Texto de la citación

Montevideo, 21 de noviembre de 2002.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, el próximo martes 26, a la hora 14, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. (Designación de una Comisión Investigadora). (Carp. 2593/002). (Informado). (Artículo 118 del Reglamento). Rep. 1125

2º.- Defensa de la salud reproductiva. (Normas). (Carp. 3107/993). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 637 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes pedidos de informes:

• de la señora Representante Raquel Barreiro, sobre el cumplimiento de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, por parte del Banco Hipotecario del Uruguay. C/2346/002

• del señor Representante Carlos González Álvarez, relacionado con la presunta devolución de depósitos a plazo fijo radicados en el Banco Hipotecario del Uruguay con posterioridad a la promulgación de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002. C/2347/002

• del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, acerca del retiro de depósitos a plazo fijo con posterioridad a la promulgación de la ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario. C/2361/002

El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes:

• del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, relacionado con la adjudicación del dragado de un tramo del Río Negro a una empresa privada. C/2465/002

• de los señores Representantes Julio Cardozo Ferreira y Alberto Perdomo, acerca del número de usuarios domésticos a nivel nacional de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, el índice de morosidad, los cortes de suministro practicados y los convenios de financiación. C/2284/002

El Ministerio del Interior contesta las siguientes exposiciones escritas:

• presentada por el señor Representante Enrique Pérez Morad, acerca de la creación de una Comisaría de la Mujer en la ciudad de San Carlos. C/27/000

• presentada por la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui, referente a la necesidad de instalar un cuartelillo de bomberos en la zona de Isidoro Noblía y Aceguá, en el departamento de Cerro Largo. C/27/000

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta los siguientes pedidos de informes:

• de los señores Representantes Ramón Fonticiella y Gustavo Guarino, hecho suyo por la Cámara en sesión de 14 de mayo de 2002, relacionado con el denominado "Cancro Cítrico" que afecta la producción de citricultura. C/1602/001

• del señor ex Representante Walter Tirelli, acerca de la relación existente entre un establecimiento para el cuidado de terneros y la Escuela Agraria de la ciudad de Guichón, departamento de Paysandú. C/2197/002

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos:

• nota de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la política de la referida Secretaría de Estado relativa a la emigración. C/326/000

• pedidos de informes:

• del señor Representante Ronald Pais, relacionado con la designación de un comisionado por la Intendencia Municipal de Montevideo, en la ciudad de Miami. C/2520/002

• del señor Representante Ricardo Falero, acerca de la suscripción de convenios de consultoría, asesoramiento y similares, por parte de la referida Secretaría de Estado. C/2532/002

• exposiciones realizadas:

• por el señor Representante Juan Máspoli Bianchi, en sesión de 8 de octubre de 2002, referente a la elección del Presidente de la Unión Interparlamentaria. S/C

• por el señor Representante Víctor Rossi, en sesión de 8 de octubre de 2002, por la que plantea su preocupación ante el aumento de la emigración de ciudadanos uruguayos como consecuencia de la crisis económica. S/C

• por la señora Representante Yeanneth Puñales Brun, en sesión de 9 de octubre de 2002, sobre la importancia del tratado suscrito por nuestro país con la República Federativa del Brasil, por el que se regula la situación de los residentes en las zonas fronterizas. S/C

La referida Secretaría de Estado remite nota por la que comunica que, con fecha 28 de octubre de 2002, designó Director de Relaciones Institucionales de la Cancillería al señor Embajador Fructuoso Pittaluga Fonseca. C/18/000

-     Téngase presente

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, sobre la instalación de un emisor de aguas servidas en las proximidades del ex Frigorífico Anglo. C/2609/002

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la reparación de la sección subacuática del gasoducto "Cruz del Sur". C/2610/002

El señor Representante Julio C. Silveira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de los emprendimientos en materia de vivienda llevados a cabo por esa Secretaría de Estado en el departamento de Artigas, desde el 15 de febrero de 2000 al 15 de noviembre de 2002. C/2611/002

La señora Representante Margarita Percovich solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con el control sanitario aplicable a establecimientos de explotación apicola. C/2612/002

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, acerca del retraso en la entrega de canastas con alimentos para personas celíacas. C/2613/002

El señor Representante Luis José Gallo Imperiale solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referente al reciente suceso de intoxicación de pacientes renales. C/2614/002

La señora Representante Margarita Percovich solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, sobre los permisos de explotación y yacimientos de piedra caliza explotados por de dicho Ente. C/2615/002

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Dirección de Control de Calidad y al Laboratorio de Control de Productos, relacionado con las condiciones de comercialización de un medicamento. C/2616/002

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, acerca del eventual traslado de cursos de bachillerato diversificado del Liceo de Punta del Este al Liceo Departamental de Maldonado. C/2617/002

-     Se cursaron con fecha 20 de noviembre

La señora Representante Raquel Barreiro solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente:

• referente a los contratos de construcción que mantiene dicha Secretaría de Estado con una empresa de plaza, para la ejecución de planes de viviendas para pasivos. C/2618/002

• y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay, sobre los contratos de construcción vigentes con una empresa de plaza, para la realización de planes de viviendas con destino a pasivos. C/2619/002

• con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, sobre la entrega de las unidades que componen un edificio financiado por la referida Institución a sus promitentes compradores, en el departamento de Montevideo. C/2620/002

-     Se cursaron con fecha 21 de noviembre

El señor Representante Edgar Bellomo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con los procedimientos policiales llevados a cabo en ocasión de los disturbios ocurridos durante la disputa de un espectáculo deportivo en el Estado Centenario. C/2621/002

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado, acerca del resultado de un concurso convocado en el sanatorio del referido banco para proveer plazas de auxiliares de enfermería. C/2622/002

-     Se cursaron con fecha 25 de noviembre

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Enrique Pérez Morad presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo que revea todas las autorizaciones concedidas para prestar servicios telefónicos de larga distancia internacional. C/2623/002

-     A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

El señor Representante Julio Cardozo Ferreira presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo con el nombre "Martha Gularte" el centro poblado conocido como "Paso de los Novillos", en la 3ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó. C/2624/002

El señor Representante José Homero Mello presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de actualizar el monto de las pensiones graciables que perciben los jugadores que integraron la Selección Uruguaya de 1950. C/2625/002

Los señores Representantes Ruben H. Díaz Burci y Nahum Bergstein presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Doctor Santiago I. Rompani" el Liceo Anexo Nº 27 de la ciudad de Montevideo. C/2626/002

Los señores Representantes Daniel García Pintos y Wilmer Trivel presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza a la Corte Electoral a utilizar, en carácter experimental, la incorporación de nuevas tecnologías de votación, conteo o escrutinio por medios electrónicos. C/2627/002

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

A) "SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LARGA DISTANCIA. (Se solicita al Poder Ejecutivo revea todas las autorizaciones concedidas para su prestación).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Reclamamos al Poder Ejecutivo que revea todas las autorizaciones concedidas a distintas empresas para prestar servicios de telefonía de larga distancia internacional ya que las mismas se otorgaron con "carácter precario y revocable en cualquier momento, sin derecho a reclamo y/o indemnización de clase alguna".

Esta medida sin costo alguno para el Estado permitiría, además, recuperar en beneficio del país recursos tan necesarios para atender las innumerables situaciones de zozobra que viven miles de uruguayos.

Montevideo, 13 de noviembre de 2002.

ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 21 de febrero de 2001 se aprobó la Ley de Presupuesto Nº 17.296, dentro de la cual el artículo 613 desmonopolizó la prestación de las telecomunicaciones, a excepción de la telefonía básica.

El 19 de abril de 2001 dio comienzo la recolección de firmas para impulsar un referéndum contra los artículos 612 y 613 que devolviera el monopolio consagrado por la ley de creación de ANTEL (Nº 14.235).

Transcurridos más de siete meses de la antedicha campaña de recolección de adhesiones, cuando ya era de público conocimiento que se habían alcanzado más de quinientas mil firmas, se dictó la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1732/001, de 27 de noviembre de 2001, en la cual se autorizó provisoriamente y con carácter precario y revocable a veintidós empresas a prestar servicios de telefonía de larga distancia internacional. Además, la URSEC determinó posteriormente que las autorizaciones otorgadas se pueden revocar sin derecho a reclamo y/o indemnización de clase alguna.

En febrero de 2002 se presentaron más de setecientas mil firmas ante la Corte Electoral que, luego de convalidadas por ese organismo, demostraron la incontrovertible voluntad de la ciudadanía de caminar hacia un plebiscito que posibilitara la devolución del monopolio al ente estatal.

En agosto de 2002, por vía parlamentaria, se derogaron los mencionados artículos, lo cual motivó una decisión de la Corte Electoral de no convocar a plebiscito por entender que estaba logrado el objetivo buscado por las adhesiones presentadas.

Entonces, por ello, y teniendo en cuenta las más de setecientas mil voluntades reconocidas por la Corte Electoral interpuestas contra los artículos 612 y 613, así como también la posterior desaparición del orden jurídico de los mismos (Ley Nº 17.524), es que planteamos la presente minuta de comunicación.

Montevideo, 13 de noviembre de 2002.

ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado".

B) "MARTHA GULARTE. (Designación y elevación a la categoría de pueblo del centro poblado "Paso de los Novillos", en la 3a. Sección Judicial del departamento de Tacuarembó).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Elévase a la categoría de pueblo con el nombre "Martha Gularte" el centro poblado conocido como "Paso de los Novillos" situado en la 3a. Sección Judicial del departamento de Tacuarembó.

Montevideo, 19 de noviembre de 2002.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley pretende en primer lugar elevar a la categoría de pueblo el núcleo poblado hasta ahora denominado Paso de los Novillos, y en segundo lugar, brindarle un más que justo homenaje a Martha Gularte.

Paso de los Novillos es una localidad ubicada en la 3a. Sección Judicial del departamento de Tacuarembó; cuenta con aproximadamente ciento veinte pobladores, a los cuales se les brindan los servicios de enseñanza primaria, salud pública, a través de una policlínica, y un destacamento policial.

De aprobarse esta aspiración de los pobladores de la mencionada localidad, se le estaría dando un acicate a una zona golpeada, como todas las zonas rurales, por los embates de una larga crisis, que tiene como uno de entre tantos efectos el despoblamiento de nuestro campo. La elevación a la categoría de pueblo hará necesaria una serie de cambios que, esperemos, redunde en un resurgimiento de la zona, a través de nuevos servicios, como ser los de la electrificación rural.

En cuanto a la modificación de la hasta ahora denominación, se justifica por constituir un reconocimiento a una de las figuras del carnaval, la señora Martha Gularte, nacida en Paso de los Novillos, lugar que siempre tuvo presente, la cual ha sido un emblema de una de las fiestas populares de más raigambre en el pueblo uruguayo.

Montevideo, 19 de noviembre de 2002.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó".

C) "JUGADORES DE LA SELECCIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL QUE OBTUVIERA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE 1950. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de actualizar el monto de las pensiones graciables que perciben).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo, elevar un proyecto de ley que contemple la situación de los jugadores que integraron la representación nacional del mundial de 1950, cuyas pensiones graciables han sido disminuidas con el paso del tiempo.

Nos referimos a: Roque Gastón Máspoli, Juan Carlos González, Alcides Edgardo Ghiggia, Aníbal Paz, Óscar Omar Míguez.

La actualización de las pensiones graciables otorgadas por las LeyesNos. 13.621, de 24 de octubre de 1967, 13.792, de 24 de noviembre de 1969, y 13.913, de 26 de noviembre de 1970, hará justicia a quienes en su momento dieron todo su esfuerzo para que el nombre de Uruguay recorriera el mundo y su triunfo hoy sea un hito en la historia del deporte.

Montevideo, 20 de noviembre de 2002.

JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aquellos deportistas que nos representaron en el mundial del año 1950 han dejado a lo largo de estos cincuenta y dos años que nos separan de aquella fecha, inmemorables hechos de vida.

Esta es una breve historia de estos deportistas:

Roque Gastón Máspoli - Campeón del Mundo con Uruguay, varias veces campeón con Peñarol donde empezó a jugar en la década del 40 hasta 1954. Integró selecciones nacionales (Maracaná-1950, Suiza-1954). Como técnico campeón de la intercontinental, varias veces campeón en Perú, Ecuador y con una gran campaña como técnico en España. En el único torneo de campeones del mundo disputado en Uruguay en 1980 dirigió a Uruguay quien ganara el torneo.

Si sumamos los campeonatos que ganó como jugador y como técnico es difícil que otro técnico lo pueda igualar.

Su trato, su bonhomía, hacen que para todos sea Roque "El bueno", solidario siempre junto a sus amigos y dispuesto a extender solidariamente su mano gloriosa. Últimamente a pesar de su edad apareció como solución para dirigir a Uruguay en las eliminatorias en un momento de crisis del fútbol uruguayo, es que Roque "El bueno" siempre está.

Juan Carlos González - Campeón Mundial en 1950 donde alternó en el equipo titular. El coloniense formó parte del quinquenio de oro de Peñarol junto a quienes iban a ser en Brasil campeones del mundo. Lateral de grandes condiciones, hombre humilde, callado y que ha recibido el reconocimiento y el homenaje de la Intendencia de Colonia, nominando a la tribuna oficial del Estadio Supicci con su nombre.

Aníbal Paz - otro de los campeones de Maracaná. Ganó en la cancha y en la vida en base a sus condiciones futbolísticas y humanas, un caballero en toda la acepción de la palabra. Arrancó en la década del 30 en Bella Vista pasando a Nacional en donde jugó hasta los primeros años de la década del 50. Integrante de las selecciones de Uruguay a nivel de Sudamericanos y varias veces campeón uruguayo con Nacional, sobre todo en el recordado quinquenio de "oro".

Alcides Edgardo Ghiggia - empezó en Sudamérica para pasar posteriormente a Peñarol y ser varias veces campeón uruguayo, con el recuerdo de haber formado parte del equipo que ganó uno de los quinquenios de "oro" para Peñarol. En Brasil jugó todos los partidos y en todos marcó goles, el más glorioso de ellos en la final frente a Brasil.

Rápido, veloz, con gol y después de su consagración jugó varios años en la Roma de Italia donde fue uno de los jugadores más populares de los italianos. Volvió a nuestro país y jugó en Danubio y en varios equipos del interior posteriormente.

Óscar Omar Míguez: al igual que Ghiggia comenzó en Sudamérica y pasó luego a Peñarol donde fue varias veces campeón uruguayo, integró selecciones de Uruguay a nivel de América donde fue campeón y las selecciones de Uruguay de 1950 y de 1954.

Técnicamente poseía grandes atributos, hacía del fútbol un juego, y con él se divertía, por eso las "chilenas", los caños, las jopeadas, siempre lo acompañaban en todos los partidos, terminó su actividad luego del Mundial de 1954.

Es por estos motivos que promovemos que se eleve esta minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que se actualicen las pensiones graciables.

Montevideo, 20 de noviembre de 2002.

JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú".

D) "DOCTOR SANTIAGO I. ROMPANI. (Designación al Liceo Anexo Nº 27 de la ciudad de Montevideo).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Dr. Santiago I. Rompani" al Liceo Anexo Nº 27 de la ciudad de Montevideo, sito en Buenos Aires 521, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 21 de noviembre de 2002.

RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El doctor Santiago I. Rompani fue sin duda una figura destacada de nuestro país en el quehacer político, cultural, social y también en el ámbito de la enseñanza en el siglo XX.

Su actividad pública es ampliamente conocida. Fue Ministro en dos ocasiones, legislador, Director de la empresa pública UTE y, por último, Ministro de la Corte Electoral.

Siendo un profesional joven inició una destacada actividad cívica, donde descolló entonces y por siempre por sus cualidades de oratoria, caracterizada por un decir elegante y directo, con sintaxis esmerada y fruto de una cultura realmente importante.

Fueron sus cualidades como docente, tribuno, profesional del Derecho, que despertaron el interés en el entonces Presidente de la República, don Luis Batlle Berres, quien lo convocó desde su Salto natal a Montevideo para ocupar, en el año 1948, la titularidad del entonces muy importante Ministerio de Industrias.

Luego fue electo Representante Nacional por el departamento de Florida en 1954, y ejerció durante ese Gobierno la titularidad de la Cancillería de la República.

Fue Director de UTE, en momento en que en dicha empresa se concentraban las actividades vinculadas a la energía y las telecomunicaciones.

En 1966 volvió a ser electo Representante Nacional por el departamento de Florida. Desarrolló por entonces una intensa actividad parlamentaria y periodística, recordándose muy especialmente no sólo sus vibrantes intervenciones, sino particularmente su discurso de homenaje al Prócer nacional José Gervasio Artigas.

Durante el período 1973-1984, fue un opositor definido del régimen de la época. Como profesional, junto con la extinta doctora Adela Reta y el doctor Julio María Sanguinetti, ejerció la defensa del doctor Jorge Batlle en oportunidad de haber estado detenido en la División de Ejército I.

Culminó la actividad pública representando a nuestro país durante cinco años en las Asambleas Anuales en las Naciones Unidas, y como Ministro neutral de la Corte Electoral, en el período correspondiente a 1991-1996.

El doctor Rompani nació en la ciudad de Salto el 3 de junio de 1910. Se graduó en la Universidad de la República en 1935 como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se especializó en Derecho Penal y ejerció dicha profesión hasta 1974.

Como docente fue profesor de filosofía, introducción al estudio del derecho y derecho constitucional en distintos centros públicos de enseñanza. Se recuerdan muy especialmente sus primeros años en la docencia en el liceo de su Salto natal, para luego proseguir en la propia Universidad de la República y el Instituto Vázquez Acevedo, al igual que sus clases semanales en la Escuela Superior del Comando de la Fuerza Aérea.

Entre otras publicaciones, se destaca especialmente su "Manual de Introducción al Estudio del Derecho", "Delitos de Difamación e Injuria" y "Ley de Prensa".

A la muerte de Luis Batlle, fue quien recopiló todos los discursos públicos del ex primer mandatario, promoviendo la publicación en tres tomos de los mismos.

Como periodista colaboró en "Tribuna Salteña" durante muchos años. Prosiguió luego su actividad en esta materia en el diario "Acción", donde estuvo por muchos años a cargo de la columna internacional. También lo hizo en "El Día" en 1975 y 1976, así como en programas periodísticos en nuestra radiotelefonía, en las radios "Oriental" y "El Espectador". Pronunció conferencias en institutos universitarios de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Paraná, Concordia y Mendoza. Como Canciller lo hizo en Asunción, La Paz, Quito, Bogotá, San José de Costa Rica, Panamá, San Pablo, Río Grande do Sur, Río de Janeiro y San Francisco (USA). Recibió las máximas condecoraciones que otorgan los Gobiernos de Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia y Brasil.

Toda esta intensa actividad profesional y personal no fue obstáculo para que Santiago I. Rompani formara un hogar ejemplar con la señora Ventura Delmond, del cual nacieron siete hijos, nietos y bisnietos que desarrollan también una notoria actividad en distintos ámbitos del quehacer nacional.

Por las características ejemplares de la vida y la obra del doctor Santiago I. Rompani, es que estimamos su nombre debe servir de ejemplo a las nuevas generaciones y proponemos que el Liceo Anexo Nº 27 de la ciudad de Montevideo, sito en la calle Buenos Aires 521, lleve su nombre.

Montevideo, 21 de noviembre de 2002.

RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo".

E) "SISTEMAS DE VOTACIÓN, CONTEO O ESCRUTINIO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. (Se autoriza a la Corte Electoral su aplicación en carácter experimental).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase a la Corte Electoral a aplicar en carácter experimental y como prueba piloto, sistemas de votación, conteo o escrutinio por medios electrónicos hasta en un 30% (treinta por ciento) de las Comisiones Receptoras.

En las mismas, el proceso de votación, escrutinio y totalización, será totalmente automatizado.

Artículo 2º.- La Corte Electoral reglamentará los procedimientos y la tecnología a aplicar. Cuando se utilicen medios electrónicos de votación, conteo o escrutinio, la reglamentación respectiva elaborada por la Corte Electoral deberá asegurar que se preserve el secreto del voto, la seguridad y la transparencia del proceso.

Artículo 3º.- A los efectos de esta ley, los partidos políticos podrán acreditar adicionalmente a sus representantes y delegados partidarios, fiscales en calidad de expertos técnicos ante las Comisiones Receptoras de Votos y ante las Juntas Electorales.

Artículo 4º.- Interprétase a los efectos electorales relacionados con la prueba piloto, la existencia de hojas electrónicas como soporte alternativo a la hoja papel.

Artículo 5º.- Interprétase a los efectos de esta ley que todas las menciones de la legislación electoral que hacen referencia a tintas serán equivalentes a color.

Artículo 6º.- A los efectos del registro de las hojas electrónicas por parte de los partidos políticos, la Corte Electoral en la reglamentación respectiva determinará los elementos que deberán contener las mismas y el tipo de soporte en que se entregarán. A tales efectos, se mantendrán desde el punto de vista de su presentación los mismos requisitos que para el registro de las hojas papel.

Artículo 7º.- A los efectos de esta ley, sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928 y por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 10.167, de 29 de mayo de 1942, y por el artículo 6º de la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 12.- Las listas de candidatos insertas en la hoja electrónica contendrán los nombres de los mismos, colocados de alguna de las maneras siguientes:

A) En una sola ordenación sucesiva, debiendo convocarse, en caso de vacantes de cualquiera de los titulares, a los demás candidatos que no hubieran sido electos titulares, por el orden sucesivo de su colocación en la lista.

B) En dos ordenaciones correspondientes, una a los candidatos titulares, y otra a los suplentes, debiendo convocarse en caso de vacancia, a dichos suplentes, por el orden sucesivo de su colocación en la lista.

C) En dos ordenaciones correspondientes, una a los candidatos titulares y otra a los suplentes respectivos de cada titular, debiendo convocarse, en primer lugar, a los suplentes correspondientes al titular cuya vacancia hubiera de suplirse, y en segundo, a los demás suplentes de la lista en el orden establecido en el literal B).

D) En dos ordenaciones correspondientes, una a los titulares, y otra a los suplentes respectivos de cada titular. Si la vacancia del titular fuera definitiva, lo suplirá el primer titular no electo de la lista siguiendo el orden preferencial descrito en el literal A). En esa circunstancia los suplentes respectivos serán los que ya suplían al titular que cesó. En cambio si la vacancia del titular fuera temporal, se convocará al suplente respectivo de la lista según el orden establecido en el literal C). Los partidos políticos podrán optar por cualquiera de estas fórmulas debiendo comunicarlo a la Corte Electoral, o la Junta Electoral que corresponda, al registrar sus listas y establecerlo con claridad en ellas, a cuyo efecto se denominará sistema preferencial de suplentes a la del literal A), de suplentes ordinales a la del literal B), de suplentes respectivos a la del literal C) y mixto de suplentes preferenciales y respectivos a la del literal D).

El número de candidatos titulares no podrá exceder al de los cargos que se provean por medio de la elección para la cual se proponen los candidatos, salvo el caso del literal A), en el cual no podrá pasar el cuádruple de dicho número.

El número de candidatos suplentes no podrá pasar del triple de los titulares".

Artículo 8º.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y modificada por el artículo 8º de la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 14.- Con treinta días de antelación a la fecha de la elección, todo partido o agrupación política que proponga candidaturas, deberá presentarse ante las Juntas Electorales registrando a través de un sistema de soporte informático, la versión electrónica y la versión papel de las hojas electrónicas de votación donde figuren, su número, color establecido en la diagramación, lema, la foto del candidato y en su caso sublema y distintivo.

Se imprimirá un ejemplar de dicha hoja electrónica la cual deberá estar firmada por las autoridades del partido o agrupación registrante, la cual se hará entrega en el momento del registro, en un disquete o soporte tecnológico alternativo que a tal efecto disponga la Reglamentación de la Corte Electoral.

Con similar aparte se entregará la nómina de candidatos que integran las listas de circunscripción departamental, con indicación de las series y números de las respectivas credenciales cívicas. Esta exigencia comprenderá la totalidad de la lista de Intendente Municipal y al primer tercio, por lo menos, de los titulares y suplentes correspondientes a los otros órganos que se proveen por medio de la elección.

Para las listas que intervienen en circunscripción nacional la misma comunicación deberán realizar a la Corte Electoral por las autoridades nacionales de las agrupaciones partidarias que las patrocinan, a través del mismo sistema".

Artículo 9º.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 15.- En caso de que deba celebrarse la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución de la República, el registro de las hojas electrónicas para dicha instancia se realizará ante la Corte Electoral diez días antes de la elección siguiéndose para ello los mismos lineamientos informáticos previstos en el artículo 14.

La Corte Electoral determinará las características que deberán reunir las hojas electrónicas de los candidatos cuyo color será idéntico, diferenciándolo solo en la fotografía y en el nombre de los mismos.

Las fórmulas presidenciales quedarán automáticamente registradas, con el pronunciamiento que haga la Corte Electoral del resultado de la elección.

Los habilitados para el registro de las hojas electrónicas de votación son los candidatos a la Presidencia de la República o sus delegados".

Artículo 10.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 16.- Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, publicarán dentro de las veinticuatro horas de su presentación, la composición y características de las hojas de votación electrónicas cuyo ejemplar fue impreso a tal fin y presentado para ser exhibido a los delegados partidarios que las solicitaren.

La oposición al registro podrá deducirse dentro de los dos días siguientes a su publicación".

Artículo 11.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 17.- Las Juntas se negarán a registrar toda hoja electrónica de votación que no presente diversidad en el lema o sublema, si lo hubiere, o en las imágenes, sellos, distintivos, o en alguna de las listas de candidatos contenidas en la misma, respecto de las anteriormente registradas".

Artículo 12.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 18.- Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, negarán el registro de las hojas electrónicas de votación que se presenten, si ellas contienen como lema o sublema las denominaciones partidarias registradas por los partidos, o los lemas y sublemas registrados por ellos en elecciones anteriores, siempre que las autoridades nacionales de dichos partidos se opusieren al registro dentro de los dos días siguientes a la publicación impresa de la misma, que se pretenda registrar".

Artículo 13.- A los efectos de esta ley, no será de aplicación el artículo 20 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 14.- A los efectos de esta ley, no será de aplicación el artículo 2l de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 15.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 42.- Son atribuciones de las comisiones receptoras:

A) Recibir los sufragios de los inscriptos con arreglo a lo establecido en el Capítulo VIII.

B) Decidir inmediatamente todas las dificultades que ocurran a fin de no suspender su misión.

C) Efectuar los escrutinios primarios a que refiere el Capítulo XI, mediante procedimientos informáticos, de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto elaborará la Corte Electoral.

D) Conservar el orden impidiendo que se altere la normalidad del ejercicio del sufragio, para lo cual dispondrá de la fuerza pública necesaria".

Artículo 16.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 47 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 47.- Los locales de votación deberán contar con las comodidades suficientes para el normal desplazamiento de los electores y espacio adecuado para la colocación de los instrumentos informáticos de votación. Se podrá instalar una mampara en sustitución del cuarto secreto teniendo en cuenta la dimensión de la urna electrónica, procurando la Junta Electoral que dicho sector cuente con iluminación suficiente".

Artículo 17.- A los efectos de esta ley, no será de aplicación el artículo 48 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

Artículo 18.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 63 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999:

"ARTÍCULO 63.- Antes de iniciar sus funciones la Comisión Receptora de Votos deberá, necesariamente, extender un acta de su instalación, en la que hará constar lo siguiente:

1) La hora precisa de la instalación.

2) Los nombres de los miembros presentes especificándose en qué repartición pública desempeñan sus funciones o su calidad de escribano público y la serie y número de sus credenciales cívicas.

3) El nombre del custodia con indicación precisa de la serie y número de su credencial cívica y la repartición a la que pertenece.

4) Los nombres de los delegados partidarios presentes con expresión de la agrupación política que representan.

5) Los nombres del Presidente y Secretario.

6) Las observaciones que el acto de la instalación merezca por parte de los miembros o de los delegados que quieran hacerlas.

7) Todas las demás circunstancias que refieran a la instalación.

8) Dicha acta se imprimirá a través de la terminal de verificación y control por parte del Presidente de la Comisión Receptora de Votos.

El acta deberá ser firmada por todos los miembros presentes pudiendo hacerlo también los delegados que hubiesen concurrido al acto".

Artículo 19.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 70 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999:

"ARTÍCULO 70.- Los delegados partidarios exhibirán al Presidente de la Comisión Receptora de Votos el poder escrito que los habilita como tal, extendido por la autoridad partidaria y en caso de delegados generales refrendado el mismo por el Presidente y Secretario de la Junta Electoral correspondiente".

Artículo 20.- A los efectos de esta ley, no será de aplicación el artículo 72 de la Ley Nº 7.812, de 16 enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 21.- A los efectos de esta ley, no será de aplicación el artículo 74 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 22.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 83.- Acto seguido y por orden de llegada, el votante presentará su credencial cívica al Presidente de la Comisión Receptora de Votos.

Si el número es correcto y la identificación del votante comprobada, se habilitará la urna electrónica para emitir el voto".

Artículo 23.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 84 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 84.- El elector ingresa al cuarto secreto, que puede ser una mampara que garantice el secreto del voto y digita el número de lista de su preferencia.

El sistema desplegará el nombre del partido, la foto del candidato y otros datos.

La operación se cierra presionando la tecla 'CONFIRMA' o en su defecto la correspondiente indicación en la pantalla sensible al tacto.

El sistema debe permitir en el acto corregir, anular o votar en blanco, como asimismo votar al lema".

Artículo 24.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 106 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 106.- Una vez concluidos todos los actos previos al escrutinio primario, se dará comienzo al mismo de la siguiente manera:

El Presidente de la Comisión Receptora de Votos dispara el proceso de cierre y la urna electrónica totaliza los votos e imprime un boletín de urna (Acta de Escrutinio) en cantidad de vías necesarias para satisfacer las necesidades de las autoridades electorales como asimismo delegados partidarios.

También en ese instante se graba el boletín de urna en el 'flash card', se encriptan los datos y se graba el resultado en el disquete.

El Presidente de la Comisión Receptora de Votos rompe el lacre y retira el disquete.

Si el centro cuenta con un PC con módem se inserta el disquete y se transmite su contenido sin desencriptar.

De lo contrario llevará el mismo, personalmente al centro de procesamiento electoral conjuntamente con los votos observados, acta de instalación, lista ordinal de votantes, padrón circuital, acta de clausura, planilla especial de votos observados, sello y sobrantes de constancia de votos".

Artículo 25.- A los efectos de esta ley, no será de aplicación el artículo 107 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 26.- A los efectos de esta ley no será de aplicación el artículo 108 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 27.- A los efectos de esta ley no será de aplicación el artículo 109 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 28.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 114 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 114.- La Comisión Receptora de Votos extenderá copia del acta de escrutinio o certificación de su resultado, firmada por todos sus miembros y por los delegados que lo desearen, para su entrega conjuntamente con el disquete o soporte informático alternativo, que contenga el resultado y el resto de la documentación de la cual ya se ha hecho referencia".

Artículo 29.- A los efectos de esta ley no será de aplicación el artículo 115 de la Ley Nº 7.812, de 16 enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.

Artículo 30.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 116 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 116.- Las Comisiones que actúen en circuitos que no disten más de veinticinco kilómetros de la capital de los departamentos, estarán obligadas a remitir el disquete o soporte informático alternativo a la Junta Electoral el mismo día en que se efectúe la votación. Las Comisiones que actúen en los demás circuitos los remitirán dentro de las doce horas siguientes a la clausura de la votación".

Artículo 31.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 117 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 117.- El disquete o soporte informático alternativo y el resto de la documentación serán llevados por el Presidente y Secretario de la Comisión Receptora de Votos, o en caso de imposibilidad de éstos, por los miembros de la Comisión que ella designe".

Artículo 32.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 118 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 118.- El disquete o soporte informático alternativo y la documentación complementaria como asimismo los votos observados se entregarán en el centro de procesamiento electoral, al Presidente y al Secretario de la Junta Electoral o a los dos miembros en quien ésta, por tres quintos de votos, delegue esa función.

De esta entrega se otorgará recibo en el que se indicará el estado de la urna, de sus lacres y sellos.

Las llaves serán entregadas a cada uno de los miembros de la Junta Electoral que reciban la urna".

Artículo 33.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 143 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 143.- Todos los documentos que tengan relación con la elección, así como las actas, registros, y disquetes o soportes informáticos alternativos quedarán en poder y bajo la responsabilidad de la Junta Electoral, hasta tanto se haya resuelto la validez de la elección o sean reclamados por la Corte Electoral".

Artículo 34.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 165 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 165.- La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General.

En tal caso deberá convocar a una nueva elección total o parcial, la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de nulidad. En la nueva elección no podrán concurrir otras hojas electrónicas de votación que las registradas para la elección anulada".

Artículo 35.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 166 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 166.- Las agrupaciones que hayan registrado hoja electrónica de votación en el departamento podrán designar hasta dos delegados ante cada uno de los organismos electorales, para presenciar y fiscalizar todos los actos referentes a la votación y los escrutinios. Los delegados podrán ejercer vigilancia en el local del centro de procesamiento electoral hasta culminado el estudio y escrutinio de los votos observados".

Artículo 36.- A los efectos de esta ley sustitúyese el artículo 191 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente:

"ARTÍCULO 191.- Son delitos electorales:

1) La falta de cumplimiento, por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone la presente ley.

2) El sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección.

3) La violación o tentativa de violación del secreto del voto.

4) El suministro de los medios para la violación del secreto de voto.

5) La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio.

La infracción de lo dispuesto en el artículo 190 por quienes tengan personas bajo su dependencia.

6) La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales.

7) El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.

8) El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos que fueren contra las prescripciones del Capítulo XIX de la presente ley.

9) La adulteración, modificación, sustracción o falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados al soporte informático y procesamiento del acto electoral y transmisión de datos electorales o paquetes que contengan dichas actas y documentos.

10) La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales.

11) El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de urnas electrónicas, disquetes, soportes informáticos vinculados al acto electoral, actas, registros o documentos electorales.

12) El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente, en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores".

Montevideo, 21 de noviembre de 2002.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley al cual hoy le damos estado parlamentario, tiende a poner en marcha un programa piloto de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a una de las etapas fundamentales del proceso electoral, como lo constituye el ejercicio del voto.

Así como la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información han cambiado sustancialmente la vida del ciudadano común en el mundo de hoy en múltiples áreas de la actividad cotidiana, también los procesos de votación electrónica son cada vez más una realidad en muchos países.

Las innegables ventajas de la modernización con el soporte de las nuevas tecnologías a que tiende este proyecto, apuntan a simplificar para el elector la forma de votar, reducir el abstencionismo, dar mayor pureza al sistema electoral, eliminar la elevada generación de desechos de tinta y papel por parte del Estado y los partidos políticos, disminuir los costos de los actos electorales, dar menor carga de trabajo en la gestión de las mesas receptoras y en el proceso de escrutinio, dar máxima exactitud y rapidez en la determinación de los resultados del proceso de votación y en la gestión de la información a la opinión pública.

La complejidad de implementación del sistema, que se contrapone a la simplicidad de los procedimientos para el ciudadano, hacen aconsejable un cuidadoso y pensado proceso de implantación.

Se trata entonces de poner en marcha una experiencia piloto, concentrando la innovación en un segmento pequeño del padrón electoral, manteniendo para el mismo las garantías y confiabilidad del sistema actual, y permitiendo a su vez dar el primer paso hacia la generalización de la incorporación de las nuevas tecnologías con la certeza de la experiencia realizada.

La puesta en marcha de un plan piloto hace necesario dar un marco legal al mismo, en el cual se establezcan soluciones sobre una base tecnológicamente neutra, certidumbre jurídica y reconocimiento de los procedimientos, conservando las garantías que han sido tradición en nuestra base legal.

Montevideo, 21 de noviembre de 2002.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas".

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.

(Es la hora 14 y 30)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a las siguientes sesiones realizadas el 13 de noviembre de 2002:

Extraordinaria

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Beatriz Argimón, Luis A. Arismendi, Roberto Bagalciague, Raquel Barreiro, José Bayardi, Ricardo Berois Quinteros, José L. Blasina, Nelson Bosch, Brum Canet, Roberto Conde, Ruben H. Díaz, Juan Domínguez, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis A. Lacalle Pou, José Carlos Mahía, José Homero Mello, Jorge Pandolfo, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pintado, Carlos Pita, Iván Posada, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Julio C. Silveira y Walter Vener Carboni.

Ordinaria

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Luis A. Arismendi y Adolfo Pedro Sande.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 13 de noviembre

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Carlos Pita y Félix Laviña.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Glenda Rondán y Luis Alberto Arismendi Ledesma.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Francisco Ortiz y Ricado Falero.

HACIENDA

Con aviso: Roberto Bagalciague Rizzardo.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Alberto Perdomo y Sebastián Da Silva.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara y Víctor Rossi.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Adolfo Pedro Sande.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez.

Jueves 14 de noviembre

HACIENDA

Con aviso: José Amorin Batlle.

Lunes 18 de noviembre

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Alejandro Falco, Guzmán Acosta y Lara, Roberto Arrarte Fernández y Víctor Rossi.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Julio Lara, Luis Alberto Lacalle Pou y Óscar Magurno.

Martes 19 de noviembre

DERECHOS HUMANOS

Sin aviso: Alberto Scavarelli.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Alejandro Falco y Guzmán Acosta y Lara.

TURISMO

Con aviso: Mario Waldemar Amestoy Doufour.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Alberto Scavarelli y Glenda Rondán.

Miércoles 20 de noviembre

CONSTITUCIÓN,CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Felipe Michelini, Gustavo Borsari Brenna y Jorge Schusman Krast.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Glenda Rondán y María Alejandra Rivero Saralegui.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Alejandro Falco y Guzmán Acosta y Lara.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Raúl Argenzio.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Pedro Señorale, Raúl Sendic y Ruben Carminatti.

Jueves 21 de noviembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Jorge Schusman Krast y José Luis Veiga Nicolau.

HACIENDA

Con aviso: Fernando Araújo Abimorad.

INVESTIGADORA SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

Con aviso: Raúl Argenzio y Ricardo Berois Quinteros.

Lunes 25 de noviembre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Carlos González Álvarez.

TURISMO

Con aviso: Enrique Pérez Morad.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Darío Pérez, Pedro Señorale, Raquel Barreiro y Raúl Sendic".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 27 y 30 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Sergio Tarallo.

Del señor Representante Pablo Mieres, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre de 2002, convocándose, a la suplente correspondiente siguiente, señora Mariella Demarco.

Del señor Representante Carlos Baráibar, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la IV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), a realizarse en la ciudad de Ixtaplan de la Sal, Estados Unidos Mexicanos, viaje éste que no genera gastos al Cuerpo, por el período comprendido entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002, convocándose, a la suplente correspondiente siguiente, señora Daniela Payssé.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Ernesto Agazzi, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 2 y 30 de diciembre de 2002, a la suplente siguiente señora Ángeles Balparda.

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 de noviembre y 1º de diciembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Del señor Representante Felipe Michelini, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 26 de noviembre de 2002, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Mabel González.

Del señor Representante Julio C. Lara Gilene, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 y 27 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Schubert Gambetta.

Del señor Representante Fernando Araújo, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar de la Reunión del Parlamento Cultural del MERCOSUR (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 2 y 4 de diciembre de 2002, convocándose, al suplente correspondiente siguiente, señor Henry López.

Del señor Representante Brum Canet, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 y 27 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Patrone".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales, desde el 27 de noviembre hasta el 30 de noviembre

Lo saluda atentamente.

LUIS ALBERTO LACALLE POU
Representante por Canelones".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en su conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Juan Carlos Bentancor".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, señor Luis A. Lacalle Pou.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 y 30 de noviembre de 2002.

II) Que por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente señor Carlos Bentancor.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 27 y 30 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis A. Lacalle Pou.

2) Acéptase la negativa que por ésta vez ha presentado el suplente siguiente señor Carlos Bentancor.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400 del Lema Partido Nacional, señor Sergio Tarallo.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 25 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por este intermedio, de acuerdo a lo dispuesto en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito licencia del 3 al 6 de diciembre del corriente año, por ausentarme del país en virtud de participar de la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR que se realizará en la ciudad de Brasilia.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PABLO MIERES
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, para asistir, a la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, por el período comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre de 2002, para asistir a la a la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mariella Demarco.

Sala de la Comisión, 26 de diciembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 16.465, artículo único, literal C), que establece la causal "ausencia del país en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a (la) investidura académica o representación política" del legislador.

Durante esos días participaré, en la IV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA en Ixtaplan de la Sal, México, respondiendo a la invitación que me ha cursado la presidenta del organismo, diputada Laura Pavón Jaramillo, cuya carta se adjunta.

Dejo constancia que esta actividad no generará ningún gasto a la Cámara de Representantes.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

CARLOS BARÁIBAR
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente del Diputado Carlos Baráibar, renuncio por esta única vez a dicha convocatoria y solicito se cite al suplente correspondiente.

Sin otro motivo, le saludo atte.

Jaime Igorra".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en la IV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), a realizarse en la ciudad de Ixtaplan de la Sal, Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jaime Igorra.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar, por el período comprendido entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar para participar en la IV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), a realizarse en la ciudad de Ixtaplan de la Sal, Estados Unidos Mexicanos.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Jaime Igorra.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Daniela Payssé.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

Montevideo, 22 de noviembre de 2002.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, DON GUILLERMO ÁLVAREZ

2331/2002
272/26

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día 20 del corriente, visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones Sr. Ernesto Agazzi electo por la hoja de votación número 609 del lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio, ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 2 y 30 de diciembre de 2002 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al tercer candidato Sra. Ángeles Balparda y suplentes a los Sres. Nelson Fontes, Yamandú Orsi y Juan Souza. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Ernesto Agazzi y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ANTONIO MORELL
Secretario Letrado

VISTO: La solicitud de licencia oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi, por el período comprendido entre los días 2 y 30 de diciembre de 2002.

RESULTANDO: Que el suplente correspondiente siguiente, señor Esteban Pérez, no aceptó por esta vez la convocatoria de que fue objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a la señora Ángeles Balparda, y señores Nelson Fontes, Yamandú Orsi y Juan Souza, como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 2331/2002 de 22 de noviembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 2 y 30 de diciembre de 2002, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Ángeles Balparda.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales desde el día de la fecha hasta el 1º de diciembre de 2002.

Sin más lo saluda atentamente,

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria de dicha Cámara para suplantar al Diputado Raúl Sendic, comunico que por esta vez no acepto y solicito que se cite al suplente siguiente Sr. Fernando Vázquez.

Sin más lo saluda atentamente,

Eduardo Rubio".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 de noviembre y 1º de diciembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 de noviembre y 1º de diciembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

A través de la presento solicito a Ud. tenga a bien disponer de los trámites necesarios a efectos de concederme licencia, por motivos personales, a mi cargo como Representante Nacional por el día martes 26 de noviembre, convocando al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FELIPE MICHELINI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta vez la convocatoria en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Felipe Michelini por el día 26 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Álvaro Erramuspe".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, señor Felipe Michelini.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de noviembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente señor Álvaro Erramuspe.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de fecha 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 26 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Álvaro Erramuspe.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mabel González.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia médica, desde el día de la fecha y hasta el miércoles 27 de noviembre.

Sin más, saluda atentamente,

JULIO LARA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio a asumir como Representante Nacional, entre los días 26 y 27 de noviembre en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Julio C. Lara.

Sin más saluda atentamente,

Yamandú Castro".

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio C. Lara Gilene.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 27 de noviembre de 2002.

II) Que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 26 y 27 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio C. Lara Gilene.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Schubert Gambetta.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 25 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el día 2 de diciembre y el día 4 de diciembre de 2002, por motivo del encuentro del Parlamento cultural del MERCOSUR (PARCUM) a realizarse en la ciudad de Brasilia, República federativa de Brasil, adjunto a ésta, copia de la invitación. Solicito se convoque a mi suplente.

Sin más saluda atentamente,

FERNANDO ARAÚJO
Representante por Rivera".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente informo a usted, que habiendo sido citado por esa Cámara para ejercer la suplencia del Diputado Dr. Fernando Araújo, por esta única vez no acepto la citada convocatoria.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

Miguel Ángel González".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Rivera, Fernando Araújo, para participar de la reunión que celebrará el Parlamento Cultural del MERCOSUR, (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 4 de diciembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Miguel González.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Rivera, Fernando Araújo, por el período comprendido entre los días 2 y 4 de diciembre de 2002, para participar de la reunión que celebrará el Parlamento Cultural del MERCOSUR, (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente señor Miguel González.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Nacional, señor Henry López.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia por 48 horas, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente,

BRUM CANET
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Brum Canet, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Daniel Mesa".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 27 de noviembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Daniel Mesa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 27 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Daniel Mesa.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Patrone.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"MOCIÓN

Montevideo, 12 de noviembre de 2002.

Diputado Guillermo Álvarez
Presidente de la Cámara de Representantes.
Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar la conformación de una Comisión Investigadora, según lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República, la Ley Nº 16.698, y por los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, referida a la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo con respecto a los siguientes aspectos:

1.- El análisis de la pérdida patrimonial sufrida por esta entidad desde su creación hasta el año 1999.

2.- Las razones por las que la Corporación Nacional para el Desarrollo se sustrajo durante una década al contralor directo del Tribunal de Cuentas.

3.- La evaluación de los resultados de las sucesivas auditorías externas a las que fue sometida la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su creación hasta 1999.

4.- El análisis de las inversiones realizadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo en empresas productivas, incluyendo los criterios de selección, la evolución de la gestión y los resultados obtenidos en cada uno de los emprendimientos.

5.- El análisis de la gestión realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo con respecto a las líneas de crédito de apoyo a las micro y pequeñas empresas que gestionó entre 1994 y 1999.

Sin otro particular, lo saluda cordialmente.

PABLO MIERES, Representante por Montevideo.

Montevideo, 12 de noviembre de 2002

Sr. Presidente de la Comisión Preinvestigadora

Presente.

En función de la solicitud presentada ante la Presidencia de la Cámara de Representantes en fecha 7 de noviembre de 2002, paso a articular las denuncias que fundamentan el petitorio de la conformación de una Comisión Investigadora sobre ciertos hechos acaecidos durante la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Nuestro respaldo documental para sustanciar esta solicitud está compuesto por los Balances y Memorias de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su creación hasta el año 2001, los Informes de Auditorías externas producidos por Consultoras privadas durante el mismo período y los sucesivos dictámenes del Tribunal de Cuentas y sus evaluaciones sobre los informes de Auditorías Externas mencionados. Toda esta documentación ha sido objeto de análisis y las conclusiones a las que he arribado son la sustancia de este petitorio.

Asimismo, hemos manejado información de prensa sobre los diferentes aspectos de la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo que, a nuestro juicio, son relevantes para fundar nuestro pedido de formación de una Comisión Investigadora.

Todos estos documentos se adjuntan a la presente nota de especificación de las denuncias.

a. Marco jurídico y cometidos de la Corporación Nacional para el Desarrollo

La Corporación Nacional para el Desarrollo fue creada por Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985. Se buscaba contar con una institución pública que actuando bajo las normas del derecho privado operara con agilidad y eficacia como factor de desarrollo del país. En momentos previos al golpe de Estado de 1973 el Senador Juan Pablo Terra estaba trabajando en un proyecto de ley con tales características; una vez producido el retorno a la democracia es Wilson Ferreira Aldunate el impulsor de la iniciativa que culmina con la aprobación de la referida ley.

El artículo 11 de esta ley establece sus cometidos que, como se verá más adelante, han sido en algunos casos desnaturalizados mediante la actividad principal que la Corporación para el Desarrollo, mientras que en otros casos no se ha podido cumplir con los mismos. Estos son:

a) Incentivar el desarrollo empresarial, con participación del sector privado.

b) Favorecer la creación de empresas, fortalecer las existentes, y participar, total o parcialmente, en su capital.

c) Colaborar en las políticas económicas sectoriales, mediante la promoción de la inversión de capitales en sectores empresariales prioritarios.

d) Analizar y señalar campos para nuevas inversiones, preparar proyectos concretos de inversión y promover el estudio de mercados para nuevos productos y para la colocación de la producción nacional.

e) Fomentar la investigación, intercambio o incorporación de tecnología.

f) Contribuir a la expansión del mercado de valores, favorecer la creación de empresas por acciones, cooperativas y otras formas de cogestión empresarial; promover la ampliación de capital en ramas de la actividad nacional donde se requiera la producción en escala y los recursos del sector privado sean insuficientes.

g) Promover la racionalización de los procedimientos de administración empresarial.

h) Promover el desarrollo científico y tecnológico nacional, en forma coordinada con la Universidad de la República y otros organismos públicos y privados, apoyando proyectos de investigación.

En la discusión parlamentaria que enmarcó la sanción de la ley que la creó el entonces Diputado Alberto Brause decía que: "Los dos grandes objetivos a que debe propender esta institución son la concesión de créditos a mediano y largo plazo y la participación en el capital accionario o social de las empresas privadas. Al contrario del Banco de la República Oriental del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo debe orientarse con un concepto distinto de la concesión de créditos, teniendo presente las políticas sectoriales específicas que se han diseñado y los propósitos que persigue".

Por su parte, el Diputado Edison Rijo señalaba: "Lo que hay que distinguir es que no se trata de premiar, favorecer ni salvar al empresario privado; se busca con el artículo 25 (facúltese a la Corporación Nacional para el Desarrollo a adquirir total o parcialmente a las instituciones privadas de intermediación financiera, créditos de empresas deudoras de aquellas) la reactivación del país, a fin de que esas industrias puedan, de alguna forma, contar con los recursos suficientes para volver a trabajar".

De modo que el propio texto legal y las consideraciones y argumentos que se expresaron durante la discusión de su sanción demuestran con claridad que la finalidad central de este organismo era impulsar y apoyar, con la participación de capital privado, aquellos emprendimientos que tuvieran valor para el desarrollo del país en función de la prioridad otorgada a determinados sectores productivos.

Sin embargo, al mismo tiempo que se indicaban sus cometidos y se expresaba la finalidad de este organismo, ya algún legislador dejó planteada su interrogante sobre la ausencia de contralor institucional suficiente. En efecto, el entonces Diputado Pablo Millor señaló: "Podemos sostener que haber calificado a este organismo como una persona jurídica de derecho público no estatal, configura una manera elegante de evadir contralores para operaciones que, sea cual fuere la definición que se le da, están comprometiendo el patrimonio del Estado, ya que éste participa con el 60% del capital. Y si el Estado está habilitado de una manera genérica para comprar créditos malos, si se está legalizando la compra de carteras y si se pueden comprar acciones, emitir vales y obligaciones, nosotros podemos considerar que se está emitiendo deuda pública. Y cuando el Estado emite deuda pública, hay una disposición constitucional que lo somete a determinados controles. Por supuesto que existe un requisito constitucional establecido en la propia ley para integrar el capital inicial. Pero ¿dónde está el límite cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo empiece a firmar garantías y avales?"

Las prevenciones señaladas por el hoy Senador Pablo Millor se han visto confirmadas con absoluta claridad a la luz de los hechos actuales que referiremos.

Por otra parte, el artículo 14 establece que el 60% del capital corresponderá al Estado y el 40% a accionistas privados, por lo que su Directorio (artículo 3) estará compuesto por cinco Directores nombrados por el Estado y dos correspondientes al capital privado.

No obstante el claro tenor de la norma legal, transcurrida ya una década y media de funcionamiento de la Corporación, se puede afirmar que su gestión en dicho aspecto se ha apartado notoriamente de los cometidos fijados por la ley, ya que nunca integró a su patrimonio el aporte de capitales privados, por lo que en los hechos la Corporación funcionó todo el tiempo integrada por un Directorio de cinco miembros correspondientes al Estado.

De modo que una primera línea de investigación consiste en establecer las causas por las que la Corporación Nacional para el Desarrollo se apartó notoriamente en su gestión de los cometidos que la ley le establece.

b) El patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo

La norma que dio origen a la Corporación Nacional para el Desarrollo estableció su régimen financiero que está dispuesto en los artículos 13 a 25 de la referida ley.

El artículo 13 fijó su patrimonio en N$ 10.000.000.000 (diez mil millones de nuevos pesos), que equivalían en aquella época a aproximadamente U$S 80.000.000 (ochenta millones de dólares); este patrimonio es reajustable al 1º de enero de cada año por Indice de Precios al Consumo. Se establece además, que todo otro aumento de capital por encima de dicho índice, se realizará por ley.

El artículo 17 establece que el capital a aportar por el Estado se integrará de la siguiente manera:

a) Con el aporte de $ 500.000 a cargo de la Administración Central.

b) Con el producido de la emisión de Títulos de Deuda Pública, autorizada con arreglo al artículo 85 numeral 6 de la Constitución.

c) Con el importe líquido de las utilidades anuales correspondientes a la participación del Estado.

d) Con el aporte que podrá efectuar el Banco de la República Oriental del Uruguay de hasta 2.000.000 en la forma y condiciones que acuerde con la Corporación Nacional para el Desarrollo y previa autorización del Banco Central del Uruguay.

El aporte que debía hacer el Banco de la República Oriental del Uruguay fue completado en un 100% al 30/11/93.

El aporte de la Administración Central se ha ido ajustando por IPC (según lo establecido en el Decreto 247/87 artículo 19), y en cada ejercicio se presentó una Nota a los Estados Contables con el cuadro evolutivo de dicho aporte, exponiendo cada aporte realizado en ese ejercicio y el reajuste previsto en la norma antedicha. Aún cuando el reajuste se continuó efectuando, a partir del ejercicio cerrado al 31/12/98 inclusive, se dejó de exponer ese detalle.

Desde su creación hasta el fin del ejercicio 1999, el Estado había aportado a la Corporación Nacional para el Desarrollo, un capital equivalente a U$S 101.000.000 (ciento un millones de dólares), integrado de acuerdo al siguiente detalle:

a) lo establecido en la Ley Nº 15.785,

b) lo aportado a partir del Convenio Básico establecido en el Plan de Reconversión Bancaria, según consta en las Memorias y Estados Contables de la Corporación de 1990 y 1991 y en la Nota 6 E.C. 12/91 y Nota 12 E.C. 12/92,

c) emisiones de Bonos del Tesoro y

d) la ejecución del programa de apoyo a las PYMES creada por la Ley Nº 16.882, de 24 de octubre de 1997, consistente en U$S 30.000.000.

Sin embargo, el Patrimonio expresado por la Corporación Nacional para el Desarrollo en su Balance del 31/12/99, ascendía a U$S 53.000.000 (cincuenta y tres millones de dólares). De modo que, luego de doce años de funcionamiento, la Corporación reconocía implícitamente en su balance oficial de 1999 que había perdido casi la mitad de su patrimonio.

Asimismo entre los años 2000 y 2001, la Corporación Nacional para el Desarrollo recibió aportes de capital del orden de los U$S 8.900.000 (ocho millones novecientos mil dólares), lo que totaliza una capitalización desde su creación que asciende a uno U$S 110.000.000 (ciento diez millones de dólares). En la Memoria explicativa adjunta al Balance cerrado al 31 de diciembre de 2001, se reconoce explícitamente haber perdido el 63% del capital aportado, lo que significa una cifra aproximada a los U$S 70.000.000 (setenta millones de dólares).

Pero, un análisis más profundo de su situación patrimonial permite concluir que su pérdida patrimonial es sustancialmente mayor.

En primer lugar, bajo el rubro "Créditos Financieros Diversos de largo plazo" se incluye un crédito por U$S 41.070.635 (cuarenta y un millones setenta mil seiscientos treinta y cinco dólares) que corresponde a cuentas a cobrar al Banco Central del Uruguay por las pérdidas originadas por la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los bancos "La Caja Obrera", "Comercial" y "De Crédito" que, durante todo el período considerado, no han podido ser confirmadas por las auditorías externas. No obstante ello, además de ser un crédito de cobro incierto, se han contabilizado ganancias por diferencias de cambio derivadas del ajuste de dicho rubro en todos los ejercicios.

En segundo lugar, bajo el rubro "Acciones" se incluye la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el capital de las empresas privadas en las que se ha invertido. La valuación de las mismas se efectúa con los siguientes criterios:

- Las empresas en las que la Corporación posee más del 50% del capital y las empresas asociadas en las que la Corporación posee entre el 20% y el 50% del capital se valúan por su VPP, si sus respectivos Estados Contables están auditados, lo cual es un criterio compartible.

- Pero, si los Estados Contables de esas empresas no están auditados, se valúan por el costo de la inversión, sin reconocer aumentos o disminuciones de esa inversión, o por valor cero. Por lo tanto no se refleja el valor actual de tales inversiones y no constituye un criterio contable aceptable. Esta circunstancia no es menor porque en algunos ejercicios alcanza al 52% de las empresas en las que la Corporación ha invertido.

- Las inversiones correspondientes al Banco La Caja Obrera y al Banco de Crédito no se consideran inversiones, sino créditos.

- Las compañías con patrimonio negativo, se presentan a valor cero, lo cual impide valorar las pérdidas.

En tercer término, bajo el rubro "Créditos Financieros de Compañías Asociadas de largo plazo" se incluyen un crédito de U$S 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares) otorgado a Viñedos y Bodegas Bella Unión S.A. (VIBOBUSA) en 1988, pagadero en 5 cuotas anuales que originalmente comenzarían a pagarse en 1997 y que luego se prorrogó hasta noviembre de 1999. A pesar de que notoriamente era un crédito de muy dudosa cobrabilidad se fue reajustando año a año y reconociendo ganancias por su concepto. A tal punto es así que la propia Corporación Nacional para el Desarrollo constituyó una previsión de incobrabilidad por la totalidad de dicho crédito, recién, en el ejercicio 2001.

En cuarto lugar, bajo el rubro "Créditos Financieros de Compañías Integrantes de largo plazo" se incluye un préstamo a Agolán S.A. valorizado en U$S 3.350.000 (tres millones trescientos cincuenta mil dólares) que se otorgó en 1998 y fue calificado de "corto plazo" y que a fines del año 2001 permanecía pendiente, cambiando su calificación a "de largo plazo".

Finalmente, en quinto lugar, debe señalarse que los Estados Contables que la Corporación presentó hasta 1999 no se ajustan por inflación, por lo que los mayores resultados reconocidos como ganancias, tales como la valuación de inversiones ya citadas y las diferencias de cambio por créditos en moneda extranjera, están sobrevaluados y no serían tales.

A partir del ejercicio 2000, se comenzó a realizar el citado ajuste, procediéndose a computar el ajuste de ese mismo ejercicio y cuantificando el efecto de dicho ajuste en los resultados de los ejercicios anteriores. Esto último determinó una sobrevaluación del Patrimonio del orden de $ 800.000.000 (ochocientos millones de pesos), lo que confirma la poca confiabilidad de la información contable emitida hasta el ejercicio 1999 inclusive.

Las observaciones antedichas nos llevan a concluir que los U$S 110.000.000 (ciento diez millones de dólares) que integraron el patrimonio de la Corporación se han perdido en su casi totalidad, por lo que resulta imprescindible investigar cuáles son las causas que llevaron a este resultado patrimonial.

El Tribunal de Cuentas sólo pudo auditar los ejercicios cerrados desde el 31/12/86 al 31/12/89. A partir de esa fecha, el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo impidió que el Tribunal de Cuentas continuara auditando, no obstante lo cual le envió los Balances año a año para su visado.

Curiosamente, esta decisión ocurre en 1990, luego de que el Tribunal de Cuentas emitiera un dictamen negativo sobre el Balance cerrado al 31/12/89. Concretamente el Tribunal de Cuentas dictaminó que el Balance no representa la situación financiera y patrimonial del Organismo, por las siguientes consideraciones:

a) por las observaciones que la propia auditoría externa presentó;

b) por no haber sido consistente con el ejercicio anterior, en cuanto a la creación y al mantenimiento de una previsión por desvalorización, que hubiera afectado los resultados negativamente; y

c) por presentar una pérdida del ejercicio subvaluada por un importe del orden del 120% de la contabilizada.

Como se puede apreciar, no se trata de observaciones menores, sino que demuestran, ya hace una década, deficiencias en la forma de realizar la rendición de cuentas por parte de este organismo.

Durante toda la década del noventa el Tribunal de Cuentas reclamó todos los años el derecho que le asistía de acuerdo al marco normativo vigente a realizar la auditoría de este organismo, en la medida que maneja recursos públicos. Sin embargo, una y otra vez los sucesivos Directorios se negaron a la auditoría del Tribunal.

Finalmente, a partir de la Memoria y Balance del año 2000, la Corporación cambió el criterio y admitió que el Tribunal de Cuentas volviera a realizar esta tarea básica de contralor.

Por otra parte, durante toda la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo sus balances han sido auditados siempre por auditorías externas privadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Hasta el 31/12/88, los dictámenes de Ottino, Pereira y Asociados fueron sin salvedades y sin comentarios.

La Auditoría realizada por la consultora Tea, Deloitte y Touche sobre el ejercicio 1989 culminó en un dictamen sin salvedades, pero dejando constancia de que las inversiones en el Frigorífico Miguel Ameglio S.A. y en Establecimientos Colonia S.A. se encuentran valuadas al VPP a la fecha de sus respectivos cierres de Balance, aún cuando con posterioridad a esa fecha, sus patrimonios disminuyeron significativamente en razón de las pérdidas sufridas. En ese momento estas inversiones representaban el 96,5% de las inversiones en empresas por parte del organismo.

Por los ejercicios cerrados al 31/12/90 y 91, el dictamen de Tea, Deloitte y Touche continúa siendo sin salvedades, aunque se observa que dichos Balances no reflejan los efectos de la inflación.

En el ejercicio cerrado al 31/12/92 se incorpora como auditor R.Villarmarzo y Asociados, produciendo un dictamen sin salvedades y sin observaciones.

A partir del cierre producido al 31/12/93 las auditorías externas comienzan a producir dictámenes con salvedades. Con respecto al Balance de 1993 se establece que no se dispuso de confirmación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre un crédito a cobrar que representa el 34% del activo total.

Sobre el Balance correspondiente al ejercicio de 1994 se establece que no se dispuso de Balances auditados que permitieran determinar el VPP de las inversiones en las empresas Agolán S.A., Maceol S.A., Suragrios S.A. y Janor S.A. que, en conjunto representaban el 17,7% de las inversiones del organismo. Tampoco se pudo establecer con propiedad el valor de las deudas generadas por El Mago S.A., sobre las que el Balance adjudica un valor estimado.

Desde 1995 a 1999 la auditoría pasa a manos de Coopers y Lybrand. Todos sus dictámenes han sido con salvedades importantes, por las siguientes observaciones:

a) dichos Balances no reflejan íntegramente los efectos de la inflación;

b) se reitera en cada ejercicio la imposibilidad de confirmar el crédito a cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas;

c) la ausencia de balances auditados que sustenten algunas de las inversiones;

d) que dicha ausencia, no les ha permitido confirmar la cobrabilidad de los créditos que la Corporación Nacional para el Desarrollo mantiene con algunas de dichas empresas; y

e) no se ha podido confirmar el valor de la inversión en tres inmuebles de Salto correspondientes a El Espinillar.

En lo que tiene que ver con el Balance del ejercicio de 1996, el Tribunal de Cuentas pudo establecer, a pesar de no haber podido auditar, que las salvedades de la auditoría privada representaban el 57,71% del valor patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Con relación al ejercicio de 1998, las salvedades establecidas por la consultora externa, a juicio del Tribunal de Cuentas, representaban el 94,91% del valor patrimonial del organismo y el 79,68% del total de activos. En consecuencia, no concuerda con el dictamen del auditor externo, entendiendo que debió haberse abstenido de opinar.

En la misma dirección se orienta la posición del Banco República que, como accionista minoritario de la Corporación Nacional para el Desarrollo, no aprobó el Balance de dicho organismo correspondiente al año 1998 y solicitó postergación de la Asamblea de socios. La Corporación Nacional para el Desarrollo llevó a cabo la Asamblea sin atender esta observación y el Esc. Julio Gemelli calificó esta objeción como "...un tema menor" (El Observador 22.05.99).

Y finalmente, con relación al ejercicio de 1999, las salvedades representaban el 80% del valor patrimonial de la Corporación.

Sobre el tema del contralor sobre la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo se produjo una interesante polémica en 1997. El Senador Mallo se quejaba de la incapacidad de controlar el patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo y declaraba el 07.06.97 en La República: "…había un patrimonio que tuvo su origen en el Estado que el Estado no controla… Yo que en materia financiera vivía en el institucionalismo jurídico, creía que las reglas de la constitución se aplicaban, percibí claramente y hace un tiempo que hay un institucionalismo político que tiene una distancia con el institucionalismo real". Por su parte, la entonces Presidenta de ese organismo, Dra. Milka Barbato justificaba la falta de información pública diciendo: "La razón de esta reserva se refiere a la necesidad de mantener en un ámbito muy restringido la información relativa a empresas que desarrollan una actividad comercial o industrial" (La República 07.06.97).

En la misma línea, la Dra. Barbato, de acuerdo a lo consignado por Búsqueda el 19.10.95, se negó a dar información sobre las pérdidas de la Corporación en sus inversiones empresariales.

d. Sobre las inversiones de la Corporación Nacional para el Desarrollo en empresas productivas

La Corporación Nacional para el Desarrollo, durante el período considerado, realizó inversiones en veintiséis empresas productivas, exceptuando la participación en los bancos que se presenta en un apartado posterior.

De todas las inversiones realizadas, al finalizar el ejercicio de 1999, la Corporación mantenía participación en diecisiete de ellas; el análisis de los Balances presentados por la Corporación demuestra ausencia de información relevante sobre varias de esas inversiones.

Sobre los criterios para decidir las inversiones en empresas a mediados de los años noventa las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo señalaban en diferentes medios de prensa que las empresas debían ser portadoras de "innovación tecnológica", "orientadas a la exportación", "que ocupen mano de obra" y que "generen valor agregado nacional".

Sin embargo, no hemos encontrado información en los Balances sobre el valor de las inversiones realizadas en VIBOBUSA, CEDETEX, SAINDESUR, BILDESOL, Central Apícola y URUCOOP. Por lo tanto contamos con información muy fragmentaria sobre la evolución y los resultados de dichos emprendimientos.

A continuación se presenta un detalle de la información que fue posible obtener a partir del análisis de los Balances presentados por la Corporación.

(1) Con respecto a Maceol S.A, la Corporación Nacional para el Desarrollo compró por U$S 5.000.000 (cinco millones de dólares) el Establecimiento de El Espinillar y conformó una asociación con otras cuatro empresas privadas que el 29/12/94 le compraron a la Corporación gran parte de dicho establecimiento en U$S 4.201.031. De acuerdo a informaciones periodísticas (La República 08.09.95) la Corporación Nacional para el Desarrollo mantuvo en su propiedad 531 Has que incluían montes de eucaliptos, tierras de pastoreo, el predio de la planta industrial y las viviendas de los funcionarios. Es importante conocer cuál ha sido el resultado final de dicha inversión.

A mediados de 1995 el Director de ANCAP, Saúl Posada, solicitó aclaración a la Corporación Nacional para el Desarrollo sobre el procedimiento seguido por la Corporación en la inversión realizada en El Espinillar y su posterior venta a empresas privadas. De acuerdo a la información de prensa (La Mañana 25.06.95) las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo negaron la información solicitada.

(2) Agolán S.A. es un emprendimiento textil que arrienda las instalaciones de Campomar y Soulas, en Juan Lacaze (Colonia). De acuerdo a lo consignado en el Balance del ejercicio 1998 se habría otorgado un préstamo por parte de la Corporación a favor de dicha empresa por un valor de U$S 3.350.000 cuya cobrabilidad es dudosa.

(3) Con respecto a la inversión en Mi Granja S.A. se pueden establecer los siguientes elementos:

El 21/03/90 se suscribieron los contratos de integración de la Corporación en la empresa con una participación del 11,25% que equivale aproximadamente a U$S 1.300.000 (un millón trescientos mil dólares) junto con la Corporación Financiera Internacional, la Corporación Interamericana de Inversiones y un grupo inversor privado, tal como constan en la Memoria y Balance del ejercicio de 1990.

En los ejercicios 1993 y 1997 la inversión de la Corporación en Mi Granja S.A. se redujo al 9,16% y al 7,06% del Capital Social, respectivamente.

De acuerdo a la argumentación brindada por la propia Corporación que evaluó a Mi Granja como un proyecto de desarrollo que cuenta con buenas perspectivas de crecimiento y a pesar de que la propia Corporación evaluaba que se trataba de un emprendimiento en situación financiera de fragilidad, en 1999 este organismo tomó el control accionario y de gestión de la empresa.

Esta decisión es, aun más sorprendente porque desde 1995 en adelante las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo habían manifestado repetidas veces que no volverían a asumir participación mayoritaria en empresas (ver al respecto declaraciones de la Presidenta de la Corporación Dra. Milka Barbato en La Mañana 13.02.95, Crónicas 23.03.95, El Observador 07.09.97, o Esc. Julio Gemelli en Búsqueda 19.10.95, entre otras declaraciones).

En agosto de 1999 el diario El Observador consignaba que la Corporación Nacional para el Desarrollo había adquirido las participaciones del Banco Mundial (7%) y Banco Interamericano de Desarrollo (14%) en la empresa Mi Granja pagando U$S 3.500.000 (tres millones quinientos mil dólares). A su vez, se informaba que se estaban procesando negociaciones por una deuda de U$S 8.000.000 (ocho millones de dólares) con el BROU.

Las explicaciones brindadas en ese momento (El Observador 12.08.99) por los jerarcas de la Corporación Nacional para el Desarrollo acerca de la decisión de adquirir la parte de los organismos internacionales están muy lejos de expresar optimismo sobre el futuro de la empresa. La Dra. Barbato declaró: "Si esto sigue así, no va a venir bien. Son muchos socios las corporaciones del BID y del Banco Mundial, los sponsors, nosotros, cada uno tirando para su lado". El Esc. Julio Gemelli, por su parte, indicó: "El proyecto está atravesando una situación de impasse en el que no había un buen relacionamiento entre los propios socios. Las dos corporaciones internacionales no se ponían de acuerdo con los socios privados uruguayos con respecto a quién y cómo gerenciaban la empresa".

Las explicaciones brindadas eran más bien consistentes con la necesidad de tomar distancia de este emprendimiento, sin embargo fueron los fundamentos que respaldaron la decisión de aumentar sustancialmente el involucramiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Mi Granja S.A.

Como resultado de diversas transacciones con los accionistas privados, la participación accionaria aumentó al 80% al cierre del ejercicio y luego llegaría al 100%.

En ese proceso la Corporación Nacional para el Desarrollo se quedó con todas las acciones de la empresa liberando a los accionistas privados de las garantías que estos habían ofrecido por las deudas de la empresa. Por lo tanto, la Corporación Nacional para el Desarrollo adquirió los créditos de los accionistas contra la empresa por un total de U$S 7.005.858 (siete millones cinco mil ochocientos cincuenta y ocho dólares) y apoyó con fondos adicionales por U$S 3.869.113 (tres millones ochocientos sesenta y nueve mil ciento trece dólares) liberando de toda responsabilidad a los socios privados en momentos en que la empresa atravesaba enormes dificultades y sus otros socios internacionales habían resuelto retirarse.

En 1999 el balance de la Corporación establecía que a partir de tomar el control de la gestión, se han llevado a cabo gestiones ante acreedores, capitalizaciones de pasivos y negociaciones con accionistas que permitieron abatir las deudas de la empresa; también se evaluaba que los abatimientos de deuda logrados mejoraban notoriamente la posición patrimonial de la empresa (estas valoraciones se encuentran consignadas en la Nota 14 de los Estados Contables del Ejercicio de 1999). También se establecía en la Nota 3 del mismo balance, que Mi Granja S.A. tenía un patrimonio positivo de aproximadamente U$S 1.773.000 (un millón setecientos setenta y tres mil dólares).

Lo más curioso es que considera poseer créditos financieros a cobrar por U$S 7.369.000 (siete millones trescientos sesenta y nueve mil dólares), de los que considera incobrables sólo U$S 1.750.000 (un millón setecientos cincuenta mil dólares).

En diciembre de 2001, la Corporación Nacional para el Desarrollo vendió el paquete accionario a un grupo inversor israelí por un precio de U$S 3.750.000 (tres millones setecientos cincuenta mil dólares). De acuerdo a la información consignada en la Memoria de ese ejercicio, la pérdida neta de la Corporación Nacional para el Desarrollo generada por su inversión en Mi Granja S.A. superó los U$S 13.000.000 (trece millones de dólares).

A esta grave pérdida generada por el sostenimiento poco explicable de una empresa claramente deficitaria a costa de los dineros públicos, debe agregarse los perjuicios que el posicionamiento de esta empresa, altamente subsidiada produjo en el mercado frutícola nacional. En efecto, de acuerdo al Semanario Búsqueda (22.08.02) la Confederación Granjera ha denunciado la competencia desleal de Mi Granja y su impacto en la distorsión del mercado frutícola.

A estas pérdidas debe agregarse las correspondientes a créditos incobrables del BROU que ascienden a U$S 12.500.000 (doce millones quinientos mil dólares), por lo que la pérdida que Mi Granja le significó al Estado uruguayo asciende a U$S 25.000.000 (veinticinco millones de dólares).

La evolución posterior de la empresa y la actual situación en la que la Corporación ha perdido más de U$S 13.000.000 (trece millones de dólares) alertan sobre la idoneidad técnica de la valoración que el organismo era capaz de hacer sobre sus inversiones.

A ese respecto convendría aclarar las razones por las que los análisis técnicos de la Corporación Nacional para el Desarrollo no tuvieron en cuenta que el predio, a diferencia de lo que se sostuvo en el momento de la inversión inicial, carecía de agua en las napas subterráneas, situación que señaló el propio Esc. Julio Gemelli (reportaje realizado en Radio Sarandi que se transcribió en Búsqueda, 03.10.02). Según sus declaraciones ello modificó sustancialmente los costos previstos de implantar el riego en el establecimiento

(4) VIBOBUSA: la inversión inicial representaba el 45,31% del capital. Se le concedió un crédito por U$S 1.500.000 (un millón y medio de dólares) en 1988 que debe considerarse incobrable.

Se sabe que en Marzo de 2002, la Corporación Nacional para el Desarrollo firmó un preacuerdo con una empresa privada para la venta de sus acciones por un precio de U$S 1.100.000 (un millón cien mil dólares) más todos los pasivos existentes a esa fecha o que surgieran posteriormente pero generados con anterioridad.

Sería necesario establecer cuál ha sido el resultado final de la participación de la Corporación en esta empresa.

(5) Cedetex S.A.: la inversión inicial representaba el 40,84% del capital. Era una sociedad constituida por 8 empresas privadas y la Corporación Nacional para el Desarrollo. El objeto era gestionar los bienes donados por la Cooperación Italiana para producir hilado cardado y teñido, y constituirse en un centro de docencia superior. En los Balances no existe ninguna información adicional que permita valorar el resultado de esta participación.

(6) Canalmar S.A.: la inversión inicial representaba el 17,8% del capital. Situada en la Ruta 102, se pensaba dedicar al procesamiento, mediante la técnica de cocción al vacío y pasteurización, de carne vacuna y de pollo para una cadena europea de distribución de alimentos. Se trataba de un joint-venture integrado por capitales alemanes, franceses y uruguayos.

Ese proyecto fracasó y se dedicó a la elaboración de las bandejas para escuelas públicas. Fuentes de la Corporación Nacional para el Desarrollo, citadas por Búsqueda 19.09.02, dijeron que hasta la fecha se ha perdido U$S 1.000.000 (un millón de dólares). A pesar del fracaso del emprendimiento la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo aumentó al 50% del total del capital accionario de la empresa.

(7) Flor de Ceibo S.A. (Quinta "Los Naranjos"): es un hotel termal situado sobre el río Daymán, cuyo costo total se estima en U$S 5.110.000. Se conoce que la Corporación ingresó en esta empresa mediante una inversión de U$S 593.000 (quinientos noventa y tres mil dólares) y ha concedido créditos por U$S 194.000 (ciento noventa y cuatro mil dólares).

En Mayo de 2000, se firmó un convenio para la venta de las acciones a un grupo inversor, dado que el proyecto atravesó por problemas de financiamiento iniciales y debían enfrentarse mayores compromisos financieros.

Con esta información sobre su evolución se hace imprescindible conocer el resultado de esta inversión puesto que en los balances no se dice nada al respecto.

(8) Southern Cross Timber S.A.: es un emprendimiento con accionistas locales por un total de U$S 10.000.000. El 95% de la producción estará destinada a la exportación.

Es un aserradero de alta productividad, localizado en el litoral sur que participa en forma anticipada y selectiva en el proceso forestal a través del uso de producción joven (árboles de menor diámetro), para obtener madera para pallets y cajones.

En el 2000, se firmó un acuerdo con una firma privada para vender las acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el año 2005 a un precio equivalente al total del capital integrado por este organismo. A fines de 2001 la Corporación valuó su inversión a esa fecha en U$S 477.000 (cuatrocientos setenta y siete mil dólares). Esta cifra no incluye la situación de los créditos, aunque se informa en las Notas al Balance del 31 de diciembre de 2001 que se adeuda a ACAC aproximadamente U$S 345.000 (trescientos cuarenta y cinco mil dólares).

Adicionalmente, en el 2001 la empresa pasó a denominarse Maderas Aserradas del Litoral S.A., debido a la integración de Eufores al emprendimiento. De acuerdo a Búsqueda 03.10.02, los nuevos socios evaluaron la situación de Southern Cross Timber antes de su ingreso como correspondiente a una "empresa sin actividad".

Resulta importante conocer cual era el resultado económico de la inversión de la Corporación en esta empresa, antes de la integración de los nuevos socios y cómo es la situación actual.

(9) Saidensur S.A.: la inversión inicial representaba el 29,5% del capital. Los restantes participantes son la EDCS de Holanda, la SIDI de Francia, Fundasol y el CCU. Según se sabe no ha tenido un funcionamiento significativo.

(10) Trimma Ltda.: con planta industrial en el Departamento de Flores, tiene como actividad principal el tratamiento e impregnación de maderas con destino a postes y columnas, bajo licencia de la empresa Hicksin Timber Co. (USA). Produce columnas para líneas eléctricas y telefónicas, viviendas y muebles.

La inversión inicial fue de U$S 325.000 (trescientos veinticinco mil dólares), y luego el otorgamiento de un crédito por U$S 353.000 (trescientos cincuenta y tres mil dólares).

No existe otra información en los estados contables presentados por la Corporación, excepto que a fines de 1999 se liquidó, lo que implicó transferencias financieras para atender los despidos y un porcentaje de las deudas que no está cuantificado.

(11) Urukor S.A.: se ubica en Montevideo. En mayo de 1999 se había realizado la inversión inicial por un valor de U$S 800.000 (ochocientos mil dólares). Los Balances no registran ninguna información adicional.

(12) Petrouruguay S.A.: el restante 99% pertenece a ANCAP y consiste en la prospección, perforación, explotación, producción y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos y sus derivados. Está radicada en Argentina.

(13) Pig Uruguay S.A.: con criaderos en Libertad (San José) y planta frigorífica en Pando (Canelones). El aporte inicial se produjo en 1996 y era superior al 10%, consistió en U$S 900.000 (novecientos mil dólares). El valor total del emprendimiento era equivalente a U$S 10.000.000 (diez millones de dólares).

A fines del año 2000, dado que la Corporación Nacional para el Desarrollo debía prestar asistencias financieras reiteradas a esta empresa, se resuelve el retiro de este emprendimiento. Es necesario conocer cuál fue el costo total de la participación.

(14) Bildesol S.A.: complejo hotelero denominado Arapey Thermal Resort. El costo total ascenderá a U$S 8.500.000. Está gerenciado por la cadena Barceló. La inversión inicial fue de U$S 500.000 (quinientos mil dólares).

(15) Central Apícola: Es una planta de envasado de miel para apoyar a los productores nacionales. La planta nunca funcionó a lleno. No se pudo concretar un convenio con Conaprole para su distribución en plaza, y con relación al mercado externo, siguió siendo redituable exportar a granel. En este período se generaron deudas por U$S 500.000 de acuerdo a fuentes citadas por el Semanario Búsqueda de fecha 19.09.02.

(16) Urucoop S.A.: Emprendimiento agroindustrial cuyo proyecto original consistía en constituir una trading con una firma española, pero no funcionó. De acuerdo a informaciones periodísticas consignadas por El Diario 13.03.98 y Ultimas Noticias 11.03.98, se habría importado maquinaria por valor de U$S 500.000 (quinientos mil dólares) proveniente de España e Italia.

La empresa está cerrada desde el 30/06/01 y la Corporación Nacional para el Desarrollo perdió U$S 140.000, de acuerdo a fuentes citadas por el Semanario Búsqueda (19.09.02). No existe información en los Balances sobre el resultado final de este emprendimiento.

(17) Alcoholes del Uruguay S.A.: es un emprendimiento en asociación con ANCAP. La asociación se realizó para darle más flexibilidad a ANCAP en la comercialización de alcoholes, la incorporación de nuevos tipos y de otros productos con base de alcohol.

Por su parte, existieron inversiones de la Corporación en otras nueve empresas que a fines de 1999 ya la Corporación no integraba, estas fueron:

(1) El Mago S.A.:

El 28 de febrero de 1988 se firmó un convenio con el BROU, por el cual éste transfiere a la Corporación Nacional para el Desarrollo, parte de los créditos a su favor y a cargo de El Mago S.A., mediante la integración de N$ 302.500.000 que equivalían aproximadamente a U$S 1.000.000 (un millón de dólares) en acciones de la propia Corporación y, además, se reestructura el pasivo de la mencionada empresa; así se hace constar en la Memoria del ejercicio de 1988.

De este modo la Corporación asume el 99,99% del Capital Social de El Mago S.A., según consta en la Nota 2 del mencionado balance.

En la Nota 5 del propio balance se reconocen pérdidas en el ejercicio, aunque los hechos económicos mostrarían que las pérdidas obedecieron en proporción mayor a la paralización en la producción, siendo dichas pérdidas anteriores a la fecha de traspaso del capital accionario a manos de la Corporación.

Los resultados del ejercicio 1989 de El Mago S.A. fueron malos; la Corporación los justifica en base a los siguientes factores:

a) se pensaba contar con cooperación técnica italiana, la que al 31/12/89 no se ha logrado concretar.

b) la larga huelga del sector textil determinó que no se pudiera cumplir en tiempo y forma con los clientes del exterior, por lo que se resintió en forma elevada, la productividad y los costos de exportación (fletes aéreos en lugar de marítimos, etc.)

c) los trabajadores de la empresa no apoyaron los esfuerzos de reconversión y durante varios meses trabajaron por debajo de los índices de productividad.

d) en junio y diciembre de 1989, la disminución de la devolución de impuestos a la exportación de prendas de lana, significó un factor adverso adicional.

e) la importante disminución de la demanda en el mercado norteamericano –destinatario del 89% de la producción- ha agravado la situación.

En la Nota 5 de los Estados Contables del ejercicio 1991 se establece que al 31/08/91 El Mago S.A. presenta un patrimonio negativo de aprox. U$S 6.000.000 (seis millones de dólares) y una pérdida del ejercicio de aproximadamente U$S 4.000.000 (cuatro millones de dólares).

En los ejercicios posteriores no se continúa informando sobre la evolución de las pérdidas que seguramente se continuaron generando.

En el balance del ejercicio 1991 se da cuenta de que el Directorio inició conversaciones con la firma Ishida Ei de Japón, empresa mayorista que trabaja con productos uruguayos, que aparecía como interesada en la eventual adquisición del paquete accionario de El Mago S.A.

En posteriores informes se da cuenta de la evolución de estas negociaciones hasta que en Noviembre de 1992 se informa que la firma japonesa comunicó que desistía de la compra.

El 23/12/94, teniendo en cuenta los informes de la Gerencia de El Mago S.A. y de la Gerencia General de la Corporación que confirmaban la inviabilidad económica de la empresa, el Directorio resolvió la no apertura de la misma.

Al finalizar el ejercicio 1994 la empresa comenzó el proceso de liquidación y no pudo enfrentar con sus activos propios los pasivos totales asumidos con terceros que a esa fecha totalizaban aproximadamente U$S 7.000.000. (siete millones de dólares).

En esa fecha la posición del Directorio es asumir exclusivamente las deudas garantizadas formalmente. El monto estimado de las mismas asciende aproximadamente a U$S 2.300.000 (dos millones trescientos mil dólares); así consta en la Nota 5 de los Estados Contables del balance del Ejercicio de 1994 y en la Nota 10 de los Estados Contables del balance del Ejercicio de 1995.

En el balance de 1995 la Corporación Nacional para el Desarrollo presenta créditos financieros a cobrar por aproximadamente U$S 7.500.000 (siete millones quinientos mil dólares), los que han sido previsionados como incobrables de acuerdo a la Nota 5 de los Estados Contables correspondientes al ejercicio de 1995. Los mismos figuran en los siguientes Estados Contables hasta el 31/12/98.

En el año 1997 el BROU acordó cancelar las deudas de El Mago S.A., las cuales se encontraban previsionadas por un monto de U$S 2.000.000 (dos millones de dólares). Se hizo mediante la entrega de un Bono "Cupón-Cero" a 20 años de plazo por U$S 3.000.000 (tres millones de dólares), cuyo valor de compra ascendió a U$S 907.680 (novecientos siete mil seiscientos ochenta dólares). Ello representó una reducción de la pérdida para la Corporación equivalente a U$S 1.092.320 (un millón noventa y dos mil trescientos veinte dólares). Tales negociaciones figuran en la Nota 8 de los Estados Contables correspondientes al ejercicio 1997.

Al 31/12/99 ya no figura la inversión en el Mago S.A. Sólo aparece como previsiones a pagar el monto estimado de un juicio iniciado por el LATU y los gastos pendientes de liquidación, los que ascienden aproximadamente a U$S 176.000 (ciento setenta y seis mil dólares). Sin embargo, se sabe que hoy en día quedan deudas pendientes de liquidación sobre El Mago S.A. cuya liquidación final aun no ha terminado.

De acuerdo a estos datos, estimamos que la pérdida total de la inversión de la Corporación en El Mago S.A. es de alrededor de U$S 9.700.000 (nueve millones setecientos mil dólares)

(2) Malaquita S.A.:

De los balances presentados se conoce que la Corporación adquirió el 100% de esta empresa en 1988 y que fue objeto de remate judicial en 1993, por lo que debe haber generado pérdidas para la Corporación en los cinco años que estuvo bajo su administración.

En mayo de 1993 se negoció el traspaso de las actividades a la empresa Saltram S.A., quien adquirió en remate judicial las instalaciones del molino harinero existente en la localidad de Santa Rosa. No tenemos información disponible sobre el resultado de esta inversión.

(3) Cerealín S.A.: En esta empresa la Corporación invirtió inicialmente U$S 177.000 (ciento setenta y siete mil dólares) en diciembre de 1990 lo que equivalía al 8% del capital accionario, se trataba de una empresa dedicada a la producción de leche larga vida en el Departamento de San José. Sólo se conoce información de que en el ejercicio 1997 fue dada de baja de las inversiones de la Corporación.

(4) Janor S.A.: es una curtiembre en la que la Corporación invirtió por el 40% de su capital accionario y no figura ninguna otra información sobre su resultado.

(5) Suragrios S.A: se trata de una empresa dedicada al citrus en la que la Corporación invirtió U$S 70.000 (setenta mil dólares) equivalente al 30% de su capital accionario en setiembre de 1993 y declaró créditos por un valor de U$S 298.000 (doscientos noventa y ocho mil dólares). De acuerdo a la información consignada en los balances, la Corporación abandona este emprendimiento en junio de 1997, sin que podamos establecer su resultado económico.

(6) Pérez Mackinnon y Martinelli S.A.: se invirtió en esta empresa en diciembre de 1989 por un equivalente del 41% de su capital accionario. El fundamento de esta inversión consignado en los balances fue buscar contrarrestar tendencias oligopólicas en el mercado (¿?). No figura en los balances el monto de la inversión inicial ni tampoco su resultado. Sólo puede indicarse que la Corporación se retiró de este emprendimiento en 1994.

(7) Compañía Forestal Uruguaya S.A.: existe muy poca información al respecto; se trató de una inversión que representó el quince por ciento del total del paquete accionario de la empresa que se verificó en marzo de 1989 y la Corporación se retiró en setiembre de 1990. Tampoco se posee información sobre el resultado de estos emprendimientos.

(8) Establecimientos Colonia S.A. y Frigorífico Canelones S.A.:

El 1º de julio de 1989 el B.R.O.U. integró en la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 15.785, la suma de aproximadamente U$S 3.877.000 (tres millones ochocientos setenta y siete mil dólares) mediante la transferencia de créditos a su favor y a cargo de estas empresas. De esta forma, la Corporación adquirió el 85,2% del Frigorífico Canelones S.A. y el 100% del Frigorífico Colonia S.A.

Al cierre del ejercicio 1989, ambas empresas arrojaron pérdidas originadas en los costos financieros de su pasivo con el B.R.O.U. En diciembre de 1990 el Directorio del B.R.O.U. aprobó la venta del total de créditos contra Establecimientos Colonia S.A. y la compra de U$S 3.000.000 (tres millones de dólares) de pagarés del BCU, propiedad de la Corporación, a los efectos de poder financiar el capital de trabajo de dicho establecimiento. Tales operaciones figuran en la Memoria del ejercicio de 1990.

Durante el ejercicio 1991, la Corporación previsionó el 100% de un crédito a largo plazo que mantenía con Establecimientos Colonia S.A. por considerarlo incobrable (aproximadamente U$S 530.000). En Abril de 1992 se resuelve la capitalización de la deuda que el frigorífico mantenía con la Corporación, concediéndole una quita de U$S 481.000. Todos estos elementos figuran en la Nota 14 de los Estados Contables correspondientes al ejercicio de 1992.

A fines de 1990 el Patrimonio de ambas empresas era negativo en U$S 6.200.000 (seis millones doscientos mil dólares) y las pérdidas de ese ejercicio ascendieron a U$S 15.300.000 (quince millones trescientos mil dólares).

En 1992, al finalizar el ejercicio se encontraban avanzadas las negociaciones con inversores nacionales y extranjeros interesados en una o ambas plantas. Paralelamente a dicho proceso, el Directorio instruyó a la administración de dichas empresas a mantener un funcionamiento adecuado a las circunstancias; el Frigorífico Canelones se mantuvo inactivo con excepción de la planta de conserva y se redujo la plantilla de personal en más de 500 personas, cuyo costo fue absorbido por la Corporación. En 1994 se reconocen pérdidas por despidos que ascienden a U$S 687.000 (seiscientos ochenta y siete mil dólares). Tales informaciones surgen de la Memoria del ejercicio de 1992 y de la Nota 15 de los Estados Contables del ejercicio de 1994.

El 29 de setiembre de 1993 se procedió a enajenar la totalidad de las acciones de Frigorífico Canelones Miguel Ameglio S.A. a la empresa estadounidense Van Rich Partnership. Dicha operación se realizó previo acuerdo con el B.R.O.U. y el B.P.S. para la cancelación de los pasivos existentes con ambas instituciones, según consta en la Memoria del ejercicio de 1993.

La venta se concretó libre de deudas; por tal motivo se capitalizaron los pasivos que mantenía el referido establecimiento. El B.P.S. autorizó a la Corporación a asumir la totalidad de la deuda del Frigorífico Canelones Miguel Ameglio S.A. por un total de U$S 1.200.000 (un millón doscientos mil dólares) en aproximadamente 100 cuotas. La deuda con el B.R.O.U. ascendía a U$S 32.940.115 (treinta y dos millones novecientos cuarenta mil ciento quince dólares), concediéndole el B.R.O.U. una quita a la Corporación de U$S 24.740.115 (veinticuatro millones setecientos cuarenta mil ciento quince). El saldo en cuestión asumido por la Corporación equivale a U$S 8.200.000 (ocho millones doscientos mil dólares) que deberá ser cancelado en 4 cuotas de U$S 800.000 (ochocientos mil dólares), anuales y consecutivas, y con la entrega de un título cupón cero emitido por la Reserva Federal del Gobierno de los EUA por valor de U$S 5.000.000 (cinco millones de dólares). Complementariamente, se asumieron otras deudas por un total de U$S 1.198.372 (un millón ciento noventa y ocho mil trescientos setenta y dos dólares). Así consta en la Nota 9.1 de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994.

El 31 de octubre de 1994 se enajenaron el 100% de las acciones de Establecimientos Colonia S.A. a la firma argentina Quickfood S.A. La Corporación negoció la empresa con sus activos, haciéndose cargo de los pasivos bancarios y con el B.P.S, tal como consta en la Memoria correspondiente al ejercicio de 1994.

La venta se concretó libre de deudas; por tal motivo se capitalizaron los pasivos que mantenía el referido establecimiento. El B.P.S. autorizó a la Corporación a asumir la totalidad de la deuda de Establecimientos Colonia S.A., que al 31/12/95 ascendía a un total de U$S 408.900 (cuatrocientos ocho mil novecientos dólares). La deuda con el Banco La Caja Obrera ascendía a U$S 2.376.709 (dos millones trescientos setenta y seis mil setecientos nueve dólares); fue asumida en su totalidad por la Corporación. Así consta en la Nota 9.1 de los Estados Contables del ejercicio de 1994.

El resultado contable por la venta de Establecimientos Colonia S.A. se cuantificó en una ganancia de U$S 677.300 (seiscientos setenta y siete mil trescientos dólares), según consta en la Nota 14 de los Estados Contables correspondientes al ejercicio de 1994.

Establecimientos Colonia S.A. tenía deudas a cobrar a Frigorífico Canelones S.A. por U$S 719.400 (setecientos diecinueve mil cuatrocientos dólares), que se computaron como incobrables de acuerdo a la Nota 15 de los Estados Contables del ejercicio de 1994.

También se contabilizó una ganancia de U$S 115.900 por la cesión del inmueble de la calle Jujuy.

Todavía en el ejercicio 1995 aparece una pérdida de ejercicios anteriores, "derivada de resultados por la venta de los Frigoríficos", que asciende a U$S 496.000 (cuatrocientos noventa y seis mil dólares) consignada en la Nota 14 de los Estados Contables del mencionado año.

En síntesis, la inversión de la Corporación Nacional para el Desarrollo en los Frigoríficos Canelones S.A. y Colonia S.A. tuvo como resultado final una pérdida de U$S 19.479.900 (diecinueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos dólares) a lo que debe agregarse que el BROU absorbió una pérdida de U$S 24.000.000 (veinticuatro millones de dólares).

Antes de hacer un balance sobre la actividad desempeñada por la Corporación Nacional para el Desarrollo en su carácter de inversora en empresas productivas, corresponde mencionar el papel que le cupo a este organismo como gestora de la venta de Establecimientos La Sierra en la localidad de Gregorio Aznárez en 1996. Si bien en este caso la Corporación Nacional para el Desarrollo no invirtió en esta empresa, asumió el papel de intermediaria en la venta y actuó como selectora de la empresa compradora.

De acuerdo a información periodística, puesto que sobre esta actividad nada se menciona ni en las Memorias ni en los Balances del organismo, la Corporación asumió a fines de 1996 la gestión de venta de Establecimientos La Sierra. Esta empresa tenía deudas por U$S 25.000.000 (veinticinco millones de dólares) y en 1996 se proyectaba un déficit de U$S 6.000.000 (seis millones de dólares) (El Observador 12.11.96).

El 28.12.96 el diario El País informa que la Corporación Nacional para el Desarrollo había actuado como promotora de la venta de dicha empresa a una empresa argentina, Atlancolor, que fabrica pigmentos básicos. Se afirma que la nueva empresa tendrá una actividad creciente con perspectivas de exportación y que significará la mantención de puestos de trabajo en la localidad de Gregorio Aznárez.

En marzo de 1997 Estediario y La República informan que el nuevo propietario de Establecimientos La Sierra había comenzado a vender parte de las instalaciones, arrendando los silos de la empresa a una empresa arrocera y que sólo ocupaba a 25 personas en una perspectiva de cierre y liquidación. Las autoridades de la Corporación deslindaron responsabilidad, pero lo cierto es que habían asumido un rol de asesoría en el proceso de venta. La información periodística agrega que el precio de venta había sido muy bajo (U$S 750.000) porque el nuevo propietario se había comprometido a la reapertura de la empresa. En la actualidad Establecimientos La Sierra ya no funciona.

De modo que la Corporación Nacional para el Desarrollo, en este caso no como inversora, sino como gestora de una compraventa y selectora del comprador, nuevamente muestra un resultado claramente negativo.

Por último, fuentes periodísticas señalan la existencia de una demanda contra la Corporación Nacional para el Desarrollo por parte de inversionistas argentinos que declaran haber sido engañados en la venta de un inmueble en Melilla, departamento de Montevideo.

El día 07.02.97 se publicó un aviso en el diario El Observador por el que se ofrecía en venta un predio en la localidad de Melilla para construir un complejo de vivienda en la modalidad de "country". La dirección a donde se indicaba para averiguar información sobre el predio correspondía a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El predio estaba situado en una zona rural de Montevideo y, por lo tanto, no estaba habilitado para fraccionamiento. Más allá de las responsabilidades que correspondan, sería importante aclarar la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en este tema.

El balance final de la actividad de la Corporación Nacional para el Desarrollo en su función como inversora en empresas productivas no puede ser más desalentador. De las veintiséis empresas en que la Corporación invirtió hasta fines de 1999, no existe información concreta que permita verificar que alguno de estos emprendimientos haya resultado exitoso.

En la mayor parte de ellos se carece de información suficiente para evaluar su resultado; de los que se posee tal información los resultados son, en todos los casos, negativos.

Las inversiones sobre las que existe información más completa (El Mago S.A., Frigoríficos Canelones S.A. y Colonia S.A. y Mi Granja S.A.) arrojaron una pérdida acumulada de U$S 41.300.000 (cuarenta y un millones tescientos mil dólares) aproximadamente, sin incluir en este cálculo la pérdida correspondiente al Banco República.

Se conoce que las inversiones en VIBOBUSA, Canalmar, Southern Cross Timber, Pig Uruguay S.A., Malaquita S.A., Central Apícola y URUCOOP fueron de resultado negativo, aunque no contamos con información completa sobre el monto de las pérdidas ocurridas. Los datos conocidos suman, valorando sólo la pérdida de la inversión original, U$S 4.560.000 (cuatro millones quinientos sesenta mil dólares) aproximadamente.

Adicionalmente, la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 corrobora estas conclusiones pues contiene el resultado del último ejercicio de algunos de estos emprendimientos, todos los que arrojan pérdidas sustantivas.

De los restantes casos, la información volcada en los balances no permite establecer conclusiones.

Por lo tanto, parece imprescindible conocer cuál ha sido el resultado pormenorizado de cada una de las inversiones que la Corporación realizó durante ese período en empresas productivas.

En segundo lugar, nos parece necesario establecer cuáles fueron los criterios y los fundamentos que determinaron que la Corporación invirtiera en estas empresas y no en otras. Sería muy importante conocer los estudios técnicos que avalaron cada una de estas inversiones y, en su caso, si existieron llamados públicos de parte de la Corporación a efectos de determinar qué empresas eran más adecuadas para ser objeto de inversión en cada sector de actividad.

Sería necesario saber si la Corporación llevó a cabo estudios de factibilidad de cada inversión, y si realizó o encargó estudios de mercado u otros estudios que le permitieran tomar la decisión con los menores márgenes de error posibles.

Sería fundamental conocer si la Corporación acudió a una coordinación con los Ministerios de los ramos correspondientes antes de tomar una decisión de inversión en cada caso y en caso afirmativo, cuál fue el resultado de esas consultas.

A partir de estos elementos sería muy importante conocer los fundamentos que llevaron a una resolución positiva de inversión en cada caso.

Sobretodo porque a lo largo de su gestión existieron opiniones críticas sobre los criterios utilizados. Por un lado, vale la pena recordar un fuerte cuestionamiento realizado por el Dr. Carlos Rodríguez Labruna quien, siendo en ese entonces Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuestionó duramente los criterios de selección de las inversiones (Búsqueda 28.03.96); y por otro lado el Ec. Julio De Brun que en su columna de El Observador el 27.09.95 cuestionaba las decisiones señalando, entre otros conceptos, que la Corporación había actuado con el propósito de "disfrazar transferencias de capital hacia sectores y empresas con más interés político que económico".

También sería importante conocer a quiénes se les vendió posteriormente las empresas o las participaciones que la Corporación poseía en esas empresas y si los compradores tienen o han tenido vínculos con el organismo de una u otra forma.

Por último, sobre este capítulo sería importante contar con una evaluación de parte de la Corporación sobre las razones de los resultados obtenidos.

En el caso concreto de Mi Granja S.A., sería especialmente necesario conocer por qué la Corporación entendió pertinente, en primer lugar, comprar la parte que el BID y el Banco Mundial poseían en la empresa y en segundo lugar, liberar las garantías de los socios privados sustituyéndolos en los eventuales créditos que estos tenían, quedándose la Corporación con todo el paquete accionario de Mi Granja en momentos que ya mostraba síntomas inocultables de profunda crisis.

e. Sobre la actividad de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la capitalización de Bancos

Una segunda línea de trabajo de la Corporación Nacional para el Desarrollo ha sido la de asumir los bancos que el Estado ha debido asistir y su posterior venta a capitales privados.

El proceso de participación de la Corporación en esta operativa comienza en 1989 y se da en el contexto del Plan de Reestructuración Bancaria de julio de 1989.

El 09/01/90 se firmó con el Ministerio de Economía y Finanzas el Convenio Básico destinado a poner en funcionamiento y ejecutar el Plan de Reestructuración Bancaria cuyas principales disposiciones, en lo atinente a estos estados contables, son las siguientes:

a) el Estado convino en dar en préstamo a la Corporación el equivalente en moneda nacional de U$S 132 millones (ciento treinta y dos millones de dólares).

b) El Estado se obligó a hacer un aporte de capital a la Corporación por aproximadamente U$S 20 millones (veinte millones de dólares) en el mes de enero de 1990.

c) La Corporación se obligó a hacer aportes de capital a los Bancos Caja Obrera, Comercial y Pan de Azúcar por el total de los fondos recibidos de acuerdo a lo expresado en a) y en b) más el equivalente en moneda nacional de U$S 16 millones (dieciséis millones de dólares) que el BROU se comprometió a prestar a la Corporación de acuerdo con las estipulaciones del Plan de Reestructuración Bancaria.

d) La Corporación se comprometió, una vez adquirida la calidad de accionista mayoritaria de los citados bancos, a procurar la venta de las acciones adquiridas a personas de derecho privado.

e) El Estado convino en dar en préstamo a la Corporación Nacional para el Desarrollo el equivalente en moneda nacional de U$S 2 millones (dos millones de dólares) para fortalecer su capacidad coordinadora así como la capacidad gerencial y profesional de los tres bancos.

Sobre estas orientaciones la Corporación participó durante el período en la absorción y posterior reventa de cuatro bancos. Se presenta a continuación en forma sintética el resultado de estas operaciones

1. Banco Caja Obrera

- Fecha de incorporación de la Corporación: 1990 (desde 1987 era estatal).

- Inversión inicial: U$S 15.000.000

- Inversiones posteriores: U$S 45.000.000 (en 1991)

2. Banco Comercial

- Fecha de incorporación de la C.N.D.: 1990

- Inversión inicial: U$S 25.000.000

- Se vende en 1990 en un precio de venta de U$S 20.847.600

- Saldo final negativo: U$S 4.152.400

3. Banco Pan de Azúcar

- Fecha de incorporación de la C.N.D.: 1992 (desde 1985 era estatal)

- Inversión inicial: U$S 76.100.000

- Inversiones posteriores: U$S 17.500.000 (en 1993)

- Se vende en 1994 en un precio de venta de U$S 5.000.000

- Saldo negativo: U$S 88.600.000

- Fue nuevamente intervenido en 1996 y absorbido por el Banco de Crédito en 1998.

4. Banco de Crédito

- Fecha de incorporación de la C.N.D.: 1998

- Inversión inicial: U$S 25.000.000

5. Saldo final de las operaciones de la Corporación en entidades bancarias (en todos los casos el saldo es negativo):

Banco La Caja Obrera U$S 60.000.000

Banco Comercial U$S 4.152.400

Banco Pan de Azúcar U$S 88.600.000

Banco de Crédito U$S 25.000.000

Total U$S 177.752.400

f. Sobre la actividad de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la canalización del crédito a micro y pequeñas empresas.

Se presenta a continuación un resumen de las actividades que en esta area de actividad la Corporación Nacional para el Desarrollo ha realizado en el período considerado.

1) Ejercicio 31/12/90

- En el marco del Programa de Cooperación Técnica entre Uruguay e Italia (Ley Nº 15.904), se recomendaron 14 proyectos por un monto de aproximadamente U$S 12:000.000 (doce millones de dólares).

- El 29/12/90, Uruguay y el BID celebraron un contrato de préstamo tendiente a financiar un programa global de crédito para la Pequeña Empresa y la Microempresa (BID-MyPE), por un equivalente a U$S 7:000.000 (siete millones de dólares), que sería ejecutado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

- El 29/12/90 se procedió a firmar entre el BID y la Corporación Nacional para el Desarrollo el Convenio sobre Cooperación Técnica no Reembolsable, por un monto equivalente a U$S 2:200.000 (dos millones doscientos mil dólares), destinado al Programa para el Fortalecimiento Institucional de las Entidades Participantes del BID-MyPE.

2) Ejercicio 31/12/91

- Durante el ejercicio se realizaron todas las acciones previas exigidas por el BID, para proceder al primer desembolso de los fondos destinados al BID-MyPE.

- El 15/12/91 se libró el primer desembolso.

3) Ejercicio 31/12/92

- Se aprobaron solicitudes de financiamiento a través de préstamos de mediano plazo, en condiciones especiales de seguimiento de proyectos, para el sector de canteras y minas y agroindustrias.

- En el año comenzó a funcionar en forma plena el BID-PyME, cuyo organismo ejecutor fue la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ingresaron al Programa, firmando el respectivo convenio con el Banco Central del Uruguay, 7 instituciones financieras (4 bancos y 3 cooperativas de ahorro y crédito), que operaron como canalizadores de los fondos a los beneficiarios finales.

- A su vez, se llevó a la práctica un programa de cooperación técnica con los micro y pequeños empresarios a través de entidades técnicas de apoyo tanto públicas como privadas.

- El programa incluye dos convenios: (a) el Convenio No. 614 OC-UR, es un convenio de préstamo relacionado con el financiamiento de la MyPEs, a corto y mediano plazo, por un total de U$S 10:000.000 (diez millones de dólares) y (b) el Convenio No. ATN/SF 3601/UR, que se trata de un convenio de cooperación técnica no reembolsable para asesoramiento, capacitación y difusión necesarios para el fortalecimiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo y de las MyPEs y sus empresarios, por un total de U$S 3:130.000 (tres millones ciento treinta mil dólares).

4) 31/12/93

- Al mes 12/93 se desembolsaron la totalidad de los recursos del BID-PyMEs a través de la participación activa de 8 instituciones financieras, (4 Bancos y 4 cooperativas de ahorro y crédito), llegándose a otorgar 1.050 préstamos a un promedio de U$S 8.900 (ocho mil novecientos dólares).

- También se instrumentó un programa de Cooperación Técnica a los micro y pequeños empresarios, a través de la aprobación de 36 convenios de participación con las denominadas Entidades Técnicas de Apoyo, tanto públicas como privadas, que se tradujo en la realización de 43 cursos y la elaboración de 603 proyectos para micro y pequeño empresarios.

5) 31/12/94

- El 22/04/94 se firmó contrato con el West LB Bank de Europa y la compañía CIS ESTERO de Italia, para la ejecución de una línea de crédito por U$S 20:000.000 (veinte millones de dólares) con destino al financiamiento de la adquisición de bienes de capital de origen italiano.

- Se continuó con el apoyo a pequeños y medianos emprendimientos, habiéndose aprobado diversas solicitudes de financiamiento para préstamos a mediano plazo.

- Con respecto al BID-PyMEs, en el transcurso del año se canalizaron recursos por un total de U$S 2.095.517 correspondientes a 264 subpréstamos, lo que permitió alcanzar al 31/12/94 una utilización de fondos del programa por un monto de U$S 10:923.699, en 1.285 proyectos de micro y pequeños empresarios distribuidos en todo el territorio nacional.

6) 31/12/95

- Se aprobaron solicitudes de financiamiento a través de préstamos de corto y mediano plazo, en condiciones especiales de seguimiento de proyectos para el Movimiento de Horticultores de Salto, que nuclea un gran número de productores de dicho Departamento y para "Productora de Cebolla Dulce (Uruguay) Ltda.".

- Con respecto al BID-PyMEs, la colocación total de recursos justificados por la Instituciones Financieras intermediarias al 31/12/95 asciende a U$S 13:736.350,86 aplicados a 1.0539 subpréstamos.

- En el interior del país se concentra el 75% de los préstamos y el 68% de la colocación.

- Desde el 27/10/95 está operativa la 2da. Fase del BID-PyMEs por un monto de U$S 20:000.000, con plazos a 10 años, con una gracia de 3 años para activo fijo y 18 meses para capital de trabajo.

7) 31/12/96

- Para la 2da. Fase del BID-MyPE se logró la participación de 5 bancos (BROU, ACAC, Banco Caja Obrera, Comercial y Pan de Azúcar).

- Al 31/12/96 el total de recursos movilizados asciende a U$S 20:128.878,11, aplicados a 1.691 préstamos, de los cuales el 75,34% se colocó en el interior de la República.

- La canalización de los créditos para inversión en bienes, obras y servicios o para vivienda, se efectuó a través de ACAC, Banco Comercial, BROU, Banco Santander, Banco Surinvest y BHU. En el período 1996, el monto de los préstamos ascendió a U$S 1:087.171.

- Se solicitó formalmente en nota de 11/12/96, la constitución de un nuevo Programa Microglobal, con un componente de financiamiento de U$S 20:000.000 y uno de cooperación técnica de U$S 2:000.000.

8) 31/12/97

- Se aprobó la Ley Nº 16.882 que creó un programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas, financiado por el Poder Ejecutivo mediante la emisión de Bonos del Tesoro y ejecutado por la Corporación Nacional para el Desarrollo por U$S 30:000.000 (treinta millones de dólares). Se llamó Programa "Corporación" y estuvo destinado a atender los requerimientos de financiamiento del sector de los micro y pequeños empresarios a la hora de producir bienes, comercializarlos o prestar servicios.

- En el mes de enero se dispuso de los primeros U$S 3:000.000.

- En cuanto a BID-MyPEs, partiendo de un componente de U$S 7:000.000 de recursos de origen BID, se han movilizado hasta la fecha U$S 40:203.502,45, que han sido recibidos por 2.681 pequeños empresarios, de los cuales el 76% reside en el interior.

- El 89% de los créditos han sido destinados a capital de inversión

- En el curso de 1997 se movilizaron U$S 20:074.624,34, lo que significó un incremento del 99,73% sobre el total de lo colocado con anterioridad.

9) 31/12/98

- Con relación al Programa "Corporación", al 31/12/98 firmaron convenios para operar con la línea, instituciones financieras reguladas y no reguladas por el Banco Central del Uruguay: Banco Pan de Azúcar (luego Banco de Crédito), Banco La Caja Obrera, ACAC, COFAC, FUCAC, CAYCU, CACDU, PROLECO y las fundaciones FUNDASOL Y FUAMM (Banco de la Mujer).

- Financia capital de inversión por hasta U$S 60.000 con un plazo máximo de repago de hasta 5 años; y capital de trabajo hasta U$S 30.000 con un plazo máximo de hasta 18 meses.

- La colocación total al 31/12/98 fue de U$S 9:817.622, concedida a través de 613 préstamos.

- En la Nota 13 de los estados contables se dice que al 31/12/98 el Ministerio de Economía y Finanzas depositó aproximadamente U$S 8:000.000 en el Banco Central del Uruguay, el cual fue totalmente utilizado por los subagentes. Sin embargo, las cifras establecidas en las Notas no coinciden con las que figuran en la Memoria.

- Se crea una nueva línea de crédito destinada a jóvenes microempresarios de entre 18 y 29 años, con un máximo de crédito para capital de inversión de U$S 25.000 (plazo máximo de hasta 6 años) y para capital de trabajo de U$S 15.000 (plazo máximo de hasta 18 meses). Se lanzó en Salto el 29/5/98, bajo la denominación de "Jóvenes de la Corporación".

- El 1/12/98 se lanzó el programa "Credijoven", con fondos aportados por Corporación Nacional para el Desarrollo y el BROU de U$S 10:000.000, para el otorgamiento de 1.000 créditos de hasta U$S 10.000 cada uno para activos fijos, y de hasta U$S 3.000 para capital de trabajo.

- El 10/12/98 se firmó el Programa Multisectorial II del BID por U$S 155:000.000, que se destinará tanto a pequeñas como medianos y grandes emprendimientos.

10) 31/12/99

- El BID-MyPEs movilizó hasta el presente un total de $ 47:224.165, de los que $ 31:491.745 corresponden a recursos del BID y el resto son aportes de las instituciones de intermediación financiera y de los beneficiarios de 3.350 créditos.

- El 71% de los préstamos fueron colocados en el interior del país.

- Con respecto al Programa Corporación, la colocación total ascendió a Enero de 2000, a U$S 13:496.490, aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se colocó en 923 préstamos, a un promedio de U$S 14.622.

- En la Nota 13 dice que al 31/12/99 el Ministerio de Economía y Finanzas ha depositado aproximadamente U$S 13:000.000 en el Banco Central del Uruguay de los cuales fueron utilizados U$S 12:954.075 por los subagentes.

- Con respecto al Programa Multisectorial II del BID, durante el año 1999 se colocaron recursos BID por U$S 32:254.745.

La enumeración de acciones presentada más arriba, ejercicio por ejercicio permite establecer que la Corporación habría canalizado créditos a micro y pequeños empresarios a fines de 1999 por un total de aproximadamente U$S 93.000.000 (noventa y tres millones de dólares) entre las diferentes líneas de crédito establecidas. Se dice que fueron beneficiados más de tres mil pequeños empresarios, pero los balances no especifican nada sobre la forma de operación y sus criterios de selección.

A continuación se presenta un cuadro que permite visualizar el flujo de ejecución en la canalización de estas líneas de crédito.

(las cifras son en millones de dólares)

Nos parece imprescindible tener información detallada sobre la forma en que se ha procedido para el otorgamiento de dichos créditos.

En suma, por todo lo antedicho se entiende que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la ley Nº 16.698 y el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, en la ocasión se ha cumplido con los requisitos previstos para la admisibilidad de la denuncia, que refieren a su entidad, seriedad, oportunidad y procedencia.

La información brindada demuestra fehacientemente que la denuncia posee una entidad suficiente en la medida que los hechos en cuestión refieren a la evaluación de la pérdida patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo que, al menos, puede cuantificarse en U$S 70.000.000 (setenta millones de dólares); así como a la determinación de las pérdidas sufridas en las inversiones colocadas en más de veinte empresas productivas que, de acuerdo a la información conocida, superaría los U$S 50.000.000 (cincuenta millones de dólares); así como la evaluación del manejo administrativo de las líneas de crédito a micro y pequeñas empresas por un valor estimado a fines de 1999 de U$S 92.000.000 (noventa y dos millones de dólares); y finalmente, la determinación de las razones jurídicas por las que la Corporación Nacional para el Desarrollo no aceptó entre 1990 y 1999 la auditoría por parte del Tribunal de Cuentas a efectos de ejercer el contralor del manejo de recursos públicos cuantiosos.

La articulación de la denuncia sustanciada en este escrito cumple, también, con el requisito de seriedad, por cuanto los elementos de juicio suministrados provienen del análisis de las propias Memorias y Balances del organismo, así como de los Informes de Auditorías de las Consultoras privadas contratadas por la Corporación a esos efectos y de las Auditorías e Informes del Tribunal de Cuentas, todos ellos documentos oficiales y auténticos que avalan los elementos presentados en el cuerpo de este escrito.

La presente solicitud de creación de una Comisión Investigadora cumple también con el requisito de oportunidad, puesto que la Corporación Nacional para el Desarrollo es un organismo que ha manejado un volumen significativo de recursos públicos y al que muy recientemente se le han asignado nuevas funciones relacionadas con el proceso de reactivación productiva del país. Ello hace aun más imprescindible aclarar su funcionamiento y, eventualmente, corregirlo modifcando su marco normativo en lo pertinente, a efectos de proveer mayores garantías sobre su gestión.

Finalmente, también resulta evidente la procedencia del petitorio de creación de una Comisión Investigadora por dos razones muy claras. En primer lugar, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha canalizado exclusivamente dineros públicos; toda su gestión ha estado sustentada en recursos provenientes del erario público, por lo que procede el ejercicio del contralor sobre su uso y destino así como una evaluación precisa y circunstanciada de sus resultados. En segundo término, la Corporación es, de acuerdo a la ley que le dio origen, una persona pública, por lo que se encuentra alcanzada por las facultades conferidas a las Comisiones Investigadoras parlamentarias.

De este modo queda evacuada la presentación de los fundamentos que sustentan la solicitud de formación de una Comisión Investigadora sobre ciertos hechos acaecidos en la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy cordialmente:

PABLO MIERES, Representante Nacional.

XLV. LEGISLATURA
Tercer Período

ACTA Nº 1

En la ciudad de Montevideo, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dos y siendo las diecisiete horas y diez minutos, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.-----------------------------------ASISTEN: los señores Representantes Nahum Bergstein, Jorge Pandolfo y Alberto Perdomo.-----------CONCURRE: el señor Representante mocionante Pablo Mieres.-----------------------------------------------------SECRETARÍA. Se desempeña en la misma el señor Secretario de Comisión designado, Juan Perdomo Bejerez.-------------------------------------------------------------MODERADOR: Abierto el acto el señor Secretario expresa que corresponde la designación de un moderador para dirigir el debate, proponiendo el señor Representante Nahum Bergstein para que sea designado en dicho cargo el señor Representante Alberto Perdomo. Se presta aprobación por la Comisión a dicha moción.-----------------------------------------------------Por Secretaría se procede a distribuir entre los miembros el texto de la moción presentada por el señor Representante Pablo Mieres y que diera lugar a la designación de esta Comisión Preinvestigadora.--------Acto seguido el señor Representante mocionante y en función de lo dispuesto por el artículo 118 del Reglamento, presenta ante la Comisión un legajo foliado correlativamente del uno al treinta dos, conteniendo la articulación de las denuncias que se distribuye entre los miembros de la Comisión y que pasa a integrar la presente acta.-----------------------------------------------------El señor Moderador cede el uso de la palabra al señor Representante mocionante, quien efectúa una exposición señalando los puntos principales de aquellas y respondiendo a las preguntas formuladas por los señores miembros de la Comisión.-----------------------------De todo lo actuado se efectúa registro taquigráfico cuya transcripción foliada de uno al veintisiete pasa a formar parte de la presente acta, a todos sus efectos.-Siendo las dieciocho horas y cincuenta minutos, se retira de Sala el señor Representante mocionante, pasando la Comisión a deliberar.----------------------------Se dispone efectuar el fotocopiado de la documentación aportada por el señor Representante mocionante que consta de sesenta y cuatro folios y distribuirlo a los miembros.- Asimismo se dispone que un sobre proporcionado por el mismo señor Representante y conteniendo cuadernetas con Memorias y Balances de la Corporación para el Desarrollo y documentación diversa, quede de manifiesto en la Secretaría de la Comisión a disposición de los miembros de la Comisión.------------------------------------------------------------------Se acuerda finalmente volver a reunirse en el día de mañana jueves catorce a partir de las catorce y quince horas a efectos de proseguir con la consideración del tema motivo de su designación y expedirse sobre el mismo.-----------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos se da por finalizada la reunión, labrándose la presente que firman para constancia los señores Representantes miembros, conjuntamente con el señor legislador denunciante y el señor Secretario de la Comisión.------------------------------------------------------------------

NAHUM BERGSTEIN, JORGE PANDOLFO, ALBERTO PERDOMO, PABLO MIERES, JUAN PERDOMO BEJEREZ, Secretario.

SEÑOR SECRETARIO.- Habiendo número, está abierta la reunión.

Señores Representantes: corresponde efectuar la nominación de un señor Diputado a los efectos de que actúe como moderador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Propongo al señor Diputado Perdomo.

(Apoyados)

SEÑOR MODERADOR (Perdomo).- De acuerdo con la tarea que se nos ha encomendado, la Comisión Preinvestigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene en el orden del día la misión de recibir al señor Representante que ha articulado las denuncias, señor Diputado Pablo Mieres, quien puede formular su planteo.

SEÑOR MIERES.- Lo que ustedes tienen delante es el documento por el cual se articulan los fundamentos del pedido de formación de la Comisión Investigadora en relación a la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Además de eso, estoy entregando a la Secretaría una copia de la ley de creación de la Corporación, un decreto reglamentario posterior del año 1987 y un conjunto de fotocopias de recortes de prensa que están referidos en el informe que ustedes tienen y que adjunto a los efectos de que puedan corroborar los elementos y los contenidos que en el informe se establecen en relación a los mismos.

No sé cuál va a ser el criterio de la Comisión, pero tengo a disposición de ustedes todos los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo así como los informes de Auditorías Externas producidos hasta el año 2001 inclusive. Realmente, es una cantidad de material extenso pero lo dejo en poder de la Secretaría a efectos de que, si algún integrante quiere estudiarlo o revisarlo, esté a su disposición.

Estos son los elementos documentales con los que me he manejado para llegar a la solicitud de formación de una Comisión Investigadora.

También me gustaría dejar sentada una posición previa. El cuestionamiento que está implícito en este planteamiento con respecto a la Corporación Nacional para el Desarrollo no es al instrumento en sí. Vale la pena decirlo: creo que un instrumento como la Corporación Nacional para el Desarrollo puede ser de mucha utilidad en un Estado moderno, cumpliendo una función relacionada con la promoción del desarrollo que es bien útil. De hecho, si uno mira los antecedentes de la creación de la Corporación encuentra que el promotor principal de ella a la salida de la dictadura fue Wilson Ferreira Aldunate. Justamente, Ferreira Aldunate la pensó y diseñó y el proyecto que se convirtió luego en ley la imaginó como un agente que coadyuvaba al desarrollo productivo del país. Como tal fue pensada la Corporación.

Si se rastrea más en los antecedentes, cuando vino el golpe de Estado, el entonces Senador Juan Pablo Terra estaba trabajando en un proyecto de ley de creación de una Corporación Nacional para el Desarrollo de tales características.

No tengo un cuestionamiento filosófico a la idea de este organismo sino, por el contrario, la opinión que tengo es que debe ser un instrumento útil para el país. La cuestión está relacionada con el funcionamiento y los medios que ha tenido en concreto esta experiencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Como se dice, en la articulación de los argumentos hay una primera parte que se refiere al marco jurídico y a los cometidos de la Corporación; luego hay un análisis de la evolución patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo; en tercer término hay una valoración sobre el contralor que la Corporación Nacional para el Desarrollo tuvo desde el punto de vista contable y financiero con las conclusiones correspondientes; en cuarto lugar nos referimos a las inversiones de la Corporación en empresas productivas con información que poseemos acerca de cada una de ellas. También hay un breve apartado relacionado con lo que ha sido la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la cuestión bancaria. Básicamente, en lo que tiene que ver con la capitalización de Bancos, expresamente, en el pedido de formación de la Comisión Investigadora, este punto no lo incluyo en virtud de algunos argumentos que luego pasaré a reseñar. El último punto de análisis es la participación de la Corporación como canalizadora de líneas de crédito a micro y pequeñas empresas a lo largo del período.

Por último, hay una conclusión acerca de los requisitos que el planteamiento de la solicitud de creación de una Comisión Investigadora debe cumplir. De acuerdo a la ley vigente, una Comisión Investigadora deberá establecerse si el planteamiento cumple con los requisitos de entidad, seriedad, oportunidad y procedencia.

Comenzando con el marco jurídico y cometidos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, debemos expresar que esta fue creada por Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985. En su artículo 11 se establecen los cometidos de la Corporación que voy a permitirme leerles brevemente porque nos ubican en el marco en que se esperaba que la Corporación actuara. En ese sentido, se plantea: "a) Incentivar el desarrollo empresarial, con participación del sector privado. b) Favorecer la creación de empresas, fortalecer las existentes, y participar, total o parcialmente, en su capital. c) Colaborar en las políticas económicas sectoriales, mediante la promoción de la inversión de capitales en sectores empresariales prioritarios. d) Analizar y señalar campos para nuevas inversiones, preparar proyectos concretos de inversión y promover el estudio de mercados para nuevos productos y para la colocación de la producción nacional. e) Fomentar la investigación, intercambio o incorporación de tecnología. f) Contribuir a la expansión del mercado de valores, favorecer la creación de empresas por acciones, cooperativas y otras formas de cogestión empresarial; promover la ampliación de capital en ramas de la actividad nacional donde se requiera la producción en escala y los recursos del sector privado sean insuficientes. g) Promover la racionalización de los procedimientos de administración empresarial. h) Promover el desarrollo científico y tecnológico nacional, en forma coordinada con la Universidad de la República y otros organismos públicos y privados, apoyando proyectos de investigación". Junto a eso, la discusión parlamentaria que se generó en torno a la aprobación de la ley que dio origen a la Corporación fue muy rica en los elementos que se aportaron. Al respecto, voy a citar una intervención del entonces Diputado Édison Rijo, que decía: "Lo que hay que distinguir es que no se trata de premiar, favorecer ni salvar al empresario privado; se busca con el artículo 25 (facúltese a la Corporación Nacional para el Desarrollo a adquirir total o parcialmente a las instituciones privadas de intermediación financiera, créditos de empresas deudores de aquellas) la reactivación del país, a fin de que esas industrias puedan, de alguna forma, contar con los recursos suficientes para volver a trabajar". En la misma línea, el entonces, Diputado Alberto Brause decía que: "Los dos grandes objetivos a que debe propender esta institución son la concesión de créditos a mediano y largo plazo y la participación en el capital accionario o social de las empresas privadas. Al contrario del Banco de la República Oriental del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo debe orientarse con un concepto distintos de la concesión de créditos, teniendo presente las políticas sectoriales específicas que se han diseñado y los propósitos que se persigue". Al mismo tiempo, en esa discusión parlamentaria, el actual Senador y entonces Diputado, señor Pablo Millor, sostenía: "Podemos sostener que haber calificado este organismo como una persona jurídica de derecho público no estatal, configura una manera elegante de abrir contralores para operaciones que, sea cual fuere la definición que se le da, están comprometiendo el patrimonio del Estado, ya que éste participa con el 60% del capital. Y si el Estado está habilitado de una manera genérica para comprar créditos malos, si se está legalizando la compra de carteras y si se pueden comprar acciones, emitir vales y obligaciones, nosotros podemos considerar que se está emitiendo deuda pública. Y cuando el Estado emite deuda pública, hay una disposición constitucional que lo somete a determinados controles. Por supuesto que existe un requisito constitucional establecido en la propia ley para integrar el capital inicial. Pero ¿dónde está el límite cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo empiece a firmar garantías y avales?"

Estas prevenciones tenían relación con lo que, de alguna manera, eran las garantías de contralor del funcionamiento de la Corporación para el Desarrollo que, como vamos a notar en el desarrollo de esta argumentación, luego se verifican con sobrada certeza.

El artículo 14 de la ley establecía que el capital de la Corporación sería en un 60% del Estado y en un 40% de accionistas privados. Por lo tanto, estaba previsto que el Directorio estuviera integrado por cinco Directores nombrados por el Estado y dos correspondientes al capital privado.

Sin embargo, hay que señalar que ese objetivo de integración del capital privado no se logró en absoluto; en ningún momento de la vida de la Corporación el capital que manejó este organismo perteneció al sector privado. Por lo tanto, el 100% del capital ha sido del Estado uruguayo. A su vez, si repasamos los cometidos que la ley atribuía a la Corporación y los comparamos con su funcionamiento en esos años, descubrimos, con claridad, que ha habido, por lo menos, un incumplimiento de los cometidos en cuanto a que los mismos no fueron desarrollados de acuerdo con lo previsto en la ley que la formó. El primer punto era definir el organismo y sus cometidos.

El segundo componente es el patrimonio de la Corporación para el Desarrollo. La ley de su creación fijó el patrimonio en N$ 10.000:000.000 -por su artículo 13- que en aquel momento equivalían a US$ 80:000.000. Luego, estableció un mecanismo de reajuste del patrimonio al 1º de enero de cada año de acuerdo con el IPC. Después, en el artículo 17, establecía que el Estado integraría ese capital en función de determinadas formas que están escritas en el informe.

El Banco de la República, que tenía que capitalizar la Corporación, completó su aporte en un 100% al 30 de noviembre del año 1993. Es decir que a esa fecha la Corporación había recibido todo lo que el Banco de la República estaba obligado a aportar.

El aporte de la Administración Central se ha ido ajustando por el IPC de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 247/87 y en cada ejercicio se presentó una nota a los estados contables en el que se establecía correctamente el cuadro evolutivo de ese aporte. Ese detalle, a partir del ejercicio de 1998, se deja de presentar, pero se continúa efectuando de acuerdo con lo previsto por ley.

Desde su creación hasta el fin del ejercicio 1999 el Estado había aportado a la Corporación Nacional para el Desarrollo un capital equivalente a US$ 101:000.000. Podemos decir que ese es el patrimonio de la Corporación que se había integrado hasta el 31 de diciembre de 1999. Esa integración se obtenía en base a los siguientes elementos. En primer lugar, lo establecido en la ley de creación. En segundo término, lo aportado a partir del convenio básico establecido en el plan de reconversión bancaria, que consta en las memorias y estados contables de la Corporación de los años 1990 y 1991. En tercer lugar, emisiones de Bonos del Tesoro. Por último, la ejecución del Programa de Apoyo a las PYMES, que se estableció en la Ley Nº 16.882 de octubre de 1997, y que consistía en US$ 30:000.000. Sin embargo, el patrimonio que la Corporación expresa en su balance de fines de 1999 indica que este ascendía a US$ 53:000.000, con lo cual estamos asumiendo que luego de doce años de funcionamiento la Corporación reconocía implícitamente, en su balance oficial de 1999, que había perdido casi la mitad de su patrimonio. Si habíamos establecido que US$ 101:000.000 era la integración patrimonial que se había generado a fines de 1999 y, sin embargo, la Corporación reconoció, en esa misma fecha, US$ 53:000.000, estamos hablando de una pérdida cercana a la mitad.

Luego, en los años 2000 y 2001 la Corporación recibió nuevos aportes de capital por un valor de US$ 8:900.000, lo que totaliza una capitalización, por parte del Estado a la Corporación, de US$ 110:000.000. Y en la memoria explicativa, adjunta al balance que cierra al 31 de diciembre de 2001, se reconoce, ahora sí, explicítamente, haber perdido el 63% del capital aportado, lo que significa una cifra aproximada a los US$ 70:000.000. Esto es lo que explícitamente la Corporación reconoce en su balance del 2001: el 63% del patrimonio y el equivalente a US$ 70:000.000.

Sin embargo, nuestro análisis, indica que en esa cifra no están incorporados otros rubros que, desde nuestro punto de vista y dadas las circunstancias que ahora vamos a reseñar, también se deberían imputar a pérdida patrimonial, con lo cual esa pérdida patrimonial completa de la Corporación podría situarse cercana al cien por ciento. ¿Por qué? En primer lugar, porque bajo el rubro "Créditos Financieros Diversos de Largo Plazo", se incluye un crédito por US$ 41:000.000 que corresponde a cuentas a cobrar por parte de la Corporación al Banco Central por las pérdidas que la Corporación generó, originadas por la participación de esta en el Banco La Caja Obrera, en el Banco Comercial y Banco de Crédito. Sin embargo, durante todo el período considerado, el supuesto deudor no confirmó la existencia de tal crédito. Es decir, las Auditorías sucesivas que se fueron desarrollando con respecto a la Corporación, en ningún caso, pudieron confirmar que este crédito financiero de largo plazo de US$ 41:000.000 pudiera establecerse con claridad. O sea que se trataba de un crédito de cobro incierto. Esto no lo decimos nosotros sino los auditores externos privados que la Corporación tuvo, fundamentalmente, a partir de la segunda década del noventa, cuando se señala, una y otra vez, como observación al balance de la Corporación que este crédito de US$ 41:000.000 no puede ser corroborado porque no hay confirmación acerca de que todavía pueda ser cobrado.

En segundo término, cuando bajo el rubro "Acciones" se incluye la participación de la Corporación en el capital de las empresas privadas en las que invirtió, nos encontramos con que una parte importante de esas empresas privadas no cuentan con Auditorías contables. Por lo tanto, resulta difícil establecer si esas inversiones siguen teniendo valorización o, por el contrario, deben ser pasadas a pérdida. Se valúan por el costo de la inversión como si eso fuera fijo y esas empresas en donde se invirtió no hubieran tenido ningún movimiento ni a favor ni en perjuicio. Por lo tanto, no sabemos si esas inversiones están correctamente valoradas o, por el contrario, deberían ser restadas. Este hecho no es menor, porque en algunos ejercicios las empresas en las que la Corporación Nacional para el Desarrollo ha invertido y que no han sido objeto de Auditoría superan el 50%. Quiere decir que más de la mitad de las empresas en las que la Corporación ha invertido dinero no ha sido objeto de Auditorías. Por lo tanto, los auditores de la Corporación no pueden corroborar que las cifras que esta dice tener en activo por su participación en ciertas empresas realmente exista. Las compañías en las que la Corporación ha invertido que tienen patrimonio negativo se presentan a valor cero, por lo cual no se contabilizan las pérdidas.

SEÑOR BERGSTEIN.- No entiendo.

SEÑOR MIERES.- Se trata de aquellas empresas que están funcionando, que la Corporación les reconoce pérdidas y, sin embargo, valora a los efectos del patrimonio su participación en cero y no incluye las pérdidas que puedan haber tenido. Este es el segundo factor que nos lleva a valuar que el estado patrimonial de la Corporación es más negativo que el que se reconoce expresamente.

Aparte de estas pérdidas, están los US$ 41:000.000 de los que la Corporación dice ser acreedora con respecto al Banco Central por pérdidas generadas en las operaciones de capitalización bancaria, más el hecho de que algunas de las empresas en las que la Corporación ha invertido no están auditadas y no pueden confirmarse los créditos que la Corporación declara.

En tercer término, hay créditos financieros con respecto a compañías en las que la Corporación ha invertido. Se establece como crédito US$ 1:500.000 que fue otorgado a Viñedos y Bodegas Bella Unión -VIBOBUSA- en el año 1988. Razonablemente, en el año 1997 se tenía que empezar a pagar pero se prorrogó hasta noviembre de 1999. Notoriamente, un crédito de US$ 1:500.000 no es cobrable; por lo tanto, debería restarse y aumentar el valor del deterioro patrimonial de la Corporación.

En cuarto lugar, hay un préstamo de US$ 3:350.000 a Agolán S.A. que es otra empresa en la que la Corporación ha invertido dinero. Dicho préstamo se otorgó en el año 1998 y fue calificado como crédito a corto plazo y a fines del año 2001 permanecía pendiente, cambiando su calificación a crédito de largo plazo. Esos US$ 3:350.000 que figuran como activo de la Corporación, dudosamente, puedan considerarse.

Debe señalarse que hasta el año 2000 los balances de la Corporación no realizaron ajustes por inflación. Por lo tanto, en el Ejercicio 2000, que es cuando por primera vez se realiza ese ajuste, se observa que la sobrevaluación del patrimonio que se había generado en el período anterior llegaba al orden de los $ 800:000.000. De alguna manera, esto confirma los problemas de confiabilidad contable que tuvieron los balances hasta el ejercicio 1999 inclusive.

Voy a referirme a las conclusiones en cuanto a este capítulo. De acuerdo con nuestro análisis y con los elementos que acabo de señalar, de los US$ 110:000.000 que conformaron los aportes patrimoniales del Estado uruguayo a la Corporación, ciertamente, estamos cerca de una pérdida casi total. Tenemos unos US$ 70:000.000 de pérdida reconocidos expresamente, más esos créditos de largo plazo con respecto al Banco Central, más esos créditos otorgados a empresas en las que la Corporación ha invertido y que no son recuperables.

Lo otro que queda de manifiesto en este análisis es que los procedimientos contables de valuación de activos que desarrolló la Corporación en estos años, técnicamente, han sido muy cuestionables. Han merecido -este es el siguiente punto en el que voy a ingresar- observaciones por parte de auditores externos significativos que nos llevan a formularnos varias preguntas. La primera tiene que ver con la creación de esta Comisión Preinvestigadora: ¿a qué se debió esta pérdida patrimonial tan aguda, en la medida en que se trata de recursos públicos del Estado uruguayo? ¿Por qué la Corporación no fue capaz de integrar aportes de capitales privados que fueran en conjunto en una sociedad con el cumplimiento de los objetivos? ¿Por qué la Corporación, teniendo a su cargo tareas tan importantes en cuanto a los recursos financieros que maneja, utilizó desde el punto de vista contable con tan poca prolijidad sus propios balances durante todo el período?

Voy a entrar en el tercer punto, que es la valoración del contralor contable y financiero de la Corporación. Aquí entramos en el asunto famoso de la capacidad del Tribunal de Cuentas de auditar o no a la Corporación. Desde su creación hasta el ejercicio del año 1989, la Corporación Nacional para el Desarrollo fue auditada por el Tribunal de Cuentas sin ningún problema. El Directorio de la Corporación admitía -como no podía ser de otra manera- que, tratándose de recursos y de una persona pública, debía enviar sus balances al Tribunal de Cuentas y este hacer la auditoría correspondiente. El balance del año 1989 fue objeto de un dictamen negativo por parte del Tribunal de Cuentas. Este dictaminó que el balance no representaba la situación financiera y patrimonial del organismo en función de las siguientes consideraciones: por las observaciones que la propia auditoría externa privada presentó, por no haber sido consistente este balance con el ejercicio anterior, en cuanto a la creación y mantenimiento de una previsión por desvalorización que hubiera afectado los resultados negativamente y por presentar una pérdida del ejercicio subvaluada por un importe del orden del 120% de la contabilizada.

Estos son los argumentos que el Tribunal de Cuentas da para establecer un dictamen negativo. Se trata de observaciones que no son menores. Como respuesta a esto la Corporación resuelve al año siguiente que no va a aceptar más auditorías del Tribunal de Cuentas, en función de argumentos jurídicos. De acuerdo con su leal saber y entender, el Directorio interpretaba que debía enviar el balance de la Corporación al Tribunal de Cuentas para su visado. Cuando en el año 1990 los funcionarios del Tribunal de Cuentas pretendieron ingresar a la Corporación para estudiar la documentación a efectos de auditar el siguiente balance, se encontraron con la negativa. Eso ocurre año tras año bajo protesta del Tribunal de Cuentas, que todos los años reclamó el derecho que le asistía de auditar a la Corporación. Una y otra vez los sucesivos Directorios se negaron a la auditoría hasta el año 2000. En ese año el nuevo Directorio reinstaura la postura prevaleciente en el primer período de la Corporación y establece que los balances de 2000 y 2001 serán nuevamente objeto del Tribunal de Cuentas.

Este tema merece un análisis profundo. Estamos hablando de dineros públicos a los que la Corporación de manera reiterada y obcecada negó su fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, que es el que se encarga de valorar qué es lo que se hace y lo que no. Cierto es que la Corporación fue auditada por auditores privados externos durante todo el período. En el texto figura la lista de quiénes son los auditores externos de cada año, hasta 1999 inclusive. Es real que la Corporación fue rotándolos, modificándolos y variándolos por períodos de tres años, con excepción del último, que a partir de 1995 es una única auditora la encargada hasta 1999 inclusive.

Ustedes van a tener a disposición los informes de esas auditorías externas.

En los primeros años no hay salvedades; las observaciones son muy pocas.

En el año 1992, se produce un dictamen sin salvedades y sin observaciones.

En el año 1993, las auditorías externas comienzan a producir dictámenes con salvedades. En particular, el famoso crédito con respecto al Ministerio de Economía y Finanzas con relación a la capitalización de los Bancos, aparece como una de las observaciones principales.

Sobre el balance correspondiente al ejercicio 1994, se encuentra que no hubo balances auditados que permitieran valorar las inversiones en las empresas Agolán S.A., Maceol S.A., Suragrios S.A. y Janor S.A. que, en conjunto representaban el 17% de las inversiones del organismo. Tampoco se pudo establecer con propiedad el valor de las deudas generadas por El Mago S.A., sobre las que el balance adjudica un valor estimado, pero no preciso.

Desde 1995 a 1999 la auditoría pasa a manos de Coopers y Lybrand. Todos sus dictámenes han sido con salvedades importantes. Paso a reseñar básicamente los mismos: 1) los balances no reflejan íntegramente los efectos de la inflación; 2) se reitera en cada ejercicio la imposibilidad de confirmar el crédito a cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas...

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿El crédito era por los aportes que se hizo a los Bancos intervenidos?

SEÑOR MIERES.- Exactamente.

Continúo con la síntesis: 3) la ausencia de balances auditados en algunas de las inversiones de la Corporación; 4) que dicha ausencia no les permite confirmar la cobrabilidad de los créditos y 5) no se ha podido confirmar el valor de la inversión en tres inmuebles en el departamento de Salto correspondientes al establecimiento El Espinillar, que es un tema ciertamente específico.

En el año 1996, el Tribunal de Cuentas, que recibía el balance de la Corporación y el informe de auditoría externa, pero no podía auditar directamente, al analizar el informe de la auditoría externa, elaboró un informe que establece que las salvedades que la auditoría externa había establecido representaban el 57,7% del valor patrimonial de la Corporación.

Con respecto al ejercicio del año 1998, las salvedades establecidas por esta misma consultora, evaluadas por el Tribunal de Cuentas con relación al patrimonio, llegaban al 94,9% del patrimonio. Inclusive, el informe interno del Tribunal de Cuentas sostiene una discrepancia con el auditor externo, en el sentido de que dadas esas condiciones, la auditoría no podría haberse expedido y debería haberse abstenido de opinar. Las auditorías externas daban un dictamen con observaciones, pero aprobaban; el Tribunal de Cuentas, con la lectura de esos mismos informes de auditoría, señalaba que no era correcto dar ese dictamen.

Pero hay un tema más importante con respecto al balance del año 1998: que el Banco de la República, que integra la Corporación Nacional para el Desarrollo en un porcentaje accionario menor -tiene un porcentaje de acciones cercano al 5%-, no lo aprobó. Estamos diciendo que los representantes del Banco de la República, en la Asamblea de Accionistas de la Corporación, cuanto esta se dispone a aprobar el balance del año 1998, votan en contra. Y esto lo pueden corroborar, porque salió publicado en "El Observador" del 22 de mayo de 1999, cuando uno de los Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el escribano Gemelli, es consultado acerca de esa situación, quien la calificó como "[...] un tema menor [...]". O sea que el Banco de la República tenga una opinión de discordancia acerca del balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo, al punto de no votarlo en la Asamblea de Accionistas, para el Director de la Corporación es un tema menor. Creo que es algo realmente grave que se esté planteando que no hay problema con el hecho. No estamos hablando del Tribunal de Cuentas, al que durante toda la década se le impidió opinar y estudiar a fondo lo que pasaba dentro de la Corporación; ahora estamos hablando del Banco de la República, que también opina negativamente sobre los resultados de un balance.

En el año 1999, las salvedades representaban el 80% del valor patrimonial de la Corporación.

Por lo tanto, resulta a todas luces necesario investigar cuáles son las causales que determinaron que la Corporación, durante una década, no fuera auditada por el Tribunal de Cuentas, siendo que esta Corporación manejaba cientos de millones de dólares que pertenecían al Erario.

A su vez, los resultados presentados por los informes de los auditores mostraron observaciones de gran importancia y, sin embargo, la Corporación reiteró las mismas situaciones todos los años. Creo que acá hay un elemento importante a considerar. La Corporación no tomaba en consideración las observaciones de los auditores externos, porque cada año las observaciones se reiteraban. Por lo tanto, de alguna manera, no había un diálogo. Es decir, la Corporación realizaba sus balances con absoluta prescindencia de la opinión de sus auditores externos y con absoluta ignorancia de la pretensión del Tribunal de Cuentas acerca de su auditoría.

Finalmente, la forma en que la Corporación valoró las inversiones que realizó en las empresas, es otro hecho que debe ser objeto de investigación.

Hay una polémica que se instaló en el año 1997 a nivel público, en donde un legislador de aquel entonces, el señor Senador Mallo, se quejaba de la incapacidad que tenía el poder político y el Estado uruguayo para controlar el patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Estoy tomando como referencia unas declaraciones del Senador al diario "La República" del 7 de junio del año 1997. Dice así: "[...] había un patrimonio que tuvo su origen en el Estado que el Estado no controla [...] Yo que en materia financiera vivía en el institucionalismo jurídico, creía que las reglas de la constitución se aplicaban, percibí claramente y hace un tiempo que hay un institucionalismo político que tiene una distancia con el institucionalismo real [...]". Y, con relación a esa polémica, la doctora Milka Barbato -quien era la Presidenta de la Corporación en aquel entonces- justificaba la falta de información pública diciendo en el diario "La República" de la misma fecha: "[...] La razón de esta reserva se refiere a la necesidad de mantener en un ámbito muy restringido la información relativa a empresas que desarrollan una actividad comercial o industrial [...]".

A su vez, un tiempo antes, el 19 de octubre de 1995, el semanario "Búsqueda" consignaba que la doctora Barbato -ya Presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo- se había negado a dar información sobre las pérdidas de la Corporación en sus inversiones empresariales. A esas nos vamos a referir, que es el cuarto punto, es decir, las inversiones de la Corporación Nacional para el Desarrollo en las empresas productivas. Me van a disculpar, pero este va a ser el capítulo más largo, porque efectivamente son 26 empresas en las que la Corporación invirtió durante el período considerado. Estamos dejando de lado los Bancos; estamos hablando estrictamente de las empresas productivas.

El primer dato que hay que consignar es que cuando uno analiza los balances, se encuentra con ausencia de información relevante sobre varias de las inversiones que la Corporación realizó.

Se puede decir que los Directores de la Corporación, a mediados de la década del noventa, señalaron públicamente en distintos medios de prensa los criterios que debía seguir la Corporación para orientar sus inversiones en empresas. Decían que estas debían ser portadoras de "innovación tecnológica", "orientadas a la exportación", "que ocupen mano de obra" y que "generen valor agregado nacional". De alguna manera, esos son los criterios rectores que los Directores de aquel entonces señalaban que debían orientar las inversiones.

También se decía que la Corporación debía dejar de ser un CTI de empresas, como había sido en un principio, para apostar a inversiones con potencialidad productiva y de desarrollo.

En el informe van a poder apreciar que, por un lado, tenemos separado las empresas en las que la Corporación continúa a la fecha -a fines de 1999- manteniendo su inversión, y luego aquellas que, en el momento en que cerramos el período -que es a fines de 1999- la Corporación ya había vendido o transferido su control.

En las primeras, van a ver que vamos a encontrar información muy fragmentaria, porque en los balances no hay información sobre el valor de las inversiones iniciales realizadas, es decir, de la primera aportación de capital en VIBOBUSA, en Cedetex S.A., en Saidensur S.A., en Bildesol S.A. -después, obtuvimos el dato de que podían ser unos US$ 500.000-, en Central Apícola y en Uruccop S.A. O sea que estamos hablando de ausencia de información básica en los balances. No sabemos cuánto invirtió la Corporación cuando ingresó en estos emprendimientos.

Con respecto a Maceol S.A., lo que sabemos y trasmitimos, es que la Corporación Nacional para el Desarrollo compró por US$ 5:000.000 el Establecimiento El Espinillar y conformó una asociación con otras cuatro empresas privadas, que el 29 de diciembre de 1994 le compraron a la Corporación gran parte de dicho establecimiento por un valor aproximado de cuatro millones doscientos mil dólares. De acuerdo con informaciones periodísticas del diario "La República" de setiembre de 1995, la Corporación Nacional para el Desarrollo mantuvo en su propiedad 531 hectáreas que incluían montes de eucaliptos, tierras de pastoreo, el predio de la planta industrial y las viviendas de los funcionarios. No tenemos información sobre el resultado final de dicha inversión. Estamos hablando de Maceol S.A. Sabemos que la inversión inicial fue de US$ 5:000.000 y que vendió una parte importante de ese emprendimiento a empresas privadas por US$ 4:200.000.

A mediados de 1995 el Director de ANCAP, Saúl Posada, solicitó aclaración a la Corporación Nacional para el Desarrollo sobre el procedimiento seguido en dicha inversión y su posterior venta a empresas privadas. De acuerdo con la información de prensa de "La Mañana" de 25 de junio de 1995, las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo negaron al Director de ANCAP la información solicitada.

Agolán S.A. es un emprendimiento textil que arrienda las instalaciones de Campomar y Soulas, en Juan Lacaze, Colonia. De acuerdo con lo consignado en el Balance del Ejercicio de 1998, se habría otorgado un préstamo por parte de la Corporación a favor de dicha empresa por un valor de US$ 3:350.000 pero, según los datos que tenemos, la inversión inicial fue de US$ 350.000; pero luego está ese préstamo por US$ 3:350.000 que, como decíamos, es un préstamo que primero fue calificado de corto plazo, hoy ya es de largo plazo y, razonablemente, es dudoso que pueda ser recuperado.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Anda mal esa empresa?

SEÑOR MIERES.- No lo sé, no hay datos en los balances que puedan establecerlo. Hay quien dice que es de los pocos emprendimientos que ha tenido una evolución positiva. Por supuesto, nos gustaría tener esa confirmación.

La inversión en Mi Granja S.A., obviamente, es un tema mucho más conocido a nivel público y está en este momento en análisis en sede judicial. Sin embargo, vale la pena señalar que desde el punto de vista del análisis del funcionamiento de la Corporación aquí hay un punto muy sustancial de la historia de las inversiones de la Corporación en empresas productivas. El 21 de marzo de 1990 la Corporación ingresó a Mi Granja S.A. con una participación del 11% que equivalía aproximadamente a US$ 1:300.000. Es decir que esa fue la inversión inicial. Ingresó, además, junto con la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Interamericana de Inversiones. Estamos hablando de una asociación en que había organismos internacionales porque estas corporaciones, en definitiva, tenían que ver con el BID y el Banco Mundial; a su vez, participaba la Corporación Nacional para el Desarrollo y socios privados.

En los ejercicios de 1993 y 1997 la inversión de la Corporación en Mi Granja S.A. se redujo, al 9% y al 7%, respectivamente.

En 1999, la Corporación Nacional para el Desarrollo resuelve tomar el control accionario y de gestión de la empresa. La cuestión es muy sorprendente porque desde 1995 la Corporación había dicho en muchas oportunidades -hay declaraciones de la Presidenta de la Corporación, la doctora Milka Barbato en "La Mañana" del 13 de febrero de 1995, en "Crónicas" del 23 de marzo de 1995, en "El Observador" del 7 de setiembre de 1997, y del escribano Julio Gemelli en "Búsqueda" del 19 de octubre de 1995, entre otras- que la Corporación no volvería a asumir participación mayoritaria en empresas, que la idea era hacer un aporte, un acompañamiento y luego salir de ellas. Se dijo que no se iban a repetir las experiencias de capitalización total, de asumir la propiedad completa de empresas como ocurrió en los casos iniciales del Frigorífico Canelones, Frigorífico Colonia y "El Mago S.A.". Sin embargo, contra todas esas definiciones de política y de estrategia, en agosto de 1999, según las informaciones del diario "El Observador", la Corporación Nacional para el Desarrollo había adquirido al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo su participación en Mi Granja S.A., pagando por ella US$ 3:500.000. Eso suponía el 7% respecto a la participación del Banco Mundial y el 14% con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Cuánto habían invertido estas corporaciones internacionales?

SEÑOR MIERES.- No tengo ese dato aquí. Sé que la Corporación había participado con el 11% del capital y eso equivalía a US$ 1:300.000, y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo habían participado con el 7% y con el 14%, respectivamente. Entonces, la Corporación estaba pagando US$ 3:500.000 por el 20% del paquete de la empresa. En consecuencia, para evaluar el 80% restante, habría que multiplicar US$ 3:500.000 por cinco para tener idea de lo que la Corporación estimaba que la empresa valía en ese momento para pagar la cifra mencionada a esos organismos internacionales y desinteresarlos de su parte.

A su vez, se informaba que se estaban procesando negociaciones por una deuda de US$ 8:000.000 con el Banco República, con lo cual ya empieza a ser discutible que las partes de los organismos internacionales en Mi Granja S.A. valieran US$ 3:500.000 en un momento en que la empresa ya estaba reconociendo esa deuda con el Banco República.

Lo más curioso -y creo que este es un tema en el que hay que poner énfasis- son las explicaciones que los Directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo brindaban a la prensa cuando explicaban por qué habían comprado la parte al BID y al Banco Mundial, ya que no hay ninguna manifestación de optimismo sobre el futuro de la empresa. La doctora Barbato declaró textualmente a "El Observador" del 12 de agosto de 1999: "Si esto sigue así, no va a venir bien. Son muchos socios, las corporaciones del BID y del Banco Mundial, los sponsors," -era el nombre de los capitalistas privados- "nosotros, cada uno tirando para su lado". El escribano Julio Gemelli, por su parte, indicó: "El proyecto está atravesando una situación de impasse en el que no había un buen relacionamiento entre los propios socios. Las dos corporaciones internacionales no se ponían de acuerdo con los socios privados uruguayos con respecto a quién y cómo gerenciaban la empresa".

Fíjense cuál era el razonamiento de estos jerarcas. La empresa estaba pasando por un mal momento, no venía bien, había discrepancias entre los distintos socios y, entonces, ¿qué hace la Corporación? Incrementa su participación en la empresa. Compra la parte por un valor realmente sorprendente -US$ 3:500.000- al BID y al Banco Mundial y se queda con una parte acrecida a casi el 30% del total del paquete. Yo les diría que entre eso y la declaración que hizo el Directorio de la Corporación en el sentido de que no iban a incrementar las participaciones en empresas, resulta, por lo menos, muy sorprendente la decisión tomada por el Directorio al respecto.

Luego, como resultado de diversas transacciones con los accionistas privados, la participación accionaria de la Corporación en Mi Granja S.A. aumenta al 80% al cierre del ejercicio del año 1999 y, después, en el año 2000, aumenta al 100%. Entonces, la Corporación se queda con todas las acciones de la empresa liberando a los accionistas privados de las garantías que habían ofrecido por las deudas de la empresa. Esto es conocido; ha sido publicado reiteradamente en la prensa, pero no por ello es menos grave o menos importante de ser señalado.

La Corporación adquirió los créditos de los accionistas contra la empresa por un total de siete millones de dólares. Es decir que no contenta con liberar al BID y al Banco Mundial de su participación en una empresa que iba mal, además, libera a los accionistas privados y apoya con fondos adicionales por US$ 3:869.000, liberando de toda responsabilidad a los socios privados en momentos en que la empresa ya atravesaba enormes dificultades y los otros socios internacionales habían resuelto retirarse.

Si esto es defender el patrimonio del organismo que se dirige, realmente, yo no sé qué decir. Si uno tiene una participación acotada del 10%, que después es el 9% o el 7%, y cuando la empresa va mal, empieza a comprar la parte de los otros socios y termina quedándose con el agujero, demuestra mala gestión y mala administración. Si eso no es así, no sé qué podemos decir qué sea una demostración de mala administración y mala gestión.

En diciembre de 2001 la Corporación termina vendiendo el paquete accionario a un grupo inversor israelí por US$ 3:750.000; por lo tanto, la pérdida neta de la Corporación en Mi Granja S.A. superó los US$ 13:000.000.

La explicación para este proceso es realmente sorprendente; no hay razones. El semanario "Búsqueda", el día 22 de agosto de 2002 establecía que la Confederación Granjera ha denunciado la competencia desleal de Mi Granja S.A. y su impacto en la distorsión del mercado frutícola. Además, se puede decir que la participación en Mi Granja S.A. no precisamente ha favorecido al sector. Es decir, ha generado distorsiones, competencias desleales; entonces, se desvirtúa todo. Si uno recuerda los cometidos originales de la Corporación, hay otro argumento más en el sentido de su desnaturalización, porque no solo invierte en una experiencia frustrada sino que cuando nota que se está frustrando aumenta su participación y cuando termina de frustrarse, tiene todo el paquete accionario en sus manos. Además, todo eso ha generado perjuicios a los demás productores granjeros.

SEÑOR MODERADOR.- Si mal no recuerdo, en la declaratoria de interés nacional de esta empresa se incluía la posibilidad de que fuera cien por cien para la exportación al inicio, bajo el argumento de que el descarte iba para el mercado interno y había un porcentaje importante no exportado que terminaba en el mercado interno. Recuerdo claramente a los granjeros de Canelones hablar de más de un 60% en el mercado interno, lo que cambiaba las reglas de juego en función de exoneraciones y declaratorias de interés nacional y departamental que había tenido este proyecto.

SEÑOR MIERES.- Exactamente; usted lo ha dicho. Es claro que hay un problema grave desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista de la mirada más corta, que es que la Corporación pone dinero y pierde US$ 13:000.000, sino por el impacto adicional que genera sobre todo el sector.

Con respecto a Mi Granja S.A., hay un elemento más que vale la pena reseñar. Uno de los argumentos que manejó el escribano Gemelli en un reportaje realizado en Radio "Sarandí" hace muy poquito tiempo y que transcribió "Búsqueda" en su edición del día 3 de octubre de 2002, fue que una de las razones que motivó el mal resultado de Mi Granja S.A. es que se creía que había napas subterráneas de agua debajo de los predios que eran objeto de la producción y que se encontraron con que eso no era así.

Realmente es impresionante encontrar tanto nivel de incompetencia técnica al no haber confirmado la existencia de las napas subterráneas y luego haber tenido que hacer una obra de riego extremadamente cara, que supuso ir a buscar el agua lejos y trasladarla hasta el predio y que esto se diga con total liviandad: "Bueno, no nos dimos cuenta; creímos que había agua debajo de los predios". La ecuación económica era muy diferente, porque tener el agua para el riego a disposición no era lo mismo que hacer una obra de riego, como la que efectivamente se hizo con costos muy importantes, cambiando totalmente el resultado. Pero que la Corporación invierta en esto y que después sepa que efectivamente se erró en la previsión sobre el agua disponible y que aún así aumente la participación en la empresa y compre las partes de los socios, es realmente sorprendente.

Pero más sorprendente es -y creo que esto es motivo para reclamar que hay gente que no está capacitada para actuar en la función que actualmente tiene- que el escribano Julio Gemelli haya dicho hace pocos días que ojalá hubiéramos tenido veinte Mi Granja, después que el resultado de esa operación fue US$ 13:000.000 de pérdidas. Creo que demuestra un nivel de testarudez, después de haber fracasado en una experiencia que no es digna de un administrador público que maneja fondos públicos del Estado uruguayo. Perdió US$ 13:000.000 y él piensa que debiera haberse perdido US$ 260:000.000, porque US$ 13:000.000 multiplicado por veinte es igual a US$ 260:000.000. Esto está escrito, y ustedes pueden leerlo; reitero que está transcripto literalmente en el semanario "Búsqueda".

Cuando pienso en esa expresión: "Ojalá hubiéramos tenido veinte "Mi Granja", creo que lo mínimo que se puede pedir a jerarcas que tuvieron bajo su administración una experiencia que termina perdiendo US$ 13:000.000 y comprando las partes de los socios para salvarlos, es que, por lo menos, reconozcan el error. Pero que me digan que en realidad debieron haber hecho veinte veces la misma experiencia es patético. Como también es patético que se diga: "Bueno, lo que pasa es que la Corporación trabaja con capital de riesgo; por lo tanto, es posible que se pierda en las inversiones". Uno puede perder en una, en dos, en tres, pero cuando los resultados son mayoritariamente, o casi todos, negativos, hay un problema muy serio que tiene que ver, por lo menos, con un nivel de incompetencia técnica fabuloso, con un nivel de incapacidad de gestión realmente impresionante.

En el caso siguiente, VIBOBUSA, la inversión inicial representó el 45% del capital. Se le concedió un crédito por US$ 1:500.000 en 1988, que hoy debe considerarse incobrable. En marzo de 2002, la Corporación firmó un preacuerdo con una empresa privada para la venta de sus acciones en US$ 1:100.00, más todos los pasivos existentes a esa fecha o que surgieran posteriormente pero generados con anterioridad. Acá, nosotros deberíamos saber cuánto perdió la Corporación Nacional para el Desarrollo en su inversión en VIBOBUSA, Viñedos y Bodegas de Bella Unión S.A.

En Canalmar S.A la inversión inicial representó el 17,8% del capital. Situada en la Ruta 102, se pensaba dedicar al procesamiento de carne vacuna y de pollo mediante la técnica de cocción al vacío y pasteurización, para una cadena europea de distribución de alimentos. Se trataba de un "joint-venture" integrado con capitales alemanes, franceses y uruguayos. Este proyecto fracasó y se dedicó a la elaboración de las bandejas para las escuelas públicas. Fuentes de la Corporación Nacional para el Desarrollo, citadas por "Búsqueda" del 19 de setiembre de 2002, dijeron que hasta la fecha se había perdido US$ 1:000.000 en esa experiencia. Sin embargo, a pesar del fracaso del emprendimiento, la Corporación incrementó su participación en el capital accionario de esta empresa, aumentado del 17% inicial al 50%.

Flor de Ceibo S.A. (Quinta "Los Naranjos") es un hotel termal situado sobre el río Daymán, cuyo costo total se estima en US$ 5:110.000. Se sabe que la Corporación ingresó en esta empresa mediante una inversión de US$ 593.000 y que ha concedido créditos por US$ 194.000 más.

En mayo de 2000, se firmó un convenio para la venta de las acciones a un grupo inversor, dado que -otra vez- el proyecto atravesó por problemas de financiamiento iniciales y debían enfrentarse mayores compromisos financieros. No sabemos de qué mayores compromisos financieros se trata, así como cuántos realmente se asumieron, cuántos se evitaron realmente por la venta; en definitiva, no tenemos información de los balances.

Southern Cross Timber S.A. es un emprendimiento con accionistas locales por un valor de US$ 10:000.000. Se trata de procesamiento de madera. El 95% de la producción estaría destinada a la exportación. En teoría es un aserradero de alta productividad, localizado en el litoral sur que buscaba obtener madera para pallets y cajones.

En el 2000 se firmó un acuerdo con una firma privada para vender las acciones de la Corporación en el año 2005 a un precio equivalente al total del capital integrado por este organismo.

A fines de 2001 la Corporación valuó la inversión en US$ 477.000. Esta cifra no incluye la situación de los créditos y se supone que se adeuda aproximadamente US$ 345.000 a una entidad financiera.

En el 2001 la empresa pasó a denominarse Maderas Aserradas del Litoral S.A., porque Eufores ingresó al emprendimiento. De acuerdo a Búsqueda -de fecha 3 de octubre de 2002- los nuevos socios evaluaron la situación de Southern Cross Timber como una empresa sin actividad. Es decir, otro fracaso notorio de inversión productiva. Sería bueno saber cuánta plata se perdió en este emprendimiento.

Sobre Saidensur S.A. es muy poca la información que hay; la inversión inicial representó el 29,5% del capital. No creo que esta empresa haya tenido un funcionamiento significativo ni tampoco que haya tenido pérdidas por falta de actividad.

Trimma Ltda. es una planta industrial maderera que se encuentra en el departamento de Flores y que tiene como actividad principal el tratamiento e impregnación de maderas con destino a postes y columnas. La inversión inicial fue de US$ 325.000 y luego se otorgó un crédito por US$ 353.000. Al respecto no existe otra información, excepto que a fines de 1999 fue liquidada, lo que implicó transferencias financieras para atender despidos y un porcentaje de las deudas que tampoco aparece cuantificado en los balances.

Urukor S.A. se encuentra ubicada en Montevideo. En mayo de 1999 se había realizado una inversión inicial por un valor de US$ 800.000; los balances no registran información adicional.

Petrouruguay S.A. es un 1%; pertenece a ANCAP en un 99%. Tiene como tarea la prospección, perforación, explotación, producción y comercialización de hidrocarburos y está radicada en Argentina.

Pig Uruguay S.A. -PIGUSA- tiene criaderos en Libertad y planta frigorífica en Pando. El aporte inicial, que era superior al 10%, consistió en US$ 900.000. El valor total del emprendimiento era de US$ 10:000.000. A fines del año 2000, dado que la Corporación debía prestar asistencias financieras reiteradas a esta empresa, se resuelve el retiro de este emprendimiento. No sabemos el costo total de esta participación.

Bildesol S.A. es un complejo hotelero denominado Arapey Thermal Resort. El costo total ascenderá a US$ 8:500.000. Está gerenciado por la cadena Barceló y la inversión inicial fue de US$ 500.000; al respecto no tenemos información sobre la evolución.

Central Apícola es una planta de envasado de miel para apoyar a los productores nacionales. La planta nunca funcionó a pleno; no se pudo concretar un convenio con CONAPROLE. Con relación al mercado externo solo siguió siendo redituable exportar a granel.

En este período se generaron deudas por US$ 500.000 de acuerdo a fuentes consignadas del Semanario "Búsqueda" de fecha 19 de setiembre.

Urucoop S.A. es un emprendimiento agroindustrial cuyo proyecto original consistía en constituir una trading con una firma española, pero nunca funcionó.

De acuerdo a informaciones periodísticas de El Diario de la noche -de fecha 13 de marzo de 1998- y de "Últimas Noticias" -de fecha 11 de marzo de 1998-, se había importado maquinaria por valor de US$ 500.000 proveniente de España e Italia.

La empresa está cerrada desde el 30 de junio de 2001 y la Corporación perdió US$ 140.000 de acuerdo a fuentes citadas por "Búsqueda". Sin embargo, habría que averiguar qué pasó con los US$ 500.000 de la maquinaria y si no hubo otras pérdidas por otro concepto.

Alcoholes del Uruguay S.A. es un emprendimiento en asociación con ANCAP. La asociación se realizó para darle más flexibilidad a ANCAP.

Estas son las empresas en las cuales al año 1999 la Corporación seguía manteniendo participación. Ahora me gustaría referirme a aquellas en las que al año 1999 la Corporación se había retirado.

Quiero indicar que, con excepción de VIBOBUSA y de Cedetex, en la mayor parte de estas empresas la Corporación integró su capital en estos emprendimientos en la década del 90. Las fechas de la inversión están claramente establecidas en este material.

SEÑOR MODERADOR.- En este material aparece una empresa denominada Saidensur que, a diferencia de las demás no cuenta con montos.

SEÑOR MIERES.- No cuento con esa información.

Reitero que me he manejado con los balances y con la información de prensa; no dispongo de otra fuente de información.

A continuación me voy a referir a las empresas en donde la Corporación ya no tenía participación en el año 1999 es El Mago S.A..

El Mago S.A. es una empresa que surge de un convenio con el Banco de la República, por el cual este transfiere a la Corporación los créditos que tenía el Banco con respecto a esa empresa, lo que equivalía a aproximadamente US$ 1:000.000. Esta suma se transfiere en acciones para la Corporación y además se reestructura el pasivo de la mencionada empresa. Es decir que la Corporación asume el 99,99% del capital social de El Mago S.A..

SEÑOR BERGSTEIN.- En empresas como El Mago la Corporación ingresaba voluntariamente o había habido un acuerdo a otro nivel en el que se disponía que la Corporación debía ingresar.

SEÑOR MIERES.- La pregunta es muy buena y creo que conviene distinguir.

El Mago S.A., Frigorífico Canelones y Frigorífico Colonia son transferencias de créditos que el BROU tenía con esas empresas y que lo que hacen es pasárselas a la Corporación para que esta busque recuperar la situación de esas empresas, salvar las fuentes de trabajo y volverlas a hacer viable en el mercado. Ese es el caso de esas tres empresas.

A mí no me consta ni aparece en las memorias ni en los balances que en el resto de los casos la solución sea la misma. Es decir, las inversiones que acabo de reseñar, en su inmensa mayoría, no aparecen justificadas como una decisión de transferencia de créditos del Banco de la República a la Corporación como forma de capitalización; no es así en el resto de los casos. Pienso que puede haber algún elemento que toque el tema en ese sentido con respecto a VIBOBUSA. Es decir que en relación a la situación de Bella Unión la inversión en VIBOBUSA puede tener que ver con la búsqueda de respaldo a la situación de la región -esto habría que averiguarlo- en un momento de crisis y de reconversión de la producción azucarera hacia otras alternativas. VIBOBUSA estaba en la línea de la reconversión de Bella Unión; se trata de CALVINOR, para decirlo de una manera más entendible. Ahí puede haber otra explicación que sea parecida a la de estas otras empresas, pero en el resto de los casos no.

SEÑOR BERGSTEIN.- La Corporación ha dicho que ha participado en diecisiete empresas, de las cuales tuvo ganancias en siete, pérdidas en cuatro -en las que participó voluntariamente- y las restantes pérdidas serían aparentemente de empresas en las que no participó en forma voluntaria. En realidad cuando hay una cesión de créditos que son de dudosa cobrabilidad, que el Banco de la República le hace a la Corporación, se podrá en todo caso imputar en el resultado final como pérdida de la Corporación. Pero la verdad es que para el Estado no hubo tal pérdida.

SEÑOR MIERES.- Quisiera hacer algunas aclaraciones al señor Diputado. No son dieciséis sino veintiséis. Las informaciones que han salido en prensa hablan de dieciséis y catorce de ellas con resultado negativo; diecisiete: quince con resultado negativo y dos con resultado posiblemente positivo. Puedo asegurar cuál es la razón que puede haber tenido el Estado para transferirle a la Corporación Trimma Ltda., Southern Cross Timber S.A., Los Naranjos, Canalmar S.A., Bildesol S.A. o Pig Uruguay S.A. No son empresas en las que la Corporación, de acuerdo a las memorias y balances, ingresa como transferencia de deudas del Banco República o por decisión del Poder Ejecutivo. Esto es distinto a lo que ocurre con los Bancos. Por eso, en la definición del objeto de esta investigación no planteo investigar sobre los Bancos, porque me queda bastante claro que la responsabilidad de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la absorción de Bancos en situación de dificultad y su posterior reventa, tiene muy poco que decir. Además, hay muchas decisiones que fueron objeto de investigación en su momento; otras están siendo objeto de investigación en otra Comisión Investigadora que está sustanciando actualmente.

Entonces, rescato que en el caso de El Mago S.A., del Frigorífico Canelones y Frigorífico Colonia, el origen es ese. En el resto, la impresión que uno tiene de acuerdo con la información que maneja, no es así. En todo caso, sería bueno que en el transcurrir de la investigación, si es que la Cámara resuelve en sentido favorable, podamos conocer cuáles fueron las razones. En todo caso, la pregunta inmediata será: ¿por qué estas y no otras? Está bien. Supongamos que estas empresas tenían dificultades y el Gobierno le transfirió a la Corporación Nacional para el Desarrollo esos clavos, hablando en buen romance. Pero las preguntas son: ¿solamente había esos clavos en el país? ¿Por qué esos clavos y no otros? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a elegir esas empresas y no otras? Esa pregunta vale igual. Vale tanto en el caso de que la Corporación haya decidido por sí y ante sí, como si fue de alguna manera mandatada por alguna instancia superior, en cuyo caso tampoco entendemos la figura jurídica de la Corporación, que se supone tiene tanta autonomía como para no dejarse auditar por el Tribunal de Cuentas y sin embargo tanta dependencia como para decir que no tiene responsabilidad sobre sus actos.

Los señores Diputados tienen toda la evolución de El Mago S.A.. Voy a referirme al final de la historia, que es muy larga. El Mago S. A. entra al patrimonio de la Corporación en el año 1988. Estamos hablando de deudas que la Corporación tenía y que debía cancelar con respecto a esta empresa. La pérdida total es fenomenal: US$ 9:700.000. Es decir, la Corporación perdió en El Mago S.A. a lo largo de todo ese proceso. Es cierto que recibió del BROU créditos por valor de US$ 1:000.000, pero terminó perdiendo US$ 9:700.000. Eso también merece un análisis porque, más allá de que el origen fue pasarle un clavo, cómo ese clavo fue gerenciado por ocho años y cómo termina ampliándose la cuenta hasta llegar a una liquidación final de US$ 9:700.000. Tengo alguna información verbal que no expresé por escrito en los documentos de que todavía hay algunos asuntos pendientes en la DGI con respecto a El Mago S.A.. El asunto es averiguar.

Con respecto a Malaquita S.A., la Corporación adquirió el 100% del paquete accionario de esta empresa en el año 1988 y fue objeto de remate judicial en el año 1993. Por lo tanto, en esos cinco años de administración por parte de la Corporación algún resultado debió haber ocurrido. En mayo de 1993 se negoció el traspaso de las actividades a la empresa Saltram S.A., quien la adquirió justamente en remate judicial. No tenemos información sobre el monto de la pérdida de la Corporación en este proceso de cinco años que van de 1988 a 1993.

En cuanto a Cerealín S.A. debo decir que la Corporación invirtió inicialmente US$ 177.000 en diciembre de 1990 lo que equivalía al 8% del capital accionario. Se trataba de una empresa dedicada a la producción de leche larga vida en el Departamento de San José. Solo se conoce información de que en el ejercicio 1997 fue dada de baja de las inversiones de la Corporación. No sé entre el año 1990 y 1997 cuál fue el resultado de gestión de esta empresa.

Janor S.A. es una curtiembre en que la Corporación invirtió el 40% de su capital accionario y no figura ninguna otra información. No tengo siquiera el valor equivalente del 40% de Janor. Solamente se consigna en el año 1994 que se compró el 40% del capital.

Suragrios S.A. es una empresa dedicada al citrus en la que la Corporación invirtió inicialmente US$ 70.000 en setiembre de 1993 y declaró créditos por un valor de US$ 298.000. De acuerdo a la información de los balances de la Corporación, este emprendimiento se abandonó en junio de 1997 sin que podamos tener una idea del resultado económico.

En Pérez Mackinnon y Martinelli S.A. se invirtió en diciembre de 1989 por un equivalente al 41% del capital accionario. El fundamento que se dio en los balances es que se buscaba contrarrestar las tendencias oligopólicas del mercado. No sé a qué se está refiriendo. No figura en los balances el monto de la inversión inicial ni tampoco su resultado. La Corporación se retiró de este emprendimiento en el año 1994. Sería bueno saber cuál fue el resultado.

Sobre la Compañía Forestal Uruguaya S.A. tenemos muy poca información. Se ingresó con el 15% en marzo de 1989 y la Corporación se retiró en setiembre de 1990. O sea que estuvo un año y poco. Tampoco sabemos cuál es el resultado de la inversión.

A los establecimientos Colonia S.A. y Frigorífico Canelones S.A. los trato en conjunto porque de hecho terminaron operando de manera conjunta. También hay un proceso muy largo. Simplemente, podemos decir que cuando la Corporación finalmente logra vender a empresarios privados estos emprendimientos, el resultado final de pérdida es de US$ 19:479.900. A lo que debemos agregar una pérdida del Banco República de US$ 24:000.000 de créditos no cobrados.

Agregaría un elemento más que no es una inversión sino una intervención de la Corporación Nacional para el Desarrollo en otro caso. Es el caso Establecimientos La Sierra en la localidad de Gregorio Aznárez en el departamento de Maldonado. Establecimientos La Sierra entra en situación de crisis económica y se le pide a la Corporación Nacional para el Desarrollo que asuma el papel de intermediario en la venta de la empresa. Es decir, que al tener la Corporación una actividad muy conocida en el mundo empresarial pudiera encontrarle un buen comprador a este emprendimiento. Aquí me manejo con información periodística. No aparece nada ni en la memoria ni en los balances, lo que es lógico porque no es una integración de patrimonios sino simplemente una gestión. A fines de 1996 la Corporación asume la venta de Establecimientos La Sierra. Esta empresa tenía deudas por US$ 25:000.000 y en el año 1996 se proyectaba un déficit de US$ 6:000.000. Esta información está consignada en El Observador del 12 de noviembre de 1996.

El 28 de diciembre de 1996 el diario "El País" informaba que la Corporación Nacional para el Desarrollo había actuado como promotora de la venta de dicha empresa a una empresa argentina, Atlancolor, que fabrica pigmentos básicos. Se informaba con bombos y platillos que la nueva empresa tendría una actividad creciente con perspectivas de exportación y que significará la mantención de puestos de trabajo en la localidad de Gregorio Aznárez.

En marzo de 1997 "Estediario" y "La República" informan que el nuevo propietario de Establecimientos La Sierra había comenzado a vender parte de las instalaciones, arrendado los silos a una empresa arrocera que solo ocupaba 25 personas y que la perspectiva era el cierre y la liquidación de la empresa Las autoridades de la Corporación deslindaron responsabilidad pero lo cierto es que asumieron un rol de asesoría en el proceso de venta; fue inclusive la foto del diario El País, de 28 de diciembre de 1996, la que muestra a las autoridades de la Corporación junto con los compradores y los vendedores dando respaldo y auspiciando esta gestión. La verdad es que no hay una que salga bien.

Además, la información periodística agrega que el precio de venta había sido muy bajo, de US$ 750.000, que ni siquiera era el valor de la maquinaria que luego el comprador revendió y que, por lo tanto, solo sacó ganancia por comprar y luego vender. Finalmente, hay un caso más que tomo de la prensa que tampoco es una inversión pero en donde hay una responsabilidad de la Corporación que nos gustaría aclarar. La Corporación Nacional para el Desarrollo recibió una demanda judicial de parte de inversionistas argentinos que declararon haber sido engañados en la venta de un inmueble en Melilla, en el departamento de Montevideo. El 7 de febrero de 1997 "El Observador" publicó un aviso por el que se ofrecía en venta un predio en la localidad de Melilla para construir un complejo de viviendas tipo country y la dirección donde se indicaba que podía obtenerse información era la de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El predio estaba situado en una zona rural del departamento de Montevideo y ya en ese entonces estaba prohibido fraccionar. Por tanto, quienes compraron lo hicieron en el supuesto de que iban a poder realizar un emprendimiento de viviendas. Ese aviso indicaba que podía utilizarse el predio para la construcción de un country. Eso es parte también de lo que queremos averiguar.

SEÑOR BERGSTEIN.- En este caso de los argentinos, hicieron una denuncia penal que fue tomada folclóricamente en el Juzgado porque se supone que alguien que va a hacer un emprendimiento serio y que compra tierras para lotear lo primero que hace es averiguar las reglamentaciones pertinentes. Tengo la idea que con este asunto quisieron -no lo recuerdo ahora con precisión- encubrir su propia falta en el tema porque es incomprensible que una persona vaya a comprar una tierra para lotear y no averigue nada en la Intendencia o en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR MIERES.- Comparto absolutamente la valoración que hace el señor Diputado Bergstein pero no es menos cierto que la Corporación Nacional para el Desarrollo no publica en un diario publicidad engañosa. En realidad esto es un detalle anecdótico comparado con el resto de los temas que tenemos que analizar.

El balance final de la actividad de la Corporación en lo que tiene que ver como inversora en empresas productivas indica que de las veintiséis empresas en que invirtió hasta fines de 1999 no existe información concreta que permita verificar que algunos de estos emprendimientos haya resultado exitoso; quizás haya, pero con la información que poseo no lo puedo establecer.

En la mayor parte de los casos se carece de información suficiente y, en los casos en que se posee tal información, los resultados son, en todos los casos negativos. Las inversiones sobre las que existe información más completa -El Mago S.A., Frigorífico Canelones S.A., Establecimiento Colonia S.A. y Mi Granja S.A.- arrojaron una pérdida acumulada de US$ 41:030.000, sin incluir en esto la pérdida que el Banco de la República pudo haber sufrido. Se conoce que las inversiones en VIBOBUSA, Canalmar, Southern Cross Timber, Pig Uruguay S.A., Malaquita S.A., Central Apícola y URUCOOP fueron de resultado negativo, aunque no contamos con información completa sobre el total de las pérdidas ocurridas. Los datos conocidos solo valorando la inversión inicial llegan a US$ 4:560.000. De modo que tenemos certeza de pérdidas por US$ 41:000.000 en los cuatro emprendimientos iniciales que acabo de mencionar, más US$ 4:500.000 como mínimo en las otras inversiones que sabemos fueron de resultado negativo.

La memoria correspondiente al cierre del ejercicio del 31 de diciembre de 2001 corrobora estas conclusiones, en el sentido de que reconoce que estas inversiones fueron negativas, pero no tenemos una valoración real de cuál es la pérdida total de estos emprendimientos. En relación al planteamiento que estamos haciendo parece imprescindible conocer cuál ha sido el resultado pormenorizado de cada una de las inversiones que la Corporación realizó en el período. Además, nos parece necesario establecer cuáles fueron los criterios y los fundamentos que determinaron que la Corporación invirtiera en estas empresas y no en otras; sería bueno saber si existieron estudios técnicos en cada caso que avalaran cada una de estas inversiones, si hubo llamados públicos a efectos de determinar qué empresa era más adecuada o si había que invertir en cierto sector de pronto había más de uno para elegir. Asimismo, sería bueno saber si la Corporación hizo estudios de factibilidad de cada inversión, estudios de mercado y, en definitiva, si acotó los márgenes de error para las inversiones que realizó. Sería bueno saber si la Corporación acudió a una coordinación con los Ministerios del ramo correspondiente, es decir, si chequeó con algún organismo público, por ejemplo, con el Ministerio correspondiente en cada caso para saber si era conveniente una inversión en determinada área y cuál fue el resultado de esas consultas. Asimismo, sería bueno conocer los fundamentos que llevaron a la resolución positiva de la inversión en cada caso, sobre todo porque ha habido críticas en cuanto a los criterios utilizados. Una fue la de quien era en ese momento Director de la Corporación, doctor Rodríguez Labruna que en "Búsqueda" de marzo de 1996 opinó que había criterios de selección para las inversiones que no eran técnicos. La otra fue la del economista Julio De Brun que después fue Presidente de la Corporación y en setiembre de 1995 en su columna de "El Observador" decía que la Corporación había actuado con el propósito de "disfrazar transferencias de capital hacia sectores y empresas con más interés político que económico". Yo no lo digo, lo dice el economista De Brun en una columna de "El Observador" que está en el material de prensa que ustedes tienen a disposición.

Sería importante conocer a quiénes se les vendió posteriormente las empresas o qué participación tuvieron los funcionarios de la Corporación en algunas de esas empresas -si la tuvieron o no, o si podían tenerla o no-, y si los compradores tienen o han tenido vínculos con el organismo de una u otra forma.

SEÑOR MODERADOR.- Esto es afirmar por vía de la lógica de que los funcionarios de la Corporación además de ocupar sus propios cargos en la Corporación, pudieron haber integrado Directorios o haber trabajado en los distintos servicios.

SEÑOR MIERES.- Yo no lo afirmo; me lo pregunto. Me parece que son de las cosas que debemos conocer. Es decir, si efectivamente hubo o no participación de funcionarios en las empresas en que la Corporación invirtió no como accionistas sino en cargos de gerencia o de gestión.

SEÑOR MODERADOR.- Quisiera saber si al respecto hay incompatibilidad expresa en alguna reglamentación.

SEÑOR MIERES.- No; pero no se puede estar de los dos lados de un mostrador. Si uno está en control de una sociedad y al mismo tiempo los funcionarios trabajan allí, es un problema muy difícil de manejar. En todo caso son elementos de evaluación que debemos hacer.

En cuanto a la actividad de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la capitalización de Bancos, en la documentación que presenté se hace un "racconto" muy breve.

SEÑOR BERGSTEIN.- Quisiera saber si esta relación que el señor Diputado Mieres hace de las distintas empresas está esquemáticamente en el informe por escrito, porque es imposible seguirlo.

SEÑOR MIERES.- Sí, figura en el informe.

Con respecto al tema bancario como dije al principio no lo integré como objeto de investigación por las razones que mencioné. Simplemente hay un "racconto" de los saldos finales de las operaciones de la Corporación en entidades bancarias que muestra un resultado muy negativo en el sentido de que -sin contar el episodio 2001-2002-, llegando a 1999, el resultado final es de unos US$ 177:000.000 de pérdida que por diferencia entre compra y reventa de Bancos -no solo por ello sino también por capitalización de Bancos, puesto en funcionamiento nuevamente y posterior venta- el saldo siempre fue negativo. El Banco Comercial, en la primera oportunidad -estamos hablando de fines de los años 80-, se compró en US$ 25:000.000 y se vendió en aproximadamente US$ 21:000.000; así podríamos seguir con cada uno de ellos, en donde los resultados son negativos. No lo incluyo como tema de investigación por las razones antedichas.

Me quedaría por tratar el último punto que refiere a la Corporación como canalizadora de créditos a micro y pequeñas empresas. Hay un "raconto" -ustedes lo tienen- de lo que aparece en cada ejercicio de actividad de la Corporación con respecto a este tema. Les diría que, en términos generales, hay un cuadro...

SEÑOR MODERADOR.- Este cuadro se refiere a la cantidad posible de beneficiarios que me parece extremadamente pequeña; se habla de tres mil. Más allá de que fue una línea, la de MyPE, que se crea por el año noventa y dos y tuvo un importante efecto multiplicador en cuanto a la conformación de oferta crediticia para el sector de la pequeña empresa y creemos que fue una labor interesante e importante, nos parece extremadamente poca cantidad de beneficiarios. En realidad, noventa y tres millones dividido tres mil no son montos tan pequeños.

SEÑOR MIERES.- Comparto la preocupación del señor Diputado Perdomo, pero es lo que señala el balance del año 1999. Se habla de tres mil pequeños empresarios.

SEÑOR BERGSTEIN.- Yo tenía otro dato; tres mil novecientos cincuenta y cinco, por los convenios que hacían con los Bancos.

SEÑOR MIERES.- Más de tres mil son, pero no creo que esa cifra, sino hubiéramos hablado de cuatro mil. De todos modos me parece que es un tema que hay que estudiar. Es decir, cuánto da la ratio entre total de monto prestado y total de beneficiarios que recibieron préstamos.

Desde el punto de vista de la gestión, la Corporación operaba como canalizador, es decir, recibía los préstamos y sus montos los transfería, a través de la Corporación, hacia los Bancos que otorgaban los créditos.

SEÑOR MODERADOR.- Como entidad de segundo grado.

SEÑOR MIERES.- Exactamente. Banco Pan de Azúcar, luego el Banco de Crédito, Banco La Caja Obrera, ACAC, COFAC, FUCAC, CAYCU, CACDU, PROLECO, las fundaciones FUNDASOL y FUAMM, Banco de la Mujer. Esos son los que aparecen como operadores en el caso del Programa "Corporación".

SEÑOR MODERADOR.- Quisiera saber si COFAC y BROU no aparecen en esa lista.

SEÑOR MIERES.- En el Programa "Corporación" solo COFAC. En el caso de BID-MyPE donde está ACAC, Banco Comercial, BROU, Banco Santander, Banco Surinvest y BHU. Son diversos, según las líneas de crédito.

Lo que a nosotros nos preocupa es que, en los últimos años, hay un incremento sustancial de tramitación de créditos. Si ustedes observan el cuadrito que está en la antepenúltima página del informe en el año 1993 se tramitan US$ 8:900.000; en el año 1994, US$ 2:100.000; en el año 1995, US$ 2:700.000; en el año 1996, US$ 6:400.000; en el año 1997, US$ 23:000.000; en el año 1998, US$ 13:000.000 y en el año 1999, US$ 36:000.000. En total da US$ 92:900.000.

De alguna de estas líneas de crédito aparecen simplemente informaciones de lanzamientos. "Credijoven", por ejemplo, se lanzó el 1º de diciembre de 1998 con fondos aportados por la Corporación y el BROU por valor de US$ 10:000.000 para el otorgamiento de mil créditos de hasta US$ 10.000 cada uno. Sin embargo, en los balances nada nos permite establecer cuántos créditos se otorgaron, en qué época, etcétera. También está el caso de "Jóvenes de la Corporación", un programa que también se lanzó -según tengo entendido- con bombos y platillos en algún salón de fiestas y que luego, en el balance, no aparece. Me gustaría conocer qué fue lo que pasó.

Las preguntas con respecto a este tema son las siguientes: ¿Cómo se seleccionaron los beneficiarios? ¿Cuál es la forma de acceso de los potenciales beneficiarios a las líneas de crédito ofrecidas? ¿Existen listas de potenciales beneficiarios?, ¿qué grado de publicidad poseen estas listas? ¿Cuál ha sido exactamente el monto total colocado año a año? Ese cuadro pretende dar cuenta de ello pero puede no ser exacto. ¿Cuál ha sido el retorno de esas colocaciones año a año, esto es, la recuperación de los créditos concedidos? ¿Qué porcentaje se ha cobrado y cuánto resta cobrar? ¿Cuál es la calificación del riesgo de la cartera a cobrar? ¿Cuál ha sido el resultado para los beneficiarios? ¿Por qué no se reflejan los movimientos en los estados contables? Si la respuesta es que no corresponden a movimientos propios de la Corporación, sino que son por cuenta y orden, ¿por qué no se informa con más detalle en las Notas a los Estados Contables? ¿Cuáles fueron los Bancos intervinientes en cada programa? ¿Cuál es la relación con dichos Bancos? y ¿cómo se opera?

En este punto hay un paréntesis que quiero hacer. Hay que tener en cuenta que alguno de esos Bancos eran propiedad de la Corporación cuando operaban como dadores de crédito; por tanto, en esos casos, me gustaría tener el resultado comparado, los Bancos que no eran propiedad de la Corporación y los que sí. Como también cuánto gestionaron cada uno de ellos y cuál es la recuperación de carteras en cada uno de ellos, para ver si hay diferencias de eficiencia o eficacia en la gestión.

Finalmente, se menciona a "Jóvenes de la Corporación" y "Credijoven" como líneas de créditos destinadas a micro y pequeños empresarios jóvenes; sin embargo, se hace referencia a lanzamientos pero no tenemos idea de cuál es el resultado.

Estos son todos los elementos que quería trasmitirles a los miembros de la Comisión Preinvestigadora y quiero cerrar la intervención haciendo una valoración acerca de los elementos que deben ser tenidos en cuenta a efectos de calificar el pedido de formación de una Investigadora. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Nº 16.698 y el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, los requisitos que deben ser cumplidos son entidad, seriedad, oportunidad y procedencia y, por supuesto -si no estaría haciendo este planteo-, entiendo que estos requisitos se cumplen sobradamente. ¿Por qué? La información brindada demuestra fehacientemente que la denuncia posee una entidad suficiente. Estamos hablando de una pérdida patrimonial mínima de US$ 70:000.000, si sólo tomáramos en cuenta lo que explícitamente la Corporación reconoce en su balance oficial. Estamos hablando de pérdidas por un monto mayor a US$ 50:000.000 en alrededor de una veintena de empresas productivas y de evaluar el manejo administrativo de líneas de crédito a micro y pequeñas empresas por un valor estimado de noventa y pico de millones de dólares. Por lo tanto, la entidad me parece que está por demás probada. Además, habría que agregar el hecho de que el Tribunal de Cuentas estuvo imposibilitado de auditar a la Coorporación durante una década entera.

La seriedad se desprende del hecho de que los materiales con los que hemos trabajado para suministrar la información a esta Comisión son el resultado del análisis de los balances y memorias de la Corporación en todo el período, más informaciones de prensa y declaraciones de los propios jerarcas, en muchos casos de la Corporación para el Desarrollo citados entre comillas. Por tanto, diría que la seriedad de la información que ustedes tienen en sus manos también se cumple.

La oportunidad, porque sin duda la Corporación para el Desarrollo es un organismo importante en el esquema institucional del país y al que además, las recientes leyes aprobadas en el Parlamento, le han asignado nuevas funciones relacionadas, en particular, con el proceso de reactivación productiva. Por lo tanto, nos parece que es absolutamente oportuno considerar si el funcionamiento de la Corporación ha sido el adecuado y, eventualmente, si es necesario, corregirlo, modificando en lo pertinente su marco normativo a efectos de que todos tengamos mayores garantías sobre sus resultados.

Finalmente, la procedencia es muy clara porque la Corporación Nacional para el Desarrollo ha canalizado dineros públicos y es, además, una persona pública. Por lo tanto, expresamente, en el marco legal existente, puede ser objeto de investigación. Procede, en el caso de que se cumplieran los otros requisitos, la realización de una investigación con respecto a este organismo.

Les agradezco la paciencia; espero no haber sido demasiado extenso, pero era lo que tenía para trasmitirles. Si no hay dudas, de mi parte estoy a las órdenes si hay necesidad de ampliación.

SEÑOR MODERADOR.- Quiero agradecer este trabajo que permite hacer el seguimiento de todo lo relatado.

En la pregunta respecto a cuál ha sido el resultado para los beneficiarios, ¿se está refiriendo a privados beneficiarios de la intervención?

SEÑOR MIERES.- Me parece que un componente importante es saber si se otorgan préstamos para llevar a cabo emprendimientos que son exitosos. No solo hay que tener en cuenta si se devuelve la plata, sino si sirvió para impulsar microempresas que tengan viabilidad. Ese es el sentido de la pregunta.

SEÑOR MODERADOR.- También es verdad -lo digo por algún conocimiento que tengo en esta área- que cuando se genera endeudamiento, este se funde con el propio capital del Banco y es muy difícil determinar ese recupero individual. Lo ideal sería realizar un seguimiento de todos los créditos micro planteados, pero es muy oneroso, máxime teniendo en cuenta el diseño de programa que se conformó en este aspecto, al contar con consultoras y con el seguimiento de las Intendencias y de la DINAPyME. Es muy difícil realizar un seguimiento individual -estoy pensando en voz alta- que tal vez estaría acogido al secreto bancario.

SEÑOR MIERES.- De pronto tiene razón y esa pregunta puntual está fuera del marco de las posibilidades de averiguación.

SEÑOR BERGSTEIN.- No sé cómo clarificar mi pensamiento.

La Corporación es un híbrido. Si bien el señor Diputado Mieres no está cuestionando la idea, esta está desconectada de la realidad. Es imposible adentrarse en todo esto y, al mismo tiempo, pretender un sistema de seguimiento y de controles inherentes a la actividad pública. El tipo de información que se solicita obligaría a ventilar la situación de privados -no estoy hablando del secreto bancario- que están fuera del campo de investigación nuestra. En cada uno de los emprendimientos parecería que hay una historia diferente. Tengo que ordenar las ideas, pero creo que este es un tema que invadiría la esfera de intimidad de empresas privadas o que expondría a la Corporación a juicios por parte de sus socios si se investigara qué hizo el privado con el dinero, lo que tampoco es facultad de una Comisión Investigadora parlamentaria.

SEÑOR MODERADOR.- Es una situación realmente particular, así como lo es su estado financiero. Parece que esa procedencia basada en los dineros públicos debería ser informada a la ciudadanía. A uno se le ocurre que esto no podría ser como los archivos americanos que se abren cada treinta años. Si esto sucedió en diez, no quiero saber lo que ocurrirá en treinta.

SEÑOR BERGSTEIN.- Estoy totalmente de acuerdo y tengo una idea que va en otra dirección, que luego la conversaremos con los compañeros. Quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el señor Diputado Mieres.

SEÑOR PANDOLFO.- La cantidad de información que hemos recibido supera lo que esperábamos, así como la seriedad y entidad de los elementos puestos sobre la mesa. Creo que hay un manejo de dineros públicos por volúmenes muy importantes, más teniendo en cuenta la crisis que estamos atravesando.

Por ejemplo, hoy el contador Davrieux en la Comisión de Hacienda nos informó con mucho pesar del recorte que tuvo que hacer el Poder Ejecutivo en inversión, que apuntaba a la eliminación de asentamientos y a los programas de tecnología. Se hacen recortes importantísimos por el orden de los US$ 40:000.000, y aquí estamos viendo pérdidas que superan ampliamente esos montos. La composición de esta situación que ha expuesto el señor Diputado refleja un problema muy serio y grave. Para tranquilidad de los Directores de la Corporación que actuaron en este período, lo mejor sería que estos puntos no quedaran en este ámbito y que se profundizara para responder muchas interrogantes que quedaron sin dilucidar.

Felicito al señor Diputado por el trabajo realizado y considero que es un aporte que todo ciudadano tiene obligación de hacer si está en conocimiento de este tipo de información.

SEÑOR MIERES.- Quiero referirme a un punto que el señor Diputado Bergstein planteó.

El objeto de investigación no son las empresas privadas en las que la Corporación invirtió, sino su gestión al invertir en empresas privadas. En ese sentido, es necesario saber su resultado. En su momento, cuando analizamos lo ocurrido con la venta del Banco Pan de Azúcar, investigamos actores públicos y privados.

La actual Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario -como no podía ser de otra manera- convocó a los jerarcas del Banco La Caja Obrera anteriores a la venta del Banco de Montevideo. Probablemente, tenga que averiguar sobre la realidad de ciertos emprendimientos privados en la medida en que han afectado el patrimonio del Estado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Es muy difícil la separación.

SEÑOR MIERES.- Pero el foco tiene que ser claro. El foco es un organismo que es una persona pública y, como tal, procede ser objeto de investigación. No es solo que manejó fondos públicos sino que, además, su naturaleza jurídica lo admite. Si uno lee la ley -yo la leí bastante cuidadosamente-, dice que las que están excluidas de ser objeto de investigación son las personas privadas, pero las personas públicas son objeto de investigación expresamente. Entonces, desde el punto de vista de la procedencia, la naturaleza jurídica de la Corporación lo admite.

Habrá o no entidad, habrá o no oportunidad, habrá o no seriedad, que son los otros tres aspectos, pero en cuanto a la procedencia -esto es, si jurídicamente el Parlamento tiene potestades para investigar sobre estos hechos- creo que no hay duda. Lo que sí habrá que tener es mucho cuidado con los manejos de aquellos aspectos que puedan ser utilizados de manera reservada o confidencial, en aquellos casos donde se pueda estar violando ciertas reglas que hacen a las garantías de los individuos, por supuesto. Pero una Comisión Investigadora siempre tiene que tener en cuenta eso, y siempre está rozando esa situación.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

XLV LEGISLATURA

Tercer Período

ACTA Nº 2

En la ciudad de Montevideo, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil dos y siendo las catorce horas veinticinco minutos, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.----------------------------ASISTEN: los señores Representantes miembros Nahum Bergstein y Jorge Pandolfo.------------------------MODERADOR: señor Representante Alberto Perdomo.-------------------------------------------------------------------SECRETARÍA: Se desempeña en la misma el señor Secretario de Comisión Juan Perdomo Bejérez.--------Los señores Representante Alberto Perdomo, Jorge Pandolfo y Nahum Bergstein formulan por su orden, exposiciones fundamentando las posiciones que adoptaran .---------------------------------------------------------Puesto a consideración el tema motivo de la designación, los señores Representantes Jorge Pandolfo y Alberto Perdomo en el entendido de que se han cumplido los extremos exigidos por el inciso segundo del artículo diez de la Ley Nº 16.698 referente a la entidad, seriedad, oportunidad y procedencia de la designación de una Comisión Investigadora se pronunciarán aconsejando al Cuerpo la designación de la misma en un informe y proyecto de resolución en mayoría. Por su parte el señor Representante Nahum Bergstein suscribirá un informe y proyecto de resolución en minoría , aconsejando desestimar la conformación de una Comisión Investigadora y, a su vez, designar una Comisión Especial con el cometido de estudiar y eventualmente modificar las leyes respectivas que rigen en la materia.-----------------------------------Siendo las quince horas y quince minutos, el señor Representante Nahum Bergstein solicita - y así se acuerda- un cuarto intermedio de una hora a efectos de realizar consultas y a su vez que se ajusten por los miembros de la Comisión el texto de los respectivos informes.------------------------------------------------------------Vueltos a Sala y siendo las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos se presentan ante la Comisión los informes y proyectos de resolución en mayoría y minoría.-------------------------------------------------------------De todo lo actuado se efectúa registro taquigráfico, cuya transcripción foliada correlativamente del uno al doce, obra agregada a la presente acta, considerándose parte de la misma a todos sus efectos.-------------Siendo las dieciséis horas y cincuenta y ocho minutos y habiéndose dado cumplimiento al cometido que el Cuerpo le hubiera confiado a esta Comisión Preinvestigadora, se procede a levantar la reunión, labrándose la presente acta que firman para constancia los señores Representantes miembros y el Secretario de la Comisión.-------------------------------------------------------

NAHUM BERGSTEIN, JORGE PANDOLFO, ALBERTO PERDOMO, JUAN PERDOMO BEJEREZ, Secretario.

SEÑOR MODERADOR (Perdomo).- Habiendo número, está abierta la reunión.

En lo personal, estuve releyendo el documento presentado por el señor Diputado Mieres. Hemos recorrido las distintas etapas de la CND, dado que es el resultado de una iniciativa del Partido Nacional, de Wilson Ferreira Aldunate. También hemos trabajado en alguna institución que tenía contactos a nivel de capacitación y asistencia técnica con la Corporación Nacional para el Desarrollo, y hemos visto allí un instrumento importante para la vida del país en su concepción y en muchas de sus acciones.

A pesar de la entidad de los montos planteados, de las pérdidas detectadas mostradas por el señor Diputado Mieres, de la falta de información y de lo híbrido que parece este órgano desde el punto de vista jurídico, del poco marco jurídico posible para regularlo, debo decir que esa no es la única cara de un organismo que, a nuestro entender, no tiene el fin último del lucro o de la ganancia. Comenzar una actividad productiva en una zona deprimida del interior del país, donde se pueda incorporar producción y mano de obra, generando trabajo, no parece ser un negocio muy bueno desde el punto de vista económico, pero sí para quienes entendemos al país como un todo y vemos como necesarios su desarrollo y descentralización.

El programa BID-MyPE para las pequeñas empresas -que comenzó en 1992 e, inclusive, creo que fue exitoso económicamente- es una buena muestra de lo que este organismo debe hacer. Esto es: comenzó generando una importante oferta crediticia dirigida a la pequeña empresa, algo que no existía en ese momento en el país, y tuvo tal nivel de repercusión, tal efecto multiplicador que, a pesar de estos inconvenientes que hemos tenido con el sistema financiero, hay líneas de crédito para pequeñas empresas en todas las entidades financieras del país. Estas son consecuencias exitosas, que no pasan solo por el rédito económico, sino por lo que provocan en su entorno y en lo que aportan a la sociedad y la economía uruguayas.

Entonces, desde este punto de vista, quería relativizar alguna entidad de pérdida en el marco de 16 años de gestión y de trayectoria, y apuntar a que, obviamente, la misión de este organismo no son las pérdidas, pero tampoco la ganancia, sino la generación de desarrollo, de ámbitos favorables para el desarrollo, la capacitación, la asistencia técnica, la oportunidad del crédito y de brindarlo, pero también la generación de ese efecto multiplicador necesario, fundamentalmente, en el interior del país. Creo que esta es una contracara que nos permite concluir que -precisamente, el señor Diputado Pablo Mieres hablaba de que no iba en contra del instrumento-, aun bajo una gestión que tal vez no haya cumplido al dedillo con los cometidos planteados en la visión de Wilson Ferreira Aldunate en su inicio y en lo que estaba establecido en la ley que constituyó este organismo, entendemos que hay acciones que fueron realmente positivas.

Entonces, si bien esto no disminuye en absoluto la entidad de la demanda o la solicitud de investigación planteada por el señor Diputado Pablo Mieres, da un justo marco a un órgano que no es tan solo una especie de máquina de perder económicamente.

Por otra parte, el estudio de algunas normas más la opinión de algunos juristas del Partido, nos enfrentaban a la dudosa particularidad que tiene este organismo a la hora de su control. Tal como afirmaba el señor Diputado Bergstein en el día de ayer, también queda de manifiesto la poca certeza de que estemos cumpliendo con una potestad que se nos da. Aparentemente, como siempre sucede en el derecho, pero particularmente en este caso, hay bibliotecas para ambos lados y por lo tanto, ciertamente, nos queda la duda.

Más allá de estas dos consideraciones que queríamos realizar, desde 1985 a la fecha, desde la salida democrática a la fecha, el Partido Nacional siempre ha votado una Comisión Investigadora. Los blancos entendemos que, cuando tiene la seriedad del caso, debemos acompañar esto.

Por tanto y máxime el marco previamente dado, nuestra posición es votar afirmativamente la composición de una Comisión Investigadora en esta materia, teniendo en cuenta esta separación del instrumento con la conducción, la seriedad necesaria que ha caracterizado -¡espero que lo siga siendo!- a este Parlamento uruguayo y que no se trate de una especie de gran circo en el que se trasladen culpas o responsabilidades.

No nos cabe la menor duda de que, si se vota afirmativamente la conformación de la Comisión Investigadora, se tratará de una Comisión que deberá ser altamente especializada porque la materia así lo exige y porque, además de estas particularidades legales, si no se trata con la seriedad y la especialización debida, puede rozar intereses de corte privado en los que el Parlamento no está habilitado a ingresar.

Entendemos que este tema ya se ha instalado en los medios de opinión pública y en la gente en general. Por ende, creemos que es sano su tratamiento con la especialización mencionada, teniendo en cuenta la dificultad que plantea una perspectiva de 16 años hacia atrás con contextos políticos, sociales y económicos absolutamente diferentes, más allá de los Gobiernos instalados en cada período.

Por tanto, el trabajo de esta Comisión -si es que ella prospera-, teniendo en cuenta la especialización, la perspectiva, la seriedad y reserva del caso por los intereses que roza, me imagino que habrá de ser una actividad muy intensa y, tal vez, también extensa en el tiempo.

Nuestra aspiración es, en primer lugar, seguir con esta tradición que es histórica en el Partido Nacional de jamás habernos negado a la conformación de una Comisión Investigadora. En segundo término, aspiramos a consolidar el instrumento, o sea que no quede tan solo como la búsqueda de responsabilidades -si es que han existido- de conducciones o gestión.

Como bien dice el inciso b) del artículo 12 de la Ley Nº 16.698 de Comisiones Parlamentarias, es parte de nuestra potestad acumular datos e información a los efectos de generar actos legislativos.

¡Ojalá tengamos un rol para mejorar este organismo difícil de definir en el marco jurídico! ¡Ojalá podamos lograr una mejor definición! ¡Ojalá podamos brindarle un marco que sea el soporte real para una gestión que aspiramos retome la visión inicial de quien la creara y las intenciones descritas en la ley que dio motivo a su creación!

Básicamente, estos son los dos motivos que nos llevan a tomar esta determinación de votar afirmativamente en nombre de todo el Partido Nacional la conformación de esta Comisión Investigadora.

También queríamos agregar que esta separación entre la demanda planteada por el señor Diputado Mieres y el propio instrumento -él mismo reconocía su vigencia y su validez que defenderemos por sobre todas las cosas- permitirá apoyar a quienes han hecho las cosas bien y que la actual Dirección de la Corporación Nacional para el Desarrollo pueda tener estos soportes. ¡Ojalá que podamos componerlos desde el punto de vista jurídico y redefinir el rol de la Corporación Nacional para el Desarrollo! Pero podrá tener un apoyo diferencial en cuanto a que, si este tema ha sido tratado en la opinión pública durante tantas semanas, realmente, me imagino que la imagen del instrumento ha decaído en la opinión pública. Pero, además, debe ser muy difícil para aquellos que integran la Dirección de la Corporación Nacional para el Desarrollo trasmitir que han buscado mejorar su gestión o que no tienen nada que ver con alguna serie de iniciativas anteriores.

También, a nuestro entender, con esta decisión y con un trabajo serio y especializado de la Comisión, no solo estaremos fortaleciendo el instrumento sino que, además, estaremos respaldando a aquellos que entienden la filosofía de este órgano y quieren llevar adelante sus cometidos.

Por tanto -seguramente realizaremos alguna otra intervención con respecto a la de los colegas de esta Comisión-, esta es en síntesis la razón por la cual el Partido Nacional todo está votando esta Comisión Investigadora.

SEÑOR PANDOLFO.- En principio, en grandes líneas coincido plenamente con el señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra. Nuestra fuerza política también, analizando pormenorizada y minuciosamente toda la contundente documentación que nos aportara en el día de ayer el señor Diputado Pablo Mieres, aconseja la creación de la Comisión Investigadora de la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero destacando fundamentalmente que para nosotros la institución tiene plena vigencia, cuyos objetivos están en la línea de lograr esa reactivación que el país necesita imperiosamente, dentro de las distintas funciones que marca la ley de su creación.

El análisis de todos esos documentos nos permitió concluir, por ejemplo, que en el cumplimiento de los objetivos que traza la ley hubo, en muchos casos, un desvío importante, en la búsqueda de esos fines. También se puede concluir a grandes rasgos -no tuvimos mucho tiempo de analizar toda la documentación, como ustedes supongo que tampoco- que está muy cuestionada la idoneidad técnica de los sucesivos Directores integrantes de la Corporación. Una cosa fundamental para nosotros es el análisis que se ha hecho en distintos casos de inversión de la oportunidad de aceptar inversiones propuestas, que después vimos que fueron nefastas desde el punto de vista económico. Por más que la Corporación no sea un órgano -coincido- que tenga que generar utilidades, tampoco tiene por qué ocasionar cuantiosas pérdidas para el país, como ha sido lo que ha generado la gestión de estos diez años considerados.

Otro elemento fundamental para la cristalinidad que tiene que tener el gasto de los dineros públicos son los análisis contables. Estaríamos dando una muy mala señal a la sociedad. Hay recortes de prensa de diez años, donde se cuestiona la falta de controles que la Corporación Nacional para el Desarrollo no aceptaba a nivel de auditorías, informes de compilación y controles del Tribunal de Cuentas. Si nosotros lo silenciáramos perderíamos la oportunidad, por lo menos dentro de un ámbito parlamentario, de poder llegar a analizar, sin hacer conclusiones a priori, las motivaciones por las cuales se negaron esos controles.

Hubo una muy mala gestión en la recuperación de créditos. Estamos viendo toda la crisis del sistema bancario, que en muchos casos -fundamentalmente en la banca oficial- adolece del mismo problema, una dificultad en la recuperación de carteras, y un reflejo, que no surge de lo que pudimos analizar, de los resultados económicos que hayan tenido los beneficiarios. Por más que la Corporación no tenga una utilidad económica clara, los beneficiarios de un préstamo de la Corporación lo deben hacer con un fin económico, supongo. Que un porcentaje muy grande de esas empresas haya desaparecido del mercado en muy corto tiempo creo que amerita ser estudiado, auditado aunque sea, por el Parlamento, por la Comisión legislativa que estamos integrando.

En resumidas cuentas, para hacer de la Corporación Nacional para el Desarrollo un organismo más sano, más creíble para la sociedad, más transparente en su actuación es que votaremos afirmativamente la creación de esta Comisión Investigadora, esperando que en el futuro lo más próximo posible lo que surja de aquí como grandes conclusiones sobre la gestión anterior y las consecuencias que se puede sacar para el futuro, pueda redundar en beneficio de todos los posibles usuarios de créditos de la Corporación.

Otro punto al que me quería referir -y lo he hecho a través de consultas con juristas de nuestra fuerza política- es al que había tocado el señor Diputado Bergstein en el día de ayer, fuera de actas, sobre la duda que le surgía acerca de que la Corporación Nacional para el Desarrollo pudiera ser objeto o no de la investigación de una Comisión de la Cámara de Representantes. Se refería a una consulta con el profesor Cagnoni, que se pronuncia generalmente por la negativa, lamentando -como tengo información que me han alcanzado los compañeros abogados de nuestra fuerza política- expresamente que la Asamblea General haya dejado pasar el término constitucional para la consideración de los vetos interpuestos en su momento.

SEÑOR BERGSTEIN.- En eso estoy de acuerdo.

SEÑOR PANDOLFO.- Nosotros también. Hay que tener en cuenta que esos vetos se interpusieron en pleno verano. Había receso parlamentario, y creo que se perdió la oportunidad de que la Comisión Permanente lo levantara. Es un tema a tener en cuenta.

Tengo aquí una historia fidedigna de la sanción de la Ley Nº 16.698, que dice que la historia de la sanción de la norma legal aludida se constituye en un importante fundamento, como el que expuso el señor Diputado Bergstein, para considerar que la Comisión Investigadora no tenga facultades para investigar la Corporación Nacional para el Desarrollo. Mientras que en el pasado se fueron dictando una serie de leyes que regulaban la facultad de diversas Comisiones Investigadoras para cada caso concreto, denominadas leyes especiales, era posible sostener con fundamento que la ausencia de una ley reglamentaria del artículo 120 de la Constitución hacía aplicable el artículo 332 de la Carta Magna. La existencia de una previsión expresa, en el proyecto sancionado por el Parlamento, que preveía la posibilidad de que la actividad de las personas de derecho público no estatales -naturaleza jurídica que ostenta, justamente, la Corporación que es objeto de esta investigación- fue expresamente observada por el Poder Ejecutivo por razones de mérito o conveniencia, considerándolo inconveniente en tanto la Corporación no dicta actos administrativos y por razones jurídicas, considerándolo antijurídico, ya que las Comisiones no pueden ostentar atribuciones en materia que no son competencia de las Cámaras.

Es un antecedente importante para negar acceso a habilitar a la Comisión Preinvestigadora en este caso en particular. Pero no se puede utilizar la historia fidedigna de la sanción de la norma legal con el objeto de vulnerar el alcance de la disposición constitucional sin contrariar el principio de jerarquía normativa que puede sintetizarse en la expresión que la norma de jerarquía normativa inferior debe obedecer sin contrariar a la de jerarquía normativa superior. Como el artículo 120 de la Constitución que manifiesta: "Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos" no contiene limitación alguna, debe interpretarse sus cometidos dentro del contexto de otras disposiciones constitucionales.

Además, hay que dejar constancia de que la Ley Nº 16.698 no es una ley interpretativa del artículo 120 de la Constitución. Luego de la sanción de esta ley puede sostenerse que por su estructura y por el régimen general que dicta para todas las Comisiones Investigadoras, esta ley posee vocación de reglamentar el artículo constitucional. Decimos "vocación" pues no surge del tenor literal de la norma legal que el legislador le haya otorgado expresamente esa calidad interpretativa, lo que no quiere decir que no ostente dicho carácter, máxime que las referencias en el texto legal a la norma constitucional son frecuentes. La falta de previsión interpretativa expresa impide, a nuestro juicio, considerar a la ley en análisis como un acto legislativo que interpreta la Constitución.

En cuanto a la vinculación de todo esto con el principio de separación de Poderes, nuestra Carta tiene una distribución rígida de ese principio de separación de Poderes y de funciones, según la cual el constituyente le otorgó funciones y cometidos expresos a cada uno de los Poderes. Dentro de dicha distribución cometió al Poder Legislativo la investigación de actividades sin limitación alguna. Lo que la Carta no limitó no puede el legislador ni el intérprete limitar, so pena de incurrir en inconstitucionalidad.

Las Comisiones Investigadoras tienen previsión constitucional expresa, y la actividad de contralor de la actividad administrativa se halla ínsita en las funciones y cometidos otorgados al Parlamento, por lo que la limitación en estos Poderes solo podrá emanar del texto expreso de la Carta. Lamentablemente, el Parlamento -como decía hoy- desperdició una magnífica oportunidad de defender sus funciones, cometidos otorgados constitucionalmente, y sus fueros no levantando algunos de los vetos interpuestos en el trámite de la elaboración de la mencionada ley, lo que no indica que haya precluido la oportunidad de una revisión legislativa que otorgue eficacia jurídica a esa trascendente labor parlamentaria.

Mientras tanto, el texto de la Ley Nº 16.698 deberá utilizarse sin contrariar a la Constitución, o mejor dicho conforme a la Carta. En conclusión, no se puede extraer del silencio de la Ley Nº 16.698 una disposición expresa que limite el alcance irrestricto de la disposición constitucional. Por eso es que interpretamos que, no obstante la sanción de la norma, debe primar el texto amplio de la norma constitucional por su superior jerarquía normativa. En tanto, las Comisiones Investigadoras son una facultad constitucional de la que disponen cualquiera de las dos Cámaras sin restricción alguna.

Por lo tanto, acorde a lo que establece el texto constitucional, consideramos que procede investigar a la Corporación Nacional para el Desarrollo. El único artículo que podría reglamentar el artículo 120 es el artículo 332 que establece: "Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que esta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas". Aquí tenemos un respaldo jurídico que nos habilita a actuar en este caso. De acuerdo con las consideraciones que nuestra fuerza política ha hecho de la gestión de la Corporación en el período analizado en el día de ayer, en base a la documentación profusa aportada por el señor Diputado Mieres, no dudamos de que hace un bien a la Corporación, a la sociedad y a las autoridades cuestionadas, dar una oportunidad para aclarar la gestión -más allá de los órganos de prensa que han utilizado habitualmente- en una ámbito parlamentario. Si el señor Diputado Mieres o alguno de nosotros al votar la creación de la Comisión Investigadora reconocemos que había un margen de error que no tuvimos en cuenta en el análisis de la información, sabremos aceptarlo en su momento. Creemos que es impostergable aprobar la instalación de la Comisión Investigadora solicitada.

SEÑOR BERGSTEIN.- Quiero destacar el cómodo ambiente en el que se desarrollan las deliberaciones de esta Comisión, gracias al espíritu que, como no podía ser de otra manera, anima a los señores Diputados Perdomo y Pandolfo.

Quisiera aclarar que en el día de ayer, luego de que se retiró el denunciante y también los taquígrafos, explicamos nuestro punto de vista sobre un tema jurídico insoslayable a los restantes integrantes de la Comisión, precisamente, para que tuvieran la oportunidad de analizarlo antes de esta reunión y no los tomara desprevenidos. Hemos redactado un borrador de lo que sería el informe en minoría. La duda que tengo es si leerlo para que quede incorporado a la versión taquigráfica o hacer un brevísimo resumen, porque los plazos apremian y a la hora 17 y 35 vencen las 48 horas. Creo que no vale la pena leerlo y, simplemente, realizar algunas breves reflexiones que van más allá de lo jurídico.

Quiero recordar que planteamos dos interrogantes jurídicas en esa reunión informal con los distinguidos colegas. ¿Las personas públicas no estatales, como es el caso de la Corporación, entran en la esfera de competencia de las Comisiones Investigadoras parlamentarias? En caso de que se entendiere que la respuesta a la primera interrogante fuere afirmativa, resta preguntarse si la Corporación puede ser objeto de una investigación por parte de la Cámara de Representantes. En cuanto al primer aspecto, la Ley Nº 16.698 hace una enumeración de las Comisiones parlamentarias. Mencionábamos la opinión del profesor Cagnoni a quien no consultamos en relación a ese tema. Hemos consultado al profesor Correa Freitas y quisimos consultar al profesor Korzeniak a quien llamamos en el día de ayer en dos oportunidades y no pudimos contactarnos. Las opiniones que sí pudimos recabar hasta ahora están contestes en la línea de que la Ley Nº 16.698 no permite investigar a través del Parlamento a las personas públicas no estatales. Lo que acaba de explicar con mucha claridad el señor Diputado Pandolfo, de alguna manera, me da la razón. Distinto sería el caso, como lo dice el profesor Cagnoni en términos generales -no recuerdo que lo diga específicamente para las personas públicas no estatales-, al lamentarse de que no se hayan levantado los vetos, porque seguramente otro gallo cantaría.

Esto mismo demuestra que la ley está para ser respetada. Entonces, cambiemos la ley -a esto nos referiremos después- y nada impedirá que se investigue todo lo que se quiera, pero mientras esté la ley, con la invocación genérica al artículo 120 de la Constitución podríamos investigar personas de derecho privado que, dicho sea de paso, también está prohibido por la Ley Nº 16.698. Si profundizáramos nuestro accionar en ese panorama legal, entraríamos a analizar el accionar de la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo que creo muy difícil. En efecto, dijimos al señor Diputado Mieres que no veíamos cómo se podrá investigar a la Corporación Nacional para el Desarrollo sin introducirnos en la vida de las empresas privadas porque, al fin y al cabo, la Corporación -quizás no tenga el nombre jurídico más adecuado- opera como un "holding" de inversiones; se trata de un organismo público, que se adentra en el ámbito empresarial.

Por las razones que expusimos ayer verbalmente y las que estarán en el informe en minoría, creemos que la Ley Nº 16.698 no habilita a investigar en el ámbito parlamentario a personas públicas no estatales.

SEÑOR PANDOLFO.- En la información de prensa que se nos proporcionara en la mañana de hoy, figuran unas declaraciones del doctor Aníbal Cagnoni, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional. En estas declaraciones emite su opinión acerca de las facultades del Tribunal de Cuentas para que analice a una persona jurídica privada de base estatal. Dice que no estarían en la órbita de la auditoría del Tribunal de Cuentas, salvo que administren dineros públicos.

Este es otro punto en el que quiero hacer especial hincapié: el ciento por ciento del capital manejado por la Corporación Nacional para el Desarrollo es público, cosa que no es menor como para ahora dejarlo fuera del análisis del Parlamento y de la Cámara de Diputados en esta oportunidad.

SEÑOR BERGSTEIN.- La interrupción del señor Diputado Pandolfo nos habilita para introducirnos en un tema que es imposible que agotemos en estas 48 horas. Me refiero a por qué el Tribunal de Cuentas no auditaba los balances, etcétera. Me parece que esto resulta muy claro, conforme al texto de la Ley Nº 15.785 cuando dice que el Tribunal de Cuentas debe visar los balances, agregando que la Corporación debe actuar con auditorías internas y externas.

No sé si vale la pena desarrollar este tema; me parece que no. Entonces, quiero exponer mi segundo argumento. Supongamos que no se compartiera nuestra posición -como veo que es el caso- y se entendiera que las Comisiones Investigadoras parlamentarias pueden actuar en el ámbito de las personas públicas no estatales, pero el otro tema es si las Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados tienen competencia con respecto a la Corporación. A nosotros nos parece que el artículo 26 de la Ley Nº 15.785, que encabeza el capítulo de los controles, establece con bastante claridad que el control de la Corporación lo tiene el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores. Es sabido que la actividad parlamentaria tiene dos grandes vertientes: una es legislar y la otra controlar. Nosotros ahora no vamos a controlar cómo ejerció sus funciones la Cámara de Senadores, porque no tenemos competencia para eso. Entonces, tenemos que tomar la función de contralor en el sentido clásico: efectivamente, el Poder Legislativo tiene esa función, ¿y por dónde empieza? Por reunir información. Quiere decir que la función de control lleva a la investigación como una relación de género y especie. Las Comisiones Investigadoras son una de las tantas vías -no la única- por las cuales se ejerce la facultad de control. Y si el texto legal dice expresamente que el control lo tiene la Cámara de Senadores, nos parece que ahí tenemos un problema importante en cuanto a dilucidar la legalidad de nuestras actuaciones. Para nosotros está muy claro que en el caso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la facultad de control se ha circunscripto a la Cámara de Senadores. Y ese cúmulo de circunstancias legales, a nuestro juicio, hacen que sea imposible franquear el instrumento de la Investigadora.

Queremos decir que nada más lejos de nuestro ánimo el obstaculizar una investigación pero, como decíamos al principio, no se puede hacer al precio de lo que, según nuestro punto de vista, sería una clara ilegalidad.

Sin perjuicio de ello, cabe reconocer el esfuerzo que ha desplegado el Diputado Pablo Mieres, aun cuando nos parece que si bien hasta donde nos consta, no ha cuestionado la honestidad de quienes dirigen y dirigieron la Corporación Nacional para el Desarrollo, se ha exorbitado el alcance de la solicitud, al abarcar casi genéricamente una década y media del trabajo de un organismo híbrido y complejo que, como decíamos, en última instancia actuaba como un "holding" de inversiones. Dentro del plazo de 48 horas de que disponemos no caben ulteriores disquisiciones, pero a la hora de evaluar pérdidas y ganancias, debe tenerse presente que la Corporación configura el caso de una persona pública, adentrándose en ámbitos empresariales y en condiciones desventajosas por un cúmulo de circunstancias. Por más que se diga que la Corporación no ha sido concebida como un organismo de salvataje, la regla general consistió en socorrer a empresas sobreendeudadas a las cuales, por una u otra razón, se entendió pertinente rescatar, tarea harto difícil para una persona pública que prioriza la significación estratégica de una empresa, la generación de empleo, su ubicación en zonas apartadas, su capacidad diversificadora de nuestra oferta exportadora u otros factores difíciles de ponderar en términos contables, pero que son tanto o más importantes que la simple ecuación aritmética.

Finalmente, a modo de corolario, permítasenos expresar que nada sería más cómodo que sumarnos a la mayoría de la Preinvestigadora y aventar así cualquier tipo de suspicacias. Pero por razones de formación, con honestidad intelectual y con toda la humildad de quien sabe que no es el dueño de la verdad jurídica, esos obstáculos nos parecen infranqueables. Pero queremos decir muy claramente que acompañaríamos una propuesta de esta Comisión que recomendara al Cuerpo -retomando una idea que ya se ha barajado por los compañeros integrantes de la Preinvestigadora- la constitución de una Comisión especial para legislar, tanto con relación a las facultades de las Comisiones Investigadoras parlamentarias -especialmente, en cuanto se refieran a personas públicas no estatales-, como en lo que tiene que ver con la Corporación Nacional para el Desarrollo y, específicamente, con el cercenamiento de las funciones de contralor de la Cámara de Diputados, hecho lo cual, nada obstará para investigar en la materia.

SEÑOR PANDOLFO.- Quisiera hacer una pregunta al señor Diputado, doctor Bergstein, en base a su reconocida y prestigiosa formación de abogado. ¿La jerarquía de la norma constitucional, no está por encima de la de la ley?

SEÑOR BERGSTEIN.- No estamos polemizando, porque se trata de posiciones adoptadas por los partidos políticos y no tendría sentido hacerlo, hasta por respeto del tiempo de que disponemos.

SEÑOR PANDOLFO.- Si la ley -esto lo hablamos ayer con el señor Diputado Perdomo- no habilitaba la formación de la Comisión Investigadora, nosotros no íbamos a fabricar normas o artículos urgentemente, como para habilitarla e investigar a un Ente no pasible de serlo. Pero para mí la norma constitucional es clara y expresa y, desde el punto de vista jerárquico, está por encima de la ley sobre la que argumenta el señor Diputado Bergstein.

En otro orden de cosas, sabiendo el corto plazo de que disponemos, me atreví a hacer un informe -quizás, el señor Diputado Perdomo quiera hacerle modificaciones- vinculado al tema que nos atañe.

SEÑOR BERGSTEIN.- En lo que tiene que ver con la pregunta del señor Diputado Pandolfo, no tengo inconveniente en contestarla, dentro de mis limitaciones.

En derecho público rige el principio de la especificidad: esto es al revés que en el derecho privado. En el derecho privado no puede haber lagunas; sí puede haberlas en el derecho público. Ningún organismo tiene funciones más allá de las que un texto legal le otorga; y a veces se dan situaciones hasta por el absurdo y el que puede lo más no puede lo menos, cuando en el derecho privado el que puede lo más, puede lo menos, porque -reitero- aquí no puede haber lagunas. Si usted y yo tenemos un litigio privado entre nosotros -espero que ese no sea el caso- en un futuro previsible, el Juez no puede decir: "Acá no hay una disposición", porque el sistema está cerrado. En materia pública, rige la especificidad.

El artículo 120 de la Constitución de la República habla de Comisiones Investigadoras en general. Ustedes saben que, cuando se trata de una ley, aunque uno la haya visto cien veces, siempre es bueno volver a mirarla a la hora de opinar. Y el mencionado artículo dice textualmente: "Las Cámaras podrán nombrar Comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos". Si tomamos esta disposición genéricamente, podríamos investigar empresas privadas; pero en realidad, no podemos.

SEÑOR PANDOLFO.- Si manejan dinero público, podemos.

SEÑOR BERGSTEIN.- Esto lleva a la discusión de qué es dinero público y dinero privado. Para eso estamos haciendo leyes, permanentemente, reglamentando las disposiciones constitucionales. En último caso, la Asamblea General es la que tiene la facultad de interpretar la Constitución de la República y la Suprema Corte de Justicia, en casos concretos, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, si alguno creyera que fuera el caso de la disposición de la Ley Nº 16.698.

SEÑOR PANDOLFO.- ¿Y el artículo 332, señor Diputado?

SEÑOR BERGSTEIN.- El artículo 332 dice eso: que la falta de reglamentación no impide... Pero lo que pasa es que del artículo 120 no se desprende el hecho de que tengan esas funciones. Diferente sería si, por ejemplo, la Constitución estableciera: "Podrán nombrar Comisiones parlamentarias de investigación siempre, incluso para personas públicas no estatales". Por otra parte, las personas públicas no estatales ni siquiera estaban imaginadas en el texto constitucional. Creo que la persona pública no estatal fue una elaboración de un gran administrativista, que se llamaba Sayagués Laso. Voy a hacer una digresión, aunque les robe un minuto más y el tiempo apremie, que es la siguiente: diría que hay dos tipos de personas públicas estatales. Hay personas públicas estatales como la Corporación, que son creaciones jurídicas que amplían la actividad pública e introducen la actividad pública en el ámbito comercial industrial, y hay personas públicas no estatales que han proliferado en los últimos años y que nosotros hemos defendido mucho como instrumentos transaccionales para no privatizar, porque no somos partidarios de la privatización, pero veíamos en las personas públicas no estatales un instrumento flexible que sin privatizar permite actuar en determinadas áreas. La Corporación no es una persona pública de este tipo; la Corporación fue un invento nuevo. Hubo unidades ejecutoras y organismos que hoy son personas públicas no estatales; una cantidad de ellas fueron creadas por la anterior Ley de Presupuestos, aunque en esta Legislatura también se ha creado alguna.

De todas maneras, creo que sí sería bueno, aunque no está entre las facultades de la Preinvestigadora, que acá se dijera: "Vamos a crear una Comisión Investigadora para legislar modificando", porque necesariamente habrá que modificar. A la prueba está que si llevo al extremo el argumento que se ha dado acá, entonces ¿para qué se había incluido esa disposición que se vetó? No hacía falta incluirla, porque de todas maneras el artículo 120 nos daba esa facultad y se hubiera quitado la oportunidad de que la disposición fuera vetada. Si se puso, es porque era necesario ponerla, porque no se redactan leyes por las dudas; se redactan leyes para suplir vacíos legales. Pero, está bien; no creo que justifique, porque acá se han adoptado posiciones políticas. Yo lo respeto y lo comprendo perfectamente. Pero quería decir que si surgiera una iniciativa de crear una Comisión con el propósito de legislar, como dice el artículo 120, la acompañaríamos. Si consideramos la interpretación que se hacía recién ¿por qué el texto se refiere también a Comisiones especiales para legislar? Si lleváramos al absurdo el argumento del artículo 120, no sería necesario legislar, porque ya tenemos el texto constitucional. Pero la misma disposición dice: "(...) comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos". Entonces, si se quisiera generar una Comisión con fines legislativos, no tengan ninguna duda de que nuestro partido y nuestro sector va a acompañar, tanto para modificar la Ley Nº 16.698, como la Nº 15.785, de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Eso es lo que queríamos decir para no generar polémicas, que creo no valen la pena.

SEÑOR MODERADOR.- En realidad, nos estamos ilustrando con el debate parlamentario.

Nosotros tratamos de ser claros. Las bibliotecas están a favor o en contra.

Hemos optado, en primer lugar, por una vieja tradición del partido, que explicábamos; luego, por la necesaria consolidación del instrumento y de este órgano, la Corporación; pero, además, hemos tenido en cuenta el resultado de un análisis ciertamente político que entendíamos que en este caso debía primar.

SEÑOR PANDOLFO.- Teniendo en cuenta el poco tiempo de que disponíamos en caso de que se acordara formar una Comisión Investigadora, por mayoría o por unanimidad, me adelanté a redactar un informe en el que se aconseja la instalación de una Comisión Investigadora, siendo muy cuidadoso en el tratamiento de la información recibida.

SEÑOR BERGSTEIN.- Hay un problema práctico.

Veo que se trata de un informe ya elaborado y prolijeado. No sé si a esta altura no valdría la pena hacer un intermedio para que mientras ustedes se ponen de acuerdo en el informe, nosotros podamos prolijear el que vamos a presentar.

Por lo tanto, propongo pasar a intermedio.

SEÑOR PANDOLFO.- Aprovechando el cuarto intermedio solicitado por el señor Diputado Bergstein, analizaremos el informe que he redactado con el señor Diputado Perdomo para efectuar las correcciones que nos permitan aprobarlo en forma conjunta.

SEÑOR MODERADOR.- Quiero hacer algunas consideraciones.

Creo que el trabajo del señor Diputado Pablo Mieres apunta al trabajo de la Corporación desde el inicio hasta la fecha. Por lo tanto, creo que tendríamos que rever la mención a la década del noventa.

Otra de las consideraciones es que en todo el informe del señor Diputado Pablo Mieres no hay una referencia directa a la idoneidad o a alguna otra característica de los Directores. Creo que lo que corresponde es el análisis de la gestión. Entiendo que la idoneidad técnica será la resultante del análisis de la gestión.

Estas son las dos consideraciones que quería hacer y que con mucho gusto arreglaremos. Creo que tenemos que ser lo más concisos posible.

SEÑOR PANDOLFO.- Traté de que el informe no incluyera nada subjetivo. Intenté hacer un detalle totalmente objetivo de la información recibida, sin incluir ninguna adjetivación ni juicio de valor.

SEÑOR MODERADOR.- Tal como lo ha propuesto el señor Diputado Bergstein, la Comisión pasa a intermedio hasta la hora 16 y 15.

—Continúa la reunión.

Se presenta ante la Comisión el proyecto de resolución, el informe en mayoría y el informe en minoría.

Habiéndose cumplido en tiempo y forma con lo que el Cuerpo encomendara, se levanta la reunión.

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

La Comisión Preinvestigadora conformada a los efectos de analizar la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo se constituyó el día miércoles 13 de noviembre de 2002, habiendo aprobado el día jueves 14 del mismo mes el siguiente informe en mayoría.

La Corporación Nacional para el Desarrollo creada por Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, con la forma de persona pública no estatal (Decreto 247/987, numeral I), tiene como objetivos fundamentales operar con eficacia y responsabilidad en el impulso de políticas e inversiones que tengan como único objetivo el desarrollo económico del país (Ley Nº 15.785, artículo 11), reafirmando la plena vigencia de este instrumento.

Analizando toda la información recibida sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, consideramos pertinente la creación de la Comisión Investigadora propuesta con el propósito de analizar diversos puntos como lo serían:

1) El análisis de la pérdida patrimonial sufrida por esta entidad desde su creación hasta el año 1999.

2) Las razones por las que la Corporación Nacional para el Desarrollo se sustrajo durante una década al contralor directo del Tribunal de Cuentas.

3) La evaluación de los resultados de las sucesivas auditorías externas a las que fue sometida la Corporación Nacional para el Desarrollo desde su creación hasta 1999.

4) El análisis de las inversiones realizadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo en empresas productivas, incluyendo los criterios de selección, la evolución de la gestión y los resultados obtenidos en cada uno de los emprendimientos.

5) El análisis de la gestión realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo con respecto a las líneas de crédito de apoyo a las micro y pequeñas empresas que gestionó entre 1994 y 1999.

En suma, entendemos que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 16.698 y el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, se ha cumplido con los requisitos previstos para dar curso a la denuncia presentada en lo que hace referencia a la entidad, seriedad, oportunidad y procedencia de la misma.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2002.

JORGE PANDOLFO, ALBERTO PERDOMO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Desígnase una Comisión Investigadora, a efectos de analizar diversas actuaciones relacionadas con la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2002.

JORGE PANDOLFO, ALBERTO PERDOMO.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

De la señora Representante Yeanneth Puñales Brun, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Silva Rotta.

De la señora Representante Lucía Topolansky, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 27 y 29 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José Zapata.

De la señora Representante Glenda Rondán, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar de la Reunión del Parlamento Cultural del MERCOSUR (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 1º y 5 de diciembre de 2002, convocándose, al suplente correspondiente siguiente, señor Alexis Guynot de Boismenú.

Del señor Representante Doreen Javier Ibarra, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar de la Reunión del Parlamento Cultural del MERCOSUR (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 2 y 5 de diciembre de 2002, convocándose, al suplente correspondiente siguiente, señor Óscar Gómez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 26 hasta el 28 de noviembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

YEANNETH PUÑALES BRUN
Representante por Rocha".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Rocha, Yeanneth Puñales Brun.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002, a la señora Representante por el departamento de Rocha, Yeanneth Puñales Brun.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2323 del Lema Partido Colorado, señor Jorge Silva Rotta.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside, me conceda licencia por motivos personales (numeral 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465) desde el día 27 hasta el día 29 del corriente mes, inclusive.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

LUCÍA TOPOLANSKY
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Lucía Topolansky.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 y 29 de noviembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 27 y 29 de noviembre de 2002, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Lucía Topolansky.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor José Zapata.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia al amparo de lo establecido en el artículo 1º, literal B) de la Ley Nº 16.465, los días 1º al 5 de diciembre del año en curso.

La presente solicitud se fundamenta en la invitación recibida para participar en el XII Encuentro con la reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPC) que tendrá lugar en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2002.

Saluda a usted muy atentamente.

GLENDA RONDÁN
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez

Presente.
De mi consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Saluda a usted muy atentamente.

Alberto Jar Sánchez".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez

Presente.
De mi consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por la Diputada Glenda Rondán.

Saluda a usted muy atentamente,

Gustavo Rojo".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Glenda Rondán, para participar de la reunión que celebrará el Parlamento Cultural del MERCOSUR, (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1º y 5 de diciembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Jar Sánchez y Gustavo Rojo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Glenda Rondán, por el período comprendido entre los días 1º y 5 de diciembre de 2002, para participar de la reunión que celebrará el Parlamento Cultural del MERCOSUR, (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes señores Jar Sánchez y Gustavo Rojo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Alexis Guynot de Boismenú.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a Ud. que fui designado para concurrir al XII Encuentro del Parlamento Cultural del MERCOSUR (PARCUM), en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil.

Por consiguiente, solicito licencia con carácter de misión oficial por los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2002, convocándose a mi suplente el Sr. Óscar Gómez.

Sin otro particular saluda atte.,

DOREEN JAVIER IBARRA
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra, para participar en la reunión que celebrará el Parlamento Cultural del MERCOSUR, (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 5 de diciembre de 2002.

ATENTO A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra, por el período comprendido entre los días 2 y 5 de diciembre de 2002, para participar en la reunión que celebrará el Parlamento Cultural del MERCOSUR, (PARCUM), a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1001 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Óscar Gómez.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

Montevideo, 1º de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General,
don Luis Hierro López.
Presente.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo, a fin de remitir a consideración del Parlamento, el adjunto proyecto de ley, que tiene como finalidad conceder al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la potestad de ampliar el plazo del seguro por desocupación a los trabajadores de la firma Funsa-Titán, empresa que se ha visto y se ve enfrentada al cierre de mercados tradicionales y una merma en la comercialización.

Ante esta circunstancia, se ha afectado la ocupación en sus plantas, tomando la empresa medidas como la rotación de sus trabajadores en el beneficio del seguro por desempleo y a solicitar al Poder Ejecutivo la aplicación del artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, a efectos de no despedir trabajadores y mantenerlos vinculados a la firma.

El Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, establece una cobertura, en caso de desempleo forzoso, para los trabajadores afiliados a la actividad de Industria y Comercio en el Banco de Previsión Social, consistente en el pago de un subsidio en dinero en forma mensual, con un plazo máximo de seis meses. La norma legal, establece una serie de requisitos previos para la obtención del derecho, así como la forma de liquidar ese subsidio.

Para volver a usufructuar, en caso de desocupación, un nuevo subsidio, debe transcurrir un plazo de un año contado del pago de la última prestación y en ese período seis de aportación efectiva.

No obstante, el artículo 10 del decreto-ley ya mencionado dispone:

"Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas. En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido, el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento), del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año".

Se ha entendido que el máximo del beneficio que pueden gozar los trabajadores es de dieciocho meses, seis de amparo legal y doce meses más, para el que está facultado el Poder Ejecutivo, por razones de interés general.

La mayoría de los trabajadores de la empresa aludida, ya han usufructuado dieciocho meses de subsidio por desempleo, por lo que, el Poder Ejecutivo se encuentra imposibilitado para extender el beneficio, por así impedirlo la normativa vigente.

El proyecto de ley se dirige a que los trabajadores de esta empresa, puedan beneficiarse con más tiempo con el beneficio del subsidio. Se trata de ampliar el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 ya mencionado, autorizando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer que en esta actividad económica y por interés general, pueda ampliarse la cobertura del seguro por desempleo hasta por tres meses. Se entiende que la facultad que se proyecta otorgar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está dirigida a ampliar el subsidio para una actividad económica de suma importancia para el combate al desempleo.

Estima conveniente el Poder Ejecutivo que la empresa siga produciendo y brindando trabajo donde tiene su actividad. Si bien la ocupación no será plena, el otorgar un nuevo beneficio de desocupación a sus trabajadores reportará que los mismos sigan vinculados a la empresa, será posible la rotación hasta que se logre la ocupación plena, y no se perderá mano de obra especializada ya que, vencidos los plazos del subsidio, los trabajadores pueden considerarse despedidos de acuerdo a la normativa vigente.

Ante situaciones similares, se dictaron leyes amparando a determinados trabajadores. En efecto, la Ley Nº 16.623, de 10 de noviembre de 1994, facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el beneficio de desempleo a los trabajadores de Astra Pesquerías Uruguayas S.A. Asimismo, la Ley Nº 16.792, de 19 de noviembre de 1996, facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a extender la cobertura del seguro por desempleo de los trabajadores del "Frigorífico La Caballada" (Cybarán S.A.).

Como antecedente podemos mencionar, también, que este Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General iniciativas similares para amparar a los trabajadores de las empresas Metzen y Sena S.A., Sudamtex del Uruguay S.A., Mak S.A. y Cooperativa Nibo Plast que se convirtieran en ley.

En consecuencia, se remite este proyecto de ley a consideración del Parlamento.

Hacemos propicia la oportunidad para reiterar a usted la expresión de nuestra más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ÁLVARO ALONSO, ALEJANDRO ATCHUGARRY.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, hasta por un plazo de noventa días, la cobertura del seguro por desempleo de los trabajadores de la empresa Funsa-Titán, afectados por la situación de la referida empresa, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, pudiendo dejar sin efecto los beneficios que se concedan en tanto se revierta la situación de dicha empresa.

Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que sea otorgada en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a todos los trabajadores que hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como aquellos que aún continúen en el goce del referido beneficio. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir, a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Montevideo, 1º de noviembre de 2002.

ÁLVARO ALONSO, ALEJANDRO ATCHUGARRY".

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo, por unanimidad de miembros presentes, aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a prorrogar la cobertura del Seguro por Desempleo a los trabajadores de la empresa Funsa-Titán.

Dicha empresa había adoptado con anterioridad el criterio de rotación de los trabajadores amparados al Seguro por Desempleo como forma de mantener la vinculación a la misma, pero habiéndose vencido el plazo máximo del beneficio, promovemos la aprobación del presente proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a ampliar la cobertura hasta por tres meses.

Coincidimos con el Poder Ejecutivo en la necesidad de que la empresa siga produciendo y brindando trabajo donde tiene su actividad. Se trata de una empresa emblemática en nuestro país que además de constituir un recurso importante desde el punto de vista industrial, también lo es desde el punto de vista de la fuente de trabajo de varios centenares de trabajadores. Más allá de que la ocupación, por el momento, no será plena, otorgar un nuevo beneficio de Seguro por Desempleo a sus trabajadores, reportará la no pérdida de mano de obra especializada.

Este Cuerpo ha procedido de la misma forma ante similares situaciones que se generaron con diferentes grupos de trabajadores de diversas empresas.

Por lo expuesto, vuestra Comisión de Legislación del Trabajo aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de 2002.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Miembro informante, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, EDUARDO BONOMI, VÍCTOR ROSSI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR BENTANCOR.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

"MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley para extender el plazo de cobertura de seguro de desempleo a los trabajadores de la Cooperativa Agroindustrial del Norte (COPAINOR), a partir del 1º de diciembre de 2002.

Montevideo, 13 de noviembre de 2002.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, ALEJANDRO FALCO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La empresa COPAINOR, del departamento de Tacuarembó, gira en el rubro del arroz.

Se trata de un establecimiento reconocido en la localidad, que en 1993 fue declarado de interés departamental.

En el mes de junio de 2001 se vio obligada a enviar al seguro de paro a un grupo numeroso de trabajadores por falta de materia prima, o sea, arroz cáscara. Por lo general, se recibía entre 12.000.000 y 35.000.000 de kilos; mientras que en la segunda zafra de 2001-2002, la cifra se redujo a 4.500.000 kilos.

La crisis de la empresa tuvo su origen en los años 1998 y 1999, a causa fundamentalmente de una inundación que produjo un perjuicio muy importante, y seguida al año siguiente por una caída abrupta de precios.

Sin embargo, la empresa es viable económicamente y sólo necesita transitar la difícil coyuntura actual; tanto, que se encuentra trabajando en la futura zafra en acuerdo con otras empresas, para abastecer la demanda brasileña.

Por lo expuesto, entendemos necesario se eleve esta aspiración al Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades legales, proceda a extender el plazo de cobertura de seguro de desempleo a los trabajadores de la empresa COPAINOR, a partir del 1º de diciembre de 2002.

Montevideo, 13 de noviembre de 2002.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, ALEJANDRO FALCO, Representante por Montevideo" .

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo ha estudiado la situación de los trabajadores de la empresa arrocera COPAINOR, del departamento de Tacuarembó.

Se trata de un establecimiento reconocido en la localidad, que en 1993 fue declarado de interés departamental.

En el mes de junio de 2001 se vio obligada a enviar al Seguro de Desempleo a un grupo numeroso de trabajadores por falta de materia prima, o sea, arroz cáscara. Por lo general, se recibía entre 12.000.000 y 35.000.000 de kilos; mientras que en la segunda zafra de 2001-2002, la cifra se redujo a 4.500.000 kilos.

La crisis de la empresa tuvo su origen en los años 1998 y 1999, a causa fundamentalmente de una inundación que produjo un perjuicio muy importante, y seguida al año siguiente por una caída abrupta de precios.

Sin embargo, la empresa es viable económicamente y sólo necesita transitar la difícil coyuntura actual; tanto, que se encuentra trabajando en la futura zafra en acuerdo con otras empresas, para abastecer la demanda brasileña.

Por lo expuesto, esta asesora recomienda al Cuerpo, por unanimidad de miembros presentes, se eleve su aspiración al Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades legales, proceda a extender el plazo de cobertura de Seguro de Desempleo a los trabajadores de la empresa COPAINOR a partir del 1º de diciembre de 2002.

Sala de la Comisión, 18 de noviembre de 2002.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Miembro Informante, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, EDUARDO BONOMI, ALEJANDRO FALCO, VÍCTOR ROSSI.

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley para extender el plazo de cobertura de Seguro de Desempleo, a los trabajadores de la Cooperativa Agroindustrial del Norte (COPAINOR), a partir del 1º de diciembre de 2002.

Sala de la Comisión, 18 de noviembre de 2002.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Miembro Informante, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, EDUARDO BONOMI, ALEJANDRO FALCO, VÍCTOR ROSSI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: a modo de fundamento de voto quiero dejar la siguiente constancia. Me parece que es muy importante que la Cámara conozca los montos que la sociedad ha de destinar para atender el planteamiento que la Cámara formula al Poder Ejecutivo, haciéndole conocer su interés en que se extienda la cobertura del seguro de paro frente a una situación seguramente angustiante y preocupante. Los fundamentos que manejan las Comisiones tienen que ver, básicamente, con la necesidad de resolver una situación o, por lo menos, extender una situación para poder solucionarla. Pero me parece que en el futuro, razonablemente, la Cámara debe conocer el alcance de la inversión que se hace con la extensión del seguro de paro, que se financia con fondos públicos.

En ese sentido, hemos acompañado estas iniciativas, pero creemos que en oportunidades subsiguientes, los informes, ya sean los que vengan del Poder Ejecutivo o los que se planteen por la propia Cámara, deben contener una serie de elementos de juicio que nos permitan conocer y hacer saber el aporte que se está realizando a una determinada empresa para resolver una situación transitoria con su personal.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: quiero decir que compartimos plenamente las expresiones del señor Diputado Trobo y no dudamos de que el actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social -ese sí- va a mandar estos proyectos de ley en las condiciones que se solicitan.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR BENTANCOR.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

——Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. (Designación de una Comisión Investigadora)".

Tiene la palabra el señor Diputado Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: trataré de ser lo más breve posible, pero, sin duda, los argumentos que expuso el señor Diputado Bergstein para fundar la negativa a la conformación de esta Comisión Investigadora nos obligan a refutarlos uno a uno; luego vamos a desarrollar el planteo que nos motiva a intervenir en el debate.

Dejo una constancia que ya hiciera en oportunidad de comparecer ante la Comisión Preinvestigadora: creo en el instrumento Corporación Nacional para el Desarrollo. Creo que esa iniciativa que en su momento impulsó Wilson Ferreira Aldunate está sustentada en una concepción de Estado que está muy lejos de un Estado ausente o totalmente ajeno al devenir del proceso de desarrollo del país. La idea de una Corporación Nacional para el Desarrollo, como bien decía el señor Diputado Pandolfo, también estuvo en la cabeza de Juan Pablo Terra, quien estaba redactando un proyecto de ley en tal sentido en momentos en que sobrevino el golpe de Estado. Y hoy, con mayor razón, existe la preocupación de que ese instrumento sea bien utilizado y sirva a los intereses nacionales o generales.

Por eso nos parece muy preocupante y particularmente curioso que el señor Diputado Bergstein señale que no es relevante que el país pierda US$ 100:000.000, es decir, prácticamente el total del patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Me parece sorprendente que se diga que la Corporación estaba hecha para perder. Aquí hay que distinguir algunas cosas. Es cierto que la Corporación asumió empresas en situación de crisis; esas fueron las razones por las cuales el Banco de la República le transfirió algunas en situación complicada. Estamos hablando de El Mago S.A., del Frigorífico Canelones y del Frigorífico Colonia. Es cierto, también, que el objetivo era que la Corporación las reflotara, las volviera viables, las transformara en instrumentos útiles, pero, en definitiva, en esa finalidad la Corporación fracasó y hay una cuenta importante que tuvimos que pagar los uruguayos con relación a esas empresas. Pero lo que no es cierto es que la enorme mayoría del resto de las empresas en las que la Corporación invirtió plata tenga que ver con este tipo de situaciones. Habría que preguntarse por qué la Corporación Nacional para el Desarrollo eligió para invertir a Canalmar S.A., empresa de fabricación de alimentos preparados; por qué eligió invertir en un complejo termal en Salto, Los Naranjos; por qué invirtió en Southern Cross Timber, aserradero del departamento de Río Negro; por qué invirtió en Trimma Ltda, de tratamiento de maderas, o en Urucoop, o en Pig Uruguay S.A. Ninguna de ellas estaba en una situación de salvataje por parte del Banco de la República.

Vamos a decir las cosas como son. Una cosa es un instrumento de fomento del desarrollo y otra una organización de beneficencia. ¿Por qué se eligieron estas empresas? ¿Por qué se perdió plata en todas ellas? Uno puede tener mala suerte una vez, dos veces, tres veces, pero cuando de 26 empresas se pierde en casi todas, ya no hay casualidad que aguante para explicar esa situación. Aquí hay un problema a averiguar, y hay que hacerlo sin prejuicios, pero con seriedad y responsabilidad. No es cuestión de venir a decir que está bien que se haya perdido plata. Diferente es la cosa si se gasta, por ejemplo, en el seguro de desempleo, y en ese sentido acabamos de votar dos iniciativas legales. Se puede invertir en empresas que tienen algún sentido para el desarrollo del país. Pero esto de que aquí, de repente, algunas empresas sacaron un billete de lotería y consiguieron el apoyo de la Corporación Nacional para el Desarrollo y después quedó el agujero, no funciona.

Me pregunto cómo puede un Director de esta Corporación Nacional para el Desarrollo decirnos alegremente que se perdieron US$ 13:000.000 en el emprendimiento Mi Granja S.A., siendo que en el inicio se invirtió solo US$ 1:000.000, pero a medida que fue empeorando la situación fue invirtiendo más. Y después se dice que habría que realizar veinte de esos emprendimientos. Yo creo que una persona así no puede durar ni un minuto en su cargo. Si fuera Gerente de una empresa privada, habría renunciado o lo habrían echado. Me parece, por lo menos, un hecho curioso que permanezca en su cargo una persona que nos dice ahora, después de que está claro que se perdieron US$ 13:000.000, que habría que haber reiterado la experiencia veinte veces, es decir, haber perdido US$ 260:000.000.

Lo que queremos es averiguar por qué se perdió tanta plata, y no estamos a priori estableciendo responsabilidades. Se dijo por parte del señor Diputado Bergstein que, cuando se denuncia, hay que denunciar irregularidades. ¿A ustedes no les parece irregular perder casi todo el patrimonio? ¿No es irregular que de 26 empresas no salga ninguna buena? Por lo menos es un tema que merece investigarse y analizarse. Y conste que no estamos estableciendo a priori ninguna responsabilidad personalizada. Sí estamos diciendo que es muy difícil defender a alguien que acepta una pérdida millonaria en dólares y dice que habría que multiplicarla por veinte.

Lo que la Comisión tenía que resolver y esta Cámara tiene que decidir es si se cumplen cuatro requisitos que debe reunir la denuncia: oportunidad, seriedad, entidad y procedencia. Eso es lo que establece la ley.

Sobre la entidad sobran palabras. La entidad del tema que estamos analizando es por demás importante. Estamos hablando de decenas de millones de dólares que se perdieron.

En cuanto a la seriedad, esto está fundamentado en los balances de la propia Corporación Nacional para el Desarrollo; esos huidizos y evasivos balances con respecto al Tribunal de Cuentas, pero que, sin embargo, ahora son públicos y fueron objeto de contralor, de auditoría, por parte de consultoras privadas. Lo que no se ha dicho aquí es que esas consultoras privadas señalaron observaciones bien importantes y que, sin embargo, fueron reiteradas las mismas situaciones año tras año, al punto de que el balance de 1998 fue votado negativamente por el Banco de la República como accionista de la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¡Si esto no les parece un tema importante! Pero, en ese momento, a un Director actual de la Corporación Nacional para el Desarrollo le pareció que se trataba de un tema menor. ¡Un tema menor el hecho de que el Banco de la República no vote positivamente el balance 1998 de la Corporación Nacional para el Desarrollo!

Está clara la entidad y está clara la seriedad, porque todo esto está fundado en los balances, en los propios documentos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Además, esta semana su propio Presidente reconoció en los medios de prensa que se habían perdido US$ 70:000.000. El balance de 2001, que es mucho más prolijo, mucho más cuidado y serio que los que existieron hasta el año 1999, establece que se perdieron US$ 70:000.000. Esto estaba claro desde antes, pero resulta que hasta el año 2000 la Corporación Nacional para el Desarrollo se sustrajo -sí, se sustrajo- al contralor del Tribunal de Cuentas. Hay que reconocer también que durante todos esos años el Tribunal de Cuentas reclamó el derecho a auditar los balances, y los Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo se negaron a la auditoría; no así los primeros. Curiosamente, eso fue a partir del año 1990, cuando la auditoría del Tribunal de Cuentas por primera vez da un dictamen negativo sobre el balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo, hasta que en el año 2000 el nuevo Presidente de la Corporación, el economista De Brun, establece la recuperación de la facultad del Tribunal de Cuentas con relación a la auditoría. Hasta ese entonces no pudo hacerse ninguna auditoría.

En cuanto a la oportunidad, en este momento la Corporación Nacional para el Desarrollo aparece en una serie de emprendimientos muy importantes. Se acaba de establecer en la ley de reactivación la posibilidad de que la Corporación juegue un papel preponderante. En los próximos días vendrá un proyecto de ley que tiene que ver con el tema bancario, en el que la Corporación Nacional para el Desarrollo, según lo que conocemos, también va a jugar un papel preponderante. Entonces, ¿cómo no va a ser oportuno investigar cómo ha actuado hasta ahora, para corregir y mejorar la gestión de este instrumento?

También está lo de la procedencia. Y aquí hago mención a los argumentos jurídicos, porque quizás lo único que comparta de la intervención del señor Diputado Bergstein es que este pedido de investigación debe estar dentro del marco jurídico; si no lo estuviera, por más que tenga todos los otros requisitos, no podríamos avanzar en la investigación.

Pero ¿qué ocurre? Que hay que leer el texto legal; y el señor Diputado Trobo se me adelantó al respecto en algún punto. Yo comparto absolutamente lo que él señala. La Ley Nº 15.785, de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, define la naturaleza jurídica de la Corporación como una persona pública de derecho privado. Por lo tanto, debe regularse de acuerdo con el ordenamiento jurídico que tiene que ver con las personas públicas. Al respecto, la Ley Nº 16.698, que regula la actividad de las Comisiones Investigadoras, dice lo que expresa el texto positivo, no lo que se haya discutido, vetado o eliminado del texto legal, que, en todo caso, podrá ser un auxiliar de interpretación. Antes que nada, está el texto positivo, y la única situación que deja afuera a texto expreso -no sé de dónde saca el señor Diputado Bergstein que hay una enumeración taxativa de cuáles son las facultades de las Comisiones Investigadoras o las personas que pueden ser objeto de investigación-, la única inhibición es con respecto a las personas privadas. Y "contrario sensu", si la expresa inhibición es con respecto a las personas privadas, las personas públicas están alcanzadas por la facultad de investigación parlamentaria. De otro modo, se debería haber dicho expresamente, porque no basta con vetar un artículo que las alcanza, sino que, en todo caso, se debería haber incorporado uno que las excluyera.

Por otra parte, como bien expresó el señor Diputado Trobo, en el artículo 35 de la citada ley se dice expresamente que una Comisión Investigadora puede tener la facultad de separar del cargo a funcionarios pertenecientes a personas públicas no estatales, con lo cual, de hecho, establece que puede actuar sobre esas mismas personas públicas no estatales. La cosa es muy clara.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MIERES.- Por ahora no voy a conceder interrupciones. Yo no interrumpí al señor Diputado. Tengo poco tiempo, solo media hora, y él tuvo mucho más. En todo caso, si me sobra el tiempo, le concederé la interrupción que me solicita.

El artículo 35 es muy claro; pero, por si quedara alguna duda al respecto, digo que el señor Diputado Bergstein mencionó repetidas veces al doctor Cagnoni. El doctor Cagnoni es una figura del derecho público y del derecho administrativo a la que respeto muchísimo y, además, quiero mucho, porque lo conozco desde hace muchísimos años. Estuve conversando telefónicamente con el doctor Cagnoni, quien me autorizó a que trasmitiera a la Cámara que esa opinión que el señor Diputado Bergstein cita -correctamente, porque fue emitida por el doctor Cagnoni- fue modificada por parte de él en función del siguiente argumento. El supuesto de que la Corporación Nacional para el Desarrollo no debiera ser objeto de investigación tenía como base que el organismo iba a incorporar capitales privados y que, por lo tanto, manejaría capitales de empresarios o empresas privadas; pero eso no ocurrió. Es otra de las preguntas que deberíamos hacernos: ¿por qué la Corporación Nacional para el Desarrollo no tuvo la capacidad de generar aportes de capitales privados?

Entonces, en la medida en que la Corporación Nacional para el Desarrollo ha utilizado solamente capitales públicos, estatales, sustraerla a las potestades de investigación parlamentaria supone, lisa y llanamente -acá no estoy citando al doctor Cagnoni, estoy hablando por mí-, abrir un agujero negro por el cual se van recursos del Estado sin que el Parlamento tenga la capacidad de investigar acerca de cómo se trabaja con ellos. Bastante daño le estaríamos haciendo, y estaríamos sentando un precedente gravísimo.

Si esta Cámara hoy se inhibiera en su facultad de investigación, estaría creando un espacio de funcionamiento autárquico como creo que, lamentablemente, a lo largo de estos años se ha dado en el marco de algunas de las gestiones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, como si acá estuviera fuera de todo contralor del Tribunal de Cuentas, y resulta que ahora también del Parlamento. Decir que la Cámara de Diputados no puede investigar porque el artículo 26 de la ley de creación de la Corporación otorga el contralor administrativo al Senado y al Poder Ejecutivo, me parece una cosa increíble. Que jurídicamente se pretenda extender el concepto de contralor administrativo, que es de mero funcionamiento, de trámite, al contralor desde el punto de vista financiero, de sus resultados y de la rendición de cuentas, y limitar a la Cámara de Diputados en su facultad de investigación sobre la base de un argumento de tal tipo, me parece realmente una exageración sorprendente.

Se decía que no se puede investigar las empresas privadas, y es correcto. Las personas de derecho privado no son objeto de investigación; las personas de derecho público lo son. Y si las personas de derecho público han actuado en áreas del sector privado, también deben ser objeto de investigación. Si no fuera así, ¿qué estamos haciendo en la Comisión Investigadora que actualmente está funcionando con relación a la cuestión bancaria? ¿Acaso el Banco de Montevideo es una persona pública? ¿Acaso el Banco La Caja Obrera es una persona pública? Es más; inclusive allí está demostrado hasta dónde hay una incongruencia. El Partido Colorado votó la investigadora de los bancos y hay un representante de esa colectividad participando en la investigación. Nadie dijo que era ilegal ni que, en la medida en que el Banco La Caja Obrera era propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, no podía ser investigado porque es una persona privada y porque además su propietario era la Corporación Nacional para el Desarrollo, que se supone que no puede ser objeto de investigación.

Se dice que es un problema técnico, de expertos. Problema de expertos es la investigación bancaria. Es mucho más complicado; lo puedo asegurar porque integro esa Comisión Investigadora. Es mucho más difícil seguirle el tren a lo que hizo el Banco Central con relación a todo el proceso de la corrida bancaria y financiera. Y resulta que ahora para esto la cosa es complicada y es de expertos. ¿De expertos? ¿Es de expertos saber qué le pasó a 26 empresas en que la Corporación puso plata? ¿Saber si se ganó plata o se perdió? Porque, lamentablemente, aunque usted no lo crea, señor Presidente, en los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo no aparecen los resultados de una parte importante de los emprendimientos.

Entonces, señor Presidente, no tengo duda. Acá estamos en presencia de un instrumento con un objetivo totalmente plausible, acompañable y que, lamentablemente, en el transcurso de los años ha generado una situación que merece ser objeto de investigación. Digo esto sin prejuicios, sin ánimo de señalar a priori responsabilidades; si lo supiéramos o lo tuviéramos claro, lo hubiéramos hecho porque estamos obligados. Acá se trata de que el Parlamento, en todo caso, investigue por qué se perdió lo que se perdió y establezca los caminos que debemos recorrer para que este instrumento sirva, sea útil y se transforme en un mecanismo de fomento al desarrollo, que es su verdadera razón de ser.

Ahora le concedo al señor Diputado Bergstein la interrupción que me solicitó.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: me alegra mucho que el señor Diputado Mieres me haya concedido la interrupción, porque no me cerraba ser aludido constantemente y que no se me permitiera responder. Estaba un poco perplejo por la opinión que tengo del señor Diputado, pero me alegra que, aunque sea un poco tarde, me conceda la interrupción.

Voy a contestar en forma telegráfica algunas de las cosas sobre las que fui aludido.

Cuando se pregunta de dónde saco que hay una enumeración taxativa, en primer término lo saco de que el Capítulo IV de la Ley Nº 16.698 está intitulado: "De los órganos, actividades y personas que pueden ser objeto de investigación". Es decir que enumera, repito, los órganos, las actividades y las personas que pueden ser objeto de investigación. Y, de hecho, la Comisión no tiene capacidad para ir más allá de lo que se establece en la norma. Inclusive, no están incluidas las personas públicas no estatales, que en la versión original sí lo estaban.

En cuanto a los capitales privados, cuando se dice que como no los ha habido en la Corporación no hay obstáculo para que se cree una Comisión Investigadora, en realidad, la ley sigue permitiendo que haya capitales privados. Lo que ocurre es que estos capitales privados no están interesados. Entonces, si vamos a cambiar el marco normativo de las Comisiones Investigadoras parlamentarias en función de cómo se va a producir el fenómeno económico, nos parece que no sería un criterio muy coherente, porque si mañana hubiera un aporte privado, tendría que cesar la Comisión Investigadora.

En cuanto a la Comisión sobre el sistema bancario que aquí se mencionó y que nuestro Partido sí votó, no era para investigar al banco tal o cual, sino para investigar cómo actuaron el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central.

Utilizar como ejemplo una Comisión que va a investigar los organismos que tienen la función de controlar, que son en el caso el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, francamente no me cierra por ningún lado.

Por otro lado, queremos aclarar que nosotros no decimos que la Corporación se hizo para perder. Si se ve el contexto, se interpreta perfectamente el sentido. Nosotros no dijimos que la Corporación se creó para perder dinero. Se creó para fomentar, para incentivar, para estimular, para investigar; todo eso. Decimos que tal como fue concebida y tal como están enumerados sus cometidos en el artículo 11, yo creo que la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría que estar dirigida por dioses para no perder. Pero da la casualidad de que esta Corporación, en la actual y anteriores integraciones, tuvo como miembros a seres humanos y no a dioses. Y, entonces, no hubo manera de evitar las pérdidas que se fueron produciendo con el devenir de los años.

Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Mieres, a quien le restan ocho minutos de su tiempo.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: voy a ser mucho más breve que eso.

Simplemente quiero decir que aquí no está planteada -y el señor Diputado Bergstein lo sabe bien- la investigación de las empresas en las que la Corporación invirtió. Sí está planteada la investigación de la gestión de la Corporación, que es una persona pública.

Lo que sí digo es que, igual que en el caso de la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, cuando uno investiga la actuación de ciertas personas públicas o estatales, como el caso del Banco Central, o de la propia Corporación Nacional para el Desarrollo, que era propietaria de algunos de los bancos en discusión, lo que ocurre es que necesariamente aquellos emprendimientos que tienen lugar en el terreno privado también entran en el objeto de análisis, pero no para investigar, porque no tenemos potestades para hacerlo con las personas privadas. Con lo que sí estamos de acuerdo es con el hecho de que la ley sobre las Comisiones Investigadoras no alcanza a las personas privadas, pero estamos hablando de investigar las actividades de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Y sobre eso, señor Presidente, ¿qué más hay que requerir para investigar algo cuando se han perdido US$ 100:000.000? Y estoy dejando afuera, señor Presidente, la gestión de la Corporación con relación a los bancos. Lo dejo fuera expresamente; inclusive, lo dice el planteo de la articulación de la denuncia. Lo dejo afuera porque entiendo que, en primer lugar, parte de esos asuntos ya han sido ventilados en algunas ocasiones anteriores y otros integran el objeto de análisis de la Investigadora que está funcionando en forma paralela. Y, en segundo término, porque, en eso sí, el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo o los sucesivos Directorios poco tuvieron que ver en las decisiones que se tomaron a nivel de las autoridades económicas. Pero sí estamos hablando de otros eventos en los que el Directorio respectivo de la Corporación Nacional para el Desarrollo tuvo que ver, porque decidió invertir plata en determinados emprendimientos.

Y además está todo el capítulo de los préstamos a micro y pequeñas empresas, de lo cual lo único que sabemos son los montos. Es más: hay algunas líneas de crédito que se lanzaron e inauguraron con bombos y platillos, como Credijoven o Jóvenes por la Corporación, y en los balances posteriores de la Corporación Nacional para el Desarrollo ni siquiera hay una mención del gasto. Nosotros queremos saber qué pasó. Lo que queremos saber no es cómo le fue a cada microempresario, porque sería una locura; son unos cuatro mil hasta el año 1999. Pero no menos cierto es que se usaron US$ 93:000.000 en préstamos; de esa suma, US$ 35:000.000 se destinaron, solo en 1999, a micro y pequeños empresarios. Y yo quiero saber cuál es el nivel de recuperación de carteras, porque eran préstamos y no donaciones. Por lo tanto, es necesario saber cómo funcionaron. Por allí hay informaciones de que el nivel de morosidad es extremadamente elevado. Y estamos hablando de períodos anteriores a la crisis; estamos hablando de préstamos que arrancaron en 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. Nos gustaría saber, a la hora de la recuperación, cuál es el porcentaje correspondiente.

Queremos saber cuáles eran los criterios, porque además, señor Presidente, se da una circunstancia peculiar: en algunas líneas de crédito, el banco que las otorgaba también era propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por lo tanto, la Corporación Nacional para el Desarrollo canalizaba el préstamo por vía de un banco que también era gestionado por la propia Corporación. Por lo tanto, es bueno saber cómo nos fue, y si nos fue igual en aquellos que no eran gestionados por la Corporación que en los que sí lo eran. Y eso es importante saberlo para ver si estamos funcionando bien, porque imagínese, señor Presidente: US$ 93:000.000 puestos en el mercado uruguayo para promover la micro y la pequeña empresa deben tener un impacto significativo en la economía del país y en el funcionamiento de los agentes económicos. Nos gustaría saber qué pasó con el retorno y si esos créditos fueron otorgados con posibilidades de retorno o no, y a quiénes y por qué.

En fin, señor Presidente, la verdad es que los argumentos de mérito, de oportunidad, de entidad, de seriedad y también los de procedencia jurídica son más que sobrados para habilitar a que este Parlamento y esta Cámara de Diputados ejerzan su función de contralor, ya que, por otra parte, cada vez que ha habido pedidos de informes, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha respondido, con lo que queda de alguna manera en evidencia que admite el rol de contralor de la Cámara de Diputados con respecto a su propia gestión.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en realidad, tengo poco que agregar después de la intervención del señor Diputado Mieres, quien verdaderamente se ha revuelto muy bien en la parte jurídica de este asunto. Pero quiero agregar algunos elementos.

En primer lugar, este es un emprendimiento que se hace a partir de capitales públicos y, por lo tanto, hay que exigir cristalinidad. No es un problema de pedir; es un problema de exigir, porque acá se están manejando fondos que son de toda la comunidad.

En segundo término, algunos razonamientos que se hacen confunden lo que Kelsen llamaba el ser y el deber ser. Entonces, como permanentemente se va entreverando lo que es el aspecto jurídico con lo que son aspectos fácticos, y en el momento del análisis se junta todo, surgen conclusiones que no son las que corresponden.

En tercer lugar, creo que el derecho -y esto me lo enseñaba el hoy Decano de la Facultad de Derecho, doctor Abal- es, ante todo, sentido común. Y el sentido común indica que no puede existir algo conformado por capitales exclusivamente públicos que esté a salvo de una investigación de todo tipo, algo que no puede ser intervenido ni puede ser inspeccionado por el Tribunal de Cuentas, por el Parlamento ni por nadie. Entonces, resulta que esto sería más o menos así: yo soy un corrupto total, quiero apropiarme de lo que no es mío, lo canalizo a través de una empresa privada y, como ya eso se hizo privado, nunca más nadie puede investigar el hecho. Bueno; yo creo que esto contraría completamente el sentido común. También contraría el sentido común decir que alguien ha creado una entidad para perder plata. Francamente, esto oscila en lo ridículo. Pero además no es cierto. No es cierto de ninguna manera, porque el artículo 17 de la ley que crea la Corporación dice en su literal C), con respecto a cómo se integra el capital de la Corporación: "Con el importe líquido de las utilidades anuales correspondientes a la participación del Estado". Quiere decir que el Estado participa con su dinero para ganar y, precisamente, la ganancia es destinada a la propia Corporación para financiar a su vez otros emprendimientos. Entonces, esto es una locura.

Cierto es que estamos ante una actividad económica que siempre conlleva riesgos. Nadie duda de que siempre conlleva riesgos, pero cuando permanentemente se ha perdido, la opinión pública tiene derecho a sospechar, y así lo hacen sectores importantes de la población, en el sentido de que en realidad no se financiaron emprendimientos, sino que se ayudó a los amigos. Y con esto hay que tener cuidado. Y para que se sepa si esto es verdad o no, para que aparezca, es necesaria una Comisión Investigadora que trabaje seriamente, como muy serio ha sido el discurso de presentación del señor Diputado Mieres. Entonces, creo que estas cosas nos van dando garantías a todos.

Porque es cierto que un emprendimiento económico siempre tiene esa "alea", en el sentido de si va a dar ganancia o no. Pero si yo me pongo a vender arena en el desierto del Sahara, seguramente voy a perder. Y si pongo una carnicería en un lugar como la India, donde las vacas son sagradas, también voy a perder. ¿No es así? Entonces, si intervengo en empresas absolutamente fundidas, naturalmente que voy a perder.

Acá se han dado argumentos políticos que no se pueden dejar pasar así como así. Se ha planteado cuántos salarios se pagaron. Se dice que el problema del país es el empleo, el empleo y el empleo. Bueno, es un punto de vista; yo creo que el problema del país es el desempleo, el desempleo y el desempleo y cómo hacemos para salir de él. Ahora, cuando se habla de que estas empresas siguieron dando trabajo, yo voy a citar a mi muy admirado Danilo Astori, quien dice que los empleos deben ser genuinos; no se puede inventar trabajo porque, si se inventa, estas son las consecuencias. Terminamos ampliando los seguros de paro y metiéndonos en una bolsa donde no se rescata nada. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice.

Además, es cierto que hubo gente que siguió trabajando. Ahora, yo pregunto: ¿cuántos clavos de estas empresas, supuestamente auxiliadas por la Corporación, tienen el BPS, la Dirección General Impositiva y todos los organismos del Estado que tienen que recaudar? ¿O acaso están al día con todas estas instituciones? No, no es cierto. Entonces, el Estado uruguayo -estoy hablando de Estado uruguayo en el sentido de comunidad, incluyendo a todos los habitantes del país- ha perdido demasiado dinero en estas cosas como para que nosotros nos hagamos los sordos.

Quiero decir, además, que no se puede interpretar las leyes, la Constitución ni nada que responda al orden jurídico, de una manera piedeletrista absoluta. No se puede hacer así; está mal hacerlo así; está científicamente mal. Quienes me conocen en esta Cámara saben bien que yo jamás he hablado del espíritu de las leyes; no creo en el espíritu de las leyes. A gatas y a veces creo en el espíritu de las personas; entonces, ¿cómo voy a creer en el espíritu de las leyes? Y eso de pretender que las frases aisladas de una norma son la interpretación auténtica, no es correcto. La interpretación correcta desde el punto de vista jurídico, del derecho, es la interpretación lógico-sistemática. Quiere decir que las normas jurídicas se incorporan a un sistema en el cual deben ser analizadas. Y en el Uruguay hay un sistema constitucional en el cual los Poderes se van controlando unos a otros. No puede haber un Poder que esté totalmente exento del control de alguno de los otros. No puede existir. Eso sería anticonstitucional y estaría en contra de todo el sistema. Entonces, como no se puede contrariar el sistema, no puede ser que una entidad integrada únicamente por capitales públicos no pueda ser investigada. Pero, además, quiero decir que aun cuando estuviera integrada por capitales privados, podría ser investigada, porque, de lo contrario, sería muy fácil arreglar esto: conseguimos algún mecenas para la Corporación Nacional para el Desarrollo que ponga $ 1.000 y ya no podemos investigarla.

Entonces, las cosas son lógico-sistemáticas. A esto me estoy refiriendo. No es cuestión de decir que porque aparezca un privado y ponga $ 10 no se puede investigar más. No, eso no es así; es falso.

Quiero terminar diciendo que aquí se ha hecho mención a la Ley Nº 16.698, que es la que establece las facultades de las Comisiones Investigadoras. Esta no es una ley interpretativa de la Constitución; no lo es. La Ley Nº 16.698 determinó algunas facultades de las Comisiones Investigadoras y tiene que estar en consonancia, en armonía, con el artículo 120 de la Constitución, que es muy amplio. Y cuando la Constitución fija derechos y potestades que son amplios, no los puede limitar una ley, y menos por una interpretación "contrario sensu". Si la ley hubiera dicho que esto es expresamente así, podría pasar, pero de ninguna manera el hecho de que se hayan vetado algunos artículos -para mí, grave error- puede habilitar la interpretación de que entonces esto no se puede hacer.

En definitiva, la sociedad uruguaya ha aportado millones y millones de dólares a empresas que se han fundido. Existe en algunos sectores de la sociedad uruguaya la sospecha -por ahora, nada más que la sospecha, ¡y ojalá que no se confirme!- de que aquí no se dio dinero para emprendimientos, sino para amigos. ¡Ojalá que esto no sea así!, pero hay que investigar. Y en pro de la cristalinidad de un sistema político que está cuestionado por la población es imprescindible realizar investigaciones de esta naturaleza, y si hay responsables, es indispensable que este sistema político los denuncie. En consecuencia, desde el punto de vista ético no tenemos otra alternativa, por el momento que hoy vive el país, que votar una Comisión Investigadora de esta naturaleza.

SEÑOR PERDOMO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PERDOMO.- Señor Presidente: en más de una oportunidad se ha hablado de presunciones, de amiguismos. Yo quiero volver a aclarar que hemos votado afirmativamente, aunque ningún tipo de presunción se ha hecho ni documentado. Sin entrar en un tema absolutamente subjetivo, tampoco hay que ser piedeletrista en cuanto a ganancias y pérdidas, como dijimos en nuestra exposición. No entendemos a la Corporación como un instrumento del Estado dedicado a tener ganancias. Tampoco dijimos que la entendiéramos como una máquina perdidosa.

Por tanto, será la Comisión la que tendrá que evaluar el impacto, con otros coeficientes y con otras mediciones en cuanto a empleo y a llevar el desarrollo a zonas deprimidas, para saber si la inversión fue positiva o no. Me resisto a evaluar a la Corporación en el marco de un balance contable.

Al final de su alocución, el señor Diputado Mieres se refería al tema de la pequeña empresa y al crédito. Nosotros le habíamos aclarado en la Comisión las dificultades que existían para realizar un seguimiento de cada inversión. Allí tal vez haya un muy buen ejemplo de que la Corporación no es pasible de ser medida en un balance contable, y es que en el año 1991 este país no contaba con oferta crediticia para la pequeña empresa, que fue generada con un programa denominado BID-MYPE desde la Corporación Nacional para el Desarrollo -actuando como entidad de segundo grado- y a través de distintas entidades financieras. Logró tal efecto multiplicador que podemos decir que en plaza, posteriormente, existió una oferta muy completa dirigida a este sector vital para la economía del país. Ahí hay un buen ejemplo de las cosas que se hicieron bien y realmente muy bien.

Tal vez habría que medir el equilibrio financiero. No dudo de que el pequeño empresario es un buen pagador y dio equilibrio. Pero aun sin resultar gananciosa la gestión de la Corporación, hemos sumado un instrumento para la gestión del pequeño empresario uruguayo y, por tanto, la vemos como positiva.

Deseábamos hacer estas aclaraciones en forma breve y al inicio. Tal vez se haya recurrido a otro tipo de argumentos para votar afirmativamente. En cuanto a resultados, el voto del Partido Nacional es afirmativo, como dijimos al inicio, pero basándose en lo positivo. Se trata de conformar un nuevo marco jurídico, de evaluar estos dieciséis años de gestión y de reafirmar y readecuar el rol de un instrumento que creemos imprescindible para el desarrollo del país.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: me pareció sentir que se decía que por una cuestión de ética había que votar esta Comisión Investigadora. Considero que es una afirmación grave, que rechazamos con todo énfasis y que, además, recae en lo que decíamos al principio: respetar la ley se vuelve una chicana jurídica. En la forma genérica en que está concebido este pedido de la Comisión Investigadora, hay una inversión de la presunción de inocencia, porque por el dato objetivo de que hubo pérdidas deben ser investigadas las personas que dirigieron la Corporación.

Además, se dice que no se investiga a las personas privadas, sino a la Corporación en sí misma, pero si se tienen que investigar las pérdidas, las pérdidas de la Corporación son las pérdidas de las entidades donde se hicieron las inversiones. Insisto en que no sé cómo se va a operar ese desdoblamiento.

No puedo compartir lo de la interpretación piedeletrista, porque, por lo menos en nuestra opinión, no es el caso. Lo que pasa es que cuando la letra es tan clara, hay un principio que está en el Título Preliminar del Código Civil y es aceptado como principio general del derecho: cuando la letra es clara, no se puede desatenderla so pretexto de consultar su espíritu. Pero si vamos a su espíritu, en modo alguno se puede decir que el sentido común indica que, si hay fondos públicos, no es posible que no se pueda controlar. ¡No, señor! Nosotros ya lo hemos explicado, pero debo de haber hablado en japonés porque nadie hizo ningún comentario con respecto al hecho de que la ley que crea la Corporación Nacional para el Desarrollo dice que el control está a cargo del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Senadores. En todo caso, habrá que analizar el alcance del control administrativo. En este asunto, la Cámara de Diputados no puede investigar si nosotros queremos actuar con legalidad. Me permito recordar que la Corporación mandaba sus balances año a año al Senado, y esa rama parlamentaria habrá hecho o dejado de hacer lo que haya creído pertinente, porque tampoco estamos facultados nosotros para juzgar o evaluar cómo la Cámara de Senadores ejerció sus facultades de control. Está claro que no estamos facultados para eso, pero no se puede decir que por el hecho de que la Cámara de Diputados claramente no está facultada para actuar en ese terreno, entonces, estamos todos librados a una falta de control total. No; el control lo tiene la otra rama del Parlamento, así como el Poder Ejecutivo. Y así está dicho en la ley.

Quiero volver al hecho de que se dice que la Corporación está predestinada a generar pérdidas, cuando hay una disposición que prevé que dé ganancias. Bueno, está bien; el legislador previó que la Corporación iba a ser un gran negocio y que generaría recursos. No lo dice en ninguna parte, ni en la discusión legislativa ni en los fundamentos ni en la letra de la ley, pero no descarta la posibilidad de que algunas de estas empresas pudieran dar beneficios. Pero entre sus cometidos no está el lucro. En todo caso, es una eventualidad más o menos remota.

Lo que nosotros decimos es que cuando se levantan voces, por ejemplo en el Parlamento, reclamando la intervención estatal porque de determinada empresa dependen muchas familias y porque toda una localidad o una ciudad depende de su supervivencia, no podemos rasgarnos las vestiduras porque la empresa que se instaló, precisamente, en función de estos reclamos, ahora esté perdiendo dinero.

En cuanto al artículo 120 de la Constitución de la República, que establece las facultades de las Comisiones, debo decir que tenemos que conjugarlo -ya lo dijeron los propios miembros informantes en mayoría- con el artículo 332, que establece que no se puede dejar de cumplir con un precepto constitucional cuando falte la ley que lo reglamente. Y acá tenemos la ley que lo reglamenta. Entonces, ¿otra vez nos vamos a saltear la ley, vamos a hacer un cortocircuito o un "bypass" por arriba de la ley y nos vamos a aferrar al artículo 120 como si la ley Nº 16.698 no existiera?

Sé que esto puede parecer un diálogo entre sordos. Las posiciones están tomadas. Yo lo lamento profundamente porque, en retrospectiva, se va a ver cuán lejos hemos ido para navegar en las aguas tormentosas que están fuera de la legalidad.

SEÑOR PANDOLFO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PANDOLFO.- Señor Presidente: voy a proponer un agregado al proyecto de resolución en mayoría, que creo que el señor Diputado Perdomo va a compartir. Concretamente, propongo que se incluya la frase "integrada por nueve miembros y con un plazo de 120 días para expedirse"; luego continúa el texto como está.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase el proyecto de resolución en mayoría, con la modificación sugerida por los señores Diputados Pandolfo y Perdomo.

(Se lee:)

"Desígnase una Comisión Investigadora integrada por nueve miembros y con un plazo de 120 días para expedirse, a efectos de analizar diversas actuaciones relacionadas con la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: nosotros procuramos administrar el tiempo de esta Cámara, que hoy tiene temas importantes en el orden del día, intentando no intervenir. Además, nos sentimos plenamente representados por el informe efectuado por el compañero Diputado Pandolfo. Pero, de todas maneras, queremos decir, en primer lugar, que estamos votando la creación de esta Comisión Investigadora convencidos y hasta con cierta satisfacción, ya que si bien creemos que la ley que dio origen a la Corporación Nacional para el Desarrollo es perfectible, es una gran norma que necesitaría mucho el país para poner proa en un proceso de recuperación imprescindible.

En segundo término, porque con esta Comisión Investigadora estamos cambiando un curso de muchos años -desde 1989 hasta la fecha-, durante los cuales este instrumento, que creemos positivo, sin embargo se ha ido hundiendo en prácticas oscuras y en faltas de transparencia que permitieron decisiones discrecionales que seguramente ahora podremos tener la oportunidad de analizar, dado que nunca antes se habilitó esa posibilidad.

En tercer lugar, porque con la decisión de este Parlamento también estamos poniéndonos al día y de alguna manera salvando una omisión en la que, como integrantes de la Asamblea General, hemos incurrido. Desde 1990 a la fecha, reiteradamente se han recibido observaciones por parte del Tribunal de Cuentas referidas, precisamente, a la falta de cumplimiento de las normas de contralor por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo y de su Directorio. Sin embargo, nunca se habilitó que estas observaciones fueran consideradas por el organismo pertinente, que es la Asamblea General.

Por lo tanto, hoy estamos votando convencidos y con satisfacción este proceso, que empezará a poner en el lugar un instrumento que necesitamos, reitero, para reactivar efectivamente el país.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: hubiera querido hacer uso de la palabra, pero en razón de la economía de tiempo que necesita el Parlamento, solamente me voy a limitar a fundar el voto.

Es evidente que han surgido muchas interrogantes sobre la actuación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es imprescindible saber si ha habido pérdidas en su patrimonio, de qué volumen y por qué causas. También es imprescindible saber por qué durante una década el Tribunal de Cuentas no investigó esto; también habrá que saber cómo recurrió a sucesivas auditorías y cuál fue el resultado de esos estudios. Asimismo, se tendrá que conocer en qué empresas la Corporación realizó inversiones, en apoyo de quiénes, por qué y, en todo caso, cuál fue el apoyo que dio a las grandes y a las micro y pequeñas empresas.

Pero hay otros temas que se plantearon hoy, que son los jurídicos. Al respecto, me parece importante recordar lo siguiente. En 1992 la Cámara aprobó un proyecto proveniente del Senado para evitar los problemas que se suscitaban en el Parlamento cada vez que se designaba una Comisión Investigadora. Se buscaba dar solución a una serie de dudas y confusiones que surgían cada vez que se analizaban los poderes y las posibilidades investigatorias que tenía una Comisión designada por este Parlamento.

Luego vinieron sucesivos vetos. No quiero entrar en los aspectos jurídicos, pero por cierto que las argumentaciones del señor Diputado Bergstein me hicieron dudar, porque tengo en mi poder un artículo del doctor Gonzalo Aguirre analizando los vetos, donde se dice que las Comisiones Investigadoras no podrán, en adelante, hacer prácticamente nada a raíz de aquellos vetos que la Asamblea General no levantó. En esa oportunidad estuve presente en las sesiones de la Asamblea General y -no sé si por el verano, por el desinterés o por las posiciones políticas- lo cierto es que esos vetos no se levantaron.

También es importante algo que señala el señor Diputado Bergstein en su informe. Dice que es imprescindible designar una Comisión Especial para legislar, entre otras cosas, con relación a las facultades de las Comisiones Investigadoras parlamentarias. Toda la Cámara tiene que asumir que para que no se replanteen estos temas jurídicos debemos votar una ley que reglamente esas facultades, las limite o bien fije el ámbito de las Comisiones Investigadoras parlamentarias.

Por último, tengo que decir que una Comisión Investigadora puede crearse con fines legislativos y puede terminar poniendo en marcha mecanismos de contralor y hasta de sanción. También puede optar por una investigación presumiendo ilícitos y terminar por solicitar algunas medidas legislativas. De modo que este puede ser un camino que esté tácitamente establecido en esta Comisión Investigadora.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: después de escuchar detenidamente todas las argumentaciones que se hicieron a favor y en contra de la Comisión Investigadora, he razonado que me parece bien que se dé lugar a su creación.

Por lo tanto, fundamento mi posición diciendo que voté negativamente por disciplina partidaria, pero estoy de acuerdo con la creación de la Comisión Investigadora, porque me parece bueno poner en claro nuestra responsabilidad frente al pueblo y que se aclaren situaciones tan complicadas y difíciles de entender en el marco de un proceso que ha llevado tanto tiempo.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: no voy a hacer referencia a algunos aspectos polémicos a propósito de la diferente importancia que se da, dependiendo de los organismos y de las circunstancias, a las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque es un tema conocido en la Cámara de Diputados y al que se ha hecho mención en numerosas oportunidades.

Voy a manifestar, sí, porque me parece que interesa hacer esta reflexión en este momento, que el tema de las Comisiones Investigadoras es importante, pero que también hay otro asunto al que hemos venido haciendo referencia y sobre el cual hay que crear conciencia: el contralor social de lo público no estatal. De alguna manera, aquí estamos trabajando sobre esa base. Lo público no estatal no solamente se hace con fondos públicos, pero tenemos que comenzar a pensar cuál va a ser el contralor social que se va a ejercer sobre lo público no estatal, y si eso lo vamos a ejercer desde las instituciones que tradicionalmente lo manejan desde el punto de vista social, es decir, desde el Parlamento, cuando es evidente que lo público no estatal responde a nuevas formas de relacionamiento social para las cuales no está pensado este ámbito parlamentario.

Pensemos en estos temas; no miremos la cuestión unilateralmente. ¿Vamos a ir a un mecanismo por el cual el Parlamento va a terminar controlando a las ONG? ¿Eso es lo que quieren? Si quieren eso, lo van a tener; no habrá problema. Pero ¿será eso lo más saludable, lo más positivo para el país, o vamos a buscar mecanismos diferentes de contralor social de la actividad pública no estatal? Francamente, yo no tengo soluciones. Estoy tratando de aproximarme a este, uno de los grandes temas de nuestro tiempo y del futuro.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: me alegro doblemente de la decisión que ha tomado el plenario en la tarde de hoy en cuanto a apoyar el informe en mayoría que fundamenta la necesidad de realizar una investigación sobre las actividades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, solicitada a instancias de nuestro compañero del Partido Independiente, el señor Diputado Mieres. Y me alegro también porque la seriedad del trabajo realizado por el señor Diputado Mieres y por técnicos de nuestro Partido en esta área, ha demostrado que, en un tema tan sensible como el de las Comisiones Investigadoras, la opinión del Parlamento resulta imprescindible -en este caso, ha ratificado algún rumbo- cuando se considera que no se pretende ningún tipo de caza de brujas, sino que, por el contrario, se pretende entender y corregir defectos de funcionamiento -si es que los hubo- de una institución de la importancia que para el país tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por lo tanto, mi satisfacción no solo tiene que ver con que un compañero de mi Partido Independiente sea el que haya disparado el mecanismo para la integración de esta Comisión Investigadora, sino con el hecho de que el Parlamento haya corregido una actitud ya que en algunos casos en el pasado no se había actuado de la misma forma.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: la verdad es que sin ningún tipo de petulancia -a esta altura ya no tengo nada-, digo que este Parlamento reedita nuevamente el capítulo de las Comisiones Investigadoras. Y yo, que tengo que ver con este tema por otro motivo -porque fui Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo y, en cuanto tal, creo que es buena cosa que lo que se tenga que investigar, se investigue-, digo también que en general las Comisiones Investigadoras parlamentarias tienden a terminar en un escenario estrictamente de carácter político.

Se está viviendo un proceso interesante en la vida de la República: la política se judicializa y lo judicial se politiza. Cuando los parlamentarios no puedan resolver el tema, ¿qué van a hacer? ¿Quiere que le diga, señor Presidente, cómo termina esta Comisión Investigadora? Se lo escribo ya. ¡Le redacto los informes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio y del Partido Independiente en dos minutos! ¡Le redacto hasta la remisión del tema a la Justicia! Porque siempre termina así: lo que los políticos no saben hacer o no se animan a decir y por lo que arman un gran escenario, un gran movimiento, un gran incendio, termina remitiéndose a la Justicia, con el daño que, en medio de eso, se causa al honor y a la dignidad de mucha gente.

A mí me gustaría que a la hora de acusar algo se acusara directamente, se acusara de frente y se dijera lo que se quiere decir. Eso es tener valor en la vida de la República y no andar haciendo alharacas que, en definitiva, terminan en muy poquita cosa. ¡En muy poquita cosa! Que la información aparezca; ¡bienvenida la información! Que haya más transparencia; ¡bienvenida la trasparencia! Ahora: de ahí a que termine en algo concreto... ¡No termina en nada; en absolutamente nada! Y para peor, los argumentos jurídicos del señor Diputado Bergstein, ¡qué difíciles que son de controvertir! ¡Ah, pero qué difíciles son de controvertir!

(Suena el timbre indicador del tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

Queda aprobado el proyecto de resolución en mayoría.

(Texto del proyecto aprobado:)

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Gallo Cantera.

Del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre de 2002, convocándose, al suplente correspondiente siguiente, señor Ricardo Recuero.

Del señor Representante Victor Rossi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 26 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Humberto Ruocco".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente y por motivos personales solicito licencia por el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre inclusive.

Sin otro particular, saluda atentamente,

LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

2) Convóquese para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Luis Gallo Cantera.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo que usted preside, se me autorice licencia desde el 3 hasta el 6 de diciembre del corriente, por haber sido convocado a la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Brasilia, Brasil, en calidad de miembro de dicha Comisión.

Asimismo solicito se convoque a mi suplente respectivo.

Saluda atentamente.

RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial del señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros en virtud de participar de la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se realizará en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por misión oficial, al señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, por el período comprendido entre los días 3 y 6 de diciembre de 2002, en virtud de participar de la XX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se realizará en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 904 del Lema Partido Nacional, señor Ricardo Recuero.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar licencia por motivos personales por el día de la fecha, convocándose al suplente correspondiente.

Atentamente,

VÍCTOR ROSSI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado para integrar el Cuerpo en ocasión de la licencia del Diputado Víctor Rossi comunico que, por esta vez, no acepto.

Atentamente,

León Lev".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 26 de noviembre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor León Lev.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 26 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor León Lev.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 26 de noviembre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Humberto Ruocco.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Ronald Pais, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 y 29 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente y se le invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente
de la Cámara de Representantes
Guillermo Álvarez

Presente
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 26 hasta el 29 de noviembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

RONALD PAIS
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 29 de noviembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 29 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Ruben Carminatti, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 27 de noviembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Raymundo Guynot de Boismenú".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 26 de noviembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el miércoles 27 del corriente, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

RUBEN CARMINATTI
Representante por Río Negro".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 27 de noviembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 27 de noviembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 27 de noviembre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Raymundo Guynot De Boismenú.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".