la enmienda entrará en vigor para todas las Partes, incluso para aquellas que aún no la hubieren aceptado, aprobado o ratificado y que no se hubieren retirado de INTELSAT.

(f) No obstante las disposiciones de los párrafos (d) y (e) del presente artículo, ninguna enmienda entrará en vigor antes de ocho meses [ni después de dieciocho meses] a partir de la fecha en que haya sido aprobada por la Asamblea de Partes.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébanse las Enmiendas a los Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII, del Acuerdo Constitutivo de Intelsat, adoptadas por la Decimonovena y Vigésima Asambleas de las Partes, (Venezuela 1994 y Dinamarca 1995), y las Enmiendas a los artículos 6 y 22 del Acuerdo Operativo, adoptadas por la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios, Singapur 1995.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de mayo de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado las Enmiendas a los Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII del Acuerdo Constitutivo de Intelsat, adoptadas por la Decimonovena y Vigésima Asambleas de las Partes (Venezuela 1994 y Dinamarca 1995), y las Enmiendas a los Artículos 6 y 22 del Acuerdo Operativo, adoptadas por la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios, Singapur 1995.

Es claro que el objeto principal de ambas piezas contractuales internacionales sigue siendo el mismo, sin modificaciones, que en su momento fueron aprobadas por nuestro Parlamento. Además, siguen vigentes los intereses que en su momento tuvo nuestro Estado para firmar las mencionadas piezas principales.

Los cambios previstos en estas enmiendas lo que proponen es flexibilizar y agilizar la toma de decisiones a nivel del Acuerdo Intelsat. Las modificaciones al Acuerdo Operativo están dadas como consecuencia de los cambios operados en la pieza constitutiva de Intelsat. Cabe señalar que ninguna de las modificaciones previstas afecta la integridad de nuestro país en ningún sentido. Las flexibilizaciones no suponen una disminución de las garantías que cualquier Estado busca en los acuerdos internacionales. Es decir, que los cambios son importantes para el funcionamiento interno del acuerdo, pero no tiene ninguna consecuencia hacia los Estados signatarios del mismo. Además, agrega potestades a los signatarios por lo que las responsabilidades y tareas de los Estados crecen en el buen sentido, ya que mejoran su posición en lo que respecta al contralor.

Por las razones brevemente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley por medio del cual se sancionan las Enmiendas a los Artículos I, II, VIII, IX, XVI y XVII del Acuerdo Constitutivo de Intelsat, el que ya mereciera la aprobación de la Cámara de Senadores.

Sala de la Comisión, 27 de marzo de 2003.

JULIO LUIS SANGUINETTI, Miembro Informante, NELSON BOSCH, RAMÓN FONTICIELLA, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

Montevideo, 2 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional" aprobado el 29 de mayo de 1993 en la ciudad de La Haya, en oportunidad de celebrarse la Decimoséptima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la siguiente exposición:

I. CONSIDERACIONES GENERALES

I.1. Antecedentes regionales en el continente americano.

I.1.a. El Código Bustamante (1928).

El primer antecedente regional en materia de adopción internacional se encuentra en el Código de Derecho Internacional Privado, redactado por el jurista Antonio Sánchez de Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en La Habana en 1928. Este instrumento, también conocido como "Código Bustamante" en homenaje a su autor, rige actualmente entre Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En sus artículos 73 a 77, el Código Bustamante reguló el instituto, consagrando la aplicación de la ley personal de adoptante y adoptado a sus distintos aspectos.

I.1.b. Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940.

A diferencia de su antecesor de 1889 -que no incluyó disposiciones relativas a la adopción internacional-, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 incorporó en su Título VII dos artículos en los que se regula dicho instituto. Estas disposiciones -que vinculan a Uruguay con Argentina y Paraguay- constituyen la única solución de derecho positivo vigente en la República en la materia.

Según el artículo 23 de este Tratado una adopción es internacional cuando el adoptante y el adoptado tienen su domicilio en distintos Estados Parte. La capacidad de ambos, así como las condiciones, limitaciones y efectos de la adopción, se rigen por las leyes de sus domicilios en cuanto sean concordantes. La consecuencia positiva de esta disposición -que tiene como dificultad la necesidad de conciliar legislaciones diferentes- radica en que la adopción que se ajusta a los requisitos sustanciales previstos por ambos ordenamientos jurídicos y que consta en instrumento público, debe ser reconocida por el resto de los Estados Parte. En cuanto al resto de las relaciones jurídicas relativas a las partes, el artículo 24 prevé que se rigen por las leyes a que cada una de dichas relaciones se halle sometida.

Cabe destacar que la regulación del Tratado de Montevideo de 1940 no establece limitaciones con respecto a los efectos o a los sujetos de la adopción, comprendiendo tanto la adopción simple como la plena y la adopción de menores como de mayores de edad.

I.1.c. La CIDIP III.

En ocasión de celebrarse la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado en La Paz (Bolivia) en 1984, se aprobó la "Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores". Actualmente, este instrumento rige entre Belice, Brasil, Colombia, México y Panamá. Como su propio nombre lo indica, tiene por finalidad la determinación de la ley aplicable a la adopción internacional. Sin perjuicio de ello, también contiene algunas disposiciones relativas a la jurisdicción competente.

Desde el punto de vista subjetivo, el ámbito de aplicación de este instrumento se limita a la adopción de menores. La calidad de menor debe determinarse de conformidad con la ley de la residencia habitual del adoptado. Además, la Convención se aplica a las formas de adopción plena, legitimación adoptiva e instituciones afines que equiparan al adoptado a la condición de hijo cuya filiación se encuentra legalmente establecida (artículo 1). Ello no impide que cualquier Estado, al momento de la firma, ratificación o adhesión, declare que su aplicación se extiende a cualquier otra forma de adopción internacional de menores (artículo 2).

Finalmente, corresponde destacar el rol fundamental de la ley de la residencia habitual como ley aplicable y como jurisdicción competente para entender en los distintos aspectos de la adopción. De esta forma, se recoge la tendencia del Derecho Internacional Privado contemporáneo -ya adoptada en los Convenios bilaterales sobre restitución internacional de menores suscritos por Uruguay con Argentina, Chile y Perú- que se inclina por una conexión real, identificada con el verdadero centro de vida del menor, en lugar de establecer un domicilio legal identificado con el domicilio de sus representantes legales.

I.2. Antecedentes de carácter universal: la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

El 20 de noviembre de 1989, coincidiendo con la conmemoración del trigésimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Asamblea General de dicho organismo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta entró en vigor el 2 de setiembre de 1990, al haberse alcanzado las veinte ratificaciones exigidas por su artículo 49.1. Dicha Convención constituye una adecuación de las soluciones ya reconocidas en materia de derechos humanos a la problemática específica de la minoridad.

El concepto de niño recogido por la Convención de 1989 incluye a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Convención regula el instituto de la adopción en sus artículos 20 y 21. El primero parte de los postulados consagrados en los artículos 4 y 23 de la "Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección de la infancia y al bienestar de los niños con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional" aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 41/85 de 3 de diciembre de 1986. Es así que se considera a la adopción entre los cuidados que los Estados Partes deben garantizar a los niños que se encuentren temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés superior exija que no permanezcan en el mismo.

Según el artículo 21 de la Convención, la consideración primordial que debe tener en cuenta el Estado que reconoce o permite el sistema de adopción, es el interés superior del menor, concepto ya previsto en el artículo 5 de la Declaración de 1986. El mismo artículo 21 consagra la obligación de los Estados de velar por que la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes en base a las leyes y procedimientos aplicables, sobre la base de información pertinente y fidedigna y teniendo en cuenta la situación jurídica del niño en relación a sus padres, parientes y representantes legales. Asimismo, se prevé la obligación de recabar el consentimiento de las personas interesadas, quienes deberán prestarlo con conocimiento de causa y contando con el asesoramiento necesario.

Recogiendo un principio sustentado en el artículo 17 de la Declaración de 1986, el artículo 21.b reconoce a la adopción internacional como un medio alternativo de cuidar al niño, cuando en su país de origen no puede ser atendido en forma adecuada ni puede ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva. En este caso, los Estados se comprometen a velar por que el niño goce de salvaguardas y normas equivalente a las existentes respecto de la adopción en su país de origen. Esta disposición debe analizarse junto al artículo 20.3, por el cual los Estados asumen el compromiso de prestar "particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico" al considerar las posibles soluciones a la situación del menor abandonado. A través de estas normas se pretende preservar la identidad del niño, facilitar su inserción en el Estado de destino y evitarle mayores inconvenientes.

La Convención de 1989 también intenta evitar situaciones de tráfico de menores en las que pueden existir beneficios económicos indebidos, distintos de los necesarios para cubrir los gastos que pueden derivar del procedimiento de adopción (artículo 21.d).

Finalmente, el artículo 21.e de la Convención prevé como norma programática el compromiso de los Estados en el sentido de concertar convenios bilaterales o multilaterales y hacer esfuerzos para garantizar que la colocación del niño en otro Estado se lleve a cabo por medio de las autoridades y organismos competentes.

I.3. Antecedentes en el ámbito de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ha abordado la problemática de la minoridad en varias oportunidades. A vía de ejemplo, pueden mencionarse los Convenios sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores (1956), sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores (1961), sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (1980) y sobre competencia de autoridades, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de menores (1996).

I.3.a. Convenio sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción (1965).

En materia de adopción, el antecedente inmediato en el ámbito de la Conferencia de La Haya está constituido por el "Convenio sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción" aprobado el 15 de noviembre de 1965. En la actualidad, este Convenio sólo rige entre Austria, Reino Unido y Suiza.

Este instrumento se aplica a las adopciones de menores de dieciocho años por personas físicas o cónyuges, todos ellos nacionales de Estados Partes con residencia habitual en Estados Partes (artículo 1). En este Convenio el punto de conexión nacionalidad tiene carácter relevante y se aplica conjuntamente con la conexión residencia habitual, en una compleja combinación que ha sido precisamente una de las causas de la escasa adhesión que el instrumento ha suscitado.

Como su nombre lo indica, uno de los aspectos regulados por el Convenio es el de las autoridades competentes. Tanto para constituir como para revocar o anular la adopción, se privilegia la conexión personal (residencia habitual o nacionalidad) del adoptante (artículo 3) y del adoptado (sobre todo para el caso de la revocación o anulación).

En lo que se refiere a la ley aplicable a la constitución y la revocación del vínculo adoptivo, el Convenio se inclina -en general- por el criterio de la ley del foro (artículos 4, 5 y 7 inciso tercero). En cuanto a la anulación, se prevén las siguientes soluciones: la ley del Estado que ha concedido la adopción; la ley de la nacionalidad del adoptante (o de los cónyuges adoptantes) al tiempo de constituirse la adopción, y finalmente, la ley de la nacionalidad del adoptado al tiempo de la constitución de la adopción (artículo 7).

Otro aspecto contemplado por el Convenio es el del reconocimiento de las decisiones en materia de adopción. Al respecto, el artículo 8 prevé el reconocimiento de pleno derecho en los demás Estados Partes de las adopciones constituidas de conformidad con el artículo 3 así como las decisiones de anulación o revocación pronunciadas por las autoridades establecidas en el artículo 7.

I.3.b. Origen del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional (1993).

El Convenio que hoy se remite a la Asamblea General para su aprobación tiene su origen en la preocupación suscitada por los problemas que plantea actualmente la adopción internacional, que son distintos a los que se presentaban al momento de aprobarse el Convenio de 1965: por un lado, el gran aumento en el número de las adopciones internacionales, lo que se traduce -entre otras cosas- en un creciente número de niños que son trasladados a Estados y a realidades socioculturales muy diferentes a las de su Estado de origen; y por otra parte, la insuficiencia de los instrumentos jurídicos internos e internacionales existentes para abordar esta nueva realidad.

Esto llevó a que la Conferencia de La Haya advirtiera la necesidad de establecer normas jurídicas que permitieran crear un sistema de supervisión tendiente a impedir adopciones internacionales que no respondan al interés del niño o que tengan como finalidad la obtención de beneficios económicos indebidos. Al mismo tiempo se constató la urgencia de establecer vías de comunicación y mecanismos de cooperación entre las autoridades de los Estados de origen y de destino de los niños.

De esta forma, el 28 de mayo de 1993 se aprobó el Convenio que hoy se somete a aprobación parlamentaria, que se encuentra actualmente en vigor entre más de cuarenta Estados de los cinco continentes (entre ellos Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela).

II. EL CONVENIO

II.1. Título.

EL Título pone de manifiesto los dos aspectos fundamentales que regula el Convenio: la protección del niño y la cooperación entre los Estados Partes. Por lo tanto, a diferencia del Convenio de La Haya de 1965 y de la Convención de La Paz de 1984, el Convenio de 1993 no tiene por finalidad determinar las autoridades competentes ni la ley aplicable a la adopción. Su propósito es establecer una serie de normas materiales que consagren los principios que deben regir la protección del menor en materia de adopción y un mecanismo de cooperación entre los Estados involucrados.

Mencionada en primer término, la protección del niño aparece como el objeto principal del Convenio, desarrollado en el artículo 1. La cooperación, que es cuidadosamente regulada en el texto, se presenta como un objeto de tipo instrumental, tendiente a lograr la efectiva protección del niño en casos de adopción internacional.

Surge también del título que las adopciones internas quedan excluidas del ámbito de aplicación de este instrumento.

II.2. Preámbulo.

El preámbulo recoge los principios establecidos en la ya citada Declaración de 1986 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas. A dichos efectos, los Estados incluyen en el Convenio una serie de disposiciones que reconocen a la familia como el centro del desarrollo armónico de la personalidad del niño y asumen como prioridad la obligación de tomar medidas que permitan que el menor permanezca en su familia de origen. La adopción internacional se reconoce como una solución alternativa para los menores que no encuentran una familia adecuada en su Estado de origen. Planteada la necesidad de acudir a esta solución subsidiaria, se pone de manifiesto la necesidad de que la adopción internacional se realice atendiendo al interés superior del menor y a sus derechos fundamentales, previniendo la sustracción, venta o tráfico de niños. Sin embargo, el Convenio no regula directamente los aspectos penales que pueden aparecer vinculados al instituto, sino que intenta prevenir las conductas ilícitas que pueden presentarse como objeto o medio para el mismo.

El último párrafo del preámbulo expresa que se han tomado en consideración "los principios reconocidos por instrumentos internacionales". De los trabajos preparatorios surge que -además de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y de la Declaración de 1986 mencionadas en forma expresa- se tuvieron especialmente en cuenta el Convenio de La Haya de 1965, el Convenio europeo sobre la adopción de niños (Estrasburgo, 1967) y la Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores (La Paz, 1984).

II.3. Objeto.

Una vez planteada la necesidad de acudir al mecanismo subsidiario de la adopción internacional, se considera necesario:

a) establecer un marco de garantías que aseguren que esta se realice atendiendo al interés superior del menor y al respeto por sus derechos fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional. Este es el primer objetivo que persigue el Convenio de 1993 (artículo 1, literal a) y de esta forma se intenta establecer una adecuada protección del niño. El Convenio no establece en forma expresa qué debe entenderse por "interés superior del menor" por cuanto se trata de un concepto cuyo contenido corresponde determinar en cada caso concreto. Si bien este no es el único interés a considerar, el mismo debe prevalecer en caso de conflicto con el de otras personas involucradas en el procedimiento de la adopción (familia de origen, futuro adoptante o adoptantes, etc.);

b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que permita establecer un régimen adecuado de garantías que contribuya a prevenir actos delictivos que suelen aparecer vinculados con la adopción y que se traducen en la venta, el tráfico y la sustracción de niños (artículo 1, literal b); y

c) reconocer las adopciones realizadas en los Estados contratantes de conformidad con el Convenio. Indirectamente, se trata de proteger al menor al asegurar su estabilidad en la nueva familia y en el Estado de destino a efectos de completar el desarrollo armónico de su personalidad.

II.4. Ámbito de aplicación.

II.4.a. Ámbito espacial.

El Convenio se aplica exclusivamente a las adopciones internacionales. Estas tienen lugar cuando el niño a adoptar y el futuro adoptante tienen residencia habitual en Estados Partes diferentes, con independencia del lugar donde se formalice el vínculo adoptivo (artículo 2, párrafo 1). Este concepto se reafirma en el artículo 38, por cuanto excluye expresamente del ámbito del Convenio a las adopciones internas, en las que adoptado y adoptante se domicilian en distintas unidades territoriales de un mismo Estado Parte.

El párrafo 1 del artículo 2 pone de manifiesto una importante diferencia entre el Convenio de 1993 y su antecedente de 1965: en el nuevo texto desaparece la nacionalidad de las partes como elemento determinante para establecer el ámbito de aplicación y se adopta la residencia habitual como punto de conexión exclusivo. Esta última, por su carácter fáctico, no requiere interpretación jurídica. No obstante, es oportuno recordar que en los Convenios bilaterales sobre restitución internacional de menores suscritos por Uruguay con Argentina, Chile y Perú, dicha conexión se ha definido como el lugar donde los menores tienen su "centro de vida".

Otro aspecto que debe destacarse es que tanto la residencia habitual del menor como la del adoptante o adoptantes debe encontrarse en un Estado Parte. El hecho de que alguna de dichas conexiones se encuentre en un Estado no Parte hace que automáticamente el Convenio se torne inaplicable. Esta solución es adecuada, teniendo en cuenta que -tal como se señalara- uno de los objetivos previstos en el instrumento es el establecimiento de un sistema de cooperación sobre el que reposa todo el procedimiento de adopción internacional.

II.4.b. Ámbito temporal.

El Convenio restringe su aplicación a las adopciones constituidas después de su entrada en vigor entre los Estados involucrados en la adopción. En efecto, según el artículo 41, se aplicará a las solicitudes de adopción recibidas por la Autoridad Central del Estado de residencia habitual de los futuros padres adoptivos (Estado de recepción) con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio entre dicho Estado y el Estado en el que el menor tiene su residencia habitual (Estado de origen).

II.4.c. Ámbito subjetivo.

En este sentido, el ámbito de aplicación del Convenio puede analizarse atendiendo a cada una de las partes involucradas en la adopción: el adoptado y el o los adoptantes.

II.4.c.i. El adoptado.

Como se adelanta desde el título, el artículo 2 prevé que el Convenio -al igual que sus antecedentes de 1984 a nivel interamericano y de 1965 en el ámbito de La Haya- solo se aplica a la adopción de menores.

El artículo 3 recoge el mismo criterio de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ya que considera menor a quien no ha alcanzado la edad de dieciocho años. El hecho de que el menor cumpla esta edad sin que se hayan obtenido las aceptaciones relativas al procedimiento de adopción por parte de las Autoridades Centrales del Estado de origen y de recepción (artículo 17 literal c), determina que el Convenio se deje de aplicar automáticamente. Por lo tanto, para que este instrumento resulte plenamente aplicable, es necesario que la solicitud de adopción se introduzca y además que se llegue a la etapa de acuerdo de las Autoridades Centrales intervinientes, antes de los dieciocho años del adoptado. En consecuencia, puede darse el caso de que al momento de culminar el trámite de la adopción realizada de acuerdo con las disposiciones del Convenio, el adoptado ya haya alcanzado la mayoría de edad.

II.4.c.ii. El adoptante.

El apartado 1 del artículo 2 dispone que la adopción podrá realizarse por cónyuges o por una persona física. El hecho de que se mencione en primer lugar a los "cónyuges" sólo se atribuye a que las adopciones por parte de matrimonios son más frecuentes que aquellas en las que el adoptante es una persona sola y en modo alguno implica una preferencia por el primer tipo de adopción.

II.4.d. Ámbito material.

El apartado 2 del artículo 2 afirma que el Convenio "sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación". A falta de consenso en torno a una definición de adopción, se siguió un criterio amplio que simplemente exige el establecimiento de un vínculo filiatorio. El texto aprobado permite admitir tanto las adopciones en las que se produce la ruptura del vínculo existente entre el adoptado y sus padres biológicos como aquellas que no tienen ese efecto.

II.5. Condiciones para las adopciones internacionales.

Para que pueda tener lugar una adopción internacional de conformidad con lo estipulado en este Convenio, es necesario que las autoridades competentes de los Estados de origen y de recepción controlen el cumplimiento de ciertas condiciones relativas a los futuros padres adoptivos, al menor y a su familia biológica. Tales condiciones constituyen garantías mínimas que deben observarse con independencia de lo que establezca la ley aplicable a la adopción. A dichos efectos se prevé una distribución de obligaciones entre ambos Estados:

II.5.a. Controles del Estado de origen.

El artículo 4 dispone que las autoridades del Estado de origen (en el que el menor tiene su residencia habitual) deben controlar el cumplimiento de condiciones vinculadas con su persona, con las personas o instituciones que deben prestar su consentimiento y, de ser necesario, con respecto a su madre biológica. Las condiciones establecidas en esta norma recogen expresamente las directivas del precitado artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La determinación de la autoridad (judicial o administrativa) que deberá realizar estos contralores, depende de la organización interna de cada Estado.

i. Con respecto al menor, se debe controlar:

a) su adoptabilidad (artículo 4 literal a). Esta constatación se refiere a las condiciones legales para ser adoptado, las que deberán analizarse de conformidad con lo establecido por la ley aplicable a la adopción;

b) el respeto del principio de subsidiariedad de la adopción internacional (artículo 4 literal b). Se deberá constatar que la adopción internacional responde al interés del menor, previo análisis de las posibilidades de ubicarlo en su Estado de origen. Es necesario estudiar la posibilidad de colocar al niño en este Estado y evaluar si la adopción internacional satisface efectivamente su interés superior. Podría darse el caso de un menor para el que existieran posibilidades de adopción interna pero que, al mismo tiempo, requiriera un tratamiento o cuidado especial. En ese caso, probablemente, su interés estaría mejor contemplado en una adopción internacional;

c) información y asesoramiento al menor acerca de las consecuencias de la adopción (artículo 4 literal d). La información debe referirse al mantenimiento o ruptura del vínculo filiatorio del niño con sus padres biológicos y su familia de origen, así como sobre el vínculo con los futuros padres adoptantes. En caso de que la ley aplicable a la adopción lo requiera, deberá recabarse el consentimiento del menor, asegurándose que el mismo ha sido prestado libremente, sin mediar ningún tipo de retribución, en forma legal y que ha sido consignado por escrito. Asimismo, deberán tomarse en consideración los deseos y opiniones del niño, teniendo en cuenta en todo caso su edad y madurez. Como puede observarse el menor debe tener la oportunidad de expresar sus deseos y opiniones y además, estas deben ser tenidas en cuenta.

ii. El Convenio no establece cuáles son las personas e instituciones que deben prestar su consentimiento. Ello constituye materia de regulación de la ley aplicable a la adopción. El mismo artículo 4 prevé que las autoridades competentes deben asegurarse de que dichas personas, instituciones o autoridades:

a) han sido informadas y asesoradas sobre las consecuencias de su consentimiento, en especial con respecto al vínculo jurídico entre el menor y su familia de origen (artículo 4, literal c, numeral 1). La información no solo debe referirse al mantenimiento o ruptura de los vínculos entre el niño y su familia de origen sino también a los demás efectos de la adopción y la posibilidad de conversión, anulación y revocación de la misma. Para que este requisito pueda cumplirse en forma efectiva, el artículo 9, literal c, prevé como función de las Aautoridades Centrales, la adopción de medidas tendientes a promover el desarrollo de servicios de asesoramiento sobre el tema;

b) han prestado el debido consentimiento (artículo 4, literal c, numerales 2 y 3). Esta es una condición imprescindible para permitir los contactos entre los futuros adoptantes y los padres biológicos del menor. El consentimiento se considerará válido si se presta libremente, sin mediar compensaciones pecuniarias y si se consigna por escrito, en la forma prescrita por la ley del Estado de origen del menor. Este criterio, según el cual cualquier consentimiento en el que haya intervenido un beneficio económico queda automáticamente viciado, tiene su antecedente en la Convención sobre los Derechos del Niño y está consagrado con carácter general en el artículo 32 del Convenio. Esta última norma prevé que nadie puede percibir "beneficios materiales indebidos" por intervenir en una adopción internacional, correspondiendo exclusivamente el pago de los costos que la misma devengue incluyendo los honorarios razonables de los profesionales intervinientes.

Hasta aquí el Convenio se refiere a las personas que deben prestar su consentimiento en nombre del niño. Pero el artículo 4, en el literal c de su numeral 4, se refiere al consentimiento de la madre. En caso de que la ley aplicable a la adopción lo exija, la madre deberá prestar dicho consentimiento necesariamente después del nacimiento del niño. De esta manera se trata de proteger a la madre, permitiéndole adoptar una decisión más serena y libre.

II.5.b. Controles del Estado de recepción.

El artículo 5 prevé que las autoridades competentes del Estado de recepción -donde los futuros padres adoptivos tienen su residencia habitual- deben constatar el cumplimiento de ciertas condiciones relativas a éstos y al menor. Al igual que los controles que debe efectuar el Estado de origen, en este caso se trata de garantías mínimas independientes de las condiciones adicionales que pueda establecer la legislación del Estado de recepción. Se trata de requisitos imprescindibles para que el Estado de origen confíe el menor a los futuros padres adoptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.

La determinación de la competencia para realizar este control queda en manos de cada Estado, pudiendo tratarse de autoridades judiciales, administrativas o incluso de la misma Autoridad Central.

i. En lo que tiene que ver con el menor, las autoridades competentes deben controlar que éste ha sido autorizado a ingresar y residir permanentemente en el Estado de recepción.

ii. En cuanto a los futuros padres adoptivos, debe constatarse que éstos son aptos (desde el punto de vista social y psicológico) y adecuados (que reúnen las condiciones exigidas por la ley) para adoptar, asegurándose además, que han sido convenientemente asesorados. Para facilitar el cumplimiento de esta disposición, el artículo 9 literal c del Convenio prevé que las Autoridades Centrales adoptarán -directa o indirectamente- las medidas necesarias para promover el desarrollo de servicios de asesoramiento y seguimiento de las adopciones.

II.6. Autoridades Centrales.

Como ya se ha señalado, uno de los objetivos primordiales del Convenio es el establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de adopción internacional. Para ello se prevé la designación de una Autoridad Central en cada Estado Parte (artículo 6). Entre sus cometidos, algunos deben realizarse necesariamente en forma directa, otros pueden realizarse con la cooperación de autoridades públicas, y otros pueden cumplirse incluso con la cooperación de organismos debidamente acreditados.

En general, las Autoridades Centrales deben cooperar entre si y promover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados con la finalidad de asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.

Entre las medidas que las Autoridades Centrales deben llevar a cabo en forma directa se encuentran las tendientes a proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción, así como estadísticas, formularios y otras informaciones de carácter general. Esta información puede ser decisiva para la prosecución del trámite de la adopción (artículo 17.c). Asimismo, las Autoridades Centrales deberán adoptar medidas para informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio, suprimiendo en la medida de lo posible, los obstáculos que dificulten su aplicación (artículo 7.2). Esta disposición debe analizarse conjuntamente con el artículo 33, según el cual, si se constata que no se ha respetado o que existe un riesgo grave de que no se respeten las disposiciones del Convenio, la Autoridad Central -de oficio- tendrá la responsabilidad de que se tomen las medidas tendientes a su debida aplicación.

Existen otras medidas, tales como la prevención de beneficios económicos indebidos con respecto a un procedimiento de adopción o cualquier práctica contraria a los objetivos del Convenio, que pueden ser tomadas tanto directamente por las Autoridades Centrales como con la cooperación de otras autoridades públicas (artículo 8). Esta norma está íntimamente vinculada con el artículo 32.1 según el cual nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de su intervención en una adopción internacional. Ambas normas responden al mandato del artículo 21.d de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y tienden a evitar situaciones en las que puede estar involucrado el tráfico de niños.

Finalmente, existen medidas que las Autoridades Centrales pueden tomar directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos acreditados. Dichas medidas están vinculadas con la obtención de información relativa a la situación del menor y de los futuros padres adoptivos, el seguimiento del procedimiento de adopción, la promoción de los servicios de asesoramiento y seguimiento del procedimiento y la información a Autoridades Centrales o autoridades públicas de otros Estados con respecto a casos concretos (artículo 9). Además de lo previsto en los artículos 7 y 8, el artículo 9 introduce la figura de los organismos acreditados -que analizaremos en el párrafo II.7- que pueden cooperar con las Autoridades Centrales en las áreas establecidas en forma no taxativa en dicha disposición. Se habilita así una especie de descentralización, que podrá tener lugar en la medida que lo permita la legislación de cada Estado.

Los Estados contratantes deben comunicar la designación de su Autoridad Central a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya (artículo 13). Aunque no se establece expresamente, también se considera conveniente comunicar los datos relativos a las autoridades públicas referidas en el artículo 8.

Las funciones que el Convenio atribuye a las Autoridades Centrales en lo relativo a las condiciones de procedimiento de las adopciones internacionales (párrafo II.9) pueden ser ejercidas en forma directa, por autoridades públicas o por los organismos acreditados según el capítulo III, dentro de los limites establecidos por la ley de cada Estado.

II.7. Organismos acreditados.

Los organismos que pueden cooperar con las Autoridades Centrales en la adopción de las medidas establecidas en el artículo 9 y en el control del cumplimiento de las condiciones del procedimiento de adopción (artículos 14 a 22), deben obtener su acreditación en cada Estado, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el mismo y demostrada su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieren confiárseles (artículo 10). Cada Estado determinará las funciones que podrán desempeñar estos organismos. Los únicos límites previstos por el Convenio son los establecidos en los artículos 8 y 9, por tratarse de actividades que solo puede realizar la Autoridad Central en forma directa o a través de organismos públicos.

Sin perjuicio de los requisitos que pueda prever la legislación de cada Estado, el Convenio establece algunas exigencias mínimas: debe tratarse de organismos (con lo cual quedan excluidas las personas físicas) sin fines de lucro, sometidos a controles estatales en cuanto a composición, funcionamiento y situación financiera, y deben estar dirigidos y administrados por personas con calificación moral y formación en materia de adopción internacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 los directores, administradores y empleados de estos organismos no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas con respecto a los servicios prestados.

La actuación extraterritorial de un organismo acreditado en un Estado Parte, solo podrá tener lugar previa autorización de las autoridades competentes de los dos Estados involucrados en el procedimiento de adopción (artículo 12).

De conformidad con el artículo 13, cada Estado Parte debe comunicar a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya el nombre y dirección de los organismos acreditados.

II.8. Organismos no acreditados.

Atendiendo a la especial problemática que plantean las adopciones privadas o independientes, el artículo 22.2 del Convenio habilita a los Estados contratantes a declarar -en cualquier momento- que las funciones que los artículos 15 a 21 encomiendan a las Autoridades Centrales podrán ser ejercidas -bajo el control de las autoridades competentes y dentro de los límites establecidos por la ley del Estado por personas u organismos no acreditados, es decir que no han pasado por los controles establecidos en los artículos 10 a 13.

Su carácter de "no acreditados" no implica que estos organismos no deban reunir ciertos requisitos mínimos que los habiliten a intervenir en los procedimientos de adopción. En primer lugar, deben cumplir las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad que exija cada Estado. En segundo término, Si bien no se exige especialización, sí se requiere calificación ética, formación y experiencia para trabajar en el área de la adopción internacional. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los organismos acreditados, tanto personas jurídicas como personas físicas pueden actuar como entidades no acreditadas. Los nombres de las mismas deben comunicarse en forma regular a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (artículo 22.3).

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cualquier Estado Parte podrá declarar que las adopciones de niños que residan habitualmente en él, solo podrán tener lugar si las funciones atribuidas a las Autoridades Centrales para llevar a cabo el procedimiento de adopción, se desempeñan directamente por ellas o a través de autoridades públicas u organismos acreditados (artículo 22.4). La falta de declaración debe entenderse como aceptación de la participación de organismos y personas no acreditados.

II.9. Condiciones de procedimiento respecto a la adopción internacional.

En el Capítulo IV, relativo a las condiciones del procedimiento de adopción, se intentó conciliar la necesidad de proteger los intereses fundamentales de todas las partes interesadas en la adopción (menor, padres biológicos y padres adoptivos) a través del establecimiento de un adecuado marco de garantías y de la simplificación de los procedimientos. Las normas contempladas en este Capítulo -en especial el artículo 17- no son facultativas, sino que deben aplicarse preceptivamente en todos los casos.

II.9.1. Condiciones para la constitución de la adopción.

El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud de las personas que tienen residencia habitual en un Estado Parte y desean adoptar un niño de otro Estado Parte. Los interesados deben dirigirse a la Autoridad Central de su residencia habitual (artículo 14). El Convenio no establece el contenido de la solicitud, por lo que el mismo se determinará por la ley de la residencia habitual de los solicitantes. Esta no es una tarea que -según el artículo 7- debe cumplirse directamente por la Autoridad Central. Por ese motivo, en caso de que la ley del Estado de residencia habitual de los solicitantes lo permita, la función de recibir las solicitudes podrá ser delegada en un organismo público o incluso en un organismo acreditado (artículo 22.1).

Una vez recibida la solicitud y habiendo constatado que los interesados son adecuados y aptos para adoptar (artículo 5 Literal a), la Autoridad Central de su residencia habitual debe preparar un informe acerca de su situación personal, familiar y médica, así como sobre su identidad, aptitud y capacidad jurídica para adoptar, los motivos de la adopción y los niños que podrían tomar a su cargo (artículo 15). Esta última exigencia se incluye como una garantía más para asegurar el éxito de la adopción y no implica la elección de un niño determinado, sino que se refiere a características generales del tipo de menor que estarían en condiciones de adoptar. También en este caso, la tarea puede cumplirse directamente por la Autoridad Central o puede delegarse en un organismo público o en un organismo acreditado. Pero el artículo 22 agrega como novedad que estas funciones pueden ejercerse también -si la ley del Estado así lo permite- por las personas u organismos no acreditados a los que se hiciera referencia en el párrafo II.8. Sea quien sea el encargado de preparar el informe, la Autoridad Central asume la responsabilidad por el mismo, debiendo transmitirlo a su similar del Estado de origen del menor.

Según el artículo 16.1 la Autoridad Central del Estado de origen del menor debe analizar la "adoptabilidad" del menor. Este estudio consiste en determinar sí, de acuerdo con la ley aplicable, el menor se encuentra comprendido en una situación jurídica que habilita su adopción (podría exigirse, por ejemplo, que se tratara de un menor abandonado o huérfano de padre y madre). Una vez determinada esta circunstancia:

a. debe preparar un informe sobre el menor. La elaboración del mismo no está directamente vinculada a la existencia de una solicitud de adopción, sino a la existencia de un niño para quien la mejor solución es la adopción internacional. El informe tiende a establecer las características psico-sociales del menor a efectos de tomar una decisión sobre su adopción que atienda los intereses de todas las partes y principalmente el suyo. Este informe puede ser preparado por otra autoridad pública u organismo acreditado, bajo la responsabilidad de la Autoridad Central. En caso de que sea preparado por un organismo no acreditado, el mismo deberá realizarse bajo la responsabilidad de las Autoridades Centrales, otras autoridades públicas u organismos acreditados, en la medida que lo permita la ley del Estado (artículo 22.5);

b. debe asegurarse que se han tenido en cuenta las condiciones de educación, étnicas, religiosas y culturales del menor. Siguiendo los Lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se reconoce la necesidad de que el niño adoptado conozca sus orígenes. Por otra parte, teniendo en cuenta estas condiciones del menor, se intenta prevenir ciertos problemas que pueden incidir en forma negativa en su desarrollo psicológico;

c. debe confirmar que se han recabado los consentimientos necesarios para la adopción de conformidad con el artículo 4; y

d. debe constatar que la adopción responde al interés superior del menor, teniendo en cuenta los informes sobre éste y sobre los futuros padres adoptivos (este último remitido por el Estado de recepción).

El informe sobre el niño, acompañado de la prueba de los consentimientos y los fundamentos de la decisión se envían al Estado de recepción, teniendo en cuenta que deberá respetarse -en la medida de lo posible- el secreto acerca de la identidad de los padres biológicos del menor, si así lo exige la ley del Estado de origen.

II.9.2. Condiciones para confiar al niño a los futuros padres adoptivos.

El artículo 17 prevé los requisitos esenciales para que un menor pueda ser confiado a los futuros padres adoptivos. Este aspecto se regula a través de una norma flexible que permite tener en cuenta los intereses del niño y los de los Estados afectados por la adopción. Como surge del acápite del artículo, la decisión sobre este punto corresponde a las autoridades del Estado de origen del menor. Las condiciones que deben tenerse en cuenta son:

a. que la Autoridad Central (o, en su caso, las autoridades públicas, organismos públicos acreditados o no acreditados) de dicho Estado, se haya asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo;

b. que la autoridad competente del Estado de recepción haya aprobado la decisión, si así lo exige la ley de ese Estado o la Autoridad Central del Estado de origen;

c. que las Autoridades Centrales de los Estados de origen y de recepción estén de acuerdo en continuar el procedimiento de adopción. Si bien este acuerdo no asegura la constitución del vínculo adoptivo, porque ello depende de que se reúnan los requisitos establecidos por la ley aplicable a la adopción, sí permite que se detenga el procedimiento en caso de que existan impedimentos sustanciales. Para ello basta el desacuerdo de uno de los Estados;

d. que las autoridades del Estado de recepción determinen que los padres adoptivos son aptos y adecuados y que el menor cuenta con autorización para entrar y permanecer en el mismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5. Esta constatación no deberá realizarse necesariamente por las Autoridades Centrales, pudiendo hacerlo las autoridades competentes.

Finalmente, el artículo 18 prevé que las Autoridades Centrales -directamente o a través de autoridades públicas u otros organismos acreditados o no acreditados- deberán adoptar las medidas necesarias para que el niño reciba, además de las autorizaciones de entrada y residencia en el Estado de recepción mencionadas en el artículo 5, la autorización para salir del Estado de origen.

II.9.3. Condiciones para el traslado del menor.

El menor podrá ser trasladado al Estado de recepción solo una vez que se hayan cumplido los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 (artículo 19.1).

Las Autoridades Centrales, directamente o a través de autoridades públicas, organismos acreditados u otros organismos no acreditados, deberán asegurarse de que el desplazamiento del menor tenga lugar en condiciones adecuadas y de ser posible, en compañía de los padres adoptivos o futuros padres adoptivos (artículo 19.2). Esta disposición responde al compromiso asumido por los Estados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto a tratar de garantizar que el desplazamiento se efectúe en condiciones seguras, por medio de las autoridades u Organos competentes.

En caso de que no tenga lugar el traslado del menor, los informes elaborados por la Autoridad Central del Estado de recepción y del Estado de origen (artículos 15 y 16) deben devolverse a las autoridades que los expidieron. Con esta norma se busca proteger la información relativa a las personas involucradas en el procedimiento (artículo 19.3).

Las Autoridades Centrales deben mantenerse informadas sobre el procedimiento de adopción, las medidas adoptadas para finalizarlo, y el desarrollo del período probatorio, si es necesario. Esta última referencia alude al período posterior a la colocación del niño y contempla el caso en que el menor es trasladado al Estado de recepción con miras a la adopción. Durante ese tiempo, debe controlarse la adaptación del menor al nuevo hogar y las relaciones con los futuros padres adoptivos.

II.9.4. Casos en que la adopción por la familia solicitante ya no responde al interés superior del menor.

El artículo 21 prevé el caso de que -aun habiéndose tomado las precauciones establecidas en el Convenio antes de confiar el niño a los solicitantes y de trasladarlo al Estado de recepción por un período de prueba- se comprueba que el mantenimiento del niño en la familia que solicitó la adopción ya no responde al interés superior de aquél. Esta disposición es aplicable solo en la hipótesis de que aún no se haya constituido la adopción. Para ese caso, se estipulan medidas de protección de ese menor.

En especial, se deberán arbitrar los mecanismos necesarios para retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y "ocuparse de su cuidado provisional". Estas medidas, previstas en el artículo 21, tienen carácter inmediato y no son taxativas sino que constituyen un mínimo tendiente a alcanzar el bienestar del menor. Ellas pueden adoptarse directamente por la Autoridad Central o por medio de autoridades públicas u otros organismos -acreditados o no-. En todo caso, la determinación de las medidas a aplicar queda en manos de cada Estado (artículo 21.1.a)

La Autoridad Central del Estado de recepción también debe consultar a su similar del Estado de origen del niño a efectos de asegurar la futura situación del menor. Esta puede consistir en una nueva colocación con miras a su adopción o bien una colocación alternativa que tenga carácter duradero. En el primer caso, la adopción solo podrá concretarse previa información sobre los nuevos padres adoptivos a la Autoridad Central del Estado de origen del menor. La segunda solución se refiere a los casos en que ni una nueva adopción ni el retorno del menor a su Estado de origen serían soluciones adecuadas (por ejemplo, por tratarse de un niño que requiere un tratamiento especial). Todas estas medidas deben tener lugar en el Estado de recepción en el que se encuentra el menor. En efecto, el artículo 21.1 literal c prevé el retorno del niño a su Estado de origen "como último recurso", si así lo exige su interés. No puede perderse de vista que el menor, seguramente, ya se habrá adaptado al nuevo entorno y el regreso a su Estado de origen agregaría a las experiencias traumáticas previas, la de un nuevo desarraigo.

Finalmente, el artículo 21.2 del Convenio sigue el mandato del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto prevé la obligación de consultar al menor y en su caso, de obtener su consentimiento en torno a las medidas a adoptar, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, lo que deberá analizarse en cada caso concreto.

II.10. Reconocimiento de la adopción.

Los artículos 23 a 25 desarrollan otro de los objetivos del Convenio: el reconocimiento de las adopciones constituidas en un Estado Parte. Estas disposiciones tienden a facilitar el reconocimiento de pleno derecho, sin necesidad de procedimiento o revisión alguna sobre el contenido de la decisión sobre la adopción, en todos los Estados contratantes. A dichos efectos, solo se requiere una certificación de la autoridad competente del Estado en el que se ha constituido la adopción (Estado de origen o de recepción), que acredite que la adopción es conforme al Convenio. De la certificación mencionada deberá surgir si las Autoridades Centrales de los Estados en cuestión han prestado su acuerdo para el procedimiento de adopción según el artículo 17 literal c.

El Convenio solo prevé dos causales para denegar el reconocimiento de la adopción en un Estado Parte:

a. Cuando la misma sea manifiestamente contraria al orden público del Estado Parte en el que se pretende hacer valer "teniendo en cuenta el interés superior del niño" (artículo 24). El concepto de orden público -tal como lo manifestara la delegación de Uruguay en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y se recogiera luego en los artículos 525.5 del Código General del Proceso y 2404 del Código Civil- se refiere al orden público internacional y constituye una autorización excepcional para que un Estado, en forma no discrecional y fundada, declare no aplicables los preceptos de una ley extranjera que ofenda en forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios esenciales de orden público internacional en los que cada Estado sienta su individualidad jurídica. Esta concepción restrictiva del orden público internacional adoptada por la República, se ve aún mas acotada por el Convenio de La Haya en tanto establece que la reserva deberá aplicarse "teniendo en cuenta el interés superior del niño". Este criterio tiende a impedir el debilitamiento del principio de reconocimiento de pleno derecho de las adopciones constituidas conforme al Convenio.

b. La otra posibilidad de desconocer una adopción es que esta última se haya constituido siguiendo los lineamientos de un acuerdo celebrado entre dos o más Estados contratantes, de conformidad con la autorización del artículo 39.2 del Convenio de La Haya. Esta autorización tiene por objeto favorecer la aplicación del Convenio en las relaciones recíprocas entre Estados y solo permite modificar los artículos 14 a 16 y 18 a 21, relativos al procedimiento de la adopción. No obstante, los demás Estados contratantes tienen derecho a declarar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos -depositario del Convenio- que no reconocerán las adopciones hechas al amparo de dichos acuerdos. En ausencia de esta declaración, los Estados están obligados a reconocer este tipo de adopciones. En caso de formular la declaración, esta faculta al Estado a desconocer una adopción hecha al amparo de uno de los acuerdos autorizados por el artículo 39.2 pero no lo obliga a hacerlo.

El artículo 25 no fija plazos para formular la referida declaración. Sin embargo, pueden distinguirse dos situaciones: por un lado, la del Estado que adquiere la calidad de contratante frente a Estados que han concluido acuerdos según lo previsto en el artículo 39.2 con anterioridad. En ese caso, el nuevo Estado Parte debería efectuar la declaración al momento de ratificar o adherir ya que si lo hace después, la declaración solo surte efectos hacia el futuro, debiendo reconocer las adopciones que tengan lugar con posterioridad a su adhesión y antes de la declaración. Otra situación posible es la de los acuerdos que se concluyen con posterioridad a la ratificación o adhesión de un Estado. En este caso, este último deberá efectuar la declaración lo antes posible, ya que, de lo contrario estará obligado a reconocer las adopciones realizadas al amparo del acuerdo con anterioridad a su declaración.

II.11. Efectos de la adopción.

El artículo 26 refleja el consenso alcanzado durante los trabajos de la Conferencia en torno a los efectos de todas las adopciones contempladas en el Convenio (adopciones simples y plenas).

Los efectos establecidos en el primer párrafo constituyen un mínimo común a todo tipo de adopción, independientemente de la ley aplicable a la misma, según la norma de conflicto del Estado en el que tiene lugar el reconocimiento. Dentro de dichos efectos, pueden distinguirse los que se refieren a las relaciones del niño con sus padres adoptivos y los relativos a las relaciones de aquél con su familia de origen.

II.11.a. Entre el niño y sus padres adoptivos.

Desde el momento que un Estado Parte reconoce una adopción constituida en otro, el menor debe ser considerado hijo de sus padres adoptivos independientemente de si se mantiene o no el vínculo con sus padres biológicos. Esto quiere decir, que este efecto tiene lugar cualquiera sea el tipo de la adopción (artículo 26.1.a). Vinculado a este aspecto, el artículo 26.1.b establece como efecto inmediato del reconocimiento, la responsabilidad de los padres adoptivos con respecto al hijo (artículo 26.1.b).

II.11.b. Entre el niño y su familia de origen.

Si la ley del Estado Parte en que se constituyó la adopción prevé la ruptura del vínculo filiatorio entre el menor y sus padres biológicos, esa consecuencia tendrá efectos extraterritoriales en los demás Estados contratantes que reconozcan la adopción (artículo 26.1.c).

El segundo párrafo regula los efectos de la adopción en el Estado Parte que reconoce la adopción, en los casos en que -según la ley aplicable a su constitución- ésta supone la ruptura del vínculo filiatorio entre el menor y sus padres. En este caso, el niño gozará en el Estado de recepción (que puede coincidir con el de constitución del vínculo adoptivo) y en todos los Estados contratantes que reconozcan la adopción, de derechos equivalentes a los que derivarían de una adopción que tuviera tal efecto en cada uno de los Estados contratantes. De esta forma se busca dar cumplimiento al artículo 21.c de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando al menor adoptado a través de una adopción internacional un estatuto jurídico equivalente al de cualquier otro niño adoptado. Este párrafo no es aplicable cuando el Estado en el que se constituye la adopción no acepta la ruptura del vínculo filiatorio entre el niño y sus padres biológicos. En este caso, deberá aplicarse el párrafo primero del artículo, en particular los literales a y b.

Finalmente, el párrafo tercero habilita la aplicación de cualquier disposición de la ley del Estado de reconocimiento de la adopción, que resulte más favorable al niño. Esta disposición es aplicable con independencia de los efectos de la adopción en el Estado de constitución del vínculo adoptivo, vale decir, prescindiendo del hecho de que exista ruptura del vínculo filiatorio entre el menor y sus padres biológicos, según la ley del Estado en el que tiene lugar la adopción.

II.12. Conversión de la adopción.

El Convenio solo regula el supuesto de que la adopción constituida en el Estado de origen sea objeto de conversión en el Estado de recepción (artículo 27). Los demás casos de conversión deberían resolverse a la luz de lo establecido por las normas de conflicto del Estado en el que se pretende llevar a cabo la misma.

Las condiciones que deben darse para que pueda tener lugar la conversión en los términos del artículo 27 son:

a) que la adopción haya tenido lugar en el Estado de origen;

b) que esa adopción no tenga por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente en dicho Estado (de ser así, sería aplicable el artículo 26.1.c y sus efectos deberían reconocerse en los demás Estados contratantes);

c) que la ley del Estado de recepción acepte la conversión (artículo 27.1.a); y

d) que se hayan otorgado los consentimientos establecidos por los apartados c) y d) del artículo 4 para una adopción que tenga por efecto de la ruptura del vínculo con los padres biológicos (artículo 27.1.b). Se pretende evitar así, que -por medio de la conversión- la adopción produzca un efecto para el cual no se otorgó el consentimiento correspondiente.

La conversión realizada conforme a esta norma debe reconocerse de pleno derecho en los demás Estados contratantes (incluso el Estado de origen del menor), cuando conste la certificación de la autoridad competente del Estado donde tuvo lugar, prevista en el artículo 23 (artículo 27.2).

II.13. Disposiciones generales.

Dentro del Capítulo VI se incluyen una serie de disposiciones tradicionales en los Convenios de La Haya, como es el caso de las normas relativas a los Estados contratantes con dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales (artículo 36) o a diferentes categorías de personas (artículo 37), así como la exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de los conflictos entre normas internas aplicables dentro de un mismo Estado (artículo 38). Pero dicho Capítulo también comprende algunas disposiciones que se refieren específicamente al funcionamiento de este Convenio atendiendo a las peculiaridades del instituto de la adopción internacional.

II.13.1. Prohibiciones de la ley del Estado de origen.

Según el artículo 28, el Convenio no afecta las prohibiciones o limitaciones establecidas en la legislación interna del Estado de origen en cuanto a la constitución del vínculo adoptivo, la colocación del niño en un tercer Estado o su desplazamiento previo a la adopción. El fundamento de esta disposición se encuentra en que el Convenio no tiene como objetivo la unificación de las normas internas de los Estados contratantes en materia de adopción sino el establecimiento de un sistema de cooperación que asegure el cumplimiento de algunas garantías mínimas para la adopción internacional.

II.13.2. Prohibición de contactos entre las partes.

El artículo 29 prohíbe los contactos entre los futuros padres adoptivos y los padres o quienes detenten la guarda del menor. Sin embargo, esta prohibición no tiene carácter absoluto, ya que:

a) no se prohíben los contactos previos a la manifestación del consentimiento, deseos y opiniones del menor;

b) están permitidos los contactos en el caso de adopciones entre familiares; y

c) no se impiden los contactos cuando se trata de adopciones que se realizan en las condiciones establecidas por la autoridad competente del Estado de origen del menor.

Sin perjuicio de lo expresado, los mencionados contactos están sujetos a ciertas limitaciones. En efecto, éstos solo pueden tener lugar una vez que:

a) las autoridades competentes del Estado de origen han establecido que el niño es adoptable, que la adopción responde a su interés superior y que se han obtenido los consentimientos de las personas, instituciones y autoridades pertinentes (artículo 4 literales a, b y c);

b) las autoridades competentes del Estado de recepción han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos pata adoptar (artículo 5 literal a).

La finalidad de esta norma es la prevención de prácticas contrarias a los objetivos del Convenio y en especial evitar situaciones en las que hay más posibilidades de que se produzcan pagos o compensaciones indebidas en relación a los consentimientos.

II.13.3. Conservación y utilización de la información.

El artículo 30 regula dos hipótesis:

a) La recolección y conservación de información sobre el origen del niño (párrafo 1). Los Estados contratantes asumen la obligación de conservar la información que obre en su poder sobre los orígenes del niño y en especial la relativa a su historia médica y la de su familia y la identidad de sus padres. Esta norma -que no limita la obligación al Estado de origen y al de recepción, sino que se aplica a todos los Estados contratantes- debe vincularse con el literal a) del artículo 9, que prevé la obligación de las Autoridades Centrales de reunir, conservar e intercambiar información sobre el niño y sus futuros padres adoptivos. La forma de conservar la información, el tiempo durante el cual se debe conservar y el tipo de información a conservar debe ser determinado por cada Estado;

b) el derecho del niño a acceder a la información (párrafo 2). El Convenio consagra el derecho del menor a obtener la información relativa a sus orígenes por si o a través de un representante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, este reconocimiento no tiene un carácter absoluto. El primer límite está dado por lo que permita la ley de cada Estado. El segundo límite radica en que, de permitirse el acceso a la información, y cuando sea el propio adoptado quien la solicite, la misma deberá brindarse "con el debido asesoramiento" a fin de evitar cualquier tipo de perjuicio al menor.

Finalmente, sin perjuicio de lo establecido en esta disposición, el artículo 31 prevé la necesidad de proteger la información sobre las personas, estableciendo como garantía mínima que la información sobre el niño, su familia de origen y sus futuros padres adoptivos solo podrá utilizarse para los fines para los que se obtuvo o trasmitió. De esta forma se pretende evitar excesos en el manejo de la información y también evitar que los interesados proporcionen datos que no se ajusten a la realidad por temor a una divulgación indiscriminada de los mismos.

II.13.4. Gastos derivados del procedimiento de adopción.

En varias oportunidades se ha hecho referencia a la prohibición de obtener beneficios materiales indebidos vinculados con la adopción, consagrado expresamente en el artículo 32.1. El Convenio impide también que los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción reciban remuneraciones desproporcionadas en relación a sus servicios (artículo 32.3).

El párrafo segundo del artículo 32 consagra la posibilidad de reclamar y pagar costos y gastos -incluyendo honorarios profesionales razonables- de las personas que hayan intervenido en la adopción. La razonabilidad de los honorarios deberá analizarse tomando en consideración la realidad de cada Estado.

Los gastos originados por las traducciones auténticas de documentos que sean requeridas por las autoridades competentes del Estado de recepción correrán por cuenta de los futuros padres adoptivos, salvo disposición en contrario (artículo 34).

II.13.5. Celeridad en los procedimientos.

El artículo 35 consagra la necesidad de que los Estados actúen con celeridad en los procedimientos de adopción. Esta norma debe considerarse teniendo en cuenta el artículo 9 Literal b, que obliga a las Autoridades Centrales a "facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción" ya sea en forma directa o con la cooperación de autoridades públicas u otros organismos acreditados en cada Estado.

II.13.6. Estados con más de un sistema jurídico.

Los artículos 36 y 37 constituyen disposiciones clásicas en la estructura de los recientes Convenios de La Haya.

El artículo 36 contempla el caso de los Estados compuestos por dos o más unidades territoriales con sistemas jurídicos distintos en materia de adopción internacional. Esta norma, que se conoce como "cláusula federal", puede aplicarse también a Estados de estructura unitaria cuyas unidades territoriales tienen sus propios sistemas jurídicos.

El artículo 37 está destinado a resolver los problemas que se plantean en Estados con más de un sistema jurídico aplicable a distintas categorías de personas. Esta situación puede observarse por ejemplo en Estados en los que rigen regímenes jurídicos vinculados a distintas comunidades religiosas.

II.13.7. Relaciones con otros Convenios.

El artículo 39.1 regula la situación de Estados ya vinculados por tratados en materia de adopción. En este caso, el Convenio de 1993 no sustituye a dichos instrumentos, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por ambos textos. No obstante, es necesario dejar constancia de que los demás Estados contratantes del Convenio de 1993 no quedan obligados a reconocer las adopciones constituidas al amparo de otros tratados.

El párrafo 2 del artículo 39, al que hiciéramos referencia en oportunidad de abordar las cuestiones relativas al reconocimiento de las adopciones se refiere a la posibilidad de que los Estados concluyan tratados que tengan por finalidad favorecer sus relaciones recíprocas, sin afectar las disposiciones fundamentales del Convenio. En efecto, este tipo de tratados solo puede modificar los artículos 14 a 16 y 18 a 21 (relativos al procedimiento). Tal como se analizara en su oportunidad, los demás Estados contratantes no están obligados a reconocer las adopciones constituidas al amparo de estos tratados. Sin embargo, para hacer efectiva esta facultad, es necesario efectuar una declaración en ese sentido, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.

El Convenio de 1993 no contiene ninguna referencia a las relaciones con otro tipo de tratados que los Estados puedan suscribir en el futuro sobre materias reguladas por él. Cabe interpretar que, este tipo de situaciones se resolverá atendiendo a lo establecido por la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados.

II.13.8. Reservas.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 define a la reserva como "una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado" (artículo 2, apartado d).

Como puede observarse, el efecto principal de este acto es introducir una alteración en los términos del tratado.

Teniendo en cuenta el triple objeto perseguido por el Convenio de 1993 (artículo 1), sustentado en la necesidad de adoptar medidas que contemplen el interés superior del menor y el respeto de sus derechos fundamentales, el artículo 40 prevé la inadmisibilidad de reservas. De esta forma se pretende alcanzar la aplicación integral de las disposiciones del Convenio por todos los Estados Partes, a efectos de asegurar el efectivo cumplimiento de sus fines.

II.13.9. Convocatoria de una Comisión especial.

El artículo 42 prevé la convocatoria periódica de una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio. Esta norma recoge la experiencia de otros Convenios de La Haya, en particular, el relativo a aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980, considerando que el Convenio no constituye un fin en si mismo sino que debe ser objeto de análisis periódicos que contribuyan a su mejor aplicación. El Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación del "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional" por cuanto establece un sistema de cooperación que constituye un marco adecuado para garantizar una mayor protección de los menores en los casos en que su interés superior y la protección de sus derechos requiere acudir al instituto de la adopción internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO VALLES, ANTONIO MERCADER.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional" aprobado en La Haya, el 29 de mayo de 1993.

Montevideo, 2 de agosto de 2001.

GUILLERMO VALLES, ANTONIO MERCADER.

XXXIII CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

(Hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión,

Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen,

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen,

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños,

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/85, de 3 de diciembre de 1986),

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1

El presente Convenio tiene por objeto:

a) establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional;

b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños;

c) asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio.

Artículo 2

1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción en el Estado de origen.

2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación.

Artículo 3

El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el Artículo 17, apartado c) antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES
INTERNACIONALES

Artículo 4

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de origen:

a) han establecido que el niño es adoptable;

b) han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional responde al interés superior del niño;

c) se han asegurado de que

1) las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen,

2) tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito,

3) los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y

4) el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del nacimiento del niño; y

d) se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que,

1) ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando éste sea necesario,

2) se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño,

3) el consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y

4) el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna.

Artículo 5

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de recepción:

a) han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar;

b) se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados; y

c) han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho Estado.

CAPÍTULO III

AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS

Artículo 6

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad central competente dentro de ese Estado.

Artículo 7

1. Las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.

2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para:

a) proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios;

b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.

Artículo 8

Las Autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del Convenio.

Artículo 9

Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de Autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para:

a) reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;

b) facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción;

c) promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones;

d) intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de adopción internacional.

e) responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por otras Autoridades centrales o por autoridades públicas.

Artículo 10

Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.

Artículo 11

Un organismo acreditado debe:

a) perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado;

b) ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional; y

c) estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera.

Artículo 12

Un organismo acreditado en un Estado contratante solo podrá actuar en otro Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos Estados.

Artículo 13

La designación de las Autoridades centrales y, en su caso, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES

Artículo 14

Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencia habitual.

Artículo 15

1. Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

2. Esta Autoridad central transmitirá el informe a la Autoridad central del Estado de origen.

Artículo 16

1. Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es adoptable,

a) preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su adaptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares;

b) se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural;

c) se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el artículo 4; y

d) constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño.

2. Esta Autoridad central transmitirá a la Autoridad central del Estado de recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su identidad.

Artículo 17

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si

a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo;

b) la Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen;

c) las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción; y

d) se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción.

Artículo 18

Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen, así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción.

Artículo 19

1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las exigencias del artículo 17.

2. Las Autoridades centrales de ambos Estados se asegurarán de que el desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres adoptivos.

3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren los artículos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido.

Artículo 20

Las Autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo del período probatorio, si fuera requerido.

Artículo 21

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento del niño y la Autoridad central de dicho Estado considera que el mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, esta autoridad central tomará las medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para:

a) retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado provisional;

b) en consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar sin dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación alternativa de carácter duradero; la adopción del niño solo podrá tener lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos;

c) como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo exige su interés.

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación a las medidas a tomar conforme al presente artículo.

Artículo 22

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el presente capítulo pueden ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al Capítulo III, en la medida prevista por la ley de este Estado.

Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las funciones conferidas a la Autoridad central por los artículos 15 a 21 podrán también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la ley y bajo el control de las Autoridades competentes de dicho Estado, por personas u organismos que:

a) cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y

b) estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional.

3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 informará con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de los nombres y direcciones de estos organismos y personas.

4. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo 1.

5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, los informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la responsabilidad de la Autoridad Central o de otras autoridades u organismos de acuerdo con el párrafo 1.

CAPÍTULO V

RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCIÓN

Artículo 23

1. Una adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c.

2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, notificará al depositario del Convenio la identidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

Artículo 24

Solo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 25

Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del Convenio que no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicación del artículo 39, párrafo 2.

Artículo 26

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento

a) del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos;

b) de la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo;

c) de la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido lugar.

2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que se reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados.

3. Los párrafos precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones más favorables al niño que estén en vigor en el Estado contratante que reconozca la adopción.

Artículo 27

1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la adopción conforme al Convenio dicha adopción podrá ser convertida en una adopción que produzca tal efecto, si

a) la ley del Estado de recepción lo permite; y

b) los consentimientos exigidos en el artículo 4, apartados c) y d), han sido o son otorgados para tal adopción;

2. El artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28

El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al Estado de recepción antes de la adopción.

Artículo 29

No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones de los artículos 4, apartados a) a c) y 5, apartado a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen.

Artículo 30

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres así como la historia médica del niño y de su familia.

2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del niño o de su representante a esta información en la medida en que lo permita la ley de dicho Estado.

Artículo 31

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 30, los datos personales que se obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los que se refieren los arts. 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.

Artículo 32

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional.

2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos, incluyendo los honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la adopción.

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los servicios prestados.

Artículo 33

Toda Autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del Convenio, informará inmediatamente a la Autoridad central de su Estado. Dicha Autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas adecuadas.

Artículo 34

Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres adoptivos.

Artículo 35

Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad en los procedimientos de adopción.

Artículo 36

En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales:

a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;

b) toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la ley vigente en la correspondiente unidad territorial;

c) toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial;

d) toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial.

Artículo 37

En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de ese Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la ley de dicho Estado.

Artículo 38

Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas del Convenio cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo.

Artículo 39

1. El Convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.

2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente Convenio.

Artículo 40

No se admitirá reserva alguna al Convenio.

Artículo 41

El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al artículo 14 sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de origen y en el Estado de recepción.

Artículo 42

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

CAPÍTULO VII

CLÁUSULAS FINALES

Artículo 43

1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró su Decimoséptima sesión y de los demás Estados participantes en dicha Sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 44

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del párrafo 1 del artículo 46.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del artículo 48. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 45

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 46

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el artículo 43.

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 45, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 47

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario del Convenio. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 48

El depositario del Convenio notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a los demás Estados participantes en la Decimoséptima Sesión y a los Estados que se hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44:

a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el art. 43;

b) las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el art. 44;

c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el art. 46;

d) las declaraciones y designaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25 y 45;

e) los acuerdos a que se refiere el artículo 39;

f) las denuncias a que se refiere el artículo 47.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoséptima Sesión, así como a cada uno de los demás Estados que han participado en dicha Sesión.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional" aprobado en La Haya, el 29 de mayo de 1993.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de mayo de 2002.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, aprobado en La Haya, el 29 de mayo de 1993.

La adopción es un instituto jurídico de larga data. A lo largo del tiempo ese concepto original fue evolucionando y perfeccionándose a través de normas, que vienen desde el siglo XIX, pero es en el XX donde adquiere una relevancia de primer orden. Primero surge como instituto nacional, pero rápidamente comienza a verse la necesidad de legislar internacionalmente, sobre todo luego del fortalecimiento del concepto de protección de la infancia. La adopción internacional aparece en el Código Bustamante de 1928 para afianzarse como instituto en el Tratado de Derecho Internacional de Montevideo de 1940. La CIDIP III de 1984 sienta las bases definitivas en este tema.

Es importante que la adopción sigue siendo vista como una creación subsidiaria. Es decir, que la familia principal o accesoria tiene la prioridad para proveer al menor la satisfacción de sus necesidades que le permitan desarrollarse como individuos en su vida adulta. Ante la imposibilidad de garantizar esta eventualidad por la familia, el Estado asume la creación de una serie de instituciones dedicadas a atender la infancia y buscar el mejor desarrollo del niño. Uno de esos instrumentos es la adopción internacional por lo que el Estado, además de crear instituciones, genera un marco jurídico que permite, garantiza, promueve, da estabilidad y seguridad a los menores que son considerados por esos instrumentos como "interés superior".

El desarrollo de los instrumentos antes mencionados culmina con este Convenio que no sólo se refiere a la adopción sino a la protección del niño. Es complementario del Convenio sobre competencia de autoridades de 1965 y resuelve una cantidad de problemas surgidos posteriormente, sobre todo la explosión creciente en el número de solicitudes y evitar la existencia de que la adopción se transforme en un negocio lucrativo en perjuicio directo de los menores. Es importante la aprobación de esta norma ya que la misma rige y está en vigor en numerosos Estados de nuestra América.

El Convenio en particular es finalista en la protección del niño, definiendo conceptos y situaciones, pero también es instrumental ya que crea estructuras de funcionamiento que pretenden hacer realidad la letra de la norma. Define a la adopción como un mecanismo subsidiario poniendo a la familia como centro del desarrollo social, por eso crea un marco de garantías, un sistema de cooperación entre Estados. Sólo rige, además, sobre las adopciones internacionales y define con criterio domiciliario la existencia de un vínculo internacional (residencia habitual). Prevé todo un capítulo sobre controles y garantías ya sea desde el menor, padres adoptivos, naturales u organismos de los Estados miembros.

Es muy buena la necesidad y el detalle que este Convenio exige en el estudio de cada situación en particular, obligando a los Estados a tareas de seguimiento, información, asesoramiento, consentimientos y otros pasos que garantizan en el fondo y en la forma la protección del menor. Hace asumir a los Estados Partes la responsabilidad sobre las decisiones tomadas y prevé también la casuística sobre situaciones que deban revertirse y cuándo se puede un Estado negar a reconocer una adopción. Las garantías para evitar el tráfico están también en los límites que la ley le fija a los Estados y a sus órganos competentes.

En resumen, sugerimos fervientemente la aprobación de este texto. Es duro donde debe serlo y flexible en la misma medida. Es minucioso y extenso dejando muy pocas áreas de la adopción internacional en lagunas legales. Sobre todo es un sistema bastante fino de garantías para prevenir desviaciones hacia prácticas modernas que perjudican a nuestra infancia desvalida.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional.

Sala de la Comisión, 27 de marzo de 2003.

JULIO LUIS SANGUINETTI, Miembro informante, NELSON BOSCH, RAMÓN FONTICIELLA, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.