 |
 |
| |
| |
N° 3084 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2002
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIARIO DE SESIONES
DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA
74ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES
GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente
Y DOCTOR RAÚL ARGENZIO 4to.Vicepresidente
ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN
Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO
Montevideo, 26 de noviembre de 2002.
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana miércoles 27, a la hora 14, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente
- ORDEN DEL DÍA -
Defensa de la salud reproductiva. (Normas). (Carp. 3107/993). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 637 y Anexo I
HORACIO D. CATALURDA MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s
1.- Asistencias y ausencias
2.- Asuntos entrados
3.- Proyectos presentados
5.- Inasistencias anteriores
CUESTIONES DE ORDEN
7 y 9.- Integración de la Cámara
11.- Levantamiento de la sesión
ORDEN DEL DÍA
8 y 10.- Defensa de la salud reproductiva. (Normas).
— Continúa la discusión general
Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, José Caballero, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Silvia Ferreira, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Mabel González, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Tabaré Hackenbruch Legnani, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Antonio López, Guido Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, José Homero Mello, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Jorge Pandolfo, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Margarita Percovich, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Iván Posada, Carlos Riverós, Glenda Rondán, Humberto Ruocco, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Jorge Schusman, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Jorge Silva Rotta, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, Fernando Vázquez, José L. Veiga y Walter Vener Carboni.
Con licencia: Álvaro Alonso, Carlos Baráibar, Brum Canet, Ruben Carminatti, Silvana Charlone, Daniel Díaz Maynard, Alejo Fernández Chaves, Arturo Heber Füllgraff, Julio Lara, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, Felipe Michelini, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Carlos Pita, Yeanneth Puñales Brun, Víctor Rossi y Raúl Sendic.
Faltan con aviso: Juan Justo Amaro Cedrés, Martha Montaner, Alberto Perdomo, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pedro Sande y Gustavo Silveira.
"Pliego Nº 192
INFORMES DE COMISIONES
La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa "Suiza" la Escuela Nº 20 de Laguna de los Patos, departamento de Colonia. C/2126/002
- Se repartió con fecha 26 de noviembre
COMUNICACIONES GENERALES
La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Félix Laviña, en sesión de 6 de noviembre de 2002, por la que solicita que se adopten medidas para solucionar el problema de la contaminación provocada por el transporte urbano. S/C
- A sus antecedentes
COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS
El Ministerio de Educación y Cultura contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Roque Arregui, sobre el sistema de remuneración a los profesores del denominado "Espacio Adolescente". C/27/00
- A sus antecedentes
PEDIDOS DE INFORMES
El señor Representante Víctor Rossi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros de Estado, sobre los inmuebles de propiedad de dicho Banco y las condiciones contractuales bajo las que se ha adjudicado el uso de algunos de éstos para uso de directores o ex directores del mismo. C/2628/002
El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la entrega de viviendas pertenecientes a un complejo habitacional del SIAV en la ciudad de Rocha. C/2629/002
- Se cursaron con fecha 26 de noviembre
PROYECTOS PRESENTADOS
Los señores Representantes Ricardo Falero e Iván Posada presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas sobre la planificación familiar, la educación sexual y determinados requisitos para autorizar el aborto con consentimiento de la mujer, en casos excepcionales. C/2630/002
El señor Representante Ricardo Berois Quinteros presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la designación de una Comisión Especial con el cometido de elaborar un programa, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que reconozca el valor social de la maternidad y paternidad responsables y la tutela de la vida humana. C/2631/002
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social".
A) "PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EDUCACIÓN SEXUAL E INTERRUPCIÓN EXCEPCIONAL DEL EMBARAZO. (Normas).PROYECTO DE LEY
CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y LA EDUCACIÓN SEXUAL
Artículo 1º.- El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, promoviendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana. A esos efectos el Estado desarrollará una participación activa en las políticas sociales, educativas y culturales, y en especial, en las referidas a la salud reproductiva y la disminución de la morbimortalidad materna. Dichas políticas deberán alentar la responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo, a los efectos de un mayor compromiso en la planificación de la familia.
Los entes de enseñanza pública incluirán en los planes de formación la educación sexual para orientar a los educandos hacia una actitud responsable y de compromiso con la estabilidad moral y material de la familia.
Artículo 2º.- El Ministerio de Salud Pública deberá reasignar sus recursos para incluir en su presupuesto un programa con los siguientes objetivos:
A) Promover y ejecutar políticas en materia de educación sexual que propendan al ejercicio armónico de la sexualidad y la prevención de los riesgos asociados.
B) Participar activamente en la implementación de políticas de planificación familiar.
C) Promover a que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad y a adoptar decisiones relativas a reproducción sin coerción, discriminación ni violencia.
D) Instrumentar medidas que tiendan a la disminución de la morbimortalidad derivada de la interrupción de embarazos practicada en situación de riesgo.
El cumplimiento de los objetivos mencionados involucrará a todo el personal de la salud, para lo cual se dispondrá su capacitación en la esfera de la salud sexual y reproductiva y de la planificación de la familia, incluyendo la orientación y comunicación interpersonal.
Artículo 3º.- El Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de los objetivos encomendados en el artículo precedente, coordinará acciones con los organismos del Estado que considere pertinente.
CAPÍTULO II
INTERRUPCIÓN EXCEPCIONAL DEL EMBARAZO:
CIRCUNSTANCIAS, PLAZOS Y REQUISITOS
Artículo 4º.- La interrupción del embarazo no será penalizada para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en el artículo siguiente y se realice antes de las primeras doce semanas de gravidez.
Artículo 5º. (Requisitos).- Antes de las primeras doce semanas de gravidez, la mujer deberá concurrir a consulta médica ante una institución de medicina integral, pública o privada, habilitada por el Ministerio de Salud Pública, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso.
El médico dispondrá de inmediato la consulta con un equipo interdisciplinario, integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico, pudiendo ser el médico consultado, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social. Al menos uno de los profesionales que integren el citado equipo deberá pertenecer a la lista del personal con objeciones de conciencia.
El equipo interdisciplinario, actuando conjunta o separadamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características y connotaciones del aborto, enfatizando los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.
En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.
A partir de la última reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad ante el médico tratante de interrumpir su embarazo, se coordinará de inmediato la intervención. La ratificación de la solicitante será expresada por escrito y avalada con su firma.
Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico ginecotocólogo dejarán constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente.
Artículo 6º. (Deberes de los profesionales).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los profesionales integrantes del equipo interdisciplinario deberán:
A) Orientar a la mujer sobre los medios adecuados para prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a éstos, así como respecto a los programas de planificación familiar existentes.
B) Entrevistarse con el padre del concebido, recabando previamente el consentimiento expreso de la mujer.
C) Velar para que el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros, sea para continuar o interrumpir el embarazo.
D) Declarar ante la institución de medicina integral sus objeciones de conciencia respecto al aborto provocado.
E) Abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción.
Artículo 7º. (Deberes de las instituciones públicas o privadas de medicina integral).- Las instituciones públicas o privadas de medicina integral deberán:
A) Promover la formación permanente de consejeros profesionales para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo.
B) Estimular el trabajo en equipos interdisciplinarios cuya integración mínima en cuanto a número y calidad será la dispuesta en el artículo 5º de esta ley.
C) Interactuar con organizaciones sociales idóneas que brinden apoyo solidario y calificado, en los casos de maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias.
D) Poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución específicamente involucrado en el objeto de esta ley. La referida lista será actualizada anualmente, debiendo distinguir a los profesionales que hayan manifestado objeciones de conciencia respecto a las prácticas de aborto provocado.
E) Garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en las consultas previstas en el artículo 5º de esta ley, así como de todos los datos anotados en su historia clínica.
F) Verificar que al menos uno de los profesionales integrantes del equipo interdisciplinario tiene objeciones de conciencia con relación a las prácticas de aborto provocado.
Artículo 8º.- Fuera de las condiciones establecidas en los artículos 4º y 5º de esta ley, la interrupción del embarazo solo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer o cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.
El médico dejará constancia por escrito en la historia clínica de las circunstancias precedentemente mencionadas, debiendo someter tal decisión a consideración de la mujer, salvo cuando la gravedad del caso determine que ello no sea posible.
En todos los casos se deberá tratar de salvar la vida del feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer.
CAPÍTULO III
CONSENTIMIENTOS ESPECIALES
Artículo 9º.- En los casos de mujeres menores de dieciocho años no habilitadas, el médico tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción. En dicho consentimiento deberá expresarse la voluntad de la menor y el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales o, en su ausencia o inexistencia, de su tutor o de su guardador de hecho.
Artículo 10.- Cuando por cualquier causa, se niegue el asentimiento o sea imposible obtenerlo de quien debe prestarlo, la menor podrá acudir ante los Jueces Letrados de Primera Instancia con competencia en materia de familia, quienes resolverán al respecto. La menor deberá comparecer personalmente, con asistencia letrada. El procedimiento será verbal y el Juez previa audiencia con la menor, resolverá en el plazo máximo de cinco días contados a partir del momento de su presentación ante la sede, habilitando horario inhábil si fuera menester.
Artículo 11.- En los casos de incapacidad declarada judicialmente, el asentimiento para la interrupción del embarazo lo prestará preceptivamente el titular de la sede judicial que decretó la interdicción, a solicitud del curador respectivo, en el plazo establecido en el artículo anterior.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 12.- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial. Todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento a sus beneficiarias, siendo efectuado en todos los casos por médico ginecotocólogo.
Las instituciones referidas en el inciso anterior deberán establecer las condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para posibilitar a las mujeres el acceso a dichas intervenciones, dentro de los plazos que establece la presente ley.
Artículo 13.- Aquellos médicos o miembros del equipo quirúrgico que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenezcan dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la misma. Quienes ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que comiencen a prestar servicios.
Los profesionales y técnicos que no hayan expresado objeción, no podrán negarse a efectuar las intervenciones.
La objeción de conciencia podrá revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la manifestación en tal sentido del profesional, a las autoridades de la institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en procedimientos para la interrupción de embarazos, con excepción de las situaciones previstas en el siguiente inciso.
Lo dispuesto en el presente artículo, no es aplicable a los casos previstos en el artículo 8º de la presente ley.
Artículo 14. (Registro estadístico).- El médico que intervenga en un aborto o sus complicaciones, deberá dar cuenta del hecho, sin revelación de nombres, al sistema estadístico del Ministerio de Salud Pública a fin de que éste lleve un registro de las consultas realizadas en los términos previstos por el artículo 5º de esta ley, de las interrupciones de embarazo practicadas, de los nacimientos, y de todo otro dato sociodemográfico pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley.
Artículo 15.- Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año.
CAPÍTULO V
DEL DELITO DE ABORTO
Artículo 16.- Sustitúyese el Capítulo IV, Título XII, del Libro II del Código Penal, promulgado por Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933 y modificado por Ley Nº 9.763, de 28 de enero de 1938, por el siguiente:
"ARTÍCULO 325. (Delito de aborto).- La mujer que causare o consintiere su aborto, y quienes colaboraren con ella, realizando actos de participación principal o secundaria, fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en la ley, cometen el delito de aborto y serán castigados con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.
ARTÍCULO 326. (Aborto sin consentimiento de la mujer).- El que causare el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con dos a ocho años de penitenciaría.
ARTÍCULO 327. (Lesión o muerte de la mujer).- Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 325 sobreviniera a la mujer una lesión grave o gravísima, la pena será de tres a nueve años de penitenciaría, y si ocurre la muerte, la pena será de cuatro a doce años de penitenciaría.
Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 326 sobreviniere a la mujer una lesión grave o gravísima, será de tres a quince años de penitenciaría, y si ocurriese la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría.
ARTÍCULO 328. (Circunstancias agravantes).- Se considera agravado el delito cuando se practicara por el marido o mediando alguna de las circunstancias previstas en el inciso 14 del artículo 47".
Artículo 17.- Sustitúyense los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 9.763, de 28 de enero de 1938, por los siguientes:
"ARTÍCULO 2º.- Cuando se denunciare un delito de aborto, el Juez competente procederá en forma sumaria y verbal a la averiguación de los hechos, consignando el resultado en acta. Si de las indagaciones practicadas, se llegara a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho es lícito, mandará clausurar los procedimientos, observándose los trámites ordinarios.
ARTÍCULO 3º.- El médico que intervenga en las complicaciones de un aborto que haya sido practicado fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en la ley, deberá dar cuenta del hecho al Juez competente, dentro de las cuarenta y ocho horas de tomar conocimiento del mismo".
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 18. (Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 19. (Reglamentación y vigencia).- Atento a la responsabilidad cometida al Estado y a los efectos de garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente ley, la misma entrará en vigor a los treinta días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.
Montevideo, 26 de noviembre de 2002.
IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Introducción
Durante las tres últimas décadas, el Uruguay ha discutido y finalmente dejado de lado todos y cada uno de los proyectos presentados tendientes a brindar un marco legal a la interrupción voluntaria del embarazo. Con pequeñas diferencias de matiz en su contenido, los sucesivos proyectos despertaron siempre el mismo tipo de polémica, caracterizada por una tensa polarización entre dos posturas defendidas de modo extremo. Hoy vuelve a repetirse la misma situación, sin producirse avance o acuerdo alguno entre las posiciones en pugna.
Entre tanto, muchas naciones del mundo han procesado la discusión con un abordaje más pragmático, más atento a lo que enseña la experiencia, y si bien no han zanjado la cuestión de fondo, saturada de elementos filosóficos, religiosos y científicos, puede afirmarse que las estrategias que han procurado enfocar el fenómeno con una mirada más integral, han logrado obtener cierto éxito comparativo -tanto en términos de mejores perspectivas para la mujer, como desde el punto de vista de los abortos evitados-.
El presente proyecto de ley toma en cuenta las estrategias adoptadas por otras naciones, diseña una propuesta adaptada a la problemática nacional y fundamentalmente, busca brindar nuevas bases, diferentes a las tradicionalmente esgrimidas, a efectos de encontrar una solución más completa y humana a la cuestión del aborto provocado.
Los partidarios del régimen vigente, tanto como aquellos que se oponen al aborto en cualquier circunstancia imaginable, invocan la vida humana, en particular la vida del concebido, como un absoluto. En el otro extremo, los partidarios de la libertad de opción para la madre, a su vez, apelan a su autonomía también con el carácter de un absoluto. El presente proyecto de ley, en cambio, equidistante entre ambos polos, trata el problema desde el ángulo de un conflicto de valores. Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices -o incluso las diferencias profundas-, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer.
En esencia, la clave de la fundamentación reside en optar por la senda del menor mal ante valores en conflicto, y en recordar que la salida civilizada cuando la humanidad enfrenta situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados.
Todas las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley apuntan a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la inclusión de consejeros profesionales para acompañar la decisión de la mujer; la exigencia de un plazo de reflexión de cinco días para que la interesada ratifique su solicitud; la posibilidad de la renovación anual de la lista del personal de salud con objeciones de conciencia; la presencia de al menos un objetor de conciencia entre los consejeros; y la exigencia de realizar y divulgar estadísticas anuales para evaluar periódicamente los efectos de la norma.
Otros aspectos importantes que el legislador debe atender refieren a múltiples cuestiones, que hacen a posibles efectos no deseados de la norma. A vía de ejemplo, el legislador debe impedir que una norma permisiva sobre el aborto voluntario provoque un aumento de dicha práctica e incluso su banalización, lo cual resultaría incoherente con el deber del Estado de diseñar y ejecutar políticas que promuevan la paternidad responsable y la defensa de la familia. Al mismo tiempo, el Capítulo II del proyecto de ley busca romper el círculo vicioso generado por la prohibición vigente, y hacer desaparecer o por lo menos disminuir en forma gradual todas sus consecuencias perversas: clínicas clandestinas, corrupción médica y policial, maniobras abortivas domésticas, incidencia de personas inescrupulosas y no idóneas, etcétera.
El legislador debe impedir también que los mecanismos previstos en la ley se burocraticen y se conviertan en un mero trámite formal. En particular, el procedimiento de consulta de la mujer con un equipo interdisciplinario, aun con todas las ventajas que posee, corre precisamente ese riesgo. Por ello, para evitarlo, se exige la presencia de al menos un objetor de conciencia entre los consejeros profesionales, como elemento de contrapeso. Pero este elemento, a su vez, requiere ser controlado, a efectos de mantener la asesoría en situación de ecuanimidad y equilibrio. Por ello, para evitar presiones indebidas -ya provengan de los consejeros con objeciones de conciencia o de aquellos que no la han manifestado-, la ley plantea el requisito de que los consejeros no asuman la función de denegar o autorizar la interrupción de un embarazo.
Ante todo, el nuevo proyecto de ley pretende terminar con la contradicción esencial que traía aparejada la antigua normativa con su inadecuada defensa de la vida. La antigua normativa, hoy vigente, no ha logrado defender la vida de ese modo, ni las de los concebidos, ni la de las madres. Pero suele olvidarse, además, que la majestad de la ley ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento, pasivamente permitido con su terrible secuela -peligrosamente generalizable-, de desmoralización y escepticismo para todos los ciudadanos.
A continuación se exponen los elementos jurídicos, médicos, psicológicos y de género que fundamentan y proveen de amplias y nuevas bases al proyecto de ley.
2. Fundamentos jurídicos
El Uruguay ratificó (Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Según el artículo 4º, inciso primero: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" (...)
Este artículo ha suscitado numerosos debates, con el foco en la expresión aquí destacada en negrillas, "en general". Los adversarios de la legalización han invocado ese inciso para mantener la prohibición. Los partidarios del aborto voluntario, a su vez, lo han interpretado para fundamentar su propia postura. Sin embargo, la interpretación no puede ser otra que la de una tercera opción, es decir, aquella que apunta al carácter de excepcionalidad. Tan es así, que incluso la exégesis que puede encontrarse en la literatura de los partidarios del aborto legal y voluntario, reafirma ese espíritu.
Por ejemplo, repárese en los siguientes comentarios, que no hacen más que apoyar la interpretación en términos de la excepcionalidad que busca recoger el nuevo proyecto desde su propio título:
"En opinión de uno de nuestros más destacados juristas -especialista en Derecho Público y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República-, Prof. Dr. Horacio Cassinelli Muñoz, la inclusión de la expresión 'en general' entre comas en el texto, se realizó justamente previendo la posibilidad que los ordenamientos nacionales regularan la interrupción voluntaria de la gravidez, lo cual sin duda debe entenderse como una excepción al principio general, admitida por el texto de la Convención".
"Por otra parte, en todos los ordenamientos existen previsiones para los casos de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general, admitiéndose en circunstancias especialmente determinadas -como la legítima defensa o el estado de necesidad, por ejemplo-, la prevalencia legítima de uno sobre el otro".
No es posible fundamentar, a partir de las explicaciones precedentes, ni la total prohibición, ni la total permisividad. Entre tanto, de esos dos párrafos surge con toda claridad que el artículo 4º, inciso primero, "debe entenderse como una excepción al principio general", hay que admitir que se está ante un conflicto de valores ("casos de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general"), y que solamente corresponde la "prevalencia legítima de uno sobre otro" en "circunstancias especialmente determinadas". Ese es, precisamente, el espíritu del Capítulo II del proyecto de ley. Una futura norma sobre esta problemática no puede ser permisiva, ni debe favorecer la generalización de una práctica. El Pacto de San José de Costa Rica apunta exactamente a lo contrario. La "generalidad" refiere al derecho a la vida y no a su interrupción. El derecho a la vida "estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción". Si eso es "en general", sólo "en particular", es decir, sólo en circunstancias excepcionales, muy delimitadas, se admitirá la interrupción de un embarazo.
En cuanto al plazo de reflexión que introduce el nuevo proyecto, pueden encontrarse muchos antecedentes en el derecho comparado. Aquí apenas mencionamos:
- Italia (Ley de 1978): Artículo 5º. Si no se trata de un caso de urgencia: "Transcurridos los 7 días la mujer puede presentarse para obtener la interrupción del embarazo".
- Francia (Ley de 1975): Artículo L.162-5: "Si la mujer ratifica, luego de las consultas previstas en los artículos L.162-3 y L.162-4, su solicitud de interrupción de la gravidez, el médico debe solicitarle una confirmación por escrito, no pudiendo aceptar esta confirmación sino después de la expiración del término de una semana siguiente a la primera demanda de la mujer".
- España: Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (propuesta del PSOE, 1998). Entre las condiciones para ejercer el derecho a abortar en el artículo 1º se establece:
Artículo 1º, inciso d: "Que una vez asesorada e informada en los términos de esta ley haya dejado transcurrir un plazo mínimo de tres días a fin de madurar su decisión definitiva".
En cuanto al consejo y apoyo profesional:
- Francia (Ley de 1975): Artículo 162-4. "Esta consulta implica una entrevista particular en el curso de la cual se le ofrece asistencia y consejos apropiados a su situación, así como los medios necesarios para resolver los problemas sociales planteados".
- Islandia (Ley de 1975). El artículo 11 refiere a la necesaria presencia y actuación de un ginecotocólogo, visitador social, cirujano, y, cuando fuere del caso de un psiquiatra, en las interrupciones de la gravidez autorizadas por la ley.
- España: Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (propuesta del PSOE, 1998):
Artículo 1º, inciso b: "Que la mujer que desee interrumpir su embarazo acuda a algunos centros de asistencia y asesoramiento acreditado antes de llevarlo a cabo".
Artículo 1º, inciso c: "Que la mujer, tras haber sido adecuadamente oída en entrevista y haber escuchado en ella las razones que asisten al Estado para tutelar la vida, sea informada de cuantas ayudas familiares, económicas y sociales disponibles pudieran ser de utilidad así como los aspectos jurídicos y médicos de la intervención, de todo lo cual se expedirá la oportuna certificación".
3. Fundamentos médicos
Un fuerte apoyo empírico a las modificaciones propuestas lo constituye la metodología expresada en el libro "Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo. Aspectos clínicos, epidemiológicos, médico-legales, bioéticos y jurídicos", coordinado por el doctor Leonel Briozzo (edición del Sindicato Médico del Uruguay, Montevideo, 2002). Sin tomar partido en cuanto a la legalización del aborto, todo el abordaje de ese equipo de profesionales de la salud, se centra en apoyar a la mujer "antes" y "después" de un aborto.
Si este grupo de médicos, apoyado por la Facultad de Medicina, la Sociedad de Ginecotocología y el Sindicato Médico del Uruguay, insiste en acompañar a la mujer cubriendo esas dos etapas, y además sostiene que eso ya está permitiendo reducir la mortalidad y la morbilidad, entonces es menester profundizar y continuar esa misma línea, y acompañar a la mujer en el momento más difícil, es decir, en el "durante", mientras se procesa la decisión. El Capítulo II del proyecto de ley introduce consejeros profesionales habida cuenta de esa pragmática y sugerente experiencia.
Recordar algunas de sus recomendaciones: "Para operativizar esta normativa se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario constituido por ginecotocólogo, obstetra-partera, especialista en salud mental, asistente social, médico legista, sociólogo, entre otros" ("Iniciativas sanitarias...", pág. 79). Si se puede pedir tanto, y si se puede lo más (como parecen plantear los médicos del Hospital Pereira Rossell), entonces se puede también lo menos: el proyecto modificado exige apenas tres profesionales, y va en el mismo sentido de esa estrategia defendida con una vasta experiencia directa en el tema -y apoyada por la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay-.
4. Fundamentos psicológicos
En muchas de las páginas de "Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo", se reitera la necesidad de acompañar a la mujer, dadas las circunstancias en que se encuentra.
En particular, en la página 63, la doctora Graciela López Machín -abogada, Directora de Prevención de Delitos- afirma: "Los métodos que las mujeres suelen utilizar en su intento por resolver su problema deben ser vistos como un reflejo de su desesperación. Así, las que poseen información y recursos acceden a profesionales que utilizan técnicas seguras y mitigan el dolor físico y emocional. En cambio, las que no los poseen suelen provocárselo ellas mismas o con asistencia de una persona sin entrenamiento y sin recursos materiales".
El Capítulo II del proyecto de ley busca, precisamente, brindarle a todas las mujeres -y especialmente a las mujeres pobres-, antes que una mera facilidad para abortar en condiciones higiénicas, un apoyo médico, psicológico y social que las continente y rodee de mayores elementos su decisión.
También en "Iniciativas sanitarias..." el informe de la psicóloga Denisse Defey, titulado "El aborto provocado: su dimensión psicosocial", incluye muchas afirmaciones que pueden ser utilizadas como fuertes argumentos a favor de introducir consejo profesional, médico, psicológico y social, y añadir un plazo de reflexión para que la mujer lo procese en forma adecuada. En dicho trabajo se insiste en la ambivalencia del deseo de la mujer, tanto de abortar como de ser madre y en la fragilidad de las circunstancias que envuelven cualquier embarazo. Según Defey, no hay exactamente decisiones únicas, sino procesos. En todo caso, la mujer no está en el mejor momento para decidir sola. Según sus palabras: "El deseo aparece como un fenómeno cambiante que debería -en todo caso- describirse como un proceso más que como una categoría presente o ausente. Esto queda dramáticamente demostrado por el hecho de que en Francia, pese a que el aborto se realiza por sola voluntad de la mujer, se le exige una semana de reflexión y en ese tiempo la mitad de las mujeres desiste de su intención original" (pág. 35). Y más adelante: "La mujer que se halla en profunda duda respecto de la realización del aborto constituye otra indicación para una entrevista especializada, la cual tiene como objetivo ayudarle a esclarecer sus motivaciones tanto a favor como en contra del aborto, procurando una decisión más libre y más certeramente arraigada en su situación tanto interna como externa". (pág. 45).
5. Perspectiva de género
La propuesta incluida en el Capítulo II del proyecto de ley atiende a la circunstancia de que resulta innegable la connotación de género que tiene el aborto y, como consecuencia de ello, excluye la posibilidad de que el progenitor varón pueda forzar la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo o de continuarlo.
De este modo, se reconoce que es la mujer quien sufre las penosas circunstancias de un embarazo no deseado, con angustia y aun con pánico. Será sobre su conciencia que pesará la decisión y, teniendo presente el modo distinto en que hombres y mujeres afrontan la paternidad o la maternidad, se advierte que es la vida de la mujer la que cambiará para siempre, si decide continuar con el embarazo o interrumpirlo.
Lo anterior no implica compartir la idea de que el concebido forma parte del cuerpo de la mujer, ni de que el progenitor varón deba ser excluido de las instancias de reflexión, asesoramiento y consulta que precederán a la decisión final acerca de la continuación o interrupción del embarazo. En este sentido, se propone que el padre participe, siempre que la mujer exprese su consentimiento, mecanismo que se adecua a todas las situaciones que puedan presentarse: pareja estable o ausencia de ella; pareja en crisis o funcionando apropiadamente.
6. Algunas reflexiones finales
Para finalizar esta exposición de motivos, nos parece oportuno incorporar algunos testimonios del sacerdote Luis Pérez Aguirre, recogidos en el libro editado recientemente por la Cámara de Representantes.
"Se me ocurre que el camino acertado está en luchar más decididamente por leyes que ataquen las causas sociales del aborto. Leyes que encaren la planificación familiar, la atención de la salud de la mujer, que combatan frontalmente la pobreza, que encaren la protección de las personas nacidas con discapacidades.
Sería muy bueno que el legislador propusiera leyes que defiendan: 1) un programa de planificación familiar; 2) la superación de la discriminación y la ayuda a las madres solteras y su hijo; 3) el amparo social a la madre casada o no; 4) una rígida legislación para proteger el empleo y protección de la gestante; 5) leyes que faciliten la adopción; 6) el amparo social vitalicio para hijos retardados; 7) salario materno; 8) multiplicación de las guarderías infantiles; 9) centros de medicina preventiva.
Es absurdo simplificar la polémica ubicándola en dos bandos extremos irreconciliables: quien dice que para salvar embriones y/o fetos hay que ajusticiar, eliminar o sancionar socialmente a las madres y quien sostiene, por el contrario, que para defender a las madres se puede aceptar o justificar la destrucción de embriones o fetos. En esta disyuntiva de hierro lo trágico es que las ajusticiadas son siempre las mismas víctimas, porque abrumadoramente desde el punto de vista numérico son las más débiles y las más pobres, las que no se pueden o no tienen los medios para defenderse o escapar de la legislación dada...
Claro, siempre será mucho más cómodo evitar todo este conflicto amenazándola con la cárcel si aborta. Siempre será más fácil eliminar fetos o mujeres que luchar contra las verdaderas causas sociales del aborto. Lo paradójico es que ninguna de las dos posiciones ha llevado nunca a disuadir a nadie ni a terminar con los abortos sino generalmente con las víctimas de esas situaciones angustiosas. Aunque puedan tranquilizar algunas conciencias, estas posiciones serán siempre pseudo-soluciones. Mientras persistan las causas que acorralan y obligan a la mayoría de las mujeres a abortar, ellas seguirán abortando".
Montevideo, 26 de noviembre de 2002.
IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones".
B) "PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DEL VALOR SOCIAL DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES Y LA TUTELA DE LA VIDA HUMANA. (Se solicita al Poder Ejecutivo que designe una Comisión Especial para su implementación).
MINUTA DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que designe una Comisión Especial que elabore un plan para la implementación de un programa dependiente del Ministerio de Salud Pública que reconozca el valor social de la maternidad y paternidad responsables y la tutela de la vida humana.
La misma estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), un representante de las Cátedras Ginecológicas del Hospital Pereira Rossell, un representante de las comunidades religiosas y un representante de las organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Para la elaboración de dicho programa deberán tenerse en cuenta los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y la normativa nacional vigente.
Montevideo, 26 de noviembre de 2002.
RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El abajo firmante, en representación de los Diputados electos del Partido Nacional, dan a conocer a la opinión pública la posición que asumen en oportunidad de la discusión sobre el aborto.
La defensa de la vida humana en todas sus etapas forma parte de la convicción ética que nos nutre como ciudadanos y como gobernantes.
La sociedad uruguaya organizada en el Estado debe utilizar todas sus fuerzas y capacidades para garantizar el respeto integral de los derechos humanos, el primero de los cuales es el "derecho a la vida", que se debe tutelar especialmente desde la concepción.
Por lo antedicho, es preciso contar con las mejores capacidades para promover y desarrollar acciones tendientes a garantizar el derecho a la vida de los niños y sus madres.
Montevideo, 26 de noviembre de 2002.
RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores".
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.
(Es la hora 14 y 36)
——Dese cuenta de las exposiciones escritas.
(Se lee:)
"Los señores Representantes Roque Arregui y Ricardo Castromán Rodríguez solicitan se cursen las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas:
sobre la posibilidad de suscribir un convenio con la Universidad de la República para el estudio de las causas de las crecientes del río Negro, en la zona de la represa de Palmar. C27/000
relacionada con la necesidad de realizar determinadas obras viales en varias rutas nacionales. C/27/000
El señor Representante Ricardo Berois Quinteros solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la posibilidad de construir un refugio peatonal en la zona de la barra de Santa Lucía. C/27/000
El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:
a los Ministerios de Economía y Finanzas; de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación; y de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, referente a la necesidad de entregar partidas de alimentos a los centros CAIF del citado departamento. C/27/000
al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, sobre la creación de un nuevo jardín de infantes en la ciudad de Fray Bentos. C/27/000
Los señores Representantes Ruben Obispo, José Homero Mello y Juan José Domínguez solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la distribución de puestos de trabajo de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Nº 10.459, de 14 de diciembre de 1943. C/27/000
La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, relacionada con el control de la entrega de canastas de alimentos por parte del referido Instituto. C/27/000
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Vialidad, acerca de la necesidad de realizar obras en el balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo. C/27/000
al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, referente a la finalización de las obras de instalación de la red de energía eléctrica en la zona de San Diego, ubicada en la 5ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo. C/27/000
al Ministerio de Salud Pública, sobre la necesidad de regularizar la situación del personal de enfermería que se desempeña en forma honoraria en los hospitales y policlínicas del departamento de Cerro Largo. C/27/000
El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Canelones, y por su intermedio a la Junta Local de Empalme Olmos, relacionada con la posibilidad de construir una rotonda en la entrada a dicha localidad, sobre la Ruta Nacional Nº 8. C/27/000
El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay; y a la Asociación de Bancarios del Uruguay, acerca del cuerpo técnico agropecuario del referido Banco estatal. C/27/000
El señor Representante Fernando Araújo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, referente a la implantación de cursos de cuarto año liceal en el Liceo Nº 4 del barrio Santa Isabel, en la ciudad capital del departamento de Rivera. C/27/000
El señor Representante Jorge Chápper solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de San José, a Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), y a las Comisiones de Fomento de los Planes MEVIR en el mencionado departamento, sobre partidas de inversiones asignadas y no entregadas para el desarrollo del citado plan de viviendas. C/27/000
El señor Representante Guzmán Acosta y Lara solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y por su intermedio a la Inspección Departamental de Durazno; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Durazno, con destino a la Junta Local de Sarandí del Yí, relacionado con la venta de un inmueble perteneciente al Estado. C/27/000
El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, acerca de un proyecto de la Asociación de Criadores de Cerdos Pampas, a desarrollarse en el departamento de Rocha. C/27/000".
——Se votarán oportunamente.
Dese cuenta de las inasistencias anteriores.
(Se lee:)
"Inasistencias a las Comisiones:
Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:
GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Con aviso: Ernesto Agazzi".
——Habiendo número, está abierta la sesión.
Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.
(Se vota)
——Treinta y seis en cuarenta: AFIRMATIVA.
(Texto de las exposiciones escritas:)
1) Exposición de los señores Representantes Roque Arregui y Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la posibilidad de suscribir un convenio con la Universidad de la República para el estudio de las causas de las crecientes del río Negro, en la zona de la represa de Palmar.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El río Negro, aguas abajo de la represa de Palmar, durante la mayor parte del presente año ha permanecido crecido, contándose entre los múltiples perjuicios la inundación de parte de la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, con las correspondientes consecuencias. A los efectos de encarar las acciones que puedan corresponder, se hace imprescindible la realización de un riguroso estudio que identifique las causas actuantes y su grado de incidencia en las crecidas. Precipitaciones pluviales en la cuenca del río Negro superiores a las normales, acumulación de sedimentación en el lecho del río y las represas, son algunas de las hipótesis que se manejan en la población. Es imperioso determinar en forma científica cuáles son las razones, a efectos de encarar acciones ajustadas a las causas. Por lo expuesto, solicitamos la realización de estudios que determinen las causas de las crecidas, por lo que sugerimos la firma de un convenio con la Universidad de la República. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano y RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".
2) Exposición de los señores Representantes Roque Arregui y Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de realizar determinadas obras viales en varias rutas nacionales.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Habiendo planteado, oportunamente, la realización de las obras que detallaremos, y ante la necesidad de que las mismas se lleven a cabo, reiteramos la solicitud de su ejecución. 1) En Ruta Nacional Nº 2 Grito de Asencio: A) Trébol de ingreso al centro poblado Los Arrayanes, del departamento de Río Negro. B) Refacción en terraplenes de acceso al puente sobre el río Negro. C) Obras en el tramo que comprende a la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano. D) Obras en el tramo Cardona-Rosario. 2) En Ruta Nacional Nº 21 Treinta y Tres Orientales: A) Tramo Dolores-Nueva Palmira. B) Intensificar las obras en el tramo Mercedes-Dolores. C) Estudio sobre el estado del actual puente sobre el río San Salvador. D) Nuevo puente sobre el río San Salvador. E) Perimetral a Dolores de desvío del tránsito pesado, en coordinación con la Intendencia Municipal de Soriano. 3) En Ruta Nacional Nº 95: A) Bituminización. B) Nuevo puente sobre el arroyo Las Maulas. 4) En Ruta Nacional Nº 14 Brigadier General Venancio Flores: A) Mojones. B) Nuevo puente sobre el arroyo Vera. C) Completar bituminización hasta la ciudad capital del departamento de Durazno. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano y RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".
3) Exposición del señor Representante Ricardo Berois Quinteros al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la posibilidad de construir un refugio peatonal en la zona de la barra de Santa Lucía.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Semanalmente, por razones de trabajo, nos trasladamos en nuestro vehículo a la capital del país, con estudiantes de nuestro departamento, el de Flores, que aprovechan la locomoción que les ofrecemos, tanto de ida como de vuelta. Vemos cómo cientos de estudiantes y ciudadanos en general, que debido al costo de los pasajes, pasan horas esperando 'tiraje' para sus respectivos departamentos en la barra del río Santa Lucía, inmediatamente después de pasar los peajes que allí se encuentran. Es parte del folklore de la barra de Santa Lucía, encontrar todos los días y a diferentes horas, muchachos y muchachas con carteles que indican hacia dónde van, a efectos de conseguir locomoción, en largas filas, esperando sin ninguna protección, expuestos al sol y a la lluvia, soportando todas las inclemencias del tiempo. De todo eso surge la necesidad impostergable de que esa Secretaría de Estado construya refugios peatonales en esa zona, que serán de mucha utilidad para cientos de personas que a diario padecen las inclemencias del tiempo, durante largas horas, esperando que alguien los acerque a su pueblo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores".
4) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a los Ministerios de Economía y Finanzas; de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación; y de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, referente a la necesidad de entregar partidas de alimentos a los centros CAIF del citado departamento.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación (INDA); al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor (INAME); y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Hemos sido informados por los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) de nuestro departamento, el de Río Negro, de la problemática por la que están atravesando. La situación de los Centros CAIF se ha agravado, estando en juego la alimentación de 650 niños, quienes podrían quedar sin el sustento alimenticio que se les brinda, ante el incumplimiento de los organismos correspondientes. Se ha llegado a una situación prácticamente insostenible para los citados centros, debido al atraso que tiene, en las partidas, el INAME, el que supera largamente los tres meses, como, asimismo, el atraso en los aportes del INDA. Según consta en la información que se nos brindó, se realizó una entrega de alimentos en el mes de marzo del corriente año y, posteriormente, una segunda en el mes de julio, pero, lamentablemente las dos estaban incompletas. Los representantes de los Centros CAIF nos han expresado que, en gestiones realizadas ante las autoridades del INDA, se les indicó que las partidas faltantes se perdieron y que, en estos momentos, no tienen comestibles para entregar. La Intendencia Municipal de Río Negro figura como colaboradora de todos los centros del departamento, con una partida de dinero que permite, -cuando se puede cumplir y cuando no hay atrasos-, adquirir alimentos frescos y una partida de carne, en forma irregular. No ignoramos la situación que atraviesa el país y, mucho menos, la que padecen los niños, pero nos permitimos solicitar a las autoridades un máximo esfuerzo en este momento, tan difícil y crítico en la vida de la República. Y, fundamentalmente, al Ministerio de Economía y Finanzas, el que, a nuestro entender, debería hacer un esfuerzo para cumplir con las partidas adeudadas a las instituciones oficiales antes indicadas, para que, a su vez, sigan prestando la colaboración indispensable, desde el punto de vista alimentario, a los niños de los Centros CAIF. A la espera de alguna solución al planteo, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".
5) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, sobre la creación de un nuevo jardín de infantes en la ciudad de Fray Bentos.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Primaria. El Oficio Nº 3360/XI/02 de la Junta Departamental de Río Negro nos da cuenta del planteo realizado por las señoras Edilas Lasarte y Castillo y del señor Edil Rodríguez, proponiendo la creación de un nuevo jardín de infantes para la ciudad de Fray Bentos en el departamento de Río Negro. Nos parece, considerando el tema en general, que la idea es compartible y apoyable, en la medida que se realicen estudios acerca del crecimiento del número de niños en edad escolar y, especialmente, en relación con jardines de infantes, donde seguramente las autoridades de la enseñanza tendrán en cuenta la propuesta realizada. Sobre el particular destacamos que un vecino de Fray Bentos, el señor Juan Carlos Olazábal, con mucha generosidad, está dispuesto a donar un terreno, en una zona de la ciudad que se está poblando paulatinamente, y que perfectamente sería aplicable a los fines planteados. Queremos hacer notar que en esa zona se encuentra ubicada la Escuela Nº 73, de Tiempo Completo, de reciente construcción. No obstante, se ha citado, con razón, que la zona a que se alude tiene barrios densamente poblados como, por ejemplo, el JC 3, JC 23, JC 35, JC 6, las sociedades civiles Fray Bentos I, II, III, IV, y el barrio Fray Bentos 2000, en los que habitan entre 2.500 a 3.000 personas. Creemos, entonces, que es de total pertinencia el petitorio de estudio de factibilidad. De entenderlo, de esta manera, por parte del Consejo Directivo Central de la ANEP, y además porque los Jardines de Infantes Nº 64 y Nº 69 se encuentran a gran distancia uno del otro. Por lo expuesto, expresamos nuestro apoyo al planteo y esperamos de las autoridades la ponderación y responsabilidad que el mismo amerita. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".
6) Exposición de los señores Representantes Ruben Obispo, José Homero Mello y Juan José Domínguez al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la distribución de puestos de trabajo de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Nº 10.459, de 14 de diciembre de 1943.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, hoy en día, es el de crear, urgentemente, fuentes de trabajo, es decir instrumentar las medidas para crear empleos y reactivar la economía de nuestro país. Esto merece el impulso de las autoridades nacionales y municipales. Recientemente fue aprobada la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002, Ley de Reactivación Económica, que pretende -entre otras cosas- generar empleo en obras públicas como la construcción de carreteras y puentes, entre otros. El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado la posibilidad de generar fuentes de trabajo, en acuerdo con los Gobiernos Departamentales, lo que crea legítimas expectativas en la población. Creemos, por lo tanto, que hay que tomar las medidas adecuadas para que todos nuestros compatriotas tengan las mismas oportunidades para acceder a un empleo y que no se generen situaciones injustas. Para ello el país tiene algunas herramientas válidas, por ejemplo, la Ley Nº 10.459, de 14 de diciembre de 1943, por la que se establecen normas para la distribución del trabajo de obreros no especializados, en obras realizadas por la Administración, tanto por el Gobierno Nacional, por Municipios o por entes autónomos. La mencionada ley establece que en esos casos la designación se hará por sorteo y por intermedio de las Comisiones Departamentales de Trabajo, que serán designadas, a su vez, por las Juntas Departamentales. Es decir, que es un mecanismo pensado para ofrecer garantías suficientes para que los miles de desocupados, de cada departamento, tengan iguales posibilidades. En algunos departamentos, esas Comisiones ya han sido designadas, como es el caso del departamento de Paysandú. Pensamos, que ese es un mecanismo cuya aplicación debe estimularse en todo el país y que esa Secretaría de Estado, en acuerdo con los Gobiernos Departamentales, deberá intervenir para que en todas las obras anunciadas se utilice mano de obra designada por ese medio. Esperamos, que el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que ha manifestado su interés por la legislación sobre los temas de su Secretaría, intervenga positivamente en este sentido. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JUAN DOMÍNGUEZ, Representante por Montevideo; JOSÉ HOMERO MELLO y RUBEN OBISPO, Representantes por Paysandú".
7) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, relacionada con el control de la entrega de canastas de alimentos por parte del referido Instituto.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Estamos en conocimiento, a través de versiones de los propios usuarios de la canasta familiar, de irregularidades en la entrega de las mismas por parte de ese organismo. Entendemos que las autoridades correspondientes deberían poner énfasis en el control de las familias que necesiten recibir ese beneficio. Por lo expuesto, solicitamos que se realicen los trámites competentes para que dentro de las posibilidades se ponga en práctica nuestra solicitud. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".
8) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Vialidad, acerca de la necesidad de realizar obras en el balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Dirección Nacional de Vialidad. Solicitamos se realicen las siguientes obras en el balneario Lago Merín, del departamento de Cerro Largo: limpieza de la cuneta de entrada al balneario, bacheo de sus calles y un adecuado mantenimiento del alumbrado. Las obras detalladas son jurisdicción de ese Ministerio. Nuestro petitorio se basa en la inminente llegada de la temporada estival en la que el balneario es sumamente importante para el turismo departamental, nacional, e internacional. Nos permitimos plantear ante ese Ministerio dicha situación para que se instrumenten soluciones al respecto. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".
9) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, referente a la finalización de las obras de instalación de la red de energía eléctrica en la zona de San Diego, ubicada en la 5ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Vecinos de la zona de San Diego, 5ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, nos informan acerca de la demora en la instalación de la luz eléctrica en la zona. Tal situación no se entiende, por parte de los vecinos, ya que a la red le falta solamente 1 kilómetro de cableado para completar su recorrido. Han transcurrido 15 años en trámites y hace 4 años que está armada la red. Otro dato muy importante es que la comisión de vecinos dispone de US$ 15.000 donados por la Intendencia Municipal de Cerro Largo; US$ 15.000 en materiales donados por UTE, y US$ 15.000 recaudados por la comisión. Teniendo en cuenta los datos anteriores, solicitamos a las autoridades correspondientes que realicen una visita a la zona citada, que se termine con el tramo faltante y que las conexiones para los usuarios sean lo más económicas posibles. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".
10) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Salud Pública, sobre la necesidad de regularizar la situación del personal de enfermería que se desempeña en forma honoraria en los hospitales y policlínicas del departamento de Cerro Largo.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. Queremos plantear la posibilidad de dotar, tanto a hospitales como a policlínicas del departamento de Cerro Largo, de personal especializado en enfermería, ya que hemos constatado la presencia de profesionales enfermeros trabajando en forma honoraria en dichas instituciones. Tal situación no deja de ser un hecho para tomar ejemplo, pero no debería estar ocurriendo ya que ese personal es indispensable y debería ser remunerado como tal. Por lo expuesto, solicitamos que se adopten las medidas correspondientes por el Ministerio para poder cambiar la situación por la que atraviesa el personal de hospitales y de policlínicas del departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".
11) Exposición del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Canelones, y por su intermedio a la Junta Local de Empalme Olmos, relacionada con la posibilidad de construir una rotonda en la entrada a dicha localidad, sobre la Ruta Nacional Nº 8.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia Municipal de Canelones y, por su intermedio, a la Junta Local de Empalme Olmos, y a la Junta Departamental de Canelones. Hemos observado que, lamentablemente, son muchos los accidentes de tránsito que se producen en la Ruta Nacional Nº 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, y en todas sus intersecciones con otras rutas. Una de esas intersecciones con altos riesgos, es la de la citada ruta con la Ruta Nacional Nº 82, entrada a Empalme Olmos. Pensamos, que la mejor manera de organizar el tránsito en ese lugar sería con la construcción de una rotonda. Es un buen ejemplo la labor que la Policía Caminera ha efectuado en la Ruta Nacional Nº 8 y en la Ruta Nacional Nº 11 José Batlle y Ordóñez, donde gracias a la improvisada rotonda y al buen funcionamiento de la misma han disminuido, notablemente, los accidentes en los últimos tiempos. Sería muy importante, en este momento, que se están haciendo obras en la Ruta Nacional Nº 8, aprovechar las máquinas y el personal para construir una nueva rotonda en la entrada a Empalme Olmos. Solicitamos a las autoridades destinatarias de esta exposición que tengan a bien atender este tema para, como ya dijimos, disminuir los accidentes, y para tranquilidad de los vecinos y de los automovilistas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".
12) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay; y a la Asociación de Bancarios del Uruguay, acerca del cuerpo técnico agropecuario del referido Banco estatal.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), y a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Recientemente hemos recibido un planteamiento del cuerpo técnico agropecuario del BROU. Para quienes somos legisladores del interior del país y vivimos muy de cerca los procesos productivos del sector agropecuario, es preocupante constatar el achicamiento de las funciones que el BROU le asigna al cuerpo técnico agropecuario del Banco. Pensamos, que en la actual situación por la que atraviesa el sistema financiero del país, el propio BROU y, en particular, el sector agropecuario, deberían fortalecerse los roles del cuerpo técnico, ya que la asignación de los escasos recursos para créditos, así como la necesidad de recuperación de los mismos, exigirán cada vez mayor participación de los ingenieros agrónomos, de los veterinarios y de los técnicos agropecuarios en la evaluación de los proyectos, en su seguimiento y en todo lo referente a la valuación de garantías, y demás. Quienes conocemos la destacada formación de los técnicos del BROU, la seriedad e integridad técnica y moral con la que actúan dichos servicios, la experiencia acumulada y el conocimiento de los procesos productivos agropecuarios, así como de los productores de todos los rubros y puntos del país, no podemos menos que reivindicar desde el Parlamento, la necesidad de que en la actual reestructura que se realiza en nuestro principal banco estatal, esos servicios sean contemplados en su real importancia. El BROU tiene y deberá seguir teniendo el papel principal para el fomento de la producción agropecuaria y para eso se requiere, cada vez más, el aporte de los técnicos, que es imprescindible a la hora de realizar complejos análisis de procesos productivos basados en ciclos biológicos, sobre los que se elaboran proyectos que deberán ser viables y sustentables. No menos importante es el papel de dicho cuerpo técnico en la evaluación y seguimiento de los reperfilamientos, en la evaluación de las garantías y en la evaluación de los balances agropecuarios, donde se involucran bienes inmuebles, semovientes y maquinaria. Es en base a lo expuesto que manifestamos nuestra preocupación por algunos recortes que están afectando el normal desempeño de los técnicos, en especial, la falta de recursos para su traslado a los predios, situación que afecta marcadamente también a los productores, ya que según nos han informado, esta nueva situación ha generado una distorsión en el trabajo normal de los servicios técnicos y un retraso muy grande en el despacho de asuntos, con grave riesgo de pérdida de control sobre garantías e inversiones financiadas por el BROU. De acuerdo a lo expuesto, solicitamos que esta situación sea revertida, a la brevedad, y que en la reestructura funcional del Banco se le asigne a los servicios técnicos agronómicos la importancia que la agropecuaria nacional exige. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".
13) Exposición del señor Representante Fernando Araújo al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, referente a la implantación de cursos de cuarto año liceal en el Liceo Nº 4 del barrio Santa Isabel, en la ciudad capital del departamento de Rivera.
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Secundaria. Solicito que se instrumenten las medidas necesarias para que se imparta el curso de cuarto año -primer año de bachillerato- en el Liceo Nº 4, del barrio Santa Isabel, de la ciudad capital del departamento de Rivera, debido a que: 1) El liceo imparte hasta tercer año de Ciclo Básico y a partir de ese nivel sus estudiantes están obligados, para continuar su formación, a trasladarse a otros centros de estudios. Esta situación provoca que, en muchos casos, opten por abandonar los estudios debido a dificultades materiales, ya que pertenecen a poblaciones carenciadas. 2) Dicho centro de estudios además de atender a jóvenes de los barrios Santa Isabel y Santa Teresa, también atiende a la población de los barrios La Virgencita, La Pedrera, Bisio, Mandubí, Arroyo Sauzal, Curticeiras, La Humedad y Pueblo Nuevo. 3) Beneficiaría a las familias que ya envían a sus hijos al mencionado liceo, más de cuatrocientas, y a otras que optarían por esa posibilidad. 4) Se descongestionarían los demás liceos de la ciudad de Rivera, especialmente los Liceos Nº 1 y Nº 3. 5) El Liceo Nº 4 es el de construcción más reciente, fue inaugurado en el año 1996, está ubicado, estratégicamente, en la zona suburbana y se encuentra desaprovechado porque solo funciona en el horario matutino. Saludo al señor Presidente muy atentamente. FERNANDO ARAÚJO, Representante por Rivera".
14) Exposición del Representante Jorge Chápper a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de San José, a Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), y a las Comisiones de Fomento de los Planes MEVIR en el mencionado departamento, sobre partidas de inversiones asignadas y no entregadas para el desarrollo del citado plan de viviendas.
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y, por su intermedio, a las Comisiones de Fomento de los Planes de MEVIR del departamento de San José, y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de San José. Hace pocos días hemos tomado conocimiento de los importantes recortes, ajustes y reducciones que ha implementado MEVIR, motivados por la situación económico-financiera por la que atraviesa nuestro país. Por ello MEVIR, ha dejado de percibir importantes sumas de dinero, que le han obligado a reducir drásticamente las inversiones en obras, no pudiendo dar cumplimiento a los planes asumidos para el ejercicio. En el departamento de San José, por ejemplo, en pueblo Juan Soler, están detenidas las obras, con las lógicas consecuencias que ello conlleva, como por ejemplo, envíos de personal al seguro por desempleo, quizás también extensivo a otros funcionarios que prestan servicios allí o en las oficinas centrales de MEVIR, recortes en ayudas a los barrios construidos por ese solidario plan de viviendas. No solo eso repercute en nuestras comunidades, también invade el desánimo a todos los actuales participantes en la modalidad de ayuda mutua que están construyendo sus viviendas, peor aún, a todos aquellos que aspiran a integrarse a un futuro plan de MEVIR, que verán postergadas sus aspiraciones en el tiempo. Es por todos conocido que en el rubro vivienda en nuestro territorio, existe demanda insatisfecha. Ese tipo de plan con bases en la solidaridad, donde el aspirante y su familia trabajan en su construcción, ha logrado afincar en pequeñas poblaciones del país a miles de uruguayos que de no contar con el mismo, hubiesen emigrado a ciudades de más población, conformando los indeseados asentamientos, llenos de carencias. Conocemos la importancia que han adquirido esos emplazamientos habitacionales. A su influjo y por el interés de quienes los habitan, han mejorado diversos aspectos que hacen a la calidad de vida del barrio, en particular, y de la comunidad en la que se emplazan, en general, aportando casas para policlínicas, guarderías, escuelas, oficinas públicas y demás. Hemos sido receptores de diversas inquietudes al respecto, provenientes de los vecinos que conforman esos barrios, quienes nos han solicitado que nos ocupemos del tema exigiendo a las autoridades que les compete, que den más rubros para continuar con las obras inconclusas. Pero, sobre todo, pedir soluciones a mediano y largo plazo para que esa modalidad que ha probado ser eficiente, pueda canalizar, de aquí en más, las necesidades de vivienda de centenares de familias que en un futuro puedan requerirlas. Simplemente, actuamos como voceros de esos vecinos que desean que se destaquen los beneficios que ellos han recibido por el solo motivo de vivir en un barrio de MEVIR. Por lo expuesto, solicitamos, en particular al Ministerio de Economía y Finanzas, que sean entregadas las partidas de dinero ya presupuestadas y asignadas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para la continuación de dichos planes. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JORGE CHÁPPER, Representante por San José".
15) Exposición del señor Representante Guzmán Acosta y Lara al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y por su intermedio a la Inspección Departamental de Durazno; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Durazno, con destino a la Junta Local de Sarandí del Yí, relacionado con la venta de un inmueble perteneciente al Estado.
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Primaria y a la Inspección Departamental de Durazno; a la Intendencia Municipal de Durazno, con destino a la Junta Local de Sarandí del Yí y a la Junta Departamental de Durazno. Recientemente se realizó la venta de un inmueble perteneciente al Estado en el departamento de Durazno, de acuerdo a la Resolución del Poder Ejecutivo, Nº 79.887, por un valor de UR 10.040. Acorde a la normativa vigente, decreto del Poder Ejecutivo de 22 de julio de este año, se establece que el 10% de lo producido por la enajenación de los bienes estatales será derivado a favor de la ANEP, lo que se cumplió con fecha 13 del mes en curso, por un monto equivalente a $ 211.091, que corresponden a UR 1.004, al valor de la fecha de realizada la transacción. Son públicas y notorias las enormes carencias, tanto de recursos humanos, como financieros, así como los deterioros edilicios y la falta de insumos para el normal funcionamiento de los distintos centros educativos de las tres ramas dependientes de la ANEP, sobre todo en lo que se refiere al interior del país y más específicamente en el interior de los departamentos. Son conocidas por todos las enormes dificultades financieras y presupuestales que la ANEP y sus Consejos desconcentrados tienen para satisfacer a cabalidad las distintas demandas a nivel nacional. Entendemos que el Estado tiene numerosos bienes inmuebles, a lo largo y ancho del territorio nacional, en calidad de ociosos o improductivos, que a la vez le originan gastos. Es necesario venderlos. De esa forma, también se contribuye a que el Estado reduzca el gasto público, y de esa manera, se tendrá una fuente de generación de dineros frescos, más que necesarios. Exhortamos, entonces, a las autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP, a que ese dinero que se originó por una venta de un inmueble en el departamento de Durazno, se invierta en los centros educativos de ese departamento. Principalmente, sugerimos en los de la ciudad de Sarandí del Yí y demás localidades del interior de Durazno. Creemos que es justo y es acorde al difícil momento económico que vive el país, invertir esos recursos en el departamento donde se originaron. Asimismo, entendemos que esa práctica sería bueno que se aplicara a todo el país con el mismo criterio, pero en nuestro caso, hacemos esta solicitud para nuestro departamento. Por tanto, apelamos al buen criterio de las autoridades de la educación para que esos fondos puedan, de alguna manera, ayudar a paliar las grandes carencias que se tienen, como, por ejemplo, en las escuelas rurales, donde ya se ha perdido en la memoria lo que era una tiza para el pizarrón. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno".
16) Exposición del señor Representante Artigas Barrios al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, acerca de un proyecto de la Asociación de Criadores de Cerdos Pampas, a desarrollarse en el departamento de Rocha.
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En el año 2000, la Asociación de Criadores de Cerdos Pampas, solicitó autorización para utilizar el local de la Escuela Rural Nº 10, de paraje El Ceibo, en la 6ª Sección Judicial del departamento de Rocha, con la finalidad de instalar un predio demostrativo de cruzas con esa raza, de acuerdo al proyecto elaborado conjuntamente con la Facultad de Agronomía, la que, además, realizaría actividades curriculares, de extensión y especialmente de formación para jóvenes de la zona. Según se nos informa, en el año 2001 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, envió un mensaje ANEP, expresando su opinión favorable respecto al proyecto y solicitando que se accediera al pedido de los productores. Desde entonces, no hubo más noticias sobre el asunto, hasta que aparecieron los carteles anunciando el remate de la escuela. El remate se realizó y se frustró así un proyecto de desarrollo que beneficiaría a pequeños productores y a sus familias. Pero aún estamos a tiempo de reflotarlo. Hay otra escuela en la zona que, para dolor de todos, dejó de funcionar en el correr de este año. Se trata de la Escuela Nº 27, de paraje La Coronilla, también de la 6ª Sección Judicial de Rocha. La cesión de ese local permitiría que el proyecto se concrete y sería una gran contribución de la ANEP a la educación en el medio rural. La Asociación de Criadores de Cerdos Pampas está integrada por pequeños productores, que son los creadores de esa raza autóctona, con predios menores a 50 hectáreas, radicados con sus familias en el campo. Nadie más que ellos merecen el apoyo del Estado, sobre todo cuando no cuesta económicamente nada. Esperamos y espera la zona, que no suceda con la Escuela Nº 27 lo que sucedió con la Escuela Nº 10, que por $ 70.000 (setenta mil pesos uruguayos), -algo más de US$ 2.000- que recibió el Estado, en lugar de convertirse en un centro de desarrollo vecinal -de los que tanto necesita nuestro campo- pasó a ser el anexo de una estancia vecina. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha".
Integración de la Cámara.
——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
(Se lee:)
"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:
Del señor Representante Arturo Heber Füllgraff, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 27 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Antonio López.
Del señor Representante Víctor Rossi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 27 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Humberto Ruocco.
Del señor Representante Felipe Michelini, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 27 y 28 de noviembre de 2002, convocándose a la suplente siguiente, señora Mabel González.
Del señor Representante Artigas Melgarejo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465 por el período comprendido entre los días 27 y 29 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Carlos Riverós".
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Treinta y seis en treinta y nueve: AFIRMATIVA.
En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.
(ANTECEDENTES:)
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Don Guillermo Álvarez
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente vengo a solicitar al Cuerpo que usted preside, licencia por motivos personales, por el día de la fecha.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.
ARTURO HEBER FÜLLGRAFF
Representante por Florida".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Arturo Heber Füllgraff.
CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 27 de noviembre de 2002.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el día 27 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Florida, Arturo Heber Füllgraff.
2) Convóquese por Secretaría, por el día 27 de noviembre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 4662 del Lema Partido Nacional, señor Antonio López.
Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2002.
DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER TABARÉ HACKENBRUCH".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar licencia por motivos personales por el día de la fecha, convocándose al suplente correspondiente.
Atentamente,
VÍCTOR ROSSI
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi consideración:
Habiendo sido convocado para integrar el Cuerpo en ocasión de la licencia del Diputado Víctor Rossi comunico que, por esta vez, no acepto.
Atentamente,
León Lev".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 27 de noviembre de 2002.
II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor León Lev.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el día 27 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.
2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor León Lev.
3) Convóquese por Secretaría, por el día 27 de noviembre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Humberto Ruocco.
Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2002.
DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:
A través de la presento solicito a Ud. tenga a bien disponer de los trámites necesarios a efectos de concederme licencia, por motivos personales, a mi cargo como Representante Nacional, desde el día 27 hasta el día 28 de noviembre inclusive, convocando al suplente respectivo.
Sin otro particular, saluda atentamente,
FELIPE MICHELINI
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta vez la convocatoria en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Felipe Michelini desde el día 27 hasta el 28 de noviembre inclusive del corriente año.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Álvaro Erramuspe".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, señor Felipe Michelini.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 y 28 de noviembre de 2002.
II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente señor Álvaro Erramuspe.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de fecha 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 27 y 28 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini.
2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Álvaro Erramuspe.
3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mabel González.
Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2002.
DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2002, por motivos personales.
Sin más saluda atentamente.
ARTIGAS MELGAREJO
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:
El que suscribe Álvaro Espinosa, cédula de identidad Nº 1.018.226-2 en mi calidad de primer suplente del señor Representante Nacional Artigas Melgarejo quien ha solicitado licencia los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2002, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Álvaro Espinosa".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:
La que suscribe Blanca Elgart, cédula de identidad Nº 3.127.308-0 en mi calidad de segundo suplenta del señor Representante Nacional Artigas Melgarejo quién ha solicitado licencia los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2002, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Blanca Elgart".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Artigas Melgarejo.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los día 27 y 29 de noviembre de 2002.
II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 27 y 29 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Artigas Melgarejo.
2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.
3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Carlos Riverós.
Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2002.
DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER TABARÉ HACKENBRUCH".
8.- Defensa de la salud reproductiva. (Normas).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Defensa de la salud reproductiva. (Normas)".
Continúa la discusión general.
Tiene la palabra el señor Diputado Fonticiella.
SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: después de un año de trabajo intenso de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, la Cámara va a decidir sobre la despenalización del aborto voluntario realizado en determinadas condiciones. Cada uno de nosotros ya tiene asumida su posición, conforme al mandato de su conciencia, por lo que las palabras que se emiten en este recinto no tienen por objeto convencer a ningún colega.
En mi caso, quiero dejar sentada una posición clara, respetuosa, pero sin dobleces ni cálculos. Procuraré utilizar los términos más ajustados a cada concepto, sin el objetivo de atacar ni de ofender; solamente pretendo exponer con la mayor claridad.
Votaré en contra de la iniciativa en general, porque considero que su eje fundamental radica en despenalizar la muerte segura del hijo, en procura de evitar riesgos a la madre que estima necesario abortar.
Aseguro mi respeto a quienes consideran que ese es el mejor camino, aunque yo no lo comparta; el mismo respeto que aspiraba y aspiro a que impere en todo este debate y que quizás, en el fondo, existió y existirá, más allá de la vehemencia de algunas expresiones o conceptos que, sinceramente, hubiera preferido que no se utilizaran por parte de nadie: ni de legisladores ni de grupos de presión. La razón no es propiedad de quien golpea más o más fuerte; a veces no es de nadie; puede estar de un lado o de otro, y también de los dos lados.
Las angustias, las urgencias y las necesidades del país no se agotan con resolver nuestra actitud frente al aborto. La miseria, el hambre, la deficiente atención de la salud, la escasa asistencia a las personas ancianas y a las discapacitadas, la carencia de techo y de empleo, seguirán después de que aquí votemos en un sentido o en otro. Los miles y miles de familias en situación de pobreza o indigencia seguirán exigiendo que la hipocresía caiga, para lo que se precisará el trabajo de todos en la mayor unidad.
Comparto solidariamente el drama por las muertes maternas por abortos. ¿Cómo ignorarlo? Soy parte del país real, del que está afuera de estos mármoles. Pero afirmo que no es justo que muera nadie: ni la madre ni el hijo.
No comparto el condicionamiento de que para tratar de evitar riesgos a la madre angustiada, se resuelva facilitar la eliminación del hijo. He entendido a quienes optan por la vida de la madre hasta las doce semanas de gestación del hijo y, más allá de ese plazo, optan por respetar a los dos, pero fraternalmente digo que no estoy de acuerdo.
Estoy convencido de que el desafío no es penalizar ni despenalizar: el gran reto es evitar el aborto. Afirmo que el Estado debe asumir una conducta responsable y realista en procura de impedir este flagelo, cosa que los Gobiernos hasta ahora han ignorado. En este sentido, aunque es obvio, también es saludable que diga claramente que la fuerza política a la que pertenezco jamás formó parte del Gobierno.
Aseguro que la modificación de esa conducta no se logrará con la estigmatización de la mujer que aborta, ni con su discriminación social, pero tampoco eliminando la humana vida de un hijo en gestación.
Salvar a las madres que, por la razón que sea, rechazan su embarazo en situaciones económicas, sociales o psicológicas extremas, no debe pasar por condenar al hijo, sino por estructurar, respaldar y conducir políticas renovadoras y eficientes de defensa de la salud, de la educación, de la dignificación total de la vida, comprometidas con una planificación social y familiar responsable.
Exijo ahora esas políticas porque las he reclamado siempre; tengo derecho a hacerlo hoy, porque las he pedido permanentemente y porque he dedicado parte de mi vida a trabajar por ellas, sin ser parte de ningún Gobierno.
Convengo en que el primer capítulo del proyecto pretende plantear en general una línea en ese sentido. Debo destacar que la mayoría de sus enunciados procuran un cambio imprescindible de estructuras. Se llega a hacer preceptiva -aunque para el futuro- la presupuestación de recursos de Salud Pública para planificar y ejecutar políticas de prevención y preparar a los agentes. Coherente con mi pensamiento, apoyaré casi todo el contenido del Capítulo I.
No votaré el resto del proyecto porque sostiene, en general, una filosofía diferente a la expresada en la primera parte. Con respeto, considero que no apunta específicamente a la defensa de la salud reproductiva; creo que busca no poner en peligro la vida de las madres que deciden abortar, a través de darles determinadas condiciones para la interrupción del embarazo. Ataca la consecuencia, pero no las causas. Hay un cambio conceptual con respecto a la primera parte, que es muy importante. Se desvaloriza una de las vidas existentes: la que no tiene posibilidades de opción.
Mi voto será negativo en lo que refiere a los capítulos restantes, fundamentalmente por razones bioéticas, ideológicas y programáticas. No tengo formación científica, por lo que no corresponde que fundamente mi posición en términos académicos. Solo diré que comparto el indiscutido concepto de que la vida humana se inicia con la concepción y, por tanto, más allá de palabras y fundamentos técnicos, en el interior de cada mujer embarazada hay otro individuo de la especie. Así, sencillamente, digo que un ser humano habita en el vientre materno desde el primer momento y no estoy de acuerdo con su muerte.
La opción ideológico-política que realicé desde mi juventud se fundamenta en conceptos de humanismo cristiano. No los detallaré porque no tengo derecho a exhibir como propios algunos principios que muchos aquí compartimos, pero considero que no se contemplan integralmente en el proyecto, por lo que no puedo acompañarlo.
Programáticamente estoy convencido de que el camino debe ser otro. La liberalización del aborto en determinadas condiciones de solicitud, plazo y legalidad, puede atentar contra la imprescindible reorganización de la sociedad en torno a valores humanos elementales. La permisividad que se consagra en el proyecto puede promover la desvalorización nada menos que de la vida humana por parte de uno de los engendrantes, y puede, indirectamente, fomentar la búsqueda de los fines sin la debida valorización de los medios. El costo social y moral puede ser largamente superior a los supuestos beneficios, y no hay estadísticas que puedan probar lo contrario.
La miseria no desaparecerá por impedir un embarazo. El temor por una gestación, social o familiarmente indeseada, no se extinguirá ante la seguridad de su eliminación. La libertad femenina plena no quedará garantizada por la posibilidad de abortar. La bonanza, la tranquilidad social y familiar, el goce pleno de la libertad individual, solo llegarán con estructuras sociales y políticas diferentes a las actuales, que redimensionen y dignifiquen al ser humano, verdaderamente, sin hipocresías.
El proyecto propuesto no asegura cambios estructurales, pero puede prolongar la situación presente. Suprimir algunas manifestaciones sin eliminar las causas es un riesgo cierto de continuidad.
Finalmente, en un país despoblado, con bajísima natalidad, con emigración creciente, con centenares de familias esperando adoptar hijos que no pueden tener, no es un buen signo permitir abortar antes que generar políticas de desarrollo de la vida.
En la parte que corresponde al Partido Demócrata Cristiano y a mí personalmente, asumo la responsabilidad de posibles omisiones en la producción de esas políticas, con la salvedad ya hecha de que hemos entregado parte de nuestra vida a buscar y a reclamar soluciones generales que los Gobiernos nunca asumieron.
A la vez, comprometo responsablemente seguir dando lo mejor del esfuerzo de mis compañeras y mis compañeros, y el mío propio, para hacer de esta actitud una realidad, para contribuir a elaborar serios y responsables planes de educación sexual, de planificación familiar, de apoyo médico y psicológico, de sostén social y familiar y de difusión de información sobre bases realistas, con redistribución responsable de recursos, con correcta utilización de servicios existentes, con jerarquización de sectores postergados; todo lo cual es posible, pero no se hace.
En definitiva, debe encararse una acción transformadora y -¿por qué no?- revolucionaria, que tenga como objetivo el disfrute de la vida en toda la plenitud de su concepto.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Barreiro.
SEÑORA BARREIRO.- Señor Presidente: hoy estamos considerando un proyecto de ley que contribuirá a atenuar las nefastas consecuencias que produce en la salud de las mujeres la legislación que rige en el país desde 1938 -fruto de una negociación política- y que penaliza el aborto, lo que da como resultado la práctica clandestina realizada en condiciones que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.
El creciente aumento de muertes maternas en los dos últimos años como consecuencia de abortos mal realizados, nos demuestra la necesidad imperiosa de promover una legislación más flexible que facilite el acceso a servicios médicos en condiciones adecuadas para las mujeres que hayan tomado esta difícil decisión.
Estamos ante un problema complejo que debe ser mirado desde todas las perspectivas posibles, pero como legisladores cabe que nos preguntemos si debemos decidir sobre este arduo tema según nuestro sentir -basados seguramente en razones religiosas, filosóficas, morales o culturales, con lo que estaríamos imponiendo a toda la sociedad nuestras más íntimas creencias-, o si deberíamos actuar de otra forma.
El Estado democrático liberal no solo debe garantizar los derechos fundamentales del individuo, sino que debe servir al bien común: proveer el mayor beneficio directo para el mayor número de sujetos que integran la colectividad.
El profesor Luis Recasens Siches aclaraba que la función del legislador consiste en interpretar qué es lo que la justicia exige con respecto a situaciones sociales concretas y, de acuerdo con ello, formular el derecho positivo que debe regirlas. Asimismo, el teólogo Daniel Maguire afirmaba que los legisladores no están nombrados en sus cargos para tratar de crear políticas que reflejen sus propias ideas privadas del bien. El ideal de gobierno no es hacer que sus visiones morales privadas se transformen en ley del país, sino preservar una sociedad en la que los desacuerdos legítimos puedan disputarse en un contexto de respeto mutuo.
El principio ético del bien común no se respeta mediante políticas que prohíban el aborto, pues colocan a la mujer en situaciones de riesgo, sin considerar las consecuencias devastadoras que pueden afectar la salud de un gran número de mujeres.
La penalización del aborto afecta de manera distinta a las mujeres según sus recursos económicos, discriminando a aquellas que por carecer de recursos suficientes se arriesgan a prácticas insalubres, infringiendo así el principio de justicia y equidad.
Al Estado le corresponde garantizar los derechos humanos fundamentales de los individuos y promover la justicia social mediante políticas y leyes adaptadas a la realidad social del momento, sin pretender una sola moral pública.
El teólogo español del siglo XVII, Padre Francisco Suárez, nos planteaba que el derecho positivo no debe regular la honestidad de las personas ni su fin religioso ya que tales materias quedan libradas a la decisión del individuo; decía también que el derecho positivo debe consagrar y garantizar un ámbito de autonomía para que los individuos puedan cumplir por sí mismos sus más importantes fines.
La organización democrática supone la convivencia pacífica de distintas visiones y cosmovisiones; supone el respeto y la tolerancia de la diversidad en todas sus manifestaciones.
En un Encuentro de Parlamentarios de América Latina y el Caribe sobre Aborto Inducido, celebrado en octubre de 1998 en la Universidad de Colombia, en el que se analizó la situación de la región desde el punto de vista jurídico, médico, ético y religioso, tuvimos el privilegio de compartir con destacadas personalidades reflexiones sobre esta problemática, que me ayudaron a no dudar de cuál era mi responsabilidad en cuanto a impulsar la revisión de nuestra legislación penal en la materia y la adopción, por parte de nuestras autoridades, de políticas focalizadas hacia la prevención, la mejora de la calidad de vida y la maternidad y paternidad responsables.
Aportó mucho a mi reflexión personal, desde mi posición de cristiana, la exposición realizada por el Padre Luis Pérez Aguirre sobre los aspectos religiosos del aborto inducido. Comenzaba diciendo "Perico" que no estamos simplemente ante un problema legal, sino ante una realidad enorme por su extensión y complejísima por sus connotaciones filosóficas, teológicas, culturales, biológicas, antropológicas, etcétera. El problema se sitúa a un nivel mucho más profundo que el de legislar o penalizar; con ley o sin ella, la estabilidad de las mujeres ante un embarazo no deseado siempre estará amenazada y, además, la mayoría seguirá abortando. En estas situaciones límite todos tenemos derecho a que se respete nuestra conciencia y, por tanto, a que no se banalice el tema del aborto con simplismos, tremendismos o voluntarismos.
Difícilmente encontremos mujeres que estén a favor del aborto; lo que sí existe son numerosísimas mujeres que abortan todos los días. La otra evidencia es que cuanta más presión se ejerce en contra de la mujer que tiene un embarazo no deseado, en lugar de disuadirla a evitarlo, más clandestino y más peligroso se vuelve el aborto.
En el caso de los cristianos, la percepción conciencial de la persona será el referente definitivo para establecer la moralidad de su comportamiento frente a Dios. El Concilio Vaticano II es meridiano en cuanto a este principio: nos dice claramente que el ser humano no va a ser juzgado por Dios en razón del acatamiento de leyes o normas de la índole que sean, sino en razón del seguimiento, en última instancia, del mandato de su conciencia.
Luego de transitar por las diversas posturas de la Iglesia a través de los siglos, "Perico" afirma que ve con escepticismo el tratamiento penal del aborto inducido, pues no parece que por la vía penal se vaya a solucionar el problema.
No es el Código Penal el medio más adecuado para disuadir a las mujeres de que decidan abortar por las razones que sea; y, además, es evidente que las leyes abortivas no se cumplen ni cumplen con el propósito disuasivo. Penalizar o despenalizar es cuestión de leyes, pero la ley no tiene la capacidad de dar vida. Esta fue una de las convicciones más profundas de San Pablo en el siglo I de nuestra era: "Es cierto que las leyes ejercen una función pedagógica en la sociedad: son indicadores de lo que una determinada sociedad considera bueno o malo, pero también hay leyes injustas, leyes en las que se cristalizan sórdidos intereses e injustas relaciones sociales y que establecen un orden injusto, sea nacional o mundial".
Sobre el tema, el profesor español Diego García afirmaba que una ley que no se cumple haría pensar que, a lo mejor, está mal hecha y que es mejor que no se cumpla porque, cuando se cumple, lo hace de un modo muy discriminador hacia las personas probablemente más indefensas de la sociedad. Decía que si se quiere arreglar el tema de la protección de los embriones, la vía correcta no es la penal, sino la promoción de la mujer, la educación en los valores, legislación laboral, legislación social.
Con la doctrina social de la Iglesia como telón de fondo, "Perico" puntualizaba que todo aborto es destrucción de vida humana, y como tal es un gravísimo e irreparable daño, y aclaraba: "Vean bien que no digo persona humana sino vida humana". También decía que la mayoría de los abortos no caen bajo la ley que los considera como un crimen imputable. Por ello, la solidaridad humana obliga a estar del lado de las mujeres criminalizadas que se han visto impulsadas a abortar por circunstancias que las condujeron, en conciencia, a dicha opción trágica. Asimismo, decía que, en esas circunstancias, habría que ponerse seriamente a buscar alternativas a la penalización del aborto, porque no soluciona el problema; generalmente la ley es inaplicable y, cuando lo es, las más de las veces castiga a quien es la víctima inocente de una situación que no controla. De hecho, en estas circunstancias la penalización resulta en una grave injusticia, dañina en la inmensa mayoría de los casos. Por lo tanto, es inútil, inmoral e injusta y no podemos contentarnos con ella como solución.
Si de todo sufrimiento humano debemos hablar con respeto y vergüenza de no hacer todo lo posible por superarlo, con más razón debemos respetar la angustia, la agonía y el sentimiento de culpabilidad inducidos por la criminalización del aborto en millones de mujeres. El camino sabio nunca será el mero castigo, la penalización, sino el acompañamiento sincero, compasivo y redentor del ser sufriente.
El varón nunca podrá sentir y vivir esa situación como la mujer. Tampoco la pueden sentir y discutir de la misma manera las mujeres que la han vivido y aquellas que no; tampoco quienes la vivieron acorraladas y empujadas a abortar por múltiples razones de peso agobiante y quienes la vivieron con recursos materiales, con no pocas razones egoístas y otras seguridades.
La tragedia se instala cuando en la polémica falta esa honestidad mínima y ese realismo vital y se pasa directamente de la defensa y preocupación por los seres humanos a la defensa de principios abstractos y posiciones tomadas. Ello siempre redunda en agresiones, manipulaciones sentimentales y medias verdades ideologizadas, que escamotean el problema e impiden resolverlo.
No podemos dejar de ver, en lo acalorado de los debates a favor o en contra de la penalización del aborto, que en estas decisiones inciden factores tan medibles como la injusticia social y la inhumanidad de una sociedad que, de hecho, exige esas muertes para permitir a las mujeres sobrevivir económica, social o religiosamente, para finalmente condenarlas y castigarlas por ello.
Detrás del problema de penalizar o no el aborto se juegan también otras realidades humanas muy graves: la dignidad de la mujer, la injusticia social, el machismo, la ignorancia respecto a la sexualidad, diferentes actitudes culturales y morales con relación a la vida, al uso de anticonceptivos, a la moral, al papel de las autoridades civiles y eclesiásticas, etcétera. Esto complica y generalmente desvía el debate, llevándolo a callejones sin salida.
Ninguna mujer aborta gustosamente; todas son conscientes de que además del daño grave que ello significa, en algunos casos incluye riesgo de muerte, amén de la censura social o la pena criminal. Siempre se estará ante una experiencia que no se puede olvidar y es eminentemente traumática, pero si la mujer llegó a la decisión de abortar, debo asumir que es porque tiene razones de conciencia muy profundas que la empujaron a ello.
Desde siempre, la moral tradicional distinguió entre daño y culpa. El daño sí es algo objetivo y depende directamente del desajuste o deterioro que se produce en la vida humana, en las personas concretas y su entorno. Pero la culpa es otra cosa, depende de otros factores como la libertad, el conocimiento y la responsabilidad de quien comete el daño. Si se puede decir que toda vulneración de vida humana es un mal irreparable, no toda muerte humana, aun la causada por otro ser humano, puede ser catalogada sin más de crimen. Allí están como ejemplo los casos de accidente, de defensa propia y, en el caso del aborto, la extirpación de fetos extrauterinos o por cáncer en la matriz y tantas otras situaciones. La misma moral cristiana, tan estricta, en estos casos establece circunstancias que eximen de la culpa a una persona que comete una acción que la Iglesia considera intrínsecamente mala. Si es muy importante comprobar que para juzgar el daño basta con tener en cuenta los efectos de nuestras acciones, otra cosa muy diferente es juzgar la culpabilidad y, por lo tanto, la punibilidad de una persona. Aquí generalmente coincide la moral cristiana con la legislación civil. Los cristianos no caen en excomunión cuando se dan las circunstancias que eximen de cualquier pena; por ejemplo, los menores de dieciocho años no incurren en penas eclesiásticas. El mismo derecho canónico de la Iglesia Católica establece claramente las circunstancias que eximen de culpa y de castigo a quien infringe la ley pero obró por violencia, por miedo grave -aunque lo fuera solo relativamente-, por necesidad o para evitar un grave perjuicio. Es evidente que si somos honestos con la realidad, la gran mayoría de las mujeres que aborta se encuentra en estas circunstancias; por lo tanto, no pueden considerarse culpables ni caen bajo la excomunión y tampoco deberían caer bajo la pena civil.
Los ejemplos de la vida cotidiana abundan. Cuando una madre de familia ve con angustia que el embarazo no deseado amenaza la supervivencia de los otros hijos, o cuando ve gravemente amenazada su vida conyugal, está actuando bajo un miedo real grave y, por lo tanto, sin total libertad y responsabilidad. Lo mismo sucede cuando siente que se desploma su vida porque la van a echar de su casa o de su empleo, o la van a estigmatizar o discriminar en su comunidad. Y mucho más grave es el caso de una mujer que no ve otra alternativa para seguir sobreviviendo social o económicamente con un mínimo de dignidad, o que está en una situación en la que sufre amenaza o presión directa por parte de otras personas de su entorno.
Es fácil aquí aducir alternativas ideales, hablar de heroísmos o de soluciones como la de que se tengan esos niños y luego se den en adopción. Ello ignora la enorme carga de sufrimiento y culpabilidad que conlleva el embarazo no deseado y desprenderse luego de ese hijo en esas condiciones; además, sería imposible para una sociedad plantearse la adopción de miles de niños por año.
Hay que preguntarse qué es hacer justicia en estos casos. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, decía que la noción de justicia debía complementarse, porque deberíamos llamar cosas legales o justas a aquellas que causan y conservan la felicidad dentro de la vida común de la ciudad. Esta es la noción de justicia que le parecía adecuada a "Perico" para avanzar en este terreno. El orden legal justo debería ajustarse a esta concepción normal y, en consecuencia, no es la penalización y el castigo de los culpables el modo fundamental de hacer justicia. Curiosamente, se olvida que el responsable de ese delito de aborto no es solo la mujer, sino también el hombre. Por lo tanto, preguntamos: ¿qué penas se prevén en esta concepción jurídica para el varón que proporcionó su espermatozoide cuando es cómplice de este delito?
Sería más realista pensar en cosas que eviten que una mujer tenga que plantearse el aborto como única alternativa o como la menos amenazante en un momento concreto de su vida. La función preventiva de la ley tiene que estar acompañada por un apoyo real hacia aquel que desea cumplirla. Sin embargo, en el caso de las madres jefas de familia, ¿cuál es el apoyo que les brinda la sociedad para evitar que recurran al aborto? ¿Cuál es la alternativa que plantea la sociedad para aquellas parejas o mujeres que tienen problemas económicos serios? El derecho a la vida implica el derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la salud. ¿Puede el Estado penalizar en estos casos sin proponer una alternativa concreta?
Resulta una profunda contradicción la postura de aquellos grupos que defienden el derecho de nacer pero se desentienden, implícita o expresamente, de los otros derechos humanos.
El camino acertado está en luchar más decididamente por leyes que ataquen las causas sociales del aborto. Es absurdo simplificar la polémica ubicándola en dos bandos extremos irreconciliables; en esa disyuntiva de hierro, lo trágico es que las ajusticiadas son siempre las mismas víctimas: las más débiles, las más pobres. Detrás de estas simplificaciones asoma siempre una posición social hipócrita, pero lo paradójico es que estas posiciones no han llevado nunca a disuadir a nadie. Mientras persistan las causas que acorralan y obligan a la mayoría de las mujeres a abortar, lo seguirán haciendo.
Luego, "Perico" abunda en consideraciones sobre los argumentos falaces más comunes desde el punto de vista científico, optando por la concepción evolutiva de la vida y explica cómo la ley moral cristiana es dinámica y supone un proyecto de amor. Releyendo sus consideraciones me vuelvo a sentir totalmente identificada con sus reflexiones, que son de una exquisita y comprometida sensibilidad con todo lo humano.
Quisiera recordar un pensamiento que "Perico" siempre traía a la memoria: "En la elección que hagamos está la indignación ética que sentimos ante el dolor injustamente producido, ante la violación de la dignidad y los derechos de la persona concreta". Su convicción era que solo aquella mirada doliente sobre la realidad de las víctimas nos hace verdaderamente humanos. Decía que lo esencial no pasa, en primera instancia, por conocimientos teóricos ni por elaboraciones doctrinales o teorías científicas, sino por la sensibilidad; se trata del criterio primero de la ética. Lo esencial es la capacidad de sentir hasta las entrañas la situación del otro, que me interpela desde su necesidad; lo esencial es cultivar esta sensibilidad, hacernos vulnerables a la situación de los que nos necesitan de alguna manera, tener la capacidad de sentir al otro en mis tripas.
Hablar de justicia no es cuestión de discurso teórico, sino, antes que nada, un estilo de vida, una manera de ser ante la situación de injusticia que viven tantas personas.
Finalizo recordando la frase de Engels: "No se piensa lo mismo desde una choza que desde un palacio", que "Perico" traducía diciendo: "No se siente lo mismo la realidad desde una choza que desde un palacio".
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.
SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero señalar, en primer lugar, que a pesar de no integrar la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara, fue una excelente experiencia haber participado de la mayoría de las sesiones en las que se trató este proyecto de ley, responsabilidad que asumimos quienes promovimos el desarchivo de los proyectos presentados en Legislaturas anteriores.
Creo que todas las voces fueron oídas, la multiplicidad de voces que se expresan cada vez que este tema es planteado en la agenda pública.
También considero que se trabajó muy seriamente y con profundo respeto, como quisiéramos que esto siempre fuera tratado en la sociedad uruguaya, de la que nos enorgullecemos por su laicidad y por su aceptación pacífica de las distintas opiniones.
El problema de la moralidad del aborto es histórico; depende de la cultura contextual, y cualquier tentativa de solucionarlo debe tener en consideración la diversidad moral y cultural de la población donde se debate el tema o se toman las decisiones. Ya sea por la diversidad de interpretaciones legales o por la multiplicidad argumentativa del debate ético, el aborto es una de las cuestiones paradigmáticas de la bioética, exactamente porque en él reside la esencia trágica de los conflictos morales.
Para ciertos conflictos morales no existen soluciones inmediatas, y tal vez ni siquiera es posible mediarlos, cabiéndonos apenas salir a la búsqueda de mecanismos que nos garanticen la convivencia en las diferencias. Eso es lo que intentamos con este proyecto.
Es notorio que, para nuestra población, este tema ha quedado saldado: acá, en el Uruguay, se aborta.
Comprender que es posible sobrevivir en una sociedad donde coexistan creencias opuestas en torno al aborto es uno de los grandes desafíos de las sociedades democráticas.
Señor Presidente: me gustaría hacer una precisión desde la bioética. He tenido el privilegio de participar en las Jornadas de Bioética realizadas hace quince días, que fueron organizadas por el Instituto Goethe y la Universidad de la República, que terminaron con un panel en este Palacio Legislativo, donde expusieron destacados especialistas en bioética de distintos países, como Italia y Francia, integrantes de comisiones nacionales de bioética.
Allí se expresaron las cuatro grandes situaciones de interrupción de la gestación: la eugenésica, en la que se realiza la interrupción por razones racistas, sexistas, étnicas o por otros motivos de selección poblacional; la terapéutica, que busca salvar la vida de la gestante -por suerte, debido a los avances técnicos de la medicina, viene disminuyendo-; la selectiva, que responde a los abortos que se provocan por patologías del feto incompatibles con la vida extrauterina -como la anencefalia, sobre la que el doctor Cuadro ha anunciado largamente un proyecto que, si este se aprobara, quedaría comprendido en él-; y, por último, la voluntaria, que se basa en la autonomía reproductiva de la gestante o de la pareja que no desea el embarazo, fruto de una relación consensual o no consensual.
Salvo la eugenésica, todas las otras formas de aborto, por principio, requieren la voluntad de la gestante o de la pareja para mantener o no el embarazo. Para la mayoría de los bioeticistas, esta es una diferencia fundamental entre las prácticas, ya que el valor de la autonomía del paciente es uno de los pilares de las teorías de la bioética.
A veces se confunde la interrupción selectiva con la eugenésica. Esto es confundir las prácticas, ya que la ideología eugenésica -que es la que se ha estado citando por parte de quienes se oponen a este proyecto, señalándolo como tal- se caracteriza por no respetar la voluntad del individuo. Esto ya está definido así en la bioética.
Las razones por las cuales una mujer decide interrumpir su embarazo son específicas en cada caso; las distintas decisiones que se toman no son asimilables. Lo común en todos los casos es que no se trata de una decisión ligera. En un país como Uruguay, donde las mujeres tienen un buen nivel educativo, pero sus ingresos registran una notoria disminución frente al salario medio y tienen el mayor porcentaje de desocupación, la práctica clandestina del aborto conlleva, además de la inseguridad, el riesgo de su propia vida. Las mujeres lo saben y se arriesgan; ahí tenemos las cifras de muertes que daban los señores Diputados doctores Gallo Imperiale y Amen Vaghetti -que han provocado la reacción de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, que trabaja en el Hospital Pereira Rossell-, en las que constatamos que el porcentaje de mortalidad materna se ha elevado a niveles que avergüenzan internacionalmente, en un país donde el parto está en un ciento por ciento institucionalizado. Por argumentos y discusiones, muchas veces terroristas y amedrentadores -como los que lamentablemente hemos escuchado y leído en folletos y correos electrónicos que recibimos-, la mujer atraviesa por muchos miedos, dudas, frustraciones, que dependen de su historia cultural y, sin embargo, atraviesa esos territorios y aborta por razones que ella considera de mayor peso.
Acá se ha hablado del síndrome del postaborto. Quisiera decir -me gusta basarme en consideraciones técnicas, que no siempre he escuchado en este debate- que las más recientes investigaciones que tienen que ver con las formulaciones psiquiátricas, por ejemplo el último "Diagnosis and Statistical Manual", en su cuarta edición, en su última formulación vigente de consenso científico sobre la nosografía psiquiátrica, no reconocen, no tienen en su lista de trastornos psicológicos el síndrome de postaborto en ninguno de sus manuales. En cambio, explicita que lo importante a tener en cuenta es que, si bien algunos estudios señalan que los sentimientos que acompañan el período de postaborto inducido refieren a la culpa y al autocastigo, estos sentimientos surgen en mujeres que practicaron abortos en contextos de penalización e ilegalidad. Los estudios realizados en países donde el aborto está regulado y existen servicios legales, indican que la emoción más común que acompaña el período postaborto es el alivio. Estos son datos dados por la cátedra de Psicología de nuestro país, que ha estudiado el tema.
En nuestra cultura, la maternidad es considerada un destino para la mujer, al punto de que, con frecuencia, en los sectores más desposeídos las mujeres se legitiman socialmente a través de la maternidad. Esto lo explicaba muy bien, en la sesión de ayer, la señora Diputada Tourné. Y ahí tenemos muchas veces la causa de las maternidades en medio de las mayores carencias. La antropóloga uruguaya Susana Rostagnol nos recuerda que, hace ya cincuenta años, Simone de Beauvoir argumentaba sobre la idea de que los hombres trascienden la naturaleza, mientras que las mujeres la acompañan. Las mujeres dan vida, que es un acto natural, y los hombres la quitan, que es un acto cultural.
Esta misma ideología cultural rige la noción producción-reproducción. La producción implica trabajo, transformación de la naturaleza, y esto se asimila a lo masculino. La reproducción, asociada a lo femenino, es un acompañamiento a la naturaleza. Esa cultura, que es hegemónica aunque vaya retrocediendo, visualiza a la mujer que aborta como subvirtiendo el orden, porque está trascendiendo la naturaleza. Por lo tanto, en el plano simbólico está fuera de lugar. Por eso se la considera un monstruo -hemos escuchado decir esto- porque no quiere ser madre.
También en este mes hemos escuchado permanentemente hablar del cuerpo femenino, del útero, de la mujer continente del ser por nacer. Se reduce a la mujer, que es un sujeto social, a un útero, y al embrión se lo convierte en un sujeto social, desempeñando un papel protagónico con relación al tema. Prueba de ello es la manera en que las imágenes asociadas al aborto son más frecuentemente un feto con aspecto de bebé, quedando afuera la mujer, el sujeto social que, siendo una persona, queda invisible, no existe. Sustentar la idea de que el embrión es una persona humana desde la fecundación, es transferirle los derechos y conquistas sociales considerados restrictos a los seres humanos. Es lo distinto de los animales. En esa argumentación, todas las implicaciones jurídicas y antropológicas del estatus de persona humana serían reconocidos al embrión. La idea de persona humana es antes un concepto antropológico que jurídico y necesita, por tanto, de la relación social para tener sentido.
El estatus de persona no es una mera concesión, pero sobre todo es una conquista a través de la interacción social.
En la obra "Principios éticos del cuidado de la salud", de John Harris, se argumenta que en el caso de que el feto fuera considerado una persona, la madre -o la pareja- que desea la interrupción de la gestación es aún más persona que el feto. Por esto sus intereses deben prevalecer sobre los supuestos intereses del feto. Estos son los argumentos bioéticos que hemos venido estudiando.
Quiero referirme también a los argumentos de tipo jurídico que se han señalado muchas veces. Las reiteradas referencias al Pacto de San José de Costa Rica -incluso las realizadas por el doctor Gros Espiell- tienen la debilidad histórica de que el Uruguay, en su discusión, fue de los países que bregaron por relativizar el texto del artículo 4º, agregando "en general", porque precisamente nuestro país tiene una legislación que permite la posibilidad de realización de abortos en determinadas condiciones, posibilidad que por razones políticas nunca se habilita.
Recuerdo a quienes citan permanentemente el artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica que, en su segundo inciso, se refiere con permisividad a la pena de muerte. Esto no quiere decir que el Uruguay esté dispuesto a aceptar la pena de muerte. Para hacer esta interpretación es imprescindible utilizar los parámetros técnicos establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales. Esta Convención ha sido aprobada por nuestro país, según la Ley Nº 16.173. Allí se fijan las reglas generales y los medios de interpretación complementarios y se explicita que para la interpretación de los documentos suscritos por un país se deberán tener en cuenta los acuerdos alcanzados para la celebración del tratado y el sentido especial de ciertos términos, si consta que fue la intención de las partes.
Uruguay fue uno de los ocho países que insistieron en agregar las dos palabras, "en general", por lo que ahora no se puede desdecir del sentido que dio a ese artículo, ya que consta en los documentos de la discusión del momento -Actas y documentos, volumen 5, páginas 474 a 484, y 513 a 514-, en actas del tratamiento y dilucidación del Pacto de San José de Costa Rica.
Por otra parte, esto ya ha sido saldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de la vigilancia del cumplimiento de pactos y convenciones del sistema interamericano de derechos humanos, porque se ha tenido que expedir en sentencias frente a peticiones de organizaciones católicas de los Estados Unidos. No nos hagamos los distraídos con relación a estos antecedentes jurídicos. Es bueno que nos acordemos de que también el Uruguay ha suscrito y ratificado la Convención contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer y todas las recomendaciones de la CEPAL que tienen que ver con la Convención de Viena y con las Convenciones de El Cairo y de Beijing, que obligan a los Estados y Gobiernos a establecer mecanismos de atención y prevención de la realización de abortos inseguros.
Y con relación a hacernos los distraídos, señor Presidente, sería bueno que tampoco fuéramos hipócritas. Ahora escucho propuestas de legisladores en el sentido de realizar una consulta popular a fin de que la ciudadanía se exprese con relación al tema, porque se dice que los Diputados y Diputadas no podemos asumir la representación en un tema tan complicado. Inclusive, se propone estudiar una salida que requerirá voluntad política para generar un instituto que hoy no existe en nuestro marco constitucional, para plebiscitar un tema que no tiene ley. Lo que me sorprende es que esos argumentos provienen de los mismos legisladores que he escuchado en esta Cámara -y en cuanto medio de comunicación les pusieran un micrófono- defender leyes contra las cuales el pueblo junta firmas diciendo que los legisladores somos los representantes electos y quienes tenemos que decidir, por ejemplo, qué Estado queremos. Y como integrante de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de esta Cámara, señor Presidente, digo que todos y todas sabemos que no hay voluntad política para que se apruebe este tema y, por lo tanto, tampoco habrá voluntad política para inventar un mecanismo de consulta al cual me sometería gustosa si se arbitrara.
En realidad, en este país, construido desde su modernidad a principios del siglo XX con una ideología liberal, respetuoso de las distintas creencias e ideologías, laico, democrático y tolerante -construido así por los partidos que contribuyeron a esa modernidad y especialmente por don Pepe Batlle-, hoy hay otros intereses que hacen que no se quiera poner en blanco y negro a quienes interpretan esa ideología laica y respetuosa del Uruguay liberal, orgullo nuestro por muchas décadas. Esas normas que hoy tenemos a consideración, justamente están permitiendo la expresión de la voluntad personal frente a una práctica que algunos realizarán y otros u otras no, práctica a la que se le ponen límites y se la regula desde un marco jurídico igual al que se establece para otras prácticas. Y se la pena cuando se realiza fuera de esos límites establecidos por la ley.
Este tipo de normatización es la que reclamaba el doctor Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República y notorio dirigente político de nuestro país, en un artículo de "El Día" de 1978 que tengo sobre mi mesa.
Estas normas respetan los derechos individuales, pero les ponen límites cuando entran en contradicción con otros bienes jurídicos. Surgen de un cuidadoso asesoramiento de nuestros mejores catedráticos de Derecho Penal. Y respetan las mejores tradiciones liberales de nuestra legislación uruguaya.
Por lo tanto, señor Presidente, yo me alegro de que estas normas estén hoy en debate en esta Sala de la Cámara de Diputados donde, por primera vez desde el regreso de la democracia, podemos debatir este tema entre todos y entre todas.
Quiero ver quiénes levantan la mano y quiénes no -salvo aquellos que, realmente, tengan problemas confesionales- cuando se debata sobre libertad de pensamiento, respeto a los demás, dogmatismos, etcétera.
Yo me he batido contra los paradigmas inamovibles y los pensamientos únicos en mi fuerza política. Lamento que sean muy pocos y estén muy solos los legisladores que han dado la batalla desde los partidos que siempre defendieron la diversidad de opiniones y el liberalismo político, que es lo único que puede inspirar a quienes tenemos que legislar pensando en el interés general y no en nuestra historia personal o nuestra creencia religiosa.
También quiero expresar el orgullo de que esa tradición de defensa de todos los intereses y en contra de todas las presiones recibidas esté expresada en la abrumadora mayoría de la bancada frenteamplista de esta Legislatura. Creo que el Uruguay, en la entrada del siglo XXI, merece contar con una fuerza política que sepa integrar y respetar democráticamente la diversidad que hoy se expresa en nuestra gente.
Gracias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Ruocco.
SEÑOR RUOCCO.- Señor Presidente: he sentido la necesidad de expresarme ante un tema de hondas repercusiones sociales y de salud pública que nos convoca a todos a tener una enorme responsabilidad y tolerancia en nuestras posturas. Es un tema que camina entre los intersticios, que nos involucra a todos y, a veces por comodidad, falsa vergüenza o estigmatización social convivimos con él y a la vez nos hacemos los distraídos para realizar un abordaje que evite tanto su criminalización como su negación.
La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara ha realizado un trabajo concienzudo y con una metodología que asegura tener una visión panóptica del problema, pues ha convocado en su seno a destacados especialistas con responsabilidades públicas, unos, y conferidas por la sociedad civil, otros.
Esa metodología nos ha permitido impregnar de la diversidad democrática que más conviene al debate que nos llevará a las resoluciones. Por ello, no creo conveniente la utilización de un lenguaje terrorista que pueda llegar a ser una ofensa al debate racional y que sin duda desviaría la atención del problema central. Tampoco debemos hacer uso de la ironía a la que nos pueden convocar algunas apreciaciones vertidas en los informes o correlatos agraviantes o inexactos, pues no es cierto que se usen eufemismos para el abordaje de este tema. Ya la sociedad conoce en el plano médico esos usos cuando a las enfermedades se las estigmatiza socialmente. Hubo tuberculosos que luego fueron específicos y posteriormente BK.
No es este el caso, pues el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva es conceptualmente abarcativo; de ninguna manera es un instrumento promotor del aborto. Por el contrario, precisa con claridad los elementos y pasos que lo regulan y limitan, mantiene y explicita las circunstancias delictivas cuando hay apartamiento de las regulaciones de la ley, por lo que no es correcto ni está en el tono esgrimir argumentos con antecedentes históricos de carácter racista, de control de la natalidad que fueron y aún son, muchas veces, políticas contra la humanidad.
Las situaciones de riesgo se deben a la ley que se trata de cambiar y, a veces, el reduccionismo que se practica con argumentos biológicos deja de lado lo que es un problema social y de salud pública.
Todos podemos convenir en que el tema es complejo, delicado, difícil, ético, de conciencia, etcétera. Algunos, quizás, habrían preferido no internarse en él, lo que también es tomar posición por la inamovilidad del acompañamiento de la ley a los cambios en la sociedad. Otros preferimos abrir y ventilar el debate.
Todos estamos implicados en este tema como actores o como conocedores de su existencia; el mismo cruza transversalmente a la sociedad uruguaya; pero aquí también hay grupos sociales de riesgo y situaciones de género evidentes.
La demonización del tema ha generado una existencia clandestina de las prácticas abortivas, de la cual la mujer siempre es la actora principal y, muchas veces, la víctima. A veces, y fruto de la capacidad económica de la actora o de su entorno familiar, esto se transforma en una práctica mercantil, aunque siga siendo proscrita y denostada, a la vez que tenga que cargar con el peso de la culpa y el ocultamiento. Por otra parte, no nos parece una solución para la mujer integrante de una familia pobre, marginada, que viva circunstancias de un bien impuesto y, por no tener acceso a una manera digna y segura de abortar, siga adelante con el proceso, pensando que se transformará en un vientre de alquiler. ¿Es esa la forma ética de jerarquizar y de defender la maternidad?
Ninguna mujer se somete a un aborto sin razones fundadas. Inclusive, la misma mujer, en condiciones diferentes, puede tomar decisiones distintas; pero siempre que decida hacerlo el acto debe estar rodeado de una accesibilidad igualitaria y de la seguridad que encierra un acto médico.
Muchos conciudadanos tienen firmes convicciones en el sentido de no interrumpir el proceso de gestación. Este proyecto de ley no avasalla a las personas en ese trance, a sus familias ni a los profesionales de la medicina que decidan abstenerse de participar por objeciones de conciencia.
Por ello, pienso que el proyecto de ley presentado en mayoría por la Comisión es democrático y tolerante y, además, brega por la defensa de la salud reproductiva.
Cuando analizamos este tema no nos sentimos ni solos ni extemporáneos. Es un debate de larga data, que está impregnado en su difusión de mitos y de algunas realidades. Días pasados leí algunas de ellas en una publicación sobre aborto inseguro inscripta en la campaña del 28 de setiembre, en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Viene al caso mencionar algunos conceptos manejados en Sala, en la sociedad y en esa publicación: "1) 'Cuando el aborto se despenaliza aumenta considerablemente el número de mujeres que recurren a esta práctica'. Respuesta: 'Es imposible comprobar la certeza de esta afirmación, pues cuando el aborto es ilegal las cifras con las que se cuenta son incompletas en razón de la clandestinidad de las interrupciones...'.- 2) 'La promoción de la anticoncepción hace aumentar el número de abortos'. Respuesta: 'El medio más efectivo para reducir los abortos es la prevención de embarazos no deseados y ningún esfuerzo serio para alcanzar ese objetivo, y así reducir las tasas de aborto, puede tener éxito sin la anticoncepción'.- 3) 'La mayoría de las mujeres que recurren a la interrupción de un embarazo son adolescentes, solteras y sin hijos'. Respuesta: 'Diversas investigaciones realizadas en la mayoría de los países de la región han concluido que no existe un perfil de las mujeres que interrumpen un embarazo: pertenecen a todos los sectores socioeconómicos, niveles educativos, edades, situación de pareja, etc.'.- 4) 'La vida comienza en el momento de la concepción'. Respuesta: 'De hecho la vida ya existe en el óvulo y en el espermatozoide por separado. También existe en el óvulo fecundado, en el embrión y en el cigoto, pero sobre la distinción entre estas entidades y una persona humana existe divergencia de opiniones entre filósofos, psicólogos, neurólogos y genetistas...'.- 5) 'La interrupción de un embarazo es un procedimiento peligroso que además causa trastornos psicológicos a las mujeres que recurren a ella'. Respuesta: 'Cuando se practica en condiciones no adecuadas, se trata de un procedimiento peligroso que puede dañar permanentemente la salud o terminar con la vida de la mujer. Sin embargo, cuando se trata de un embarazo no deseado, es realizado por personas capacitadas y en condiciones de higiene, el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros. En cuanto a las secuelas emocionales, una serie de estudios ha demostrado que el sentimiento predominante en las mujeres que han interrumpido un embarazo no deseado es el alivio, también la tristeza y en ocasiones la culpa. Cuando el aborto es legal y se da un buen trato a la mujer, estos sentimientos negativos desaparecen a los pocos días, cuando se realiza en un ambiente de clandestinidad la culpa aumenta...'.- 6) 'Las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado actúan simplemente por egoísmo'. Respuesta: 'Ninguna mujer disfruta la interrupción del embarazo. Las mujeres que debido a cualquier tipo de razones deciden hacerlo, lo hacen luego de sopesar sus capacidades, sus deseos, sus posibilidades. Pues luego de tener un hijo, se convierten en madres con toda la responsabilidad que ello implica de dedicación, amor, energía y también recursos económicos...'".
En el mundo, en América Latina y en el Caribe en particular hay un esfuerzo intelectual desde diversas convicciones filosóficas, religiosas y éticas, para profundizar la convivencia tolerante y acercar la legalidad a la realidad.
El sacerdote jesuita Juan Julio Wicht, director del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, de Perú, dijo: "Yo creo que es posible para un creyente católico en una sociedad pluralista, poder decir: yo me opongo al aborto, yo no cometeré un aborto inducido, pero respeto el que otra persona pueda hacerlo en circunstancias especiales en donde, por razones que no se contraponen a la ética, pueda llegar a tan dolorosa conclusión".
Ante la propia Comisión comparecieron diversos actores, entre los cuales resulta difícil hacer una selección de aportes; pero debo reconocer que quizás por mi falta de información recibí un impacto fuerte ante los conceptos vertidos por la delegación del Comité Central Israelita, que expresó, en su diversidad, el seguimiento milenario del tema. Su Presidente, el señor Acher, dijo: "La posición judía general, a través de miles de años de existencia, ha sido siempre diversa y con perfiles que no son totalmente iguales. Si tuviera que hablar del pensamiento judío, diría que siempre han subsistido una serie de corrientes diferentes, a veces no coincidentes y otras en oposición, pero la característica judía ha sido la diversidad y el pluralismo. En consecuencia, es muy probable que a través de nuestros dichos se pueda percibir la no homogeneidad de criterios".
El rabino Kripper, integrante de la misma delegación, dijo: "Si tuviera que resumir la posición judaica, diría que es muy sui géneris, es decir, no favorece el aborto pero tampoco lo prohíbe en términos absolutos. No considera el aborto como un crimen, como lo es matar a una persona".
Y la Presidenta de la Comisión Internacional de Mujeres Judías, licenciada Winkowsky, expresó: "Entendemos que el aborto no es un método de planificación familiar, sino que tiene que ser simplemente tomado como una consecuencia de algo que se quiere evitar, sea por un problema familiar, por una violación o por algo en que los padres, y en este caso la madre, tiene el derecho a decidir qué es lo que va a hacer con su cuerpo, siempre y cuando esto sea tomado en forma responsable y no simplemente como un método anticonceptivo".
Otro alegato es el de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, quien manifestó: "El aborto es un claro ejemplo de esta situación (la coexistencia de dos Méxicos: uno ficticio, otro real). La prohibición de su práctica fortalece el mundo irreal -el de las frustraciones- en contra del mundo de los hechos -el país de la realidad".
Y yo tengo derecho a hacer un correlato de lo que sucede en nuestro país. Pretendo ayudar con mi voto favorable a este proyecto de ley a asumir la realidad de una manera más cristalina y menos hipócrita.
Señor Presidente: me congratulo de los méritos que tienen aquellos legisladores que han trabajado para encontrar un espacio para que esta Cámara se diera los tiempos para intercambiar ideas y poner a consideración un tema postergado que, como dije anteriormente, no surge de ningún tipo de torremarfilismo, sino que es la realidad que se instala en este recinto.
He escuchado decir a muchos de ellos, que han trabajado intensamente, que lo ven como un peldaño. Yo comparto la modestia vertida en su concepto. Pero cuando una tarea es larga hay que comenzarla lo antes posible, sobre todo cuando la aproximación al abordaje de este tema eminentemente social y de salud pública, puede contribuir a demostrar la real envergadura que él tiene en la sociedad uruguaya.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Veiga.
SEÑOR VEIGA.- Señor Presidente: creo que debemos congratularnos por la manera como se está desarrollando el debate sobre un tema tan delicado, que no es de naturaleza política y que debemos resolver según la conciencia de cada uno. Inclusive, he advertido -y con gusto- que en esta temática nos escuchamos recíprocamente. Muchas veces, en esta Sala, quizás porque ya sabemos lo que cada uno va a hacer o decir después, asistimos a debates bastante sordos. Y aquí, ayer y hoy, noto que nos respetamos y escuchamos mutuamente. Me parece que cada uno sabe que estamos planteando a conciencia, sobre un asunto difícil, cuál es el punto de vista que queremos dejar establecido con claridad; y reitero que nos respetamos entre todos.
Sin duda que, por lo menos para mí, este no solo es un tema legal, sino inmensamente más complejo, pues abarca connotaciones filosóficas, culturales, biológicas y sociales, y que muchas veces, lamentablemente, se debate con una tendencia a la polarización.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Argenzio)
——Quiero decir con toda claridad que mi posición sobre el proyecto de ley no responde a mis convicciones teológicas ni tampoco a mi condición de cristiano, que lo soy. Yo no voy a acompañar este proyecto porque establece el derecho a interrumpir el embarazo, a abortar. Y establecer ese derecho es, en mi opinión, afirmar el derecho a conculcar la vida humana que -ya no se discute- existe en el vientre de la madre y tiene el derecho inviolable de nacer. Y cuando digo esto -quiero ser muy preciso- no estoy diciendo que yo defiendo el derecho a la vida y que quienes respetan y sostienen este proyecto de ley están despreciándolo; lejos de mí esa afirmación. Desde lo más profundo de mis convicciones estoy argumentando las razones por las cuales tomo esta posición, sin propósito alguno de atribuir intención diferente, o al menos contraria, a quienes tienen sobre este tema una posición distinta.
¿Cómo me sitúo ante este proyecto? Intento hacerlo, como siempre lo hice, en defensa del más débil. Para mí, el progresismo en la sociedad, avanzar en la sociedad, es defender al más débil frente al más fuerte; es defender al trabajador frente a quien lo quiere explotar; es defender al niño frente al adulto que quiere abusar de él; es defender a la mujer, que tantas veces es discriminada en la sociedad; es defender al anciano en su soledad, en su abandono. Y yo me pregunto: ¿hay alguien más débil, ante el dilema que hoy tenemos, que el embrión, luego el feto, que existe, que vive, que tiene un corazón que late, pero que no tiene voz ni voto y no puede organizarse para luchar en defensa de sus derechos? Así me sitúo yo, reitero, con todo el respeto hacia quienes lo vean diferente.
Se dice en la exposición de motivos de este proyecto que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Yo acuerdo con esto: todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Si esto es así, ¿es una forma de defender ese derecho que tiene la mujer, o estamos hablando de otra cosa? ¡Estamos hablando de otra vida que está en el seno de la mujer y que también, para poder tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, primero debe tener la posibilidad de existir, de nacer, de tener su cuerpo!
Yo tampoco me tapo los ojos frente a la realidad, frente al drama social, frente a la situación que hoy vive la sociedad uruguaya, especialmente algunos de sus sectores. Y no lo digo por teoría; vivo en mi entorno familiar con quienes están comprometidos hace casi veinte años -y no desde ayer- con el drama de los excluidos, intentando servir y atender esas realidades, y conviviendo con ellos. Podría contar cosas espeluznantes, algunas que aquí se dijeron, como una niña de trece años que, para abortar, se tira desde el techo de una vivienda precaria, o escuchar -como lo he escuchado-: "me voy para la frontera a sacarme el hijo". Así lo expresan, y a lo mejor no tienen retorno, o el retorno es derecho a un hospital, en las condiciones sanitarias más espantosas. Inclusive existen problemas culturales que se generan, en muchos casos, por las relaciones parentales que se dan en esas zonas guetizadas; muchas veces no pueden salir fuera de allí y, por lo tanto, profundizan la vida entre ellos, con todas las consecuencias que eso supone.
Concuerdo con lo que expresaba ayer la señora Diputada Tourné acerca de que la mayor cantidad de abortos no se realizan entre las mujeres pobres, pero sí las mayores consecuencias de riesgos y muertes se dan entre las mujeres pobres. Eso es así. No voy a aprovechar la oportunidad para profundizar en las causas del crecimiento brutal en los índices de exclusión y de pobreza y cuáles deberían ser las políticas sociales que habría que afrontar para poder realmente solucionar este tema de fondo. No creo que sea la ocasión. Pero sí voy a enfatizar en la necesidad de políticas de prevención del embarazo no deseado, y no de una manera retórica, sino de una manera real. No deben proclamarse, deben hacerse. Deben existir políticas anticonceptivas, de educación sexual, de protección y planificación de la familia.
Adelanto que voy a acompañar el Capítulo I, salvo alguna pequeña excepción, pero debe haber voluntad política y recursos para ello. Recuerdo que desde algún Ministerio, en algún Gobierno, se cortaron políticas por convicciones personales, olvidando el interés general en esta materia.
Quiero decir con toda claridad, sin fariseísmo, que no es posible decir que se está contra el aborto -yo lo estoy- y también estar en contra de las políticas de prevención del embarazo no deseado. Queda claro que las dos cosas no se juntan por el rabo. Diría más: inclusive en situaciones de penuria, de angustia, de miseria económica, luego de proporcionar a la mujer que está en esas condiciones centros institucionales de recepción, asistencia económica pre y posparto, asistencia médica y psíquica, y si lo deseara, hasta consejo religioso -depende de ella, naturalmente-, está la posibilidad de adopción, para facilitarle -más allá de que sobre esto he escuchado posiciones distintas- que tenga su hijo. ¡Cuántas personas quieren adoptar hijos en este país porque no los pueden tener!
Si, llegado ese extremo, igualmente la mujer quiere interrumpir el embarazo, en esas situaciones de angustia y penuria económica, y no solo con un consejo médico, sino interdisciplinario -porque este no es solo un tema médico-, con psicólogos y asistentes sociales, y con la consulta a la voluntad del padre, si este está -porque no hay que olvidarlo-, yo aceptaría que esa mujer, si lo deseara, en esas condiciones, interrumpiera el embarazo. Quizá sin cambiar la naturaleza jurídica del hecho, en ese caso el Estado podría renunciar a su capacidad de penar. En los hechos significaría la despenalización en esos sectores de angustia, de penuria, de real drama social.
Pero así como digo esto, también digo no al derecho indiscriminado a abortar. En mi opinión -lo digo con todo respeto-, este proyecto, con excesiva generalidad, con el argumento del drama social que existe -y al cual yo quiero responder y no taparme los ojos-, abarca y oculta otras intenciones, otras situaciones, y la voluntad de establecer otros derechos que, esos sí, me resultan absolutamente imposibles de compartir, y que en nada contribuyen al progreso de la sociedad, sino, por el contrario, a estimular el individualismo, el egoísmo y aun la antisolidaridad.
Este es mi punto de vista, que he intentado expresar con toda franqueza y claridad. Reitero que no atribuyo intenciones a quienes piensen distinto, y mucho menos a quienes están convencidos de que este proyecto es una buena solución. Yo no lo creo así. Es un tema que debemos debatir lejos de todo fundamentalismo. También advierto, para mí mismo, que es muy difícil discernir -quizás más que nunca- si efectivamente estamos representando la voluntad de quienes hicieron que aquí estemos sentados. Es probable que la solución más genuina fuese que la ciudadanía toda se expresara, naturalmente después de que el Parlamento se pronuncie. Pero, con toda franqueza, más allá de sus intenciones, no creo que este proyecto solucione el tema de fondo. Considero que establece un derecho que, en definitiva, no respeta la vida y no lo voy a votar.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra la señora Diputada Castro.
SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: en primer lugar, nos parece sano desde el punto de vista del funcionamiento político que, finalmente, después de muchísimos años y de varias iniciativas, estemos debatiendo este tema. Claro está que las cosas siempre pueden ser mejores, porque hoy somos muy poquitos las señoras y los señores parlamentarios que estamos aquí. También lamentamos profundamente que, salvo los colegas que han tenido que ausentarse del país representando a este Poder y otros que lo han hecho por razones de salud o muy fundadas, muchos señores Diputados titulares no se encuentren presentes, ya que no podremos enriquecernos todos con sus puntos de vista.
Quisiera tomar las palabras del doctor Barrett Díaz, Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que muy sintéticamente, en una publicación de esta organización social, expresaba: "Ante las grandes cuestiones ideológicas, religiosas o científicas, pueden asumirse múltiples posturas; ante una mujer expuesta a enfermar gravemente y morir, no".
Nosotros, que hemos apoyado y seguido este proyecto como delegados de sector en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y lo apoyaremos en la Cámara, creemos que este es uno de los aspectos importantes. Pero sigo con el pensamiento de algunos médicos muy destacados de este país.
La actual Decana de la Facultad de Medicina, la doctora Ana Ferrari, decía sobre el aborto algo que también es interesante porque, a mi criterio, habilita algunas otras reflexiones: "Sobre el aborto se pueden tener distintos sentimientos, dependiendo de si se es mujer o varón, pobre o rico, religioso o ateo". Y yo agrego: también depende de cada uno de nosotros -en este caso como legisladores-, de nuestros marcos referenciales, de nuestra historia de vida, de cómo crecimos, del hogar que tuvimos, de las luchas que ganamos o perdimos, de nuestros propios actos, de nuestra situación económica, de si tenemos o no tenemos hijos o de si queremos tenerlos, y hasta de si alguna vez sufrimos un aborto no voluntario, sino provocado por otras situaciones como, por ejemplo, la represión, y no solamente de si somos mujer o varón.
Agrega Ana Ferrari: "Estos sentimientos son privativos de cada individuo y se reflejan irremediablemente sobre sus opiniones al respecto.- Sin embargo, hay un punto sobre el que debería existir una sola opinión: ninguna mujer debería poner en riesgo su vida por no disponer de recursos para realizarse un aborto en condiciones adecuadas". Creo que este ha sido uno de los temas más abordados en esta discusión, que ya va por su tercer día de sesión. Si un mérito central tiene el proyecto que presentó la Comisión asesora es dejar en claro, más allá de la lectura que cada uno pueda hacer -evidentemente, hay distintas conclusiones-, que aquí no estamos discutiendo sobre aborto sí o aborto no, ni planteando que el aborto deja de ser un delito, sino la despenalización para la situación de interrupción de la gravidez en algunas claras y determinadas circunstancias.
Por otra parte, si uno hace un análisis de esta situación, ve que, en realidad, a través de distintas estrategias, el aborto siempre ha existido en la historia de la humanidad, en todas las culturas y en todas las formas sociales en que se organizan los hombres y las mujeres, aun en los casos en que esta conducta es condenada socialmente o penada legalmente. Siempre ha existido y la verdad es que, mirando algunos documentos, uno puede sacar en conclusión -por lo menos, en mi caso- que en su mayoría las soluciones legales que se dan al tema tienen carácter provisorio. No hay normas ni leyes absolutas y eternas. Lo digo yo, que no soy religiosa, pero algunas personas que lo sean podrán decir que están creadas por los hombres y también por las mujeres.
Volviendo sobre el objetivo del proyecto, su propio título hace referencia a la defensa de la salud reproductiva, pero se ha sostenido que es una forma de enmascarar el verdadero objetivo. Yo me quiero pronunciar al respecto, porque estoy convencida de que recorrer el camino de la despenalización del aborto es una estrategia indispensable para la defensa de la salud reproductiva, porque no estamos en una sociedad que no tenga ninguna norma al respecto; existe una desde 1938.
Como en el caso de la ley contra la violencia doméstica y en otros, considero que, de aprobarse este proyecto, si no lo concebimos dentro de lo educativo, entendido en su sentido más amplio, muy poco efectivo y eficiente será su alcance. Y cuando hablo de lo educativo no me refiero en forma restringida al ámbito de la educación formal, sino a los mensajes que se difunden a través de los medios masivos de comunicación, por ejemplo con campañas puntuales, dentro de una política permanente de información veraz a la población y en coordinación con todos los organismos estatales pertinentes.
Alguien puede pensar que lo educativo -y me expreso en mi doble función de docente y parlamentaria, participante de la Comisión de Educación y Cultura- compete exclusiva o centralmente a los entes de enseñanza. Creo que ese es un concepto perimido y erróneo, porque la acción educativa la ejercemos formalmente a través de determinados centros de enseñanza y también a nivel de muchísimas instituciones: en el seno de la familia, de distintos aparatos del Estado, que también trabajan en ese campo, etcétera.
Entonces, me parece que el artículo 3º del proyecto resume claramente la necesidad de coordinar todos los esfuerzos del Estado en esta materia y parte de la base de que lo educativo y las políticas sociales, como se establece en el artículo 1º, son responsabilidad del Estado. Pero quiero agregar que me parece una solución inteligente y no azarosa la que ha planteado la Comisión, en el sentido de que no solo corresponden políticas educativas, sino también claras políticas sociales, que permitirán involucrar a la ciudadanía en estos temas. Por eso, en el Capítulo I se plantea el derecho a la procreación consciente y responsable y que el Estado deberá reconocer el valor social de la maternidad y de la paternidad responsables y de la tutela de la vida humana. A esos efectos se promoverán políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva, a la defensa y promoción de los derechos sexuales y a la disminución de la morbimortalidad materna.
Me quiero detener muy brevemente, porque no es objeto de tratamiento en esta sesión, en el artículo 1º, en el que se hace referencia a la promoción de los derechos sexuales. Habría que discutir largamente -sería bastante sano para el país- cuáles son las vinculaciones implícitas en el ejercicio de los derechos sexuales con relación al placer, a la maternidad, al amor o a los afectos en términos generales. No me voy a detener en esto, pero sí quiero señalar que estoy totalmente en contra de aquellas posiciones, fundamentalistas o no fundamentalistas, pero que entienden que la función fundamental de la mujer -que la define como género- es exclusivamente la maternidad, o que el acceso al placer sexual es solamente provocado por la sociedad de consumo. O que ser querido por ser querido, en realidad, es una conducta no acordable desde el punto de vista social y humano.
Voy a intentar analizar alguno de los más frecuentes argumentos contrarios a este proyecto. En primer lugar, hay quienes se oponen a este proyecto o tienen dudas sobre él por causa del temor a que la despenalización del aborto, en determinadas circunstancias, se convierta en un método anticonceptivo más. La Comisión estuvo atenta a este problema, y por ello especifica muy claramente en el Capítulo I, particularmente en su artículo 2º, las competencias y responsabilidades del Estado a través del Ministerio de Salud Pública y, a su vez, en el artículo 3º establece la coordinación con otros organismos del Estado para que ello no ocurra.
El doctor Guido Berro, Director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad, cuando nos visitó en la Comisión opinó lo siguiente: "Hablar de aborto debería ser siempre un acto de profunda humildad y quizás de atrevimiento, pues el drama que frecuentemente enfrenta quien se decide a una interrupción voluntaria de su gravidez no es nada sencillo de abarcar y menos incluso de sentir, más aún si no se vivió similar y dramática circunstancia". Acudo a esta cita, no porque crea que el varón no pueda compartir estos dramáticos cuestionamientos, sino porque creo que para él la situación es sencilla y claramente diferente.
En lo personal, no conozco a ninguna mujer, cualquiera sea su situación social, económica o cultural, que llegue a plantearse la posibilidad de interrumpir su gravidez sin angustia, sin presiones, sin múltiples cuestionamientos y sin una profunda remoción problematizadora de sus afectos. Tampoco conozco mujeres que luego de abortar y de haber pasado inevitablemente por su duelo, generalmente ultraprivado y autorreprimido por la hipocresía social, enfoquen su vida sexual despreocupándose de la apropiación de estrategias que eviten llegar a esta situación. Pero esas estrategias dependen de un montón de cosas, no solo de la situación socioeconómica, sino de su mundo cultural, de sus tradiciones, etcétera. ¿Cuándo se llega a esta situación? A mi juicio, en algunos casos por ignorancia; en otros, por falta de medios económicos o por fallas en el medio utilizado. Porque -reconozcámoslo- todos los métodos anticonceptivos tienen fallas; por mínimas que sean, si ese mínimo me tocó a mí, falló. Es por ello que la Comisión plantea que el Estado debe asumir una orientación clara en las políticas educativas y sociales con el propósito de facilitar la superación de estas dramáticas dificultades y carencias.
Concretamente, reitero que, a mi juicio, se deben asignar recursos, porque políticas en cualquier orden, sin recursos, son un mero avance manuscrito.
Por otra parte, algunos se preguntan por qué actuar simultáneamente en los aspectos educativos y en el de la despenalización. ¿Por qué no actuar primero en lo educativo, evaluar los resultados de un posible plan a cinco años, por ejemplo, y en una segunda etapa proponernos estudiar y quizás aprobar un proyecto de este tipo?
En primer lugar, los efectos de cualquier programa o plan educativo son a largo o mediano plazo y no inmediatos. Entonces, las respuestas son muy claras. A mi juicio, son de dos órdenes. La primera es que llevamos sesenta y cuatro años de vigencia de esta ley, con distintos Gobiernos, algunos con coincidencias ideológicas, políticas; pero sobre este tema llevamos sesenta y cuatros años y tenemos una práctica social sobre la cual existe un diagnóstico consensuado que demuestra que no se ha alcanzado el efecto que se pretendía, por lo menos en la letra. ¡Vaya si se habrá tenido tiempo de implementar esas políticas educativas que ahora se reclaman!
En segundo término, en el Uruguay todo, así como en el Pereira Rossell, casi la tercera parte -el 27,7%- de las causas de muerte materna corresponden a las complicaciones emergentes del aborto provocado en condiciones de riesgo, según se señala en el trabajo publicado por los docentes de las cátedras y clínicas de Ginecotocoobstetricia de la Facultad de Medicina. En 2001, en el Pereira Rossell se llegó a una mortalidad materna por abortos provocados en condiciones de riesgo del 71%, siendo la media más alta del país.
Además, yo reflexionaba sobre el texto del artículo 8º de nuestra Constitución, que establece que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Hacía esta reflexión porque la realidad muestra que las uruguayas que abortan no son todas iguales ante la ley, ante esta ley de aborto, la vigente.
Algunas -cada vez menos- pueden realizarse abortos sin poner en riesgo su salud o su vida porque pueden disponer de entre US$ 300 y US$ 800 para hacerlo. La inmensa mayoría no puede. Las que llegan a la puerta del Pereira Rossell después de un autoaborto o de habérselo hecho hacer por cualquier ciudadano o ciudadana solidario o comerciante, inescrupuloso o no, son las mujeres pobres.
En una interpretación lineal del texto constitucional se podría llegar, en una aberración lógica, a razonar más o menos así: todas las mujeres uruguayas son iguales ante la ley de aborto; las mujeres pobres no son iguales ante esta ley; las mujeres pobres no son personas. En realidad, me parece una aberración, no solo lógica, constitucional, legal, sino humana, profunda.
Otro de los argumentos plantea claramente por qué la urgencia. ¿Dónde está la urgencia de tratar este tema y aprobar una ley, cuando las urgencias reales pasan por la pauperización creciente, en forma casi geométrica, de toda la población o de su mayoría, y cuando el país está muy próximo a alcanzar el 20% de desocupación?
Señor Presidente: si hay una fuerza política que permanentemente denuncia estas situaciones y ha propuesto soluciones concretas sobre el tema -lo va a seguir haciendo-, es el Encuentro Progresista-Frente Amplio. No hay ninguna duda, para nosotros, de que esto es de urgencia, pero a veces los pronunciamientos de la mayoría de las fuerzas que representan al Gobierno sostienen que los pobres crónicos y los nuevos pobres deben esperar pacientemente a que la invisible y efectiva mano del mercado arroje las soluciones.
También hay verdades de hecho, como las situaciones que estamos describiendo, que exigen nuestro pronunciamiento e intervención. Muchísimas de las mujeres pobres y de las pobres que abortan, en realidad recurren al autoaborto, mediante prácticas que aumentan altamente el riesgo de salud y acrecientan significativamente la cantidad de muertes. El conocido permanganato -que causa las perforaciones-, la aguja de tejer, las pastillas tucu-tucu, el perejil, etcétera- son solo algunas de estas prácticas populares, terribles y mortíferas.
Recientemente, la doctora Ana María Araújo, de la Facultad de Psicología, dio a conocer su libro "Impactos del desempleo.- Transformaciones en la subjetividad". Su investigación se centra en hombres y mujeres desocupados desde los cuarenta a los cincuenta y cinco años, es decir, el tramo etario con mayores dificultades para la reinserción laboral. De este texto extraje parte del testimonio de una madre, Verónica, que dice: "[...] tengo dos hijos y me da miedo por ellos, porque no les estoy dando. ¿Qué les puedo dar? Cada vez les saco más... Tengo miedo... Miedo... por ellos, miedo de no tener para darles las cosas y educarlos [...]".
Muchas de estas mujeres pobres, señor Presidente, quisieran planificar su vida sin poner en riesgo su salud o su propia vida, sin tener que optar en el inhumano dilema que se les plantea al elegir entre una boca hambrienta más, un futuro niño desnutrido o la orfandad de los hijos que ya tienen.
Otro de los temas que quería incorporar en esta reflexión es que, sobre la realidad concreta de estos sesenta y cuatro años, si hablamos de despenalizar es porque, hasta el momento, cometer determinado acto que interrumpa la gravidez constituye delito. Sobre el delito en sí es que quiero reflexionar.
El delito como ente natural no existe. ¿Qué quiero decir? -y no lo digo yo; lo dicen los juristas-: que ni histórica ni antropológicamente se ha podido demostrar que no sea así. Ninguna investigación ha podido probar que una conducta que, por ejemplo, en el presente nos parece tan censurable que la catalogamos como delito, lo haya sido del mismo modo en todo tiempo y lugar. Ejemplos de ello abundan, y voy a plantear dos. En la Edad Media, la hechicería era considerada un delito tan aberrante y terrible que era castigada con la pena de muerte en la hoguera. El otro ejemplo que voy a dar, casi que liviano desde el punto de vista humano, es lo que hemos consagrado recientemente: el delito de hurto de cable, que hasta hace pocos meses no existía.
En el caso concreto del aborto, debemos considerar que no siempre fue considerado delito. En el conocido Código Penal de 1934, de Irureta Goyena, se planteaba que cualquier persona podía realizarlo, en cualquier lugar, sin expresión de causa y durante todo el tiempo del embarazo. No es sobre este punto que yo voy a decir que estoy de acuerdo con el Código de 1934, pero sobre la base de estas reflexiones acerca del delito en sí, pienso que el delito es una construcción político-ideológica, de un Estado determinado, en un momento histórico-social concreto. Es por esta razón que, así como una conducta no penalizada hasta cierto momento puede pasar a serlo, del mismo modo otra conducta penalizada hasta el presente puede dejar de serlo.
Otro de los temas planteados es si lo que penaliza, disuade o no. Cuando estuvo en nuestra Comisión, el doctor Gervasio Guillot planteó lo siguiente: "[...] el fundamento esencial de tipificar ciertas conductas humanas como delito radica no solamente en un efecto expiatorio por el pecado, sino que tiene un efecto social fundamentalmente disuasivo".
En nuestro país, el efecto disuasivo buscado no se ha logrado; más bien ha sido nulo. Como objeción a este argumento se ha señalado, por ejemplo, que la violación está penada y siguen existiendo violadores, pero a ninguno de los presentes se nos ocurre derogar la norma. La diferencia sustancial en estos casos es que el violador es unánimemente repudiado por la sociedad, inclusive dentro del COMCAR.
El otro día, en una conversación en los corredores, comencé a hacer una propuesta medio en broma, y ahora estoy casi convencida de que sería sano llevarla a la práctica. Si a todos los hombres y mujeres que ocupamos cargos electivos en este país se nos preguntara, para responder en forma anónima -solo figuraría nuestro género y edad, quizá como dato referencial, para algún estudio posterior-, si participamos alguna vez, directa o indirectamente -aportando económicamente, apoyo efectivo o de otra índole- en una situación de interrupción de la gravidez y, en segundo lugar, si lo hemos denunciado ante la Justicia, estoy segura de que más del 90% respondería afirmativamente a la primera pregunta y en forma negativa a la segunda.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Guillot, señalaba que es regla de oro del derecho que cuando una norma pierde "[...] el consenso de validez de una sociedad, pierde ciertamente su eficacia [...]". Y agregaba un ejemplo que a mí me parece muy interesante, porque hace a lo cotidiano: "A nadie se le ocurre pensar que quien compra [...]" -una marca de café de esas que entran de contrabando- "en una feria está cometiendo delito de receptación de contrabando. [...] el reproche penal no actúa y todo el mundo lo sabe".
De igual forma, todo el mundo sabe dónde encontrar una clínica donde se hacen abortos, a alguien que lo haga en cualquier condición o a quién preguntarle sobre este tema.
Este hecho de que la ley que penaliza no haya tenido efectos disuasivos trajo como consecuencia, a mi juicio, que se lo haga clandestinamente y en condiciones donde la sepsis campea.
La otra cara de esta trágica moneda es la corrupción, que es acarreada por la prohibición legal de una actividad que consensualmente no es considerada delito.
El propio doctor Guillot -quien hizo muy importantes aportes- señaló sobre este punto lo siguiente: "[...] todas las clínicas están rodeadas de un manto de protección policial [...]" -lo dice el Presidente de la Suprema Corte de Justicia-, y los integrantes de estas clínicas se preguntan: "¿Quién me va a decir algo a mí por hacer abortos si tengo clientes en el Parlamento y en el Poder Judicial, si muchos clientes que han pasado por acá son de los Ministerios, acompañados ya sea de su esposa legítima, su amante o su hija?".
Haciendo otro corte en la reflexión, el artículo 7º de la Constitución establece: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida," -ahí vamos- "honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de esos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general". Este artículo plantea una serie de derechos fundamentales, el primero de los cuales -nadie duda- es el derecho a la vida. Nuestra Constitución maneja el concepto de que hay derechos naturales preexistentes; es decir, es una concepción jusnaturalista. Por lo tanto, no consagra los derechos, sino que reconoce la existencia de los mismos.
Este final del artículo 7º, que reza que nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general, nos hace preguntarnos cuáles serían estas razones.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——¿Ha finalizado el tiempo de que dispongo?
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- La señora Diputada puede redondear su exposición.
SEÑORA CASTRO.- Redondeo, señor Presidente.
A excepción de lo que queda claramente establecido en el artículo 26 de la Constitución, que determina que a nadie se le aplicará la pena de muerte, quedarían dos causas solamente, que son la eutanasia y el aborto. Para considerar el aborto como una de estas razones, previamente habría que compartir la tesis de que existe vida desde el momento de la concepción -también existe vida en las células epiteliales- y sostener la sinonimia entre vida humana y persona, lo que implica una importante discusión no solo en el campo de lo jurídico, sino en el de la medicina, la medicina legal, la antropología y la psicología médica, como mínimo.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Agazzi.
SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente...
SEÑORA CASTRO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR AGAZZI.- Sí, señora Diputada.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir la señora Diputada.
SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: aun si se parte de la sinonimia vida humana-persona, en este caso se opone la protección del bien jurídico vida en dos personas: en la madre, por las muertes sobrevinientes como consecuencia del aborto clandestino, ya sea en forma inmediata o posteriormente, y en el sujeto concebido.
En el artículo 1º de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1990, incorporada como Ley Nº 16.137, se señala que se considera niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. No hace referencia a la vida intrauterina, como convenciones anteriores, entre otras cosas -a mi juicio- porque entre los países que la aprobaron y ratificaron hay algunos que penalizaron y penalizan el aborto y otros que no.
Sobre la protección del bien jurídico vida, no solo en este ámbito sino también en general, se ha planteado que hay que hablar claro, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero las claridades arrojan distintas conclusiones, y está bien que sea así porque me parece que la pluralidad y la diversidad en el pensamiento son productivos para el ser humano: triste situación en la historia cuando se intenta sacar conclusiones en el sentido de que hay un pensamiento único; ya vemos cómo les va.
Voy a tomar un fragmento de la opinión de los doctores Pons, Medina y Cuadro, Directores de las Clínicas de Ginecotocología de la Universidad de la República. Ellos, tratando de hablar claro, dicen lo siguiente: "Sería absurdo -e ilegítimo- pretender analizar el asunto partiendo de una mentira, de manera que admitámoslo de entrada: en un aborto se perdió una vida. No hay aborto sin muerte de un feto. Pero también de entrada deberemos admitir que se trata de la única situación en la que la muerte acarrea automáticamente la condena, poniendo en juego mecanismos emocionales que pocas veces se presentan con esa intensidad en otras circunstancias. Cuando en una guerra se mata gente, a los matadores no se los condena". Agrego yo: hay convenciones, leyes, etcétera; puede haber una condena de otro tipo. Continúa la cita: "Cuando una persona mata a otra en legítima defensa, el mismo término 'legítima' indica que socialmente se acepta que el hecho de la muerte puede ser justificable, y existirán leyes que permitirán que no se condene al matador. Cuando algunas sociedades" -como la nuestra hasta hace poco tiempo- "aceptan los duelos como forma de zanjar cuestiones, el matador no debe rendir cuentas por la muerte que ocasiona".
Esto podría estar corroborando lo que uno va aprendiendo con los colegas abogados: que el derecho penal también es selectivo; el problema es con qué criterio selecciona.
Otro de los argumentos utilizados para validar esa sinonimia vida humana-persona se basa en la carga cromosómica de la especie. En realidad, este es un argumento muy débil y, a mi juicio, ataca directamente el propio supuesto. Hay personas con carga cromosómica diferente, los Down, por ejemplo. Desde el punto de vista de este argumento, uno podría preguntarse: ¿son o no vidas humanas? Yo no tengo ninguna duda -nunca la he tenido- de que sí lo son. No estamos ante el caso de fetos o embriones no viables; esa sería otra situación. Se trata de vidas humanas especiales, y toda la sociedad tiene que asumir el compromiso real de procurar las mejores condiciones para su más pleno desarrollo. Pero según el argumento esgrimido, podría ser que no lo fueran. Entonces, ¿se podría disponer la interrupción de esos embarazos sin tomar en cuenta ninguna de las normas actuales ni las proyectadas?
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——¿Me permite otra interrupción, señor Diputado?
SEÑOR AGAZZI.- Sí, señora Diputada.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir la señora Diputada.
SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: en las discusiones de este tema se maneja mucho el concepto de maternidad responsable; inclusive aparece en el propio texto proyectado. Personalmente, entiendo que hay conocimientos científicos para sostener que el concepto de maternidad o paternidad responsable es una construcción político-cultural. En ese sentido, voy a proporcionar tres datos.
En un censo realizado a fines del siglo XVIII en París -que, por sus repercusiones, conocemos a través de la literatura-, se evidencia que solo una de cada cuatro madres de los sectores medios y altos de la sociedad parisiense conservaba a su hijo con ella hasta la edad de cinco o seis años, porque la maternidad responsable indicaba que hasta esa edad el niño debía ser enviado al campo para que las nodrizas lo atendieran: esa era la conducta responsable.
Actualmente, según investigaciones hechas en la Universidad de Campinas, Brasil, determinadas etnias del Amazonas, que comparten territorio brasileño y venezolano, creen que el concepto de maternidad responsable, entre otras cosas, pasa por tener la cantidad de hijos que quepan en la grupa del caballo, y si sobrevienen otros embarazos deben interrumpirse. Eso es ser una madre responsable, teniendo en cuenta que hay que trasladarse de una zona a otra y no se puede dejar al niño abandonado.
En nuestro propio medio, según la investigación histórica -lo demuestran algunos textos de historiadores de mucho renombre de nuestro país-, a fines del siglo XIX y comienzos del XX la maternidad responsable obligaba a las mujeres solteras de clase media, a alguna de clase baja y, por supuesto, a las de clase alta, que quedaran embarazadas a que ocultaran su embarazo. Si vivían en el medio urbano, generalmente se las trasladaba a la campaña y luego entregaban el bebé al hombre de la familia que pudiera representarlas para una crianza en la cual siempre se negaba la identidad, en todos los términos, a ese concebido y nacido.
Por lo tanto, creo que este concepto de maternidad responsable es un constructo político-cultural, y a la hora de analizar estos temas debemos tenerlo presente.
Finalmente, quiero referirme a un enfoque en el que prima un preconcepto. Creo que las más perjudicadas en la situación que rige la norma actual son las mujeres pobres. Pero hay un preconcepto que impregna la discusión de este tema, que sería más o menos así: las adolescentes muy pobres que irresponsablemente se embarazan, se deshacen del hijo a través del aborto. Por lo tanto, despenalizar el aborto contribuye a reforzar la irresponsabilidad de las adolescentes y de las adolescentes pobres. En realidad, me parece que esto opera muy negativamente y desconoce algunos aspectos que arroja la propia investigación sociológica y de la psicología social.
Ya se ha señalado aquí que no son las mujeres más pobres y en situaciones de indigencia las que más interrumpen sus embarazos. Agrego que también la investigación enseña que las adolescentes en situación de indigencia, esas que cuidan a sus hermanos desde los ocho y nueve años, tienen que hacerse cargo de ese papel de "madres" -entre comillas- sin serlo. Lo que plantea la investigación es que aspiran lo más tempranamente posible a transformar el vínculo. ¿Qué quiere decir esto?
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Ha finalizado el tiempo de que dispone, señora Diputada.
SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: redondeo y termino mi exposición.
Esa transformación del vínculo implica ser madre biológica y, efectivamente, no por una imposición social familiar. Entonces, creo que tenemos que desterrar este preconcepto y, a su vez, plantearnos si las mujeres que no son pobres, que están educadas y que han empleado todos los mecanismos, también tienen o no derecho a planificar su familia de acuerdo con lo que plantea este proyecto.
Por todo lo que he expuesto en esta generosa interrupción que me concedió el señor Diputado Agazzi, voy a acompañar este proyecto, y también por la última razón que he planteado creo que las mujeres no pobres, educadas y que han tenido en cuenta todos los criterios para evitar el embarazo que no quieren, tienen derecho a planificar su familia.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede continuar el señor Diputado Agazzi.
SEÑOR AGAZZI.- He finalizado, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.
SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: queremos hacer unas breves reflexiones, porque acompañamos en un todo lo expresado por nuestro compañero el señor Diputado Argenzio -que en este momento ocupa la Presidencia- en su brillante informe, así como también el presentado por el señor Diputado Gil Solares.
Nos gustaría estribar en las palabras de la señora Diputada preopinante relativas al nombre que se le ha puesto a este texto legal, porque queremos que se llame a las cosas por su nombre. A nuestro juicio, esto nada tiene que ver con la defensa de la salud reproductiva; esto es la legalización del aborto o su despenalización. Nos parece increíble y preocupante que al día de hoy, tal como está la situación en nuestro país -cuando se supone que los problemas que debemos tratar de abordar son el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la mala alimentación-, retrocedamos, como si pensáramos que esas cuestiones van a desaparecer ya que, como va a haber más abortos, no va a existir tanta pobreza, marginalidad y mala alimentación. Estamos discutiendo si hacemos nacer o no a los futuros ciudadanos y habitantes de nuestra República, que podrán -si Dios quiere, no- ser víctimas de algunos de estos pesares.
Quiero hacer hincapié en los textos legales. Me parecieron muy interesantes los ejemplos tan variados existentes en todo el globo terráqueo que utilizó la señora Diputada Castro; pero las realidades y las culturas son extremadamente distintas. Últimamente he visto en la televisión que matan a las mujeres a pedradas por cosas muy ínfimas, y también sabemos de otros lugares donde les cortan los dedos. Pero estamos hablando de nuestro país, nuestra cultura y nuestros valores.
Queremos hacer hincapié en el texto legal vigente y señalar, antes de razonarlo, que a nuestro juicio este proyecto puede ser tildado de inconstitucional. El artículo 7º de nuestra Carta Magna establece como uno de los derechos principales el derecho a la vida. Además, tenemos la definición uruguaya, oriental de la vida, surgida de la aprobación o internalización del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica del año 1985, que expresa que la vida existe desde el momento de la concepción.
Quizá por nuestra condición masculina, a veces nos sentimos un tanto ajenos a este tema, y alguien podrá decir que es fácil para alguien de este sexo opinar sobre temas que no padece. En la Comisión escuchaba al señor Diputado Gil Solares preguntar por qué en este proyecto se establecía que si se seguía adelante con el aborto no era necesario el consentimiento del padre. Si fue necesario para procrear, ¿por qué no lo es para que esa vida deje de existir?
Como decía, estamos opinando sobre este tema los que estamos de un lado del mostrador, porque los que están del otro lado ya no están; están muertos. Me parece que, de haberse aprobado este proyecto en el momento de nuestra concepción, muchos de nosotros no estaríamos aquí.
Como si fuera poco, nuestro codificador, en el artículo 328 del Código Penal estableció eximentes al delito de aborto en situaciones que deberán contar con el consentimiento de la madre. Nos parece que son eximentes por demás amplios. Hace tiempo, desde que rendimos Derecho Penal II, no revisábamos tan a fondo el Código Penal, y releyéndolo vimos la amplitud que tienen estos conceptos. Fíjese, señor Presidente, que puede ser pasible de un eximente del delito de aborto el embarazo de la madre fruto de una violación, el embarazo vergonzante, deshonroso. Aquí también quiero estribar en lo que decía la señora Diputada Castro -salvando las distancias- en cuanto a aquello que decían los que se iban a batir a duelo: más vale morir con honor que vivir sin él. En este caso se puede quitar la vida cuando una madre siente que su embarazo es vergonzante o deshonroso. Por supuesto que existe la posibilidad de ser eximido del delito de aborto cuando la madre corre peligro de vida y también -quizá sea el concepto más amplio- cuando hay penuria económica. Este artículo nos parece por demás abarcativo.
Ya que la señora Diputada Castro -lamento que no esté aquí- hacía referencia a la legítima defensa, queremos hablar de otro instituto con algunas características similares, que es el estado de necesidad. Aquí se produce un estado de necesidad; aquí se sacrifica un bien menor -se categoriza como tal la vida- en función de un bien mayor, tal como surge de estos argumentos que maneja el artículo 328.
Entonces, me parece que nuestro legislador ha sido por demás tolerante y amplio en el momento de tratar esta temática y poner la vida a la altura de estas condiciones a las cuales hacíamos referencia.
Se ha utilizado recurrentemente el argumento -que a uno le hace temblar el pulso- de que la mayoría de los abortos se dan en hogares marginales, pobres, aunque recién la señora Diputada preopinante decía lo contrario. Creemos que el tema no es permitirlo. La señora Diputada Percovich hacía referencia a que la sociedad ya había decidido, que los abortos existían, que los abortos se hacían. También en Uruguay hay gente que consume drogas; también en Uruguay hay gente que se dedica al contrabando, y no por eso vamos a entrar a permitirlo todo; creo que no es la forma.
En este caso puntual, el Partido Nacional ha presentado una moción, respaldada por todos sus legisladores, que creo que es para el caso de estas mujeres que, según quienes han tenido la posibilidad de verlo, llegan a los hospitales públicos en un estado lamentable, casi al borde de la muerte. Es ahí donde el Partido Nacional ha insistido en la necesidad de educar y de invertir en fondos para la prevención porque, de lo contrario, esos abortos se van a seguir realizando.
Hablando del tema de la marginalidad, frente a todos los semáforos de nuestro país podemos ver gurises pidiendo dinero. Muchas veces, en una imagen bastante conmovedora, vemos a una madre con un niño muy chico en sus brazos. Por supuesto, si está ahí es porque no tiene ningún otro recurso y tiene que pedir monedas ante los semáforos. Me gustaría preguntarle a esa madre qué opina acerca de que los legisladores establezcan que porque ella es pobre podría haber decidido que sus niños no vivieran. No creo que la condición económica sea determinante para producir estas interrupciones de la vida. Y si lo fuera, señor Presidente, nuestro codificador ya lo ha previsto como eximente de este delito en el artículo 328.
Me hago una pregunta que, por supuesto, no puedo contestar. ¿La legalización del aborto va a significar que las mujeres entren a los hospitales, a los sanatorios y a las policlínicas y digan: "Me vengo a hacer un aborto"? Tengo la sospecha de que la mujer que se va a hacer un aborto no quiere que se sepa. Es por eso que se recurre a estas clínicas, cuyo silencio es necesario para ambos: para el que lo realiza y para el sujeto activo de este aborto. No creo que la legalización del aborto signifique que tengamos mujeres asistiendo a cara descubierta a los locales de Salud Pública o a las clínicas o sanatorios privados a realizarse el aborto.
Me gustaría terminar diciendo que yo me imagino el día después. Ojalá que no, pero he visto que las aparentes mayorías han cambiado aquí, en la Cámara, porque en principio era cinco a uno y ahora no sé cómo viene inclinada la voluntad de la Cámara con respecto a este tema. Supongamos que sucede lo que yo no quiero: que se apruebe este proyecto de ley de aborto. Naturalmente, no me asombraría si mañana estamos votando aquí que se reforme la Constitución y pasamos a aceptar la pena de muerte. No me asombraría, porque hoy estaríamos dando rienda suelta y aceptando que a una persona -que lo es desde el momento de la concepción-, a un ser inocente, se le puede quitar la vida, sin los argumentos por demás vastos y amplios incluidos en el Código Penal; se le está quitando la vida y nadie es castigado por ello. Sin embargo, cuando vemos crímenes atroces en barrios de todo nuestro país, en los que la gente reclama la cabeza de los actores, el legislador y la sociedad uruguaya han dicho que no, que aunque el crimen sea atroz, aunque se haya matado a una familia, aunque lo perpetrado haya sido una barrabasada, prima el derecho a la vida. Pero, mientras tanto, estaremos permitiendo que se le quite la vida a un inocente. Entonces, si seguimos ese razonamiento lógico, ¿por qué no instituir de igual forma la pena de muerte, segando una vida, aunque en este caso sea culpable y criminal?
Me sigo inclinando por que no exista la pena de muerte en nuestro país. Por eso, y haciendo el razonamiento por el absurdo, me sigo inclinando por que el aborto no sea legalizado en nuestro país.
SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR LACALLE POU.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Advierto al señor Diputado Lacalle Pou que le quedan tres minutos de su tiempo.
Puede interrumpir el señor Diputado.
SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: voy a ser breve.
En primer lugar, no soy quién para interpretar a la señora Diputada Percovich, pero cuando dice que esto se ha impuesto, está hablando de la legitimidad de la conducta. Todos tenemos claro que la conducta del aborto en el Uruguay es un delito, pero, sin duda, está legitimada, por lo menos por grandes sectores de la sociedad, que no perciben esa conducta como algo que no debe hacerse. Esto lo demostraré en abundancia cuando pueda intervenir, porque la conducta del aborto en el Uruguay tiene mucho más de cien años.
En segundo término, acá no se pretende favorecer el aborto y, por lo tanto, cortar una vida; se trata de otro asunto: si hay que penalizar o no una determinada conducta, lo cual es bastante distinto a decir que uno está a favor del aborto. Yo estoy absolutamente en contra del aborto. Pero lo que hay que discutir acá es si nosotros hemos logrado algo con la represión. Este es un problema de política criminal en el cual, en mi concepto, se están confundiendo factores morales, religiosos, filosóficos y de otro tipo que nada tienen que ver con este asunto.
El tema es: la penalización del aborto en la sociedad uruguaya ha sido un fracaso, no solo porque la gente lo sigue haciendo, sino porque nadie lo denuncia.
Gracias, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede continuar el señor Diputado Lacalle Pou.
SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: no concuerdo en nada con la interpretación que hace el señor Diputado Orrico de las palabras de la señora Diputada Percovich.
En segunda instancia, finalmente, quiero decir que cuando entro por esta puerta no dejo ni un valor del otro lado. Así que todos los temas que trate aquí, en la Cámara, y en especial este, están fuertemente impregnados de nuestros valores como seres humanos y como cristianos.
SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra la señora Diputada.
SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: voy a ser muy breve.
Quisiera leer algo que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo en la Comisión, porque me parece especialmente importante como concepto. Expresó que las leyes no solamente tienen como objeto la incriminación de conductas, sino que también, cuando se especifica un delito, eso tiene un efecto social fundamentalmente disuasivo. Dijo: "el efecto disuasivo que ha tenido en nuestro país la incriminación del aborto como un ilícito penal es absolutamente nulo". En cambio, un violador, un ladrón, un asesino, un homicida, un estafador están repudiados socialmente. Una persona que aborta, una mujer, una pareja que lo decide, es tolerada y comprendida en esta sociedad. A eso es a lo que me refería.
Además, decía que una ley con estas características, cuando pierde el consenso de validez en una sociedad, pierde ciertamente su eficacia. Y esa pérdida de eficacia se extiende después en toda una serie de consecuencias nefastas.
Muchas gracias.
SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra por una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra la señora Diputada.
SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: coincido con el señor Diputado Lacalle Pou y lo felicito por ser absolutamente transparente y decir que ingresa acá con todo lo que es, inclusive con sus concepciones religiosas. Realmente, lo respeto profundamente por eso, porque se ha expresado con absoluta sinceridad, como lo que es, como un cristiano.
A lo único que quería hacer referencia como mujer es a que estar embarazada, jamás, en ninguna condición, puede ser un deshonor; en eso yo discrepo. Una cosa es que yo crea que se pueda despenalizar el aborto -este proyecto despenaliza y no legaliza el aborto porque, según su texto, sigue siendo un delito en otras circunstancias-, pero el hecho de que una mujer esté embarazada y desee tener a su hijo siendo soltera, divorciada o viuda jamás es un deshonor.
Con esto no me refiero a lo dicho por el señor Diputado, sino a lo que está en el Código. El señor Diputado se refirió nada más que a lo que establece el Código.
Nada más, muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra el señor Diputado Bellomo.
SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: a esta altura del debate y con las fundamentaciones que han sido expuestas en uno y otro sentido, es realmente difícil hacer algún aporte, aunque seguramente no es imposible y algunos legisladores lo harán. Lo mío, más que un aporte, seguramente será un testimonio y algunas reflexiones.
En primer lugar, creo que hay que reconocer no solo la forma respetuosa, tolerante y positiva con que se está encarando esta discusión, sino el trabajo serio que la Comisión llevó a cabo durante un largo período, más allá de acuerdos o disensos.
En segundo término, debo decir que soy de los que creen que todas las opiniones son respetables, y lo digo de corazón, con convicción. En estas jornadas hemos asistido a excelentes intervenciones y a otras que, si bien no lo fueron tanto, han hecho aportes realmente valiosos y diferentes de los que veníamos considerando. Esta temática es tan abarcativa que podría encararse desde ángulos muy distintos y siempre se encontraría parte de razón en los planteamientos.
Sé que, más que un proyecto de ley, estamos considerando algo que tiene que ver con derechos, con sanciones, con la libertad, pero fundamentalmente con el derecho a la vida, tema que no es menor.
Voy a procurar no repetir lo que ya se ha dicho, aunque lamentablemente parece ser imposible.
Creo que este es un tema más que engorroso y delicado. Y, para colmo, este tema engorroso nos llega en el peor momento de la historia política y social que registra este país, aunque tal vez sea positivo que al fin de cuentas nos llegue en un momento de descalabro, cuando tendrá que irse conformando una nueva sociedad. Y entonces, si vamos a tener un nuevo Uruguay -que espero sea más justo, mejor, que dé otras alternativas a la gente, que dé pasos hacia la verdadera igualdad de oportunidades-, creo que también es bueno que este debate se lleve adelante a calzón quitado -si cabe la expresión- o, por lo menos, sin tapujos.
Votaré este proyecto de ley por varias razones, pero enumeraré solo algunas. Me sumo a los planteamientos y fundamentos que ya han sido explicitados, procurando no repetirlos. Voy a votar este proyecto porque digo, enfáticamente, a la vez que con el mayor respeto posible, que no podemos seguir así; no podemos seguir como estamos.
Creo que este proyecto de ley no resolverá los problemas ni terminará con el aborto instalado en el país; lamentablemente, no. Al menos, no tengo seguridad de que así sea. Sí creo que constituye un avance importante, un peldaño, al que hacían referencia el señor Diputado Ruocco y otros compañeros legisladores.
También quiero referirme a algunos temas que han aparecido sobre la marcha o en estos momentos. Por ejemplo, ayer se presentó un proyecto y se anunció la presentación de otro. Respetuosa y humildemente, digo: estamos dispuestos a considerar estos proyectos -¡cómo no!-, pero lo que lamentamos es la oportunidad en que se los presenta. A pesar de todo el tiempo que transcurrió hasta el momento en que llegó este proyecto al plenario, recién ahora aparecen las alternativas. Ello no nos hace desecharlas, pero procuraremos centrarnos en el proyecto de ley que estamos considerando que, repito, aun con dudas, con convicciones pero sin seguridades, estamos dispuestos a acompañar.
Por otra parte, quiero decir que si una vez votado este proyecto -propongo que así lo hagamos-, es sometido a referéndum, más allá de mi posición, no solo estoy dispuesto a acompañar esa consulta popular porque creo que es sana en todos los casos -y en este tal vez lo sea más que en otros-, sino que desde ya comprometo mi firma para habilitarla. Creo que hay que ser así, que hay que ser coherente en estas cosas. Lo que me parece que no es bueno es que, con el argumento de que es necesario hacer un referéndum, no tratemos este proyecto, no lo votemos y lo devolvamos a Comisión; francamente, creo que no es bueno y no me extenderé sobre el particular.
Además, quiero hacer una consideración que me parece importante y que señala un dato objetivo; lo digo respetuosamente y con convicción. No estamos asistiendo a un debate entre enamorados de la muerte y defensores de la vida; creo que no es así. Considero que todos estamos haciendo el mayor esfuerzo con la mejor intención. ¿Que podemos equivocarnos? ¡Vaya que sí! Pero creo que es importante la altura, el respeto y la tolerancia que se han instalado en la Cámara y que ojalá se mantengan, aunque también sería bueno que esto se trasmitiera y se reflejara en toda la sociedad uruguaya, porque, en definitiva, este tema no pertenece a la Cámara. En este caso, la Cámara ejerce su función de representante y, si pensamos que la ciudadanía debe expedirse, sería bueno que igualmente lo tratara y se comportara con altura.
Asumo la responsabilidad de mis palabras sabiendo que seguramente no puedo representar a todo mi sector político porque, más allá de la libertad de acción, tenemos matices y diferentes puntos de vista que se expresarán, aparte de las intenciones, en distintas posturas con respecto al voto a dar a este proyecto. Tampoco puedo representar a toda la ciudadanía, como dudo que alguien pueda representar a todos sus votantes, más allá de que la postura de todo un partido con respecto a este tema sea homogénea. Me permito expresar mis dudas con respecto a los votantes, y no a los militantes partidarios y a los señores legisladores que señalen su posición.
Creo que hay que votar este proyecto porque, repito, no podemos seguir así, porque esta es una ley para el Uruguay de hoy. Por supuesto, se trata de un problema mundial, que excede a nuestro país, pero acá estamos legislando para el Uruguay de hoy. Y en el Uruguay de hoy el aborto está instalado; no voy a abundar al respecto. Solo diré que, tal como lo señalaba muy bien la señora Diputada Percovich -citando a calificados opinantes-, el aborto hasta ayer era un gran negocio y tenía un montón de clientes y hoy, lamentablemente, sigue siéndolo, y mañana también lo será, con o sin ley; en ese sentido, tenemos que ser francos: mañana seguirá existiendo el aborto. Sin embargo, lo que puede cambiar son algunas cosas que no me parecen menores.
En primer lugar, creo que con este proyecto podemos empezar, por la vía de lo que tiene que ver fundamentalmente con el acto médico sin valor comercial, a combatir a los que medran y lucran con esta situación terrible que viven y atraviesan las mujeres. Por supuesto que la sanción de este proyecto y su mejor aplicación no significará la desaparición de todas las clínicas clandestinas; lamentablemente, no. Sin embargo, si hay una medida que tienda a combatir eso, esta es una de ellas. Asimismo, el propio hecho de que el acto médico sea sin valor comercial y que se pueda consultar y empezar a desatanizar un tema, creo que es importante, sobre todo para el futuro, aunque no sé si tendremos que volver a legislar en la materia porque un montón de prejuicios, de preconceptos y de tabúes que tiene nuestra sociedad probablemente seguirán existiendo por una generación más.
Acá estamos dando un paso hacia el futuro, que espero que sea positivo. Y espero que así sea, sobre todo en las garantías sanitarias que este proyecto ofrece a muchas mujeres. Y cuando hablo de muchas, digo realmente muchas, porque salvo casos graves en los que se ha constatado la muerte y en los cuales sí opera la represión y la parte punitiva de la ley, lamentablemente estas clínicas siguen muy campantes y lo seguirán por un tiempo más. Esperemos que con esta ley empiece a disminuir su incidencia en el país real y seriamente. No tengo garantías ni seguridades, pero creo que si dejamos todo como está, ¡ah, sí!, lamentablemente seguirá todo como está. Y yo creo que si no contamos con esta ley, vamos a estar peor.
Ahora bien: creo que estamos tratando de proteger a las menos pudientes, que no necesariamente son las más pobres. Eso ya se ha explicado y me parece que esta tampoco es la cuestión medular. Me parece que la cuestión no es discutir cifras para ver si son o no las más; son aquellas mujeres que no pueden acceder a cierto costo y entonces hacen lo que hacen y terminan como terminan. Tenemos que proteger a esa gente.
Creo que a nadie le gusta tener que expedirse sobre este tema, y créanme, señores Diputados, que yo lo hago con mucho pesar. Entonces, me preguntarán por qué lo hago; precisamente, para no seguir como estamos, porque me da mucho más pesar seguir así.
Y con convicción y con respeto, no solo hacia los demás sino hacia mi persona -porque me debo el respeto de reconocer lo que voy a decir-, creo que en nuestra sociedad se ha instalado con respecto a este tema un importante componente de hipocresía.
La palabra hipocresía puede tener varias acepciones, pero yo voy a dar solamente dos. Una de ellas: hipocresía es sostener, votar o decir algo y pensar en forma diferente. Esa es una forma de hipocresía que está instalada en nuestra sociedad. Con esto no estoy acusando a nadie; simplemente es un dato de la realidad. El aborto es un secreto a voces; si realmente lo queremos defender, bueno...
Ahora bien: hay otra forma de hipocresía, en la cual me incluyo, lamentablemente, y es la de aquellos que, aun con la coherencia y la convicción entre lo que sostienen, lo que piensan y lo que sienten, por acción u omisión, estamos consintiendo que la situación siga igual. Y con esto no estoy acusando a nadie gratuitamente; me incluyo también en esta categoría, lamentablemente, porque el problema que tenemos instalado, sigue estándolo y tiene la magnitud que tiene, por este dato, que es de la realidad.
SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR BELLOMO.- No, señor Diputado. Es muy escaso el tiempo y no sé cuántos minutos me restan.
¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente?
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Le restan cuatro minutos.
SEÑOR BELLOMO.- Le pido disculpas al señor Diputado Bergstein, pero permítame dar tres o cuatro titulares más.
Sé que por más que votemos este proyecto, si el Ministerio de Salud Pública, por otras razones, sigue careciendo de preservativos como carece de medicamentos y de otras cosas, realmente estamos comprometiendo el futuro de esta ley y sus buenas intenciones. Sabemos que si no se cumple con una planificación familiar, si no se educa y asiste adecuadamente, es poco lo que lograremos. Bueno, la ley lo dice; la ley lo procura. Tal vez la norma no lo resuelva, pero reitero: lo de hoy no es mejor que lo que estamos proponiendo; la situación actual tal vez sea de las peores.
El artículo 11 de este proyecto refiere al acto médico sin valor comercial. Es bueno señalar que necesariamente se va a tener que modificar este artículo en lo que tiene que ver con el comportamiento, de alguna forma preceptivo, de las mutualistas. Se me ha adelantado que la Comisión va a hacer lugar y lo va a tener en cuenta, porque este proyecto de ley no solo es discutible, sino también perfectible y habrá que pulirle muchos elementos.
Señor Presidente: no soy partidario del aborto, aunque tal vez se pueda interpretar que sí lo soy; si así se me interpreta hoy, no tengo problemas en asumirlo. Digo que soy partidario de este proyecto de ley porque creo que es mejor que lo que tenemos. Creo que esta iniciativa otorga garantías sanitarias, sobre todo a las mujeres menos pudientes y a las pobres; tal vez no a las más pobres, pero sí garantías a todos -después veremos cómo se ejercen esas garantías y quién las usa más o menos-, para no seguir exponiendo la vida de muchas mujeres.
Hay un concepto que me parece importante señalar: si la ley vigente, por la vía de la penalización, procura evitar los abortos, creo que está demostrado que no es eficiente o no es la mejor.
Entonces, señor Presidente, yo digo: busquemos apoyar este proyecto porque constituye un avance; estemos abiertos a la consideración de la gente. ¿Cómo no hacerlo? En cualquier momento, y más en este caso, siempre van a estar abiertas las puertas a la consideración popular; mi firma y la de miles de ciudadanos están garantizadas. Ese no es el problema; creo que el problema es empezar a cambiar, si es posible, desde nuestros corazones, desde nuestra actitud, en el acierto o en el error, y con el respeto que todos los señores Representantes me merecen. Y no digo esto "pour la galerie": he escuchado excelentes intervenciones en uno y otro sentido, y reitero que voy a votar este proyecto de ley sin seguridades, pero con la firme convicción de que vamos a estar mejor que hoy y de que en este tema, como en muchos otros -en los que ahora no me explayaré por falta de tiempo-, el Uruguay y los uruguayos no podemos seguir así.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra la señora Diputada Ferreira.
SEÑORA FERREIRA.- Señor Presidente: quiero hacer algunas puntualizaciones porque, como recién dijo un señor Diputado, todos los aportes sirven, todos valen y de todos podemos sacar alguna conclusión.
Cuando en el día de ayer entramos al recinto, pensé que todos teníamos una posición tomada y que simplemente algunos señores Diputados querían fundarla. Ya no estoy tan segura de eso; me he enterado de que unas cuantas personas que pensaban votar el proyecto, no lo harán o votarán solamente el Capítulo I, lo que me da una sensación particular, por lo que representa para mí esta iniciativa.
Mi primer desacuerdo con el informe en mayoría surge cuando en él se habla de que no podemos tratar este tema desde el punto de vista ético, porque la ética individual no puede ser impuesta, porque las leyes no responden a ese ámbito. Esto figura en las páginas 8 y 9 del repartido que manejamos. En cambio, yo creo que el legislador no debe olvidar su conciencia ni la de la sociedad que le ha mandatado, así como tampoco su propia moral y la conducta ajustada a la moral, es decir, a la ética. Por lo tanto, creo que debe legislarse desde el punto de vista ético. Si nosotros, como legisladores, entendemos que el acto abortivo vulnera el sentir social y nuestro íntimo sentido de lo que es correcto, debemos legislar en concordancia.
La norma jurídica nunca puede desproteger la vida humana. Un sistema penal que deje de tutelar el valor de la vida humana pierde credibilidad y, por consiguiente, autoridad. Lamentablemente, esta excepción traerá otra y así, como en una cascada, iremos corriendo el muro de contención que protege los valores de la sociedad: hoy votamos esto, mañana damos una muerte digna a quien ya no vive, a quien está como un vegetal. Son barreras que vamos levantando -a veces manejando palabras y a veces ocultando sentimientos- y que, sin embargo, hay que mantener muy firmes donde están, donde deben estar.
Tampoco carece de importancia el hecho de que nuestro país, a través de la Ley Nº 15.737, de marzo de 1985 -una de las primeras leyes promulgadas luego del retorno democrático-, aprobó la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que impone la obligación de proteger las vidas humanas desde la concepción. Y esto para nuestro país es ley, lo hemos transformado en ley y ahora el Parlamento lo ignorará, otorgando a la mujer el derecho de abortar hasta la duodécima semana -sí en la undécima, pero no en la decimotercera-, cometiendo el error de interpretar la ciencia, no tal cual es, sino como queremos que sea, es decir, al revés de lo que debe ser. La norma siempre deberá adaptarse a la ciencia y a la realidad; las normas no crean realidad, y se es persona desde la concepción. Esto no es pura biología, tal como escuchamos decir anoche aquí.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)
——También podría decir al señor Diputado Julio Silveira -que me está mirando- que es 70% agua -todos lo somos-, pero yo no lo puedo ver como un recipiente lleno de agua; es una persona. Y, desde la concepción en adelante, hay una persona, única e irrepetible. Lamento discrepar con la señora Diputada Castro -a quien respeto y admiro, y la sé una gran defensora de los derechos de las mujeres- cuando hace un momento dijo que también hay vida en el tejido epitelial. Yo no puedo comparar mi uña ni la palma de mi mano con un ser irrepetible y diferente que llevaba adentro -por mi edad, ya no podría llevarlo...
SEÑORA CASTRO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑORA FERREIRA.- Sí, señora Diputada.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir la señora Diputada.
SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente y estimada Diputada Ferreira: mi precisión sobre ese tema fue a los simples efectos de ejemplificar una lógica que va desde existencia de vida, vida a partir del momento de la concepción como vida humana, y vida humana similar o igual a persona. Partía del tema vida, y había tres etapas en ese razonamiento. Entonces, dije: si lo tomamos como vida, vida también hay en una célula epitelial. Fue en ese sentido que lo dije; creo que no fui lo suficientemente clara. Por supuesto que luego hay una vida humana. El tema es si uno cuestiona o no, si uno está de acuerdo o no, legítimamente, con la asimilación o sinonimia vida humana-persona.
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar la señora Diputada Ferreira.
SEÑORA FERREIRA.- Señor Presidente: en lo que sí estamos todos de acuerdo -voy a terminar un poco con las discrepancias- es en que el aborto es un mal que hay que evitar. Así lo dijo el señor Diputado Bellomo -no voy a mencionar a más legisladores porque, si no, me seguirán pidiendo interrupciones-; él expresó que aquí nadie está a favor del aborto y le doy la razón: ninguno de los que estamos sentados aquí puede desear el aborto ni buscar que las mujeres aborten. Pero que tampoco nos digan a quienes estamos del otro lado que no nos importa la muerte de mujeres por abortos clandestinos. Así fuera una sola mujer que muriera en décadas, sería lamentable y doloroso para nosotros, como también es lamentable y doloroso el ciento por ciento de las vidas que se pierden en los abortos, porque hay una vida que siempre se pierde: la del hijo.
También estamos todos de acuerdo en que se trata de una situación de gran violencia. Ninguna madre va por gusto, de buena gana, a hacerse un aborto. Una mujer debe estar tremendamente sola y desesperada para llegar a tomar una decisión tan antinatural, que la lleva a obrar contra el sentido de la maternidad, su verdadera esencia.
Aquí he escuchado -no en el día de hoy, pero sí en la sesión de ayer- hablar de hipocresía y de una gran lavada de manos. Sin pretender agraviar, creo que lavada de manos es ofrecer el aborto como solución a una situación de desesperanza y desamparo. Esa solución es aséptica, segura, se transforma en un dato que pasa al Ministerio de Salud Pública, pero ahí queda una mujer, de pronto más sola que antes, con dudas y remordimientos que pueden durarle toda la vida. ¿No sería mejor buscar vías que permitan evitar esa violencia como solución al duro trance en el que se encuentra la madre, pero que también logren salvar la vida del hijo? En Uruguay hemos sido pioneros en la creación y desarrollo de instituciones de contenido social. Debemos atacar las verdaderas causas del aborto, que en buena medida surgen de nuestra realidad socioeconómica, y rodear de protección solidaria a la mujer desamparada en vez de abandonarla a su propia individualidad, que considero que es la verdadera lavada de manos.
No olvidemos que este proyecto de ley no contempla solo el caso de la mujer más carenciada y desamparada; de aprobarse esta iniciativa, cualquier mujer podrá poner fin a su embarazo simplemente argumentando: "No me viene bien", "No lo deseo", "Altera mis planes" o "No estoy bien con el padre". En estos casos, se hace sin conocimiento del padre; yo, por lo menos, no he visto en ningún lado que se pida autorización o se haga compartir la responsabilidad al padre. Se pone por delante la libertad de la madre, sus planes, frente al valor infinitamente más importante de la vida del hijo.
Para finalizar, quiero referirme al artículo 11, que -salvo que alguien lo haya hecho en alguna breve salida mía de Sala- nadie ha comentado. A través del artículo 11, todos los servicios de asistencia médica integral, públicos o privados, tendrán la obligación de practicar abortos a sus beneficiarias. Aquí no se tienen en cuenta las reservas morales, de conciencia o de fe que puedan tener -como tienen- algunas asociaciones de asistencia, creadas en muchas ocasiones sobre postulados religiosos. Estas instituciones no tendrán derecho a decidir por la vida. Es un avasallamiento a la libertad de conciencia en un país que, como el Uruguay, ha adoptado el sistema democrático como forma de convivencia. Se les impone esta obligación contra sus estatutos, principios y fines. ¿Alguien se ha preguntado qué facultad tenemos nosotros, en este Parlamento, para obligarlos a eso? ¿Qué facultades tenemos para negarles el derecho a decir: "No; en esta institución se decide por la vida"? Así que esto también dependerá de cómo levante la mano cada uno de nosotros cuando culmine el debate en el día de hoy, o probablemente la semana que viene.
Estas son, simplemente, algunas de las razones que me llevan a votar a conciencia, con convicción y por principios en contra del proyecto de ley en consideración.
Muchas gracias.
(Apoyados.- ¡Muy bien!)
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada González.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Señor Presidente: quiero hacer ciertas puntualizaciones sobre algunas cosas que se han dicho en Sala. En primer lugar, comparto plenamente -y hago mías sus palabras- lo expresado por las señoras Diputadas Rondán y Percovich y por el señor Diputado Amen Vaghetti.
Con la señora Diputada Rondán comparto lo que expresó con relación a actuar sin presiones, presiones como las que se intentaron ejercer durante estos días por parte de varios sectores. Creo que cada uno deberá votar a conciencia, sin que nos sintamos presionados. Asimismo, como dijo la señora Diputada, si había personas que querían que se realizara un plebiscito -por ejemplo, creo que el señor Diputado Abdala es uno de ellos-, ¿por qué no lo apoyaron en febrero, cuando ella lo propuso? No es que esté en contra de escuchar la voz del soberano; todo lo contrario. Pero considero que hoy en el Parlamento se debe asumir la responsabilidad sin hacer cálculos político-electorales. Además, creo que en las elecciones nacionales son otros los temas que están en juego -por ejemplo, la política económica seguida por este Gobierno, el desempleo-, y que sería tirar la pelota hacia adelante tratar el tema del aborto junto con las elecciones nacionales. En ese momento sí se deberá definir por parte de la población, pero cosas mucho más importantes.
Por otra parte, quiero hacer una reflexión. En un acto público de mi Partido, el Nuevo Espacio, me comprometí a luchar por los derechos humanos, contra todo tipo de discriminación, por igualdad de oportunidades para todos y para todas. Aquí están en juego los derechos humanos de las mujeres, precisamente las más discriminadas, las más pobres, las que no pueden concurrir a clínicas con todas las garantías de asepsia y de profesionalidad.
Siempre, en todos los momentos, hemos sostenido que deben existir programas de educación sexual. Sin embargo, cada vez que se intenta instaurarlos, los falsos moralistas empiezan a encontrarles defectos y los cursos terminan suspendiéndose. Sostienen que con ello se induce a los jóvenes al sexo, cuando de lo que se trata es de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual, educando para que aprendan a conocer sus cuerpos. Vemos así casos de embarazos adolescentes, de los que quedan madres frustradas y niños tristes, generándose muchas veces abortos en condiciones infrahumanas, que provocan la muerte o la mutilación de esas jovencitas.
Abortar es una experiencia sórdida y una violencia que se extiende sobre el cuerpo y la conciencia de la mujer. Si a esto, que no es poco dramático y que muchas veces termina siendo trágico, se le agrega la amenaza, la persecución y la clandestinidad que implica la penalización legal, la culpa, el miedo y la impotencia, pueden llegar a ser muy destructivos para las mujeres.
Como ya dijimos, el embarazo adolescente se registra mayoritariamente en las clases más empobrecidas. La ginecóloga argentina Mercedes Fidalgo dice: "las chicas de clase media y alta, no es que se embaracen menos sino que abortan más, pero" -he aquí la razón- "mueren menos". Saber la cantidad exacta de defunciones por causas de aborto es imposible, porque su práctica es clandestina.
El aborto es, como dijimos, un problema de salud pública antes que un dilema moral. Ninguna mujer quiere abortar; estoy segura de ello. Se ven enfrentadas a situaciones límite.
Como señala Eduardo Jiménez de Aréchaga, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y se aclara que se trata de igual tratamiento de individuos iguales frente a situaciones iguales; cuando son situaciones distintas, hay que tratar de legislar distinto. Este es un caso en el que se tiene que legislar distinto, porque son situaciones distintas. Como dije, no se da el mismo tratamiento a las mujeres de clase alta o media que a las mujeres pobres, que lo hacen en forma clandestina, con los riesgos que conlleva.
El Concilio Vaticano II nos dice que el ser humano no va a ser juzgado por Dios en razón del acatamiento de leyes, sino en razón del seguimiento del mandato de su conciencia. Porque Cristo nos enseña a afirmar la libertad de las personas y la santidad de la vida, creemos que el aborto debe ser un problema dependiente de una decisión personal responsable. Como tantos otros, veo con escepticismo el tratamiento penal del tema del aborto inducido. No creo que vaya a mejorar o a empeorar la cuestión, pero si se despenaliza, eso sí, van a morir menos mujeres pobres, ya que van a estar en igualdad de tratamiento, ante una misma situación, con las mujeres que hoy se hacen un aborto seguro y, además, no son penalizadas. Se habla de las famosas clínicas -todos han hablado aquí de ellas-, pero no se cierran.
Creo que si se quiere arreglar el tema de la protección de los embriones, la vía correcta no es la penal, sino la de la promoción de la mujer, la educación en los valores, una legislación laboral que la apoye y también implementar políticas sociales. La solidaridad humana obliga a estar del lado de las mujeres víctimas criminalizadas, que se han visto impulsadas a abortar por la injusticia social, para permitirles vivir mejor económica, social o religiosamente, porque sabemos que, si no, son excomulgadas.
Es claro que el aborto es siempre una tragedia. Ninguna mujer aborta gustosamente. Lo utiliza como último recurso. La ley castiga a la víctima inocente de una situación que no controla. El propio derecho canónico de la Iglesia Católica establece claramente las circunstancias que eximen de culpa y castigo a quienes infringen la ley, y dice textualmente: "a quien obró por violencia o miedo grave o por necesidad o para evitar un grave perjuicio". Es evidente, entonces, que la gran mayoría de las mujeres que abortan se encuentran en este tipo de circunstancias. Tenemos ejemplos: cuando la madre ve con angustia que el embarazo no deseado amenaza la supervivencia de sus otros hijos, cuando la despiden del empleo o simplemente no la admiten -porque sabemos que les piden un examen para saber si están embarazadas-, o cuando va a ser abandonada por su pareja. En esos casos está actuando por un miedo real y, por lo tanto, sin total libertad ni responsabilidad. Defender la vida humana implica hacer humana, mucho más humana esa vida; luchar para que la vida de los niños y la de las mamás sea plena.
Además, la función preventiva de la ley tiene que estar acompañada por un apoyo real hacia aquel que desea cumplirla. Sin embargo, en el caso de las madres solteras, o de las que ya tienen cuatro o cinco hijos, ¿cuál es el apoyo que les da la sociedad para evitar que recurran al aborto? ¿Cuál es la alternativa que plantea el Estado para aquellas parejas o mujeres solas que tienen problemas económicos serios? Porque estamos de acuerdo en que el derecho a la vida es el primero de los derechos, pero este implica el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación y a una vida digna. Como dijo Simón Bolívar, si la existencia es el primer bien, el segundo es el modo de existir.
Creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su calidad de existencia y sobre la del ser que va a traer al mundo. ¿Puede el Estado penalizar en estos casos, sin proponer una alternativa concreta? ¿O será que lo que se plantea, a falta de políticas públicas, es la exclusión social: dormir en los pocos refugios nocturnos que hay, deambular durante el día con sus niños? Porque ¿quién les daría trabajo? Son pobres, son sospechosas, no tienen referencias. Además, ¿nos olvidamos de que hay casi un 20% de desocupación? ¿Qué les ofrece el Estado para alimentarse? ¿Comedores del INDA, merenderos, ollas populares? En invierno, comida caliente, y en verano, ¿no se alimentan?
Es fácil aducir aquí alternativas ideales, hablar de heroísmos o de soluciones como la de que se tengan esos niños y luego se den en adopción. Ello ignora la enorme carga de sufrimiento y culpabilidad que conllevan el embarazo no deseado y el hecho de desprenderse de un hijo en esas condiciones. Además, seamos realistas: sería imposible para una sociedad plantearse la adopción de cientos y cientos de niños. Es obvio que la solución va por otro lado. Se trata de descubrir qué pasos hay que dar para evitar, realista y eficazmente, la razón abortista. Creo que los que hablan del derecho a nacer, de la defensa de la vida, luego se desentienden de asegurarles los otros derechos para mantenerles la vida con dignidad. Mientras exista tan monumental desajuste social, la capacidad de hacer justicia y de ejercer verdadera misericordia en nuestra sociedad será utópica. En esas circunstancias, la penalización del aborto hace de pantalla distractiva, que impide enfrentar con honestidad el problema.
Mientras la sociedad, el Estado, que es el custodio de los derechos humanos, no abra salidas reales para que las mujeres no se vean obligadas a abortar, no tiene derecho a penalizar las consecuencias; tiene que subsanar las causas que empujan a esas mujeres al aborto como última alternativa. Creo que el camino más acertado está en luchar más decididamente por leyes que ataquen las causas sociales del aborto, que encaren la planificación familiar, la atención de la salud de la mujer, la generación de empleo y de salarios dignos, logrando así combatir la pobreza, porque, de lo contrario, mientras persistan las causas que acorralan a la mayoría de las mujeres llevándolas a abortar, ellas seguirán abortando.
Porque, como ya dije, para mí este es estrictamente un problema de salud pública, voy a votar afirmativamente este proyecto. Y quisiera recordarles que en la Conferencia Internacional de Alma-Ata se define claramente lo que es la salud: "Es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad; es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de salud; es un objetivo importantísimo en el mundo cuya realización exige la intervención del Estado, de sectores sociales, económicos [...]".
Por esta razón es que voy a votar este proyecto de ley, porque creo, además, que tiene todo aquello por lo que las mujeres hemos trabajado, sobre todo las causas para prevenir el embarazo, es decir, la educación y la prevención, que son fundamentales.
Quiero agregar algo con respecto a lo expresado en el sentido de si el proyecto de ley sirve o no. San Pablo, en el siglo I, decía: "Es cierto que las leyes ejercen una función pedagógica en la sociedad: son indicadores de lo que una determinada sociedad considera bueno o malo, provechoso o pernicioso; son señales de alarma o correctivos que permiten un saneamiento social. Pero, poco más. Hay leyes injustas, leyes de muerte, leyes en las que cristalizan sórdidos intereses e injustas relaciones sociales y que establecen un orden injusto, sea nacional, sea mundial". Agrego a esto, palabras del profesor español Diego García, cuando afirmaba: "una ley que no se cumple" -como la ley de 1938- "haría pensar que a lo mejor está mal hecha. (Y que) en segundo lugar, cuando se cumple, a lo mejor lo lógico sería que no se cumpliera, porque se cumple de un modo muy discriminador en las personas probablemente más indefensas de la sociedad, con menos recursos, con menos culpa".
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.
SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: sentimos la necesidad profunda de decir lo que pensamos, como lo hicieron todos los legisladores, con respecto a este proyecto de ley.
Casualmente, los medios de comunicación habían anunciado mi voto afirmativo a esta iniciativa, sin haberlo consultado conmigo ninguno de ellos. Aquí, en Cámara, afirmo y confirmo que en efecto votaré afirmativamente este proyecto de ley, en el sentido que ha sido expuesto por otros colegas que lo acompañan. Es bien claro que esto trata -a nuestro modo de ver las cosas- simplemente de establecer o no una conducta criminal en torno a la mujer que practica un aborto. En ese sentido, nosotros creemos que la legislación actualmente vigente no ha evitado ni por asomo que se realicen abortos y, lo que es peor, se hacen en muy malas condiciones entre la gente que tiene menores recursos.
Obviamente, este proyecto, de ser transformado en ley -¡ojalá que no quede fondeado en el Senado de la República!-, tampoco va a evitar que se sigan practicando abortos, porque no hay ley que pueda transformar radicalmente una realidad social, tal cual se plantea en estos casos.
En todo esto uno siente que la sociedad plantea una gran hipocresía -como se ha dicho en Sala- porque pretende tapar el sol con un dedo, cuando todos sabemos que eso es imposible.
En Sala se ha hecho una serie de afirmaciones que en mi breve intervención pretendo aclarar, o al menos establecer mi punto de vista.
En primer lugar, se ha señalado, parcialmente con acierto, que en Uruguay se da una tasa de natalidad muy baja. Promedialmente es cierto, pero todos los promedios tienen también algo de engaño. Todos sabemos -invito a leer el informe de las organizaciones no gubernamentales sobre la situación de la infancia en el Uruguay- que existen realidades diferentes. En las zonas más humildes, en los asentamientos, en los sectores de mayores dificultades económicas y sociales, las tasas de natalidad son muy similares al promedio de América Latina o a las mayores de nuestro continente. Esto se equilibra -por decirlo de alguna manera- con otros comportamientos demográficos y reproductivos en otros niveles o estratos sociales del país. Entonces, no es válido el promedio, la cifra que simplemente, a secas, aquí se brinda, cuando hay zonas geográficas y estratos sociales cuyo comportamiento demográfico es bien diferente al descrito.
También se dijo en Sala -en la pasada jornada el señor Diputado Vener Carboni no tuvo tiempo suficiente para aclarar en su intervención lo que voy a señalar ahora- que era necesaria la educación sexual en niños y adolescentes. Indudablemente, uno comparte esa inquietud. Pero también es claro que esto fue planteado por las autoridades de la educación entre 1990 y 1995; hubo educadores que se formaron para dar cursos de educación sexual, pero luego, la siguiente Administración -la de 1995 a 2000- lo ignoró literalmente. No hubo ni una sola indicación en materia de formación educativa pública en el Uruguay sobre educación sexual. La educación uruguaya no solo pretendía tapar el sol con un dedo, sino que, simplemente, decía que el sol no existía.
Durante esta Administración, la Comisión de Educación y Cultura en pleno trató este tema y envió su propuesta, su diagnóstico y una minuta de comunicación a las autoridades de la ANEP, quienes siguen el mismo camino de no hacer absolutamente nada en esta materia. Por lo tanto, no se puede hablar del fondo del asunto si quienes hoy están al frente de la educación no encaran un tema que es absolutamente fundamental para evitar problemas sociales como el del aborto y otros más, ya que no es el único. Esto ha sido reclamado por todos los Partidos en el Parlamento, por esta Comisión de Educación y Cultura, pero no se ha obtenido respuesta. Se puede decir que hay falta de recursos, pero, a la larga, ¿qué resulta más costoso para el Estado, si lo planteamos en términos económicos? ¿Es más costoso todo lo que insume en materia de salud -de eso se trata-, o que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde en materia educativa para evitar estos problemas que se dan, fundamentalmente, en las adolescentes de menores recursos?
SEÑORA BARREIRO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR MAHÍA.- Sí, señora Diputada.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir la señora Diputada.
SEÑORA BARREIRO.- Señor Presidente: quiero completar algo de lo que empecé a plantear en mi intervención.
Voy a utilizar el razonamiento de una persona que yo respeto y quería muchísimo, y que lamentablemente no está más entre nosotros: el Padre Pérez Aguirre. No me voy a referir al aspecto teológico de lo que planteó en su exposición en Colombia, sino a la parte que tiene que ver con la ideología, porque leer estas páginas revela el estudio profundo que hizo de este problema.
Él dice: "Creemos importante recalcar que el problema del comienzo de la vida humana no pertenece específicamente al campo de la teología. Es una cuestión propia del saber humano en general que incluye la aproximación científica, abarcando la ciencia positiva (la genética, la embriología, etcétera). Pero dentro del saber humano la ciencia positiva tampoco tiene la exclusiva para determinar el comienzo de la vida humana. Ya vimos que los conceptos de persona, vida humana, etcétera, rebasan el horizonte específico del saber propiamente positivo. Se necesita hacer un abordaje mucho más integral e interdisciplinario del saber humano".
Él dice que es absurdo, desde el punto de vista biológico, "[...] forzar posiciones éticas, políticas o religiosas, hablar de crimen o asesinato de un ser humano inocente. El nasciturus -el que va a nacer- aunque tiene méritos para que lo llamemos ser humano, no podrá ser todavía considerado inocente porque está más acá de toda posibilidad moral. Si la vida humana es una realidad dinámica, la inocencia no lo es. El teólogo español González Faus decía que el feto es tan inocente como puede serlo una piedra o una planta. Todo este planteo nos hace sospechar que la motivación que está detrás del argumento de que se trata del asesinato de un ser inocente no es moral, sino interesado.- Generalmente comprobamos que estos argumentos parten de una decisión interesada de fijar arbitrariamente un momento o instante del proceso evolutivo para definir el comienzo de la vida. Parten de la base de que la vida del ser humano se inicia en tal o cual momento de un largo, complejo y dinámico proceso evolutivo.- En ocasiones se defendió el argumento de que la vida de la persona empezaba cuando comenzaba su actividad cerebral, [...]". Eso se planteó aquí en la exposición de motivos del proyecto a estudio. "Hoy la gran mayoría -como lo vimos respecto del Magisterio de la Iglesia Católica- tiende a fijar el comienzo de la vida humana en otro momento, en el instante que ocurre la fertilización del óvulo por un espermatozoide. [...] Aquí tendríamos que señalar dos cosas: ¿qué significa el instante en que se unen el espermatozoide con el óvulo? Sabemos que ese llamado 'instante' no existe: 'Entre el momento en que el espermatozoide se acopla al ovocito y el momento en que la doble célula comienza a dividirse transcurren alrededor de una treintena de horas. ¿Dónde está el instante T?". El profesor Huber Lepargneur coincide con esta afirmación cuando dice que 'Lo que llamamos «instante de fecundación», en realidad es un proceso de cerca de 24 horas: entonces, ¿qué instante privilegiar? Tanto en la perspectiva de la filogénesis cuanto de la ontogénesis, el científico considera la hominización como un proceso que admite más o menos etapas, desconfiando de una esencia instantánea. Para el biólogo, nacimiento y muerte son procesos, no instantes'. [...] Por otro lado, hoy sabemos que la vida humana no necesita de un óvulo y un espermatozoide para 'comenzar'. Ella puede perfectamente comenzar de una manera diferente a la de la unión de los gametos masculino y femenino. Las experiencias ya realizadas de partenogénesis y clonación, en este momento cuestionan seriamente todas las tesis que concedían un estatuto privilegiado al cigoto como comienzo de la vida humana. 'El cigoto, producto de la fusión de las células germinales, es el punto de partida normal y natural para el desarrollo de la vida embrionaria. Sin embargo, no es el único, [...] ya que de modo artificial se ha conseguido que óvulos no fecundados, e incluso núcleos de células somáticas, puedan constituir el punto de partida para el desarrollo de un nuevo ser'. Hoy sabemos que cualquier célula somática (o más precisamente, el núcleo de cualquier célula somática que contiene el código genético, es decir la información necesaria para construir un individuo completo) puede servir de punto de partida para el desarrollo de un individuo. A diferencia de los óvulos y los espermatozoides, las células del cuerpo son diploides: tienen el cromosoma masculino y el femenino".
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——¿Me permite otra interrupción, señor Diputado?
SEÑOR MAHÍA.- Sí, señora Diputada.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa aclara al señor Diputado Mahía que restan cuatro minutos del tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra.
Puede interrumpir nuevamente la señora Diputada Barreiro.
SEÑORA BARREIRO.- Señor Presidente: continúo leyendo: "Cualquier célula somática participa, por lo tanto, del mismo estatuto privilegiado del cigoto humano.- Pero, aun manteniéndonos en el marco del proceso natural de fecundación de un óvulo, el biólogo nos asombrará recordando que en una mujer normal, desde el punto de vista reproductivo, un óvulo es susceptible de ser fecundado cada 28 días y que cada uno de ellos es producto de un muy delicado proceso previo que se inició no en su ovario sino en el ovario de su madre antes de que ella naciera. Nos dirá también que entre todas las enormes transformaciones por las que transita cada óvulo como célula, es probable que la más importante sea la de su proceso de recombinación genética que ocurre en sus cromosomas durante la profase I de la mielosis. En otras palabras nos dirá que es un complejo proceso de intercambio de 'paquetes' de genes en forma aparentemente azarosa entre cada cromática de cada cromosoma homólogo. [...] Y este proceso le otorga una identidad genética única que le distinguirá del resto de las células del organismo materno.- Y hay mucho más. El biólogo seguirá asombrándonos al explicarnos que desde que se inicia el desarrollo, dentro del ovario humano existe una selección implacable provocando que, de los aproximadamente 7 millones de óvulos primarios, solamente lleguen a liberarse entre 350 y 400 durante la vida fértil de la mujer. Esto nos habla a las claras de la singularidad de cada uno de esos óvulos que alcanzan la madurez. Y a pesar de ello, como dijimos arriba, una vez fecundados pasarán por otro riguroso proceso de selección que hará que de todos ellos solo un 20 o 30% serán capaces de implantarse.- En buen romance, esto indica que cada óvulo es una célula única, con identidad propia y con 'casi' toda la potencialidad para dar origen a un nuevo ser. [...] Pero lo que es un hecho incontrovertible es que el ovocito posee los factores reguladores necesarios para que se establezca 'el plan de desarrollo embrionario' sin el cual el proceso evolutivo vital humano no podrá continuar. [...] Es decir, que el genoma materno, por sí mismo, es responsable del inicio del desarrollo embrionario".
Continúa preguntándose: "[...] si el óvulo posee individualidad y toda la capacidad para iniciar el desarrollo de un nuevo individuo ¿a partir de qué etapa es válido impedir que se desarrolle? Si -por ejemplo- como medida de planificación familiar se acepta la abstinencia total o el método del ritmo que impide al óvulo encontrarse con un espermatozoide, ¿no se estará también induciendo un proceso abortivo, al evitar conscientemente que un óvulo alcance toda su capacidad y se desarrolle como un nuevo ser?".
Concluye diciendo que "no se puede hablar de 'momento de la fecundación'. En efecto, la vida humana se formaría de manera mucho más gradual, tanto en su impronta individual como en su carácter general. Esta es la razón por la cual, concluye el eminente científico, los deberes y los derechos hacia los niños no nacidos son también graduales.- En esta concepción evolutiva y no fijista frente a la vida, lo extraordinario es que cuanto más se avanza en el conocimiento anatómico, biológico y genético de nuestra especie, más se percibe que la humanidad no es reductible a estos mecanismos. Cuando se cambia un corazón, un riñón o los ojos, no se cambia la humanidad de esa persona. Cuanto más se progresa, más nos damos cuenta de que lo humano es algo que no podemos alcanzar o abarcar, explicar cabalmente o manipular. 'Se podría reemplazar prácticamente el conjunto de las partes visibles, materiales, del hombre sin tocar sin embargo su humanidad. El hombre es cuerpo y espíritu, y no podemos aproximarnos al espíritu'".
Continúa diciendo: "El aborto es un excelente ejemplo de la insuficiencia de los imperativos categóricos para resolver casos concretos, y también un ejemplo de la autonomía de la persona como última instancia decisoria".
El problema es muy complejo y doloroso porque lo que está en juego no es solo el derecho a la vida del que no nació, sino también la vida de la madre que llega a una situación límite, como ya dijimos. Y la ética nos dirá que, donde existe duda, el individuo tiene derecho a actuar según su conciencia, porque donde hay duda, hay libertad.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——Concluyo diciendo que, entonces, una ética que pretenda ser para todos, más allá de ayudar a formar una conciencia crítica, a superar el estadio de la conciencia errónea, se inclinará a suspender generalmente el juicio ante un aborto concreto, respetará y dejará la decisión, en última instancia, a la autonomía de la persona y su conciencia, teniendo en cuenta circunstancias, plazos, etapas y las vidas que están en juego. No puede haber una respuesta válida y unívoca para todas las situaciones.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Mahía.
SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.
SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: agradezco al señor Diputado preopinante el hecho de que me haya aludido, porque esto parece más un seminario que un debate. Todo el mundo expone y no hay controversias, más allá de que fue una alusión discrepante y no crítica.
A ese respecto, quiero decir que a la hora de legislar, de establecer un mandato legal sobre la necesidad de la educación sexual, debemos hacerlo bien. El proyecto de ley nos dice que compete al Ministerio de Salud Pública planificar y ejecutar políticas de educación sexual. Se me ocurre que el liderazgo está mal otorgado. Ese liderazgo debe ser de la ANEP, en concurso con el Ministerio de Salud Pública, con la Junta Nacional de la Droga y con todo el que tenga injerencia en el área. Pero el liderazgo debe otorgarse a la educación, porque esta batalla se va a librar fundamentalmente en las aulas, más allá de que haya otros escenarios menores.
Quiero decir también que fue excelente que la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara haya invitado a decenas y decenas de delegaciones que expusieron sobre todos los puntos de vista existentes en la materia, pero hay una falta: no haber invitado al Ministerio de Salud Pública para exponer acerca de si estaba en condiciones económicas, de infraestructura y de docencia para asumir esa responsabilidad y otras que le otorga el artículo 2º.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Topolansky.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: ya se han hecho varias exposiciones, muchas de las cuales comparto plenamente. Por lo tanto, trataré de no repetir algunos conceptos expuestos con mucho más solvencia que yo por parte de compañeros de Cámara. Tampoco voy a hacer un encare médico ni jurídico, porque no soy ni médica ni jurista. Y además creo que este tema es esencialmente social, entendiendo por social lo cultural, lo ideológico, lo religioso, lo filosófico, etcétera.
Esta discusión ha estado precedida por una campaña de presiones, tal como ya se ha dicho. Personalmente, opté por prescindir de esas presiones y me limité a leer, como material informativo, las versiones taquigráficas de ese excelente trabajo que llevó adelante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, a la que felicito por tanta prolijidad y amplitud lograda. No he leído ninguno de los muchos panfletos y "e-mails" que llegaron a mi despacho. A esa Comisión concurrió todo el que quiso hablar y esta fue generosa al recibirlos.
También parto de la base de que, en esta Cámara, todo el mundo, los legisladores y todas las personas presentes en esta Sala, estamos a favor de la vida. Parto de esa premisa ineludible. Por lo tanto, hay determinados chisporroteos o conceptos que se han dejado caer que no los considero de recibo, porque en realidad son distintos ángulos de defensa de la vida; creo que esta es una lucha en defensa de la vida.
En ese sentido, quisiera felicitar también a la Cámara en esta Legislatura, que tuvo la valentía, después de tantos años, de poner sobre la mesa un tema difícil, polémico, que no es electoral, que trae dolores de cabeza, pero que a la larga, en la perspectiva del tiempo, traerá muchos beneficios. Me alegro de integrar hoy este Cuerpo; quizás antes, en los dos años y medio que llevo acá, no me había sentido tan conforme por esa pertenencia como en este momento, ante la valentía de encarar de frente un problema como este, más allá de la posición personal de cada legislador, que respeto y que cada uno expresará. Siempre que un proyecto valiente se abre paso trabajosamente en la historia de un pueblo, en el momento no se logra ver la importancia que tiene la discusión, el entorno, la polémica que instala en la sociedad, y solo con el transcurso del tiempo aparece su trascendencia, su verdadera dimensión.
Estoy pensando en algo que de algún modo mencionaba la señora Diputada Rondán cuando hizo uso de la palabra, en relación con otras leyes a las que les costó mucho abrirse paso en este país por arriba de la cultura, de los prejuicios sociales, de las costumbres, y que significaron el fin de injusticias que nuestra sociedad padecía. Puedo pensar en una cantidad que están vinculadas a la época de José Batlle y Ordóñez.
Este tema es tan viejo como el mundo. Siempre ha existido, y sacar la cabeza de adentro del pozo, que el avestruz la saque, mire en torno y reconozca que hay un problema, de por sí es un avance. Solo ese hecho, más allá de la suerte que pueda tener el proyecto, es un avance, porque el hecho existe.
Voy a hacer una breve referencia personal -no acostumbro a hacerlo- que en este caso viene a cuento. Estudié algunos años arquitectura, y todos los estudiantes y docentes de esa Facultad, todos los que íbamos a ese edificio que queda en la intersección de los dos bulevares, sabíamos que enfrente, por bulevar España, había una clínica donde se realizaban abortos de alta categoría, porque era una clínica muy importante. En el acierto, en el error, en la complicidad, en el prejuicio social o por cuestiones culturales, diariamente veíamos aquello y callábamos. Lo traigo con sinceridad, porque fui parte de esa complicidad social sobre este tema que hoy, al ponerlo sobre la mesa, tratamos de empezar a abordar de frente, para que cada uno pueda desarrollar sus razones de fondo, sus razones válidas.
Quisiera agregar a la lista de cosas que llevan a una mujer a esa tremenda situación de verse acorralada y decidirse a abortar, una sobre la que no se ha puesto tanto énfasis. Por eso la voy a subrayar, y no porque crea que es la única, sino una más. Hay lugares donde, cuando una mujer que está allí trabajando queda embarazada, es echada. Eso ha traído muchos problemas a muchas mujeres. Con el título basta.
No conozco a nadie que vaya vestida de fiesta a hacerse un aborto. No existe eso sobre la Tierra. Un aborto es algo que se hace contra las cuerdas y, por tanto, debemos percibir el fenómeno e intervenir en él mirando la historia desde ese ángulo, que es muy distinto al de otras cosas que se han querido plantear en términos comparativos con esta.
Aquí se ha dicho reiteradamente que el tema es interrumpir la vida. Si me pongo a enumerar todo lo que muchas veces hacemos los seres humanos con lo cual interrumpimos vida, no sé si me daría la sesión de hoy, y la de mañana y la de pasado. Cuando una mano de hombre o de mujer aprieta asépticamente el botón que dispara ese misil inteligente que va sobre cualquier población, y allí al barrer caen hombres, mujeres, niños, adolescentes, bebes, embarazadas y lo que fuere, estamos interrumpiendo vidas. Entonces, el argumento de interrupción de vida por un acto voluntario, mirado solo desde ese ángulo, ameritaría que esta Cámara votara un sinnúmero de leyes que tienen que ver con la desgraciada peripecia humana, porque la historia humana está llena de guerras, de vida y de muerte.
En este voto afirmativo que voy a dar al proyecto no voy a actuar como Representante Nacional, porque respeto mucho el concepto de representación, que puede ser discutible. No sé si una persona puede representar a otras cabalmente, pero en el momento en que voy a votar un proyecto siempre trato de acercarme lo más posible a la generalidad del representado, a su defensa. Sin embargo, al ser este un tema tan particular, no me siento con la investidura como para decir que lo hago en nombre de alguien. Lo quería aclarar porque, en el fondo, pienso que lo mejor habría sido instrumentar una muy buena discusión a nivel nacional, de norte a sur, incluyendo a todas las personas en igualdad de condiciones, y posteriormente haber podido elaborar un plebiscito. Pero esa hipótesis ideal hoy no es realizable así como la describo. Entonces, creo que avanzamos mucho dando este primer pasito en una larga escalera que es la aprobación de este proyecto.
Hace unos días escuchaba al doctor Gastón Boero en una radio y decía que en este tema es anarquista, que prefería, más bien, que no hubiera nada, ningún tipo de ley, ni esta ni ninguna; que cada cual, en lo recóndito de su conciencia, procediera según su leal saber y entender. Ese podría ser otro camino. Pero en el país ya existe una ley, existe una penalización, y eso genera, como se ha demostrado largamente, una cantidad de exclusiones, injusticias y demás.
Entonces, considero que está muy bien empezar a andar por este primer escalón de una larga escalera que tiene que ver, como aquí se ha dicho y se ha repetido, con la educación, con las oportunidades y con tantas otras condicionantes sociales que a la hora de decidir juegan en este caso.
Por último, quisiera señalar que este proyecto no obliga. Esto me parece muy importante señalarlo, porque creo que muy distinto sería que todas las mujeres estuvieran obligadas a abortar frente a determinada situación de indigencia, razones de salud, etcétera. Este proyecto simplemente ofrece una oportunidad frente a una situación de acorralamiento, cuando hasta el día de hoy esas mujeres que, sin recursos, solas en la vida, se veían frente a un problema de estos, corrían riesgos de vida.
Tal como dijera algún señor Diputado preopinante, yo tampoco me voy a referir a los números, porque creo que son engañosos. En la prensa, en las estadísticas, salen los números de las muertes, pero esos números no reflejan los hechos del aborto. Entonces, quisiera decir que esto es absolutamente inmedible. Y creo que por este camino no solo vamos a avanzar en el conocimiento de lo que realmente nuestra sociedad quiere en este tema, sino que vamos a mejorar en términos de vida, y eso es lo que más me importa.
Licencias.Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
(Se lee:)
"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las solicitudes de licencia siguientes:
Del señor Representante Julio Cardozo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Wilson Ezquerra.
Del señor Representante Ricardo Molinelli, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2002. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Treinta y siete en cuarenta: AFIRMATIVA.
Queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha mencionada, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.
(ANTECEDENTES:)
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente
De mi mayor consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que preside se sirva concederme el uso de licencia entre los día 28 del corriente y el 3 de diciembre de 2002, por motivos personales.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
JULIO CARDOZO FERREIRA
Representante por Tacuarembó".
Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente
Por medio de la presente vengo a comunicar que ante la solicitud de licencia del Sr. Representante Nacional Dr. Julio Cardozo, y en mi carácter de 1er. suplente de dicho Representante, que por esta vez no acepto integrar dicho Cuerpo por estar ocupando el cargo de Director de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente,
Fernando Saralegui".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Julio Cardozo Ferreira.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2002.
II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Saralegui.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Julio Cardozo Ferreira.
2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Saralegui.
3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 571 del Lema Partido Nacional, señor Wilson Ezquerra Martinotti.
Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2002
DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".
"Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente
De mi mayor consideración:
Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 10 al 12 de diciembre inclusive del año en curso.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
RICARDO MOLINELLI
Representante por Paysandú".
Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente
Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Didier Bernardoni".
Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente
Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Nilda Belvisi".
Montevideo, 27 de noviembre de 2002.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente
Por la presente comunico a usted que por esta vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Juan Carlos Siázaro".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Ricardo Molinelli.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2002.
II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes, señor Didier Bernardoni, señora Nilda S. Belvisi y señor Juan C. Siázaro.
III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Paysandú, Ricardo Molinelli, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2002.
2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Didier Bernardoni, señora Nilda S. Belvisi y señor Juan C. Siázaro.
3) Ofíciese a la Corte Electoral.
Sala de la Comisión, 27 de noviembre de 2002
DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".
10.- Defensa de la salud reproductiva. (Normas).
——Continúa la consideración del asunto en debate.
Tiene la palabra el señor Diputado Schusman.
SEÑOR SCHUSMAN.- Señor Presidente: en realidad, existen dos grandes coincidencias fundamentales entre quienes sostienen posiciones antagónicas con respecto a la despenalización del aborto.
La primera gran coincidencia es que, aunque se puede estar a favor o en contra de la despenalización, todos estamos en contra del aborto en sí. Y la segunda gran coincidencia es que a todos nos preocupan las consecuencias sanitarias que hay cuando se procede a la realización de maniobras abortivas en malas condiciones de asepsia y sin la idoneidad técnica necesaria.
La discrepancia entre quienes sostienen una u otra posición está dada por las soluciones que se manejan para tratar de evitar las muertes o las secuelas motivadas por las complicaciones, ya sea infecciosas o hemorrágicas, en aquellos casos en que las condiciones de este procedimiento quirúrgico no son las ideales.
En lo que me es personal, antes de despenalizar el aborto con la finalidad de mejorar las condiciones en que se realiza el aborto clandestino, me inclino por tomar las medidas tendientes a lograr disminuir la práctica del aborto. En primer lugar, porque si evitamos el aborto, no solo estamos protegiendo la vida de la madre, ya que ella no corre los riesgos que este implica, sino que además estamos protegiendo la vida del ser en formación, a quien, por más que el aborto se haga en óptimas condiciones, siempre le va mal.
No creo que alguien pueda pensar que resulta utópico el intento por disminuir la práctica del aborto en Uruguay, porque, de hecho, en el artículo 2º de este proyecto se prevén estrategias en este sentido. Por lo tanto, hasta quienes están de acuerdo con la despenalización deberán admitir la importancia de los planes tendientes a disminuir la cantidad de abortos, máxime si se tiene en cuenta que, si bien es difícil hacer estadísticas con relación a este tema, se sabe que en nuestro país la prevalencia del aborto es altamente significativa.
En julio de 1983, el penalista doctor Milton Cairoli afirmaba que "en casi ningún país del mundo se dan las cifras de abortos anuales como las de Uruguay". Si en comparación con otros países el número es extremadamente alto, antes que legalizarlo resulta más comprensible tratar de descender la prevalencia, con la consiguiente disminución del riesgo de muerte que esto implica.
En un estudio publicado en el año 1977 por investigadores del grupo de trabajo del reconocido profesor Hermógenes Álvarez, se llegó a algunas conclusiones en base a datos obtenidos entre 1965 y 1975. Según estos autores, en dicho período "El gran aumento en el consumo de anticonceptivos orales ha contribuido al descenso de la recurrencia al aborto voluntario en los distintos niveles sociales de la población".
Analizando el porcentaje de menores de dieciocho años que recurrieron al aborto entre 1966 y 1981, Morell y González afirman que se da una disminución del 38,1% al 1,8%, lo que también atribuyen al mayor uso de métodos anticonceptivos.
No obstante estas cifras, que pudieron resultar alentadoras en las décadas del sesenta y del setenta, en los últimos años se registra un gran aumento de la cantidad de abortos, con un incremento marcado de la mortalidad por esta causa, ubicándose hoy como la principal causa de mortalidad materna. Es particularmente dramática la situación en el nivel de asistencia pública, a tal punto que el año pasado llegamos a ser el primer país del mundo en muertes por aborto.
Al respecto, voy a extraer lo que manifestara en el seno de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social la Presidenta de la Asociación Obstétrica del Uruguay, Ana Gladys Labandera, quien dice: "En gestiones pasadas se hicieron programas de paternidad y maternidad responsable, se votaron fondos para que se llevaran a cabo, y cuando la mujer tenía su parto salía con un referente en cuanto a información anticonceptiva y hasta con alguna solución. Luego comenzaron a flaquear los recursos o debido a la carga de trabajo los profesionales comenzaron a derivar sus tareas y la eficiencia empezó a decaer. Finalmente, la policlínica cerró. En este sentido" -continúa diciendo la referida profesional- "una de las mayores fallas radica en no haber dado la seguridad, la confiabilidad de una carga de métodos anticonceptivos a una población que viene de un lugar carente y que espera que nosotros solucionemos un problema que por sí misma no puede arreglar".
Quiere decir que es claro que la incidencia de casos de aborto y, por ende, sus consecuencias, aumentaron por falta de una planificación familiar, que es hacia donde, en nuestra humilde opinión, se debería apuntar. Si abordamos el problema del aborto de acuerdo con lo que en salud se denomina el enfoque de riesgo, tenemos los siguientes elementos.
El primero son los factores de riesgo, que es la característica o circunstancia que se asocia a una mayor probabilidad de que aparezca un efecto patológico, en el caso que nos ocupa, de un aborto realizado en malas condiciones.
El segundo es el riesgo, es decir, la probabilidad que tiene un individuo de sufrir un daño o enfermedad. En este caso, puede ser sepsis o hemorragia, como consecuencia del aborto realizado en malas condiciones.
El tercero es el daño, que es el resultado, afección o situación no deseada, como la muerte.
El cuarto son las indicaciones de riesgo, aquellos factores que sirven para predecir la aparición de determinado daño, en este caso las causas que llevan a la realización del aborto en el Uruguay, que son las siguientes: por no querer más hijos, el 32%; por problemas económicos, el 22%; por vergüenza, el 19%; por falta de pareja estable, el 16%; por temor al embarazo, el 5%; por no ser hijo del esposo, el 3%; por causa desconocida, el 2,9%; y por violación, el 0,1%.
De esto se desprende que la causa más frecuente, con un 32%, corresponde al aborto como método anticonceptivo.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en el año 1994, se recomienda siempre asignar máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y se establece que habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto, concluyendo terminantemente que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia.
Al respecto, el Director de la Clínica Ginecotocológica B de la Facultad de Medicina, profesor doctor Raúl Medina, en el seno de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, manifiesta "que se debe buscar formas para que la mujer no llegue al aborto. Esto es fundamental; no somos partidarios de la utilización del aborto como método para la planificación familiar".
Si seguimos considerando las causas que llevan a las mujeres del Uruguay a realizarse abortos, advertiremos que un 22% lo hace por problemas económicos, por lo que alentar el aborto con la despenalización sería aumentar la brecha de injusticia social, ya que la igualdad de oportunidades debería comenzar desde la misma concepción, respetando el derecho a nacer.
Con respecto a las otras causas, el 19% lo hace por vergüenza, cuando la llegada de un hijo debe ser, por el contrario, motivo de orgullo; el 16% lo hace por falta de pareja estable, lo cual no es obstáculo real ni moral; y un 5% por temor al embarazo, lo que es claramente injustificado.
Entonces, todo pasa por una buena educación y por la difusión con campañas de promoción de salud y prevención del aborto similares a las existentes con relación a otras enfermedades, cuyas estrategias sean elaboradas por un equipo multidisciplinario, tratando de llegar a la población de riesgo a través de lo que se conoce como multiplicadores de salud, con el fin de revertir las causas que provocan el problema.
Sabemos que la tarea no es fácil, porque desde el punto de vista epidemiológico se trata de una población en su gran mayoría adolescente y con un nivel de instrucción muy bajo. No obstante la gravedad del problema, amerita un esfuerzo como nunca antes se ha realizado, como medida sustitutiva de la despenalización. Estamos seguros de que estas campañas preventivas contra el aborto y sus riesgos van a tener éxito, de la misma forma que lo tuvo la campaña, dirigida a una población de similares características en cuanto a edades y a un nivel educativo, tendiente al control precoz del embarazo, lo que fue fundamental para la reducción de la mortalidad infantil en nuestro país.
En otros países existen experiencias muy significativas de ayuda a la mujer con embarazo no deseado a través de una red de comunicación confidencial y privada, con información confiable y una orientación sensible, sobre todo en momentos en que desde el punto de vista psicológico la mujer, frente a esta situación, no se encuentra con la mayor lucidez para tomar decisiones. En Latinoamérica son ejemplos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
Además, si se trata de mujeres que en su mayoría carecen de pareja estable, que no utilizan ningún método anticonceptivo -como es evidente, ya que quedan embarazadas-, se desprende que tampoco se utiliza el preservativo por parte del hombre, lo que estaría significando que están fallando los planes de prevención contra las enfermedades de trasmisión sexual, especialmente el sida; y esto resulta altamente preocupante.
Por último, en el presente proyecto se establece que toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez, por lo que voy a pasar a detallar en qué condiciones se encuentra el feto a las doce semanas de gestación. Ya ha terminado el desarrollo completo de los órganos, que se da durante las primeras ocho semanas, en la etapa embrionaria. El cerebro presenta sus dos hemisferios. El corazón tiene su propio latido. La cabeza es la mitad de la longitud del feto. Los ojos son divergentes y están ampliamente separados. El cuello está casi erguido y bien definido. Las orejas están comenzando a formarse y ocupan su posición definitiva en la cabeza. Comienza a tragar líquido amniótico. Los riñones comienzan a segregar orina. Los genitales externos están presentes y diferenciados según el género. Posee movimientos musculares. Comenzaron a formarse los huesos del esqueleto. Aparecen las uñas. Ha comenzado su comunicación con el mundo exterior y puede responder a los estímulos dolorosos de su piel. Repito: puede responder a los estímulos de su piel. Lo que no puede hacer es protestar y defenderse ante el avance de la cureta. Lo que sí puede hacer, si lo dejan, es nacer.
Nada más.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.
SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: si bien este es un tema polémico, que está vinculado de manera íntima con la actitud filosófica que cada uno de nosotros tenga, estoy absolutamente seguro de que ha llegado el tiempo necesario para legislar y modificar en profundidad la ley que hace sesenta y cuatro años estableció disposiciones que penalizan a la mujer que decida interrumpir su embarazo no deseado, o sea, la Ley Nº 9.763.
Considero, además -como se ha expresado por parte de otros señores legisladores-, que la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados ha estudiado profundamente la temática, con los asesoramientos que corresponde, y que el informe presentado en mayoría es serio, responsable y avalado por distintos asesoramientos técnicos que es necesario tener en cuenta.
He escuchado que se ha planteado la posibilidad de algún recurso o algún plebiscito en el que la ciudadanía decida en conjunto sobre el tema. Por supuesto, yo no estoy cuestionando la posibilidad de hacer plebiscitos, pero el mecanismo sería muy arduo, muy extenso, y creo que en este tema no se puede seguir esperando; entiendo que se debe tomar una resolución por parte de este Parlamento.
Hace pocas horas tuvimos la oportunidad de escribir un artículo para un semanario amigo, por lo que, intentando ser breve, voy a remitirme a su contenido, más allá de que existen informes, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, que establecen con claridad la necesidad de encontrar una solución definitiva para el tema del aborto, que origina miles de muertes en el mundo entero.
En primer término, el proyecto tiene el objetivo de evitar la criminalización de la mujer que decide interrumpir su embarazo no deseado. Desde hace sesenta y cuatro años se restableció, a través de la Ley Nº 9.763, la disposición de penalizar a toda mujer que decidiera cortar su embarazo. Salvo un breve período de liberalización, esa es la disposición que ha regido hasta el momento.
En el Uruguay, en América Latina y en el mundo, el aborto se ha convertido en un gran problema de salud, agravándose en los países en los que no está regulado. Voy a manejar algunas cifras. Según los informes, de setenta y cinco millones de embarazos no deseados en el mundo, ochenta mil cuestan la vida a mujeres que optan por el aborto provocado. De esta cifra tan alarmante, el 95% de la mortalidad se origina en países subdesarrollados, siendo Uruguay uno de los primeros con mortalidad materna por problemas de aborto inducido.
Toda la ciudadanía uruguaya sabe que al existir la penalización, y estando imposibilitada la mujer de recurrir a los servicios médicos sin restricciones, en estos momentos pululan en nuestros países -entre ellos Uruguay, por supuesto- clínicas aborteras con importantes carencias sanitarias, que originan complicaciones tales como abortos incompletos, infecciones, hemorragias, lesiones de órganos internos -tales como perforación o desgarro uterino-, a lo que hay que agregar las secuelas de esos procedimientos, como dolores crónicos, enfermedad pélvica inflamatoria e, inclusive, infertilidad.
Como lo dice el informe en mayoría que estamos considerando, se deben "generar condiciones de igualdad en la atención sanitaria de las mujeres uruguayas que no condicionen la accesibilidad al servicio en función del diferente nivel económico". Es imprescindible, digo yo, que esto se cumpla, porque no es posible que la mujer que pueda pagar honorarios en dólares sea atendida con las condiciones sanitarias adecuadas y, sin embargo, aquellas que no tienen recursos tengan que entregar su salud a manos inescrupulosas.
La temática del aborto y la de la sexualidad también pasan por una planificación familiar adecuada, donde todos deben tener derecho a una sexualidad placentera y recreacional independiente de la reproducción, como asimismo a la maternidad y a la paternidad voluntaria, decidida y vivida por propia elección y no por obligación.
Yo creo que todos hemos recibido una serie de documentos muy variados, pero acá tengo una especie de agenda con diez puntos, titulada "Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos", emitida por CLADEM, por la Comisión Nacional de Seguimiento de los Compromisos de Beijing, por Cotidiano Mujer, por Hacía Falta, por Red de Jóvenes, por MYSU -Mujer y Salud en el Uruguay-, y varios más, donde realmente se marcan con claridad las distintas posiciones de estas organizaciones.
En ese sentido, también entiendo que la educación sexual es íntimamente vinculante con el problema del aborto, ya que es imprescindible tener una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y con enfoque de género. En nuestro país -lo decía hace un rato el señor Diputado Mahía- no se implementan programas, planes o proyectos en la enseñanza pública que incorporen la educación sexual. No obstante, a través de una encuesta realizada por la empresa Cifra el 31 de agosto de 2000, se constató que el 85% de la población está de acuerdo con programas formales de educación sexual en los liceos.
Como podemos advertir, hasta el momento, dado que rige la Ley Nº 9.763, el Estado no adopta la responsabilidad de hacerse cargo de estas situaciones. Yo entiendo que el Estado debe adoptar, a través de sus servicios, esa responsabilidad de coordinar, planificar y ejecutar políticas familiares, informando y educando sobre la orientación de la sexualidad humana, y culminando con servicios seguros de atención del aborto y sus complicaciones en el ámbito de la ley.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se acaba de producir un corte de energía eléctrica, pero dado que los micrófonos están funcionando, puede continuar el señor Diputado Ibarra.
SEÑOR IBARRA.- La salud es una responsabilidad colectiva de la sociedad y del Estado, que debe evitar las diferenciaciones entre los ciudadanos. El fracaso y la caducidad de la ley actual hacen imprescindible su actualización, porque lo único que ha resultado de dicha disposición es la clandestinidad de la práctica del aborto en nuestro país, originando pérdida de vidas humanas y grandes mutilaciones.
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Discúlpeme, señor Diputado. Sucede que la conexión de los auriculares de los taquígrafos ha quedado interrumpida. Hay una moción en la Mesa para levantar la sesión. No sé si esto se puede solucionar en pocos minutos o va a llevar mucho más tiempo. Íbamos a poner la moción a consideración luego de que finalizase el señor Diputado Ibarra, pero podría ser votada ahora.
SEÑOR IBARRA.- No sé si se escucha o no, pero quiero terminar mi intervención diciendo solamente que apoyo el proyecto que se está tratando y creo que se ha realizado un muy buen trabajo por parte de la mayoría de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
Levantamiento de la sesión.SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa, presentada por la señora Diputada Payssé y los señores Diputados Ponce de León, Agazzi, Bellomo y Blasina.
(Se lee:)
"Mocionamos, por motivos políticos, para que se levante la sesión".
——Se va a votar.
(Se vota)
——Treinta y nueve en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.
Se levanta la sesión.
(Es la hora 18 y 28)
GUILLERMO ÁLVAREZ PRESIDENTE
|
|
| Dra. Margarita Reyes Galván Secretaria Relatora |
Dr. Horacio D. Catalurda Secretario Redactor |
| Mario Tolosa Director del Cuerpo de Taquígrafos |
|
 |
 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |