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N.º 30 - TOMO 620 - 13 DE OCTUBRE DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

30.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

OSCAR ANDRADE Primer vicepresidente

SEBASTIÁN DA SILVA Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

5) Señor Alfredo Cabrera. Designación como presidente del Banco de Previsión Social

– Por moción de los señores senadores Coutinho, Lozano, Andrade y Penadés, el Senado resuelve declarar urgente la consideración de la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo.

• Concedida.

6), 8), 10), 12), 14) y 16) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020

– Discusión particular del proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

– Por moción del señor senador Penadés, el Senado resuelve pasar el artículo 117 a la Comisión de Constitución y Legislación.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

7), 11), 13) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Topolansky, Olesker, Sánchez y Gandini.

– Quedan convocados los señores senadores Meléndez, Queijo, García, Bica y Etcheverry.

9) Modificación del artículo 228.1 de la Ley 19293

• Por moción de los señores senadores Niffouri, Lanz, Manini Ríos y Bergara, el Senado resuelve pasar a la Comisión de Constitución y Legislación la hoja 139, presentada como aditivo durante el tratamiento en comisión del proyecto de ley de rendición de cuentas del ejercicio 2020.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 12 de octubre de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 13 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020.

Carp. n.º 534/2021 - rep. n.º 371/2021 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII y LXXIII

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Carrera, Coutinho, Della Ventura, Gandini, Kechichian, Lanz, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Methol, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Pereyra, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti y Sartori, e ingresan posteriormente, por licencia de los respectivos titulares, las señoras senadoras Bica y García.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Domenech, Lazo, Rubio y Topolansky. Se retiran con licencia los señores senadores Gandini y Sánchez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 09:46).

–La presidencia informa que este año nuevamente adherimos a la campaña de prevención del cáncer de mama. Verán en las redes del Poder Legislativo que, como el año pasado, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y ASSE estamos trayendo un mamógrafo móvil que estará instalado en la explanada y en el que, desde ayer, las mujeres pueden anotarse a los efectos de agilizar la realización de dichos exámenes preventivos. Quiero avisarles porque, de pronto, ustedes quieren ser partícipes de la Jornada de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Ministerio de Defensa Nacional remite notas por las que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de varios pedidos de informes realizados por:

– el señor senador Alejandro Sánchez:

• relacionado con denuncias presentadas en la Escuela Técnica de Aeronáutica y en el Batallón de Infantería n.° 7 Ituzaingó. (Asunto 151433);

• relacionado con una nota del capitán en situación de retiro Héctor A. Erosa publicada en el semanario Búsqueda. (Asunto 151664).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR ALEJANDRO SÁNCHEZ.

– La señora senadora Amanda Della Ventura, relacionado con datos aportados en la Comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha. (Asunto 151890).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA AMANDA DELLA VENTURA».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 12 de octubre no se registraron inasistencias.

5) SEÑOR ALFREDO CABRERA. DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde ingresar al orden del día.

Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se trate en forma urgente la carpeta n.° 553/2021, relativa a la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar al señor Alfredo Cabrera en calidad de presidente del Directorio del Banco de Previsión Social». (Firman los señores senadores Coutinho, Lozano, Andrade y Penadés).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Repártase la carpeta 553/2021.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Solicitud de venia del Poder Ejecutivo a fin de designar al señor Alfredo Cabrera en calidad de presidente del Directorio del Banco de Previsión Social. (Carp. n.° 553/2021 - rep. n.° 370/2021».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo remite a consideración del Senado la solicitud de venia para designar al doctor Alfredo Cabrera en calidad de presidente del Directorio del Banco de Previsión Social.

El doctor Alfredo Cabrera es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, tiene varios másteres, ha participado en un sinnúmero de seminarios y conferencias y se especializó en todo lo relacionado a la materia laboral. Ha sido representante del Colegio de Abogados del Uruguay, ha integrado el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, tiene una vastísima experiencia y actividad a nivel académico y profesional. Ha sido inspector general del Trabajo y la Seguridad Social y subinspector general del Trabajo y la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre 1993 y 1995. En los últimos años se ha dedicado a la actividad privada.

Conocemos al doctor Cabrera desde hace mucho tiempo, es un gran militante. Además de desarrollar su tarea profesional y de poseer las cualidades que lo adornan en su formación técnico-profesional, ha sido siempre un gran militante del Partido Nacional, fundamentalmente en la actividad gremial universitaria; tiene un largo compromiso de militancia y de servicio público a través de nuestra colectividad política.

Por ende, el doctor Cabrera reúne las condiciones personales, profesionales, técnicas y políticas para desempeñar el cargo de presidente en el Directorio del Banco de Previsión Social, cargo que deja vacante el ingeniero Hugo Odizzio, quien ha presentado renuncia para desempeñar otro cargo en el Gobierno nacional. Aprovechamos la oportunidad para agradecer al ingeniero Odizzio los servicios prestados en la presidencia del mencionado directorio.

Por lo expuesto, señora presidenta, recomendamos al Senado que vote afirmativamente la venia remitida por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: no pretendo agregar más a lo que ha señalado el miembro informante, señor senador Penadés, que ha sido muy claro y que confirma el currículum ?que hemos recibido? del doctor Alfredo Víctor Cabrera Casas, que lo relaciona con la competencia que se requiere para desempeñar un cargo tan importante como el que ocupará a partir de la venia que hoy va a otorgar el Senado, en una oportunidad que hace que la relevancia de la función adquiera mayor expresión. Simplemente, al tiempo que adhiero a lo expresado ?que creo es compartido, por la objetividad de su experiencia como abogado especializado en temas tributarios y laborales, con una gran trayectoria en el ámbito académico?, me es ineludible hacer una referencia a la persona.

Al doctor Cabrera lo conocemos desde la actividad política: ha servido al Partido Nacional desde siempre, fue representante nacional por el departamento de Montevideo, ejerció como diputado. Pero reitero: me es ineludible hacer una referencia a la persona, porque es un amigo de muchísimos años. Con él militamos en la actividad estudiantil, en los ámbitos universitarios en el inicio de nuestra actividad política, en el wilsonismo, siempre dentro del Partido Nacional.

Sin duda, es un momento gratificante aprobar la venia, pero no solo por lo que se ha expresado, por lo que significan su formación y su especificidad para llevar adelante la responsabilidad de la presidencia del Banco de Previsión Social. En este 2021 cumple treinta años de ejercicio liberal de la profesión, es un abogado reconocido que integró el Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay en dos oportunidades.

Por tanto, con mucho gusto voy a votar esta venia y, como senador de la república, doy fe al Cuerpo de que estamos otorgándola para designar a una persona honesta, a una persona muy preparada, experiente, capacitada, a un ciudadano de bien; no se está equivocando el Gobierno al proponer al doctor Alfredo Cabrera como presidente del Banco de Previsión Social.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en la línea de lo expresado por los señores senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero decir que está llegando a la presidencia del Banco de Previsión Social un digno representante de su generación, de la generación del 83, una generación que tiene mucho de leyenda y que en diferentes ocasiones los distintos Gobiernos la han ido promoviendo a lugares de destaque.

Alfredo Cabrera, apodado el Gato, es uno de los integrantes de la vieja 430, la lista de Los Jóvenes Blancos, que debutaron en el ejercicio del Gobierno de la mano del doctor Guillermo García Costa en el último Gobierno blanco y que, junto con el actual presidente del directorio, el doctor Carlos Mata, el doctor Gonzalo Irrazabal y el doctor Cabrera, se foguearon en aquella época.

Alfredo Cabrera es una de las personas más inteligentes que conozco. Tiene un muy fino sentido de la ironía y la verdad es que el Gobierno acierta en su elección a la hora de promoverlo para un cargo en el que está llamado a tener desafíos y debates importantes, con altura y con mayúscula.

Pienso en su señora y en sus hijos. Pasó toda una vida militando en el Partido Nacional. Es de los cuadros que a uno lo reconfortan porque se trata de militantes que no hacen carrera política para ocupar cargos.

El doctor Cabrera participó en el Gobierno; después estuvo treinta años en el llano y hoy nuevamente le toca servir a su partido desde una altísima responsabilidad. Por eso es un gusto estar en este ámbito para votar su venia.

Gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- En las palabras de los señores senadores preopinantes queda clara la alegría con la que todos estamos apoyando esta venia. Estamos votando por la trayectoria del doctor Cabrera, por cuanto lo apreciamos desde la juventud y desde la militancia universitaria, pero también porque es el hombre para hacer las reformas que el país debe encarar en un sector como el de la previsión social. Es un hombre inteligente, con capacidad de diálogo y negociación, que siempre encara los asuntos de modo integral, estudiándolos profundamente y resolviéndolos con el mejor de los sentidos.

Debemos felicitar la designación propuesta por el Poder Ejecutivo, que una vez más acierta en el nombramiento de quien debe estar al frente de la conducción de los asuntos más delicados del país.

Por otra parte, vaya el saludo a lo que ha sido la trayectoria en el armado y en la transformación primera que nos ha dejado el ingeniero Hugo Odizzio, a quien el país debe agradecerle por haber asumido un lugar que no quería ocupar, pero que lo hizo por vocación patriótica, para servir al país. Dios mediante, en un destino que él ha elegido y que sí quiere, va a desburocratizar bastante la gestión en Uruguay.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de Presidente en el Directorio del Banco de Previsión Social al señor Alfredo Cabrera».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

6) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado pasa a considerar el único punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020. (Carp. n.º 534/2021 - rep. n.º 371/2021 y anexos I al LXXIII)».

(Antecedentes).

(Ver 29.ª S. E.).

–En discusión particular.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Vamos a proponer que se lleve adelante un proceso de votación similar al de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. De este modo, iniciaríamos el trabajo votando en conjunto, por sección y por inciso –por supuesto que antes enunciaríamos el nombre de cada uno de ellos–, los artículos que fueron aprobados por unanimidad en la comisión. Por ende, salvo que existiera algún cambio –que será puesto de manifiesto al inicio–, se podría replicar este método de votación en el plenario. Luego, ingresaríamos en cada una de las secciones e iríamos inciso por inciso para discutir los artículos que lo ameriten. Se trata de aplicar cierta economía procesal para que haya una única discusión por parte de los senadores en cada uno de los incisos; de esta manera, contaríamos con el tiempo prudencial para hacerlo.

En definitiva, en primer lugar mociono para que se inicie la votación con los artículos que vienen aprobados por unanimidad en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada por el señor senador Penadés en el sentido de considerar primero y votar en bloque los artículos que vinieron aprobados por unanimidad de la comisión.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADÉS.- También mociono para que se suprima la lectura del articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los artículos que vienen votados por unanimidad figuran, con la numeración actual, en la última columna del repartido que tienen todos los señores senadores. Ellos son: sección II, «Funcionarios», artículos 6.º, 13, 20, 21 y 22; sección III, «Ordenamiento Financiero», artículos 25 y 35; sección IV, «Incisos de la Administración Central», artículos 40…

(Dialogados).

–Reitero que los artículos que estamos sometiendo a votación figuran en la última columna del repartido que tienen en su poder.

(Dialogados).

–Los miembros de la comisión entenderán que como no todos los integrantes del Cuerpo forman parte de ese grupo de trabajo, corresponde explicar qué es lo que vamos a votar.

En el repartido que todos tenemos, los artículos que vamos a someter a votación son los que figuran en la última columna.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Precisamente, quiero referirme a lo que la señora presidenta señalaba con gran precisión para que lo puedan entender los senadores que no estuvieron en la comisión. Creo que lo más fácil es mirar la única referencia que hay sobre el resultado de la votación. En esa columna, los artículos aprobados por unanimidad figuran remarcados en naranja. También se podría discriminar por columnas; es posible hacerlo, pero puede ser más difícil de entender para quienes no estuvieron en la comisión.

Insisto en que lo que está remarcado en naranja es lo que tuvo votación unánime en la única columna que contiene resultados de votaciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si bien es verdad lo que señala el señor senador, la Mesa debe indicar la numeración actual de los artículos. Por lo tanto, ahora que todos estamos de acuerdo en cuáles son los artículos que tenemos que tomar en cuenta, pasamos al análisis de los que fueron votados por unanimidad.

Pasamos a la sección II, «Funcionarios».

En consideración los artículos 6, 13, 20, 21 y 22.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección III, «Ordenamiento Financiero».

En consideración los artículos 25 y 35.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Solicito el desglose del artículo 25, porque quizás se presente un sustitutivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiere decir que no vamos a votar ahora el artículo 25.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Me gustaría que la miembro informante explicara los motivos del desglose de ese artículo, porque lo habíamos votado en forma conjunta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Para responder la consulta, tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Estamos considerando una redacción propuesta, señora presidenta; quizá quede tal como está o quizás no. Simplemente intentamos mejorar la redacción, no eliminar el artículo.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda desglosado el artículo 25 para darle una nueva redacción.

En consideración el artículo 35.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 28. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Es algo que iba a hacer después, pero me parece que este es el momento.

Simplemente quiero señalar que votamos por unanimidad este artículo después de todo un proceso, porque estamos hablando de las cooperativas de los trabajadores, incluidos los molinos Florida y Santa Rosa.

Como he dicho, ha sido todo un proceso –estuve en comunicación varias veces con el coterráneo Lanz, así como con nuestra bancada– y saludo que se hayan incorporado las modificaciones que los trabajadores pedían.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ingresamos a la sección IV, «Incisos de la Administración Central».

Comenzamos por el inciso 02, «Presidencia de la República».

En consideración los artículos 40, 41, 43, 53 y 54.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional».

En consideración los artículos 55, 58, 59 y 63.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 04, «Ministerio del Interior».

En consideración los artículos 64, 65, 66, 68, 70, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 y 113.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

En consideración los artículos 120, 122, 124 y 125.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores».

En consideración los artículos 140, 141 y 142.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

En consideración los artículos 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 159, 160, 163, 166 y 169.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería».

En consideración los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 183 y 186.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 09, «Ministerio de Turismo».

En consideración el artículo 187.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas».

En consideración los artículos 189, 190, 191, 193 y 194.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura».

En consideración los artículos 197, 200, 201, 205 y 206.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 12, «Ministerio de Salud Pública».

En consideración los artículos 214, 217, 218, 220, 221 y 222.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».

En consideración los artículos 223, 224 y 225.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 14, «Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial».

En consideración los artículos 226, 228, 231, 233 y 235.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social».

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicitamos que se desglose el artículo 255 por un aspecto de redacción que no quedó claro en la comisión. Si así lo requieren los señores senadores, después procedo a aclarar el punto.

Agradezco a la cámara el desglose solicitado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda desglosado el artículo.

En consideración, pues, los artículos 252, 253, 254 y 256.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 36, «Ministerio de Ambiente».

En consideración los artículos 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y 266.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ingresamos a la sección V, «Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República».

Comenzamos por el inciso 16, «Poder Judicial».

En consideración los artículos 268 y 269.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 18, «Corte Electoral».

En consideración el artículo 270.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

En consideración los artículos 271 y 273.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 26, «Universidad de la República».

En consideración los artículos 274, 275, 276, 277 y 278.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay».

En consideración los artículos 280 y 281.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 29, «Administración de los Servicios de Salud del Estado».

En consideración los artículos 283, 284, 286 y 287.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 31, «Universidad Tecnológica».

En consideración el artículo 289.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 33, «Fiscalía General de la Nación».

En consideración los artículos 290, 291 y 293.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública».

En consideración los artículos 295, 296, 297 y 298.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

En consideración los artículos 299 y 300.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección VI, «Otros incisos».

Comenzamos por el inciso 21, «Subsidios y subvenciones».

En consideración los artículos 302, 303, 304, 305, 308 y 309.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Vamos a pedir el desglose del artículo 308 para hacer algún ajuste técnico en la redacción. Posteriormente, con tiempo, haremos conocer el sustitutivo a las demás bancadas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda desglosado el artículo.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 302, 303, 304, 305 y 309.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 23, «Partidas a reaplicar».

En consideración los artículos 310 y 311.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: del mismo modo, pedimos el desglose del artículo 310, porque nos han recomendado una redacción diferente para que quede mejor desde el punto de vista técnico. Presentaremos el sustitutivo para que se conozca con tiempo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda desglosado el artículo.

En consideración el artículo 311.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 24, «Diversos créditos».

En consideración el artículo 314.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección VII, «Recursos».

En consideración los artículos 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 y 328.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección VIII, «Disposiciones varias».

En consideración los artículos 329, 330, 331, 332, 337, 339, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 352, 355 y 356.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 13 de octubre de 2021

Señora presidenta del Senado

Beatriz Argimón

Por su intermedio, solicito al Cuerpo me conceda licencia para los días 13 y 14 de los corrientes, por razones personales.

Sin otro particular, aprovecho a saludarla.

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Eneida de León, Yamandú Orsi, Daniel Caggiani, Graciela Barrera, Manuela Mutti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 13 de octubre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día jueves 14 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Daniel Olesker. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores José Nunes y Gonzalo Civila han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Liliana Queijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del único punto del orden del día.

Habiendo votado aquellos artículos que fueron aprobados por unanimidad en la comisión, procedemos ahora a considerar los restantes de las distintas secciones del proyecto de ley de rendición de cuentas.

Pasamos a la sección I, «Disposiciones generales».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: creo que estamos en condiciones de votar en bloque los artículos 2.°, 3.° y 4.°, por lo que formulo moción en ese sentido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 2.°, 3.° y 4.°.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a la sección II, «Funcionarios».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Proponemos votar en bloque los artículos 5.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 23.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 5.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 23.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Nosotros queremos, como Frente Amplio, dejar alguna constancia.

Aquí en esta casa, en la discusión de la ley de presupuesto y de la LUC, se nos dijo que se iba a enviar una nueva carrera administrativa para la función pública. El Gobierno y el oficialismo se comprometieron en esas instancias a presentar una innovadora propuesta sobre la carrera administrativa de los funcionarios públicos y, lamentablemente, esta es la tercera oportunidad que se pierde. En esta rendición de cuentas no se presentó esa nueva e innovadora carrera administrativa.

Ahora bien, no solo no se cumplió con ese compromiso, sino que se va en sentido contrario. Se hicieron reestructuras parciales en los incisos del presupuesto nacional, y aquí en esta rendición de cuentas también vemos reestructuras parciales donde no se advierte la integralidad de la función pública, como fue el compromiso.

Todavía no fue reglamentado el artículo sobre las reestructuras y los puestos de trabajo que fuera aprobado en el presupuesto nacional, con la gran incertidumbre y los temores que eso genera sobre los funcionarios públicos.

Nos preocupan, como dije, las reestructuras parciales; ni siquiera se ha podido poner en funcionamiento la implementación de lo referente a aquellos delegados que se votaron en la LUC en cada uno de los incisos.

De manera que, lejos de estar ante propuestas integrales para la función pública, estamos frente a soluciones parciales y fragmentadas, con una carencia de visión global al tratar esta temática.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- El tema de la reestructura y la reforma del Estado como la madre de todas las batallas arranca en el primer Gobierno frenteamplista, en el 2005, y la verdad es que fue bastante prolijo y no se pudo llegar a acuerdos.

Se fracasó sistemáticamente, se hicieron toqueteos realmente muy desprolijos, no se pudo llegar a hacer ninguna reestructura en ningún organismo del Estado, y ahí había, además, acuerdo con los sindicatos en la negociación colectiva.

Entonces, no se puede realizar esa imputación a la coalición de gobierno, en medio de una pandemia. Además, el Gobierno se encuentra con un Estado –ya no es la primera vez que lo digo– con un desorden administrativo bastante importante, tal vez producto de la imposibilidad de haber hecho la reestructura general, tanto en los organismos del 220, como en la Administración central. Sí puedo decir que estamos trabajando en este sentido. Debo recordar que el doctor Conrado Ramos era el que iba a hacer la reforma del Estado en ese primer gobierno de Vázquez, y se fue porque no la pudo hacer. A él lo tenemos ahora.

Entonces, lo que pido –con todo el respeto del mundo y a pesar de todo lo que escuchamos ayer, estoicamente callados– es honestidad intelectual y que nos den tiempo, porque nos llegaron acumulados los «parches» que se hicieron en gran parte en los organismos. No digo que haya sido en todos; no tengo esa visión catastrofista, pero sí hubo mucha desprolijidad. Y hubo un reconocimiento, incluso, del expresidente Mujica del fracaso que sintió –lo dijo públicamente– porque no pudo hacer mucho con el Estado en este sentido.

De manera que vamos a poner todo sobre la mesa, vamos a ser sinceros, vamos a tratar de elevar la mira y a pensar que lo que nos importa es el país de verdad, pero no tiene que estar en discursos. Tranquilos, porque nosotros tenemos –sin despreciar a nadie– a uno de los mejores técnicos, tal vez de los consultores internacionales más especializados en reforma del Estado, como es Conrado Ramos. Además, recordamos que el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil es el doctor Ariel Sánchez, que viene de muchísimas Administraciones anteriores y ha aportado –como todos lo hemos visto–, tanto en el ámbito de la Cámara de Representantes como en el de la comisión del Senado, las dificultades y la voluntad real de hacer esas reestructuras.

El tema que hay que recalcar –y ya culmino, señora presidenta– es que se están haciendo reuniones sistemáticas con COFE. Incluso, durante la discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tuvimos conversaciones con COFE, ellos participaron activamente y se recogieron muchas de las iniciativas planteadas.

Así que tranquilos, estamos trabajando. Preferimos hacer las cosas bien de una buena vez, porque un país que tiene más de 300.000 funcionarios públicos en una población de 3:300.000 habitantes, tiene un problema realmente grande para resolver. Así que seamos justos. Si la gente se dio cuenta, tal vez poner orden en el Estado sea de las cosas que hayan influido para querer cambiar, y eso es lo que estamos haciendo.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador, usted ya hizo uso de la palabra.

SEÑOR CARRERA.- Sí, señora presidenta. Simplemente quiero que aclare cuál va a ser el mecanismo de trabajo de la Mesa, porque a mí me concedieron tres minutos, a la señora senadora Bianchi quince y, si miramos el reloj, al señor senador Olesker se le conceden tres minutos.

Estamos discutiendo por inciso. Por lo tanto –si no me equivoco– lo que corresponde por reglamento son quince minutos. Después, en la discusión de cada uno de los artículos corresponden tres minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es así, señor senador. Son quince minutos.

SEÑOR CARRERA.- Solicito, entonces, que se corrija el reloj.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Cuando le di el uso de la palabra, pensé que iba a realizar una aclaración. Disculpe, señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

Dispone de quince minutos.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: muchas gracias, pero no voy a utilizar tanto tiempo.

Estamos muy preocupados por este capítulo de funcionarios, como lo estuvimos cuando se consideró la ley de presupuesto, por varias razones que voy a enumerar brevemente.

La primera de ellas –retomando la exposición del señor senador Carrera– es que ya van a ser dos años civiles de este Gobierno y los procesos de reestructura anunciados en el presupuesto no se han iniciado. Cuando vino el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil habló de pilotos, es decir que se cambió la tesitura de la reestructura por pilotos. El señor ministro de Ambiente argumentó que por ser un ministerio nuevo se lo había elegido como piloto, pero parece que este proceso no avanza. Además de que no avance, nos preocupa que no haya continuidad en la negociación colectiva en el sector público. No hay continuidad en las reuniones. Más allá de que la senadora preopinante haya hablado de vínculos con COFE, está claro que no ha sido muy considerada la organización sindical en este proceso, ni la organización sindical madre ni las organizaciones sindicales de base.

Por lo tanto, queremos dejar sentado que no solo no votamos por los artículos en particular, sino porque la filosofía que está detrás de estos procesos de reestructura no va alineada con las necesidades de los funcionarios y no ha sido discutida en los marcos que la ley de negociación colectiva de 2008 –que por primera vez incorporó a los públicos– determinaba.

El segundo componente es que el artículo 4.º de la ley de presupuesto nos decía que garantizaba que los trabajadores públicos no perdieran salario real y derogaba el artículo 4.º de la ley de presupuesto de 2010 por otro que determinó una pérdida importante de salario real. Si bien es cierto –como dijo un señor senador en el día de ayer– que fue un poco menos que la que esperábamos –porque la inflación fue menos que la esperada–, igualmente fue pérdida de salario real. Ese artículo decía: «A partir del 1º de enero de 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo […] con el salario real del inicio». Sin embargo, nosotros esperábamos ansiosamente que se cumpliera el compromiso asumido en la ley de presupuesto, de que en esta rendición de cuentas se incorporara no el ajuste, que es materia de decreto de negociación colectiva, sino el criterio con el cual, por lo menos en enero de 2022, estarían los tercios de 2022, de 2023 y de 2024 para llegar a esa meta. Sin embargo, no están los tercios, tampoco el ajuste de 2022 y hoy que estamos a 13 de octubre, tampoco se ha comunicado a la organización sindical cuál será el criterio de ajuste para el mes de enero.

Entonces, nos parece que debería haber un mayor compromiso con esta meta que, dicho sea de paso –lo dije ayer y vuelvo a decirlo hoy–, no compartimos, porque igualar el salario real en cinco años de diferencia es una pérdida financiera impresionante para los trabajadores y un ahorro central para la Administración a costa de los propios trabajadores. Pero esa meta que, repito, no compartimos, al menos es un mínimo indispensable y no está prevista acá, no hay convocatoria de negociación colectiva y no hay anuncio sobre cuál va a ser la recuperación del ajuste. Para cumplir razonablemente la meta de llegar a 2024 con un salario real equivalente, como mínimo en 2022 a la inflación real se le deben sumar dos puntos de recuperación, pero como no ha sido previsto queremos decir que este capítulo nos genera gran preocupación porque, tanto en lo que se refiere a la reorganización y a las reestructuras, como en lo que tiene que ver con la carrera administrativa y al ajuste salarial, se está, a nuestro juicio, perjudicando a los trabajadores del Estado, particularmente a los de la Administración central que no son 300.000. Esa cantidad incluye a todos los trabajadores del Estado, pero las empresas públicas tienen su propia negociación colectiva, los militares y policías tienen su propia negociación, al igual que los organismos del artículo 220; acá estamos hablando de una negociación que compete a un número bastante más reducido de trabajadores, fácilmente organizable, que no ha sido convocado.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: quiero hacer algún comentario sobre el tema salarial.

El artículo 4.º de la ley de presupuesto fijó criterios, modificó algunas de las políticas que se venían llevando adelante, en tanto fija los aumentos salariales vinculándolos a la inflación proyectada; establece algunos criterios vinculados a todas las remuneraciones y también que en 2024 habrá recuperación, aunque no estableció con qué gradualidad, algo que nosotros hubiéramos preferido. No estableció en qué momentos y en qué porcentajes de la pérdida salarial de 2021 –que, obviamente, fue pactada, acordada y registra el artículo 4.º– se iba a comenzar a recuperar y tampoco lo contiene esta rendición de cuentas.

Tengo la expectativa de que, en la realidad del 1.º de enero del próximo año, los trabajadores públicos pertenecientes a la Administración central –como decía el señor senador Olesker, no son todos– cuyo salario esté vinculado al artículo 4.º, no pierdan más salario y reciban el incremento relacionado a la inflación proyectada y a la corrección con la proyección real que, si bien no será recuperación, no agregará pérdida. Esta será una herramienta de la que dispondrá el Poder Ejecutivo y que tendrá que ver con la disponibilidad, pero es la voluntad general que nos inspira.

Además, creo que es sano para el propio Gobierno, porque acumular pérdida no recuperada y amontonarla hacia el 2024 genera un compromiso para ese año difícil de cumplir sin dar un salto muy importante en las finanzas públicas.

Nosotros tenemos confianza en que esto suceda así; fue un compromiso que asumimos en las conversaciones con los trabajadores públicos en su momento. Estampamos el texto del artículo 4.º con la intención de que la realidad nos permitiera ir recuperando gradualmente la pérdida del 2021, que no diría que fue una pérdida aceptada, pero sí, en todo caso, comprendida por la gremial de trabajadores. Se sabía que el 2021 iba a ser un año difícil para todos –el 2020 lo fue– y que no iba a haber recuperación salarial correspondiente a este año, pero sí se acordó que de ahí en más habría una recuperación gradual de la pérdida del 2021 hasta empatar el 2024 con el 2020.

Así que sigue estando ese compromiso, esa intención, y tengo la expectativa –que, en todo caso, es personal; no es un compromiso– de que el 1.º de enero de este año los funcionarios reciban el aumento por inflación, algún componente de recuperación vinculado a la inflación real, al menos, y si fuera posible, algún pequeño porcentaje de recuperación de la pérdida del 2020.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: este capítulo sobre funcionarios públicos fue sumamente conversado con la Oficina Nacional del Servicio Civil y también con COFE, no solo en su comparecencia a las audiencias de las delegaciones de los viernes, sino, además, en reuniones mantenidas con sus representantes donde comprendimos algunos reclamos, muchos de los cuales han sido recogidos e incluidos en el texto.

En este texto se trata de ordenar –creo que con un éxito moderado– los vínculos laborales con el Estado en las distintas modalidades, apuntando a lograr transparencia en la forma de ingreso y acceso a los cargos, especialmente a los de administración superior, que ahora está claro que es por concurso.

En el artículo 7.º se trabajó mucho porque hubo reclamos en el sentido de que los contratos celebrados a su amparo se mantuvieran dentro de la normativa. Así que las nuevas contrataciones sí van a tener una limitación temporal; las vigentes se amparan.

Siempre fue una crítica la precarización de la función pública; ahora se establecen reglas claras acerca de cuándo corresponde la contratación. Así, se distinguen contratos de función pública para tareas permanentes –cuyo aumento transitorio de volumen no pueda ser afrontado por funcionarios presupuestados y en tanto dure la contingencia, con un máximo de cuatro años– y el ingreso por concurso de oposición y méritos.

Se tomaron en cuenta muchas de las sugerencias de COFE en el sentido de garantizar –por ejemplo con un período de prueba– la certeza y la estabilidad de estos funcionarios en su vinculación con el Estado, ya sean contratados, zafrales o transitorios.

También en materia de los zafrales se estableció que es necesario justificar la necesidad para momentos específicos, como por ejemplo una campaña de la DGI de recaudación del IRPF, y cesan, evidentemente, una vez finalizado el período de contratación, con un máximo de ocho meses y sin prórroga. Si bien en estos casos el ingreso no es por concurso, sí –y esto fue a pedido de COFE– sería por un llamado público de oposición, méritos o sorteo.

Por otra parte, se establecieron contratos de función pública limitados en el tiempo, como el provisoriato, que es una modalidad de ingreso a un cargo presupuestado por el plazo de doce meses, luego del cual el funcionario queda incorporado en forma definitiva al cargo. Aquí es que se establece este plazo mínimo de cuatro meses –según nos decían los delegados de COFE– para que el funcionario pueda demostrar su idoneidad en el cargo, dándole una oportunidad que va más allá de lo que ocurre en el ámbito privado, en el que el período de prueba es de tres meses. Reitero, aquí es de hasta cuatro meses y en el proyecto original no se establecía un plazo mínimo de permanencia.

También tenemos el contrato laboral con un máximo de doce meses, cuyo reclutamiento debe ser por concurso o por sorteo solo para funciones no calificadas.

Con relación a la asignación transitoria de funciones de administración superior, podrán asignarse transitoriamente mediante concurso. Es de hacer notar que este es un nuevo reclamo de COFE que fue recogido.

En lo que tiene que ver con el personal contratado o presupuestado que ingresa por concurso público y abierto, se realizará previo pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

En definitiva, se ordena, se transparenta la forma de ingreso, se reconocen los derechos adquiridos y se da certeza y estabilidad.

En lo que refiere a las licencias, se establece la necesidad de abrir sumario. En realidad, es sobreabundante, porque, constatada una irregularidad, ya correspondía iniciar un sumario por parte del jerarca.

Quiero mencionar algo que no tiene un costo económico, pero que sí es importante desde el punto de vista del capital social y humano. Me refiero a determinadas equiparaciones que se establecieron, es decir a beneficios que se gozan en la actividad privada que se trasladan a la actividad pública. Concretamente, se trata de la equiparación del régimen público con el privado en lo que respecta a licencias especiales –diez días para funcionarios que tengan hijos con discapacidad a su cargo para la realización de controles médicos, y 96 horas para funcionarios que tengan a cargo familiares con discapacidad o enfermedad terminal– y la equiparación de ayudas especiales del BPS para padres que tengan a su cargo hijos o menores con discapacidad.

No se recogió todo el reclamo, pero sí gran parte de él.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Tenemos que intentar dejar en claro una postura. Lo primero es reivindicar la alta responsabilidad que los sindicatos de los trabajadores públicos expresaron en medio de la crisis. Para ningún trabajador es sencillo colocarse en condición de perder salario y, con este, condiciones de vida.

Los trabajadores del Estado estuvieron en condiciones de llegar a un acuerdo según el cual pierden salario durante muchos años. Lo único que pidieron como contrapartida son dos componentes de la negociación. Uno de ellos era que esa pérdida no fuera eterna, es decir, que cuando se recuperara la economía, se recuperara el nivel salarial. De esa forma, se enfrentaba un presupuesto que proyectaba culminar el desempeño económico en el 2020 doce puntos por encima del inicio. De todas maneras, hoy estamos discutiendo una rendición de cuentas que se coloca al final del período en seis puntos por encima del crecimiento económico, comparado con el de 2019.

En definitiva, ellos pidieron que esa pérdida no fuera eterna y que se recuperara, que se explicara cómo se iba a recuperar y que dejáramos claridad en la base cien. Esto fue parte sustantiva de la negociación. El señor senador Gandini lo sabe muy bien porque participó en ella. En ningún momento hubo claridad –el texto no es claro; al contrario, es ambiguo– en cuanto a qué momento tomamos como referencia para la pérdida. Digo esto porque, si tomamos que la base cien es enero –como se ha dicho en la negociación de manera sostenida–, cuando la pérdida ya se produjo, la recuperación no es tal. Al final, se consagra la pérdida. Y no es que no haya habido acuerdo por torpeza en la negociación. De hecho, cuando intercedió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para acercar a las partes en la negociación, no tuvo fuerza para garantizar ese elemento mínimo. Como dijo el señor senador Olesker, en el mejor de los mundos, que implica que se recupere el salario perdido al final del período, la pérdida que se tuvo en el medio no se recupera y el deterioro se acumuló.

Ahora, si no hubo acuerdo con los trabajadores del Estado no fue porque no tuvieran la voluntad –que no tuvo, por ejemplo, el sector financiero que ha acumulado ganancias como pocas veces, récord en derivados financieros en el exterior, en depósitos de no residentes, sin aportar a la crisis–, sino por esas condiciones, que nadie puede ubicar como una plataforma demasiado exigente; en una hoja de ruta de cómo se recupera, es claro que lo que se recupera es el salario que se tenía antes. La cuestión es que la conducción económica con mucha contundencia ha dicho que no tiene disposición y lo expresó con claridad cuando asumió en enero, cuando tenía un convenio anterior que debía garantizar la pérdida de diferencia entre la inflación proyectada y la real del período anterior, como elemento básico de cualquier negociación.

Entonces, más allá de los deseos personales del señor senador Gandini –sé que los tiene y que intercedió en la negociación pasada para intentar arribar a un acuerdo–, que no se haya llegado a un acuerdo tiene que ver con la intransigencia de una de las partes que, en este caso, claramente no es de parte de los trabajadores que asumieron, durante un período no largo en la negociación, conceder salario en favor de un acuerdo que no se alcanzó.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Señora presidenta: sumándonos a la preocupación con respecto a la lentitud de determinados procesos, y siendo conscientes de que son complejos, debemos reconocer también –y así lo hicimos cuando compareció en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda la Oficina Nacional del Servicio Civil– la voluntad del director del organismo, el doctor Conrado Ramos, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar durante todo el período anterior en el asesoramiento que la Universidad de la República brindó a la Intendencia de Montevideo respecto al desarrollo de la carrera funcional y su actualización.

También en esa comparecencia tuvimos oportunidad de compartir una preocupación que sabemos que es común relativa a la implementación de mecanismos de transparencia en el ingreso a los Gobiernos departamentales, así como en lo que tiene que ver con el desarrollo de la negociación colectiva en sus ámbitos. Nos consta –y así lo hicimos en el período anterior– que la Intendencia de Montevideo estableció un convenio con la Oficina Nacional del Servicio Civil para incorporar todos sus llamados públicos –tanto por concurso de oposición y méritos, como por sorteo– a través de algo que el propio director del mencionado organismo destacaba como una fortaleza: la página web Uruguay Concursa, que permite que todos los uruguayos accedan a la posibilidad de ingresar al Estado en iguales condiciones según sus méritos y capacidades. La Intendencia de Montevideo publica todos sus llamados a través de este mecanismo y la idea era ir incorporando al conjunto de las intendencias. Vale destacar que el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil compartió este criterio. Aquí se analizó en ocasión de la rendición de cuentas de 2007 un aditivo que establecía que el sorteo y el ingreso por concurso a las intendencias departamentales debían ser establecidos por ley. Este mecanismo fue aprobado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en su oportunidad y, luego, lamentablemente no contó en el plenario con los dos tercios de votos para su aprobación. Nos parece que este sería un paso muy importante. Sabemos que estamos dando finalización a este proceso, pero como todavía restan algunos años de gobierno nos parece que es una buena idea considerar esta posibilidad, dado que la Oficina Nacional de Servicio Civil comparte esta preocupación de transparentar el ingreso al Estado en las intendencias y también la promoción de la negociación colectiva, que es algo que los distintos ministros de Trabajo y Seguridad Social intentamos hacer con escaso éxito en Gobiernos anteriores y me consta que en el actual también.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: cuando se da este tipo de discusiones nos vienen a la mente algunos pensamientos porque hay una especie de sacralización de actitudes de gremios o sindicatos de los funcionarios públicos por haber tenido una actitud comprensible frente al Gobierno en el momento de la pandemia. Este es un país en el que el funcionariado público, sí y solo sí, tiene más privilegios que los 60.000, 70.000 u 80.000 trabajadores privados que perdieron el trabajo antes y después de la pandemia. Por lo tanto, cada uno tiene que tratar de asumir su rol. Yo entiendo y quiero que todo el mundo gane más, pero hoy el eje, el foco, la preocupación que debe tener este Gobierno es recuperar el empleo, señora presidenta. El funcionario de la Administración central en la pandemia la pasó infinitamente mejor que el empleado del sector privado; mucho más que los emprendedores. Esas son las realidades, señora presidenta; si no terminamos hablando del sector financiero o de las medias verdades que escuchamos durante las catorce horas de ayer. El problema del Uruguay hoy es la falta de empleo y los caídos. Vamos a repetirlo: la falta de empleo y los caídos; y ahí tienen que estar el sistema político y los gremios tratando de focalizarlo. Hay 60.000 trabajadores privados que perdieron sus empleos ¡antes de la pandemia! y no hay un solo empleado público que haya perdido su empleo durante la pandemia.

Entonces centremos los debates, señora presidenta, porque ¡para muestra basta un botón! Si usted, señora presidenta, quiere saber las barbaridades en el manejo de los funcionarios públicos de los últimos años tiene que prender la televisión y ver la indignante actitud de una alta jerarca que presidió Ancap para con el pueblo uruguayo, al que le está reclamando $ 7:000.0000. Ayer hablamos de $ 500.000, de $ 1:000.000 para un organismo o para otro. Entonces, dejémonos de dar cátedra, de sensibilidad. Dan cátedra de sensibilidad, por un lado, y reclaman ¡$ 7:000.000 cuando se le dio de mala forma un cargo en suspenso, en una empresa privada!

Entonces, para hablar, hablemos de todo.

Muchas gracias.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa solicita a los señores senadores, en primer lugar, cumplir con el sistema de trabajo que acordamos los coordinadores y, en segundo término, que nos centremos en la discusión del articulado.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me anoté simplemente porque también es bueno que quede traslúcido que en la exposición de un señor senador que me antecedió en el uso de la palabra se vio como el odio a los funcionarios públicos.

(Dialogados).

–Yo lo capté así.

Lo que quiero decir es que si no fuera por los funcionarios públicos la pandemia no hubiera sido tan bien manejada como ayer se estuvo diciendo todo el día. Los maestros hicieron todo tipo de tarea para poder mantener en alto la calidad de la educación. Los enfermeros y los médicos dieron todo de sí para lo mismo. Los funcionarios que están a cargo de los servicios públicos, como OSE, UTE y Antel, también dan cada uno lo mejor. Entonces no puedo entender ese rechazo –por no decir de nuevo la otra palabra que parece que molestó– a los trabajadores públicos. De lo que se trata es de mantener el compromiso de que se recupere su salario al terminar el quinquenio o no. Parecería que no se va a cumplir ese compromiso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 5.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 23.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

Continuamos con la sección III, «Ordenamiento Financiero».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra con respecto a este tema, proponemos que se voten en bloque los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

Continuamos con la sección IV, «Incisos de la Administración Central», inciso 02, «Presidencia de la República».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso, proponemos la votación en bloque de los artículos 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos 37, 38, 39 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la verdad es que el artículo 39 implica, a nuestro juicio, un verdadero retroceso en materia de transparencia. Nosotros pensamos que esta norma se había retirado, puesto que cuando lo discutimos en comisión entendimos que el secretario de Presidencia así lo había dicho.

Este texto propuesto tiene un informe negativo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, firmado por el doctor Gabriel Delpiazzo, en el que incluso se afirma que realizarán todos sus esfuerzos para quitarlo de la rendición de cuentas. Con esa finalidad, el Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública envió una nota el 9 de julio, firmada por su presidente, el doctor Gabriel Delpiazzo, y por la archivóloga Alejandra Villar, a quien recibimos en la instancia de las audiencias. Esta nota fue firmada también por los veintidós miembros del Consejo Ejecutivo, y en ella se dice textualmente: «Esta propuesta de cambio nos tomó por sorpresa, ya que en ningún momento fuimos noticiados ni consultados sobre la misma. Tomamos conocimiento de ella una vez publicado el proyecto de ley presentado ante el Parlamento». No discutimos sobre esto en la comisión del Senado porque, reitero, entendimos de parte de Presidencia de la República que el texto iba a retirarse. En cambio, en la Cámara de Representantes sí se discutió, pero la modificación no se fundamenta. La única explicación que se dio por parte de Presidencia –brindada por el director de la OPP, Isaac Alfie– fue que lo que se busca es evitar el trabajo de los funcionarios. Por eso no lo discutimos en la comisión, y en el día de ayer, cuando preparaba el trabajo para la jornada de hoy, pensé que se había retirado. Por lo tanto, me tomó por sorpresa.

Lo que tenemos para decir es que este artículo es muy complicado, en particular el último inciso, que dice: «La información detallada en el presente artículo solo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública establecida en los artículos 13 y siguientes de esta ley, en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales o no estatales obligados en este artículo. La información solicitada que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año solo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión». Se trata de una modificación respecto a la cual hay consenso técnico de parte de todos –absolutamente todos– para calificarla de regresiva. Es una modificación regresiva en materia de transparencia, de acceso a la información y, por tanto, en materia de derechos fundamentales porque se considera que poder acceder a la información pública es un derecho fundamental. Ningún organismo de acceso a la información pública ni ningún experto de nuestro país lo avala. Estamos hablando de que la Unidad de Acceso a la Información Pública, la Udelar y Cainfo están en contra de esta modificación, ya que consagra obstáculos y trabas para acceder a la información. Reitero: consagra obstáculos y trabas. La propia Unidad de Acceso a la Información Pública así se pronunció –tal como leí–, y también lo hicieron la Universidad de la República y Cainfo.

Esta modificación va a contrapelo de la preocupación de todo el sistema político por los temas de transparencia, porque creo que en esto debemos tener una política de Estado. No puede ser que no tengamos acuerdo en este tema. Si realmente no lo tenemos, el discurso no refleja la realidad, porque todos debemos estar de acuerdo en respetar el acceso a la información pública; hay que profundizar la transparencia y no poner obstáculos.

Entonces, realmente nos preocupa este tema. Sabido es que los organismos públicos ya tienen dificultades para publicar la información en sus sitios web, y esto haría que las personas interesadas en acceder a ciertos datos tengan que esperar, por lo menos, un año –reitero: un año– para que se publiquen. Recién después de ese plazo, si hay un incumplimiento, se podría iniciar el pedido administrativo para el acceso a la información pública. Por lo menos así lo interpretamos nosotros y es lo que dicen los académicos, pero, además, la redacción es muy poco clara.

Por lo tanto, señora presidenta, el Frente Amplio quiere hacer un llamado de alerta para dejar en claro que la balanza se inclina hacia la opacidad, hacia el secreto. Este cambio no hace más fácil ni amigable el acceso a la información; esa es la verdad, es la realidad. Contrariamente, se exige el cumplimiento de requisitos para poder acceder a la información y se retacean las garantías de los ciudadanos, que son los reales beneficiarios de la transparencia y del acceso a la información pública.

También queremos dejar constancia de que el hecho de retacear información puede afectar el trabajo de los periodistas, de los investigadores, de las personas en general, interesadas en la transparencia del Estado.

Muchas gracias, señora presidenta. Era cuanto queríamos expresar desde el Frente Amplio.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- «Así lo interpretamos nosotros», dijo el senador Carrera, quien critica este artículo. Está bien; en materia de interpretaciones existe libertad.

Este artículo, lejos de ser un retroceso, es un avance, porque apunta a la celeridad y a evitar la duplicación innecesaria de procedimientos; este artículo no deroga el régimen general de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, que se mantiene incólume. El derecho consagrado constitucionalmente, y reglamentado en diversas leyes, de acceso a la información se mantiene incólume. ¿Qué es lo que dice el artículo? Dice que solamente en el caso de que requerido a un organismo, este incumpla con brindar información, y si se verifica ese incumplimiento, podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública. Esto no será necesario para el caso de informaciones que constan y están plasmadas en publicaciones periódicas de acceso público, porque están disponibles. Con eso alcanza.

Rechazo, entonces, como también lo hizo el secretario de Presidencia de la República durante su comparecencia en comisión, que se hable de opacidad y de secretismo en una Administración que se caracteriza y puede jactarse de una absoluta transparencia en la gestión. Los periodistas y los investigadores pedirán la información a los organismos y en caso de que estos incumplan, tendrán acceso igualmente. Si la información se encuentra publicada, no será necesario un pedido para aumentar la burocracia de acceso, porque los datos están disponibles. Lo que hace el artículo es simplificar.

Por lo tanto, se rechaza la acusación injusta e infundada de opacidad y secretismo.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: en realidad queríamos escuchar los fundamentos. Creo que si un artículo es opaco, porque hay dos interpretaciones en algo que es tan serio como la transparencia y el acceso a la información, correspondería desglosarlo y enviarlo a comisión para su estudio. Si la intención es la que se expresa por parte de la coalición a través de la senadora Asiaín lo indicado sería mejorar la redacción en otro ámbito, porque creo que a todos nos preocupa mucho el tema de que esto constituya un retroceso en la solicitud de información. Como se ha dicho, por lo menos verbalmente, siempre se expresa que se apunta a la transparencia y a que todo el mundo pueda acceder a la información.

Por lo tanto, solicito que se desglose el artículo y se profundice en el texto.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: quiero recordar dos aspectos de este artículo que, además, ya planteé durante la discusión en comisión.

A quien recibimos y dio la argumentación en contra fue al director de la secretaría. Lo primero que nos informó el doctor Delpiazzo fue que no lo habían consultado sobre esta modificación y que si lo hubieran hecho habría dicho que es innecesaria, pues no correspondía por lo que refiere a la función de la secretaría. Se nos habla de celeridad pero, en definitiva, para eso están las prórrogas que se usan habitualmente. Quienes hacemos solicitudes de acceso a la información pública sabemos que muchas veces las prórrogas se manejan y están basadas en un procedimiento para garantizar la transparencia.

Por otro lado, uno de los aspectos que se esgrimen cuando se habla de la celeridad de la tramitación no aplica al tipo de información que, en general, es fruto del acceso a la información pública. Otra de las cuestiones que quería recordar es que todos los senadores recibimos una carta del representante regional para América del Sur de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Jan Jarab, y de la directora de la Oficina Regional de Ciencia de la Unesco para América Latina y el Caribe, Lidia Brito, en la que cuestionaban la modificación de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública que está prevista en este proyecto de rendición de cuentas.

Por lo tanto, no es una argumentación de los legisladores del Frente Amplio, sino que la dio el propio doctor Delpiazzo, el comisionado de las Naciones Unidas y Lidia Brito. Me parece que tenemos el sustento necesario para indicar que este artículo es perjudicial a la acción de la transparencia de la información pública y me uno al pedido de desglose y de pase a comisión del artículo solicitado por la senadora Della Ventura para tratarlo con más profundidad.

En síntesis, nuestro voto es negativo justamente por estas razones que acabo de fundamentar.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: en primer lugar hay que ubicar lo que dice este artículo, pues mantiene la obligación que ya tenía el artículo 5.º de la Ley n.º 18381 pues dice que los sujetos obligados deben dar, publicar y difundir información mínima sobre los temas que aquí se detallan, que son básicamente asuntos permanentes. Está hablando de la estructura orgánica –eso debe estar en la página web–, de las facultades de cada unidad administrativa, la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones, cargos, compensaciones, información sobre el presupuesto asignado, ejecución, concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando titulares o beneficiarios, así como de toda información estadística de interés general, mecanismos de participación ciudadana con domicilio y unidad a la que debe dirigirse para solicitar información. Quiere decir que el último inciso está referido a esas y no a todas las informaciones; no bloquea el pedido de acceso a la información, sino que la refiere a estas informaciones mínimas de funcionamiento, estructura y administración habitual. Por lo tanto, se podrá hacer pedidos de acceso a la información –que son los que habitualmente se hacen– sobre decisiones que se toman en otros sentidos y que son las que normalmente revisten interés. Esto tampoco bloquea el derecho al pedido de informes que hace un legislador.

Por lo expuesto, creo que esto no puede calificarse como una medida que bloquea la transparencia y apunta a aportar opacidad. Eso es una ofensa. Opacidad pueden aportar las decisiones de los jerarcas como, por ejemplo, declarar reservados procedimientos que de hecho no lo son, como hizo el Directorio de Antel –ya hemos discutido esto y lo seguiremos haciendo– cuando en su momento declaró que las actuaciones eran secretas y reservadas por diez años y, por ende, no dio acceso a la información que se le solicitó, sobre todo en el proceso del Antel Arena. Y ni hablemos del tema de que la mayoría de las adjudicaciones fueron directas a los mismos proveedores, sin regímenes de competencia, con un gasto tres veces mayor de lo que se había planificado. Eso sí es opacidad, porque hubo una decisión de la Administración del momento de declarar secretas y reservadas actuaciones sobre la construcción de un estadio, no de una central nuclear ni de una base militar ni de un polvorín de armas ni de una embajada, porque si hubiera sido ese el caso uno podría entender que no se dieran los planos ni se dijera cómo se hizo por razones de seguridad. Pero estamos hablando, repito, de un estadio y de los procedimientos de compra. Eso era opacidad. No nos comparen este artículo con la opacidad, porque es otra cosa. Este artículo pretende que lo que ya está no se vuelva a preguntar, porque hay obligación mínima de dar esa información. La idea es que se pregunte todo lo demás que no esté ahí y eso entra dentro de la ley de acceso a la información pública. Además, si quieren preguntar más detalles de esto se puede hacer en un plazo y no hay restricciones para los parlamentarios, que podrán seguir haciendo sus pedidos de informes.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias. Voy a ser breve, ya que lo que dijo el señor senador Gandini me representa totalmente. Poniendo un poco de humor en el asunto, voy a decir que si esto lo hubiera dicho yo se habría escuchado algún gritito, pero como lo dijo el señor senador Gandini eso no ocurrió; o sea que el machismo parece que sigue campeando. En consecuencia, eso es clarísimo.

Ahora bien, quiero dejar constancia, señora presidente, de algo que me corresponde sobre este capítulo. Creo que hay que tener cuidado con el tema del abuso del uso de la información pública porque, como todo, tiene que ser centrado en la ecuanimidad de ciudadanos responsables que tienen confianza en sus autoridades. Si partimos del precepto de que no tenemos confianza, entonces estamos mal. Este es un régimen democrático, no es dictatorial ni autocrático y yo le tengo confianza, aunque no los haya votado. Como legisladora jamás usé ni usaré el sistema de acceso a la información pública, ya que es la negación de mi carácter de representante en el Parlamento. Nosotros tenemos todos los mecanismos para que nos respondan las autoridades y, si no lo hacen, tenemos los máximos recursos, como el llamado a sala o la interpelación. Sinceramente, me parece una reasignación de funciones inconstitucional. Además, hay otra cosa. Por supuesto que lo que diga el comisionado parlamentario de las Naciones Unidas, hasta que las Naciones Unidas no demuestren que van a sufrir una fuerte transformación, no me preocupa demasiado.

Yo he sufrido en carne propia el exceso de acceso a la información pública por cualquier cosa y discutimos el tema en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado de la Cámara de Representantes. Un gran logro fue que, en el proyecto de ley de transparencia que salió de la comisión que mencioné en el quinquenio pasado, los que pedían la información, por lo menos, lo hicieran identificados porque, ¿qué es lo que pasa? Los periodistas –ahora hay muchos que se sienten de investigación– piden información que nos afecta, no sé si la privacidad porque no se trata de que uno tenga algo que ocultar, la verdad es que no. En la comisión especial antes mencionada logramos hacer reflexionar a quien fue el impulsor de que desaparecieran todos los controles en el acceso a la información pública –sobre todo de los legisladores– hasta por razones de seguridad, porque se nos expone al escarnio público o a que se muestre nuestro patrimonio sin tener en cuenta la seguridad de nuestra familia.

Sí vamos a lograr aprobar –ya termino, señora presidente– el proyecto de enriquecimiento ilícito; ya está presentado y, además, GAFI lo está exigiendo. Ahí es donde se termina la opacidad, porque de las coimas no se deja recibo, pero donde hay enriquecimiento sorpresivo y sin explicación no hay transparencia.

En consecuencia, ni muy muy ni tan tan; o sea, queremos que se brinde la información que corresponde a un Estado de derecho. Somos representantes y los que tenemos toda la autoridad para pedir la información, pero con cierta calidad porque, después de todo, los ciudadanos tenemos derechos, aunque seamos funcionarios. Mientras rija el Estado de derecho en este país, regirá la presunción de inocencia: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que, en defensa de los valores del Estado de derecho, creo que esto está bien ubicado en el lugar que tiene que estar. Por eso, vamos a votar a favor.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: por supuesto…

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: mociono para que se postergue la votación de este artículo para el final de la consideración de la rendición de cuentas.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, la votación de este artículo se deja para el final de la votación.

(Murmullos en sala).

–¡Por favor, silencio!

Por lo tanto, el artículo 39 se va a votar con posterioridad.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se voten en bloque los artículos 56, 57, 60, 61 y 62.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 56, 57, 60, 61 y 62.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 04, «Ministerio del Interior».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: solicito que se voten en bloque los artículos 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116. El artículo 117 está desglosado y se va a presentar una redacción alternativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: en primer lugar, voy a referirme al artículo 67 porque preocupa mucho, sobre todo a quien impulsó justamente la comisión que tiene mucho que ver con los crímenes de lesa humanidad.

En este artículo, los equipos especializados en crímenes de lesa humanidad, que hoy dependen de la Secretaría General del Ministerio del Interior, pasarán a formar parte de la Policía nacional.

En ese sentido, uno de los promotores fundamentales para que se creara este equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos, el Observatorio Luz Ibarburu hizo llegar algunas consideraciones a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Se entiende que dicha sustitución por parte del Ministerio del Interior supone que el equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos pase a depender de los mandos policiales de la dirección de la Policía nacional integrada, entre otros, por la Dirección General de Información e Inteligencia.

Cuando se creó este equipo especializado, se hizo con el objetivo de dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y al artículo 1.º de la Ley n.º 18831, que restableció la pretensión punitiva del Estado.

A los continuos llamados de atención que recibe el Estado uruguayo por parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos por los magros avances en el cumplimiento eficaz de los procesos de justicia se les suma ahora, con esta iniciativa, un hecho de extrema gravedad, porque otorgar el cumplimiento de los cometidos que la ley asigna al equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos a los mandos de dependencias policiales, que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidades en los crímenes del pasado reciente, es poner de los dos lados del mostrador a un mismo instrumento.

Desde la pretensión de la justicia militar para que se le otorgara competencia, para que se autoinvestigaran de sus conductas crímenes cometidos en el marco de las políticas de terrorismo de Estado, la independencia y la objetividad de quienes deben investigar las conductas del pasado autoritario han sido una preocupación constante de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Una muestra de lo que ocurre cuando a los institutos armados se les otorgan facultades para autoinvestigarse es la actuación de los fiscales militares en el cumplimiento del artículo 4.º de la ley de caducidad, en las versiones falsas brindadas a la Comisión para la Paz, en los informes de las Fuerzas Armadas entregados a la Administración de Tabaré Vázquez, en las actuaciones de los tribunales de honor. A esto se suma también el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia. Es a ellos a los que ahora se les está pasando esta potestad para que sean quienes estén a cargo de estos equipos especializados en graves violaciones a los derechos humanos.

Nos parece que esto debería preocupar a todo el sistema político, que no debería hacerse esta modificación y, como la esperanza es lo último que se pierde, apostamos a que se quite este artículo de esta rendición de cuentas.

Muchas gracias.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Gracias, señora presidenta.

Formulo moción para que el artículo 67 sea desglosado y pase a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

Después de escuchar lo señalado por la señora senadora Della Ventura quisiera dar mi opinión sobre el artículo 67.

¿Cuál es el problema o de dónde surge la necesidad por la que se entendió pertinente promover este artículo? La Dirección Nacional de Asuntos Internos del Ministerio del Interior tiene carencia de personal y de medios materiales para atender los múltiples requerimientos que demanda la tarea que sea ha descrito y que, sin duda, es muy importante.

Los efectos negativos de no considerar esta propuesta se explican vinculándolos a los cometidos de investigación y de apoyo que tienen la fiscalía especializada y los juzgados actuantes. Estos órganos tienen múltiples requerimientos de apoyos concretos –citaciones, notificaciones, conducciones, detenciones, custodia de predios e incautaciones, entre otras– que son propios de las unidades policiales operativas. El resultado que se espera al incorporar estos cambios o modificaciones es asignar ese cometido a una unidad policial con mayores capacidades, precisamente, para atender los requerimientos concretos de esta tarea y, de esa forma, optimizar su cumplimiento. Ese es el propósito concreto y específico que tiene este artículo y por eso se impulsa.

Quería señalar al Cuerpo la justificación que impulsa al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, a proponer las modificaciones que rezan en el artículo 67.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por la señora senadora Nane.

(Se vota).

–12 en 27. Negativa.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta. Lo que me parece más relevante es que no solamente en el Ministerio del Interior hay falta de recursos; la hemos visto a lo largo de toda esta rendición de cuentas. Sin embargo, ustedes han votado o no artículos que, justamente, asignaban recursos a un montón de lugares. Por lo tanto, el argumento de la razón del artillero parece insuficiente para un tema tan importante. Además, se genera un conflicto de intereses en la resolución de hechos con los que –según entiendo– todos estamos comprometidos.

Es verdad que quizá falten recursos ahí, pero también es cierto que faltan recursos en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad; que es necesario un fortalecimiento presupuestal en los juzgados que llevan adelante los casos de derechos humanos y en el Instituto Técnico Forense, y que se requiere la capacitación en derechos humanos de los funcionarios del ministerio público y fiscal, y de los jueces del Poder Judicial. Todo eso es cierto, pero no por eso ni por no hacer esas cosas debemos poner en riesgo la legitimidad y el conflicto de intereses que esta decisión provoca por falta de recursos.

Me parece que el tema se debería discutir en otro ámbito para buscar una solución que no implique justamente poner el conflicto de intereses sobre la mesa; de hecho, es algo que conversamos con el señor senador Camy. Hasta ahora medianamente ha venido funcionando, quizás en forma lenta, pero se ha garantizado la independencia en ese conflicto de intereses que, a nuestro entender, se estaría generando. Frente a esto, creo que es mucho más conveniente preservar que no se dé un conflicto de intereses y que no tengamos un problema mayor, y tratar de ver de alguna manera cómo salimos a buscar los recursos que están faltando para todas estas cuestiones que acabo de describir.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- En el día de ayer dijimos que el personal policial había tenido una pérdida en el salario real del orden del 8 % frente a lo que había recuperado en el período 2005-2015, en el que básicamente el personal ejecutivo tuvo un incremento del orden del 130 %. Sin embargo, ahora vemos que en el artículo 69 se propone un mecanismo –existió anteriormente cuando había un crecimiento del salario real, algo que no sucede ahora– que establece un incremento para aquellos cargos de personal superior de la Policía. Este mecanismo aumenta aún más la brecha que existe entre el personal de dirección y el ejecutivo, que efectivamente es el que realiza las tareas más duras, las de control en calle.

Por lo tanto, nos parece que este no es un elemento positivo, en la medida en que fortalece esa diferenciación entre el personal que tiene responsabilidades de conducción y el ejecutivo, sin tener en cuenta incrementos reales para aquellos funcionarios policiales que están permanentemente en la calle, atendiendo la problemática de la seguridad.

Por otro lado, el artículo 117 establece un mecanismo en el sistema de calificaciones del personal policial que tendrá incidencia en los ascensos del personal. Dicho régimen será el siguiente: un 50 % «por antigüedad calificada, considerando la antigüedad en el Instituto Policial y la antigüedad en el grado» y otro 50 % «por selección directa, debiendo los postulantes estar dentro de la primera mitad de la lista de prelación…».

En definitiva, las dos únicas condiciones que se establecen para ascender son una antigüedad calificada y un concepto bastante subjetivo, que es el que tiene que ver con «haber sido distinguidos por hechos de muy especial arrojo y coraje…», muy valorables pero subjetivos a la hora de evaluar. Nos parece que este mecanismo que elimina la posibilidad de que se ascienda mediante concursos o pruebas, entre otras cuestiones, y establece el criterio de antigüedad como prioritario, no contribuye a mejorar la calificación y capacitación del personal policial.

Por otro lado, quiero dejar constancia de que en la comparecencia del ministro Heber, en oportunidad de la discusión de la situación de las cárceles –todo el mundo sabe que es una situación extremadamente complicada–, él hizo referencia a que se construirían tres cárceles nuevas similares a las de Cerro Carancho, en el departamento de Rivera, y tres barracones en el predio del penal de Libertad. Consultado por el costo de estas obras, expresó que sería del orden de los USD 60:000.000, pagables en diez años. Sin embargo, cuando la ministra de Economía y Finanzas compareció no hizo referencia a ello y, según hemos visto, estos recursos tampoco aparecen asignados en la actual rendición de cuentas. Por lo tanto, no sabemos si efectivamente esto se hará o no, ni de dónde provendrían eventualmente los recursos para ello.

Si tomamos en cuenta el informe del comisionado parlamentario penitenciario, veremos que se comparan 2019 y 2020 y se observa que los tratos crueles, inhumanos o degradantes aumentaron del 26 % al 33 %, las personas privadas de libertad con insuficientes condiciones para rehabilitarse pasaron del 47 % al 56 %, mientras que las oportunidades de rehabilitación cayeron del 27 % al 11 %. Si sumamos esto a las condiciones existentes –que no vale la pena reiterar porque todos los señores senadores las conocen–, queda claro que la no asignación clara de estos recursos en el presupuesto contribuirá a aumentar el hacinamiento carcelario, lo que nos parece un problema de primer orden en materia de seguridad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Ayer miraba lo que expresé aquí el año pasado cuando discutimos el presupuesto, que era lo siguiente: «Señora presidenta: al analizar el inciso 04, “Ministerio del Interior”, queremos decir que aquella promesa de campaña de priorizar la seguridad pública aquí no la vemos plasmada».

También señalé en esa oportunidad: «Vemos con preocupación que hay un recorte superior a los $ 1.300:000.000, y esto va a afectar, más que nada, lo que tiene que ver con el salario. Hay un recorte en el rubro 0, y no hay recuperación salarial de los funcionarios policiales».

Asimismo, dije: «También nos inquieta algo que acompañamos […] relativo a la contratación de dos mil policías, sin financiamiento asegurado; no está asegurado, ya que se prevé que se cubra con una reestructura futura. Lo mismo ocurre con la contratación de mil policías retirados».

Es algo totalmente vigente, señora presidenta. La seguridad pública no se priorizó en el presupuesto y no se prioriza aquí. Eso nos preocupa porque hay que dotarla de recursos presupuestales. El trabajador policial no tuvo recuperación salarial.

(Dialogados).

–Señora presidenta: solicito que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, se solicita silencio.

SEÑOR CARRERA.- El trabajador policial no tuvo recuperación salarial y no se adquirió tecnología diferente a la anterior. El trabajador policial sigue la suerte de los trabajadores en general. Eso nos preocupa. En la ley de presupuesto nacional se habló de la contratación de dos mil funcionarios, pero estos no ingresaron y se está esperando la reestructura. Eso lo dicen las propias autoridades. Lo mismo sucede con los mil retirados policiales.

En cuanto al Plan de Dignidad Carcelaria al que hacía referencia el señor senador Brenta, el año pasado se habló de la contratación de cuatro cárceles en el interior, iniciativa que acompañamos. Hay que mudar esas cárceles y reitero que lo acompañamos. La construcción de una cárcel de máxima seguridad, que se haría a partir de la enajenación de los inmuebles vacíos, es un objetivo no cumplido.

Para saltear las restricciones fiscales en la Cámara de Representantes se habló de un fideicomiso y ahora estamos haciendo referencia a los contratos de construcción carcelaria, que esperemos que no sean como los contratos Crema, que fueron la innovación del presupuesto nacional.

En cuanto a la baja de los delitos, señora presidenta, sobre lo que mucho se ha hablado y quiero dejar constancia para que figure en la versión taquigráfica, todos los estudios indican que el delito se redujo a partir de la pandemia que tuvo un impacto a nivel mundial. No tenemos la menor duda de que así influyó, pero hay delitos que crecieron en 2019 como el de copamiento. Si comparamos 2019 y 2020, vemos que hay seis departamentos del interior del país donde los delitos aumentaron: en Canelones, un 13 %; en Maldonado, un 9 %; en Paysandú, un 14 %; en Salto, un 66 %, y en San José, Colonia y Lavalleja siguen igual. En mi departamento, el delito de homicidio aumentó un 128 %.

Las rapiñas –reitero que queremos dejar constancia para que figure en la versión taquigráfica– aumentaron el año pasado en Paysandú y en San José, mientras que en Maldonado bajaron un 40 %. Creo que en Maldonado no fue la mano del coordinador ejecutivo, aquel de la llamada. Ahí quizás la baja fue real porque disminuyó muchísimo la movilidad.

Hoy quiero dejar una constancia para que quede en la versión taquigráfica en el sentido de que nos preocupa que ya se haya cambiado la metodología del exministro Larrañaga de publicar los delitos todos los meses, porque ahora no se está haciendo todos los meses. Reitero que quiero dejar esa constancia porque dentro de poco vamos a verlo. Desgraciadamente, si comparamos 2020 con 2021, el delito de homicidio en el último trimestre de julio aumentó un 7 %. En agosto de 2020 –reitero, comparando 2020 con 2021– aumentó un 11 % y, por desgracia, en setiembre aumentó un 30 %. Quiere decir que en los últimos meses, julio, agosto y setiembre, tenemos un delito de homicidio por día. ¿Cómo tenemos que discutir esto? A partir de políticas públicas y hay que aprovechar que de este lado la oposición va a ayudar a construir.

En cuanto a los femicidios ?que preocupan muchísimo a la señora presidenta, al igual que a todos nosotros–, este año hubo veintidós más ocho tentativas; el año pasado, dieciséis. Esto tiene que preocuparnos y habría que aprovechar que acá hay una oposición que está para poner el hombro en estos temas.

Por otro lado, nos preocupa el narcotráfico, pero no vemos que podamos construir políticas públicas. Cuando invitamos al señor ministro del Interior a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado le hicimos un planteo, porque se han interceptado cargamentos muy grandes: cuatro millones de dosis. Al respecto, le pregunté si eso era para el mercado interno y me dijo: «Sí, se consume mucho». ¡No! ¡Eso es un dislate total! Eso no es para el mercado interno. Acá están pasando cosas que nos tienen que hacer reflexionar, que nos tienen que hacer tomar medidas y estamos a tiempo de hacerlo. No puede ser que en pocos meses tengamos dos cargamentos de más de cuatrocientos kilos de pasta base. Tenemos que diseñar políticas públicas en ese sentido. Cuatro millones de dosis es imposible que sean para el consumo interno.

El Plan Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo no se ha actualizado, y muchas personas han denunciado que se dejó de lado una política pública –que se había iniciado a partir de la segunda Administración del doctor Sanguinetti y en la que luego trabajó muchísimo el presidente Jorge Batlle y Leonardo Costa– para tratar de evitar que los grandes carteles se domicilien en Uruguay. Todo eso fue dejado de lado en esta Administración. Hablo de una política pública de por lo menos veinticinco años. Hay que reconocer que el gran trabajo se lleva adelante durante la presidencia del doctor Batlle, junto con el doctor Leonardo Costa, y nosotros le dimos continuidad en los quince años de gobierno frenteamplista. Lo que desvelaba al director nacional de Policía Julio Guarteche era que no se domiciliaran en Uruguay. Estamos a tiempo, pero acá están pasando cosas que nos tienen que hacer reflexionar y debemos construir políticas públicas.

En materia carcelaria estamos viviendo una emergencia y hay que tomar decisiones para fortalecer las medidas alternativas para aquellos primarios que necesiten un tratamiento de sus adicciones. Necesitamos aumentar la presencia de ASSE en las cárceles para atender el problema de las adicciones y de la salud mental; tenemos que fortalecer los equipos técnicos y funcionales del INR; tenemos que fortalecer la infraestructura. Por eso vamos a acompañar todas esas medidas que vayan en esta línea. Además, tenemos que fortalecer lo pospenitenciario; por eso acompañamos la medida del pasaje al Mides de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.

Insisto: creo que estamos a tiempo, pero hay que reflexionar y tomar medidas.

Otra medida que planteamos desde el Frente Amplio –que no se acompañó, pero no lo vemos como una derrota– fue la de dar herramientas a los jueces para que, en situaciones de microtráfico, madres en situación de vulnerabilidad social no sean penadas con esa irracionalidad. Hablo, por ejemplo, de una madre con hijos que por ingresar 56 gramos de marihuana a un centro penitenciario es penada con cuatro años de penitenciaría, mientras que el narco que es atrapado con más de cuatrocientos kilos de pasta base tiene una pena de veinticuatro meses de prisión. Eso no es lógico. Nosotros hicimos una propuesta y se votó por unanimidad su pasaje a la Comisión de Constitución y Legislación, por lo que, quizás, podamos construir algo y darle una salida al propio sistema.

Esas son las constancias que queremos dejar, señora presidenta, y agregamos lo que siempre decimos: cuando fuimos oposición, con la seguridad pública no hacíamos política; cuando fuimos Gobierno tratamos de hacer acuerdos multipartidarios; y hoy, que volvemos a estar en la oposición, les decimos que desde el Frente Amplio no vamos a hacer política con esta materia, y hay que aprovechar la oportunidad de que en esto tengamos la mano tendida.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Hemos escuchado con atención a los señores senadores en un tema que, sin duda, es muy importante. Por supuesto que la seguridad lo es, pero me refiero especialmente a lo que tiene que ver con la situación carcelaria en nuestro país. Es un problema importante, relevante, preocupante, acuciante, vergonzante, desde hace muchos años. Y no tengo dudas de que en los últimos años los distintos Gobiernos nos hemos ocupado de marcarlo.

Presido la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, que es bicameral, y allí estamos trabajando, con un compromiso que advierto que es común, en tratar de asumir esta situación con la gravedad que tiene. Los que estamos cerca de la problemática sabemos que realmente es muy complicada. Por tanto, los adjetivos que calificaron la situación son compartidos. Basta ir diez años para atrás para tener informes internacionales de los organismos de derechos humanos más prestigiosos que nos signan o nos han señalado en una situación violatoria de los derechos humanos y de tratos denigrantes. Y más cerca en el tiempo lo ha hecho, en más de un informe, el comisionado parlamentario penitenciario.

El entonces ministro Larrañaga, apenas había asumido su nuevo rol, concurrió a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, y habló con el mismo énfasis, con la misma convicción, con la misma voluntad con que estableció los preceptos con que iba a actuar al frente del Ministerio del Interior: imponer el orden y el respeto como una base indiscutida para lograr la convivencia ciudadana pacífica; el respaldo material y jurídico a la policía, que se plasmó en la LUC, y la plena aplicación de la ley para la ciudadanía. Pero con el mismo énfasis que puso en la aplicación de la mano justa, vino a señalar la necesidad de afrontar la situación de las cárceles. Presentó un video que mostraba parte del sistema penitenciario nacional en estado de desastre. Subrayo «parte» porque cuido bien los términos, no voy al voleo, y son 26 los centros penitenciarios.

Como saben, me afilio a la convicción de que ningún Gobierno hizo todo mal, pero ninguno lo hizo todo bien; o sea, reconozco las cosas que están bien hechas, pero también fustigo con claridad lo que no se hizo, los resultados que no se lograron.

Como decía, en ese video nos mostró el fundamento en el cual justificó algunas medidas que se recordarán. Se tuvieron que cerrar 23 módulos del penal de Libertad porque no tenían luz eléctrica, agua, baños ni camas, y había 1860 personas privadas de libertad –PPL, como se les denomina en la jerga– que dormían en el suelo, sin cama. Esas eran las cárceles cuando asumió este Gobierno el 1.º de marzo de 2020.

¿Es vergonzante? Sí. ¿Es denigrante? También. ¿Lo era antes? Sí. ¿Lo es ahora, si sigue? También. Pero el Plan de Dignidad Carcelaria que se aprobó por unanimidad –prueba del compromiso común al que refería en esa comisión– hoy nos permite mostrar algunos resultados.

El 1.º de marzo había entre 4 y 5 hectáreas plantadas en la inmensa cantidad de predios que tienen el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación desde hace décadas –no hablo del 2005, del 2015 ni del 2020–, y en este año se van a culminar 110 hectáreas, lo que implica ahorrar hoy $ 2:000.000 por mes en comida, que no se compra porque se planta por parte de las personas privadas de la libertad.

Se llevan construidas 2500 camas, con madera que salió de los árboles plantados en esos predios. No se compró madera; se talaron los montes que estaban plantados. Y se construyeron en aserraderos, uno que había y uno móvil que se adquirió. Las personas privadas de libertad construyeron esas camas que no había.

También se compraban ladrillos. Cuando se precisaban ladrillos en cualquiera de las 26 unidades penitenciarias, se compraban en la barraca. El año pasado se hicieron 100.000 ladrillos, que se dejaron de comprar.

Cuando se inauguró el primer centro de preegreso del sistema carcelario del Uruguay, es decir, la Unidad n.° 4 de Santiago Vázquez, me llamó el entonces ministro Larrañaga para invitarme a ir con él y fui. Lo recuerdo de manera muy especial porque fue la última vez que lo vi con vida. Fue el 12 de mayo, diez días antes de morir. Yo hablaba con él ocho veces por teléfono todos los días de mi vida, pero esa fue la última vez que lo vi, y estaba muy contento. ¿Qué es ese primer centro de preegreso, que está funcionando? Es un centro sin rejas, donde actualmente hay 82 personas privadas de la libertad. Esas personas ingresan ahí el último año antes de salir del proceso penitenciario. Nos acompañó el novel ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en esa oportunidad –por primera vez entró el Mides–, junto con las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte. Ese módulo fue construido por 70 personas privadas de la libertad, que hicieron los 18.000 bloques que se utilizaron, además de las puertas, las ventanas, las camas, y llevaron adelante el trabajo de construcción, de albañilería, de electricidad, de sanitaria, de pintura.

Voy a citar un ejemplo que tal vez a algunos les cause hilaridad, pero no a quienes conocen el sistema carcelario, que son muchos. En la unidad penitenciaria de pueblo Juan Soler no se producían huevos; se compraban. Si había que hacer un bizcochuelo, había que comprar huevos. Pero en esa unidad penitenciaria –a donde fui con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con la gente de la Dinali y del INR–, con la ayuda de la cooperativa de fasoneros, de criadores de pollos de Canelones, que contribuyeron con la donación de trescientas gallinas, se comenzó de cero, y hoy se producen allí huevos.

Les recomendaría ir a la unidad penitenciaria de Pintadito, en Artigas, lugar al que fui hace dos meses. Está todo plantado. Y tuve una gran satisfacción, porque el encargado de la unidad penitenciaria me dijo que querían avanzar con más instrumentación e inversión de riego, y que tenían los medios económicos para invertir en riego en varias hectáreas. Se suministra a todo el norte del país con hortalizas que se producen ahí. Es una cárcel mixta, con hombres y mujeres trabajando, y querían un asesoramiento técnico. Entonces, llamé al INIA de Salto, como senador de la república y presidente de la comisión, para pedir un técnico, y a los veinte días las autoridades del INIA me llamaron para decirme que iban a enviar a un técnico especializado, que había ido al exterior y había regresado. A los ocho o nueve días recibí un correo electrónico del encargado del lugar, gratamente sorprendido por el informe de ese técnico, que decía que iban a colaborar con lo que se había promovido en esa cárcel.

¿Qué quiero decir con esto? Que se está trabajando, sí.

Señalaba el senador Carrera que una de las aspiraciones en ese plan era cerrar las cuatro cárceles que funcionan en el país en las sedes de las jefaturas, que son en Treinta y Tres, en Tacuarembó, en Artigas y en Trinidad. Se cerró la de Trinidad hace algunos días. Los reclusos fueron trasladados a Durazno. No ameritaba construir una nueva cárcel, porque había poca población carcelaria. Quedan tres. Es cierto. En Treinta y Tres había cuchetas de tres pisos; yo nunca había visto.

A mí me parece, señora presidenta, que se debería generar un debate sobre el estado en que encontramos las cárceles, para empezar a conocer en qué año concreto se acrecentó la gravedad y saber quién hizo un poco más o un poco menos. Estamos todos en falta, por lo que no se hizo por omisión y por lo que se ha hecho y no alcanzó. Esa es la realidad. Animémonos a asumirlo, porque flaco favor le estamos haciendo a esta situación.

Es válido que se discuta si el plano normativo que promueve más encarcelamiento termina contribuyendo, o no, al hacinamiento, o a bajar la reincidencia. Me parece que es un tema que justifica un debate, pero tenemos una realidad y nos compete a todos: a los que estuvieron, a los que estamos y a los que vayan a estar. Porque, digámoslo: el Gobierno actual, a influjo de su mayoría, con su decisión y con sus convicciones, apelando a la efectiva ejecución del 100 % de lo que se propone, ¿puede, únicamente en cinco años, cambiar esta realidad enunciada desde hace décadas? ¡No! Esto tiene que ser una política de Estado. ¡Lo tiene que ser! Esa es la situación real de las cosas. Si hay que dar un debate profundizando en esto, todos tenemos elementos; es más, en esta sala, algunos tenemos muchos elementos, para el lado que se mire. Me parece que la responsabilidad tiene que ser otra.

En cuanto a la situación de la seguridad, indiscutiblemente se ha establecido un nuevo despliegue territorial de la policía, se ha descentralizado el PADO y se ha incrementado el patrullaje y los controles en la vía pública en todo el territorio nacional. Se puso un énfasis especial en el crimen organizado, en su combate frontal sin tregua al narcotráfico y también al microtráfico de drogas.

Saludo que todos hayamos votado el desglose del tema al que se refirió el senador Carrera. Dice que no lo siente como una derrota y creo que hace bien, porque es un tema por discutir, y para eso fue a la comisión.

Puedo dar fe de que quien estaba en esta banca y la dejó para ocuparse del Ministerio del Interior consumió todas las horas de sus días –¡todas!– durante poco más de un año para dar un combate frontal y decidido, ¡honesto e inquebrantable! al narcotráfico y pelear por la seguridad. Fue su desvelo y logró resultados. Se fue siendo el ministro que será recordado en este país porque bajó los delitos. ¡Píntenla como quieran! ¡Él bajó los delitos!

Se han instalado 1700 cámaras de videollamadas en Montevideo y en el resto del país; hay un Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, que se incorpora acá –tiene que ver con la dignidad carcelaria y es inédito, porque no se había logrado– para formalizar el trabajo de los sentenciados a pena de penitenciaría.

Entonces, señora presidenta, vamos a votar y a defender cada uno de estos artículos, muy convencidos de que las cosas van en buen rumbo en cuanto a la seguridad. Si los números empiezan a flaquear, habrá que poner la lupa, ¡cómo no!

Me preocupa –y quedo en el bando de la preocupación– lo que se dice en cuanto a que no se dan los datos que se tienen que dar, porque si algo hizo el entonces ministro Larrañaga, este Gobierno y el presidente de la república, desde el primer día, fue no tocar a los que medían los delitos; quedaron los mismos, quedó el mismo método y fue el que dio el resultado que todos conocemos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Gracias, señora presidenta.

Yo no voy a discutir hacia atrás; la rendición de cuentas señala lo que hay que hacer para adelante; eso es lo que estamos discutiendo. Sin embargo, continuamente estamos recurriendo a la comparación con lo que pasó antes. Discrepo de muchas cosas que se dijeron, pero no las voy a rebatir ahora.

Voy a tocar dos o tres temas que están en el articulado: uno es cárceles; otro es el de los ascensos selectivos, y voy a complementar algo de lo que dijo el señor senador Carrera cuando hablaba del narcotráfico y planteaba el decomiso que se hizo de cantidades grandes de pasta base, que fueron calificadas como para el mercado interno.

Quiero recordar que la pasta base ingresó al país por primera vez en 1997 o 1998 y no para que se consumiera en esa forma, sino para seguir la transformación, en Uruguay, hacia la cocaína; lo que se pretendía era venderla y que se consumiera como cocaína. Después, la crisis de 2002 –que también afectó a los narcotraficantes, sobre todo por la variación del precio del dólar– llevó a que se consumiera como pasta base.

Cuando agarran 450 kilos de pasta base, debemos pensar que si la venden como tal en Uruguay ganan USD 2:000.000; si la transforman en cocaína, ganan USD 10:000.000. Entonces, por lo menos, hay que introducir la hipótesis de que debe haber algún laboratorio en el Uruguay –o más de uno– que esté transformando la pasta base en cocaína, y no pensar que dos decomisos de 450 o 500 kilos de pasta base se van a consumir en Uruguay. Creo que hay que considerar el otro elemento. Podrá discutirse si la van a transformar en cocaína acá o la van a vender como pasta base para que la transformen en otro lado, pero hay que introducir la hipótesis que mencioné para ver qué es lo que se busca combatir.

Quería aclarar eso porque resulta obvio que no es para consumirla como pasta base, sino como cocaína.

En cuanto al tema de las cárceles, cuando el señor ministro Larrañaga fue a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria –creo que en junio de 2020– habló del plan de dignidad carcelaria y, como se dijo, mostró videos. Por su lado, el comisionado parlamentario penitenciario, desde hace mucho tiempo, está diciendo que las cárceles en Uruguay están divididas en tres: en un tercio están las condiciones dadas para un tratamiento adecuado, otro tercio viene acercándose a eso y el otro tercio no. Si yo hago un video con alguno de esos tercios, muestro realidades distintas de las cárceles. Lo que se exhibió en la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria mostraba lo peor de un tercio, pero no el estado de situación de las cárceles.

Compartimos el plan de dignidad carcelaria, nos parece muy bueno, pero para que se pueda llevar adelante se necesitan recursos, se necesita financiación de actividades que lo hagan posible. Tal como figura en el artículo 81 no es un plan, es una idea-fuerza. Se habla del plan de dignidad carcelaria, pero un plan es una serie de actividades ordenadas que conducen a un fin; acá no hay ninguna actividad pensada. Dice: «Créase el Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad» y punto; no habla de las actividades que hay que llevar adelante. Y si lo hiciera habría que financiarlo.

Cuando discutimos algunos de los artículos de la LUC dijimos que iba a crecer la cantidad de personas privadas de libertad antes de fin de año y que, si no se tomaban medidas, a fin de año se iban a superar las plazas penitenciarias. Bueno, se superaron largamente. En ese momento se nos dijo que estábamos en el tratamiento de la LUC y que cuando discutiéramos el presupuesto se iban a dar recursos para la construcción de cárceles. No se hizo. Ahora estamos con la rendición de cuentas y no hay recursos. Entonces, podemos hablar de cantidad de cosas, pero si no se otorgan recursos, no avanzamos en absoluto.

¿Por qué decimos esto? Porque las cárceles forman parte de cualquier política de seguridad, sobre todo si tomamos el ejemplo o la enseñanza de lo que ha pasado cerquita nuestro. La organización criminal más fuerte de América Latina es el Primer Comando Capital, integrado por más de 30.000 personas, hombres y mujeres. El Primer Comando Capital se creó en las cárceles a partir del maltrato a los presos y la muerte de 110 presos en un motín. Así fue como se creó una organización de autodefensa, con estatutos y firmado por quienes lo integraban. Y la autodefensa que se hacía en las cárceles pasó a hacerse fuera de ellas; a lo que pasaba dentro de las cárceles, respondían con robos u homicidios afuera. Esta organización fue creciendo tanto que hoy tiene presencia en Argentina, Bolivia, Paraguay y, probablemente, en Uruguay. ¿Y dónde actúa? En las cárceles. Entonces, si no tomamos medidas que permitan que en las cárceles haya un dique de contención a eso, estamos mal parados en la ecuación de seguridad que tiene en cuenta a las cárceles. Y esto no se logra de un día para otro; es un proceso de años.

¿Debe ser una política de Estado? Sí. Pero las políticas de Estado trascienden los Gobiernos, por lo que no es el Gobierno de turno el que dice que lo es, sino que lo determinan todos los que participan en un acuerdo. Si no hay un acuerdo, no hay política de Estado. Cuando acá se dice que esto es política de Estado, ¿quién lo decidió? ¿El Gobierno decidió que esto es política de Estado? ¿El Gobierno decidió que, si deja de ser Gobierno, el que venga va a seguir con esa política? No; eso solo surge de un acuerdo entre distintas fuerzas, lo que permite que trascienda a los Gobiernos. Entonces, no hablemos de políticas de Estado si no hay acuerdos que las hagan posibles. Y reitero que la rendición de cuentas tiene carencias de recursos para las cárceles.

Ahora me voy a referir a la construcción de cárceles.

Cuando en comisión discutimos este tema con el entonces ministro Larrañaga, nos dijo que tenía la promesa del presidente de que iba a dar los recursos para ello y que confiaba fuertemente en él, por lo que los iba a tener. El ministro Heber planteó en la Cámara de Diputados que para financiar la construcción de cárceles había que hacer un fideicomiso. En el Senado, poco después, tiró abajo el fideicomiso y dijo que el financiamiento de la construcción de las cárceles se iba a llevar adelante con el sistema de CCC. Como se dijo acá, esto costará USD 60:000.000 y se realizarán seis cárceles: tres barracones de 150 personas cada uno –en Artigas, en Tacuarembó y en Treinta y Tres–, y tres cárceles basadas en Cerro Carancho, para 480 personas, en los predios del penal de Libertad. Ahora bien, esto no aparece en la rendición de cuentas. Lo dijo el ministro cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, pero no aparece.

Entonces, después de que variaron tres o cuatro veces la forma de financiar la construcción de las cárceles, por más que se nos haya dicho que se va a hacer por el sistema de CCC, no sabemos si va a ser así; no está escrito.

En toda la sesión de ayer –yo no hablé; escuché atentamente– lo que se hizo fue la fundamentación de la voluntad de los senadores, pero muchas veces yo comparaba lo que se decía con los artículos de la rendición de cuentas y no veía punto de comparación. Como nosotros no votamos intenciones, sino papel escrito, que es lo que tendría que asegurar el cumplimiento, no votaremos esto. En este caso, no hay nada sobre cárceles. Quiero dejar constancia de eso, porque después vamos a votar en contra de este texto.

El otro tema que para nosotros es muy importante –me atrevería a decir que no solo para nosotros– es el de los ascensos selectivos. La inclusión de este artículo es, a mi juicio, demostrativo de la falta de estrategia en materia de seguridad pública. Se desconocen los profundos cambios que se venían realizando en materia de profesionalización de la policía.

La existencia del ascenso por selección para las altas jerarquías tiene su fundamento. En la Policía nacional para el ascenso al grado máximo, de comisario mayor a comisario general, la mitad asciende por concurso y la otra mitad por selección directa del Poder Ejecutivo, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos. Hablamos de comisario mayor a comisario general. Son funcionarios policiales que han recorrido prácticamente la totalidad de la carrera profesional. Eso brinda a las autoridades políticas la posibilidad de seleccionar quiénes los acompañarán en la gestión. Pero proponer los ascensos por selección a la mitad de la escala básica –antes llamados subalternos, porque hay muchos que siguen pensando de esa manera– es lisa y llanamente una medida simplista y muy difícil de aplicar.

De aprobarse esta iniciativa, un sistema que hoy cabe para unos 100 policías que ocupan los 33 máximos grados de la Policía pasará a aplicarse a miles de policías. Seguramente, el propio Ministerio del Interior desconoce la cantidad exacta de policías que serán beneficiados y perjudicados por este artículo. Creemos que esto no debe aprobarse.

Se plantea la posibilidad de que este artículo para cambiar el sistema de ascenso de la escala básica de la Policía se contradiga con el artículo 66 de la Ley Orgánica Policial, que establece el procedimiento para los ascensos. Allí se explica que se asciende al grado inmediato superior respetando los parámetros que propone la ley. Luego, el artículo 67, que regula los ascensos por mérito, establece: «Si hubiera vacantes presupuestales, el Ministerio del Interior, por resolución fundada, podrá conceder ascensos por méritos dentro del personal de la Escala Básica. […] Los ascensos por mérito que se dispongan, no pueden superar el 30 % (treinta por ciento) de las vacantes disponibles en el grado respectivo». Este artículo también choca con la propuesta actual, que sostiene que la mitad de los ascensos serán realizados de esta forma, superando entonces el 30 % establecido por ley.

Coexistirían, entonces, un régimen para quienes aprueban el curso para el ascenso –un 50 % por concurso y un 50 % por selección– y un sistema de ascenso por mérito en el que no es necesario que los policías tengan el curso aprobado para ascender. Este beneficio es aplicable actualmente para el 30 % de los ascensos, que solo se concretan cuando hay cupos vacantes en el grado al que ascienden.

(Suena timbre indicador de tiempo).

–Termino, señora presidenta.

Este artículo demuestra que no hay estrategia global.

Dejo por acá porque se me fue el tiempo.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Quiero hacer una aclaración sobre el artículo 81, por el que se crea el Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, y al que se refirió el señor senador Bonomi como con una ausencia específica o concreta de dicho plan.

Es claro que este es un tema para destacar, porque a la fecha el Estado uruguayo no tiene una estructura jurídica integral que regule, administre y fomente el trabajo en las cárceles, constituyendo una innovación absoluta en la materia, incluso a nivel de derecho comparado.

Con esta propuesta se apela a que los privados de libertad, incentivados por los beneficios que se conceden en este cuerpo normativo, presten servicios de forma voluntaria o produzcan bienes para comercializarlos fuera de las unidades penitenciarias, algo que hasta el presente nunca se hizo. Actualmente, el Estado uruguayo incurre en un incumplimiento plausible y contumaz del artículo 26 de la Constitución porque no contamos con métodos efectivos tendientes a posibilitar el trabajo de los privados de libertad, y obviamente sabemos lo que conlleva esa carencia. Por lo tanto, de no aprobarse esta propuesta, la Administración va a continuar en un estado flagrante de incumplimiento con respecto a las obligaciones internacionales y nacionales, ya que conseguiríamos cuanto menos a aspirar que mediante estos instrumentos se lleven adelante prácticas activas que desarrollen la aptitud para el trabajo de los privados de libertad.

Quiero dejar una constancia, y es que de aprobarse este plan se comenzaría a cumplir con lo que hasta el momento ha significado la violación flagrante de tratados, de convenios internaciones y de la Constitución nacional.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

9) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 228.1 DE LA LEY 19293

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que la hoja 139, presentada como aditivo en el tratamiento de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2020 relacionada con la modificación del artículo 228.1 de la Ley n.º 19293 de 19 de diciembre de 2014 que se adjunta, se remita a la Comisión de Constitución y Legislación para su estudio». (Firman los senadores Niffouri, Lanz, Manini y Bergara).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con la discusión particular del tema en consideración.

Pasamos al inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: vamos a solicitar que se voten en bloque los artículos 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Agradezco al señor senador Penadés que me permite hacer la intervención contraria a nivel de la comisión, pero queríamos dejar constancia en el pleno.

Refiere a los actuales artículos 136, 137 y 138 que, básicamente, lo que hacen es transferir el rol de autoridad de aplicación de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia en los sectores regulados, desde los órganos reguladores hacia la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que está en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Habíamos argumentado, en su momento, que no hay elementos conceptuales que definan cómo deben repartirse los roles de la ley de competencia en los mercados en los que, además de la autoridad general de aplicación, existen agentes reguladores sectoriales; hay arreglos diversos y de todos los colores en el mundo en cuanto al reparto de esos roles.

En su momento, en la norma se había planteado que los órganos reguladores –la Ursec, la Ursea y el Banco Central del Uruguay– fueran la autoridad de aplicación de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, sin perjuicio de la posibilidad de que solicitaran informes no vinculantes a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que está en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de garantizar la consistencia de su aplicación. Dada la fortaleza institucional y el conocimiento técnico específico de sectores complejos como el financiero, el de telecomunicaciones, el de energía, etcétera –por algo se generan agencias especializadas para entender la complejidad de esos sectores–, estaban en mejores condiciones institucionales para abordar ese rol.

Acá, al no haber una cuestión que conceptualmente dirija una organización específica de estos temas, para la evaluación hay que recurrir a las capacidades institucionales de cada organismo y sus roles.

Nos parecía, en su momento, que tanto el Banco Central como la Ursec y la Ursea –y mucho más a partir de la ley que permitió que ambas pasaran a ser servicios descentralizados– tenían, en primer lugar, la autonomía necesaria para llevar adelante ese rol y, además, recursos y capacidades mucho más potentes de las que tiene la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que no reviste ese grado de autonomía porque es un órgano desconcentrado dentro del ministerio. No tiene siquiera la autonomía de formular su propio presupuesto, ni tampoco la trayectoria y las capacidades institucionales necesarias; es un área todavía débil desde el punto de vista institucional y con escasos recursos.

Por lo tanto, entendemos que esta variación que se genera en estos artículos, que implica transferir ese rol a la hora de evaluar las prácticas anticompetitivas desde los órganos reguladores hacia la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, no es una buena idea, porque para evaluar la posibilidad de hacerlo en forma razonable, eventualmente deberíamos tener como prerrequisito generar autonomía a dicha comisión, por ejemplo, transformándola en un servicio descentralizado –como son las unidades reguladoras– y dotándola de recursos suficientes para poder abordar esas tareas.

Por eso nosotros creemos que es poner la carreta delante de los bueyes transferir funciones a un organismo que tiene menos capacidades institucionales para llevar adelante la tarea. En todo caso, si se quiere ir en esa dirección –como en otros países sucede–, el prerrequisito sería generar un órgano de mayor autonomía, por ejemplo, un servicio descentralizado y, reitero, dotar de recursos –sobre todo profesionales– a ese organismo.

Si se fuera en esa dirección, estaríamos totalmente dispuestos a trabajar y a apoyar una propuesta que implique, por ejemplo, la conformación de un servicio descentralizado para que sea la autoridad de competencia en el país y fortalecerlo en materia de recursos humanos y materiales.

Por lo tanto, no vemos con buenos ojos que se ponga, reitero, la carreta delante de los bueyes, además de dos puntos adicionales. Uno de ellos es que, en realidad, no pasan todas las facetas de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia a la comisión, sino que se mantiene en los órganos reguladores una de las funciones, que es la de la autorización de concentraciones. Lo que se transfiere es la evaluación de prácticas anticompetitivas, pero no la autorización de concentraciones. No hay ninguna razón conceptual que justifique que se pase una cosa y no la otra. ¿Por qué queda en el Banco Central, la Ursec y la Ursea el rol de autorización de concentraciones y no pasa, como todo el resto, a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que se encarga de la autorización de concentraciones en todos los demás mercados que funcionan en la economía uruguaya? Si se va a pasar, no se entiende por qué no se pasa todo.

Además, quiero dar un dato adicional: en ese rol de autorización de aplicaciones, el artículo 136 agrega que en estos casos «no regirán el plazo ni la autorización tácita establecidos en el artículo 9.º» de la ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, que sí le rige a la comisión para la autorización de concentraciones de todos los demás mercados.

Por tanto, reitero, quisiéramos saber cuál es la razón por la que para la autorización de concentraciones no rigen los mismos plazos que para todos los demás mercados cuando, de hecho, la que procesa eso es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

Cuando preguntamos en comisión qué explicaba ese inciso que liberaba a la Ursec, a la Ursea y al Banco Central de esos plazos legales, no hubo ninguna respuesta. Es más, permítasenos interpretar lo que fue la cara y la gestualidad de los directores de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, quienes transmitieron, básicamente, que esa no era una postura que surgiera de la comisión, sino que venía dada por la formulación del artículo.

En consecuencia, por esas tres razones: porque no creemos que sea conveniente transferir estos roles hasta no fortalecer institucionalmente la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y darle más autonomía, porque no se entiende por qué motivo pasan la evaluación de las prácticas anticompetitivas, pero no la regulación estructural, es decir, la autorización de concentraciones que quedan en los órganos regulatorios, y por el hecho de que no se explica por qué para esos casos no rigen los plazos legales que rigen para todos los demás mercados, por todo eso, aspiraríamos a que estos artículos pudieran desglosarse para poder trabajar en esa dirección y no fueran considerados en esta rendición de cuentas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: de la nómina a la que acabo de hacer referencia, voy a solicitar que se postergue el tratamiento y la votación del artículo 134, ya que hay una hoja sustitutiva que figura con el número 4 en el último repartido que se está preparando de artículos sustitutivos.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador se está refiriendo al artículo 134, que tiene un sustitutivo.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Quizá no lo formulé en los términos correctos, señora presidenta, pero estaría planteando –y probablemente haya que votarlo antes de la votación del resto del inciso– la posibilidad de desglosar los artículos 136, 137 y 138, y que se envíen a la comisión correspondiente.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la propuesta formulada.

(Se vota).

–9 en 24. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138 y 139.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

Pasamos al inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: solicito que se voten en bloque los artículos 147, 148, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168 y 170.

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 163 ya fue votado, señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Muy bien, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 147, 148, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 167, 168 y 170.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: con respecto al inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», tenemos algunas consideraciones que hacer.

Este ministerio ha ido perdiendo funcionarios por distintas causales: 98 se jubilaron, 6 fallecieron, hubo 6 renuncias y una destitución, y ninguno de esos cargos fue provisto. Existe preocupación –que compartimos– porque las tareas que este ministerio lleva adelante son muy importantes. En ese sentido, hicimos una propuesta –que no fue votada en comisión por la coalición de gobierno– para que no se limitara la provisión de vacantes vinculadas con la sanidad animal y vegetal, atendiendo las importantes carencias de personal técnico que ponen en riesgo el estatus sanitario del país. La mencionada propuesta fue presentada como un artículo aditivo, pero no contó con el apoyo necesario a pesar de la realidad planteada.

Por otro lado, sí se facultó al ministerio a otorgar compensaciones que, a nuestro juicio, son bastante discrecionales, ya que las tareas que las ameritan son las generales para cumplir bien la labor correspondiente.

En particular, queremos referirnos a los artículos 153 y 155, que están relacionados con los controles que se hacen en los establecimientos, entre otros, los que cumplen funciones de mataderos.

El artículo 153 fue cuestionado y no lo aprobamos, porque a pesar de esta continua y disminuida presencia de recursos humanos, esta disposición agrega funciones que tendría que llevar adelante la Dirección General de Servicios Ganaderos a través de la División Laboratorios Veterinarios, así como también el contralor de medios digitales, etcétera.

El artículo 155 es el que más nos preocupa, mediante el cual se obliga a los establecimientos habilitados únicamente para el mercado interno –sujetos al control higiénico, sanitario y tecnológico de la División Industria Animal– a contratar, bajo su costo, al personal para que realice los controles. Se estaría haciendo una distinción, entonces, entre quienes van a controlar el mercado interno y los que van al sector exportador. Esto preocupa porque, por un lado, se está privatizando el control –los establecimientos van a tener que pagar a los veterinarios que hagan los controles– y, por otro, según señalan los que saben del tema, puede perjudicar también el estatus sanitario del país por esta diferenciación que se hace entre quienes operan en el mercado externo y los que lo hacen en el mercado interno.

En función de estas objeciones es que no vamos a acompañar los artículos mencionados.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: vamos a hacer algunas aclaraciones sobre este inciso, y después vamos a referirnos a los artículos 169 y 170, porque si bien pasaron inadvertidos en la discusión, a nuestro entender asistiremos a una revolución en los próximos años gracias a la voluntad unánime que se dio en una parte del Senado y de la mayoría de los integrantes de este Cuerpo en la otra.

El estatus sanitario de este país no corre riesgos; hay que terminar con ese relato porque no corre riesgo ninguno. Uruguay es el país con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo. Es uno de los países con mayor cantidad de mercados de carne abiertos en el mundo, y eso es por la excelencia de su producción, desde el ternero hasta el gancho del frigorífico. Entonces, no corre riesgo el estatus sanitario. El trabajo de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las auditorías correspondientes han sido -y no de este Gobierno sino después de la aftosa- ejemplo para abrir mercados internacionales. Entonces, terminemos con eso de que el estatus sanitario corre riesgo porque eso no existe; es más, estamos abriendo mercados. Hay misiones comerciales en este momento para abrir nuevos mercados. En cuanto a la certificación de los mercados, los países importadores de carne le piden a nuestros servicios que certifique y después vienen auditorías. Cuando en la jerga se dice que viene la auditoría de Estados Unidos o la de China es para corregir o para verificar la autorización previa que ya le dieron los servicios oficiales uruguayos. Por tanto, si Estados Unidos o China confían en nuestros servicios, acá no se puede decir que estamos perdiendo estatus sanitario. No se puede decir eso, y menos a viva voz, porque eso no es así. En este país, si hay una industria de excelencia, repito, desde el ternero hereford, angus o cruza que nace pastando en los campos naturales de más de 300 o 400 especies, en las 17:000.000 de hectáreas de este país hasta el gancho, es la industria cárnica.

Acá se está tratando de adaptar, en parte, a los mataderos de abasto, que son otra realidad totalmente distinta, señora presidenta. Debería haber más mataderos de abasto, y esa es una de las tantas problemáticas que deberíamos resolver para ver –algo que, por suerte, vamos a ir resolviendo– como el pequeño productor puede vender un cordero, un lechón en los pagos chicos. Lo que se está haciendo acá es lo mismo que en los embarcaderos de campaña, señora presidenta, donde se contrata a un veterinario para que certifique que ese ganado que se va a vender o se va a embarcar tiene la habilitación veterinaria correspondiente. Lo que se va a hacer a través del artículo 155 es cotejar internamente las vísceras como lo cotejó el veterinario cuando estuvo en el embarcadero en el campo. Esos veterinarios, señora presidenta, los paga el productor, no un ente autárquico. Cada productor tiene un veterinario de su confianza al que, por ejemplo, dice: venga que estoy para hacer un embarque, venga, certifique y haga la lectura.

(Dialogados).

–Señora presidenta, eso es lo que nosotros estamos proponiendo y ¿para qué? Para liberar a algún otro funcionario de los servicios veterinarios que puede estar hoy encargado de esos mataderos internos, con la supervisión de los servicios oficiales que es algo irrenunciable, sobre todo cuando estamos hablando de alimentos como la carne, que deben tener lógicamente inocuidad. No hay renunciamiento; no corre riesgo el estatus sanitario, y seríamos lo que no somos si lo hiciéramos. Este es un gobierno campero con ojos en la realidad del campo a lo largo y ancho de su repartición. Es por eso por lo que, además de hacer esa aclaración, vamos a votar la incorporación de las pasturas como inversión promovible y de las herramientas biológicas para los suelos, que era lo que dije anteriormente. Como decía anteriormente, los artículos 169 y 170 modifican la ley de promoción de inversiones e incorporan un elemento sustantivo en la producción nacional, como es la producción de pasto y el cuidado del suelo. La producción de pasto es la esencia de toda esa cadena productiva que muchas veces se quiere minimizar. Ayer escuchamos algunos números que están muy alejados de la realidad. Cuando se habla de lo que produce el campo uruguayo, el sector productivo, el agropecuario, se omite decir que cada novillo, cada tonelada de soja, cada camión de madera y cada camión de leche que sale de los establecimientos se multiplica por seis. ¡Por seis! Hay que ir por las rutas nacionales para ver un camión con carga de leche, otro de producción forestal, cinco de ganado, contratistas que van a realizar los servicios, para entender el derrame de la cadena agropecuaria que, de negarlo, estaremos negando sustantivamente el ADN y la esencia de nuestro ser nacional, en el sentido de ser el país más agropecuario del mundo. ¡Gracias a Dios!, porque ser el país más agropecuario del mundo nos ha permitido que este sector esté cinchando del carro en esta pandemia. ¡Sí, señor! Había que tener mucho coraje en mayo del año pasado para plantar lo que se plantó de trigo, cebada y canola. ¡Mucho coraje! El mundo estaba en una incertidumbre, en la oscuridad y el hombre y la mujer del campo uruguayo decidieron plantar trigo porque tenían que sacar adelante al país. Reivindico esencialmente la condición de país agropecuario que derrama y que permite a las familias que trabajan en el sector tener una vida próspera y tranquila.

Las situaciones de pobreza hoy no se están generando en el sector agropecuario; no sucede con los patrones, con los contratistas, ni con los empleados. Insisto: ni con los empleados. Gracias a esa conjunción –que nosotros siempre valoramos– entre los organismos públicos y el empuje del sector privado, el sector agropecuario de este país ha demostrado una resiliencia inigualable. Recuerdo que cuando era diputado, el diputado Berois Quinteros nos contó la llamada que recibió del padre del senador Raúl Batlle cuando ocurrió lo de la aftosa. Ese fue un quiebre en la economía del país; a partir de ahí aprendimos algunas lecciones y hoy somos ejemplo de producción agropecuaria. Tan así es que hoy vamos a votar las pasturas como inversión promovible. ¿Para qué? Fundamentalmente para solucionar todo lo que necesita un campo: le da más fertilidad, permite que en algunas circunstancias se fije el nitrógeno, se diversifican las raíces, se reduce la erosión y se corrigen los errores que se cometieron con la otra expansión sojera, cuando se plantaba soja sobre soja en lotes que después de cuatro o cinco años se iban erosionando. La implantación de praderas necesariamente iba a permitir que esos campos volvieran a tener fertilidad.

Esta es una solución productivista que nos tiene que dejar orgullosos; es una solución neozelandesa porque en la ley de promoción de inversiones se incluyen las pasturas y demás herramientas biológicas. Lo hicimos de esta forma porque era imposible establecer por ley el amplio abanico de las herramientas biológicas, que gracias a Dios existen.

A partir del 2 de enero estaremos machacando y machacando en las oficinas pertinentes para que la reglamentación logre lo que la norma tiene como objetivo: que de la misma forma en que hoy se puede estar promoviendo la compra de una camioneta, un camión, unas mangas o galpones, en el sector agropecuario se haga un viraje y se vaya a invertir en pasturas.

El mejor campesino, señora presidenta, es aquel que cuida el campo y el suelo. En este país, la expansión agrícola promovida por los pools de siembra, desde el 2005 hasta el 2014 logró que esa extracción exagerada de los suelos hoy nos dé algunos problemas, fundamentalmente en la deficiencia de potasio y en temas relativos a las erosiones.

Hoy estamos en una situación totalmente diferente. Los pools de siembra desaparecieron en el Uruguay; hay una expansión agrícola más tangible, llevada adelante por agricultores que tienen campo, que arriendan campo, que prestan servicios para quienes tienen o arriendan campos, pero que no son inversionistas que vinieron a hacer un pool y a plantar básicamente soja. Entonces, como sabemos lo que pasó, hoy lo estamos previniendo.

En la actualidad, gracias a este mecanismo, el sector arrocero tiene herramientas para que las rotaciones de los lotes arroceros se hagan con praderas de diez especies. Toda la cadena ganadera se va a favorecer. Se verá favorecida la vaca en gestación, en el nacimiento, mientras esté al pie de la madre, en los destetes, en la recría y en las invernadas. Vamos a reducir sustantivamente la edad de faena porque más es más y es multiplicar de la forma que el mundo está pidiendo, es decir, en verde, con neutralidad de carbono. En este país esta es una de las medidas que ese conjunto de estudios contables –que han hecho de los planes Comap una ingeniería– deben conocer. El productor agropecuario debe saber de la existencia de esta herramienta, y el año que viene, en julio o en setiembre, tendremos la alegría de ver cómo, de galpones, pasamos a promover pradera, fertilizantes biológicos, plantas que fijen el nitrógeno y la salud del suelo.

Creo que el ministro Peña debería estar muy contento con este mecanismo porque le va a permitir avanzar en ese deseo de todos de poder mostrar al mundo que, además de Nueva Zelanda, hay un rincón del planeta, un paisito, que es neutro en carbono. Esto lo sabemos, señora presidenta; falta medirlo. Además, con esta herramienta, aquellos amantes de las pasturas naturales van a tener la posibilidad de fertilizarlas, algo que hoy es carísimo. A partir de allí, va a proliferar todo tipo de plantas en los bancos de semillas naturales, esa conjunción divina y uruguaya entre las leguminosas y las gramíneas.

Por lo tanto, señora presidenta, quedo muy agradecido al Senado, al presidente de la república –a quien consultamos este mecanismo– y a la ministra de Economía y Finanzas, con quien hablamos del tema y a quien fue relativamente sencillo convencer.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Esto no es un plan estatal; esto es productividad y, gracias a Dios, este Senado votará, en este proyecto de ley de rendición de cuentas, una de las medidas más productivistas de los últimos quince años.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, presidenta.

Nosotros no tenemos un problema con el sector agropecuario; si se interpreta así, está mal. Intentamos ubicar en la discusión que cuando hay un sector con una situación económica de desempeño importante, no parece razonable que no definamos políticas que contribuyan a la mejor redistribución de la riqueza que se genera. El asunto es intentar fundamentar la opinión con datos. Vamos a repetir algunos de los datos que mencionamos ayer: el trigo ha pasado de exportar 45:000.000 a cerca de 100:000.000. Es un crecimiento en términos reales muy importante, y nos tiene que alegrar. Lo mismo sucede con el arroz, pues las exportaciones se incrementaron en un 32 %. Otro tanto sucede con la soja y la carne. Lo que sí decimos es que no se está acompañando con una política salarial.

Me extraña el planteo del senador Da Silva. En la intervención que hizo hace cinco minutos dijo que el crecimiento también tenía que expresarse en contemplar una política salarial no restrictiva, pero no hubo una política salarial no restrictiva y esto se refleja en algunos datos que a todos nos deberían preocupar. La cantidad de trabajadores pobres ocupados –es decir, que trabajan y, a pesar de trabajar, son pobres– se incrementó el año pasado en un 43 %; pasó de un 4,8 % a un 6,9 %. La cantidad de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo en el sector primario –segundo dato que ubica la precariedad del empleo– también aumentó. Además, hubo un leve crecimiento de la informalidad.

Por lo tanto, lo que decimos es que el sector agropecuario crece, pero simultáneamente se debería abordar un conjunto de políticas que contribuyan a subsanar la desigualdad. Esto es parte de una diferencia quizás sustantiva que tenemos con quienes piensan que el mercado todo lo resuelve. Claramente creemos que es mejor el crecimiento que la recesión; no hay dudas. A quien le ha tocado alguna vez participar de una negociación salarial sabe que es mejor negociar cuando el sector crece que cuando está en recesión. Ahora bien, tenemos la interpretación de que políticas como las planteadas contribuyen a la desigualdad y no reflejan el crecimiento de un sector que es muy importante para la economía y el desarrollo social –en este sentido vamos a tener acuerdo– en la manera cómo se distribuye. Ni hablar de otros eslabones de la cadena. ¿Acá alguien puede explicar por qué la multinacional Minerva bajó un 22 % los salarios internos en medio de un momento de expansión y llevó a lo que llevó al Frigorífico Canelones? El problema es cómo generar una discusión que permita interpretar que es bueno el crecimiento, pero acompañado o, al menos, que no perjudique la condición de los trabajadores.

En el articulado estamos discutiendo otro asunto. No hay dudas de que el estatus sanitario es muy importante. Es un poco la gallina de los huevos de oro y tenemos que ver cómo lo defendemos. Por eso cuando vino el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca –y creo que coincidía–, la bancada del Frente Amplio planteó que una mirada general que intenta recortar el peso del Estado no debería aplicarse a las inspecciones sanitarias, porque todos nos dicen –no solo los funcionarios, sino también las autoridades– que están desbordados. Entonces, si tenemos la interpretación de que sostener el estatus sanitario es sustantivo porque nos puede salir muy caro el ahorro, el no llenado de vacantes genera una condición de riesgo para mantener el control público que todos entendemos que es sustantivo a efectos del valor agregado que tiene nuestra producción en el exterior. No entendemos que no se hayan tomado en cuenta datos muy relevantes. El ministro dijo en su comparecencia que sustituir conocimientos que ya existen no implica solo llenar la vacante, sino haber tomado las medidas el año anterior por más que había otro ministro.

Después tenemos otra serie de dudas. Si esto es tan importante, la redacción que se ofrece en lo que respecta a esta nueva forma de control veterinario es por lo menos ambigua. Hay zonas que no quedan claras. Se trata de un tema muy importante, pero la redacción no queda clara y, en otro caso, cuando aclara oscurece, pues va a generar condiciones asimétricas.

Según la Ley n.° 13882, todos los que trabajan para abasto interno –en general empresas más pequeñas de la producción cárnica, que son el 80 %– y los que exportan, pagan el 1 % del valor de venta para el Fondo de Inspección Sanitaria. Ahora lo van a pagar las pequeñas empresas para que ese fondo controle a las grandes, que van a tener ese servicio público, mientras que las pequeñas van a tener que pagar su propio servicio público. Además, lo que entendemos es que las pequeñas empresas trasladarán el precio al abasto interno y lo terminarán pagando doña María y don José. En fin, nos parece que esto es inequitativo. En términos de monto la mitad de la faena la tienen Minerva y Marfrig.

Claramente hay empresas muy potentes –BPU–, de gran escala, que concentran buena parte de la exportación y por otro lado hay empresas más pequeñas que, en general, se ocupan del abasto interno.

En principio, no queda claro cómo se resuelven algunos componentes de posibles conflictos de intereses, que sí solucionaba el reglamento anterior ya que quien operaba en la inspección no podía tener ningún vínculo con la empresa a la que controlaba. De alguna forma, se genera un doble estatus sanitario: uno para la exportación y otro para la importación.

Como compartimos que esto es muy importante y son demasiadas las zonas en las que queda una relativa ambigüedad, tenemos dos posiciones. Una de ellas es no aplicar el Decreto n.º 90/020 para la inspección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque nos parece central que se cubran las vacantes y, además, la mitad de los trabajadores de allí se jubilan en este período. Es claro que vamos hacia una institucionalidad sobre la que me van a decir –lo voy a compartir– que venía deteriorándose en su cantidad de personal desde hace quince años, aunque ese no es el tema de hoy porque estamos discutiendo esta rendición de cuentas. Ahora sí parece sensato que estamos al límite y si tuviéramos dudas de ello, lo más inteligente parece ser no arriesgar con un tema de tanta trascendencia para el futuro del Uruguay y los uruguayos.

En segundo lugar, me parece vital que esto de crear, en un tema de tanta importancia, la posibilidad de un doble estándar desde el punto de vista de los controles sanitarios podamos discutirlo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado con mayor profundidad, ya que nos genera dudas, aunque sin atribuir intenciones. Entendemos que en este tema se trata, más que en otros, de construir políticas de Estado y pensamos que debemos poder discutirlo en un tiempo diferente al que permite la rendición de cuentas, a efectos de encontrar una redacción que logre dar claridad a zonas que sinceramente son de mucha ambigüedad, ya que una parte importante de cómo se aplicará esto dependerá de la reglamentación. Si uno tiene extrema confianza en quien va a reglamentar, puede votar pensando que la reglamentación cubrirá todos esos problemas, pero nosotros queremos legislar haciéndonos responsables y cubriendo los riesgos de antemano. Para eso pretendemos que este artículo en particular, que ha generado dudas y una crítica muy profunda y fundada de la asociación de veterinarios, de la producción y de distintos sectores, pueda ser tratado en un tiempo diferente y con una posibilidad de profundización distinta a la que ofrece la rendición de cuentas.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en el día de ayer, en cumplimiento de un acuerdo, como se dijo acá, estuve escuchando atentamente muchos de los datos que se plantearon. Quiero decir que además de lo que se dice en los informes, hay que conocer la realidad de lo que hoy es el sector trabajador en el campo. No desconozco que puedan existir algunos bolsones que estén en situaciones de pobreza, pero hay que ver y conocer la calidad de vida que hoy tiene un capataz de campo, un tambero, un contratista, un cosechador o un sembrador, y después compararla con realidades –sobre las que vamos a discutir más tarde– más urbanas.

Según el campo que conozco –créame, señora presidenta, que sé de este tema–, discrepo sustantivamente del relato de los salarios de miseria y de hambre. ¡Yo no los conozco! Sí conozco la dificultad que hay para conseguir personal calificado para un tambo. Eso sí lo conozco, y sé lo que gana un camionero. El año que viene voy a presidir la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y ¡ojalá sus miembros me acompañen en mi voluntad de no estar tan acá adentro e ir a conocer los diferentes campos, diferentes sectores agropecuarios que hay a lo largo y ancho de los cuatro puntos cardinales del país!

Hay situaciones que en este país pasaron frente a ojos, oídos y bocas contemplativas, señora presidenta. Acá se habla mucho de la extranjerización de la tierra –lo vamos a mencionar más tarde–, pero nadie se acuerda de algo más complicado, que es la extranjerización de la industria que hubo en este país. La industria frigorífica se extranjerizó en un 90 %. Estamos en manos de cinco o seis grupos. ¿Y alguien dijo algo, señora presidenta? ¿O cortaban cintas? Ese es un problema que, obviamente, cuando estamos en la cresta de la ola –porque hoy la ganadería uruguaya sí que está en la cresta de la ola, en una ola de Hawái–…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–… más o menos la miramos de costado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: su tiempo finalizó.

SEÑOR DA SILVA.- Ya redondeo, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien. Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- La extranjerización de la industria es algo que pasó.

Otra cosa es que no hay frigoríficos pequeños; esa es otra falacia. ¡No hay frigoríficos pequeños! Industrias frigoríficas que matan, que exportan o que matan para el abasto… No existen los chicos, señora presidenta; hay que poner mucha plata para…

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señor senador, ha terminado su tiempo.

Agradezco su aclaración.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Señora presidenta: me siento muy representado por el informe y las palabras del señor senador Da Silva, que comparto plenamente.

Sin lugar a duda, al escuchar la intervención del señor senador Andrade puedo notar que tiene un punto de partida y es el de la duda. Si uno se posiciona desde ese punto de vista y hace una lectura y una reflexión basadas en la duda, indefectiblemente todo el planteo que se hace a través de esta rendición de cuentas por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y del Poder Ejecutivo cae en saco roto.

Como muy bien decía el señor senador Andrade, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el señor ministro fue muy claro; aquí estamos analizando cosas que no nacieron ayer, que no se iniciaron el 1.º de marzo del 2020. El señor ministro decía durante su comparecencia que siendo presidente de la ARU hablaba con el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el expresidente José Mujica, quien le planteaba las dificultades que había encontrado en esa cartera vinculadas a la cantidad y a la disposición de personal. En este ministerio la dificultad fundamental es la distribución del personal en el territorio nacional; creo que es un aspecto incuestionable.

Más allá del punto de partida que podamos tener y de esas diferencias en el enfoque con relación a los artículos que se presentan, también encuentro en el Frente Amplio una contradicción. Ayer me quedó grabada, de la alocución del señor senador Olesker, su teoría de que en momentos de dificultades el Estado tiene que invertir para generar espacios laborales, económicos y financieros en el país, pero en la reflexión de hoy vamos por la contraria porque, por ejemplo, cuando se quiere incorporar a la Comap y dejar exentas a las inversiones agropecuarias –es lo que está pasando hoy–, parecería que no estamos de acuerdo. O sea que existe una lectura muy enfrentada y que colisiona.

Sin duda, debemos tener un punto de partida y este mensaje del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo tiene; es el propio Censo General Agropecuario que se plantea en la rendición de cuentas y que proyecta una mirada actualizada, real y objetiva a través de la implementación, precisamente, de un censo agropecuario. Estuve trabajando algunos meses en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y puedo hablar con total convicción y sinceridad de lo que fue estar, por lo menos, los primeros ocho meses, en un ministerio que es de territorio, que es de campo, en el que el funcionario tiene que tomar el auto y hacer cientos de kilómetros para llegar al lado del productor. Y lamentablemente desde el Estado no ocurrió porque estábamos en una situación difícil; ahí no funciona la conexión por Zoom ni Internet; ahí es la mano en la tierra y las patas en el piso. No hay otra. Y lamentablemente nos vimos impedidos de llevar adelante la ejecución de la proyección del ministerio desde el día uno, proyectos que hoy están plasmados no solo a través de esta rendición de cuentas, sino también a través del presupuesto quinquenal.

Y vamos avanzando en la instauración y en la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal, por medio del ingreso de personal técnico e incorporando una visión, como muy bien se decía hoy en este recinto, que existe –por lo menos, en lo que yo tengo conocimiento–, que es la conjugación del instituto Estado con los profesionales privados. En definitiva, esto es a lo que obedece el artículo 155; ese es el espíritu. En realidad, en este sentido no hay nada innovador; simplemente se trata de cubrir espacios en una circunstancia difícil de personal dentro del ministerio, con profesionales competentes que, si no tienen un desarrollo correcto, profesional y acertado de su tarea, el mismo artículo dispondrá su suspensión, eliminación del propio registro o, directamente, procedimientos judiciales. Lo dice el propio artículo.

A modo de aclaración, en cuanto a la base de la discusión que se estaba dando, entendemos que seguimos avanzando, que comienzan tiempos de apertura –todos esperamos que así sea–, de movilidad, de trabajo y de instauración de políticas que, lamentablemente, por lo menos hasta hace algunos meses, se hicieron difíciles.

El ministro en su comparecencia ante la comisión y, por otro lado, el propio presidente de la república han manifestado públicamente que excepcionarán al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para dotarlo de personal, tan necesario, como todos coincidimos y como cuestión no novedosa.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero aclarar que las dudas no tienen que ver con nada personal, sino que surgen del texto de la norma. Por ejemplo, con respecto a la liberación de mercaderías que vienen del exterior, ¿este nuevo sistema veterinario es el que las puede habilitar, o no? Hasta ahora era la veterinaria oficial. En cuanto al movimiento entre establecimientos, la norma que estamos aprobando no dice nada. ¿Es este nuevo sistema que estamos creando o sigue siendo el oficial?

Como dije, las dudas no surgen de desconfianzas personales sino de que el texto, en un tema tan sensible, no es claro. Entonces, si no es claro, si el tema es muy importante y tenemos posibilidad de acuerdo –porque garantizar el máximo rango de estatus sanitario no es algo en lo que tengamos diferencias–, entendemos que el tiempo de tratamiento debe ser otro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR LANZ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Agradezco al señor senador Sánchez por la cortesía parlamentaria.

Simplemente, vuelvo a lo mismo: considero que la base del debate es la confianza, y nosotros confiamos en la proyección que se está imprimiendo tanto en la rendición de cuentas como en el propio presupuesto quinquenal. Por lo menos, desde nuestra bancada, la del Partido Colorado, y con nuestro ministro, lo hacemos con total firmeza y convicción.

Debemos dejar en claro –como lo ha hecho el propio ministro– que Uruguay no corre ningún tipo de riesgo sanitario. Sería muy irresponsable que cualquiera de nosotros, en nuestro rol de senadores, dejara sobre la mesa de trabajo la afirmación de que Uruguay puede correr algún tipo de riesgo sanitario con estas medidas que se están adoptando. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –como bien ha dicho el señor ministro– nunca dejará de tener el control y la supervisión.

Muchas gracias, señora presidenta y señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias.

Quiero hacer solo una aclaración, ya que ha habido algunas referencias a cuestiones que podrían implicar una contradicción en el accionar del Frente Amplio. Se mencionó el tema de las inversiones en pasturas y demás. Entonces, quiero aclarar que el artículo 169, que incorpora la inversión en pasturas a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, fue votado por unanimidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

El senador Bergara dio la respuesta que yo pensaba dar al senador Lanz con respecto a esta situación de supuesta contradicción, que no es tal, porque el Frente Amplio votó ese artículo.

Sin embargo, diré algo más. Ni siquiera hay contradicción en lo que se ha planteado aquí –en una especie de discurso– sobre que, en el día de ayer, en algunas de las intervenciones de mis compañeros se puso de manifiesto que Uruguay había atravesado una crisis económica y social en la que algunos sectores tuvieron altas ganancias, y se puso de ejemplo la situación de los trabajadores de esos sectores de actividad, cuyos salarios cayeron cuando había habido mayor ganancia y actividad económica. Por supuesto que nadie va a pedir aumento salarial en los servicios, pero acá se planteó como una contradicción.

Al respecto, simplemente voy a citar el acta del consejo de salarios del grupo n.º 22, «Ganadería, agricultura y actividades conexas», fechada el 22 de diciembre de 2020 y firmada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señora presidenta. Hago esta referencia porque el debate democrático se pierde cuando los datos son subjetivos. Uno puede hacer interpretaciones sobre los datos, puede decir si está bien o mal, pero no puede construir los datos que quiera.

En esta acta –firmada, reitero, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– se establece un ajuste salarial del 3 % a partir del 1.º de enero de 2021. Eso quiere decir que los trabajadores de este sector, los del grupo 22, perdieron salario; se les recortó el salario. Sin embargo, aquí se sostuvo que algunos sectores efectivamente habían tenido altas ganancias. Ese es el problema. Ese acuerdo fue laudado por el Poder Ejecutivo y los sectores representantes de los empresarios. Tan así es que para algunos trabajadores y algunos laudos se establece un incremento adicional de un 1 %, para que esa caída del salario no sea tan grave.

A su vez, se ha dicho y se ha sostenido –sé que es así– que el agro uruguayo –esto se vivió en los últimos quince años– ha tenido una explosión en términos tecnológicos y de inversión. Creo que sería bueno que quienes son enormes defensores del agro reconocieran que eso se hizo bajo la égida de políticas del Frente Amplio. De hecho, la trazabilidad ganadera en este país nos ha permitido incluso la posibilidad de acceder a varios mercados, a cuotas de mercados. Es más, la posibilidad real de llegar con carne a Japón se empezó a procesar en Gobiernos frenteamplistas a partir de un elemento sustantivo, que es la trazabilidad ganadera. Dicho sea de paso, hubo grandes debates sobre este asunto, porque había quienes sostenían que la trazabilidad ganadera no tenía que ser para todos. Ese fue un enorme debate que se llevó adelante, y por suerte se hizo para todos. Y es parte de la contribución al estatus sanitario que tiene nuestro país.

Sé que actualmente hay trabajadores rurales que manejan cosechadoras que valen más de USD 1:000.000. Entonces, por supuesto que hay mucha actividad rural que requiere de mucha especialización, pero de ahí a sostener que los salarios de los trabajadores rurales son para tirar manteca al techo, hay una gran distancia. Un peón de una plantación de arroz gana $ 25.161 mensuales, según lo establecido en el acta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Acá se habló de lo que gana un capataz. Les voy a decir cuánto gana un capataz general de cuadrilla: $ 29.855.

En los tambos, a partir de enero de 2021, el personal sin especialización y aprendiz gana $ 21.000; un administrador, $ 30.000. Esto es lo que está laudado.

En los demás sectores del grupo, un capataz general administrador gana $ 30.995.

Estos son los laudos establecidos en el grupo 22. Y se establece, además, que el ficto por alimentación y por vivienda será de $ 4241, a un diario de $ 170 para plantaciones de arroz, y para sectores del grupo madre, de $ 4287.

Obviamente, hay determinados trabajos especializados que tienen muy buenos salarios, y eso es muy bueno en el país. Ahora bien, venir a discutir respecto a lo que se había planteado con relación a cuánto se genera en salario, cuánto se genera en la actividad económica y productiva rural y la ganancia de esos sectores, y decir que hay una contradicción porque no se conoce la realidad, me parece que no corresponde. Es bueno ver dónde están publicados los salarios para no andar diciendo por ahí que son todos maravillosos y que los trabajadores rurales manejan una Mitsubishi.

Ahora quiero referirme a algunos aspectos relacionados con el ministerio y el inciso.

Desde nuestro punto de vista, el inciso está atravesando un problema real, porque el 50 % de su plantilla de trabajadores en este período de gobierno tiene causal jubilatoria. Eso debilita las capacidades del inciso para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos, en un mundo que cada vez coloca más barreras paraarancelarias, que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, con un conjunto de decisiones que hay que tomar y con la inversión necesaria en tecnología e innovación que debemos hacer en nuestro sector agroexportador. El Uruguay tiene que ser cada vez más agrointeligente, porque el mundo va hacia ese lado y a eso tenemos que apostar muchísimo.

En definitiva, se ha consagrado un debilitamiento de la institucionalidad en términos de las capacidades de recursos que tiene, y eso es evidente. Hay imposibilidad de llevar adelante determinadas tareas y por eso surge aquí la idea de que, como no tenemos tantos recursos humanos para seguir la inspección sanitaria, vamos a hacer que los que producen para el mercado interno se la paguen ellos. Es decir, es una lógica en la cual los pequeños establecimientos, en definitiva –son pequeños con relación a los exportadores, que son los más grandes?, van a tener que cargar con los costos de la inspección, mientras los grandes frigoríficos, que trabajan para el mercado internacional, recibirán los servicios del ministerio sin pagarlos o ?como bien lo explicaba el senador Andrade? con el 1 % que pagan todos y que financia todo eso. De manera que los establecimientos que trabajan para el mercado interno, además de pagar el 1 %, van a tener que pagar al veterinario que los va a inspeccionar.

Esto genera, además, una situación que es la siguiente: ¿por qué hacer esta discriminación entre los que trabajan para el mercado exterior y los que trabajan para el mercado interno? ¿Por qué cargar con más costos a esas unidades productivas que trabajan para el mercado interno?, que es de carnes y derivados también, según dice el artículo.

Entonces, señora presidenta, aquí hay un conjunto de decisiones que nosotros no compartimos. En todo caso, si hay que buscar soluciones, nosotros presentamos un artículo donde propusimos que se exceptuara al ministerio, y particularmente a la División Sanidad Animal, de la imposibilidad de llenar vacantes. ¿Por qué? Porque creemos que son las cosas que hay que fortalecer. Pero en el Uruguay de este último tiempo se ha debilitado al Inale y a un conjunto de instituciones que tienen menos recursos que antes para llevar adelante sus tareas. Y eso es evidente en esta rendición de cuentas, donde está demostrado con datos y cifras que en realidad esa institucionalidad ha perdido recursos, producto de los recortes que ha hecho el Gobierno.

Por supuesto que el Gobierno siempre fundamenta que va a ser más eficiente. Ser más eficiente es hacer más y mejor con el mismo dinero. Y bienvenido sea trabajar siempre por la eficiencia. Ahora bien, también es cierto que con los enormes desafíos que tenemos, cuando se le recortan recursos al Inale o a otra parte de la institucionalidad, todos los sectores han salido a denunciarlo.

Digo más, señora presidenta: también son preocupantes los artículos 167 y 168 en donde, en definitiva, lo que hacemos es bajar el estándar de tolerable con respecto a las normas sanitarias en el caso de la pesca, porque se sanciona con menos fortaleza de parte del Estado a los que no cumplen con las normas sanitarias. Eso es lo que termina haciendo este artículo al decir que, si alguien no cumple las normas sanitarias en este sector, ahora tendrá una multa menos gravosa. ¿Qué señal estamos dando? Por un lado, establecemos un doble estándar. En el caso de los que exportan carne, se seguirá llevando adelante esa función inspectiva por funcionarios públicos. En cambio, los que trabajan para el mercado interno ahora tendrán que pagarla ellos mismos, y no queda claro en la redacción que quien inspecciona no pueda tener relación de connivencia con quien está siendo inspeccionado. Eso no queda claro en el artículo, porque lo mejoraron en algunos aspectos, pero no lograron mejorar esa situación. Pero además, reitero, en el caso de la pesca estamos diciendo que si alguien incumple las normas sanitarias va a tener una sanción menor. ¿Ese es el mensaje que queremos dar? ¿El mensaje es una mayor tolerancia al incumplimiento, porque los castigamos de menor manera? Creo que es un profundo error.

Acá no se trata ni de qué cuadro se es, ni de qué camiseta se lleva adentro ni de dónde se nació. Se trata de cómo defendemos los intereses de un país que necesita mirar hacia el futuro, pero con la convicción de que el mundo rico busca todos y cada uno de nuestros errores para complicarnos la vida. Todos sabemos que está avanzando la población mundial; al 2050 serán 9.000:000.000 de personas que habitarán este planeta y van a necesitar comer. Y para eso hay que aumentar la producción. Un país puede tener los ejércitos más grandes y todo el dinero del mundo, pero si no tiene comida y seguridad alimentaria para su pueblo, va a estar difícil. Lo que termina pasando es que muchos países del mundo resuelven la seguridad alimentaria con el dinero que tienen y con la presión que ejercen sobre los países del tercer mundo, que somos los productores de alimentos. Por algo en las rondas de la OMC no avanzan las cuestiones sobre aranceles agropecuarios y sí sobre propiedad intelectual y otros temas.

Entonces, cualquier paso que demos en falso en esta dirección va a traer como consecuencia enormes dificultades, no para el Gobierno actual, no para la discusión política menor que podamos tener, sino para las necesidades estratégicas del Uruguay con el fin de avanzar. Me parece que cuando existen matices desde un lugar de honestidad, como los que se están planteando, lo primero que hay que hacer es sacar estos temas del ámbito de la rendición de cuentas y discutirlos en profundidad en otro espacio para seguir construyendo políticas que tengan un respaldo mucho más amplio que el de quien ejerce hoy la mayoría circunstancial, porque así se trabajó y porque no se podría haber logrado lo de la trazabilidad ganadera si no se hubiese tenido respaldos más allá de quienes éramos la mayoría en aquel entonces. Me parece que avanzar de esta manera en un ministerio clave para el país es un gran error y habría que empezar a plantearse debates más profundos, más serios, pero, por sobre todas las cosas, con más puentes…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–… con muchos más puentes –y ya termino, señora presidenta–, porque lo que necesitamos los uruguayos es seguir generando condiciones para avanzar en nuestro desarrollo, producir alimentos, pero por sobre todas las cosas producir inteligencia a partir de nuestra base primaria.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Quiero dar algunos datos de los recortes que recién mencionaba el senador Alejandro Sánchez.

En la ejecución presupuestal 2020, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ejecutó el 80,5 % de sus créditos, el 76,4 % de remuneraciones, el 93,2 % de funcionamiento y el 65,8 % de inversiones. En cuanto al recorte durante 2019 y 2020, lo ejecutado en el 2020 fue un 10,7 % menos que en 2019, en términos reales ajustados por inflación. Hubo una reducción del 15,2 % en funcionamiento, 5,5 % en remuneraciones y 27 % en inversiones. Hubo recorte por todos los conceptos en las direcciones; el recorte más importante se dio en la Dirección General de Desarrollo Rural con menos 56 % de funcionamiento y menos 34 % en inversiones, y –como recién se señalaba– también cayó la ejecución en el IPA, el Inale y el Inase. A ello quiero agregar que los créditos presupuestales para funcionamiento en el resto del período aumentan un 20 % respecto de lo ejecutado en 2020, pero las inversiones caen en un 12,6 %. Podemos agregar más datos que estuvieron en el debate de la comisión con la presencia del ministro –que fue cuando señalamos estas cosas– y los dejamos a disposición.

Voy a ser breve en la intervención, por lo que, para finalizar, quiero hacer una referencia de carácter puntual y otra de carácter más conceptual. La de carácter puntual, que ya fue señalada por algunos de mis compañeros de bancada, hace al artículo 155. Al respecto quiero señalar que a veces la fundamentación se plantea como si el Frente Amplio estuviera en contra de artículos que efectivamente votó a favor y fueron desglosados para tratar acá. El texto del artículo 155 no solo hace a la confianza o no que se puede delegar en un Poder Ejecutivo –el que fuera– sino, fundamentalmente, a lo que desde nuestro punto de vista esa redacción no garantiza. Esta no es solo la visión de la bancada del Frente Amplio, sino también de la asociación de veterinarios y la asociación de funcionarios; todo esto, además, en un contexto que todos conocemos, que es el envejecimiento de los cuadros funcionales de ese ministerio. La propuesta de nuestra bancada –que no fue atendida– era dar una excepcionalidad a los recortes de marzo del 2020 por la razón estratégica de control de algo tan importante como son las exportaciones del Uruguay en esta materia.

Dicho esto, simplemente quiero dejar una mínima reflexión, porque a lo largo y ancho del debate, aquí y en los medios, se hizo alusión a la extranjerización de la producción –sea en el campo o donde fuera– y parece que se atribuyera algún mal o algún bien al origen del capital o a la inversión. Yo entiendo que quien va a invertir, legítimamente tiene el derecho de obtener las ganancias en función de las reglas de mercado y las reglamentaciones vigentes. Ahora bien, parece ser –lo he leído y escuchado– que el origen del capital es lo malo o lo bueno, como si ser inversor extranjero significara automáticamente ser alguien que desoye determinadas cuestiones y ser inversor nacional, lo contrario. Es más, quizás, el debate de fondo estaría en si esa inversión supone el desarrollo productivo, el respeto de las leyes sociales, del medioambiente y demás, de la calidad –en el más amplio sentido del término– y no tanto en su origen, sino en la regulación que el Estado efectivamente debe hacer de las inversiones en el país. Digo esto porque lo hemos escuchado reiteradamente y creemos que es un debate de fondo que en algún momento habrá que dar, con datos reales, y sobre cuáles son las asociaciones que se hacen en función de estas cuestiones que estamos explicando. ¡Ojalá tengamos la oportunidad de ver que capitales nacionales, bajo políticas públicas, tengan un estímulo, de tal manera que, en vez de, por ejemplo, colocar sus depósitos en el extranjero o en la banca nacional, se vean estimulados a hacerlo acá! Hasta ahora no lo hemos visto. Por lo tanto, en ese sentido, ojalá podamos dar en algún momento un debate de fondo que conlleve un desarrollo, un crecimiento y que esto tenga efectiva y real dimensión para generar un país productivo con calidad en las inversiones, con trabajo, con trabajo de calidad que, al fin y al cabo, son las cuestiones de fondo que deberíamos abordar.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Sé que el senador Mahía también me habría concedido una interrupción, pues le reconozco una enorme honestidad intelectual. De todos modos, contabilicen ustedes el tiempo, yo voy a ser muy breve.

En primer lugar, vamos por buen camino, porque no todo es el Estado ni todo es la regulación. Cuando escucho –y se lee, como se hizo recién– hablar de la fijación de laudos, de los trabajadores en general, pero ahora nos estamos refiriendo a los del medio rural, ¿saben lo que me pasa? Si queremos tener mejores trabajadores, pagamos más. Entonces, el tema es que necesitamos calificar a los trabajadores, y el laudo ni lo tenemos en cuenta, ¡porque queremos tener buenos trabajadores y cumplidores! Ahí es cuando aparece lo que uno realmente puede hacer de acuerdo con las posibilidades del mercado, además de lo que significa darles casas, lo que está muy bien, así como también darles hasta el combustible.

(Dialogados).

–Me quedan dos cosas por decir, señora presidente.

No todo se desprende de las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la realidad es otra; si nos rigiéramos por las planillas en el ámbito privado, la verdad es que no podríamos llevar adelante ningún emprendimiento.

Por último, quiero recordar el caso del empresario Alberto Fernández y la pérdida del mercado chino por no haber cumplido con los estándares en su frigorífico, que, además, dejó a todo el mundo en la calle; se le puso una multa de USD 135. ¡Qué mensaje estamos dando!

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Gracias, señora presidenta.

Sinceramente, yo no conocía la razón ideológica que estaba detrás de todo esto. ¡Se les fue la mano, muchachos! Porque extranjerizaron el 42 % de la tierra, con gente que no tenía voluntad de vender, que tuvo que vender la tierra porque fue la manera de solucionar el endeudamiento interno en este país; pero, además, extranjerizaron los frigoríficos, los molinos, las distribuidoras de combustibles y, por supuesto, la banca toda. ¡Se les fue la mano, de verdad!

Respecto del otro tema que señalaba el senador Mahía, quiero decir que es cierto. La falta de funcionarios en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es algo de lo que habló su titular en la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, quien, incluso, refirió a sus diálogos con el expresidente Mujica en su momento. Por eso es por lo que en esta rendición de cuentas vamos a votar un artículo que levanta la restricción general en los distintos incisos para contratar personal. Obviamente, eso no va a satisfacer todas las demandas de ese ministerio, pero va a ser una ayuda fundamental.

Con respecto al tema anterior, el de los veterinarios haciendo inspecciones en los frigoríficos, quiero decir lo siguiente.

Hablando con sinceridad, no estaría tan preocupado por las finanzas de los titulares de los frigoríficos, porque estoy seguro de que se van a arreglar igual. ¡Tengan la más absoluta tranquilidad en ese sentido! Pero sepamos todos que los primeros interesados en el mantenimiento del estatus sanitario son los propios frigoríficos. Ellos son los primeros interesados, porque si el país pierde el negocio, los que lo pierden absolutamente todo son ellos y los trabajadores que allí cumplen tareas. ¡Esos son los que lo pierden todo! Por eso digo que la preocupación por esos controles la tienen, primero, los interesados directos.

¡Y lo otro es esta desconfianza por los veterinarios del Uruguay! No se puede acusar la ética profesional al barrer. Lo dije en comisión y lo repito: no se puede desconfiar y decir que nuestros veterinarios se van a asociar con el que les pague y van a aprobar cualquier cosa. ¡Eso no es admisible! ¡Esa desconfianza no puede existir! ¡Esa desconfianza es absolutamente indebida! Nuestros veterinarios dan prueba de eso todos y cada uno de los días, incluyendo sábados y domingos; ¡todos los días! Lo hacen en el trabajo, en el medio del campo, haciendo los sangrados y hasta en las competencias hípicas. En todos lados está presente la ética veterinaria haciendo la sanidad, y son pagos por sus patrones. Son quienes hacen los test, los que recomiendan los tratamientos y los que se preocupan, por vocación propia, de la sanidad de todos en este país; ellos, directamente, y a través de sus asociaciones profesionales.

Entonces, ¿cómo vamos a sembrar la desconfianza así, a la ligera, de que van a jugar su carrera y su prestigio? No lo harían por conveniencia, pero no lo hacen por ética, porque si algo han aprendido en la Universidad de la República y en la Facultad de Veterinaria es la ética. Sinceramente digo que esto no lo acepto. Estaba absolutamente callado en este debate. Creo que no lo debemos aceptar. Es más, estoy seguro de que quienes lo mencionaron lo van a reconsiderar y que vendrá la palabra aclarando que esa parte del discurso más vale eliminarla. Van a pedir la palabra para decir que esa no era la intención, que también respetan a los veterinarios y que, por lo tanto, se desdicen de lo que expresaron.

Muchas gracias, señora presidenta.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, quiero volver al centro de nuestro debate. Sé que ustedes ya han tenido un debate previo en la comisión, que hay aspectos que se trasladan al plenario, pero me parece que este punto ya ha sido suficientemente debatido.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Andrade.

(Interrupciones).

SEÑOR ANDRADE.- Estoy haciendo una aclaración; tengo todo el derecho.

SEÑORA PRESIDENTA.- Haga la aclaración, por favor.

SEÑOR ANDRADE.- No sé por qué grita el senador Penadés.

Me parece que sería un enorme peligro para el Uruguay que siguiéramos el razonamiento del senador Botana. De ser así, debiéramos cerrar la Inspección General del Trabajo, porque qué mejor que cada empresa se controle a sí misma, contrate a sus técnicos y no tenga ningún control. De esta forma, también cerraríamos el control bromatológico del Estado porque, repito, qué mejor que cada empresa se controle a sí misma para que le vaya bien. O sea, si trasladamos el razonamiento del senador Botana a todas las áreas de fiscalización del Estado, debiéramos disolver el Estado. ¡Disolverlo!

No se puede sostener una fundamentación en base a la desconfianza de la profesión. No es así; estamos cuestionando el diseño institucional. Y un diseño institucional sobre la fiscalización que no tenga independencia sobre quién fiscaliza es un diseño institucional equivocado. Establecer un doble estatus sanitario, uno para la exportación y otro para la salud de los uruguayos, que son los que consumen en el mercado interno, es equivocado.

Nosotros damos una discusión sobre la base de ideas que están en la norma y no sobre la base de adjudicar intenciones. Algunas ideas todavía no se han mencionado. Como bien decía el senador Sánchez, todavía no se nos ha dicho cuáles son los elementos para bajar las multas al que incumple.

(Interrupciones).

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- No va a haber más aclaraciones, porque voy a dar la palabra al senador Coutinho, que hace diez minutos, mientras ustedes discutían, la pidió.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: tal cual lo acordado, a las 14:00 tenemos que generar el escenario de higienización. Por determinados compromisos, habíamos previsto que a las 13:30 fuera el pasaje a intermedio, pero nos hemos pasado de la hora.

Por lo tanto, solicito un cuarto intermedio de una hora y después podremos seguir discutiendo este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar, corresponde votar lo señalado por el senador Penadés.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 147, 148, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 167, 168 y 170.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

Se va a votar el cuarto intermedio de una hora para llevar adelante la desinfección de la sala.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Son las 13:48).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:05).

–Pasamos al inciso 08: «Ministerio de Industria, Energía y Minería».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se voten en bloque los artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184 y 185.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184 y 185.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

En el 2007 en esta casa se votó por unanimidad la ley sobre agrocombustibles. En general, ubicamos la importancia de construir políticas de Estado que forjen consenso. Creo que esta es una preocupación franca del sistema político y sabemos que muchas veces implica una enorme dificultad.

En este caso, cuando se construyó la política de Estado acerca de la ley sobre agrocombustibles, quienes hoy están en el Gobierno estaban en la oposición y deben haber hecho un esfuerzo enorme, porque siempre que se acompaña una iniciativa que surge de alguien con quien se tiene enfrentamientos políticos, el costo puede ser mayor.

Tenemos la idea de que una forma no escrita de legitimar las políticas de Estado es que nos tendría que costar más modificarlas, porque pasamos trabajosos procesos en estos temas que son de una extraordinaria sensibilidad. Fíjense que con el tema de la ley sobre agrocombustibles estamos dando una señal que tiene que ver con la participación del Estado para generar desarrollo industrial. Algo que se ha reclamado acá por distintos partidos políticos –no solo por el Frente Amplio– es que una de las dificultades que tenemos es el desarrollo de la industria de mayor valor agregado.

Un segundo componente, que es saludablemente cada vez más relevante en la agenda, tiene que ver con las políticas ambientales. ¿Representa un costo llevar adelante una política ambiental? Podemos hablar sobre las circunstancias del combustible en Uruguay si las comparamos con Argentina y Brasil. En Brasil la cantidad de azufre en el combustible es de 50 a 500 partes por millón; en Argentina, de 500 a 2000 partes por millón, mientras que en Uruguay es de 30 partes por millón. El proceso de desulfurización genera, entre otras circunstancias, que haya menos toneladas de azufre en el ambiente y, como componente principal, que existan menos posibilidades de contraer cáncer y asma, así como también que los autos duren más tiempo. Por lo tanto, ese tipo de políticas no se las puede evaluar como un costo; el desarrollo del trabajo y de valor agregado no se puede evaluar de ese modo.

El tema aquí es que tenemos un artículo que establece el cierre de la planta de ALUR Capurro –por no generar las condiciones de mezcla–, pero sin lograr políticas de Estado; se rompe una política de Estado. Es una práctica, para la que la mayoría parlamentaria tiene los votos, pero creo que está equivocada. Se basa en un informe de la comisión de expertos –que se creó en la LUC–, que dice muchas cosas interesantes. Si no estoy mal informado participan –en este equipo que armó el Gobierno– integrantes de la OPP, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El informe dice, entre otras cosas, que haber refinado combustible en el 2018 nos generó una ganancia de USD 124:000.000, que haber refinado combustibles en el 2019 a cambio de importar combustibles nos generó una ganancia de USD 126:000.000.

Ese informe –reitero– fue elaborado por un comité de expertos que creó el Gobierno para analizar las cuestiones de los combustibles con una metodología más austera que la utilizada por el Banco Central pero, increíblemente, ha tenido poca repercusión pública. En él se indica que entre 2015 y 2019 la refinación de combustible en Uruguay generó USD 2.100:000.000 de valor agregado bruto. No son los USD 3.000:000.000 que sostenía el Banco Central, pero con una metodología más austera coloca este componente.

Es cierto que el informe del comité de expertos sostiene que hay que revisar la ley a los efectos de eliminar la exigencia relativa a la mezcla de combustible. Lo dice colocando tres preocupaciones, que son las primeras que deberíamos consultar, no porque el comité de expertos y su resolución valgan más que la necesidad de sostener políticas de Estado, sino porque se deben diseñar mecanismos de reinserción para las cuarenta personas que se encuentran ubicadas en la planta Capurro.

Diríamos, entonces, que el primer impacto son las cuarenta personas ubicadas en la planta Capurro. Un segundo impacto relativo –aún no estimado– tiene que ver con cuánto de esto implica en Cousa. Si bien sabemos que esta producción no integra el giro principal de Cousa, tampoco es menor, y habría que determinar cuánto implica, desde el punto de vista de la producción de derivados –ración animal y demás–, la decisión de que esta actividad no se desarrolle más.

Una segunda recomendación del comité de expertos tiene que ver con las alternativas para compensar las emisiones que representan el compromiso asumido internacionalmente en lo ambiental, y analizar el impacto del contrato vigente en molienda de grano. Eso da lugar al incumplimiento que se generaría, además, con Cousa que tiene un contrato vigente hasta el 2027. Este es otro elemento que implicaría la discusión del apuro por una potencial rebaja en el entorno de $ 1 en el precio del litro de gasoil, según el comité de expertos.

A nuestro entender, estamos dando un montón de señales que son negativas. La primera de ellas es dar pasos en contra de un componente de política ambiental.

La segunda señal tiene que ver con romper políticas de Estado con mayorías circunstanciales. No es la primera vez que pasa en este período de gobierno. Al parecer, es difícil sostener esa práctica política con el discurso que reclama que hay temas que deben atenderse con el más amplio consenso.

La tercera señal negativa es un tipo de reestructura. Más adelante vendrá el debate acerca de la operación de puestos de peaje que tuvo un tímido cambio en la redacción. Si cuando el Gobierno tiene que aplicar sus reestructuras laborales, lo hace con un hacha –es decir, sin preocuparse por lo que pasa con los trabajadores que quedan sin empleo como consecuencia de la decisión de aplicar determinada política–, ¿cuánto tiene de autoridad moral para discutir ante cualquier circunstancia laboral del sector privado que enfrenta una reestructura, de manera de minimizar el impacto social? En estas circunstancias, cualquiera que aborde la problemática de los desafíos que el mundo tiene hoy en medio de procesos de sustitución de mano de obra por tecnología y de los vaivenes de la economía cada vez más dinámica, muchas veces se ve enfrentado a generar políticas que permitan que a la hora de pensar reestructuras productivas, estas se hagan con el más amplio diálogo social, con la más amplia discusión, minimizando los impactos y no atendiendo solo un componente: una potencial rebaja del precio de los combustibles. Lógicamente, todos queremos rebajar el precio de los combustibles, y sabemos que en él inciden algunos factores muy importantes. Uno de esos factores, que es el precio del petróleo, no lo determinamos nosotros, pero hay otro que sí determinamos –y debemos considerarlo serenamente–, que es la carga impositiva que tienen los combustibles dentro. Sería muy sencillo decir «sáquese el impuesto a los combustibles y, por lo tanto, rebájese», pero habría que pensar en ofrecer alternativas de recursos para poder atender las demandas que después todos reclamamos en términos de políticas públicas que logren pensar niveles de desarrollo. En definitiva, no es sencillo. De todas maneras, nunca dijimos que fuera sencillo bajar el precio de los combustibles, que ha subido –como decíamos ayer– un 28 % en los últimos dieciocho meses.

Creemos que es necesario no romper, menos de esta forma, una política de Estado. El Gobierno dice que se absorbería el costo que podría generar una demanda como consecuencia del incumplimiento del contrato con Cousa, porque lo que abarataríamos podría ser mayor. Hay que mirar todas las externalidades, también como señal política, porque es difícil decir que no se incumple. En una perspectiva de actividad industrial de largo aliento, nos parece que retrocederíamos en varios aspectos y que en una circunstancia como esta –pandemia mediante y en una situación de crisis sostenida durante mucho tiempo–, pensando a mediano plazo, el desarrollo de actividades industriales que generan valor agregado, acá y en el mundo, incorpora el papel del Estado. Muchas veces cuando manejamos el concepto de que solo se puede atender lo que el mercado diga que es eficiente, estamos de alguna manera profundizando un esquema de inserción internacional periférico de la economía uruguaya porque muchos sectores económicos se desarrollan debido a que el Estado los protege, los incentiva y los estimula. Acá mismo hemos discutido sobre la necesidad de políticas públicas para pequeñas y medianas empresas y pequeños y medianos productores que requieren de la participación del Estado para poder sostenerse. Entones creo que, con la misma preocupación, no deberíamos mirar en una cuenta tan corta la circunstancia de esta actividad industrial porque, además, sentaría un antecedente que creemos que es negativo.

Cuando consideramos a ALUR, su eficiencia o ineficiencia, no estamos sentando la fundamentación de políticas que permitieron intervenir económicamente en el norte del país, asumiendo que era necesario sacar adelante una zona que estaba en depresión, que tenía ciertas condiciones sociales –en particular con golpes duros a la infancia–, sino que esta definición o premisa que está detrás de la decisión de ALUR Capurro es una señal que pavimenta en la dirección de retirar al Estado de donde más se necesita. Y después el Estado tiene que volver de otra forma a atender las demandas y los dramas sociales que generan el desempleo, la desigualdad y los problemas estructurales. Más adelante, cuando tengamos que discutir sobre el tema de los asentamientos, ojalá lo hagamos no mirando solamente las partidas para asentamientos, sino las condiciones sociales que generan que una parte importante de la población no tenga las posibilidades de resolver el tema de su vivienda, sobre todo cuando se deterioran sus condiciones.

Por eso, señora presidenta, nos parece que es importante sostener con coherencia que si las políticas de Estado son importantes deberíamos tener un criterio para su modificación. En este caso no se ha cumplido con las recomendaciones que el propio comité de expertos advierte para tomar este tipo de medidas, porque se está generando un impacto social en una actividad industrial de las que el país no tiene muchas, y no pasa por cerrar fábricas, sino por crear condiciones para que haya una apertura de la actividad industrial. Además, no creo que mueva mucho la aguja el peso potencial probable, que ni siquiera se sabe cuándo va a ser porque si lo hiciéramos hoy tendríamos que asumir y pagar un juicio de Cousa. Y todavía no se ha medido el impacto que tendría en sus 400 trabajadores, ¿en cuánto podría afectarlos, en un 4 %, un 5 % o en un 10 %?

En nuestra opinión, no se puede tomar una decisión de este tipo en una rendición de cuentas.

(Dialogados).

–¡Sí, estoy defendiendo a los trabajadores de Cousa! Me preocupa la situación de los puestos de trabajo de sus empleados, como también me preocupa la realidad de los puestos de trabajo en cualquier parte del país.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, guarden silencio.

SEÑOR ANDRADE.- Y cuando se toman medidas que tienen como resultado levantar la mano para dejar sin trabajo, no a cuarenta, sino a cuatro personas, también me duele hacerlo; me duele levantar la mano y pensar desde la comodidad de estas bancas que eso pasa con trabajadores de este país.

Gracias, presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Eviten los diálogos, por favor.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: nuevamente estamos asistiendo a los discursos para los titulares.

Recién escuché que el señor senador preopinante hablaba de pavimentar el camino hacia la desarticulación del Estado.

Estamos enfocando mal las cosas por falta de conocimiento o por una intención deliberada –y política– de medrar un compromiso electoral que tenemos en esta bancada, que es bajar el precio de los combustibles. Se nos ha reiterado la cantidad de aumentos que tenemos del precio de los combustibles, pero nuestro compromiso es llegar a lo más claro en la fijación de su precio sin sobrecosto. Y este es el camino, señora presidenta.

Respecto a si era $ 1 o $ 1,50, quiero decir que para un arrocero –capaz que el senador Andrade no lo sabe– que está sembrando y que movió la tierra, $ 1,50 en el litro del gasoil es mucho. El arrocero lleva el trabajo no a fábricas con contratos leoninos; a uno le gustaría saber en qué estaba pensando el jerarca de turno cuando firmó los contratos como los de proveeduría, como los que se firmaron con la producción de biodiésel. En el mundo privado ese tipo de contratos leoninos no existen, ¡no existen, señora presidenta!

Entonces, al arrocero que lleva trabajo a un aguador en Rincón de Ramírez, en Treinta y Tres –donde no hay Estado que llegue; tiene que llegar un arrocero para plantar y para que haya un aguador que controle–, a ese le importa. Ese es el mundo real, señora presidenta, por el cual este senador pelea todos los días. Y en ese mundo real, la desafectación del biodiésel al Uruguay no le va a ocasionar ningún impacto, habrá cero impactos, en primer lugar, señora presidenta, porque la Brassica –como son la colza y la carinata– no depende de ALUR.

Se ha expandido el cultivo de eso amarillo, señores senadores; por las dudas y por si no conocen, digo que cuando uno va para el interior y ve campos amarillos, eso se llama colza-canola o, en algunos casos, es carinata. La colza-canola se usa para el aceite y para mezclar con el biodiésel y la carinata es la planta del futuro, ¡es la planta del futuro, señores senadores! Es con lo que se hace nafta de avión, biocombustible ecológico. Es una realidad que va a transformar la versatilidad de los suelos fuera de las zonas núcleo. La carinata va a llegar, señora presidenta, a los suelos del este y del noreste. Va a llegar a los pagos de mi amigo, el senador Botana; ahí va a estar amarilleando en invierno todo lo que hoy no puede verdear en trigo y en cebada por una cuestión de clima.

En agricultura, todo es clima y suelo. Los trigos y las cebadas en el noreste no dan calidad panadera porque cambia radicalmente el clima, porque a partir del 25 de agosto empieza a llover y se lavan las espigas. Las de la carinata no, las de la colza tampoco y eso ha permitido la expansión del Uruguay en eso que hoy es parte de nuestro paisaje.

¿Sabe a cuánto está la colza, señora presidenta, en la cotización del exportador uruguayo, del productor común y corriente? Repito que no hay dependencia acá; es mentira que la colza o la carinata tengan que concentrarse en ALUR para desarrollarse. Eso es mentira. ¿Sabe a cuánto está? A USD 700 la tonelada. Vuelvo a decir: hablan de ganancias extraordinarias y ¡USD 700 es lo que vale la tonelada de colza, que se cotiza en el mercado de París! No tiene nada de dependencia con ALUR.

Un día vamos a hablar de ALUR, señora presidenta, y de los inventos de ALUR. Voy a tirar un titulito: gastaron USD 2:000.000 en una planta para, a partir del boniato, hacer biocombustibles, señora presidenta, en la pavimentación de los caminos hacia el Estado y el desarrollo… ¡USD 2:000.000 en una planta para que a partir del boniato se hiciera biocombustible! Nadie se acuerda de esto, pero yo sí me acuerdo porque sé lo que valen las cosas, señora presidenta.

Entonces, vamos a ir camino a un sinceramiento en el precio de los combustibles en algo que no tiene ninguna afectación; no tiene afectación desde el punto de vista ambiental. Hace una hora aproximadamente hablamos de medidas revolucionarias desde el punto de vista ambiental, como es la promoción de la pastura, infinitamente más revolucionaria que la incorporación del biodiésel.

En el mundo hay una guerra de aceites, señora presidenta; repito, hay una guerra de aceites -hay que saber qué está pasando en el mundo- por la cual nuestro país tiene enormes posibilidades. Dentro de estas, la planta de Capurro es una de las que tienen más chances, porque no empieza ni termina el mundo cuando el Estado deja de producir biodiésel. Es una planta que tiene un formidable futuro, tal como lo hace ahora moliendo otras cosas y, si la planta trabaja, trabajan sus empleados. Digo esto porque, si bien puedo haber criticado la planta de boniatos –que es otra velita al socialismo–, costó USD 2:000.000. Decidieron hacer una planta para fabricar biocombustible a partir de los boniatos –un experimento público frentista– que tuvo USD 2:000.000 de pérdida. Sin embargo, la planta de Capurro, no, trabaja en forma autónoma, tiene alas propias y lo repito: tiene alas propias ?que no son Alas-U, sino alas propias? y va a tener mucho más porque la carinata –que hoy produce sustantiva o fundamentalmente la empresa UPM– se va ampliando. Se necesita ese tipo de emprendimientos. Por lo tanto, no va a haber ningún cisma a nivel de las familias, que a todos nos preocupa. Creo que hasta van a tener la posibilidad de mejorar. Repito: ¿es necesaria la planta de Capurro para el Uruguay fabricante de biocombustibles de alto octanaje o como se les llame? Sí, señor. ¿Está la planta? Sí, señor. ¿Están los empleados? Sí, señor. Ahora bien, ¿es necesario para el productor uruguayo seguir mezclando biodiésel? No. ¿Vamos a ahorrarnos un peso o un peso y medio? Sí. ¿Eso es muy importante? Sí, señor. Esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. Esa es la discusión; la discusión es cantar todas las verdades.

¿Y sabe una cosa, señora presidenta? ¿Sabe quién va a ser uno de los actores fundamentales de todo este negocio? La empresa que algunos defienden en detrimento del interés nacional.

Los aceiteros a nivel internacional hoy están con una demanda infinita. Por eso ahora es el momento de hacer este tipo de reformas. Mire, señora presidenta, acá ningún productor pequeño depende de ALUR para producir biodiésel. Lo repito: no hay un solo productor que tenga que depender de ALUR para producir canola o carinata; no lo hay. El lenguelengue de que los pequeños productores necesitan a papito Estado para poder venderle no existe. No hay. No hay. Distinto es el complejo de Bella Unión, que no está acá arriba de la mesa porque estamos hablando del biodiésel y de la forma en que se hace, a través de la colza o de la soja.

Entonces, vamos a ir desmitificando la cosa. No hay ningún pequeño productor que dependa de ALUR. Hoy la planta de Capurro tiene un potencial enorme, y lo repito: ¡enorme! Hay que ver con la diligencia que se maneja el gerente de ALUR. Probablemente no va a estar arriba de un avioncito mirando desde arriba, sino que va a tratar de hacer un negocio como la gente. Hay que ver de qué forma se respeta, con elementos arriba de la mesa, un contrato leonino –repito, totalmente leonino– y habrá que seguir adelante, señora presidenta.

Esta discusión va a quedar en el anecdotario y, en dos o tres años, veremos –y el Senado en esto va a tener el antecedente– que el término «carinata» va a ser común, totalmente común, y va a estar fuera de papá Estado, fuera. Va a ser la gente que trabaja y apuesta al aire libre, a cielo abierto, la que va a tener suerte con las buenas cosechas o no. Se habla de ganancias extraordinarias, pero hay que tener agallas para meter hoy USD 1000 por hectárea, que es lo que vale un cultivo de soja. ¡Agallas hay que tener cuando existe una línea incipiente en el horizonte! ¡USD 1000 por hectárea! Ponga. Ponga. Después nos hablan de ganancias extraordinarias. Repito: USD 1000 por hectárea y con una seca incipiente. Lo mismo ocurre con el que planta colza, trigo, arroz o girasol. El girasol, señor senador Andrade, es otro cultivo que está teniendo su vuelta. Los empleados de Cousa que al señor senador le preocupan, van a tener, por suerte, su oportunidad. Vamos a duplicar este año el área de girasol. Este cultivo tuvo varios problemas, entre ellos, la invasión sojera, pero después aparecieron otros con los pájaros y con el tallo. La biotecnología generó girasoles que no tienen tanto problema de tallo y, con respecto a los pájaros, al haber tanta agricultura ellos se van dividiendo. En momentos de una sequía incipiente, vamos a tener el cultivo de girasol, que es un jugador que sirve, mueve los cabezales.

Esta es una discusión que, por supuesto, no tiene nada que ver con el tema de fondo de Ancap al que no vamos a entrar; tampoco debatiremos sobre liberar o no los combustibles, el monopolio y la mar en coche. No; vamos a ver si esto es bueno para el país, si genera algún daño o tiene consecuencias para el país o los productores. Vamos a tratar, entre todos, de asumir el compromiso y dar tranquilidad a esas familias, mostrando al mundo que probablemente –porque nadie dice que Ancap va a dejar de mezclar en forma inmediata– los trabajadores de la planta de Capurro están trabajando en uno de los ambientes fabriles más apetecibles de toda la humanidad, que hoy está teniendo una guerra de aceites. Eso va a dar tranquilidad y al productor, al transportista y al distribuidor les va a bajar $ 1,5 el litro de gasoil. ¡Bienvenido! ¡Medio peso, bienvenido! ¡Un peso y medio, más que bienvenido!

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

(Dialogados).

SEÑOR BERGARA.- Esto no termina acá, después va a haber otro anotado, señor senador Penadés.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: vamos a señalar que, por suerte, se sacó el Fondo Universal de Telecomunicaciones, que estaba contenido en los artículos 161 y 162 y nos parece que eso es bueno porque, supuestamente, lo que iba a hacer ese fondo era extender la conectividad, pero eso estaba previsto en el plan estratégico que iba a llegar a cubrir el cien por ciento. La duda que teníamos era si luego eso no iba a ser usado por los privados en perjuicio de nuestra empresa, pero, por suerte, eso se retiró.

En particular, quiero hacer alusión a los cuatro artículos que refieren a las radios comunitarias. Concretamente, estoy hablando del artículo 178, que modifica el artículo 6.º de la Ley n.º 18232, denominado «Titulares». Se modifica la definición de los titulares, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, y lo que cambia es que no solo estarán aquellas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura porque se agrega «de acuerdo a lo que establezca la reglamentación». Evidentemente, se deja en manos del Poder Ejecutivo este tema que en el futuro puede ser bastante discrecional.

El artículo 179 modifica el artículo 13 de la Ley n.º 18232, denominado «Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario». La modificación introducida, en concreto, hace que medios comunitarios que funcionan en esta modalidad y en algunos casos tienen veinte años puedan existir únicamente por dos años. Es impensable la fundación de un nuevo medio de comunicación con el trabajo de inversión que ello implica para operar únicamente por ese lapso. Las frecuencias compartidas responden a una realidad del sector y de las distintas comunidades en las que no es posible sostener una adjudicación de forma exclusiva ni los requisitos de una personería jurídica. En consecuencia, es el mecanismo que garantiza la existencia de estos medios que, en muchos casos, son los únicos existentes, fundamentalmente en comunidades pequeñas. La existencia de medios locales tiene un valor enorme para la libertad de expresión de la que tanto hablamos y para el derecho a la comunicación y el patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación, considerando la importancia de cada rincón del país que, generalmente, es invisible en los medios hegemónicos de comunicación.

Este artículo plantea que la adjudicación ya no será para que el MEC las administre. Reitero: ya no dependerán del MEC, sino de un grupo de personas y eso, supuestamente, para quienes están en este ámbito de las radios comunitarias también constituye un riesgo.

El artículo 180 deja sin efecto el rol del Ministerio de Educación y Cultura que, como mencionamos antes, está en consonancia con sus cometidos por esto de la cultura y otras áreas, y esos cometidos no los tiene ningún otro organismo del Estado.

El artículo 181 habilita a las radios que hacen uso de frecuencias compartidas a trasmitir por dos años y luego establece el cese de las emisiones. Estos medios dejarán de existir en dicho plazo, lo que significa cerrar más del 40 % de las radios comunitarias del país. Esto configura un hecho extremadamente grave para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la información de la sociedad, particularmente de las comunidades pequeñas.

Este tema se le planteó al ministro; incluso, quienes integran muchas radios comunitarias de nuestro país aspiraban a que estos artículos fueran retirados. Nosotros, evidentemente, vamos a votar en contra. El ministro respondió que se las iba a ayudar a hacer los procesos para cambiar su categoría de radio comunitaria de uso compartido a radio tradicional, cuya autorización es por diez años. Lamentablemente, eso tampoco queda escrito acá. En realidad, tenemos dudas de que, al no quedar escrito, a estas radios se les dé un año, después otro más y después cierren, con todo lo que hemos dicho que eso significa en perjuicio de las comunidades chicas de nuestro país.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Se discute y se menosprecia el peso de rebaja de los combustibles que puede haber a partir del levantamiento de esta obligación. Aquí no se está prohibiendo la mezcla de biocombustibles en el gasoil; lo que se está haciendo es levantar una obligación, que tiene una contrapartida porque también vamos a aprobar aquí un crecimiento de la obligación de la mezcla en el porcentaje de crecimiento en las naftas. Nos corresponde hacer eso desde el punto de vista ambiental y se preservan algunas de las otras cuestiones que hemos estado mencionando aquí. Pero ese peso, así como los otros $ 11, $ 12 o $ 13 que tiene el combustible de sobrecosto, podrá no importar a los señores senadores, pero sí importa al que depende del costo del combustible para tener trabajo. Al peón arrocero que encontró trabajo o no según si en la tierra se planta o no, al que trabaja en una cosechadora, al camionero, al que va a cargar bolsas a un molino, a ellos sí les importa si en la tierra se planta o no. Esto se hace en función del costo que tiene plantar, cosechar y transportar la cosecha, y eso se llama combustible. El costo de los combustibles es determinante a la hora de plantar, de cosechar y de transportar. Por algo en el Uruguay se planta en las zonas oeste y sur, las más cercanas a las zonas portuarias, pero no al este de la ruta 5 y eso se debe al costo del flete. ¿Cómo no vamos a hacer un esfuerzo por bajar todos los componentes que hacen al sobrecosto de los fletes? Tenemos que trabajar sobre el subsidio del transporte colectivo –es obvio que hay que hacerlo–, pero ¿por qué hacerlo matando el trabajo de los demás?

En cuanto al cemento, tenemos la doble condición de generar pérdidas para Ancap, lo que inhibe el trabajo de los otros y, además, hace que se tenga un precio que es el doble que en el resto del mundo, lo que también inhibe el trabajo de la construcción.

Pensemos en el supergás, ¡por supuesto que hay que subsidiar su precio porque es el querosén de antes! Es el combustible que se utiliza en la casa para cocinar y calefaccionarse; eso es cierto. Ahora bien, ¿estamos subsidiando el supergás a la gente o a las cuatro o cinco compañías que hacen el envasado y la distribución y a los sindicatos que las protegen?

En cuanto a los impuestos, tenemos el Imesi, el IVA y la tasa de inflamables de la Intendencia de Montevideo, que es la única que la tiene. Tenemos que revisar la distribución, tanto mayorista como minorista.

Con respecto al producto en sí mismo, recién se nos hablaba de los beneficios de tener una refinadora. Si nuestra planta de refinado es rentable, entonces no hay miedo de competir; podemos importar cuando queremos y procesar cuando nos conviene. Como somos tan eficientes, indudablemente vamos a procesar siempre. Por lo tanto, creo que acá ya estamos en un buen principio de acuerdo.

En lo que refiere a los biocombustibles, si no se los hubiera encarecido tanto con agregados y sobreagregados de costos, tal vez hoy no habría que eliminarlos porque es cierto que en otros lugares muy cercanos del continente tienen costos mucho menores y su incorporación en el precio final de los combustibles pesa muchísimo menos. Quizás habría que dar algunos de esos pasos si realmente queremos incorporarlos, pero por ahora vamos a eliminar esta obligación, de modo que el peón arrocero, el que trabaja en la chacra, el que carga bolsas en el molino, el mecánico, el que hace el mantenimiento de esas máquinas, el que transporta y el trabajador portuario puedan encontrar trabajo en este país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: queda poco por agregar a lo que ya han dicho mis colegas de bancada, pero quiero detenerme simplemente en que tenemos en consideración los artículos 184 y 185, que tienen que ir unidos. Uno de ellos deroga la obligación de mezclar –lo que no quiere decir que no se mezclen– y el otro aumenta el porcentaje de mezcla de etanol en las naftas. La razón es medioambiental porque esto se hace para compensar el impacto que produce en el medioambiente dejar de mezclar biocombustible en el gasoil. En consecuencia, la autorización es para mezclar, por lo menos, un 8,5 % de etanol en las naftas. Eso en la realidad no cambia demasiado porque, por decisión, en este momento se está mezclando casi un 10 %, pero el mínimo aumenta claramente.

Esto mismo demuestra que el objetivo no es desmantelar a ALUR. Acabo de escuchar durante largo rato el sonido de un parlante –ingresa por la ventana de mi despacho– que dice que se opone al cierre de ALUR y al desmantelamiento del Estado. Manija, ¿no? Manija construida por ciertos relatos que a veces, incluso, se hacen en sala. Obviamente, el mantenimiento de la mezcla de etanol es también el de ALUR; precisamente allí está el corazón de donde sale.

Otro elemento que aporta ALUR para la mezcla de biodiésel es una planta de cuarenta empleados y quiero decir una vez más –ya se ha dicho muchas veces– que ninguno se va a quedar sin empleo porque ese número va a ser absorbido. No hay un riesgo de empleo.

Paso ahora al otro tema. La derogación de la obligación de mezcla apunta a bajar uno de los componentes de lo que se llama el factor X, es decir, costos que le hemos cargado a Ancap y que no son su responsabilidad. Como es un organismo superavitario en sus recursos, le hacemos llevar adelante el subsidio al boleto o al transporte público de pasajeros, por lo que en lugar de pagar rentas generales, lo hace Ancap y al final ese costo lo asume el consumidor en el surtidor u otros. Para disminuir uno de esos, eliminamos la mezcla de biodiésel, que no aporta nada a la calidad del combustible, genera algunos problemas y costos muy importantes. Además, ni siquiera podemos destinarlo a otro fin. No somos competitivos para exportarlo porque nadie nos compraría el biodiésel al valor final que tenemos. Por lo tanto, tiene un solo fin, que es mezclarlo con el gasoil de Ancap y eso agrega un costo. El hecho de eliminarlo dejaría la incertidumbre de qué puede pasar con un contrato vigente que tiene una empresa por siete u ocho años más.

Lo que se dijo en sala consta en la versión taquigráfica. Es un compromiso del ministro de Industria, Energía y Minería, que, a su vez, recogió un compromiso del Gobierno bajo la idea central de que la ley se cumple y los contratos se honran, y ese contrato se va a cumplir. Por lo tanto, si no tuviéramos que mezclar, ese $ 1,60 que disminuía el precio del gasoil para el consumidor no va a ser tal, sino que será $ 1, porque están esos aproximadamente USD 9:000.000 que hay que pagar. Y se pagará, se genere o no ese biocombustible porque se va a cumplir el compromiso.

También se nos dijo que la idea era negociar con la empresa una salida amigable y conveniente para todos; incluso, se señaló que, sin un plazo perentorio que no ayude a negociar bien, se pretendía resolverlo antes de fin de año. Sabemos que se manejan algunas fórmulas de ambas partes; ese es el objetivo. Este es solo uno de los componentes que tenemos que bajar; esta es la idea y bajo esta premisa, este contexto y estos compromisos votaremos esta derogación para obtener un resultado sin que nadie quede desempleado. Si la empresa cobra, sus trabajadores van a poder seguir percibiendo sus salarios y, por lo tanto, el día que el contrato se rescinda, con indemnizaciones, compensaciones y lo que allí se determine habrá soluciones para todos. Seguramente habrá reconversiones en estas experiencias que nos explicaba el señor senador Da Silva, como la de la carinata y el futuro amarillo que se nos viene. Habrá soluciones en este mundo que cambia; habrá que ir pensando en un Uruguay más eléctrico y con motores a hidrógeno. ¡Ojalá un día podamos tener nuestras propias fuentes de energía sin depender de un petróleo que no tenemos! Se había encontrado petróleo en el mar. Recuerdo aquella vez que se convocó a los líderes para explicarnos que el futuro venía por ahí. No sé si hay o no, pero lo cierto es que es imposible extraerlo. Lo que podemos extraer es viento, sol y agua; existen otras fuentes que, si la tecnología nos ayuda, pueden generar energía con menos dependencia.

Creo que tenemos que hacer el esfuerzo para eso, mirar hacia adelante y considerar los cambios que debemos hacer antes de que los cambios lleguen por los otros y ser capaces de surtir al mundo antes de que el mundo los necesite. Tenemos que estar preparados para esos cambios y no mirar tanto para atrás, pues el pasado –aunque parezca paradójico– ya pasó y hay que preparase para lo que viene, que va rapidísimo. Hay que empezar a pensar en leyes que digan: «A partir del año tal no podrá haber motores a combustión en el Uruguay», como sucede en Europa. Eso nos va a forzar a dejarlos para la colección y el paseo y prepararnos para lo que viene. Algún día tendremos que hacer una pausa y mirar para ese lado, pensando en que ahí también hay mucho empleo, sobre todo si podemos exportar lo que hoy tenemos que importar.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: este asunto es interesante e, incluso, el señor senador Gandini acaba de colocar el tema de la necesidad de prepararnos para el futuro porque la energía mueve al mundo, como dice un anuncio publicitario. Eso es verdad porque sin energía no hay desarrollo ni bienestar. De hecho, una parte importantísima de los problemas de la humanidad se basan en el acceso a la energía. Por suerte, el Uruguay ha vivido una enorme transformación energética en los últimos años que nos prepara para ese mundo que se viene. El Uruguay hoy está exportando energía a Brasil y estamos generando energías limpias a partir de la brutal transformación de la matriz energética que procesó nuestro país, una inversión millonaria que nos ha permitido ser un referente a nivel internacional. Tan así es que en todas las campañas políticas del Uruguay se utilizan los molinos de viento como parte de un mensaje acerca de hacia dónde ir, cuál es la modernidad y la necesidad o no de la innovación.

Me parece que hay una transformación gigantesca en ese proceso para el cual el Uruguay se viene preparando desde hace tiempo porque naturalmente se dan las condiciones propicias. De hecho, hasta hace poco la energía fotovoltaica era poco rentable, pero la tecnología y el conocimiento avanzan. ¿Por qué ingreso por aquí? Porque creo que es uno de los debates bien interesantes.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería ha planteado el tema del hidrógeno verde, que es un asunto que está en boga, y resulta bien interesante y promisorio. Una de las razones de por qué el Uruguay va a poder incursionar en este tema –el MIEM se plantea trabajar en el hidrógeno verde– responde a una transformación de la matriz energética; como no podemos acumular la energía eléctrica que generamos a partir del viento y del sol, podremos acumularla en hidrógeno. Eso es parte de las transformaciones que se están realizando y creo que forma parte de algo que habrá que esperar porque esta discusión del hidrógeno verde tampoco va a llegar mañana. De hecho, en los lugares en los que más ha avanzado todavía no ha llegado a etapas de funcionamiento real.

Naturalmente, la discusión sobre nuestros entes es más de futuro que de presente. Es muy probable que el Uruguay tenga que crear una empresa de energía que fusione parte de la UTE y parte de lo que existe hoy en Ancap, más aún cuando el mundo está avanzando a que el parque automotor sea básicamente eléctrico. O sea, lo que hoy concebimos como la empresa pública que abastece el transporte, tanto privado como público, en algún momento dejará de cumplir esa función y, por lo tanto, habrá que pensar en muchas cosas hacia adelante.

El Gobierno ha fundamentado algunas de las decisiones que se presentan en esta rendición de cuentas sobre la base del precio de los combustibles. En realidad, el planteo de la eliminación de la obligatoriedad de mezcla no se hace por razones ambientales. De hecho, aquí se hablaba de mirar los dos artículos en paralelo, que son inocuos, porque se plantea la obligación de aumentar el mínimo de etanol pero hoy, en los hechos, ya se mezcla en un porcentaje incluso mayor. Entonces, ese artículo simplemente lo que hace es elevar el mínimo, pero no tendrá un efecto real en la incorporación de biocombustibles en el consumo del país, porque eso ya está funcionando. Lo que sí pasará es que va a haber menos biocombustible en el Uruguay, porque al plantearse derogar la obligación de la mezcla mínima, eso implicará –como acá se ha fundamentado–, probablemente –si no, no quitaríamos este artículo–, que el gasoil no tenga biodiésel y que la compensación de etanol no cubra esa falta de biodiésel porque ya estamos mezclando a ese volumen. Quiere decir, reitero, que habrá menos biocombustibles. En definitiva, con respecto a las cuestiones medioambientales, esta es, de alguna manera, una marcha atrás del país en cuanto a los biocombustibles. Y lo es en términos concretos, ya que habrá menos biocombustible a disposición del país porque si no, no se eliminaría la cuestión de la mezcla.

Ese es el primer punto, o sea, esto no se establece por una razón ambiental.

(Murmullos en sala).

–El eje de la argumentación del Gobierno es el precio de los combustibles y está muy centrado, incluso, en cargar las tintas a Ancap –tengo archivos de sobra con argumentos en los que se esgrimía que la culpa era de Ancap–, aunque ahora escucho con mucho beneplácito a varios legisladores decir que en realidad a Ancap le han cargado sobrecostos que nada tienen que ver. Pero hubo una prédica sistemática en cuanto a que toda la culpa era de Ancap, toda la culpa era de Ancap.

(Murmullos en sala).

–Voy a pedir, señora presidenta, que me ampare en el uso de la palabra, porque tengo como un eco y es muy difícil continuar así, porque como no se permite dialogar, me genera cierta distracción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito a los señores senadores que se respete al orador y escuchemos en silencio.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, presidenta. El eco tenía que ver con una especie de discusión con un micrófono en off y otro en on y eso me terminaba entreverando.

Resulta que los combustibles en Uruguay tienen un conjunto de sobrecostos que se agregan, de muy variada índole y de distinto peso en ese precio final. Eso me parece interesante, porque bajarlo debe ser un objetivo; los combustibles en el país son bastante caros y, de hecho, se hizo una enorme campaña electoral que hablaba de bajar los combustibles. Se menciona ahora como la solución para bajar los combustibles el elemento del biodiésel, como un componente más. Debo decir que hace tres meses que se mezcla menos biodiésel, pero no bajaron los combustibles. Es más, se hicieron mezclas ilegales, reconocidas por el ministro de Industria, Energía y Minería, quien además dijo que la cartera no estaba de acuerdo y encomendó a que eso no sucediera más, pero lo cierto es que se mezclaba menos biocombustible y no bajó el precio; al contrario, el camino fue incrementarlo. En ese momento se dio una explicación sobre el precio del petróleo a nivel internacional, etcétera, pues siempre hay una explicación para fundamentar.

Yo quiero ser muy concreto, porque aquí se ha planteado el factor X como el gran elemento e, incluso, en la hoja de ruta que manejó la comisión de expertos se dice que en tres años no va a existir este factor y seremos mucho mejores. ¿Usted sabe, señora presidenta, que si cualquier ciudadano carga $ 1000 de combustible, paga $ 400 por concepto de Imesi y $ 40 por factor X? El Imesi aumentó un 7 % el 1.º de enero de 2021. Por tanto, si el eje central es bajar el combustible, por todo el efecto que eso genera, mi pregunta es por qué se aumentó el Imesi un 7 %.

En realidad, lo que termina sucediendo es que la discusión se centra en bajar los combustibles, pero no se sustenta en las otras decisiones que se toman, sino que se carga las tintas a algo para decir que ahí está la madre de las soluciones, cuando eso no es así.

Casi el 50 % del factor X es el subsidio al supergás, que hace que los uruguayos compren una garrafa a $ 730 y no a $ 1500. Y yo creo que eso está bien. Claro, después se va a argumentar por las piscinas, que son tres. El 90 % de los uruguayos utiliza el supergás como mecanismo para la cocción y la calefacción. Y es una decisión política que ese precio sea más barato que en el resto del mundo. En biocombustibles, supuestamente, es el 0,6 %. ¿Cuándo fue el impulso de los biocombustibles? Cuando el petróleo estaba por las nubes, que fue no hace mucho. De hecho hoy está a USD 80; hace un mes, a USD 70; hace un año, a USD 40 y hace tres años, a USD 80. El auge de los biocombustibles se dio como una forma de incorporar una mezcla que aportara al medioambiente pero que, a su vez, influyera en el precio. El peso de mezclar biocombustibles no es lo mismo cuando el barril está a USD 120, como sucedió. En definitiva, en Uruguay esto significaba que se importara un barco menos de petróleo por año, aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el biocombustible que no se mezcle se va a tener que compensar con la importación de más petróleo. Esto no es una cuenta inmediata. El Uruguay, por agregar biocombustibles y colaborar con el medioambiente, se ahorraba de traer un barco de petróleo, y ahora vamos a tener que comprarlo y, por supuesto, eso va a impactar también en las cuentas. Entonces, no se puede hacer el cálculo tan fácilmente, porque hay otros problemas.

A su vez, esto tiene un impacto directo en otra área. El Uruguay perdió, lamentablemente, toda su industria aceitera. ¡Toda! No había una industria aceitera; había muchas. La «quedaron» todas, salvo una, que para el Uruguay es muy grande, pero con respecto a la industria aceitera oleaginosa de la región es un quiosquito, es un puesto de garrapiñadas. Cousa, al lado de los gigantes que actúan en el mercado de los aceites en América Latina, es muy pequeña. Para el Uruguay es una empresa enorme; es una de las industrias más grandes que tenemos.

Insisto: si el objetivo es bajar los combustibles, no hubiésemos aumentado el Imesi; si el objetivo es ese, no hubiésemos hecho los aumentos que se hicieron, que terminaron incrementando los combustibles por arriba de la inflación y de manera exorbitante. Nunca antes había habido un incremento de combustibles de esa naturaleza. Si ese es el objetivo, lo que se tendría que haber hecho no era solo plantearse el camino de eliminar el biocombustible y perjudicar a la única industria aceitera que tiene el Uruguay y que queda en pie. Esa industria, además, firmó un contrato con el Estado. Y no es solo un problema de cumplir con el contrato; el problema es cómo hacemos para que la industria nacional siga en pie, cómo ayudamos para que la industria nacional siga caminando. De lo contrario, lo que va a terminar pasando, en esta lógica de que todo lo importado es mejor, es que va a venir todo del exterior y vamos a destruir nuestra base industrial. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el país.

¿Eso quiere decir que la industria va en contra del sector primario?

Es más, creo que en el Uruguay hay un concepto equivocado acerca del sector primario. Se lo denomina así para entenderlo, pero una semilla es un dispositivo tecnológico –lo he dicho muchas veces–; una semilla tiene mucha tecnología y mucho conocimiento acumulado.

Ahora bien, lo que no podemos hacer es romper un acuerdo, y no se trata de defender a una empresa. En todo caso, si me quieren acusar de defender la industria nacional, no tengo problema. Lo quiero aclarar, también, porque aquí se ha dicho que queremos defender la industria nacional. ¡Sí! Para defender la industria nacional, acá tienen un legislador.

Pero lo que termina pasando es que esa empresa firmó un acuerdo con el Estado en determinadas condiciones y hoy, de un plumazo, un artículo se las retira. Sé que hubo legisladores que trabajaron para que este artículo no prosperara y fuera a comisión, que era la mejor decisión que había para tomar, si es verdad que va a haber un acuerdo, se está en vías de llegar a un acuerdo o se pretende construir un acuerdo con una industria como esta. Y aquí no estamos hablando solo de la planta en la que trabaja ALUR, sino de todo el conglomerado de esa empresa; esto va a tener un efecto en ese conglomerado. Entonces, si se quiere trabajar de buena fe, ¡que se desglose hasta que se llegue a ese acuerdo!

Además, hay otra realidad, que es la certeza jurídica. Aquí se le dijo a una empresa que se le iba a comprar determinada producción, que es la molienda, y para que la empresa se pudiera desarrollar, se hizo un acuerdo en donde el Estado se asoció con la industria nacional para llevar adelante determinado emprendimiento. Pero ahora, de un día para el otro, se le dice que no. Creo que más allá de la discusión jurídica que se dé posteriormente, el problema de fondo aquí es de concepto. Y el camino para seguir mejorando las condiciones de la industria nacional es un camino en donde el Estado, la industria y el capital nacionales puedan tenerse confianza para iniciar los procesos de inversión necesarios a fin de densificar nuestra matriz productiva. Pero esto termina tirando por tierra esa situación. Creo que es un profundo error.

Lo que no se puede hacer, además, es salir a argumentar libremente que es solo por el precio de los combustibles, porque si es por eso, bajen los impuestos. No los suban, que fue lo que hizo el Gobierno el 1.º de enero de este año.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Entonces, creo que la eliminación de la obligación de mezcla no es un camino bueno, más allá de que la intención sea que repercuta en bajar en algo el precio de los combustibles. Por supuesto que ese es un objetivo que todos podemos perseguir, pero hay formas de alcanzarlo y hay otros instrumentos para bajar los combustibles, si es que se tiene esa voluntad política.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Tengo muchas coincidencias con lo que acaba de decir el señor senador preopinante.

Nosotros vamos a votar este artículo en el convencimiento de que la empresa que hoy produce el biodiésel, la empresa aceitera, no va a ser afectada y va a continuar produciendo, va a continuar con sus mismos trabajadores, y se le va a cumplir el contrato, de acuerdo con lo que se firmó, hasta su vencimiento. Estamos convencidos de que así va a ser, porque así nos fue dicho. Y lo vamos a votar, también, en el entendido de que los empleados de ALUR no van a perder su trabajo, que está garantizado. Pero voy a hacer una acotación.

Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de defender la industria nacional, el trabajo nacional. Lamentablemente hemos asistido a un proceso de desmantelamiento de la industria nacional durante muchos años, incluso en aquellos en los cuales fue Gobierno la fuerza política del señor senador preopinante. Es decir que me gustaría que hubiera coherencia con todo lo expresado y que esa defensa de la industria nacional siempre hubiera sido el norte de todos quienes tenemos responsabilidades en la conducción política.

Quería, simplemente, dejar eso establecido.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Quiero hacer una precisión. Se ha mencionado tres veces que el Poder Ejecutivo subió el Imesi en este período. No es así. Lo que se hizo fue la correspondiente actualización legal de los precios.

Hoy tenemos un Imesi que pesa en el orden del 43 % –o algo menos– en el precio final, frente al 51 % que llegó a pesar cuando gobernaba el partido al que pertenece el senador Sánchez.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador, pero vamos terminando con las aclaraciones.

SEÑOR SÁNCHEZ.- El 1.º de enero se aumentó el Imesi un 7 % y, además, se actualizaron los precios de los combustibles, y esto se hizo por encima de la inflación.

Este senador, que fue quien trajo el tema del Imesi a sala, dijo: «El 1.º de enero de año 2021» –basta con consultar las tablas que publica la DGI del actual Gobierno de coalición– «se establece un incremento del Imesi del orden del 7 %». Luego se hicieron otros ajustes en los precios de los combustibles que, por supuesto, fueron por arriba de la inflación, muy en contrario de lo que era el compromiso electoral.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Con respecto al artículo 177, pregunto a la señora miembro informante cómo se aplicará el régimen de puerto libre a la zona de alijo del Río de la Plata.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Asiaín.

(Dialogados).

SEÑORA ASIAÍN.- Le cedo el uso de la palabra al señor senador Botana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Botana para responder la consulta del señor senador Carrera.

SEÑOR BOTANA.- Este artículo trata de hacer efectiva la rebaja de costos que se buscó al desmonopolizar el abastecimiento portuario y que el país no tenga que pagar un sobrecosto por el alijo del combustible que viene en los grandes buques.

Quiero decir que no sé si la palabra correcta es «alijo» o «alije». Me acotan que es «alije» y así lo entendía, pero veo que en el artículo dice «alijo».

En definitiva, con este artículo se habilitaría a que los buques que puedan atracar bajen directamente el combustible, en vez de hacerlo a través de los buques fleteros de Ancap.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Podemos consultarlo, así todos aprendemos si es «alije» o «alijo».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Como el Río de la Plata es administrado por la CARP, pregunto al señor senador Botana si no se debería hacer una consulta a esta comisión.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.

El senador Carrera propone hacer la consulta a la CARP.

(Dialogados).

–La bancada del Partido Nacional entiende que no es necesario.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- El hecho de que vayamos a un buen ritmo a partir de los acuerdos que se hicieron, no quiere decir que cuando se consideran varios artículos en los que hay contenido no se pueda hacer uso de la palabra. De lo contrario, habrá que aplicar el Reglamento, que establece que se puede hablar quince minutos por cada artículo.

Digo esto porque cada vez que la bancada del Frente Amplio pide la palabra hay como una cierta exaltación.

SEÑORA PRESIDENTA.- En realidad, la exaltación es de todos.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Sí, generalmente pasa y más cuando se están discutiendo estas cuestiones.

En definitiva, lo que se está votando hoy es la continuación de la desmonopolización de los combustibles en los puertos y aeropuertos que se llevó adelante en el presupuesto nacional. Aquí el Estado no ahorrará nada; lo que se está haciendo es bajar el costo a los privados que van a operar después de que le quitamos el monopolio a Ancap. Por eso se está poniendo este artículo referido a los alijos. Si el país se esfuerza y logra llevar el puerto de Montevideo a los catorce metros de profundidad, siendo la última estación de servicio del Atlántico Sur por la que pasen los portacontenedores, va a poder cargar mucho más combustible. Entonces, lo que se está haciendo con este artículo es que a las empresas privadas, que fueron habilitadas en el presupuesto nacional a comercializar combustible en el puerto, se les disminuyan los costos de los alijos. Además, van a poder utilizar la infraestructura de Ancap; no van a hacer inversiones, sino que van a poder usar el tanque de Ancap para hacer terrible negocio, cuando antes el Estado, la empresa pública, tenía el monopolio. Ese negocio podría haber sido de Ancap. Lo que se está haciendo, en definitiva, es bajar los costos a las empresas que entrarán después de haber preparado el terreno de la desmonopolización. Eso es lo que se hizo.

Por eso era pertinente la pregunta del senador Carrera para conocer cuál era la posición. No se trata de una baja de costos para el país, sino para las empresas que van a entrar a partir del beneficio que se les dio en el presupuesto nacional.

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 13 de octubre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día de hoy, 13 de octubre de 2021, a partir de las 17:00.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑOR SÁNCHEZ.- Si me permite, señora presidenta, quiero aclarar que solicito esta licencia porque he sido convocado, junto con otros senadores de esta cámara, a hacer uso de la palabra a las 17:00 en una actividad que se está realizando afuera. Por tanto, solicito licencia para que ingrese mi suplente y continúe en el tratamiento de la rendición de cuentas.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Daniel Caggiani, Graciela Barrera, Aníbal Pereyra, Manuela Mutti, Gabriel Frugoni, Lauro Meléndez y Daniel Garín han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado continúa con la consideración del único punto del orden de día.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, señor senador, pero usted ya hizo uso de la palabra y solo puede hacer una aclaración.

SEÑOR DA SILVA.- Es para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador para realizar otra aclaración.

SEÑOR DA SILVA.- Yo hice un solo pedido de aclaración, señora presidenta, que es el que voy a realizar en este preciso momento. También hice uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por eso, señor senador. Usted ya hizo uso de la palabra.

SEÑOR DA SILVA.- Entonces, voy a aclarar al señor senador que tiene toda la razón del mundo: esto es para la desmonopolización de los combustibles en el puerto y en el aeropuerto, y se va a acabar el relato del monopolio beneficioso para la población uruguaya. En poco tiempo vamos a ver a cuánto se van a vender los combustibles en el aeropuerto y en el puerto. Eso se verá dentro de poco, señora presidenta, y van a caer los relatos que –lamentablemente– tienen algunos compañeros de esta cámara, la obsesión estatista que va a contrapelo de la cédula; necesitamos legisladores modernos, que vean el mundo un poquito por afuera de los monopolios.

(Dialogados).

–Tiene razón el señor senador: esto va a confirmar que desmonopolizar en el aeropuerto y en el puerto será beneficioso. ¿Para quién? Para las trasnacionales no, señora presidenta, sino para que vengan más aviones y más barcos, y para que Uruguay sea competitivo. ¡Es eso, señora presidenta!

Hay alguien con acento brasileño que no sé quién es.

(Dialogados).

–Sí, señor, es por el monopolio.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Por favor, señores senadores! No podemos continuar la sesión si seguimos con este espíritu tan elevado.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Supongo que es para realizar una aclaración, porque usted también hizo uso de la palabra.

SEÑOR GANDINI.- Efectivamente, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- En sala se ha dicho que este artículo busca dar ganancias a empresas que van a utilizar la infraestructura de Ancap; es decir, que es para que ganen dinero a través de la desmonopolización.

Quiero precisar que la desmonopolización de la venta de combustible refinado en los puertos y en los aeropuertos busca, en realidad, dar competitividad a esas terminales portuarias y aeroportuarias para mejorar la llegada al país, de la conectividad en un caso, y del transporte de mercaderías en el otro.

Van a ver cómo empiezan a llegar a nuestros aeropuertos compañías aéreas que no venían. En estos días comienzan a llegar KLM y Air France, que hace décadas que no venían. La razón principal por la cual no bajaban aquí era porque cargar los aviones en Uruguay los dejaba fuera de precio en sus tarifas; por tanto elegían otras terminales, y para llegar a nuestro país había que hacer escalas en otros lados.

Igual sucede con el puerto de Montevideo en particular. El hecho de que puedan operar otras compañías apunta a bajar las tarifas, a generar competencia y a permitir que nuestra principal terminal portuaria reciba nuevas líneas de carga en el país. Se trata de un componente más de la vieja lucha de puertos: competimos por atraer buques al país, porque dejan empleo, trabajo y divisas, y si no, van a otros puertos.

Ahora, tal cual se dijo acá, parece que esto no es la desmonopolización, sino la prohibición de que Ancap pueda vender combustibles. ¡No es así! Ancap podrá seguir vendiendo si lo hace al precio de los demás; de lo contrario, no lo va a poder hacer, porque es más cara. Y esa es la prueba del nueve. No estamos afectando a la población del país; estamos generando factores de competencia –como tantos otros– para crear más puestos de trabajo en el país de manera directa e indirecta. Estamos generando otro factor de competitividad para atraer conectividad y carga. ¡Es tan sencillo como eso!

Obviamente que este artículo complementa la desmonopolización que se hizo anteriormente para puertos y también para terminales aeroportuarias. Esta norma lo viene a complementar al modificar el artículo 4.° de la ley a la que se hace referencia.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- A usted, señor senador.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solo puede hacer una aclaración, porque tengo anotado que ya hizo uso de la palabra.

Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Sí, es simplemente para señalar que vemos que hay diferentes opiniones o por lo menos explicaciones de parte de la coalición de gobierno, porque se habló del alijo y después de esto. Creo que si ese era el motivo debió ser lo primero en explicarse.

Quería aclararlo, porque hasta que no habló nuestro compañero senador Sánchez no se explicó esto de la importancia de desmonopolizar.

Nosotros, evidentemente, seguimos con las mismas inquietudes respecto a que esta desmonopolización llegue a beneficiar justamente a la población. Esperemos que quede registrado en algún documento de estadística que realmente esto sirvió a la población de nuestro país.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, primero tiene el uso de la palabra el senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: creo que la intervención de la senadora en la que trasmite que la coalición estaría generando un determinado escenario, y que no fue hasta que habló su compañero senador con respecto a ese tema que obtuvo una respuesta, me hace pensar que no está bien aclarado este proceso, por lo que voy a trasmitirlo.

Acá, cuando llega la ley con declaratoria de urgente consideración, en el artículo 229 que envía el Poder Ejecutivo, queda aclarado estricta y contundentemente el planteo de la desmonopolización de los combustibles. En el proceso del debate, del intercambio y de las negociaciones, mis compañeros de la coalición, menos este senador, llegan al acuerdo de que la desmonopolización no se tratara en la ley con declaratoria de urgente consideración. Y en la negociación, producto del consenso de todos, menos de este legislador, llegan a votar los artículos 234, 235 y 236.

Esto habla claramente de un acuerdo de coalición y de oposición con respecto al futuro de los combustibles. Por lo tanto, hay un escenario claro de política del que hay que hacerse responsable y no trasmitir que hay una confusión o que hay un escenario de las características que nos acusan. Acá durante quince años no se tuvo una solución al combustible, siendo que teníamos el combustible más caro del mundo, solo superado por Gran Bretaña y por Israel; después, también el más caro en todos los contextos.

(Dialogados).

Esto no se hizo en quince años y todavía no se generó. Además, en realidad estamos hablando de alguien que está de acuerdo con la desmonopolización y se hace cargo, no de alguien que hace acuerdos, después los incluye y sale a buscar la firma de los uruguayos para intentar derogar lo que planteó, negoció y votó. Esto confunde; insisto: confunde.

Acá estoy simplemente dando la explicación, porque aluden a que hubo una desinformación. No sé por qué causa tanta gracia, porque quienes vivimos en la frontera vemos que el combustible sale cuatro veces más barato enfrente, vemos los costos que tiene y vemos que es uno de los problemas más importantes que tiene el país y los uruguayos y queremos encararlo en todos los aspectos. Por tanto, no sé por qué se genera este tipo de intercambios y de manejo de la situación.

Hubo una gran oportunidad con el artículo 229 de la ley con declaratoria de urgente consideración y, por una negociación política, se llegó a un acuerdo de presentar esta salida. Por lo tanto, acá no está la coalición confundida ni es ese el planteo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le pido que termine, señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Ya termino, señora presidenta.

La desmonopolización no se planteó en ese momento y no se está tratando hoy. ¡Nada tiene que ver con la desmonopolización lo que se está planteando hoy!

SEÑORA PRESIDENTA.- Quedó claro que la desmonopolización no es el punto del orden del día que hoy estamos considerando. Todos conocemos la historia que acaba de contar el señor senador Coutinho, por lo que vamos a solicitar que se pueda continuar con el desarrollo de la sesión.

Tiene la palabra la señora senadora Kechichian.

(Dialogados).

–¡Silencio, por favor!

La Mesa está marcando los tiempos de quienes están haciendo uso de la palabra, por lo que les recordamos cuando están haciendo uso de una aclaración. Vamos a empezar a dar la palabra para hacer aclaraciones solo por una vez, porque si no vamos a vivir aclarando cosas que ya tuvieron su debate en la comisión. Salvo que sea un punto que no haya sido debatido suficientemente, vamos a pedir que se realice la menor cantidad posible de aclaraciones.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de dar la palabra a la señora senadora Kechichian, tiene la palabra el señor senador por una cuestión política.

SEÑOR ANDRADE.- En realidad, la discusión sobre el papel del Estado en la economía tiene más de cien años, y la dio en esta casa el batllismo, en temas como el del Banco de Seguros, el de la UTE y más adelante con Ancap. Insisto: tiene más de cien años.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, hagan silencio.

SEÑOR ANDRADE.- Es cierto que en la ley con declaratoria de urgente consideración se construyó un acuerdo que implicaba que una comisión de expertos presentara propuestas sobre el tema de los combustibles; es cierto que se construyó un trabajoso acuerdo. Pero, repito, esa comisión de expertos del Gobierno tiene los resultados que tiene y sostiene que refinar en Uruguay generó un valor agregado bruto de USD 2.100:000.000 entre 2015 y 2019 –dato que no ha tenido mucho debate público–, o que refinar en Uruguay en 2018 generó USD 124:000.000 de ganancia y en 2019, USD 126:000.000. Ahora bien, quienes rompen el acuerdo al que habíamos llegado, flagrantemente, ¡son quienes colocan en el presupuesto nacional la desmonopolización en el puerto y en el aeropuerto cuando habían acordado algo distinto! Entonces, ¡no vamos a aceptar como Frente Amplio que se nos ubique en trabajar fuera del margen de los acuerdos cuando colocaron acá, sin ninguna discusión previa, elementos que iban en contra, no solamente del acuerdo, sino –lo que es peor– de la decisión ciudadana una vez consultada en referéndum sobre el tema de las empresas públicas! Ahí está la ruptura del acuerdo y no antes.

(Intervención que no se escucha).

SEÑORA PRESIDENTA.- Yo les voy a decir una cosa. No tengo ningún problema, pero si vamos a seguir de aclaración en aclaración, de un debate que además no es el fondo de lo que estamos tratando, la verdad, una de dos: o suspendemos la sesión y nos dedicamos a la desmonopolización, o seguimos con el tratamiento de la rendición de cuentas que es el punto que nos convoca en el día de hoy.

Tiene la palabra la señora senadora para una aclaración.

SEÑORA KECHICHIAN.- Es la primera aclaración que pido en lo que va de toda la discusión y me parece que es para aportar.

El señor senador Gandini hablaba de la dificultad del combustible que se llama Jet-A1, que es el que usan los aviones. Los Gobiernos de Uruguay siempre estuvieron enormemente preocupados por la diferencia de precio que había con la región. Y es cierto que en algunos momentos algunas líneas aéreas debían ir a cargar a algunos de los países de la región para poder seguir teniendo conectividad con Uruguay. Pero nuestro Gobierno trabajó muy fuertemente en ese tema con la Cámara de Comercio Aeronáutica –si no recuerdo mal el presidente de ese momento se llamaba Hernández– y logramos bajar y estabilizar el costo del combustible de los aviones para tener precios paralelos a los de Brasil y Argentina. Asimismo, preocupados en ese sentido por un tema que siempre generó competitividad compleja para Uruguay, como el precio de los combustibles, sumamos la rebaja del Imesi en los combustibles de la frontera para ayudar a que mucha gente llegara. En el precio del combustible de los aviones –no es que perdimos Air France, por ejemplo– se trabajó fuerte y seriamente, y se logró equiparar el precio de los combustibles de las líneas aéreas con los precios de Argentina y Brasil.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184 y 185.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Quiero consultar si pasábamos a la consideración del Ministerio de Turismo. Como el inciso ya se votó y tiene un artículo único, yo quería hacer uso de la palabra.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer término le daría la palabra a la señora senadora Nane para fundamentar el voto y luego a usted, señora senadora, para referirse al inciso Ministerio de Turismo.

Tiene la palabra la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Al artículo 186 se le hizo una modificación para el subsidio en el contexto de ir hacia ómnibus eléctricos, pero luego, en una modificación, se incluyó que el subsidio estaría atendiendo también la motorización híbrida.

Nosotros queremos consultar –no lo hicimos en su momento en la comisión por una cuestión de tiempo– el porqué de la inclusión de los híbridos acá. No es lo mismo un híbrido que un eléctrico, y eso haría que el objetivo se alejase más en el tiempo de ir hacia un ciento por ciento eléctrico. En definitiva, la única razón que encontramos –quizá en nuestro precario razonamiento– es que se estaría beneficiando a los intermediarios de los híbridos porque, evidentemente, son bastante más baratos que los eléctricos.

Como no quiero sacar una conclusión a partir, reitero, de un razonamiento que quizá puede ser precario y falto de información, quisiera saber el porqué de esa modificación de incluir los híbridos en el subsidio de los eléctricos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Me alegra que la señora senadora Nane no saque conclusiones anticipadas con relación a este punto; entonces, con mucho gusto se lo vamos a explicar.

El tema es el siguiente. Se entendió oportuno incluir el concepto de los ómnibus híbridos, producto de una multiplicidad de causas que están asociadas al hecho de que la tecnología no ha avanzado de una manera tal que amerite tener ómnibus eléctricos que puedan hacer trayectos de larga distancia. Por ende, se tenía la posibilidad de atender también a las empresas de mediana y larga distancia que pudieran pasarse a la motorización híbrida, que sigue siendo también un avance con relación al consumo excesivo de los combustibles fósiles. De esa manera, entonces, se estaría atendiendo a los ómnibus eléctricos y también a los híbridos, sin descuidar la posibilidad de avanzar en lo que se pretende, en definitiva, que es la disminución del combustible fósil en el uso del transporte colectivo de pasajeros.

Nada más, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El inciso 09, «Ministerio de Turismo», ya se votó.

Como saben los señores senadores, tiene un artículo que vino votado por unanimidad y que ya fue votado aquí en sala, pero la señora senadora Kechichian ha pedido hacer uso de la palabra para referirse al tema.

Ahora sí tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Gracias, señora presidenta.

No me voy a referir a ninguna de las otras cosas que todo el mundo ya sabe dónde están analizándose, y tampoco voy a involucrar al nuevo ministro, que estuvo en el Senado –porque ya había asumido–, a quien le doy una cuota de crédito, porque está demostrando que está desandando algunas de las cuestiones más duras que se habían aplicado en el Ministerio de Turismo con relación a un conjunto de políticas. Por lo tanto, no voy a hablar de eso.

Sí quiero decir, muy enfáticamente, que estamos ante un inciso y ante un ministerio que tuvo un año ¡absolutamente perdido! ¡Perdido para la gestión, además de haber sido azotado por la pandemia! El Ministerio de Turismo sufrió las tres peores situaciones que puede sufrir ese sector: el cierre de fronteras, la falta de presencialidad y la libre circulación de las personas; no hay turismo sin estas tres cosas. Ese fue un golpe tremendo. Por estos motivos, con más razón, pensamos que ese tiempo, duro pero precioso en el sentido de poder pensar la pospandemia, se desaprovechó de una manera absoluta.

Según declaraciones del exministro en la Cámara de Representantes, cuando se le preguntó cuántos préstamos Siga fueron otorgados –esta es una herramienta bien interesante, y la otra herramienta bien interesante es el seguro de paro parcial, que fue esencial para que muchas empresas de turismo no cerraran y pudieran mantener en el seguro de paro a sus trabajadores que, además, son trabajadores con experticia, que se han formado y era una pena perderlos para que se fueran quién sabe para qué otra actividad–, informó que se habían dado 20.000. El ministerio tiene 722 empresas turísticas registradas y 3000 agencias. No sé de dónde sacó esa cifra. ¿Qué quiero decir? Que toda la información que se nos volcaba era errónea. Además, no se pudo aportar un solo estudio sobre los mercados más importantes.

Había pandemia; estábamos paralizados. Analicemos qué pasaba. ¿Cuál era la sensación en Brasil y en Argentina? ¿Cuál era el estado de ánimo? ¿Pensaban venir? Todo esto, que todos quienes hemos estado en este mundo sabemos que hay que analizarlo científicamente, no se hizo; no hubo ningún estudio sobre mercados.

Se eliminó el turismo social con un argumento absurdo, diciendo que era solamente para los viejitos. Es increíble que no estuviera informado, porque también viajaban quinceañeras y trabajadores con bajos ingresos. Muchas veces intentamos acercarnos para decirles que podía ser una herramienta durante la pandemia para los trabajadores de la salud que estaban agobiados, para las enfermeras, para los tisaneros; podríamos haberles ofrecido esa posibilidad. De esta forma, se movía el mercado interno, porque el turismo social es turismo interno.

Pero no se hizo nada en turismo social; no se hizo nada en turismo interno. Se desmoralizó a los trabajadores de un ministerio, que son muy poquitos, 180, pero están muy capacitados y tienen puesta la camiseta. ¡Que conste que son de todos los colores políticos! Ellos estaban dispuestos a trabajar, lo han estado siempre. A veces pienso cómo nos cuesta ver esto a quienes defendemos esta actividad.

Hace horas que hablamos del sector agroexportador, y claro que es muy importante –yo soy la primera que voy a defenderlo porque sé lo que significa–; hablaron de Cousa, que tiene 400 trabajadores; y el Enjoy Punta del Este tiene 2000, ¡y en temporada 3000! Mueve la mitad del departamento de Maldonado y es una actividad que maneja más de USD 2.000:000.000 por año y ofrece 100.000 puestos de trabajo.

¡Absolutamente perdido el 2020 y siete meses del 2021!

Por suerte –repito–, el excompañero, hoy ministro, Tabaré Viera parecería estar desandando algunos de los asuntos más duros, como lo son las cuestiones paralelas a los trabajadores, y una estructura que, realmente, no tenía sentido.

Por otro lado, nos enteramos de que Brasil va a hacer cruceros de cabotaje, pero ¡nos enteramos por la prensa! ¡¿Por qué los ministros de Turismo de Argentina, de Brasil y de Uruguay no estuvieron conversando, sabiendo que iba a haber temporada de cruceros a fin de año?! Pues no, y se perdieron las sesenta llegadas de cruceros de la compañía MSC. No va a haber temporada de cruceros y eso implica miles de puestos de trabajo perdidos, de transporte, de guías turísticos y demás. Es una cantidad de gente que estaba esperando la única lucecita que parecía haber. También se demoró con el protocolo –debo decirlo–, pero finalmente apareció. Pero lo que no se hizo fue prever la pospandemia y eso, realmente, duele mucho, y más aún en un ministerio que es una cadena de valor, que gestiona una de las políticas públicas de una dimensión tan enorme que a veces no logramos calibrarla pero que mueve muchísima gente. Por eso, en la última sesión ordinaria hicimos una minuta de comunicación que finalmente pasó a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. Ojalá se cumpla la promesa de la bancada de gobierno de tratar el tema rápidamente.

Estos beneficios que el Gobierno y nosotros –porque lo votamos todos, finalmente– dimos a la industria turística, que desde nuestro punto de vista fueron para dejar trabajar tranquilos a los empresarios turísticos, en mi opinión, deberían extenderse hasta después de Semana de Turismo del año que viene. Deberíamos ver cómo arranca el verano, cómo funciona la Semana de Carnaval, y al llegar a Semana de Turismo ver qué pasa, pero hay que darles esa tranquilidad. Me parece que es un gesto que deberíamos tener cuando volvamos a reunirnos en la comisión, lo más rápidamente posible.

Repito: es el ministerio de menores recursos de todo el Estado y el que genera mayores ingresos.

Cuando nosotros llegamos al Gobierno había 2:000.000 para promoción y logramos 10:000.000. La verdad, esto que digo hoy como oposición lo dije también como Gobierno; siempre he pedido más para una actividad que es enormemente redituable, que, además, se descentralizó, que además es cultura, que además es relacionamiento entre los pueblos, que es muchísimas cosas. Los Observatorios Turísticos, los análisis científicos de las cifras, etcétera, nos permitían evaluar lo que se invertía, evaluar el retorno que tenía un cartelito acá o un cartelito allá.

Esa es mi preocupación, señora presidenta. Hoy estamos en una rendición de cuentas en la que para el inciso 09 es un año absolutamente perdido. ¡Ojalá podamos rápidamente desandar una gestión para el olvido!

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción para que se voten en bloque los artículos 188, 192 y 195.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos 188, 192 y 195.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Quisiera dejar una breve constancia.

El actual artículo 188 es menos drástico que el anterior 167, que establecía la obligatoriedad con respecto a los peajes. En este caso se establecen mecanismos que van en esa dirección, pero el texto último presentado por la coalición no coloca la obligatoriedad. Eso podría interpretarse –¡ojalá!, cuanto mejor, es mejor– como la habilitación de los mecanismos de negociación para amortiguar la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, de más de cien compañeras trabajadoras de los peajes. Si la obligatoriedad se aplica sin componentes de transición, quedarían en una condición de desempleo pleno.

Esto no ha sido parte de la discusión política, aunque sí de preocupación. Hasta ahora veníamos avanzando en un texto que generaba esta condición de proceso que lleva, por lo menos, siete u ocho años. En la medida en que se incorporaban cambios tecnológicos, fue disminuyendo la cantidad de trabajadoras de los peajes; primero, en un tercio de los pasajes y, después, en la mitad de los pasajes, pero existe la voluntad de acelerar ese proceso.

Queremos dejar constancia de la preocupación del Frente Amplio por que los compromisos que se manifestaron, tanto en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social como en la de Transporte y Obras Públicas, logren concretarse y no se avance en forma definitiva hasta que no se contemple la suerte de estas trabajadoras.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: voy a ser muy breve porque soy fiel a la premisa de no hablar de lo que no sé.

Este tema de los trabajadores de los peajes se trató intensamente en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La verdad es que hay que ser fiel a lo que se conversó. Obviamente, recibimos a los trabajadores, como lo hacemos siempre. También vinieron el ministro de Transporte y Obras Públicas –que en aquel momento era el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber– y el director nacional de Transporte. Desde el inicio se sabía lo que iba a pasar: arrancamos con doscientas cincuenta y pico de personas a las que se les iba a dar la opción de retiro anticipado y demás, y eso fue operando. Nosotros también consultamos a los trabajadores, porque si no parece –y eso es una cosa que en el uso de mi intervención en este inciso la voy a dejar en claro, porque sinceramente estoy agobiada de lo que pasa por la cabeza de algunas personas, y no lo digo por todos porque me reconfortan las intervenciones de la señora senadora Kechichian y de la señora senadora Nane, quien no presumió– que todos los que no estamos en determinados lugares no queremos a los trabajadores, odiamos a los empleados públicos y lo único que queremos es vender el país; la verdad que agobia, y más a quienes tenemos que estar escuchando con total tranquilidad.

Quedan muy pocos empleados –menos de ciento y algo– y hay trabajo realizado porque, reitero, nosotros también tenemos contacto con los trabajadores. Entre ellos hay un número muy importante de mujeres, y eso era lo que más preocupaba y le preocupaba al señor ministro –está en las versiones taquigráficas, pueden entrar en la página–, o sea que no le preocupa solo a la oposición. El señor ministro en ningún momento vino a decir: vamos a poner obligatoriamente peaje en todos lados y vamos a echar a todo el mundo, y lo digo porque parece que ese hubiera sido el planteo. Al contrario, se pusieron sobre la mesa las opciones y se están llevando a cabo. Hubo un impulso muy grande de retiro anticipado, sobre todo, de mujeres a las que les convino y, entonces, optaron por ello y se están buscando lugares. Algunas ya están ubicadas en las distintas oficinas –sobre todo las que les falta poco tiempo para jubilarse- para que puedan cumplir el ciclo. Entonces, no se puede obviar la actividad en todas las comisiones y aparecer en la rendición de cuentas como que somos lo que no somos, porque desde el primer momento esto preocupó.

Ahora me voy a referir al Ministerio de Educación y Cultura. En la interpelación que en 2016 hice al entonces ministro de Educación y Cultura usé un estudio que hicieron los doctores Munyo y nada menos que Rodrigo Arim –actual rector de la Universidad de la República– sobre la necesidad urgentísima de adaptar los cambios educativos para que no nos llegara la tecnología, la robótica y nos pasaran por arriba. Y en ese estudio de los doctores Munyo y Rodrigo Arim, basado en una metodología de la Universidad de Stanford, están estudiados los porcentajes de empleo que se van a perder en el Uruguay –no en Stanford–, de acuerdo con los años de escolarización y el tipo de trabajo. Por supuesto que esto último tiene que ver, porque si tengo pocos años de escolarización obviamente que voy a tener trabajos primarios. En aquel momento, 2016 –fíjense ya estamos en 2021– los doctores Rodrigo Arim y Munyo en ese estudio nos advirtieron que en los próximos diez años –que ya se estarían cumpliendo– se perderían la mayor parte –no quiero mentir en el porcentaje porque no lo recuerdo, pero era altísimo, estaba por arriba de 60 %– de los empleos primarios. Entonces, quiero recordar las dos cosas: la actitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se ha mantenido, y su compromiso en la comisión de asuntos laborales –se me confunde el nombre– y la advertencia –nada menos que del actual rector de la universidad– de que si no nos apurábamos con la reforma educativa nos íbamos a quedar por el camino, porque la tecnología no se puede parar y no se debe parar.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra, la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

También recordamos la visita a la comisión y los compromisos del exministro de Transporte y Obras Públicas, señor Luis Alberto Heber. Incluso, cuando estuvo aquí, en la interpelación, en un cuarto intermedio nos cruzamos, conversamos sobre el tema y volvió a repetir su compromiso. En ese sentido, ese texto, que sí contenía lo de la obligatoriedad, fue quitado.

Los trabajadores de los peajes aspiran a ser una especie de vínculo con quienes transitan por nuestras rutas y pasan por los peajes, no solo como funcionarios administrativos, sino como intermediarios entre quien viene, incluso, llegando a nuestro país, facilitándoles el acceso al peaje. Apostamos a que eso se concrete, dado los compromisos.

Queríamos dejar constancia de que, en virtud de que no hay nada escrito en ese sentido y aspiramos a que lo haya, vamos a votar negativamente.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: también estoy cansada –y lo tengo que decir en este momento– de escuchar que todo lo que se dice, se escribe o se promete ¡no se sabe si se va a cumplir! ¡Debe ser espantoso vivir bajo la permanente duda y desconfianza de todo lo que nos rodea! ¡Debe ser horrible! Recomendaría que se tratara ese tema, pero no acá. Además, en la comisión nunca se discutió el tema de la obligatoriedad o no de lo establecido en el artículo 188 con respecto al «Facúltase». El señor ministro, preocupado, dijo que el problema se iba a resolver. Después, en el 2024 la ciudadanía verá si el Gobierno cumplió o no cumplió.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 188, 192 y 195.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: proponemos que se voten en bloque los artículos 196, 198, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211 y 212.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 196, 198, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211 y 212.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: quiero referirme a algunos de los artículos relativos al Ministerio de Educación y Cultura.

El artículo 208 establece que los jueces de paz ya no ejercerán más en el interior y que a partir de ahora las tareas que ellos cumplían serán llevadas a cabo por profesionales de la Facultad de Derecho. De alguna forma esto nos preocupa porque, evidentemente, desde el momento en que esa tarea será realizada por profesionales, va a tener un costo que hoy en día no tiene para quienes utilizan ese servicio de justicia de paz.

El artículo 196 establece que la ANEP concede al MEC quince pases en comisión. Creemos que eso puede perjudicar a un organismo que ya de por sí no tiene muchas veces el suficiente personal.

El artículo 203 establece una compensación por
$ 600.000, más cargas legales, sujetas a compromisos de gestión de la Dirección General de Registro, a la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales.

El artículo 204 autoriza la contratación de personas con cargo a dietas y horas docentes hasta por $ 45:000.000, más aguinaldo y cargas sociales.

Creemos que este inciso –concretamente, algunos artículos– viene a reafirmar la centralización en el MEC de temas que antes tenían su autonomía a partir de la ANEP y los consejos.

Por último, simplemente para dejar constancia, cuando se nos critica porque decimos que se desmantelan políticas que nosotros llevábamos adelante, creemos que es importante mencionar a los Centros MEC, que jugaban un rol muy importante en el interior, llegando a las localidades más alejadas y que hoy han quedado totalmente desprovistas de algo similar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Todos los temas vinculados a la cultura son de una gran importancia y centralidad.

Las actividades culturales fueron las primeras en cerrar en marzo de 2020 y, a pesar de un breve lapso de apertura de agosto a diciembre de 2020, cines, teatros, museos, centros culturales y salas de concierto han permanecido sin actividad desde diciembre del año pasado hasta la reapertura gradual que se ha venido dando. Se trata, pues, de actividades que se han visto fuertemente afectadas.

En la ley de presupuesto, en vez de aumentar los apoyos al sector cultural, se decide reducirlos; es el caso de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que vieron reducido en un 50 % el subsidio que les permitía mantener las salas en pie, además de sufrir una rebaja o abatimiento del 15 % que fue determinado por el famoso Decreto n.° 90, de 11 de marzo de 2020, cuando la pandemia todavía no había sido decretada. Este abatimiento también fue aplicado a otros centros culturales, a otras instituciones que percibían partidas por el inciso 21 que eran muy importantes.

En el Uruguay y en el mundo no hay cultura sin subsidio; eso está más que confirmado. Y en un año en el que el sector cultural atravesó esa profunda crisis de salas cerradas, pérdidas de ingresos y de fuentes de trabajo, el MEC ejecutó menos que en 2019. Cayó la ejecución en materia de remuneraciones, de gastos de funcionamiento, de inversiones. La caída más notoria, como decía la senadora Della Ventura, fue la de los Centros MEC, que si bien puede ser parte de una política del nuevo Gobierno, se nos prometió sustituirlos por otras herramientas que estuvieran vinculadas a la descentralización. Se anunció que iba a haber un nuevo modelo político de descentralización cultural, pero a un año y medio de esos anuncios, que sepamos, nada de eso ha sucedido. Y solo con esa decisión se perdieron 200 puestos de trabajo de docentes en alfabetización digital en el interior del país, más allá de todo lo que representaban para las comunidades en el territorio y para la democratización del acceso a la cultura, los Centros MEC.

Lo mismo sucede a nivel de las unidades ejecutoras, donde hay una caída a nivel de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, hay una caída en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. En todos esos lugares se produjo una caída en la inversión. Pero eso no quedó ahí, ya que la caída alcanzó al Ineed, al Pedeciba –Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas– y a la FUTI, como mencioné. En un año en el que indudablemente la ciencia jugó un papel sustancial, llama la atención que se remita una propuesta que no incluye un plan estratégico, apoyos sectoriales, ni inversiones, y que se limita a intervenir en la gobernanza, a sostener los recortes que se habían planteado con el Decreto n.º 90/020, sin adoptar medidas que detengan el deterioro de la ciencia y tecnología que ya planteamos fuertemente en el debate del presupuesto.

En torno a la rendición de cuentas se presenta un agregado del área programática y, comparada con el monto de 2019, la ejecución es 3 % menos; sin embargo, no es posible conocer la composición de los gastos del área a partir de la información que se nos brinda. Solo se muestra que en el 2020 el 91 % se presenta dentro de «Subsidios y subvenciones» y el 9 % en el MEC. Y precisamente, dentro del MEC, el monto ejecutado en esta área es 5 % menor que en el 2019.

Después, como en otras áreas, queda evidente en esta rendición que hay una carencia de rumbo en el Pencti –Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación– del que tanto se habló. Hoy se nos informa que se está en un proceso de licitación vinculado a insumos para la discusión, instrumentos, etcétera, pero eso ya está, eso ya existe. Eso está en todos los informes históricos de la ANII y existe extensísima literatura al respecto. Se desconoce el cronograma y cuándo llegaremos a tener ese plan anunciado, y mucho menos se sabe cuándo lo van a poner en ejecución.

En el mismo sentido, me llama mucho la atención que en el sitio web se habla del señor Alberto Majó como el encargado de Despacho, pero tenemos una dirección que sigue acéfala desde que se creó, por lo menos en la formalidad o según las informaciones que nosotros recibimos.

Finalmente –esto es lo último, para después no hablar en otros ítems–, nos parece que la inserción internacional requiere un modelo de profesionalismo y el desmantelamiento de Uruguay XXI enlentece, ahoga, el desarrollo de investigación, de innovación, con deterioro del servicio exterior; genera todo lo contrario al objetivo de crear condiciones para la apertura. La única clave de desarrollo posible –creo que en eso coincidimos todos los que estamos hoy en esta sala– está en apostar a la formación de recursos humanos capaces de producir conocimiento y de agregar valor, pero sin una política específica y sin una fuerte inversión capaz de formar capital humano y desarrollar proyectos fundamentales es casi imposible inscribirnos e insertarnos en el mundo que hoy tenemos. Eso requiere modelos y fondos que hoy, la verdad, nosotros no encontramos en esta rendición de cuentas.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Bueno, empezamos por algo que dijo la señora senadora Kechichian, y es cierto: la actividad cultural sufrió muchísimo porque hubo que suspender actividades. Incluso, se reiniciaron, pero después tuvimos que dar marcha atrás. Ahora, ¿queríamos reducción de movilidad o no? Lo dejo ahí.

Ahora, si hay un ministerio, señora presidente, en el que debemos tener un punto de partida –porque esta es la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del 2020–, es el desastre –y así me hago cargo para que me rezongue la senadora Kechichian– que fue la Administración Muñoz durante los cinco años al frente del ministerio. Tanto fue así que hubo problemas, incluso de compañeros de trabajo; yo recuerdo –no lo voy a repetir porque fue muy fuerte– lo que dijo el entonces destituido por teléfono director de la Biblioteca Nacional, la esencialidad en la educación o los Centros MEC, a los cuales me voy a dedicar.

Una de las cosas que el ministro dijo, señora presidente, es que tuvieron que dedicar todo su esfuerzo a poner la casa en orden. Y yo me alegro infinitamente de que se esté poniendo la casa en orden –tarea que no es fácil; es muy compleja– cuando, en realidad, no teníamos ministerio de educación y no teníamos ministerio de cultura.

Solo quiero recordar –no voy a molestar a los colegas en este momento, porque los datos están colgados en la página web– que me dediqué mucho al Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto diferenciando lo que es la ANEP, y lo que quedó claro es que están funcionando de manera autónoma. Es una coordinación con un enorme grado de autonomía.

En especial quiero señalar que llamé a sala a las autoridades. Antes estuvimos reunidos durante seis horas en la comisión con la ministro de aquel entonces, con la directora de los Centros MEC y con la directora administrativa del ministerio. Esa información está colgada en la página web y yo la tengo en las carpetas, pero no voy a molestar ni para leerla. Se habló de cosas muy graves que hoy son motivo de investigación administrativa; en su momento fue anoticiado por nosotros a la Jutep, pero por supuesto, no tuvimos ningún tipo de respuesta.

Quiero recordarles que no soy de las que piensan que todo se hizo mal. Ahora bien, en Educación y en Cultura casi todo se hizo mal. ¡Casi todo se hizo mal!, más aún, teniendo en cuenta la cantidad de miles de millones de dólares de que dispuso, sobre todo la ANEP; el ministerio un poco menos.

El ministro hizo una excelentísima intervención, como corresponde a su formación cultural; es un verdadero ministro de cultura. Fundamentalmente, hizo hincapié en que se encontró –aparte de los Centros MEC– con una Dirección Nacional de Cultura absolutamente desestructurada, lo cual nos consta. No quiero dar nombres porque eso no importa, pero hubo condenas por parte de la justicia. ¡Miren cómo será el charco para que el pato pase al trote! Así se dice en campaña, ya que hablamos tanto del medio rural. Hubo una persona condenada por conjunción del interés público con el interés privado.

Reitero que no importan los nombres, pero en los Fondos de Incentivo Cultural nada estaba claro y fue por eso por lo que se encontraron con un faltante de $ 8:000.000. En realidad, fue muy larga la intervención, aunque fue mucho más extensa la que se dio en la Cámara de Representantes. Si no se estuvo presente en sala, es necesario leer la intervención del ministro en la Cámara de Diputados y también la del Senado, porque él detalla con muchísimo cuidado el orden que están tratando de poner en esas áreas, el estímulo que están dando –no lo voy a repetir porque todos lo tenemos a disposición– y los llamados, después de las consultorías, a los Fondos de Incentivo Cultural. Empezó a revivir el Ministerio de Educación y Cultura en todo lo que se refiere a esas actividades, con una política transparente. ¡Una política transparente!

Recuerdo cuando citamos –en este caso, a comisión general en esta sala; éramos diputados, pero estaba reunida la Comisión Permanente– al director nacional de Cultura, además de la señora ministro, y también fueron cuatro o cinco horas en las que obtuvimos respuestas insatisfactorias, obviamente registradas en la versión taquigráfica que fue a la Jutep, pero no pasó nada.

Sin embargo, una de las preguntas que hice al señor ministro fue si se estaban haciendo las investigaciones administrativas y me contestó que sí. Simplemente lo señalo a modo de anécdota porque realmente duele; la plata pública no existe, la plata es de los contribuyentes.

El otro día alguien se molestó porque usé la palabra «corrupción», así que lo voy a volver a aclarar. Para Transparencia Internacional, «corrupción» no es ponerse dinero en el bolsillo; esos son los grados más graves y motivo de denuncias penales. Corrupción es malversar los dineros públicos gastándolos en forma discrecional, y eso fueron los Centros MEC, que se crearon como unidad ejecutora. No es cierto que cumplieran las funciones que originariamente sí tenían –y dependían de Antel–, que era la digitalización o, mejor dicho, la parte de alfabetización digital, para que no me corrija la señora senadora Nane. Lo cierto es que se tomó la infraestructura de esos centros financiados por Antel –su construcción, su alhajamiento– para actividades tales como cursos de Música y Magia, por ejemplo.

Tenemos montañas de resoluciones –me imagino que irán a la justicia– sin fundamentación, sin financiamiento, donde se nombraba con nombre y apellido –valga la redundancia– a personas a las que se les daba dinero para que fueran a determinadas localidades a hacer eso que se decía en la resolución. No hubo evaluación ni llamado; la verdad, no hubo nada.

A una persona ahora fallecida –por eso no la voy a nombrar, pero que actuaba en carnaval y era muy amigo de la señora ministro– se le entregaron $ 600.000 en dos partidas, entre diciembre y febrero. ¡No estamos hablando de poca plata! La verdad es que una primera resolución que encontramos –porque algunas estaban colgadas en las páginas y otras no; se me confirmó que no todas se colgaban– era una adjudicación directa por USD 10.000 para hacer cursos de Teatro, y no voy a decir a quién porque no es lo importante. La verdad, fue un caos administrativo, se desnaturalizaron los Centros MEC y sí, el ministro ya creó nuevas unidades culturales. Eso está en la resolución; después le dimos adjudicación presupuestal y la reglamentación correrá por cuenta del ministerio, como corresponde, porque no todo se resuelve por ley. Si un país quiere vivir con todo escrito en las leyes va por mal camino, porque lo que damos es el marco, los recursos y después se reglamenta.

Otro tema que provocó muchísimos problemas –todavía los está ocasionando en el ministerio y ha enlentecido enormemente las posibilidades de desarrollo– fue pagar con horas docentes funciones que no eran docentes. De todas maneras, sabemos cómo está trabajando el Sodre, porque la verdad es que hace años que no veíamos sus actividades tal como se están desarrollando en Montevideo y en el interior. Es un orgullo nacional otra vez, a pesar de las dificultades y de la no presencialidad; basta con seguir las redes sociales del ministerio o concurrir a los espectáculos. Eso generó, primero, una enorme precarización del trabajo de los funcionarios, y puedo dar fe de ello porque siendo diputada vi cómo se estaba actuando con este ministerio; trabajamos de forma bastante cercana con uno o dos de los siete sindicatos que tiene la cartera. Debe ser bastante difícil llevar adelante la negociación colectiva, a pesar de que se supone que es con el que tiene la representación mayor.

No se pueden pagar otras funciones con horas docentes, está prohibido por la ley y es una falta gravísima, pero además le da, a quien distribuye horas docentes para otras actividades, una enorme discrecionalidad en la designación que vulgarmente llamamos «a dedo» y en general es a los amigos. Eso puede pasar en todos lados, pero estamos en la rendición de cuentas de 2020 y partimos de lo que pasó en 2019.

Antes de ir al siguiente tema quiero señalar que sí se está haciendo la reestructura con los funcionarios porque los que más sufrían la precarización laboral con el pago de horas docentes, con la discrecionalidad de a quién se las asignaban o no y la cantidad, eran los funcionarios y, además, eran los que denunciaban permanentemente.

Debo hacer un especial hincapié en el Plan Ceibal y en el papel que el Ministerio de Educación y Cultura asumió mediante la LUC porque, por primera vez desde que se creó dicho plan, la ANEP y esta cartera están en el Consejo Directivo. No voy a repetir las palabras del señor ministro, pero son muy elocuentes. Precisamente, había una desconexión porque no compartían la base de datos con la ANEP, no se formaron maestros y profesores para el uso del plan Ceibal, y ahora sí se está haciendo. Esto lleva muchísima inversión porque nos encontramos con una falta de conectividad importante y con una infraestructura bastante desmantelada, sobre todo por la falta de dispositivos. El presidente Folgar ya lo señaló, así que no voy a repetir conceptos que todos podemos leer.

Señora presidente: también es muy importante el papel que está llevando a cabo la Dirección Nacional de Educación –a la que además se le agrega el calificativo de «nacional»– porque, más allá del gran trabajo que hace el doctor Baroni, está logrando articular todo lo que refiere a la educación no formal –es una responsabilidad muy grande del ministerio; siempre la tuvo pero no se cumplía adecuadamente–, y al nuevo papel que sí tiene el Ministerio de Educación y Cultura con respecto al otorgamiento o validación de los títulos universitarios, que es una función que, siguiendo los caminos de los países más avanzados, es responsabilidad del ministerio; ¡debe ser una responsabilidad del ministerio!

Además –veo que queda poco tiempo–, quiero recoger algo que se ha dicho y se sigue repitiendo –eso es lo que más duele–, que es lo de la incorporación de la educación privada. Eso siempre estuvo incorporado al Ministerio de Educación y Cultura, y menos mal, porque en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada –del que tuve el gusto de formar parte durante cuatro años junto con el actual ministro– se autoriza la instalación de las universidades y las carreras, y se hace un seguimiento sumamente estricto. Ese consejo consultivo está integrado, además, por el ministerio, por la ANEP, por la Universidad de la República, con un presidente independiente –así se establece– y dos representantes de las universidades privadas, es decir, con una franca mayoría del Estado. Entonces, toda vez que se plantea un temor a lo privado –sobre todo a lo vinculado a la educación–, siempre recuerdo que es mucho mejor que el Estado esté controlando y que vea si se cumplen las disposiciones generales de la educación. Eso es lo que pasa con estos consejos.

Lamentablemente, señora presidente, me queda muchísimo por decir, pero el tiempo es breve y no me gusta alargar la sesión; desgraciadamente, hemos comprobado que parece que todos los que vinimos con un convencimiento nos vamos con el mismo convencimiento. Eso es muy doloroso para la democracia, sobre todo cuando está la cultura de por medio.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Quiero hacer algunos comentarios generales sobre el inciso, que espero sean complementarios de los realizados por mis compañeras de bancada, en este caso.

En primer lugar, creemos que se trata de uno de los incisos importantes del Estado, sobre todo en aquellos asuntos vinculados a la cultura, porque los temas de educación tienen una dimensión mucho más acotada debido al diseño constitucional que tiene el Uruguay en materia de políticas públicas educativas, concentrando muchas de ellas en la ANEP y en la Universidad de la República. Por lo tanto, la vieja frase, que viene de siempre y que dice «el ministro de Educación de turno reina, pero no gobierna» tiene mucho que ver con el diseño constitucional del Uruguay, que establece limitaciones claras en cuanto a las posibilidades de hacer que, insisto, se encuentran acotadas por normas de rango constitucional. Dicho esto, voy a hacer algunos comentarios mínimos.

Nos parece importante destacar que en esta Administración hay algunas cuestiones que tenemos que profundizar. Por ejemplo, estuvimos rastreando en distintos incisos del presupuesto las políticas de tres años; eso es lo que permite el análisis en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, es decir, seguir determinadas políticas públicas a través de distintos incisos, léase: ministerios, órganos desconcentrados y demás. Hasta ahora, en la presentación que hizo el ministro de Educación y Cultura, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no vimos una línea rectora de señalamiento más concreto de la aplicación, por parte de este Gobierno, de las políticas públicas de tres años. Realmente estuvo ausente en la definición y si leen la versión taquigráfica podrán comprobarlo cada uno de los señores senadores.

Un segundo aspecto que nos parece muy importante es poder repasar algunos asuntos como, por ejemplo, la acreditación de títulos. Es llamativo cómo este ministerio no utilizó una ley que tuvo la aprobación de ambas cámaras a fines de la Administración pasada, cuya sigla es Inaeet, que permitía a este Gobierno contar con una herramienta para articular más y mejor la acreditación de las carreras y todo lo que significa el tercer nivel, es decir, la educación terciaria y universitaria. Eso se dejó de lado e insisto en que no se utiliza esta ley, que es muy buena, y se fue por otro camino. ¿Cuál es ese camino? La acreditación de títulos universitarios. En ese sentido, el diálogo con la Universidad de la República ha sido correcto, pero absolutamente acotado, a pesar de que esta institución ha jugado un rol fundamental y hay una cantidad de población, nacional y extranjera, que tiene mucha expectativa de poder desarrollarse, en un mundo donde el conocimiento va mucho más veloz que las personas y en el que las fronteras están mucho más difusas. En ese contexto, el rol de órganos del Estado que puedan acreditar conocimiento y permitir el desarrollo profesional de las personas es muy importante.

También creemos que es relevante lo que se ha ensayado en esta Administración, que es ir hacia un título universitario en materia de formación docente. Nosotros no compartimos ese camino y así lo señalamos en la comisión; es un atajo muy acotado al fondo del asunto. Desde hace más de setenta años el Uruguay tiene una deuda institucional con la formación universitaria docente. Tanto la Facultad de Humanidades, como el IPA, Magisterio u otros, fueron mundos paralelos y ninguna Administración ha logrado, en forma eficiente y efectiva, avanzar hacia una especie de universidad de la docencia y la investigación, que permita expedir títulos universitarios con una verdadera calidad en cuanto a la acreditación, que no sea solo la chapa –como se dice–, el título por el título, sino que tenga detrás una formación acorde a ese nivel educativo. Esto no está ni por asomo en los planes y propuestas del Ministerio de Educación y Cultura que, insisto, solo va con algunas mínimas y acotadas carreras, que ni siquiera impactan mínimamente en la necesidad que tiene el Uruguay, desde hace largos años, de ir al fondo del asunto en la formación docente. Es más, creo que ni siquiera se busca la posibilidad de diálogo y de entendimiento con otros actores institucionales, políticos y demás, para ir al fondo del asunto. Insisto en que se fue por este atajo, por ese camino superacotado, con mucha difusión pero con escasísimo impacto real. Hasta ahora, como en muchas cosas, son mucho más anuncios que concreciones.

La señora senadora Kechichian señalaba, con mucho acierto, la importancia de los fondos culturales y de la cultura en sí misma. Creo que lo que se hizo durante quince años, por ejemplo en políticas vinculadas al cine, ha sido muy importante. Y debió haber sido mucho mayor el énfasis en esta Administración, más aún teniendo en cuenta las circunstancias que nos tocó vivir y el rol que tiene hacia adelante. Se pudo haber profundizado una industria que genera trabajo de calidad, que genera empleo de jóvenes y que ofrece –independientemente de quién administre el Uruguay– una oportunidad enorme que deberíamos aprovechar.

Celebro también –porque así lo dijo el señor ministro en comisión– que se hagan investigaciones administrativas, todas las que correspondan. Es más, el ministro citó a Edith Moraes como referencia sobre ese inicio, en febrero de 2020, de investigaciones administrativas, que sacarán las conclusiones que tengan que sacar. Es decir que, como muy bien lo señaló –y consta en la versión taquigráfica–, fue en febrero del año pasado que se iniciaron las investigaciones administrativas y la trasmisión, como corresponde, de una Administración a la siguiente, de las actuaciones de los ministerios.

Quiero finalizar mencionando tres aspectos que me parece bueno señalar.

En primer lugar, es cierto que las horas docentes tienen un destino más allá de la utilización regular. Es verdad que esas cosas hay que cambiarlas y que a veces quienes administran no tienen todos los instrumentos administrativos para poder llevar adelante las políticas públicas que tienen a cargo y utilizan herramientas poco ortodoxas, por llamarlas de alguna manera. Ahora bien, tan cierto como eso es que el Uruguay venía de los contratos cachés, sin siquiera aportes al BPS. Eso dejó de suceder. Por lo tanto, uno entiende que cada Administración podrá mejorar la gestión de otras, pero hay que asumir la realidad de que había un ministerio que contrataba gente sin realizar siquiera aportes al BPS. En esa modalidad estaban, por ejemplo, bailarines del Sodre, que venían acá y que estaban prácticamente ocultos. Entonces, hubo un cambio sustantivo que, desde un punto de vista de concepción de gestión, deberíamos reconocer.

Y en este ámbito también debemos destacar, por ejemplo, la inauguración del edificio del Sodre, un privilegio que tiene el Uruguay. Sería bueno reconocer los términos en que funcionó, la cantidad de espectáculos que dio y algunas de las presentaciones que se hicieron por primera vez en el interior del país. Recuerdo, por ejemplo, a una figura emblemática, el argentino Julio Bocca, que llevó el elenco del Sodre al mundo y también al interior del país. No sería mala cosa reconocer que eso pasó y que nos dejó bien parados a todos como país.

(Ocupa la presidencia el señor Sebastián Da Silva).

–Asimismo, quiero mencionar el Plan Ceibal que, además, insisto, toca a la ANEP, porque es el sujeto fundamental sobre el que trabaja. Aquí me baso en las palabras de su director, que reconoció toda la institucionalidad que recibió y señaló que sobre ella iba a trabajar con otros énfasis, pero reconociendo todo lo que se hizo. Me parece bueno que eso suceda, porque por suerte el Uruguay tuvo un Plan Ceibal que permitió al país dar una respuesta en un momento tan grave como fue la pandemia y contar con una conectividad en materia educativa que no lograron otras regiones, por lo menos de América del Sur. Y agrego: ese Plan Ceibal ha sido reconocido internacionalmente y esta Administración lo ha utilizado muy bien. Claro, durante la pandemia se vio sometido a una demanda que fue infinitamente superior, porque es imposible medir la calidad y los resultados educativos en un año tan atípico como el 2020. Con una herramienta tan sólida como esta y teniéndola a disposición, el Uruguay pudo, por lo menos, tener una conectividad, y una parte de sus estudiantes pudo mantener cursos, conexión con sus liceos, y utilizar esa infraestructura. Si mañana se utiliza para mejor, nos parece muy bien. Si mañana se obtienen mejores resultados, mucho mejor. Pero hay que reconocer que esto tuvo una base sólida, que permitió al país mirar hacia adelante en materia educativa.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Sobre el Plan Ceibal podemos volver a hablar después, cuando tratemos los artículos de la ANEP. También el ministro y el doctor Folgar dijeron que tuvieron que impulsar un 400 % el uso de dispositivos. Solo el 23 % de las máquinas estaban operativas. A mí eso no me causa gracia porque lo pagamos también los contribuyentes. Y era muy peligroso que estuviera en una secretaría dependiente de presidencia, donde no sabíamos qué pasaba con la plata, y que después fuera una persona pública de derecho privado a la cual no podíamos pedirle informes. Yo pedí varios informes y la respuesta era que no me los podían dar.

Ya dije acá –y enojó a algunas personas– que no es casualidad que Brechner tenga cuentas offshore. Aclaro que hice la denuncia. Fracasé con éxito, por supuesto, porque contra el poder es muy difícil.

Pero quiero hacer una aclaración, que de alguna manera es un reconocimiento a Edith Moraes. Quien lee las versiones taquigráficas sabe que yo la reconozco siempre. Fue una isla dentro del ministerio. Sufrió muchísimo. Y lo dice el ministro: casi como a escondidas Edith Moraes le quiso pasar datos. Además, es una brillantísima maestra, a quien en realidad sacaron de la dirección de Educación Primaria y la fondearon –como dicen los chiquilines– en formación docente y después como subsecretaria, porque no estaba de acuerdo con la forma como se estaba implementando el Plan Ceibal en Educación Primaria. O sea que, a mí, las cosas es difícil que me las cuenten, porque las viví.

Con respecto a los audiovisuales, hay un destaque –en este momento no lo encuentro– de la gran cantidad de millones de dólares que ingresaron. Incluso la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, hace hincapié en que fue uno de los rubros –casi el único– que trajo enorme cantidad de divisas al país, en base a la nueva institucionalidad que le dio la LUC, que creó cinco instituciones en las diferentes áreas.

Y quiero decir, en los cincuenta segundos que me quedan, que la universidad de la educación ya está superada en el mundo. Hay que generar un ámbito universitario, no como la universidad que conocemos, sino mucho más mejorada y donde la parte pedagógica esté integrada. Ahora bien, si la queremos hacer pedagógica, nunca vamos a llegar a un acuerdo si permanecemos con estas mayorías, porque estamos dispuestos a llevar esa etapa previa –superada en el mundo– de la universidad de la educación con mucha autonomía pero sin cogobierno.

En consecuencia, no nos vamos a poner de acuerdo, al menos por ahora. Por eso tomamos, como decía el senador Batlle, el camino del medio. No pudimos convencer de que no hubiera cogobierno. La Udelar, con todo el dolor en el alma, no está entre las primeras quinientas universidades del mundo. Está por abajo, y eso duele muchísimo. Y tenemos una privada dentro de las quinientas. Así que sí, vamos a seguir trabajando, por suerte. Y hay muy buen relacionamiento, no solamente con la ANEP, sino con el ministerio; esto lo dijo Rodrigo Arim en la comisión.

Gracias.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente quiero hacer algunas consideraciones adicionales a las formuladas por mis compañeras y el senador Mahía. A la vez, haré una reflexión en torno a la hoja 7 que se nos repartió recién como un sustitutivo. Cuando analizamos el tomo II del Ministerio de Educación y Cultura, en la página 25, en el área programática 15, «Servicios públicos generales», donde está el programa 487, «Políticas públicas con enfoque de derechos humanos», notamos que tenían un crédito de aproximadamente $ 6:500.000, pero una ejecución de tan solo $ 584.000, es decir solo el 9 %. Entonces, si en la hoja 7 estamos habilitando a varios organismos –entre ellos el Ministerio de Educación y Cultura– a disponer en el ejercicio siguiente de hasta el 100 % de las economías que generen en la ejecución de los créditos para gastos de funcionamiento, seguiremos consultando sobre cuáles van a ser los objetivos institucionales para este programa que, reitero, tiene que ver con las políticas públicas con enfoque en derechos humanos.

El siguiente punto sobre el que quería hacer algunas aclaraciones y consideraciones adicionales a las que realizó la senadora Kechichian, tiene que ver con las acciones en ciencia, innovación y tecnología.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Quiero dejar constancia en esta sesión de que cuando miramos los créditos del inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura», por unidad ejecutora, el área de ciencia, innovación y tecnología tiene tan solo un 1,1 % del total de los créditos del inciso. Cuando consultamos en la comisión a las autoridades del ministerio, no quedó claro cuál es el presupuesto para lo que queda de este período. En esa oportunidad hicimos algunas consideraciones con respecto a los objetivos, que figuran como los principales desafíos para el 2021, presentados por la cartera en lo que tiene que ver con ciencia, innovación y tecnología. A nivel general se dice que los principales objetivos para 2021 son el fortalecimiento de la innovación, la ciencia, la tecnología y la reingeniería de la institucionalidad. Al consultar sobre cómo iban a ser las asignaciones presupuestales para este objetivo, se nos dijo que se estaba trabajando en un documento que sienta las bases para el reordenamiento institucional en ciencia, tecnología e innovación. Ese documento es de octubre de 2020, consta de siete páginas y tiene algunas descripciones, fundamentalmente de las acciones. Pero nuestra preocupación es que, si bien se establecen ciertas etapas a desarrollar, ese proceso no termina en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que culmina en el cambio de nombre del ministerio, que pasa a llamarse Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Entonces, lo que preguntamos en ese caso –y muy probablemente lo hagamos ahora a través de un pedido de informes, ya que nos parece que se trata de información relevante para todos– es cómo va a ser el cronograma de ejecución de las etapas que se detallan en ese documento. Hemos venido planteando la preocupación en torno a poder confeccionar algo concreto en este sentido lo antes posible –considerando, obviamente, la calidad de las acciones y del contenido metodológico para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación–, pero vemos que las acciones están un poco demoradas en el tiempo. Si nosotros pensamos que hay cuatro consultorías en curso –dos de las cuales ya están en condiciones de ser asignadas, mientras que las otras dos recién se abrieron–, a las que vamos a esperar para poder iniciar la elaboración del Pencti, vemos que en ese plazo no nos va a dar mucho el tiempo para luego poder ejecutar esas acciones. Por eso, para nosotros es bien importante tener ese cronograma como parte de volver a conversar sobre ciencia, tecnología, innovación e investigación en términos de política de Estado.

Justamente, en base a esto hay otra información que a mí me parece importante poner en conocimiento del Cuerpo. Todos saben que en la rendición de cuentas hay un tomo que se llama Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico, que es donde se rinde cuentas del cumplimiento del artículo 593 de la Ley n.º 15903 por parte de los incisos, respecto a lo que han venido gastando en la materia. Todos los incisos que reportan hacen no solamente el reporte del año correspondiente a la rendición de cuentas –es decir, del 2020–, sino que también deberían hacer las proyecciones para el 2021. A nosotros nos llamó la atención que en la última sección de ese documento, en la parte que dice: «Organismos que no han suministrado información», nos encontramos con que el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Pasteur, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, el Pedeciba y Uruguay XXI no han reportado esa información. Nuevamente, nosotros vamos a hacer pedidos de informes para saber qué es lo que se va a hacer como proyección al 2021.

Es de destacar que esta información permite ir viendo cómo estamos en la ejecución y cómo nos estamos proyectando hacia los siguientes años; no es para poner un dedo inquisidor en quién lo hizo y quién no. A los efectos de poder evaluar las políticas públicas en ciencia, tecnología e información, consideramos que son datos relevantes para ser analizados por este Cuerpo.

Respecto a este tema, me quedo por acá, señora presidenta.

Muchas gracias.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 13 de octubre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, solicito se me conceda licencia por motivos personales por el día 13 de octubre de 2021.

Sin otro particular, saludo a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Jorge Gandini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que el señor Guillermo Besozzi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Verónica Bica, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

14) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con la consideración del único punto del orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 196, 198, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211 y 212, correspondientes al inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura».

(Se vota).

–16 en 23. Afirmativa.

Pasamos al inciso 12: «Ministerio de Salud Pública».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se voten en bloque los artículos 213, 215 y 219, y que se desglose el artículo 216, porque existe una hoja sustitutiva que se tratará al final.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 213, 215 y 219.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: a cuenta de la discusión del artículo 216, nosotros no vamos a votar estos artículos, que no están entre los que hemos acordado.

Por otra parte, queremos hacer referencia a dos temas que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública: uno por inclusión y otro por exclusión.

El primero refiere al artículo 312 –que está vinculado y aprovecho la ocasión para no tener que volver a él–, que pertenece al inciso «Diversos créditos», por el que se le otorgan $ 96:000.000 al Ministerio de Salud Pública. Esos $ 96:000.000 están ligados al Decreto n.º 4/021, que aquí se retoma, por el cual –en una medida que consideramos adecuada– se le mantiene la cobertura del Fondo Nacional de Salud a las personas que perdieron su trabajo durante todo el 2021, es decir, del 1.º de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, lo que cuestionamos –obviamente eso afecta a los recursos del artículo incluido en el inciso «Diversos créditos»– es que solo es para aquellos que perdieron su cobertura del Fondo Nacional de Salud en una institución de asistencia médica colectiva, vulgarmente conocidas como mutualistas, porque en el propio Decreto n.º 4/021 se excluye a ASSE de este beneficio.

El argumento que se dio en su momento fue que ASSE recibía fondos presupuestales. Por lo tanto, podía compensar esa diferencia con fondos presupuestales. Sin embargo, como veremos cuando lleguemos al inciso 29, el presupuesto de ASSE no lo contempló. Por lo tanto, nos parece que el Ministerio de Salud Pública ha tenido una actitud discriminatoria con ASSE que puede afectar las posibilidades reales de su atención. Estas personas pierden la cápita, se siguen atendiendo en ASSE, pero ASSE no recibe una compensación presupuestal y baja su gasto por cápita.

El segundo tema –por exclusión– tiene que ver con la LUC. Luego de un largo proceso de negociación, acordamos crear una agencia de evaluación de medicamentos en un solo artículo y que el presupuesto y las sucesivas rendiciones de cuentas iban a instrumentarla. Pero, tanto en el presupuesto como en esta rendición de cuentas, vemos que no se ha avanzado en ese sentido.

Cuando el subsecretario de Salud Pública compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda dijo que en los próximos meses iba a ponerse en marcha y además comprometió una redefinición de los medicamentos que estaban incorporados en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, FTM. Sin embargo, no vemos ningún avance de la agencia, de su constitución, de su financiamiento ni de los plazos para las evaluaciones de medicamentos y de tecnología que les corresponden.

Es así que planteamos en el MSP las dos preocupaciones: la discriminación de ASSE en el primer caso y el no avance en la agencia de medicamentos en el segundo caso.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 213, 215 y 219.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

Pasamos al inciso 14, «Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: solicitamos que se desglosen los artículos 237, 238, 239 y 240, para que se traten junto con los artículos 306, 307 y 308. ¿Qué queremos hacer con esto? Concentrar en una sola discusión todo lo vinculado al Instituto Nacional de Colonización.

Entonces, formulo moción en el sentido de que se voten en bloque los artículos 227, 229, 230, 232, 234, 236, 241 y 242.

SEÑOR ANDRADE.- A efectos de dar integralidad a la discusión, ¿no convendría desglosar también el artículo 236, que refiere a los asentamientos?

SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto accedemos a desglosar también el artículo 236.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

17 en 27. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos en bloque los artículos 227, 229, 230, 232, 234, 241 y 242.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: como he dejado constancia en varias oportunidades, en el artículo 234 se confiere a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial o al subsecretario la posibilidad de solicitar quince pases en comisión para tareas de asistencia.

Por otro lado, quiero dejar constancia de la preocupación que nos genera que los terrenos rurales puedan ser loteados de a una hectárea. Esto puede llevar a que estos terrenos se utilicen para el lucro de algunos.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor!

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- También queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la calidad de las viviendas que se piensa promover. Consideramos que se venían realizando viviendas de muy buena calidad, pero una de las propuestas que se impulsan ahora es la de los monoambientes, con una superficie de 25 metros cuadrados. Es decir que se rebaja la superficie que se tenía hasta ahora para una vivienda digna.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Dado que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se dividió en dos –como diría la señora senadora Nane, la prima donna quedó para después–, me voy a referir exclusivamente a los aspectos restantes del inciso, particularmente a dos, uno de los cuales ya fue mencionado por la senadora Della Ventura.

El primer aspecto tiene que ver con la cuestión presupuestal. Si bien discutimos en general la rendición de cuentas y hablamos del recorte, pensamos que este inciso y el de la Administración de los Servicios de Salud del Estado –el 14 y el 29– son los dos más golpeados por el ajuste en esta rendición de cuentas.

En el caso del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial el impacto es mayor porque se trata de una reducción de recursos en stock y no en flujos, y una vez que se reducen es más difícil realinearlos posteriormente. De hecho, el informe de metas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no solo dice que se terminaron menos viviendas en 2020 que en 2019, sino que también hubo menos ejecución, lo que significa que en 2021 se va a ejecutar aún menos, salvo que haya una aceleración extraordinaria, cosa que al menos esta rendición de cuentas no prevé.

Por lo tanto, tenemos una preocupación real por la construcción de viviendas a través de los sistemas tradicionales, es decir, las cooperativas, el sistema de promoción, la autoconstrucción asistida, etcétera; todo lo que no está incluido en la discusión que se hará más adelante sobre el capítulo general de asentamientos.

Queríamos dejar sentada esta preocupación porque, si lo comparamos con el quinquenio anterior, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está en promedio aproximadamente un 14 % por debajo; ha sufrido mucho. Creemos, además –se lo dijimos a la ministra cuando compareció–, que la reducción de los sorteos de las cooperativas –pasaron de 2000 a 1000– fue un golpe grande. También tenemos información –así lo muestran los informes de la Agencia Nacional de Vivienda– de que hay un número importante de préstamos que están en la gatera y no reciben los recursos para poder escriturar.

La segunda preocupación tiene que ver con la Ley n.º 13728 –la ley madre de vivienda–, que todos compartimos. Al igual que cuando hablamos de Chile, sabemos que nos dirán que se votó en el período de Pacheco. Por lo tanto, antes de que lo digan, lo menciono yo. Era una muy buena ley, promovida por el entonces diputado Juan Pablo Terra, que fijaba un mínimo de la vivienda de treinta y cinco metros; luego se bajó a treinta y dos y creo que en el 2017 se volvió a los treinta y cinco metros como mínimo. Ahora, a través del artículo 229, se habilita el monoambiente que, al incorporarlo en las normativas de la ley, lo transforma en una vivienda y se genera –como bien decía la senadora Della Ventura– el riesgo de transformarlo en un modelo habitacional no solo para estas viviendas, sino para cualquier otra.

Nos parece que esto es inadecuado y que se alinea con otra cosa que se hizo a principios del año pasado –que nosotros ya lo comentamos en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial un par de veces con el senador Andrade–, que tiene que ver con la flexibilización de la Ley n.° 18795, Promoción de la Vivienda Interés Social, ahora denominada Ley de Viviendas Promovidas. Flexibilizar dicha ley permitió ampliar el espectro de producción de una vivienda que es construida con subsidios públicos y que está llegando a gente que a nuestro juicio no debería ser merecedora –no me refiero a la vivienda, porque de eso sí es merecedora?, de subsidios públicos en la construcción de viviendas.

Entonces, hay una preocupación general por el modelo constructivo sobre el que se está asentando la política y particularmente sobre la tipología monoambiente y la reducción de los metros, que para nosotros es clave como cuestionamiento crítico a este ministerio.

Para terminar, quiero sumar a lo expresado anteriormente, que este ha sido el ministerio más golpeado presupuestalmente en un contexto de necesidad de vivienda que Uruguay tiene.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 227, 229, 230, 232, 234, 241 y 242.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

Pasamos al inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicitamos que se voten en bloque los artículos 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 y 251.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 y 251.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.-. No soy responsable de que los tres ministerios en los que tengo participación y sobre los que tengo que hablar, estén seguidos en los incisos. Pido disculpas.

(Dialogados).

–Queremos hacer tres reflexiones sobre este punto. En este caso, no cuestionamos lo presupuestal porque este no es de los ministerios que ha sido más golpeado presupuestalmente.

Básicamente, queremos hacer dos reflexiones generales y una en particular sobre el programa Accesos, que antes era Uruguay Trabaja.

La primera reflexión general ?lo hemos dicho cuando compareció el ministerio? tiene que ver con la conceptualización del Ministerio de Desarrollo Social que ha tenido cierta continuidad, aunque reconocemos algunas ideas más innovadoras desde el punto de vista organizacional en el primer ministro y en el primer director general, aunque han sido bastante dejadas de lado. Esa línea de continuidad que refiere a una concepción de política social muy focalizada, cuyo objeto es llegar exclusivamente a sectores de alta vulnerabilidad, tiene una marcha atrás en lo que el Mides históricamente llamó programas de transición, de trayectoria, o salidas productivo-laborales y educativas. Programas como Jóvenes en Red, que tenían un rol muy importante entre la situación de extrema vulnerabilidad de los jóvenes y su salida educativa-laboral, prácticamente están parados; al Programa Cercanías no se le ha dado continuidad –después voy a hablar de Uruguay Trabaja–; los programas de cooperativas sociales están bastante estancados y no se los promociona para su contratación por parte de los organismos públicos; programas como Procesos con Valor Social o Provas –el senador Lauro Meléndez me asiente con la cabeza porque fue el promotor de esta idea–, que eran una especie de LATU para empresas de estas características, a las que se les remarcaba una calidad y llegaron a tener un lugar físico en el MAM, están prácticamente derogados o estancados, o fueron sustituidos por una lógica de muchísimo mayor nivel de focalización, una lógica de atender exclusivamente la cuestión inmediata de la pobreza extrema –calle, tarjeta, etcétera– y no necesariamente se piensa en la trayectoria de las personas.

Repito: los programas derogados, estancados o en reducción son básicamente de la lógica de las trayectorias, la transición y la formación de las personas.

Entonces, queremos mostrar esta incompatibilidad entre un ministerio que debe atender situaciones focalizadas pero que debe ser un vínculo dialéctico hacia los ministerios universales. Esa trayectoria o ese vínculo es lo que a nuestro juicio se ha quebrado en esta gestión de la cartera, que obviamente no compartimos porque no fue esa la lógica con la que se creó el Ministerio de Desarrollo Social.

Aprovecho a decir que en cuanto a la sección II, «Funcionarios», no votamos la cuestión de los contratos porque presentamos un aditivo para que 499 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que estaban comprendidos en un contrato que se derogaba –prácticamente eran los únicos, porque había un total de 600 en todo el Estado; así que los 499 del Mides eran la mayoría–, pasaran al nuevo sistema de contratos y no quedaran en el viejo que no tendría más vida que para esas personas, pero no se nos aceptó. Aprovecho a decirlo porque el tema de las disímiles formas de contratación en el ministerio siempre fue un factor de problema.

En el tercer período de gobierno del Frente Amplio se mejoró notoriamente esa cuestión con una presupuestación muy importante, pero todavía quedaba un grupo de gente a la que se le habría solucionado el tema con un solo aditivo al artículo 6.°.

Hecha esta cuestión general de cuestionamiento a una concepción focalizada y absolutamente asistencialista de la política social, en lugar de una concepción de trayectoria y de dialéctica entre lo universal y lo focalizado –que queríamos hacer porque es una visión que tenemos todos los integrantes de la bancada del Frente Amplio–, ahora sí voy al programa Accesos.

Cuando se hablaba del único informe de evaluación –que repitió aquí el señor senador Camy; lo hizo porque ese informe existe y aclaro que lo estoy diciendo en el buen sentido– que decía que el 90 % de las personas no conservaban luego su trabajo, en la Cámara de Representantes se insistió mucho sobre un informe de la Udelar que hace un análisis integral del programa Uruguay Trabaja y que aparentemente, por ciertas declaraciones en medios de prensa de algunos de los integrantes de la universidad que habían hecho este estudio, tiene resultados satisfactorios cuando se mira globalmente el programa. La contestación de la Udelar fue, lógicamente, que era un producto del ministerio y que en tanto este no autorizaba su publicación, no se daba. Entonces, no lo sabemos, pero quienes trabajamos allí, quienes fuimos parte bastante integral del programa Uruguay Trabaja, sabemos que efectivamente hay una dificultad de inserción laboral posterior. De hecho, en el último período propusimos un Uruguay Trabaja 2 para dar un salto hacia una mayor inserción laboral –siempre a nivel público–, pero en aquel momento los recursos no lo permitieron.

Ahora bien, creemos que hay que mirar a Uruguay Trabaja en su totalidad, hay que mirar el punto de partida de las personas, hay que mirar lo que significó para esas personas el reconocimiento de un lugar de trabajo, la remuneración –que en este caso aumenta y está bien que así sea– y la inserción social. Recordemos que Uruguay Trabaja tenía turismo social, Uruguay Trabaja tenía atención odontológica, Uruguay Trabaja tenía capacitación, de uno o de dos días –según el tipo de modalidad–, o sea que no era solo trabajo, y tenía un rango central, que era un criterio objetivo de postulación. Ese criterio objetivo de postulación era que la persona fuera desocupada de larga duración, y para medir ese parámetro en forma objetiva la persona no debía tener aportes a la seguridad social en los dos años anteriores a la postulación. No recuerdo la cifra de postulación en los últimos años, pero en los que yo estuve y en los primeros años del tercer período eran normalmente unas 13.000 o 14.000 personas, de las cuales 3000 eran seleccionadas por sorteo siempre y cuando hubieran pasado el filtro –eso se controlaba– de ser desocupados de larga duración.

Obviamente, había un criterio territorial para distribuir esos 3000 cupos –o sea que se sorteaba, pero sobre la base de un criterio territorial–, y había un 10 % –si no recuerdo mal– de cupos asignados de manera directa, que eran los mismos que están comprendidos en las leyes generales: afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans, y un pequeño componente de personas que provenían de Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y de Cercanías, o sea, de los programas que en su momento llamamos de alta prioridad.

Nos parece que no hay ninguna justificación para cambiar el programa; no vemos ninguna razón para hacerlo. Cuando nosotros cuestionamos que no se hiciera el llamado a Uruguay Trabaja en 2020, el entonces subsecretario, Armando Castaingdebat, nos dijo que no se hacía porque se estaba planificando un nuevo programa, que fue lo que efectivamente se hizo. Nosotros le dijimos que eran papas y naranjas, que se podía hacer en 2020 el llamado con el viejo criterio y luego programar el nuevo, porque era obvio que en el 2020 no se iba a llegar con el nuevo programa, como efectivamente sucedió; el llamado se hizo en diciembre de 2020 y fue operativo en el 2021.

Entonces, no encontramos ninguna otra razón que no sea esa evaluación del 90 %, y nos parece que no debe ser el único elemento para tener en cuenta.

Nos preocupa el tema de la formación y de la capacitación y nos preocupa también la forma de postulación. Acá dice: «Los participantes serán postulados por el Ministerio de Desarrollo Social, según las condiciones que establezca la reglamentación» y eso para una ley es muy peligroso. Nosotros somos legisladores, o sea, nosotros no vamos a estar en la reglamentación, y no tenemos garantías de que el criterio objetivo pueda ser tomado en cuenta.

Creemos que la segunda etapa no debe ser en empresas privadas. Está bien que haya convenios con estas empresas para una salida laboral permanente, pero no para salidas transitorias. Entendemos que el nuevo programa no da garantías de inserción laboral, que es el punto que se cuestiona del programa en general, y tiene ciertos riesgos relacionados con la capacitación, la formación, la integración, con el mecanismo de cómo las personas son valoradas en la sociedad y, obviamente, riesgos relacionados con el criterio de selección que, por lo que está escrito aquí, no tiene una condición objetiva de ingreso, hasta ahora.

Así que, además de nuestra discrepancia conceptual con un Mides que modificó su criterio –dejó de hacer política social para hacer política asistencial, desde nuestro punto de vista–, tampoco compartimos el artículo más largo que tiene, que cambia un programa cuya tradición en el ministerio es muy importante y cuyos resultados no pueden verse unilateralmente.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voy a ser muy breve.

Me sorprende enormemente que se diga que el Ministerio de Desarrollo Social dejó de hacer políticas sociales para realizar asistencialismo. No vamos a entrar en esa discusión, pero tenemos las pruebas que muestran que durante estos años lo que se realizó fue un asistencialismo.

En lo que respecta a las políticas sociales que viene llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social, consideramos que existen claras muestras de un cambio de visión. En este sentido, se han logrado significativos avances en cuanto a la atención a las personas, a través de una serie de medidas que voy a detallar, porque escuchamos como que no se está realizando absolutamente nada y nos olvidamos un poco por la situación que nos ha tocado transitar a nivel mundial, a la que Uruguay no ha sido ajeno. Entonces, hay situaciones que debemos atender; todos esos miles de uruguayos que ya eran pobres cuando se instala la pandemia quedaron por debajo de la línea de pobreza y tuvimos que asistirlos. ¡Por supuesto que sí! Esa asistencia se realizó porque es una obligación de los Gobiernos, es obligación del Estado asistir a aquel que la está pasando mal, pero se asiste por un período determinado. ¡Por supuesto que se está asistiendo!, porque son muchos los uruguayos que ya estaban viviendo una situación bastante compleja y luego, con la pandemia, quedaron aún peor.

Nosotros dijimos, una y otra vez –y fuimos sumamente criticados por eso–, que la pobreza no se puede medir por ingresos, que es multidimensional.

Voy a mencionar algunas de las acciones que actualmente lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social en las líneas de atención a la ciudadanía.

Se creó una línea de WhatsApp para atención, que realmente atiende a la ciudadanía –pueden probarlo–; el Plan Invierno, que tiene otro encare; los paradores nocturnos; el fortalecimiento de la atención personal a quienes están en situación de calle, a través de coordinaciones realizadas con ASSE; las policlínicas móviles en las zonas metropolitanas; los centros de atención para los niños y para las mujeres; el refuerzo del apoyo económico para niños de cero a tres años y mujeres embarazadas pertenecientes a los programas del Ministerio de Desarrollo Social; el acompañamiento familiar y el fortalecimiento de políticas de cuidado; los convenios –tan criticados– con instituciones privadas para la incorporación dentro de sus plantillas de personas pertenecientes a programas sociales del ministerio, es decir, en esos casos se les está brindando esa oportunidad de trabajar, y eso no es asistencialismo.

Voy a hablar de algo sobre lo que, en general, no se ha hablado, no se ha mencionado, e involucra a aproximadamente un 10 % de la población del país. Me refiero a la creación y puesta en marcha de una nueva institucionalidad, una nueva institucionalidad con presupuesto propio, que fue votada en la ley para el ejercicio 2020-2024. Se trata de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, colectivo del que se habla mucho y se mencionan sus programas, pero sin presupuesto. En este proyecto de ley se tomó en cuenta al colectivo y se decidió brindarle apoyo para que realmente se pueda salir adelante. Y, por primera vez, se cuenta con ese presupuesto. Menciono esto porque, generalmente, todo es malo, todo está mal y no se hizo nada; pero estas son cosas sumamente importantes. Hablábamos de un colectivo empobrecido; bueno, ahora le estamos dando la oportunidad de salir adelante y de dejar de ser víctimas para empezar a promover y buscar esos derechos y esa reparación. Siempre estamos hablando de la deuda y de la reparación histórica; bueno, este Gobierno de coalición ha impulsado esta nueva institucionalidad, que constituye una señal, una reparación. Estas son cosas que debemos decir, porque no es verdad que no se esté haciendo nada o que se diga –como lo escuchamos– que simplemente se asiste.

Justamente hoy escuché al ministro de Desarrollo Social decir que finaliza el Plan Invierno, viene el Plan Primavera; que van a capacitar y a dar la oportunidad a las personas en situación de calle para que puedan insertarse laboralmente. Esto era algo que no se hacía: pasaba el invierno y a la calle hasta el próximo invierno. Ahora se les está dando esa oportunidad. Se está humanizando. Estas políticas tienen un sentido de reconocimiento, de valoración y de respeto por los derechos fundamentales de las personas.

Se habló acá de las cooperativas y, al respecto, el ministro dijo en la comisión que se reconsideró la contratación de algunas de ellas. Es más, puso el ejemplo de una cooperativa en la que se invertía $ 40:000.000 al año y hoy son $ 18:000.000. ¡Y otra cosa! Se apuesta a la superación para que esas cooperativas sean cooperativas de trabajo.

También debemos mencionar otras acciones que se vienen llevando adelante por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Esta cartera se ha hecho cargo de aquellos de los que nadie se hacía responsable: de los llamados siempre niños. Esos chicos con problemas serios de discapacidad que, pasados los dieciocho años, continuaban en el INAU, y nosotros vivimos experiencias en las que nadie se hacía cargo. Recuerdo el episodio lamentable de Aldeas de la Bondad, del que nadie se hizo cargo: ni el Mides, ni salud pública, ni el INAU. Bueno, hoy hay una responsabilidad y el Ministerio de Desarrollo Social se hace cargo de esos chicos.

Sobre el Sistema de Cuidados se está trabajando. Se ha dicho que nosotros, como oposición, en aquel momento habíamos votado la ley y los contratos; no fue así, es un error. Eso no se hizo por ley, sino por decreto del Gobierno de turno. Nosotros lo dijimos, lo advertimos e, incluso, se llegó al agravio porque estábamos manifestando que había serias fallas en el Sistema de Cuidados. Aunque reconocemos que la herramienta es buena y necesaria, encontramos cosas que estaban fallando y una de ellas era que el participante, en el momento de querer despedir al asistente, estaba obligado a pagarle un despido. Eso es algo que no tiene sentido. También estaba la falta de capacitación; parece que se confunde acompañantes con cuidadores. Ahora nosotros nos hacemos cargo y estamos capacitando realmente a las personas que van a asistir. Son muchas las cosas que venimos realizando.

Recién la señora senadora Bianchi se refirió a los jardines privados. Realizar ese intercambio en los jardines privados para que los chicos puedan concurrir no es una novedad y está bueno: yo considero que sí. ¿Por qué un chico pobre no puede ir a un colegio privado? ¡Claro que sí! Vamos a tratar de terminar con esa brecha, con esa separación. Me parece espectacular que tengan esa oportunidad.

No quiero dejar pasar un tema que también está relacionado con el Mides, que es el de los CAIF. Consideramos que es fundamental el entramado entre el Estado y la sociedad civil, pero nosotros apostamos a los actores territoriales y a terminar –aunque eran los menos– con aquellos mercaderes de la pobreza, que se presentaban y se hacían cargo de CAIF en diferentes departamentos, pero luego se iban con el dinero y nada se podía hacer. A su vez, se propone la creación del bono crianza que estaría llegando, aproximadamente, a 30.000 niños.

Con relación al programa Accesos, se nos cuestiona que estamos generando un mecanismo para la contratación de mano de obra barata. ¿Cómo se puede interpretar que un programa de 3000 participantes, en el que se apuesta a que tengan una salida definitiva, se toma como mano de obra barata? Hoy se pagan $ 11.444 en un empleo protegido y se propone pasar a $ 18.000. Este programa es mucho más ambicioso porque pretende que la salida laboral sea definitiva, con la firme convicción de que los beneficiarios lograrán salir adelante por sus propios medios y con el seguimiento de profesionales. Quienes se oponen, quizás, pretenden eternizar el asistencialismo que tanto daño provocó a nuestra cultura de trabajo que hizo grande a este país.

No quiero dejar de hablar sobre lo que dicen en cuanto a que este es un Estado ausente. Acá no hay un Estado ausente, sino que hay un Estado asistiendo en momentos difíciles. Voy a mencionar la tarea que Uruguay Adelante está realizando con más de seiscientas ollas populares. Hoy en día no solo están en Montevideo, sino que se ha extendido a otros departamentos. En la capital podemos encontrarlo en todos los municipios y tengo los datos de cómo se viene trabajando, así que, si quieren verlos, se los comparto con muchísimo gusto. Hay una rendición de gastos porque estamos trabajando de forma transparente. Hace muy poco aparecieron documentos que estaban escondidos, en los que se mencionaba que había programas que no estaban dando los resultados correspondientes o esperados.

No quiero dejar de mencionar al centro Tiburcio Cachón, señora presidenta. Ya lo mencionó en el día de ayer el señor senador Niffouri, pero voy a reiterarlo, porque se dice que no se está haciendo nada y, en realidad, se está haciendo mucho. Nos estamos haciendo cargo de los desastres que recibimos y uno de los desastres más vergonzosos fue el cierre del centro Tiburcio Cachón, con lo cual dejaron a las personas ciegas y de baja visión sin asistencia. Este Gobierno de coalición se ha hecho cargo. Estamos trabajando y ya se está asistiendo a todos esos ciudadanos.

En definitiva, el Ministerio de Desarrollo Social debería ser un ministerio de crecimiento, de progreso…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino. Debería ser un ministerio que provea a aquellas personas que se encuentran en situaciones poco favorables de las herramientas necesarias para su desarrollo y avance, lejos del asistencialismo y la dependencia. En esa línea se viene trabajando, como se ve reflejado en lo que brevemente pude exponer.

Por lo tanto, señora presidenta, cuando se nos dice que dejamos de realizar políticas para hacer asistencialismo, es a la inversa. Estamos dejando de hacer asistencialismo y estamos tratando de promover a aquellos sectores menos favorecidos.

Muchísimas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

La señora senadora Rodríguez ha dicho todo y refrendo todas sus palabras.

Gracias.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Claramente, en este tema tenemos visiones absolutamente diferentes en relación con lo que se debe hacer, sobre qué constituye asistencialismo y qué no.

Algunos de los programas que se han eliminado estaban orientados a asociar a sectores desvinculados del mundo del trabajo particularmente, pero también del mundo del estudio o de la formación. Uno de ellos fue el programa Jóvenes en Red, en el cual se trabajaba desde el territorio; estaba orientado a vincular a jóvenes que se habían alejado del sistema educativo y, por tanto, también del mundo del trabajo. Fue un programa largamente elaborado con la participación de las autoridades de la educación del momento y tuvo un resultado muy importante en lo que tiene que ver con revincular a jóvenes a la educación y el trabajo.

Hace un rato se mencionaban los desafíos que el mundo del trabajo tiene de ahora en adelante. Es cierto que el avance tecnológico constituye una amenaza para los sectores con menos formación y se relaciona con la destrucción de empleo en esas áreas, pero también vale la pena leer informes que la Organización Internacional del Trabajo tiene con respecto a los desafíos en este sentido.

Hubo propuestas en dos áreas fundamentales. Una es la creación de los llamados «empleos verdes», que son aquellos que surgen de la urgente necesidad que tiene el planeta de atender situaciones que degradan el ambiente. Se generan puestos de trabajo en esa área; es una de las llamadas «minas de empleo».

Por otra parte, se propuso algo que es fundamental, particularmente para este país, que tiene una tasa muy alta de adultos mayores, una población envejecida. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una herramienta necesaria para atender la demanda de estos sectores, que en muchos casos están constituidos por adultos mayores que no cuentan con núcleos familiares que los contengan. Esto tiene dos patas: una, vinculada con la atención a esas personas y otra, con la generación de puestos de trabajo relacionados con ellas. Se ha producido un retraso en materia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y una detención por reducción de lo que tiene que ver con el programa de asistentes personales –recién lo mencionaba el señor senador Olesker, exministro de Desarrollo Social–, que no solo tiene un impacto negativo sobre esa población que deja de ser atendida, sino también sobre la generación de empleo, particularmente de mujeres, que sabemos que en el mundo entero, y particularmente en Uruguay, tienen dificultades adicionales para ingresar al mercado de trabajo.

Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados se reduce, se detiene, no se generan oportunidades laborales para muchas mujeres –que se capacitaron en años anteriores y por lo tanto, están capacitadas para empezar ya a desempeñar esos servicios y acceder al mercado de trabajo genuinamente–, sino que además se deja desprotegida a una parte de la población altamente vulnerable.

Es cierto que las cooperativas sociales fueron en su momento una herramienta para salir del llamado Plan de Emergencia, cuando Uruguay en 2005 tenía un millón de personas en situación de pobreza; es cierto que las cooperativas sociales eran una herramienta temporal; es cierto que se fueron creando condiciones y dando capacitación para que estas cooperativas sociales avanzaran hacia el régimen de cooperativas de trabajo; es verdad que en ese sentido se avanzó y, efectivamente, en muchos casos se logró, pero no es cierto que esto pueda hacerse sin un acompañamiento, una formación y capacitación adecuados para que estas organizaciones, que compiten con ventajas comparativas por la diferencia potencial que tienen en acceder al mercado en términos generales, puedan transformarse en cooperativas de trabajo por sí solas. La resultante de no tener ese tipo de acompañamiento es lo que hace que muchas de ellas no se transformen en cooperativas de trabajo, sino que sencillamente desaparezcan.

También vale la pena mencionar que en 2020 –y creo que no hay previsión de recursos en el 2021– las becas que se financiaban para el programa Uruguay Estudia, que permitió a miles de uruguayos culminar la educación media, no estuvieron disponibles en el 2020 y, por lo que vemos, no está previsto tampoco asignarlas en 2021. Esta ha sido una herramienta fundamental que se requiere para ingresar al mercado de trabajo: se requiere capacitación y parte de esta es la culminación de la educación media.

Por otra parte, vemos un conjunto de políticas y de programas que estaban funcionando, factibles de ser mejorados ?como puede serlo cualquier programa que esté vigente?, pero no solo no son mejorados, sino que en muchos casos desaparecen, no son sustituidos por programas alternativos que atiendan a esa población y sí hay –como bien señalaba el señor senador Olesker– una focalización en el asistencialismo y en la atención a los sectores de mayor vulnerabilidad, cosa que compartimos, siempre y cuando vaya de la mano de lo anterior. Digo esto porque nos da la sensación de que buena parte de las críticas que estos programas recibían en los Gobiernos anteriores no solo no se han dado vuelta, no se ha cambiado su enfoque, sino que se ha profundizado en una política de atención asistencialista a los sectores más vulnerables de la sociedad. No encontramos explicación para que no continúe la promoción de las llamadas cooperativas sociales, sin que ello vaya en desmedro de que aquellas que estén en condiciones de transformarse puedan hacerlo. De hecho, en el departamento de Canelones hoy dos cooperativas sociales que se transformaron en cooperativas de trabajo están compitiendo en todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos en dos áreas fundamentales del departamento. Quiere decir que es posible que las cooperativas sociales, si reciben el acompañamiento necesario y, en muchos casos, el capital de giro necesario para dar ese salto, puedan hacerlo. Pero no pueden hacerlo si no existe el acompañamiento que evidentemente necesitan para realizarlo.

Esto, junto con la eliminación de los programas y la detención del Sistema de Cuidados, nos parece que son elementos francamente negativos que limitan lo que era un amplio espectro de personas alcanzadas por las políticas sociales desarrolladas por el ministerio, que era emblemático en este aspecto en los Gobiernos anteriores y que hoy pasa a jugar un rol francamente asistencialista, que entendemos no contribuye a lo que es fundamental: sacar a la gente de la situación de pobreza, permitirle ingresar genuinamente al mercado de trabajo y obtener sus recursos a partir de sus propios esfuerzos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: sin duda, tenemos posiciones diametralmente opuestas en todo lo que tiene que ver con un ministerio tan sensible como es el de Desarrollo Social.

Ya dijimos ayer –y vamos a repetirlo– de dónde se arranca en el Ministerio de Desarrollo Social, cuál es la radiografía del estado de situación del Ministerio de Desarrollo Social. Había sesenta y cuatro líneas de acción –lo dijimos ayer y hoy lo repetimos–, de las cuales solo veintisiete tenían monitoreo sistemático y solo dos de esas veintisiete tenían metas hacia el futuro. Es decir que dentro del Ministerio de Desarrollo Social había treinta y siete líneas de acción sin monitoreo; solo quince tenían evaluaciones actuales, un 23 % de la línea de acción con vigencia para la toma de decisiones. Ese fue el punto de partida del Ministerio de Desarrollo Social.

Acá no se desmantela ni se saca nada; claramente, va a haber un cambio de gestión. Hay programas que, a nuestro entender, no funcionaron y vamos a reformularlos porque entendemos que vamos a hacerlo mejor. ¿Vamos a discutirlo ahora? No. Lo haremos en la próxima rendición de cuentas, con los resultados en la mano. ¡Entendemos que lo vamos a hacer mejor!

¿Asistencialismo? ¡Claro que estamos dando asistencialismo! ¡Si estamos saliendo de una pandemia! ¿¡Cómo no vamos a dar asistencialismo!? ¡Necios seríamos si no lo hiciéramos! Ahora bien, ¿es un ministerio cuya nueva política va a ser asistencialista? Eso es mentira y vamos a demostrarlo con el tiempo. Al contrario, no queremos que se perpetúe en el tiempo la ayuda que se recibe del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos que potenciarlos, enseñarles, capacitarlos y hacerlos trabajar para que sigan adelante dependiendo de sí mismos. ¡Eso es lo que tenemos que hacer!

No vamos a permitir que se diga que se están desmantelando o sacando programas. Quizás para ustedes eran exitosos; estas autoridades los evaluaron y los resultados no eran satisfactorios; por esa razón estamos reformulándolos. El programa Uruguay Trabaja es uno de ellos. Quizás para ustedes funcionaba bien, pero nosotros entendemos que podemos hacerlo mejor. ¿Cómo? A través del programa Accesos. Nos dicen que es mano de obra barata, pero les daban $ 11.300 y ahora nosotros les vamos a dar $ 18.000. ¡Era más barata cuando les daban $ 11.300!

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se está trabajando muy bien; esa es la verdad. Lo dije ayer y lo reitero hoy. Se intenta llevar adelante algunos programas que funcionaron bien y que fueron creación del Frente Amplio, como las becas de inclusión socioeducativas que vamos a ampliar. ¿Por qué nos cuestiona el Frente Amplio? ¡Porque los niños pueden ir a un jardín privado! Es gente que necesita inclusión socioeducativa. ¿El Frente Amplio critica que niños que lo necesitan puedan ir a un jardín privado? El propio ministro lo dijo: el foco es el niño y no importa el jardín al que vaya. ¡Bienvenido sea que podamos ampliar esas becas y podamos llevar a ese niño, quizás a un jardín privado, a uno público o al que tenga más cerca!

Ya hablamos también del tema de la gestión. Hay que ser un poco autocrítico, ya lo dijimos. El 10 de setiembre encontraron dos toneladas y media de productos en un contenedor destinado a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que hacía dos años que estaba abandonado. ¡Dos toneladas y media, desde el 2018! Y ya sabemos que han aparecido unos cuantos contenedores antes. ¡Si habrá que mejorar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social! Nosotros, como Gobierno, somos los que vamos a exigirle que trabaje, que mida los programas, los evalúe –no como sucedió anteriormente, que la gran mayoría de esas áreas de acción no habían sido ni siquiera evaluadas–, y dé los resultados. Después se podrá discutir en la próxima rendición de cuentas, pero si hay algo que están haciendo este Ministerio de Desarrollo Social y este Gobierno de coalición es dejar el alma en la cancha para que los recursos y la gestión lleguen realmente a quienes más lo necesitan.

En eso vamos a trabajar. Nos desvela el trabajo de este ministerio y por eso no podemos dejar pasar esas apreciaciones que ya se hicieron en la comisión y sabemos que no son así. Es cierto que se están cambiando programas; quizás algunos de los que ustedes entendían que funcionaban bien nosotros creemos que pueden funcionar mejor.

Con respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ya dijimos ayer que más del 50 % no tenían capacidad para atender a la persona que iba a recibir el servicio. Y peor aún, si hoy o mañana el cuidador se iba, el responsable era la persona que recibía el servicio. Es de sentido común que eso tiene que cambiar, porque hacía fallar de gran manera el sistema. Hay que trabajar para transformarlo y el año que viene quizás digamos que no son tantos, pero funciona bien. A veces, por querer dar un beneficio a alguien terminamos perjudicándolo y esas cosas no pueden pasar, sobre todo con quienes más lo necesitan.

Este es un inciso en el que entendemos que se está trabajando mucho y muy bien, pero todavía hay mucho por hacer. Esperemos que el año que viene estemos en esta rendición de cuentas discutiendo los resultados y ¡ojalá sean muy buenos por el bien de quienes más lo necesitan!

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Seré breve porque, en realidad, hubo un malentendido; había pedido para contestar una alusión del señor senador Brenta, pero no hay problema, usaré unos pocos minutos.

¡Claro que tenemos diferencias en las políticas sociales! No voy a repetir lo que dijeron mis compañeros porque, además, lo vengo diciendo desde adentro del Frente Amplio y desde afuera, cuando fui diputada. Con quince años de bonanza económica la gente ya tendría que haber salido de esas políticas asistencialistas vergonzosas y vergonzantes desde hace mucho tiempo. Encima quieren poner a Batlle como modelo. ¡No! No había Ministerio de Desarrollo Social cuando vinieron los inmigrantes analfabetos hablando en idioma extranjero; lo que había era trabajo genuino. No pasaban por el hotel de los inmigrantes ni necesitaban subsidio para las viviendas porque con el trabajo y el ahorro a veces se hacían ranchos de lata, como sucedió con mis abuelos. Así que, ¡vamos a terminar con ese lenguelengue, porque fueron quince años de bonanza económica! Me pregunto, ¿no les da vergüenza reivindicar políticas o proyectos –para decir «proyectos» hay que reconocer que tienen inventiva– que no se sabe cuáles son y nunca fueron evaluados?

Ahora voy a dedicarme específicamente al tema de la culminación de los ciclos educativos. ¡No se puede reiterar proyectos! La ANEP tiene alrededor de seis o siete planes especiales, semestrales, semipresenciales; obviamente, siguen funcionando los liceos nocturnos que va a haber que repensarlos porque gastamos muchos millones y después nos preguntamos si se puede ahorrar. ¡Claro que se puede ahorrar! ¿Saben cuánto cuestan los liceos nocturnos vacíos? La gente hace los semipresenciales y puede hacerlos por la etapa curricular en la que esté. Fundamentalmente, en todas las instituciones educativas se instrumentaron formas de culminar el primer ciclo y el segundo ciclo en forma semipresencial con tutorías en la ANEP. ¡Total, como parece que la plata llueve del cielo! Hay que recordar siempre que la plata pública no existe; es de los contribuyentes.

Así que, con respecto al tema general, pienso que me daría vergüenza, después de tantos años de bonanza económica, pretender defender determinadas cosas y, en cuanto a la vinculación a los centros educativos: ¡gastemos una vez! Ahora, eso es lo que hacemos: gastar bien.

Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: en realidad, acá se dijo: «Vamos a ir al principio» y el principio es que no existía Ministerio de Desarrollo Social hasta 2005.

Se dijo: «Venimos de una bonanza económica de quince años» y, en realidad, asumimos ese año con una crisis total, con un porcentaje de pobreza, de desempleo y de niños con hambre, y eso es la bonanza.

En 2008 hubo una crisis –ahí sí– a nivel mundial. La región estuvo conmocionada; sin embargo, nuestro país no, y siguió en crecimiento.

Entonces, hay que dejar algunas cosas –como esta– claras porque, si no, se repite y se repite que «Venimos de una bonanza de quince años» cuando, en realidad, la bonanza la hicimos, la construimos desde el Frente Amplio. O sea, no todos…

(Murmullos en sala).

–Preferiría que si hay dialogados, se les dé la palabra y después vuelvo yo, y así seguimos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a pedir silencio para escuchar a la señora senadora Della Ventura, que está en uso de la palabra.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Al ministro Lema no le gustó que yo hablara de desmantelamiento; dijo que, en realidad, era un derecho –y eso lo compartimos– de cualquier Gobierno cambiar programas. Es cierto, pero, si yo digo que el programa Impulsa del INJU –que atendía la participación de jóvenes en todo el país– desapareció, me dicen que no lo eliminaron, pero no renovaron el contrato. Se dijo así: «No lo eliminamos, pero no renovamos el contrato». ¡Por favor! Es lo mismo.

El programa Cercanías dejó sin cobertura a seiscientas familias que eran atendidas y –ahí sí– promovidas por equipos que hacían un acompañamiento de estas personas; con el Socat pasó lo mismo.

En cuanto a Uruguay Trabaja –que ahora es sustituido por Accesos–, también hay una versión que se quiere imponer como relato. Se dice que, en realidad, ese programa no generaba esa promoción y que la gente no se vinculaba al trabajo luego de terminado. Recordemos que Uruguay Trabaja, en realidad, no era solamente para generar empleo, sino que también atendía diferentes áreas –como la salud bucal–, era para educar y formar a esas personas y promoverlas en su dignidad de seres humanos.

Los investigadores del Instituto de Economía de la Udelar, en relación con este tema de Uruguay Trabaja, dicen que tiene efectos relevantes sobre la calidad del empleo y la satisfacción de los beneficiarios del programa; tiene efectos en la adquisición de habilidades transversales y capacitación para el trabajo; la probabilidad de ser formal es 40 % más que la de quienes no estuvieron en Uruguay Trabaja.

No es cierto que no hubiera evaluaciones: 27 iniciativas cuentan con monitoreo permanente. En realidad, no conocemos evaluaciones de lo que se ha hecho en 2020 y lo que va de 2021, que ya casi está terminando.

Otros programas que también se han mencionado y que nos parece que son importantes son los relativos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Este sistema de cuidados no se hizo desaparecer, pero, en realidad, por la información que tenemos, por ejemplo, en el tomo II de esta rendición de cuentas esa parte está en blanco.

Había 6000 binomios –me refiero a quien cuida y a quien es cuidado– y hoy son 4500. Se dice que los cuidadores no tienen formación. En realidad, había un plan de formación. Queremos saber cuál es el plan de formación de hoy. Tal vez puedan informarnos. Existía un plan de formación anual que estaba hecho por el Inefop y había un plan con Cenfores para quienes trabajaban en los CAIF, que también tienen que ver con el tema. Recordemos que el Sistema de Cuidados atiende tres franjas, no solo a las personas mayores, sino también a los discapacitados y a la primera infancia.

Se trata de un sistema que puede tener errores. Comparto que pudo haber tenido aspectos como el de que se responsabilizaba a quien era cuidado en el caso de tener que pagar un despido, y hubo alguna denuncia, pero fueron muy poquitas frente a los 6000 binomios de los que estamos hablando, y eso no debería permitirnos sacar como conclusión que, así como estaba, no servía. Creo que sí sirve. Solo basta preguntar a la mayoría de quienes han sido beneficiados con el Sistema de Cuidados si les ha servido o no tener a ese acompañante. Realmente, ha ayudado a muchísimas familias.

En los hechos, entendemos que también se hace una reestructura en el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, la semana pasada se fusionaron las áreas de Evaluación y Monitoreo y Observatorio Social. No sabemos a qué se apunta con esa fusión porque consideramos que cada una de ellas es importante. Si se quiere apostar tanto a la evaluación, debería centrarse en eso, en el monitoreo y en el observatorio social. La semana pasada se fusionaron estas áreas del Ministerio de Desarrollo Social y, evidentemente, no creemos que eso sea algo positivo.

Termino por acá, señora presidenta. En realidad, es un ministerio en el que se muestra lo que todos decimos tener: sensibilidad social. Los enfoques pueden ser diferentes entre quienes creemos en la promoción de las personas y quienes tal vez lo ven diferente y consideran que es mejor. Compartimos que es un derecho del gobernante, pero no vemos que se esté apostando a eso que decimos –y que en los hechos se dice de nuevo– y es que no queremos el asistencialismo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Había solicitado al Cuerpo el desglose del artículo 255 –y agradezco que me lo hayan concedido– para hacer algunas consultas, pero estoy en condiciones de decir que no se va a presentar artículo sustitutivo alguno y que queda como está. Lo señalo por si se quiere incorporar ahora, ya que había sido votado por unanimidad en comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien; luego pasaremos a considerar el 255.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 y 251.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 255.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quisiera pedir una aclaración sobre el artículo 255. ¿Queda vigente, entonces, lo que fue presentado como aditivo en su momento? ¿Es así, señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que se votó es lo que vino de comisión. Se había pedido el desglose por una eventual modificación o consulta, pero ahora procedimos a votar el artículo 255 como fue aprobado en la comisión.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicito que se rectifique la votación, porque en comisión este artículo fue aprobado por unanimidad.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 255.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 36, «Ministerio de Ambiente».

En consideración su único artículo, el 267.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En el caso de la sección V, ya se votaron los artículos del inciso 16, «Poder Judicial», y del inciso 18, «Corte Electoral».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- En el caso del inciso 18, «Corte Electoral», vamos a solicitar la reconsideración del artículo 270 porque, a pedido de los legisladores de Cabildo Abierto, volveremos a la redacción que venía de la Cámara de Representantes.

Por ende, vamos a tener que votar negativamente el artículo 270 que vino en el proyecto de nuestra comisión y afirmativamente el artículo que figuraba con el número 241 en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 270.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 270.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Solicito que se lea la redacción que ahora se propone.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Recuerdo a los senadores que integran la comisión, e informo a los que no la integran, que esto refiere al franqueo, lo que llevó a un debate entre la Administración Nacional de Correos y la Corte Electoral.

Hechas las consultas pertinentes, se entiende que es mejor mantener el artículo que viene de la Cámara de Representantes, que atiende el petitorio de la Administración Nacional de Correos y, en todo caso, la Corte Electoral tendrá que solicitar refuerzo de rubro al Ministerio de Economía y Finanzas para atender el envío de la correspondencia al interior.

A eso refiere el artículo que estamos considerando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 270 tal cual vino de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

En consideración el artículo 241 del proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En el caso del inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública», había sido desglosado el artículo 272.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Vamos a tener que pedir la reconsideración del artículo 271, que fue votado por unanimidad, porque existe una nueva redacción en la hoja 6, que acaba de ser repartida.

Por ende, solicitamos la reconsideración del artículo 271 y que se trate la hoja 6 en el momento en que analicemos el resto de los aditivos que han sido repartidos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 271.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 271.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicito que se desglose el artículo 271 y se considere al final, con la redacción sustitutiva que figura en la hoja 6.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 272.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Quizás estoy un poco confundido por la cantidad de horas que llevamos trabajando, pero me gustaría saber si se trató el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos el artículo 272, que era el que nos quedaba pendiente, después de haber reconsiderado el artículo 271, como solicitó el señor senador Penadés. El artículo 273 había sido votado por unanimidad en la mañana.

SEÑOR MAHÍA.- Si es posible, entonces, agradecería que se me otorgaran unos minutos para la consideración general del inciso 25, porque creo que lo amerita.

Luego de estos breves instantes, solicito la palabra para referirme al tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Teníamos la idea de hacer por lo menos un análisis mínimo, a modo de titular, en los minutos que le corresponden a cada legislador, en referencia a la ANEP.

Ayer habíamos adelantado, en la discusión general, que entendíamos que la propuesta de la ANEP estaba en línea con la concepción general de esta rendición de cuentas y en particular con la que viene del presupuesto nacional, es decir, una concepción de reducción. Y decíamos que en esta propuesta es claro que en términos presupuestales había recorte en inversiones, recorte en funcionamiento, recorte en salarios de los trabajadores de la educación por primera vez en muchísimos años, o por lo menos desde 2005 a la fecha, y un aumento promedio de estudiantes por aula, fundamentalmente en la educación media.

Dijimos, también, que en los conceptos generales del mensaje presupuestal se habla de la eficiencia en el gasto público. Acá nos vamos a referir en particular a la eficiencia de la ANEP en algunas cuestiones que entendemos fundamentales, no ya desde el punto de vista de los resultados educativos –sobre los que vamos a hacer algunos comentarios–, sino respecto a la administración misma. En este sentido hay cuestiones que tenemos que analizar.

Hablemos, por ejemplo, de lo que ha significado todo lo que tiene que ver con las respuestas a la pandemia. Hay cuestiones vinculadas a lo educativo y a los resultados académicos que son imposibles de medir en el corto plazo. Desde nuestro punto de vista, no se pueden analizar con rigurosidad los resultados académicos del 2020 por las características atípicas de ese año, ya que la mayor parte del tiempo se debió recurrir a la base informática y a la utilización del Plan Ceibal. Se debió recurrir a estas herramientas, que formaron parte de los dispositivos generales que tenía un docente para trabajar con los estudiantes, siendo excluyentes en el vínculo de los profesores, profesoras y maestros con los estudiantes en todo el país. Por esta razón, cuando se anunciaron los resultados de la educación media y se los comparaba con los del 2019, dijimos públicamente que era imposible hacerlo con una base de mínimo rigor técnico. Entendemos que no se pueden comparar los resultados de un año en que no hubo pandemia con otro en que sí la hubo, y más aún cuando se cambiaron los criterios de evaluación, ampliando las facilidades de pasaje de grado, cuestión que compartimos.

He escuchado manifestaciones del oficialismo que señalan que estamos en contra de cosas en las que no lo estamos y está bueno discutir sobre aquello en lo que efectivamente tenemos posiciones diferentes y no respecto a lo que hay acuerdo. Nosotros compartimos que en un año tan atípico, no sean los estudiantes los que tengan que asumir la responsabilidad exclusiva de los resultados educativos, sino que tiene que haber una flexibilización. Eso estuvo bien. Ahora, si se cambian las pautas de pase de grado, es decir, si se pueden ir a más materias de las que se podían ir antes y la flexibilidad es mayor, evidentemente los números no son comparables. Ese es el punto. No se puede decir que se mantienen las tasas de egreso, cuando se cambian las pautas de evaluación y el año fue absolutamente distinto.

A su vez, quiero agregar que para este año había algunas cuestiones a prever, porque era lógico que el impacto fuera fuerte el año pasado. En los últimos años se había dado un cambio metodológico importante para la elección de horas. Quienes conocen el sistema saben que lo que sucedía históricamente era que se elegían horas en la educación media, pero como después venía la elección de horas terciarias a nivel del Codicén, renunciaban a las ya elegidas porque las otras eran mejor pagas o de distinto nivel educativo, generando vacíos que determinaban que los estudiantes se quedaran sin docentes durante mucho tiempo. Eso se cambió, pero en 2020 se volvió a esa práctica, el llamado a elección de horas se hizo mucho más tarde de lo que debería y en el caso de enseñanza secundaria hubo que repetir hasta cuarenta veces el llamado a asignación de horas. Reitero que hubo que hacerlo de vuelta cuarenta veces y hoy en día –lo señalábamos ayer– había alrededor de 4700 horas sin asignar y unas 2800 de UTU. Esto fue ratificado, por supuesto, por las autoridades de la ANEP en la comisión.

Como dijimos en su momento, la estrella de esta Administración, que eran los doce Centros Educativos María Espínola –doce en todo el Uruguay–, también tenían horas sin asignar en dos centros distintos a los que señalaron las autoridades de la educación en la comisión. Dijeron que eran unos y eran otros, y tampoco aceptaron las cifras. Es decir, en esos doce centros existía tal situación.

Uno de los problemas importantes que se señalaba en cuanto al funcionamiento de la ANEP, por lo menos en la educación media, estaba en el sistema de elección de horas. Se elegía por año; cada año se tenía que pasar por el proceso de ver a los colegas de generación –los veíamos envejecer con uno– para elegir las horas. Eso se entendía como algo anacrónico. ¿Por qué no se eligen por tres años? Así se hizo. Pues bien, en 2020 se eligieron nuevamente por un año y lo previsto en 2021 es que para 2022 también se elijan por un año. Es decir, van a pasar dos años de esta Administración, y un sistema que fue duramente criticado se mantiene. Esto tiene que ver con lo que decía el ministro cuando hablaba del esquema soviético; bueno, ese esquema se mantiene impecable, funciona igual, y prácticamente no se cambió nada. Dijo que el único lugar en el que se cambió y la elección se hizo por tres años fue en cuatro Centros Educativos María Espínola; cuatro en todo el Uruguay. Por lo tanto, aquello que se anunciaba como una especie de desastre, que había que modificar sí o sí porque rompía los ojos, luego de dos años en los que se pudieron haber hecho esos cambios administrativos, hasta hora no se han concretado. Ni que hablar de fundamentos como los que dijeron algunas autoridades de la educación, que son muy importantes. Como el tiempo es relativamente corto, hay que analizar lo que se anunció y lo que no se hizo; ese es el punto.

Hay algunas declaraciones del consejero Gabito –están en Búsqueda– con respecto a cómo los impactó la sorpresa, porque efectivamente pensaron que en el 2021 iban a cambiar radicalmente las condiciones, y por eso no tomaron las previsiones. Robert Silva, presidente del Codicén, el 21 de febrero, también dijo que había 501 locales sin asignar. Las comunicaciones para que la ANEP y las autoridades pudieran trabajar las hicieron a los inspectores y directores de los centros educativos de los subsistemas con fecha 9 de febrero de 2021 y las clases empezaban el 1.º de marzo.

Entre las autoridades de la educación tengo que destacar –como una persona que ha puesto mucho pienso en su vida– a la profesora Adriana Aristimuño. Les recomiendo la lectura de un reportaje publicado en La Diaria el último día de 2020. Voy a compartir algunos pasajes que no están sacados de contexto y que sí son importantes para destacar.

Le dicen a Aristimuño: «Se mantuvo la meta de egreso de educación media, pero ya has dicho que es inalcanzable. ¿Por qué?». Ella responde: «75% de egreso en educación media es altísimo con los resultados que tenemos hoy. Es una meta política,» –y aquí hago pausa– «para no plantearnos menos que la administración anterior, pero para ambas es algo muy difícil de lograr. Es una meta que va recogiendo todo lo anterior, lleva años mejorar eso; ojalá encontráramos la manera de trabajar en bachillerato para que los chiquilines dejen de irse, tenemos muchas ideas, pero es la meta más difícil de lograr».

Lo dijo expresamente la autoridad de la educación: fue una meta política.

Luego se dice: «Los docentes también tendrán que permanecer más tiempo en cada centro» y Aristimuño expresa: «El factor de elección de horas nos ha liquidado históricamente toda posibilidad de radicar una propuesta. No hay ninguna administración que resista que los funcionarios cambien todos los años, ningún hospital cambia todos los enfermeros y médicos al mismo tiempo. Es un disparate cómo funciona el sistema educativo público uruguayo, es lo que es, pero hay que hacer un cambio radical en el sistema de elección de horas». Comento que hasta ahora no sucedió, y este año se va a hacer exactamente lo mismo para el 2022.

Agrego otras cuestiones sobre la reforma curricular que se plantea en la entrevista. Se dice: «¿Qué plantea la reforma curricular? Durante 2021 y 2022 se espera un período de transición hacia la aplicación de la reforma curricular en 2023».

Quiere decir que hacia 2023 recién estaríamos teniendo la famosa reforma curricular de la que hoy solo tenemos títulos y énfasis; nada más. Ojalá podamos hablar de cambios verdaderamente necesarios, de recursos extraordinariamente necesarios y de una transformación educativa que tenga una verdadera concepción de política de Estado, que transforme y cambie lo que sea necesario y sostenga todo aquello que permita proyectar al Uruguay en el tiempo, porque la educación es, sin duda alguna, la mayor apuesta posible que tiene un país.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- En la discusión en general del día de ayer hice anotaciones de expresiones de todo el mundo, porque saben que presto atención y me parece muy importante lo que todos dicen. Algunas cosas las comparto, pero la mayoría no; por algo tomé las decisiones que tomé.

Hay dos o tres cosas que dice José Carlos Mahía –y no quiero que se enoje, porque sabe el aprecio que le tengo– que suenan a falta de honestidad intelectual. Como lo conozco hace mucho tiempo –sabemos quiénes somos–, voy a desarrollar rápidamente a qué me refiero. No somos Gobierno de los poderosos, le aviso al senador Mahía, señora presidente, porque arrancaron con ese tema. ¡Ojalá yo fuera poderosa! Eso sí, trabajé siempre en la educación.

A veces me pregunto si nos levantan centros a propósito, porque lo están haciendo y no los voy a dejar pasar.

En el 2020 empezaron las escuelas rurales, en contra de mi opinión. Me tuve que pelear con el ministro y perdí con el GACH, porque había que empezar con determinadas escuelas rurales. El resto del sistema educativo iba a comenzar en forma progresiva en el mes de junio. En fin, no quiero recordar asuntos que leyendo los diarios o buscando en Google se encuentran. En el 2021, también se tomaron medidas en contra de mi opinión, porque yo dije: «No empecemos las clases el 1.° de marzo porque se nos va a juntar con los contagios de carnaval y otras marchas». Me han dicho que tengo cabeza de jíbaro por decir eso. De repente se lo dicen al GACH, que opina lo mismo. Lo que yo digo es que tuvimos que ir para atrás. Se abrieron las aulas en todo el sistema educativo y efectivamente estalló –por razones que no vienen al caso en este momento– la única ola profunda, grave y dolorosa que enfrentó el Uruguay y tuvimos que dar marcha atrás. Entonces, ¿me quieren decir cuándo se podían hacer los cambios? ¿Nos están tomando el pelo? La verdad es que uno quiere mantener la calma, pero es por lo menos una ofensa a la inteligencia.

Ustedes se quejarán de que miramos para atrás, pero tengan en cuenta que la crisis de la educación en el Uruguay empezó en la década de los sesenta, luego vino la dictadura y después se empezó a tratar de hacer un cambio, pero el Frente Amplio y los sindicatos bloqueamos la reforma de los noventa. Yo después revisé eso, porque ¿qué pasó después? Cuando se llegó al Gobierno no se tocó nada, no se hizo ninguna reforma, y eso en educación significa retroceder décadas. Es más, yo estaba en el Gobierno, en el Codicén, y puedo decir que dimos de baja el plan 2003 –algo que el otro día conversaba con la senadora Nane, que está muy interesada en incorporar la parte técnica y tecnológica a lo general–, en el que desaparecían las distinciones entre lo general y lo profesional. Se le dio de baja a eso, yo estaba en el Codicén y basta acudir a las actas de aquella época para verificarlo. No pierdo más el tiempo, porque invierten el proceso de razonamiento; uno primero tiene que analizar la realidad y después ver cómo se corrige, pero si parto de la base de que no queremos hacer ningún cambio, después tengo que adaptar todo mi discurso a ese disparate. Fue el Frente Amplio –fuimos, porque yo también me puse–; y los sindicatos le hicieron la guerra, sobre todo usando a los sindicatos estudiantiles, que bastante nos dolió.

En consecuencia, señora presidente, ¿cómo va a preguntarse por qué no hicimos el acto de elección de horas por más de un año? Probablemente, esto se hará así el año que viene, y no sé si también en el 2023, porque para hacer un acto de elección de horas por más tiempo o contar con el maestro cargo –que es lo que tiene que entrar en la cabeza de cada uno– no podemos seguir administrando las horas como cuando a secundaria la arrancaron de la universidad y era poca la población. Hay que poner profesores cargo en los centros educativos, lo que significa hacer una reestructura administrativa que, si no hubiéramos tenido la pandemia, podríamos haber hecho. ¿Saben cuándo se va a poder elegir por más de un año? Se va a poder hacer –es parte de nuestras promesas electorales y lo vamos a mantener– cuando el cambio curricular alcance a todo el sistema educativo, porque no podíamos obligar a ningún profesor –en todo su derecho y así lo defendí también desde el Partido Nacional– a elegir por más de un año si había siete u ocho planes diferentes. Había algunos planes hasta por año; estaba la experiencia 2012, la experiencia 2013, etcétera. Se trataba de un mamarracho y nadie sabía absolutamente en qué consistía cada plan o, mejor dicho, cada experiencia. Por supuesto, todo esto se hizo con la base de la reformulación 2006, de la que yo participé, que era para cambiar enseguida, pero después vino el inmovilismo y dejamos estancada la educación y fuimos para atrás.

Yo a un profesor le puedo proponer elegir y, en realidad, lo vamos a obligar a ello, porque no hay que olvidar que el funcionario está al servicio de la función y no al revés, tal como lo dice la Constitución de la república. Entonces, para cambiar de una buena vez un sistema obsoleto, que da pésimos resultados y castiga a los alumnos, debemos lograr una malla curricular común, porque de lo contrario no se sabe lo que se elige y eso fue lo que estuvo pasando todos estos años. Se tuvo la oportunidad de hacer una reforma educativa con USD 2.000:000.000 por año y sin pandemia, pero no la hicieron y no se cambiaron ni los estatutos, que era otra de las cosas que había que hacer y que ahora hay que transformar. Por eso, en la LUC abrimos la posibilidad de un doble estatuto. Todavía, ahora nos exigen que elijan por año y nos acusan de haber incumplido promesas electorales.

Y, por supuesto, todo el capítulo de la educación lo quieren derogar con el referéndum, lógico, porque cambiamos la gobernanza y los sindicatos no van a mandar más, lo que es fundamental, aunque igual tienen dos representantes en el Codicén. Los consejos desconcentrados eran un caos, en los que ni siquiera se hablaban entre los propios consejeros. Entren a la Comisión de Educación y Cultura del año pasado; lamento que no esté Sebastián Sabini, que sabe lo que trabajamos para mejorar la situación de relacionamiento entre tres personas que, además, venían del mismo partido político.

Entonces, no es una falta de cumplimiento, sino que no pudimos por la pandemia. ¿Ustedes vivieron acá o vivieron en otro planeta? Bastante que fuimos de los primeros países –creo que el primer país de América Latina; yo no hago rankings porque, en realidad, uno tiene que mirarse frente a uno mismo– que abrió las escuelas y en el que las clases funcionaron con cierta y relativa normalidad. ¿No era que no querían movilidad? Sean coherentes, si abríamos las escuelas, se movían un millón de personas. La verdad es que eso me dolió del señor senador Mahía, señora presidente, porque no lo creía capaz de esas cosas.

Otra cosa a la que me quiero referir, ayer la aclaró la señora senadora Sanguinetti en la discusión general. No se puede seguir cometiendo una falta, la que no voy a calificar. Hay 4700 horas, las hay y las habrá, porque es el 1 % de las más de 300.000 horas que tiene el sistema. Y la directora general de Educación Secundaria ya dijo que hay materias en las que no tenemos profesores, como ser: Física, Química, Matemáticas. No tenemos profesores y hay que asumirlo, y esto lo dejaron venir abajo ustedes, porque tuvieron plata para levantarlo, señores. Ustedes fueron los que dejaron caer todo lo que había que haber hecho desde la década de los sesenta, y yo asumo mi cuota parte de responsabilidad.

¿El 1 %? La verdad es que no sé cuántas son las 2800 horas de la UTU, pero como la UTU aumentó su matrícula, debe ser el 0,5 %. Además, los que trabajamos en la educación y no nos sacamos cartel de que somos educadores, sabemos que cuando tenemos armado un liceo siempre quedan grupos libres; ¿y quién va a tomar un grupo de quinto de ingeniería del vespertino, cuando, además, ganan tres pesos porque es un grupo solo?

Por eso es por lo que hay que cambiar todo el tinglado, para decirlo de una manera gráfica como me gusta decirlo a mí. Es más, se lo dije a Robert Silva, con quien suscribo lo actuado por el actual Codicén y en especial con su presidente, con quien tengo una muy larga amistad; y ni que hablar con Gabito y con Graziano. Yo le dije que hubiera sido más pragmática, porque acá hay un montón de referentes, de direcciones de acá y de allá. Acá los chiquilines tienen que saber escribir, leer y hacer cuentas, y se los tiene que ayudar a razonar por sí mismos; esa es la verdadera educación, enseñar a aprender para que se puedan desarrollar en su historia vital. Y esto, señora presidente, tiene una gran limitación: la formación docente, que no existe; yo ya lo expliqué, pero como que hay que repetirlo y está bien. Yo no me inspiro en Goebbels, pero… A ver, la matrícula sí que es de 34.000 estudiantes, pero yo leí en los cinco minutos de una media hora previa el resultado de un estudio –que está espectacular– que no me acuerdo si es de Monitor o de Aristas, y dan ganas de morirse. Todo está muy bien estudiado, porque ellos sí que saben evaluar.

Y ya me fui por la tangente; ayúdenme. Me estaba refiriendo al problema de la matrícula en formación docente. Me indigna tanto esto, porque tengo casi sesenta y ocho años y a Adriana Aristimuño la estoy escuchando decir las mismas cosas desde la década de los noventa y no se las dejamos aplicar; entonces, hay que aplicarlo ahora, treinta o cuarenta años después. ¿Y las generaciones que quedaron por el camino? Asumamos las responsabilidades, yo asumo las que me corresponden. He leído aquí el egreso de Formación Docente: 8 en la escuela técnica, 640 en Magisterio y 1200 en los Centros de Formación Docente. Eso es lo grave, que no tenemos formación docente. Y si no tenemos buenos profesores y maestros, tampoco vamos a lograr una reforma educativa potente. ¿Saben lo que es levantar Formación Docente? Nos hemos quedado sin masa crítica. Hay mucha gente que se ha jubilado, que ha fallecido y vamos a tener que ir a buscar al exterior, vamos a tener que utilizar la educación a distancia, vamos a tener que reciclar a profesores capacitados que se han jubilado. Lo podemos hacer sin ningún inconveniente porque tenemos una ley aprobada hace años, solo hay que hacer un examen psicofísico.

¡Después de quince años de haber despilfarrado! Desde USD 1.500:000.000 los primeros cinco años hasta USD 2.000:000.000, los últimos. Rama tenía USD 480:000.000, ¡y lo que hizo con la educación, con los edificios, con la formación docente! ¿Y tienen el tupé de caer tan bajo diciéndonos esto? Lo mejor que podemos hacer por el bien de todos es darle todos para adelante, porque la educación es la única política pública, asistencial, pero no asistencialista. Es lo único que asegura el principio de igualdad de posibilidades que ha hecho grande al Uruguay. Siempre recuerdo –y como a mí me lo repiten, lo voy a repetir– que en el 2016 Unicef nos rezongó por primera vez, porque por primera vez en el Uruguay teníamos una educación –además lo dijeron en la comisión– con una profunda inequidad entre los barrios pobres y los ricos, entre los chicos con vidas vulneradas, con resultados espantosos. En el mismo sistema público, solo por el hecho de dónde vive el alumno, hay escuelas y liceos que tienen el mismo rendimiento o mejor que muchos de la enseñanza privada. Y si durante quince años no se hace nada con esa inequidad…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Me estoy refiriendo a la ANEP, no estoy hablando ni de la Udelar ni de la UTEC, me refiero a la reforma educativa y al cambio de ADN. Ahora tenemos que empezar de nuevo, como si estuviéramos en la década de los sesenta. Es doloroso, pero lo vamos a hacer. Pero no lo pidan en un año de pandemia, me parece que no corresponde.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: me voy a dirigir a la presidencia del Cuerpo, como corresponde.

Voy a comentar lo que señalé hace un rato. En primer lugar, leeré textualmente las declaraciones del consejero Gabito –que no estuvo en los quince años del Frente Amplio y tampoco es de nuestro partido– que se publicaron en febrero de este año en el semanario Búsqueda. Dijo: «Lo que ocurrió es que todo el Uruguay, no solo las autoridades de la enseñanza, creyó que esto iba a pasar durante el 2020 y en el 2021 se iba a dar una vuelta a la normalidad». Reitero: lo dijo un integrante del Codicén. «Hasta la autoridad sanitaria fue sorprendida por esta ola fuerte de rebrote que hubo sobre fin de año. Entonces, cuando se adquiere conciencia de que este año también será con precauciones, es que se pone el pie en el acelerador. Por otro lado, los responsables de los territorios, las autoridades técnicas, deberían tener esta información bastante desmenuzada». Esto es lo que fundamentó la resolución que mostré hoy.

Además, les comento. ¿Saben cuál es la base curricular, el plan de estudios de los Centros Educativos María Espínola? Es el plan 2006; el mismo. Agregaron alguna cuestión porque son más horas, pero es exactamente el mismo plan, no lo cambiaron. Entiendo que todos tenemos derecho a promover cambios, pero lo que se aplicó es exactamente lo mismo.

Por último, quiero aclarar que todo lo que dije está basado en documentos oficiales de la ANEP, no en opiniones.

Gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Lo lamento, pero acá está en juego la educación.

¡Tenía razón Gabito; no se sabía lo que iba a pasar!

Al principio dije –no sé si hablo en chino mandarín– que no estaba de acuerdo con la apertura de las escuelas, y me peleé hasta con el presidente; todo el mundo sabe que con él no me callo. En general, estoy de acuerdo con él –por algo es mi líder, y cada vez lo confirmo más–, pero en eso no lo estuve. ¡Perdí con el GACH! ¡Y en 2021 también perdí con el GACH! Porque el grupo insistió en abrir las escuelas por los lazos afectivos y demás; eso no lo discuto, pero solamente quienes tenemos conocimientos sobre gestión educativa –que es una especialización– sabíamos que al abrir las puertas de las escuelas tendríamos problemas porque habría más contagios.

¡Claro que hubo que improvisar! La verdad, si hay algo que agradezco es lo que aprendí en la trinchera, gracias a los cursos que nos dieron durante la época de Rama y por los que yo peleaba. Vivía peleando a Adriana Aristimuño y ahora me doy cuenta de que tenía razón. Pero, francamente, lo que hemos escuchado es demasiado; ¡asumamos las responsabilidades, señora presidente!

La reformulación 2006 se hizo en el Consejo de Educación Secundaria, en 2005, cuando asumí el primer cargo de confianza –prosecretaria general–, y me da vergüenza acordarme de esa reformulación, pero me acuerdo de ella. La hicimos entre el consejero Alfredo Guido, Alex Mazzei, el secretario general y quien habla; lo hicimos de atrevidos, pero era algo rápido, para salir del paso, porque se suponía que haríamos una reforma educativa. Sin embargo, durante la última administración, la del 2010 en adelante –eso sí fue el aquelarre, que también lo heredó Vázquez; a pesar de que quiso poner un poco de orden, le impusieron determinados cargos, cosa que me consta, así como al señor senador Mahía le consta tanto como a mí, sin hacer alusión, qué cargos hubo que reservar–, la reformulación 2006 fue modificada treinta y seis veces; se le hicieron treinta y seis modificaciones. Es decir que la reformulación 2006 no existe más; el sistema educativo de la ANEP es un puzle desarmado.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–La verdad –y con esto termino–, me saco el sombrero ante el consejo, los maestros, los profesores y las familias, porque gracias a ellos pudimos tener, más o menos, algún resultado. Además, se usó algo que nunca se había usado en estos quince años: el centro educativo como centro, y el compromiso de las familias y los docentes.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En primer lugar, quiero recordar cómo debemos expresarnos aquí: debemos dirigirnos siempre a la señora presidenta y tratar de no aludir a otras personas. Considero que eso es importante.

Quiero hacer referencia al tema de que sí podía hacerse algo durante la pandemia. En realidad, considero que se podía hacer algo, no la reforma –podemos compartir eso–, pero sí se podía acompañar a quienes se habían desvinculado del sistema o a quienes estaban participando poco. Justamente en esta rendición de cuentas están los datos sobre los quintiles más bajos, que no participaban, al igual que los quintiles más altos. O sea, esa comparación está expresada en la rendición de cuentas. Consideramos que se podían reforzar rubros para llevar adelante tareas que cuando la educación fuera a distancia les sirvieran a aquellos estudiantes que concurrían a un sistema educativo, para que ellos pudieran seguir educándose como todos aspiramos, es decir, que los niños, niñas y adolescentes uruguayos se eduquen dignamente; sin embargo, no se hizo. Creemos que se desaprovechó todo este tiempo; actualmente, no sabemos si hay políticas de ese tipo para reponer eso tan grave que pasó en el tiempo pandémico. Asimismo, creemos que tampoco se ha puesto esfuerzo para que la población de estudiantes de Educación Primaria, Educación Secundaria y UTU realmente pueda equilibrar sus conocimientos, más allá de lo que fue la pandemia.

Por otra parte, quisiera referirme particularmente a los artículos que hablan del impuesto de primaria. Vamos a recordar un poco la historia del impuesto de primaria.

Este impuesto surge con la escuela vareliana, creado por Decreto Ley de 1877 con sucesivas modificaciones. Financió hitos importantes de la expansión de la enseñanza primaria: en los años sesenta creó una campaña para erradicar las escuelas rurales insalubres, las escuelas rancho; abatió la repetición del primer año, que era del 40 %; creó jardines de infantes, y siguió otras recomendaciones de la CIDE.

El Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de la época, que hasta 1972 fue un ente autónomo, desarrollaba algunas políticas con el impuesto hasta que en 1979 la dictadura lo derogó, privando al consejo de recursos propios.

Ya en democracia, y ante un reclamo de la Federación Uruguaya de Magisterio se reimplanta el impuesto en 1986 a través de la Ley n.° 15809.

En la segunda mitad de los años noventa, la Asociación Rural del Uruguay reclamó la exoneración de los padrones rurales, hecho que dio lugar a altercados con el profesor Rama, presidente del Codicén de la época, y la oposición del magisterio cuestionó el otorgamiento de tales prorrogativas. Más allá de las resistencias, el Gobierno encabezado por el doctor Sanguinetti se aviene a las demandas de los ruralistas y se completa la exoneración, cayendo en parte significativa la recaudación.

A partir de 2005, se corrigen destinos y exoneraciones. El Codicén que preside el doctor Yarzábal restituye el objeto exclusivo del impuesto. Asimismo, se salarizan las partidas y pasan a ser cubiertas por rentas generales. El tributo se reserva a inversiones y gastos. A su vez, se difunden informes públicos de la ejecución, haciendo transparente la gestión; se mejora la recaudación, y se destina el 70 % a la alimentación.

En el segundo Gobierno del doctor Vázquez se vuelven a gravar los padrones rurales, eliminando un privilegio inadmisible. Asimismo, se responsabiliza a la DGI de la recaudación, administración y fiscalización por la Ley n.° 19333, abatiendo costos y mejorando la eficiencia.

El impacto de estas medidas fue evidente: la morosidad fue mínima, a la vez que el prestigio de un tributo con afectación especial y una rendición de cuentas públicas aseguró la sostenibilidad de políticas fundamentales. En valores constantes, la recaudación, que era de unos $ 2.500:000.000 en el 2010 llegó a unos $ 3.500:000.000 en el 2020. Fueron reincorporados los padrones rurales, que significaría un crecimiento promedio de unos $ 100:000.000 anuales.

¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora, en esta rendición de cuentas, el impuesto cambia. Había un texto original que venía de la Cámara de Representantes que de por sí era negativo para los intereses que nosotros creemos que tienen los alumnos de la escuela pública, porque quedaba congelada la partida del 2020 y lo que fuera excedente de esa partida congelada podía ir a servicios personales, a salarios. Esa parte queda en la nueva versión votada por la comisión, que hoy está en consideración. Insisto, eso queda como último párrafo, pero ahora se agrega que van a tener que repartirse los ingresos por el impuesto –que estarán congelados a 2020– entre otra población de educación media y UTU, por lo que entendemos que de alguna forma es repartir la pobreza. En la actualidad se cubren unos 7000 estudiantes de educación media de un total de 200.000, que es lo que constituye la población que tiene su alimentación en los distintos turnos en las escuelas. Por tanto, la gran mayoría corresponde a las escuelas, porque estamos diciendo que, de 200.000, solo 7000 lo hace en liceos o en UTU. Con esta redacción se habilita –porque ahora lo va a establecer la ley- que nada impida que mañana en vez de 7000 sean 70.000 o más los estudiantes a atender. Entonces, pensamos que evidentemente la calidad va a bajar. Este instrumento de los comedores escolares de buena calidad y de buena enseñanza en cuanto a los hábitos nutricionales y el relacionamiento con los demás, ese importante medio que es el comedor –o la merienda en el caso de que se dé en las escuelas de tiempo completo y otras– va a perder calidad, porque se está agregando a este impuesto un universo de destinatarios que no es el original en la historia del impuesto de primaria.

Queremos también dejar constancia de que nosotros en este tema que corresponde a la ANEP pensábamos que debía haber –y así lo presentamos como aditivos– partidas presupuestales para financiar políticas educativas para la mejora de los aprendizajes, para adquirir, ejecutar y reparar bienes, para cursos en educación técnico-profesional y que había que exceptuar a las escuelas agrarias para que pudieran depositar el 50 % de lo recaudado de acuerdo con el Tocaf.

Finalmente, como también en el inciso 16, «Poder Judicial», se nos pasó inadvertido, es bueno dejar constancia de que nos parecía muy justo lo que pedía la Asociación de Magistrados del Uruguay en cuanto a tener un artículo –y nosotros lo presentamos tal cual lo pedía esta asociación– para que las juezas embarazadas, desde una semana antes de la fecha fijada y luego del nacimiento, tuvieran derecho a licencia por veinticinco semanas después del parto; algo tan obvio y tan natural no fue considerado hasta ahora y no se votó como aditivo.

Por su parte, está la exhortación al Poder Judicial a llenar vacantes de defensores de oficio. Sabido es lo desbordados que están los defensores de oficio, que son los que atienden más del 90 % de los juicios en nuestro país. Hay vacantes y, sin embargo, el Poder Judicial no las completa, por lo que pensamos que hay que exhortarlo a que lo haga.

Asimismo, está el tema de la creación de once Juzgados Letrados de Primera Instancia de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, algo de lo que tanto hablamos, y los femicidios siguen siendo lamentablemente noticia todos los días en nuestro país. Entonces, consideramos necesario la creación de esos once juzgados conforme a la Ley n.º 19580, Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, así como la obra edilicia de un centro de justicia de familia especializada en violencia doméstica y género y los tres juzgados letrados del interior creados por la Ley n.º 19924, en su artículo 542, también para juzgado especializado en violencia basada en género, que sabemos que es valorado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Recuerdo a la señora senadora que estamos en el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA DELLA VENTURA.- Claro, lo que pasa es que este inciso como que pasó volando, pero ya terminé.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Cuando pasó el inciso del Poder Judicial tenía para hablar, pero no voy a ingresar en eso; sí voy a aclarar un dato que no es preciso. La propuesta de extender al doble la licencia de las juezas embarazadas no parte de cero. Las juezas tienen, como todos los trabajadores y los funcionarios públicos, derecho a las catorce semanas de licencia por maternidad; no se parte del cero y se niega. Puede ser un reclamo por discutir, pero lo que hay que precisar es que pretendían tener el doble.

Simplemente, lo quería aclarar; por respeto al orden que hemos seguido, me guardo todo lo que pensaba decir sobre el Poder Judicial, que era bastante.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- No sé si este no es el tema más importante que tiene la rendición de cuentas; me refiero a todo lo vinculado con la educación. Sin duda, hemos recorrido, desde mi punto de vista, dos de los años más difíciles y demandantes en materia de educación, producto de lo que todos sabemos. Por lo tanto, no es bueno pararse en el que «nada se hizo» en el pasado, porque realmente no vivimos en ninguna galaxia, vivimos acá, en Uruguay, y sabemos lo que se hizo. También es bueno ponerse en el lugar de entender lo difícil, lo demandante, lo nuevo que fue enfrentar la educación en medio de la pandemia. Pero decir que «no se hizo nada», como se ha repetido hasta el cansancio –en estos quince años se podría haber hecho todo mucho mejor, muchas cosas en otros sentidos y el que llega tiene derecho a cambiar algunas cosas– es algo inaceptable, porque en los quince años de nuestro Gobierno se hizo un enorme esfuerzo presupuestal. La oferta educativa se amplió en edades, en tiempo pedagógico, en opciones, en carreras docentes, se expandió en el territorio, mejoraron las condiciones de estudios de niños, niñas y jóvenes, especialmente, de los que venían de los segmentos más pobres; también se mejoraron las condiciones salariales y laborales de los docentes, la educación incorporó herramientas que hoy cualquiera calificaría de irrenunciables como el Plan Ceibal, la ANII, la UTEC y la capilaridad de la Udelar. ¡La ANII, la UTEC y el Plan Ceibal no son nada en este país! Fueron absolutamente imprescindibles también para enfrentar la pandemia. También podemos hablar del sistema de becas, del subsidio a los boletos gratuitos, de la alimentación escolar y de las asignaciones familiares. Hoy Uruguay tiene la mayor cantidad de personas estudiando de toda su historia y esto no se hace por la nada. ¡No es justo! Las críticas son absolutamente justas siempre, hay que entenderlas, pero no la negación absoluta del esfuerzo enorme en un tema como la educación, que es un proceso, que camina junto a otras variantes como las socioeconómicas, las familiares y las territoriales. No camina sola, no es rápida, no se logra haciendo chasquear los dedos y así cambiamos, y los que conocen sobre educación saben que es así. Ahora bien, vuelvo a repetir que decir que no se hizo nada, es absolutamente inaceptable.

De 2005 a 2018 se incrementó en un 90 % el salario de los docentes y un 120 % el de los funcionarios de gestión, esto es, los auxiliares de servicio y los administrativos. ¿Eso es nada? Pregúntenle a cada uno de los docentes si eso es nada o a los auxiliares de servicio regularizados. Se hizo la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia de este país; fue la mayor inversión y lo dice cualquiera que mire los números. Al culminar nuestro período de gobierno había 839 obras nuevas. ¿Eso es nada? Y en la ampliación de la ANEP se hicieron contratos de obras para 51 jardines de infantes nuevos, se hicieron 23 escuelas nuevas, 9 polos tecnológicos, 10 gimnasios, además, de las 22 grandes obras que hizo la Udelar, así como otras 7 que estaban en curso cuando entregamos el Gobierno, y la mitad de ellas, todas en el interior del país. ¿Eso es nada? A ver: seamos honestos para discutir de educación. No es cierto que no se hizo nada. ¿No es cierto que se avanzó en la integralidad de la educación, que se universalizó la educación física y que se crearon 1100 cargos de profesores de Educación Física cuando había una diversidad entre los niños que podían hacer educación física y los que no podían? Se incorporó el inglés, el portugués, el italiano y el francés y 107.000 niños tienen enseñanza de una segunda lengua. ¿Eso es nada?

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA KECHICHIAN.- Termino y se la concedo con mucho gusto, señor senador.

Durante nuestros Gobiernos se desarrolló una política de becas estudiantiles que permitió pasar de 4723 beneficiarios, en 2005, a 31.402, en 2018. Cabe destacar, también, que las becas del Fondo de Solidaridad, que en 2005 eran 3700, en 2018 fueron de 8500. ¿Eso es nada?

Del Plan Ceibal no voy a hablar porque todos lo han hecho y, sin duda alguna, ha sido un aporte fundamental.

Se generaron condiciones para que más personas accedan a la educación pública. En 2007 se concretó la obligatoriedad de la educación en cuatro años. En los tres años –hoy vemos que no hay recursos–, la cobertura pasó del 46 % al 74 %. En los dieciocho años se pasó del 55 % al 63 % y en los veintiún años, del 35 % al 40 %. ¿Eso es nada? ¿Así queremos discutir de educación, sin valorar el proceso dificultoso, complejo, duro y difícil? Vuelvo a decir que es un proceso que incorpora otra cantidad de cosas.

En 2005 había 104 escuelas de tiempo completo y una sola escuela de tiempo extendido en todo el país. Hoy hay 228 escuelas de tiempo completo, 48 escuelas de tiempo extendido y 61 jardines de tiempo completo. ¿Eso es nada, señora presidenta?

En 2007 había 21.834 niños que asistían a 111 escuelas de tiempo completo y 7 escuelas en estos primeros dos años del Gobierno del Frente Amplio, cuando hoy concurren 50.000. ¿Eso es nada?

Entonces, creo que no podemos discutir así un tema que requiere de recursos y, también, de otra cantidad de cosas. Nosotros universalizamos los cuatro años; extendimos los tres años y llegaron muchos a la universidad.

¿Tenemos problemas en secundaria? ¡Tenemos problemas en secundaria, pero muchos menos de los que teníamos! ¡Ojo! Cuando yo entré al liceo Zorrilla –tengo la misma edad que la señora senadora Bianchi–, mis compañeros –éramos de clase media–, no iban al liceo. ¡No iban al liceo! No era prioridad de la familia, porque trabajaban con el padre en la farmacia o se iban a la sastrería con el padre. Yo vivía en el barrio Palermo, donde había mucha colectividad judía que tenía allí sus negocios y los hijos quedaban trabajando.

¡Son tantos los cambios que ha habido en la educación que, para analizarlos, debemos contribuir todos! Y, si algo faltaba, llegó la pandemia.

Ahora bien, decir que no se hizo nada, me parece que es de una absoluta injusticia.

Para mí, una de las cosas más preocupantes en esta rendición de cuentas es la pérdida de condiciones de trabajo para los educadores y el personal auxiliar. Siempre decimos que son muy importantes, pero les bajamos el salario. ¡Esa es la realidad! También creo que el alejamiento de los docentes del proceso educativo es un problema grande. Y, en materia de recursos, la primera constatación es una baja en la ejecución durante 2020, con relación a lo ejecutado en 2019.

Las metas del Plan de Desarrollo Educativo, recogido en el Plan de Política Educativa Nacional, que hablaba de expandir las escuelas de tiempo completo, de aumentar diez puntos la cobertura de tres años y de la educación media, no concuerdan. Esos objetivos yo no los veo reflejados en la ley de presupuesto ni en el proyecto de ley de rendición de cuentas, como forma de que nos puedan garantizar obtener los resultados propuestos.

Creo que es un tema muy profundo al que todos deberíamos contribuir, pero no podemos empezar de cero. No se empieza de cero. Ni nosotros empezamos de cero, ni este Gobierno empezó de cero. La acumulación de uno de los orgullos más grandes que tiene el Uruguay es su educación pública.

Si la señora presidenta lo permite, le concedo la interrupción al señor senador Coutinho.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Nosotros, como Partido Colorado, no acusamos recibo en este contexto de que podríamos haber manifestado o expresado alguna que otra opinión en cuanto a que no se hizo nada. No acusamos recibo. Ayer también planteábamos el escenario de que hoy lamentablemente no vivimos en un país maravilloso porque, si leemos el informe del MEF o si vemos algunos videos que se exponen en el mundo, veremos que tampoco nos dejaron un país maravilloso. Este ha sido un país de dificultades, un país en desarrollo y, en todos los casos, todos aportaron algo. Todos los procesos de todos los Gobiernos aportaron algo.

En lo personal estoy votando con entusiasmo los aportes a la UTEC porque, en su momento, también generamos los espacios para crear esta parte universitaria. Contamos con proyectos y expectativas para ver cómo vamos a ir equiparando para que tengamos tantos ingenieros como abogados; iremos viendo los procesos y las estadísticas. Estamos preocupados, y el tema de la educación es uno de los que más nos ocupan.

Por otro lado –y lo digo en forma personal–, para mí no tenía rival el programa Una Computadora por Niño. No tenía rival. Después desmenuzamos, podemos hablar de los programas y podemos profundizar en ese contexto, pero creo que todos hemos aportado.

Quiero decir dos cosas. En primer lugar, la mayor inversión en la educación, en la historia de este país, no se hizo en los últimos quince años, se hizo en los Gobiernos del Partido Colorado.

En segundo lugar, me parece importante decir, sin adjudicarse sentimientos o sensaciones, que nosotros pertenecemos a un partido del que estamos orgullosos, porque fue transformador y vital para el orgullo de ser uruguayo; y sabemos la impotencia que se siente cuando se lo critica tanto. Nosotros fuimos los creadores de los CAIF, los que más escuelas públicas hicimos, los creadores de los liceos, los que hicimos el CERP y los que levantamos los edificios de la Universidad de la República. En todo ese contexto, siempre generamos una apuesta muy fuerte a toda la educación.

Le agradezco la interrupción. Lo hice principalmente para destacar a alguien que terminó siendo muy criticado…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–… alguien que terminó a miles y miles de kilómetros de su país: el profesor Germán Rama.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Le queda un minuto y cincuenta y cinco segundos señora senadora. Puede continuar.

SEÑORA KECHICHIAN.- ¿La senadora Bianchi me pide una interrupción?

(Interrupciones).

–Solamente quiero decir que comparto la última expresión del senador Coutinho. Siempre valoré enormemente el aporte pedagógico e intelectual de un hombre entendido en la educación como era Germán Rama.

(Interrupciones de la senadora Bianchi que no se escuchan).

–No puede asegurar eso.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: lo confirmo. Hablo en chino mandarín, porque yo no me referí a «todo», me referí al tema de malla curricular en elección de horas y al cambio de ADN de la educación en cuanto a la retención, a la matrícula, a la formación docente y a algo en lo que la doctora Aristimuño –está a cargo de la planificación educativa– hizo especial hincapié. Levanté los brazos al cielo –a pesar de que no creo en Dios– cuando escuché algo, que hacía muchos años que quería escuchar: «Lo que importa es la calidad del aprendizaje». Los edificios son muy importantes, no vamos a discutirlo, pero yo no hablé de la UTEC y no hablé de los salarios docentes; no me referí a eso. Me referí a que no se hizo nada en la ANEP, que tiene todos los niveles educativos previos a la universidad y tiene formación docente. Hablé de lo más importante que es el cambio de planes y programas, de la elección de horas, de la autonomía de los centros, de elegir el profesor cargo; todo eso dije. Es taxativo lo que dije.

Repito algo que usé también en la interpelación, en el 2016: me dio mucha vergüenza que la Unesco nos hubiera observado en el estudio de la infancia de 2016, por primera vez, por la inequidad. Eso tiene que ver con los resultados; no tiene que ver con los edificios, con los salarios ni con los auxiliares de servicio. Yo lo viví de adentro; ¡se hizo! ¡¿Cómo qué no?!

Me hacen acordar a cuando le llevaba el boletín a mi padre y tenía buenas notas –a veces me pregunto para qué, pero las tenía–, y él me decía: «No hiciste más que cumplir con tu deber. ¡Andá y seguí estudiando!».

¡Estamos hablando de USD 2.000:000.000 por año! Eso es lo criminal que se hizo con la ANEP en todos los niveles, en lo que se refiere a la reforma educativa y en especial a formación docente. Por eso es por lo que decimos basta. A todos nos llegan los informes de Aristas –no les pido que lean las pruebas PISA, ni todo lo demás– y podemos ver el desastre de los resultados educativos. Aclaro que no sucede solamente en la escuela pública o en el liceo público, sino que también ha llegado a los privados, por supuesto. ¿Saben por qué? Porque no preparamos más a los docentes; no tenemos formación docente y, por lo tanto, también tenemos problemas en la educación privada.

Muchas veces la gente opta por la educación privada –diría que en general– por el clima institucional, pero de eso más vale ni hablar.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Gracias, señora presidenta.

Voy a ser muy breve porque creo que esta discusión se extendió mucho más de lo que teníamos pensado.

En el 2011, trabajaba en educación en contexto crítico y me tocaba ver de primera mano la realidad de la educación en los barrios más comprometidos de la periferia de Montevideo. No estaba el Ineed y en esa época hicimos, desde aquella organización de la sociedad civil, una infografía que mostraba un poco la radiografía de la educación en el Uruguay. En aquel entonces, en el 2011, no había conciencia, por parte de los líderes de opinión de nuestro país, de la magnitud de la crisis en la cual estábamos inmersos.

Si tuviera que resumir la principal afirmación que me ha costado escuchar acá en este último año y medio, diría que tiene que ver con la negación, por parte de algunos actores políticos, de que realmente tenemos un problema en la educación. El primer paso importante e imprescindible para hacer un cambio es reconocer que estamos frente a un problema.

Sin duda, como decía la señora senadora Kechichian, se han hecho grandes esfuerzos y avances en los quince años anteriores, y en los anteriores también, pero en los hechos tenemos un problema grave en la educación.

Simplemente quisiera resaltar el profesionalismo, la entrega y el compromiso de quienes hoy están conduciendo la educación; me refiero al doctor Robert Silva, a la doctora Virginia Cáceres, a la doctora Adriana Aristimuño. Seguramente, muchos han tenido la oportunidad de escuchar todo lo que sabe Aristimuño de educación y disfrutar de todo lo que está haciendo.

De la misma manera en que no se puede hacer aseveraciones con liviandad, quiero apelar a que se entienda que estamos en un contexto de pandemia, que se han hecho esfuerzos titánicos, y que hay hojas y hojas de versión taquigráfica de lo que fue la visita de la ANEP a esta casa.

La información acerca de los Centros Educativos María Espínola evidencia que tienen un abordaje diferencial y, en definitiva, creo que el reparo de la señora senadora Della Ventura no contempla el contexto en el que están ubicados. ¿Por qué la alimentación en esos contextos realmente es importante? Porque el centro educativo deja de ser un lugar que se visita para ser un centro de referencia y eso es lo que verdaderamente precisamos si queremos cambiar la educación de este país en los contextos vulnerables.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se voten en bloque los artículos 279 y 282.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 279 y 282.

(Dialogados).

–Hoy se votaron por unanimidad todos los artículos de la Universidad de la República.

(Interrupciones).

–La Mesa está muy atenta.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: la señora senadora Nane está preocupada porque quiere hacer algunas referencias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Nane para referirse a la Universidad de la República.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta y muchas gracias al señor senador Penadés por interpretarme. Procuraré ser breve.

La Universidad de la República nos remitió el documento, el proyecto con su articulado y con la rendición de cuentas 2020, y me gustaría hacer algunas referencias sobre cierta información que nos hizo llegar, porque me parece importante.

Lo primero que la Universidad destaca es que la ley de presupuesto 2020-2024 implica una reducción presupuestal que puede traer un deterioro de las políticas de desarrollo institucional.

Las estrategias de desarrollo institucional de la Universidad de la República están condicionadas fuertemente en este período debido a las restricciones presupuestales. Si bien la Universidad presenta varios escenarios, proyecta varios escenarios de acción, en este contexto esta reducción representa costos sociales muy altos porque pretenden postergar, no instrumentar o desarmar algunas políticas institucionales que son relevantes para nuestro país.

Estamos en un contexto de necesidades crecientes y recursos disminuidos, y desde la Universidad se nos dice que esto seguramente tendrá efectos nocivos a largo plazo en las capacidades creativas en ciencia, tecnología y cultura de la sociedad.

También se nos previene del impacto en la democratización del acceso a la educación superior de calidad, en la caída de los recursos disponibles para la enseñanza universitaria, y contrasta esto con la evolución de la matrícula de grado y de posgrado, en particular durante el 2021, cuando la generación de ingresos supera los veinte mil estudiantes –eso lo dijimos ayer– y esta es la primera vez que ocurre en la historia de la Udelar. En los años previos, la cantidad de estudiantes que ingresaba a la Universidad crecía a un ritmo del 4,2 %, pero en 2021 creció un 12 %. Tenemos menos recursos para más estudiantes que provienen, además, de contextos e historias educativas diversas y esto supone dificultades para innovar en el plano educativo y para personalizar los procesos de aprendizaje.

En la página 9 del documento de la Udelar se nos presenta un cuadro donde se observa la variación real de su presupuesto a precios constantes en porcentajes. Por ejemplo: de 2010 a 2014 se incrementó en un 22,30 %; de 2015 a 2019, en un 20,10 %; de 2020 a 2021 disminuyó en un 5,9 % y de 2020 a 2024, según la proyección de la Udelar, disminuirá en un 7,36 %.

Se nos advierte que de no mediar ajustes adicionales a través de esta rendición de cuentas, el deterioro presupuestal puede colocar a la educación superior y a la investigación del país en una situación crítica. Es así como la Udelar nos propone líneas de acción –es verdad que se incluyeron en adicionales de esta rendición de cuentas– que refieren al hospital de Clínicas y a la creación de dos institutos: el de investigación y producción de vacunas y el de investigación de impacto socioeconómico de la pandemia.

Quiero hacer referencia a lo que nos está faltando, señora presidenta. De acuerdo con el análisis que hace la Universidad de la República, en 2021 ingresaron 20.378 estudiantes a la Udelar, es decir, un 12 % más respecto al año anterior.

¿Qué nos pasa en relación con esto? El crecimiento del estudiantado –es bastante lógica la relación– debe ser acompañado de un fortalecimiento de las estrategias de apoyo, del refuerzo de los equipos docentes y de los equipos técnicos, administrativos y de servicios, además de un mayor número de becas para apuntalar la continuidad educativa.

Es importante señalar que el uso de plataformas digitales permitió sostener la educación en las condiciones de no presencialidad que se impusieron. Fue un esfuerzo exitoso para la Universidad, pero muy oneroso. ¿Cómo lograron sostener esto? Con la redirección de otros recursos que tenían asignados y con economías que pudieron hacer. Ahora bien, nos dicen que si la enseñanza en plataformas digitales se transforma en un componente dentro de una estrategia más permanente en el área educativa, los recursos que hoy la Udelar destina a tal finalidad no van a estar disponibles, porque una cosa es sostenerlo un año y otra hacerlo durante más tiempo.

Entonces, nos indican la necesidad de obtener financiación permanente que permita sostener estas innovaciones tecnológicas en un contexto de presencialidad, con un uso menos intensivo y –como decía el senador Mahía– no exclusivo de las plataformas digitales, pero que representen una proporción relevante para mejorar la calidad y el alcance de la enseñanza universitaria.

También se nos advierte –y viene en relación con el razonamiento que estamos haciendo– que, a mayor cantidad de alumnos con igual o menor cantidad de docentes, evidentemente disminuye el tiempo de atención por alumno. Hoy por hoy, la relación entre horas docentes y estudiantes activos muestra que la Udelar se encuentra por debajo de su mínimo histórico.

Nos dicen, además, que la proyección al 2024 es aún más preocupante, porque sin incrementos presupuestales asignados a la incorporación de docentes y con una población de estudiantes en facultades, en institutos y Cenur que superará los 170.000 estudiantes, el debilitamiento en el desarrollo de las funciones universitarias es bastante inevitable.

La Universidad también nos habla de la necesidad del incremento de las becas de apoyo económico y asocia este aspecto directamente con el rápido crecimiento de la demanda y con un menor crecimiento de los recursos, que es la relación de razonamiento que venimos haciendo. A su vez, un número importante de las solicitudes de becas no otorgadas por falta de disponibilidad presupuestal corresponde a estudiantes en situaciones socioeconómicas especialmente desfavorables para sostener una trayectoria educativa.

En la página 37, se nos presenta un gráfico que se llama: Financiamiento de becas a estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorables entre el 2017 y el 2021. Allí se ve claramente que 2020 y 2021 fueron los años en que menos becas pudieron otorgarse. En 2020 se otorgaron 390 y quedaron 595 sin otorgar; en 2021, se otorgaron 505 y quedaron 800 sin otorgar. Es entonces en este contexto de pospandemia y de recursos complicados cuando más tendríamos que poder apoyar a estos estudiantes que aun así pretenden iniciar o continuar sus estudios terciarios.

El número de becas de apoyo económico que no podrán ser otorgadas a estudiantes en situación de alta vulnerabilidad se estima que alcanzará las 800, dato del gráfico que recién les leía. Y el costo de financiar ese número de becas en el 2022 es de $ 80:000.000. Para contar con más docentes y más funcionarios de mayor dedicación, y mejorar la respuesta a la demanda de apoyo a través de becas, se requiere de un incremento presupuestal para 2022 de $ 613:000.000. Cuando consideramos los aditivos, se votaron $ 25:000.000. Hoy hice la comparación entre el presupuesto total que la Universidad solicitaba y lo que se le otorgó: andábamos en unos USD 19:000.000 solicitados y USD 2:000.000 otorgados. Es una relación de nueve veces menos.

La Universidad habla, también, sobre la necesidad de apoyar el ingreso de jóvenes investigadores y las becas de posgrado. Se nos dice que en las últimas décadas el impulso a la formación de los graduados tuvo como resultado una expansión de la oferta de posgrado, así como un incremento en los ingresos y egresos de maestrías y doctorados, y que en diez años el promedio quinquenal de ingresos creció al doble; hoy estamos en unos 2589 estudiantes de posgrado.

Analizando este escenario y mirando las políticas públicas de ciencia, innovación, tecnología e investigación, no podemos pretender que una política pública se base en la nada, porque el pilar fundamental son los recursos humanos calificados. Consideremos que vamos a necesitar estos recursos humanos calificados para pensar el futuro del trabajo y los trabajos del futuro que están acá, donde además tenemos una Comisión Especial de Futuros. El material para definir las políticas de Estado está acá y esto no está siendo sustentado, hoy por hoy, en el presupuesto.

Quiero agregar dos aspectos más.

En la página 60 del documento de la Udelar, en el anexo I, no se nos dice las cosas que van a dejar de hacer si no tienen los incrementos presupuestales. Se nos dice qué están postergando a partir de lo que ya no tienen; ni siquiera lo están presentando. El razonamiento es el mismo que hace la Udelar y se reconoce que hay muchas cosas con las que no se va a poder. Los invito a revisar lo que la Udelar no va a poder hacer, porque también es importante. Por ejemplo: carreras de grado no realizables o con restricciones al ingreso por falta de dotación presupuestal, entre las que podemos mencionar Ingeniería Física y Matemática; Licenciatura en Administración de Sistemas de Información; Licenciatura en Educación Artística; Licenciatura en Psicopedagogía; Licenciatura en Ingeniería de Medios; Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo; Tecnicatura en Artes Plásticas y Visuales, Licenciatura en Danza Contemporánea y Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia; Licenciatura en Oceanografía; Licenciatura en Bibliotecología; Licenciatura en Tecnología Química Industrial. Estoy leyendo a razón de que se tenga referencia de lo que ya ni siquiera está, y si no están, tampoco van a estar para todo el período.

Entonces, hablamos de que esto posterga innovaciones en la matriz de políticas institucionales respecto a la matrícula y al currículum universitario. ¿Cómo podemos pensar en los trabajos del futuro o en un país que se proyecte a un futuro, donde la investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología y la cultura empiecen a tener roles preponderantes y diferentes, sin considerar los aportes y las necesidades de nuestra casa mayor de estudios terciarios?

Señora presidenta: hice un breve raconto en un tema en el que creo definitivamente que tenemos que tratar de mejorar en los próximos años. Este año ya sabemos que quedamos con un debe importante con la Universidad de la República, una de las instituciones que más nos ha ayudado en este tiempo de pandemia. Ayer y hoy hablábamos del GACH. Los científicos del GACH salieron de la Universidad de la República.

Hago este planteo como una necesidad de todos, y como una necesidad de política de Estado que es absolutamente imprescindible, que tenemos que construir en el presente para poder mirar hacia un futuro mejor.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 279 y 282.

(Se vota).

–14 en 19. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

Hoy la señora senadora Kechichian decía que quizás el tema de la ANEP y la educación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país sea el más importante. En lo personal, creo que este tema del INAU también es clave y fundamental, porque allí se define parte de lo que va a ser el futuro para estas generaciones que, de alguna forma, el organismo atiende.

Evidentemente, estamos ante una situación del INAU muy difícil. Podemos decir, por ejemplo, que solo en Montevideo, al momento, existen más de 700 casos de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes pendientes de respuesta en los Centros de Referencia Local. Esta situación es consecuencia tanto de la falta de recursos humanos técnicos para realizar las intervenciones de abordajes en los contextos familiares, como de cupos en los centros de protección de veinticuatro horas, que también presentan déficit de equipos multidisciplinarios para el abordaje de estas situaciones de altísima complejidad.

Ante esta situación crítica, que no permite dar respuesta a la demanda de protección –en realidad, esa demanda es hacia el INAU–, en febrero se realizó un relevamiento de necesidades, que arrojó que es necesaria la contratación de 770 funcionarios y funcionarias para la atención directa. Lo que resolvió el directorio fue disponer solamente el ingreso de 241, pero todavía no hay fecha de incorporación de esos funcionarios, cuando la necesidad, insisto, es de 700.

Esto debe preocuparnos, y habría que pensar en algo que pasó y que es grave, porque el INAU, como servicio descentralizado, no estaba obligado a guiarse por el Decreto n.º 90/020. Para el INAU esto era una exhortación. En cambio, se tomó la postura de generar la misma dinámica que establece el decreto y profundizar el ahorro en cifras aún mayores, afectando la recepción de la demanda y la capacidad de atención para estos niños, niñas y adolescentes.

Ante un escenario de gran complejidad social, por las consecuencias directas e indirectas de la pandemia, durante el ejercicio 2020 se ahorraron $ 766:000.000, de los cuales $ 200:000.000 eran para retribuciones, o sea que se podían haber usado para, justamente, atender esa necesidad de personal técnico que tenía el INAU. Sin embargo, se optó por no hacerlo.

En este tema en particular del personal a contratar, queremos dejar planteada la preocupación por un artículo, que nosotros no acompañamos. Me refiero al artículo 279. Sí acompañamos el 280. ¿Qué pasa? Según sabemos –porque estuvo también el Directorio del INAU en la comisión–, hubo concursos que estaban homologados y que dejaban listas de prelación a las cuales se podía recurrir para estas contrataciones. Sin embargo se optó, por parte de la mayoría del directorio, por incorporar funcionarios por un sistema que precariza el trabajo, y no solo eso. Por un lado, este artículo dilata el ingreso a la función pública y precariza el vínculo contractual de derecho laboral, pero a su vez genera un impacto en la calidad de atención para los niños, niñas y adolescentes, porque estos ingresos son para dar cumplimiento a las necesidades cotidianas y no para fortalecer el abordaje socioeducativo que requiere el sistema de protección del INAU. Entonces, en este sentido, se diseña una política de ingresos de recursos humanos en base a la precariedad y no a personal calificado, como es el que dio concurso y está en esa lista de prelación.

Creemos que esto es muy grave, que no está bien votar este artículo 279. Nos debería preocupar que los equipos técnicos realmente estén preparados y que esta labor tan trascendente, de contacto permanente con esta población tan fundamental para nuestro país, sea atendida por personal que no es el que desearíamos todos para estos niños.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a referirme solamente a tres o cuatro puntos vinculados al INAU.

El primero de ellos es que quiero volver a poner sobre la mesa el tema de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia y la carencia que hoy estamos teniendo, como Estado, como sociedad, en la atención de estos casos.

Las autoridades del INAU nos dicen que actualmente hay quince equipos técnicos en todo el país que atienden los casos de niños y adolescentes víctimas de violencia que se denuncian a través del Sipiav. El número ronda los 5000. Eran 4911, según la información que nos trajeron a la comisión, y se nos dijo que de ese total estaban atendiendo solamente el 11 %, es decir, unos 500 gurises, más o menos.

Quiero volver a traer a consideración de este Cuerpo que hay 4500 niños, niñas y adolescentes hoy, mientras nosotros discutimos las asignaciones presupuestales, que están sin atención ante esas situaciones. De acuerdo con las proyecciones hechas por el equipo técnico del INAU, se necesitan unos USD 18:000.000 anuales para poder atender todas esas situaciones. A su vez, quiero volver a traer a consideración que en el aditivo que presentamos llevamos esa cifra a un cuarto para tratar de dar una señal respecto a esto. Y, aunque no se votó, quiero señalar nuevamente que ese debe nos lo llevamos hoy todos a casa, a la hora que terminemos. Ese debe nos va a acompañar hoy, mañana y hasta que no prestemos atención a asignar recursos con ese fin. Creo que debemos asumir esa responsabilidad, porque la responsabilidad de ser una mejor comunidad –sobre todo para los gurises y para las gurisas– es de todos.

También quiero hacer una consulta sobre un aspecto que no está en el articulado, pero que tal vez se vio en algún otro lado. Me refiero a una consulta que le hice al presidente del INAU respecto a una transferencia que el Ministerio de Economía y Finanzas le iba a hacer al INAU, de $ 100:000.000, por haberse hecho cargo de la atención de los niños con episodios agudos de salud mental.

(Ocupa la presidencia el señor Sebastián Da Silva).

–Estos casos debían ser atendidos por ASSE, pero durante todo el 2020 los atendió el INAU con sus propios recursos, y se le iba a resarcir esa cifra. La consulta que quiero hacer es si efectivamente esos $ 100:000.000 se le reasignaron al INAU.

También quiero destacar que tenemos otro tema en el debe con el INAU, y es abocarnos a buscarle la vuelta a cosas que no están con una visión transversal de niñez y adolescencia en la Ley de Salud Mental. Eso ha afectado a los niños, niñas y adolescentes que hoy padecen situaciones de encierro, aun después del alta. Y eso lo vimos en el informe La infancia que no queremos ver. Había más de cincuenta gurises que, aun con el alta, continuaban encerrados. Eso también implica un tema de recursos en la mejora de las asistencias técnicas en esos centros y, en muchos casos, de los controles que el INAU tiene que poder hacer sobre ellos.

Solamente como referencia y para poder pensar que no todo está perdido, señalo que mañana adolescentes que integran el Consejo Asesor y Consultivo del Programa de Participación Infantil y Adolescente del INAU se van a reunir con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –también estarán presentes las autoridades del INAU– que les va a mostrar parte del trabajo realizado por el mecanismo nacional de prevención y ese es el informe La infancia que no queremos ver. Les van a presentar a los gurises el monitoreo y creo que eso es algo a destacar en lo que hace a la educación en derechos. Acuérdense que uno de los puntos de ese informe era que no estaban los mecanismos de denuncia en conocimiento de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones que podían ser vulneraciones de sus derechos.

Celebro esta instancia; celebro que se pueda estar escuchando a los reales protagonistas, pero quiero destacar que tenemos un debe importante con la infancia que está a cargo del Estado y que no va a los hogares del INAU por propia decisión. Eso creo que nos hace aún más responsables como integrantes de este Cuerpo y como adultos que, en este caso, tenemos a cargo decisiones políticas que les afectan la vida.

SEÑOR MAHÍA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señor presidente y señora senadora.

Para cerrar el ciclo de seguimiento que intentamos hacer en el presupuesto de la política de tres años, queremos hacer dos comentarios.

Es buena cosa que, en general, no asumamos criterios fundacionales cuando estos no existen; hay veces que sí y otras que no. Es claro, como se señaló en sala, que la política de los CAIF viene de los años ochenta y es bueno que continúe a lo largo del tiempo pero, cuando a veces se es tan amarrete en los reconocimientos, también hay que explicitar cuál es el énfasis que se hace desde el punto de vista de la priorización presupuestal y las acciones en cuanto a determinadas políticas públicas que siguen en el tiempo, pero que han tenido, obviamente, énfasis distintos y es evidente que en algunos casos obedecieron a coyunturas económicas generales del país y en otros a visiones y prioridades distintas. ¿Qué quiero señalar con esto? Según las cifras de páginas oficiales del Estado, hasta el 2005 había 280 CAIF donde se atendían, aproximadamente, 26.000 niños y niñas. Ahora bien, entre 2005 y 2020 se crearon 200. Ahora estamos analizando la perspectiva de lo que se va a hacer y ojalá podamos mantener la ratio de inversión para la protección de la primera infancia, que todos los partidos políticos decimos que es una prioridad absoluta del sistema político; pero eso también se ratifica en la asignación presupuestal que no es solo cuántos recursos específicos le vamos a asignar a cada uno.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA NANE.- Concedo una nueva interrupción al señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Digo que esa cifra, que era de 26.000 niños y niñas, pasó a cubrir a 61.500; no solo se aumentó la cantidad de centros, sino también la cobertura. Como todavía no hemos podido obtener el dato –no por negligencia, sino porque no fue brindado– de si efectivamente en estos cinco años vamos a universalizar la cobertura del Estado del 100 % de los niños y de las niñas de tres años, es que mantenemos la duda y no hemos visto reflejado en ningún articulado que vaya a ser así. Estas políticas públicas de tres años tenían la cobertura del 77 % –así se llegó a esta Administración– por parte de la ANEP y esencialmente –no exclusivamente– los CAIF iban de cero a tres años, y en tres años se focalizaba en la ANEP. Se podrá discutir cuál es la mejor cobertura o cuál es la mejor propuesta socioeducativa; ahora, lo que no se debería discutir es que una meta garantizable en textos tendría que ser la cobertura universal. Insisto, se tendría que llevar de 77 a 100, no de 0 a 50. Y ese esfuerzo debería estar garantizado. ¿Por qué? Porque la asignación general de los 50:000.000 que hemos acompañado no está determinada en el articulado, no se sabe adónde van específicamente; irá a una comisión que se dice que va a estar integrada por distintas visiones del Estado, pero los legisladores no van a tener la posibilidad de sostener con su voto una asignación presupuestal específica. Ojalá la próxima rendición de cuentas nos permita, efectivamente, decir que la proyección va a dar cobertura a una política de Estado imprescindible que el Uruguay tiene que seguir.

Gracias, señora senadora y señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA NANE.- He terminado, señor presidente.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 13 de octubre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales por el día 28 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Sebastián Sabini y Marcos Otheguy han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Lucía Etcheverry, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Continuamos con la consideración del único punto del orden del día.

Pasamos al inciso 29, «Administración de Servicios de Salud del Estado».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicitamos que se traten en bloque los artículos 285 y 288.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 285 y 288.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–16 en 22. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Como se va a proceder a la higienización de la sala, formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 22:00.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Son las 21:14).

(Vueltos a sala).

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 22:04).

–Pasamos al inciso 33, «Fiscalía General de la Nación».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicito que se voten en bloque los artículos 292 y 294.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 292 y 294.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–15 en 19. Afirmativa.

En el caso del inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública», todos los artículos ya fueron votados.

Pasamos al inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

En consideración el artículo 301.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 20. Afirmativa.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: solamente quería poner en conocimiento del Cuerpo que hay un artículo aditivo que, nobleza obliga, fue presentado en comisión con la hoja 156 por la coalición de gobierno, que asigna una partida de $ 20:000.000 al Inisa.

En la comisión nosotros habíamos promovido otra disposición que atendía el presupuesto total, que alcanzaba los $ 60:000.000. Cuando nos dimos cuenta de que esa hoja 156 no estaba en el articulado, conversamos con algunos de los senadores de la coalición y entre todos decidimos ponerlo nuevamente a consideración del Cuerpo.

Por lo tanto, como la hoja nuestra, firmada por la bancada del Frente Amplio llegó primero, entiendo que será una votación acompañada por todos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ingresamos a la sección VI, «Otros incisos».

Comenzamos por el inciso 21, «Subsidios y subvenciones».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: los artículos 306, 307 y 308 refieren al tema conocido como colonización. Vamos a proponer al Senado que se traten primero todos los artículos y los aditivos y que dejemos las disposiciones referidas al Instituto Nacional de Colonización para el final de la discusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 23, «Partidas a reaplicar».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Los dos artículos que comprende fueron votados por unanimidad.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Nadie pidió el desglose del artículo 310?

(Dialogados).

–Se me dice que sí se pidió.

Pasamos al inciso 24, «Diversos créditos».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Proponemos la votación en bloque de los artículos 312, 313, 315 y 316.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–16 en 22. Afirmativa.

En consideración, pues, los artículos 312, 313, 315 y 316.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–16 en 22. Afirmativa.

Ingresamos a la sección VIII, «Disposiciones varias».

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicitamos que se voten en bloque los artículos 333, 334, 335, 336, 338, 340, 341, 348, 349, 351, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, artículos 333, 334, 335, 336, 338, 340, 341, 348, 349, 351, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–16 en 22. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

Quisiera referirme al artículo 354, relativo a las cooperativas de vivienda. Evidentemente, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, según el artículo 45 de la Constitución. El rol del Estado, como garante de ese derecho humano fundamental, no puede quedar ligado a programas liderados o impulsados por el promotor privado. El Estado no debe dejarlo librado a las variantes del mercado.

En ese sentido, para el Frente Amplio ha sido muy importante el tema de las cooperativas de vivienda, y resolvió no votar este artículo; ha jerarquizado la temática del género en la tenencia de la vivienda, implementando la cotitularidad de la pareja en sus diferentes programas.

En el caso del cooperativismo, se concretó un avance fundamental con la aprobación de la Ley n.° 19837, de 24 de octubre de 2019, de cotitularidad de la vivienda en cooperativas, respondiendo a las demandas e inquietudes manifestadas por los propios cooperativistas. A partir de este hito, se requiere afinar la implementación de estas disposiciones. Entendemos que la redacción propuesta no soluciona el tema de fondo y genera nuevas dificultades para las cooperativas viejas por la cuestión de los votos. La solución a este tema debe provenir de la adecuada reglamentación de la ley en consulta con las federaciones y los actores involucrados.

El Frente Amplio está profundamente comprometido con los valores democráticos y solidarios del cooperativismo, en particular con el fuerte impulso dado al cooperativismo de vivienda en sus tres Gobiernos, a tal punto que de las aproximadamente 40.000 viviendas, financiadas y construidas desde 1968 en que se implementa el sistema, 20.000 lo fueron en el período que va de 2015 a 2019. Esperamos que el actual Gobierno y los que vengan sostengan un nivel similar de compromiso, con un sistema de acceso y de permanencia en la vivienda que ha demostrado eficiencia económica y social.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: solicitamos la reconsideración del artículo 334, porque tiene un sustitutivo en la hoja 11 y, de esta forma, podremos tratarlo cuando analicemos los aditivos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la reconsideración del artículo 334.

(Se vota).

–15 en 24. Negativa.

Precisamos mayoría absoluta para reconsiderar.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: continuemos y, en su momento, cuando haya mayoría, pediremos la reconsideración.

Solicitamos que se pase a analizar los aditivos y los sustitutivos que han sido repartidos en la tarde y noche de hoy. Inician en la hoja 1.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 1.

(Dialogados).

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: con mucho gusto posponemos el tratamiento del sustitutivo para el momento en que consideremos el tema del Instituto Nacional de Colonización para analizar la idea de financiación presentada por el Frente Amplio. No tenemos inconveniente.

En ese sentido, solicitamos que la hoja 1 sea tratada en conjunto con los artículos vinculados al tema conocido como colonización.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 216, que tiene un sustitutivo en la hoja 2.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 216, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 24. Negativa.

Se va a votar el artículo 216 con la redacción dada en la hoja 2.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Hemos votado afirmativamente porque se hizo una modificación que fue fruto de un acuerdo entre ASSE y la Facultad de Medicina. Nosotros habíamos presentado un sustitutivo que incluía la posibilidad de que hubiera un ajuste salarial permanente. Eso no se incluyó pero, reflejando un acuerdo entre los dos actores fundamentales que están en la gestión de las UDA, nos pareció importante tener un voto unánime en este artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el aditivo que figura en la hoja 3.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: teniendo en cuenta que ya hay dieciséis votos, vamos a solicitar la reconsideración del artículo 334, a efectos de poder analizar posteriormente la hoja 11, que es un sustitutivo de ese artículo ya votado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la reconsideración del artículo 334.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 334.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 27. Negativa.

En consideración el artículo 134, que tiene un sustitutivo en la hoja 4.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 134, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 134 con la redacción dada en la hoja 4.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 310, que tiene un sustitutivo en la hoja 5.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 310, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 27. Negativa.

Se va a votar el artículo 310 con la redacción dada en la hoja 5.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 271, que tiene un sustitutivo en la hoja 6.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 271, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 27. Negativa.

Se va a votar el artículo 271 con la redacción dada en la hoja 6.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

Se solicita la reconsideración de la hoja 5.

Se va a votar la reconsideración del sustitutivo que figura en la hoja 5.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

En consideración nuevamente el sustitutivo del artículo 310, que figura en la hoja 5.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 25, que tiene un sustitutivo en la hoja 7.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 25 con la redacción dada en la hoja 7.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

Se solicita la reconsideración de la hoja 6.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera la hoja 6.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración nuevamente el sustitutivo del artículo 271, que figura en la hoja 6.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Se solicita la reconsideración de la hoja 7.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración de la hoja 7.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración nuevamente el sustitutivo del artículo 25, que figura en la hoja 7.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el aditivo que figura en la hoja 8.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el aditivo que figura en la hoja 9.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: la hoja 9, firmada por los señores senadores del Frente Amplio, coincide con la hoja 12, firmada por los señores senadores de la coalición. Hagamos, amigablemente, que se vote una sola hoja, porque las propuestas son similares, de forma de que el artículo sea aprobado por la unanimidad de los presentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo de la hoja 9.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 39, que tiene un sustitutivo en la hoja 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 39 con la redacción dada en la hoja 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 334, que tiene un sustitutivo en la hoja 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 334, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Se va a votar el artículo 334 con la redacción dada en la hoja 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración la hoja 13.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- El artículo de esta hoja refiere, justamente, al Fideicomiso Integración Social y Urbana. Por lo tanto, mociono para que se discuta al final, junto con todos los demás. Solicito lo mismo para las hojas 14, 15 y 16, que contienen sustitutivos de los artículos 238, 306, 307 y 308.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Entonces, las hojas 13, 14, 15 y 16 refieren al Instituto Nacional de Colonización, al igual que la hoja 1.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: a esta altura hemos finalizado el análisis de todos los artículos de la rendición de cuentas, salvo los que refieren al Instituto Nacional de Colonización. ¿Es así?

SEÑORA PRESIDENTA.- Exactamente, es así. También está pendiente el artículo 1.º que, como ustedes saben, es el que se somete a votación en último lugar.

SEÑOR PENADÉS.- Entonces, lo primero que vamos a hacer es mocionar para que se autorice a la Mesa a realizar una reordenación numérica y las correcciones que sean necesarias en materia gramatical, a los efectos de mejorar el texto con el que este proyecto será aprobado en el Senado y remitido a la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Corresponde pasar a considerar las disposiciones referidas al Fideicomiso Integración Social y Urbana: artículo 237, hoja 13, artículos 238, 239, 240, y artículos 306, 307 y 308.

Hago la aclaración para que nos concentremos en la discusión que se inicia en este momento, con bandera de largada.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: según el control que voy llevando –es una consulta que hago a la Mesa–, queda por considerar un artículo desglosado, que es el 117. Tengo la certeza, en virtud de que yo mismo solicité su desglose. No obstante ello, quiero plantear el retiro del artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Efectivamente, el artículo 117 había sido desglosado.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción para que el artículo 117 sea enviado a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

Pasamos, pues, al tema denominado Colonización, que comprende los artículos 236, 237, 238, 239, 240, 306, 307 y 308, y la hoja 13.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Solicito que la miembro informante haga una presentación del tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a pedir a la señora senadora Asiaín que haga una presentación sobre el tema, pero es solamente una solicitud.

SEÑORA ASIAÍN.- No tengo ningún inconveniente en hacer la presentación.

Empezaré refiriéndome al artículo 236 –que es con el que comienza el tema–, que prevé un procedimiento para cumplir con el poder de policía territorial encomendado a los Gobiernos departamentales por la Ley n.º 18308.

¿Qué se ha dicho con respecto a este artículo? Que contraría el espíritu del CGP. Si uno mira el CGP y se fija en los procedimientos monitorios, verá que dice que los procesos de desalojo tramitarán por este procedimiento, refiriéndose a los desalojos en casos de arrendamientos, es decir, de una finca arrendada, que tiene un vencimiento de plazo, que tiene una falta de pago.

Por otro lado, el artículo 18 de la Constitución establece que las leyes fijarán la forma y los procedimientos de los juicios. El CGP no es la Constitución y, en todo caso, esto no modifica el CGP, pero si lo hiciera, estaríamos hablando de que lo hace una ley.

También se dijo que los Gobiernos departamentales, por su grado de complejidad, no podrían aplicar el artículo, denostando o menospreciando a los equipos de asesores jurídicos de los Gobiernos departamentales.

Se criticó el hecho de que se introdujera un proceso monitorio, desconociéndose que es justamente ese proceso el que corresponde a los desalojos. Desde el Decreto Ley n.º 14219 no hay otro proceso –al menos en nuestro derecho– para el desalojo de inmuebles.

En el artículo 36 del Decreto Ley n.º 14219 se habla del precario, que sería algo similar –no exactamente, porque aquí no necesariamente se trata de una vivienda construida– y las excepciones también están limitadas. Digo esto porque otra crítica refería a que las excepciones estaban limitadas. En este artículo, para el caso del ocupante precario –dice: «El comodatario de un bien inmueble, aún si tuviera la calidad de precario»–, se establece que las únicas excepciones serán las previstas en el artículo anterior, es decir, «las que acrediten la calidad de arrendatario, subarrendatario, promitente comprador o propietario».

En parte de la crítica se agravió diciendo que en un proceso sumario –un proceso monitorio es, por definición, un proceso sumario– se introducía la posibilidad de apelación. Sí; esto da más garantías. Entonces, no se comprende la crítica.

Lo que quisimos –en concordancia con varios señores senadores y con el asesoramiento de constitucionalistas y procesalistas– fue introducir más garantías a la redacción que vino de la Cámara de Representantes y establecer defensas, excepciones y la posibilidad de apelación, es decir, las garantías del debido proceso.

Ciertamente, se podía haber acudido también al delito previsto en el artículo 354 del Código Penal, «Usurpación», que tiene como circunstancia agravante el que la usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias. Hablamos de un delito perseguible de oficio. También se podría haber recurrido al artículo 397 del propio CGP –sobre el que se dice que se está violentando el espíritu–, que establece procesos, no ya monitorios y ejecutivos, sino de ejecución, es decir, en la vía de apremio. Allí se establece la obligación de dar una cosa que se halla en poder de otra persona. «El tribunal dispondrá mandamiento para desapoderar de ella al obligado, a cuyo efecto utilizará el auxilio de la fuerza pública». No se acude a eso –se podría haber remitido el procedimiento a esta vía de apremio–, sino que se opta por una vía más garantista. ¿Cuál es el espíritu? El de que los asentamientos no son una solución habitacional; no estamos sacando a alguien de lugares. El espíritu de la ley es que sea preventivo, es decir, que ni bien se dé un comienzo de ocupación esas personas que han tenido que recurrir –en el mejor de los casos– a esa solución, sean realojadas en otro lugar. El Mides ha dado pruebas de poder albergar en refugios a personas que se encuentran en situación de precariedad habitacional, pero sobre la filosofía de que esto no es una solución habitacional. Esto es solamente parte de la solución.

Esquemáticamente, porque tampoco tengo mucho más tiempo y confío en que mis compañeros van a desarrollar más este asunto, quiero mencionar la solución encontrada. Primero –y lo he dicho en conferencia de prensa–, se reconoce que los Gobiernos anteriores han hecho cosas en materia de asentamientos; lo que dijimos es que tenemos que continuar con ello y hacerlo con mayor cabalidad. Entonces, el monto de esos dos impuestos que hasta ahora tenían como destino el Instituto Nacional de Colonización se redirige para los asentamientos. Actualmente, el Instituto Nacional de Colonización recibe, en promedio, USD 14:200.000. Eso mismo es lo que se dirige para los asentamientos y eso es lo que se le repone desde rentas generales al Instituto Nacional de Colonización por tres años hasta el 2024, conformando un fondo de integración social urbana que constituye un fideicomiso. El motivo es que necesita un flujo constante de ingresos y eso lo permite un impuesto.

Con respecto a colonización, esto no es todo, porque asumimos una deuda que tiene el Estado con el Instituto Nacional de Colonización desde el 2015; para ello se estableció un fondo que pagará los intereses de los préstamos que pidan los colonos para proyectos de productividad de las tierras, para que la tierra no quede solamente con el inmueble, sino que se le pueda otorgar todas las posibilidades para un progreso mediante la productividad, como la adquisición de maquinaria, entre otras cosas. Esos préstamos serán garantizados con este fondo por el Instituto Nacional de Colonización y con el tiempo su proyección alcanzará ?el fondo creo que es de USD 25:000.000? una productividad de USD 100:000.000, lo que después recibirán los colonos. La garantía la da el propio fondo y la tasa será cero para los colonos.

No recuerdo si alguna otra cosa me quedó en el tintero.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Antes de ingresar en el tema de fondo, quiero hacer una breve fundamentación sobre el artículo 236 que es sobre el que, a partir de su notorio conocimiento, claramente se expresó la senadora Asiaín.

Oportunamente, en la comisión solicitamos la modificación que finalmente resultó, en la que se tuvo también la opinión del Congreso de Intendentes y sus asesores.

El artículo 236, en la redacción dada por el artículo 69 de la Ley n.º 18308 corrige errores, a mi juicio de técnica legislativa. Desde el punto de vista constitucional, según nos acercaron opiniones académicas en la materia, la antigua redacción contenía vicios de inconstitucionalidad y exponía a las intendencias a demandas por daños y perjuicios.

En primer lugar debo decir que esta nueva redacción del artículo 69, en el apartado 69.1 ya establecía que en el marco de los poderes de policía territorial y de la edificación, las intendencias debían impedir la ocupación, la construcción, el loteo, el fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones habitacionales que implicaran la violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial respecto de los inmuebles del dominio privado donde no pudiera autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional. Es decir, la obligación de erradicar asentamientos ya estaba prevista en la redacción original, aunque no tenía –a nuestro juicio– la mínima garantía para el infractor o el ocupante, en flagrante vulneración del debido proceso. A este numeral se agregan los bienes del dominio público o fiscal y se faculta a las intendencias a recurrir a la fuerza pública, lo que, obviamente, era una facultad que tenía.

En segundo lugar, la redacción original establecía que la obligación regía también para los casos en que se careciera de permiso, aunque se ubicaran en zonas donde pudieran llegar a expedirse la autorización. Esto se modificó, porque muchas veces las burocracias en los organismos públicos pueden producir demoras para obtener los permisos, y jurídicamente es correcto en el derecho de defensa que el presunto infractor tenga la oportunidad de acreditarlo sin que se vulneren las reglas del debido proceso.

En tercer lugar, señora presidenta, la redacción original también establecía que, «Verificada la existencia de actividades que indiquen: A) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse. B) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la existencia en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de fraccionamiento, loteo y construcciones. Cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada la Intendencia Departamental deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes». Aquí se realiza una corrección en lo que a nuestro entender era una violación de las reglas del debido proceso legal y también configuraba una inconstitucionalidad. Presentada la demanda no se va a la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes, previo ejercicio del derecho de la defensa. La nueva redacción entonces es técnicamente correcta, carece sin dudas de vicios de inconstitucionalidad, no afecta las reglas del debido proceso, no expone a demandas por daños y perjuicios a las intendencias, y es absolutamente garantista para el presunto infractor.

Se ha manifestado que se consagra un proceso sumario, monitorio, rápido, sin perjuicio de lo cual tenemos que aclarar que el proceso establecido originalmente era muchísimo más breve, y violentaba la Constitución de la república y las reglas del debido proceso legal. Se pasaba a la suspensión y demolición inmediata de las construcciones sin ninguna garantía para el infractor.

Por las razones que expusimos en comisión y que consideró el Congreso de Intendentes, sin duda vamos a votar absolutamente tranquilos este artículo, que es constitucional y es muy garantista en todos los sentidos.

Era lo que queríamos dejar sentado.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ya que el artículo 236 tiene que ver con el tema de policía, digámosle así, la Mesa quiere proponer que pasemos a votarlo, y que el resto, que tiene que ver con el fideicomiso y todo lo demás, se considere después.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Enseguida le doy la palabra, señor senador.

Estábamos proponiendo una forma de votación –después de que el señor senador haga uso de la palabra– porque nos parece que tiene una especificidad distinta a lo que viene después, que es el fideicomiso.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que acá tenemos un enfoque estructural, en el sentido de que no es que desconocemos cuál es la población que habita el asentamiento. Por ejemplo, las familias que viven en asentamientos irregulares duplican y algo más en promedio la cantidad de niños con respecto al promedio general. Y crece de manera importante en el asentamiento irregular la población en situación de discapacidad con respecto al porcentaje relativo a la población general. Creo que esta forma –los asentamientos irregulares es la población que estamos intentando abordar– intenta enfrentar el fenómeno con un abordaje que es parcial para una problemática compleja, en el sentido de acelerar procesos. Cuando decían «los sacamos», yo me preguntaba «¿adónde los llevan?». ¿Es que la solución son los refugios? Si esa fuera la respuesta –hoy tenemos 200.000 personas, 190.000, 180.000 o así fueran 160.000 personas viviendo en asentamientos irregulares– a un fenómeno de segmentación territorial complejo y multicausal sobre el que hemos estudiado muchísimo y que ha costado enfrentar en los últimos cuarenta y cinco años, deberíamos recordar que esa situación no se revirtió aun en momentos de crecimiento económico. Hubo una meseta en los últimos quince años y una triplicación que existió de 1985 al 2000 en momentos de crecimiento económico, razón por la cual entendemos que se quiere abordar de manera simple un fenómeno complejo. La prevención del asentamiento irregular pasa por que no haya recortes de presupuesto de vivienda; pasa por que no haya deterioro de salario y pérdida de calidad en el trabajo. Hay varios estudios sobre los asentamientos, pero hay uno de la Universidad Católica de los años noventa, que tiene un largo prontuario de críticas que nos hacía Unicef en esa época, y tiene que ver con un fenómeno de una complejidad muy profunda. Nos preocupa mucho el mensaje que estamos trasladando a la sociedad, que es similar al mensaje que se incorporó en la LUC acerca de incrementar la lógica de faltas a las personas que duermen en la calle. ¿Desde qué lugar es que estamos abordando esta problemática social compleja? Nosotros creemos que hay un fenómeno de exclusión, de vulneración de derechos donde no se puede colocar en la misma situación a quien vive en el asentamiento y tiene dificultades reales –nos estamos jugando a los casos que existen, que creo lo sostenía muy bien el señor senador Gandini– con la persona que es oportunista, que tiene un terreno y lo lotea para especular con él. Me parece que colocamos a las decenas de personas que van a vivir bajo un rancho de chapa, resolviendo desesperadas la situación de la vivienda, en la misma circunstancia que el caso anterior, cuando se trata de situaciones distintas. No son situaciones para resolver vía la policía, sino para resolver desde un abordaje diferente. Nadie va a vivir en una zona inundable porque le gusta; nadie va a vivir a una vivienda que tiene riesgo de derrumbe porque le gusta; nadie vive hacinado en el hogar con allegamiento –llegamos a tener también cerca de 200.000 personas, con menos repercusión que los asentamientos– porque le gusta. La señal que estamos construyendo de que con policía territorial resolvemos el problema de los asentamientos es por otro lado: claramente tiene que ver con que tenemos 240.000 viviendas vacías que, sacando las 120.000 que son de segunda propiedad, una parte importante es especulación inmobiliaria, parte tiene que ver con las dificultades al acceso al suelo urbano, producto de la especulación y parte tiene que ver con que no hemos encontrado recursos suficientes para atender la demanda de vivienda. Íbamos a votar un fideicomiso que, en definitiva, nos deja lejos para atender este problema estructural. Sinceramente, no creemos que la problemática del asentamiento irregular merezca una respuesta de estas características. O sea que la prevención de los asentamientos requiere una mirada integral y medidas que apunten hacia otra dirección.

Por lo tanto, pensamos que esto, en vez de resolver, complica y genera una suerte de estigma.

¡Se habla de falta! ¿Qué hace una persona a la que desalojaron y no tiene adónde ir? ¿Comete una falta cuando se arma, desesperada, un rancho de costanero? ¿Es ese el mensaje que queremos dar?

Creo que esta problemática merece una mirada distinta, que pasa por construir herramientas diferentes. Algunas de ellas fueron presentadas como proyectos de ley. De hecho, hace meses, planteamos la discusión de subsidiar los alquileres de las familias que estén con dificultades desde el punto de vista laboral. También presentamos otras iniciativas que tienen que ver con desestimular la vivienda para la especulación, incorporando componentes incrementales del impuesto al patrimonio para quien tiene muchas viviendas vacías. Presentamos iniciativas que apuntan a reducir los plazos, a efectos de que el Estado pueda quedarse con las viviendas abandonadas.

Me parece que la serie de respuestas que debemos dar para atender esta situación requiere miradas más complejas que las que se construyen en este artículo.

Gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Vamos a ser muy breves en los comentarios y le vamos a ceder unos minutitos de nuestro tiempo para devolver el favor a la señora senadora Nane.

A lo dicho, agrego y complemento.

Coincido con lo que acaba de decir el señor senador Andrade, en el sentido de que este es un abordaje muy lineal, muy reducido de un problema muy, pero muy complejo que se ha instalado en la sociedad uruguaya desde hace décadas.

A quienes tenemos la combinación de la historia y de la política como vocaciones nos gusta recordar, por ejemplo, discursos de Alba Roballo cuando refería a situaciones como las que describe la realidad a que hace referencia este artículo; esto es lo que en una época se denominó pueblo de ratas.

Estamos hablando de un proceso que, como se dijo, tiene no menos de cuarenta y cinco años y presenta una complejidad absolutamente inabordable desde esta mirada. Insisto en que esta es una mirada muy restrictiva y lineal que, además –agrego–, le va a traer dificultades muy importantes a los Gobiernos departamentales.

Todos los integrantes del Cuerpo saben que toda norma es general y abstracta, pero en este caso tiene una aplicación territorial determinada por dónde está ubicada geográficamente la mayoría de los asentamientos y, sin duda, esto va a tener que ver con algunos departamentos más que con otros. Particularmente me refiero a los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José y también, por supuesto, a algunos del interior profundo, donde existe también esta realidad. Y con esta norma les vamos a agregar dificultades a los Gobiernos departamentales, pues les haremos cumplir roles mucho más allá de lo que deberían ser sus cometidos naturales y las potestades para las cuales los órganos están habilitados. Sinceramente, siento que estamos generando un problema mayor y concreto a un tema que, insisto, debe tener un abordaje mucho mayor, multidisciplinario. El mensaje aquí es absolutamente negativo, tanto para quienes tienen que vivir esa situación, como para la sociedad en su conjunto.

Como dije, voy a ceder unos minutos de mi tiempo a la señora senadora Nane, si la señora presidenta lo autoriza.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Como bien expresaban mis compañeros previamente, creo que todos los integrantes de la bancada del Frente Amplio entendemos que este razonamiento –y las acciones que se derivan– por el que hoy se está proponiendo esta solución es lineal y bastante simplista. Con esto no lo quiero desmerecer, solamente lo estoy caracterizando como un razonamiento que parece ser secuencial y no parece tener en cuenta una serie de elementos que refieren, ni más ni menos, que a la integralidad de una política pública de vivienda que, evidentemente, como también dijeron mis compañeros, no es una cuestión de poco tiempo atrás.

Concretamente, me voy a referir –como decía el senador Mahía– al perjuicio que para nosotros tiene, respecto a los Gobiernos departamentales. A nuestro entender, con esta redacción que el Gobierno nacional da al artículo 69.8 de la Ley n.º 18308 se traslada a las intendencias el costo de cumplir con deberes y competencias que tiene el Poder Ejecutivo, y hace a los Gobiernos departamentales responsables indirectos de la omisión en cuanto a la resolución de políticas públicas, porque eso es lo que se ve cuando falta el acceso a la vivienda en la población más vulnerable de este país que es, justamente, la que reside en los asentamientos.

Cuando intentamos seguir el razonamiento de por qué el Poder Ejecutivo tendría derecho a un resarcimiento, pensamos «si pido un resarcimiento es porque no tengo responsabilidad alguna en ese hecho del cual pretendo resarcirme». Tal vez sea, por ejemplo, asumir los costos de los realojos. En este caso pensamos que, en definitiva, el Poder Ejecutivo no solo sería parte responsable del daño del que pretende resarcirse, sino que además está obligado a propiciar el acceso a la vivienda a la población, tanto por el artículo 45 de la Constitución como por la ley de vivienda.

En definitiva, entendemos que no podemos razonar –me refiero a lo del razonamiento lineal– que los asentamientos se crean porque hay alguien que no controla esa creación.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–¿Me permite otra interrupción, señor senador?

SEÑOR MAHÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Estamos partiendo de una premisa que no es la que corresponde.

Por otro lado, quería referirme a la parte del artículo que habla de la responsabilidad solidaria del Gobierno departamental. Cuando hablamos de responsabilidad solidaria estamos diciendo que el acreedor tiene el derecho de accionar o de reclamar lo adeudado, de modo indistinto, a cualquiera de los dos pretendidos responsables. Nosotros entendemos que esta responsabilidad no es solidaria, sino que es una responsabilidad subsidiaria por lo que, en este caso, quien presente esta demanda tendría que ir primero contra el Poder Ejecutivo y después contra el Gobierno departamental. Esto, para nosotros, es un hecho muy trascendente. Entendemos que el término «solidario» o «subsidiario» perjudica mucho más a los Gobiernos departamentales que al Poder Ejecutivo.

Muchas gracias, señora presidenta, y a mis compañeros por la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑOR CARRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MAHÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta, y senador Mahía.

Creo que mis compañeros de bancada presentaron bien este tema. Plantear esta norma es una mirada lineal que no conoce la realidad. Esa es la verdad. No es lo mismo un asentamiento que, por ejemplo, una construcción irregular. Quizás, yo aprobaría una norma de estas dando herramientas a la policía territorial si hay una construcción irregular en Punta del Este o en las costas de Rocha, pero acá hay personas en situación de vulnerabilidad social, que fue lo que planteamos ayer. Volvemos a señalar in totum todo lo que dije ayer, señora presidenta, porque pensé que se iba a reflexionar.

Lamentablemente, a partir de esta estructura en el Uruguay va a tener más garantías quien vaya a cobrar un cheque que una persona en situación de vulnerabilidad social, que tiene una estructura especial creada en esta ley, que es muy similar –lo dije ayer– a la estructura de los desalojos exprés definida en la LUC, que no tiene nada que ver con el CGP. La estructura monitoria del CGP establece que en un plazo de diez días uno puede oponer una excepción y, a partir de allí, tiene muchas más garantías.

Hay una máxima del derecho procesal que dice que a partir de la complejidad del asunto se define la estructura.

No puede ser que estas situaciones de vulnerabilidad social –como marcaban el señor senador Andrade, el señor senador Mahía y la señora senadora Nane– se solucionen a través de esta estructura, que es una vía muy sumaria que no permite el derecho de defensa. A nosotros nos parece que no está bien que se establezca este procedimiento de esta manera y por eso ratificamos in totum lo que señalamos ayer.

No puede ser que, a través de esta solución, de esta vía, se limite el derecho de defensa de personas en situación de vulnerabilidad social, cuando no hay algo fehaciente inicial para establecer un proceso muy sumario.

Con el aporte de la intervención de mis compañeros y con la intervención de ayer, me siento sumamente representado por la posición del Frente Amplio al analizar el artículo 236.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor senador Mahía.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MAHÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta. Gracias, compañero senador Mahía.

No quiero permanecer callada ante un tema como este. Simplemente, quiero dejar constancia de la deuda social que tenemos, que tiene este Gobierno y que tuvieron los Gobiernos anteriores desde hace décadas. Estamos hablando de pueblos de ratas, que eran los que visitaban las misiones sociopedagógicas en la década de los cincuenta. Es muy triste y cruel, porque hablamos de compatriotas que no tienen un techo, que no tienen dónde vivir y que buscan la forma de establecerse en un sitio. A su vez, es de reconocer que no pueden estar ocupando predios privados ni predios públicos. Evidentemente, pensamos que la solución tampoco es esta, en la que además se da la responsabilidad a las intendencias.

Realmente, creo que estos temas deben dejarnos pensando en todo lo que deberíamos trabajar para evitar que existan compatriotas en esta situación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Terminé mi intervención, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Gracias, señora presidenta.

Sin duda, este es un tema muy sensible. Creo que todos estamos más que involucrados en tratar de buscar soluciones al tema de fondo, que son los asentamientos.

¿Que hay que buscar un abordaje integral? Todos lo sabemos, señora presidenta. ¿O nosotros pensamos que votando este artículo solucionamos el tema de los asentamientos? ¡Claro que no! No hay que ser tan ilusos. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de los asentamientos con este articulado? Es una herramienta más. ¿Por qué? Porque algo tenemos que hacer, dado que lamentablemente el número de asentamientos no ha bajado, sino que ha aumentado o se ha mantenido y tenemos alrededor de 200.000 personas viviendo en asentamientos. Insisto: algo tenemos que hacer.

Días pasados dijimos que en Canelones los asentamientos han aumentado de 90 a 120 en los últimos diez años. Hemos recorrido y hay múltiples necesidades. ¿Esa es una solución definitiva? No, pero estamos buscando una alternativa y una solución, aparte de los recursos que se van a invertir, que vienen después, para tratar también todo lo que tiene que ver con el realojo de asentamientos.

Ese es el camino que queremos transitar. ¿Somos los dueños de la verdad? No, pero queremos hacer algo y nos queremos hacer cargo.

Ahora también aparece una enorme cantidad de propuestas y me pregunto por qué no las hicieron en los quince años anteriores. ¿Por qué no las hicieron? Estamos dispuestos a estudiarlas y a buscar los consensos para que salgan, pero tuvieron quince años y no las llevaron adelante.

Tenemos que buscar una solución de vivienda y lo vamos a hacer, y no solamente con los asentamientos. Pero entendemos que esta es una herramienta más, que resulta útil si está bien empleada y vamos de tratar de aplicarla para que sirva en el contexto de distintas medidas, así como la inversión que se va a llevar adelante para la relocalización de asentamientos.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Entiendo que para terminar con el problema de los asentamientos, para empezar a darle solución, hay que parar el proceso de asentamiento de la gente. Eso es imprescindible; si no lo hacemos, estamos dando una especie de aliento para que la gente se asiente. Si el mensaje es que siempre es difícil dar una solución al problema de la vivienda, y que si alguien está en un asentamiento se lo voy a solucionar, estoy invitando a ir al asentamiento. Lo he dicho con las palabras que siempre usamos en estos casos: es como pretender cargar agua en un bolsillo.

Lo que estamos haciendo acá es dando fin al tema, terminando con ese proceso. ¿Que se puede dar algún caso como el que señalan los señores legisladores? Sí, pero ahora tenemos que solucionar el caso mayor: 200.000 compatriotas, el 7 % de la población de este país. Eso es lo que tenemos que solucionar. No es un caso u otro o cinco que se vayan a asentar; no, son 200.000 compatriotas que están viviendo en los asentamientos, situación que tenemos que empezar a solucionar.

Después de todo, pregunto si es buena cosa condenar a un compatriota a vivir en una zona inundable. Por algo se la determinó así en el ordenamiento territorial, de acuerdo con criterios de urbanismo emanados de nuestra Facultad de Arquitectura. Ese ordenamiento territorial prevé que no hay que poblar determinados lugares, pero lo que estamos haciendo es alentar a que algunos compatriotas se asienten y vivan en esos lugares durante toda su vida. No es justo; no es justo con ellos; no es justo condenar a la gente a vivir eternamente bajo unas chapas apuntaladas con unos palos, en una situación de irregularidad total. Tenemos que preocuparnos de verdad, tomar este tema como debemos hacerlo y dar a los Gobiernos departamentales los instrumentos…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado su tiempo, señor senador.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite otra interrupción, señor senador Niffouri?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias.

Debemos dar a los Gobiernos departamentales los instrumentos para ejercer la función de policía territorial que les hemos encomendado. Tienen que ejercer esa función. Con el exintendente de Rocha fuimos intendentes en la misma época y, además, compañeros en la Mesa del Congreso de Intendentes; a él le tocó tomar medidas de ordenamiento territorial, y estoy seguro de que no las tomó con ninguna alegría, ni siquiera en esos casos. Pero al Gobierno departamental le encomendamos que ordene; le encomendamos que fije criterios. Entonces, tenemos que darle las herramientas.

Y lo que hace este proceso es, sencillamente, dar al Gobierno departamental las herramientas para actuar y hacerlo de modo oportuno. Es más, este procedimiento es bastante más garantista que el que había. El artículo 69 que ahora se sustituye decía: «Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles, decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes». Y no se preveía el traslado a la contraparte. Este proceso es mucho más garantista. Es cierto que es eficaz, porque actúa con celeridad. No permite que la gente esté viviendo bajo el techo para después ir a sacarla de allí. Lo que hace es evitar la situación no deseada y, de hecho, evitarle a una familia de por vida lo que será una segura condena. A su vez, obliga al Estado –que somos todos nosotros– a buscar instrumentos para que la gente realmente pueda tener un lugar donde edificar su casa. Para eso, tienen que pasar otras cosas, que ahora empezaron a ocurrir, porque con la autorización de viviendas de construcción no tradicional, con la autorización de viviendas de madera, que ya estamos viendo, y de otro tipo de viviendas, estamos dando otro paso para que la gente pueda acceder a su casa.

Agradezco al señor senador Niffouri.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Niffouri.

SEÑOR NIFFOURI.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Me parece que está bueno que intentemos dar una discusión sobre la vivienda que trascienda el tema de los asentamientos irregulares, pero voy a hacer alguna referencia a los asentamientos irregulares, en términos de punto de partida.

El informe INE-PIAI 2006 detecta 676 asentamientos irregulares en todo el país y 412 en Montevideo. La población total en asentamientos en 2006 era de 195.772 personas. Está bueno nombrar la fuente, porque ayuda después a comparar el contrarrelato. Pero este problema de los asentamientos irregulares no era el más grande que teníamos en el 2006. Esto es parte de lo que ayer intenté fundamentar y no encontré quién pudiera rebatir los argumentos. Pero hoy puedo agregar más datos acerca del drama de la vivienda en el 2006.

El trabajo que hace Casacuberta, en base a la Encuesta Continua de Hogares, establece que pueden determinarse distintas categorías de viviendas: en primer lugar, las viviendas sin problemas; en segundo lugar, las viviendas con problemas leves, es decir, aquellas que presentan puertas y ventanas en mal estado, grietas en los pisos, poca luz o escasa ventilación; en tercer lugar, las viviendas con problemas moderados, es decir, aquellas que presentan humedades o goteras en los techos, caída de revoque en paredes, cielorrasos desprendidos o humedades en los cimientos; y en cuarto lugar, las viviendas con problemas graves –insisto, estamos hablando de 2006–, es decir, aquellas que presentan muros agrietados, se inundan cuando llueve o presentan peligro de derrumbe.

¿Ustedes saben qué porcentaje de viviendas tenía problemas graves en el 2006? Lo planteo para reflexionar sobre el punto de partida. Un 27 % de las viviendas estaba en esas condiciones.

En la misma dirección está bueno que contrastemos, porque se dice: «¿Qué se hizo en estos quince años?». La Encuesta Continua de Hogares respecto a necesidades básicas insatisfechas sobre vivienda habla de hogar que habita una vivienda de techo o paredes construidas mediante materiales de desecho; con piso de tierra; sin techo; más de dos miembros por habitación –lo que es hacinamiento–; que no cuenta con baño, o que no tiene acceso al agua potable. En el 2006, había 865.926 hogares sin necesidades básicas insatisfechas. En el otro costado, había 166.877 hogares. ¿Qué pasó además de esto? Lo que también explicamos ayer en el informe en mayoría. De 2006 a 2019 pasamos de 1:032.000 hogares a tener 1:247.000. En 2019, con cero necesidades básicas insatisfechas de vivienda, había 1:163.098 hogares.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado su tiempo, señor senador.

Puede continuar la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite otra interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Decía que había 1:163.098 hogares. Esto quiere decir que a 300.000 hogares se les resolvieron los problemas de vivienda en esos quince años. ¿Eso es política del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial? No; es política salarial, es política de derechos, es política de transferencia. Cientos de miles de uruguayos mejoraron la condición de vivienda por un conjunto de políticas integrales, y los hogares con problemas en la vivienda se redujeron de 166.000 a 84.000. Este es un dato que está incluido en el plan quinquenal que presentó este Gobierno. Por lo tanto, considero que es un reconocimiento que nos hubiera gustado que existiera antes de la campaña electoral.

Los asentamientos irregulares son una parte del problema de la vivienda, así lo decía el senador Botana y es correcto. Por lo tanto, hay que aplicar políticas integrales que aborden el conjunto estructural del problema de la vivienda y no solo el asentamiento irregular.

Después tenemos el caso del hacinamiento, que es cuando hay más de un hogar en una sola vivienda, cosa que es muy frecuente. Es el caso, por ejemplo, del hijo o la hija que se casó, no se pudo ir y vive en la casa de los padres. Esta situación abarca a más de 100.000 personas.

Todos estos problemas, que tienen que ver con el hábitat, requieren de una mirada integral. Bienvenidos a la mirada integral. A nosotros nos tocó abordar esto en el 2005 con un presente griego: un Banco Hipotecario fundido. Esa fue la realidad con la que tuvimos que empezar a transitar el drama exponencial de crecimiento de asentamientos irregulares que había transitado el Uruguay de manera ininterrumpida desde 1985, con un cambio profundo, además. Los primeros cantegriles estaban integrados mayoritariamente por gente del interior, la mayoría desempleados. Pero los asentamientos irregulares cambiaron. A mí me tocó casi diez años integrar la mesa por la vivienda. La mayoría de sus habitantes eran de Montevideo que habían sido expulsados de otras zonas y tenían trabajo. Era una realidad social distinta. La infantilización de la pobreza es un problema complejo, que requiere un abordaje complejo y políticas de Estado.

Es por todo esto que decimos que lo que hicimos no alcanzó. Soy el primero en decirlo. Tanto es así que colocamos como parte central del programa del Frente Amplio para el 2019 –y me tocó participar en la comisión de vivienda– que había que duplicar la inversión en vivienda. Ese fue uno de los pocos compromisos electorales presupuestales donde colocamos un componente preciso: había que duplicar la inversión con respecto a esos 300:000.000 que se invirtieron en 2019. Claro, tenemos la realidad presupuestal para este período, que entendemos que es parte del problema principal. Y no se resuelve tampoco –ya lo vamos a discutir ahora– con la partida del fideicomiso. Está bueno ir a los datos oficiales en lo que respecta a qué pasó con la vivienda para no quedarnos solo con el informe de Techo, que es una parte de lo que hay que tener pero no lo único para mirar en el conjunto de las variables de un tema de esa complejidad.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- En realidad, no tengo más para decir ahora, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Gracias, señora presidenta.

Tenía el propósito de permanecer callado, porque entendía que los senadores frenteamplistas que integran la comisión eran los que tenían mayores elementos para trabajar sobre el articulado, pero uno oye cosas que lo alarman y, por lo menos, quería dejar una constancia.

Comparto totalmente que para evitar un problema hay que empezar por cortarlo, pero el tema es que hay gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, como la vivienda, y quien no accede a ella por ningún lado, una de las formas que busca es asentarse. Entonces, desalojarlo no es cortar el problema, sino agrandarlo. Si coordinamos esto con otro artículo de la LUC, el del alquiler sin garantías y el desalojo en pocos días, ¿a dónde va una familia que no puede mantener ese alquiler y que es desalojada en pocos días? ¿A dónde va? ¿Cuál es la solución cuando busca asentarse, no con una casa sino con cuatro cartones que le corten la lluvia y le permita construir algo? ¿En serio la salida es sacarlo a la fuerza por la policía? ¿Esa es la salida? ¿Esa es la forma de cortar el crecimiento de los asentamientos? ¡No! Esa es la forma de iniciar una espiral de violencia que después no se sabe en qué termina.

Entonces, esto no es la solución y no se entiende el razonamiento.

Hay países que se han puesto como ejemplos de estabilidad democrática, de crecimiento y de desarrollo, que como no resolvieron bien sus problemas sociales se encontraron con una explosión increíble, que en Uruguay está contenida y lo está porque se distribuye distinto y porque se busca de forma diferente solucionar algunos temas.

Yo no puedo concebir que se diga en serio que para evitar el crecimiento de los asentamientos hay que desalojar a quienes se asientan. Si a aquel que se asienta no se le da una vivienda, un lugar donde estar con su familia, con sus hijos, se va a volver a asentar aunque lo saquen a palos y si lo sacan a palos ¡se va a volver a asentar!

Entonces, es un razonamiento que no parte del conocimiento de lo que pasa con la gente que no tiene techo, sino de la idea de que a la fuerza se logra todo, y a la fuerza no se logra todo; lo único que se logra, a veces, es agrandar el problema.

Por eso nosotros, decididamente, votamos en contra de esto.

Solamente quería dejar la constancia, no quería intervenir, pero esto es increíble.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Mil gracias, señora presidenta.

Yo recomendaría –con el mayor respeto– a los senadores del Partido Nacional, particularmente, leer la entrevista que en el día de ayer –si no me equivoco, porque a esta altura uno no recuerda muy bien si fue ayer u hoy– se le realizó al arquitecto Leonardo Altman, que es el director del Observatorio Metropolitano de Montevideo –una entidad creada por el Partido Nacional, tengo entendido– en el que se hace un razonamiento muy similar al que estamos realizando nosotros respecto a la problemática de los asentamientos. Me parece muy interesante porque se ve esto como un problema integral, como se ha planteado por parte de nuestros compañeros de bancada; se ve la complejidad y la multiplicidad de abordajes necesarios para poder llevar adelante esta problemática y la no solución –como bien decía el senador Bonomi– por la vía del desalojo. Quien es desalojado en estas condiciones lo que va a hacer, simplemente, es buscar otro lugar adonde trasladarse y realojarse. Y respecto a cuáles pueden ser las soluciones, decía el arquitecto Altman que deben derivar, obviamente, de un abordaje integral. Esto significa una multiplicidad de alternativas que tienen que ver, claramente, con un tema de inversión. Entonces, cuando se dice que hay que parar con este problema, como se mencionaba, claramente no significa otorgar a las intendencias la potestad de desalojar. Digo esto porque cualquiera que haya pasado por un Gobierno departamental sabe que lo único que pueden hacer es recurrir a la fuerza pública, es decir, llamar a la policía para que desaloje el predio correspondiente. Detrás de eso no solo va a venir un nuevo desalojo, sino un hecho de confrontación de la fuerza pública con la gente que ocupa ese lugar como única alternativa para vivir en algún lado. No digo dignamente ni esto significa aceptar una condena para el resto de la vida de vivir debajo de una chapa; implica reconocer que la solución que se está promoviendo, traslada la responsabilidad a los Gobiernos departamentales. Acá hay diecisiete Gobiernos departamentales que son de la fuerza política mayoritaria, ¡ojo al gol!

(Dialogados).

–Perdón, dieciséis. Cedí uno, y equivocado, que no vamos a ceder. Pero quiero decir que imagino que se habrá consultado a los intendentes del interior.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Con respecto a las acciones a tomar a la hora de desalojar a sus propios vecinos del departamento, de la localidad y a los alcaldes, que van a tener que recurrir al intendente…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: el senador Bonomi tiene que permitirle otra interrupción.

(Dialogados).

–Puede continuar el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta, y señor senador.

Sin regalar nada más, queremos afirmar que, realmente, mantener el régimen vigente –que no implica dar carta blanca a nadie, sino que significa intervención judicial y diálogo para encontrar soluciones, y no a través de la fuerza pública, sino de las autoridades nacionales y departamentales que, en muchos casos, trabajan en conjunto– es la solución. No es la utilización de la fuerza pública la solución para continuar, porque esto es lo que se está proponiendo, es decir, la utilización de la fuerza pública para impedir el crecimiento de los asentamientos. Esta situación va a continuar porque es como querer tapar el sol con un dedo.

Pediría a la bancada del Partido Nacional que, atendiendo a las recomendaciones que el observatorio de su propio partido está realizando con respecto a este tema, evalúe la posibilidad de retirar este artículo y dejar lo que está vigente, que ha permitido a muchos departamentos, a través de la negociación, resolver este problema. Resolverlo, no; encontrar vías para una solución digna sin generar conflictos de carácter social, como esto va a generar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.- He terminado, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Voy a ser muy breve porque la verdad es que no pensaba intervenir.

Hay una subestimación a la inteligencia que, verdaderamente, me exaspera. Siempre digo que tengo una inteligencia normalita, pero no la desconozcan ni a ninguno de nosotros. ¿Cómo se nos va a advertir si no consultamos con la mayor parte de los intendentes que son del Partido Nacional? ¡¿Pero qué somos?! ¿Tarados? Vamos a hablar claro, porque a esta altura de la noche no tengo ganas de ser académica.

Además, los técnicos del Congreso de Intendentes –y ahora lo voy a decir– fueron los que redactaron estas normas. Eso es lo primero que quería señalar.

(Dialogados).

–Lo segundo es que, si nos dejan gobernar –repito: si nos dejan gobernar, y no vivimos de campaña electoral en campaña electoral–, esta no va a ser la única medida. ¡No nos subestimen! Se supone que va a haber –y estamos haciendo lo posible– crecimiento económico, mejora del empleo –otra vez tenemos datos del ministerio en el que señalan que hay menos desempleo–, mejor educación. Ese es el abordaje desde todos los ángulos posibles para sacar a la gente de los asentamientos.

Además, el fenómeno del asentamiento –y estoy totalmente de acuerdo con que son distintos; cambiaron radicalmente– se generó cuando se empezó a caer todo y la marginalidad cultural –que es mucho más grave y profunda que un problema de ingresos– se consolidó en el Uruguay. Eso se fue ampliando en la medida en que la gente no tuvo los recursos propios gracias al trabajo genuino para poder instalarse en un lugar y comprarlo financiado. Quiero que quede claro que es una política integral porque nosotros somos un Estado; todos somos un Estado y el Gobierno no hace esto solo. Esa es una subestimación y no le permito a nadie que diga que pensamos que vamos a parar los asentamientos sacando a la gente con la policía. ¡¿Se creen que somos tontos?!

Y ya van varias veces que escucho lo del Banco Hipotecario fundido. Este banco –y hago un reconocimiento a Gobiernos de hace muchos años porque yo ejercí el notariado por treinta y cinco años– daba en promedio novecientos préstamos mensuales, según me informó quien fue gerenta técnica; ahora no llega a cinco. Y no estaba fundido; estaba vaciado.

(Intervención que no se escucha).

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúe, señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- La verdad es que después me arrepiento, porque total no vale la pena, pero yo siempre pienso que vale la pena.

Los Gobiernos –a los que yo no pertenecía en ese momento, pero me daba cuenta de lo que se estaba haciendo– hicieron reestructura sobre reestructura sobre reestructura del Banco Hipotecario porque la gente no podía pagar las cuotas. Esto sucedió, por ejemplo, cuando se disparó el valor de la unidad reajustable. El banco trató de cumplir, pero no sé si la política adecuada es la de un banco cualquiera, porque el Banco Hipotecario no debe ser considerado un banco cualquiera. Es el banco de la vivienda; no es un banco para recibir recursos financieros.

Ahora bien, es cierto que hubo que capitalizarlo, pero la verdad es que a principios de 2005 o 2006 vi rematarle casas a la gente en treinta días, porque cuando se firmaba una hipoteca con el Banco Hipotecario se hacía renunciar al deudor de los términos del juicio ordinario, o sea que se iba directamente al juicio ejecutivo.

No digo que estuviera bien la política de tratar de alargar y tirar la pelota para adelante, pero eso le permitió a muchísima gente ir superando situaciones y conservar su vivienda. Para los que llegaron al final y no pudieron hacerlo, se crearon los fideicomisos y se trasladaron todos los préstamos de más difícil cobro a la Agencia Nacional de Vivienda, que para eso se creó, y ahí se capitalizó el banco.

Yo no hablo de lo que no sé; esto lo conozco muy bien. El banco estuvo prácticamente dos años sin operativa por las reestructuras y, de cualquier manera, hay que reconocer que, si tanto quieren un fin social –y obviamente debe tenerlo; el Banco Hipotecario tiene un fin social–, cumplió la función durante años de dificultades económicas permitiendo que la gente pudiera ir haciendo refinanciaciones y reestructuras. Eso fue lo que pasó con el Banco Hipotecario y después, cuando la situación económica mejoró, se pudo capitalizar, se creó la Agencia Nacional de Vivienda y se crearon los fideicomisos con los préstamos anteriores a la reestructura.

Si van ahora verán que está vacío porque la gente no puede acceder a los créditos que otorga el Banco Hipotecario del Uruguay. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque hemos perdido la capacidad de ahorro y vayan pensando en el sistema tributario. Los que pudimos comprarnos la casa no pagábamos IRPF, IASS; trabajábamos y nos rendía la plata, así que hay que pensar que la integralidad…

(Interrupciones).

–Yo no puedo soportar tener a la misma persona como un zumbido. Entonces, señora presidente, le voy a pedir que me ampare en el uso de la palabra. No acostumbro a hacerlo, porque me amparo y me defiendo sola, pero estoy cansada y la verdad es que yo no pido la palabra si no conozco el proceso. Podrán estar de acuerdo conmigo o no, pero el proceso del Banco Hipotecario lo conozco, y eso lo vivieron los Gobiernos anteriores, sobre todo a la salida de la dictadura; la gente se tiraba por la ventana. Miren que hubo muchos suicidios de personas que efectivamente veían que perdían su vivienda. Y el Banco Hipotecario, conservando el fin social, hizo las reestructuras.

Entonces, lo que pido es que se abra un poco la cabeza, que no se piense que los demás somos todos tontos, que no vemos la realidad, que vivimos en otra dimensión. ¡No! Al contrario. Lo que pasa es que el hecho de no dejar que sigan ocupándose tierras es uno de los elementos del programa integral para la erradicación de los asentamientos. ¡Uno! Y en el porcentaje de todos los abordajes que se van a encarar, representa una minoría absoluta. Ahora, hay una cuestión ideológica de fondo. ¡Obviamente! Nosotros defendemos el derecho de propiedad ¡y por supuesto que lo vamos a seguir defendiendo! Porque el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad están muy unidos, y los regímenes que quedaron en pie son un ejemplo. La gente que no tiene propiedad, que está en manos del Estado, de los jerarcas de los partidos, vive en la miseria y no tiene posibilidades de superarse.

Lamento profundamente que mucha gente no haya podido apreciar en su momento que en el Uruguay, mediante el esfuerzo y el trabajo, todo eso era posible. Por eso me indignan tanto los quince años de bonanza económica, porque ese es el gran diferencial. ¿Que los partidos fundacionales antes del 2005 no supieron resolver un montón de problemas? ¡Y sí! Por algo llegó el Frente Amplio al Gobierno. ¡Por algo llegó el Frente Amplio al Gobierno!

Esto es lo último que voy a decir porque, reitero, estoy agobiada de escuchar que todo es negativo. La conclusión a la que tenemos que llegar –y lo digo con todo respeto– es que están subestimando a la ciudadanía, que votó en octubre de 2019: 60 a 40. Y no me digan que en noviembre hubo 34.000 votos de diferencia porque en 2005 el Frente Amplio ganó por una diferencia de 16.000 votos: el 1 % del electorado. Entonces, vamos a tratar de aportar y no de descalificar a los otros.

En definitiva, sí, claro que acá todos cometieron y cometimos errores, pero para superarlos tenemos que sumar y no restar. Tenemos que apelar a toda nuestra imaginación para poder salir adelante. Ahora, si ante cualquier posibilidad nos dicen que no, y encima se nos ponen palos en la rueda –y además, en lugar de gobernar tenemos que dedicarnos a hacer campaña electoral–, nos paran el puerto, UPM, y todos los demás dispositivos, como se los llama ahora, va a ser muy difícil que podamos ir superando el fenómeno de los asentamientos.

Para terminar con las referencias históricas, los pueblos de ratas surgieron con el alambrado de los campos en la época de Latorre. Y eso realmente era muy minoritario. El otro día se hacía referencia a los cantegriles. No me molesta el nombre que se dé a las cosas; me preocupan las cosas que pasan. Pero era una infinita minoría porque la gente podía ahorrar y tratar de tener una vivienda humilde, pero construida con su propio esfuerzo. ¡Claro que es un problema ideológico! ¡Claro que sí! No puede el Estado soportar todas las responsabilidades. ¡No hay plata! ¡Se acabó!

Vamos a hacer todo lo posible para que el abordaje de todo el programa de gobierno, el compromiso de la coalición para el país, pueda llevarse a cabo. Y vuelvo a repetir: yo confío en la ciudadanía, como la ciudadanía confió en nosotros. Se ve que todo bien no lo hacían porque si no los hubieran seguido votando.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- No pensaba intervenir en este tema, pero fui tentado por el señor senador Botana, sobre todo. Me parece importante señalar algunos aspectos y al menos referir a algunos elementos que aquí se han planteado.

Una de las cosas que se aprenden en los Gobiernos departamentales es que para ninguna de las problemáticas hay soluciones teóricas fáciles. A partir del convencimiento de que con esas herramientas se van a resolver los problemas, muchas veces lo que hacemos es –como parte de la discusión que se ha dado– defender el artículo para poder aplicar una política, pero se termina cayendo en el fundamentalismo, estilo barrabrava. De esa manera nos alejamos del aporte de elementos objetivos para resolver un problema que no queremos, desde dos puntos de vista. Por un lado no queremos que existan asentamientos a los que la gente es expulsada y donde vive en condiciones que no son humanas, pero también hay situaciones que se generan a partir de construcciones irregulares, como bien afirmaron los señores senadores Andrade y Carrera, donde algunos sacan provecho de determinadas decisiones, pero con otras realidades. En nuestro departamento –y me refiero al departamento en el que vivo, que es Rocha– se da más esta última situación: gente que tiene la posibilidad de aportar muy bien en construcciones de muy buena calidad, toma decisiones rápidas para ocupar lugares exclusivos. Esto también se da en Canelones y Maldonado, pero en Rocha se presenta con mayor fuerza. Y no se resuelve con una visión como la aquí planteada, que consiste en ir y barrer en el territorio.

Hoy hay zonas de playa exclusivas en el departamento de Rocha. Desde el año 1996 los Gobiernos departamentales han decidido que esas casas no pueden estar en playas que son de uso público. Es como si a alguien se le ocurriera construir en una plaza pública. Es gente que vive de rentas y en barrios con todos los servicios: Pocitos, Carrasco. Hay extranjeros, muchos. ¡Vaya si queremos solucionar eso! Ahora, con esta herramienta… Ojalá me ganen en la discusión, la apliquen y puedan resolver el tema. Pero ¿saben qué? No van a poder; lo decimos por la experiencia que tenemos. Ojalá tengan suerte, no ustedes, ¡todos los uruguayos! Porque hay que recuperar esos espacios para el uso público, porque son espacios fiscales. En el caso de Rocha, particularmente, ¡las ocupaciones son de lujo! Esta tarde me mandaron un mensaje. ¡Miren lo que son las casualidades de la vida! Me dicen que en el Cabo Polonio se abrió de nuevo la canilla. ¡Empezaron a construir! ¡El que le construyó la casa al presidente está edificando casas por todos lados!

SEÑOR DA SILVA.- ¿Y eso qué tiene que ver?

SEÑOR PEREYRA.- Ah, ¿no tiene nada que ver?

Presidenta: yo me dirijo a usted. Si no me creen, vayan y comprueben. ¿Saben por qué? Porque tienen plata para pagar abogados. La mayoría de los que viven en asentamientos no van a tener abogados. En Punta del Diablo hay más de cien construcciones que están con recursos judiciales. ¡Hace siete años! ¡En el período pasado no pudimos! Todas esas casas están arrendadas. ¡Es gente muy bien! Ojalá se pueda resolver ese tema en esos lugares. Pero no se soluciona con la misma vara. No se resuelve, porque el grueso de los asentamientos en que vive la gente más embromada seguramente no va a contar con la defensa de abogados. Esa es la realidad objetiva.

(Murmullos en sala).

–¿Me puede apagar la barrabrava, señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor!

SEÑOR PEREYRA.- ¡Dios mío! ¡Se arremangó como para ir al estadio y no para discutir!

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio! ¡Silencio!

Puede continuar, senador.

SEÑOR PEREYRA.- Gracias, señora presidenta.

La experiencia puede ser poca, puede ayudar, puede no ayudar, pero es una realidad. Cuando asumí como intendente en el 2015 –y este fue un proceso largo, que abarca a todos los Gobiernos departamentales de Rocha, desde 1995 a la fecha; es una cuestión cultural y compleja– muchas veces pensé que se solucionaba de esta manera, pero lamentablemente no se ha podido resolver. Ahora, en los lugares en que vive la gente más humilde, que no puede pagar abogados, es probable que se resuelva en el sentido en que fueron muchas de las argumentaciones que aquí escuchamos.

Es una realidad que existe, en menor medida que en otros lugares, pero existe.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑORA PEREYRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero dejar dos constancias.

En primer lugar, no es una opinión que el Banco Hipotecario estaba quebrado. No voy a entrar en una polémica acerca de las dificultades que tuvo el Banco Hipotecario. Hay un libro, que recomiendo, del ciudadano Mario Bergara: Las nuevas reglas de juego en Uruguay.

SEÑOR BERGARA.- ¡En las mejores librerías de plaza!

(Hilaridad).

SEÑOR ANDRADE.- Esas reglas implican –cambió el Gobierno, pero no se modificaron– un aprendizaje. La crisis del 2002 nos generó un aprendizaje en cuanto a qué tiene que hacer el Banco Central con el sistema financiero. Y es un aprendizaje que se sostiene en términos de los riesgos que plantean determinadas cosas que pasaron en el Banco Hipotecario, que fueron bastantes más que las derivadas de la crisis de 2002. De todos modos, ya en ese año quedó con 777:000.000. No podía pagar los sueldos; los pagaba el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, es un dato de la realidad.

Segundo elemento: esta es una discusión compleja que vamos a sostener durante un tiempo largo. Me refiero al abordaje de la problemática de la vivienda. No merece que la ubiquemos en un lugar donde no está. Nadie en esta sala tiene la intención de promover los asentamientos irregulares. Al contrario. Queremos resolver ese tema. Tan así es que, de resolver la segmentación territorial, creo que estaremos dando un paso enorme para solucionar buena parte de los problemas de violencia en la sociedad. Todas las sociedades que tienen segmentación territorial son las más violentas. Por algo en América Latina tenemos los indicadores de violencia que todos conocemos.

En consecuencia, no se puede ubicar el debate en esos términos. Quienes entendemos que esta solución que se intenta generar para evitar el desborde de los asentamientos irregulares es mala, no lo creemos porque estemos promoviendo los asentamientos irregulares y porque nos encante que la gente vaya a vivir a esos lugares. ¡No! Estamos tratando de reflexionar y hacer entender por qué esta iniciativa y el mensaje que se da están equivocados. Pero esa es una opinión política que tenemos todo el derecho a hacer porque todos los que estamos acá representamos a una parte de la sociedad. Y esta casa tiene que permitir que todas las ideas, las que resultaron mayoritarias y las que no, se expresen. Entonces, no vale que nos quieran correr cada vez que tenemos una divergencia sobre un proyecto, sobre una ley, sobre una iniciativa, y que pretendan hacernos callar con los datos de las elecciones. ¡No! ¡Tenemos todo el derecho a manifestar nuestra opinión! ¡Y vamos a defender, señora presidenta, ese derecho, porque es una forma de defender al pueblo que nos votó y generó las condiciones para que estuviésemos acá!

Sobre este tema no tenemos diferencias.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR PEREYRA.- Le concedo otra interrupción, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Claramente, parte del reclamo es que estamos convencidos de que la vivienda es un área en la que se podrían generar políticas de Estado. Y eso es parte de lo que nos duele, es decir, el no haber generado un espacio para construir políticas de Estado. Además, tenemos la convicción de que un problema estructural de esa complejidad no se resuelve con esta clase de instrumentos, y tenemos la responsabilidad, y el derecho, de poder dar la opinión política.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 236.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

Los artículos 237, 238, 239, 240, 306, 307 y 308, refieren al Instituto Nacional de Colonización y a la creación del fideicomiso.

En consideración.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Creemos que la centralidad del Uruguay tiene que ser la del trabajo. Tan así es que la problemática que abordamos con el tema de la vivienda, de las circunstancias que pudiera haber con respecto a ella, no se pueden mirar de forma separada a la fragmentación del trabajo y a las dificultades para construir trabajo de calidad. En el desarrollo de las ventajas comparativas dinámicas y en las políticas públicas Uruguay tiene un enorme desafío para lograr resolver, en nuestra mirada, asimetrías que nos vienen acompañando desde hace décadas y que, entre otras cosas, generan mucha dificultad para la radicación en la campaña.

Pensar la radicación en la campaña implica potenciar una institucionalidad agropecuaria, creemos que de manera insuficiente, pero lo cierto es que se sentaron las bases y se profundizaron en los últimos años. Un ejemplo claro de eso es el Instituto Nacional de Colonización, que tuvo en los últimos tiempos una jerarquización muy importante. Alcanza con ver el comportamiento del patrimonio del instituto, la cantidad de hectáreas adquiridas. Vale aclarar que esta no es una discusión lineal: el Gobierno que siguió a la dictadura recibió el país con un 66 % de pobreza general y con enormes dificultades, y el del período 2000-2004 casi no pudo adquirir hectáreas porque tuvo que enfrentar una crisis profunda. No queremos hacer un cálculo que descontextualice, pero hay un dato que es real: pasamos de un promedio –quizás el período de mayor adquisición de hectáreas sea el que va de 1990 a 1994– de 1400 hectáreas, a incrementar el patrimonio con 133.000 hectáreas adquiridas, sobre todo en el último período, a un promedio de 12.000 por año. Esto implica que la institucionalidad con relación al Instituto Nacional de Colonización, articulada con otras, nos permite amainar una circunstancia que es global, y que en América Latina se expresó con mucha potencia, sobre todo a partir de ese fenómeno sociológico y económico que se dio en China: el hecho de que 30:000.000 de chinos por año abandonaran las zonas rurales para ir a áreas urbanas, la demanda de alimentos y la presión que ella generó sobre los precios de los commodities. Todo eso, combinado con algún factor regional, generó una transferencia de capitales para el agro que tuvo como uno de sus componentes el crecimiento, pero también la concentración. Y la concentración de poder termina generando un problema. Por lo tanto, la institucionalidad agropecuaria que permita pensar estrategias que diversifiquen la cuestión es central. Para ello es cardinal potenciar la Dirección General de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Colonización, más otras que existían de antes, como el Inale, el Inase y el INIA.

Creemos que en este caso se golpea una institucionalidad que reclama más cancha. ¿Por qué? Es una muy buena noticia para el Uruguay que tengamos todos los años 1000 o 1100 aspirantes a colonos. ¡Es una muy buena noticia! Y tendríamos que pensar un objetivo que permitiese multiplicar, hasta por el peso que tiene en el desarrollo productivo, económico y social, esa cantidad de aspirantes y atender esa demanda.

Sinceramente, creemos que es una muy mala señal dado el componente de la centralidad del trabajo. Tengo en mi poder los recursos asignados por año al Instituto Nacional de Colonización: en el 2012, 30:000.000; en el 2014, 32:000.000; en el 2015, 31:000.000; en el 2016, 24:000.000; y en el 2017, 30:000.000. El Instituto Nacional de Colonización también compartió parte de las dificultades que tuvo el país en los años 2001 y 2002, al punto que estuvo al borde del cierre, del colapso, como fue reconocido por las autoridades. Incluyendo a los becarios, tenía 312 vínculos laborales en el año 2000, pero con un manejo de ingresos muy inferior y una potencialidad de desarrollo también muy inferior. Lo cierto es que logró resultados que creemos que son como para potenciar el trabajo. Como toda institucionalidad, es mejorable, pero para potenciar el trabajo, que el 85 % de los colonos no tenga morosidad es una muy buena señal desde el punto de vista del desarrollo de esta política. Es una muy buena señal. Hay 5700 familias que están vinculadas al trabajo en colonización, 3500 unidades de producción familiar, 2200 beneficiarios, 7000 puestos de trabajo directos.

Entonces, antes que nada confrontamos con la señal, que es la siguiente. Si esta es una institucionalidad por profundizar, porque tiene como una centralidad desde el punto de vista del trabajo y, además, es superavitaria, es contradictorio el mensaje que damos cuando recortamos recursos para el Instituto Nacional de Colonización. Y el presupuesto nacional recortó recursos para colonización, porque uno de los instrumentos que financiaba la compra de tierras para el instituto fue recortado y topeado en $ 100:000.000 el año pasado. Esa fue la primera señal. Se nos podría decir que el año pasado teníamos que afrontar la emergencia de la pandemia, pero ahora, cuando según la coalición de gobierno –y hay datos bastante sólidos en ese sentido– estamos a la salida de la pandemia, desde el punto de vista del empleo –ayer hubo una larga exposición del señor senador Penadés respecto al crecimiento económico en un montón de aspectos–, en lugar de dar la señal en la rendición de cuentas de recuperar lo que se recortó el año pasado, se utilizan fondos del Instituto Nacional de Colonización para la vivienda. La vivienda tiene una integralidad; los asentamientos son parte del problema. Y el presupuesto de vivienda fue recortado en USD 35:000.000.

Entonces, parte de la discusión que tenemos con respecto a estas soluciones es que hubiera alcanzado con no recortar el presupuesto en materia de vivienda para pensar recursos para la ingeniería del fideicomiso distintos a tocar los fondos del Instituto Nacional de Colonización, por la señal, pero además por el fondo. A diferencia de algunas de las leyes que nutren la compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización, todos sabemos lo que ocurre con los recursos del presupuesto que no son utilizados. Hemos escuchado a autoridades y, además, tenemos un elemento que nos preocupa en términos de la tensión que existe a la interna de la coalición respecto a la importancia a dar a colonización. Todos escuchamos al presidente de la república, al salir de la reunión con la Asociación Rural del Uruguay, decir con mucha energía que su orientación era que el Instituto Nacional de Colonización no comprara más tierras, y ese fue el resultado que tuvimos desde el 1.º de marzo, cuando asumió el Gobierno. No se compraron más tierras en una política –la del Instituto Nacional de Colonización– que, además, ha sido una política de Estado porque es algo que se votó por la unanimidad del directorio con los votos de todos los partidos políticos.

Además, el promedio de la compra de tierras ha estado un 10 % por debajo del promedio del mercado y con resultados, desde el punto de vista de la gestión del Instituto Nacional de Colonización, que generan esta centralidad.

La importancia que tiene para algunas áreas específicas es indiscutible, como para la industria lechera. ¡Vaya si el tema habrá estado arriba de la mesa, sobre todo desde que se descalabró, producto de la no exportación a Venezuela, que ahora está en proceso de recuperación!

Nos parece, señora presidenta, que esta es una muy mala señal. Es una señal en una dirección contraria. La solución que se encontró es mejor que lo que había, que era nada; eso tenemos que reconocerlo, aunque tiene debilidades. Es un retroceso menor; es una parte de la solución –de hasta 15:000.000– de una conducción económica que ha demostrado tener frialdad acerca de este instrumento y de su potencialidad.

El Instituto Nacional de Colonización tiene un plan para el período. Lo presentó y está en la página web. Lo hicieron los integrantes del actual Gobierno antes de que se hubiera integrado nuestro director, pero lo compartimos. Es un plan que fue construido con consenso político en la dirección del Instituto Nacional de Colonización, pero requiere mayores recursos que los que estamos destinando con este presupuesto.

Además, creo que este debate le hace mal a una política que debe tener centralidad. Este proceso de incremento de los commodities y de concentración ha sido sustantivo para el crecimiento económico, pero nos genera problemas en varios niveles: muchos pequeños productores tienen que venderles a los grandes, genera problemas con la soberanía y ambientales también.

Nosotros pensamos una política de desarrollo que vaya diversificando el desarrollo rural y este instrumento es imprescindible y, en nuestra opinión, habría que potenciarlo. En este caso, este instrumento se recorta y, por tanto, es una señal que no podemos acompañar.

Nosotros planteamos una alternativa. El fondo de imprevistos son USD 500:000.000 y pensamos que habría que construir desde ahí el fideicomiso para atender los asentamientos irregulares, sin tocar los recursos del Instituto Nacional de Colonización, de manera que este instrumento, que es muy importante, se desarrolle.

Sinceramente, creemos que, además, es una señal contradictoria. Buena parte del tiempo se ha hecho el planteo con una mirada crítica, en el sentido de que, censo agropecuario tras censo agropecuario, desde la década de los cincuenta, venimos constatando que el chico, el pequeño, es el que cae. De 21.000 o 22.000 productores familiares, casi 6000 existen gracias al Instituto Nacional de Colonización y la viabilidad de muchos de ellos depende del arrendamiento. Por lo tanto, ¡si será importante que este instituto cuente con los recursos suficientes para atender la problemática!

En lugar de estar discutiendo cómo profundizar esa institucionalidad ?además, generaba las condiciones para salir de una situación muy difícil y pasar a ser superavitaria?, nos estamos recortando una herramienta que permite construir la centralidad del trabajo. En ese plano creemos que es un error la solución a la que se llega.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: nosotros queremos presentar dos temas íntimamente vinculados, que así han quedado por razones políticas. Me refiero a los artículos vinculados al Fideicomiso Integración Social y Urbana y a los recursos para el Instituto Nacional de Colonización.

El artículo 307 –y esta es la primera aclaración que quiero hacer– autoriza al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso que no tiene por objetivo la regularización y relocalización de asentamientos. Lo hemos simplificado en eso; tiene un objetivo más amplio. Obviamente, lo que se define con el término «asentamiento» es la relación de la persona o la familia con la propiedad de la tierra y no otra cosa y las condiciones de esos asentamientos son muy disímiles, incluso en cuanto a su calidad urbana. Más allá de eso, el artículo 237 dice que el fideicomiso tendrá como objeto el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico. Este fideicomiso también puede ser utilizado para una cantidad de viviendas precarias, de muy malas condiciones, que no necesariamente estén construidas en un terreno ajeno, que hay que regularizar, comprar y reurbanizar. Esta situación se da mucho en el interior del país y merece el mismo tratamiento porque las personas viven en iguales y a veces en peores condiciones que aquellos que construyeron modestamente su vivienda en un terreno que, de alguna manera y por alguna razón, ocuparon en algún momento. Por lo tanto, creo que es un fideicomiso que tiene una visión integral para encontrar soluciones para familias de contexto crítico que viven en viviendas vulnerables. Podemos decir que en su final último tiene el mismo espíritu que tuvo Mevir en su creación.

El artículo 238, que tiene un sustitutivo en la hoja 13, establece los recursos para este fideicomiso y dispone que se financiarán mediante la reasignación de UI 106:000.000, de la transferencia prevista en el inciso segundo del artículo 7, etcétera. Todos conocemos el origen de este monto, que aquí no tiene tope; asimismo, recibirá lo recaudado en virtud de la enajenación de los inmuebles rurales, de acuerdo con las normas que marca aquí. Estos son los dos impuestos que tenían como destino financiar al Instituto Nacional de Colonización y uno de ellos tiene un tope presupuestal de $ 100:000.000. Quiere decir que hoy este instituto tiene recursos de aproximadamente USD 20:000.000, por fuera de su gasto de funcionamiento habitual. Recauda unos USD 16:000.000, de los cuales destina USD 11:000.000 a financiar su funcionamiento y USD 5:000.000 puede volcarlos a otros fines; lo que recibe de estos dos impuestos, uno de ellos con tope, son unos USD 15:000.000 más. Estos dos impuestos que salen de allí y financian el fideicomiso –es verdad que uno de ellos es sin tope– son dos recursos fundamentales, aunque el mismo artículo establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer otros eventuales nuevos aportes al referido fideicomiso.

Con respecto a estos dos impuestos que se transfieren, el inciso segundo del texto del artículo que hemos distribuido dice que dicho financiamiento operará durante la vigencia del fideicomiso. Por algunas observaciones que se hicieron en la discusión de la comisión, resolvimos incorporar –y es el cambio que tiene la hoja 13– una aclaración que agrega: «culminado el cual volverá a su destino anterior». Queda claro que se va, pero en algún momento vuelve. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque tampoco sabemos cómo se constituirá. Hay un monto que definir, un financiamiento por obtener, un interés y un plazo para fijar. ¿Serán diez, doce o quince años? Estas variables están allí. ¿Será una institución financiera o un organismo multilateral de los que tienen plazos más largos y tasas más convenientes? Puede ser.

Lo cierto es que aquí dejamos claro que, en algún momento, cuando culmine, vuelve; no es que no se financie más ni que como no tiene destino natural vaya a rentas generales. Su destino final es volver al Instituto Nacional de Colonización.

Está claro que el artículo 239 deja prevista la posibilidad de que el fideicomiso se convierta en uno de naturaleza financiera y, por supuesto, emita títulos valores. Esa es la razón fundamental –aunque no la única– para preferir la recaudación de estos dos impuestos antes que una partida de rentas generales. Obviamente, aquí hay una ingeniería: se va un recurso y viene otro. ¿Por qué no se hizo de manera diferente? Los fideicomisos –lo saben los que de una manera u otra han pasado por los Gobiernos departamentales–, cuando son financieros, tienen mayor posibilidad de constituirse si la garantía es una renta afectada, como lo es la recaudación de un impuesto, que si es una partida presupuestal. Sin dudas, también se registran de manera diferente. Si es una partida presupuestal, se registra como endeudamiento público; si no lo es, no se registra como tal. Entonces, tomamos los recaudos para que la deuda del país, que ha crecido incluso más –porque en esta misma rendición de cuentas el Poder Ejecutivo propuso y se ha otorgado el aval parlamentario para un aumento del tope de deuda previsto–, no siga aumentando y que, por lo tanto, no se genere más exposición ante las calificaciones que nos brindan las calificadoras de riesgo, y esto también parece prudente y mejor.

Este no es el único instrumento que evita el registro de una deuda como pública. Lo dijimos en la comisión; las PPP –desde su nacimiento en Uruguay–, al quedar comprometido su pago en el presupuesto nacional, como se consagran partidas para enfrentar algunas de las que están en ejecución, o que se han ejecutado y se están pagando, no se registran como deuda pública. A pesar de que es deuda se integran como parte del gasto corriente del Estado. Por lo tanto, es más conveniente hacerlo así; no lo vamos a ocultar, como tampoco podemos esconder el monto del endeudamiento creciente que tiene el país.

Esta es la manera que encontramos para enfrentar un desafío importante, que este tema tiene, además de la norma. El gran desafío que vendrá es el de poder ejecutar esos recursos. Para eso se requieren recursos humanos, calificados en muchos casos, y no solo la tarea de urbanistas, arquitectos, ingenieros, agrimensores, sino, sobre todo, de muchísimos trabajadores sociales y de una fuerte ingeniería integral de trabajo social para poder abordar las consecuencias de la regularización, que requiere relocalizaciones, mudanzas de personas y de familias a otros lugares, con todo lo que eso implica. Muchas personas viven en situaciones muy precarias, pero al mismo tiempo se resisten a la posibilidad de mudarse del lugar con el que están familiarizadas, cerca de sus ingresos, de su forma de vida, etcétera. Todos a los que les ha tocado ejecutar estos planes saben que es un tema muy complejo.

También es verdad que hay experiencia acumulada desde hace muchos años, no solo en los Gobiernos nacionales –como el caso del PIAI durante el Gobierno de Jorge Batlle, que comenzó una experiencia de esta naturaleza–, sino también en varias intendencias, como las de Montevideo y Maldonado, con experiencias de enorme porte que, aunque exitosas, han tenido que vencer obstáculos y aprender sobre la marcha.

Entrando en el tema Colonización, los artículos 306 y 307 hay que mirarlos en conjunto. Mediante ellos se asigna una partida presupuestal de USD 15:000.000 anuales a partir del ejercicio 2022. Por lo tanto, al ser anuales y a partir del 2022, quedan planilladas y van más allá, no solo del año 2022 sino de este Gobierno. Es una partida presupuestal permanente y para que quedara clara la situación, le hicimos algunos cambios a estos dos artículos, que están en la hoja 16 que modifica el 306, y en la hoja 14 que cambia el 307.

La hoja 16 no tiene misterio, establece lo mismo que el primer inciso del repartido que aprobó la comisión. Dice así: «Asígnase en el inciso 21, “Subsidios y Subvenciones”, Unidad Ejecutora 002, “Presidencia de la República”, en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas Generales”, para el Instituto Nacional de Colonización –con un destino definido–, con destino a la compra de tierras, un monto anual de hasta UI 135:000.000, a partir del año 2022», o sea, un monto equivalente a USD 15:000.000. Esto es igual, lo que hicimos fue retirar el artículo 2.° porque el financiamiento de esos USD 15:000.000 figura en el artículo 307, parcialmente, y está consagrado desde otra fuente en el artículo 306. Entonces, preferimos dejar el actual artículo 306 con la asignación presupuestal, y en el 307, que ahora es la hoja 14, definir cuál es la fuente de financiamiento de esos USD 15:000.000. El inciso tercero o cuarto –no sé cuál es de esta hoja 14, la nueva redacción del artículo 307– dice: A los efectos de financiar la asignación dispuesta en el artículo anterior –que acabamos de ver–, reasígnase la partida presupuestal asociada al programa de referencia creada por el artículo 255 de la Ley n.° 18172 y de la partida dispuesta por el artículo 233 de la Ley n.° 19535 y el artículo 317 de la Ley n.° 19670 se establece el monto de $ 165:000.000 para este segundo caso. La primera financia unos USD 11:000.000, la segunda, lo que falta, unos USD 4:000.000.

Voy a empezar por la segunda, que destina $ 165:000.000 de una fuente que estaba prevista originalmente para pagar sentencias judiciales. En la rendición de cuentas del 2016 se previó, por única vez, una partida para pagar los convenios con los funcionarios judiciales de los litigios procedentes de la rendición de cuentas.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–No me acordé de que disponía de un tiempo limitado para este tema, que es tan complejo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le pido al señor senador Gandini que redondee.

SEÑOR GANDINI.- No puedo redondear, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora senadora Asiaín, y pido disculpas al Cuerpo, pero este es un tema al que más vale dedicarle un poco de tiempo porque, de lo contrario, luego estaremos muy entreverados.

En la rendición de cuentas del 2016, que rige a partir del 1.° de enero de 2017, el artículo 233 de la Ley n.° 19535 estableció una partida por una sola vez de $ 160:000.000 destinada al pago de los convenios que surgían de aquel litigio, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Por otro lado, el artículo 317 de la Ley n.° 19660 otorgó otra partida por una sola vez para 2018 y 2019, de $ 670:000.000 y $ 540:000.000, respectivamente, destinadas al pago de los convenios judiciales. Quienes participamos de ello recordamos la complejidad y la ingeniería que hubo que hacer en aquel momento, porque era un convenio al que tenían que adherirse una cantidad de funcionarios, y no se sabía cuántos iban a hacerlo. Entonces, se hizo una previsión pero no se sabía si iba a alcanzar o a sobrar. Lo que sucedió fue que, por error –esto pasó en la Administración anterior, pero fue un error que puede cometerse sin problemas–, esta partida se registró en términos presupuestales como TC3; quiere decir que una partida que era por única vez quedó registrada en 2019 como TC3, como si fuera una partida permanente. Vencido el 2019, en el 2020, que fue el primero de este Gobierno y no tenía presupuesto, como presupuesto espejo se replicó, y quedó como partida también para el 2020. En la ley de presupuesto nacional, dado que todavía no se conocía con certeza la situación de algunos colectivos, volvimos a generar un nuevo convenio con funcionarios al que no sabíamos todos los que iban a engancharse –incluso, los actuarios dudaban en cuanto a si iban o no a sumarse– y se presupuestó para el período 2020-2024 y de modo permanente. Es decir que el crédito está firme, por supuesto que está en el planillado y está disponible. Tan así es que ya en 2020 se usó como fuente de financiamiento en el presupuesto nacional para algunos incrementos, que tanto diputados como senadores agregamos, financiándolo con esas partidas, que todavía tienen recursos. Así y todo, los convenios que allí se financiaron no salieron de este artículo 317, sino de aquellos $ 670:000.000 y $ 540:000.000, es decir que tienen financiamiento aparte. Estos quedaron sin utilizar para los convenios, y por supuesto que tienen recursos. Es más, estos $ 165:975.000 no son todos los recursos que tienen, sino que quedan más, pero, obviamente, no voy a decir cuántos, para que no crezca la ansiedad y esa tendencia que tenemos de usarlo todo.

(Hilaridad).

–Fuera de broma, no lo tengo muy claro, pero de eso acabamos de usar 20:000.000, que son los de Inisa que acabamos de votar en común. O sea que van a quedar allí todavía unos 13:000.000.

Es decir que, entonces, una parte de lo que va a financiar el Instituto Nacional de Colonización sale de estas partidas, que obviamente son reasignaciones y no generan aumento presupuestal; sin embargo, sí generan un aumento de caja, obviamente, porque estaban en el presupuesto previsto, pero no se gastaron. Es decir, en términos sencillos, aumentan el gasto y, por lo tanto, la diferencia entre ingresos y egresos previstos igual aumenta el déficit.

La primera parte se financia sustituyendo al Mides por el Ministerio de Economía y Finanzas para que financie directamente la obligación que tiene el Mides, que es el que define las pensiones a la vejez que luego el Banco de Previsión Social, desde su función operativa, va a pagar.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–El Banco de Previsión Social paga por cuenta y orden de quien define con criterio social quiénes perciben esas pensiones. Luego, el Mides, con sus propios recursos disponibles en un crédito, al final del año transfiere la totalidad de lo que el BPS pagó. De esta forma, lo que se hace es sustituir al Mides por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El primer inciso de este artículo 307 dice: El mencionado subsidio será servido por el Banco de Previsión Social con los fondos que al efecto le transfiera –acá antes decía Mides– el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto-Ley n.º 14550, de 10 de agosto de 1976. Alguien preguntaba dónde estaba la autorización presupuestal o los recursos para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda disponer ahora de los recursos para pagar al Banco de Previsión Social. Eso está en este artículo 47 de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio de 1975 –por eso es un decreto ley–, que es la más genérica de todas las que refieren a esto y dice: «Autorízase al Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, a atender las insuficiencias financieras de los Organismos de Previsión Social estatales debidamente justificadas ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto».

Todos sabemos que al BPS no le alcanzan sus propios recursos para pagar su presupuesto, pero no hacemos cada año un presupuesto para pasarle lo que le falta; para eso hay una autorización general que autoriza y a la vez obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a cubrir la diferencia, que siempre cubre. ¿Qué se está diciendo acá? Que el ministerio también va a cubrir esto, como parte de lo que le va a afectar al BPS. Es decir que el BPS no va a tener que disponer de recursos propios –que, además, no los tiene liberados–, sino que va a utilizar los recursos por el mismo modo, medio y respaldo legal que se le pasan los demás recursos que necesita. Por eso, se dice que es de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de ese decreto ley. Esta es la ingeniería y no tiene mucho más misterio. Acá tenemos las planillas y la disponibilidad; si las quieren ver, se las podemos alcanzar luego a los coordinadores de bancada. Tenemos la disponibilidad para cada uno de los ejercicios en la partida principal, que es la que corresponde a lo disponible para pagar los convenios judiciales.

Nos podrá gustar o no, podrá ser mejor o no, pero quiero dar tranquilidad al Cuerpo de que se cumple con la normativa. Los recursos y los créditos están disponibles, están presupuestados de modo permanente y no han sido utilizados. Por supuesto, en ambos casos se aumenta el gasto, pero está cubierto dentro de la normativa presupuestal y dentro de la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió. Creo que se cumple desde este punto de vista.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Asiaín.

SEÑOR BERGARA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Para entender bien, ¿de cuánto se nutriría, finalmente, el fideicomiso, sumando lo que surge de los dos impuestos, con el tope de uno, más esta otra ingeniería que involucra las pensiones a la vejez? ¿El fideicomiso se nutre con USD 20:000.000 o con USD 30:000.000?

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede responder el señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- El fideicomiso se nutre con el producido de ambos impuestos, que será variable, pero con ambos impuestos sin tope. Aquí no se hace referencia al tope. Incluso, habla específicamente de UI 106:000.000. El que está topeado habla de UI 106:000.000 porque es una partida fija y el otro es la recaudación total, o sea que va a tener el total de la suma de los UI 106:000.000 y la recaudación del ICIR.

SEÑOR BERGARA.- El ex-ICIR, el aditivo al IRPF.

SEÑOR GANDINI.- Por eso no le quiero poner nombre, porque es bien entreverado.

En el caso del Instituto Nacional de Colonización, tiene una partida presupuestal de hasta UI 135:000.000, que es el equivalente a USD 15:000.000, que se va a financiar por esas dos vías.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Y si son USD 15:000.000, esas dos vías pueden financiarlos y es una partida garantizada en el presupuesto, una transferencia presupuestal de cada año. Digo garantizada porque los recursos están. El «hasta» lo vamos a discutir después, no quiero entrar en eso ahora, quiero explicar la ingeniería. El «hasta» quiere decir que si son UI 135:000.000, hay UI 135:000.000 disponibles en el financiamiento que aquí se establece.

Si no hay otra consulta, doy por terminada mi intervención.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: estamos entrando en un debate que tiene bastante historia en el país. Más allá de toda la explicación de la ingeniería que se acaba de hacer –que es mejor que lo que se votó en la comisión–, lo cierto es que la discusión sobre el Instituto Nacional de Colonización en este país tiene una larguísima tradición de encuentros y desencuentros y de actores políticos que han estado de un lado y del otro de esos encuentros y desencuentros de manera histórica.

Entre 1943 y 1950 uno de los principales temas de debate del Parlamento era la reforma agraria y había varios proyectos de ley de distintos partidos y de distintas tendencias en el Parlamento. Tan así es que en el Senado de la república se creó una comisión para la reforma agraria, que trabajó durante algún tiempo con varios proyectos de ley que tenían distintas visiones. Se logra emerger de allí a partir de algunos acontecimientos que se dieron en el país, en lo que finalmente fue la creación del Instituto Nacional de Colonización. En realidad, diría que el verdadero impulso para que se creara el instituto, luego de varias discusiones muy ricas en el Parlamento –que están contenidas en los antecedentes que están en el Senado de la república–, se dio durante la presidencia de Amézaga en la que, efectivamente, el Poder Ejecutivo planteó la necesidad de alcanzar la voluntad política para avanzar en este tema al que no se le encontraba solución, si bien en 1940 la cartera de colonización del BHU ya funcionaba y había generado 200.000 hectáreas colonizadas.

Tan así fue, que a partir de 1943 –se concretó en enero de 1944– la Comisión Nacional de Fomento Rural empezó a promover la necesidad de un encuentro nacional de colonización –en el que, además, se generó un enorme debate, se crearon ocho comisiones– y quien lo presidió fue César Mayo Gutiérrez, que comenzó citando a Stuart Mill, que decía que la propiedad cuando no es conveniente no es justa. Y también hizo uso de la palabra el ministro de Ganadería y Agricultura de la época, González Vidart, quien haciendo alusión a colonización dijo que debería tender a contrarrestar las causas del despoblamiento de la campaña, entre las que puede mencionarse el proceso económico de concentración de las explotaciones favorecido por el crédito otorgado al que tiene mayor disponibilidad.

Finalmente, en ese encuentro inaugural habló don Tomás Berreta –que en ese momento era ministro de Obras Públicas–, quien manifestó que había ido a llevar la decisión del Gobierno nacional y que lo que emergiera de ese encuentro contaría con el decidido apoyo del Gobierno nacional. Las diversas medidas tomadas atestiguan dicha situación.

Así se empezó a avanzar, pero en realidad fue Luis Batlle Berres el que le dijo al Senado de la república y a la Comisión de Reforma Agraria que estaban los recursos, que había voluntad y dinero para hacerlo y que era necesario avanzar. Se avanzó y se trajo al pleno de la cámara el debate sobre la creación del Instituto Nacional de Colonización, en el que hubo cuatro controversias principales.

Antes de eso, hubo un gran debate a nivel nacional, en el que surgieron muchos detractores de la creación del Instituto Nacional de Colonización. Simplemente, quisiera citar una frase de cuando se empezó a trabajar esto. La Federación Rural, en Diario Rural, decía: «Asombra además que sectores políticos arremetan contra la ideología comunista y que dicen repudiarla desde sus diarios, en cambio se pongan de acuerdo para implantar en la patria de Artigas, Lavalleja, Rivera y Oribe un organismo exótico para sovietizar la tierra regada con la sangre generosa de los gauchos».

Como decía, el debate que se dio en el Senado de la república se basó en cuatro puntos que hoy vuelven a estar sobre la mesa y que lo han estado durante todo el transcurso del Instituto Nacional de Colonización. El primero era la integración del directorio –no podía ser de otra manera– y las cuestiones institucionales; el segundo eran los cometidos –qué iba a hacer ese instituto– y las expropiaciones, en el caso de que hubiera que llevarlas adelante; el tercero era si los propietarios de la tierra debían ser los colonos o el instituto, y el cuarto, señora presidenta, era el financiamiento.

Cuentan las crónicas parlamentarias que un señor legislador, cuando sus correligionarios lo cuestionaron por votar ese invento estrambótico de los batllistas, dijo que se quedaran tranquilos, que votaba la ley pero no los recursos.

Así es como, el 18 de junio de 1948, comenzó a funcionar el Instituto Nacional de Colonización.

Es interesante traer a colación alguna expresión más de las que se vertieron en aquel debate. Justino Zavala Muniz decía: «Si este proyecto tiene algo que pueda ser juzgado con críticas es su timidez; timidez no solo en las soluciones que propone sino, para mí, más importante timidez en el criterio que establece». Estaba hablando, justamente, de la dificultad para avanzar seriamente en generar tierra pública en propiedad del instituto.

Tan así es que dice: «Hubiera deseado, de acuerdo con profundas convicciones personales y con la línea mental y principista de nuestro partido, que el Estado al adquirir tierras para colonizar no las pusiera en manos de los colonos bajo el régimen de la propiedad privada. Somos contrarios a esta institución de la propiedad privada; yo lo fui siempre y lo soy cada vez más fervorosamente».

Este debate, que vuelve cada tanto, se instala nuevamente hoy, y es justamente sobre la posibilidad del financiamiento del instituto, que ha perdido recursos debido a decisiones políticas. En 2019 –bien se decía aquí– el Instituto Nacional de Colonización recibió USD 27:000.000 para comprar tierras, pero en 2020 recibió USD 20:000.000 y en lo que va del 2021 ha recibido USD 7:000.000. Eso se debe a una decisión política de recortar los recursos del instituto para la compra de tierras.

Además de las diferencias ideológicas que puedan existir sobre esta cuestión –sobre este supuesto estrambótico instituto sovietizante–, que permanecen hasta el día de hoy, también es cierto que en los últimos quince años se incorporaron 133.000 hectáreas –ya no es una razón ideológica; hay razones económicas para oponerse al instituto– y que el 85 % de esas tierras se incorporaron gracias a la aplicación del artículo 35 de la ley de colonización. Dicho artículo expresa que cuando hay una transacción entre dos privados que conciertan la compraventa de un inmueble rural el instituto puede tomar la opción de compra y, en ese caso, el comisionista se queda sin cobrar.

Entonces, el expresar que habrá menos recursos para el instituto para comprar tierras es una mala señal para las familias rurales, es decir, para los productores familiares, que quieren acceder a ellas. En los últimos cincuenta años, los productores familiares han venido decreciendo en el país. De hecho, según los censos, en los últimos cincuenta años, el 75 % de la población rural del Uruguay emigró a las ciudades. Reitero: el 75 %. Entonces, el expresar que el instituto no va a aplicar la opción de compra porque tiene menos recursos –de USD 30:000.000 pasó a
USD 15:000.000, o sea que se le recortó al 50 % las posibilidades de comprar tierra– es dar la señal para que los privados sepan que el instituto tiene menos recursos para hacer la opción de preferencia en las transacciones. Esa es una malísima señal y es un enorme aplauso de varios comisionistas que ganan dinero con las transacciones de tierras en el Uruguay, que no son pocos; reitero, no son pocos. Por eso le han jurado al instituto combatirlo, porque les jode el negocio.

Entonces, acá se ha dicho un montón de cosas del instituto, pero lo cierto es que ha comprado tierras por debajo del promedio de lo que se vende en el mercado, mostrando eficiencia. Voy a decir más, y mencionaré un dato bien interesante del instituto. En el 2000 ?se ha dicho que el instituto está mal administrado, pero todo se puede mejorar? el instituto tenía 315 funcionarios y tenía $ 63:000.000 para destinar. Actualmente, tiene 284 funcionarios y administra $ 1.200:000.0000, es decir que con menos funcionarios administra más recursos. Compra 12.000 hectáreas por año y, aun así, no cubre las necesidades de todos los que se presentan. Naturalmente que las tierras que se están entregando hoy se compraron antes, tienen una cadencia: la compra de una tierra y su designación implica todo un procedimiento para prepararla, para que la reciban, en definitiva, los futuros colonos. El llamado público de los colonos también implica un proceso y lleva su tiempo, y coartar esta posibilidad es reducir la capacidad del instituto de seguir colonizando.

Con la aprobación de esto, el instituto tendrá la mitad del presupuesto que tenía para adquirir tierras con respecto al 2019. Esa es la verdad incontrastable. Hasta el 2019 tenía el financiamiento de dos impuestos sin tope y recibía USD 30:000.000. En todos estos años recibió esos recursos. A partir del 2020, con la votación del presupuesto, pasó a recibir menos y ese fue el problema: recibir el 50 % menos que antes.

Creo que este es un profundo error, debido a la señal que da el mercado de compra y venta de tierras; debido a la señal que da a los jóvenes rurales, y debido a la señal que da a los productores familiares porque el instituto hoy administra más de 600.000 hectáreas y es un reservorio para que siga existiendo nada más ni nada menos que la producción familiar.

Por lo tanto, el Gobierno ha avanzado en una redacción que lo que hace es quitar recursos ciertos, como el financiamiento de los dos impuestos, por una partida presupuestal. Asimismo, ahora lo ha mejorado un poco más porque lo votado en comisión no permitía financiar los USD 15:000.000 como estaba redactado. Ahora, puede financiar los USD 15:000.000 siempre y cuando el Ministerio de Economía y Finanzas tenga la voluntad política de hacerlo porque aquí se abaten tanto los créditos por la asistencia a la vejez ?que se explicó aquí? como los créditos no utilizados de los juicios de los convenios judiciales; sin embargo, no se transfieren al instituto. Aquí se eligió una lógica en la que se habilita al instituto a gastar «hasta» y los créditos están en el Ministerio de Economía y Finanzas; no se le dieron los créditos al instituto. Es decir que el instituto tendrá que ir hasta el MEF, en la calle Colonia, a preguntar: «¿Cuánta plata me vas a dar para ver cuánta tierra puedo comprar?». De lo contrario, habría que hacer un esfuerzo más –como acaba de hacer la bancada de la coalición de gobierno– para mejorar nuevamente la redacción de las hojas que están presentando acá y que digan que esos recursos van al instituto, que se los asignen y no queden en el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda aplicar el «hasta», que puede ser cero. Insisto en que la expresión «hasta» puede ser cero, como de hecho viene siéndolo porque, solo en el 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas –como dije recién y figura en los estados contables– trasladó 7:000.000, cuando en realidad estaba todo vigente para que trasladara 15:000.000, sin embargo, trasladó 7:000.000, la mitad. Por lo tanto, este no es un tema de creer o reventar, señora presidenta.

Creo que aquí hay un verdadero problema y que se ponga arriba de la mesa el objetivo de atender la situación de la vivienda está muy bien. En ese sentido, el Frente Amplio ha presentado, en la hoja 1, un mecanismo para financiar o seguir aportando recursos para atender la situación de la vivienda y la vulnerabilidad social que cubre los 30:000.000 que se le piensan quitar al instituto de esta manera. Acá se ha dicho: «Bueno, cuando termine el fideicomiso van a volver». ¿Cuándo? Porque si el objetivo del fideicomiso es atender a las viviendas con vulnerabilidad social, es decir, erradicar todo el enorme problema de los asentamientos –voy redondeando, señora presidenta–, no se me puede decir que en cinco, seis o diez años esto va a volver al instituto.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Es casi como decir: «Miren, le sacamos la plata, pero algún día va a volver». Ese «algún día va a volver» me recuerda lo que pasó durante mucho tiempo en el instituto con aquella frase de aquel viejo legislador que dijo, «Quedate tranquilo que les votamos la ley, pero no le votamos los recursos». Volvió a pasar, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: no vamos a hacer un análisis histórico, sino que vamos a tratar de enfocarnos en aspectos que hacen a la realidad de los colonos, a la realidad de quienes habitan los campos de colonización, la realidad del sector agropecuario, de la producción familiar, de los antecedentes y de las gestiones. Tampoco queremos hacer valer aquella frase que dijo Tabaré Vázquez sobre un expresidente: «A veces dice estupideces». No lo vamos a hacer cuando se intenta poner arriba de la mesa actividades lícitas como si esto estuviera condicionando alguna posición.

Yo no rehúyo de los debates. Hace sesenta años que mi familia tiene una empresa dedicada a las inversiones agropecuarias; lleva mi apellido y es la tercera generación. Yo estoy muy orgulloso. Lamentablemente, por estar en el Senado he tenido que dejar el día a día de la empresa, pero atribuir algún tipo de intencionalidad política contra el Instituto Nacional de Colonización por la actividad privada que tengo es, como decía Tabaré Vázquez, una verdadera estupidez.

En los últimos quince años, en este país se vendieron 6:000.000 de hectáreas. De esas, el Instituto Nacional de Colonización compró el 0,80 %, que son algo más de 100.000 hectáreas. Vaya si será una reverenda estupidez tratar de atribuirme algún tipo de posición política por la actividad privada que tengo –¡por suerte!– y que me enorgullece.

Que sepa el Senado de la república que antes de asumir como titular hubo una solicitada en mi empresa por la cual yo me desvinculaba del día a día. No la traje acá, porque es incompatible no con la actividad pública, sino con la actividad privada, por el cuidado de la gente que confía las propiedades a la empresa de mi familia. No puedo estar atendiendo hoy, a las dos de la mañana, una cosa y mañana ocuparme de otro tipo de actividades. ¡No me da el tiempo!

Nosotros le anunciamos al mercado agropecuario que íbamos a dejar esa actividad mientras estuviéramos ocupando la titularidad aquí.

Aclarado eso, vamos a empezar a hablar de verdad de los temas del Instituto Nacional de Colonización, señora presidenta. Vamos a hablar de verdad y de frente del organismo más rico que tiene la institucionalidad agropecuaria. Por lejos, señora presidenta, el Instituto Nacional de Colonización es el organismo más rico que tiene la institucionalidad agropecuaria. Imagínense que de este tema uno sabe. Puedo afirmar que el patrimonio público que tiene el Instituto Nacional de Colonización nunca es menos de USD 1.500:000.000. ¡No es poco, señora presidenta! Y, gracias a Dios, día a día, esperemos que ese patrimonio se incremente con la valorización de la tierra, como se incrementa el patrimonio de todos los productores rurales: del chico, el minúsculo, el grande o el gigantesco. Cuando aumenta el precio de la tierra se incrementa su patrimonio, y el del Instituto Nacional de Colonización también.

En la etapa del Frente Amplio, señora presidenta, fundamentalmente durante el período del presidente Mujica, líder tupamaro, líder de «¡Patria para todos o patria para nadie!», se dio en este país la mayor concentración y extranjerización de la tierra, señora presidenta. ¡De verdad! Tenían dos escapes. Uno era lavar los pecados con este impuesto para no tener que ir a la calle Tristán Narvaja y decir a la barra: «Muchachos, ¿qué hacemos? Prometimos toda la vida “Patria para todos o patria para nadie” y ¿qué está pasando? ¡Estamos vendiendo millones de hectáreas por año!». El otro era el artilugio de las sociedades anónimas. Dijeron que iba a estar prohibida la tenencia de la tierra con sociedades anónimas al portador, salvo excepciones. ¡El desfiladero que hubo por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los gobiernos tupamaros, firmando las excepciones a las sociedades anónimas de empresas transnacionales, un día sí y otro también! ¡Firmita va y firmita viene! Sin embargo, si había alguna familia uruguaya que por alguna circunstancia debía tener una sociedad anónima, ¡cuidado! ¡No se puede! Para las multinacionales, en cambio, aquello era un desfiladero, hasta el día de hoy, por excepción. La barra decía: «No se puede tener tierra. Nosotros, la izquierda, dijimos que no se puede tener tierra por sociedades anónimas». ¡Mentira, señora presidenta, excepcionaron todo sin preguntar nada!Así llegamos a la gestión del Instituto Nacional de Colonización que hoy tiene, como siempre tuvo, varias realidades. Allí tenemos al mejor campesino, al mejor hombre y a la mejor mujer de campo, gente que está radicada en el campo trabajando, gente que es próspera, que paga las rentas, que puede progresar. Tenemos los campos de recría, casi 20.000 hectáreas que hacen que los tambos se agranden en forma automática, porque se deja a la ternera en estos campos, administrados por las sociedades lecheras, fundamentalmente, y se devuelve una vaquillona a punto de parir. El tambero va y paga un pastoreo. ¡Eso hace bien!

Después tenemos los Gas Sayago, los Alas-U, los Fondes y todas las velitas al socialismo que en una matriz siniestra el Frente Amplio ha hecho en los últimos quince años. ¡En colonización es pavoroso, señora presidenta! Tengo muchos ejemplos de cosas que han hecho.

No es cierto, señora presidenta, que compraron por el 10 % de lo que vale el campo; ¡eso no es cierto! Cuando compraron en forma directa lo hicieron con sobreprecios, y cuando aplicaron la opción por el artículo 35 –por supuesto, podrán haber optado–, los sobreprecios que pagó la gestión del Frente Amplio han sido escandalosos.

En 2017 nosotros denunciamos, señora presidenta, la compra que se le iba a hacer a la familia de un director frentista del Instituto Nacional de Colonización en el departamento de Río Negro, por USD 2:000.000 de sobreprecio. Se nos dijo cualquier cosa, se nos dijo lo mismo: comisionista, intermediario –todas esas estupideces–, no saben tasar los campos. ¿Saben lo que pasó? Tuvieron que ir para atrás porque a mí, señora presidenta, me pueden hablar de muchas cosas, pero no de lo que vale un campo. Querían comprar un campo, que era el 50 % forestal, en USD 6350. ¡Compra directa!

Señora presidenta: en San José hicieron una inversión de USD 9:000.000, ¡otra inversión! Tengo las actas y las puedo entregar. Campos que en el mercado valían USD 4000, por la casualidad de la vida, la gestión frentista los compró por USD 6500. ¡Y me vienen a hablar de las colonias, de la colonización y de la sensibilidad con la mujer y el hombre de campo! Y cuando tuvieron que hacer opciones por el artículo 35, ¿sabe, señora presidenta, lo que hicieron? Voy a contar tres. El mejor lugar del Uruguay –reitero: el mejor lugar del Uruguay– es el paraje Cololó, en Soriano. Es el mejor lugar del Uruguay, con un índice Coneat de 240 o de 250. Como bien dice el senador Camy, también podemos nombrar a Rincón del Pino y Arazatí, pero Cololó tiene campos que, por latitud y por suelo, son de los mejores del mundo.

El Frente Amplio hizo opción del tambo El Porvenir, de 1450 hectáreas. Gastó USD 12:000.000, ¿para hacer qué? ¿Qué hicieron los magos del Frente Amplio, los solidarios, los que piensan que saben de campo porque se suben a un tractor para salir frente a las cámaras? ¿Sabe lo que hicieron, señora presidenta? ¡Quisieron hacer la magia revolucionaria de un tambo colectivo! Les dieron a siete familias un tambo colectivo, que significaba «vayan junto con pegado a producir y a ordeñar». ¡En campos de Cololó, señora presidenta! ¡En campos de Cololó! Siete familias. ¿Sabe cuántas familias quedan en Colonia Encarnación Benítez? Una sola. ¿Y eso es porque las otras seis familias no querían trabajar? No, porque no podían más, señora presidenta.

Para hablar de campo hay que saber; no hay que saber leer actas de libros de historia; hay que tener un poquito de criterio para tratar de administrar lo que son 1450 hectáreas en un campo como el de Cololó.

Mire, señora presidenta –porque las cosas las vamos a decir todas–, hubo otra compra mágica en Gregorio Aznáres, los campos de Rausa. Ahí hay dos realidades bien claras. Como en todos los valles, hay campos buenos y al valle se accede por una sierra donde «cayó el avión», ¡inaccesible! No hay tropa de élite en el Uruguay que pueda acceder a los campos que compró el Instituto Nacional de Colonización. No existe. Son 700 hectáreas inaccesibles. Lamentablemente cayeron dos muchachos argentinos arriba de esos cerros y tuvieron que ser rescatados por helicópteros porque el Ejército, señora presidenta, no podía acceder. Estoy hablando de 700 hectáreas. ¿Qué hicieron? Vamos a la magia de la gente que habla de campo. Le voy a mostrar, señora presidenta, que adjudicaron algunas colonias y después a alguien se le ocurrió que tenían que hacer algo parecido a las casas de Mevir, junto con pegado, en el campo. Hace ocho años que está esto. La foto que estoy mostrando es de diciembre. ¿Sabe cómo está esa casa, señora presidenta? ¡Vacía! ¡Vacía! ¡Crecen las telarañas! Esto es así porque los magos del Frente Amplio, que nos vienen a hablar de gestión en el Instituto Nacional de Colonización, la dejaron vacía. Está sin adjudicar hace ocho años. Y así, señora presidenta, hay muchísimas hectáreas; hay veinte, hay treinta… Realmente, no lo sabemos a ciencia cierta. Desde el primer día que ocupamos esta banca en el Senado, hemos pedido una auditoría, porque nosotros sabemos de la calidad en las compras del campo y conocemos, señora presidenta, la desesperación que tiene la gente por acceder a un pedazo de tierra. Hay unas 60.000 hectáreas que están entre sistemas de pastoreo de cinco años y otros campos sin adjudicar. Señora presidenta: los pastoreos no duran cinco años, y si duran cinco años es porque hay algo que no funciona. Hay campos del Instituto Nacional de Colonización que han sido plantados por empresas uruguayas poderosas. ¡Grandes empresas agrícolas! ¡Hay campos del Instituto Nacional de Colonización donde hay ganado, decenas de miles de cabezas de ganado –lo repito por si tienen alguna duda: decenas de miles de cabezas de ganado–, cuyos propietarios están lejos de ser colonos! Porque el colono, en algún momento de su vida, lo vio despoblarse, pero siempre hay un vivo a la vuelta de los parajes que habla con el colono y le mete ganado. ¿Con el control de los 31 gerentes del Instituto Nacional de Colonización? ¡No, señora presidenta! ¡Con la vista gorda! Si hoy el Instituto Nacional de Colonización hiciera un control de campo, de chipeo y de la trazabilidad de los ganados, se llevaría una sorpresa; hay de todo pelo y de toda actividad, menos perfil de colono. El Estado uruguayo le subsidia la renta a gente a la que no debería subsidiarle. Esa es una realidad que rompe los ojos y que se conoce a lo largo y ancho de los cuatro puntos cardinales del Uruguay. ¡Decenas de miles de cabezas de ganado! ¡El Estado le subsidia la renta a gente que no tiene perfil de colono! La vista gorda de todo lo que es el andamiaje de los 31 gerentes de colonización.

Tengo por acá un lector de trazabilidad…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

(Dialogados).

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Se hace bastante difícil mantener una discusión en términos civilizados.

Nosotros votamos la auditoría de colonización; quienes no la votaron son los integrantes de la coalición de gobierno. En el directorio no solamente presentamos los quince años del Gobierno frenteamplista, sino que también votamos la auditoría hacia atrás. ¡Y quienes nos piden auditoría se negaron a votar la auditoría hacia atrás para ver cómo se entregaban tierras! Hoy sabemos que son los servicios técnicos de colonización los que entregan las tierras. Ahora, lo que tendría que explicar la coalición de gobierno es por qué negaron el voto para auditar hacia atrás todo lo relativo a colonización. Los datos respecto al precio de las tierras están en un pedido de informes, están al alcance de la mano. Cuando fundamentamos que las tierras compradas están un 10 % por debajo del promedio, ¡lo podemos documentar! Y lo que ganó colonización en términos de transparencia a la hora de adjudicación a colonos es muchísimo.

En la colonia de Aznárez, que mencionaba recién el senador hay veintitrés familias; no está vacía.

Precisamos mayor rigurosidad en la discusión. Pero ¡claro! Se puede elegir un debate general o se puede elegir la tangente del debate general. El Instituto Nacional de Colonización estaba fundido cuando asumió el Gobierno del Frente Amplio; ¡fundido! Esas eran las condiciones en que teníamos al Instituto Nacional de Colonización. Hoy colonización es una institución que da superávit. Los magos del Frente Amplio generaron que esa institucionalidad hoy dé superávit y genere condiciones de desarrollo agropecuario en lugares donde antes no lo había. Podemos debatir abiertamente, pero hagámoslo con la conciencia de que no parece coherente venir a reclamar en el discurso una auditoría, y negarse a ser auditado de la gestión propia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Quien habló de los comisionistas fui yo, y lamento mucho que el señor senador se haya sentido aludido.

Sostengo que a los comisionistas en este país no les gusta que el Instituto Nacional de Colonización utilice el artículo 35 para hacer la opción de compra. Cuando yo tengo que aludir a alguien, lo miro de frente y lo nombro. No ando usando subterfugios.

Por tanto, me parece perfecta la aclaración del señor senador Da Silva sobre su negocio familiar, etcétera, pero yo hablé en general.

Como segundo elemento, el instituto efectivamente compró por abajo de la media. Compró más barato. En el 2017 compró un 27 % más barato de lo que fueron las ventas en el mercado de tierras. En el 2018 compró un 12 % más barato. Ese es el promedio de las compras del instituto y el promedio de la DIEA del mercado de tierras, y es donde se establece que el instituto compra más barato. Me parece que hay que poner ese elemento arriba de la mesa, porque si no se tiran un montón de cosas sin fundamento.

Aquí se tiró ahora una sospecha –porque es fácil tirar sospechas así– de que se le pretendía comprar a un exdirector frenteamplista del instituto en un gran negocio. La semana pasada este Gobierno y las actuales direcciones del Instituto Nacional de Colonización permitieron que se vendiera un predio de la misma colonia a la que estaba haciendo referencia el senador anterior a un valor de USD 7500 la hectárea, cuando lo que se pretendía comprar en su momento –con el informe de los servicios técnicos del Instituto Nacional de Colonización– a quien fuera un director de colonización en representación de los productores, estaba tasado en USD 6500. La semana pasada se vendió, al lado, a USD 7500, habilitado por este directorio. Entonces, no se puede venir a mancillar el honor de la gente ni a acusar así nomás, porque eso es lo que pasó.

Es más, tengo acá la resolución de los directorios –que también estaban integrados por la oposición– en donde están los informes de los servicios del instituto en la tasación de esa tierra. Podemos hacer un libro de eso, porque había terrible curro, que estuvo siete años en juicio, en el cual incluso estuvo involucrado el estudio jurídico de un exsenador de la república. Y cuando el instituto hizo la opción de compra se echaron para atrás, porque en esos predios de Rausa tenían una renta a un dólar. Y ahí no hay una; hay ocho familias que están produciendo.

Entonces, me parece que no se pueden tirar datos así nomás, porque los debates es lindo darlos cuando no se utiliza la chicana.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA BIANCHI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Durante toda la discusión de la rendición de cuentas se contrastan números, pero no la realidad. La realidad, señora presidenta, es que cuando uno tiene que valuar un campo, tiene que ver el suelo.

Le informo al Cuerpo que, gracias a Dios, este país es bastante heterogéneo en suelos. Es un gran macramé de suelos, donde se junta el cristalino, el basalto, las areniscas, los vertisoles. Y lo que uno tiene que ver antes de hablar es el suelo, porque si no dice cualquier cosa.

El 46 % del suelo del campo que se objetó –y por algo no lo compraron– es un suelo de prioridad forestal, asociado con un suelo 10. Tenía 116 de Coneat. Los campos se venden y el valor es la productividad. Lo otro es la desidia en el manejo de los dineros públicos. Si es plata de la gente, hay que comprar bien y hacerlo producir bien. Hay que comprar bien y dar productividad a lo que tienen las familias que están allí.

Otra falacia, señora presidenta, es que el Instituto Nacional de Colonización ahora tiene superávit y antes tenía déficit. Ha cambiado mucho el campo, pero acá hemos hablado, hemos discutido sobre el malla oro, sobre la productividad. Bueno sería, señora presidenta, que con el nivel de renta que el instituto cobra a los colonos, hoy estuviera moroso. El promedio de la renta del Instituto Nacional de Colonización es de USD 41. ¿Sabe cuánto representa en kilos de carne? Unos 14, 15 o 16 kilos de carne al año. Si a alguien le parece que hoy no se puede estar al día, es porque no se conoce la realidad. En el mundo ganadero, los 16 kilos de carne se generan en el mes de setiembre y octubre solo con la ganancia compensatoria que tienen los ganados, en un mes, señora presidenta. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Quién se aprovecha de esas rentas subsidiadas? Se aprovecha el vecino que no tiene nada que ver con los colonos. ¿Y sabe quién lo ve? Otros vecinos que tienen perfil de colonos y ven cómo a los campos de colonización llegan los camiones de novillos y empieza a poblar los campos gente que no tiene nada que ver con los colonos.

¿Hay alguien en este país a quien se le haya ocurrido hacer un control de campo? Hablo de un control de campo elemental, un inventario de ganado elemental. ¿Hay alguno de los 31 gerentes que hablan de la colonización que diga: «Che, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy no tenías dinero y al mes siguiente resulta que te apareció todo el campo sembrado? ¿Quién te lo sembró?»? Y eso no es la generalidad. Yo no quiero generalizar. Pero esos son errores y horrores que hacen ruido en el mundo de verdad de la campaña uruguaya.

Nosotros dijimos que hay que auditar. Lo hemos dicho públicamente y no hoy; hace un año y medio que venimos atrás de las auditorías. Nosotros estamos en falta –y cuando digo «nosotros», hablo de nuestra Administración– con las auditorías y con las entregas de los campos. Sí, señor. A lo largo y ancho del país me han escuchado decir que tenemos que cambiar el paradigma del Instituto Nacional de Colonización para que sea un organismo ejemplar, como lo es en parte de las colonias, y no un organismo donde los colonos –como pasa en algunos lugares– no tienen ni siquiera una zorra para poder cargar los cajones de acelga o de lechuga que producen. Hay colonos empobrecidos frente a la mirada al costado de todo ese organigrama de funcionarios que no resuelven el problema.

Entonces, esta es una solución en la que por primera vez, señora presidenta, se va a dar la plata a los colonos. Se va a financiar los impuestos a los colonos, a tasas cero. ¿Para qué? Para poder apelar al hombre y a la mujer de campo –que bien saben cuáles son sus carencias– y para que puedan tomar créditos camperos.

Acá se dice proyecto productivo. Proyecto productivo es comprar dos toros, en este momento, para poder entorar; proyecto productivo es comprar un lote de vacas de cría para poder realmente poblar el campo; proyecto productivo es comprar un tractor y una zorra para no tener que andar arqueado; proyecto productivo es comprar un tanque de frío; proyecto productivo es hacer una pradera, señora presidenta, o proyecto productivo es, por favor, apelar a la nueva gestión de colonización para que el gerente de turno no tenga que decir: vos sos lechero, este año no podés plantar soja aunque valga USD 500 o USD 600, como pasa.

¿Sabe lo que sucede, señora presidenta? Mientras el mundo gira y nosotros discutimos sobre los colonos, el campo avanza; alambrado por medio, se avanza. Esa es la realidad: avanzan los chicos, los minúsculos, los medianos y los grandes.

Hablemos de todo, señora presidenta. Hablemos de lo que se hizo y de lo que tenemos que hacer.

Lo que tenemos que hacer es dar oxígeno a las familias que hoy están desfinanciadas, que pagan la renta –porque la renta es relativamente barata o porque tienen alguien que se las paga para echarle ganado– pero, probablemente, no tengan lo elemental en el campo, ya sea plata para poder plantar una hectárea de cualquier cultivo o comprar una jaula de vaca para poder producir. Esos son los proyectos.

Y tanto tenemos una visión crítica, señora presidenta, que habilitamos al Plan Agropecuario para que también convalide esos créditos. ¿Por qué? Porque es el instituto extensionista por definición de la institucionalidad agropecuaria. En el Plan Agropecuario, señora presidenta, se habla de revisar un toro previo a echárselo a las vacas; se habla de medir el pasto previo a la entrada del invierno; se habla de guardar y cosechar el pasto en la primavera. Por eso también le estamos habilitando al Plan Agropecuario, porque hay que tener una cabeza productivista. En el campo, la gente prospera si engorda ganado, si preña a la vaca, si tiene buena cosecha y si la vaca le da leche; no prospera con relatos históricos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Eso es hacia lo que vamos a ir apuntando: al colono. Y vamos a ir a más, porque el productor familiar de este país no se agota en los que tienen la suerte de estar en un campo del Instituto Nacional de Colonización, porque no hay mil, sino muchos miles de aspirantes o gente que quiere tener esa condición y que son productores familiares. A ellos también hay que encontrarles el mecanismo de hacerles tasas cero para que puedan aprovechar el envión que hoy la economía ofrece al campo nacional.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- No voy a decir nada más, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien, señora senadora.

Solo quiero hacer una reflexión. Entiendo muy interesante el debate, pero los señores senadores habrán apreciado que estamos hablando concretamente del fideicomiso y me parece importante irnos centrando en lo que establece el artículo 238. Me parece muy bien abarcar el fondo del debate, pero también me parece importante seguir con lo que explicaba el senador Gandini que, en esencia, son los artículos que estamos considerando para someterlos a votación y que, precisamente, refieren a la autorización al Poder Ejecutivo a constituir el fideicomiso de administración, el Fideicomiso Integración Social y Urbana, y por último, la exoneración de toda obligación tributaria de carácter nacional.

Digo esto porque me parece que no podemos perder de vista en el debate –por más que obviamente esto nos lleva a consideraciones en relación con el Instituto Nacional de Colonización– los artículos que estamos tratando.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: creo que todos consideramos que estamos hablando acerca de la constitución del fideicomiso y de su financiamiento, así como del financiamiento del Instituto Nacional de Colonización y de su suerte. Estamos hablando de los artículos 237, 238 y 239 y del 306 y el 307 relativos al tema del financiamiento. Me parece que todos entendimos que el único artículo que está separado de este grupo es el 236, que hablaba de un mecanismo legal. Después, los otros temas se tomaron en conjunto. Si estamos de acuerdo me gustaría que así se viera porque así lo estamos tratando en la discusión.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Debo confesar que si en algún momento el Gobierno entiende que el senador Da Silva tiene que ir al Instituto Nacional de Colonización, votaré con las dos manos la venia, porque me doy cuenta de que aquí, en el Senado, lo estamos desaprovechando.

Asimismo, voy a contribuir con su solicitud en cuanto voy a concentrarme en los artículos correspondientes y en lo que dice, efectivamente, la propuesta de rendición de cuentas, porque sobre la temática del Instituto Nacional de Colonización me siento representado totalmente por los senadores Andrade y Sánchez en lo que respecta a sus planteos.

En primer lugar, agradezco al senador Gandini por haber explicado ordenadamente esta cuestión porque ayuda a la discusión y despeja hojarasca, y aspiro también a que despeje chicanas. Lo primero es buscar los puntos de coincidencia. Todos estamos comprometidos con los objetivos del artículo 237 –que leyó el senador Gandini– que, por una cuestión de economía lingüística, llamamos regularización de asentamientos, pero es nada menos que abordar la problemática de la vivienda y la situación social de vulnerabilidad. Estamos todos de acuerdo con que hay que seguir trabajando y destinando recursos a esas políticas, después de que, obviamente, se regularizaron 100 asentamientos en los Gobiernos anteriores, pero eso ha resultado muy insuficiente; la problemática es creciente y todos estamos comprometidos en avanzar en esa dirección.

Otro aspecto que quiero despejar, porque en el día de ayer se planteaba alguna suspicacia al respecto, es que el Frente Amplio quiere votar recursos para las políticas de regularización de asentamientos; no puede existir la menor duda acerca de eso. En la hoja 1 de los sustitutivos, el Frente Amplio está planteando la asignación de una partida de $ 1.300:000.000, en el entorno de los USD 30:000.000 con que se busca nutrir el fideicomiso, de manera directa como si fuera una asignación presupuestal que, en todo caso, se deduce de recursos que ya están en la rendición de cuentas y que refieren al artículo 41 de la Ley n.° 17930, que son las partidas que se utilizan para reforzar los rubros presupuestales durante la ejecución anual del presupuesto. Ese es un bloque de partidas que supera los USD 400:000.000. Por lo tanto, si realmente tenemos esta prioridad, para nosotros tiene lógica destinar directamente USD 30:000.000 del presupuesto para abordar el tema de los asentamientos y las viviendas con vulnerabilidad. ¡Ojalá todos votemos el sustitutivo de la hoja 1 y se acaba la disputa de estos temas!

La asignación directa. El senador Gandini fue franco al decir que no prefiere la asignación directa porque hay que registrar el fideicomiso como deuda. La asignación directa se registraría como gasto y, eventualmente, la contracara de ese gasto sería generar deuda; eso sería transparentar la situación.

Se ha planteado que esto vaya por la vía de un fideicomiso. En general, nosotros no estamos en contra de los fideicomisos. Bien se dijo ayer que durante nuestros Gobiernos, tanto a nivel nacional como departamental
–también en Gobiernos departamentales dirigidos por otros partidos políticos– se hicieron fideicomisos.

La característica de esas decenas de fideicomisos que se hicieron fue que los fondos, los recursos, que se utilizaban para financiar –o sea, para fideicomitir– correspondían a cada uno de esos organismos. No se involucraban terceras o cuartas partes para alimentar los fondos para respaldar el fideicomiso.

Entonces, una posibilidad es que se genere un fideicomiso y que se nutra de la partida presupuestal de la que estamos hablando. Eso, para nosotros, sería lo más directo: plantear un fideicomiso financiero a equis años, por determinados montos, y que los recursos que van a ir respaldando ese fideicomiso sean las partidas anuales de este entorno de USD 30:000.000. Eso sería lo más directo.

Fue bien franco el senador Gandini en decir: «Tampoco preferimos esta opción, porque esto hay que registrarlo como deuda», si se hace de esta manera. Está bien, pero entendamos que es solo un tema de registración; la deuda la generamos igual. Que no se registre no quiere decir que el Estado no se obligue de igual manera. Si es para mejorar los índices en las tablas internacionales, ¡vaya y pase!, pero que quede claro que no es que no exista la deuda porque se haga de otra manera. La deuda también existe, solo que no se registra.

Supongamos que por esa razón tampoco se lleva la alternativa de nutrir el fideicomiso con una asignación presupuestal directa.

Lo que se plantea –y bien lo explicó el senador Gandini– es que va a haber aumento de gasto, aunque no de créditos presupuestales, porque se echa mano a créditos presupuestales que no se iban a gastar y ahora sí se van a gastar.

Muy bien; lo que no vemos necesario es involucrar los recursos del Instituto Nacional de Colonización y el mecanismo de pensiones a la vejez que define el Mides. Ahí es donde más nos empieza a rechinar la situación. Nosotros estamos de acuerdo en avanzar con recursos, supongamos que en el marco de un fideicomiso pero que se nutra, si bien no con asignaciones directas, con algún mecanismo que no cuestione los recursos del Instituto Nacional de Colonización.

Creo que ahí está el único punto en que yo discrepo con lo que planteó el senador Gandini. Por lo menos, creo que lo que se intentó explicar, junto con lo que se dijo en el día de ayer –que era que se garantizaban los recursos para el Instituto Nacional de Colonización–, no es lo que dicen los artículos que se propone votar.

Tal como están planteadas las cosas y aun con los cambios hechos en el sustitutivo del artículo 306 –que agrega que es un monto anual el de los 135:000.000 de unidades indexadas–, señalo lo siguiente. El hecho de que diga que lo que se asigna es hasta 135:000.000 de unidades indexadas –unos USD 15:000.000– no garantiza el monto que recibe hoy, aproximadamente, el Instituto Nacional de Colonización. La palabra «hasta», lamentablemente, cuestiona los recursos.

Nosotros podríamos llegar a estar dispuestos a entender que se haga un fideicomiso y que no necesariamente se nutra con una asignación directa, sino a través de los impuestos que financian al Instituto Nacional de Colonización, siempre y cuando se garanticen de verdad los recursos que hoy se le deben volcar desde los dos impuestos mencionados.

Esa es una diferencia sustancial; si realmente es lo que se dijo ayer –que es usar este mecanismo para volcar recursos por las razones que se plantearon y que se garantizaban los recursos de colonización–, bueno, ¡hagámoslo!, pero hagámoslo de verdad, porque el artículo 306, en este sustitutivo, no dice que se garantizan los recursos. Nos parece sustancial esa diferencia y es el punto que esencialmente nos impide acompañar la propuesta, porque se está tratando de resolver una situación que todos compartimos, para la que estamos dispuestos a volcar recursos, pero desvistiendo los del Instituto Nacional de Colonización, a lo que no estamos dispuestos.

Debo decir que la discusión, tanto en la Cámara de Representantes como en la comisión y acá, está siendo fructífera, porque estamos viendo cambios en los artículos sustitutivos que van en la dirección correcta. Por ejemplo, en el artículo 308, según vemos, no solamente se plantea el subsidio a los intereses de los préstamos que puedan tomar los colonos, sino que se agrega un inciso que autoriza al Instituto Nacional de Colonización a garantizar los créditos que tomen los colonos. Esa fue una crítica que hicimos en comisión y vemos que fue recogida en la nueva formulación.

Por lo tanto, para sintetizar este aspecto, si estamos todos de acuerdo en que el objetivo es volcar recursos para resolver temas de vivienda con vulnerabilidad, realojar o regularizar asentamientos y todos los objetivos que están planteados en el artículo 237, podemos hacerlo con alguna ingeniería –no importa que sea fácil o difícil; la entendemos– siempre que se garanticen los recursos del Instituto Nacional de Colonización. Esa es la llave de esta discusión y el punto central que, de no corregirse, no nos permite apoyar la ingeniería que plantea el Gobierno.

Proponemos la asignación directa, pero estaríamos dispuestos a evaluar esta otra ingeniería, reitero, siempre y cuando se garanticen de verdad los recursos para que el Instituto Nacional de Colonización siga recibiendo los montos que ha recibido hasta este momento.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: el señor senador Bergara pone el clima en el nivel que todos deseamos discutir estos asuntos porque, en realidad, todos queremos encontrar un acuerdo.

Fue muy bueno el comienzo del debate con los aportes del señor senador Gandini, que con enorme claridad fue mostrando todo el mecanismo de la financiación del instituto a futuro. Me gustaron los aportes históricos del señor senador Sánchez y especialmente que hubiera nombrado a dos queridas figuras de Cerro Largo, el ministro González Vidal, de Fraile Muerto, y Zavala Muniz, de La Casa de las Crónicas, en Bañado de Medina.

Me gustó también que aclarara, en su momento, al señor senador Da Silva que no había sido su intención molestarlo. Si hay alguien que ha sido un fiscal del instituto, que se ha interesado en su vida, que ha recorrido todos sus campos para observar que el instituto hiciera las cosas bien, que ha evaluado todas sus acciones y que ha propuesto soluciones es, precisamente, el señor senador Da Silva. Ha propuesto soluciones novedosas como la del arrendamiento de tierras en los distintos departamentos y el subsidio de arrendamientos para que un número más grande de jóvenes preparados pueda acceder a tierras, lo que además termina siendo una preciosa prueba de ingreso, un período de prueba para constituirse en colono en el futuro. En este sentido, el señor senador Da Silva nos ha hablado de la estructura burocrática que no debe seguir teniendo el instituto; nos ha hablado de la necesidad de fijar criterios claros para la compra y la adjudicación de los campos; de adaptarnos a nuestra cultura y a nuestro modo de vivir, y no inventar esas cosas raras de pretender hacer tribus, comunidades –o no sé qué–, que no han dado ningún resultado.

Acá todos vinimos y comenzamos estos debates con un desafío compartido. Queremos empezar a dar solución a los 200.000 uruguayos que viven en los asentamientos y resolver los problemas que tienen los 3800 o 7000 colonos, según como midamos, que viven en las 400.000 o 600.000 hectáreas del instituto, según como hagamos la medición. Ese fue el desafío que nos planteamos: que el instituto pueda seguir teniendo colonos en el futuro y que se sigan adjudicando tierras. Algunos también nos planteamos el hecho de que los actuales colonos puedan ser propietarios; otros prefieren otro camino. Nosotros entendemos que es imprescindible dar esa esperanza de propiedad, justamente, para asentar a toda la familia en la tierra. De otro modo, al hijo del colono le estamos diciendo: «Váyase a buscar su futuro a otro lado; extraiga todo lo que pueda de esta tierra; expolie el suelo y saque todos los recursos que pueda porque su futuro, muchacho, está en otro lado». Qué distinto sería decirle: «Invierta acá, cuide la tierra, el suelo y haga instalaciones porque, si usted lo desea, aquí seguramente está su futuro». Creo que ahí tenemos algunas cuestiones que nos diferencian.

En este debate hay cosas que tenemos que dejar sumamente claras. ¿Cuáles son los recursos del instituto? Los recursos alcanzan los USD 20:000.000 –pesos más, pesos menos–: los 5:500.000 del resultado operativo, los 12:000.000 del rendimiento de uno de los tributos y los 2:200.000 o 2:300.000 del rendimiento del otro tributo, con las limitaciones que tenemos registradas en la planilla, que limitó en el presupuesto a $ 100:000.000 la partida correspondiente de ese tributo al instituto. Entonces, no tenemos 30:000.000, sino que tenemos 20:000.000 y en el futuro vamos a seguir teniendo 20:000.000: los mismos 5:500.000 del resultado operativo y los 15:000.000 que se aseguran a través de los mecanismos que ha señalado el señor senador Gandini, que es plata que no hay que agregar al presupuesto. Es plata que está en el presupuesto.

Es cierto que no se gastaba, pero también quiero que hagamos una observación. En el 2017, en el 2018, en el 2019 estaba previsto ese recurso para la solución de la negociación con los judiciales. Se dejó en el 2020 porque estaba en el 2019, pero ¿por qué quedó en el presupuesto? Quedó porque existía la esperanza de que más gente se afiliara a la solución encontrada en el presupuesto –como lo fue finalmente–, pero había que prever recursos para una eventual negociación.

La prueba del nueve de lo que estoy diciendo es el artículo 316 donde votamos la refinanciación, que establece un plazo hasta el mes de marzo de 2022 para sumarse a la solución negociada. Bueno, gracias a Dios la adhesión ha sido enorme. Por lo tanto, ese recurso no se va a utilizar con ese destino, quedará en el presupuesto y será utilizado con esta otra finalidad. Lo otro será financiado con el mecanismo que bien señaló el señor senador Gandini, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, más allá de cuál sea el recorrido de ese financiamiento. La verdad es que todos sabemos que no va a haber más plata que esa porque hubo mucho rendimiento de estos tributos en el pasado por lo que hablamos hoy. Si se vendieron millones de hectáreas de los uruguayos y estos tributos salen justamente de esa venta, espero que nunca más se tenga que extranjerizar tanta tierra, aunque eso ya no es materialmente posible porque superamos la mitad de la tierra extranjerizada en el país. En ese período, se extranjerizó, se vendió el 42 % de la tierra. Es obvio que un recurso que provenía de la venta de la tierra iba a tener una enorme disponibilidad. Ya no será así, por lo que tomo lo que nos ha dicho el señor senador Batlle en la comisión respecto a que este recurso es mucho más seguro: son los USD 15:000.000 que van a estar disponibles sí o sí. Este monto estará disponible independientemente de que se venda o no tierra, haya o no recaudación del tributo. Estos recursos están en el presupuesto y van a poder ser utilizados.

(Ocupa la presidencia el señor Oscar Andrade).

–A esta altura, creo que tenemos que quedarnos con algunas cosas importantes. Quiero decir al señor senador Bergara que, en el caso del fideicomiso metropolitano de Montevideo y Canelones, no se afectó un recurso propio de estos dos departamentos, sino del presupuesto nacional. Lo digo por mencionar un caso. Fue un recurso del presupuesto nacional que se destinó a ese fideicomiso.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Por favor, señor senador, respetemos el Reglamento.

Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señor presidente: como explicamos en comisión, el término «hasta» está allí porque no podemos transferir un recurso para que sea mal usado. El mecanismo debe estar y la opción de compra también porque eso hace que el registro de las transacciones se haga por su valor real; ese es un control excelente y, además, ayuda a la recaudación del Estado, pero cuidado con el tipo de prácticas que acaba de señalar el señor senador Da Silva. Hay que cuidarse de esas cosas porque todavía tenemos, por lo menos, dos decenas de miles de hectáreas para adjudicar y es un proceso que no se hace de hoy para mañana porque lleva una preparación del colono y del predio.

Esto lo va a decir mucho mejor –ya lo ha dicho con el altísimo grado de compromiso que desde siempre ha tenido– el señor senador Camy al referirse a esta solución, pero lo importante es que salimos con USD 20:000.000 y llegamos con USD 20:000.000.

Me pareció una buena precisión lo de la garantía del artículo 308. También debo decir que estaba previsto porque los colonos no son propietarios, por lo cual el instituto, en la gran mayoría de los casos, tiene que ser el garante. Esa es una condición que ni siquiera es necesario que quede registrada.

Para redondear, señor presidente, debo decir que estamos frente a una solución legal. Al Frente Amplio le hubiera gustado otro camino, pero esta es una solución legal, aceptable para quien vaya a financiar el fideicomiso financiero, sea una emisión o un organismo internacional. El recurso del tributo volverá al instituto. Los recursos son concretos y están en el presupuesto. Creo que las soluciones que había presentado el Frente Amplio en comisión para financiar al Instituto Nacional de Colonización y ahora a los asentamientos, que se hace sobre el gasto contingente agregado, no son, en sustancia, diferentes a esto. Por lo tanto, deberíamos avanzar en que esto se vote por unanimidad, para que la historia no diga que hubo un partido que no votó los recursos para el Instituto Nacional de Colonización o para dar solución al tema de los asentamientos; porque va a ser así.

(Interrupciones del señor senador Bergara).

–Lo digo pidiendo, lo digo invitando, lo digo en la búsqueda de un acuerdo que será beneficioso para todos, y en especial para el instituto, porque va a ser un respaldo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Gracias, señor presidente.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Simplemente, quisiera aclarar que el fideicomiso de los Gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones, a que se refiere el señor senador Botana, fue hecho en acuerdo con el Congreso de Intendentes y no afectó el presupuesto de ningún otro organismo; ese es el punto que mencionamos. En el presupuesto se asigna a esos efectos, sin quitar recursos a ningún otro organismo. Sin duda, la argumentación del «hasta» no es de recibo al decir que no se sabe en qué se va a gastar. ¿Quién va a decidir eso? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas? No es su rol; por eso, para nosotros, el «hasta» sigue siendo determinante.

Aspiramos a que se llegue a la mejor señal posible, claro que sí. Entonces, si viniera con esa corrección para que todos podamos estar tranquilos de que se están garantizando recursos al Instituto Nacional de Colonización podríamos aceptar la invitación que nos hace el señor senador Botana de acompañar la propuesta; mientras eso no se dé, no estamos hablando exactamente de lo mismo.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Cuando escuché la explicación contable que, con mucha precisión, dio el señor senador Gandini, pensé que lo que estaba en discusión era un problema numérico y que no se cuestionaba al Instituto Nacional de Colonización. Pensé eso a pesar de que la solución no es neutra, porque antes tenía USD 30:000.000 y ahora tiene USD 15:000.000. Es cierto que esos USD 15:000.000 se los expropió el presupuesto quinquenal, es decir, que la solución no es neutra. Ahora bien, si la solución fuera neutra, no habría ningún sentido para cambiar financiamientos; ninguno. El señor senador Gandini dio dos argumentos. Uno es el del fideicomiso, que es independiente de cuánta plata vaya para adentro y el otro es que los fideicomisarios, los que van a invertir, ven más seguro que sea una renta afectada. No lo sé; no estoy tan seguro de eso y no tengo ningún elemento para decir que sea así. La verdad es que me quedé sin entender la situación. Pensé que si la solución es neutra, el Instituto Nacional de Colonización va a tener la misma plata que antes, y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana le van a dar la misma plata. Ahora, la plata hay que ponerla en vivienda y no sacarle a este para ponerle a otro. ¿Importa si la ingeniería es compleja? Eso es inadmisible, no tiene sentido ni fundamento. En el Instituto Nacional de Colonización deberían haberse dejado las cosas como estaban y haber hecho una partida presupuestal, que podría haber sido como la que propusimos nosotros o por cualquier otra vía que se les ocurriera para el fideicomiso de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. O sea, no es necesario mover cosas si no hay un objetivo adicional a ese movimiento. Por eso quiero agregar otro elemento: el «hasta» no significa sí o sí, no hay forma de que sea sí o sí, no hay razón para ello. El «hasta» quiere decir «hasta»; si digo «hasta 15», eso implica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… y puedo seguir contando hasta 15, pero no voy a hacerles perder tiempo en eso.

Repito: «hasta» no es 15. Entonces, no hay ninguna garantía. Es un recorte respecto a lo que venía de antes, implica una ingeniería extremadamente compleja para generar una neutralidad de recursos, o sea que no hay ninguna razón para hacerla y, además, no tiene garantías.

Por lo tanto, mi conclusión –y tengo todo el derecho a tenerla– es que sí está en cuestionamiento el rol del Instituto Nacional de Colonización, porque esto ya viene discutido desde la LUC cuando se eliminó la obligatoriedad de residencia y todo lo que ya discutimos, que no lo voy a repetir.

Entonces, creo que con el «hasta», con una ingeniería que si el cambio es neutro no tiene ninguna justificación y con algunas exposiciones a las que le agrego como condimento, lo que se planteó aquí es que se le da al Instituto Nacional de Colonización recursos inciertos. No hay lugar a dudas de que son inciertos. El senador Sánchez dijo: «¿Por qué no se lo trasladan al Instituto Nacional de Colonización y después se lo audita para saber si lo gastaron bien o mal como se le hace a cualquier ministerio que toma recursos?». A mí no me daban los recursos para medicamentos, me decían: «Andá gastando medicamentos y te voy pasando la plata». Acá se le dice: «Traé tierras para comprar y te doy la plata». Es un absurdo total. Entonces, no podemos acompañar un absurdo de esta naturaleza, y creo personalmente que hay un cuestionamiento al futuro rol del Instituto Nacional de Colonización. Lo sabremos cuando en la próxima rendición de cuentas expliquen cómo operó el «hasta»: cuando nos digan «el hasta es 15», tendrán razón ustedes; cuando nos digan «el hasta es 8», tendremos razón nosotros.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Señor presidente: sin lugar a duda nosotros vamos a hacer un abordaje integral, como se dijo de forma reiterada, cuando tratamos el artículo 236, porque entendemos que tiene mucho que ver con el compendio de todos los artículos que tengo acá anotados.

Hoy los Gobiernos departamentales, sin lugar a duda, van mucho más allá de la ley orgánica municipal. Hay muchos Gobiernos departamentales que abordan temáticas edilicias, educativas y demás, y han avanzado mucho en cuanto a los planes de ordenamiento territorial en los últimos años; todo tiene que ver con todo. Sin lugar a duda, se despiertan pasiones, porque estos temas son muy sensibles, pero yo me quiero quedar con el tono de esta última etapa del debate con relación a estos temas; me quiero quedar con lo que decía ayer nuestro compañero de bancada sobre el camino del medio; me quiero quedar en el camino de encontrar coincidencias. Me quiero quedar, entonces, como decía, con transitar por ese camino del medio que, en primer lugar, aborda uno de los pilares y fundamentos de esta rendición de cuentas –a ello hacíamos mención en el día de ayer–, que es la problemática de la consolidación de asentamientos, de la atención a viviendas en contexto crítico. Más allá de las dudas del financiamiento y de la procedencia de los recursos para conformar un fideicomiso financiero para atender esta problemática, la coincidencia es plena y total, pues hoy hay cientos de uruguayos que viven en una situación lamentable, no solo en cuanto a la vivienda, por lo que hay que hacer un abordaje mucho más amplio. ¡Y vaya si la conformación del fideicomiso y del abordaje de la primera infancia tiene mucho que ver en esto!

El señor senador Gandini ha expuesto muy claramente cómo se instrumenta la fórmula para la conformación del fideicomiso, a efectos de garantizar al Instituto Nacional de Colonización su funcionamiento y su cometido de avanzar en las políticas colonizadoras, en la compra de tierras, en el desarrollo productivo nacional, fundamentalmente dirigido a sectores que pensamos que hoy requieren de una atención mucho más detallada y enfocada por parte del instituto. Se ha dado a conocer una iniciativa del Poder Ejecutivo que tuvo un arduo debate en la Cámara de Representantes. Y desde el Partido Colorado señalábamos desde un principio que confiábamos en que íbamos a encontrar en la coalición de gobierno una alternativa, una forma para atender todas estas problemáticas, para lograr la consolidación y la atención, a través de un fideicomiso de integración social y urbana y para garantizar al Instituto Nacional de Colonización su continuidad, sin poner en duda en ningún momento esa tarea tan importante que lleva adelante para apalancar y potenciar el desarrollo productivo en el país.

En cuanto al Instituto Nacional de Colonización, el Partido Colorado no le da la derecha a nadie cuando a auditorías se refiere. Nuestros representantes en el Instituto Nacional de Colonización han insistido desde el día uno en avanzar en las auditorías, en tener un diagnóstico, en saber cuál es el punto de partida de un nuevo Gobierno, de una nueva etapa en colonización y de una evaluación integral a través de una auditoría que dé, a ciencia clara, una proyección hacia adelante. De lo contrario, caeríamos en esa base sistémica de discusión política y subjetiva en el Parlamento nacional, en la que cada uno expone sus razones y es una pulseada de fuerzas políticas sin razones y con argumentos de un lado y del otro. Sin lugar a duda, muchos de los que están de un lado y de otro pueden tener razón, pero así no vamos a encontrar –como decíamos al principio– la coincidencia.

Cuando en la comisión el señor senador Camy, de alguna forma, trasladaba su esperanza –creo que fue así como lo mencionó– de poder arribar a una fórmula en conjunto entre todos los partidos políticos, a efectos de atender soluciones tan profundas para el país –como lo es la erradicación de los asentamientos, encontrar una fórmula consensuada para dar una proyección a futuro al Instituto Nacional de Colonización–, en mi fuero más íntimo compartía su anhelo. Y veo que hay un camino, que está ese camino del medio que señalaba el señor senador Batlle, porque a través de las expresiones del propio senador Bergara confío en que podemos alcanzar alguna fórmula o algún acuerdo, ya que todavía quedan muchos anotados y mucho por debatir en la sesión sobre estas cosas.

Me quedo con lo positivo que este debate pone sobre la mesa: justamente, la gestión, la evaluación, los resultados que ha tenido la gestión del Instituto Nacional de Colonización durante toda su historia, porque en la noche de hoy hemos escuchado hablar de toda su historia, pero en lo personal me quiero enfocar o mirar hacia el futuro. Está muy bien tener espalda para mirar hacia atrás, pero creo que desde el Parlamento nacional nuestra función es tener una proyección y despejar todos estos temas de manera de encontrar alternativas para lograr coincidencias.

Como somos habitantes del interior de la república y convivimos todos los días con colonos –somos sus vecinos– conocemos sus problemáticas y sus éxitos, porque también tenemos que poner sobre la mesa los éxitos de los viejos colonos como ejemplo de una nueva generación de colonos jóvenes, por lo que significa a la hora de impulsar estas políticas. También conocemos las profundas transformaciones que hay que encarar dentro del propio Instituto Nacional de Colonización; me refiero a transformaciones profundas, a cambios en la gestión, a cambios en los objetivos estratégicos y en las metas de la colonización. Ir hacia la adquisición de la tierra por parte de los colonos es un tema sobre el que no se ha hablado, y creo que tiene un fuerte fundamento para dar a esas familias de colonos y trabajadores rurales la posibilidad de que de aquí en más puedan dejar a sus próximas generaciones una profesión, que es la del productor agropecuario.

Quienes convivimos todos los días con productores lecheros conocemos la cultura del tambero. Ustedes saben que cuando un tambo se cierra es muy difícil que se vuelva a abrir otro en el mismo lugar. Y, por lo menos desde 2014 hacia acá, hemos sido testigos del cierre de no menos de setecientos tambos, por distintas circunstancias, aunque no voy a entrar en detalles porque saldría del camino que pretendo transitar. Pero aquí es donde el Instituto Nacional de Colonización tiene que jugar un rol preponderante; debe hacerlo en la focalización de los sectores hacia los que vamos y, sin lugar a duda, el sector lechero tiene que ser un foco para colonización, como así también –y alguien ya lo mencionó– los jóvenes profesionales rurales, que no tienen posibilidades de adquirir tierras por lazos sanguíneos, pero sí la formación profesional para poder desempeñar una buena tarea.

Como bien se dijo aquí, debe haber exigencias, asistencia técnica, involucrar la institucionalidad pública, pero también la privada, las sociedades de fomento, a profesionales independientes para contar con atención continua y permanente, con un compromiso claro de buenas prácticas políticas. Cuando recorremos algunos campos del Instituto Nacional de Colonización, vemos que el Capim annoni en el norte es una plaga, y ahí es cuando hay que premiar a los buenos colonos que se forman, que hacen cursos de capacitación, que concurren al Plan Agropecuario para formarse y vuelcan esos conocimientos en los lugares donde desarrollan su actividad. A ellos hay que tenerlos en cuenta porque también están los otros: los que no se forman, lo que alambran el perímetro y echan animales para adentro. Se pone a todos en la misma balanza.

Es increíble, pero siento que los dos bloques, coalición multicolor y Frente Amplio, estamos muy próximos en el debate. Recién lo hablaba con el señor senador Sánchez. La diferencia entre la propuesta de mantener sin tope las dos leyes y la propuesta de la bancada de la coalición multicolor, son aproximadamente USD 4:000.000, no mucho más. Y sin lugar a duda, esos USD 4:000.000 tienen que surgir de la mejora de la gestión del Instituto Nacional de Colonización, de la mejora de la gestión de los recursos humanos, de la mejora de la gestión de sus capacidades. Es muy poca la diferencia. Estamos teniendo un debate gigantesco, hemos hecho un debate nacional con este tema, con una diferencia en la que no estamos lejos de arrimar la chapita a la pared, como hacíamos antes. Así que sigo siendo optimista de poder alcanzar una respuesta nacional, íntegra, de todos los partidos.

El señor senador Gandini ha hecho un análisis excepcional, dando detalles de cómo se procesa financiera y numéricamente todo este plan de consolidación y de abordaje integral de los asentamientos, de las transformaciones del Instituto Nacional de Colonización, de los desafíos de futuro y de los compromisos políticos que asume la coalición de gobierno, que hoy está gobernando. Detrás de todo esto hay un compromiso político, ya lo decía el señor senador Olesker. El año que viene nos vamos a encontrar para pasar raya y observar los números. Así que, como decía el señor senador Camy y lo trasladaba el señor senador Bergara, planto nuevamente mis expectativas para encontrar alguna alternativa de coincidencia.

Muchas gracias.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor presidente: en primer lugar, queremos remarcar y reconocer el esfuerzo que hizo el señor senador en representación de la coalición de gobierno al explicar los alcances de los aditivos que están en discusión, en lo que tiene que ver con la propuesta de financiación para el Instituto Nacional de Colonización y la construcción del fideicomiso para financiar la construcción y la mejora en los asentamientos.

Coincidimos en que los esfuerzos se tienen que dar en lo que tiene que ver con la financiación, para seguir en el proceso de realojar familias que viven en condiciones inhumanas.

Reconocemos –lo digo muy sinceramente– el esfuerzo que hizo el señor senador para explicar en detalle la complejidad de los vericuetos de los aditivos a fin de entender la direccionalidad de estos recursos. Mientras escuchaba la explicación me imaginaba, a esta hora de la madrugada, a un aspirante a colono, a un colono, o inclusive a alguien que vive en un asentamiento, poniéndose a hacer el seguimiento de lo que se explicaba; está bravo para entenderlo. Es un mareo muy bueno, un mareo complejo. No entendemos la necesidad de marear tanto la cosa cuando en este recinto está la voluntad política de mantener los recursos asignados por ley. Esto no ha sido sencillo –para nada sencillo– y tiene una historia muy larga –como bien dijo el señor senador Sánchez–, un proceso complejo, con muchos intereses enfrentados.

En realidad, si damos los recursos –que puede ser la propuesta del aditivo 1, pero tiene la puntería de asignar recursos que hoy se pueden manejar transfiriéndolos directamente a vivienda– para financiar el fideicomiso, como bien dijo el señor senador Gandini, en el esquema del fideicomiso no se sabrán los años hasta que no se articule su andamiaje. Entendemos bien esa herramienta; lo dijo el señor senador Bergara, y estamos de acuerdo. Ahora, ¿serán diez, quince o veinte años? ¡Eso no es menor! ¿Por qué? Porque no están dadas las seguridades para la financiación de colonización para los años que superen este período de gobierno. ¡No están! Ese es el centro de la discusión.

Entendemos que hay que dar un debate por lo alto en ese sentido, ¡muy por lo alto! Es importante entender que el financiamiento debe ser una cuestión central. Ese es el problema que hemos tenido a lo largo de la historia. La discusión que ha habido siempre tiene que ver con la autonomía financiera del instituto, con los recursos que el instituto puede manejar de forma autónoma para financiar sus políticas. Ese ha sido el problema a lo largo de los ochenta años transcurridos desde la aprobación de la Ley n.º 11029. Como decía el señor senador Sánchez, si no están bien determinados los recursos, la financiación, por más que hagamos discursos bonitos no se financia el Instituto Nacional de Colonización.

Por lo tanto, esta propuesta retrocede en los avances que ha habido estos años; avances que no han sido fáciles y que no han sido por arte de magia ¡Acá no hay magia! Ha sido un proceso complejo. Hay que ver la historia porque nos marca el camino.

Como bien se dijo acá, las experiencias colonizadoras vienen desde 1850. Comenzaron en 1853, con fondos privados, a través de la Sociedad de Población y Fomento, que comenzó a traer inmigrantes y a buscar tierras. Después se empezó a discutir, en un proceso largo –como bien se dijo acá– que no se debe ignorar. Cuando debatimos estas cosas no podemos ignorar esos procesos.

En lo que tiene que ver con la colonización en la que el Estado jugó un rol, la podemos dividir en tres grandes etapas. En la primera, de 1905 a 1923 –tuvo una duración de dieciocho años–, se colonizaron 21.428 hectáreas, con un promedio anual de 1190 hectáreas.

Desde 1923 a 1947 se llevó adelante un proceso muy fermental en el país –que el señor senador Sánchez relató–, en el que participaron muchos actores de la academia, de la política y de todos lados. En ese período de veinticuatro años se colonizaron 199.435 hectáreas a un promedio anual de 7977 hectáreas.

Desde 1948 a 2007 se colonizaron un total de 362.810 hectáreas a un promedio de 6255 hectáreas por año. ¿Por qué desde 1948 a 2007? Porque en 1948 se aprobó la Ley n.° 11029, que crea el Instituto Nacional de Colonización y establece la forma de determinar los recursos, y en el 2007 tuvo modificaciones importantes en varios de sus artículos centrales. Esa ley, que no fue magia, sino diálogo político, que tuvo una aprobación unánime en el Senado de la república y una aprobación de 65 votos en 67 en la Cámara de Representantes, fue fruto de un debate con muchos acuerdos políticos. Esto se dio a partir de un proyecto de ley que presentaron el senador Camy, que hoy está acá sentado, y el entonces ministro Larrañaga, quien lamentablemente hoy no está en este debate, pero que durante mucho tiempo puso un énfasis muy grande en estos temas. La Ley n.° 18187, sobre repoblamiento de la campaña, introdujo modificaciones importantes, que no resolvieron el problema de fondo, pero entre otras cosas generó –como bien se dijo aquí– que nuevamente la lista de aspirantes a colonos se volviera a multiplicar. Antes de eso prácticamente no había aspirantes a colonos porque el Instituto Nacional de Colonización tuvo serios problemas que lo llevaron casi a la desaparición. De eso somos todos conscientes. No estoy diciendo esto para pasar factura.

La diferencia que tiene la Ley n.° 18187 con lo que hoy estamos discutiendo acá es que hubo un avance y se entendió la importancia de la autonomía financiera del Instituto Nacional de Colonización, pero ahora no la va a tener más. ¡Ahí está el centro de la discrepancia! Los que hoy estamos en la oposición éramos Gobierno y esa ley de repoblamiento de la campaña se transformó en un artículo de lo que luego fue la ley de colonización de tierras. El artículo que tuvo más polémica luego de haberse modificado en el Senado fue el 35, que es por el que más tierra se compra. Es a través de este artículo que el instituto intercede en el negocio de los privados para poder adquirir tierras. ¿Que venta de tierra va a seguir habiendo? ¡Va a seguir habiendo siempre!

Después se hicieron otras modificaciones a esa ley, pero hasta ese año, hasta que se aprobó la Ley n.° 18187, el instituto podía ofertar en compras de más de 1000 hectáreas; después bajó a 500 hectáreas y hubo otras posibilidades. En definitiva, sí hubo una decisión legislativa que cambió el rumbo para mejor porque el mayor promedio de compra de tierras en la historia del Instituto Nacional de Colonización –¡en la historia!– se alcanzó, por esa modificación, en los últimos quince años. Y no me arrogo en la discusión que eso sea solamente un merito del Gobierno que en su momento era el Frente Amplio. No, porque esta ley fue aprobada por todos –¡por todos!–; fue aprobada por todo el Parlamento.

Por lo tanto, estamos en condiciones de elevar la mira en el debate y no quedar en chiquitismos, porque de gestión tenemos para hablar, y mucho, pero no en la lógica de que yo soy el dueño de la verdad y todo lo que hiciste tú fue un desastre para favorecer a tus amigos, esto y lo otro. Podemos fundamentar lo que aquí se dijo. Yo lamento que en esta discusión se haya dicho lo que se dijo con respecto a las colonias. Se habló de algo que fue aclarado acá, pero lo voy a volver a aclarar. Se habló de un exdirector que integró el Directorio del Instituto Nacional de Colonización desde 2005 hasta 2010 como representante de los productores. Y el campo no se compró. ¿Por qué no se compró? Hay que decir toda la verdad: no se compró porque el Tribunal de Cuentas solicitó al Instituto Nacional de Colonización varios informes sobre los procedimientos. Este organismo tuvo que contratar un estudio para fundamentar ante el TCR el procedimiento de compra. El estudio contratado –un reconocido estudio– para que realizara el informe al TCR fue el del doctor Jorge Fernández Reyes. Finalmente, el Tribunal de Cuentas, por resolución del 27 de febrero de 2019, en el Acta n.º 5445, le dio la razón al Instituto Nacional de Colonización, pero después de todo ese proceso el campo no se pudo comprar.

Sobre cada una de las colonias que acá se nombraron, defenestrando a los colonos y diciendo que no se pueden hacer políticas colectivas en ellas, quiero decir que hay ejemplos que sí han sido efectivos. Además, se toma el espíritu del proyecto de ley del senador Camy y del exsenador Larrañaga, que en uno de los artículos planteaban que efectivamente se crearan consejos agropecuarios para discutir sobre las tierras, y eso se tuvo en cuenta en la ley. ¡Al barro, no! ¡Con altura, sí! Es cierto que hubo entrega de tierras de maneras que son totalmente discutibles hasta el día de hoy –¡totalmente discutibles!–, porque era gente que estaba en lugares de decisión para poder acceder a la tierra ¡y de eso tenemos pruebas! Las tuvimos en su momento y todavía tengo las tarjetas que se utilizaron para dar a la gente cercana a los Gobiernos, pero no lo estoy diciendo para pegarle a nadie; lo afirmo como un dato de la realidad, de la historia. Fueron herramientas que destruyeron al Instituto Nacional Colonización y perjudicaron familias.

¡Esta es la tarjeta! Si vamos a sacar papeles, ¡saquémoslos! Esta es la tarjeta que posibilitó que el actual secretario de Presidencia de la República tuviera tierras en la Colonia Dr. H. Ros de Oger, con una fracción al lado de un familiar directo. Y no tengo nada contra la persona del secretario de Presidencia. Esto no es para agredir a nadie. Esto es para demostrar con pruebas, y esta prueba es clara, es histórica y felizmente todavía la tenemos. ¿Por qué?

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Porque esto es lo que atacaba la independencia financiera del Instituto Nacional de Colonización. Como decía Eduardo J. Corso –y termino con esto, señor presidente– en 1961: «La colonización se hará en nuestro medio».

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Le pido que vaya redondeando.

SEÑOR PEREYRA.- Lo que dijo Eduardo J. Corso lo voy a leer cuando tenga la oportunidad.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señor presidente: ¡era tan previsible que iban a sacar un papelito! En su momento era más chiquito, pero ahora lo ampliaron.

(Interrupciones).

–¡Tráigamelo! ¡Tráigamelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tráigamelo, porque era tan previsible que iba a sacar un papelito! ¿Se acuerda de la Ola Esperanza? «Vení, vení con lo bueno». El candidato a presidente sacó el mismo papelito en un debate, el mismo argumentito que habla de un joven recién recibido, allá por los años que uno ni sabe, que aspiró y agarró un pedazo de campo. ¿Quieren hablar de amigos del Frente Amplio en campos del Instituto Nacional de Colonización? ¿Quiere hablar el senador Pereyra? ¿Quiere entrar en ese barro, señor presidente? ¿Quiere entrar? Más tarde les voy a decir. Traiga el papelito, porque con los papelitos no hacemos nada, y menos con los papelitos ampliados. ¡Ya vemos cómo le ha ido con esos papelitos en la campaña política, en Castillos, en el Chuy, en Rocha! ¡Así le ha ido con los mismos papelitos! Pero otros tenían más papelitos, que eran los del otro. Así que vamos a dejarnos de papelitos. Aunque, tráigalos porque, ¿sabe una cosa? Yo los quiero ver.

Muchas gracias.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señora presidenta: estamos dispuestos a discutir la gestión –lo dijimos– con nivel, pero no nos dan los minutos para hacerlo. Estos no son papelitos, sino documentos históricos que demostraban una forma de entender cómo se entregaba la tierra. Se desvirtuó, hirió la Ley n.º 11029. Esta tarjeta que tanto duele demuestra cómo alguien que tenía una responsabilidad política como secretario de un ministro de Estado pudo tener tierra, mientras otro ciudadano no tuvo la misma suerte. Eso es lo que dice este papelito; es eso.

Ahora quiero hacer referencia a lo que en su momento dijo Eduardo J. Corso en un artículo periodístico en 1961 porque, en definitiva, es lo que se está discutiendo acá; siempre se discute y siempre se vuelve en estas vueltas de la vida. El artículo decía que la colonización se hará en nuestro medio cuando se comprenda, por el proceso de razonamiento o por la imposición de los hechos, que las personas carentes de recursos que tienen vocación para trabajar la tierra, que saben trabajar la tierra, que tienen la necesidad de trabajar la tierra, deben ser atendidas en sus reclamos, sin las precipitaciones y desbarajustes que son consecuencia ineludible de las reformas realizadas en un clima de fuerza. ¡Qué actualidad tiene esto, señora presidenta!

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Veníamos bárbaro con el tono de la discusión, y la verdad es que yo estaba contenta. Debo reconocer que en este tema escucho a todos, porque como reitero siempre, uno no sabe de todo y tiene que aprender de todo, sobre todo cuando está acá y tiene que tomar decisiones. Y veníamos en un muy buen clima; estábamos, no digo que a punto de llegar a un acuerdo, porque hay cosas que hace tiempo que conozco y sé cuáles son los límites; me refiero sobre todo a la desconfianza y a pensar que las personas que no pertenecen a mi partido tienen determinadas características, siempre negativas. Y siempre hay desconfianza. No quiero profundizar porque estoy muy dolida.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, es una bellísima persona. No lo recuerdo porque entonces no lo conocía, pero sí me consta que este tema está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hace muchos años –creo que en 1996 o 1997– se presentó como aspirante a colono; era un veterinario recién recibido, que cumplía con los requisitos, y aspiraba en calidad de arrendatario. Cuando se armó todo el lío me enteré de que era arrendatario, y casi lo mato. Si se hubiera querido acomodar bien políticamente, habría sido promitente comprador; yo escrituré muchos campos del Instituto Nacional de Colonización. En los últimos meses, años tal vez, después de todo lo de Ancap y del protagonismo que tuvo Álvaro Delgado en la investigación del proceso de Ancap, casualmente lo empezaron a perseguir, tanto que el doctor Delpiazzo, padre –que es el que lo patrocina–, reconoció –tuve oportunidad de hablar con él sobre el tema– que nunca había visto una cosa igual. Pediría que se tuviera en cuenta, además, que el secretario de Presidencia ha demostrado, a lo largo de estos dos años de ejercicio en la secretaría, una gran dedicación. Diría que es, junto con el liderazgo del señor presidente, el autor del 84 % –hoy salió una nueva encuesta– de la administración de la pandemia.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino. Fue el gran negociador de las vacunas. Es una persona impecable. Nadie puede argumentar absolutamente nada de su moral.

Lo último que voy a decir es lo siguiente. Lo que me faltaba para confirmar que realmente ya no hay más izquierda ni derecha es que Eduardo J. Corso, que para mí era lo más fascista que había cuando yo me creía de izquierda, ahora es fuente de información, de inspiración de los tupamaros. ¡Era lo último que podía pensar! ¡Eduardo J. Corso, que era mala palabra para los que éramos de izquierda, de verdad! ¡Democráticos, eso sí!

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Por favor! ¡Por favor! Silencio; no sigamos bajando el nivel del debate.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta: voy a ser breve, porque no es hora para largas exposiciones.

Creo que, a veces, mirar el árbol no nos deja ver el monte. Lo importante de este tema que estamos tratando en la rendición de cuentas es que se dispusieron USD 15:000.000 para un fideicomiso que atenderá los asentamientos, sin que eso se le sacara al Instituto Nacional de Colonización, más allá de las consideraciones que se puedan hacer. O sea, USD 15:000.000 con los cuales se aumentó el monto disponible en la rendición de cuentas para gastar, para atender una realidad. Se mejoró el proyecto de rendición de cuentas inicial, el que se votó en la Cámara de Representantes, y se lo incrementó en USD 15:000.000 para atender una realidad que había sido postergada, a pesar de épocas de mucha más bonanza económica. La situación de esos casi 200.000 uruguayos viviendo como lo hacen es algo que nos interpela a todos. Creo que eso es lo importante de este proyecto de ley de rendición de cuentas. Hubo recursos para empezar a atender. Se va a hacer un fideicomiso que se estima en unos USD 200:000.000. ¡¿Que no es suficiente para atender toda la realidad de los asentamientos?! Es claro, pero es un monto significativo que al menos le va a cambiar la realidad a muchos de los uruguayos que viven en esa situación. Según lo que se nos ha dicho, se va a atender a los diecinueve departamentos del país, sobre todo a esos asentamientos más emblemáticos, más históricos, que requieren, de una vez por todas, de una solución.

Esa es la gran novedad de esto que se ha cambiado o mejorado en la discusión de la comisión, y ahora en el plenario del Senado. Me refiero a USD 15:000.000 más respecto al proyecto original que fue aprobado en la Cámara de Representantes.

Entiendo –y acá quiero ser claro– que se ha hablado de dos filosofías. Se historió, incluso, y se mencionó el debate que hubo en 1948, citando a determinada organización que hizo juicios realmente muy duros, que no compartimos.

Por las dudas quiero aclarar bien que nosotros somos partidarios de mantener vigente el Instituto Nacional de Colonización con la misión original, porque entendemos y tenemos bien claro que una de las grandes tragedias de este país es el vaciamiento del interior, que se propicia cada vez que no se le da a la gente de campo la posibilidad de permanecer allí; cada vez que no se le da a la gente que vive en el campo el confort necesario para permanecer allí; cada vez que se facilita o se propicia la concentración de la tierra en gigantescas extensiones, con la finalidad que sea, lo que va generando vacíos de población en el interior del país.

Basta recorrer el interior del país –cosa que estamos haciendo últimamente– para ver cada vez más cascos de establecimientos con un gran candado, instalaciones deteriorándose, taperas que van ganando el paisaje y desiertos humanos que van aumentando. Esa es la gran tragedia de este país. Muchas veces hablamos de la realidad de otros países como Nueva Zelanda, de su producción, etcétera, y decimos que es un país igual al nuestro en muchas cosas, pero no decimos que Nueva Zelanda lleva el pavimento hasta el último rincón del país, que lleva la fibra óptica hasta el último rincón del país, que invirtió millones y millones en sembrar fosforita desde el aire en las tierras del país. Es decir que ha hecho una política mirando el destino del país hacia el futuro.

Creemos que es fundamental arraigar a la gente en el campo. Por eso somos firmes partidarios del Instituto Nacional de Colonización y de su misión. Entendemos que debe ser bien gestionado, que hay que terminar con las cosas mal hechas que se han realizado a lo largo del tiempo, ya sea en las prácticas clientelistas a la hora de asignar los predios o en la generación de una burocracia inconcebible, que genera gastos por más de USD 11:000.000 para su funcionamiento, porque eso va en detrimento de lo que llega para la misión esencial.

Creemos que hay que hacer cambios sustanciales, pero confiamos en la solución a la que se arribó, en esa ingeniería de la que se habló, a la que hubo que recurrir para poder asegurar ese fideicomiso de USD 200:000.000 –no de menos– para los asentamientos. Consideramos muy positiva esa financiación que se establece directamente a los colonos, que les va a permitir acceder a créditos a tasas cero. Creemos que todo eso es una buena noticia y mejora sustancialmente el proyecto de ley de rendición de cuentas.

Por eso reiteramos que queremos recursos para atender la problemática de los asentamientos, a la que no se atendió debidamente. Acá se han dado números de cómo se mejoró en determinado período, pero se toma como punto de partida el momento de la salida de una gravísima crisis que nos pegó a todos y se soslaya que en esos quince años que siguieron hubo una bonanza económica sin igual. Se soslaya la triplicación de la deuda externa. Se soslaya todo el dinero que entró, con el cual se pudo perfectamente haber atendido mejor esta realidad. Ahora se la está atendiendo. Por lo menos, se comienza a atender la realidad de los asentamientos seriamente. Entendemos que USD 200:000.000 es un monto significativo, que va a comenzar a cambiar la realidad, sin desatender al Instituto Nacional de Colonización, que debe seguir cumpliendo con la misión para la cual fue creado hace setenta y tres años.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, creo que realmente este es un tema bien profundo y se han hecho referencias históricas importantes. Quizás una que faltó mencionar fue la experiencia de la CIDE, particularmente de la CIDE agropecuaria, que encabezó el entonces ministro de Ganadería y Agricultura y exsenador Wilson Ferreira Aldunate, en su momento. Él propuso un proyecto de reforma agraria por el cual fue interpelado en aquella oportunidad, y lamentablemente ese proyecto no prosperó.

Buena parte de esa historia está registrada, por suerte, y recuerda parte de las mejores épocas de lo que ha sido el debate sobre el destino de la tierra en el Uruguay y la manera en la cual debe ser distribuida para alcanzar más justicia social y más desarrollo productivo.

Pero en virtud de muchas objeciones que se hicieron con respecto al funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, quisimos ver algunos datos concretos. No son ni papelitos, ni nada de eso. Son datos concretos.

Supongo que los duros cuestionamientos al Instituto Nacional de Colonización no incluyen al representante de la oposición, que permaneció en ese lugar durante los cinco años anteriores, o sea, durante el último Gobierno del Frente Amplio. Deduzco que no es así, porque quien entonces integraba el directorio en representación de la oposición, el señor Rodrigo Herrero, es actualmente el representante propuesto por la Asociación Rural del Uruguay como integrante del actual Directorio del Instituto Nacional de Colonización.

Pero el dato más relevante, que me sorprendió, tiene que ver con que de las 7057 resoluciones que el Directorio del Instituto Nacional de Colonización adoptó entre 2015 y 2020, 6982 –lo cual equivale al 99 %– fueron adoptadas por unanimidad. De manera que me da la impresión de que hay algún dato equivocado en cuanto a lo que tiene que ver con los criterios de adjudicación de las tierras a los colonos o hay un representante de la oposición que no fue bien controlado por parte de la oposición misma.

Volviendo al debate de fondo, obviamente que el Frente Amplio acompañará cualquier solución que tenga que ver con el tema de los asentamientos. Es un tema que nos ha preocupado desde que el entonces intendente Arana reclamó en su momento al presidente Batlle la utilización de los créditos que el Banco Interamericano de Desarrollo tenía dispuestos para el PIAI –Programa de Integración de Asentamientos Irregulares– y que no se ejecutaban porque no se quería poner la contraparte nacional en el marco de la crisis del 2002.

(Murmullos en sala).

–Me gustaría, señora presidenta, que, si fuera posible, me amparara en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, vamos a pedir un poco de silencio en sala, si es posible, para poder escuchar al orador.

Puede continuar el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Hago el planteo particularmente porque he nombrado a figuras ilustres como el expresidente del Directorio del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, y el expresidente Batlle. Fueron figuras ilustres de la política uruguaya y me parece que corresponde escucharlos en silencio, no a mí, sino a ellos.

Decía que me resultan un tanto sorprendentes tan duros cuestionamientos cuando, en realidad, el 99 % de las resoluciones del Instituto Nacional de Colonización fueron adoptadas por unanimidad, incluyendo al miembro que representaba a la oposición y que actualmente sigue integrando, como representante de los productores, el directorio del instituto. Por tanto, sorprende un poco esta situación. No sabemos por qué procedió de esa manera. Seguramente no respondió a las orientaciones que recibía de su partido político.

También señalaba que la preocupación respecto a los asentamientos no es nueva. Recuerdo claramente –quizá muchos también lo recuerden aquí– los reclamos que el exintendente Arana realizaba para llevar adelante las intervenciones que se podían hacer a partir de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Creo no equivocarme al decir que la señora presidenta fue edila en esa época y, por tanto, recordará esto que estoy mencionando.

También recuerdo que en los quince años del Gobierno del Frente Amplio se regularizaron cien asentamientos. Ojalá estos recursos –si es que se vuelcan en su totalidad– alcancen para una cifra cercana a estos cien asentamientos que se han planteado. Creo que se ha explicitado con bastante claridad lo que representa el término «hasta», que está incluido en la asignación que se da a partir de recursos presupuestales y que, por tanto, hoy pueden estar y mañana no. Entonces, como se nos ha invitado a la posibilidad de alcanzar un acuerdo y solo es posible llegar a un acuerdo si alguien cede de algún lado, me parece que la grandeza de la coalición gobernante para facilitar la posibilidad de acercarnos en este tema podría provenir del retiro de ese famoso «hasta» y asegurar esos recursos que se están planteando para el Instituto Nacional de Colonización, si es que queremos generar una política de Estado en este sentido.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Estamos aquí, en este momento, discutiendo un complejo tema de financiación con relación al Instituto Nacional de Colonización. Se llegó a un acuerdo por parte de la coalición: se le sacan dos fuentes de financiación tributaria, que estaban destinadas en forma directa a la compra de tierras, y se hará un fideicomiso que no se sabe cuánto va a durar. Ayer, según recuerdo, el señor senador Camy había dicho que se le iba a quitar por tres años, pero hoy sabemos que, en realidad, no se sabe por cuántos años va a tener esa financiación.

Esos USD 15:000.000 que se van a destinar a la compra de tierras significan una reducción de casi un 50 %, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Colonización tenía USD 28:000.000. En otro punto, se destinan USD 25:000.000 para el pago de intereses de futuras deudas que los colonos puedan contraer como crédito.

Señora presidenta: evidentemente se ha llamado a un posible acuerdo, pero hay puntos concretos, como el término «hasta» y otros. Yo seré demasiado simple, pero acá hay una realidad: por un lado está el Instituto Nacional de Colonización con su historia, con todo lo que sabemos y, por otro, la necesidad de obtener dinero para poder paliar la situación de los asentamientos. Por cómo ha transcurrido este debate, lo que aquí está en cuestión es el Instituto Nacional de Colonización. Si no fuera así, se podría haber buscado otro lugar, aportado directamente el dinero, que al final, parece, va a ir al Instituto Nacional de Colonización. Pero se da toda una vuelta –yo lo veo así– y, en realidad, a quien se cuestiona es al Instituto Nacional de Colonización. ¿Y por qué? Podrán decirme que prejuzgo, que es horrible, que pienso mal, pero creo –y otros también– que acá hay un tema de fondo, y es que no es lo bueno otorgar tierras a quienes simplemente se van a estacionar con sus familias en predios, sino que lo bueno para otros intereses no pasa por el Instituto Nacional de Colonización, algo que ya en parte se dio con la LUC. Se le quitaron tierras y ya no hay que afincarse en la tierra para poder ser colono. O sea, hay una cabeza –que creo no es la de todos los aquí presentes; creo que hay mucha buena voluntad por parte de los aquí presentes– que reside en algún lugar, que va en contra de este instituto. Y eso sí es serio, es problemático. Creo que no está bueno tratar de quitar peso a un instituto con esta historia que, justamente, como dijo alguien, formaba parte como de una reforma agraria. Creemos nosotros que con estas acciones se lo debilita.

Personalmente, entiendo que debería llevarse a pensar a los aquí presentes si no habría que cambiar, realmente, esta forma tan eclíptica o trabajosa de llegar a esta solución, para ir por cosas más directas. Hubiera sido lo más sano no cuestionar al Instituto Nacional de Colonización, que tanto significa para nuestro país, y solucionar el problema de los asentamientos.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: si bien no voy a hablar de colonización, me encuentro en la obligación de hacer algunas reflexiones, porque acá se empareja a todos. Nos acusan de insensibilidad, de que hay otros intereses y de que esto es por poco tiempo. De verdad, es muy lamentable que eso suceda cuando el tema es otro. El tema son los miles y miles de uruguayos que están viviendo en situaciones indignas; pero nosotros, acá, nos dedicamos a los grandes discursos, a mencionar a otros actores que nada tienen que ver o a decir: «Bueno, nosotros no tenemos la culpa». Acá no se buscan culpables, pero debemos responsabilizarnos cuando decimos que el oficialismo está manejando datos que no son ciertos o que los asentamientos habían disminuido.

Tengo una publicación del semanario Búsqueda cuando la oposición era Gobierno, que proporciona un dato muy claro: «… los asentamientos crecieron al menos 3,5%, ya que entre 2011 y 2018 se pasó de 589 a 610…». ¿Quién lo dice? El diputado del Movimiento de Participación Popular Jorge Meroni, que manifiesta que la coordinadora del plan Mejoramiento de Barrios, Cecilia Cairo, le planteó al Frente Amplio que «cometió un error al no priorizar el tema de la vivienda» en el tercer período de gobierno. Y dijo: «El oficialismo debería haber tenido como “buque insignia” la situación de los asentamientos».

No se trata de buscar culpables, pero tampoco que se nos diga que estamos mintiendo o que no es verdad lo que decimos. Aquí hay que buscar soluciones, no culpables. No podemos estar discutiendo horas y horas para luego decir: no vamos a acompañar.

Este fideicomiso tiene como fin ayudar a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, a uruguayos, a compatriotas que les ha tocado vivir una situación muy dura; una situación de pobreza extrema, de desprotección y de soledad. Muchas veces crían a sus hijos en el barro, y cuando llueve tienen que juntar sus pocas pertenencias porque se les llena de agua el rancho. ¡Es así! El invierno los golpea muy duro, pero nosotros nos dedicamos a otra cosa. Acá se llega a generar esa especie de terrorismo contra aquellos más desprotegidos cuando se les dice que si ocupan va a llegar la policía y los va a sacar a la fuerza. Se busca el enfrentamiento entre el que menos tiene y el que está en otra situación. Eso es lamentable, pero esto ya no camina más, porque nuestro presidente ha demostrado la sensibilidad que otros no tuvieron durante todos estos años: se ha preocupado por los más carenciados y necesitados.

Pero esas actitudes molestan y duelen, ¿saben por qué? Porque muchos hablan –y si alguien se ofende, que se haga cargo– en base a que en una visita o en una gira miran, se acercan, ven la situación y se sacan una foto, pero quienes hemos vivido al lado, conocemos la situación y conocemos gurises que la han pasado muy mal, que vienen de generaciones tras generaciones, sabemos que no tenemos derecho a hablar con tanta liviandad. Incluso se esboza alguna sonrisa como expresando: «Mirá lo que dice». Creo que debemos tener un poco de respeto y de sensibilidad; lamentablemente no hay sensibilidad. No quiero generalizar, porque sé que hay legisladores de la oposición que realmente sienten esta situación, pero los que levantan la voz y se ponen como gallitos de riña hacen un discurso para la tribuna. Es lamentable que sucedan estas cosas.

El artículo 306, que refiere a la constitución del Fideicomiso Integración Social y Urbana, tiene como objetivo el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad, con énfasis en el acceso a la vivienda de las personas en situación de contexto crítico. Estamos hablando de buscar una solución a aquellos que están viviendo entre cuatro palos, con una chapa y un nailon. ¡Miren que hay asentamientos que no tienen ni un año ni dos!

En 2020, como todos sabemos, el número de asentamientos superaba los 650 en todo el país, un verdadero drama para cientos de miles de niños, niñas y ancianos. Lo que se busca es una solución digna para esas personas a través de la erradicación de los asentamientos, de la erradicación de esa angustia. A veces pienso que tenemos que ponernos un poco en los zapatos del otro y cacarear menos.

Sabemos que no vamos a solucionar definitivamente el problema de los asentamientos con este fideicomiso, pero es comenzar a hacer algo, pero algo de verdad, algo tangible, algo que trate de solucionarles la vida a estas personas. ¿Saben una cosa? Hay gurises que conocen lo que es una ducha caliente cuando salen de excursión con la escuela; eso es lo que estamos discutiendo ahora.

La verdad es que creo que tendríamos que sentir vergüenza, porque el fideicomiso es una herramienta que ha sido usada en todas las Administraciones y sabemos que, como instrumento, dará un flujo de dinero que permitirá actuar más rápidamente en los asentamientos, donde las familias ya no pueden esperar más debido a las precarias situaciones en las que viven.

Los legisladores que trabajaron estos temas estudiaron, se asesoraron y encontraron la mejor de las soluciones, que es lo que nos están presentando. Entonces, con muchísimo gusto vamos a acompañar. Sabemos que no es la solución definitiva, pero también sabemos perfectamente que estos son los primeros pasos.

Por eso exhorto a la bancada del Frente Amplio a que se sume y que acompañe, porque le estamos solucionando la vida a muchos uruguayos. Que no quede esto como una perla más –y vuelvo a reiterar que no emparejo a todos– de los discursos de algunos frenteamplistas para la tribuna, como recién, hace pocos momentos, escuchamos.

Muchísimas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: procuraré ser objetivo; la hora demanda centrar las reflexiones y ponderar las expresiones. No me refiero solo a las más de diecisiete horas transcurridas de sesión, sino también a la hora de responsabilidad que exige el país al Senado de la república.

Quienes sentimos –creo que todos en este ámbito– la importancia que tiene el Instituto Nacional de Colonización y, más que eso, la política de tierras y el proceso colonizador en el Uruguay –que es mucho más antiguo e importante que el propio organismo– entendemos que se hace una gran contribución: que el Senado de la república haya puesto casi como tema principal de una instancia presupuestal de la magnitud de la rendición de cuentas, al inicio de un período de gobierno, el tema del Instituto Nacional de Colonización, tantas veces en las sombras y tantas veces fuera de la agenda de prioridades políticas en el devenir histórico. Por tanto, creo que eso debemos contemplarlo y homenajearlo con una discusión que tenga –o pretenda tener– el carácter de objetividad que creo que puede asumir. Esa objetividad, obviamente, no va a surgir de una posición de coincidencias plenas, y menos aún unánimes, sobre el tema de políticas de tierras.

Algunos de los senadores preopinantes señalaban lo que ha significado desde su propio nacimiento, el 12 de enero de 1948, la Ley n.º 11029, que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Colonización, y antes, en el siglo XIX, todo el proceso colonizador.

No es sorpresa para mí que esto haya atravesado a todos los partidos políticos en la opinión, porque soy de los que creen que en el Uruguay tenemos partidos muy antiguos –ni más ni menos que los más viejos del mundo–, pero también organizaciones políticas, como el Frente Amplio, muy antiguas, con más de cincuenta años. Si vamos al contexto regional, los nuestros –los uruguayos– son partidos muy sólidos y tengo la convicción de que eso se debe, en parte, a que todos los partidos somos fuertes; seguramente, en el devenir del análisis histórico, si uno fuera a 1931, a la ley de creación de Ancap, por ejemplo, también encontraría perfiles que son definitorios y constitutivos y que hacen fuertes a los partidos políticos. Los partidos más nuevos y de importante representación parlamentaria también se constituyen por visiones históricas del país, que confluyen en la constitución de esas noveles expresiones políticas.

Como se ha señalado y muy bien, en el siglo XIX –en 1853–, con la Sociedad de Población y Fomento, en el marco del derecho privado pero en directa relación con el Gobierno, comienza el proceso colonizador en el Uruguay y a principios del siglo pasado –en 1905– empieza –a través de dos expresiones hasta 1923– en la esfera estatal y se introduce como la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.

En 1923 aumenta la actividad colonizadora del Estado y en 1948 surge la ley, como también se señaló por parte de más de un diputado en aquel célebre congreso de 1945 en Paysandú, organizado por la Comisión Nacional de Fomento Rural.

En ese entonces, el Senado de la república creó la Comisión Especial de Reforma Agraria. Creo que después de eso no hubo una instancia similar en el Senado para afrontar el tema de la política colonizadora como un proceso económico, productivo y social, de asentamiento de familias en el medio rural y de procurar una mejor producción y una subdivisión de la tierra más racional, que en ese entonces era un factor fundamental. Tenemos que saber, necesariamente, para qué fue creado el Instituto Nacional de Colonización y en qué momento histórico, porque fue hace setenta y tres años. Yo creo en su plena vigencia. Me afilio a la definición del senador Manini Ríos en cuanto a que la Ley n.º 11029 está plenamente vigente; y de los 155 artículos me animo a asegurar que nunca, en setenta y tres años de aplicación, se utilizaron más de quince en forma regular, pero han pasado setenta y tres años.

En la década de los cuarenta el agro uruguayo estaba dividido groseramente en dos sectores: el sur y el litoral, agrícola y lechero; el resto eran estancias dedicadas a la crianza tradicional y extensiva de vacunos y lanares. Existía un gran número de pequeños productores agrícolas que usufructuaban tierras en régimen de aparcerías y, por ende, cambiaban cada tanto, no tenían radicación estable en la tierra. De ahí surge la necesidad de la existencia de un organismo que desde el Estado otorgara seguridad con respecto a la tenencia de la tierra.

Este criterio abarcaba también las áreas lecheras y, sobre todo, las de mayor intensidad en el trabajo de la tierra, situadas en el litoral sur, con emigrantes de países de Europa.

En los comienzos del Instituto Nacional de Colonización hubo una fortísima inversión –a la que ya se ha aludido aquí–, fundamentalmente en el norte del país, donde están las colonias más viejas. Se siguió la lógica de llevar esa producción progresista que estaba en el sur y afincarla. En esa parte del país va la tecnología de la época, van los plantíos de alfalfa y de maíz como cultivo con propósito alternativo forrajero, la hortofruticultura y también vacas lecheras. Después, a mi criterio, sobre la década de los sesenta se empieza a desvirtuar, más allá de que hubo un influjo importante de aporte de tierra, principalmente durante el Gobierno del presidente Pacheco Areco, que fue cuando se produjo la incorporación de tierras al Instituto Nacional de Colonización.

A comienzos de la década de los noventa hay una impronta muy particular hacia la lechería y se incorporan tierras con destino a los campos de recría lecheros, que es una gran herramienta que tiene el país; de las casi 20.000 hectáreas, 16.000 las aportó el Instituto Nacional de Colonización. La primera fue en 1979: el campo de recría de San José. El campo más grande de lechería está en Florida, con 3436 hectáreas, y el más chico está situado en el departamento de Flores, el campo de recría de la Sociedad de Fomento Rural La Casilla, con 325 hectáreas. Hay una experiencia muy interesante que, a mi juicio, es en lo que está en deuda el instituto y tiene que procurarlo para el futuro. Me refiero a este modelo de campos de recría en la ganadería. Se trata de una experiencia que se lleva adelante en 974 hectáreas, en un lugar llamado Dayque, situado entre los ríos Daymán y Queguay, sobre la ruta n.º 26, cerca de la Cañada del Pueblo en Paysandú, pionero en la recría de ganadería y también una experiencia del Instituto Nacional de Colonización. De manera que llegamos, en esos episodios históricos que se han calibrado, al presente, setenta y tres años después, y seguimos discutiendo sobre el Instituto Nacional de Colonización.

Creo que todos los partidos tienen derechos de autor, tienen pertenencia, pueden rasgarse las vestiduras en este organismo. Lo puede hacer el Partido Colorado porque es una ley batllista; sin duda tiene cuño batllista. Lo podemos hacer los blancos, el Partido Nacional, porque hemos tenido defensores a ultranza de este organismo. En tal sentido, puedo nombrar normas concretas como la Ley n.º 13284, que autorizó una ampliación para capitalizar al Instituto Nacional de Colonización en 1964, firmada por el ingeniero Giannattasio, Wilson Ferreira Aldunate y Daniel Hugo Martins; la Ley n.º 13495, que incrementó la deuda nacional en un 5 % en 1960 para volcarlo al Instituto Nacional de Colonización, firmada por don Martín Echegoyen que presidía el Senado de la república, también por Wilson Ferreira Aldunate, como ministro, y don Dardo Ortiz; y la Ley n.º 13166, que estableció un régimen de consolidación de deudas y otorgamiento de créditos a los colonos a través de la capitalización directa del Instituto Nacional de Colonización, firmada por Wilson Ferreira Aldunate y don Daniel Fernández Crespo, entre otros.

Y también lo puede hacer el Frente Amplio, por lo que se ha expresado, porque en sus quince años de gobierno se destinaron recursos de manera muy importante al Instituto Nacional de Colonización, fundamentalmente a través del artículo 7.º de la Ley n.º 18187. Se modifica cuando empieza a regir la reforma tributaria de Astori, en julio de 2007, y en el 2014 se establece un monto fijo para lo que allí era un porcentaje o un equivalente al porcentaje primario del ITP. Este ITP había surgido de la Ley de Repoblamiento de la Campaña que, con el doctor Jorge Larrañaga, presentamos en 2006 pero que anunciamos agosto de 2003, en la sala Martín C. Martínez, cuando yo era vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización y el entonces senador Larrañaga ejercía su primer período legislativo en este Cuerpo.

A su vez, en diciembre de 2011 se aprobó la ley de creación del ICIR, que luego se declara inconstitucional, pero el capítulo II, en sus artículos 13 y 14, queda vigente y establece esta fuente de recursos permanentes.

Después viene el artículo 588 del presupuesto quinquenal de este Gobierno, que le pone tope a esa primera fuente de financiamiento.

¡Esa es la realidad objetiva! Y si nos paramos ahí –para ser más claros y más objetivos–, en el momento en el que con el senador Botana y el senador Gandini fuimos a hablar con el presidente de la república y nos reunimos con la ministra de Economía y Finanzas y con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para reclamar esto que hoy se ha logrado –también lo hablamos con el senador Manini Ríos y comparecimos juntos en una reunión en Rincón del Conde, en Canelones, viendo una experiencia de colonización, así como lo hablamos con el senador Lanz–, ¿cuánto había de dinero para colonización? USD 15:000.000 aproximadamente, en unidades indexadas. Lo que ingresaba hasta hace algunos días eran USD 15:000.000 más los USD 5:000.000 del resultado operativo del último año.

¿Y qué es lo que hoy concretamente se plantea, se garantiza o se asegura? Podemos discutir el «hasta», pero ¿qué es lo que se plantea? USD 15:000.000. Eso es concretamente lo que hay, más allá del proceso de ingeniería que, en lo personal, no podría explicarlo tan bien y con tanta claridad como lo hizo el senador Gandini.

Es discutible si ese es el mejor camino o si era directo. Pero, bueno, también hay una justificación: había que palanquear un fideicomiso que requería –para ser un fideicomiso administrativo o financiero–, determinados mecanismos que sustentaran esa posibilidad. ¿Cómo hace el Sucive, por ejemplo –acá hay exintendentes–, para sostener la afectación del tributo de la patente de rodados? En concreto, son USD 15:000.000 y hoy tenemos USD 15:000.000. ¿Complicado el camino? ¿Podría haber habido un atajo? Tal vez; pero es lo que hay.

Quiero hacer algunas aclaraciones, si me lo permiten.

Estas cosas están vinculadas a la mejor historia del país, es decir, si vamos a hablar de los conceptos de colonización estamos retomando las mejores tradiciones artiguistas, que son las que unen al pueblo uruguayo. Podrá decirse que filosóficamente tenemos diferencias porque algunos creemos que la situación ideal de tenencia de la tierra es la propiedad y otros creen en el Estado como propietario de la tierra para arrendarla; y sí, las tenemos, pero que esas diferencias no opaquen otras que fundamentan la existencia del instrumento y del organismo. Esto lo digo por quienes dimos pelea para que los recursos estén de la forma en que están y también para que no queden sin votar los recursos que pueden estar disponibles para colonización por parte de quienes pienso que creen en el instituto.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor senador.

SEÑOR SARTORI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SARTORI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: un senador dijo que en 2005 –en el anterior Gobierno– se encontró un instituto fundido y no fue así; el Instituto Nacional de Colonización no estaba fundido. El 4 de octubre de 2006, en la 42.ª sesión ordinaria del Senado, ejerciendo como senador, presenté ante este Cuerpo el estado de situación del Instituto Nacional de Colonización cuando entregamos el Gobierno en la presidencia del doctor Batlle, momento en que fui orgullosamente vicepresidente de ese instituto. El directorio entregó el organismo con casi USD 3:000.000 en caja. En el 2004 hubo superávit, incluso habiendo retomado ese año, después de décadas, una política que felizmente se va a volver a retomar ahora –con carácter de inédito– cuando se apruebe esta ley, que es la de los préstamos a los colonos. En aquella época integré la comisión, junto con el exdirector Urrestarazú y el exgerente general, ingeniero Claramunt. Se hicieron tres proyectos: el apícola, que se destinó a beneficiar a quince productores, básicamente colonos de Soriano, Colonia y San José, con créditos a cinco años y medio de duración; el del vino, dirigido al norte del país, que alcanzó a nueve beneficiarios, y el proyecto lechero, que se implementó en Canelones, San José y Colonia, con un plazo de tres, cuatro y cinco años para nueve productores.

Cuando asumimos, el 16 de mayo de 2001, dijeron que se quería cerrar el instituto y lo cierto es que sí, eso se evaluó, entre otras razones porque desde 1990 estaba asistido por rentas generales. Esto lo dije ese mismo 16 de mayo de 2001 en el Senado y consta en la versión taquigráfica. El 80 % era moroso y el presupuesto era deficitario en más de un USD 1:000.000. Vendimos, entre otras cosas, veintitrés autos y compramos ocho; tengo constancia de ese remate.

Aquí tengo la circular n.º 22, de 24 de julio de 2001, con el balance de ejecución presupuestal correspondiente al 2000, donde aparecen los rubros 2 y 3, que corresponden a combustible, viáticos, energía eléctrica, teléfono y reparaciones, y la cifra se redujo en USD 187.000, de los USD 740.000, y USD 360.000 menos que el último trienio. En ese momento, estábamos casi sin país, porque recordarán que hubo un destacado dirigente político que habló hasta de default. Por lo tanto, no se entregó fundido, aunque es cierto que no se pudo comprar tierra en ese período.

¿Por qué digo todo esto? Porque soy un convencido de que el Instituto Nacional de Colonización, en ese devenir histórico, ha hecho aportes, en algunos tiempos mayores y en otros menores en cuanto a la incorporación de tierras. En lo personal, quiero reconocer que durante los quince años del Gobierno frenteamplista hubo una importante incorporación de tierras al Instituto Nacional de Colonización, porque eso existió. Pero también quiero decir que tengo diferencias muy severas con la gestión que tuvo el Instituto Nacional de Colonización en algunos períodos en particular, fundamentalmente, en el período 2005-2010.

He seguido el tema del instituto con sentido exegético y de prioridad; en la legislatura anterior, el 31 de octubre de 2018, realicé un pedido de informes, basado en el seguimiento de la Ley n.º 18187, sobre repoblamiento de la campaña, que nos unió a todos porque la votamos por unanimidad. Uno de los objetivos principales de la norma era dotar de tierras al Instituto Nacional de Colonización, transfiriéndoselas desde el Estado. Cuando el 31 de octubre de 2018 consulté al instituto, entre el 2007 y el 2015 habían pasado 23.386 hectáreas por imperio de la aplicación del artículo 1.º de esa ley. Por medio del artículo 3.º de esa ley, la tierra vendida por el instituto ascendió solamente a 2284 hectáreas; hoy se señala que hay mucha más porque esa era la tierra que no tenía capacidad para ser colonizada.

Hay otra diferencia que me separa y sobre la que no cuestiono la gestión; simplemente me coloco en una posición filosófica distinta. Solicité al Instituto Nacional de Colonización que me detallara las fracciones que fueron ofrecidas en venta a los colonos al amparo del artículo 5.º de la ley de repoblamiento de la campaña. Me llevé la sorpresa de que me contestaran que, de acuerdo con ese artículo, no se ofreció en venta ninguna fracción. Pero ¿qué establecía la ley de repoblamiento de la campaña? ¿Qué fijamos en esa norma? Facultamos al Instituto Nacional de Colonización a ofrecer en venta a plazo a los colonos las fracciones que ocupaban siempre que cumplieran con ciertas condiciones: más de cinco años de arrendatarios y que la explotación de la fracción no constituyera la única fuente de ingresos familiares.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR SARTORI.- Concedo otra interrupción al senador Camy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Es decir, estamos hablando de los colonos arrendatarios que no tienen como única fuente de ingresos su condición de colonos. Además, debían contar con un informe técnico que demostrara que tenían posibilidades reales de acceder al plan; sin embargo, no les vendieron ni les ofrecieron la tierra. Eso me dijeron desde el instituto el 31 de octubre de 2018.

¿Qué quiere decir esto? En el incumplimiento de esto, que implicaba ofrecer a los colonos que tenían más de un ingreso –además de que eran colonos–, técnicamente, el instituto determinaba que podían comprar la tierra; pero no se la ofrecieron. Existía una definición filosófica de que el Estado fuera el dueño de la tierra y el colono no fuera propietario. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante, no menor.

Por otro lado, debo decir con total franqueza que he tenido algunas diferencias importantes, al mismo tiempo que reconozco otras. Por ejemplo, el 25 de febrero de 2008, el Banco de Seguros del Estado concreta la venta de un campo de 5823 hectáreas –a este respecto, incluso hay un pedido de informes del exdiputado Goñi, del departamento de Salto, con fecha 15 de mayo–; 5823 hectáreas a USD 4:542.000, o sea, USD 780 por hectárea, pagando al contado USD 1:816.800, es decir, el 40 %, y el resto a diez años, en 120 cuotas, con un interés anual del 9 %. Se hizo la venta en el valor de la tasación, mediante un procedimiento que se prevé en la ley, al ocupante, que era un empresario importante del norte del país, no importa quién porque no viene al caso. La tasación del banco fue de octubre de 2006 y la empresa particular tomó como valor definitivo el del 29 de marzo de 2007; se firma el boleto de reserva y se ofrece al instituto el 24 de enero de 2008. Los servicios técnicos del instituto informan: «Se trata de un precio muy bajo». Sin embargo, el 30 de enero el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, por resolución 47, acta n.° 4887, resuelve: «No hacer uso de la opción ofrecida». Por tanto, las autoridades del Banco de Seguros venden a un particular un campo, aproximadamente, a la mitad del valor, perjudican a la institución y dejan que un particular se beneficie, por lo menos, con USD 4:000.000. El boleto se firma el mismo día en que acá estábamos aprobando, por unanimidad, la ley de repoblamiento de la campaña, que disponía que los campos del Estado pasaran al Instituto Nacional de Colonización.

El instituto resuelve no hacer uso de la opción el 30 de enero de 2008, tres días antes de que venciera el plazo que la ley ya aprobada y vigente daba para que se efectivizara la transferencia de los campos al Instituto Nacional de Colonización. Es decir que el directorio no accedió a comprar un campo estatal muy barato y financiado a diez años, permitiendo que se concretara la referida operación. ¿Qué es esto? No aplicamos una ley que votamos por unanimidad a un campo sobre el que los técnicos, los servicios del instituto dijeron que era muy barato; se compra a diez años a mitad de precio. En ese período, por ejemplo, hubo seis flagrantes ocupaciones de tierras. Dije que iba a ser objetivo y quiero cuidarme. Me permito concluir que el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, por acción o por omisión, promovió las ocupaciones de tierra ilegales.

Hay un campo en Kiyú que sería propiedad del Banco Central, porque anteriormente había pertenecido a un banco en liquidación. A pesar de que estaban los antecedentes de gestiones en ese período del Instituto Nacional de Colonización ante el Banco Central, en cumplimiento del artículo 1.° de la ley de repoblamiento de la campaña que establecía un plazo de noventa días perentorios para que pasara al Instituto Nacional de Colonización, eso no se pudo lograr. ¿Qué ocurrió en Kiyú? En octubre de 2006 un intruso ocupó la fracción 14 de la Colonia Galán en la ruta 1, en San José. Los vecinos avisaron a la regional de colonización y con el apoyo del departamento jurídico y la rápida acción policial y judicial se logró la desocupación del predio en veinticuatro horas. ¿Qué hizo el directorio como premio? Tres meses después, el 28 de marzo de 2007, el instituto le arrendó un campo a un particular –esto nunca se dio en colonización– por dos años, pagando por adelantado y el 5 de marzo de 2008 se le otorgó a ese intruso que la justicia había retirado de la fracción 14 de Colonia Galán. En 2008, como senador de la república hice un pedido de informes y hasta el día de hoy no se me contestó. Ese mismo intruso, antes de que culminaran los dos años del arrendamiento que realizó colonización para premiarlo, le entregó al instituto el campo y, entonces, se le dio el campo de Kiyú.

Podemos ir a Bella Unión, donde el 15 de enero de 2006 en las fracciones 43 y 46 de Colonia España había colonos con problemas de incumplimiento y también fueron desalojados.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR SARTORI.- Le concedo otra interrupción al señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- ¿Saben lo que hizo colonización? Se lo adjudicó a una sociedad anónima: ALUR. En ese momento, parte del capital de ALUR, más del 10 %, era de una empresa extranjera.

Hay otro caso en Bella Unión, donde 338 hectáreas fueron ocupadas también por intrusos. En todos estos casos se postergaron las listas de aspirantes. No se respetó el registro oficial de aspirantes. Lo mismo sucedió en un campo en Tacuarembó, ocupado el 27 de febrero de 2007 por un grupo que se hacía llamar Grupo 10 de setiembre. Y lo mismo pasó en San Jorge, Durazno. No se respetaron los plazos del artículo 1.° de la Ley n.° 18187. No se ha tenido en cuenta la ilegalidad de las ocupaciones; habría que ver la Ley n.° 18116. Con esto, ¿a qué voy? ¿Ha habido problemas de gestión? Seguramente sí, siempre los ha habido, pero creo que flaco favor hacemos si pretendemos que un tema de esta magnitud, que atraviesa y que importa a todos los partidos políticos, lo queremos discutir plantándonos en un tiempo histórico o en una definición de acciones de gobierno y, por pertenencias partidarias, decimos que la nuestra fue de cero errores, de transparencia total y absoluta, pero no fue así en ningún caso, y lo sabemos.

Creo que hay que elevar la mira y plantar el tema con la dimensión que tiene. Hoy estamos proponiendo los mismos recursos para colonización que teníamos cuando ingresamos a esta sala, más algo inédito: disponer de USD 100:000.000.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado el tiempo del señor senador Sartori, por lo que solicito al señor senador Camy que redondee.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Estaba haciendo referencia a los USD 100:000.000 apalancados por USD 25:000.000 que lo posibilitarían con una media de cuatro años de préstamos. Yo creo que la característica de inédito de esto es que se hace a 0 % de interés, directo para los colonos, en el marco de una norma que también deja establecido el retorno –más allá de no tener la certeza de años de las fuentes originales de financiamiento que promovió el Frente Amplio–, por lo que tenemos una oportunidad histórica de reivindicar al organismo. Más adelante, también en este ámbito podremos tener alguna instancia, como en una comisión especial, que nos permita trabajar en serio en los cambios de mejoramiento de gestión, pues eso sí estoy seguro de que lo queremos todos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la verdad es que me sentí muy representado por mis compañeros de bancada y no iba a hacer uso de la palabra, pero luego de escuchar algunas intervenciones, quiero hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, quiero recordar que no estamos al inicio de un período de gobierno; en realidad, estamos en el segundo año. Digo esto porque parece que se estuviera empezando hoy con el período. Esto en realidad tiene una historia y, ¿por qué estamos teniendo esta discusión? Porque existió un recorte muy fuerte en los recursos para vivienda. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial fue el que sufrió…

(Dialogados).

–Pido, señora presidenta, que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, mantengamos silencio en sala.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial fue el que sufrió el mayor recorte, un 12 % en términos reales, $ 1.450:000.000, y no se cumplió con la ley que establece los recursos que se deben enviar al Fondo Nacional de Vivienda. Eso llevó a que se enlentecieran, se interrumpieran y se suspendieran obras, construcciones, realojos y relocalizaciones. Lamentablemente, la realidad es una, y es que acá hay un cambio en las políticas de tierras, en la política de colonización. Desde el Frente Amplio estamos de acuerdo en que se debe disponer de recursos genuinos para atender la problemática de la vivienda y de los asentamientos, pero no con esta forma de financiamiento.

Se ha hablado mucho de la ingeniería financiera, planteada por el senador Gandini, y para mí lo que se propuso es una ficción, es un concepto elaborado a través del que se quiere demostrar una realidad para obtener este objetivo. Y acá esto tiene una historia, que es que los cambios en la política del Instituto Nacional de Colonización se iniciaron con la LUC y luego con la ley de presupuesto, donde se recortó el aporte a rentas generales en un 90 %, es decir, de mil millones a cien millones. Y ahora estamos en esto donde se está dando otro destino a los impuestos.

Señora presidenta: por último, quiero hacer un reconocimiento a todas las organizaciones rurales, muchas de las cuales estuvieron en esta casa y se movilizaron reivindicando sus derechos en Melo, Cerro Largo; en Guichón, Paysandú. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Asociación Nacional de Productores de Leche, a la Mesa Nacional de Colonos, a la Sociedad de Productores de Leche de Florida, a los trabajadores del Instituto de Colonización y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Facultad de Agronomía, entre muchísimos otros productores y asalariados rurales que estuvieron reivindicando sus derechos. Quiero hacer este reconocimiento porque a partir de ahora hay un cambio en la política de tierras públicas, acá hay un cambio en la política de colonización. Y bueno, veremos cómo va evolucionando esto, los controles que tenemos que ir haciendo y las discusiones que vamos a tener.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, ahora estamos en condiciones de votar. Recuerdan que habíamos votado el artículo 236.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Estamos en condiciones de votar los artículos 237, 239 y 240. Además, con respecto al artículo 238, hay un sustitutivo en la hoja 13; con respecto al artículo 307, un sustitutivo que figura en la hoja 14; y con respecto al artículo 308, un sustitutivo que figura en la hoja 15.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Respecto al sustitutivo del artículo 308 que figura en la hoja 15, quiero hacer una sugerencia. El primer párrafo dice: «resulten aprobados por los servicios técnicos del Instituto o el Plan Agropecuario» y yo propondría que dijera: «Instituto Nacional de Colonización o de la Institución Plan Agropecuario». Quedaría: «del Instituto Nacional de Colonización o de la Institución Plan Agropecuario», que es la denominación que corresponde.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicito que se voten en bloque los artículos 237, 239 y 240.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 237, 239 y 240.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Ahora correspondería votar –no sé si por la negativa– los artículos 238, 307 y 308, cuyos sustitutivos figuran en las hojas 13, 14 y 15. Entonces, si es necesario votar negativamente, propondría votar en bloque por la negativa los artículos 238, 307 y 308, y posteriormente votar por la afirmativa los sustitutivos que figuran en las hojas 13, 14 y 15.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: en función de la propuesta de votar en bloque los artículos y también las hojas que contienen los correspondientes sustitutivos, queremos solicitar el desglose del sustitutivo que figura en la hoja 15, porque lo vamos a acompañar, como lo acompañamos en comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 238, 307 y 308, en su redacción original.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

En consideración las hojas 13 y 14.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración la hoja 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Reconozco el esfuerzo de distintos señores senadores por lograr la mejora de los fondos para el Instituto Nacional de Colonización. Creo que han logrado un avance que hace creer que se van a tener los USD 15:000.000, pero la palabra «hasta» no cumple ese efecto, como se ha fundamentado largamente.

Lo mismo le sucedió al entonces ministro Larrañaga, que también creyó que iba a tener recursos para construir cárceles y a veinte meses de gobierno no los tuvo ni él ni el señor ministro Heber, porque no estaba escrito en ningún lado. Acá lo que está escrito es absolutamente ambiguo, por lo que no creo que vayan a existir esos recursos. El «hasta» es hasta USD 15:000.000 desde cero. Ojalá me equivoque, y si me equivoco me retractaré, pero no voy a votar a favor solamente por un avance manuscrito, que no cambia sustancialmente lo que estaba antes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 306 tal como viene en el repartido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

En consideración el sustitutivo de la hoja 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

Por último, corresponde votar el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

Queda aprobada la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 03:44, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Gandini, Kechichian, Lanz, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Methol, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Pereyra, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti y Sartori).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.