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N° 2991 - 13 DE NOVIEMBRE DE 2001

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

69ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES RUBEN OBISPO 1er. Vicepresidente
Y DOCTOR JULIO CARDOZO FERREIRA
2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVÁN Y EL PROSECRETARIO DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 8 de noviembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 13, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Establecimientos donde se preste atención obstétrica. (Se dispone que deberán contar con al menos una partera interna de guardia). (Carp. 383/000). (Informado). Rep. 220 y Anexo I

2º.- Buque ROU 26 "Vanguardia" y su tripulación. (Se autoriza la salida del país entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002 a fin de participar en la "Campaña Antártica"). (Carp. 1673/001). (Informado). Rep. 778 y Anexo I

3º.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución). (Carp. 49/995). (Informado). Rep. 224 y Anexo I

4º.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación). (Carp. 412/000). (Informado). Rep. 239 y Anexos I y II

5º.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur. (Aprobación). (Carpeta 413/000). (Informado). Rep. 240 y Anexo I

6º.- Osvaldo Paz. (Pensión graciable). (Carp. 1176/001). (Informado). Rep. 569 y Anexo I

7º.- Aniversario de la fundación del departamento de Tacuarembó. (Declaración de feriado). (Carp. 1222/001). (Informado). Rep. 597 y Anexo I

8º.- Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica con el Gobierno de la República del Perú. (Aprobación). (Carp. 579/000). (Informado). Rep. 315 y Anexos I y II

9º.- Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. (Aprobación). (Carp. 1047/001). (Informado). Rep. 518 y Anexo I

10.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación). (Carp. 721/000). (Informado). Rep. 393 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2, 18, 28 y 32.- Asuntos entrados

3, 19 y 29.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Adopción de medidas diferenciales para enfrentar la crisis en la región fronteriza con Brasil.

— Exposición del señor Representante Machado

8.- Infantilización de la pobreza.

— Exposición de la señora Representante Castro

9.- Proyecto sobre protección y desarrollo sostenible del acuífero Guaraní.

— Exposición del señor Representante Fonticiella

10.- Beneficios de la lactancia materna directa.

— Exposición del señor Representante Legnani

11.- Ubicación del servicio de asistencia a los pasos de balsa en el río Negro a la altura de San Gregorio de Polanco.

Falta de regulación de los niveles de agua de las represas del río Negro.

— Exposición del señor Representante Cardozo Ferreira

12.- Solicitud de información acerca del destino del señor Luján Molins Ducos.

— Exposición del señor Representante Chifflet

CUESTIONES DE ORDEN

15.- Integración de Comisiones

13 y 22.- Integración de la Cámara

13 y 22.- Licencias

20.- Sesión extraordinaria

31.- Solicitud de urgencia

33.- Urgencias

VARIAS

23.- Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay. (Prórroga de plazo)

25.- Comisión de Asuntos Internacionales. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

26.- Comisión de Educación y Cultura. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

MEDIA HORA FINAL

35.- Fallecimiento del doctor Mario Ferreira.

— Manifestaciones del señor Representante Julio Silveira

36.- Fallecimiento del profesor Washington Lockhart.

— Manifestaciones de la señora Representante Ponte

ORDEN DEL DíA

14 y 16.- Establecimientos donde se preste atención obstétrica. (Se dispone que deberán contar con al menos una partera interna de guardia).

Antecedentes: Repartido Nº 220, de julio de 2000, y Anexo I, de octubre de 2001. Carpeta Nº 383 de 2000. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— Aprobación. Se comunica al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

17.- Buque ROU 26 "Vanguardia" y su tripulación. (Se autoriza la salida del país entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002 a fin de participar en la "Campaña Antártica").

Antecedentes: Repartido Nº 778, de octubre de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carpeta Nº 1673 de 2001. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

21, 24, 27 y 30.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución).

Antecedentes: Repartido Nº 224, de julio de 2000, y Anexo I, de agosto de 2001. Carpeta Nº 49 de 1995. Comisión de Derechos Humanos.

— En discusión general

34.- Actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Nacional Gustavo Silveira. (Rechazo).

— Se aprueba un proyecto de resolución.

— Texto del proyecto aprobado.

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes:, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Mariela Demarco, Ruben Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Heber Duque, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Omar Ferrari, Silvia Ferreira, Ramón Fonticiella, Luis Gallo Cantera, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Julio Lara, Félix Laviña, Eduardo Lay Álvez, Ramón Legnani, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Patrone, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Pedro Pérez Stewart, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Ricardo Recuero, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán (1), Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Julio C. Silveira, Ramón Simonet, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Fernando Vázquez.

Con licencia: Washington Abdala, Raquel Barreiro, Edgar Bellomo, Ricardo Berois Quinteros, Brum Canet, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán, Luis José Gallo Imperiale, Tabaré Hackenbruch Legnani, Luis Alberto Lacalle Pou, Pablo Mieres, Gustavo Penadés, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira y Walter Vener Carboni.

Faltan con aviso: Mario de Pazos, Henry López y Sergio Tarallo.

Observaciones:

(1) A la hora 18:12 comenzó licencia, siendo convocado en su lugar el Sr. Pedro Pérez Stewart.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 108

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 8 de noviembre de 2001, promulgó la Ley Nº 17.414, por la que se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 16.805, de 24 de diciembre de 1996. C/393/000

- Archívese

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite copia autenticada de los siguientes asuntos:

- A la Comisión de Presupuestos

  • notas del Tribunal de Cuentas:

  • relacionada con el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, formulados por el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI). C/20/000

  • acerca de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio 2000, formulados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. C/20/000

  • referente a los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Origen y Aplicación de Fondos y de Ejecución Presupuestal correspondientes al ejercicio 2000, formulados por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. C/20/000

  • por las que ratifica las observaciones oportunamente formuladas a los siguientes expedientes:

  • del Banco de Previsión Social, sobre varios gastos sin disponibilidad en los rubros respectivos. C/5/000

  • del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con la contratación de una profesional en el Programa MESYFOD. C/5/000

  • de la Administración de los Servicios de Salud del Estado:

  • acerca de una licitación pública para la adquisición de medicamentos para el Servicio de Salud de Asistencia Externa. C/5/000

  • referente a una licitación pública para la adquisición de leche fresca pasteurizada y leche en polvo para la Colonia de Asistencia Siquiátrica "Doctor Santín Carlos Rossi". C/5/000

  • de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, referente a varios gastos sin disponibilidad en los rubros correspondientes. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Correos:

  • sobre varios gastos sin disponibilidad en los rubros correspondientes. C/5/000

  • relacionados con varias contrataciones en régimen de arrendamiento de servicios. C/5/000

  • del Ministerio de Turismo, acerca de la contratación de publicidad en la revista "Viajeros". C/5/000

  • del Ministerio del Interior, referente a una licitación pública para el suministro de medicamentos para el Hospital Policial. C/5/000

  • del Ministerio de Educación y Cultura, sobre la contratación de becarios. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con varios gastos dispuestos sin dar cumplimiento a la normativa vigente. C/5/000

  • de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, acerca de la renovación de un contrato en régimen de arrendamiento de servicios. C/5/000

  • del Ministerio de Educación y Cultura, referente a la adjudicación de un servicio de mantenimiento de sistemas de computación en la Dirección Nacional de Registros. C/5/000

  • del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre una licitación pública para la limpieza integral de las plantas del edificio sede de dicha Secretaría de Estado. C/5/000

  • del Banco Hipotecario del Uruguay, relacionado con varios gastos y pagos efectuados por el referido Organismo. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Puertos, acerca de diversos gastos sin disponibilidad en los rubros correspondientes. C/5/000

- A la Comisión de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

- A la Comisión de Seguridad Social

  • por el que se amplían los porcentajes a retener de los haberes de los socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), por concepto de créditos y garantías de alquiler. C/1730/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La citada Cámara remite el proyecto de ley, aprobado en nueva forma, por el que se regula la extracción, conservación y trasplante de órganos y tejidos. C/1084/996

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

- Se repartieron con fecha 8 de noviembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Asociación de Moradores del Balneario Alvorada, República Federativa del Brasil, remite nota sobre la situación de los ciudadanos uruguayos que residen en dicha localidad fronteriza. C/11/000

- A la Comisión de Asuntos Internacionales

La Junta Departamental de Rivera remite las siguientes notas:

  • relacionada con el destino de las mercaderías perecederas decomisadas por la Dirección Nacional de Aduanas. C/20/000

- A la Comisión de Hacienda

  • acerca de la exigencia de documentación a los productores hortifrutícolas en zona de frontera. C/8/000

- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

La Junta Departamental de Rocha remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con el cobro de haberes de los funcionarios municipales. C/105/000

- A la Comisión de Presupuestos

La Junta Departamental de Río Negro remite nota referente a la integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. C/4/000

La Junta Departamental de Maldonado remite los siguientes asuntos:

  • sobre hechos de pública notoriedad relacionados con el narcotráfico en el citado departamento. C/4/000

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

  • relacionada con un homenaje tributado a quien fuera la primera Representante Nacional por el Partido Colorado. C/61/000

- A la Comisión Especial de género y equidad

  • acerca de la importancia de la industria de la construcción en el desarrollo del país. C/248/000

- A la Comisión de Industria, Energía y Minería

  • copia del texto de las conclusiones emanadas de un seminario referente a "Prevención del consumo de drogas a través de una vida sana", realizado el día 24 de octubre de 2001. C/119/000

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

La Junta Departamental de Rivera remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, sobre los núcleos básicos evolutivos y otras soluciones habitacionales. C/235/000

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de San José remite nota relacionada con la problemática financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. C/248/000

- A la Comisión de Industria, Energía y Minería

La Junta Departamental de Flores remite los siguientes asuntos:

- A la Comisión de Educación y Cultura

  • nota por la que comunica la designación de nuevo Vicepresidente del referido Cuerpo. C/18/000

- Téngase presente

La Intendencia Municipal de Río Negro remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay a enajenar a título gratuito a la Intendencia Municipal de Río Negro, los padrones que conforman el asentamiento denominado "Barrio Anglo", ubicado en la 1ª Sección Judicial del citado departamento. C/1618/001

La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Doreen Javier Ibarra, sobre los contratos de arrendamiento de obra y de servicios personales realizados por los distintos organismos de la Administración Central durante el año 2000. C/1466/001

- A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos:

  • de la señora Representante Raquel Barreiro, acerca de presuntos defectos de construcción en viviendas del Complejo Habitacional Maroñas. C/113/000

  • del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, relacionado con los planes de construcción de viviendas de dicha Secretaría de Estado en el departamento de Río Negro. C/1040/001

  • del señor ex Representante José Zapata, sobre la cantidad de soluciones habitacionales previstas para cada año del plan quinquenal 2000-2004. C/1456/001

  • del señor Representante Artigas Melgarejo:

  • sobre el llamado a licitación abreviada para publicidad del Banco Hipotecario del Uruguay. C/919/001

  • referente a la categorización del sistema de núcleo básico evolutivo como vivienda de interés social. C/1522/001

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos:

  • por el señor Representante Ruben H. Díaz, en sesión de 9 de octubre de 2001, referente a la utilidad de revelar todos los archivos acerca de nuestro país que obran en poder de Gobiernos extranjeros. S/C

  • por el señor Representante Roque Arregui, en sesión de 2 de octubre de 2001, sobre una concentración pública por la paz, realizada en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. S/C

El citado Ministerio contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, relacionado con los subsidios otorgados a las empresas de explotación forestal. C/1358/001

  • del señor ex Representante Gonzalo Graña, acerca de los resultados y proyecciones de un muestreo de existencias de ganado vacuno y lanar al 30 de junio de 2001. C/1468/001

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes pedidos de informes:

- A sus antecedentes

COMUNICACIONES REALIZADAS

La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los efectos previstos por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto del proyecto de ley por el que se designa "Doctor Janusz Korczac" la Escuela Nº 360 del departamento de Montevideo. C/1711/001

- Se cursó con fecha 7 de noviembre

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Berois Quinteros solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

El señor Representante Artigas Melgarejo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del contrato de concesión de obra pública de la Ruta Nacional Nº 1. C/1734/001

El señor Representante Heber Sellanes solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, referente al número de empresas registradas en el departamento de San José. C/1735/001

- Se cursaron con fecha 7 de noviembre

El señor Representante Orlando Gil Solares solicita se curse un pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, sobre los funcionarios públicos que hayan ingresado con posterioridad al 15 de febrero de 2000 y se desempeñen en el departamento de Colonia. C/1736/001

El señor Representante Omar Ferrari solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la situación de un asentamiento precario en la ciudad de Young, departamento de Río Negro. C/1737/001

- Se cursaron con fecha 8 de noviembre

El señor Representante Heber Sellanes solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acerca de la entrega de una suma de dinero a una gremial agropecuaria. C/1738/001

El señor Representante Felipe Michelini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

  • sobre estadísticas, registros o estudios sobre los niños y adolescentes que padecen dislexia o dificultades de aprendizaje, así como el marco regulatorio de las instituciones que les brindan asistencia. C/1740/001

  • con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Primaria y al Consejo de Educación Secundaria, relacionado con datos estadísticos referentes a niños y adolescentes que presenten dislexia o dificultades de aprendizaje, correspondientes al período 1990-2001. C/1741/001

El señor Representante Orlando Gil Solares solicita se curse un pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, referente a los funcionarios públicos que hayan ingresado a los diferentes organismos del Estado a partir del 15 de febrero de 2000. C/1743/001

- Se cursaron con fecha 12 de noviembre

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- Se cursan con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Heber Sellanes y Jorge Chápper presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para que se conceda una pensión graciable al señor Juan Antonio Tagliabúe. C/1731/001

- A la Comisión de Seguridad Social

La Mesa da cuenta que, a solicitud de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, se extrajo del archivo el proyecto de ley por el que se crea un "Fondo Permanente de Previsión y Créditos" destinado a cubrir prioritariamente los perjuicios ocasionados en los cultivos frutícolas, vitícolas y hortícolas por el acaecimiento de fenómenos climáticos, el que será administrado por una Comisión Honoraria, pasando a estudio de la misma. C/1795/969"

3.- Proyectos presentados.

"JUAN ANTONIO TAGLIABÚE. (Pensión graciable).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien tomar la iniciativa sobre el proyecto de ley concediendo el beneficio de pensión graciable para el señor Juan Antonio Tagliabúe.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

JORGE CHÁPPER, Representante por San José, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El señor Juan Antonio Tagliabúe conocido en nuestra comunidad por su apodo "Chiche" es un caracterizado músico y director de orquestas de música típica, sumamente conocido en San José y también en el resto de nuestro país.

Este hombre humilde de cuna, ha sabido ganarse el respeto y afecto de todo San José en base a su extensa e intensa actividad musical y también deportiva, siendo un pedazo viviente de nuestra historia.

Nació en San José de Mayo el 18 de agosto de 1913, de muy joven comenzó su aprendizaje de la música particularmente a tocar el violín, guiado por los maestros Carlos Scartaccini y Andrés Marotti, le enseñaron los secretos del instrumento, a la edad de doce años. En esta actividad recorrió escenarios y "boliches" maragatos, alternando con actuaciones en Montevideo y otros departamentos del país, con su propia orquesta.

Sus dotes de excelente músico no pasaron desapercibidos, en el año 1930 otro maragato, reconocido músico de relieve nacional y sobre todo internacional Francisco Canaro "Pirincho", le propuso integrarlo a su orquesta, pero la bohemia y el gran arraigo a su San José le hicieron desistir de la propuesta, su entrañable vínculo con la sociedad maragata y su numerosa familia, pudieron más que esa puerta a la fama que se le abría.

Generaciones enteras de maragatos crecimos viendo al "Chiche" Tagliabúe, tocar su violín en infinidad de eventos, aceptado por todos en su forma de ser y vivir su vida, quizás un poco romática y bohemia lo que lo ha llevado a transformarse en una leyenda viviente de San José.

Padre de numerosa familia, ocho hijos en total, algunos de ellos también músicos que compartieron los escenarios con su padre hasta no hace mucho tiempo. Siempre dijo "con el violín me gané la vida, crié a mis hijos, le compré instrumentos musicales, formé una familia"; toca el mismo violín que su padre le regaló cuando tenía doce años de edad.

Incursionó también en el deporte, jugó al fútbol durante once años, siendo seleccionado de San José con suceso.

Los tiempos de hoy son diferentes, con sus ochenta y ocho años a cuestas le impiden realizar su trabajo por motivos de salud, impidiéndole llevar a su hogar el sustento como lo hizo toda su vida.

Debido a las características del tema, considero que esta es una situación apremiante para ese ser humano tan especial, en el aspecto socioeconómico que necesita una pronta solución; considerando necesaria la intervención del Estado, a efectos de contemplar tal hecho y hacerse cargo de la situación, solicitándose una pensión graciable para el señor Juan Antonio Tagliabúe.

Careciendo el Parlamento de facultad legal de iniciativa para el otorgamiento de una pensión graciable, se plantea un proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, a efectos de que éste haga uso de su facultad constitucional de la iniciativa para el tratamiento de la misma.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

JORGE CHÁPPER, Representante por San José, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 8)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Tomás Teijeiro Fussi solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Ambrosio Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes una exposiciones escritas:

El señor Representante Omar Ferrari solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión realizada el 7 de noviembre de 2001:

Ordinaria:

Con aviso, Silvana Charlone, Alejo Fernández Chaves, Francisco Ortiz y Yeanneth Puñales Brun.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 7 de noviembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Alejo Fernández Chaves y Gustavo Borsari Brenna.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA (14:00)

Con aviso: Julio Cardozo Ferreira.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Martha Montaner.

Jueves 8 de noviembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou.

HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos y Silvana Charlone.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Sin aviso: José Orihuela.

ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Alberto Scavarelli, Daniel García Pintos y Henry López.

Lunes 12 de noviembre

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Carlos Baráibar, José Homero Mello y Oscar Magurno.

ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, Alberto Perdomo y Ruben Obispo".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Tomás Teijeiro Fussi a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, sobre las consecuencias de la aprobación de un proyecto de ley sobre la usura.

"Montevideo, 7 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. En relación con las normas contenidas en el proyecto de ley sobre usura aprobado por la Cámara de Senadores el 17 de octubre de 2001, y respecto a la actividad de las instituciones financieras, consideramos que el tope a establecerse en la tasa de interés sería válido para las tarjetas de crédito, pero no para las órdenes de compra que se extiendan. Dichas órdenes de compra, casi siempre son por poco monto, no como en las transacciones bancarias, las que, por lo general, son operaciones por sumas mucho más importantes, y en las cuales la tasa de interés aplicada permite al otorgante obtener ganancias en valores absolutos que absorben los costos de esa operación. Como consecuencia de la aplicación de esta tasa, tendríamos como resultado el perjuicio de ciudadanos con bajos ingresos que utilizan ese sistema de órdenes de compra para compras de costos bajos, sin garantías reales y de empleos generalmente no estables, por lo que no accederían a créditos otorgados, por ejemplo, por tarjetas de crédito. También se perjudicaría a ciudadanos que trabajan en dichas instituciones financieras, quienes se quedarían sin su fuente de trabajo (por reducción de personal, para poder absorber los costos administrativos que la tasa conllevaría). Asimismo, se presentarían dificultades por la inexistencia de personal dedicado al alcance de la población, como lo es hasta el momento. Todos estos hechos llevarían a la creación de un mercado negro o individuos que actuarían en la clandestinidad; sus actividades, al no ser reguladas por el Banco Central del Uruguay, no serían pasibles de que se les aplicaran los controles que el mencionado proyecto de ley dispone, y que manejarían tasas de interés muy diferentes a las del proyecto. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. TOMÁS TEIJEIRO, Representante por Canelones".

2) Exposición del señor Representante Tomás Teijeiro Fussi a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y a los Centros Comerciales de Canelones, Las Piedras, Pando, Atlántida, Santa Lucía, Salinas, Soca, La Paz, Progreso, Sauce, San Jacinto, San Ramón, Tala, Lavalleja, Treinta y Tres, Lascano, Artigas, Carmelo, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Guichón, Libertad, Punta del Este, Maldonado, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Young y Colón y a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, relacionada con la posible existencia de un mercado negro de préstamos en efectivo.

"Montevideo, 7 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y a los Centros Comerciales e Industriales de Canelones, Las Piedras, Pando, Atlántida, Santa Lucía, Salinas, Soca, La Paz, Progreso, Sauce, San Jacinto, San Ramón, Tala, Lavalleja, Treinta y Tres, Lascano, Artigas, Carmelo, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Guichón, Libertad, Punta del Este-Maldonado, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Young y Colón, y a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. El 17 de octubre de 2001, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley sobre usura, que califica de usuraria, en la actividad de los comerciantes, la superación en un porcentaje mayor al 75% de las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgados a las familias, y, en caso de intereses moratorios, la superación en el 100%. Dicho proyecto establece que la disposición se aplicará a los préstamos en efectivo y a las operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios, otorgados o realizados por empresas de intermediación financiera y por personas físicas o jurídicas administradoras de créditos que no integran dicho sistema de intermediación financiera. Nos inquieta que el alcance de las administradoras de créditos no es el que define el Banco Central del Uruguay, sino que es genérico, y alcanzaría, además, a todo aquel que financia en forma directa, con 'créditos de la casa', la venta de mercadería sin recurrir a terceros. Por lo expuesto, creemos que lo que esa norma creará es un mercado negro de préstamos de dinero para determinados planes que el mercado formal no podrá mantener vigente, por el costo implícito de los mismos, así como estimamos que las perjudicadas directamente serían las empresas del país con crédito propio. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. TOMÁS TEIJEIRO, Representante por Canelones".

3) Exposición del señor Representante Ambrosio Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, sobre la disposición de investigaciones por la eventual comisión de delitos contra la libertad de las personas, por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo.

"Montevideo, 8 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Ante los hechos de pública notoriedad propiciados por resoluciones administrativas de la Intendencia Municipal de Montevideo, que podrían llegar -a mi entender- a vulnerar derechos individuales amparados por la Constitución de la República, por los tratados internacionales que obligan a la nación y leyes vigentes, especialmente el derecho de libre circulación y el de trabajo, solicito la intervención de las autoridades destinatarias de esta exposición, para impedir la vulneración de los derechos individuales mencionados. Como será de su conocimiento, la Intendencia Municipal de Montevideo ha dispuesto un operativo represivo de contralor, a los efectos de verificar si los automóviles que circulan por la ciudad de Montevideo con matrícula de otro departamento, efectivamente son conducidos por ciudadanos residentes en esos departamentos y multar a aquellos que residan en Montevideo y que conduzcan vehículos matriculados en el interior. Esta situación obliga a los uruguayos residentes en el interior del país a efectuar lentos trámites administrativos para demostrar su lugar de residencia, a exhibir documentación privada que ninguna ley nacional obliga, produciendo los perjuicios obvios que conlleva. La Constitución de la República, en sus artículos 7º, 10, 24, 36, 37 y 53, protege los derechos individuales de los ciudadanos, especialmente el de circulación y el de trabajo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13, dice: 'Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado', y en su artículo 23 establece el derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias del mismo. También, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos antedichos, así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resulta obvio que, con la campaña de represión que ha iniciado, la Intendencia Municipal de Montevideo vulnera específicamente el derecho a la libre circulación y al trabajo de los uruguayos residentes en los otros dieciocho departamentos, olvidando que Montevideo es la capital de la República y, como tal, sede de innumerables organismos públicos o privados a los que se ven obligados a concurrir ciudadanos de todo el país. Esto puede derivar en una situación conflictiva que afecte el orden público, ante eventuales y lógicas reacciones de los damnificados por este abusivo procedimiento. Por lo expuesto, al señor Fiscal de Corte, pido que -en forma urgente- se dispongan las investigaciones necesarias por la eventual comisión de delitos contra la libertad de las personas por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado".

4) Exposición del señor Representante Ambrosio Rodríguez al Ministerio del Interior, relacionada con la necesidad de disponer las medidas requeridas para salvaguardar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la República.

"Montevideo, 8 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior. Ante los hechos de pública notoriedad propiciados por resoluciones administrativas de la Intendencia Municipal de Montevideo, que podrían llegar -a mi entender- a vulnerar derechos individuales amparados por la Constitución de la República, por los tratados internacionales que obligan a la nación, y leyes vigentes, especialmente el derecho de libre circulación y el de trabajo, solicito la intervención del señor Ministro para impedir la vulneración de los derechos individuales mencionados. Como será de su conocimiento, la Intendencia Municipal de Montevideo ha dispuesto un operativo represivo de contralor, a los efectos de verificar si los automóviles que circulan por la ciudad de Montevideo con matrícula de otro departamento, efectivamente son conducidos por ciudadanos residentes en esos departamentos, y multar a aquellos que residan en Montevideo y que conduzcan vehículos matriculados en el interior. Esta situación obliga a los uruguayos residentes en el interior del país a efectuar lentos trámites administrativos para demostrar su lugar de residencia, a exhibir documentación privada que ninguna ley nacional obliga, produciendo los perjuicios obvios que esto conlleva. La Constitución de la República, en sus artículos 7º, 10, 24, 36, 37 y 53, protege los derechos individuales de los ciudadanos, especialmente el de circulación y el de trabajo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13, dice: 'Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado', y en su artículo 23 establece el derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias del mismo. También, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos antedichos, así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resulta obvio que, con la campaña de represión que ha iniciado la Intendencia Municipal de Montevideo vulnera específicamente el derecho a la libre circulación y al trabajo de los uruguayos residentes en los otros dieciocho departamentos, olvidando que Montevideo es la capital de la República y, como tal, sede de innumerables organismos públicos o privados a los que se ven obligados a concurrir ciudadanos de todo el país. Esto puede derivar en una situación conflictiva que afecte el orden público, ante eventuales y lógicas reacciones de los damnificados por este abusivo procedimiento. La Ley Orgánica Policial, en su artículo 2º, compete a la Policía 'el mantenimiento del orden público' y establece, además, que 'el servicio policial debe protección a los individuos, otorgándoles las garantías necesarias para el libre ejercicio de sus derechos y guarda de sus intereses'. Por lo expuesto, al señor Ministro pido que -en forma urgente- se dispongan las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de cientos de miles de orientales. Saludo al señor Presidente muy atentamente. AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado".

5) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores, sobre presuntas prácticas comerciales que afectan las exportaciones de arroz a la República Federativa del Brasil.

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores. Manifestamos nuestra preocupación ante la información proveniente de la República Federativa del Brasil de que en los próximos días estará arribando un barco con 27.000 toneladas de arroz cuyo origen es los Estados Unidos de América, producto que además de ser subsidiado ingresa con facilidades financieras que indican un plazo de 36 meses para pagarlo sin intereses. El volumen de arroz importado de los Estados Unidos equivale a lo que actualmente se está exportando mensualmente desde Uruguay a Brasil. Ante este hecho la Asociación Brasileña de la Cadena Productiva del Arroz (ABRARROZ) ha iniciado acciones judiciales para impedir este tipo de negocios que distorsionan el comercio, perjudicando a sus productores y también a los productores arroceros del Uruguay. Están reclamando ante su Gobierno y además realizarán acciones ante los Gobiernos de Uruguay y Argentina para ampliar el arancel externo común del 16% al 35%. Pensamos que ante la actual situación crítica que vive el sector arrocero de nuestro país, Uruguay debe manifestar una enérgica protesta por este tipo de situaciones generadas, en este caso, por los Estados Unidos de América y promover entre los países del MERCOSUR la elevación del arancel externo común al 35% para los productos agrícolas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

6) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino a la Suprema Corte de Justicia, relacionada con las consecuencias de la posible supresión de un Juzgado Letrado con competencia en materia penal en el departamento de Cerro Largo

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Suprema Corte de Justicia. Hace pocos días recibimos la información de que se suprimiría, a partir del 1º de febrero de 2002, el Juzgado Letrado en lo Penal de Primera Instancia de Segundo Turno, del departamento de Cerro Largo. Si bien conocemos la limitación de recursos del Poder Judicial, no deja de causarnos alarma y preocupación que un departamento como Cerro Largo y una ciudad como Melo pierdan un importantísimo servicio de la Justicia. A nadie escapa que Cerro Largo se enclava en una zona de frontera, con una difícil situación laboral y un creciente índice de delitos. Tenemos información, que en lo que va del año, se han diligenciado en el Juzgado, que se proyecta suprimir, más de cuatrocientos presumarios y alrededor de cien sumarios. Con tal medida se recargaría notoriamente al otro Juzgado existente, pudiéndose generar dificultades para la atención acorde a las necesidades de Melo y demás pueblos, villas y centros poblados del departamento, que actualmente son atendidos en dicha Sede. La preocupación manifestada, que compartimos, por las fuerzas vivas del departamento, ven como Cerro Largo ha sido postergado en muchos servicios públicos, y no quieren perder algo ya existente, en un área tan importante como es la de impartir justicia. Esperando que las autoridades judiciales sepan comprender este sentimiento de la comunidad del departamento, solicitamos de ser real la información, se revea la medida y podamos seguir contando en Melo con el Juzgado Letrado en lo Penal de Primera Instancia de Segundo Turno. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

7) Exposición del señor Representante Omar Ferrari a los Ministerios de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay; de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Universidad de la República; a las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, acerca de determinadas patologías que afectan a las plantaciones de trigo y cebada en el citado departamento.

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Universidad de la República, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro y a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de esta Cámara. El Centro Agronómico de Río Negro, reunido en la ciudad de Young, departamento de Río Negro, nos ha acercado una serie de puntualizaciones que se relacionan con la situación sanitaria de los cultivos de invierno y su previsible incidencia negativa en los rendimientos de la próxima cosecha. Por lo expuesto podemos informar: 1) Las lluvias del mes de junio del corriente año, de más de 100 milímetros, determinaron que las siembras, más del 70% del área se concretaran en el mes de julio, con predominio de siembra directa. 2) La continuidad de la lluvias en los meses de agosto, setiembre y octubre, que totalizaron en un total de 353 milímetros, determinó que los cultivos de trigo y cebada que tenían en poco desarrollo radicular, sufrieron una fuerte incidencia de las enfermedades, situación que trataron de subsanar los productores y técnicos con tratamientos sanitarios. 3) En el mes de octubre, las condiciones climáticas siguieron siendo negativas para el desarrollo de los cultivos, propiciando un fuerte ataque de 'fusarium'. 4) A la fecha, con la visita y recorrido a los plantíos de cebada y trigo de la zona de Young, los técnicos concluyen que más del 95% de los sembrados tiene algún grado de afectación de 'fusarium' de espiga, lo que determinaría que la cosecha estaría en un entorno del 50%. 5) Realizado el diagnóstico, los técnicos se atreven a afirmar que se está ante una zafra que determinará importantes pérdidas económicas, sumando más dificultades a las que ya soporta el sector agropecuario y la zona en su conjunto. Ante esta realidad, sensibilizados por la importancia de los datos y su futura incidencia en la economía de los productores, nos pareció oportuno realizar esta exposición, para que llegue a los organismos financieros y se estudie una solución a la afligente situación que ya están viviendo los productores; para los organismos recaudadores de impuestos y para la investigación nacional en la Universidad de la República, en la posibilidad de encontrar respuestas, para el control del 'fusarium'. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI, Representante por Río Negro".

8) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Río Negro, y por su intermedio a la Junta Local de Young, referente a la necesidad de realizar obras para permitir el acceso a las localidades de Sauce y Sánchez, en el citado departamento.

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia Municipal de Río Negro y, por su intermedio, a la Junta Local de Young y a la Junta Departamental de Río Negro. En sesión de 23 de marzo de 1995, la Junta Departamental de Río Negro, actuando en carácter de Edil y respondiendo a planteos que nos formularan vecinos de las localidades de Sauce y Sánchez, solicitamos se buscara una solución a la problemática de la calzada y el puente, que sobre el arroyo del mismo nombre, se originaba en períodos de pocas o intensas lluvias. A raíz de esto, se producía el aislamiento, en cuanto a las comunicaciones terrestres, de los pobladores, y también se agregaba el impedimento del transporte de las cosechas de cereales, de ganado o de la producción diaria (leche) y también el de los proveedores de productos alimenticios. En la misma Junta Departamental se reiteró la solicitud el 12 de marzo de 1998. A la fecha, sabemos que el tema ha sido reiterado por otros señores Ediles, en el mismo ámbito legislativo, y las voces siguen sin encontrar eco, y si hay promesas, estas no se cumplen. Se han sucedido desde entonces accidentes en dichos pasos, aislamiento en situaciones harto difíciles, algunas de enfermedades graves o embarazos prematuros, debiendo los vecinos actuar para solucionarlas, aun a riesgo de sus propias vidas. Por los motivos expuestos es que solicitamos se estudie una solución rápida y definitiva, que atienda la problemática de los vecinos y de los productores, agregando a los de Sauce y Sánchez, el del llamado 'Paso de Ministro', muy cerca de aquellos y con las mismas dificultades. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI. Representante por Río Negro".

9) Exposición del señor Representante Omar Ferrari a todos los Ministerios, y por su intermedio a todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y a todos los organismos dependientes de la Administración Central, sobre el tope de retenciones en los haberes de funcionarios públicos por parte de cooperativas de ahorro y crédito y de consumo.

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a todos los Ministerios, a todos los organismos dependientes de la Administración Central y a todos los entes autónomos y servicios descentralizados. Hemos sido informados, a través de funcionarios que desempeñan tareas en distintas reparticiones de organismos públicos, del escaso o nulo control que realizan ciertas dependencias del Estado, respecto a los topes en la retención de haberes para el pago de créditos otorgados a los funcionarios públicos, por distintas cooperativas de consumo y de ahorro y crédito. Existe mucha amplitud para otorgar créditos a funcionarios públicos, por parte de distintas empresas privadas, dado que los organismos públicos actúan como agentes de retención. Esto ocasiona que muchos trabajadores se excedan en los créditos, y luego su sueldo no alcanza para las retenciones, generándose morosidad y mayor endeudamiento por intereses y refinanciaciones, quedando en penosas situaciones. A saber: escaso volumen de dinero para llevar a su hogar, desánimo en el cumplimiento de la función, perjuicio para el propio organismo al que pertenece, por no rendir en el trabajo como consecuencia directa de las deudas que contrae. Consideramos que la responsabilidad de tomar créditos y de otorgarlos es inherente a cada persona, pero, no obstante, debemos tener presente que el principio general para realizar las retenciones sobre sueldos es que exista una disposición legal que expresamente las autorice. Queremos destacar que existe legislación respecto a los porcentajes que sobre el sueldo de los funcionarios, las cooperativas pueden hacer retener en las empresas u organismos públicos, (Ley Nº 12.777, de 20 de setiembre de 1960, y artículo 6º de la Ley Nº 13.988, de 19 de julio de 1971). En base a ello, consideramos que se debe controlar el fiel cumplimiento de las disposiciones y reglamentación existentes sobre el particular, respetando los topes que para los distintos casos existen. Es por tanto, responsabilidad de las empresas, cooperativas u organismos, que estando facultados de hacer retener de los sueldos, efectúen préstamos a funcionarios públicos, consultar sobre los márgenes de disponibilidad de crédito del funcionario solicitante, al organismo correspondiente. Creemos oportuno, porque son muchas las situaciones que se nos han puesto en conocimiento, solicitar un estudio y una aplicación exigente de lo que está legislado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI, Representante por Río Negro".

10) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria y a la Escuela Nº 67 de la ciudad de Young; al Centro de Ayuda al Discapacitado de Young; al Centro Educativo Esperanza de la referida ciudad y a la Junta Departamental e Intendencia Municipal de Río Negro, relacionada con la realización de las Olimpíadas Nacionales para personas con capacidades diferentes.

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Primaria y a la Escuela Nº 67 de la ciudad de Young; al Centro de Ayuda al Discapacitado de Young (CADY), al Centro Educativo Esperanza de Young, y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. En fecha reciente se realizaron en la ciudad Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, las Olimpíadas Nacionales para personas con capacidades diferentes. El solo hecho de haber participado muchos educandos de los centros referidos en dichas competencias, refleja el sentido de solidaridad, amor y entrega por la causa de quienes merecen y necesitan tanto de la sociedad. Si a ello unimos que el resultado de tanto esfuerzo y trabajo posibilitó el logro de muchas conquistas en el medallero, como integrantes de la comunidad younguense nos hacen sentir íntimamente orgullosos de ellos. Por lo expuesto nos atrevemos a destacar públicamente su esfuerzo, acercándoles a todos los que en mayor o menor grado fueron partícipes de tan fecunda jornada, nuestro emocionado agradecimiento y un profundo y respetuoso saludo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI, Representante por Río Negro".

11) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, acerca del retiro de la pensión por incapacidad a varias personas discapacitadas integrantes del Centro Educativo Esperanza, de la ciudad de Young.

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS), y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Como es de conocimiento de las autoridades del Banco de Previsión Social, funciona en la ciudad de Young, en el departamento de Río Negro, el Centro Educativo Esperanza, gracias al sacrificio, la generosidad y el humanismo que ponen de manifiesto un grupo de integrantes de la sociedad civil, atendiendo a un numeroso grupo de personas mayores, con capacidades diferentes. Muchos de ellos reciben del BPS pensiones que ayudan a solventar los gastos de los hogares, en su mayoría humildes, donde hacen más llevadera una vida con limitaciones físicas, alimenticias y de desarrollo personal e intelectual. Lamentablemente nos volvemos a ocupar de un tema que está adquiriendo notoriedad, por lo injusto de su decisión, que es retirar las pensiones a quienes llevan consigo la pesada carga de una discapacidad, generalmente grave. Creemos oportuno enumerar las personas del Centro Educativo Esperanza a quienes se les ha sido retirado la pensión, que detallamos a continuación:

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

EDAD DOMICILIO EN YOUNG

Ruben Gerardo Barales

3.774.945-1 17 años Tacuarembó 3086
Margot Cecilia González Barchi 3.666.605-4 24 años 25 de Agosto 1897
Sonia Leonor González Germán 3.806.383-6 20 años Hervidero y Melo
Jorge Miguel de Gregorio 4.017.819-8 23 años Gral. Flores c/19 de Abril
Carolina Melendres 4.752.867-1 14 años J. M. Sosa 3249 C/12 de octubre
Elena Carina García González 4.020.012-5 25 años Piedra Alta 3644 (MEVIR 3)
Graciela Paola García González 4.863.435-8    

Por lo expuesto, solicitamos a los integrantes del Directorio del BPS, procuren una rápida solución a este tema que nos preocupa y aflige, situación que creemos comparten y recurrimos por ello, a vuestra sensibilidad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI, Representante por Río Negro".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Adopción de medidas diferenciales para enfrentar la crisis en la región fronteriza con Brasil.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: pocas veces en la historia de la región lindera con Brasil se ha vivido una situación como la actual, de crisis de los distintos sectores productivos. Sabida es la situación de crisis en el agro, que afecta a los incipientes, en aquella región, sectores arrocero, lechero y ganadero, que tienen gran incidencia en la vida económica de los departamentos del interior.

La industria se ha visto fuertemente afectada por problemas de competitividad regional, dejando ociosa mano de obra que no encuentra reubicación, en particular en el departamento de Rivera y, fundamentalmente, en la ciudad. Esta tiene enormes atractivos turísticos que están poco desarrollados; lo que sí se ha desarrollado es lo que se denomina un "turismo de compra" que, dada la situación de permanente devaluación en Brasil, se ha visto muy vulnerado.

Advertimos con preocupación que permanentemente los comercios cierran sus puertas porque es imposible mantener siquiera los gastos fijos, generando en la zona una crisis que se viene acentuando.

Obviamente, no tenemos datos estadísticos de lo ocurrido en los últimos tiempos y, como vecinos del departamento y de toda la región, advertimos un fuerte incremento de la delincuencia, de crímenes y de violencia, de los cuales la prensa nacional se ha hecho eco y que están en conocimiento de todos nosotros. Inclusive, han ocurrido hechos como el ataque al Juez Penal de 2º Turno del departamento de Rivera, que realmente ha sido lamentable.

Todo esto no es casualidad; tiene origen en causas como el fuerte desempleo que hay en la región y la situación de creciente desesperación que viven las familias sin ingresos fijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de plantear soluciones para paliar en algo esta dura situación.

En ese sentido, hace pocos días, conjuntamente con el señor Intendente Municipal del departamento, acercamos al señor Ministro de Economía y Finanzas un documento que fue elaborado por las distintas fuerzas políticas y organizaciones representativas de la vida económica y social del departamento. En dicho documento se plantean medidas diferenciales para toda la región de frontera con el Brasil, tendientes a devolver la competitividad a los productos uruguayos y a mejorar la actividad comercial e industrial, frenando la fuerte erosión de los puestos de trabajo. Desgravar los productos nacionales integrantes de la canasta básica; establecer un régimen de exportación vía mostrador en forma experimental -similar al que funciona en el comercio brasileño en la zona de frontera con el Uruguay-; comenzar de inmediato las obras públicas previstas en la ley de Presupuesto del período 2000-2005 para la región; adelantar los cronogramas ya estipulados; extender el período de seguro por desempleo y analizar profundamente el reperfilamiento de las deudas que mantiene el sector industrial y comercial de la región, son algunas de las medidas que, sin duda, podrían mantener viva la esperanza -en un ambiente de tanta dificultad- para seguir trabajando y luchando por el desarrollo de la región. Sinceramente, no hemos recibido de parte del señor Ministro respuestas que alienten la concreción de todas estas medidas.

Estamos convencidos de que, sin la instrumentación de medidas especiales como las mencionadas, es difícil mantener la actividad. Queremos expresar aquí que seguiremos bregando, porque sabemos que la mayoría de los habitantes de la región comparte estos conceptos, estas medidas y el rumbo de estas políticas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

8.- Infantilización de la pobreza.

Tiene la palabra la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: con frecuencia en esta Cámara oímos hablar de la violencia; son menos las oportunidades en las que el tema que nos ocupa refiere a la pobreza. Por otra parte, mucho se habla del interés nacional por la infancia y la juventud, de cómo velar por estas es velar por el futuro de la patria. Paralelamente, muchos de quienes están presentes, integrantes de la coalición de Gobierno, que tienen en sus manos el poder de decidir la orientación de las políticas macroeconómicas y las políticas sociales, no solo acuerdan con la existencia de una creciente infantilización de la pobreza, sino que, a la vez, significativamente marcan la necesidad de revertir esta nefasta tendencia.

Es nuestra intención señalar hoy, muy brevemente, ciertos indicadores que demuestran algunas relaciones entre la violencia y la pobreza, particularmente en los niños y los jóvenes pobres, y cómo, en el presente, el ejercicio de esta violencia lleva a comprometer el futuro de cada uruguaya y de cada uruguayo pobre y, por ende, el futuro de la nación.

Días pasados, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el Departamento de Nutrición Social de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República presentó un informe por el que se dan a conocer cifras sobre la desnutrición en Uruguay.

Según el Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional, red en la que interviene, entre otros organismos, el propio Ministerio de Salud Pública, el 19% de los niños menores de cinco años presentan signos de desnutrición aguda y el 31% de los niños de esta franja etaria tienen desnutrición crónica. Esto es violencia. Todo esto no es casualidad. "

"La nutricionista Britz agrega que en los niños de estas edades "[...] este problema tiene un impacto muy fuerte sobre toda la evolución de la persona". Y agrega: "[...] estamos hablando de niños que por su inseguridad alimentaria no pueden consumir regularmente las cantidades adecuadas, necesarias para su normal crecimiento y por ende para su desarrollo, que luego, en edades muy tempranas, tienen que abandonar las instituciones de enseñanza para comenzar a trabajar. Estamos uniendo todo esto a una situación de pobreza. Son niños que no tienen la concentración que deberían tener, por lo cual muchas veces desertan de las escuelas o de los liceos y luego tienen que insertarse en un mundo laboral que les exige una preparación que no logran tener. Se cierra el círculo de pobreza y desnutrición". Esto es violencia.

La pobreza infantil no es pasajera. Genera consecuencias para toda la vida, ya que en esta etapa inicial se desarrolla la red neural del cerebro. Los niños que hoy sufren hipotrofia nutricional -déficit del crecimiento atribuido a la alimentación escasa y a enfermedades reiteradas- podrían convertirse en adultos con atrofia de crecimiento y déficit intelectual. Esta no es una afirmación que nos pertenece, sino que la ha hecho la UNICEF y la compartimos. Estos niños pobres no son lo que podríamos llamar -entre comillas- unos "pobres niños" que por cierta "determinación histórica", ajena a la voluntad humana, tienen comprometido su presente y su futuro. Son los hijos de los hogares pobres y de los más pobres entre los pobres uruguayos. Son los hijos de esos hogares que, según la CEPAL, tienen un ingreso per cápita de US$ 139 anuales en Montevideo y de US$ 98 en el interior. Son los hijos de uno de cada seis uruguayos con problemas de empleo, por la precariedad de este -el número de menores que viven en hogares en los que se tiene trabajo precario o informal es el doble en comparación con los no pobres-, porque perciben un salario infrahumano -por ejemplo, como el de los sesenta mil trabajadores de empresas de limpieza y de seguridad privada que reciben entre $ 6 y $ 12 por hora de labor- o porque directamente no tienen ningún empleo. Esto también es violencia.

Lo curioso y, más que curioso, indignante -recordando lo que decíamos al inicio- son las reiteradas oportunidades en que en este Cuerpo los integrantes de la coalición, tanto Representantes por Montevideo como por el interior señalan, y con acierto, la creciente pauperización de nuestra población, pero aprueban y conviven con las políticas que la originan. A veces me pregunto -y créaseme, señor Presidente, que me genera cierta preocupación- si no estaremos transitando en un probable camino de esquizofrenia en el compromiso político.

Para redondear, diría que esta situación de infantilización de la pobreza y de pauperización de los grandes sectores de nuestro país tiene que llamar a la reflexión a todos, no solo por ese futuro que se anuncia, sino por este presente concreto. De lo contrario, las palabras que se pronuncian no serán más que una voz hueca que resuena y se desarma ante una realidad muy concreta, como la creciente desocupación de Bella Unión, que baja por todo el litoral oeste o aún más cerca, la de la población que hay en los alrededores de Toledo, con más de un 70% de desocupación, o bien la de los tristes, pero ya instalados, 320 asentamientos de la ciudad de Montevideo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura, y al Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

9.- Proyecto sobre protección y desarrollo sostenible del acuífero Guaraní.

Tiene la palabra el señor Diputado Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: la semana pasada se realizó en Salto una actividad de profundo contenido, aunque fue seguida por apenas medio centenar de personas. Se trató de una reunión informativa, convocada a través de la prensa por la Unidad de Preparación del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible e Integrado del Sistema Acuífero Guaraní. ¡Qué nombre largo y, quizá, poco entendible para algo tan vital!

Los uruguayos sabemos poco del acuífero Guaraní; poco nos informamos y, quizá, poco nos informan los directamente responsables, a tal punto que hace unas pocas semanas se integró, también en Salto, la Junta Asesora Nacional, con la presencia del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, y quienes no formamos parte del Poder Ejecutivo debimos enterarnos por terceros de lo que allí acontecía.

En esta Sala ya se ha hablado de la importancia del acuífero Guaraní. Probablemente sea la principal reserva de agua dulce; por lo menos, es una de las más importantes en un mundo en el cual, según la Cancillería uruguaya, al día de hoy se están registrando no menos de veinte conflictos por agua. Y nosotros estamos sentados sobre unos 45.000 kilómetros cuadrados de esa impresionante reserva de vida, que en total tiene más de 1:200.000 kilómetros cuadrados y guarda 40.000 kilómetros cúbicos de agua limpia en aproximadamente un 90%. No doy las cifras y los porcentajes para manifestar una erudición que no tengo, sino para causar un impacto en quienes somos doblemente responsables de su cuidado, como legisladores y como ciudadanos de Uruguay.

El hoy llamado acuífero Guaraní se extiende debajo del MERCOSUR; ocupa 840.000 kilómetros cuadrados del sur de Brasil, 225.000 kilómetros cuadrados del norte de Argentina, 52.000 kilómetros cuadrados del este de Paraguay y 45.000 kilómetros cuadrados del norte uruguayo. El 25% de nuestro territorio está sobre el acuífero Guaraní: Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y parte de Río Negro se asientan sobre él.

Hace millones de años, las lavas volcánicas le pusieron un manto de hasta 1.500 metros de espesor, protegiéndolo del resto de la naturaleza y, sobre todo, de la depredación del hombre. La necesidad y el avance de la tecnología imponen la llegada del momento de su utilización, pero sobre todo de su preservación y cuidado, para hoy y para el futuro.

Escuchando a los profesionales de los diferentes Ministerios, de entes y de la Universidad de la República, las personas comunes vamos captando la necesidad y la urgencia de conocerlo más y mejor, cuidando al máximo este recurso vital.

El acuífero infrabasáltico Guaraní es mucho más que termas surgentes en Salto y Paysandú y que agua para riego en todo el norte; inconmensurablemente más que una fuente de trabajo, de ingresos y de desarrollo. Es una posibilidad de vida para una potencial población de 360:000.000 de habitantes.

En general, conocemos muy poco del acuífero y por eso aplaudo la creación de un proyecto sobre protección y desarrollo sostenible que los cuatro países echan a andar con una fuerte tarea inicial de estudio y de conocimiento. El Poder Legislativo no puede estar ajeno a esta tarea de protección, cuidado y estudio. Todavía no poseemos una legislación nacional que configure un verdadero marco regulatorio del uso del acuífero. Debemos elaborarla, aun mientras se hacen los trabajos internacionales en busca de un entorno de gestión sustentable.

El proyecto de estudio demandará cuatro años; es mucho tiempo en el uso y abuso de un recurso de estas características. Debemos asumir el compromiso de legislar internamente en el plazo inmediato; personalmente, lo asumo y descuento que los colegas, sin distinción de partidos, concordarán en la misma iniciativa.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Junta Asesora del Acuífero Guaraní y a las Juntas Departamentales y las Intendencias de los departamentos del norte del río Negro.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

10.- Beneficios de la lactancia materna directa.

Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: semanas atrás, en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social estuvieron presentes integrantes y dirigentes de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y allí plantearon algunas de las conclusiones y experiencias que se trasmitieron, por distintos trabajos, en el último Congreso Uruguayo de Pediatría y Panamericano de Pediatría -realizado en diciembre de 2000-, en donde se hicieron diversas evaluaciones, entre otras, la relación costo-beneficio que implica la alimentación natural, el pecho directo, en cuanto a la protección de la salud, a la salud integral y a su promoción.

Se señaló que solo recientemente se han diferenciado los beneficios entre quienes reciben lactancia exclusiva y quienes reciben alimentación mixta o son destetados precozmente. Se demostró que los niños que son alimentados exclusivamente con leche materna durante seis meses tienen menor riesgo de desnutrirse, de enfermarse, de requerir hospitalización y de morir que quienes complementan la lactancia o son destetados antes de esa edad.

UNICEF, la OMS, la Asociación Americana de Pediatría y muchas otras organizaciones científicas de esta área promueven la lactancia exclusiva por seis meses, debiendo ser complementada hasta los dos años.

Más allá de la mejoría que los niños criados con pecho directo tienen desde el punto de vista nutricional y del mejoramiento de su estado inmunitario respecto a las infecciones y a las agresiones infecciosas, queremos resaltar que las estadísticas demuestran que el vínculo más prolongado de quien recibe durante varios meses el pecho directo, al mejorar la conducta de apego, disminuye sensiblemente la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, en nuestra legislación subsiste una situación discriminatoria respecto a las madres que trabajan y amamantan, o pretenden amamantar.

En el año 2000 nacieron 52.700 niños; el 30% de sus madres trabajaron durante el embarazo. Hablamos de una población de entre 15.000 y 20.000 madres que potencialmente podrían dar de mamar y que son trabajadoras, fundamentalmente del sector privado, aunque algunas son del sector público.

Sin embargo, la ley discrimina, no trata en forma igual, pues en los hechos las madres que trabajan en el sector privado ni siquiera comentan que están amamantando por temor a la represión que puedan sufrir en el medio laboral, incluyendo la pérdida de su trabajo.

En este sentido, respondiendo a la inquietud de la Sociedad Uruguaya de Pediatría al plantear estos temas, estamos elaborando dos proyectos de ley al respecto, a efectos de establecer una similitud de derechos de la madre que amamanta, tanto para la que trabaja en el sector privado como para la que lo hace en el sector público.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad que reprime de muchas maneras el embarazo y la lactancia, más allá de la forma crítica en que muchas veces se mira a la mujer embarazada que solicita licencia; a veces, quienes tienen que admitir que tome esa licencia dudan de los problemas que pueda relatar o de los síntomas que pueda presentar.

A estos efectos hemos acompañado ese proyecto de ley con otra iniciativa relativa a normas publicitarias promotoras de la lactancia materna, a efectos de que el conjunto de la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene favorecer el desarrollo de la conducta de apego y la relación madre-hijo. Para lograrlo, todos debemos contribuir a facilitar esa relación.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, a la Comisión Especial de Género y Equidad de la Cámara de Representantes, al Ministerio de Salud Pública y a los centros de formación docente del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y siete: AFIRMATIVA.

11.- Ubicación del servicio de asistencia a los pasos de balsa en el río Negro a la altura de San Gregorio de Polanco.

Falta de regulación de los niveles de agua de las represas del río Negro.

Tiene la palabra el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: días pasados, el señor Edil Luis Alberto Pereira, de la Junta Departamental de Tacuarembó, nos hizo llegar un pedido de informes para que, por nuestro intermedio, fuera elevado a la Dirección Nacional de Hidrografía, por un tema que involucra al sur del departamento de Tacuarembó y a gran parte del departamento de Durazno. Concretamente, me refiero a los dos pasos de balsa que existen en esa zona del río Negro, ubicados al costado izquierdo de San Gregorio de Polanco, en Paso Romero y Picada de Oribe, así como al servicio que hay en Paso Ramírez; si tenemos en cuenta la importancia que tendrá el desarrollo de la forestación en ambos departamentos, es fácil advertir la relevancia mayúscula que en el futuro tendrán los pasos de balsa para el traslado de la producción de madera.

Los pasos de balsa que funcionan en el río Negro son atendidos por el Servicio de Hidrografía, ubicado en Paso de los Toros, es decir que están a 100 kilómetros de distancia. Es inaudito y poco creíble que el servicio de asistencia a las balsas ubicadas en San Gregorio de Polanco se encuentre en Paso de los Toros.

Reiterados pedidos de informes realizados no han obtenido respuesta del Ministerio, en especial de parte de la Dirección Nacional de Hidrografía. Es por ese motivo que en estos días también hemos cursado un pedido de informes para saber cuánto personal tiene esta Dirección en Paso de los Toros, qué sitios atiende y algunos otros datos que sería bueno comunicar a la población respecto a la función que desempeña ese varadero que, reitero, está ubicado en Paso de los Toros, cuando en realidad debería ubicarse en San Gregorio de Polanco.

Conociendo el servicio que prestan las balsas en el traslado de productores agropecuarios y demás personas que transitan de Tacuarembó a Durazno -en los meses de verano la gente va a San Gregorio de Polanco porque es un centro de esparcimiento y descanso y, entre otras cosas, es el lugar de la región donde hay una sucursal del Banco de la República- y las dificultades que tienen, lo antiguas que son y los problemas de los funcionarios que las atienden, nos preocupamos por este asunto y solicitamos esta información.

Es bueno aprovechar la oportunidad para hablar de otro problema que involucra a San Gregorio de Polanco, que es la falta de coordinación entre los organismos competentes acerca de la regulación del agua de la represa Gabriel Terra. Esta situación es similar a la que denunció hace pocos días el señor Intendente de Soriano en cuanto a que la falta de regulación en relación con las represas que están en el río Negro -Gabriel Terra, Palmar y Baygorria- ocasiona dificultades a las ciudades que han crecido a los bordes de ese río.

En San Gregorio de Polanco existe un murallón que hay que reparar todos los años, lo que cuesta miles y miles de dólares. Todavía no hemos obtenido una respuesta que nos conforme acerca de por qué se han aumentado en los últimos años los niveles de agua en la zona del embalse de la represa de Rincón del Bonete. Eso ha ocasionado perjuicios en el murallón, en los espacios destinados a los campamentistas y a inversores privados que han hecho sus gastos para atender el creciente turismo que tiene San Gregorio de Polanco.

Todo esto se ha originado en la falta de coordinación entre los organismos competentes para decidir qué es más importante, si la producción de energía o la regulación del embalse de las aguas del río Negro en toda su extensión.

Creemos que esto trae aparejado que el Estado, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tenga en cuenta que los caminos de acceso a esa región no han sido atendidos como se debe.

Es bueno recordar en este momento las palabras que pronunció el señor Presidente Batlle en febrero de 2000, antes de asumir su cargo. Dijo que creía que las zonas norte y centro del país eran las que más iban a crecer durante su mandato. Esperemos que eso no haya sido solo una expresión de deseo y que se transforme en una realidad, para poder concretar a corto plazo lo que se reclama desde el norte, es decir, que sus rutas de acceso -para extraer la producción- sean un hecho tangible a fin de comenzar el ansiado desarrollo de esa zona del país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Junta Departamental de Tacuarembó, a la Junta Local de San Gregorio de Polanco, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

12.- Solicitud de información acerca del destino del señor Luján Molins Ducos.

Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: en 1996 planteamos en esta Cámara la necesidad de que se creara una Comisión de la Verdad para investigar la situación de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. En ese momento aportamos información que nos había sido entregada por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre un aspecto especial de esos crímenes, que tiene que ver con cadáveres que comenzaron a aparecer en la costa uruguaya en abril de 1976, el mismo día en que el dictador Pinochet se entrevistaba con el señor Bordaberry -y algunos otros personajes de la política uruguaya, como el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Juan Carlos Blanco- y era distinguido con la máxima condecoración de las Fuerzas Armadas uruguayas. Ese mismo día aparecieron sobre la costa de Rocha tres cadáveres con notorias señales de tortura y acerca de los cuales se difundió información en la prensa, ya que en ese momento se desconocía quiénes eran los asesinos. Poco después siguieron apareciendo cadáveres, tantos que la información de los medios de prensa comenzó a enturbiarse primero, con versiones fraudulentas, y a limitarse después, de acuerdo con las normas de censura y de autocensura de la época. Al poco tiempo se supo -en primera instancia por los subterráneos de la libertad, y a partir de un informe difundido por el periodista argentino Rodolfo Walsh, luego asesinado- que se trataba de prisioneros políticos que eran arrojados desde aviones al Río de la Plata.

El expediente que recibimos de la Suprema Corte de Justicia -que contiene huellas dactilares de algunas de esas personas asesinadas y hasta algunas fotografías- lo hemos hecho llegar a la Comisión para la Paz, que lleva a cabo una importante tarea de investigación.

Hoy deseamos plantear un pedido especial de ayuda a los medios de comunicación respecto a un primer caso de varios que hemos venido analizando. Sucede que a la lista de detenidos desaparecidos durante la dictadura no se han agregado otros nombres porque de algunas personas detenidas por las Fuerzas Conjuntas no se sabe, siquiera, si fueron asesinadas en los establecimientos de detención o cuál ha sido su destino. Debo referir, por el momento, un primer caso que hemos estado investigando, hasta ahora sin éxito. Se trata de saber qué ha pasado con Luján Molins Ducos, que vivió en Rivera y en Montevideo. Sabemos que fue detenido por motivos políticos, procesado por la curiosamente denominada Justicia Militar y que estuvo en la cárcel de Punta Carretas. Hemos localizado su último domicilio en Montevideo y sabemos -porque obtuvimos un repartido de la Corte Electoral- que, como a cientos y cientos de ciudadanos, se le prohibió votar en el plebiscito de 1980. Hemos hablado con familiares y amigos de Molins, pero solo hemos registrado angustias e interrogantes. Alguna versión presupone su salida hacia Brasil; otra, la posibilidad de su viaje a Francia. Como ninguna ha podido ser confirmada, hemos solicitado a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional que informen en qué fecha ingresó al penal de Punta Carretas -donde tenemos testigos de que estuvo-, si fue liberado y si hay constancia de que pudiera haber salido al exterior.

Pedimos el apoyo de los medios de comunicación para que, por su intermedio, toda persona que pueda disponer de alguna información acerca del paradero de Luján Molins Ducos la haga llegar al Parlamento o a la Comisión para la Paz. Reitero que no se trata del único caso de personas que ni siquiera figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos, pero cuyo destino se desconoce.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Embajadas de Francia y de Brasil y a los medios de prensa registrados en esta Cámara, agradeciendo desde ya su posible colaboración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

La Mesa quiere destacar la presencia en la barra de integrantes de la Escuela de Parteras de la Facultad de Medicina, a quienes damos la bienvenida.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Ruben Carminatti, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Raymundo Guynot De Boismenú.

Del señor Representante Enrique Pintado, por misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 27 de noviembre y 3 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora María Eloísa Moreira.

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 14 de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Duque.

Del señor Representante Brum Canet, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Patrone.

Del señor Representante Gustavo Silveira, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 16 de noviembre de 2001, convocándose al suplente, señor Basilio Morales.

Del señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 5 y 14 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 13 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Elena Ponte".

¾ ¾ En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 7 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, del martes 13 al jueves 15 del corriente, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

RUBEN CARMINATTI
Representante por Río Negro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Raymundo Guynot De Boismenú.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 8 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia desde el día 27 de noviembre al 3 de diciembre con motivo de la concurrencia a la reunión del Parlamento Latinoamericano los días 28 y 29 del corriente mes.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Enrique Pintado, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 de noviembre y 3 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 27 de noviembre y 3 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales, por los días 13 y 14 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Jorge Omar Bentancurt".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 14 de noviembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Omar Bentancurt.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 14 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Omar Bentancurt.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia por tres días a partir del día de hoy, por motivos de enfermedad (Ley Nº 16.465, inciso A), convocando a mi suplente correspondiente.

Sin más saluda atentamente.

BRUM CANET
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Brum Canet, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daniel Mesa".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001, y adjunta constancia médica.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente señor Daniel Mesa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente siguiente señor Daniel Mesa.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Patrone.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Melo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, a partir del día de hoy y hasta el viernes 16 inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

GUSTAVO SILVEIRA
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Silveira.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 16 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 16 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Silveira.

2) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Basilio Morales.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar licencia por motivos personales y al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, desde el 5 de diciembre hasta el 14 de diciembre de 2001 inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS
Representante por Florida".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente declino el honor de la convocatoria de que he sido objeto, para suplir al Diputado titular por Florida Juan Justo Amaro, por razones particulares, solicitándole convoque a quien me sigue en el orden de prelación en la lista.

Saluda a usted, muy atentamente

Alberto Martínez".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe Luis A. Oliva Castro, cédula de identidad Nº 3.692.447-0 en mi carácter de suplente del señor Representante Nacional Juan Justo Amaro Cedrés, declino la citación de la Cámara de Representantes en esta oportunidad por razones de índole estrictamente particular.

Sin otro particular, saludo atentamente

Luis A. Oliva Castro".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

La que suscribe, Stella Maris Tucuna, con cédula de identidad Nº 2.538.852-0 en mi calidad de suplente del Representante Nacional Juan Justo Amaro Cedrés, declino a la citación que me efectúa la Cámara de Representantes en esta oportunidad por motivos personales.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Stella M. Tucuna".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 14 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes, señores Alberto Martinez, Luis Oliva Castro y señora Stella M. Tucuna.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés, por el período comprendido entre los días 5 y 14 de diciembre de 2001.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señores Alberto Martínez, Luis Oliva Castro y señora Stella M. Tucuna.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia por motivos personales en el día de la fecha, convocando a mi suplente, señora Elena Ponte.

Saluda a usted atentamente.

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 13 de noviembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 13 de noviembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

14.- Establecimientos donde se preste atención obstétrica. (Se dispone que deberán contar con al menos una partera interna de guardia).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Establecimientos donde se preste atención obstétrica. (Se dispone que deberán contar con al menos una partera interna de guardia)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 220

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todo establecimiento o institución donde se preste atención obstétrica en cualquiera de sus etapas: embarazo, preparto, parto y puerperio debe contar con partera interna de guardia, ya sean estos establecimientos o instituciones de carácter estatal, paraestatal o privados.

Artículo 2º.- Las referidas profesionales según lo requieran las circunstancias podrán actuar por sí mismas o como colaboradoras inmediatas de los médicos ginecotocológos de los establecimientos o instituciones de referencia.

Montevideo, 4 de julio de 2000.

ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ENRIQUE PINTADO, Representante por Montevideo, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, ERNESTO AGAZZI, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al Decreto 471/971, de 27 julio de 1971 se estableció que todo establecimiento o institución donde se preste atención obstétrica en cualquiera de sus etapas debe contar con partera interna de guardia.

La disposición reconoce la formación específica que tiene la partera y la importancia insustituible que en su función presta.

Posteriormente, el Decreto 351/986, de 16 de setiembre de 1986, establece modificaciones a esta norma en tanto exime la exigencia de la partera si se cuenta con médico ginecotocólogo de guardia interno y servicio de neonatología con médicos y enfermeras universitarias. Esta modificación no toma en consideración la función insustituible de la partera en cualquiera de las etapas de la atención obstétrica.

Es por lo expresado, anteriormente, que se propone aprobar este proyecto, a efectos que las normas contenidas en el Decreto 471/971 adquieran fuerza de ley subsanándose el problema planteado.

La Asociación Obstétrica del Uruguay ha señalado en el Parlamento que: "La partera es una profesional con título universitario que la habilita para el libre ejercicio en todo el territorio nacional. Egresa de la Escuela de Parteras de la Facultad de Medicina.

En 1991 se logró la primera carrera binacional entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay a través de un convenio entre la Universidad del Norte y la Universidad de Entre Ríos. Se creó la carrera Binacional de Obstetricia, unificándose planes de estudio entre Argentina y Uruguay para formar profesionales habilitados para interactuar en la región. En todos los niveles de atención en el equipo multidisciplinario que conforma el recurso humano imprescindible, la partera está considerada como integrándolo. Se supone que el Ministerio mencionado, como órgano regulador de servicios, tiende a que cada institución prestadora de servicios de salud, adopte dichas normas y las aplique sin omitir parte del recurso humano considerado en ellas y que suman en beneficio de los resultados".

Entre los valiosos argumentos que ha aportado la Asociación Obstétrica del Uruguay para dar rango de ley a la obligatoriedad de que en los establecimientos o instituciones donde se presta atención obstétrica deba contarse con partera interna de guardia figuran:

1) Que donde hay parteras desciende el número de cesáreas.

2) Hay que apostar a que en el diálogo y en el ánimo de mejorar la calidad de atención del binomio madre-hijo, cada profesional sea un integrante del equipo al servicio de la mujer, y su producto.

3) En "Recomendaciones de Fortaleza (Brasil), 1985 OMS/OPS Tecnología apropiada para el nacimiento", se reconoce la importancia del rol de la partera para descender la mobi-mortalidad.

4) "Se opina que el parto no es para el médico sino para la partera, porque los médicos hemos hecho del parto una enfermedad y al hacer cesáreas creamos más morbilidad. El partero debe aprender a saber esperar" (Conclusión del Simposio sobre Cesáreas Aspectos del Trabajo de Parto en Uruguay organizado por la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay en setiembre de 1997).

5) La intervención de la partera ofrece la posibilidad de mejorar los resultados del embarazo y de una reducción general de la mortalidad perinatal.

Cabe consignar que su presencia es gravitante en el equipo de salud en todos los niveles de atención, desarrollando su actividad en cinco áreas fundamentales: asistencial, docente, formativa, investigación y administración.

En respuesta a la complejidad e importancia de sus funciones, la Escuela de Parteras en su último Plan de Estudios (1990) desarrolla los programas en cuatro años lectivos, en vez de los tres que tradicionalmente cumplía los programas de estudios.

Este esfuerzo e inversión que realizan los medios universitarios en la formación y capacitación de recursos humanos para esta instancia tan importante por su repercusión en el futuro de la madre y del producto de su embarazo, merece el apoyo de la ley que estamos proponiendo.

Montevideo, 4 de julio de 2000.

ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ENRIQUE PINTADO, Representante por Montevideo, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, ERNESTO AGAZZI, Representante por Canelones".

Anexo I al

Rep. Nº 220

"Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

INFORME

Señores Representantes:

El Decreto del Poder Ejecutivo 471/971, de 27 de julio de 1971, disponía: "En todo establecimiento o institución donde se presta asistencia obstétrica, en cualquiera de sus etapas, embarazo, parto y puerperio debe contar con parteras internas de guardia".

Luego el Decreto 351/986, de 16 de setiembre de 1986, exime la obligación de parteras internas en los establecimientos o instituciones que cuentan con ginecotocólogo de guardia interno y servicio de neonatología con médicos y enfermeras universitarias con cobertura las veinticuatro horas del día.

Creemos que no existe antinomia entre médicos y parteras sino que ambos son parte insustituible de un equipo multidisciplinario de salud, que interactúa y se complementa. El papel de médico y el de la partera son diferentes. La partera debe pasar junto a la parturienta más tiempo que el médico y por lo general éste no puede dedicarle a cada madre, el tiempo que puede y debe dedicarle la partera.

La Asociación Obstétrica del Uruguay aportó valiosos argumentos científicos en su visita a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que hacen que ésta proponga dar rango de ley al Decreto 471/971. Algunos de ellos son:

-  el importante rol de las parteras en el descenso de la morbimortalidad materno-perinatal.

-   en las instituciones donde hay parteras desciende el número de cesáreas.

-  el apoyo psico-emocional durante el parto.

-  la atención prenatal en el embarazo de bajo riesgo, que reduce la incidencia de partos prematuros.

Los valiosos logros del Uruguay en salud materno-infantil, los objetivos de reducir cada vez más los índices de morbimortalidad materno-infantil y de mejorar cada vez más las condiciones del embarazo, parto y puerperio, hacen que creamos que es necesario garantizar por ley la permanencia, en un equipo multidisciplinario de salud, de un profesional altamente calificado e insustituible en su tarea específica.

Sala de la Comisión, 17 de octubre de 2001.

GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Miembro Informante, DANIEL BIANCHI, TOMÁS CASTRO, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE, ORLANDO GIL SOLARES, RAMÓN LEGNANI, WILMER TRIVEL".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Amen Vaghetti.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: en nombre de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, recomendamos al plenario la aprobación de este proyecto de ley, que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de dicha Comisión.

En el año 1875 se crea la Facultad de Medicina y el primer título, expedido el 26 de febrero de 1881, fue el de partera y se le otorgó a la señora Adela Peretti. O sea que, como hecho histórico, podemos resaltar que el primer título expedido por la Facultad de Medicina fue a una mujer, una partera, y todavía no había egresado ningún médico. En ese entonces, la carrera de partera tenía una duración de tres años. Actualmente los cursos son de cuatro años, luego de los cuales egresa una profesional con título universitario habilitante para el libre ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional, capacitada para desarrollar su actividad en cinco áreas fundamentales: asistencial, docente, formativa, de investigación y de administración.

El emblema de esta profesión es nada más y nada menos que "La vida en mis manos". La mitad de los partos en el Uruguay son asistidos por parteras. Probablemente, más de la mitad de quienes integramos esta Cámara hayamos nacido con partera; quien habla y sus tres hermanas nacieron en domicilios particulares, asistidos por parteras.

Ahora bien: el artículo 1º del decreto del Poder Ejecutivo Nº 471/971, de 27 de julio de 1971, disponía: "Todo establecimiento o institución donde se preste atención obstétrica, en cualquiera de sus etapas: embarazo, preparto, parto y puerperio, debe contar con parteras internas de guardia, [...]". Luego, el Decreto Nº 351/86, de 16 de setiembre de 1986, exime de la obligación de contar con partera interna de guardia en aquellos establecimientos o instituciones que cuenten con ginecotocólogo de guardia interno y servicio de neonatología con médicos y enfermeros universitarios con cobertura las veinticuatro horas del día.

Como decimos en la exposición de motivos, creemos que no existe una antinomia entre médicos y parteras, sino que ambos son parte insustituible de un equipo de salud multidisciplinario que interactúa y se complementa. El papel del médico y el de la partera no son idénticos; la partera debe pasar junto a la parturienta mucho más tiempo que el médico, que, por lo general, no puede dedicar a cada madre el tiempo que puede y debe brindar la partera.

La Asociación Obstétrica del Uruguay, representada por su Presidenta, la partera Ana Labandera, y por la partera Laura Pucholo, se entrevistó conmigo, convenciéndome de la necesidad de legislar al respecto, y solicitó por mi intermedio una audiencia con la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Esto aconteció el 5 de abril de 2000. En esa oportunidad se aportaron argumentos científicos de tal contundencia que colegas parlamentarios del Frente Amplio hicieron suya la aspiración de las parteras, presentando el correspondiente proyecto de ley. Nuestra Comisión lo estudió, recibió a los delegados del Sindicato Médico del Uruguay, de la FEMI y del Ministerio de Salud Pública, y llegó a la conclusión de que hay hechos que son indiscutibles.

Las parteras tienen y han tenido un importante rol en el descenso de la morbimortalidad materno-perinatal. Es un hecho comprobado que en las instituciones donde hay parteras desciende el número de cesáreas.

Esta Cámara aprobó, no hace mucho tiempo, un proyecto de ley sobre el derecho de la mujer a tener asistencia psicológica y emocional por parte de alguna persona de su confianza durante el parto. Está demostrada científicamente la importancia del apoyo psico-emocional que brindan las parteras durante el parto y la atención prenatal en el embarazo de bajo riesgo, que además reduce la incidencia de partos prematuros.

Los valiosos logros del Uruguay en salud materno-infantil, los objetivos de reducir cada vez más los índices de morbimortalidad materno-infantil y de mejorar cada vez más las condiciones del embarazo, parto y puerperio, hacen que creamos que es necesario garantizar por ley la permanencia en un equipo multidisciplinario de salud de mil trescientas profesionales altamente calificadas e insustituibles en su tarea específica.

Es por todo esto que recomendamos a la Cámara aprobar este proyecto de ley.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: con mucha satisfacción hemos escuchado del señor miembro informante el correcto, amplio y fundado informe de un proyecto que supimos compartir con el compañero señor Diputado Arregui e impulsar con otros compañeros. Nos parece que esto complementa el cuadro de discusiones legislativas que hemos tenido en este último período en la Cámara en lo que tiene relación con la vida de las mujeres.

Es clarísimo el vínculo cotidiano y estrecho que la mujer tiene con la partera; es con quien habla, quien la aconseja, quien la acompaña e informa en los momentos difíciles.

Es absolutamente real lo que decía el señor Diputado Amen Vaghetti: el 50% de los partos, o más, son atendidos por parteras; y del acompañamiento previo al parto también se han encargado las parteras, sobre todo en los lugares de la República de acceso más difícil para los médicos.

Me gustaría subrayar que hay una estrecha vinculación con esta profesional, que tiene que ver con el hecho de que se trata de una mujer; las mujeres manejamos códigos y aprendizajes similares. Por eso tal vez sea más estrecha, más cotidiana, más fácil, más entendible y más cálida la relación de la mujer con la partera.

Tal como decía el señor Diputado Amen Vaghetti, nos parece que esta iniciativa es un excelente complemento al proyecto que aprobamos hace poco en Cámara, que establece el derecho de la mujer a estar acompañada por una persona de su confianza en el momento del trabajo de parto y en el del propio nacimiento. No voy a incursionar en el aspecto médico, pero sí en el psicológico -como lo hice en ocasión de que discutiéramos la iniciativa referente al parto acompañado-, resaltando la importancia de la continencia afectiva y de la comprensión del especialísimo momento que tanto la mujer como su hijo o hija viven en el trabajo de parto y en el nacimiento.

Por tanto, con muchísimo agrado y emoción acompañamos este proyecto de ley que contiene la reivindicación de un conjunto de técnicas altamente calificadas y que merece que hoy sea aprobado, seguramente, por la unanimidad de la Cámara.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa saluda la presencia en la barra de integrantes del liceo de Nueva Helvecia.

SEÑOR LEGNANI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: más allá de los números y de las estadísticas, existen las emociones y la psiquis. El fundamento en el que se basa el curso de parto sin temor naufraga cuando la paciente se encuentra en un medio que resulta extraño u hostil. Para que se sienta reconfortada es muy importante que establezca adecuados lazos de comunicación con quienes se encuentran en su entorno. Esa función es la que desempeña en gran medida la partera, quien evidentemente ocupa un lugar de destaque en la medicina tradicional uruguaya y en el anecdotario de las distintas localidades y poblaciones del medio rural uruguayo.

Más allá de esto, el hecho de que exista una carrera altamente tecnificada en el medio universitario sería incomprensible si se siguiera obviando la presencia de estos tan calificados técnicos. Entonces, es fundamental que integren, conjuntamente con los distintos actores, no solo el sistema de atención del trabajo de parto en sí, sino la preparación de los cursos de parto sin temor y otras acciones que tienden a crear esa relación de confianza entre el equipo de salud y quien va a recibir su atención.

Por esas razones, este proyecto ha sido votado unánimemente en Comisión, y creemos que ese será el tratamiento que va a recibir en el plenario de ambas Cámaras.

SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: no hay mucho más para decir, porque lo que ha expresado la señora Diputada Tourné encierra el espíritu de un grupo de legisladoras que tanto hemos trabajado en la iniciativa del parto acompañado y que tiene mucho que ver con las parteras. Si alguien está preparado técnicamente para acompañar a la mujer en ese momento tan especial de dar a luz, es la partera.

Con el transcurso del tiempo, la función y la profesión de la partera se han desvirtuado y generalmente se la estigmatiza relacionándola con algún tipo de práctica que no siempre realizan las parteras.

Mientras mis compañeros hablaban, yo recordaba el anillo que usan las parteras, que tiene una mano con una estrella. Precisamente, eso es lo que representan las parteras: en sus manos está la capacidad de ayudar a traer la vida, que está simbolizada por esa estrella.

Siento que se ha hecho justicia, porque durante largos años estuvieron relegadas, muchas de ellas por necesidad, trabajando en otras profesiones y en algunos casos como simples auxiliares de servicio; y digo esto respetando cualquier función que se desempeñe con dignidad.

Quiero destacar que son muy buenas técnicas y que para una mujer es imprescindible contar con el acompañamiento de la partera en el trabajo de parto. Como decía la señora Diputada Tourné, se trata de una mujer, por lo que conoce perfectamente los mecanismos psicológicos que se ponen de manifiesto cuando una mujer va a parir; nada mejor que otra mujer para acompañar, para ayudar y para que el parto sea lo mejor posible.

Como decía el señor Diputado Legnani, no habría un buen parto sin temor si en el momento del trabajo de parto no hubiese una partera dando las indicaciones, ayudando, tranquilizando y dando ánimo. Si bien el momento del alumbramiento es el más importante en la vida de una mujer, si en ese momento no se tienen todas las condiciones necesarias para que se produzca de la mejor manera, no solo desde el punto de vista clínico sino psicológico, quizás esa instancia tan hermosa pueda transformarse en traumática.

Felicito a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social por esta iniciativa y manifiesto a estas mujeres que hoy están en la barra que siempre sean mano abierta y estrella para apoyar a todas y a cada una de las mujeres uruguayas que vayan en su búsqueda, cualquiera sea la solución que se requiera.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- También nosotros vamos a sumarnos a la satisfacción de que se apruebe un proyecto de estas características, a sabiendas de que en los últimos tiempos ha habido una incomprensible sustitución de funciones por parte de médicos de cierta especialidad.

En el momento de tomar contacto con una persona de esta profesión, la llamaba "obstetra", para no faltarle el respeto. Uno puede pecar de ignorante; entonces, yo le decía "obstetra" a la partera de mi señora, pero ella, con mucha dignidad, me dijo: "Sebastián, no me llames 'obstetra'; yo soy partera". Ese es el orgullo que ella tiene: que la llamen por lo que realmente es. En este país, muchas veces ponemos nombres y nombretes a las cosas, llamándolas de diferente manera. El término "partera" –que yo lo notaba más cálido- era mucho más llano y, de él, Carmen, mi partera, se sentía orgullosa.

Esa sustitución de las parteras ha sido explicada, pero hasta el día de hoy no he podido comprender por qué sucedió. Por suerte, con este proyecto de ley eso se va a revertir y en cada uno de los centros asistenciales de nuestro país va a estar esa persona que con su calidez, conocimiento y psicología va a saber tratar, no solo a la madre, sino también al matrimonio.

Sepan que es importante que la madre esté asistida y contenida en esos momentos difíciles, pero también el padre, que muchas veces, sin saber lo que tiene que hacer en el momento del parto, requiere el consejo de la partera para que le dé una mano.

En el parto -hasta donde yo sé y hasta lo que me ha tocado vivir-, la incidencia de los dos integrantes de la pareja es fundamental. Por supuesto que es importante que la madre, como eje central de la actividad, esté tranquila, y es sabido que solo una partera, que está especializada en ese tipo de actividad, le puede dar toda la tranquilidad a ella y al padre también.

En mi caso -vale la pena que lo comente aquí- me dio mucha tranquilidad en algo a lo que los hombres no estamos naturalmente preparados para asistir, como es el parto. La tranquilidad que, en el caso que me tocó vivir, me dio mi partera, me llenó de orgullo y me preparó para algo que no sucedió, porque al fin y al cabo mi hija nació por cesárea; pero realmente estaba muy preparado para asistir al parto.

Este proyecto es justo y revierte una sustitución incomprensible de funciones que hemos visto a través de la última experiencia que se ha venido dando en varias organizaciones y centros asistenciales.

Coincido con todo lo que se ha expresado con respecto al parto acompañado y con que esta Cámara hace muy bien en votar este proyecto por unanimidad, con un claro reconocimiento a tan digna profesión.

SEÑOR CHÁPPER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHÁPPER.- Señor Presidente: como miembro de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, solicito que la Cámara apruebe este proyecto, pues entiendo que es de estricta justicia. Como médico del interior, valoro la función tan importante que desarrollan las parteras.

Creemos que es un paso adelante que se da al proteger ese binomio madre-hijo, que tan necesario e importante papel va a desempeñar en las futuras generaciones de este Uruguay. Estamos apuntando hacia lo que realmente es importante, que es proteger al que viene y a la madre, y consideramos que las parteras cumplen esa función.

Hago mías las palabras de los señores Diputados preopinantes y quiero decir que en el día de hoy me siento muy satisfecho por acompañar este proyecto de ley. No tengan dudas de que es de estricta justicia y va a contribuir a lo que todos queremos: el descenso de la mortalidad infantil.

SEÑOR GIL SOLARES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: quiero decir que apoyo todo lo que se ha expresado hasta el momento por los señores Diputados preopinantes, pero tal vez sea bueno recalcar algunas situaciones.

Queremos destacar que todas las instituciones de nuestro país donde se atienden partos, las llamadas privadas -diría, mal llamadas privadas-, las del Ministerio de Salud Pública y aquellas que específicamente son privadas, por respeto al presente y al futuro deberían contar en el momento del parto con actores que consideramos fundamentales. Y les aseguro que, en nuestra experiencia y en la de la institución en la que trabajé durante casi treinta años, todos los partos se realizan con la presencia de partera, que consideramos fundamental porque acompaña a la embarazada prácticamente desde el comienzo del embarazo y continúa con ella hasta los primeros días posteriores al parto, enseñando a la madre inclusive a amamantar a su hijo, y ni qué hablar de la higiene íntima, tan delicada, que debe tener la mujer en el período de posparto.

También sostenemos que a los efectos de preservar los aparatos genital, urinario y digestivo de la mujer, no es poca cosa que el gineco-obstetra esté dirigiendo esos momentos fundamentales del parto. Sabemos lo que son las fístulas vesicales y uretrales en el aparato urinario por un prolongado apoyo de la cabeza del feto sobre esos órganos, las incontinencias que quedan como resultado del trabajo de parto demasiado largo y los prolapsos genitales como consecuencia del pasaje por el canal genital de un feto demasiado grande. Inclusive, los desgarros del esfínter anal, que generan dificultades muy importantes para su reconstrucción.

Otro actor fundamental en el momento del parto, sobre todo cuando aparecen las complicaciones en el recién nacido, es el pediatra, y, mejor aún, el perinatólogo, con una especialidad muy nueva en nuestro país. Por lo tanto, son los pediatras los que colaboran con la vida de ese recién nacido con dificultades, para solucionar paros respiratorios e inclusive paros cardiorrespiratorios, haciendo maniobras muy delicadas de intubación y de aspiración, diagnósticos de las hemorragias cerebro-meníngeas, que en circunstancias muy especiales necesitan de una evacuación del líquido encéfalo-raquídeo-hemorrágico en el mismo momento del nacimiento o a las poquísimas horas de haberse producido. Ni qué hablar del manejo de las malformaciones congénitas, sean estas la espina bífida, del aparato faciobucal u otras que no es conducente describir aquí, por razones obvias.

Las parteras son grandes colaboradoras en este momento de la vida del recién nacido, porque tanto ayudan al gineco-obstetra en el momento del desprendimiento y del nacimiento, como inmediatamente después al pediatra, en el manejo del recién nacido.

Consideramos que el proyecto que estamos discutiendo es de suma importancia, porque así tenemos la certeza y la seguridad de que habrá una partera en el preparto y en el parto colaborando de manera exquisita, diría yo, con los actores más científicos y de mayor valor universitario; estamos realmente satisfechos de que esta iniciativa sea aprobada y de que entre en vigencia a la brevedad, absolutamente en todo el territorio nacional.

No quiero terminar sin dejar una pequeña puerta abierta en el sentido de que a la profesión de partera no solamente llegan las mujeres, sino que también pueden hacerlo los hombres y ser tan eficaces, delicados y útiles como ellas, que merecen un enorme respeto y un homenaje de parte de la sociedad de nuestro país.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: voy a ser muy breve porque creo que ya se ha dicho todo lo que tenía que decirse.

Quiero saludar y felicitar la decisión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que ha aprobado en forma unánime este proyecto de ley que viene a hacer justicia, ya que para nosotros era inconcebible que, existiendo una profesión como la de partera, conformada por personas que se preparan específicamente para cumplir esta función, los centros que cumplen esa atención no estuvieran obligados a contar con este personal.

En realidad, la función de la partera no es solamente la de atender el acto del parto, sino que conlleva una relación humana muy grande, muy afectiva, que se manifiesta en ese contacto diario y permanente en que se aconseja, se enseña y se cumple una labor de formación y de asistencia muy importante.

Las parteras son profesionales egresadas de la Universidad de la República. Los planes de enseñanza han elevado gradualmente su preparación y, hoy en día, la carrera tiene una duración de cuatro años. Entonces, este esfuerzo y esta inversión que realizan los medios universitarios en la formación y en la capacitación de los recursos humanos para una instancia tan importante, por su repercusión en el futuro de la madre y el producto de su embarazo, merecen el apoyo que se le está dando.

También es necesario resaltar que no solamente a través de la Universidad de la República se forma tan valioso recurso humano, sino que existe un convenio entre nuestra Casa de Estudios, la Universidad del Norte y la Universidad de Entre Ríos, por el que se ha creado una carrera binacional que habilita a las egresadas y a los egresados a actuar en esta región.

Queremos señalar algo que aprendimos en varias conversaciones mantenidas con dirigentes de la Asociación Obstétrica del Uruguay: que allí donde actúa la partera, desciende la morbilidad. En esas ocasiones estuvimos en contacto con un material emanado del simposio "Cesáreas.- Aspectos del trabajo de parto en el Uruguay", organizado por la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, en el que, entre otras cosas, los médicos opinan que el parto no es para el médico sino para la partera, porque los médicos han hecho del parto una enfermedad puesto que al hacer cesáreas crean más morbilidad, y que el médico debe aprender a esperar.

Creo que las parteras esperaron bastante y ahora obtienen el fruto de su lucha: que la Cámara apruebe este proyecto de ley. No tengo duda alguna de que el Senado también le dará su voto.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: este proyecto de ley trata sobre personas que tienen una profesión universitaria a cuya formación dedican cuatro años de su vida. Como resultado de su trabajo, desciende el número de cesáreas y la morbimortalidad y se reduce la mortalidad perinatal; y también tiene una activa participación, no solamente en el plano asistencial, sino también en el docente, en el formativo y en el de investigación. Quienes somos padres sumamos, además, la experiencia del apoyo de alguien que está cerca de la mujer, en primer lugar, y de nosotros, la pareja, con su cuota de humanismo, dedicación y disponibilidad -esa palabra tan escasa en estos tiempos de vivir urgencias-, esa disponibilidad humana para estar al servicio de los demás.

Permítaseme, señor Presidente, una referencia muy personal. Hemos conocido esta profesión en uno de los seres más queridos en nuestra vida, nuestra prima Marta, a quien hemos visto dedicarle todo su tiempo y el mejor de los esfuerzos.

Por lo tanto, votaremos con enorme satisfacción, porque creemos que se ha hecho justicia y que este proyecto de ley le hace bien a la comunidad, a la familia, a los chicos, a la madre, al sistema de salud y a una profesión que, una vez que esta iniciativa tome fuerza de ley siguiendo los trámites parlamentarios, tendrá un espacio asegurado.

Además, quiero felicitar a los legisladores que elaboraron esta iniciativa y a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de esta Cámara por el tratamiento preferencial que le han dado, así como al señor miembro informante, por su ilustrada presentación en cuanto a esta profesión que toca nuestra sensibilidad.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: nuestra intervención también será muy breve porque tenemos interés en que este proyecto se vote, lo que sin duda hará este plenario en forma unánime.

No queríamos dejar de decir que esta iniciativa hará justicia con estas universitarias, no solamente por su historia, sino también por la calidez humana que brindan a todas nuestras mujeres. Como mujer del interior, hago hincapié en lo que son las parteras de Salud Pública en esa zona del país. Me consta porque mi hermana es partera y puedo decir que tanto ella como todas sus colegas hacen un esfuerzo muy especial por estas mujeres.

El país ha disminuido sustancialmente la mortalidad infantil y creo que estas universitarias han colaborado muchísimo para que así sea, por lo que esperamos que este proyecto sea aprobado por unanimidad, tanto en esta Cámara como en el Senado.

SEÑOR ARGENZIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: voy a ser breve, porque no quiero resultar reiterativo.

Comparto las expresiones vertidas por los señores Diputados preopinantes. Con mucho gusto voy a acompañar este proyecto de ley por el cual todo establecimiento o institución privada, pública o paraestatal en donde se preste atención obstétrica en cualquiera de sus etapas, deberá contar con partera interna de guardia.

Estoy convencido de que la integración de esta especialidad al equipo interdisciplinario de salud va a ser altamente beneficiosa para el desarrollo de las distintas etapas -preparto, parto y puerperio-, tanto en lo que respecta a la madre como al hijo o hijos que nazcan. Esto resultará beneficioso también para el descenso de la mortalidad infantil y para todos los aspectos que se han mencionado en Sala.

Por lo tanto, reitero que con mucho gusto voy a acompañar este proyecto de ley.

Gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: intentaremos ser breves.

Desde ya, adelantamos que vamos a acompañar este proyecto de ley. La norma que se está considerando, junto con la que aprobó la Cámara en cuanto a la potestad de la mujer de ser acompañada durante el trabajo de parto y el nacimiento por la persona que ella escoja, constituyen un avance en lo que el Poder Legislativo puede hacer para humanizar el nacimiento.

Estamos convencidos de que los profesionales que tienen esta especialidad cumplen un papel fundamental, colaborando no solo con la parturienta sino con su pareja y con su familia y humanizando este hecho casi mágico que es el nacimiento de una vida. En este sentido, debo resaltar que, más allá de los avances de la tecnología y de la técnica que se aplican a la atención de la reproducción humana, existe un elemento central: el personal que asiste a la parturienta, muy especialmente las parteras y los ginecólogos que colaboran con la mujer que va a dar a luz una nueva vida. Por ello, apoyamos este proyecto de ley.

Adelantamos desde ya que propondremos una redacción sustitutiva del artículo 1º, pues sin dejar de reconocer que, básicamente, la profesión está desarrollada por mujeres, estamos convencidos de que perfectamente podría ser ejercida por hombres. Precisamente, queremos corregir la redacción con el objetivo de que no queden dudas en este sentido y de que la cuestión pase por la vocación individual y por el estudio, ya que estamos hablando de personal que se especializa en cumplir con este papel tan importante. En determinada época se pensaba que la mujer no podía ser médica; por suerte, en nuestro país eso cambió, aunque hay algunos sectores que todavía ofrecen gran resistencia. Nosotros creemos que no hay ninguna vocación cerrada a un género en particular. Por ello, nuestra aspiración de que el proyecto de ley esté acompasado con esta visión.

15.- Integración de Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Ruben H. Díaz sustituirá al señor Representante Pedro Señorale, como miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales.

El señor Representante Pedro Señorale sustituirá al señor Representante Ruben H. Díaz, como miembro en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente".

16.- Establecimientos donde se preste atención obstétrica. (Se dispone que deberán contar con al menos una partera interna de guardia).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

——Léase el artículo 158 del Reglamento.

(Se lee:)

"A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo".

¾ ¾ En discusión particular.

La Mesa informa que se han presentado dos sustitutivos firmados por todos los miembros de la Comisión. Por lo tanto, entiende que deben ponerse a consideración los artículos sustitutivos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en este momento hago llegar a la Mesa una redacción alternativa para el artículo 1º de este proyecto de ley, pero adelanto que si esto generara algún tipo de duda, confusión o cuestionamiento, la retiraría, en tanto creo que debemos aprobar este proyecto de ley y no estoy dispuesto a que se genere un debate por este motivo.

Básicamente, este sustitutivo reordena el texto que viene de la Comisión; el contenido es similar. La redacción es la siguiente: "Todo establecimiento o institución estatal, paraestatal o privado, donde se asistan partos debe contar con guardia interna de personal especializado con título de partera". Esta es la propuesta; para presentarla hice alguna consulta con miembros de la Comisión, quienes, en principio, manifestaron que no les planteaba objeciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Léase el sustitutivo del artículo 1º, presentado por la Comisión.

(Se lee:)

"Todo establecimiento o institución donde se asistan partos debe contar con partera interna de guardia, ya sean estos establecimientos o instituciones de carácter estatal, paraestatal o privados".

——Léase el sustitutivo presentado por el señor Diputado Michelini.

(Se lee:)

"Todo establecimiento o institución estatal, paraestatal o privado, donde se asistan partos debe contar con guardia interna de personal especializado con título de partera".

¾ ¾ En discusión.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: me pregunto si la inquietud del señor Diputado Michelini, que es de interés, no se podría obviar con poner "partero o partera".

Me dicen que el señor Diputado retiró su propuesta, en cuyo caso declino hacer uso de la palabra.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: cuando introduje este sustitutivo adelanté que si no había acuerdo o si generaba debate, lo retiraría. En la medida en que el señor Diputado Amen Vaghetti tuvo la gentileza de informarme que esta redacción generaba dudas, simplemente retiro el artículo sustitutivo, dejando constancia de que, desde mi punto de vista, el título de partera para nada es limitativo al género femenino.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: quiero hacer una consulta a la Comisión, porque la redacción que se acaba de leer es bastante distinta a la que establecía el artículo 1º original y, salvo que sea abarcativo, no hace referencia a las etapas a que aludía dicho texto.

Tal vez sería bueno que algo de esto quedara establecido en la discusión del artículo, porque de lo contrario podría presuponerse que es obligatoria la presencia de parteras de guardia exclusivamente en instituciones que van a atender el parto, y exclusivamente en el momento del parto. La redacción original era más abarcativa y señalaba etapas que, a mi juicio, están en consonancia con lo que se manifestó en Sala durante la discusión general del proyecto.

Por eso, solicito una aclaración al respecto por parte del señor miembro informante a los efectos de que quede claro cuál es el propósito del cambio de redacción.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: el señor Diputado tiene razón en hacer esa observación. En Comisión se planteó la interrogante que se generaba...

(Murmullos)

¾ ¾ Solicito al señor Presidente que me ampare en el uso de la palabra.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa solicita que se haga silencio para escuchar al señor miembro informante.

Puede continuar el señor Diputado Amen Vaguetti.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Decía que es verdad lo que manifiesta el señor Diputado. Se había generado la duda acerca de si la redacción original obligaba a que todas las policlínicas periféricas que existen en Montevideo y en el resto del país, en las que muchas veces se controlan embarazos, tuvieran parteras internas de guardia. Eso fue lo que ameritó el cambio en la redacción y la presentación del sustitutivo que lleva la firma de todos los integrantes de la Comisión.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º sustitutivo, presentado por la Comisión.

(Se vota)

——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 2º sustitutivo presentado por la Comisión.

(Se lee:)

"Las referidas profesionales según lo requieren las circunstancias podrán actuar por sí mismas o como colaboradoras inmediatas de los médicos ginecotocólogos y pediatras de los establecimientos o instituciones de referencia".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA TOURNÉ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Todo establecimiento o institución donde se asistan partos debe contar con partera interna de guardia, ya sean estos establecimientos o instituciones de carácter estatal, paraestatal o privado.

Artículo 2º.- Las referidas profesionales según lo requieran las circunstancias podrán actuar por sí mismas o como colaboradoras inmediatas de los médicos ginecotocólogos y pediatras de los establecimientos o instituciones de referencia".

17.- Buque ROU 26 "Vanguardia" y su tripulación. (Se autoriza la salida del país entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002 a fin de participar en la "Campaña Antártica").

——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Buque ROU 26 'Vanguardia' y su tripulación. (Se autoriza la salida del país entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002 a fin de participar en la 'Campaña Antártica')".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 778

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 28 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el adjunto proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin que el Buque ROU 26 "VANGUARDIA" de la Armada Nacional y su tripulación, participen en la "Campaña Antártica", entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002, realizando escalas en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile).

La participación en la Campaña Antártica de un buque de nuestra Armada Nacional, constituye uno de los eventos tradicionales dentro de las actividades que se llevan a cabo en la Base Antártica.

Año a año se ha procurado incrementar el alistamiento del ROU "VANGUARDIA", a efectos del óptimo cumplimiento de la misión que se desarrolla, brindando apoyo logístico al personal destacado en la Base Uruguaya.

Durante la navegación hacia y desde la Antártida, el citado buque participa en actividades de control de la contaminación y preservación del medio ambiente dentro del área operativa, proporcionándose asimismo apoyo a las investigaciones científicas que se realizan en la Base.

Cabe destacar que el medio de transporte marítimo, permite el transporte hacia y desde la Base, de materiales en cantidades y calidades tales que hacen imposible su desplazamiento por otros medios a costos comparables.

Por los motivos expuestos, resulta de vital importancia la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase la salida del país del Buque ROU 26 "VANGUARDIA" y su tripulación, con la finalidad de participar en la "Campaña Antártica", entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002, realizando escalas en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile).

Montevideo, 28 de agosto de 2001.

LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase la salida del país del Buque ROU 26 "VANGUARDIA" y su tripulación, con la finalidad de participar en la "Campaña Antártica", entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002, realizando escalas en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 9 de octubre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 778

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Defensa Nacional, analizando el proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, considera de utilidad autorizar la salida del país del Buque ROU 26 "VANGUARDIA" y su tripulación, a efectos de participar en la "Campaña Antártica", entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002, realizando escalas en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile).

Se procura año a año incrementar el alistamiento del ROU "VANGUARDIA", a efectos del óptimo cumplimiento de la misión.

Durante la travesía hacia y desde la Antártida, el citado buque, participa en actividades de control de la contaminación y preservación del medio ambiente dentro del área operativa, proporcionándose apoyo a las investigaciones científicas que se desarrollan en la Base, además de transportar víveres y combustibles necesarios, retirar los desechos acumulados y efectivizar la presencia del Pabellón Nacional en la misma.

Por lo expuesto y por tratarse de una misión de interés para nuestro país, se aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2001.

MARIO DE PAZOS, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, HUGO ROSETE".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

¾ ¾ En discusión.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: independientemente de que exista unanimidad en el Cuerpo para votar este artículo, no es ocioso señalar la importancia, inclusive para la soberanía nacional, de que se autorice la salida del Buque ROU 26 "Vanguardia", en tiempo y forma -lo que quiero recalcar, porque no siempre podemos aprobar en tiempo y forma la salida de buques del país-, a efectos de participar en la "Campaña Antártica" y de concurrir a nuestra base antártica, haciendo las escalas correspondientes, entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002.

La llegada del Buque ROU "Vanguardia" a esas tierras es de vital importancia para los conciudadanos uruguayos que están en aquellas latitudes, para la defensa de la soberanía nacional y, fundamentalmente, para los estudios de carácter científico que allí se hacen, inclusive para las misiones de otros países que comparten la aventura antártica con Uruguay. No quería dejar de señalar este aspecto importante, por lo menos en el marco de la discusión particular de este artículo; no quise mencionarlo en la discusión general pensando que lo haría algún miembro de la Comisión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado).

18.- Asuntos entrados fuera de hora.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por las señoras Diputadas Tourné, Percovich y Rondán.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varias señoras Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Paulina Luisi" la Sala Nº 17 del Edificio Anexo al Palacio Legislativo. C/1746/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

19.- Proyectos presentados.

"PAULINA LUISI. (Designación a la Sala Nº 17 del Edificio Anexo al Palacio Legislativo).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Doctora Paulina Luisi" a la Sala Nº 17, del Edificio Anexo al Palacio Legislativo.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha, GLENDA RONDÁN, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La doctora Paulina Luisi fue, sin lugar a dudas, una de las mujeres más brillantes de la historia contemporánea uruguaya. La historia, mayoritariamente escrita por los hombres, nos ha dado una versión del pasado profundamente masculina. Afortunadamente están cambiando las cosas y por ello comienzan a difundirse, en una relectura más profunda del pasado, las aportaciones que han hecho numerosas mujeres. Es por esta razón, que entendemos necesario darle a esta mujer -Paulina Luisi- el destaque y reconocimiento merecidos.

Paulina Luisi nació en Colón provincia de Entre Ríos, Argentina en 1875. Fue la primera de ocho hermanos. Poco tiempo después de su nacimiento su familia se trasladó al departamento de Paysandú. El resto de sus vidas transcurrió en nuestra patria. Su padre italiano y su madre polaca -Angel Luisi y María Teresa Josefina Janicki- encontraron en nuestro país el lugar propicio para desarrollar sus ideas acerca de la educación como motor fundamental de la libertad, igualdad y fraternidad, ideales que ambos profesaban. Fundaron el Centro Liberal y el Ateneo de Paysandú a los que anexó una escuela con el primer jardín de infantes que existió en el país, en el año 1885.

Los Luisi-Janicki fueron una familia que traían consigo un caudal de conocimientos pedagógicos y culturales muy liberales y progresistas y "nadaban contra la corriente" de la época, inculcándoles a sus hijas que debían bastarse por sí mismas y ser independientes. De los ocho hijos del matrimonio seis fueron mujeres, todas ellas estudiaron magisterio, Paulina, Inés y Clotilde continuaron carreras universitarias. La importancia de la formación de conciencias libres como también la necesidad de usar métodos modernos para enseñar fueron ideas cardinales que el matrimonio forjó en la formación de sus hijas.

Obviamente este ambiente fue sustancial en la vida de Paulina. En el año 1887 -con doce años de edad- ingresó al Internado Nacional de Magisterio. En 1890 -a los quince años- se recibió de maestra normalista. En 1893 se recibió de maestra de segundo grado y un año después se recibió de maestra de tercer grado y de bachiller. Seis años después, en 1990, ingresó a la Facultad de Medicina y en 1908, con treinta y tres años, se convirtió en la primera mujer en Uruguay que logró el título de doctora en medicina y cirugía.

No fue fácil para Paulina Luisi estudiar medicina. Debió enfrentar la incomprensión y la hostilidad de sus contemporáneos, su carrera le supuso seis años de lucha incesante contra los prejuicios y la intolerancia, sin embargo y a pesar de ello, en su diploma se transcribió que fue "exonerada de pago de derechos, por resolución del Consejo Universitario de fecha marzo 11 de 1908, como premio a las condiciones de inteligencia y carácter reveladas durante sus estudios".

Como pocas, Paulina Luisi, logró articular su formación académica, su vida profesional con su accionar social y político. Como médica se dedicó a las señoras y los niños, especializándose en Dermatología y Enfermedades Venéreas en 1923 en París. Fue una incansable luchadora a favor de la educación sexual desde las más tempranas edades. Tuvo la oportunidad de dictar una cátedra de educación sexual en la Escuela Normal por cinco años, de 1925 a 1930, la misma fue suprimida por un Inspector escolar. También batalló incansablemente contra el proxenetismo y la condena a las madres solteras. Fue una firme opositora a lo que ella misma llamó "la doble moral sexual". A Paulina Luisi le dolía ver el trato de la mujer como carne de placer en un extremo y como ícono de femineidad y maternidad en el otro, y se dedicó a combatir ambos conceptos. Unió la ética social y personal al conocimiento médico para denunciar el comercio sexual y las enfermedades que minaban no sólo el cuerpo femenino sino el cuerpo social.

Se destacó como feminista, convirtiéndose en líder del movimiento feminista de la época. En 1916 surgió el Consejo Nacional de mujeres del Uruguay del cual Paulina fue Presidenta y en 1919 creó la Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino. Ella afirmó en sus propios escritos: "Quiere el feminismo demostrar que la mujer es algo más que materia creada para servir al hombre y obedecerle como el esclavo a su amo; que es algo más que máquina para fabricar hijos y cuidar la casa...que sí es su misión la perpetuación de la especie, debe cumplirla más que con sus entrañas y sus pechos con la inteligencia y el corazón preparados para ser madre y educadora, que debe ser la cooperadora y no la súbdita del hombre; su consejera y su asociada y no su esclava". "En la constitución de las sociedades, tenga cada individuo la libertad de hacer de su vida lo que sus aptitudes y sus condiciones le permitan; disponer de ellas como sus deberes humanos se lo dicten; quiere, en fin, (el feminismo) que en la apreciación de los valores sociales se prescinda del sexo para considerar solamente la persona".

No hubo tema que afectara a las mujeres que Paulina Luisi no incluyera en sus luchas. Haciendo centro en los derechos civiles de las mujeres y el derecho al sufragio, también denunció la situación de las mujeres trabajadoras y las crueles discriminaciones de las que eran objeto.

Su compromiso político, fue al igual que todas sus otras causas, claro e inequívoco. Fue fundadora del Partido Socialista del Uruguay. Y también articuló en su vida política su lucha por los derechos de las mujeres. Encontró en Frugoni un ferviente impulsor, sin embargo, no fue suficiente apoyo para contrarrestar los prejuicios de la época y tal vez por eso no la encontramos en lugares destacados en las listas partidarias. Sin embargo, es clara su militancia política y su destaque en plena dictadura de Terra cuando renunció a todos sus cargos de representación en el extranjero y participó en el combate político participando en la creación del frente opositor a la dictadura y contra el fascismo. En 1938 cuando Terra convocó a elecciones; ella, la gran luchadora por el sufragio femenino, recomendó que la mujer no vote.

Fue tal la valentía, la pujanza y la capacidad de esta mujer que, a pesar de su connotada militancia política, fue nominada como representante del país en innumerables eventos internacionales. Lo que habla no sólo de la grandeza de Paulina sino de la nobleza del ejercicio de la política en aquellas décadas. Daremos sólo algunos ejemplos:

- 1916: Participó en Buenos Aires en el Congreso Argentino del Niño (invitada especial) en el 1er. Congreso Americano del Niño.

- 1919: Delegada al primer Congreso Internacional de Mujeres Trabajadoras en Washington.

- 1920: Participó en el 1er. Congreso Feminista en Cristiana (Noruega) y Ginebra (Suiza).

- 1922: Congreso de Educación Moral (Ginebra). Congreso Internacional de Mujeres (Roma).

- 1923: Congreso Internacional de Higiene Social y Educación Profiláctica (París).

- 1924: Congreso Internacional de Sociología (Roma).

- 1925: Congreso Internacional por los Derechos de la Mujer (Roma).

- 1926: Congreso de Medicina, Pedagogía Médica y Sifilografía (Buenos Aires). Congreso Internacional por los Derechos de la Mujer (París).

- 1929: Congreso de Higiene Mental (Río de Janeiro). Congreso Internacional por los Derechos de la Mujer (Berlín).

- 1932: Congreso Internacional sobre Cáncer (Madrid).

- 1933: Congreso Internacional por los Derechos de la Mujer (Marsella).

- 1935: Congreso Internacional por los Derechos de la Mujer (Estambul).

- 1941: Congreso Internacional de Criminología (Santiago de Chile).

Creemos que los elementos vertidos son más que suficientes para demostrar la necesidad de que el Parlamento Nacional tribute el merecido homenaje a esta mujer que tanto dio a nuestra patria. Reconocer su aporte, homenajear su figura y difundir su obra son las mínimas tareas que las parlamentarias actuales debemos plantearnos como agradecimiento a todas aquellas que abrieron los caminos que tuvimos el privilegio de poder recorrer.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha, GLENDA RONDÁN, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó".

20.- Sesión extraordinaria.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por las señoras Diputadas Rondán y Argimón y los señores Diputados Amen Vaghetti, Chiesa Bordahandy, Falero y Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el día martes 20 de noviembre, a la hora 16 y 30, para realizar un homenaje al ex Representante Nacional Julio C. Da Rosa con motivo de su fallecimiento".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: me parece que esta es una buena iniciativa, que se discutió en la coordinación. He votado afirmativamente para que se rinda homenaje a este gran uruguayo.

21.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución).

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 224

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución de la República; el Decreto-Ley Nº 14.470, de 2 de diciembre de 1975 y análogas y las normas de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República, a cuyos efectos supervisará la actividad de los organismos estatales encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del delincuente.

Artículo 2º.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario tendrá las siguientes atribuciones:

A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive su privación de libertad.

B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos.

C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.

D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados.

E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de veinticuatro horas de anticipación. Cuando se trate de verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo efecto, sin previo aviso.

F) Preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional.

H) Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general.

  Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario.

  Los informes no incluirán datos personales que permitan la identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán publicados en el Diario Oficial.

I) Interponer los recursos de habeas corpus o amparo cuando considere que existen graves violaciones de derechos.

Artículo 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para producción de actos y resoluciones.

Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa deberá, dentro de los treinta días de notificada, dar cuenta por escrito al Comisionado Parlamentario de las razones que la asisten para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

Artículo 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe.

Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes.

Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados.

Artículo 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su apoderado, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Artículo 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Artículo 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrá tramitar o rechazar. En este último caso deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión Judicial o de lo Contencioso Administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento.

Artículo 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previsto por la ley.

Artículo 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare en escrito fundado y se considerare necesario.

Artículo 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario. En este caso podrá levantarse la reserva de los procedimientos y hacerse público de inmediato, sin perjuicio de su inclusión en el informe dirigido a la Asamblea General.

Artículo 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa o negligencia de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes.

Artículo 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Artículo 17.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional.

C) Tener cuarenta años de edad como mínimo.

D) Tener acreditada reconocida versación en Derechos Humanos.

Artículo 18.- El Comisionado Parlamentario será designado mediante resolución suscrita por el Presidente de la Asamblea General y de su Secretario y se publicará en el Diario Oficial.

El Comisionado Parlamentario tomará posesión de su cargo ante los Presidentes de ambas Cámaras prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

Artículo 19.- El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía y de acuerdo a su criterio.

Artículo 20.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República o por la expiración de su mandato. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17 del artículo 168 de la misma).

Artículo 21.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda función dependiente del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, salvo el ejercicio de la docencia en la enseñanza superior en materia jurídica.

También es incompatible con el ejercicio de la actividad profesional en materia penal.

Artículo 22.- La Asamblea General podrá designar los asesores y el personal necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo que oportunamente reglamente la Asamblea General y dentro de sus límites presupuestarios.

Artículo 23.- Todo el personal dependiente del Comisionado Parlamentario se considerará asimilado, en cuanto a sus prerrogativas e incompatibilidades, con el personal del Poder Legislativo.

Artículo 24.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General.

Artículo 25.- La dotación del Comisionado Parlamentario será fijada por la Asamblea General, la que, asimismo, aprobará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la institución, que constituirá una partida dentro del Presupuesto del Poder Legislativo.

Montevideo, 13 de marzo de 1995.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En abril de 1990, presentamos este proyecto de creación de un Comisionado Parlamentario con competencia exclusiva en el ámbito del sistema carcelario con los fundamentos que se establecían en la correspondiente exposición de motivos, los que consideramos totalmente vigentes, por lo que nos permitimos reproducir.

"El problema de cómo cumplen con su cometido los Establecimientos de Reclusión ha sido dejado de lado, frente a requerimientos más urgentes o de mayor resonancia pública. A pesar de existir la total convicción de que la práctica dista mucho de las disposiciones programáticas de la Constitución, poco se ha hecho para mejorar esta situación. Sucesos recientes han obligado a fijar la atención sobre esa realidad y comprobar que la Carta y aun el Decreto-Ley Nº 14.470, de 2 de diciembre de 1975 -con todas sus imperfecciones-, son prácticamente letra muerta.

Es indiscutible que corresponde al Parlamento controlar que el Poder Ejecutivo cumpla con las obligaciones que le marca la normativa vigente y especialmente, cuando esas obligaciones reconocen derechos a las personas. La tarea de control parlamentario de los servicios administrativos resulta difícil, en la práctica, a través de los mecanismos tradicionalmente admitidos por nuestro sistema (Comisiones Investigadoras, Pedidos de Informes, planteos en Sala o Comisiones). Esto ha determinado en el Derecho Comparado el surgimiento de órganos especializados, creados por decisión legislativa, encargados de verificar la gestión de la Administración, e informar al Poder Legislativo permitiendo que ésta pueda, entonces, cumplir efectivamente las funciones puestas a su cargo. Es el caso del "ombusman", "media-teur" o "defensor del pueblo", de larga y fecunda actuación en Europa Occidental y en vías de extensión al resto del mundo.

El presente proyecto dispone, en su primera parte, la creación de un órgano nuevo, llamado Comisionado Parlamentario, inspirado principalmente en el Defensor del Pueblo español, pero limitado en sus cometidos a la verificación de que los servicios carcelarios se ajusten a la normativa constitucional y legal vigente, que debe incluir los convenios internacionales ratificados por el país cuyas disposiciones tutelan los derechos de las personas privadas de su libertad ambulatoria.

La misión educadora y de rehabilitación social a que debe tender la imposición de la pena, exige que el Parlamento -constitucionalmente obligado a la tutela de los derechos fundamentales- cumpla con este cometido en el caso concreto de los reclusos, por medio de procedimientos institucionales que permitan un seguimiento continuo de la actividad desarrollada por los correspondientes servicios de la Administración.

Esta actividad de control no interfiere con las funciones que la Constitución y las leyes han encomendado al Poder Ejecutivo, ya que el Comisionado Parlamentario no tiene facultades que puedan obligar a la Administración. En la medida en que sus cometidos sean principalmente los de observar, recomendar e informar, el órgano propuesto es totalmente respetuoso del principio de separación de Poderes tanto con respecto del Poder Ejecutivo, al que no interfiere en sus cometidos, cuanto al Poder Judicial, ya que sus funciones son de naturaleza administrativa, por lo que no afecta el contralor jurisdiccional que realiza este Poder de la Administración. (Se señala especialmente lo dispuesto en el artículo 3º de este proyecto).

La modalidad de control que se establece en el proyecto supone una cooperación muy próxima con los servicios objeto de verificación, ya que se entiende que su eficacia dependerá, en su mayor medida, de la existencia de un diálogo constructivo con la administración que lleva a su adhesión voluntaria a los preceptos legales.

Ello, sin perjuicio de las atribuciones que se le asignan en el artículo 2º que permiten que cumpla sus cometidos con eficacia e independencia.

Por otra parte es el órgano especialmente indicado para actuar en un área en la que los titulares de los derechos presuntamente lesionados, tienen pocas posibilidades de acceso a los medios tradicionales de denuncia y se sienten, en consecuencia, inclinados a la adopción de medidas tendientes a la perturbación de la tranquilidad pública. Constituye, asimismo, una demostración de la voluntad de un sistema democrático de consolidarse y perfeccionarse sin perjudicar el valor de seguridad, que debe obligatoriamente mantener.

Se regulan, en artículos subsiguientes, las relaciones del Comisionado Parlamentario con las fuentes de información, facilitando la tramitación de toda queja que reciba, facultándolo para la realización de investigaciones dentro del ámbito de sus competencias.

Como su materia de actuación está "reducida a la situación de los reclusos", el Comisionado Parlamentario se reduce a términos concretos lo que permitirá al Poder Legislativo experimentar esta modalidad de control permanente a través de un instituto de competencia reducida, evitando los riesgos de un ensayo tan novedoso establecido con carácter general, como sería el Defensor del Pueblo con las atribuciones de la Legislación escandinava o española, ensayo que, a pesar de más de una iniciativa parlamentaria en el anterior Período Legislativo, no ha sido aún, ni siquiera discutido.

Al reducirse la competencia -y por ende la jerarquía del cargo- se disminuyen también sus incompatibilidades, en relación con su antecedente español.

Mediante el informe anual se logra un doble propósito: por una parte, el Parlamento tomará razón de los motivos y dificultades que obstan al estricto cumplimiento de las disposiciones legales, lo que resulta fundamental para una ulterior tarea legislativa; por otra, permitirá un efectivo contralor mediante una observación de los hechos lo más próxima posible a la simultaneidad ideal con los acontecimientos. En la medida en que se elimina expresamente todo efecto sancionatorio en la verificación, se busca obtener la autorregulación de la administración por su voluntaria adhesión a los modelos normativos. Si ello no ocurriere, queda el recurso del conocimiento de la irregularidad por el jerarca correspondiente y, finalmente, si tampoco por esa vía se logra la adhesión a la norma, la incorporación al informe anual del apartamiento de la norma verificada será el procedimiento adecuado para que el Poder Legislativo actúe de acuerdo con sus competencias (artículo 4º del proyecto).

Se le reconoce, por otra parte, al Comisionado Parlamentario, la legitimación para interponer los recursos de amparo y "habeas corpus", en coherencia con el respeto a la separación de Poderes (literal I) del artículo 2º).

Se establecen normas sobre su designación y cualidades que aseguran un amplio respaldo y aptitud para el desempeño de sus tareas. Al regular prerrogativas, remuneración, incompatibilidades y funcionamiento administrativo, se tiende a lograr el máximo de independencia en su función, con respecto a la Administración".

Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y tratado en el Plenario del Cuerpo el 14 de julio de 1994. En la discusión general se plantearon diversas observaciones sobre presuntas inconstitucionalidades del texto que promovieron su envío a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración para su esclarecimiento.

Dicha Comisión entendió atinadas las observaciones formuladas en Cámara por los Diputados señores Morell y Carbone con respecto a la creación de un fuero -establecido por los artículos 19, 20 y 21 del proyecto original- que por carecer de fundamento constitucional podrían atentar contra el principio de igualdad. En tal sentido, fue su resolución aconsejar al Cuerpo su aprobación excluyendo los mencionados artículos que no modifican -en lo sustancial- la figura cuya creación se propone.

A los efectos de evitar toda confusión se agrega -aunque se considera innecesario- la exclusión de la actividad jurisdiccional en la solicitud de informes establecida en el literal G) del artículo 2º.

Los hechos acaecidos en torno al tema desde 1990 a la fecha, nos han confirmado en la necesidad de dotar al Parlamento de un instrumento idóneo para realizar un seguimiento permanente de un área que por sus características y particular opacidad la hacen propicia para un desconocimiento de derechos fundamentales. Hemos tenido, por otra parte, la satisfacción que contara con la aprobación de la mayoría de la Comisión Interpartidaria sobre Seguridad Pública reunida, a iniciativa del señor Presidente de la República, durante el pasado mes de febrero.

En momentos en que la sociedad toda -y el sistema político en particular-, han tomado conciencia plena que el sistema carcelario no cumple con los cometidos constitucionales y se ha constituido en un problema grave que merece una especial atención de los poderes públicos, entendemos propicia la presentación de este proyecto, inspirado en el que presentáramos en 1990, con las modificaciones que hemos señalado.

Montevideo, 13 de marzo de 1995.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Representante por Montevideo".

Anexo I al

Rep. Nº 224

"Comisión de Derechos Humanos

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos ha considerado el proyecto de ley por el cual se crea el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario y recomienda, por unanimidad de sus miembros, la aprobación del mismo, por los siguientes fundamentos.

El Comisionado Parlamentario, que se crea por este proyecto de ley, tiene por cometido principal asesorar al Poder Legislativo en su compleja tarea de control del cumplimiento de la normativa vigente referida a los organismos que tienen a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y la ejecución de las actividades tendientes a procurar la reinserción social del recluso o liberado.

La complejidad propia de la situación carcelaria agravada por factores derivados del incremento de la población reclusa y por la falta de establecimientos en condiciones y número adecuados, determina para el Poder Legislativo en ejercicio de su función de contralor, y para el Poder Ejecutivo, responsable de la prestación de estos servicios, la existencia de un funcionario dependiente del Poder Legislativo y dotado de las atribuciones que le permitan cumplir con tan compleja responsabilidad, habrá de significar un sustancial apoyo para el mejor desarrollo de la política carcelaria del país.

Entre las atribuciones conferidas al Comisionado Parlamentario, corresponde destacar la promoción del respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a procedimiento judicial del que se derive su privación de libertad, la posibilidad de solicitar información de las autoridades carcelarias sobre las condiciones de vida en los establecimientos carcelarios; formular recomendaciones, recibir denuncias garantizando a partes involucradas, por cuanto deberá necesariamente escuchar la opinión de estas. Podrá además hacer uso de la facultad de formular recomendaciones para corregir procedimientos y asegurar el restablecimiento de los derechos lesionados.

En el marco de sus atribuciones podrá también realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, con previo anuncio a la autoridad correspondiente; preparar y promover estudios para el mejor desempeño de sus funciones; pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia, y otras con fines de asesoramiento y promoción, excluyéndose a texto expreso, todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional.

El Comisionado Parlamentario deberá rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que analizará la gestión cumplida, las recomendaciones y sugerencias realizadas a las autoridades administrativas, pudiendo formular recomendaciones de carácter general.

Situaciones extraordinarias por su gravedad y urgencia habilitarán al Comisionado a formular informe extraordinario a la Asamblea General.

En todos los casos estos informes no podrán contener datos personales que permitan la identificación de los interesados, informes que serán publicados en el Diario Oficial. El Comisionado Parlamentario podrá además interponer recursos de amparo o de hábeas corpus, cuando a su juicio hubiere mérito para ello, pudiendo incluso formular denuncia penal cuando considere que se han cometido delitos. El Comisionado además, cooperará con los organismos nacionales e internacionales de promoción del respeto de los derechos humanos.

Fundamentalmente el Comisionado Parlamentario tendrá funciones de asesoramiento; se basará en el seguimiento de la realidad carcelaria en el país, transformándose de este modo, en un verdadero soporte de la mejor gestión de los temas carcelarios, fundamentalmente para que el Estado pueda cumplir fielmente sus obligaciones respecto de las personas privadas de libertad por mandato judicial.

Si bien las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tienen carácter obligatorio, la autoridad administrativa deberá en treinta días dar cuenta por escrito y de las razones por las cuales no se siguen las recomendaciones que este formulare. En caso de que el Comisionado Parlamentario considerare inaceptables las explicaciones recibidas remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión, y naturalmente que de no tener explicación adecuada a sus planteamientos incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General. Todas sus actuaciones tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares, como de los agentes, oficinas y organismos involucrados.

Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor y con los datos que permitan una mejor investigación de los hechos.

Corresponde destacar que el trámite ante el Comisionado Parlamentario será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Como ha podido comprobarlo esta vuestra Comisión de Derechos Humanos, la comunicación fluida desde cualquier centro de detención, internamiento o lugar de custodia de personas, es un elemento esencial para el cumplimiento de sus cometidos de debido e informado contralor. Por ello, de acuerdo al proyecto en examen, el Comisionado Parlamentario tendrá asegurado el acceso a todos los centros de detención con previo aviso, y quedará prohibido el registro, examen, interceptación, o censura de la correspondencia de cualquier tipo dirigida al Comisionado Parlamentario, quedando especialmente prohibidas, la escucha o interferencia de las conversaciones personales, telefónica o de cualquier tipo que se produjera entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de las quejas que se le formulen, teniendo la facultad de tramitar o rechazar dichas quejas de acuerdo a su criterio, pero en caso de rechazo, deberá hacerlo por escrito y fundadamente, debiendo además notificar al interesado. No se admiten las quejas anónimas o las que impliquen una falta notoria de fundamento, elementos estos que serán suficiente razón para el rechazo de la queja planteada. Desde ya se prevé que si la cuestión planteada está sometida a decisión jurisdiccional, necesariamente el Comisionado Parlamentario deberá cesar totalmente su actuación en el caso concreto.

La presentación de las quejas ante el Comisionado Parlamentario es siempre sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado de utilizar otras vías que la ley pone a su alcance.

A vuestra Comisión de Derechos Humanos le ha parecido una importante garantía para todas las partes relacionadas, que la investigación conjugue la celeridad con la reserva y con la participación del organismo o dependencia involucrada, siempre por intermedio de su autoridad máxima como garantía de un proceso que asegure la participación plena oportuna y protegida de los involucrados.

El buen funcionamiento de los mecanismos establecidos, depende en gran parte de la cooperación de los funcionarios o sus superiores, brindando los informes que se le solicitaren. Es por ello que cuando se produjere la negativa de los funcionarios o sus superiores, a remitir los informes solicitados, el Comisionado Parlamentario, deberá notificar bajo apercibimiento a la autoridad máxima competente que de no accederse a lo solicitado en un plazo de quince días, podrá levantarse la reserva de las actuaciones en lo pertinente.

El artículo 14 del proyecto en examen, establece la aplicación del artículo 164 del Código Penal, que tipifica la omisión contumacial de los deberes del cargo, cuando el funcionario obstaculizare la investigación, negándose a contestar los informes o no facilitando el acceso a los expedientes, o los documentos necesarios para la investigación.

Desde ya que se trata de una conducta imputada a título de dolo directo que requiere conciencia y voluntad del funcionario en su actitud de negativa a colaborar con la investigación de acuerdo a su obligación funcional.

El Comisionado Parlamentario, será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes. Se trata de una importante mayoría que habrá de dotar a la designación del Comisionado Parlamentario de un sólido respaldo en su gestión por parte de los Partidos que componen la Asamblea General. El Comisionado Parlamentario tendrá un mandato de cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez.

Para su destitución se exige la notoria negligencia, la grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o la pérdida de las condiciones morales exigidas, lo que habilitará a la Asamblea General con la misma mayoría que para designarlo y en sesión pública a destituirlo, sesión en la cual el imputado podrá naturalmente ejercer su defensa.

De la propia complejidad de la tarea atribuida al Comisionado Parlamentario, resulta la necesidad de que quien deba ejercer esta función, reúna una serie de cualidades, fundamentalmente que sea ciudadano natural o legal, en este caso con más de diez años de antigüedad, tener treinta y cinco años de edad, y una reconocida versión en el tema de derechos humanos, resultando de particular importancia destacar que al tomar posesión de su cargo, el Comisionado Parlamentario deberá prestar juramento ante la Asamblea General, por el que se compromete a desempeñar debidamente el mismo.

Para asegurar que la designación del Comisionado Parlamentario resulte de una debida selección del candidato y que cuente además con el mayor respaldo de los Partidos Políticos con representación en la Asamblea General al tiempo de su designación, el proyecto en examen determina la integración de una Comisión Especial de nueve miembros, conformada por todos los Partidos Políticos que la componen.

Una vez seleccionados los precandidatos por parte de la Comisión Especial creada, ésta podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales, para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos, todo lo cual será estrictamente reservado.

El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía de acuerdo a su criterio, y bajo su responsabilidad.

Durante los períodos de receso parlamentario se relacionará con el Poder Legislativo a través de la Comisión Permanente, y se establece a texto expreso que ni siquiera la suspensión de la seguridad individual prevista por el artículo 31 es de la Constitución de la República, o la adopción de medidas prontas de seguridad previstas en la misma, podrá interrumpir la actividad del Comisionado Parlamentario.

En el marco de la independencia requerida para el Comisionado Parlamentario, el ejercicio de esta función será incompatible con toda función dependiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, y Entes Autónomos, Servicio Descentralizados o Gobiernos Departamentales, salvo el ejercicio de la docencia.

Si fuere abogado será incompatible la actividad de Comisionado Parlamentario con el ejercicio de la actividad profesional en materia penal. Para el caso que fuera el legislador, se asimilara al régimen previsto para los Ministros o Subsecretarios de Estado, quedando en tal caso suspendido en el ejercicio de sus funciones legislativas, y sustituyéndose por el suplente correspondiente, según lo dispone el inciso segundo del artículo 122 de la Constitución de la República.

Para el mejor desempeño de las funciones encomendadas, la Asamblea General podrá designar asesores además del personal necesario de acuerdo con lo que se reglamente y dentro de los límites presupuestarios. Dos de estos asesores necesariamente deberán ser doctor en derecho, con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional, uno de los cuales deberá ser especialista en Derecho Público, y otro en Derecho Penal.

Los asesores que se designen habrán de cesar automáticamente cuando asuma el nuevo Comisionado Parlamentario que designe la Asamblea General.

Corresponde destacar que la dotación de Comisionado Parlamentario habrá de ser fijada por la Asamblea General, la que por otra parte, deberá aprobar el presupuesto necesario para el funcionamiento de la institución que se crea por el presente proyecto, estableciendo además una partida dentro del presupuesto del Poder Legislativo.

Las dos misiones esenciales atribuidas al sistema carcelario por el ordenamiento constitucional y legal vigente refieren esencialmente al aseguramiento de la persona privada de su libertad por mandato judicial, y fundamentalmente procurar su rehabilitación. En esta tarea el Parlamento Nacional tiene una permanente y trascendental función de contralor y de información sobre el funcionamiento del sistema carcelario, que ha venido cumpliendo con la participación de la Comisión de Derechos Humanos, y que a partir de la vigencia del proyecto de ley en examen, se verá fortalecido por la existencia de un Comisionado Parlamentario con competencia y dedicación y capacidad específica en esta materia.

Es importante destacar que esta actividad de control no significa interferencia con las funciones atribuidas constitucional y legalmente al Poder Ejecutivo, ya que las facultades del Comisionado Parlamentario no incluyen la de obligar a la Administración en modo alguno. Resulta claro que observar, recomendar e informar son las acciones principales del Comisionado Parlamentario, que deberá actuar en pleno respeto del principio de separación de Poderes.

En el curso de la aprobación del proyecto se han consultado por los miembros de esta Comisión las opiniones de especialistas en la materia y la del Ministerio del Interior, en la persona del Ministro escribano Guillermo Stirling quienes realizaron aportes y manifestaron su conformidad con el proyecto y la necesidad de la existencia de una institución como la que se crea, que resultará en un significativo apoyo para el mejor desempeño de las funciones atribuidas en esta materia al Poder Ejecutivo.

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, ha entendido por unanimidad de sus miembros, que la aprobación del presente proyecto de ley, por el que se crea la figura del Comisionado Parlamentario con las competencias atribuidas, sin duda habrá de significar un importante avance en el complejo y permanente proceso de mejoramiento en la efectiva aplicación de la ley, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos que establece y garantiza el ordenamiento constitucional y legal de la República.

Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2000.

ALBERTO SCAVARELLI, Miembro Informante, RAÚL ARGENZIO, EDGAR BELLOMO, GUILLERMO CHIFFLET.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente, de los convenios internacionales ratificados por la República, supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

Artículo 2º.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario tendrá las siguientes atribuciones:

A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive su privación de libertad.

B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos.

C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.

D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados.

E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de veinticuatro horas de anticipación. Cuando se trate de verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo efecto, sin previo aviso.

F) Preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional.

H) Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general.

  Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario.

  Los informes no incluirán datos personales que permitan la identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán publicados en el Diario Oficial.

I) Interponer los recursos de habeas corpus o amparo cuando considere que existen delitos o la denuncia penal cuando se presuma su existencia.

J) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos.

Artículo 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para producción de actos y resoluciones.

Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa deberá, dentro de los treinta días de notificada, darle cuenta por escrito de las razones que la asisten para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

Artículo 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe.

Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º.

Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados.

Artículo 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Artículo 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 y siguientes del Código Penal.

Artículo 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrá tramitar o rechazar. En este último caso deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión Judicial o de lo Contencioso Administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento.

Artículo 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previsto por la ley.

Artículo 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare en escrito fundado y se considerare necesario.

Artículo 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario.

En este caso el Comisionado Parlamentario notificará bajo apercibimiento a la autoridad máxima competente que de no accederse a lo solicitado en un plazo de quince días podrá levantar la reserva de las actuaciones.

Artículo 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa o negligencia de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes.

Artículo 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Artículo 17.- Su cargo cesará si ocurrieran alguna de las siguientes circunstancias:

A) Por fallecimiento.

B) Por renuncia.

C) Por destitución por notoria negligencia, grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o pérdida de las condiciones morales exigidas, pudiendo ser cesado anticipadamente en estos casos por la Asamblea General con las mismas mayorías requeridas para su designación y en sesión pública en la que el imputado podrá ejercer su defensa.

Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Persona con reconocida versación en derechos humanos.

Artículo 19.- El Comisionado Parlamentario será designado mediante resolución suscrita por el Presidente de la Asamblea General y de su Secretario y se publicará en el Diario Oficial.

El Comisionado Parlamentario tomará posesión de su cargo prestando juramento de desempeñar debidamente su cargo ante la Asamblea General.

Artículo 20.- La Asamblea General dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los Partidos Políticos con representación en aquélla, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, según el siguiente procedimiento:

A) Dentro de los quince días siguientes a la constitución de la Comisión, los miembros de la Asamblea General podrán proponer, en forma fundada, precandidatos que se ajusten a las cualidades descriptas en el artículo 17.

B) Dentro de los treinta días siguientes, la comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos.

  Estas sesiones y las informaciones recibidas serán estrictamente reservadas.

C) En el término de los siguientes treinta días, la Comisión procederá a elevar a decisión de la Asamblea General la propuesta del candidato, resolución que la Comisión deberá ser adoptada por 3/5 (tres quintos) de sus integrantes.

Artículo 21.- El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 22.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17) del artículo 168 de la misma).

Artículo 23.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda función dependiente del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, salvo el ejercicio de la docencia.

En caso de que el Comisionado Parlamentario posea título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, el cargo es incompatible con el ejercicio de la actividad profesional en materia penal.

En el caso que fuera legislador, se encontrará en un régimen asimilable a lo previsto para los Ministros de Estado o Subsecretarios, quedando suspendido en el ejercicio de sus funciones legislativas, sustituyéndosele, por el suplente correspondiente (inciso segundo del artículo 122 de la Constitución de la República).

Artículo 24.- La Asamblea General podrá designar los asesores y el personal necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo que oportunamente reglamente ésta y dentro de sus límites presupuestarios.

Deberá designar, necesariamente, dos asesores que posean título de Doctor en Derecho, con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional, uno especialista en Derecho Público y otro en Derecho Penal.

Artículo 25.- Todo el personal dependiente del Comisionado Parlamentario se considerará asimilado, en cuanto a sus prerrogativas e incompatibilidades, con el personal del Poder Legislativo.

Artículo 26.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General.

Artículo 27.- La dotación del Comisionado Parlamentario será fijada por la Asamblea General, la que, asimismo, aprobará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la institución, que constituirá una unidad ejecutora dentro del presupuesto del Poder Legislativo.

Sala de la Comisión, 28 de diciembre de 2000.

ALBERTO SCAVARELLI, Miembro Informante, RAÚL ARGENZIO, EDGAR BELLOMO, GUILLERMO CHIFFLET".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: la Comisión de Derechos Humanos está recomendando a la Cámara, por unanimidad, la aprobación de este proyecto de ley denominado: "Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución)".

Frente a la complejidad del tema carcelario en todas partes del mundo -lo que no puede ser ajeno a nuestro país-, sin duda este Parlamento tiene -como ha tenido siempre- un importante rol que desempeñar, que ha sido cumplido y seguirá siéndolo por vuestra Comisión de Derechos Humanos.

Cuando el señor Diputado Díaz Maynard introdujo este tema a través de un proyecto de ley, la Comisión realmente tomó como un asunto de primera importancia y magnitud llegar a una conclusión al respecto. La Comisión consideró que, sin duda, este proyecto dará al sistema político, al Poder Ejecutivo, a quienes están privados de su libertad por mandato judicial y a la sociedad toda, un elemento que reforzará su confianza y mejorará la actividad en esa difícil tarea que tiene que ver con la reclusión de seres humanos por orden judicial, con el mantenimiento de la seguridad, con propender tanto a la rehabilitación como a la seguridad de los que están involucrados en ese difícil proceso de custodia, de visitas, en fin, de todas las personas que guardan relación de uno u otro modo con este complejo tema.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

——El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario tiene como principal atribución la promoción del respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a procedimiento judicial, del que deriva su privación de libertad. Sin duda que esta nominación deja en claro el objetivo principal de la norma. Este Comisionado Parlamentario -como los señores Diputados advertirán que surge del texto del proyecto- requerirá de un enorme consenso político y será una persona de alta idoneidad moral y profesional acreditada que, además, no tendrá ningún tipo de sometimiento a mando alguno. Como veremos más adelante, para el desarrollo de esta difícil tarea tendrá la capacidad y la atribución de realizar inspecciones de tipo general en los establecimientos carcelarios y, al mismo tiempo, de conjugar una serie de verbos que se establecen en el artículo 2º de este proyecto de ley: promover el respeto de los derechos humanos; solicitar información a las autoridades carcelarias; formular las recomendaciones que estime pertinentes a esas mismas autoridades, con la finalidad de que modifiquen conductas, dejen sin efecto medidas o promuevan algunas medidas que mejoren el funcionamiento del sistema; cumplir el rol de recibir denuncias, lo que genera tanta tranquilidad en quienes están involucrados en el proceso de la privación de libertad, ya que muchas veces, precisamente a través de este procedimiento, encuentran aclaraciones y reivindicaciones que son muy importantes en temas de esta magnitud.

También podrá realizar las inspecciones a que nos referíamos en los establecimientos carcelarios, la preparación y la promoción de estudios e informes que estime convenientes para el mejor desarrollo de su función, y tendrá la posibilidad de pedir informes a todo tipo de organismo público, así como también a los abogados defensores, a las organizaciones de asistencia y otras similares. Todo esto será responsabilidad de este Comisionado Parlamentario que, como dije, dependerá pura y exclusivamente de este Poder del Estado, con la obligación de este funcionario de rendir informes a nuestra Asamblea General para analizar la gestión cumplida y explicitar los hechos que le han merecido atención particular en el ejercicio de su función.

No es menos importante señalar la capacidad que se atribuye al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario de interponer recursos de hábeas corpus o de amparo cuando considere que hay mérito para ello, y de cooperar con los organismos y organizaciones nacionales e internacionales referidos a la protección de los derechos humanos.

Quisiera decir que esta no ha sido una unanimidad circunstancial de la Comisión de Derechos Humanos; ha sido una unanimidad construida con el aporte de muchos legisladores que se fueron acercando a esta Comisión, dando su visión. También queremos destacar la participación activa del señor Ministro del Interior, quien desde el primer momento estableció un criterio positivo para el andamiento de un instituto de este tipo.

Quiero señalar que un Estado de derecho realmente se consolida cuando en temas tan críticos como este, que no están en el eje de la atención de la opinión pública en general, coinciden quienes tienen la responsabilidad de ejecutar medidas, con quienes tienen la responsabilidad de aplicar las normas legales y con quienes tienen la responsabilidad de supervisar, controlar y estar cerca de cada una de las etapas de cumplimiento de la ley y de los derechos individuales. Este es un ejemplo vivo de una circunstancia en la que se consolida y construye con esfuerzo, pero con unanimidad de propósito y de espíritu, un proyecto de ley que tiende a crear -y crea, de hecho; esperamos que se transforme en ley- una figura que, en definitiva, se constituye en un defensor de intereses, pero que al mismo tiempo tiene un enorme rol de control, de fiscalización y seguimiento.

En ese sentido, las recomendaciones que puede formular el Comisionado Parlamentario, si bien no tienen fuerza preceptiva u obligatoria para la Administración, requieren que esta se expida sobre las razones que la asisten para no seguirlas. No estamos hablando de una recomendación con carácter vinculante, pero sí que obliga al administrador a expresar las razones por las cuales fundamenta que no acoge la recomendación formulada.

El hecho de que se asegure por ley la prohibición absoluta del registro, examen, interceptación o censura de cualquier tipo respecto de la correspondencia que esté dirigida al Comisionado Parlamentario queda, sin duda, como un instrumento muy poderoso para ese intercambio de información. Aunque es justo decir que para los miembros de la Comisión de Derechos Humanos ha habido un camino expedito y libre durante este tiempo de gestión, está bien que esto esté establecido en el texto y en la fuerza de una norma legal de esta naturaleza.

Desde ya, respetuoso como es el Poder Legislativo de la separación de Poderes, se prevé claramente que cuando el funcionario tenga la obligación de enfrentar situaciones que están planteadas en la órbita jurisdiccional, necesariamente -dirá esta ley- la actuación del Comisionado Parlamentario cesa de forma total en ese caso concreto.

Este Comisionado Parlamentario tiene la obligación de notificar a la autoridad máxima competente que, de no accederse a lo solicitado en un determinado plazo -en este caso se fijan quince días-, podrá levantar la reserva de las actuaciones cuando se trate de actuaciones en las que, puesto en funcionamiento el mecanismo establecido en la ley, no hubiera por parte de los funcionarios o de quienes tienen responsabilidad superior en el tema la cooperación que es dable esperar en estos casos.

Este proyecto de ley va un paso más allá. El artículo 14 -solicito a la Cámara de Representantes que preste una particular atención a esta norma, por cuanto tenemos que rectificar o corregir una expresión que involuntariamente se deslizó en la versión que aparece en la distribución hecha- recoge lo preceptuado en el artículo 164 del Código Penal, que tipifica la omisión contumacial de los deberes del cargo cuando el funcionario obstaculizare la investigación, negándose a contestar los informes o no facilitando el acceso a los expedientes o a los documentos necesarios para llevarla adelante.

Aprovecho este momento para distraer o concentrar, según el caso, la atención de la Cámara de Representantes en cuanto a este artículo 14, que deberá quedar redactado de tal forma de extraer o eliminar el término "negligencia" que aparece en la segunda línea del texto, en la página 10 del repartido. Este artículo 14 dirá -si así lo considera la Cámara-: "El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa" -se elimina la palabra "negligencia"- "de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal". Se extrae el concepto de negligencia por cuanto el artículo 164 del Código Penal, que tipifica la omisión contumacial de los deberes del cargo, exige una conducta imputada a título de dolo directo -es decir que requiere conciencia y voluntad-, por lo que la única hipótesis por la que puede ser sancionado es cuando la acción o la omisión responde a un preordenamiento voluntario del funcionario de cumplir con su objetivo ilícito de retardar el cumplimiento de la obligación que tiene a su cargo.

Este Comisionado Parlamentario será designado directamente por la Asamblea General, en reunión conjunta, como es natural, de ambas Cámaras, pero requiriéndose el voto conforme de tres quintos de sus componentes, importante mayoría para dotar de respaldo político a quien tiene que cumplir una función tan delicada y compleja.

Al mismo tiempo, este proyecto de ley requiere que la persona que se designe a partir del proceso establecido reúna una serie de cualidades fundamentales, entre las cuales destacamos la de ser ciudadano natural o legal -en este caso, con diez años de antigüedad-, tener por lo menos treinta y cinco años de edad y una reconocida versación en el tema de los derechos humanos, resultando de particular importancia destacar que al tomar posesión de su cargo deberá prestar juramento ante la Asamblea General, por el que se compromete a desempeñarlo debidamente.

La conformación de una mayoría especial de la Asamblea General, que establecimos en tres quintos, sin duda será una enorme garantía para el cumplimiento de esta función. Hace un momento dijimos que el señor Comisionado Parlamentario o la señora Comisionada Parlamentaria en materia carcelaria no estará sujeto a mandato imperativo de nadie, ni recibirá instrucciones de autoridad alguna, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo con su criterio y bajo su responsabilidad.

Para el período de receso parlamentario se ha pensado que sería conveniente que la Comisión Permanente sea la interlocutora del Comisionado Parlamentario. Aquí también se va más lejos, por cuanto se rescata el concepto de que el Comisionado Parlamentario no cesará en sus funciones ni aun en las hipótesis previstas de suspensión de la seguridad individual, dispuestas en el artículo 31 de la Constitución de la República, o en el caso de la adopción de medidas prontas de seguridad previstas en ella. Ninguna de estas hipótesis servirá de fundamento para que se interrumpa la actividad de este Comisionado Parlamentario carcelario.

Como consecuencia natural de esta no dependencia, se establece que el ejercicio de esta función será incompatible con la función dependiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, de los entes autónomos, de los servicios descentralizados o de los Gobiernos Departamentales, salvo en el caso del ejercicio de la docencia. Si el que resultare electo o designado fuera un abogado, el ejercicio de la actividad del Comisionado Parlamentario en materia carcelaria será incompatible con la actividad profesional en materia penal, por razones obvias. Pero para el caso de que se tratare de un legislador -en ese sentido, la Comisión se ha preguntado por qué no podría ser Comisionado Parlamentario uno de sus pares- se asimilará a quien asumiere dichas funciones al mismo régimen previsto para los Ministros o Subsecretarios de Estado, quedando en tal caso suspendido en el ejercicio de sus funciones legislativas, siendo sustituido por el suplente correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución de la República.

Para reforzar el mejor desempeño de las funciones del Comisionado Parlamentario se incluye la necesidad o la posibilidad -según los casos- de designar asesores para lograr, precisamente, un fiel cumplimiento de las responsabilidades de su cargo, que resultan claramente del articulado que se pone a consideración y que los señores Diputados tienen en sus respectivas mesas de trabajo.

Sin duda, las dos misiones esenciales atribuidas al sistema carcelario por nuestro ordenamiento constitucional y legal vigente refieren, por una parte, al aseguramiento de la persona privada de su libertad por mandato judicial, y fundamentalmente, por otra, a procurar su rehabilitación. En esta tarea, el Parlamento tiene una permanente y trascendental función de control y de información sobre el funcionamiento del sistema carcelario, que ha venido cumpliendo a través de la participación de vuestra Comisión de Derechos Humanos, informando a esta Cámara. Esta actividad de control no significa de ningún modo interferir con las funciones atribuidas, constitucional y legalmente, al Poder Ejecutivo o, en su caso, como hemos dicho, al Poder Legislativo, ya que dentro de las obligaciones, deberes y derechos del Comisionado Parlamentario no está la facultad de obligar a la Administración en modo alguno. Resulta claro que su capacidad será la de recomendar y la de informar, al mismo tiempo que a las autoridades competentes que tienen responsabilidad directa en los temas, a la Asamblea General.

Por las razones expuestas en esta apretada síntesis, la Comisión de Derechos Humanos entendió, por unanimidad, que la aprobación del presente proyecto de ley por el que se crea la figura del Comisionado Parlamentario, con las competencias atribuidas -no tengo duda alguna de que así ocurrirá, en virtud de la unanimidad obtenida en nuestra Comisión-, representará un importante avance en este complejo y permanente proceso de mejoramiento en la efectiva aplicación de la ley, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos que establece y garantiza el ordenamiento constitucional y legal de la República.

Permítaseme decir, señor Presidente, para aquellos sectores de la opinión pública que no tienen en claro la preocupación que existe en relación con los temas vinculados al problema carcelario, que esto forma parte de nuestra realidad y de nuestros problemas.

Al mismo tiempo, como no hay mejor medida de seguridad que la rehabilitación que se logre de las personas que están sujetas a procesos en los que la comunidad, jurídicamente, se ha sentido agredida, el perfeccionamiento continuo del sistema carcelario a través del mejoramiento institucional y locativo -como en este momento propende a lograr la Administración- y fundamentalmente a través del respeto continuo de los derechos humanos de todos los protagonistas de este duro proceso que tiene que ver con la privación legal, por mandato judicial, de la libertad de seres humanos, estará sirviendo no solo a la Justicia sino también a la paz pública y a la comunidad toda.

22.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencias:

Del señor Representante Carlos Baráibar, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 19 y 22 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta siguiente, señora Daniela Payssé.

De la señora Representante Glenda Rondán, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 30 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Pedro Pérez Stewart.

Del señor Representante Daniel Díaz Maynard, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 28 y 29 de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor José Luis Veiga".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por motivos personales los días 19 al 22 de noviembre inclusive, y se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

CARLOS BARÁIBAR
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por el Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Baráibar, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Jaime Ígorra".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 22 de noviembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jaime Ígorra.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 19 y 22 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Jaime Ígorra.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Daniela Payssé.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo, el día 13 hasta el día 30 de noviembre del corriente año.

Saluda a usted muy atentamente.

GLENDA RONDÁN
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Alberto Jar Sánchez".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Gustavo Rojo".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente comunico a usted que por esta única vez, no acepto la convocatoria para la integración de ese Cuerpo.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Alexis Guynot de Boismenú".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

José Agustín Aguerre".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Mario Linzo".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente de la Diputada Glenda Rondán, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Luis Eduardo Alpuín".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Glenda Rondán.

CONSIDERANDO: 1) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 30 de noviembre de 2001.

2) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Jar Sánchez, Gustavo Rojo, Alexis Guynot de Boismenú, Agustín Aguerre, Mario Linzo y Luis Alpuín.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 30 de noviembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Glenda Rondán.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Alberto Jar Sánchez, Gustavo Rojo, Alexis Guynot de Boismenú, Agustín Aguerre, Mario Linzo y Luis Alpuín.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Pedro Pérez Stewart.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano -en mi condición de Presidente de la Comisión de Políticas Carcelarias- que se realizará en San Pablo, Brasil, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 28 y 29 de noviembre de 2001, se declare mi viaje como Misión Oficial y se convoque al suplente respectivo.

Adjunto copia de la convocatoria recibida.

Lo saludo atentamente.

DANIEL DÍAZ MAYNARD,
Representante por Montevideo ".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Díaz Maynard, para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 29 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel Díaz Maynard, por el período comprendido entre los días 28 y 29 de noviembre de 2001, para asistir a la VII Reunión de Directivas de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 738 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor José Luis Veiga.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ",

23.- Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay. (Prórroga de plazo).

——Léase una moción presentada por los señores Diputados Da Silva, Barrios, Rossi y Gabriel Pais.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue hasta el día 30 de junio del año próximo el plazo de la Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

24.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: la Cámara está considerando un proyecto realmente importante. A plena conciencia digo que, quizás, en los últimos tiempos no hayamos considerado un proyecto tan innovador, tan importante y tan reclamado por determinados sectores de la opinión.

Tenemos la esperanza, desde luego, de que pueda incidir positivamente sobre una realidad gravísima, la de los establecimentos carcelarios, que nos ha preocupado y nos preocupa especialmente a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. A su respecto, tenemos la convicción de que más allá de los esfuerzos del señor Ministro del Interior -que nunca hemos dejado de reconocer-, así como de algunos de los integrantes de su equipo y de la propia Comisión de la Cámara, las cárceles de nuestro país son, en los hechos, más que establecimientos de corrección, establecimientos de corrupción. Y soy consciente de la gravedad de esta afirmación. La hacemos con plena conciencia -reitero- de su entidad y gravedad, y seguros de que se ajusta a la verdad y de que podemos probar lo que decimos.

Antes de referirnos a esa realidad y de aportar razones de lo que afirmamos, debemos destacar que este proyecto, cuidadosamente estudiado por la Comisión de Derechos Humanos, que preside el señor Diputado Argenzio, y perfeccionado en algunos detalles, como ha dicho el señor Diputado Scavarelli, mediante la consulta a técnicos y en especial a la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, viene -importa subrayarlo- con la aprobación de todos quienes tienen voz y voto en la Comisión de Derechos Humanos y con el aporte, también, de delegados de sector, entre los que corresponde destacar la contribución permanente del señor Diputado Michelini y, desde luego, del autor de la iniciativa, el señor Diputado Díaz Maynard.

Entre esos asesoramientos permanentes quizá deba dejar constancia, asimismo, de los aportados por la doctora Elisa Rodríguez y el doctor Dardo Fernández, integrantes del equipo técnico de esta Cámara, así como el trabajo de la Secretaría de la Comisión, a cargo de la profesora Susana Carballal y el doctor Washington Sosa.

Me parece importante subrayar, en primer término, cuál será el cometido del Comisionado Parlamentario. Como ha señalado el señor Diputado Scavarelli, asesora a las autoridades -en especial al Parlamento- sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Todos sabemos que la Constitución, en su artículo 26, además de prohibir la pena de muerte, señala que "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito".

Siento el deber moral de decir, con la mayor sinceridad y énfasis especial, lo que a mi modo de ver es también una verdad y, por lo tanto, un punto desde el cual debemos partir para comenzar a superar los problemas. Esa afirmación tajante, sincera y cruda es que ni la Constitución ni las leyes se cumplen -como correspondería, desde luego- en muchos de nuestros establecimientos carcelarios.

Esta es una realidad que confirmamos semana a semana. En las últimas -no me extenderé ahora en detalles- se han recibido denuncias sobre maltrato a presos, traslados sin explicación alguna, falta de respeto a familiares, etcétera, y próximamente algunos testigos concurrirán a la propia Comisión a subrayar esta realidad.

Entre muchos testimonios que conozco, comparto radicalmente algunas afirmaciones del señor Diputado Díaz Maynard, que sin duda también son compartidas por muchos de quienes conocen los establecimientos carcelarios, en el sentido de que en las cárceles hay un ambiente hermético, absolutamente cerrado, en el que se desconoce o en muchos casos no existe, siquiera, reglamento. Prima en ellas la arbitrariedad y no se premia, habitualmente, a quien vaya a ser un buen ciudadano, sino a quien sea un buen recluso, es decir, al más sometido, al más manso, al más sumiso, al más destruido. Y ya se ha observado desde largo tiempo atrás la situación que deberá padecer el que no se somete; el que se siente humillado en la operación, muchas veces violenta, de las requisas; el que deja traslucir su desprecio por el guardián que abusa de su cargo o trafica con drogas, o el que mantiene la dignidad suficiente para resistirse o irritarse al recibir un insulto o comprobar el maltrato a un familiar.

Ese panorama, en muchos aspectos de horror, como se ve, se extiende con caracteres quizá más graves a casi todas las cárceles de América Latina. Pero el mal de muchos no debe servirnos de consuelo, desde luego. Debe quedar claro, además, que los principales establecimientos carcelarios de nuestro país están comprendidos en informes realmente impactantes del Parlamento Latinoamericano, en cuya elaboración ha participado, también, el señor Diputado Díaz Maynard.

¿Cómo superar esa realidad? ¿Cómo hacer que se respeten en las cárceles derechos humanos elementales? Creo que para responder estas interrogantes resulta suficiente recordar que en los informes de la Comisión del Parlamento Latinoamericano que estudia estas realidades se ha llegado a la conclusión de que la utopía, el ideal, el objetivo a conseguir es nada menos que el cumplimiento de las constituciones y las leyes.

Quiero hacer una aclaración sobre estas preocupaciones, que a mi juicio debió ser previa. Cuando en la Comisión, y fuera de ella, nos ocupamos de los derechos humanos de los presos y denunciamos con claridad, sin ambages y con objetividad la realidad de las cárceles, se suele replicar: "Ustedes se ocupan de los victimarios y no de las víctimas". A nuestro juicio, con esta afirmación se incurre en un grave error que importa refutar, replicar con la mayor claridad posible. Ya ha dicho algo al respecto el señor Diputado Scavarelli, pero nos interesa destacar que cuando se defienden los derechos de los presos se defiende, a la vez, la seguridad pública futura. ¿Por qué? Porque si no se busca reorientar y recuperar a quienes han incurrido en delitos; si no se facilita lo que muchos de ellos desean, es decir, los caminos para la reinserción en el medio familiar o social; si no se impide que el hostigamiento, la violencia, la arbitrariedad terminen matando las cualidades de los presos que los pueden hacer más aptos para la vida en sociedad; si se les mantiene como están, en el hacinamiento y sin la menor privacidad; si se les niega el trabajo -que eleva al hombre-, obligándolos a permanecer ociosos y encerrados durante la mayor parte del día, después, cuando hayan cumplido la pena, cuando pase el tiempo y llegue a los condenados la hora de la libertad, los altos porcentajes de reincidencia serán -como son en muchos casos- resultado de una suerte de corresponsabilidad estatal.

Todos sabemos que la inseguridad crece y se retroalimenta por medio de un sistema carcelario que, al no cumplir con los objetivos legales y constitucionales, no abre caminos para el perfeccionamiento del recluso ni para facilitar su reinserción social.

No en el siglo que terminó recientemente, sino en el siglo XIX, un militante social y teórico anarquista, Pedro Kropotkin -quien, por cierto, como consecuencia de sus ideas conoció muchas cárceles-, escribió un libro absolutamente impactante que se llama "Las prisiones". Si uno lo lee hoy se conmueve con la realidad, pero si luego visita los establecimientos comprueba que la situación es mucho peor. Y escribió el libro hace dos siglos. En Uruguay se llega a esta situación por una omisión que viene de largo tiempo.

Una destacada profesional y abogada de oficio que visitó nuestra Comisión, un día nos dijo: "Lo que sucede es que no ha existido voluntad política para superar esa realidad".

Una de mis primeras entrevistas, cuando era joven y periodista, fue al profesor de Derecho Penal Salvagno Campos. Recuerdo que él describió una realidad de infierno y hasta me pidió que no se publicasen algunos aspectos de las declaraciones que me había hecho porque le parecían excesivos para ser expuestos ante la opinión pública.

Pocos años después leí un extenso informe parlamentario; la realidad era igual o peor que la que me describió aquel destacadísimo profesor de Derecho Penal y aún más grave que estas denuncias que había hecho Kropotkin a fines del siglo XIX.

Además, el tema carcelario se replantea en forma cíclica y con caracteres cada vez más graves. Gana el primer plano de la atención pública cuando ocurre algún hecho grave: una huelga de hambre, una fuga, algún conato de amotinamiento o una protesta más o menos extendida. Entonces, se habla de la realidad, de ese universo "concentracionario". Algunos medios reclaman contra las arbitrariedades que allí se cometen, revelan algunos hechos y finalmente la discusión termina en ese planteo, en el sentido de que se defiende al victimario en lugar de a las víctimas. Ese es un falso planteamiento que yo denunciaba como un mal razonamiento. Entonces, algunos medios, después de destacar aspectos por lo general escandalosos, se desvían del análisis de los derechos de los reclusos para terminar reclamando penas más severas; pero, pasado cierto tiempo, todo queda igual.

Cuando en el análisis de estos temas intervienen penalistas, Defensores de Oficio -que los hay excelentes y han planteado sus puntos de vista en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara- o integrantes de la Suprema Corte de Justicia, se llega a una conclusión: es necesario tomar medidas para superar los problemas carcelarios en nuestro país. Se debe tomar medidas, reitero, porque todos los diagnósticos están hechos. Es la hora de sumar a algunos pasos que, repito, ha intentado o intenta el Ministerio -que siempre reconocemos-, medidas que puedan significar un avance real. Y una medida esencial en ese sentido es este proyecto.

El último gran análisis de la realidad de los establecimientos carcelarios en el país se concretó al promediar la década de los noventa. Una comisión especial que presidió el doctor Tommasino presentó, después de intenso trabajo, un extenso informe que se conoce como informe Tommasino. Es un testimonio exhaustivo de la realidad. Allí se incluyen los rasgos más salientes del problema y una serie de sugerencias para solucionarlo. ¿Qué se denunció allí? Que los edificios son inadecuados para el mínimo cumplimiento de los objetivos y que la superpoblación llega a extremos de un hacinamiento absolutamente inconcebible. También se planteó la ausencia de capacitación específica de los funcionarios, a muchos niveles, aun en los altos. Al respecto, quiero señalar un hecho. Cuando la Comisión de Derechos Humanos en pleno visitó un establecimiento carcelario -hace ya bastante tiempo-, un Director a quien no voy a mencionar ni menciono nunca cuando refiero estos hechos, pero que sin duda es un hombre sincero, muy franco, nos dijo cuáles habían sido sus actividades antes, en su condición de militar, en qué frentes había estado, etcétera, y agregó: "De cárceles no sé nada". Era el Director y sinceramente se lo dijo a la Comisión. Creo que este hombre merece un homenaje, porque decía la verdad. Entonces, este es el nivel de preparación.

En este informe Tommasino se planteó, además, la utilización de la función de guardia penitenciario, en algunos casos, como sanción, cosa que -dice- se ha hecho, con la consiguiente desvalorización del funcionario. Muchos de estos funcionarios reconocen, y nosotros admitimos, que realmente están "a media pena" -según expresiones del señor Diputado Díaz Maynard- porque tienen que estar durante muchísimas horas dentro del mismo clima carcelario y, prácticamente, sin medios para atender esa realidad.

También se plantearon las denuncias informales, aunque frecuentes, de corrupción, consumo de drogas, de alcohol, etcétera, y se hizo referencia a la violencia física institucional e intragrupal; a la ausencia de seguimiento en el tratamiento de los detenidos; a un régimen disciplinario desprovisto de garantías de racionalidad y desconectado del tratamiento a cada uno de los reclusos; a sanciones colectivas, represalias y traslados de establecimiento como sanción; al ocio excesivo, etcétera.

No voy a insistir: todas estas observaciones fueron hechas y constan en el informe Tommasino, y hoy -varios años después- la realidad es la misma o más grave.

Al respecto voy a traer, no mi opinión, sino la del Instituto de Estudios Legales del Sur (IELSUR). Este explica que la Comisión -la Comisión Tommasino- entregó los resultados de su trabajo al entonces Ministro del Interior, doctor Didier Opertti, pero agrega que a más de cuatro años de la presentación de ese informe se puede afirmar que la situación permanece incambiada y resulta aún más apremiante. Con el permiso del señor Presidente yo podría leer algunas frases de un extenso informe de IELSUR, otra organización de derechos humanos. Allí se dice: "El internado es sometido a un régimen disciplinario no reglado, excesiva y gratuitamente severo, no cumpliéndose el sistema individual y progresivo, que prescribe la legislación vigente, [...]".

Agrega lo siguiente: "Se le mantiene 23 horas en su celda, sin posibilidad de trabajar, educarse o aprender un oficio. Ese ocio compulsivo obviamente deteriora su organismo y perturba su salud mental. Las periódicas requisas se hacen en forma violenta, golpeando a los internados y destruyendo elementos personales y recuerdos familiares de los mismos.- El servicio sanitario es deficiente. La falta de historias clínicas es un exponente de que no hay un conocimiento de los problemas de salud que puede tener un internado. La atención de las urgencias se ve intermediada por la voluntad del 'llavero' de turno, no existiendo una comunicación directa y fluida con el médico. El stock de medicamentos es ínfimo en relación a la población de cada establecimiento. La situación adquiere suma gravedad en el caso de aquellos que acusan enfermedades mentales.- A lo anterior cabe agregar la existencia comprobada de celdas de castigo, húmedas, sin luz y escaso aire, donde se encierra a los sancionados por períodos que llegan a los 90 días".

Junto con el señor Diputado Gallo Imperiale, algunos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos pudimos comprobar que en algunos de los establecimientos hay enfermos de sida durmiendo en el suelo -porque el hacinamiento llega a ese extremo y no hay ni cuchetas- y sin asistencia médica.

No voy a dar datos sobre el hacinamiento, pero puedo recordar algunas cifras. En 1984 había 1.890 reclusos; en 1994, diez años después, había 3.200; hoy, bastante más de 4.200. ¡Claro! A veces se plantea -y la Cámara lo ha analizado- la necesidad del agravamiento de las penas. Algunos han entendido que ello era imprescindible en virtud de la inseguridad pública, como consecuencia de la reiteración o agravamiento de delitos. El Parlamento -su mayoría- decidió agravar las penas, pero recuerdo que en aquella oportunidad no se plantearon medidas que debieron haberse advertido, porque no se tuvo en cuenta el aumento de la cantidad de reclusos y esta realidad carcelaria.

Hoy, según datos oficiales, podemos decir que entre los reclusos que salen y los que ingresan, la población carcelaria del COMCAR, por ejemplo, crece en cien reclusos por mes. En un año tenemos otro COMCAR, superpoblando lo ya superpoblado hasta la insuficiencia total. Además, no hemos tenido en cuenta algunos aspectos que, a mi juicio, son casi obvios.

A propósito de esto, yo leía un libro de un periodista, Dominique Lapierre -"Cien soles"- en el que hace un reportaje a un condenado a muerte, aquel famoso Caril Chesman, que luego se probó que no era el que había cometido los delitos por los que lo ejecutaron. Pero ¿qué dice Caril Chesman en observaciones que, después de doce años, hacía con profundo conocimiento de los hechos? Señalaba que "Un joven ganado por la violencia no se detiene por miedo a las consecuencias penales, por terribles que sean". Entonces, no confiemos en que agravando las penas mejorará la seguridad pública. Ni siquiera la pena de muerte consigue frenar el delito.

Arthur Koestler, el famoso escritor, revela en alguno de sus libros que cuando en Inglaterra se castigaba con diversas torturas y penas los distintos delitos, a los carteristas simplemente se les condenaba a la horca en público. Y hubo que suprimir esa pena de muerte -de ahorcamiento en público- porque actuaban con exceso los carteristas.

Además, en las declaraciones a Dominique Lapierre, Chesman dice: "[...] al menos 200 hombres condenados a muerte he conocido y han pasado delante de mi celda en su último viaje; y puedo afirmar que no he conocido a uno solo, siquiera, que me haya confesado que pensó, antes de actuar, en los castigos que sus actos podrían acarrearle".

Obviamente, el agravamiento de las penas solo es tomado en cuenta por los hombres honrados, los que no cometerán delitos. En cambio, eso sí, lo importante es prevenir -no voy a entrar en esto, porque debo analizar un proyecto concreto- las causas físicas, psíquicas y sobre todo sociales que llevan al delito.

Sobre las causas físicas voy a relatar apenas algunas de las cosas que me contó el profesor Salvagno Campos en aquel reportaje que mencioné al comienzo de esta disertación. Me decía que en una cárcel francesa -y creo que esto figura también en sus textos de Derecho Penal de la Facultad de Derecho; alguno sobrevivirá por ahí todavía- un psiquiatra, estudiando a un detenido, comprobó que se trataba de un obrero que había tenido una vida absolutamente tranquila y que de pronto había cometido un crimen horroroso. Se puso a estudiar las causas y pudo comprobar que este hombre había tenido esa vida tranquila hasta determinado momento en que tuvo un accidente en el que se golpeó; comprobó que había allí una causa física, pues determinados centros nerviosos habían sido afectados por aquel accidente. Desde luego, lo hizo operar, y el hombre volvió a ser la misma persona tranquila que había sido al comienzo. Por un error, el psiquiatra, que conversaba con frecuencia con él, dejó el expediente de este hombre sobre su escritorio, y cuando el hombre lo leyó se suicidó.

Es decir que inclusive hay causas físicas que se deben analizar, pero resulta que a nuestros reclusos ni siquiera se les analiza o se les sigue un trámite, aunque notoriamente tengan perturbaciones físicas y psíquicas.

Sobre las causas sociales desde luego que habría que hablar, pero voy a citar otra vez a Caril Chesman en ese reportaje, que dice que "toda una cultura de revólveres escupiendo fuego, de neumáticos chirriando sobre el asfalto, de manos en alto, jaulas, barrotes, etcétera, incide sobre la formación de los muchachos".

Y si no se actúa sobre las causas, si no se recurre a la prevención, no se avanza desde el punto de vista de la seguridad pública.

Por cierto, la disminución del delito no se consigue con más penas; "es más importante" -dice Caril Chesman- "apelar a la razón que a los verdugos". Y creo que son consejos que debemos tener presentes.

Podría referirme a otros aspectos que tienen que ver con esta terrible realidad carcelaria, pero preferiría señalar algunos del proyecto en concreto, por más que el miembro informante, señor Diputado Scavarelli, los ha desarrollado, a mi juicio, con objetividad absoluta.

El Comisionado Parlamentario que votaremos tendrá como objetivo informar al Parlamento sobre esta situación de las cárceles. Deberá realizar, como mínimo, un informe anual a la Asamblea General. En el proyecto se establecen los mecanismos para el desarrollo de su trabajo, las vías que tendrá para solicitar información, la posibilidad de formular recomendaciones para que se cambien o queden sin efecto medidas adoptadas por los Directores de los establecimientos o se incorporen otras que permitan el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Además, deberá recibir denuncias.

Sin duda, el señor Diputado Argenzio lo sabe, porque tanto a él como a mí y a los demás integrantes de la Comisión con frecuencia nos visitan cantidad de personas que denuncian situaciones de horror, de angustia familiar, como consecuencia de las irregularidades que suceden en los establecimientos.

Dicho Comisionado podrá realizar inspecciones y deberá preparar estudios e informes para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales en los establecimientos carcelarios. Como dije, tendrá que hacer un informe anual ante la Asamblea General. También podrá interponer recursos de hábeas corpus o de amparo cuando considere que existen delitos, o realizar denuncia penal cuando se presuma que los ha habido. Desde luego, deberá cooperar con organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promueven el respeto a los derechos humanos.

Y yo tengo una convicción: existen en el país organizaciones como SERPAJ, IELSUR, como algunas Iglesias que, sin ninguna duda, atienden este problema y lo tienen presente, y resultaría enormemente útil su tarea de colaboración con el Comisionado Parlamentario.

Además, existen determinadas garantías. El Comisionado Parlamentario no podrá ser cualquier ciudadano; podrá ser un legislador o una persona ajena al Parlamento, pero debe tener la siguiente condición: reconocida versación en materia de derechos humanos.

Habrá hasta un mecanismo para la propuesta de los candidatos. Como ha señalado el señor Diputado Scavarelli, se cuida absolutamente la independencia del Comisionado, que no estará sujeto a mandato imperativo alguno. Tendrá plena autonomía en sus funciones; no interrumpirá su acción por el receso parlamentario -en todo caso, seguirá relacionado con la Comisión Permanente-; habrá absoluta incompatibilidad con toda función dependiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de los Gobiernos Departamentales. Además, deberá ser electo -esto asegura que todas esas condiciones se cumplirán- nada menos que por tres quintos de votos de la Asamblea General. O sea que será una personalidad reconocida por todas las fuerzas políticas de este país.

Creo que este proyecto es una necesidad imperiosa, insoslayable y un camino para intentar que se superen graves problemas, y además permitirá cumplir con las recomendaciones del Parlamento Latinoamericano. Es, sin duda, un posible camino de esperanza -confío en que no se transforme, simplemente, en una ilusión- para superar una realidad que, si se conociera en todos sus aspectos y en circunstancias que muchos de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos ya conocemos, pesaría, sin duda, como un remordimiento sobre la conciencia pública.

A mi juicio, este proyecto es un aporte fundamental para que las cárceles no sigan siendo -soy absolutamente objetivo y estoy convencido de lo que digo- universidades del delito que, en muchos casos, tornan inútiles todos los esfuerzos para la reinserción social y familiar de los que alcanzan penosamente a sobrevivir a esas realidades que he descrito.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, porque tanto el señor Diputado Scavarelli, quien ha hecho una descripción completa del contenido de este proyecto, como el señor Diputado Chifflet, quien se ha referido a los objetivos de la creación de esta figura, han manifestado a cabalidad muchas de las expresiones que podíamos acercar al plenario.

Queremos congratularnos de la aprobación que va a tener en la Cámara este proyecto intensamente trabajado. Creemos que si hay un área sensible en las relaciones entre el Gobierno y los gobernados es, precisamente, la de las actividades que se realizan en los establecimientos carcelarios, por todo lo que ha manifestado el señor Diputado Chifflet.

La formación del personal policial con el acento en la represión no favorece la necesaria perspectiva de la rehabilitación. También por ello esta Cámara, a través de la Comisión de Derechos Humanos, está trabajando en una propuesta para el traslado de los establecimientos carcelarios fuera del área del Ministerio del Interior, que está cumpliendo otros roles en la persecución del delito. También ese es un "debe" con respecto al informe Tommasino.

Mientras esto no se concreta, la protección de los derechos de los reclusos y de las reclusas se vuelve imprescindible. La situación de incomunicación e indefensión de quienes tienen una deuda con la sociedad merece una protección especial, y esta figura que hoy estamos creando debe servir de apoyo al objetivo de la reinserción de los reclusos y de las reclusas en la sociedad, que está establecido en la Constitución. En ese sentido, creemos que esta iniciativa va a colaborar para darle cumplimiento.

Además de lo descrito y vivido durante estos dos años a través del seguimiento del funcionamiento de las cárceles masculinas, quiero destacar el funcionamiento de la cárcel de mujeres, que en medio de las carencias económicas, en un edificio totalmente inadecuado y con una población creciente que desborda las posibilidades de este obsoleto edificio, ha logrado un clima propicio para el apoyo de las reclusas con talleres, con capacitación, con preparación en oficios y aun con la creación de una cooperativa que vende productos y servicios que colaboran con el ingreso de las presas y de sus familias.

Junto a las organizaciones que mencionaba el señor Diputado Chifflet, quiero destacar el rol del Patronato de Encarcelados y Liberados, que realmente apoya, en la medida de sus posibilidades -intermediando entre el Estado, la sociedad y las empresas-, la rehabilitación de los presos. Quiero destacar esto, que es una luz en medio de tanta negrura.

La Comisión de Derechos Humanos ya ha estado en contacto con todos los establecimientos carcelarios, y especialmente quería referirme a la cárcel de mujeres, porque nos parece que es un ejemplo de lo que una figura como la que hoy estamos creando -con la atención, el apoyo y la preocupación de la sociedad en su conjunto, especialmente del Estado- puede representar para que aquellos que están en una situación tan especial como la reclusión, con la separación de sus seres queridos y cumpliendo una pena a veces especialmente dura, tengan el apoyo necesario para la recuperación y la reinserción en la sociedad, objetivo que debe asumir el Estado con esta parte de la población.

Por eso, con gran satisfacción vamos a votar este proyecto que ha sido elaborado en la Comisión de Derechos Humanos y esperamos que también tenga su pronta aprobación en la Cámara de Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Argenzio.

SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: también hago mías las palabras de mi amigo, el señor Diputado Chifflet, agradeciendo a todas aquellas personas que han colaborado con la Comisión para llevar adelante este proyecto y, en especial, a su autor, el señor Diputado Díaz Maynard.

El Comisionado Parlamentario tiene como principal objetivo asesorar al Poder Legislativo en el control de las normas vigentes referidas a los organismos que tienen a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y la ejecución de las actividades tendientes a procurar la rehabilitación e inserción social del recluso o liberado.

La complejidad de la situación carcelaria en sí, agravada por factores tales como el aumento de la población carcelaria y la falta de establecimientos, hace necesaria la existencia de un funcionario designado por el Poder Legislativo con atribuciones imprescindibles que le permitan cumplir esa tarea.

Me voy a permitir leer parte de un diagnóstico de la situación carcelaria del país que realizó la Comisión de Derechos Humanos, en la que el señor Diputado Chifflet tuvo una actuación muy importante, así como el resto de los compañeros. Según el diagnóstico, los principales problemas que deben enfrentarse en las cárceles uruguayas son los siguientes.

Con respecto a la población carcelaria, hay problemas de hacinamiento, con carencia absoluta de privacidad, lo que determina problemas de higiene, contaminación, incidentes, riesgos de epidemias, etcétera.

En lo que tiene que ver con la situación jurídica, hay carencias de información sobre la marcha del proceso.

Hay problemas con la atención sanitaria, el trabajo, la rehabilitación, las drogas, la corrupción, la violencia interna, el personal carcelario y el trato a familiares.

Los principales deberes y responsabilidades del Comisionado Parlamentario son los de promocionar el respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a procedimientos judiciales, privadas de libertad. También, en forma especial, tendrá la posibilidad de solicitar información de las autoridades carcelarias sobre las condiciones de vida en dicho establecimiento, formular recomendaciones y recibir denuncias sobre violación de los derechos humanos, dando garantías a las partes.

Es también necesario destacar que podrá realizar inspecciones en los establecimientos carcelarios, previo anuncio a las autoridades correspondientes. También podrá realizar o promover estudios para el mejor desempeño de sus funciones. Dentro de sus atribuciones está la de solicitar informes a distintos organismos públicos, a abogados defensores, a oficinas y a organizaciones de asistencia con fines de asesoramiento y promoción, quedando excluido, a texto expreso, todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional. El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos de la Administración, imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones. Sí podrá sugerir modificaciones de los criterios utilizados para la producción de actos y resoluciones.

El Comisionado deberá rendir un informe anual a la Asamblea General y, de existir situaciones extraordinarias que por su gravedad y urgencia así lo ameriten, también podrá realizar informes extraordinarios, que no podrán contener datos que permitan identificar a los interesados y serán publicados en el Diario Oficial.

Podrá interponer recursos de amparo y de hábeas corpus y formular denuncia penal cuando considere que se han cometido delitos.

Para sus funciones de asesoramiento se basará en el seguimiento de la realidad carcelaria en el país. Sus recomendaciones no tendrán carácter obligatorio. La autoridad administrativa deberá dar cuenta por escrito, en un plazo de treinta días, de las razones por las cuales no se siguen las recomendaciones formuladas.

Todas sus actuaciones tendrán carácter reservado y confidencial. Las quejas dirigidas a él se harán por escrito, fundadas y firmadas por el interesado o su defensor. Los trámites serán gratuitos y no requerirán asistencia letrada.

El Comisionado tendrá asegurado el acceso a todos los centros de detención, con previo aviso. La correspondencia dirigida a él no tendrá registro ni censura y las conversaciones no podrán ser violadas.

Deberá llevar un registro completo de las quejas que se formulen; las podrá tramitar o rechazar de acuerdo con su criterio. Las quejas anónimas serán rechazadas.

Si la cuestión planteada está sometida a decisión jurisdiccional, el Comisionado Parlamentario deberá cesar totalmente su actuación en el caso concreto.

El buen funcionamiento de los mecanismos establecidos está supeditado en parte a la cooperación de los funcionarios y sus superiores, brindando los informes que se le soliciten. El funcionario que obstaculizare la investigación incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

El Comisionado será designado por la Asamblea General en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes.

Tendrá un mandato de cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez. Para su destitución se exigirá notoria negligencia, grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o la pérdida de las condiciones morales exigidas. La Asamblea, por tres quintos de sus componentes, lo puede destituir en sesión pública, en la que el Comisionado podrá ejercer su defensa.

El cese en el cargo se producirá por renuncia, fallecimiento o destitución.

Las cualidades para ser elegido serán las de ser ciudadano uruguayo, natural o legal -en este caso, con diez años de antigüedad-, tener como mínimo treinta y cinco años de edad y reconocida versación en derechos humanos.

Al tomar posesión de su cargo prestará juramento ante la Asamblea General para desempeñarlo debidamente.

La Asamblea General, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, integrará una Comisión Especial, compuesta por nueve miembros, de todos los Partidos políticos con representación parlamentaria, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, según un procedimiento que está claramente descrito en el artículo 20.

El Comisionado no estará sujeto a mandato imperativo ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad; sus funciones las deberá desempeñar con plena autonomía, de acuerdo con su criterio y responsabilidad. Su actividad no se verá interrumpida por el receso de la Cámara, pues durante ese período se relacionará con la Comisión Permanente.

El cargo de Comisionado es incompatible con toda función que dependa del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, entes autónomos, Corte Electoral y Gobiernos Departamentales.

No tiene por qué ser abogado aunque, obviamente, deberá tener reconocida versación en derechos humanos.

Si posee el título de doctor en derecho y ciencias sociales, el cargo será incompatible con el ejercicio de la actividad profesional en materia penal.

Si fuera legislador, se encontrará en un régimen asimilable a lo previsto para los Ministros de Estado o Subsecretarios, quedando suspendido en el ejercicio de sus funciones legislativas.

La Asamblea General podrá designar a los asesores y al personal necesario, de acuerdo con lo que reglamente. Deberá designar dos asesores con título de doctor en derecho, con diez años de antigüedad en el ejercicio profesional; uno de ellos deberá ser especialista en derecho público y el otro en derecho penal.

Los asesores cesarán automáticamente cuando asuma el nuevo Comisionado Parlamentario.

La dotación de este Comisionado la fijará la Asamblea General, que asimismo aprobará el presupuesto para el funcionamiento de la institución, que constituirá una unidad ejecutora dentro del presupuesto del Poder Legislativo.

Las dos funciones principales que debe cumplir el sistema carcelario, según la Constitución y las leyes, es el aseguramiento de la persona privada de su libertad por mandato judicial y, fundamentalmente, intentar su rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Como muy bien lo manifestó el miembro informante, señor Diputado Scavarelli, el Parlamento tiene la importantísima función de contralor y de información sobre el funcionamiento del sistema carcelario, que se ha cumplido con la participación de la Comisión de Derechos Humanos y que, a partir de la vigencia de la futura ley que hoy estamos considerando, se verá acrecentada por la existencia de un Comisionado Parlamentario con capacidad específica en esta materia.

Observar, recomendar e informar son las acciones principales de este Comisionado Parlamentario, que actuará con pleno respeto del principio de separación de Poderes.

Este proyecto de ley representará un importante avance en el mejoramiento de la efectiva aplicación de la ley y asegurará aún más el respeto de los derechos humanos establecidos y garantizados por nuestra Constitución y las leyes.

25.- Comisión de Asuntos Internacionales. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Laviña, Pita, Julio Silveira, Heber Füllgraff y Fonticiella.

(Se lee:)

"Mocionamos para que en el día de mañana, miércoles 14 de noviembre de 2001, se autorice a la Comisión de Asuntos Internacionales a reunirse durante la sesión de la Cámara para recibir al Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Guillermo Valles, y a una delegación de la Comisión Pro Desarrollo del Suroeste Uruguayo".

——Se va a votar.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: quiero aclarar que quizás en la sesión de mañana se consideren asuntos que requieran mayorías especiales.

Yo voto esta moción, pero si eso llegara a ocurrir, no sé cómo va a hacer para sesionar la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Esta es una moción que no admite discusión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quisiera saber si en el día de mañana habrá una sesión extraordinaria y otra ordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Para mañana se ha fijado una sesión extraordinaria para la hora 15 y además se realizará la sesión ordinaria a la hora 16.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quisiera saber si esta moción, que no tiene discusión, habilita a que la Comisión de Relaciones Internacionales pueda sesionar en forma simultánea con la sesión extraordinaria.

Además, desearía informarme sobre cuál es el orden del día de la sesión extraordinaria.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: voy a hacer un comentario a título de constancia y de aclaración.

Normalmente, la Comisión de Asuntos Internacionales sesiona los miércoles a la hora 14. Bajo nuestra protesta reiterada, lamentablemente se sigue eligiendo el camino de realizar sesiones extraordinarias muy importantes en los horarios normales de trabajo de la Comisión.

Por lo tanto, para poder cumplir con nuestro trabajo -para el que nos han designado en la Comisión- nosotros no tenemos otro mecanismo que solicitar la autorización y faltar a las sesiones. Nos duele muchísimo no estar presentes en los homenajes que generalmente se realizan en las sesiones extraordinarias.

Si la Cámara quiere efectuar una sesión extraordinaria debe elegir otro horario, fuera del horario normal de trabajo -para eso se llama extraordinaria-, y no perjudicar a las Comisiones.

Como no queremos dar esta discusión, nos hemos expuesto a críticas en el seno del plenario por querer trabajar en el horario que la Cámara nos fija. Es realmente una situación muy incómoda. Solicitamos trabajar hasta la hora 16 y cumplir con el horario y con temas que ya estaban fijados de antemano.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Queda claro que la Comisión va a poder trabajar hasta la hora 16, si se le autoriza.

Se va a votar la moción a la que se dio lectura.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en primer lugar, me parece que es mejor votar con anterioridad este tipo de autorizaciones y no hacerlo durante las sesiones de homenaje.

En segundo término, considero que las Comisiones deben adaptarse al ritmo del plenario y no a la inversa; de lo contrario, no hay plenario.

En tercer lugar, la Cámara, con esta decisión, está imponiendo a los legisladores que son delegados de sector la necesidad de optar entre no concurrir al plenario o no asistir a la Comisión de Asuntos Internacionales, que en este caso también va a tratar temas importantísimos, por lo que los delegados de sector no queremos faltar.

Se ha visto en forma reiterada una falta de flexibilidad por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales, que repetidamente pide este tipo de excepciones. Por este motivo la moción no contó con mi voto afirmativo. Lo que se tiene que plantear es un debate sobre los homenajes y las sesiones extraordinarias; de lo contrario, no habría plenario que funcionase.

SEÑOR ROSETE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSETE.- Señor Presidente: he votado afirmativamente la autorización para que esta Comisión pueda sesionar, y señalo que la Comisión de Defensa Nacional se encuentra exactamente en la misma situación: nos reunimos a la hora 14 para trabajar durante dos horas. Mañana es un día intenso. Lamentablemente, no se encuentran presentes los demás integrantes para pedir la autorización.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: voy a fundar el voto en algunos aspectos que pueden resultar obvios. La Comisión de Asuntos Internacionales tiene un régimen horario fijado para sus sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias del plenario también fueron votadas por nosotros.

A las sesiones ordinarias de las Comisiones invitamos o piden audiencia distintas autoridades, que son expresiones de la sociedad. En este caso concreto vamos a recibir al señor Ministro interino de Relaciones Exteriores, a raíz de un planteamiento de los tres Diputados por el departamento de Rocha y de los vecinos compatriotas uruguayos residentes en Chui, del lado brasileño, que están viviendo una situación acuciante.

El tratamiento del tema se estableció con anterioridad a que se votara la sesión extraordinaria en el horario normal de trabajo de la Comisión. En todo caso, si hay insensibilidad -no quisimos plantearlo así, ni debatirlo en Cámara porque nos parece una falta de cortesía ese tipo de calificativos-, sería de parte de quienes fijan una sesión extraordinaria en el horario ordinario de trabajo, planificado previamente, de las Comisiones asesoras permanentes de la Cámara. No podemos prever la fijación de una sesión extraordinaria. Podemos prever las sesiones ordinarias, pero nunca las extraordinarias que se votan con posterioridad a la planificación normal del trabajo de las Comisiones asesoras permanentes en los horarios de sus sesiones ordinarias.

Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que, sinceramente, lo de la insensibilidad es una descortesía sin fundamento alguno.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: la señora Diputada Demarco -que no ha firmado la moción-, el señor Diputado Arregui y quien habla somos los únicos integrantes de la Comisión de Educación y Cultura que nos encontramos presentes en Sala. Pedimos autorización para sesionar en el día de mañana hasta la hora 16 porque, además de considerar varios temas importantes que tenemos en el orden del día, recibimos a tres delegaciones, por lo que se nos haría muy difícil, empezando a las 13 y 30 -que es nuestra hora de inicio-, terminar antes de la hora 15.

De alguna manera hacemos nuestras las apreciaciones del señor Diputado Pita, porque ese tipo de problema se nos ha presentado más de una vez con las sesiones de los miércoles.

26.- Comisión de Educación y Cultura. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Arregui y Bergstein.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Educación y Cultura a sesionar hasta la hora 16 del día 14 de noviembre de 2001".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: esperamos que el año que viene la Cámara encuentre una forma más racional para poder funcionar y haya armonía entre las sesiones ordinarias de las Comisiones y las extraordinarias de la Cámara.

Parece claro que el año próximo deberemos prestar un poco más de atención al fijar las sesiones ordinarias de las Comisiones. Si estableciéramos las sesiones extraordinarias para los días jueves surgiría el problema de las Comisiones que sesionan ese día.

27.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución).

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado José María Mieres.

SEÑOR MIERES (don José María).- Señor Presidente: queremos felicitar al señor Diputado Díaz Maynard por este proyecto de ley que ha presentado, por su constancia en lograr su aprobación, por su perseverancia y por los estudios que ha realizado, que nos llevan a pensar que va a ser un buen instrumento para mejorar la realidad carcelaria que hoy nos aqueja.

Si tomamos como base que las dos premisas fundamentales en relación con una persona que está privada de su libertad son su reinserción y su rehabilitación, creemos que este es un buen camino y una buena señal.

Hoy, la cantidad de personas que están privadas de su libertad excede ampliamente la planta física de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. Por tanto, más allá de los esfuerzos que se puedan hacer por parte de esa Dirección, es una necesidad importante la creación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

Si tenemos en cuenta que en el COMCAR, donde debería haber 900 presos, hoy hay 2.190, podemos suponer las condiciones en que están y las dificultades que tienen para su rehabilitación.

En el entendido de que, lamentablemente, en el último año y medio la población carcelaria ha crecido de 2.100 presos a 2.900, nos hallamos en una encrucijada muy grande. Los esfuerzos que se hacen a través de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación y del Ministerio del Interior para construir cárceles nuevas que permitan una rehabilitación son insuficientes. Si estamos planteando que en los próximos dos años podría haber cárceles para 400 personas con una capacidad, funcionamiento y posibilidades de rehabilitación distintos, nos damos cuenta de que los esfuerzos que se están haciendo son escasos.

Además, el hecho de que el 40% de los presos que hoy están en la Dirección Nacional de Cárceles no tenga hábitos de trabajo nos demuestra lo importante que es apostar a su rehabilitación y reinserción.

Asimismo, el tamaño, la conformación y la antigüedad de las cárceles hacen que sean muy difíciles de manejar, de cuidar, y que resulte mucho más fácil la creación de caldos de cultivo para situaciones que no permitan la recuperación de estos presos.

Reitero que este proyecto es una muy buena señal. A su vez, nos permitirá atender a una población carcelaria que es muy joven. Si vemos las cifras y descubrimos que el 67% es menor de cuarenta años, nos damos cuenta de que tenemos una población carcelaria joven, que quizás sea recuperable porque por su edad no deberían tener todos los vicios que el hacinamiento puede generar.

Por otra parte, quiero hacer un reconocimiento al enorme trabajo que ha hecho el señor Diputado Díaz Maynard y al estudio que ha realizado en relación con este tema. Pienso que con disposiciones como estas, inclusive con las enormes dificultades existentes, podremos empezar a creer en una sociedad mejor, más integrada, en la que aun aquellos que por distintas circunstancias se vean privados de su libertad puedan tener esperanzas de reintegrarse a ella, y que, por ende, sea más justa y brinde más expectativas a todos los uruguayos.

De alguna manera, con esta iniciativa estamos apostando a que de futuro tengamos menos presos, una familia más integrada, se combata la pobreza y tengamos una población mucho más socializada, en la que haya cada vez menos excluidos.

En resumen, quiero felicitar al autor de este proyecto porque está recorriendo una buena senda que va a coronar, aunque sea en parte, sus esfuerzos.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: la sesión de hoy es muy importante para este Cuerpo porque, dentro de lo que es la típica esfera de competencias del Parlamento, vamos a dar un paso importante marcando un hito en un proceso permanente como es el fortalecimiento de los derechos humanos de todos.

En primer término, quiero unirme a las felicitaciones que ya se expresaron al autor del proyecto, el señor Diputado Díaz Maynard, quien tuvo la sensibilidad y la iniciativa de poner este tema sobre el tapete. Quiero hacer extensivo el reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos -que ha trabajado, y mucho, en el punto y merece nuestro mayor respeto- y también al señor Diputado Scavarelli, quien ha hecho, en forma concisa, un excelente informe, que a muchos de nosotros nos ha clarificado la iniciativa, más allá de lo que expresa el texto legal. Aun cuando no se debe desatender el tenor literal de la ley so pretexto de consultar su espíritu, en este caso vemos tan importante un proyecto de esa naturaleza que vamos a optar por abstenernos de hacer propuestas concretas para ajustar algunos puntos en la discusión particular.

Creemos que el éxito de este proyecto, es decir, de la experiencia que significa ese Comisionado Parlamentario, va a depender en buena medida de la persona en quien recaiga esa designación. Seguramente este será el punto neurálgico. Nos parece que tiene que ser una persona que esté fuera del sistema político. Aun cuando su designación estará a cargo de un sistema político como es, indudablemente, la Asamblea General, con una mayoría especial, hay personas en nuestro país que han dedicado su vida -y la están dedicando- al estudio de los derechos humanos, a su implementación práctica sin sesgos políticos, a su consolidación, y que también han trabajado en la rehabilitación de presos, intentando mejorar el sistema carcelario. Creo que si este proyecto se convierte en ley, como esperamos, deberemos orientarnos por ahí a la hora de designar al Comisionado Parlamentario, a fin de mantenerlo fuera del sistema político.

El tema es muy complicado. La situación de nuestras cárceles es mala y los sucesivos Gobiernos han dedicado mucha atención y dinero al tema. Es bueno decir que la caridad bien entendida empieza por casa, que el sistema carcelario cuesta a la sociedad uruguaya unos US$ 100:000.000 por año, lo que constituye una cantidad muy importante. Sin embargo, no obtenemos del sistema carcelario, ni por asomo, los resultados pretendidos. Como ya se ha dicho aquí con razón, la superpoblación creciente -que ya no es superpoblación, sino hacinamiento- en los establecimientos carcelarios deriva de la mayor cantidad de personas detenidas, lo que a su vez está vinculado con el agravamiento de las penas. En esta Legislatura hemos sido contrarios a esto, porque creemos que las penas son suficientemente severas y que todo delito, por grave que sea, debe tener un mínimo excarcelable, aun extendiendo la amplitud entre guarismo mínimo y máximo. El hecho es que hay una mayor severidad en la aplicación de la ley. Hay áreas en las que la sociedad está reclamando una represión penal mucho más severa, como, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito, que no se traen a colación cuando se analiza ese tipo de problemas. A pesar de que prácticamente estamos alejados del ejercicio profesional -no tiene por qué ser sabido- nos llegan informes, viene gente a contarnos sus experiencias y se constata una mayor severidad en la aplicación de la ley penal. Todo esto complica mucho el tema.

Este Comisionado Parlamentario, con una mínima infraestructura para no pesar en el presupuesto del Poder Legislativo, significará un referente muy importante con un gran efecto psicológico, tendrá la posibilidad de actuar ante denuncias y situaciones constatadas por él mismo, será un permanente catalizador de la acción parlamentaria en esta materia -basándose en hechos concretos y no en esas impresiones generales que siempre tenemos- y resultará un factor disuasivo muy importante. Este Comisionado Parlamentario será una persona absolutamente independiente de todo tipo de presiones, una persona de corazón abierto y sensible, una persona conocedora de los derechos humanos y una persona que comprenda también el esfuerzo que hace el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de la provisión -aunque sea en forma incompleta- de recursos al sistema carcelario, cuya utilización debe ser optimizada; y este proyecto establece los canales indispensables para ello.

No queremos ser reiterativos en lo que otros han dicho con más orden y elocuencia, porque han estudiado el tema. Creemos que es un proyecto muy importante. Estamos en condiciones de votarlo, no solamente sin vacilaciones, sino sin entrar, quizás, a la letra menuda. Y es hora de ponerse a pensar quién puede ser ese Comisionado Parlamentario, porque el éxito o el fracaso de este intento va a depender, como pocas veces, de las cualidades de una persona.

Muchas gracias, señor Presidente.

28.- Asuntos entrados fuera de hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Chiesa Bordahandy, Orrico, Fernández Chaves, Amen Vaghetti, Da Silva y Michelini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución relacionado con los ataques y actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Gustavo Silveira. C/1747/001

- A la Comisión de Derechos Humanos".

29.- Proyectos presentados.

"ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS CONTRA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA, CONTRA EL SEÑOR JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RIVERA, DOCTOR ALBERTO MIGUEL BASIL, Y CONTRA LA FAMILIA Y LA PERSONA DEL SEÑOR REPRESENTANTE NACIONAL GUSTAVO SILVEIRA. (Rechazo).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Representantes expresa:

1º) Su más firme rechazo a todos los ataques y actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Nacional por el departamento de Cerro Largo, doctor Gustavo Silveira.

2º) Su respaldo a la labor que impulsan los Poderes del Estado, en la represión del contrabando y las conductas delictivas conexas.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Representante por Lavalleja, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante los hechos de notoriedad referidos a amenazas y actos de violencia cometidos por personas vinculadas con acciones de contrabando se presenta el adjunto proyecto de resolución.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Representante por Lavalleja, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones".

30.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución).

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor Diputado Díaz Maynard.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: como se comprenderá, no me resulta fácil hablar de este proyecto de ley presentado en abril de 1990; es decir que tiene once años y medio.

Sí me corresponde agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, que lo ha mejorado sustantivamente, le ha quitado elementos que no correspondían y agregado otros que me parecen adecuados.

Sin ningún ánimo de reproches, digo que en estos más de once años se ha producido un cambio en la mentalidad dominante, por lo menos, del sistema político. En primer lugar, tal como refirió el señor Diputado Chifflet, existía el prejuicio de que quien se ocupaba de los derechos humanos de los delincuentes estaba en contradicción con los de las víctimas. De alguna manera eso debió verse reflejado en proyectos que refirieran a la victimología; pero el único proyecto que yo conozco es de mi autoría y tiene que ver con la defensoría de las víctimas de la violencia sexual y doméstica. No conozco otro proyecto que se refiera a las víctimas.

En segundo término, como dice el profesor brasileño Heleno Fragoso, la prisión o la cárcel no significa ninguna ventaja para la víctima más que un malsano sentimiento vindicativo.

El otro obstáculo que surgió frente a este proyecto fue la resistencia de un conjunto importante de legisladores a la figura del "ombudsman", que tiene doscientos años de vida en el mundo occidental, desde que fuera inventada en Escandinavia a principios del siglo XIX. No obstante, en Uruguay seguíamos aferrados a la tesis de Montesquieu y no aceptábamos de ninguna manera que existiera esa figura. Hoy tengo la enorme satisfacción de ver que ambas cosas se han superado y que los distintos sectores políticos se han expresado en términos favorables ante este proyecto.

El señor Presidente sabe que el tema carcelario ha sido una preocupación importante para mí y que he tenido el alto honor de presidir la Comisión de Asuntos Carcelarios del Parlamento Latinoamericano, que visitó 70 establecimientos carcelarios en 21 países de la región. Por tanto, alguna experiencia en la materia tenemos y sabemos que la situación que han descrito con lujo de detalles algunos de los señores Diputados preopinantes se repite y a veces se agrava en muchos de los países latinoamericanos, porque son temas respecto a los cuales la sociedad prefiere mirar hacia otro lado; sabe que están mal, pero mira hacia otro lado.

Ahora nuestra situación se ha vuelto realmente grave. Algún señor Diputado habló de una cifra absolutamente errónea sobre el número de presos actuales. Según mi último dato -de hace tres días- son 5.100 y se habla de hacer una licitación pública, que va a costar varios millones de dólares, para construir una nueva cárcel para 600 reclusos. De acuerdo con las cifras que dio el señor Diputado Chifflet -quien no hizo más que repetir las que ha proporcionado el señor Ministro Stirling- esta cifra de 600 reclusos se cubre en un semestre. Es decir que cuando se abran los pliegos, se adjudique la licitación y se termine la obra, la cifra de 600 reclusos será una gota en el océano y vamos a terminar como el estado de San Pablo, que tiene 60.000 reclusos, pero hay 200.000 órdenes de captura. Reitero: 200.000 órdenes de captura de la Justicia Penal que la Policía no cumple porque no tiene dónde colocar a los presos. Ahora, con un enorme esfuerzo el estado de San Pablo está construyendo nueve cárceles para 600 reclusos cada una, lo que implica atender 5.400 órdenes de captura de las 200.000 que están pendientes. Realmente, no deseamos esta situación para nuestro país.

Pero hay un agravante: Uruguay ha sido particularmente cuidadoso en cuanto a la custodia de los derechos. Cuando se hace referencia a la prisión, la Constitución de la República habla de flagrancia u orden de Juez competente; y cuando se refiere al juicio penal, es particularmente severa en cuanto a que se cumplan los elementos básicos del debido proceso. Pero cuando se habla del cumplimiento de la condena, la Justicia ya no tiene nada que ver.

A mí me enseñaron, desde siempre, que la función jurisdiccional era la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero el cuidado que tenemos para juzgar no lo tenemos en absoluto para hacer ejecutar lo que hemos juzgado. Entonces, el Juez condena a tantos años de penitenciaría, pero ¿sabe cómo se va a cumplir esa pena? ¿Va a ser más o menos grave ese encierro? ¿Se van a respetar los derechos que no están conculcados o limitados por esa sentencia? Eso no lo sabemos. Nosotros, que de acuerdo con la Constitución somos quienes integramos el órgano encargado de salvaguardar la vigencia de los derechos humanos -si se cumplen o no- podemos intervenir cuando ocurre una catástrofe, cuando hay un homicidio, un motín, una quema de colchones: siempre actuamos "ex post facto"; pero la vida cotidiana de las prisiones nos es absolutamente ajena.

Por supuesto, yo creo que la prisión es un mal sistema y en ese sentido comparto absolutamente la exposición de motivos del proyecto de ley penitenciario español, que dice que las prisiones son un mal necesario y, no obstante la indiscutible crisis de las penas de privación de libertad, previsiblemente habrán de seguir existiendo por mucho tiempo, porque es difícil imaginar otro sistema que compatibilice los derechos de quien ha cometido un delito y el clarísimo derecho a la seguridad que tiene la sociedad.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: creo que en este aspecto también se va abriendo en el medio político algún camino. Desde luego que para delincuentes primarios y para determinado tipo de delitos, es muy probable que se pueda aprobar algún proyecto sobre penas alternativas.

Días atrás hablaba con un legislador joven e inteligente, como lo es el señor Diputado Lacalle Pou, quien señalaba que era imprescindible que fuéramos estudiando proyectos sobre penas alternativas. Al respecto, una abogada de oficio, la doctora Tonar, quien estuvo en nuestra Comisión de Derechos Humanos, dijo muy claramente que ya en la época del Consejo del Niño -organismo antecesor del INAME- ella había conseguido que algunos Jueces aplicaran cierto tipo de penas alternativas a delincuentes primarios, y que el 95%, o más, de aquellos que no iban a lo que era la cárcel de Miguelete de aquel tiempo -que tenía condiciones similares a las del COMCAR, Libertad o la cárcel de Canelones actualmente-, sino que cumplían ese tipo de penas, se rehabilitaban. En cambio, los que iban directamente a Miguelete eran los rostros que ella veía ahora en el COMCAR.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Díaz Maynard.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el señor Diputado Chifflet.

Yo estaba hablando de cómo la prolijidad de nuestro régimen normativo en el juzgamiento en materia penal se evapora cuando se trata de la ejecución de la pena. Un profesor español decía que "es verdad que los jueces deciden el tiempo de duración [...] de la pena privativa de libertad [...] es completamente ajeno al poder de los jueces decidir la intensidad con que se debe aplicar la privación de libertad [...] los presos son los parias del derecho, son personas que están acostumbradas a ser tratadas como objetos del derecho y no como sujetos del derecho". Toda la doctrina uruguaya e internacional, fundamentalmente la europea, se ha dedicado con particular énfasis al tema de mejorar la situación carcelaria.

El doctor Iñaki Rivera, que es una figura consular en Barcelona, establece que "pese a las declaraciones normativas que señalan que a los reclusos solo se les ha de privar de su libertad, todos y cada uno de sus derechos fundamentales (a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, a la defensa, al trabajo remunerado, al respeto de su vida privada, al secreto de su correspondencia, etcétera), se encuentran devaluados en comparación con la tutela que poseen esos mismos derechos cuando los mismos se refieren a quienes viven en libertad". Estamos absolutamente de acuerdo con este pensamiento y consideramos que pretender la rehabilitación en las cárceles es un tema realmente difícil.

Un chileno que realmente admiro, el doctor Domínguez Vial, describe lo que es la vida dentro de una cárcel, y se refiere a la falta absoluta de intimidad. Dice: "[...] su vida pasa a ser siempre pública y por lo mismo humillante e indefensa, ya que siempre está en presencia de otros y estos son los mismos todos los días. Si además, como es habitual, el encarcelamiento se vive en el hacinamiento y la promiscuidad, la agresión a su identidad e intimidad llega a ser aplastante.- [...] Las actividades estrictamente personales no existen, lo cual produce una reglamentación de ellas que les impide sean atribuidas por la persona del condenado a sí mismo.- Por todo ello, se puede decir que la cárcel es, por su propia realidad material, una estructura que levanta impedimentos casi insalvables para que una persona sometida a ella pueda ejercer su autodeterminación, la autonomía y la libertad de acción, cuyo defecto le condujo a ese lugar". Esta es la gran contradicción en la que, necesariamente, se mueve la sociedad en este momento.

Un autor americano, Jeffery, dice: "[...] más leyes, más penas, más cárceles... significa más presos, pero no necesariamente menos delitos". Eso resulta absolutamente cierto y el señor Diputado Chifflet lo ha explicado con absoluta claridad. Por supuesto que esto no nos lleva a sostener que resulta indiferente la forma como se trate a los reclusos.

Recordamos la visita que realizó un politólogo o sociólogo europeo a nuestro país, quien dijo: "A mí, muéstrenme tres cosas: cómo tratan a los enfermos mentales, a los ancianos y a los reclusos. Yo con eso sé en qué país me encuentro". Personalmente, creo que se olvidó de los niños -por lo menos en lo que respecta a Uruguay-, pero me resultó una frase absolutamente imborrable.

El señor Diputado José María Mieres decía que la población carcelaria es cada vez más joven, en términos que realmente asustan -creo que el promedio de edad actual en nuestras cárceles es de treinta y un años- y el hacinamiento es dramático. Tuve la oportunidad de visitar el COMCAR la semana pasada -solicité autorización al Director Nacional de Cárceles para concurrir- y comprobé que el hacinamiento es espeluznante.

Creo que la cárcel puede ser humanizada y por eso estamos proponiendo esta institución: precisamente para humanizar el sistema carcelario.

Un profesor de Barcelona, el doctor César Manzanos Bilbao, decía: "Se trata de resocializar las estructuras carcelarias, y en un sentido más amplio las estructuras jurídicas, para evitar los efectos desocializadores que provocan en el preso y su familia". Y concluía expresando que "esto supone desarrollar una estrategia de progresivo reduccionismo en la aplicación de la sanción carcelaria". Este pensamiento cuenta con mi más ferviente apoyo. Asimismo, atender la sugerencia del señor Diputado Chifflet en el sentido de que tenemos una asignatura pendiente en esta Legislatura con las medidas alternativas a la prisión -ya sea preventiva o punitiva-, es absolutamente imprescindible.

Si analizáramos la cantidad de reincidentes que actualmente tenemos en nuestras cárceles, comprenderíamos -y haríamos comprender- cuán inútil resulta el apresamiento y la prisión de mucha gente y el fracaso rotundo de nuestro sistema carcelario. Si alguien reincide es porque no se ha cumplido con lo que establece la Constitución. Si reincidiera un pequeño porcentaje, uno podría admitir -aun a regañadientes- que existen irrecuperables; pero reincide prácticamente la mitad de los reclusos. Quiere decir que el sistema carcelario ha fracasado, y es nuestro deber que eso no suceda.

Y como yo pienso que la ley, además de influir en la actividad social, tiene una función educativa, creo que debemos dar un mensaje importante a la población expresándole nuestra preocupación, no solamente por los derechos humanos de 5.000 compatriotas que en este momento están privados de su libertad, sino también por la seguridad pública, para que estas personas no reincidan en su actividad delictiva y para que esa cantidad inmensa de dinero que hoy se gasta en el sistema carcelario pueda dedicarse a tareas de prevención con mucha más utilidad para la sociedad uruguaya, favoreciendo una vida de convivencia pacífica y justiciera.

Por lo tanto, me siento realmente gratificado con la aprobación que seguramente obtendrá este proyecto en la Cámara, esperando el mismo tratamiento por parte del Senado.

31.- Solicitud de urgencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Orrico, Fernández Chaves, Michelini, Da Silva y Chiesa Bordahandy.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de resolución relacionado con el rechazo de los actos de violencia cometidos por personas vinculadas a acciones de contrabando".

——La Mesa advierte que son necesarios sesenta y seis votos para aprobar esta moción, y hay cincuenta y nueve señores Diputados en Sala. Se procederá a llamar a Sala.

32.- Asuntos entrados fuera de hora.

Dese cuenta de una moción de orden, presentada por el señor Diputado Amen Vaghetti.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y tripulantes del Velero Escuela Capitán Miranda a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001, con la finalidad de apoyar al Ministerio de Turismo a realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística. C/1748/001

- A la Comisión de Defensa Nacional".

33.- Urgencias.

——Léase nuevamente la moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Orrico, Fernández Chaves, Michelini, Da Silva y Chiesa Bordahandy.

(Se vuelve a leer)

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

34.- Actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Nacional Gustavo Silveira. (Rechazo).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el proyecto de resolución relativo a: "Actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Nacional Gustavo Silveira. (Rechazo)".

El proyecto está firmado por la señora Diputada Argimón y los señores Diputados Amen Vaghetti, Orrico, Michelini, Da Silva y Chiesa Bordahandy.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

"La Cámara de Representantes expresa:

1º) Su más firme rechazo a todos los ataques y actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Nacional por el departamento de Cerro Largo, doctor Gustavo Silveira.

2º) Su respaldo a la labor que impulsan los Poderes del Estado, en la represión del contrabando y las conductas delictivas conexas".

——En discusión.

SEÑORA DEMARCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- La Mesa informa a la Cámara que el tratamiento de este tema deberá finalizar antes de la hora 19 y 50 porque hay una solicitud para hacer uso de la palabra durante la media hora final.

Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA DEMARCO.- Señor Presidente: muy brevemente, quería llamar la atención de todos nosotros acerca de que estos atentados, que justificadamente estamos rechazando a través de esta moción, no se refieren únicamente a una red de delincuentes dedicados al contrabando, sino a graves conductas de corrupción en el ámbito del Estado, en la medida en que aproximadamente la mitad de los procesados por este caso -todos sabemos a cuál nos estamos refiriendo- son funcionarios públicos aduaneros y policiales. Entonces, me parece una mala señal que esta Cámara no diga expresamente que lo que se está investigado allí no es únicamente una cuestión de contrabando, sino también de corrupción en la Administración, a través de los delitos de cohecho y cohecho calificado, por los cuales fueron procesados muchos de esos funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos acompañado esta moción, en tanto creemos que es bueno que se dé una clara señal de respaldo a todos aquellos funcionarios del Poder Judicial, de la Dirección Nacional de Aduanas y del cuerpo policial que, con firmeza y valentía, están combatiendo frontalmente el contrabando.

Esta moción manifiesta repudio a este tipo de hechos que, en definitiva, cuestionan el normal funcionamiento del Estado de derecho que hace a la esencia de la sociedad democrática que todos los uruguayos debemos proteger y fortalecer. En ese sentido, mi voto refleja también la resolución de la Mesa Ejecutiva Nacional del Nuevo Espacio, que se reunió el día domingo.

(Texto del proyecto de resolución aprobado:)

"La Cámara de Representantes expresa:

1º) Su más firme rechazo a todos los ataques y actos de violencia ocurridos contra las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, contra el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera, doctor Alberto Miguel Basil, y contra la familia y la persona del señor Representante Nacional por el departamento de Cerro Largo, doctor Gustavo Silveira.

2º) Su respaldo a la labor que impulsan los Poderes del Estado, en la represión del contrabando y las conductas delictivas conexas".

MEDIA HORA FINAL

35.- Fallecimiento del doctor Mario Ferreira.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se entra a la media hora final.

Tiene la palabra el señor Diputado Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: solicitamos este espacio y reclamamos la atención de la Cámara a esta hora para hacer referencia a un hecho luctuoso que afecta a los artiguenses y que seguramente también ha alcanzado a muchos integrantes de esta Cámara, por la función que ejercía quien hoy ha desaparecido físicamente y a quien queremos rendir nuestro sencillo pero sentido homenaje.

En la mañana de hoy nos golpeó la noticia del fallecimiento del doctor Mario Ferreira, Presidente de la Cooperativa CALNU. Este médico de cincuenta y dos años, que estaba en plena actividad, nos ha abandonado, dejándonos el sentimiento de haber perdido, por sobre todas las cosas, a un amigo. Mi departamento -y, en especial, la ciudad de Bella Unión y toda su zona de influencia- vive en este momento situaciones muy difíciles; estamos atravesando por circunstancias que pocas veces habíamos experimentado. Hay en juego -queremos mencionarlo al pasar- pasiones, opiniones encontradas y enfrentamientos entre posiciones diferentes ante la situación; no queremos hacer referencia a este ciudadano en función de su condición de dirigente de la zona, de hombre posicionado fuertemente en determinados aspectos, porque la propia muerte de Mario Ferreira va a traer otras derivaciones en la zona que no es nuestra intención mencionar esta noche.

Sí queremos traer aquí nuestra palabra y nuestro recuerdo de quien, en el acierto o en el error -según el punto de vista de quien lo mire-, fue un luchador, un defensor de su pueblo y muchas veces un soñador porque, en última instancia, lo guiaba la esperanza de alcanzar mejores destinos para nuestra gente, para nuestros conciudadanos; lo guiaba el amor entrañable a su tierra, al trabajo que allí se realiza, a la producción de azúcar y -¿por qué no decirlo?- a su profesión, a los ancianos a quienes se dedicaba por su especialidad y, en general, a sus vecinos.

Esta muerte tan inesperada nos ha golpeado fuertemente. Mario Ferreira era un hombre que no sufría ningún tipo de enfermedad, que estaba en la plenitud de su vida, pero se nos fue repentinamente. Hace cuatro o cinco días estuvo en nuestro despacho y recorrimos el Palacio Legislativo, y muchos señores legisladores lo recibieron en sus despachos por esa lucha de siempre por las cosas de nuestra tierra. Eso aumenta nuestra pena y nuestra congoja.

Este hombre deja a muchachos muy jóvenes y a una señora en plena juventud, que ahora debe enfrentar la vida sola y sacar adelante a esos chiquilines. Seguramente lo hará contando con el respaldo y la fraternidad de todos quienes fuimos sus amigos.

Señor Presidente: simplemente quisimos distraer un momento la atención de esta Cámara para rendir nuestro homenaje a ese buen vecino, a ese buen amigo que se nos fue en el día de hoy. Que haya paz en su tumba.

36.- Fallecimiento del profesor Washington Lockhart.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Ponte.

SEÑORA PONTE.- Señor Presidente: he solicitado la palabra para rendir homenaje a una personalidad de la cultura uruguaya, el profesor Washington Lockhart, fallecido el 3 de noviembre de este año en la ciudad de Mercedes.

El profesor Lockhart nació en el año 1914 en Montevideo, pero residió en Mercedes desde 1934, cuando llegó con sus veinte años a ejercer la docencia como profesor de Matemáticas. Mi generación, como otras tantas, tuvo en él a un referente cultural ineludible, un ejemplo de vida dedicada al estudio, a la creación, a la acción. Profesor de Matemáticas y Física, historiador, crítico literario, ensayista, apasionado del ajedrez, conferencista, investigador reconocido, predicaba con su ejemplo -aunque esa no fuera su intención- que el interior no es sinónimo de siesta.

Como mercedaria rescato su lucidez intelectual, su actividad polifacética y su mirada atenta sobre el departamento que lo adoptó. Buceó en las memorias de los vecinos y las vecinas, en libros y documentos, para hacernos conscientes de nuestra propia historia. A través de sus publicaciones fuimos reconociéndonos como una comunidad con sus propias señas de identidad. Sus preguntas eran variadas, y así reconstruyó la historia del periodismo, de la medicina y de la escuela en Soriano.

Escribió sobre la vida de nuestra ciudad investigando paso a paso, casa a casa, las cuadras que dan a la plaza principal de Mercedes, mostrando quiénes vivieron allí, qué comercios había. Registró también las visitas que los Presidentes de la República realizaron a esta ciudad, desde Giró en 1852 hasta épocas más cercanas.

Entre otras de sus actividades se destacan haber sido cofundador de la revista "Asir" en el año 1949, de los "Cuadernos de Mercedes" en el año 1963, y del Centro Histórico y Geográfico de Soriano en 1958, y cofundador, con el también querido profesor e historiador Manuel Santos Píriz, de la "Revista Histórica de Soriano", en 1960.

En su actividad periodística escribió para "El Radical" y "Acción", diarios de Mercedes, y colaboró primero con el semanario "Marcha" y, en estos últimos años, con "Brecha". Entre sus publicaciones recuerdo "El mundo no es absurdo", "La vida cotidiana en la colonia", "Máximo Pérez, caudillo de Soriano", "El pensamiento y la crítica", "Venancio Flores, un caudillo trágico" y "Rodó y su prédica".

Recibió varios premios, otorgados, entre otros, por la UNESCO, el Círculo de la Prensa del Uruguay y la Academia Nacional de Letras.

Fue también Director de AMAT, conjunto teatral, desde 1950 a 1964. Con este grupo llevó a escena 42 obras en Mercedes y Montevideo, y cosechó varios premios.

Fue profesor de Matemáticas y Física desde 1934 a 1963 y Director del Liceo de Mercedes desde 1963 a 1974.

Personaje complejo y comprometido, su vida no estuvo exenta de polémicas. Docente brillante, sus alumnos lo sabían accesible, a pesar de su gesto grave. Director de liceo preocupado por la formación integral de sus estudiantes, supo buscar los equilibrios necesarios, ser respetuoso de la diversidad e integrador de las distintas perspectivas del mundo que los docentes compartían con los alumnos, en épocas en las que comenzaban a profundizarse distintas visiones de la sociedad, actitud esta que no fue comprendida por las autoridades de la época, que lo destituyeron de sus cargos docentes.

Es reconfortante saber que un hombre que dio tanto pudo recibir en vida el reconocimiento de sus conciudadanos al ser homenajeado al cumplir sus ochenta años y, posteriormente, al instituirse por una sociedad del medio el Premio Lockhart, que se otorga anualmente a ciudadanos y ciudadanas que se hayan destacado en actividades de todo tipo: empresariales, deportivas, artísticas, estudiantiles o solidarias. ¡Qué mejor manera de perdurar para quien, como lo llamó Carlos Real de Azúa, fue un "fundador de cultura", que continuar siendo un aliciente para las nuevas generaciones!

Señor Presidente: rescato hoy su figura de docente formador de generaciones críticas, de intelectual comprometido con su época, de hombre inquieto y luchador; porque mucho más podría decirse de Washington Lockhart.

Finalmente, quiero hacer llegar mi saludo y homenaje a su familia, que ha tenido y tiene también una labor fecunda en la ciudad de Mercedes y en otras comunidades más lejanas; a su señora Marita, compañera de toda una vida, que mucho aportó a estas realizaciones; a su hijo y, especialmente, a sus hijas, con quienes hemos compartido actividades y afectos durante muchos años.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a los familiares del profesor Lockhart, al Instituto José María Campos y al Centro Histórico y Geográfico de Soriano.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 20)

 

 

RUBEN OBISPO

1 er. VICEPRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.