Retorno a página principal

N.º 11 - TOMO 624 - 18 DE MAYO DE 2022

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

11.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN

Presidenta AMANDA DELLA VENTURA Segunda vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y EL PROSECRETARIO ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asunto entrado

4) Pedidos de informes

– El señor senador Sabini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP):

- referido a casos de desnutrición en estudiantes de enseñanza media del departamento de Montevideo;

- relacionado con la conformación de grupos y el proceso de elección de horas;

- referido al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Exposición escrita

– El señor senador Sabini solicita se curse una exposición escrita con destino a la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, a la Cooperativa Nacional de Fasoneros de Pollos Unidos, a la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, a la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicios –UTU–, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, a la Universidad de la República y a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental de Canelones, relativa a la formación en producción agrícola.

• Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a anteriores convocatorias.

7) Solicitud de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede la licencia solicitada por el señor senador Niffouri.

– Queda convocado el señor senador Saravia.

8) Fallecimiento de Carlos Felipe Fajardo Machado

– Manifestaciones del señor senador Botana.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia de Carlos Fajardo, a la Lista 3, a la Comisión Departamental del Partido Nacional en Cerro Largo, al Directorio del Partido Nacional y a la Intendencia de Cerro Largo.

9) Primer encuentro nacional de bomberos voluntarios

– Manifestaciones del señor senador Camy.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Dirección Nacional de Bomberos, al Ministerio del Interior y al grupo de formación de bomberos voluntarios de Ecilda Paullier.

10) 18 de Mayo, nuevo aniversario de la batalla de Las Piedras

– Manifestaciones del señor senador Domenech.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Defensa Nacional, a Presidencia de la República y al Ministerio de Educación y Cultura.

11) Clubes de Ciencia

– Manifestaciones de la señora senadora Rodríguez.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Correos, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, al Codicén de la ANEP, al Consejo de Formación en Educación, a todos los sistemas públicos y privados de la educación, a todas las intendencias, juntas departamentales y municipios, así como a todos los medios de prensa.

12) Enfermedades raras

– Manifestaciones de la señora senadora Bianchi.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los medios de comunicación, especialmente a la televisión abierta, a las asociaciones civiles, al Instituto Pasteur, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE, al BPS, al Fondo Nacional de Recursos y al director general del Hospital de Clínicas, doctor Álvaro Villar.

13) Entonación de las estrofas del himno nacional

– Así se procede en conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla de Las Piedras.

14) Responsabilidad civil de los fiscales

– Proyecto de ley por el que se agrega el capítulo IX, «De la responsabilidad de los fiscales», a la Ley n.º 19483.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

15) Capital Nacional del Girasol

– Proyecto de ley por el que así se declara la ciudad de San Javier, departamento de Río Negro.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Proceso de extradición

– Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 341 y 342 del Código del Proceso Penal.

• Negativo. Se archiva.

17) Doctor José Ignacio Arias Martinotti. Designación como fiscal letrado departamental

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

18) Doctor José Pedro Rodríguez Pereyra. Designación como ministro suplente de Tribunal de Apelaciones

– Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia.

• Concedida.

19) Doctora Claudia Diperna Acosta. Designación como ministra suplente de Tribunal de Apelaciones

– Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia.

• Concedida.

20) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud de los señores senadores Della Ventura y Olesker, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, relacionado con la declaración jurada del señor senador Juan Sartori.

21) Suspensión de la sesión ordinaria del 7 de junio

• Por moción de los señores senadores Camy, Lozano, Sanguinetti y Kechichian, el Senado resuelve suspenderla.

22) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 17 de mayo de 2022

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 18 de mayo, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se agrega el capítulo IX, “De la responsabilidad de los fiscales”, a la Ley n.º 19483, de 5 de enero de 2017.

Carp. n.º 373/2020 - rep. n.º 461/2022

2) por el que se declara Capital Nacional del Girasol la ciudad de San Javier, departamento de Río Negro.

Carp. n.º 671/2022 - rep. n.º 465/2022

3) por el que se modifican los artículos 341 y 342 del Código del Proceso Penal, sobre el proceso de extradición.

Carp. n.º 362/2020 - rep. n.º 466/2022

4) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, al doctor José Ignacio Arias Martinotti.

Carp. n.º 657/2022 - rep. n.º 462/2022

5) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar en el cargo de ministro suplente de Tribunal de Apelaciones al doctor José Pedro Rodríguez Pereyra.

Carp. n.º 655/2022 - rep. n.º 463/2022

6) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar en el cargo de ministra suplente de Tribunal de Apelaciones a la doctora Claudia Diperna Acosta.

Carp. n.º 656/2022 - rep. n.º 464/2022

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Barrera, Bergara, Bianchi, Bica, Botana, Caggiani, Camy, Cardoso, Carrera, Da Silva, Domenech, Hunter, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Meléndez, Methol, Olesker, Penadés, Rodríguez, Rubio, Russi, Sanguinetti, Saravia y Straneo.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Batlle, Coutinho, Gandini, Lanz, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Sabini, Sánchez y Sartori; y, con aviso, el señor senador Pintado.

3) ASUNTO ENTRADO

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:45).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El señor senador Sebastián Sabini, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita se curse una exposición escrita con destino a la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, a la Cooperativa Nacional de Fasoneros de Pollos Unidos, a la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, a la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicios –UTU–, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, a la Universidad de la República y a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental de Canelones, relativa a la formación en producción agrícola.

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Sebastián Sabini solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP):

• referido a casos de desnutrición en estudiantes de enseñanza media del departamento de Montevideo. (Asunto n.º 154839);

• relacionado con la conformación de grupos y el proceso de elección de horas. (Asunto n.º 154841);

• referido al Programa de Alimentación Escolar (PAE). (Asunto n.º 154844).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

5) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita presentada por el señor senador Sabini relativa a la formación en producción agrícola, de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.

Se va a votar si se envía a la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, a la Cooperativa Nacional de Fasoneros de Pollos Unidos, a la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, a la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicios –UTU–, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, a la Universidad de la República y a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental de Canelones.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- A la sesión ordinaria del 17 de mayo faltó con aviso el señor senador Pintado.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 11 de mayo faltó con aviso el señor senador Gandini.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 11 de mayo faltó con aviso la señora senadora Kechichian.

A la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 12 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Kechichian y Rubio.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 9 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Lazo, Liberoff y Sánchez.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 9 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Manini Ríos y Nane.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 10 de mayo faltó con aviso el señor senador Olesker.

7) SOLICITUD DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de mayo de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.°, literal D), de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivo de ausencia en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento sea de interés público, por el día 18 de mayo.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Amin Niffouri. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

8) FALLECIMIENTO DE CARLOS FELIPE FAJARDO MACHADO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- El día 10 de mayo nos dejó el doctor Carlos Felipe Fajardo Machado. Queremos hacer un homenaje al excelente ciudadano, al hombre querido por todos, del que nunca escuchamos algo negativo, al hombre cuyos labios solo se abrían para pronunciar palabras buenas.

El Gallo Fajardo –como era conocido por el pueblo– fue un padre y un esposo como pocos, protector, presente, guía en su ejemplo. Desde joven se tuvo que hacer cargo de su familia y vaya si cumplió con su madre, con su hermana, con sus sobrinos, que eran tan su equipo como sus propios hijos. Fue un productor serio, un veterinario solvente y de esa postura ética que sembraron los viejos veterinarios de Cerro Largo: compromiso con la práctica profesional, compromiso con la sanidad, compromiso con la producción, ética comercial.

En plena crisis del 2002 se hizo cargo de la presidencia del Club Unión de Melo. No se hubiera soportado a sí mismo si el club en el que se había criado prácticamente lo necesitaba y él no decía presente. Se hizo cargo.

Por dos veces ocupó la banca de diputado por el departamento, fue electo edil, integró la lista de la intendencia, fue convencional nacional y departamental todas las veces. Juntos fundamos la Lista 3, que ha sido la mayor de la política de Cerro Largo. Siempre estuvimos juntos. Militamos juntos contra la dictadura, en la GAG de Por la Patria y del Movimiento Nacional de Rocha y en la Lista 11; después hicimos la 3, para siempre. Estuvimos juntos cuando éramos muchos y cuando fuimos muy pocos, y cuando volvimos a ser muchos, también. Es que al Gallo no le importaba cuántos éramos ni las posibilidades electorales; le preocupaba el ajuste a los viejos principios y valores del partido, de los que no alardeaba pero exigía.

En la intendencia fue de los directores más queridos. Amaba su función. Tenía trato amable y claro. Guiaba con su conducta intachable y era dueño de una amistosa autoridad. Escuchaba, se preocupaba, decidía y mandaba, sin levantar la voz, sin amenazas, con cariño por la gente y por la función, con un alto concepto del servicio como le cabe a toda intendencia y a todo municipal.

El día que se fue de la intendencia todos lo fueron a despedir y el día que se fue de la vida tampoco faltó nadie. Cuando lo despedimos en el cementerio de Melo, conté una anécdota que pocos conocen. El Gallo Fajardo hipotecó su capital por nuestro partido; en silencio, sin que nadie lo supiera. Se necesitó y lo hizo. Aquello que tanto escuchamos de «les tira los títulos de sus tierras», el Gallo lo hizo carne. Derecho, honesto, sereno, firme, humilde como hemos conocido pocos, honrado a carta cabal, amigo del alma, comprensivo. Parecía como que ya hubiera vivido y no lo conmovieran las cosas de este mundo. Lo conmovía Melo. Su trabajo era lejos; igual, nunca se fue de Melo. Disfrutaba de la puerta abierta, de servir a los amigos, de atender al que necesita, de dar un consejo. Disfrutaba de esas cosas de Melo: de manotear un tamboril y salir en una cuerda Saravia abajo. El Gallo Fajardo se queda para siempre en el alma de Melo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a su familia, a la Lista 3, a la Comisión Departamental del Partido Nacional en Cerro Largo, al Directorio del Partido Nacional y a la Intendencia de Cerro Largo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

9) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: el pasado 14 de mayo, en la ciudad de Ecilda Paullier, departamento de San José, se realizó el primer encuentro nacional de bomberos voluntarios, organizado precisamente por el grupo en formación de bomberos voluntarios de esa ciudad. Concurrió el director nacional de Bomberos, comisario general técnico prevencionista Ricardo Riaño, autoridades de ese cuerpo del Ministerio del Interior, la intendenta de San José, así como autoridades departamentales y locales. Allí se congregaron bomberos voluntarios de distintos puntos del país.

Como sabemos, desde el 2005 en nuestro país el voluntariado se ha desarrollado al amparo de la Ley n.º 17885. Precisamente, los primeros bomberos voluntarios se acercaron a diversos destacamentos del Uruguay con ese propósito generoso de entrega, de sacrificio, que los soldados del fuego y los voluntarios de esa actividad sienten.

El marco normativo preciso actual es la Ley n.º 15896 y el Decreto n.º 534, de 26 de diciembre de 2005.

Cuando asumió el Ministerio del Interior el doctor Jorge Larrañaga, se recibieron los primeros lineamientos en la Dirección Nacional de Bomberos para desarrollar posteriormente los procedimientos de vinculación a la integración y adaptación de los bomberos voluntarios del Uruguay.

El 10 de febrero de 2021 se presentó la primera versión de estos procedimientos y el 30 de marzo de ese mismo año se creó la oficina nacional de contralor de bomberos voluntarios.

El 10 de noviembre del pasado año se publicó el informe, el estudio y la evaluación para un destacamento de voluntarios de primera respuesta. Es así como nació el curso básico de formación operativa para bomberos voluntarios, que consistió en cuarenta horas de capacitación a lo largo de tres meses de formación.

En marzo de este año se autorizaron diversos proyectos de destacamento de voluntarios de primera respuesta mixto, es decir, conformados por bomberos profesionales y voluntarios. En la actualidad, en todo el país, setenta y dos personas tienen esta condición de bomberos voluntarios habilitados y existen doce más que se encuentran en proceso de integración y de alta.

En este momento se está colaborando: hay bomberos voluntarios que conforman parte de los destacamentos en Salto, Paysandú, Rocha, Young, Fray Bentos y José Ignacio, departamento de Maldonado. Paralelamente, se encuentra avanzado un proyecto en San Jacinto. Además, hay otros once proyectos que se están analizando.

Queremos en primer término destacar esta iniciativa –a la que concurrimos el pasado 14 de mayo en la ciudad de Ecilda Paullier, donde se congregó, a nivel nacional, en un primer encuentro, a los bomberos voluntarios– por la abnegación, el sacrificio, la responsabilidad y el sentido solidario de quienes ofician generosamente en una labor de tremenda utilidad y necesidad, pero también porque entendemos que es necesario promover, específicamente, una ley de voluntariado de bomberos, que es fundamental para el desarrollo óptimo de esta tarea, sobre todo en las localidades más pequeñas de nuestro país, donde el riesgo está mucho más presente ya que, más allá de la organización del Cuerpo de Bomberos, generalmente resulta muy difícil –digámoslo con claridad– la llegada a tiempo de los bomberos ante cualquier accidente que requiera su asistencia.

En consecuencia, vamos a trabajar en este tema, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin valorar en su justa dimensión lo que fue esta iniciativa y el trabajo que viene desarrollándose en la Dirección Nacional de Bomberos, tal como referimos, a partir de esa primera intervención que tuvo el doctor Larrañaga tras asumir como ministro del Interior y lo que se ha desarrollado a partir del 10 de febrero de 2021.

Quiero saludar, entonces, la iniciativa y reconocer la presencia y el respaldo a esta actividad de la Dirección Nacional de Bomberos, especialmente al director nacional, comisario general técnico prevencionista Ricardo Riaño, y en él al resto de los oficiales y al Cuerpo de Bomberos.

Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Dirección Nacional de Bomberos, al Ministerio del Interior y al grupo en formación de bomberos voluntarios de la ciudad de Ecilda Paullier.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) 18 DE MAYO, NUEVO ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LAS PIEDRAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Creo del caso, en un nuevo aniversario de una fecha patria, como es el 18 de Mayo, recordar estos hechos que deben quedar grabados en la memoria de nuestras futuras generaciones.

En el día de hoy, 18 de mayo, se cumple un nuevo aniversario de la primera batalla comandada directamente por José Artigas. Sus fuerzas habían tenido su bautismo de fuego en el Colla, Paso del Rey y San José, respondiendo a la gran alarma que habían desatado en nuestra campaña Viera y Benavides. La experiencia militar de las fuerzas artiguistas era escasa, pero su entusiasmo y decisión se vieron fortalecidos por el deseo de asumir la conducción de su propio destino, que era en ese momento entre los orientales un deseo fuertemente instalado. Frente al ejército artiguista, el capitán de fragata de la Armada española, Juan José Posadas, y una formación militar integrada principalmente por marinos pensaban que la insurgencia criolla sería fácilmente sometida, pero rápidamente en el campo de batalla advirtieron lo contrario y padecieron el coraje y entusiasmo de los soldados y gauchos artiguistas. Siempre se ha destacado la estratagema o maniobra de distracción del ejército artiguista, que simuló una retirada provocando que sus adversarios lo persiguieran y abandonaran así las alturas que ocupaban y que les daba superioridad estratégica. No obstante, la victoria no se debió a una mera opción estratégica, sino a la íntima convicción de los artiguistas de luchar por derechos indeclinables.

La victoria colocó a todo el sur de la Banda Oriental bajo el predominio de la Revolución de Mayo y levantó el ánimo de la revolución, decaído por la derrota de Belgrano en el Paraguay. Elío se vio acorralado en Montevideo y en esas circunstancias se produce el famoso episodio en que expulsa a cuarenta familias revolucionarias y nueve sacerdotes de la ciudad, al grito de que se juntaran «con sus amigos gauchos», como relata Eduardo Acevedo en su monumental Artigas.

Narra Vicente Fidel López que Artigas rechazó el ofrecimiento de Elío de dinero, el grado de general y el gobierno de todo el territorio. Ya desde el inicio de la Revolución oriental el prócer marcó con su negativa rasgos distintivos de su personalidad, como su honradez y su determinación por luchar principistamente por el ideal que sostenía.

En Memorias del general Miller, citadas por Eduardo Acevedo, se atribuye el triunfo a doscientos gauchos armados con picas de abordaje, en estos términos: «La brillante aunque pequeña acción de Las Piedras ocurrió en 1811, en la cual cerca de mil soldados y marineros que salieron de Montevideo fueron obligados a retirarse con gran pérdida por doscientos gauchos mal montados y armados con espadas anchas y picos de abordaje, que a las órdenes de Artigas se batieron gloriosa y denodadamente».

En el parte a Rondeau el 19 de mayo de 1811, Artigas destaca: «La tropa enardecida hubiera pronto descargado su furor sobre la vida de todos ellos,» –se refiere a sus oponentes– «para vengar la inocente sangre de nuestros hermanos, acabada de verter para sostener la tiranía; pero ellos al fin, participando de la generosidad que distingue a la gente americana, cedieron a los impulsos de nuestros oficiales empeñados en salvar a los rendidos».

La orden artiguista «clemencia para los vencidos, curad a los heridos», no era la primera vez que, en su breve trayectoria, cumplía el ejército artiguista. Como bien lo señala Aníbal Barrios Pintos, ya el 24 de abril, al tomar la ciudad de San José, Benavides, que había amenazado con degollar a los sitiados en caso de vencerlos, cedió a los reclamos de sus gauchos que, como lo señala el citado historiador, pidieron hasta de rodillas por la vida de los vencidos.

Esta actitud fue incluso reconocida en la Gaceta de Buenos Aires del 29 de mayo de 1811, figurando así, al decir de Eduardo Acevedo, en un documento que puede considerarse como el más hermoso triunfo moral de Artigas y de la victoria de Las Piedras, puesto que hasta entonces no era de práctica hacer prisioneros, sino que el enemigo que caía era fusilado, de acuerdo con el sangriento impulso que había dado a la revolución Mariano Moreno. Pero producida la insurrección en la campaña oriental, Artigas cambia con brazo vigoroso la orientación de la guerra, ampara a los prisioneros y atiende solícitamente a los heridos. Ese cambio de orientación constituyó una hermosa bandera y la Junta Gubernativa se apresuró a hacerla flamear justamente en el día del aniversario de la revolución. He aquí los términos de la nota que la junta dirigió al virrey Elío el 25 de mayo de 1811: «Los buenos militares hacen la guerra, sin ofender los derechos de la humanidad. Su saña solo se dirige contra los que tienen las armas en la mano. La clemencia ocupa su lugar desde el instante en que las rinden, porque saben que la victoria no es un título para tratar mal a los vencidos». La máxima artiguista sostenida en San José y en Las Piedras ilumina la conducta de los buenos soldados orientales, de ayer y de hoy, inspirada de la prédica evangélica que derogó la ley del talión, para imponer la obligación de la reconciliación y el perdón.

Hagamos honor al general José Artigas y al Ejército nacional.

Solicito que la versión taquigráfica sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional, a Presidencia de la República y al Ministerio de Educación y Cultura.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) CLUBES DE CIENCIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: si pensamos en el Uruguay productivo, la innovación y la creatividad deben estar instaladas en los hábitos de la ciudadanía como parte de la cultura. La enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sistema formal y en el no formal son la clave para un cambio cultural y social. En ese sentido, los Clubes de Ciencia cumplen un rol destacado como educación no formal desde el Ministerio de Educación y Cultura y a través de ellos se impulsan acciones científicas y tecnológicas a la comunidad, que resultan más transformadoras que reproductoras.

Los Clubes de Ciencia cumplen un propósito universalista, porque llegan a todo el país con igualdad de oportunidades, de género, inclusión social y étnica. Los consideramos como verdaderos semilleros del desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional. Además, durante sus actividades movilizan a más de 50.000 personas en 120 localidades de todo el país, con un rol importante en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como una herramienta para potenciar la enseñanza y el aprendizaje, con exposiciones, muestras de proyectos científicos y tecnológicos, concursos y campamentos científicos, la Semana de la Ciencia y Tecnología, experiencias exitosas, el I+D, las olimpíadas, las ferias departamentales, la feria nacional y ferias internacionales.

Del 17 al 19 de noviembre la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura llevará adelante la 36.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, una actividad ininterrumpida durante todos estos años. Los Clubes de Ciencia, con una trayectoria como educación no formal, reconocida a nivel nacional e internacional, merecen un reconocimiento, por lo que estamos solicitando a la Dirección Nacional de Correos la emisión de un sello conmemorativo por la 36.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia en Uruguay. Los sellos reflejan la historia y el valor cultural y social, por lo que nada sería más indicado como merecido reconocimiento a una actividad con la fortaleza y el arraigo en la educación no formal como los Clubes de Ciencia.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Correos, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, al Codicén de la ANEP, al Consejo de Formación en Educación, a todos los sistemas públicos y privados de la educación, a las intendencias, a las juntas departamentales, a los municipios y a todos los medios de prensa.

Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ENFERMEDADES RARAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: una tardecita de agosto de 2021, sin saber exactamente de qué íbamos a tomar conocimiento, tuvimos la experiencia de adentrarnos, con doble impacto –por la posibilidad de tomar conocimiento de algo que ignorábamos y por conocer la soledad de las personas que sufren por esto–, en lo que se da en llamar enfermedades raras, que algunos médicos llaman enfermedades poco frecuentes. Como estábamos en una situación de pandemia, la comunicación en el despacho fue vía Zoom y de esa manera pudimos enterarnos de algo sobre lo que, debemos reconocer, no teníamos idea. Sí hay enfermedades de difícil diagnóstico, sí hay enfermedades cuyo origen exacto se desconoce y, en consecuencia, también su tratamiento, pero fuimos sorprendidos por la buena noticia –fue una de las cosas positivas– de que hay una enorme cantidad de asociaciones civiles, que en algunos casos representan a una sola persona porque hay una sola persona en el país que padece determinada enfermedad rara o poco frecuente. Hay muchas asociaciones civiles y podríamos mencionar algunas de ellas, como por ejemplo la Fundación Fupier, Aupel, Behçet Uruguay, FAME Uruguay, Asociación HHT Uruguay. Más que nada, en sus siglas reflejan la denominación de las enfermedades, que son del más diverso origen.

En ese momento, una de las personas que comparecía lo hacía por Zoom desde Italia. Se trataba de una uruguaya que tenía la posibilidad de que le hicieran un tratamiento a su hija en ese país, porque incluso se ignoraba si aquí podía hacérsele.

El 9 de setiembre de ese año realizamos aquí un encuentro de todas esas organizaciones con el Ministerio de Salud Pública, ASSE, el Banco de Previsión Social, el Fondo Nacional de Recursos y el Instituto Pasteur. Quiero hacer especial hincapié en este instituto porque todos, incluso las personas afectadas por estas enfermedades raras o poco frecuentes y hasta organizaciones públicas –recuerdo que el contador Odizzio, presidente del Banco de Previsión Social, también lo reflejó–, saben que hay un área en la que existen recursos, pero se reconoció que había que modificar su forma de funcionamiento.

Quiero detenerme especialmente en el Instituto Pasteur. Estaba, obviamente, su director académico, doctor Carlos Batthyány, a quien todos conocimos durante la pandemia y, además, había dos médicos –una mujer y un hombre– especializados en estudios genéticos, y hemos llegado a la conclusión, señora presidente, de que tenemos más elementos y hemos avanzado más de lo que pensábamos, sobre todo a nivel de este instituto.

¿Por qué hago esta intervención aquí? Porque lo que necesitamos, lo que estas organizaciones sociales necesitan y así nos lo han hecho saber –quería compartirlo antes con el Cuerpo pero, lamentablemente, tuvimos que dedicarnos a tareas que nos alejaron un poco de las parlamentarias– es que esto se transforme en una política pública, en una política de Estado, en realidad, en una política nacional, porque tenemos recursos, muchos recursos. Recientemente se formó una unidad de enfermedades raras en el Ministerio de Salud Pública, lo que es muy importante.

Quería compartir con los colegas de todos los partidos la necesidad de apoyar a estas personas, porque se sienten invisibilizadas e incluso la Facultad de Medicina ha reconocido la falta de sensibilización de los médicos en cuanto al diagnóstico.

Quiero mencionar –porque también debo reconocerlo– la expresa colaboración del doctor Villar, quien ofreció el Hospital de Clínicas como un centro de referencia, de la misma manera que se puede utilizar –ya se está haciendo– el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Como en general estas cosas no las recoge la prensa –parece que no existieran o que no fueran noticia–, quería compartirlo con el Cuerpo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los medios de comunicación, en particular a la televisión abierta; a las asociaciones civiles –después, con todo gusto comunicaré a Secretaría los nombres y sus direcciones–; muy especialmente al Instituto Pasteur –a pesar de que ellos están muy al tanto de todo–; al Ministerio de Salud Pública; a ASSE; al BPS; al Fondo Nacional de Recursos y al presidente del Hospital de Clínicas, doctor Álvaro Villar.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) ENTONACIÓN DE LAS ESTROFAS DEL HIMNO NACIONAL

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo votado en el día de ayer por parte del Cuerpo, procedemos a escuchar y a cantar el himno nacional.

(Así se hace).

14) RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FISCALES

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se agrega el capítulo IX, “De la responsabilidad de los fiscales”, a la Ley n.º 19483, de 5 de enero de 2017. (Carp. n.º 373/2020 - rep. n.º 461/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: este proyecto de ley ha contado con el beneplácito de la Asociación de Magistrados Fiscales, que compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación a solicitar que se la apoyara, en el entendido de que, contrariamente a lo que prescribe la Constitución, se están dirigiendo numerosas acciones contra los señores fiscales por el ejercicio de sus funciones.

Debemos decir que este proyecto de ley tiene por finalidad, entonces, indicar que las acciones de daños y perjuicios ocasionados por los fiscales en el ejercicio de sus funciones deben dirigirse contra la Fiscalía General de la Nación, entendiendo que esta normativa interpreta cabalmente los artículos 24 y 25 de la Constitución, que constituyen la arquitectura incuestionable de la responsabilidad del Estado por los daños causados a terceros por el accionar de sus agentes.

Entendemos que estas acciones deberían ser rechazadas in limine por improponibles de acuerdo con el artículo 24.1 y 119.2 del Código General del Proceso, pero dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos el artículo 111 de la Ley n.º 15750, Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, que prevé una solución similar para los jueces. No obstante poder entenderse que este proyecto de ley es superfluo, con él contribuimos a dar tranquilidad a los señores fiscales, que son los titulares de las acciones penales que permiten enfrentar a la delincuencia.

En ese sentido, la iniciativa se aprobó por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de seguir con el tratamiento del tema, la Mesa quiere saludar a los alumnos de 5.º año del Colegio Stella Maris. Les agradecemos que nos estén visitando y esperamos que disfruten esta recorrida por la casa de la democracia.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: venía escuchando al señor senador Domenech que, como presidente de la comisión, manifestó que votamos por unanimidad este proyecto, y es correcto; sin embargo, quiero aclarar que nosotros creemos que no es superfluo porque fue solicitado por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

De acuerdo con la Constitución y la ley, quienes tienen que ejercer la acción penal son nuestros fiscales y lo que está pasando en estos días en nuestro país es que hay estrategias de defensa que los amenazan con juicios, con denuncias. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es, justamente, eso: proteger al funcionario público que tiene que ejercer la acción penal, el ius puniendi, como dicen los abogados.

En definitiva, nosotros creemos que esta iniciativa va por el camino correcto, que es que el Estado da amparo y protege a quien tiene que ejercer la acción penal.

Esta es la constancia que queríamos dejar porque creemos, realmente, que este es un proyecto de ley que va en ese camino. Desde el Frente Amplio lo votamos con conciencia y voluntad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: de la misma manera que el Frente Amplio lo votó con convicción, también lo hizo la coalición de gobierno. Sí entendemos que el tema es realmente preocupante –y tiene algo que ver con lo que pasó ayer, inclusive–, y más vale que abunde y no dañe. Lo que abunda no daña, pero la Constitución de la república es clara –y las leyes que reglamentan los artículos de la Constitución también– en lo que se refiere a que cuando se inician juicios por daños y perjuicios contra funcionarios públicos, en realidad no es contra los funcionarios.

Lo que establece el artículo 24 de la Constitución es que el responsable de la conducta de sus funcionarios es el Estado. El artículo 25, por su parte, establece que en caso de culpa grave o dolo, el Estado puede repetir contra esos funcionarios. Dicho sea de paso, para mí sería una muy buena reforma que el Estado empezara a hacerlo; normalmente no lo hace y entonces siempre termina pagando el contribuyente.

Eso está en la Constitución. En realidad, lo que estamos diciendo a los fiscales es que ellos también tienen esa protección. De acuerdo con la Constitución, evidentemente, ningún juez podría acoger una demanda –no sería un juez en este caso porque es civil–, pero puede pasar, porque hay veces en que uno se sorprende de algunas decisiones. Entonces, esto apunta a cubrirnos de que no haya ningún juez que cometa el error garrafal de acoger una demanda contra una persona física.

Es en ese sentido que nosotros también dimos nuestro voto favorable.

Se hizo una pequeña modificación, señora presidente, al proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes. No modificamos su contenido, pero sí su redacción, porque tal como venía parecía que estuviéramos diciendo que la Constitución está vigente, y eso lo sabemos. Como los jueces tienen una norma específica –la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales– que ratifica lo que dice la Constitución, entendimos que los fiscales también debían tenerla. Esto también satisface a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, tal como lo manifestaron cuando nos visitaron.

Lo que no es cierto –y tendremos que pensar en otro tipo de protección– es que con esto estemos protegiendo a los fiscales de los riesgos que implica el crimen organizado, que obviamente está ejerciendo presión –en este caso en el ámbito penal– sobre quienes tienen la iniciativa de la acción penal, hasta que se produce la intervención del Poder Judicial en el momento en que el código lo establece. Tendremos que pensar en otras medidas.

Si bien es cierto que la estrategia de alguna defensa puede amenazarlos con juicios por daños y perjuicios, en realidad no podrían hacerlo, y ahora lo decimos por si algún juez no lo entendía así, que es la gran preocupación que todos tenemos.

Vaya mi solidaridad –que además la hice pública por otra vía– a los magistrados fiscales de nuestro país, sobre todo a los que están en el combate directo al narcotráfico, por lo que sucedió –es un antes y un después– con el fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia. Desgraciadamente, de esas cosas no los protegemos, pero les damos la tranquilidad de que, desde el punto de vista civil –aunque reitero que ya no podían ir contra ellos, pero ahora se ratifica–, quedan en la misma situación que los jueces, en forma expresa. Por eso la coalición de gobierno dio sus votos por unanimidad.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Comparto las argumentaciones que daba nuestro compañero de bancada, el señor senador Carrera. La verdad es que lo que voy a decir no lo planteé en la comisión porque lo vi después, cuando analizamos los temas que teníamos para considerar hoy junto con algunos de los asesores que nos ayudan en el despacho. Nos parece que este tema no debería incorporarse después de las derogaciones; no debería haber un capítulo nuevo, sino que debería haberse incorporado este punto antes del capítulo VIII y no luego de las derogaciones y disposiciones varias.

Quería dejarlo asentado porque me parece que es lo que hubiera correspondido.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa comparte las observaciones realizadas. Hemos visto que esto no sería de la mejor técnica legislativa, pero consultamos al senador y se nos dice que es conveniente votar este proyecto de ley de la forma en que vino.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Agrégase el Capítulo IX “DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FISCALES” a la Ley Nº 19.483, de 5 de enero de 2017, y el siguiente artículo:

“ARTÍCULO 76. (Responsabilidad civil).- La acción tendiente a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los Fiscales en el ejercicio de sus funciones, solo podrá dirigirse directamente contra la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

15) CAPITAL NACIONAL DEL GIRASOL

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara Capital Nacional del Girasol la ciudad de San Javier, departamento de Río Negro. (Carp. n.º 671/2022 - rep. n.º 465/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: Uruguay está lleno de localidades cuya actividad productiva las identifica; otras son identificadas por la génesis, por sus primeros pobladores, pero hay muchas localidades en las que el transcurso del tiempo hace que tengamos la obligación de identificarlas. En los diferentes países, la identificación o la asociación a una actividad productiva promueve mucho lo que es la localidad, el pueblo o la villa, lo que a mi juicio es importante. Por ejemplo, si imaginamos Minas de Corrales, claramente notaremos que se trata de una ciudad, pueblo o villa que se identifica con una actividad productiva.

En ese sentido, propusimos identificar la raíz productiva de San Javier con el girasol, un cultivo que fue introducido por las colonias rusas que la fundaron en el año 1913. Se trata de una localidad que está contra el río Uruguay, por la ruta n.º 24, que tiene una preciosa historia, con un macramé de orígenes que la hace muy particular, y queremos identificarla con la génesis del cultivo de girasol.

En julio de 1913 vinieron las colonias rusas a instalarse en nuestro país y lo hicieron en esa localidad, contra el río Uruguay. Es un lugar en el que hay un macramé de suelos que pasa de la tierra negra a suelos más arenosos. Los señores senadores recordarán que en esa localidad hay forestación y agricultura, lo que explica mucho la visión de aquellos colonos rusos de 1913.

En los barcos rusos, los colonos traían los bolsillos llenos de una semilla que resultó ser la del girasol. A tal punto fue así, señora presidenta, que cuando la colonia se fue organizando y pidió financiamiento al Banco República, el informe que trasladaron hacia Montevideo los técnicos del banco decía algo así: «¡Estos rusos están locos! ¡Nos piden plata para plantar flores!». Esto se debía a que en el Uruguay esos cultivos de girasol eran desconocidos.

En definitiva, señora presidenta, San Javier es la cuna del girasol, cultivo que hoy viene por la revancha. El Senado tiene que conocer que en el Uruguay se plantó mucho girasol hasta que las enfermedades y las palomas destruyeron la capacidad y la rentabilidad del cultivo. Las semillas híbridas lograron solucionar el tema de las enfermedades y con la proliferación agrícola las palomas tenían alguna otra cosa más para comer, en lugar del girasol. Por eso hoy estamos en una nueva fase de este cultivo de verano. Se trata de una oleaginosa que sirve perfectamente para las rotaciones agrícolas y ahí está el secreto. Las rotaciones agrícolas, señora presidenta, son el secreto de la sustentabilidad del suelo; no el monocultivo. Rotar cultivo significa ahorrar en fitosanitarios y en agroinsumos, cuidar el suelo y generar materia orgánica. De esta manera, en 2020 –en la zafra que se levantó–, se pasó de plantar 500 a 12.500 hectáreas de girasol. Es un cultivo que no requiere demasiada fertilidad de la tierra –solo necesita drenaje– y hoy, dada la coyuntura internacional, está en la boca de todo el mundo. En Rusia y Ucrania, que producen girasol, su falta genera el caos en el mercado internacional de los aceites, lo que lleva a tomar medidas a nivel global para atender el encarecimiento de ese insumo en los hogares del mundo.

¡Parece mentira, señora presidenta, cómo de algo tan sencillo, que es declarar Capital Nacional del Girasol la ciudad de San Javier, traigamos una de las principales problemáticas a nivel internacional que es el temor, el pánico, el pavor de los Gobiernos de enfrentar la hambruna que genera la guerra entre Rusia y Ucrania! Es una guerra que ayer, por ejemplo, llevó el trigo a las más altas cotizaciones a nivel internacional –alcanzó los USD 500 dólares por tonelada–, dado que todos los países que lo producen prohíben su exportación. Lo mismo sucede con el aceite de palma, con la cotización del maíz, de la soja, de la canola –de la que ya hemos hablado en este Senado– y del girasol.

Agradecemos el trabajo de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca; a nuestro entender, este es un camino que vamos a seguir transitando y me refiero a asociar calidades con ruralidad y localidades con actividades productivas.

Por estas razones, recomendamos al Senado la votación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Gracias, presidenta.

Me sumo calurosamente a este proyecto de ley y quisiera incorporar un perfil porque si bien el girasol es identitario, sin duda, debido a esos primeros rusos que llegaron, en los últimos años –diría que desde hace quince o veinte– San Javier también se ha ido transformado en un pueblo turístico.

Según el censo de 2011, hay allí unos 3000 habitantes y en 2013, cuando cumplió cien años, se hicieron algunas inversiones muy importantes en San Javier. Por ejemplo: se recuperaron el Centro Cultural Máximo Gorki y la Sala Cultural Pobieda; se hizo el paseo de los inmigrantes, en el que pudimos incorporar un centro de información turística porque San Javier –a veces, es bueno dar valor a esas poblaciones que la gente no conoce– tiene uno de los dos ingresos a Esteros de Farrapos, que es de verdad uno de los humedales más importantes de nuestro país. En dicho parque hay lagunas, bañados y campos donde los visitantes pueden apreciar más de doscientas especies de aves.

A veces no nos damos cuenta del tesoro que tiene este pequeño país. Por ejemplo, en marzo, la Fiesta del Girasol es un atractivo turístico. A su vez, se ha ido desarrollando la gastronomía –a través de los varéniki y el pirog– junto con el hospedaje.

También se recuperó el Galpón de Piedra –hecho a mano– de los rusos, que tenía cien años y estaba en pie, pero había que modernizarlo un poco.

En definitiva, también quería poner en valor el perfil turístico de un pueblo que junto con Nuevo Berlín, Belén y Constitución constituyó un circuito para el turismo en el litoral del río Uruguay, muy visitado no solo a nivel interno. Creo que hay que seguir poniéndolo en valor porque verdaderamente es un lugar extraordinario.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo Único.- Declárase a la Ciudad de San Javier, departamento de Río Negro “Capital Nacional del Girasol”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

‒26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: evidentemente, comparto todo lo que se ha dicho.

No conozco San Javier, pero no quería dejar de decir aquí que es una localidad que me produce sentimientos encontrados, porque allí vivía la familia Roslik y allí tuvo su trágica muerte Vladimir Roslik. Se puede entender que esto no tiene nada que ver con este asunto, pero para mí sí lo tiene.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

16) PROCESO DE EXTRADICIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto por el que se modifican los artículos 341 y 342 del Código del Proceso Penal, sobre proceso de extradición. (Carp. n.º 362/2020 - rep. n.º 466/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: en comisión hemos rechazado en mayoría este proyecto de ley en virtud de lo siguiente.

El proceso de extradición supone, obviamente, un Estado requirente y un Estado requerido. En la actualidad, el Estado requirente, de acuerdo con la redacción vigente del artículo 341 del Código del Proceso Penal, debe designar un abogado de la matrícula nacional. A su vez, el artículo 342 ‒y diversas disposiciones de este código‒ señala: «… el Ministerio Público actuará como dictaminante técnico, ejerciendo el contralor formal y sustancial de los actos procesales, sin perjuicio de la facultad de pedir la postergación de la entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de este Código». Por su parte, el artículo 344.2 expresa: «A la audiencia de debate deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público». Quiere decir que el ministerio público ya actúa por el Estado requerido, por lo que no parece lógico que se coloque de los dos lados del mostrador: como patrocinante del requirente y como representante del Estado requerido.

Debemos señalar que hemos tratado de compulsar la legislación comparada e incluso los tratados celebrados por Uruguay con otros países. En términos generales, los tratados celebrados con España y Argentina reproducen la actual redacción del artículo 341 del Código del Proceso Penal. Solo encontramos en el tratado celebrado con Australia que se impone al Estado requerido abonar los gastos de patrocinio del Estado requirente.

En consecuencia, como no nos parece conveniente que el ministerio público represente tanto al requerido como al requirente, en mayoría resolvimos rechazar este proyecto de ley.

Era cuanto tenía para decir.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la verdad es que a nosotros nos da mucha lástima que este Cuerpo vote en contra de este proyecto de ley, que llega a esta casa a partir de la ley de presupuesto nacional. Es decir, el Poder Ejecutivo, la Cancillería, los diferentes actores de las políticas públicas en este país, cuando propusieron este cambio, cuando remitieron la ley de presupuesto nacional, tuvieron en consideración que el proceso de extradición en nuestro país estaba mal regulado.

Entonces, a nosotros nos da mucha lástima, incluso porque el otro día escuchábamos al presidente Lacalle Pou diciendo en Paraguay que debe haber coordinación en el combate al crimen organizado a nivel internacional. Justamente, ¿qué es el proceso de extradición? Es la cooperación internacional en la lucha contra los problemas del crimen internacional, crimen organizado, narcotráfico. La extradición ‒ayer estuve buscando en un diccionario jurídico‒ se define como el «acto mediante el cual un Estado entrega, en virtud de un tratado o de una ley, un individuo a otro Estado, cuya intención consiste en someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena que le hubiera sido impuesta». Esa es la definición de extradición.

En general, la mayoría de los casos pasivos de extradición vienen de Estados con los que tenemos tratados, razón por la cual el Estado uruguayo asume el compromiso internacional de entregar a la persona reclamada. La denegación de la extradición, señora presidenta, es la excepción. Sus causales son restrictivas y de aplicación restrictiva.

¿Qué pasó en nuestro país? Mediante la sanción del nuevo Código del Proceso Penal –ahí está la sabiduría del Poder Ejecutivo al remitir estos artículos en la ley de presupuesto nacional– existe una contradicción con el rol que se le asigna al ministerio público que en su ley orgánica establece, por ejemplo, que solo puede actuar como parte. Además, la ley orgánica del ministerio público establece que se debe «intervenir en el diligenciamiento de solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal». Es un deber del ministerio público.

Esta ley se votó por unanimidad en el período anterior. El legislador nacional encomendó al ministerio público ejercer «el contralor formal y sustancial de los actos procesales» en el proceso de extradición. Y para que el contralor formal y sustancial se pueda realizar hay que darle poderes jurídicos a nuestro ministerio público como, por ejemplo, que pueda apelar si una extradición es denegada. Eso es contradictorio con lo que se dispuso en el Código del Proceso Penal.

No tengo problema ni inconveniente en reconocer que cuando se votó el Código del Proceso Penal, que también votamos por unanimidad, nos equivocamos porque establecimos que actúa como «dictaminante técnico». Es contradictorio ejercer en el ministerio público el deber de actuar en cooperación internacional en estos temas, porque se nos va la vida en la lucha contra el narcotráfico –más aún en este continente–; se nos va la vida en la lucha contra los temas de trata y en el combate al crimen organizado en toda su dimensión. Es contradictorio –reitero– asignarle el ejercicio del contralor formal y sustancial y no darle esas potestades en el Código del Proceso Penal.

La Suprema Corte de Justicia siempre entendió que el proceso de extradición no es un proceso penal, sino un procedimiento jurisdiccional y contradictorio. Así lo entendió siempre nuestra Suprema Corte de Justicia. Si decimos que es un procedimiento contradictorio, debe existir un actor versus un demandado. En el caso de la extradición, el actor es el Estado requirente. En caso de que no se nombre representante legal –ahí está el problema–, creo que es sabia la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo a estos artículos del nuevo Código del Proceso Penal. Digo que es sabia esa modificación porque en aquellos casos en los que el Estado requirente no nombra abogado, el ministerio público asume la representación. Es decir que se da la opción de nombrar a un abogado, pero muchas veces sucede que las embajadas no tienen recursos para nombrar y solventar los gastos de un profesional en otro país. En ese caso, el representante es el ministerio público.

¿Qué pasa, entonces, acá? En caso de que se deniegue la extradición, termina siendo un proceso de una instancia única y nadie representa los intereses del Estado requirente. En consecuencia, pueden existir problemas diplomáticos como, por ejemplo, que cuando Uruguay, este pequeño país, pida una extradición, se le aplique el principio de reciprocidad que es muy común en el derecho internacional: si tú me exiges en tu país que nombre a un abogado para que represente mis intereses, yo en mi país te voy a exigir lo mismo.

A su vez, por el principio de inmunidad, creo que también van a surgir problemas con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya que los Estados no pueden ejercer jurisdicción sobre un país extranjero. Antes del Código del Proceso Penal no había norma procesal alguna sobre este tema y se aplicaba sin ningún inconveniente el viejo Tratado sobre Derecho Penal Internacional, firmado en 1889, en Montevideo. Sin ningún inconveniente se aplicaba esto que se quiere aplicar hoy. ¡Sin ningún inconveniente! Se lo aplicaba como doctrina más recibida y no existía la disputa que hoy se plantea al respecto. En el viejo tratado de 1889 no se mencionaba al ministerio público y no se cuestionaba la posibilidad de que el ministerio público actuara como parte. Esto nos preocupa, pero la bancada del Frente Amplio hizo todos los intentos posibles –porque tenemos que pensar en el país–, pero no pudimos convencer. Frente a esto, ¿qué hacemos? Tenemos que venir a dar el debate aquí. Ojalá se pensara de manera diferente.

En ocasión de remitirse estos artículos para su consideración en la ley de presupuesto, se estableció: «Diagnóstico. ¿Por qué estos cambios? Problema o necesidad: resulta fundamental definir con claridad el rol del Ministerio Público en el proceso pasivo de extradición previsto en los artículos 329 a 350 del Código del Proceso Penal. Cabe aclarar que la redacción propuesta del artículo 342 es la actual del 341 sin ninguna modificación.

Efectos negativos de no ser aprobada la propuesta. Existe una legislación confusa que atenta contra la seguridad jurídica y la previsibilidad. La práctica no reflejaría las disposiciones vigentes. A esto se agrega que la regulación actual podría generar problemas en los vínculos internacionales con otros Estados por los compromisos asumidos en la ratificación de múltiples tratados de extradición.

Causas del problema. La Ley n.º 19788, en sus artículos 10 y 13, limita la intervención del Ministerio Público exclusivamente en calidad de parte», como ya lo dije. «Sin embargo, el actual artículo 342 del CPP le atribuye la calidad de “dictaminante técnico”, más allá de que para la jurisprudencia nacional sea una expresión poco feliz» –hay alguna jurisprudencia de un tribunal de apelaciones en lo penal– «que no se ajusta al verdadero rol atribuido.

Desde hace tiempo nuestra Suprema Corte de Justicia ha definido al proceso pasivo de extradición como un proceso jurisdiccional contradictorio –en reciente sentencia lo ha reafirmado, sentencia n.º 157/2020 del 12/06/2020, cita sentencia 695/1998 del 26/08/1998–. En la actual estructura procesal, el Estado requerido tiene la facultad de designar un abogado que lo represente. En la mayoría de los casos no sucede dado que implica un costo no presupuestado por las embajadas y que podría afectar el principio de inmunidad de jurisdicción. Por lo tanto, en la práctica nadie actuaría en representación del Estado requirente, rol desempeñado en derecho comparado –y antes de la vigencia del nuevo CPP– por el Ministerio Público –en tanto titular de la acción penal–. Es decir, nos enfrentamos al absurdo de un proceso contencioso, contradictorio con una sola parte, la Defensa.

Resultado esperado de la propuesta: ajustar la legislación a las necesidades de la práctica, definiendo con claridad los roles de las partes intervinientes en consonancia con los compromisos internacionales asumidos, las garantías del debido proceso y el derecho comparado».

Esto fue lo que se nos remitió en su momento, solicitando que se aprobaran estas normas.

Nosotros hemos tratado de priorizar esta modificación porque creemos que tiene una razón de ser y que va en la línea con lo que dijo el presidente de la república, en Paraguay: «Debe haber coordinación en el combate al crimen organizado a nivel internacional». En ese sentido, el proceso de extradición tiene un rol. Por eso creemos que habría que aclarar la norma y dar ese rol al ministerio público.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa saluda a los alumnos de 6.° año de derecho del St. Brendan’s School. Muchas gracias por la visita en la mañana de hoy. El Senado les da la bienvenida.

Continuamos con el tema en discusión.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: sin exaltarme y sin levantar la voz, voy a abordar esta cuestión desde un punto de vista técnico.

Me hago eco de las palabras aquí citadas del presidente de la república en Paraguay acerca de que debe existir una coordinación en materia de combate contra el crimen organizado. Como bien saben los que están en esta casa y especialmente los que son juristas, esa coordinación de la información se da a través de la cooperación internacional judicial entre los distintos sistemas judiciales, entre los órganos, sobre todo los jurisdiccionales.

Es cierto que el Uruguay asume compromisos internacionales de cooperación, que se viabilizan y canalizan a través de la cooperación judicial internacional, algo que a nosotros nos otorga todas las garantías.

Esta propuesta de que el Estado uruguayo tenga que dotar de un defensor al Estado requirente vino en el presupuesto del Poder Ejecutivo; para ser más precisos, vino de la Fiscalía General de la Nación. ¿De qué se trata? De que en los casos, como dijo el senador Carrera, en los que las embajadas extranjeras no tengan recursos para solventar los honorarios de los defensores ‒hipótesis que me resulta bastante difícil de imaginar porque no estamos hablando de la embajada, sino de que el Estado requirente carezca de recursos para pagar un abogado; de todos modos, puede suceder‒, el Estado uruguayo tenga que salir a solventar el abogado defensor del Estado requirente. Eso me lleva a citar algunas consideraciones realizadas por los especialistas en la materia Manuel Vieira y Carlos García Altolaguirre sobre extradición y, específicamente, sobre la representación del Estado requirente ante el Estado requerido. Ellos expresaban que esta propuesta se refiere a un letrado –un abogado– designado por el Estado requirente y habilitado en el Estado requerido. Es decir que el Estado que está requiriendo a una persona para imputarle un delito en aquel país nombra un abogado uruguayo. ¿Para qué? ¿Para que actúe y resuelva el fondo del asunto de un juicio? No, sino para que actúe en un juicio en el que la justicia, el órgano jurisdiccional competente, analice si están dadas las condiciones de admisibilidad, es decir, los requisitos habilitantes para conceder la extradición. Es una intervención que, si bien la hace un juez, es como de control; hasta podría no considerarse jurisdiccional en el sentido de que no decide sobre el fondo del asunto, sino que analiza –reitero– las condiciones, es decir, que se hayan cumplido los requisitos, como por ejemplo que no haya pedido asilo político, entre otras cuestiones.

Como todos sabemos, el ministerio público actúa en nuestro país en defensa del interés nacional, en defensa de la soberanía del Estado. Lo que propone el proyecto de ley es que el ministerio público se desdoble, que pase a defender los intereses ‒que puede no conocer exactamente‒ del Estado requirente y que eso lo solvente el Estado uruguayo.

Voy a citar algunas palabras de los especialistas Manuel Vieira y Carlos García Altolaguirre sobre extradición, expresadas en Montevideo en 2001: «No es posible dentro del esquema procesal vigente en nuestro país que el fiscal penal tome a su cargo el impulso de la demanda de extradición interpuesta por un determinado Estado extranjero ni sea representante de sus intereses». ¿Por qué? Porque justamente se estaría incurriendo en este desdoblamiento. El ministerio público es defensor de la legalidad, es un dictaminante técnico auxiliar del juez y se lo estaría obligando a ser una parte, pero no del Estado uruguayo, sino de uno extranjero. El fiscal uruguayo se convertiría en una especie de policía internacional en el cumplimiento de los procesos extraditorios, hasta el punto de cubrir sus falencias –la del Estado requirente– o proveer la regularidad formal de las demandas extraditorias, sustituyendo las omisiones o defectos de la solicitud de un Estado soberano sin que nadie se lo pidiese. Además, se sustituiría o supliría la omisión de haber designado un abogado defensor. Nada impide a ningún Estado extranjero que esté requiriendo a una persona que se encuentre en nuestro territorio designar un abogado y, realmente, la falta de recursos no nos parece de recibo, pero si lo fuera tampoco correspondería que se pusiera de cargo del Estado uruguayo tener que solventar los honorarios a pagar a un defensor para representar a un Estado extranjero.

Quiero hacer algunas otras consideraciones. El juez uruguayo da todas las garantías y con eso se cumple con la cooperación judicial internacional a la que se refería, con los compromisos asumidos por la república. Insistimos: no decide sobre el fondo, sino que solo verifica el cumplimiento de los requisitos necesarios. Entendemos que se asegura la cooperación internacional y sería excesivo imponer al Estado uruguayo suplir esta omisión del Estado requirente que opta por no designar un defensor.

Como decía el senador Domenech –y como también lo han señalado varios catedráticos a los que he consultado sobre este tema–, en el derecho comparado no existe una solución como la que se está proponiendo. Fueron consultados catedráticos especialistas en derecho internacional público y privado, el departamento de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y también el área jurídica y la prosecretaría de Presidencia de la República. Ninguno de estos actores pudo encontrar un fundamento para acompañar esta iniciativa y por ese motivo no la vamos a votar.

Gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: obviamente, Uruguay, por sus obligaciones internacionales, tiene el deber de colaborar con los Estados extranjeros en la persecución del delito, pero esta solución que se propone no es la mejor. Hay otras, por ejemplo la que nuestro país concertó con Australia a través de un tratado por el que se hace cargo de los honorarios del abogado requirente, o bien se podría designar a un abogado de algún otro organismo público para que represente al requirente si nos quisiéramos ahorrar el costo que tendría pagar un abogado.

Pongamos un ejemplo práctico. Hay países en los que el tráfico de drogas se castiga con la pena de muerte. Esa extradición debería ser rechazada y me pregunto si tendremos al ministerio público, a través de alguno de sus fiscales, defendiendo la posición que corresponde en nuestro país de negar la extradición, en el caso en que se pretenda aplicar la pena de muerte. Además, ¿habrá otro fiscal, dependiente también de la Fiscalía General de la Nación, propiciando la reclamación que pueda hacer ese Estado extranjero de requerir a una persona por un delito que en ese país se castiga con la pena de muerte? Bueno, evidentemente eso no es lógico. En nuestro derecho hay un principio incuestionable de que no se puede ser juez y parte; no se puede ser actor y demandado y no se puede patrocinar al actor y al demandado. Ese sería un caso de prevaricato.

Existen soluciones, pero esta nos parece absolutamente inconveniente, hasta por razones de orden práctico, como demuestra el ejemplo que acabo de poner.

Gracias.

SEÑOR STRANEO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: adherimos plenamente a lo expresado por la senadora Asiaín en cuanto a los conceptos jurídicos que fueron desarrollados y especificados de forma clara, pero nos gustaría ampliar un par de referencias más.

El proyecto de ley en consideración remitido por el Poder Ejecutivo tiene su iniciativa en la Fiscalía y viene expresamente a sustituir los artículos n.° 341 y n.° 342. No voy a ahondar en lo que ya expresaron con mucho fundamento la senadora Asiaín y, por supuesto, el senador Domenech, a la hora de entender que hay una incompatibilidad manifiesta en el rol del ministerio público en el proceso de extradición claramente definido y más allá de que tenemos tratados internacionales con algunos países que nos vinculan específicamente en este tema.

Ahora bien, los artículos 341 y 342 vienen a modificar la participación y el rol del ministerio público definiéndolo o mutándolo de un dictaminante técnico aparte del proceso de extradición. Esto genera una inconsistencia jurídica importante y complicada. Además, en las normas cuya modificación está a consideración se olvidan de que en el propio proceso del CPP –votado por este Parlamento por unanimidad, que fue sabio; no fue un error, lejos de serlo seguramente la academia y quienes votaron en ese período legislativo lo tuvieron en cuenta– el rol del ministerio público es ese y no queremos mutarlo.

Por eso, en el artículo 344 –de este compendio de normas– respecto a la audiencia de debate se establece: «El Tribunal convocará a audiencia de debate dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el reclamado fue puesto a su disposición.

A la audiencia de debate deberán comparecer la persona requerida asistida del defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público…». Esta norma no está sujeta a derogación ni a modificación de este proyecto. Tenemos una inconsistencia jurídica grave si votamos este proyecto así como viene, porque no tenemos definido cuál va a ser el rol del ministerio público cuando se llame a la audiencia de debate: ¿Es parte? ¿Es dictaminante técnico? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Por eso creo que fue correcta, en su momento, la decisión que tomó la Comisión de Hacienda y Presupuesto al desglosar este artículo sometido a consideración y entendemos que su informe negativo es lo que corresponde apoyar.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: no intervengo con el afán de ingresar en el debate, pero sí para que en la versión taquigráfica quede registrada la verdad histórica sobre un argumento que se utilizó en sala respecto a que el proyecto que está en discusión en este momento en el Senado oportunamente fue remitido por parte del Poder Ejecutivo en el articulado del presupuesto nacional. Eso no es así. Quien remitió el articulado de este proyecto fue la Fiscalía General de la Nación ya que tiene independencia para enviar su presupuesto a consideración del Parlamento nacional. El Poder Ejecutivo nunca envió este artículo ni incluyó en el presupuesto nacional ninguno de los artículos sobre los que se está discutiendo.

Digo esto como clarificación histórica de lo que realmente sucedió.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–9 en 26. Negativa.

Se procede a archivar la carpeta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Una de las puntualizaciones que iba a hacer, porque es institucional no política, la adelantó el senador Penadés con la claridad que lo caracteriza.

¡Vaya si se respeta la autonomía técnica de la Fiscalía por parte del Poder Ejecutivo! Si no fuera así estaríamos en problemas mucho más graves.

Además de todas las consideraciones que hicieron mis compañeros sabiamente y con profundo conocimiento jurídico sobre este tema tan especializado, no me olvido de la presencia de la cátedra de Derecho Procesal representada por los doctores Abal, Garderes y Valentín, los tres mejores procesalistas que tiene el país en este momento. Vinieron por otro tema, pero nos sugirieron que sustituyéramos el Código de Proceso Penal e hiciéramos uno nuevo, pero sobre todo que no tocáramos más nada porque ya tenía muchas modificaciones e inconsistencias. Para mí el faro siempre va a estar en la academia. Así que, además de todas las otras consideraciones que cada uno de nosotros podamos hacer porque conocemos el derecho, esa advertencia de la cátedra de Derecho Procesal me quedó grabada.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En virtud de que voy a concurrir a los actos conmemorativos de Las Piedras –en esta situación rara en que se corre el feriado, pero los festejos son el día que corresponde; tal vez tendríamos que evaluar si hay que modificar lo que alguna vez se decidió–, voy a pedir a la señora senadora Amanda Della Ventura –que es a quien corresponde al no estar presente mi suplente inmediato– que asuma la presidencia de la sesión de la Cámara de Senadores.

(Ocupa la presidencia la señora Amanda Della Ventura).

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Continuamos la sesión.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para plantear una cuestión política.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- La señora senadora Della Ventura tiene todo el derecho de ingresar a sala con la remera que le parezca bien; nunca hicimos una consideración ni hemos puesto condición en ese sentido.

En el momento en que pasa a presidir el Senado, nos está representando a todos. La bancada de senadores del Partido Nacional quiere dejar constancia –sin levantar el tono de voz– de que la señora senadora Della Ventura no nos está representando a todos al utilizar esa remera. Tiene todo el derecho de usarla en cualquier parte del recinto, pero en el único lugar en que no lo puede hacer es presidiendo el Senado de la república.

Queremos dejar esa constancia, nada más.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Perfecto. Escuché la constancia.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Como senador de la república, me siento también en la obligación de manifestar mi solidaridad con la señora presidenta en el uso de la vestimenta que entienda conveniente para presidir el Senado.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Nos gustaría que el señor senador Penadés precisara si hay un artículo que expresamente establezca lo que él está manifestando en sala. Si es así, nosotros pediríamos un cuarto intermedio y lo analizaríamos.

Nos gustaría que precisara dónde está escrito lo que acaba de decir en sala.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Con gusto voy a buscar ese artículo y se lo voy a traer a la señora senadora Kechichian. Ella, igual que yo, sabe a lo que nos estamos refiriendo.

Lamento muchísimo tanto su intervención como la del señor senador preopinante porque, en realidad, nosotros no hicimos otra cosa más que dejar una constancia política.

Con mucho gusto voy a buscar la disposición que determina que desde la presidencia del Senado se está imposibilitado de hacer cualquier tipo de declaración o expresión que no represente a todo el Senado como tal, violentando la imparcialidad que el presidente del Senado debe tener a la hora de dirigir las sesiones. Eso sí está establecido en el Reglamento del Senado de la república; invito a la señora senadora Kechichian a que lo revise y sea quien lo busque.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto analizaremos la disposición reglamentaria a la que alude el señor senador Penadés y en su momento emitiremos una opinión relacionada con lo que él ha manifestado.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Otra vez en lo mismo. Yo no tengo ningún problema en repetir las cosas cuando estoy segura de que me asiste la verdad.

¿Cómo vamos a buscar en el Reglamento? Está en la Constitución de la república. Si quieren buscar en el Reglamento, busquen.

El presidente del Senado representa a todos; yo ya lo tuve que decir, sentada en el ejercicio de la presidencia, por otra inconducta de la señora senadora Della Ventura con respecto al tapaboca…

(Interrupciones).

–Yo tengo derecho a decir lo que me parece que tengo que decir. No estamos en un Parlamento formal en el que la gente no puede decir lo que quiere; este es un Parlamento democrático.

Entonces, está en la Constitución de la república que quienes ocupamos cargos institucionales –cuando estamos en nuestra banca no ocupamos un cargo institucional, pero cuando estamos sentados ahí, en la presidencia, sí–, representamos al Estado, a la República Oriental del Uruguay, que está integrada por ciudadanos que votamos distintas cosas. ¿Eso hay que decirlo? Entonces estamos peor de lo que yo pensaba.

Después, de acuerdo con el Reglamento –que es apenas un reglamento de funcionamiento de senadores que se supone que esas cosas las tienen claras–, la presidencia tiene una obligación básica que es, precisamente, la que dijo el señor senador Penadés. Y, además, tiene la obligación de mantener el decoro; no explicita lo que es el decoro, pero todos tenemos sentido común. El decoro refiere al funcionamiento adecuado a las normas institucionales y eso le corresponde al presidente del Senado; en este caso le corresponde a usted. La otra vez lo dejé claro, aunque después salieron por ahí a decir cualquier cosa. Mientras usted está sentada en la banca puede hacer lo que quiera. Tiene la suerte de que no soy la vicepresidente de la república porque no permitiría determinadas expresiones en una banca, que en otros casos inclusive son más agresivas. Esta no, pero tuvimos que soportar otras, tales como: desafuero o impunidad. Esas cosas son agresivas hacia los compañeros y, además, alteran el normal funcionamiento de la casa de la democracia, como dice siempre la vicepresidente Argimón.

Por lo tanto, si lo que tenemos que escribir es el sentido común –y lo sentí varias veces, no solamente acá sino en otros cargos que ocupé– es que habremos dejado de ser civilización.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Voy a dejar una constancia.

Queremos saber dónde se violenta el decoro si utilizamos la expresión «Todos somos familiares». ¿Dónde se violenta el decoro? Nosotros no lo leemos así. Por eso nos gustaría, como dijo nuestra coordinadora, que se nos remitiera el artículo del Reglamento o de la Constitución de la república que así lo establece. ¿A quiénes representamos nosotros? Nosotros representamos a los ciudadanos. ¿Dónde dice que no tenemos derecho a manifestar nuestra libertad de expresión? ¿No podemos manifestarnos? ¿Dónde se dice eso? No compartimos para nada ese tipo de cosas, pero además no aceptamos de ninguna manera que la señora senadora Bianchi hable de la inconducta de una compañera de mi bancada. No lo acepto de alguien que es un ejemplo de inconducta en este Parlamento nacional.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Vamos a ordenar la sesión.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento de la Cámara de Senadores, «solo el presidente podrá hablar a nombre de la Cámara y representarla, salvo resolución expresa del Cuerpo».

Con mucho tino, señora presidenta, debo decir que, la verdad, este tipo de situaciones no ayudan a nadie, ni a usted ni al Cuerpo. Veníamos transitando una sesión en la que la discrepancia iba canalizándose por los carriles lógicos. ¿Era necesario, señora presidenta, sabiendo que esta discusión se iba a dar, que subiera a ocupar la presidencia de la cámara con una remera –yo respeto todos los sentimientos, mucho más los referidos a los desaparecidos– que no representa al Cuerpo que usted preside? Le hablo a usted, señora presidenta. ¿Era necesario llegar a este extremo? ¿Es necesario? Es como si yo el año pasado, cuando me tocó presidir la Cámara de Senadores, el 10 de setiembre hubiera subido con una remera de Aparicio Saravia. Eso no está bien, señora presidenta, no por usted, sino por el cargo que hoy está ocupando. Es un principio mínimo de republicanismo y de democracia. No vale victimizarse, porque quien provoca este tipo de situaciones es quien sube a ocupar la presidencia con una remera que no representa a la totalidad del Cuerpo. Y no lo hablo por mí, sino por la totalidad del Cuerpo. Simplemente es eso: sentido común, sensibilidad, falta de oportunidad y tratar de no victimizarse.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Estamos como fuera de Reglamento, pero como se me pregunta voy a decir lo siguiente. En primer lugar, no sabía que iba a asumir la presidencia; fue la presidenta quien me acaba de decir que lo iba a hacer. En segundo término, estoy plenamente convencida de que mi imparcialidad no cambia por estar con una vestimenta como la que tengo.

17) DOCTOR JOSÉ IGNACIO ARIAS MARTINOTTI. DESIGNACIÓN COMO FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, al doctor José Ignacio Arias Martinotti. (Carp. n.º 657/2022 - rep. n.º 462/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: este informe lo realizó el señor senador Batlle, pero solicitó que lo asumiera la presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos.

Es una solicitud de venia para designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, al doctor José Ignacio Arias Martinotti.

El Poder Ejecutivo se dirigió a este Cuerpo a efectos de solicitar la venia, conforme al numeral 13, del artículo 168 de la Constitución de la república, para proceder a la provisión de un cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, y que se habilite la designación del doctor José Ignacio Arias Martinotti –documento de identidad 4.085.570-2 – para ocupar el mencionado cargo.

Lo solicitado es a propuesta del señor fiscal general subrogante de la Fiscalía General de la Nación, doctor Juan Gómez, actuando dentro de la competencia funcional que en el orden administrativo la ley le asigna, conforme a los artículos 2.º y el literal I) del artículo 5.º de la Ley n.º 19334 y el artículo 44 de la Ley n.º 19483 y, a su vez, en cumplimiento de la resultancia del concurso de ascenso y de oposición y méritos, por el oficio 135, de 15 de febrero de 2022.

Se propuso la designación por vía de ascenso del concurrente, quien ocupó el lugar n.º 1 del orden de prelación del concurso mencionado, homologado por la resolución n.º 1049, del 30 de diciembre de 2021.

Conforme a lo expuesto y analizada la correspondencia legal de la propuesta, dado que lo actuado se ajusta a la normativa vigente y al marco jurídico, es oportuno otorgar la venia solicitada.

Este informe fue elaborado por el senador Batlle.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Departamental (Escalafón “N”), al doctor José Ignacio Arias Martinotti».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

Se está pidiendo que se rectifique la votación, por lo cual se va a votar nuevamente.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) DOCTOR JOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ PEREYRA. DESIGNACIÓN COMO MINISTRO SUPLENTE DE TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar en el cargo de ministro suplente de Tribunal de Apelaciones al doctor José Pedro Rodríguez Pereyra. (Carp. n.º 655/2022 - rep. n.º 463/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como usted dijo, me corresponde informar la solicitud de venia del doctor José Pedro Rodríguez Pereyra como ministro suplente de Tribunal de Apelaciones. Por mensaje del 9 de marzo de 2022, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor John Pérez Brignani, eleva a la Cámara de Senadores la solicitud de venia para la designación del mencionado jurista, según resolución de la corporación n.º 16, de 9 de marzo de este año, conjuntamente con informe de méritos del aspirante, su registro funcional –agregado por la División Recursos Humanos del Poder Judicial– y su currículum.

De la referida documentación surge que el magistrado propuesto se desempeña como juez letrado de primera instancia del Trabajo de 19.º turno desde el 11 de marzo de 2013 a la actualidad. El mencionado magistrado, para el cual se solicita la venia, es egresado del CEJU y docente de dicho centro de capacitación desde el 2019 del módulo de derecho laboral y del Curso de Formación Inicial para Jueces, y ha dictado diferentes Cursos de Formación Continua en el CEJU.

El proponente reúne una antigüedad de once años en el cargo de juez letrado de la capital con tres presencias consecutivas en la lista de ascensos en la capital, en los períodos 2017-2018, 2019-2020 y 2021-2022.

Fue considerado su legajo laboral de méritos para el ascenso en análisis, la asistencia a cursos de capacitación dictados por el CEJU, su actividad docente en dicho centro y el contar con diversas publicaciones académicas.

Se destacan sus calificaciones de desempeño y la cantidad de votos de sus magistrados superiores.

En definitiva, señora presidenta, en base a las consideraciones anteriormente fundamentadas y dada la carrera judicial de dieciocho años del magistrado postulado, se considera de recibo que este Cuerpo otorgue la venia de ascenso al doctor José Pedro Rodríguez Pereyra como ministro suplente de Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el numeral 4.° del artículo 239 de la Constitucional nacional.

Es cuanto tengo para informar, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Apruébase la solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia para designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente al doctor José Pedro Rodríguez Pereyra».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará a la Suprema Corte de Justicia.

19) DOCTORA CLAUDIA DIPERNA ACOSTA. DESIGNACIÓN COMO MINISTRA SUPLENTE DE TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar en el cargo de ministra suplente de Tribunal de Apelaciones a la doctora Claudia Diperna Acosta. (Carp. n.º 656/2022 - rep. n.º 464/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- En discusión.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Yo había mandado un informe, pero no sé qué pasó; probablemente fue un error mío y lo mandé donde no correspondía. No importa; lo hacemos in voce.

Más allá de lo que dice la solicitud, dirigida a la señora presidente Beatriz Argimón, queda claro que es funcionaria administrativa desde el 29 de julio de 1986 y que prestó funciones en diversas sedes hasta el 10 de abril de 1991, fecha en que jura como jueza de paz departamental de Maldonado, permaneciendo en distintos destinos del interior de nuestro país durante un período de catorce años, diez meses y doce días, desde el 10 de abril de 1991 al 22 de febrero de 2006.

En el interior, integró la lista de ascensos en dos oportunidades como jueza letrada en los períodos 2003-2004 y 2005-2006.

Ascendió a jueza letrada de la capital el 22 de febrero de 2006 e integró la lista de ascensos de la capital en dos oportunidades: 2019-2020 y 2021-2022.

En el informe yo hacía hincapié, para que toda la comisión y los compañeros que están en sala supieran, en que la doctora Diperna no es egresada del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, porque a veces esto provoca alguna duda entre todos los colegas. De cualquier manera, la Suprema Corte de Justicia justifica su propuesta en calidad de suplente porque ha asistido a una multiplicidad de cursos de capacitación permanente dictados por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay –o sea, el mismo centro–, como emerge de su currículum.

De conformidad con lo que surge del listado definitivo de magistrados integrantes de la lista de ascensos para el período 2021-2022 elaborado por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia –según surge de su acta del 1.° de diciembre de 2020, aprobada mediante resolución de la corporación n.º 94, del 3 de diciembre de 2020, que se adjuntan–, la doctora Diperna integra dicha lista de ascensos.

La Suprema Corte de Justicia entiende que corresponde hacer hincapié en que los criterios que tiene en cuenta –porque este es un criterio de la Suprema Corte– para solicitar a la Cámara de Senadores la venia para designar ministros de Tribunales de Apelaciones son: a) la materia en la cual se desempeña el juez respecto del cual se solicita la venia y la materia del cargo vacante de ministro de tribunal que se pretende proveer; b) el número de votos obtenido por parte de sus superiores procesales por el magistrado respecto del que se pide la venia; c) el número de presencias en las listas de ascensos del interior y de la capital, y d) las calificaciones obtenidas de sus superiores procesales. En base a estos criterios y por el análisis que hace la Corte, cuantificado en las calificaciones que recibió la jueza cuyo ascenso se propone, se solicita que se otorgue la venia respectiva y así lo proponemos al Cuerpo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Apruébase la solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia para designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente a la doctora Claudia Diperna Acosta».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará a la Suprema Corte de Justicia.

20) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores Amanda Della Ventura y Daniel Olesker solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Junta de Transparencia y Ética Pública relacionado con la declaración jurada del señor senador Juan Sartori».

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes mencionado.

(Se vota).

–23 en 26. Afirmativa.

21) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE JUNIO

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se deje sin efecto la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día martes 7 de junio, a los efectos de recibir al señor ministro del Interior Luis Alberto Heber, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Senadores». (Firman los señores senadores Camy, Lozano, Sanguinetti y Kechichian).

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

22) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA (Amanda Della Ventura).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 11:33, presidiendo la señora Della Ventura y estando presentes los señores senadores Asiaín, Barrera, Bergara, Bianchi, Bica, Botana, Camy, Cardoso, Carrera, Da Silva, Domenech, Hunter, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Meléndez, Methol, Penadés, Rodríguez, Rubio, Russi, Sanguinetti, Saravia y Straneo).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.