Retorno a página principal

N.º 29 - TOMO 620 - 12 DE OCTUBRE DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

29.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

OSCAR ANDRADE Primer vicepresidente

SEBASTIÁN DA SILVA Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LA PROSECRETARIA VICTORIA VERA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

5) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020

– Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Aprobado en general.

6) Levantamiento de la sesión

– El Senado pasa a intermedio hasta el día de mañana a las 09:30.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 8 de octubre de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 12 de octubre, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020.

Carp. n.º 534/2021 - rep. n.º 371/2021 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII y LXXIII

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Carrera, Coutinho, Della Ventura, Gandini, Kechichian, Lanz, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Methol, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Pereyra, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti, Sartori y Topolansky.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Domenech, Lazo y Rubio.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:14).

–La presidencia quiere precisar que estamos estrenando los nuevos micrófonos; hemos esperado los tiempos prudenciales que establece la normativa para los llamados a licitaciones y hoy tienen los nuevos micrófonos que, como podrán observar, son realmente modernos. Quería que estuvieran al tanto de los esfuerzos realizados.

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica que ha dado cumplimiento a lo solicitado por la Cámara de Senadores con fecha 19 de agosto de 2021, y que ha firmado una adenda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y las compañías KNG mediante la que se previó que las acciones de la serie A de Terminal Cuenca del Plata S. A. solo podrán enajenarse previa autorización del Poder Ejecutivo.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 187 de la Constitución de la república y 6.º de la Ley n.º 19158, de 25 de octubre de 2013, a los efectos de designar en calidad de presidente del Directorio del Banco de Previsión Social al señor Alfredo Cabrera.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Convenio iberoamericano de cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de prueba en materia de ciberdelincuencia, suscrito en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 28 de mayo de 2014. (Carpeta n.º 556/2021);

• por el que se aprueba el Protocolo de modificación del Convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos. (Carpeta n.º 557/2021);

• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay sobre residencia permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas, firmado en la ciudad de Asunción del Paraguay, el 10 de julio de 2019. (Carpeta n.º 554/2021);

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• Por el que se declara de interés para la salud pública la enseñanza curricular de las técnicas de resucitación cardiopulmonar básica. (Carpeta n.º 555/2021).

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020. (Carpeta n.º 534/2021).

HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de la exposición realizada por el señor edil Juan González, relacionada con la pesca artesanal.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRIGULTURA Y PESCA.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Eliana Díaz, relacionadas con la implementación en el departamento de equipos multidisciplinarios y especializados para ayudar a los jóvenes trans a llevar adelante la búsqueda de identidad.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERO.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial remite respuesta a un pedido de informes de la señora senadora Silvia Nane, relacionado con alternativas habitacionales transitorias para casos de violencia doméstica. (Asunto 151208).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA SILVIA NANE».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria del 6 de octubre no se registraron inasistencias.

5) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2020

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del único punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020. (Carp. n.º 534/2021 - rep. n.º 371/2021 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII y LXXIII)».

(Los anexos I y IV a LXXIII están disponibles en http://www.parlamento.gub.uy).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la señora senadora Asiaín para hacer el informe en mayoría.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero comenzar mi exposición haciendo un reconocimiento a la labor del presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda –y de los vicepresidentes cuando lo suplieron–, por su ecuanimidad, cordialidad y dirección de la comisión. Lo hago extensivo a los señores secretarios y a todo el personal que colaboró con la labor de la comisión.

También quiero agradecer al señor senador Gandini y a la diputada Irene Caballero, quienes me facilitaron planillas; al economista Hernán Bonilla, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, pues me facilitó datos económicos. Por supuesto, también agradezco a los asesores de mi despacho, contadora Valentina Gorfain, y los doctores Erika Molinari y Santiago Ruete, y los secretarios Patricia Leoncini e Ignacio Ubilla, así como a todo el equipo de asesores, por lo menos de la bancada del Partido Nacional, liderados por el doctor Gabriel Berretta.

Sobre el trabajo en comisión, comparecieron delegaciones oficiales, de la sociedad civil, sindicatos; todos tuvieron la oportunidad de ser escuchados y muchas de las peticiones fueron satisfechas. Casi el 49 % de los artículos fueron votados por unanimidad. Hubo aportes y sugerencias de la bancada de la oposición que también fueron votados.

La coalición salió robustecida. Si bien hubo diferencias en el comienzo, luego fueron zanjadas y plasmadas en el texto.

El informe no puede ser exhaustivo: va a comenzar en la situación de partida al 1.° de marzo, abocándose luego a la crisis de la pandemia, centrando esta primera rendición de cuentas en lo estructural y también en su foco, así como en algunas reformas propuestas y en alguna prospección.

En cuanto a la situación de partida al 1.° de marzo, ha de destacarse que esta Administración parte con un déficit; aun antes de empezar a pagar los intereses por la deuda, las cuentas son deficitarias. Se trata de un déficit grave, que condiciona a esta Administración y, por supuesto, el abordaje de la pandemia. La lógica seguida en anteriores Administraciones era una carrera de atrás, pensando en que se iba a corregir en años posteriores porque el Uruguay iba a crecer, pero no fue así. Por ello sistemáticamente se decidía gastar más, lo que condicionó a esta Administración desde el arranque. Esto provocó que, al pasar la posta a esta Administración, en esa carrera parta unos cinco puntos de déficit por detrás de la línea de salida. Además, al momento de asumir, la coalición debía tener en cuenta los compromisos de campaña, no con sus electores, sino con todos los habitantes del Uruguay cuando se propone esta alternativa de gobierno. Son compromisos –que ya estaban presentes– en materia de erradicación de asentamientos, de recuperar la seguridad y de transparencia. En lo que refiere a los asentamientos, por no ser esa una solución habitacional digna, se apunta a una relocalización y regularización.

También hubo una promesa de transparencia, contenida no solamente en el discurso del presidente de la república ante la Asamblea General el 1.° de marzo, sino en su rol de representación de todo el Gobierno, es decir, de todos los ministros, implicando a todos. Esa iba a ser la impronta, la transparencia.

Otro dato es que al partir había una situación oculta, velada, subyacente, que afloró luego y que fue revelada por la pandemia; fue una realidad al desnudo. Cayeron muchas fachadas y se vio la pobreza, la inestabilidad, la informalidad laboral, en una foto, no en un relato. La pobreza había aumentado de 8,1 % a 8,8 % del total de la población, y muchos de los hogares afectados tenían jefatura femenina; se habían perdido 56.000 puestos de trabajo en el período 2014-2019; los asentamientos habían aumentado a 600 o 650; había un 18 % más de personas viviendo en la calle. Se había repartido mal el gasto público y ello afectó las posibilidades para hacer frente al futuro y a la peor crisis global desde el crac de 1929. De modo que hubo que hacer frente a esta crisis con un hándicap.

Es en estas condiciones, cinco lugares por detrás de la línea de partida por el tema del déficit, que llueve sobre mojado y nos explota la pandemia: la peor crisis desde el crac de Wall Street de 1929. Yo diría que fue mucho peor que aquella, porque aparte del impacto económico –que, por supuesto, repercute en la salud y en lo emocional–, esta crisis afectó directamente la salud y también algunos derechos y cualidades inherentes a las personas, como la circulación y la socialización, lo que aparejó efectos psíquicos, psicológicos, emocionales y demás. Fue un verdadero diluvio universal que cambió la humanidad para siempre. Hay cosas que ya se instalaron, como el teletrabajo, la telemedicina y, sobre todo, la conciencia de lo vulnerables que somos los seres humanos y los países; las potencias más avanzadas económica y culturalmente fueron las más afectadas en este tema. O sea que dio cuenta de esta vulnerabilidad del ser humano.

El Uruguay estuvo a la altura y más: hoy, al pasar raya, después de vivir la peor parte y ya casi acercándose el final de esta pandemia, figura entre los países del mundo que son reconocidos por la gestión de la pandemia y por el uso de los recursos de forma sostenible y sustentada a lo largo del período.

Pasemos a las medidas: se duplicó el gasto social. Uruguay destinó recursos del orden del 2,7 % del PBI; los egresos del Fondo Solidario COVID-19 alcanzaron los USD 980:000.000, que fueron divididos entre salud, reactivación del empleo y atención de la población vulnerable. Es cierto que, en comparación con los países de la región, en 2020 Uruguay es el que menos recursos invirtió para la pandemia. La explicación es que se partió de un piso superior al del resto de los países, porque Uruguay cuenta con dispositivos estabilizadores, como la seguridad social, los seguros de paro, la salud universal, la educación, tramas y políticas históricas que otros países no tienen. Si la pandemia hubiera terminado en 2020 habría sido así, pero resulta que en 2021 es el país que más recursos ha aportado; ello es así porque se apostó a la sostenibilidad de las políticas sociales y sanitarias, a diferencia de otros países que, como decíamos, al segundo año ya se habían quedado sin recursos. No se aplicó la política del pan para hoy, hambre para mañana, por ejemplo, la renta básica solo para cuatro meses. En cambio, se apeló a la necesidad de políticas que garantizaran la continuidad porque la línea de meta –es decir, la finalización de la pandemia– no estaba dibujada; al contrario, se iba corriendo cada vez más y no se tenía certeza alguna. Un buen administrador debe prever y disponer de los recursos para un tiempo más prolongado.

Una de las claves para haber logrado esta contención y esta administración fue la creación de las dos cajitas: la caja estructural y la caja Fondo Solidario COVID-19, que permitieron hacer un plan de ciclo completo. Si se hubiera accedido a las propuestas que reclamaban la cuarentena obligatoria y la renta básica por cuatro meses, no se habrían podido sostener las políticas sociales. Se optó por la consistencia y por un plan a largo plazo, y eso arrojó certezas. Uruguay fue, y es hoy, serio y creíble.

En cuanto al auxilio estatal en materia de políticas sociales por la pandemia, hubo un 56 % de aumento de transferencias sociales y un 40 % más de personas beneficiadas: 840.000 directamente y 1:000.000 indirectamente. Gran parte de este apoyo correspondió al Ministerio de Desarrollo Social. Por falta de tiempo solamente voy a enumerar: Tarjeta Uruguay Social –tuvo un aumento del 50 %, alcanzó a 400.000 personas y se le destinaron aproximadamente 30:000.000–, asignaciones familiares, cupón-canasta de tuapp, refugios y alimentación, todas ellas con guarismos similares. Es cierto que se incrementó la pobreza, efecto de la pandemia universal; sin embargo, en Uruguay ese aumento fue menor que en países de la región. El aumento promedio de América Latina fue de 3,2 % durante 2020, mientras que en Uruguay fue de 2,1 %. Es, obviamente, un problema lamentable, pero mitigado en comparación con la región. Además, en el último bimestre del año fue descendiendo. Y todo ello se logró con menor recaudación y más gasto. La economía se retrajo 5,9 % como consecuencia de la pandemia: se recaudaron USD 2.000:000.000 menos y hubo más gasto. ¿Cómo se logró todo esto? Con buena gestión. Y todo ello sin aumentar impuestos. Se dice que se aumentaron puntos del IVA, pero aquí todos sabemos que en la ley que estableció ese beneficio de la reducción de los puntos del IVA se previó que rigiera durante dos años: o sea que era algo temporario y, además, como dije, la propia norma preveía la posibilidad de que cesara el beneficio. De manera que lo que hace el decreto del 2020 es venir a cumplir con el espíritu original de la ley. Aparte, sigue incólume el principio de que no hay impuesto sin representación; si se hubiera tratado de un impuesto, tendría que haber pasado por aquí, y no pasó. Eso lo sabemos todos los legisladores.

Por su parte, el impuesto covid sí fue un impuesto, pero transitorio. Ante las críticas, debo recordar que su segunda edición no fue votada por la oposición. El resultado de la votación del artículo 1.º, que es el que crea el hecho generador, fue de 18 votos en 29. La votación en general no da sanción al proyecto de ley; de lo contrario, una vez que votáramos hoy aquí nos podríamos ir a nuestras casas. Sin embargo, es necesario que mañana y pasado entremos a la consideración del articulado y a su votación.

Nunca se cortó la cadena de pagos; nunca hubo un problema de certezas en ese sentido, lo que contribuyó a la paz social. Hubo apoyo al empleo; gran parte de la preocupación y de las políticas económicas del Gobierno se centraron en el mantenimiento de los vínculos laborales. El empleo se sostuvo porque existió una decisión política de subsidiarlo, y de forma totalmente heterodoxa. Hubo preocupación por evitar el despido. Claro que se apeló a estabilizadores históricos que tenemos, como el seguro de paro, pero aun ellos se extendieron, se ampliaron en sus rubros, en su modalidad, en sus requisitos. En abril de 2020 se había alcanzado un récord de beneficiarios del seguro de paro que cuadruplicaba las cifras históricas.

También hubo apoyo para la supervivencia del sector productivo: el apuntalamiento de las mipymes como germen de la reactivación económica, habida cuenta de que representan el 94 % de las empresas privadas. En ese sentido hubo exoneraciones, beneficios impositivos, facilidades de pago, subsidios y facilitación del acceso al crédito.

Vayamos a lo principal, a la vedete: la salud –la atención de la salud a cargo del Ministerio de Salud Pública y de ASSE– y la política económica de la vacunación. Quedó probado que la mejor política económica era la vacunación. Se invirtieron USD 180:000.000 en vacunación. Sin ello no se habría podido reflotar la economía. Se valora el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional en el transporte de vacunas, pero también de equipamiento de laboratorio en los aviones Hércules. Nunca nos quedamos sin recursos para la compra de vacunas; las hubo para todos y sin vacunación vip. Hoy Uruguay es líder mundial en materia de vacunación. Hasta ayer la vacunación había alcanzado el 73,33 % de la población con dos dosis y casi el 30 % con la tercera dosis, y se sigue vacunando y abriendo paulatinamente las puertas a los uruguayos para el ingreso a otros países. Tampoco faltaron lugares en los CTI, respiradores, test diagnósticos, equipo, personal. Gran activo fue contar con el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario en su rol asesor, con el Gobierno en el rol decisor. También hubo medidas sanitarias anexas, como el sistema de vigilancia y monitoreo, los testeos diagnósticos, la atención a comunidades cerradas, etcétera.

Sin embargo, cuando el 29 de setiembre el Ministerio de Salud Pública compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, parece que vivimos lo que Jorge Drexler llama en su canción «universos paralelos», porque la oposición pintó un panorama tétrico; fue como una segunda interpelación al ministerio. Sin embargo, al retirarnos de esa sesión, en ocasión de la visita del presidente Sebastián Piñera, tuvimos una reunión con legisladores chilenos, quienes alabaron -consta en la versión taquigráfica- la gestión uruguaya de la pandemia. A su vez, legisladores de la oposición -y también del oficialismo- mostraron su respaldo; un senador de la oposición dijo: «Sí, estuvimos a la altura de las circunstancias». Universos paralelos. La gestión de la pandemia ha sido reconocida por organismos internacionales como el FMI y la comunidad internacional.

Recordemos también la transparencia y la integralidad de la información: se registró todo, se informó todo, se testeó a todos sin escatimar, y todos podíamos acceder a la información en línea sobre el avance de las vacunas. Podemos sumar las repatriaciones y el control de fronteras realizado por el Ministerio de Defensa Nacional. El rumbo seguido fue el correcto, sin confinamiento obligatorio, sin renta básica por cuatro meses, tras la cual la Administración se habría quedado sin recursos. Los recursos otorgados fueron del orden del 2,7 % del PBI.

El principal logro a nivel de la pandemia, sin embargo, no fue este, sino el efecto sanitario: Uruguay se ahorró la segunda y la tercera olas que otros países tuvieron; tuvimos solo una primera ola.

En comparación con la región, en lo económico Uruguay logró una mayor mitigación de los impactos de la pandemia, y desde el punto de vista filosófico, de teoría del Estado y de ideología política en el sentido de la cosa pública, apeló a la libertad responsable, a la libertad como derecho inalienable, inescindible de la responsabilidad. Somos responsables, somos imputables, porque somos libres; de la libertad surge la responsabilidad, en una relación biunívoca: también somos libres porque somos responsables. A eso se apeló sin paternalismo desde el Poder Ejecutivo iluminista.

La rendición de cuentas 2020 es eminentemente social, con foco en la primera infancia, en la búsqueda de una solución para la dignificación habitacional mediante el abordaje del problema de los asentamientos, en la promoción del empleo juvenil y para los privados de libertad. La prioridad de esta rendición de cuentas está centrada en los más vulnerables.

Primera infancia: una deuda del país, de la sociedad, no para el futuro, como se dice a veces, sino ya, para el presente. Los primeros años de vida resultan críticos para el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas debido a la alta maleabilidad del cerebro y a la calidad del ambiente. Todo ello impacta en los dominios funcionales esenciales para los aprendizajes y desempeño futuro, como el lenguaje, la memoria, el control cognitivo, etcétera. Luego, el hecho de que esas personas estén en situaciones de desprotección, de desatención alimentaria, impacta en tasas de repetición, en el aprendizaje, en la deserción escolar, más adelante en el desempleo y, lamentablemente, en algunos casos en la criminalidad.

Hay evidencia de que las inversiones de calidad durante la primera infancia tienen un alto impacto en el desarrollo infantil, especialmente mediante programas como los de acompañamiento familiar, educación inicial y preescolar de calidad, entre otros. Hacia allí van enfocadas estas acciones y perspectivas. También están enfocadas como una oportunidad, como una suerte de jubilación dada a la primera infancia de forma adelantada para crear esta oportunidad, de modo que frente al diagnóstico de estas fragilidades –el 21 % de los niños entre cero y tres años se encuentran en una situación de pobreza–, la propuesta sea expandir esta cobertura con recursos asignados de forma incremental, por un lado, a través del Mides mediante cinco ejes principales –acompañamiento familiar, fortalecimiento de la política de cuidados, bono crianza, captación temprana de las personas, sistema de información integrado– y, por otro, por medio de una serie de instituciones que van a interactuar, como el Ministerio de Salud Pública, ASSE, la ANEP, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la OPP, etcétera. Entonces, uno de los focos principales es la primera infancia.

Otro de los focos principales, la prima donna de esta rendición de cuentas: los asentamientos. Las personas no encuentran en los asentamientos una solución porque no es una solución; se apela al «peor es nada» y no se trata de una solución digna para las personas. En este sentido está la propuesta ya plasmada y acordada del Fideicomiso Integración Social y Urbana. Antes no se había atendido a cabalidad el tema de los asentamientos. La propuesta, el propósito, es no solo integrar a estas personas mediante una regularización y un realojamiento en los casos en que sea necesario, sino también asegurar la permanencia en una vivienda digna, en un barrio digno, con acceso a políticas públicas y coordinación con otros organismos del Estado y de la sociedad civil.

El financiamiento, como sabemos todos, se hará a través del Fideicomiso Integración Social y Urbana; como se necesita un flujo constante de fondos y el destino de los impuestos lo asegura, se optó por esta forma, es decir, por que el financiamiento salga de dos impuestos que antes tenían como destino el Instituto Nacional de Colonización, nada más que por el plazo de vigencia de este fideicomiso, hasta 2024. Eso se establece claramente en la letra de la ley por si cabía alguna duda. Además, este fideicomiso es transitorio, temporal, y podrá emitir títulos de deuda.

De manera que el acuerdo al que se arribó permite transferir al fideicomiso la recaudación de impuestos afectados hasta ahora al Instituto Nacional de Colonización, solo hasta 2024 –es necesario un recurso seguro–, reasignando –esta sí es una reasignación, es decir, son más recursos de parte del Estado– anualmente USD 15:000.000 –porque depende del valor de venta de los inmuebles– hasta 2024 al Instituto Nacional de Colonización. Ese monto es superior a los USD 14:200.000 que tiene actualmente. También se aclara en el nuevo texto que después la recaudación volverá a su destino original, es decir, al Instituto Nacional de Colonización.

Además, se crea un plus, un fondo de USD 25:000.000 para subsidiar préstamos a tasas cero de colonos, reconociendo así esta Administración una deuda que viene desde 2015. Estos préstamos serán aprobados por el Plan Agropecuario y el Instituto Nacional de Colonización, que serán la garantía. De modo que con el acuerdo se logró más de lo planteado originalmente y por eso entiendo que algunas críticas son muy imprecisas y se manejan datos equivocados. El Instituto Nacional de Colonización no cuenta con USD 30:000.000 anuales porque, según la normativa vigente, son USD 14:200.000 y se aseguran USD 15:000.000, por lo que hasta hay una holgura. Hay una suerte de desconfianza gratuita e injusta cuando se dice que se dibuja la reasignación y se generan dudas sobre si se van a servir los recursos o se va a cumplir con el compromiso. Este compromiso está en la ley, pero además estuvo en los acuerdos con los tres senadores del Partido Nacional que manifestaron sus dudas, con los tres senadores de Cabildo Abierto –que luego se acercan y llegan a un acuerdo– y con los dos senadores del Partido Colorado. Por lo tanto, es un acuerdo asumido institucionalmente por el Gobierno y plasmado en la ley, pero además hay un acuerdo político sobre un tema que, habiendo sido la prima donna, está en boca de todos y no se va a incumplir.

A su vez, parece bastante particular que, si en quince años no se atendió el problemón de los asentamientos, se cuestione la forma de financiamiento; se cuestiona el cómo y no el qué. Esta Administración se está haciendo cargo de empezar a tratar el problema de los asentamientos, y ese es el qué. En cuanto al cómo, si se acudió a una ingeniería difícil, en todo caso revela que se dedicó mucho tiempo y análisis para lograrla, pero lo fundamental, que no se puede soslayar, es que se está haciendo algo en este sentido y que nos estamos ocupando.

Decíamos que esta es una rendición de cuentas incremental porque se aumenta lo que se había fijado en el presupuesto. Hay un aumento en las transferencias sociales de USD 50:000.000 anuales para la primera infancia, de USD 15:000.000 por tres años para el tema de los asentamientos, más los USD 25:000.000 para el fondo del Instituto Nacional de Colonización para pagar los intereses con tasas cero de los colonos. Se trata de una inyección de recursos.

También hubo reasignaciones presupuestarias y con relación a esto agradezco nuevamente al senador Gandini y a la diputada Caballero, quienes me facilitaron una planilla que da cuenta de ellas: para la Udelar –becas y plataformas digitales–, para la UTEC, el Inisa, ASSE –médicos rurales–, la Jutep, la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa Nacional y lo ya referido al Instituto Nacional de Colonización.

Además, esta es una rendición de cuentas respetuosa del contribuyente y cuidadosa de sus ya pesadas cargas, sin aumento de impuestos, a través de la optimización de los recursos, no del Estado, sino de todos nosotros. Reitero: no se recarga más al contribuyente. En este sentido, es una rendición de cuentas ilógica: a menor recaudación –contracción del 5 % de la economía–, más gasto y sin impuestos o ajuste fiscal. Quiero enfatizar que no hubo un ajuste fiscal, sino que, por el contrario –y lo vamos a demostrar–, se produjo un afloje fiscal. Se rinde cuentas de haber cumplido por primera vez con las metas fiscales, y esto es un hito histórico. Reitero que es la primera vez que se cumple con las metas fiscales y eso fortalece la credibilidad institucional; había que poner las cuentas en orden. También se cumplió la proyección de la inflación: había sido proyectada en 9,5 % y el dato efectivo es de 9,4 %.

En consecuencia, cuando en los medios se dice que hubo un ajuste fiscal, hay que poder sostener este relato. Lo que marca el dato es que no solo no hubo superávit fiscal, sino que aumentó la deuda en un 10 %. El endeudamiento se fue a las nubes y estos son datos constantes. Por lo tanto, no se puede sostener que hubo un ajuste fiscal, sino que, como dije, se produjo un afloje fiscal. ¿Para qué? Para servir las necesidades provocadas por la pandemia. Los datos disponibles muestran que en el 2020 la deuda aumenta diez puntos porcentuales. Si el déficit fiscal aumentó, no fue por el ahorro, sino por la eficiencia y la conducta. Reitero: no fue por el ahorro. Aumento del déficit del 6,3 %, aumento de la deuda del 10 %, eso contradice cualquier pretensión de sostener que hubo un ajuste fiscal.

También hablábamos de dos rendiciones de cuentas dentro de una: por un lado, la estructural y, por el otro, la caja covid-19, para dar transparencia en cuanto a lo que se gastaba en la pandemia. Se otorgaron USD 727:000.000, equivalentes al 1,4 % del PBI; y se dio más porque la estimación era de 1,1 % del PBI para 2020; entonces, se erogó más.

Además, en lo estructural, se optimizó el gasto, primó la eficiencia. Cuando uno habla de ahorro en lo superfluo –no en lo esencial–, parecería que dijera una mala palabra, pero si vamos a la definición en el Diccionario de la Real Academia Española sobre ese término, notamos que implica reservar una parte de los ingresos ordinarios con previsión para las necesidades futuras, y eso fue lo que se hizo. ¿En qué ejemplos? Podemos ver un ejemplo –como muestra basta un botón– en Presidencia de la República, que disminuyó gastos de protocolo, contratación de salas, equipos, catering, uniformes, no en lo sustancial, sino en este tipo de cosas. Eficiencia; ¿para qué? Para poder volcar a las necesidades más urgentes. En otros países ocurre lo contrario, es decir, un reproche a los Gobiernos por los gastos superfluos, de más. ¿Por qué? Se gasta más de lo que se puede pagar y hay más endeudamiento innecesario. Parece que aquí es al revés.

Se cumplieron las metas porque se separaron las cajas, lo estructural y el Fondo Solidario COVID-19. No hubo ajuste; en este último fondo la deuda levantó los techos.

De todas formas, hubo algo que esta rendición de cuentas no cumplió. No cumplió con aquella promesa o aquel propósito de gastos cero. Es una rendición de cuentas incremental, a favor de la gente. Ya se hizo referencia –no lo voy a repetir– a los incrementos presupuestales, sin tener en cuentas las reasignaciones. Sin embargo, tenemos una hojita con una serie de propuestas de la oposición sobre incrementos adicionales que implican diez veces más de lo que se incrementó y que corresponden a USD 260:000.000 para la legislatura. Esto se solicita para rubros en los que durante quince años las anteriores Administraciones no invirtieron, por ejemplo, en los asentamientos y en el Poder Judicial. ¿Con qué? Con un financiamiento establecido en el artículo 41 de la Ley n.° 19930, que fija un fondo de refuerzo de gastos para cuando se necesite, contingente, que si se usa se agota y que en quince años nunca se utilizó. ¿Por qué nunca se usó en quince años y ahora sí? Se pretende que hoy, y en pandemia, se atienda lo que la Administración anterior no atendió en quince años, y no solo esto, sino que nos dejó un déficit global y un endeudamiento en varios rubros por inciso, incluyendo la deuda al Instituto Nacional de Colonización, de la que esta Administración se está haciendo cargo.

Además, ¿cómo se financian estos USD 260:000.000 adicionales que se propone gastar? ¿Con más deuda? ¿Con más déficit? ¿Con aumento de impuestos? ¿Con una reducción de los recursos destinados a algún inciso, como la Udelar o ASSE? Es muy fácil pretender que todo se solucione endeudándose sin límite e hipotecando la economía de los uruguayos hasta nuestros tataranietos. Lo difícil es atender las necesidades de la pandemia, endeudándose sí, en general, pero en la medida de lo necesario, con conducta fiscal. Es fácil atender las necesidades con aumento de impuestos, poniéndoles a los uruguayos la mano en el bolsillo como si los recursos fueran infinitos. Lo difícil es atender las necesidades con eficiencia, cumplir con la vacunación, con la atención de emergencia, sin aumentar la carga impositiva. Es muy fácil hablar de que esta Administración hizo un ajuste fiscal en pandemia; lo difícil es y ha sido salir adelante sin hacer ese ajuste fiscal –porque el endeudamiento aumentó–, sin haber incrementado los impuestos.

Es fácil haber reclamado el año pasado por la ausencia de un plan de vacunación; lo difícil fue conseguir que hoy Uruguay estuviera a la vanguardia en materia de población vacunada.

Era fácil pedir la renta básica por cuatro meses; lo difícil era sostener las políticas por dos años y la responsabilidad de hacer sostenibles las políticas y la atención en pandemia. Fácil hubiera sido dejar un déficit del 5 % y pretender que este Gobierno, en pandemia, atendiera lo que no se atendió antes en situaciones de normalidad. Lo difícil fue hacer frente a la pandemia partiendo de este subsuelo dejado por el déficit y hacerse cargo de problemas como, por ejemplo, los asentamientos y la primera infancia. Se pide aun más de los niveles que fueron alcanzados antes. Lo difícil es otorgar recursos adicionales en momentos de pandemia. Fácil es decir que se podría haber gastado más; lo difícil es tener conducta a fin de que el dinero alcance para todos.

Fácil es seguir pidiendo como si no hubiera ocurrido este diluvio universal que fue la pandemia, como si acá no hubiera pasado nada; se piden cuentas en medio de un naufragio, en un estado de guerra. Lo difícil es hacer frente a la situación en forma sostenible y aun así pensar en las emergencias como son los asentamientos y la primera infancia.

Voy a hacer referencia, por incisos, a algunos de los principales logros.

Quiero destacar los programas llevados adelante por el Mides y para ello voy a mencionar, por ejemplo, los centros y paradores nocturnos con algunas innovaciones en convenios para atender a personas en situación de calle, los policlínicos móviles, la implementación del 0800, la reglamentación de aquella ley que permitía a personas en situación de calle con riesgo de salud tener la atención necesaria, las campañas de frío polar, el apoyo a la primera infancia para los niños –¡que alcanzó a tantas personas!–, el fortalecimiento de las políticas de cuidado, el bono crianza y el Sistema de Información Integrada del Área Social.

Por otro lado, me gustaría subrayar las medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para apoyar al sector privado formal dependiente en materia de seguro de desempleo, lo que llevó a un proceso de recuperación. El objetivo principal fue el mantenimiento de los vínculos laborales. En ese sentido, se adoptó la flexibilización del seguro de desempleo tradicional, pero también se crearon subsidios especiales por desempleo parcial que fueron prolongados sucesivamente, así como los seguros de paro flexibles donde se incluyó también a destajistas y trabajadores con remuneración variable y con multiempleo.

Asimismo, se extendió extraordinariamente la cobertura de incentivos económicos para empresas que reintegraban trabajadores. El subsidio por enfermedad se extendió a las personas cuarentenadas. Se estableció el cobro de los trabajadores de salud desde el primer día. Se promocionó el empleo subsidiando a monotributistas y por ramas de actividad. Además, se aprobó la ley de programa de actividad laboral de promoción del empleo. También se mantuvo la negociación colectiva con las dificultades de la no presencialidad. Hoy se da cuenta de la creación de más de 28.000 puestos de trabajo y para este año se estaría en el entorno de los 45.000, una cifra cercana a la presentada en el presupuesto nacional.

Ya hemos reconocido la labor de las instituciones sanitarias –Ministerio de Salud Pública y ASSE– y ahora corresponde hacerlo con la ANEP, por el esfuerzo titánico de los docentes y del personal, que apeló y valoró las herramientas disponibles, como el Plan Ceibal y las plataformas que vienen de las anteriores Administraciones. Quiero destacar la alimentación durante las vacaciones y aun con el cierre de los centros educativos, pues la ANEP siguió con el servicio de viandas o con transferencias monetarias e incluso los incrementó.

También cabe resaltar la labor del Ministerio del Interior, pues la seguridad ya no es la preocupación número uno de los uruguayos. Desde el 1.° de marzo se apuntó con éxito a la restitución del orden y el respeto como base de la convivencia, con un respaldo jurídico y material a la fuerza policial, y se incrementaron el patrullaje y los controles en la vía pública. De esta manera y con respecto a 2019, se puede afirmar que durante el 2020 disminuyeron en un 20 % los homicidios, un 7,8 % la violencia doméstica, un 16 % las rapiñas, un 7,2 % los hurtos y un 42,3 % el abigeato. Además, desde el 1.° de marzo de 2020 se han desarticulado casi dos mil bocas de pasta base en todo el país.

Hacia el futuro, hay que destacar el Plan de Dignidad Laboral, que pretende fomentar el trabajo a través de emprendimientos que puedan ser productivos para la población privada de libertad, en cumplimiento con el artículo constitucional que habla de la reeducación y la profilaxis del delito, con un régimen especial de aporte a la seguridad social.

En otros capítulos de la rendición de cuentas se hace referencia al ordenamiento de los vínculos laborales con el Estado y todo el tema de los funcionarios públicos. En este caso, se otorgó transparencia en la forma de ingreso y acceso a los cargos, también de administración superior, pues esta situación no estaba tan clara y ahora también es por concurso. Se mantienen y se reconocen los derechos adquiridos en muchos rubros. Como he dicho, se transparenta la forma de ingreso, se reconocen derechos adquiridos y hay que decir que muchos de los reclamos de COFE –que nos entregó un repartido en ese sentido– fueron recogidos en el articulado. Además de los derechos pertinentes de los funcionarios públicos, se logró una equiparación de beneficios en la actividad privada, como la licencia para personas que tengan hijos con discapacidad o licencias especiales para personas vulnerables, controles médicos y demás.

Por otra parte, se lleva a cabo la exclusión del Poder Judicial y del TCA del Registro de Inmuebles del Estado. A su vez, se da un proceso jurisdiccional vinculado con el drama de los asentamientos que no innova en cuanto a lo que ya tenían asignado los Gobiernos departamentales como policía territorial en los departamentos, sino que, en realidad, lo que se hace es dar más garantías en el proceso jurisdiccional establecido, los plazos y la posibilidad de apelación. Es decir que esto no fue hecho a las apuradas; es más, fue discutido al menos cuarenta y cinco días en esta cámara.

También voy a destacar algunas de las instituciones incluidas en la ley de donaciones especiales. Se trata, básicamente, de instituciones de voluntariado que cooperan con los fines y cumplen con los cometidos del Estado. Entre ellas, podemos citar Nuestro Camino, para personas con síndrome de Down; Cireneos, que trabaja en asentamientos, y Uruguay Adelante, que da insumos a seiscientas ollas populares. Las prospecciones son de un optimismo con cautela y cabe decir que hay señales positivas de empleo.

Finalmente, tal como dijo el equipo económico en comisión, el camino elegido fue aumentar la eficiencia en el gasto, lo que posibilitó atender los gastos de la pandemia sin un aumento de impuestos, poniendo el foco en las políticas de primera infancia y en los asentamientos, por ser una realidad lamentable y merecedora de dignificación.

En definitiva, se trata de una rendición de cuentas social, sensible, transparente, con manejo responsable, con certezas, dinamizadora y con conducta en cumplimiento de la regla fiscal y de la LUC; por primera vez se cumplió con las metas fiscales. Se hizo una gestión de la pandemia respetuosa de las libertades fundamentales.

Y ya que a veces se nos invita a pensar en si se hubiera dado más, en si se hubiera hecho tal cosa o tal otra, consideremos lo siguiente: si se logró todo esto con pandemia, ¡cuánto más se hubiera podido lograr sin pandemia! A veces se critica que se acudió a un mecanismo y a una ingeniería difícil; sí, se acudió a una ingeniería difícil porque los recursos son finitos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señora presidenta.

Da más trabajo una ingeniería difícil, pero era necesaria para no tener que apelar al aumento de impuestos o de deuda; fue una ingeniería difícil, pero valió la pena el esfuerzo, y esta rendición de cuentas, cumple.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: antes que nada, corresponde agradecer a la bancada del Frente Amplio, que nos da esta enorme responsabilidad y honor; a los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en la que pudimos desarrollar un debate de ideas profundo, pero respetuoso; a los funcionarios, que permitieron el trabajo en la comisión; y a los compañeros asesores de la bancada del Frente Amplio que, seguramente, son los responsables de los méritos que tengamos en este abordaje y que nos permiten fundamentar el porqué del voto en contra de nuestro partido a esta rendición de cuentas.

En primer lugar, tenemos una diferencia sustantiva con respecto al punto de partida. Se ha intentado construir una narrativa para el debate político, pero no ocurre así cuando las autoridades del actual Gobierno tienen que presentar el Uruguay al mundo. Es una narrativa que señala como que el Uruguay desperdició los quince años anteriores a la asunción del actual Gobierno. Y está difícil construir ese relato, porque si uno se para a comparar puntos de partida –recién la señora miembro informante en mayoría hablaba de una situación grave–, podríamos ubicar una situación grave en un país que tenía al Banco Hipotecario fundido; al Banco República con un patrimonio por debajo del mínimo exigible; una situación de informalidad laboral que trepaba hasta el 40 % de los trabajadores del país; una situación de pobreza que abarcaba a una cuarta parte de los trabajadores ocupados; un sistema de salud como el que teníamos –imagínese, señora presidenta, lo que hubiese sido enfrentar la pandemia con ese sistema de salud–, que estaba organizado con la perspectiva del carné de pobre que heredamos; una situación financiera en la que una quinta parte del presupuesto se lo devoraban los intereses de la deuda; una situación de desigualdad en la que el 10 % más rico tenía ingresos veinte veces superiores al 10 % más pobre y una pobreza infantil que abarcaba a más de un 60 % de los niños en el Uruguay.

Nosotros entregamos el Gobierno después de quince años consecutivos de crecimiento económico y con informes, no del Frente Amplio, sino de la Encuesta de Expectativas Económicas elaborada por operadores privados del Banco Central, que decían que el 2020 iba a seguir siendo un año de crecimiento económico, un período ininterrumpido de crecimiento económico, de incremento de los salarios, de descenso de la pobreza. Si tomamos una pobreza por arriba del tercio de los uruguayos, es muy difícil que el único elemento que se coloque en la exposición de motivos para referenciar a la pobreza en base a los ingresos sea un crecimiento de décimas que existió en el 2019.

En esos quince años, entre otras cosas, 100.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres fueron operados de los ojos.

Entonces, queremos contrastar la rendición de cuentas con las promesas de la campaña electoral y con el compromiso asumido por la coalición que hoy está en el Gobierno.

La coalición que hoy está gobernando llegó al Gobierno sosteniendo que era posible ahorrar USD 900:000.000 sin afectar políticas sociales, salarios ni jubilaciones. Esto fue parte del debate que tuvimos durante toda la campaña electoral. Se dijo que era posible ahorrar USD 900:000.000 de presupuesto sin afectar a los jubilados, los salarios ni las políticas sociales. Incluso, además del recorte, hubo un segundo compromiso hecho de manera notoria, porque quienes hoy están en el Gobierno criticaron de manera sistemática todo ajuste de tarifas, aunque fuera por debajo de la inflación. Tengo aquí pronunciamientos que no voy a leer porque no me da el tiempo, pero cada vez que Antel, UTE y ni que hablar los combustibles, aumentaban de precio, aun por debajo de la inflación y muy por debajo del índice medio de salarios, quienes hoy están en el Gobierno lo criticaban. Haciendo una comparación, es notorio cuántos litros de nafta compraría un trabajador con su salario en el 2005 y cuánto un trabajador con su salario en el 2019. En aquel momento, la crítica de la actual coalición de gobierno era que se trataba de un tarifazo que se descargaba sobre el bolsillo de la gente. Pero entonces le tocó asumir el Gobierno con el compromiso de bajar las tarifas, de respetar los salarios y de hacer un ahorro sin afectar las políticas sociales.

Otro compromiso de campaña electoral fue no recaudar más, no modificar impuestos.

Nosotros somos críticos con los cuatro compromisos que hizo la actual coalición de gobierno porque, hasta ahora, ninguno se ha cumplido. El aumento de Antel fue por encima del IPC y también estuvo por encima del índice medio de salarios. El aumento de la UTE se asocia con el IPC, pero está por encima del índice medio de salarios. El costo de pagar la UTE, para una familia, se ha incrementado; el bolsillo de los uruguayos, que estuvo colocado como prioridad durante toda la campaña electoral, se ve deteriorado. El aumento de los combustibles duplica el incremento del salario y, dicho sea de paso, aquí se ubica una de las primeras medidas que no se ha cumplido con respecto al compromiso preelectoral de respetar los salarios y las jubilaciones.

Es verdad que la pandemia generó un impacto económico, pero ¿cuál es el fundamento económico de haber deteriorado los salarios, aun de las actividades económicas que crecieron? Luego pasaremos a enumerarlas porque es parte de lo que queremos denunciar, esto es, que el centro de nuestro cuestionamiento es que hay un conjunto de políticas que profundizan la desigualdad. Antes de la pandemia, en la primera semana de gobierno, se aumentaron los impuestos. Cuando se toma una medida cuyo resultado es recaudar más de un impuesto, y los trabajadores y asalariados –en particular–, el pueblo uruguayo, paga más de ese impuesto –me refiero al IVA–, nadie puede decir que esa política sea neutra desde el punto de vista impositivo. En la primera semana de gobierno se elimina un beneficio que tiene como resultado aumentar la recaudación por parte del Estado y aumentar lo que el pueblo uruguayo paga del impuesto, en este caso, de IVA, que es esencialmente injusto. Cuando se opta por el IVA, no se está eligiendo un impuesto que pagan los que más tienen, que pagan los que acumulan más renta; se elige tocar un impuesto que paga por igual, con su tarjeta de débito, una trabajadora doméstica cuando va al supermercado a hacer las compras y quien tiene la posibilidad de amarrar su yate en el puerto de Punta del Este.

Sobre los salarios es donde se descargó una parte importante del ajuste y también sobre las jubilaciones; los jubilados, en promedio, cobraron $ 500 menos por mes, producto de haber ajustado la jubilación por debajo del IPC. La ley obliga, como mínimo, a ajustar las jubilaciones por índice medio de salarios, pero no impide ajustar las jubilaciones por IPC; eso es decisión política, y el Gobierno actual tomó la decisión de que una parte del ajuste la pagan los jubilados, todos ellos.

En cuanto a la proyección macroeconómica que se vota en esta rendición de cuentas, que reduce el peso del BPS respecto al gasto global, la única forma de que se logre es descendiendo la cantidad de jubilados o descendiendo en términos reales las jubilaciones. ¿En qué tramo de la campaña electoral se presentó que una parte importante del ajuste y del recorte lo iban a hacer por medio de sueldos y jubilaciones?

Tuvimos una pandemia y después nos vamos a referir a eso, señora presidenta, pero lo que queremos decir y fundamentar es que estamos enfrentando una política económica que profundiza la desigualdad.

No a todo el mundo le fue mal en la pandemia. Nosotros tenemos acá los datos de la Encuesta Industrial Mensual publicada por el INE, en la que se establece que en enero-julio de 2021 la industria de la alimentación tuvo un crecimiento del 11 % en comparación con el primer semestre de 2019, cuando no había pandemia –acá estamos hablando de la industria de la carne, el aceite, la grasa, la preparación de frutas y vegetales y la industria láctea–, y lo hizo con un 6 % menos de horas trabajadas. ¿Cuál es la política del Gobierno para este sector? La rebaja del salario. Creció la producción industrial, bajaron las horas trabajadas, y plantea rebaja del salario. En la industria farmacéutica la producción creció un 12 % comparada con el primer semestre de 2019, prepandemia –saquemos la pandemia del lugar–, y lo hizo con un 8 % menos de horas trabajadas. ¿Cuál es la política salarial del actual Gobierno? La rebaja del salario. En la industria del plástico sucede lo mismo: crecimiento de la producción, menos horas trabajadas y política de rebaja del salario; estamos hablando de un sector que, además, la saca del estadio planteando generar condiciones para contratar por un 70 % del laudo. En cuanto a los productos primarios, la exportación de soja aumentó y pasó de 325:000.000 en el primer cuatrimestre de 2019 a 412:000.000 en el primer cuatrimestre de 2021, una variación en términos reales de un 39 %. Lo mismo pasó con la carne, el arroz y el trigo: el arroz, un 32 %, y el trigo, un 136 %.

Se me dice «por suerte» y estoy de acuerdo; con lo que no estoy de acuerdo es que la política salarial sea de rebaja, y en lo que menos puedo estar de acuerdo es en que se haya incrementado, en un momento de crecimiento, la cantidad de trabajadores pobres del sector primario, como marca de manera contundente el Instituto Nacional de Estadística. La cantidad de trabajadores pobres de estos sectores de actividad, o sea, de trabajadores que estando empleados quedan bajo la línea de pobreza, se multiplicó en casi un 40 %; pasó de un 4,8 % a un 6,9 %. Este índice se había reducido de manera sustantiva en los Gobiernos del Frente Amplio, señora presidenta. Un 25 % de trabajadores ocupados bajo la línea de la pobreza es lo que teníamos en el 2005, y lo redujimos a un 4,6 %. Este año fue de incremento en ese sentido y también de incremento importante de la cantidad de trabajadores que no alcanzan el salario mínimo nacional.

¿Cuáles fueron las medidas, en algunos casos votadas acá? Por ejemplo, 373 empresas no pagaron el salario vacacional y el aguinaldo, por una ley que habilitó este Parlamento; el ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que se iba a hacer por diálogo social y aplicó después «a pedido de las empresas». En medio de estas circunstancias de política económica de crecimiento con rebaja salarial, acá votamos medidas de exoneración, como el artículo 688 del presupuesto, que hace que pague menos de impuesto al patrimonio quien tiene más de 2000 hectáreas.

Entonces, claramente hay medidas que son de recorte y que afectan a los que menos tienen.

Se habla de la vivienda; vamos a hablar bastante de la vivienda. Creo que hay cosas que se desconocen o que no se quieren ubicar. ¿Cuántos hogares había en Uruguay en 1996? Eran 970.000 hogares, señora presidenta. ¿Cuántos hogares había en Uruguay en 2006? 1:032.803 hogares. O sea que tuvimos diez años en los que el crecimiento fue de 6000 hogares por año; se formaban 6000 hogares por año antes de que asumiera el Gobierno del Frente Amplio. ¿Cuál fue el promedio de formación de hogares, y por lo tanto de necesidad de vivienda, del 2006 al 2019? Porque si vamos a discutir, tendríamos que hacerlo con rigurosidad. Pasamos de 1:032.803 a 1:247.820, es decir que se formaron más de 215.000 hogares. Pasamos de 6000 hogares por año a más de 16.000 hogares por año. Esa es la demanda que hubo que atender en los quince años del Gobierno del Frente Amplio.

¿Cuántos hogares con necesidades básicas insatisfechas había, según el INE? ¿Qué porcentaje de hogares hacinados o con problemas estructurales teníamos en el 2006? Esto lo admite el plan quinquenal que presentó la señora ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial el año pasado, y vamos a reconocerlo. En el 2006 había un 16,2 %, es decir, 166.877 hogares –repito: 166.877 hogares– en esas condiciones. ¿Cómo recibe el actual Gobierno esta trágica situación de segmentación territorial? Con menos de la mitad: con 84.722 hogares en esas condiciones, como reconoce el plan quinquenal de la actual Administración, pero no el informe en mayoría. De hecho, en 2006 teníamos 53.451 hogares con hacinamiento y con allegamiento –fenómeno estructural de complejidad– y pasamos a 22.871 en 2019.

Hablemos de vivienda, ¡cómo no! ¡Pero hagámoslo con una discusión más profunda y rigurosa, que no pase simplemente por agitar el informe de Techo!

¿Qué pasó en 2020? Teníamos un promedio de 463 viviendas construidas por año en el último quinquenio del Plan Juntos. ¿Cuántas se construyeron, no por culpa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sino por culpa de la política de abatimiento que se decidió aplicar al ministerio? Pasamos de un promedio de 463 por año a 226. ¿Cuántos préstamos se dieron en el último quinquenio para autoconstrucción? Fueron 473 por año. ¿Cuántos se dieron el 2020? Se concedieron 227. ¿Esto es ahorro? ¿Esto es eficiencia del gasto?

¿Cuántas relocalizaciones hubo, tanto que se habla de asentamientos irregulares? De paso recuerdo que hubo 100 asentamientos regularizados en los períodos del Frente Amplio. De 449 relocalizaciones promedio por año, bajamos a 373. ¿Cuántas viviendas para pasivos se construyeron? La mitad del promedio del período anterior. ¿Cuántos préstamos y subsidios hubo? De 1245 promedio por año, pasamos a 899. ¿Cuántas garantías de alquiler hubo? ¡Vaya si tendremos debate sobre esta formulación jurídica que establece una forma precaria de garantía de alquiler! De 1743 garantías de alquiler, en medio de la pandemia bajamos a 1500. ¿Alguien puede argumentar que esto es eficiencia del gasto?

Nosotros creemos que, claramente, estamos enfrentando un ajuste. A pesar de la capacidad financiera que tenía el Gobierno cuando asumió, que le daba espalda para atender la emergencia sanitaria, la respuesta que se dio fue de ajuste; y no solamente en este caso, es decir, en la inversión, sino también en los salarios. Los salarios afectan las condiciones de vida de la gente. Y la rebaja salarial se ha aplicado radicalmente, repito, no solo a sectores que están con dificultades económicas, sino a sectores que han ganado de manera exponencial. ¡Para todos hubo rebaja salarial!

Esa ha sido la cuestión, aun para el sector financiero, que es otro sector que la sacó del estadio. ¡Miren que se ha hablado de los bancos y de lo que se los beneficiaba! Bueno, en ese «se beneficiaba a los bancos» habría que explicar cómo es que, en el primer trimestre de 2021, se registró un incremento de los activos en el exterior de 3.239:000.000 con respecto al primer trimestre de 2020. Y cuando se buscaba de dónde sacar, nosotros dijimos de dónde hacerlo. Cuando aquí se dio la discusión sobre el Fondo Solidario COVID-19, que nosotros votamos, planteamos la necesidad de gravar los depósitos en el exterior, así como también de que estos sectores participaran de la salida. Creíamos que los sectores que tuvieran crecimiento económico debían participar en la salida del tema covid, y una forma de hacerlo era no habilitar la rebaja de los salarios, no permitir que se incrementara la cantidad de trabajadores pobres o de aquellos que perciben un salario por debajo del mínimo nacional. La evolución de los derivados financieros del sector privado batió récord en este último año. ¡Batió récord! No hay dato de la última década que se pueda comparar con esta sangría de recursos de los uruguayos al exterior.

Entonces, hubo ganadores y perdedores en la actual política económica, y las decisiones que se tomaron desde el Gobierno lo facilitaron. Alcanza con ver la ronda de los consejos de salarios en la que no hubo acuerdo: en un 85 % de las mesas el Poder Ejecutivo votó la propuesta de los empresarios para la política salarial. Este dato sirve para entender para quién se gobierna.

¡Difícilmente se pueda fundamentar que algunas decisiones que se tomaron el año pasado hayan sido por eficiencia en el gasto!

Voy a pasar a un segundo elemento, que tiene que ver con la ANII, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El año pasado todos reconocimos el muy importante peso que tuvieron la ANII y la comunidad científica para poder encontrar respuestas a la pandemia. En lo personal, me cuesta asumir que la respuesta a la pandemia haya sido sobre la base de la libertad responsable. ¡No hubo libertad responsable! ¡No! Hubo decisiones de restricción a la movilidad; decisiones fuertes de restricción a la movilidad. ¿Acaso alguien podía ir al shopping? No, el shopping estaba cerrado. ¿Podía ir a la escuela? Estaba cerrada la escuela, como lo estaba también el liceo y la universidad. Además, estaban prohibidos las fiestas y los eventos. Hubo medidas importantes de restricción a la movilidad que generaron condiciones de atraso de la primera ola.

Una de dos: las importantes medidas de restricción de la movilidad que se tomaron en abril, mayo y junio fueron exageradas, o las medidas de restricción de la movilidad que no se tomaron este año fueron insuficientes. Nosotros creemos lo segundo: que este año, cuando hubo que enfrentar la primera ola, y cuando desde diciembre…

(Murmullos en sala).

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: solicito que ampare al orador en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa va a amparar al orador.

Si es posible, solicitamos que las adjetivaciones se realicen cuando cada uno haga uso de la palabra. Agradecemos que así lo hagan, señores senadores.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Sigo, señora presidenta.

La interpretación que hacemos es que hubo medidas justas en el arranque de la pandemia y, cuando tuvimos que atender la primera ola, no se aprovechó el acumulado, no se aprovechó el tiempo a favor. Y difícilmente podamos hablar de excelencia cuando el país está en el sexto peor lugar del mundo en 2021 en cantidad de muertes por millón de habitantes. Hungría, Bosnia, República Checa, Eslovaquia y Perú son los únicos países que han tenido peores resultados, a pesar de que Uruguay tiene ventajas indiscutibles desde el punto de vista de la poca densidad demográfica, de que haya llegado tarde la primera ola, de tener aprendizajes sobre la pandemia, de tener un alto índice de desarrollo humano y un Sistema Nacional Integrado de Salud.

Ahora bien, ¿cómo atendemos ese reclamo de la ciencia y tecnología? Otra promesa de campaña electoral era cumplir con la ciencia y la tecnología. La ANII, comparando el 2019 con el 2020, sufre un recorte del 10 % –variación real–, el Pedeciba, uno del 9 %, y el Pasteur también uno del 9 %. En nuestra opinión, ¡nos estamos dando un tiro en el pie! En un mundo en el que el cambio científico y tecnológico demanda la necesidad de innovación, de ciencia y de tecnología, nos estamos golpeando al no atender este sector tan particular de la sociedad.

¡Ni hablar del recorte a la ANEP! Yo sé que parte del recorte de alimentación es porque no hubo presencialidad y los gurises no fueron, pero ¡no había cómo fortalecer, en medio del drama que sufrió el Uruguay el año pasado! ¡El drama! ¡El drama! El presidente de la república lo expresó en una entrevista de prensa: «Lo que hicimos fue insuficiente». Y se tuvo que apoyar en que hubo ollas populares y solidaridad de parte de los uruguayos para atender la demanda de miles de personas que, de un día para otro, quedaron en la nada.

Ahora voy a referirme a las becas de apoyo económico. El Programa Uruguay Estudia comenzó en el 2010 con 2234 becas, y fue creciendo; en 2013, llegó a 5110; en 2017, a 7624, y en 2019, a 8926. En 2020, ¡cero! ¿Es eficiencia del gasto? ¡Cero! En 2021, ¡cero! ¡Esto lo reclamó la ANEP, preguntando por qué se recortaba si era una necesidad! Es para evaluar. Salió la evaluación del Ineed, ¿cuándo van a empezar las becas? ¿Alguien puede argumentar que es eficiencia del gasto, que es mejorar las condiciones para atender determinadas demandas?

Nosotros creemos que no es eficiencia del gasto bajar las jubilaciones; no es eficiencia del gasto bajar los salarios; no es eficiencia del gasto recortar la inversión en vivienda; no es eficiencia del gasto recortar en el Inale y en el Inase; no es eficiencia del gasto deteriorar los recursos para la Dirección General de Desarrollo Rural, y no es eficiencia del gasto recortar en ciencia y tecnología. ¡No lo es! Ese programa de ajustes se aplica, además, en un contexto que no solamente no contribuye a atender la demanda social, sino que profundiza las dificultades económicas para la salida de la pandemia.

Evidentemente, no alcanza, señora presidenta, con traer a Keynes en la retórica, sino que debemos construir una serie de políticas públicas que permitan adelantar la salida. Sobre eso, en este período hemos presentado un conjunto de propuestas: adelantar el plan de obras públicas, subsidiar los alquileres o atender un conjunto de demandas que, de no hacerlo, estamos convencidos de que nos va a terminar saliendo más caro.

El centro de esta rendición de cuentas ha transitado por el tema del Instituto Nacional de Colonización y sobre la institucionalidad del Estado para atender la posibilidad de desarrollo de políticas agrarias. En el informe en mayoría hay un planteo acerca del Instituto Nacional de Colonización y de los recursos. Yo creo que cualquier reflexión sobre el tema debería tener en cuenta un punto de partida, que es el siguiente: desde 1985 a 2004, el Instituto Nacional de Colonización repartió, en promedio, poco más de mil hectáreas por año. Ese fue el aporte que hizo durante veinte años, cuando gobernaban los partidos tradicionales: el Partido Colorado, primero; posteriormente, el Partido Nacional en acuerdo con el Partido Colorado, y después dos Gobiernos del Partido Colorado. Además, el Instituto Nacional de Colonización estuvo al borde del colapso en el 2001, y también de su cierre, cosa que reconoció públicamente el entonces ministro de Economía y Finanzas, en un libro en el que manifestó que el objetivo era cerrarlo. Entonces, la primera referencia que deberíamos hacer sobre el Instituto Nacional de Colonización es que pasamos de entregar poco más de 1000 hectáreas a entregar en el entorno de 10.000 hectáreas por año durante los quince años del Gobierno del Frente Amplio. Para algunos sectores económicos esto fue clave. No debemos detenernos en la anécdota, sino mirar la perspectiva general de la defensa de una política agropecuaria, porque parte de lo que cuestionamos en la rendición de cuentas –que sometemos a la crítica, y que nos parece que tenemos que discutir con mayor profundidad– es que se recortó el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización el año pasado.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR BERGARA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Por lo tanto, lo primero que tendríamos que considerar, contemplar y ubicar como un elemento de transformación profunda es que este Gobierno hereda el incremento de una política que siempre se puede mejorar.

No estamos discutiendo en la rendición de cuentas la reestructura del Instituto Nacional de Colonización, que es lo que he escuchado como argumento; estamos discutiendo el balance y el recorte, porque desde que asumió este Gobierno no se ha comprado una hectárea. Entonces, ¿cómo no entender el reclamo de los más de mil aspirantes a colonos que se anotan cada año, cuando vemos que se ha decidido no sostener una política, que incluso es insuficiente? Porque si algo nos muestra el vertiginoso desarrollo de la mercantilización en el agro, acelerado por la demanda del precio de los commodities –en principio lo hacía China y ahora también India, que incrementan sus concentraciones–, es que se puede amainar si uno tiene políticas para poder hacerlo.

Dado que es una preocupación común a todos la necesidad de poblar la campaña, de defender la pequeña producción familiar –que es central para algunas áreas de colonización, como para la cadena láctea y otras–, no parece sensato que en esta rendición de cuentas se continúe con la línea de deteriorar los recursos con que cuenta el Instituto Nacional de Colonización para defender un área que es estratégica. Nuestro petróleo es el agro y ahí tenemos un desafío enorme. Por lo tanto, no se puede empezar por ubicarlo en un contexto de recorte.

En esta rendición de cuentas y en el balance que el Gobierno presenta tenemos diferencias sustantivas. Nos parece que la política fue austera, cuando resulta evidente que hubo necesidades impostergables.

Si uno mide el promedio de empleo del 2020 con el promedio de empleo del 2019, el resultado es que perdimos cerca de 60.000 puestos de trabajo, que se incrementó el número de asalariados pobres, que hubo un deterioro que impactó fuerte en las pequeñas y medianas empresas, así como en la frontera, y que las políticas para atender esas dificultades han sido absolutamente insuficientes.

Alcanza con prestar un poco de oído a amplios sectores de la población –algunos tuvieron que cerrar las puertas, otros quedaron tecleando y otros en situaciones muy complejas de endeudamiento– para advertir que el papel del Estado y los ajustes en curso no solamente no lograron contemplarlos, sino que, según nuestra perspectiva, generan condiciones de mayor deterioro y profundizan los problemas.

Se nos va a preguntar: ¿de dónde sacar? Las propuestas presentadas por el Frente Amplio implican que deben tener una participación mayor los sectores que han tenido más crecimiento económico. No hay que aferrarse de manera religiosa a que no puedan participar quienes han derivado activos en el exterior por miles de millones de dólares. ¡Tienen que participar! Los sectores que han tenido rentas muy importantes deben participar de manera distinta para atender a una parte de uruguayos que está pasando muy mal. Además, esos sectores no deberían tener la prebenda de políticas que, encima, permitan empeorar las condiciones de trabajo y rebajar los salarios, como ha pasado este año. Tampoco habría que descargar sobre las familias de los trabajadores, aparte de la rebaja de sus salarios, ajustes tarifarios, contrariando los planteos preelectorales.

Señora presidenta: creemos que en los momentos de crisis, más que en cualquier otro momento, vale aquella premisa de que una sociedad se mide por cómo trata a los sectores más complicados.

La bancada del Frente Amplio va a acompañar toda medida que sea de incremento de atención a la infancia, toda medida de incremento de atención a la demanda de vivienda, toda medida de incremento para recuperar cuanto antes la pérdida salarial, pero no acompaña un enfoque general de la economía que ubica al país en los peores lugares en términos de inversión social para atender la demanda provocada por la pandemia, cuando la situación social ha sido cada vez más dolorosa. Alcanza con caminar por la calle para ver situaciones de deterioro social que hacía muchos años no veíamos, algo que termina siendo muy caro. El incremento de la pobreza, y en particular el de la pobreza infantil, luego lo terminamos pagando con creces.

Por estas razones, la bancada del Frente Amplio no va a acompañar el proyecto de ley de rendición de cuentas.

Muchas gracias.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Gracias, señora presidenta.

Antes que nada, quiero saludar a funcionarios; al equipo que trabajó durante estos cuarenta días en el tratamiento de la rendición de cuentas; a mis compañeros de bancada por el trabajo, la dedicación y el compromiso con el país; y saludar a los equipos de economía que tenemos dentro de nuestros sectores, por su apoyo permanente.

El análisis general de esta rendición de cuentas no se puede descolgar de un diseño presupuestal que tiene su origen en una Administración anterior, porque, si no, perderíamos la esencia del análisis del diseño de un nuevo Gobierno. Hace prácticamente un año se aprobó el presupuesto quinquenal y muchas de las cosas que hoy reivindicamos y defendemos son parte de ese concepto del presupuesto quinquenal, pero bajo un diseño financiero de una Administración anterior.

Allá por mis pagos, en San Jerónimo, dicen que es difícil comer gofio y chiflar, y es así. Lo que hemos escuchado decir por parte del senador que nos precedió en el uso de la palabra es ir por todo y no reconocer las circunstancias que atravesaron el país y el mundo durante el 2020; es no reconocer en un ápice, en ningún momento, que, a pocos días de haber asumido el nuevo Gobierno, quienes estaban asumiendo la conducción del país se encontraron con una circunstancia límite más que dificultosa.

El contexto en el 2020, año de pandemia, fue muy difícil, y el Gobierno de coalición –y creo representar al Gobierno y a las bancadas de coalición en el Senado– tiene la tranquilidad total y plena de haber dado todo en los momentos adecuados.

Algo que el senador Andrade muy bien indicó y que creo que es fundamental para dar respuesta a todas esas demandas es la idea de movilidad, de libertad responsable. ¡Vaya si este Gobierno dio garantías de libertad en toda la concepción del término! Dio grandes garantías de movilidad a los uruguayos. Teníamos la demanda de que se dejara esa movilidad, que se pasara a una cuarentena obligatoria y se destinaran recursos para una renta básica universal, pero claramente el camino fue otro. El camino de la coalición, bajo la conducción del presidente de la república, fue otro: el de la libertad responsable. ¡Y vaya si hoy nos sentimos orgullosos de los resultados que se están logrando, a pesar de que, lamentablemente, no logramos salir de esta pandemia mundial! Si nos comparamos con la región –más adelante mencionaremos algunas cifras–, veremos que hemos sido ejemplo de una salida ponderada, de una salida rápida y efectiva, que apuntó, sin lugar a duda, a lo social, al empleo y a una rápida recuperación.

Por ahí se habla de recortes, pero para nosotros hay algo que define todo esto; tenemos una palabra para definir esta conducción del Gobierno, lo que ha hecho esta coalición de gobierno y lo que ha hecho el equipo económico desde esa gestión. Esa palabra –que reiteramos muchas veces– es «conducta»; conducta y cumplimiento de las metas y los objetivos programados por el actual Gobierno.

Esa conducta se define en cinco términos que figuran en la introducción del proyecto de ley de rendición de cuentas y que queremos destacar.

El primero es responsabilidad, tanto en las cuentas fiscales como en la sostenibilidad a largo plazo de lo proyectado, además del cumplimiento del compromiso de no aumentar impuestos. Lamentablemente, a través de un relato por reiteración se pretende instalar una verdad que nosotros entendemos que no lo es. La responsabilidad es, pues, uno de los cinco ejes fundamentales que primaron y que estuvieron allí como insignia también en el presupuesto quinquenal.

El segundo término es «ecuanimidad» en las transferencias sociales. Ya se ha dado cuenta, por parte de la miembro informante, de esa ecuanimidad y de cómo fue la distribución de las transferencias sociales, por las que se atendió a más de un millón de uruguayos. Esas transferencias sociales –como bien se ha señalado– se incrementaron en un 56 %.

El tercer término que define esta rendición de cuentas es el de ser «dinamizadora» de la actividad económica. ¡Y vaya si los resultados así lo indican! Respecto al desempleo, hoy las cifras son muy parecidas a las de febrero del 2020. Entonces, esto no es relato; es una realidad de las cifras que, transparentemente, están a la orden de todos los uruguayos.

Por otra parte, existe «coherencia» con el mensaje quinquenal del Poder Ejecutivo en cuanto al cumplimiento de los objetivos y las metas fiscales, que se destacan con relación a las metas fiscales y los promedios de la región.

Por último, vemos «transparencia»: la transparencia del Gobierno de coalición, que permanentemente rindió cuentas públicas, tanto desde el punto de vista sanitario como financiero y económico. Hace unos instantes, el señor senador Andrade decía que se daban cuentas públicas y así estaban. Él apoyó permanentemente –al igual que la bancada del Frente Amplio– el Fondo Solidario COVID-19. Eso fue rendir cuentas de forma transparente a los uruguayos y a la oposición.

Entonces, estos cinco términos que se reflejan en la primera hoja de la exposición de motivos del proyecto de ley de rendición de cuentas definen la conducta del Gobierno a la hora de administrar la cosa pública.

Este mensaje de rendición de cuentas para nosotros tiene tres bloques que son fundamentales e innovadores. Poco se habla de la erradicación de los asentamientos y, en ese sentido, una de las columnas principales de este mensaje es la creación del fideicomiso para la consolidación urbana de asentamientos en todo el país. Este no es un problema de Montevideo ni de Canelones; es un problema social y un Gobierno que aterriza en plena pandemia, en su primera instancia presupuestal de rendición de cuentas, está dando un mensaje más que significativo. Vamos por sanear esa diferencia social que tenemos con muchos uruguayos, pero queremos hacerlo por escrito, no en el discurso, y uno de los tres grandes bloques a los que hicimos mención es ese.

El otro gran bloque que tiene mucho que ver con este es el de la primera infancia. Sin lugar a duda, no podemos pensar únicamente en la construcción y en la consolidación de la vivienda, sino que tenemos que darle un contexto social. ¡Qué mayor mensaje de contexto social que apuntar hacia los más chiquitos, hacia la primera infancia! Esta coalición y este Gobierno están haciendo hincapié y se están fundando en la coordinación institucional para que llegue a ser una política pública y se transforme, por qué no, en una política de Estado. En los Gobiernos del Frente Amplio existieron políticas de Estado que apuntaron a los más pequeños y fueron efectivas; me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema del tabaco, al cigarrillo. ¡Vaya si fue una política pública de Estado, una decisión firme que tuvo un efecto fundamental en los más chicos! Creo que eso lo vivimos todos a diario.

El tercer bloque fundamental –en esta rendición de cuentas se habla de dos mensajes fundamentales, pero para mí son tres–, que es la principal política económica que abordó el país en el 2020, es la vacunación.

Entonces, tenemos tres bloques innovadores en esta rendición de cuentas, más allá del efecto y de la tarea que esta implica.

En cuanto a las transferencias sociales realizadas en el 2020, hubo un aumento real del 56 %. Sin embargo, algo que no se dijo –que se escapó y es bien importante– es que esta mayor cobertura tuvo un aumento del 40 % desde el ejercicio 2019 al ejercicio 2020.

En términos generales, se habla de que el Estado podría haber tenido una mayor capacidad de gasto, pero ¡vaya que en la capacidad de gastos e inversiones, en todas estas materias a las que hicimos referencia, el país y el Gobierno hicieron especial énfasis! No olvidemos que estamos ante un Gobierno que aumentó dos puntos el déficit fiscal e incrementó en casi trece puntos la deuda pública. Se quiere instalar el concepto de ahorro del gasto y de que esta rendición de cuentas tuvo intenciones de ahorrar y de recortar cuando el déficit fiscal aumenta y la deuda pública aumenta casi trece puntos; por lo tanto, realmente no entendemos ese argumento de que este Gobierno apuntó y fue por el ahorro, por los números, por los resultados y no por la gente. Yo creo que ha sido todo lo contario, que este Gobierno fue por los uruguayos más vulnerables y adoptó medidas en los momentos precisos. En lo personal, me he preguntado muchas veces: ¿quién sabía el final de la pandemia? ¿Quién podía colocar una fecha de vencimiento de la pandemia? ¡Nadie! Había que desarrollar una política económica de derrame, de generación de empleos, pero con criterio, con cuidados, para ir avanzando de alguna forma a medida que las circunstancias de la propia pandemia y los resultados de la vacunación fueran habilitándolo.

Entiendo, señora presidenta, por tanto, que las proyecciones del equipo económico fueron aceptables; fueron más que aceptables porque, si miramos un capítulo en términos comparativos con la región y lo que proyectamos, vemos que en esta rendición de cuentas realmente hubo aciertos y resultados destacables.

En cuanto a la inflación proyectada del 9,5 % con que se iba a cerrar el 2020, el dato del cierre fue de 9,4 %.

En lo que tiene que ver con la tasa de ocupación, se pronosticaba que iba a caer 2,3 puntos porcentuales, y la caída de esa tasa de ocupación o de empleo fue de 2,4 puntos porcentuales, algo así como 60.000 puestos de trabajo.

En lo relativo al déficit fiscal –sin lugar a duda, dadas las circunstancias, no iba a alcanzarse lo proyectado–, como señalaba el equipo económico en su comparecencia, hubo un promedio en América Latina del orden de los 6,6 puntos porcentuales.

Así que, señora presidenta, nosotros entendemos que un presupuesto diseñado por otra Administración, ejecutado por una nueva Administración y que alcanzó resultados esperables para lo que se proyectaba, por lo menos merece el juicio «aceptable» o «muy aceptable».

En cuanto a las medidas de apoyo que se dieron durante el 2020, puedo decir que en este recinto hemos tenido muchas sesiones en las que se presentó un torrente de proyectos que apuntaban a sostener políticas de apoyo social, laborales y productivas relativas al desempeño del Ministerio de Desarrollo Social; las respuestas dadas por medio de la Tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares y el cupón-canasta demuestran que realmente el ministerio tuvo una acción y un despliegue excepcionales.

Sin lugar a duda, como bien se señalaba hace unos instantes, hubo que adoptar medidas históricas, novedosas y nunca antes realizadas como, por ejemplo, dar alimentación a 100.000 niños durante todo el verano y asistir a distintas ollas populares en lugares de contexto dificultoso. Pero el tema de los 100.000 niños a los que el Estado apoyó manteniendo una política alimentaria no tiene absolutamente nada que ver con el de las ollas populares; no pueden compararse. Hablemos en términos claros, que es la forma en que podemos entendernos.

Durante el 2020 se incrementó, como bien decía la señora senadora Asiaín, un 50 % el monto de la asistencia en políticas sociales.

La Afampe –Asignación Familiar Plan de Equidad– también aumentó; fueron montos que se incrementaron en el entorno del 50 %. Se atendió a unas 450.000 personas con un gasto superior, en el entorno de los USD 30:000.000.

En cuanto al tema del cupón-canasta de tuapp, creemos que fue una iniciativa bien diseñada; no solamente se pensó en el individuo, en la persona que estaba pasando momentos de mucha dificultad, sino también en el pequeño comerciante, en el comerciante del barrio porque, a través de su celular, los beneficiarios podían hasta disgregar el gasto, separarlo. En eso tuvieron mucho que ver las reuniones mantenidas con los representantes de Cambadu, del Banco República y de Antel, para dar oportunidades a esos comerciantes de barrio, ¡que vaya que la estaban pasando mal! Y el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social también pensaron en eso.

Desde el punto de vista de los temas laborales, se plantearon cuestiones que todos conocemos en este recinto. Se consideró el seguro de desempleo tradicional, pero también se flexibilizó con algunos seguros que permitían incorporar tanto a trabajadores jornaleros como mensuales. También se puso en práctica el seguro de desempleo parcial; y quedó habilitado el multiempleo, fundamentalmente para trabajadores de la salud y de la educación.

Asimismo, se otorgaron incentivos y subsidios económicos, por ejemplo, a empresas que reintegraban a trabajadores que estaban en el seguro de paro o que tomaban trabajadores nuevos. Fue un paquete de medidas destinado a apuntalar la circunstancia y la situación en el trabajo que, realmente, se tomaron en tiempo y forma. Así lo entendemos nosotros. Reitero: esas medidas estuvieron dadas en tiempo y forma, porque fueron paso a paso, dinamizando y generando oportunidades, de la mano de la empresa y del trabajador.

Con relación a las medidas tributarias, por ejemplo, se permitió a las empresas incluidas en el literal E y a los monotributistas poder contratar con quienes aportan o tributan IRAE. Sabíamos también que allí había una limitante y el objetivo era el trabajo. En ese sentido, se hicieron habilitaciones, ¡y vaya que eso generó también oportunidades! Así, a quienes no tenían una oportunidad laboral se les abrió una nueva puerta para que las empresas que tributan IRAE pudieran contratarlos y, a través de este mecanismo fiscal, se les dieran oportunidades de desarrollo y de trabajo.

En lo que respecta a la DGI, permanentemente se hicieron corrimientos de vencimientos. Por su parte, la ANDE representó un apoyo institucional nacional en territorio que permitió aplicar políticas y subsidios relacionados con las tarifas públicas que también, desde el Senado de la república, votamos en distintas oportunidades.

Por otro lado, se brindó apoyo a las empresas a través de los préstamos Siga. Asimismo, se apoyó lo relativo a los POS, ya que bajaba el subsidio del 70 % al 40 %, pero se sostuvo ese 70 % por parte del Gobierno. Los préstamos Siga Emergencia habilitaron y llevaron casi el 80 % de los créditos otorgados a las micro-, pequeñas y medianas empresas, créditos que oscilaron en los USD 890:000.000.

De esta manera, hablamos del primer bloque que, a nuestro juicio, contiene esta rendición.

Ahora queremos hacer referencia a los dos bloques que tienen un gran contenido social, como la atención a la primera infancia, y que tienen que ver con los recursos de USD 50:000.000 destinados a atender las fragilidades relativas a la educación y la vivienda. ¡Vaya que desde la ANEP y el Codicén se están proyectando algunas herramientas innovadoras para que en esos cuarenta y cuatro jardines que todavía no tienen –como bien señalaba el presidente del Codicén en algún momento– las posibilidades logísticas para abrir plenamente sus puertas, se pueda correr la atención de los niños de tres años a primaria para matricular y generar nuevos espacios en los CAIF! Acá abro un paréntesis para hablar del compromiso que asumimos todos los senadores en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuando recibimos en alguna oportunidad a representantes de comisiones de fomento, familiares y mamás vinculadas a los CAIF. ¡Vaya que estos centros –de 1988 al presente– son una referencia bien importante en el desarrollo de la primera infancia y en las posibilidades de futuro que tienen esos niños! Creo que tenemos que avanzar en ese sentido y la herramienta fundamental para hacerlo es la educación primaria –porque es la que tiene la infraestructura– para que puedan descongestionarse muchos CAIF, dejando ese espacio de los niños que tienen tres años a los de cero a dos años y así continuar en ese camino que ha llevado adelante el Uruguay como política de Estado y que, sin lugar a duda, continuará porque en este tema hay una coincidencia plena.

Se propone la creación de un grupo interdisciplinario integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, la ANEP, ASSE y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hacemos referencia a esto porque se ha dicho claramente: «Ni ustedes saben adónde van a parar los USD 50:000.000», pero ¿cómo no vamos a saberlo? Lo sabemos, sí; sabemos que hay necesidades; sabemos que hay una institucionalidad trabajando. Se propone la creación de un grupo interdisciplinario porque el Gobierno está trabajando en contacto permanente a través de los ministerios y lo mismo sucede con la ANEP, que está en contacto con el INAU y con el Mides. Sabemos muy bien cómo tenemos que ir abordando este tema y, sin lugar a duda, en ese grupo interdisciplinario va a estar el destino final de estos recursos que se van a dar, desde el punto de vista profesional, de la forma más efectiva posible para atender a la primera infancia.

El último bloque es la conformación del Programa de Recuperación Urbana y Social. Se crea un fideicomiso, porque ese es el debe que tiene Uruguay con un segmento importante de la población. Estamos hablando de más de seiscientos asentamientos que hay que atender no solamente desde el punto de vista edilicio, sino también de forma multidisciplinaria y, por eso, todos estos elementos tienen relación. Así lo plantea el Gobierno y entendemos que ese es el camino.

Sin lugar a duda, este fideicomiso derivó en una discusión sobre los fondos del Instituto Nacional de Colonización. Personalmente, decía que no me conformaban los artículos como venían pactados y votados de la Cámara de Representantes. ¡Vaya que estos artículos y la salida que se encontró vuelven a poner a prueba a la coalición de gobierno y a fortalecerla porque llegó para quedarse! Reitero: vuelve a fortalecer a esta coalición de gobierno porque se encontró la salida adecuada, obviamente, motivados por la problemática de los asentamientos. Conocemos profundamente la realidad del Instituto Nacional de Colonización y, como habitantes del interior, sabemos de las excelentes proyecciones y el desempeño de muchos colonos a lo largo y ancho del país. También conocemos desastres. Hemos visitado algunas colonias y nos reunimos con colonos que…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR COUTINHO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Lanz.

SEÑOR LANZ.- Ya termino, señora presidenta.

Decíamos que conocemos la realidad del Instituto Nacional de Colonización. Sin lugar a duda, el debate de la transformación que requiere el instituto se da por este otro debate de los asentamientos, pero creo que llegamos a una buena solución, a una buena salida. Los recursos dispuestos en estas dos leyes tienen un destino específico y son por un tiempo determinado para atender la problemática de los asentamientos y de muchos uruguayos que viven en condiciones deplorables, pero después serán reintegrados al Instituto Nacional de Colonización. Mientras tanto, se garantizan los recursos para el instituto y una política colonizadora que hay que continuar en el Uruguay, pero transformando la colonización de acuerdo con los nuevos tiempos.

Señora presidenta: como decía al principio, durante el 2020 Uruguay transitó por momentos muy dificultosos, igual que el resto del mundo. Nunca se dejó de pagar un sueldo; nunca se dejó de pagar una jubilación; nunca se dejó de asistir socialmente a las personas que tenían problemas y estaban en situaciones vulnerables. El Gobierno tomó permanentemente medidas como las que mencionamos para atender todas las situaciones. Estamos orgullosos de cómo se atendió la coyuntura nacional en el peor momento del país –por lo menos de los últimos cien años– desde esta coalición de gobierno. Estamos orgullosos de que esta coalición de gobierno sea una mesa redonda y de que no nos cerremos en una opinión, sino que con la de cada uno de nosotros logremos consensos y acuerdos. Sin lugar a duda, eso va a catapultar a esta coalición hacia adelante. Estamos orgullosos de las responsabilidades que cada uno de los miembros de la coalición ha tomado sobre los distintos incisos y de la proyección que se le está dando al Gobierno.

Simplemente, señora presidenta, he hecho estas manifestaciones a modo de argumentación en general sobre el proyecto de ley. Después vendrá el debate en particular sobre cada artículo y daremos nuestra posición en forma puntual.

Lo más importante es que no se le metió la mano en el bolsillo a un solo uruguayo para cobrarle un peso más de impuestos.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Vamos a apoyar este proyecto de ley de rendición de cuentas, por el cual el Poder Ejecutivo da cuenta de lo actuado en 2020, un año muy especial en la historia del país, que seguramente va a marcar a fuego durante mucho tiempo a este país, a este continente y al mundo entero.

Es claro que se atendieron las necesidades surgidas de esa situación tan especial; es claro que se aumentó significativamente el gasto social atendiendo a los más frágiles de nuestra sociedad. Me parece que no corresponde o que hay cierta hipocresía cuando se busca un período determinado para decir que Uruguay fue de los peores en atender la realidad, cuando en el conjunto claramente nuestro país es reconocido como uno de los que mejor manejaron la pandemia en el mundo. Reitero: ha sido reconocido universalmente por la forma en que la manejó. Hay que mirar todo el proceso completo y no solo una parte.

Creo que uno de los puntos más relevantes de este período que estamos considerando –año 2020, no el 2021– es la forma en la que se atendió esa situación de emergencia, la forma en que se preservó a los uruguayos de la mejor manera posible. Vimos claramente cómo desde otras tiendas se pedían medidas extremas, por ejemplo, cuarentena, restricciones, cosas imposibles de cumplir a largo plazo, que estaban pensadas para que duraran tres meses, pero tendrían que haberse mantenido más de un año y eso habría sido impagable para todos los uruguayos.

Además, esta rendición de cuentas trae –como fue dicho aquí en sala– ciertas propuestas de gastos para atender situaciones que son realmente críticas, difíciles y que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo.

Hay dos puntos que se destacan especialmente. Uno de ellos es el de los asentamientos irregulares que existen en el país y que, de una vez por todas, hay que enfrentar. Es una verdadera vergüenza para la sociedad uruguaya que todavía subsistan más de seiscientos asentamientos a lo largo y ancho del país después de un período de bonanza como pocas veces ha tenido nuestro país; tal vez el mayor período de bonanza desde la guerra de Corea. A eso podemos sumarle el tremendo endeudamiento que asumió el país por el cual entraron decenas de miles de millones de dólares al Uruguay y no tuvo los 2.000:000.000 que se estima que se necesitarían para erradicar este problema que debe avergonzarnos a todos.

El otro tema es el de la pobreza infantil. Esta rendición de cuentas asigna USD 50:000.000 para atender el problema de la primera infancia, que también es sustancial y que, de no ser atendido, va a terminar generando problemas mucho mayores en el futuro.

Esta rendición de cuentas propone lo posible y, por supuesto, no es lo ideal. Nos hubiera encantado que asignara muchísimos más recursos para la Universidad de la República, porque entendemos que lo que solicitaron sus autoridades es necesario y de recibo. Nos hubiera encantado que se destinaran muchos más recursos para el Inisa, porque consideramos que realmente se necesitan. Nos hubiera encantado que se otorgaran más recursos para la ANEP. Nos hubiera encantado que se empezara a hacer justicia con los salarios, porque en este país existen servidores públicos que perciben $ 60 -o tal vez un poquito más- por hora de servicio prestado al Estado. Hay grandes inequidades que todos conocemos cuando a igual función hay a veces desigualdad en las remuneraciones. Nos hubiera encantado que todo eso empezara a corregirse, que comenzara a cambiar, pero indudablemente esta rendición de cuentas obedece a lo posible, a la realidad que hoy tenemos. No podemos decir bajo ningún concepto que esto está de espaldas a la gente, sino todo lo contrario. Esta rendición de cuentas hace muchas cosas para solucionar problemas a la gente; propone muchos aspectos que creemos que son destacables.

Ahora quiero referirme en especial a algo que ya fue dicho en sala y que seguramente escucharemos decir a más de un señor senador en las próximas intervenciones. Se abre un paraguas porque se va a responsabilizar, en muchos casos, de la situación presente en el país al 1.° de marzo de 2020. Aquí se ha hablado de la intención de generar una narrativa que culpara a las anteriores Administraciones de los males actuales, que, según se ha dicho, son responsabilidad de la coalición republicana que hoy gobierna el país. Se habla de narrativa, se habla de un relato que se quiere imponer como forma de atajarse para no dar cuenta de cosas que todos los que vivimos en este país sabemos perfectamente cómo son.

Yo pregunto: ¿son narrativa o realidad los más de 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares al 1.° de marzo de 2020? ¿Es narrativa o realidad los 200.000 desocupados y en seguro de paro que había en esa fecha y los 400.000 uruguayos que vivían en la informalidad? ¿Es narrativa o realidad los miles de niños que dependían de los comedores de las escuelas? Toda esa realidad que quedó al descubierto doce días después de haber asumido esta coalición de gobierno: ¿es narrativa o realidad? ¿Es narrativa o realidad la concentración de la tierra y los millones de hectáreas en sociedades anónimas o extranjerizadas en el período que terminó el 1.º de marzo de 2020? ¿Es narrativa o realidad los intereses de usura a los que se somete a miles de compatriotas en manos de prestamistas o de financieras inescrupulosas, amparadas por una ley del 2007? ¿Es narrativa o realidad el déficit fiscal existente al 1.º de marzo de 2020, la triplicación de la deuda externa en el período y que compromete seriamente a las futuras generaciones? Nosotros creemos que no se puede seguir dando manija con ese profesionalismo que se ha adoptado una y otra vez, generando o buscando generar el enfrentamiento, la ruptura, aumentando la grieta de los buenos contra los malos. No se puede generar ese resentimiento contra aquel a quien no le fue tan mal en la pandemia por parte de la mayoría de los uruguayos a los que realmente les fue mal. No se puede seguir dando manija y buscando edificar sobre eso, ignorando la realidad que se dejó en este país a pesar de haber tenido, como dijimos, más recursos que nunca para poder solucionar muchísimos de los problemas que se heredaron al 1.º de marzo de 2020. Lo que no se puede hacer es señalar con el dedo las cosas que no se han cumplido por parte de quienes llevaron una campaña electoral con determinadas propuestas, ignorando olímpicamente la tremenda pandemia que nos pegó de lleno a todos. Creo que hay acá una gran hipocresía, un gran cinismo político.

Por lo tanto, creemos que esta rendición de cuentas es la posible y seguramente en el futuro, una vez que se supere la situación totalmente, podrán cumplirse muchas de las cosas que todos queremos para bien de los uruguayos. Cabildo Abierto ha hecho sus propuestas, varias de las cuales fueron recogidas. Ha aportado lo suyo en soluciones a distintos temas que han sido particularmente discutidos. Ha habido otras propuestas pero han quedado para ser consideradas en el futuro. Estamos conformes con esta rendición de cuentas que atiende la realidad que vive el país y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente en la jornada de hoy este proyecto de ley en general.

Por último, quiero mencionar y agradecer a todos los funcionarios, a todos los asesores, a todos los que han colaborado para que lleguemos a este proyecto que hoy estamos tratando.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Por nuestra parte, tal como ya lo expresó el señor senador Andrade y como lo señalamos en comisión, vamos a votar negativamente este proyecto de ley. No hay razón alguna, y lo voy a fundamentar, para que no lo denominemos «enfoque integral de ajuste fiscal». Basta ir a cualquier diccionario para saber que la expresión «ajuste fiscal» puede ser con aumento de impuestos o con rebaja de gastos; no es exclusivo del aumento de impuestos el ajuste fiscal. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que en 1990, en 1995 y en el 2000 tuvimos ajustes fiscales que aumentaron los impuestos y rebajaron los gastos. Entonces, por eso mismo hay cierta confusión. Una rendición de cuentas que no aumenta impuestos, pero baja sustantivamente los gastos no puede ser denominado de otra manera que ajuste fiscal. Voy a hacer un análisis sobre la base de cinco capítulos y diez conclusiones que quiero trasmitir al Cuerpo.

El primer capítulo tiene que ver con el gasto público. Esta es una rendición de cuentas del ejercicio 2020, por lo que hay que ir a los tomos en los que está el gasto público presupuestal del 2020. Si se compara con el 2019, actualizado por inflación, el gasto presupuestal del 2020 nos dice que hay una reducción de USD 309:000.000 de gasto público. Esta es una cifra incontrastable –digamos–, no hay manera de tener otra. Esto significa un 2 % de reducción del gasto público, que bajó sustentado –así lo dijo la mayoría de los ministros en la comisión– en el abatimiento fiscal –así se llamó este ajuste fiscal de marzo– del Decreto n.º 90, del 11 de marzo de 2020.

La primera conclusión es que en el año de la pandemia, tan especial y al que todos hacemos mención cuando queremos analizar sus particularidades, no hubo expansión del gasto público para enfrentar sus consecuencias. Alguien podría decir –y voy al segundo punto de este primer capítulo– que hay que tomar en consideración el gasto presupuestal extra, el gasto 1.8, derivado del fondo covid. Muy bien, para los incisos presupuestales –no se puede mirar todo el fondo covid y me imagino que nadie pondría las garantías del Siga o algunos otros aspectos en esta comparación–, para el fondo presupuestal –así lo dice el documento del fondo covid–, se gastaron USD 500:000.000. Quiere decir que en un presupuesto de 18.000, si bajó 309 y subió 500 podríamos decir que, más o menos, empatamos. Es una diferencia absolutamente insignificante en el presupuesto.

A continuación voy a hablar del contenido de la diferencia, porque hasta ahora me he referido a los grandes números. De las decenas de cosas que podría decir sobre el fondo covid, simplemente voy a mencionar dos. La primera de ellas tiene que ver con el volumen del gasto. Según los organismos internacionales, de 187 países estamos en el lugar 168 con un 0,2 % del PIB o PBI en el gasto presupuestal. Y puede ser verdad que haya países que tuvieron que hacer gastos que nosotros no hicimos gracias al sólido y enorme Sistema Nacional Integrado de Salud que teníamos. Fueron gastos que no hicimos porque teníamos una base de datos de protección social que prácticamente cubría al 90 % de la población y teníamos un sistema de jubilaciones y pensiones que cubría al 95 % de la población. Sin embargo –hice esas cuentas; no me daría el tiempo para hacerlo ahora–, aun tomando ese gasto como dado, pasamos del lugar 168 al 130; o sea que somos de los peores de la clase.

En segundo lugar, quiero decir que cuando el subsecretario presentó las cifras del fondo covid –en este caso fue él– dijo que el incremento del gasto en política social había sido de $ 6.000:000.000, es decir, un 0,3 % del PBI. Estamos hablando de $ 6.000:000.000 para 840.000 personas en nueve meses y medio de pandemia; es un tema aritmético. Si se dividen las tres cifras, nos da un total de $ 750 por mes, por persona, que es la contribución que hizo el fondo covid. Si lo tomamos por hogar, esa cifra baja a $ 574 porque, obviamente, hay una disminución.

Esas eran las dos cosas que quería decir: el lugar que estamos en el ranking y lo que significaron los USD 140:000.000, o sea, los $ 6.000:000.000 de política social. Como dijo la senadora informante, la segunda vez efectivamente no votamos el proyecto de ley del impuesto covid y no lo hicimos porque a esa altura ya había evidencia enorme de que no solo los trabajadores públicos de altos salarios podían aportar al fondo covid.

Esta no es una valoración en el sentido de: «¡Qué horrible a los que les va bien!». ¡Todo lo contrario! Está bien que a algunos les vaya bien, pero si es así y somos solidarios y consistentes en el discurso, tenemos que pedirles que hagan una contribución adicional. Me refiero a los salarios privados y a los depósitos, de los que voy a hablar más adelante. O sea, quienes ganaban más, a un año de la pandemia, no pusieron nada. Quizás en abril de 2020 podíamos tener alguna incertidumbre sobre quiénes iban a ganar dinero, pero ya en abril de 2021, teníamos enormes certezas en este sentido. Así pasó en todo el mundo.

Debo decir que tengo algunas preguntas. Fuera de las diferencias ideológicas que sin duda tenemos en cuanto al rol de los impuestos, voy a la consideración coyuntural, es decir, a una contribución transitoria. El documento de gasto tributario que nos entregaron con la rendición de cuentas dice que en lo que respecta al impuesto al patrimonio –excluyendo lo que está por ley, es decir, inversiones, zonas francas y artículo 69 de la Constitución– se estableció una exoneración de USD 400:000.000 por activos exentos. Reitero: es por activos exentos y no por las leyes a las que me refería ya que ascendería a seiscientos y algo.

Este impuesto recaudó USD 500:000.000, así que frente a esto me hago dos preguntas. ¿Está bien que esas exenciones no se pudieran levantar en ese año? Creo que no, que está mal.

Por otro lado, si hubiéramos propuesto –como lo hicimos en la discusión del fondo covid– una alícuota del 10 % para los que pagaron impuesto al patrimonio en 2020 –que era del orden de USD 50:000.000–, por el 2021, ¿alguien cree que esos grandes patrimonios habrían sido afectados? No olvidemos que no es lo mismo discutir renta que patrimonio, porque la renta está incidida por el ciclo y el patrimonio, no. Alguien podrá perder su patrimonio, pero es algo marginal; el patrimonio no está incidido por el ciclo y, por lo tanto, era posible que se pusiera una contribución adicional.

En consecuencia, la segunda conclusión es que en el gasto del fondo covid fuimos los peores del mundo y si sumamos esto al ajuste fiscal derivado del llamado abatimiento presupuestal, los resultados están a la vista. Aclaro que estamos hablando del 2020 y que estamos discutiendo algunos aspectos del 2021 porque hay una enorme continuidad en la política. Sin embargo, en el 2020 hubo más pobreza, menos empleo y más cierre de empresas.

La tercera conclusión es que con estas características que mencioné recién –es decir, pobreza, falta de empleo y cierre de empresas– el aumento de gasto global del Estado fue prácticamente de estancamiento.

En cuanto al segundo capítulo, debo decir que aquí se habló mucho del ahorro y de su eficiencia. Bueno, vamos a desglosar los USD 309:000.000 para ver dónde estuvo el ahorro porque todos tenemos claro que quizás hubo menos locomoción, menos viajes –seguramente por la pandemia– o menos catering, pero eso no es lo que conforma esa cantidad de USD 309:000.000. Discutamos las rebajas de verdad, las que incidieron en el abatimiento presupuestal.

Hay dos formas de mirar el presupuesto –todos lo saben–: por incisos y por rubros; vamos a analizar las dos porque en ambas estamos mal. Si lo hacemos por incisos, vemos que en la ANEP hay USD 56:000.000, de los cuales USD 38:000.000 corresponden a salarios; a la Udelar le corresponden USD 14:000.000; al INAU, USD 18:000.000; a ASSE, USD 28:000.000; al Fondo Nacional de Vivienda, USD 35:000.000, y al MTOP, USD 23:000.000. Eso suma, más o menos, USD 180:000.000. Quiere decir que el 60 % estuvo en educación, salud, vivienda e inversión pública.

Esto se confirma si lo miramos desde la otra óptica porque vemos que USD 86:000.000 corresponden a salarios y USD 124:000.000 a inversiones. ¿Qué nos dice la teoría económica? Que cuando la situación económica está mal y los inversores privados se retraen, hay que poner un poco de combustible público para que la economía mantenga los motores prendidos lo más posible. Eso hicieron la mayor parte de los países del mundo; basta con acceder al Monitoreo Económico Global de la Cepal para América Latina o del Fondo Monetario Internacional para el mundo, para ver las cifras de inversión pública. Acá no; la inversión pública cayó un 14, 7 %, fue el rubro con mayor caída en 2020.

Entonces, ¿dónde estuvo la mayor eficiencia? ¿En menor inversión pública? ¿En menos viviendas ejecutadas y, como dice la rendición, en menos ejecución? Es decir, el problema no es solo del 2020, sino también del 2021 y del 2022. Si hay menos viviendas en ejecución, no van a aparecer por arte de magia. Las viviendas de un año se ejecutan durante el anterior. Entonces, hay menos ejecutadas y menos en ejecución.

Además, hay menos horas docentes. Todos tenemos vínculo con el sistema público de educación –hijos, nietos, amigos– y sabemos los enormes problemas de asignación de recursos docentes y no docentes que hubo en el sistema de la educación pública. ¿Es mayor eficiencia recortar las dedicaciones totales en la Universidad de la República o las becas de grado y posgrado?

Creemos, como cuarta conclusión, que el recorte, el ajuste fiscal, se hizo en los gastos esenciales: en salarios públicos, en creación de empleo y en dotación de recursos para salud, educación y vivienda. Antes de pasar al siguiente punto, voy a hablar de un caso paradigmático de esta cuarta conclusión; me refiero a ASSE. Este organismo empató; allí no hubo ni un poquito más ni un poquito menos porque perdió 1.000:000.000 por presupuesto y le otorgaron 1.000:000.000 por el fondo covid. Entonces, reitero, empató. A su vez, tiene 20.000 usuarios más para atender y, además, más necesidades vinculadas a la pandemia. La experiencia de la pandemia ha sido más exitosa en aquellos países que trabajaron fuerte en la prevención y en la detección temprana así como en el primer nivel de atención. Eso es ASSE: primer nivel de atención, atención prehospitalaria, y muchas veces hace el trabajo del resto del sistema en zonas del país que están alejadas. Eso fue lo que se deterioró. Hay que recordar que estamos hablando de que el presupuesto de ASSE ya fue recortado en la ley de presupuesto. El presidente de ASSE pidió 1.300:000.000 para salud mental y le dieron 420:000.000; es decir, hubo recortes por todos lados.

Voy al tercer capítulo: ¿existía más margen para gastar? Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas presentaron aquí los resultados de la regla fiscal. Uruguay tiene tres reglas fiscales; antes tenía una y ahora se sumaron dos más. Entonces, está claro que hasta ayer o anteayer, cuando se integró el equipo de expertos –lo vimos en los medios–, la regla fiscal era medio una decisión discrecional del ministerio; lo cierto es que las tiene y las presentó. Dijeron que el déficit proyectado era de 6,6 %, que el gasto público –como podía aumentar en función del crecimiento potencial– era de 2,3 % y que la deuda pública podía crecer hasta USD 3.500:000.000. ¿Qué sucedió? Que el déficit fiscal fue de 3,3 % –usando la metodología 2005 para hacerla comparable con el 6,6 %–, que el gasto público creció un 0,7 % y que el tope de deuda fue de USD 3.113:000.000. Por lo tanto, quedamos por debajo en USD 140:000.000 en relación con el déficit, en USD 270:000.000 en cuanto al gasto y en USD 387:000.000 en el tope de deuda. Aquí sí se nota mucho más la diferencia ideológica, ¿no? Las autoridades del ministerio dijeron que «sobrecumplir» las metas fiscales era un éxito, pero para nosotros es una tragedia. Si tomo el mínimo común denominador de los tres ahorros –podría gastar por más el mínimo de los tres, porque si no me paso en uno– que son USD 140:000.000, y aprieto un botón y digo que esa suma se destine a apoyar a las familias a las que se les dio USD 140:000.000 a través del fondo covid, hay que hacer una cuenta muy sencilla: si a 140:000.000 le agrego 140:000.000, lo duplico, en lugar de $ 765 por mes y por persona voy a tener $ 1500. Será poco también, pero es más que $ 765.

Aquí vale la pena la comparación internacional. ¿Cuánto aumentó el déficit fiscal en Uruguay? Si tomamos la metodología del 2005, para hacerlo comparable, podemos decir que pasó de 4,5 % a 6,3 %, o sea un 1,8 %. ¿Cuánto aumentó en el resto de los países de América más o menos parecidos a Uruguay? En Argentina, 2 %; en México, 2,2 %; en Chile, 4,5 % y en Brasil, 7,5 %. ¿Cuánto aumentó en Europa y en Japón? En el Reino Unido, 11,1 %; en Japón, 9,5 %; en España, 8,1 %; en Italia, 7,9 %; en Bélgica, 7,5 %; en Francia, 6,2 %; en Portugal, 5,8 % y en Alemania, 5,7 %.

Por lo tanto, en grandes números, en el mundo el déficit fiscal aumentó aproximadamente un 8 % y en los mal llamados países «emergentes» –nosotros los llamamos «dependientes»– de América Latina un 5,5 % y en Uruguay un 1,8 %. Esa es la realidad del esfuerzo fiscal. No creo que los sistemas de salud europeos fueran tan débiles como para necesitar hacer inversiones a los efectos de soportar la pandemia. Sí puede ser válido en algunos países de América y de África, pero no en Europa. En la interpelación las llamamos «las gráficas de la vergüenza». Nos da vergüenza mirar este cuadro.

Quinta conclusión: con su propia regla fiscal el Gobierno gastó menos. Repito: a la conclusión de que se «sobrecumplió» la meta fiscal, nosotros le decimos que se ajustó la economía. Unos están orgullosos y otros creemos que es una tragedia.

Cuarto capítulo: ¿Qué nos dice la rendición de cuentas para adelante? Ya hablamos del 2020 y algo del 2021 porque está transcurriendo. La primera rendición siempre es algo rara porque rinde cuentas de un año que no fue presupuestal, está actuando sobre el primer año presupuestal y analiza lo que viene en el presupuesto, o sea que hay que hacer una combinación interesante de todo eso. La ventaja es que para 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 tiene la misma línea fiscal: recorte y ajuste. Por lo tanto, es más fácil de analizar porque no es una rendición de gastos cero, pero tiende a cero, como se diría en matemáticas, pues USD 50:000.000 para la primera infancia es un buen aporte y nosotros obviamente lo reconocemos, pero es un dato marginal. Por eso digo que no es cero, pero tiende a cero.

Ahora queremos mirar un poco las consecuencias de lo más evidente. Simplemente las vamos a resumir para que queden en la versión taquigráfica. El 2020 terminó con 100.000 personas pobres más, 60.000 puestos de trabajo perdidos, miles de pequeñas empresas cerradas –aunque no tenemos el dato cuantitativo–, salario real en caída y gasto social universal reducido, como lo discutiremos mañana y pasado cuando consideremos cada uno de los incisos.

En sexto lugar, entendemos que la política sanitaria fue un fracaso –como bien dijo el señor senador Andrade– en el momento más necesario para el país. Nosotros analizamos integralmente los dieciocho meses de pandemia, no los primeros nueve o los últimos tres. Agrego a lo que dijo el senador Andrade que estamos sextos en fallecidos por habitantes en el 2021 y si tomamos toda la pandemia estamos en el lugar 26 de 182 países. Un dato muy importante tiene que ver con los contagiados, ya que se relacionan con las secuelas, es decir, quienes se contagiaron tienen un efecto que el sistema va a tener que atender. Dicho sea de paso –cuando venga ASSE lo discutiremos– en la rendición de cuentas no vemos nada, ni presupuestal ni conceptual, que haga referencia a cómo se van a atender las secuelas, salvo que el lugar físico va a ser el sanatorio del Banco de Seguros del Estado. Hasta ahora es lo único que hemos escuchado al respecto.

En definitiva, no entendemos esta especie de éxito o de victoria sobre la pandemia.

Tampoco entendemos esta idea de que todo el mundo nos pone como exitosos. Yo he escuchado a algunos que sí y a otros que no.

Y no podemos entender cuando se dice que, si volviéramos el tiempo atrás, se haría lo mismo. Yo no pido que se diga lo que decimos nosotros: que, si volviéramos el tiempo atrás, haríamos todo distinto, porque la estrategia de la pandemia fue un fracaso. No, no pedimos eso. Pero por lo menos pedimos que alguien diga que, si volviera el tiempo atrás, pensaría si no es posible hacer algo distinto para que no fallezcan 6000 personas en el país.

Voy al quinto y último capítulo, que es el futuro de la economía o del Estado, porque, como dije hoy, la rendición de cuentas rinde cuentas del pasado, analiza el presente y nos muestra el futuro.

Como ya señalé, hay una gran continuidad. ¿Cómo se puede expresar esa continuidad? Otra vez, mirémoslo en términos del gasto. Si comparamos el 2020 con el 2025, la ratio de gasto sobre producto baja de 29,5 % a 25,9 %, o sea, baja 3,6 %. Les voy a dar una idea. Supongamos que todos los años mantenemos la misma ratio: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 respecto al 2020. Si hacemos una cuenta simple de cuánto se gastaría si la ratio fuera la misma y cuánto se va a gastar según la proyección fiscal del Gobierno, la diferencia, al final, cuando uno hace la suma y la resta, son USD 7.500:000.000, y solo USD 2.400:000.000 son del último año.

Alguien me puede decir, con razón, que en el 2020 estoy comparando una ratio en el que está el Fondo Solidario COVID-19, que es extrapresupuestal. Entonces, comparemos con el 2019, cuando no estaba el Fondo Solidario COVID-19. Allí la diferencia baja un poco, pero es del orden del 2 %, en lugar del 3,6 %. Es decir, son USD 4.000:000.000 menos que se gastarían si se mantuviera la ratio, ya no con el 2020, sino con el 2019.

De manera que esta es la conclusión. Hasta ahora habíamos hablado del ajuste fiscal del 2020 y lo prolongábamos al 2021. Ahora decimos que el ajuste fiscal es también del 2022, del 2023 y del 2024.

Quiero hacer una breve referencia en este punto del futuro, y es que nosotros hicimos algunas propuestas para paliar esta situación. Propusimos $ 1.380:000.000 para la ANEP, priorizando nuevos centros educativos y políticas de aprendizaje; $ 211:000.000 para la Udelar –becas de grado, posgrado, DT y el Programa integral de Ataque Cerebro Vascular y Neurorrehabilitación del hospital universitario–; $ 30:000.000 para el INAU, para los Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar; $ 60:000.000 para el Inisa; $ 200:000.000 para incrementar la asistencia a la vejez que paga el Mides a los adultos mayores de menores ingresos. Todo esto tenía financiamiento y a todo dijeron que no.

De manera que la séptima conclusión es que no hay duda de que la política social fue víctima del ajuste fiscal.

Ahora voy a pasar a la reactivación económica, a qué nos dice la rendición de cuentas sobre el futuro económico. Pero antes de eso quiero hacer un comentario. No sé si seguiremos así en las próximas rendiciones de cuentas, pero en esta el 80 % de los ministros –mis compañeros me ayudarán a hacer el cálculo– dijeron que no tenían más plata por lo que se les había dejado en el Gobierno anterior. Hay honrosas excepciones que valdría la pena destacar. Y acá se volvió a repetir eso en varias oportunidades. Quiero decir que el argumento de que la herencia es un componente del ajuste fiscal no tiene evidencia empírica. Cuando nosotros asumimos, el PBI era de USD 17.000:000.000 y lo entregamos en USD 60.000:000.000; un 83 % de crecimiento.

Con respecto a la deuda de la que tanto se habla, cuando asumimos, la deuda pública bruta era de 104 % del PBI y la entregamos en 67 %. ¿Cómo gobernamos nosotros con 104 % de deuda pública? Y eso que aumentamos el gasto, creamos el Fonasa, creamos el Plan de Emergencia, mejoramos los salarios públicos; parece raro, ¿no? Habría que investigar y capaz, al hacerlo, se puede entender un poco mejor cómo hacer política pública con herencias complicadas.

El salario real había caído 26 % en el Gobierno del doctor Batlle, y en el primer Gobierno del Frente terminó igual, recuperándose un 26 %; en total creció un 63 %. Recibimos un salario mínimo de USD 80 y lo entregamos en USD 400.

Recibimos una tasa de desempleo de 13,7 % y la entregamos en 8,9 %.

Recibimos una tasa de informalidad de 40 % y la entregamos en 25 %.

Y ya que se habló tanto de la pobreza y de ese aumento del 7,9 % al 8,8 % en nuestro último año de gobierno –que lamentamos–, arrancamos con 39,6 % y llegamos a 8,8 %. Es decir que 1:300.000 personas menos quedaron por debajo de la línea de pobreza. En lo que respecta a la desigualdad, bajamos el coeficiente de Gini de 0,43 % a 0,38 %.

La herencia solo fue peor en el resultado fiscal; todo lo demás está clarísimo. Y como lo dije cuando discutimos el presupuesto –y lo vuelvo a repetir–, si me dan a elegir entre gobernar con la herencia de 2005 y la herencia de 2020, que me den la herencia de 2020 y yo gobierno tranquilo.

Agrego –aunque el compañero Brenta seguramente lo va a desarrollar más– que hubo 100 asentamientos realojados de 2005 a 2019; reitero, 100 asentamientos realojados. Cero antes y cero hasta ahora. O sea, es un problema, pero no se puede decir que no se hizo nada, porque cien es un número no pequeño, sino de tres cifras, por lo menos.

Pasemos a la reactivación económica. La rendición nos da pistas para entender hacia dónde va la economía uruguaya. La proyección de crecimiento es de 6,7 % cuando en el presupuesto era de 11,7 %; este no es un problema que me preocupe mucho, porque en quince años nosotros también tuvimos rendiciones de cuentas que redujeron las proyecciones –sobre todo en el tercer período–, porque la realidad fue cambiando. No es un problema, sino que hay que ajustar. Ahora, me preocupa que habiendo un crecimiento de 6,7 % el crecimiento de salarios y de empleo sea el que voy a mencionar ahora. De cualquier manera, somos el país con mayor retraso al volver al nivel de PBI prepandemia, al menos, en el Cono Sur. Brasil espera crecer 8,5 % este año; Chile, 6,8 %; Argentina, 5,5 %; Paraguay, 3,4 %; Chile, 8,5 %. Entonces, seguramente…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR BERGARA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Olesker.

SEÑOR OLESKER.- Muchas gracias.

O sea que podemos afirmar que Uruguay será el único país del Cono Sur que al finalizar el 2021 no habrá recuperado su nivel de actividad prepandemia, y pongo un ejemplo que estuve estudiando estos días: Chile. Voy a decir que esto no es un problema y miro para allá, porque ya imagino las caras preguntándose cómo es que me gusta Chile, que no era que lo cuestionaba tanto. ¡Claro que lo cuestionamos! Es obvio que lo cuestionamos, pero ¿saben qué hizo Chile? Chile –que proyecta que para el 2021 el PBI crezca 11,2 %– aprobó un ingreso familiar de emergencia de USD 15:000.000 por ley e inyectó en el mercado interno por ley USD 50:000.000 de los retiros de las administradoras de los fondos de pensión. O sea, claramente, hizo un proceso de reactivación. Y tampoco fue tanto. La contribución del Estado chileno en la lucha contra la pandemia fue del 5 % del PBI, por debajo del promedio latinoamericano y lejos del promedio mundial.

¿Por qué nuestra reactivación es tan tardía –fuimos de los últimos en llegar al nivel prepandemia– y tan débil? ¿Cuál es la razón para que ello suceda? La razón es muy evidente. Toda la política pública está pensada para reactivar la ganancia del sector concentrado en el capital: exportador, comercial, industrial e inmobiliario. Y deja afuera las medidas de reactivación de aquellas que viven del mercado interno, que generan la mayor parte del producto bruto interno y más del 90 % del empleo.

En 2017 se hizo un estudio sobre el empleo directo –seguramente alguien podrá fundamentar los indirectos– de los cinco complejos agroexportadores más importantes del país. En 2017 –a pesar del enorme crecimiento respecto a 2007– había menos empleo que en 2007. O sea que el efecto en el empleo directo disminuyó. Por eso hay que compensarlo –genera muchas divisas– con políticas de promoción de la producción y del empleo en el mercado interno. En Uruguay el mercado interno depende de los salarios y de las jubilaciones. Tres de cada cuatro hogares viven de un salario o de una jubilación. Y con salarios y jubilaciones en caída, como ya mencionó el señor senador Andrade, en 2020 y en 2021 las empresas no recuperarán sus ventas. Entonces, aquel círculo virtuoso, del que tanto hablamos los economistas, entre salario, empleo, mercado interno y empresas, se transforma en un círculo vicioso: menos salario, menos empleo, menos ventas y menos empresas. Quiero recordarlo –en esto también hay evidencia empírica en Uruguay– porque nuestro país tuvo dos momentos duros de salida de la crisis, en 1985 y en 2005, y en ambos la clave fue el shock salarial para reactivar el mercado interno. Por las dudas de que algún senador también se ría de este comentario, yo reivindico la política salarial de 1985 a 1989 –que a partir de 1990 se desarmó–, porque no fue solo fruto de la política pública, sino del acuerdo en la Concertación Nacional Programática a que llegaron todos los partidos, cualquiera fuera el que ganara después, para reactivar los consejos de salarios, decretando un shock salarial el 1.º de marzo de 1985, que fue fundamental para que eso sucediera. Por eso, la octava conclusión radica en que las medidas propuestas, el ajuste fiscal, la caída de salario, la caída de jubilaciones, la caída de inversión pública y la caída de compras públicas, harán una reactivación débil y tardía, más débil y tardía de lo que podría haber sido.

El último punto al que voy a hacer referencia en cuanto al futuro es qué le pasa a la clase trabajadora, adónde va la clase trabajadora, que no va al paraíso con este esquema de política económica. En economía política el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar. Las políticas económicas afectan diferente a las distintas clases, según dónde actúen en el proceso productivo: si son propietarios de los medios de producción o no, si son propietarios de grandes o de pequeños medios, si son asalariados o trabajadores informales. Eso ha quedado claro en este año y medio de pandemia.

Voy a citar algunos datos que, en parte, ha dado el señor senador Andrade. Entre enero y setiembre de 2021 las exportaciones crecieron, respecto al mismo período de 2019, un 13 % en dólares y como el dólar creció 26 %, la inflación 18 % y los salarios 15 %, ¿qué pasó? Creció la tasa de ganancia del sector exportador porque su markup, su ganancia sobre costos, creció y también la masa de ganancia del sector exportador porque hubo más volumen exportado. O sea que crecieron simultáneamente masa y tasa de ganancia, lo que hace un crecimiento sin par para este sector. Pero como también dijo el señor senador Andrade, la encuesta industrial nos dice que en los primeros siete meses del año la industria manufacturera, particularmente la alimentaria y la farmacéutica, creció un 4 % en volumen físico y las horas trabajadas cayeron 8 %.

Por otra parte, en 2020 los depósitos de empresas y personas en bancos locales aumentaron USD 2.979:000.000. Si sumamos el 2021, llegamos a USD 5.824:000.000 y si a eso le sumamos los USD 2.500:000.000 en el exterior, llegamos a que los depósitos en el sistema bancario crecieron USD 8.500:000.000 en este año y medio. No está mal que hayan crecido, lo que está mal es que los pongan adentro de un cofre y no los pongan en la producción, no los pongan a hacer circular la economía, no sean el combustible de la economía. Recuerdo que el 90 % de esos depósitos pertenecen al 2 % de los depositantes, o sea que estamos en el gran crecimiento del capital concentrado; no hay lugar a dudas.

Entonces, en este contexto, ¿qué le está pasando a la clase trabajadora? Primero voy a decir una cosa que es rara. Yo trabajo en las rendiciones de cuentas hace mucho tiempo, como asesor sindical, como gobernante, ahora como senador y nunca había visto una rendición de cuentas en la que no se dijera qué va a pasar con los salarios. ¿Vieron que hay un cuadrito de proyecciones macroeconómicas? Ahí está el PBI, las exportaciones, el empleo y siempre está el índice medio de salarios. En este caso no está; es raro, ¿no? ¿Dónde está? Donde no hay compromiso: en la exposición de motivos. La exposición de motivos es una definición de orientaciones, pero después nadie puede venir a decir: «Mirá que la exposición de motivos señala que el salario real iba a crecer igual que el producto». La respuesta podría ser: «No, no, pero en mi proyección eso no lo puse y tampoco lo puse en el articulado». Lo cierto es que no hay proyecciones de salarios. Se dice que la masa salarial va a crecer alineada con el producto. Bueno, esta conclusión no es válida. Dadas las proyecciones de empleo y del producto bruto interno oficiales, para mantener la masa salarial constante, el salario ya debería aumentar este año 1,1 %, pero va a caer. Va a caer por lo que todos ya sabemos: el salario público se ajustó por debajo de la inflación, el salario privado se ajustó por debajo de la inflación, etcétera, etcétera. Así que lo que tenemos en la realidad es un sector del capital concentrado creciendo, salarios reales cayendo y empleo también cayendo.

Si seguimos el razonamiento del Gobierno, al final del quinquenio tampoco va a quedar igual. Dice el Gobierno que el salario real va a quedar en cero, o sea que va a quedar igual que al inicio; dice que el empleo va a ser de 1:670.000 personas versus 1:630.000, o sea que va a crecer un 3,5 %. Cero más 3,5 % da 3,5 %, y el producto crece 6,7 %. No hay duda, salvo que en la próxima rendición nos vengan con proyecciones cambiadas, de que la masa salarial va a caer con relación al producto; por lo tanto, va a haber concentración del ingreso. Y quiero volver a hacer un comentario que ya formulé en la ley de presupuesto: lo de que va a caer la masa salarial y va a haber concentración del ingreso es en el mejor de los mundos, que significa que los trabajadores en 2025 van a tener el mismo salario que en 2020. Ahora, ¿quién le devuelve lo que perdieron todos los meses? ¿Quién le devuelve el 1,57 % que perdieron en 2020, el dos y pico que van a perder en 2021, aun cuando supongamos que en el 2022 queda estable y recuperan en 2023 y en 2024? Miren, yo hice una cuenta: tomé un salario de $ 30.000 al arranque del quinquenio, estimé los ajustes en función de esa meta del Gobierno –difícil de cumplir, pero meta al fin– de que el salario real vuelve a cien a final del quinquenio y lo comparé con lo que ganarían si cada ajuste fuera por el total de la inflación. Un trabajador que percibe $ 30.000 termina el quinquenio con $ 45.000 menos; pierde un mes y medio solo por la renta inflacionaria, solo por los triangulitos, y eso siempre que se cumpla con el mejor de los mundos; probablemente pierda bastante más porque el mejor de los mundos, a nuestro juicio, no va a darse.

Sobre políticas activas de empleo, buscamos, buscamos y buscamos en los tomos. Nuestros senadores expertos en el tomo II buscaron en las metas a ver si encontraban algo y no se encontró nada. Lo único que se encontró fueron jornales solidarios –que, obviamente, no es una política de empleo, sino una política social para enfrentar una cierta situación– y una ley de empleo que, digamos, es un refrito de las leyes que ya venían del pasado y a las que entiendo se le ponen USD 8:000.000, que es como decir nada. Si dividimos esa cifra por el valor del subsidio que se va a otorgar a la empresa, da un número de empleos insignificante con relación al empleo.

La novena –y última– conclusión es que la reactivación no va a ser solo débil y tardía –esta es una visión parcial, porque va a ser tardía, débil y, sobre todo, injusta–, sino para pocos, para muy pocos.

En estos cinco años tendremos concentración del ingreso –del trabajo al capital– y centralización del capital por el aumento del activo promedio de las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas.

Culmino diciendo que esta rendición nos aventura a una reactivación como TDI: tardía, débil y, sobre todo, injusta.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: comenzamos la etapa de aprobación de la rendición de cuentas del Gobierno del cambio con esta peculiaridad que señaló muy bien el señor senador Olesker: estaremos trabajando sobre una rendición de cuentas de una gestión con las reglas de juego del Gobierno anterior y, en todo caso, hablando de lo que proyectamos y de lo que no ha sucedido.

Es la primera rendición de cuentas de un Gobierno de responsabilidad, de un Gobierno de seriedad, de un Gobierno tan responsable y serio como sensible. Es sensible en los hechos y no en el discurso solamente; es un Gobierno que puede hoy y podrá mañana, porque aportó hoy y trabajó para tener también con qué responder mañana.

Este Gobierno condujo el barco a puerto seguro en la más cruel de las tempestades, sin instrumentos y sin recetas, pero con mesura. ¿Alguien conocía, acaso, la profundidad de la crisis? ¿Alguien conocía la duración de la crisis? Cuando se formuló el presupuesto nacional, ¿recuerdan que hablábamos del drama que sería si la crisis duraba tres o cuatro meses? ¡Nadie sabía cuál iba a ser la consecuencia que la crisis iba a tener sobre el nivel de actividad y el empleo, porque nadie sabía cuánto se iba a restringir la movilidad en este país y en el mundo! ¡Y vaya si incidirá también el mundo en esta performance!

El Gobierno puso certezas donde había incertidumbres; dio conducción al país; fijó rumbos claros; respetó las libertades; trabajó y dejó trabajar y no detuvo jamás al Uruguay. Planteó un presupuesto responsable y lo cumplió; planteó un déficit de 6,6 % del PBI y se verificó un 6,3 %. Proyectó una disminución del déficit estructural del PBI de 0,2 %, pero bajó a 0,3 % respecto del PBI. El crecimiento del gasto fue de 0,6 %, muy por debajo del 2,3 % de crecimiento potencial definido como tope. Es cierto, pero acá hubo incremento del gasto. Es cierto, también, que la performance del déficit se da porque hubo mejora en la recaudación.

Tengo en mi poder un artículo de calificados técnicos de la oposición que dice: «Si comparamos los primeros ocho meses del año respecto a igual período de 2019, para aislar el efecto pandemia, vemos que la recaudación se expandió 1,5 % en términos reales». Ahora bien, cuando analizamos estos datos, nos preguntamos: ¿cuál fue la recaudación que se expandió? El Imesi relacionado con la venta de automotores cero kilómetros creció 54,9 %, así como una cuota parte del IVA, el arancel externo común y la tasa consular vinculados a la importación. ¿Qué fue lo que cayó? Cayeron todos los impuestos asociados a rentas personales. El IRPF, que grava el trabajo, puesto por el Frente Amplio, cayó en 7,6 %; el IASS cayó en 0,1 %; la recaudación de los impuestos al consumo interno cayó en 1,4 % y el Imesi a los combustibles cayó un 9,8 %. Acá cayó la imposición al trabajo y la imposición al consumo. Este Gobierno cobró a los más ricos y con eso financió lo que cayó la recaudación y lo que subió el gasto para beneficiar a los que más necesitaban.

El tope de endeudamiento era de USD 3.500:000.000 y, con pandemia y todo, creció en USD 3.113:000.000. ¡Esto es conducta! Estoy diciendo que el Gobierno cumplió con todas las metas: las del resultado fiscal estructural, las de gasto y las de tope de endeudamiento, todo esto sin que faltara nada para atender la pandemia. Hubo respiradores, camas y médicos. En el Uruguay no hubo que elegir qué vidas había que salvar. Aquí hubo un Ministerio de Salud Pública que atendió, que se la jugó. Hubo test como en ningún país del mundo. Hasta los que murieron por otras causas, si habían pescado el covid durante el tiempo de información, se computaron como fallecimientos por covid. ¡Se registraron todos! Cuando uno abre el registro de otros países del mundo a veces encuentra regiones enteras con muertos cero por covid; encuentra países en los que la diferencia de fallecimientos durante la pandemia respecto de la cantidad de fallecimientos en etapas normales fue de tres y cuatro veces más que lo habitual. Y eso se llama covid; aunque no lo cuenten, se llama covid. El Uruguay, mientras tanto, hizo test y cuando se complicó la cosa testeó más todavía.

No escondimos nada, es más, sobrerregistramos. Asimismo, no es para nada cierto lo que se estaba señalando en sala. Aquí tengo las gráficas de los muertos por millón de habitantes; siempre estuvimos por debajo. En un momento tuvimos la mayor aceleración, eso es verdad, pero no se puede confundir la función con la derivada. En la acumulación estamos lejos por debajo, pero lejos, lejos. Hay que ver lo integral de la función, no los picos. Tuvimos la mejor de las performances. En el Uruguay hubo vacunas y organización en la vacunación gracias a la vocación de los funcionarios y de la preciosa organización. Uruguay empezó la vacunación masiva un mes después. Nunca se detuvo. Llegó meses antes que cualquier otro.

En lo social, como bien señalaba la señora senadora Asiaín, miembro informante, se incrementaron las transferencias en 56 % en términos reales. Aumentó en un 40 % la cantidad de las personas que las recibieron. Antes de la elección decían que este Gobierno venía a quitar las transferencias; los hechos son la respuesta: 840.000 personas de modo directo, más de 1:000.000 indirectamente. Cuando en América Latina cayó la inversión extranjera directa en un 45 %, en Uruguay aumentó 43 %. Las medidas fiscales, las medidas de estímulo directo fueron las que dieron este resultado. La oposición proponía dar por tierra esta política, gravando las rentas con fuente en el extranjero. La inflación, señora presidenta, no se escapó de las manos, se ubicó ligeramente por debajo del 9,5 % estimado. El empleo cayó en el orden del 3,5 %; lo previsto. No me quiero imaginar lo que hubiera sido si se hubiera ido al confinamiento obligatorio que estaban pidiendo –querían mandar a todos a la casa– desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT y desde la Fosalba, que es la sucursal dentro del Sindicato Médico del Uruguay.

Señora presidenta: ¡el empleo ya había caído entre 2014 y 2019! ¡Después del mayor auge de crecimiento económico heredado de la historia se perdieron 60.000 puestos de trabajo! ¡Fue peor! ¡Fue peor! En realidad, se perdieron casi 100.000 –95.000 para ser más específicos–, y me refiero a empleos de calidad, a empleos de cuarenta horas o más. Se perdieron 95.000 empleos de verdad. Lo sustituyeron por empleo precario, por empleo de menos horas, de remuneraciones más bajas, por cuentapropistas obligados.

Es cierto: el salario real cayó 1,7 %. Cayó 0,7 % en el sector público y no lo que anunciaban en los cálculos anteriores. Repito: cayó 0,7 %. En medio de la catástrofe cayó 0,7 % en el sector público y en el sector privado, 2,3 %. Siempre se da el sacrificio del que no tiene amparo estatal: el trabajador del sector privado, que fue el que más pagó la crisis.

Ahora, yo pregunto: ¿cómo les fue a esos 95.000 que habían perdido el empleo? ¿Qué beneficio real tuvieron? ¿Cuánto les creció el ingreso? ¿Por qué no nos dan esa respuesta?

El producto bruto interno, señora presidenta, cayó un 5,9 %. La previsión era de 3,5 %. Si se la actualiza por el cambio de base y por el rezago en las obras de construcción de UPM, esta diferencia se viene a un tercio y quedamos en 0,8 %.

Cayeron de modo generalizado todos los sectores.

Creció 1,8 % la construcción –UPM mediante– y hubo un crecimiento del sector agropecuario, en el segundo semestre, con buenas cosechas de los cultivos de invierno, mayor faena de ganado, crecimiento de la producción lechera y mejores precios. Ayudó la demanda, ayudó Argentina, que no exportó carne, y ayudaron los precios. Lo que más ayudó, señora presidenta, fue que el agro no paró; el trabajo de la campaña no se detuvo. Igual no dio, porque el primer semestre el agro tuvo una caída fuerte del orden del 6 %, especialmente por la sequía.

En cuanto a los comercios, hoteles, restaurantes, bebidas, salud, educación y servicios inmobiliarios, más vale ni hablar.

La energía, el gas y el agua tuvieron una caída del 12,5 %. La industria tuvo una caída del 5,6 %. ¡No sé de dónde sacan esas otras cifras! El comercio, los alojamientos y la comida tuvieron una caída del 9,1 %; las actividades profesionales y arrendamientos, del 10,6 %, la salud, la educación y las actividades profesionales, del 7 %.

En cuanto a la demanda, hubo una caída del consumo interno y de la demanda externa. Cayó el consumo privado y el público. La demanda externa cayó 16,2 %. Las importaciones tuvieron más rigidez: cayeron un 10,8 %; esto afectó, indudablemente, el balance comercial.

Hubo una caída generalizada en las exportaciones de bienes, como venimos diciendo, y la de servicios se derrumbó, especialmente por el sector turístico, que tuvo el peor año de todos los tiempos y cayó un 53 %.

Lo social fue duro; sí, por supuesto. Cien mil personas se sumaron a los 308.000 pobres que ya tenía el país; 27.000 nuevos hogares que se sumaron a los 73.000, que se arrastraban después del mejor auge económico de la historia, que se ve que no redistribuyó la riqueza tan bien.

Tuvimos un aumento de la pobreza de 2,1 % en el Uruguay, contra el 3,2 % que aumentó la pobreza en el promedio de América Latina.

Dice el Frente Amplio que Uruguay gastó de modo insuficiente. Bueno, los que gastaron lo suficiente quedaron peor. La pobreza en Uruguay aumentó donde hay menos cobertura de servicios: en el interior, y en la franja etaria más vulnerable de siempre: los chiquitos.

El Fondo Monetario Internacional –antes tan denostado y ahora tan apreciado por las izquierdas– dice que Uruguay gastó lo que debía gastar gracias a su sistema de cobertura permanente, lo mismo que dijimos acá siempre, pero como ahora lo dice el FMI, seguramente empiecen a creerlo.

La rendición de cuentas presenta algunas proyecciones. Dice que va a haber un crecimiento del orden del 3,5 %. Ahora el FMI –vuestra palabra santa– dice que será de 3,4 %, o sea que elogia el manejo de la crisis y proyecta, como dije, un 3,4 %. ¿Recuerdan lo que le dijeron al economista Bensión cuando manejó esa cifra en esta sala? El Fondo Monetario Internacional felicitó a Uruguay por la prudencia en la gestión macroeconómica de la crisis; destacó la cobertura de vacunación completa contra la covid de aproximadamente el 77 % de la población y anticipó señales de recuperación de la actividad y del empleo.

El FMI indica una inflación esperada de un 7,2 % para este año y de un 5,8 % para el año próximo. La proyección del Gobierno es de un 6,9 % para el 2021 y de un 5,8 % –igualito– para el 2022. Parece que este equipo le acierta un poquito más a las proyecciones que los anteriores.

Si observamos el crecimiento proyectado del PBI para 2015, este era del 2,5 %, pero fue del 0,4 %. Y así fueron errándole sucesivamente, hasta que en el último año batieron el récord: habían estimado un crecimiento del 3 % y la rendición de cuentas dio un 0,2 % de crecimiento; le erraron por quince veces.

Con respecto al IPC proyectado contra el observado, habían presupuestado un 5 % de crecimiento de los precios y tuvieron casi un 9 %, a pesar de que agrandaron el arco, inventaron lo del rango, le erraron por casi el doble.

En lo que tiene que ver con el resultado fiscal global, presupuestaron un déficit del 2,5 %, y tuvieron casi el doble de déficit fiscal. Este equipo, creo que ¡sí le pega bastante mejor a las proyecciones!

Señora presidenta: estamos frente a la más social de las rendiciones de cuentas, la que tiene contenidos de impacto e instrumentos para el Uruguay social del futuro.

¿Cuánto va a crecer el ingreso a partir de la inversión en la universalización y mejora de la salud y de la educación en la franja etaria de cero a tres años? ¿Cuánto se va a transformar la vida de los 200.000 uruguayos que viven en los asentamientos a partir del Fideicomiso Integración Social y Urbana? ¿Cuánto va a mejorar la producción y la vida misma en las colonias del Instituto Nacional de Colonización? ¿Y las becas universitarias y la educación a distancia?

En esta rendición de cuentas la Universidad de la República incrementa sus recursos para las becas de siempre, pero también prevé un recurso para una siembra formidable de igualdades, aunque algunos no se den cuenta de que el territorio nacional es todo el mismo y que la gente que vive en cualquier rincón del país debe tener las mismas oportunidades. La universidad de Rodrigo Arim, con cabeza abierta, organiza la educación a distancia para que quede para siempre; formidable democratización; infinita generación de valor. La formación terciaria ya no será accesible solo para quienes viven en la capital y tienen el poder económico para arrimarse; ahora queda abierta para todos. Por supuesto que, si bien con los peros de siempre me van a decir que no es lo mismo, es mucho mejor que no llegar. Hay muchos jóvenes que ven frustradas sus expectativas de estudiar y de tener una oportunidad en la vida porque no tienen con qué arrimarse a la capital; ahora se van a arrimar al conocimiento. ¿Con más sacrificio? Es verdad, pero van a hacerlo. Después de todo, no sé si es peor el Zoom, las clases masivas en los teatros o escuchar a los docentes del lado de afuera del salón porque no tiene capacidad.

Bienvenida, entonces, esta revolución de la educación, con antenas que se están colocando en todos los vacíos del Uruguay donde no existían. Muchas gracias, señor senador Da Silva, por su acotación. También tendremos plataformas y organización de los docentes, que van a dar una clase presencial y otra a distancia, lo que significa una transformación profunda. La UTEC estará, con su espíritu práctico, en todos aquellos lugares en los que no estaba; pidió lo que necesitaba para estar y lo tiene.

Asimismo, habrá plata para los soldados, los postergados de siempre. Van a recibir un poquito más de salario quienes no tuvieron aumento, ni siquiera equivalente al crecimiento de la economía. Para ellos nunca hubo nada y, sin embargo, el día que el país los necesitó, estuvieron como siempre. Nadie puede cuestionar esta ayuda.

En esta rendición de cuentas se aprobó el Plan Nacional de Gestión de Residuos. ¡Miren que se ha hablado de la recolección, de la clasificación y de la disposición final! Bueno, ahora se va a hacer; ahora, en esta rendición de cuentas, hay un plan aprobado y están los recursos para llevarlo a cabo.

Los cementerios de autos de la Policía y de Aduanas –drama para muchos que ni siquiera conocen el paisaje de la campaña– se empiezan a terminar. Damos un paso en la baja de los combustibles. Con la eliminación del biocombustible en el gasoil, se rebaja $ 1,03 por litro. Al parecer, para muchos es poco.

Lo más importante es la estabilidad con que se han hecho estas cosas, sin desequilibrios, para poder continuar con el Uruguay del trabajo y con el Uruguay social. Aquí hubo prudencia y también hubo inteligencia.

Universalizar la educación de cero a tres años significará cambiar las condiciones, el ingreso y el disfrute de la vida durante toda su existencia. En el crecimiento económico del Uruguay del futuro habrá una cantidad que podremos aislar y que será producto de esta medida, de esta inversión.

Todos sabemos que el ingreso de los hogares, más aún el valor generado, ha sido distorsionado ya que las rentas del trabajo tienen un fuerte IRPF –tanta carga social– en este país para los que trabajan, pero la correlación entre valor agregado y la educación medida en años promedio, es casi unitaria.

(Suena timbre indicador de tiempo).

SEÑOR DA SILVA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias.

Señora presidenta: invertir en la primera infancia es cambiar la vida toda, la de estos niños y la de la sociedad en su conjunto. Y lo más importante es hacerlo con las estructuras estatales y con las de las organizaciones civiles existentes, sin crear burocracia nueva, porque siempre que se hace un plan de este tipo lo que se inventa es la justificación para generar nueva burocracia; este plan es con cero burocracias nuevas y una inversión formidable.

Sobre la cuestión de los asentamientos, lo primero que hay que hacer es generar herramientas jurídicas para evitar la formación de nuevos asentamientos. Ese es el primer paso para la solución. El diputado Diego Echeverría diseñó un procedimiento a efectos de dar armas a los Gobiernos departamentales para ejercer su función de policía territorial y de planificación urbana que, luego de trabajarlo con los técnicos que asisten a la bancada de senadores, se perfeccionó.

El asentamiento no ha sido una solución, ha traído consigo más problemas que soluciones: de ordenamiento territorial, sanitario y de seguridad. La sociedad debe ofrecer otras soluciones; no es generosidad tolerar lo que daña, eso es prescindencia que no es admisible. Esa tolerancia no es compromiso, es dejadez y mala intención política. Este Gobierno encara el tema, mientras que el anterior tuvo un solo mérito: nunca hizo nada, ni siquiera estudió el fenómeno, fueron cómplices. Si hay asentamientos esto tiene un culpable por aliento y por omisión. Por un lado, propusieron reglas de ordenamiento territorial estrictas: las únicas viviendas que se admitían eran las más caras, no se podía aprobar otras porque había derechos. Lo que hicieron fue una verdadera promoción del relajo, señora presidenta, la mayor que conozca la historia. Convivieron y nunca arreglaron nada, no hubo un solo paso; ahora se frena la creación de nuevos asentamientos y se empieza a solucionar el problema existente. El Fideicomiso Integración Social y Urbana está creado y tiene recursos, que son los que surgen de los tributos del Instituto Nacional de Colonización y al que van a volver.

Acá lo que va a decir la historia, señora presidenta, es que en el mejor ciclo económico de nuestro país el Frente Amplio nunca se acordó de los asentamientos y también va a decir otra cosa: ¡que el Frente Amplio no votó los recursos para dar solución al tema de los asentamientos!

Me hablarán de tecnicismos; no van a votar. No les importa el financiamiento, sino cómo se contabiliza y, cómo se puede transformar el fideicomiso de administración en fideicomiso financiero, que el gasto se compute al momento del egreso y no antes. Eso es lo que les importa.

¿Saben de quién aprendimos el modo de contabilizar? Del Frente Amplio. Acá tengo una lista de cincuenta y cinco fideicomisos financieros –¡cincuenta y cinco!–: once créditos hipotecarios provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay; dos fideicomisos financieros del Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros; Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II; Fideicomiso Financiero OSE; Fideicomiso Financiero Pampa; Fideicomiso Financiero Arias; Fideicomiso Financiero de Recuperación de Carteras Bancarias; de la Intendencia de Montevideo, el Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo del I al IV –son cuatro de esos–; dos de Fondo Capital, de Montevideo, y no voy a seguir con la lista.

¿Saben quién va a pagar la inversión? El cambio de vida en esos 200.000 compatriotas que viven en los asentamientos, la transformación en las oportunidades y en el ingreso del 7 % de nuestros compatriotas.

También se atiende al Instituto Nacional de Colonización; se asegura la plata para comprar las tierras –la misma que había al día en que se formuló la rendición, ni un peso menos–, un recurso, incluso, más concreto porque el anterior –que volverá– se aplica en oportunidad de la venta de tierras.

No sé, pero no creo que se pueda llegar a vender tanta tierra como en el período del Frente Amplio en que se extranjerizó el 42 % de la tierra de los uruguayos. El Instituto Nacional de Colonización tuvo plata para comprar miles de hectáreas para uruguayos porque se vendieron millones de hectáreas de uruguayos. ¡Eso no fue generosidad, fue culpa!

Con este recurso vamos a preservar el mecanismo de tener que ofrecer la tierra al Instituto Nacional de Colonización; eso hace que la operación se registre por el valor real y se asegura la capacidad de compra del INC. Inteligentemente observó el señor senador Raúl Batlle, en la discusión en comisión, que si por el impuesto se recauda o no se recauda, el Instituto Nacional de Colonización podrá comprar igual, va a tener la plata igual. Claro, va a tener la plata para comprar bien, no para comprar cualquier cosa, no para comprar las tierras inundables del Santa Lucía, como denuncia el señor senador Da Silva, o como las que él menciona que están ubicadas «donde cayó el avión», las improductivas, pedregosas e inextricables. No va a ser plata para sacar a los amigos los clavos de las tierras que no pueden vender a otro. No, no es así. Va a ser plata para los colonos.

Y, además, esto otro: la solución agrega un recurso para subsidiar créditos a tasas cero –repito: a tasas cero– para los colonos y que va directo a ellos. Son USD 27:000.000 que van a apalancar más de USD 100:000.000 si el crédito fuera a cuatro años, y que, si es de cinco o seis meses –como en general son los necesarios–, puede apalancar más de USD 1.000:000.000 de créditos a los colonos. Esto, si lo aprovechamos bien, es lo que va a generar esa revolución productiva que tanto soñamos en las tierras del Instituto Nacional de Colonización. Esto va a representar una esperanza para los colonos, y no esa condena que siente el colono al otro día que, cuando por no tener con qué, no puede mover la tierra.

La historia también va a decir que el Frente Amplio no votó la plata para los colonos. La historia va a decir, y fuerte, que el Frente Amplio no votó la plata para dar solución a los asentamientos y que no votó la plata para los colonos.

Tecnicismos, los que quieran. Si no les gusta, les parece que no es la mejor solución desde el punto de vista presupuestal, que les habría gustado que el Gobierno hubiera encarado para otro lado, recuerdo que el Gobierno es este y que eligió este camino. Acá lo que importa es si van a acompañar o no los recursos para los colonos, si van a acompañar o no los recursos para comprar las tierras, si van a acompañar o no los recursos para la solución de los asentamientos. Lo demás es problema del Gobierno. Y el Gobierno es nuestro porque la ciudadanía quiere que no sea más de ustedes.

Esta ha sido la rendición de cuentas más linda de defender, la de esa revolución de los chiquitos, la de la solución de los asentamientos, la de la revolución productiva en las tierras del Instituto Nacional de Colonización, la de la Universidad Tecnológica del Uruguay en todos lados, la de la Universidad de la República, que no será solo de la capital, y que a partir de 2021 será la universidad de la república.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra por una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Olesker.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: cité un dato de fallecidos por millón de habitantes tomando como fuente la Organización Panamericana de la Salud. El señor senador Botana dijo –según lo que entendí– que en ese rubro –capaz que eran fallecidos y no por habitante– estábamos muy por debajo.

(Interrupción del señor senador Botana).

–Me gustaría que acercara esa información a la Mesa para que yo pueda acceder a su contenido. Digo esto porque son dos cifras muy diferentes. Según la información de la que dispongo, estamos en el lugar número 26 en un total de 182 países en lo que refiere a fallecidos por millón de habitantes.

Me gustaría, por tanto, conocer la fuente a la que accedió el señor senador Botana.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo.

Cuando pueda, señor senador Botana, acerque a la Mesa la fuente del dato citado.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: voy a tratar de contribuir a sacar esta discusión del fango. Se han dicho tantas falsedades e insinuaciones con alusiones políticas, y en muchos casos quizás hasta con deshonestidad intelectual, pero con mucho gusto vamos a tratar de encauzar la discusión desde las bases objetivas de lo que hoy estamos discutiendo.

En ocasión de la visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la ministra de Economía y Finanzas solicitó que su gestión fuera evaluada por los resultados, y eso haremos. Transcurridos veinte meses de gobierno debemos decir en forma contundente que esos resultados en nuestra perspectiva han sido francamente decepcionantes. El Gobierno intenta matizar los malos resultados obtenidos planteando que la caída de Uruguay en 2020 respecto a 2019 fue de las menores de la región. Sin embargo, esta comparación no es la adecuada, ya que durante 2020 hay meses con y sin pandemia y, además, los países partían de situaciones previas muy diferentes. Lo correcto desde el punto de vista técnico es tomar el dato del PIB del último trimestre disponible –en ese caso, el segundo trimestre de 2021– y compararlo con el trimestre previo al surgimiento de la pandemia, es decir, el último trimestre de 2019. Si hacemos esto vemos que la economía uruguaya todavía se ubica 2,8 % por debajo del nivel previo a la pandemia y este comportamiento sitúa a Uruguay como uno de los países de peor desempeño económico de la región durante la pandemia, junto con Argentina, muy por debajo de Chile, Paraguay, Brasil, países que ya recuperaron los niveles de actividad prepandemia.

Parece caer por tierra la idea de que no se podían tomar más medidas sanitarias para evitar contagios y muertes porque afectarían negativamente la economía. Resulta que otros países que tomaron más medidas se han recuperado con más potencia que el nuestro. Esta pobre recuperación de la economía uruguaya ha estado muy por debajo de lo previsto por el Gobierno en ocasión de la discusión presupuestal, cuando el equipo económico nos hablaba de una rápida recuperación en forma de V sin mayores efectos sobre el aparato productivo, el empleo o el tejido social. Este pobre comportamiento que describimos se acentuó desde mediados del año pasado. En efecto, en los últimos tres trimestres –entre el tercero de 2020 y el segundo de 2021– la economía uruguaya creció tan solo 2,1 %. En ese mismo período, Brasil creció 4,3 %; Argentina y Paraguay, 5,9 % y Chile, 11,2 %. Las razones de este desempeño decepcionante hay que buscarlas en la orientación de la política económica llevada adelante por este Gobierno. Esta conducción no ha logrado traducir los buenos resultados sanitarios de 2020 y el conjunto de fortalezas políticas, sociales, económicas y financieras heredadas –alguna de ellas construidas de larga data, como la estabilidad institucional– en un menor impacto del shock y una recuperación económica con mayor dinamismo.

La amortiguación del golpe producto de la pandemia y la recuperación actual se cimentaron en buena medida en proyectos que el Gobierno heredó de la Administración anterior. La construcción de UPM II y del Ferrocarril Central, que en su momento fueron ejes centrales de crítica para la entonces oposición, hoy le inyectan hierro a una economía anémica, con una conducción sin ideas y una apelación a la reducción del gasto y de los salarios como inútil y perimido mecanismo para incentivar la oferta. Una vez más se demuestra que el fundamentalismo doctrinario es un mal consejero.

Por suerte para el país estamos viviendo una coyuntura externa muy favorable para los principales bienes de exportación, no así para los servicios turísticos, claro está. En otras épocas, a fenómenos similares se les llamaba «viento de cola» y se les adjudicaba el poder de por sí solos hacer que el país creciera a tasas superiores al 4 %, muy por encima de las tasas de crecimiento históricas del país. Ni tan pelado ni con dos pelucas; ni todo el crecimiento económico en su momento se basaba en un contexto internacional favorable, ni podemos dejar de destacar hoy a nivel de bienes el rol que están jugando los precios internacionales en la reactivación. Pero tanto ayer como hoy la política económica juega un papel central en la explicación del desempeño económico: ayer lo potenció y hoy, lamentablemente, desaprovecha las posibilidades de apuntalar el crecimiento y atender los problemas sociales que la crisis está dejando. Con pautas salariales que deprimen los ingresos de los trabajadores, sin políticas públicas que acompañen, este viento de cola actual no derrama sobre las grandes mayorías. De esta manera la recuperación no llega a todos, sino que, por el contrario, se traduce en una sociedad más desigual, con todos los problemas sociales y económicos que ello conlleva. La equidad no parece ser un objetivo central que persigue el Gobierno, lo que marca otra profunda diferencia con las Administraciones anteriores, que mostraron que era posible transitar una senda de crecimiento sostenido con equidad; esto se tradujo en menor pobreza y desigualdad, y en el mayor crecimiento de la clase media desde que se llevan registros.

Está de moda recordar que en 2019 la pobreza pasó de 8,1 % a 8,8 % y se soslaya que en los quince años anteriores bajó de casi el 40 % al 8,8 %.

Asimismo preocupa que la política económica se haya construido sobre bases endebles en tanto no hay un marco macroeconómico coherente y consistente. Un claro ejemplo es la disociación entre el resultado fiscal y el crecimiento económico. La caída de la economía fue 2,4 % mayor a la prevista por el Gobierno, de los cuales solo 0,8 % se explican por el cambio de base del PIB con la nueva metodología del Banco Central. Sin embargo, a pesar de este significativo peor desempeño económico respecto a lo previsto, las proyecciones fiscales de 2020 se sobrecumplieron, como si se tratase de variables independientes entre sí o, peor aún, como si estuvieran negativamente relacionadas, cuestión que todos sabemos no es así.

La respuesta a esta inconsistencia hay que encontrarla en errores cometidos por el equipo económico al momento de armar las proyecciones macroeconómicas que deberían dar sustento a la política fiscal.

(Ocupa la presidencia el señor Sebastián Da Silva).

–Otra perla en el collar de inconsistencias la encontramos en la previsión de crecimiento para todo el período de gobierno, que de un año a otro, del presupuesto a esta rendición de cuentas, se recortó de 11,7 % a 6,6 %. El año pasado, para justificar el 11,7 %, el equipo económico se apoyaba en la estimación de crecimiento potencial de la economía –reitero, estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas– del 2,3 % anual. Ahora se justifica la baja en la previsión de crecimiento a casi la mitad y este mismo equipo económico nos dice que ello no responde a que los resultados obtenidos hayan sido peores a los previstos, sino que cargan las tintas sobre la nueva metodología de medición del PIB aplicada recientemente por el Banco Central del Uruguay.

Esto es realmente sorprendente, señor presidente –en este caso, presidente en ejercicio–; ahora resulta que un cambio en el año base para medir el PIB afecta el crecimiento potencial de una economía a mediano y largo plazo. Está claro que nada tiene que ver con esto, sino que depende de las capacidades productivas que tenga el país en términos de capital, tecnología y trabajo. El equipo económico, muy lejos de los eslóganes de campaña y las frases hechas, no se hace cargo de los resultados obtenidos ni reconoce los errores cometidos. Ese equipo económico también nos dice que a partir del cambio metodológico del Banco Central para el cálculo del PIB se revisó la estimación del producto potencial y del resultado fiscal estructural, pilares de la mal llamada regla fiscal adoptada por el Gobierno.

Los resultados presentados muestran nuevamente los problemas de consistencia en la programación macroeconómica, además de dejar en evidencia la absoluta falta de transparencia con la que el equipo económico se ha movido en este tema.

Resulta que como consecuencia del cambio metodológico, al tener un PIB más alto, todos los valores expresados como porcentajes del producto interno bruto se redujeron; todos excepto el resultado fiscal estructural de 2019, que se mantuvo en 4,6 % del PIB. Sin duda es curioso. Esta decisión implica que ahora el resultado estructural de 2019 es casi USD 240:000.000 mayor al estimado en el presupuesto un año atrás; o sea que en 2021 se resolvió un aumento del déficit estructural del 0,4 % del PIB con fecha-valor 2019.

La contracara de esto es que ahora parecería que la economía uruguaya no estaba tan mal, como se proclamaba a los cuatro vientos durante la campaña electoral, y también durante el primer año de este Gobierno. En efecto, con el cambio metodológico del PIB el equipo económico también modificó la estimación de la brecha de producto, esto es, la distancia que existe entre el crecimiento potencial de largo plazo y el observado. Y resulta que pasamos de tener una brecha negativa de 2,7 %, según lo estimado el año pasado en el presupuesto, a tener ahora una brecha positiva de 0,6 %, o sea que parece que en 2019 el crecimiento de la economía estaba por encima de su crecimiento potencial. Será parte de esa herencia que el producto estaba por encima del producto potencial. A pesar de todas las críticas que se formularon durante la campaña electoral respecto a la situación económica del país, resulta que ahora el equipo económico nos dice que en 2019 la economía uruguaya se encontraba, reitero, por encima de su nivel potencial. Esto echa por tierra su propio argumento de que heredaron una economía en crisis. A confesión de parte…

Realizaron un ajuste retroactivo en sus estimaciones de 2019, de 3,3 % del producto sin decir ni «¡Agua va!». No presentaron la más mínima justificación de un cambio respecto a cifras correspondientes a dos años atrás, lo que tiene consecuencias relevantes para la determinación del resultado estructural.

Todas estas cuestiones, que fueron consultadas al equipo económico en su comparecencia ante la comisión y que no tuvieron respuesta, dejan en evidencia la falta de transparencia con la que se ha movido en este tema; a pesar de los reiterados pedidos realizados, seguimos sin contar con el detalle de la metodología, los supuestos ni los cálculos realizados que justifiquen significativos cambios como los que se introdujeron en solo un año.

Otra fuente de discrecionalidad refiere al conjunto de obras –saludables y compartibles en cuanto a los fines que se propone atender– que el Gobierno plantea realizar por fuera de la cobertura fiscal; ahora se habla del perímetro fiscal. Así evita mostrar su efecto sobre el déficit dibujando el resultado fiscal a través de la constitución de fideicomisos financieros que debieron integrar la cobertura fiscal, pero no está previsto que lo hagan. El Gobierno plantea un artilugio contable para evitar reflejar el costo fiscal de estas propuestas, pasándolo a las Administraciones futuras.

Compartimos la necesidad de volcar más recursos a las políticas que mejoren la situación de la vivienda de la población y, en particular, la regularización de asentamientos. ¡Claro que vamos a votar recursos! Es más, en la comisión propusimos un aditivo que asignaba recursos directamente a las políticas de regularización de asentamientos, pero fue votado en contra por la coalición de gobierno. Es un objetivo fundamental que acompañamos. Durante los Gobiernos frenteamplistas se avanzó en la regularización de cien asentamientos; antes se habían regularizado cero y, después, cero.

Acá hay que decir que somos conscientes de que esto ha sido insuficiente y que la situación requiere más esfuerzos. Por eso, reitero, planteamos que se vuelquen los recursos necesarios de manera directa al programa de asentamientos, financiándose con fondos que ya están en la rendición de cuentas y que se reservan para reforzar rubros en los diversos incisos. Tomar USD 20:000.000 anuales de esa partida que supera los USD 400:000.000 parece ser una decisión correcta si realmente le damos prioridad a este tema. El Gobierno no acompañó esta propuesta y en cambio fue por el camino de crear un fideicomiso financiero que, repito, no registra el gasto fiscal cuando se realiza ni se incluye en los registros de deuda pública, metiendo en el medio los recursos del Instituto Nacional de Colonización y recursos que maneja el Mides, relativos a las pensiones a la vejez. ¿Qué necesidad hay de hacer este dibujo? ¿Qué necesidad hay de meter ruido e incertidumbre en las políticas de colonización y de seguridad social? No es cierto lo que se ha dicho acá en el sentido de que se garantizan los recursos para el Instituto Nacional de Colonización. Si así fuera, esperamos que modifiquen el artículo que dice que el Poder Ejecutivo va a volcar «hasta» USD 15:000.000; no dice que va a volcar los USD 15:000.000. Así que no es cierto lo que se ha repetido aquí de que el Gobierno garantiza los recursos al Instituto Nacional de Colonización. Esto va a estar en manos del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y no del Instituto Nacional de Colonización. Es falso que los recursos estén garantizados. ¿Por qué no destinar directamente los recursos, como lo propone el Frente Amplio? Es cierto que ha habido múltiples fideicomisos financieros en los Gobiernos anteriores, pero se respaldaban con recursos, con partidas de los propios organismos. Acá se hace un dibujo para hacer un fideicomiso financiero para las políticas de asentamientos, pero los recursos que se vuelcan para respaldarlo no son asignados al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sino que son los del Instituto Nacional de Colonización y de pensiones a la vejez que administra el Mides. Es un dibujo, les guste o no. Reitero: acá hay ruido e incertidumbre en las políticas de colonización, porque es falso que se garanticen los recursos a esos efectos.

Por otra parte, señor presidente, hoy vemos que el equipo económico habla con cierta soltura de que la pandemia es cuasihistoria. Lamentablemente, esta pandemia y las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia económica y social hacen que esto pueda ser así para algunos pocos, pero definitivamente no es así para la inmensa mayoría de la población, que sigue al margen de la recuperación en curso. Si queremos basar nuestro análisis en datos objetivos y no solo en retórica, en momentos donde la construcción del relato está tan jerarquizada, basta ver cómo se ha comportado la recaudación de la DGI durante los primeros ocho meses del año. Estas cifras hay que compararlas con el mismo período de 2019, dejando de lado el 2020, que fue un año distorsionado por la pandemia. Al hacer esto vemos que la recaudación en términos reales de todos los impuestos asociados a rentas personales y al consumo interno siguen por debajo de los niveles de 2019. El IRPF del trabajo, menos 7,6 %; el IVA interno, menos 1,4 %; el Imesi a los combustibles, menos 9,8 %; tabaco y cigarrillos, menos 9,6 %; bebidas, menos 11 %. Este es el reflejo de la caída del ingreso de los hogares –caída de los salarios, caída de las pasividades y más impuestos– por el efecto conjunto de menos empleo y el deterioro de los ingresos, lo que estuvo reforzado por una política salarial de deterioro del salario real. Al respecto, todavía no se propone una recuperación de lo perdido.

En un sentido opuesto, los impuestos asociados a la propiedad y las rentas empresariales y el capital están experimentando importantes aumentos en términos reales. Lo demuestran quienes están mejorando su situación económica: el IRPF del capital, más 13 %; el IRAE, más 1,7 %; el Imeba, más 21 %; el ITP, más 22, 6 %. Es una pequeña elite la que se está beneficiando del proceso de recuperación en curso, propietaria de las grandes extensiones de tierra y empresas, para con las que el Gobierno ha tenido gestos bajándoles impuestos mientras sube el IVA, el IRPF al trabajo y el IASS en momentos de crisis. Es un pequeño grupo de personas a las que el presidente de la república los ha catalogado como los malla oro, poniendo en sus manos el destino del país y demostrando escasos conocimientos en materia de ciclismo, puesto que en este deporte, como en la sociedad misma, el que cincha y carga con el grueso del esfuerzo es el pelotón.

En estrecha relación con esto queremos compartir con este pleno una situación que se reiteró en el tratamiento que se hizo en la comisión y en las exposiciones de las autoridades de diversos incisos. Por una parte, el equipo económico y el presidente celebran los millones que se ocuparon de impedir gastar, de ahorrar, a efectos de tener mejores resultados fiscales. Podríamos pensar que estas decenas –o cientos– de millones obedecen a los hallazgos de despilfarros, mala gestión, gastos superfluos, gastos innecesarios. Recordemos la promesa de campaña de retirar la grasa sin sacrificar el músculo. Ocurre que esa pretendida cirugía de precisión resultó en una sangría en áreas especialmente sensibles del Estado. Queremos ser muy claros en esto. El Gobierno dejó de destinar USD 140:000.000 en soluciones para los uruguayos que más lo necesitaban, sin una sola razón que lo justifique. Incluso respetando sus directivas fiscales, ya de por sí austeras y limitadas, aun dentro de su margen de maniobra, fue más realista que el rey y se guardó 140:000.000. Reitero: el Gobierno podía haber volcado USD 140:000.000 más para ayudar a los más necesitados, para que no se perdieran decenas de miles de puestos de trabajo, para que no cerraran micro- y pequeños comercios y empresas, para que decenas de miles de compatriotas no cayeran en situación de pobreza. Y eso lo podía haber hecho sin violentar sus propias metas fiscales. Aun sin considerar que esas metas eran inapropiadas para la situación de crisis, aun sin considerar que los países en el mundo les dieron vacaciones a sus reglas fiscales durante la pandemia, aun así, el fundamentalismo y la ortodoxia lo llevan a festejar ahorros que son sinónimo de desempleo, de destrucción de empresas y de pobreza. Queda claro que si en el Uruguay hubo más pérdidas de puestos de trabajo, más empresas cerradas y más deterioro social, fue por una decisión política del Gobierno de no volcar recursos suficientes para sostener la situación económica y social, reitero, sin violentar sus propias metas fiscales.

Hoy nos enteramos de que hacer eso hubiera sido paternalismo inadecuado. Eso es lo que escuchamos hoy en el informe en mayoría. ¡Si tendremos visiones diferentes! ¡Claro que sí!

Y mientras el equipo económico exponía su misión cumplida, por el Parlamento se exhibieron y desfilaron carencias de todo tipo. Para poner únicamente algunos ejemplos, nos limitaremos a señalar unos pocos que nos preocupan sobremanera. En el Inisa, institución que sufrió severos recortes, se denuncia falta de personal, de recursos para vestimenta, alimentación y artículos de limpieza. El caso de la ANEP es por todos conocido, habida cuenta de que generó malestar que se recogieran las carencias confirmadas en la Cámara de Representantes. Quien hasta hace poco fuera fiscal general de la nación compartió en esta casa las dificultades que atraviesa nada menos que la administración de justicia por ausencia de recursos. Y podríamos seguir enumerando ejemplos. Estos y otros ejemplos que seguramente serán objeto de debate en este ámbito, entendemos que no solo obedecen a una concepción completamente diferente de las urgencias y las necesidades públicas, sino que también expresan dos formas de entender el rol del Estado. El Gobierno dice con claridad que el Estado es un lastre y una carga para los malla oro, en franca oposición al precepto batllista del Estado como escudo de los pobres. El rol del Estado es fundamental en una visión estructural de crecimiento y de desarrollo económico y social, pero es mucho más importante en el medio de una crisis.

Acá se ha hablado, desde muchos aspectos, de Gobiernos anteriores. Es más: tanto aquí en el pleno como en la comisión y en el desfile de las autoridades, yo diría que un 80 % o un 90 % de lo planteado refirió, no a la situación de 2020 sobre la que se rinde cuentas, sino a los tres Gobiernos anteriores. Esta discusión ya la dimos el año pasado en oportunidad de la rendición de cuentas del 2019 y del presupuesto; veo que la vamos a seguir dando durante varios años. Pero ese noventa por ciento sobre ese otro tema quizás lo que trasluce es que esta rendición de cuentas no tiene contenidos sustanciales, no tiene una visión de futuro, no nos permite mirar para adelante.

Se habló de que no se hizo nada con los asentamientos, pero reitero: se regularizaron o realojaron cien asentamientos durante los Gobiernos del Frente Amplio. También se planteó que nunca se habían usado las partidas para los refuerzos de rubro, cuando es una práctica habitual. Se mide el ajuste o no ajuste según haya superávit fiscal. Realmente se habla desde la ignorancia en estos temas.

Se dice que por primera vez se cumplen las metas fiscales, algo totalmente falso porque durante muchos años en los Gobiernos frenteamplistas se cumplieron las metas fiscales.

Se festejan ahorros, que, como ya bien describió el senador Olesker, surgen de invertir menos, bajar salarios y recortar políticas sociales. Para nosotros invertir menos no es ganar en eficiencia; para nosotros invertir menos es invertir menos. Y eso lo va a terminar pagando el país, porque se va a deteriorar la infraestructura, no va a haber viviendas necesarias, etcétera.

La pandemia, lejos de ser una excusa para no gastar o gastar menos, era la razón para gastar lo necesario a efectos de sostener la situación económica y social, tal como lo hicieron la inmensa mayoría de los países del mundo.

Hasta aquí hemos señalado algunos aspectos de nuestra valoración en cuanto a la rendición de cuentas de lo actuado por el Gobierno y de los ajustes planteados en lo inmediato.

Para finalizar, deseamos compartir una preocupación respecto al mediano y largo plazo, que tiene que ver con la ausencia absoluta de un proyecto de país que incluya a las grandes mayorías y, por ende, de los recursos, los tiempos y las metas para alcanzarlo. A nuestro juicio es inimaginable una noción de país posible para las próximas generaciones sin tener claridad en el alcance de un modelo de crecimiento que radique en la generación de conocimiento y la incorporación de valor en clave de sostenibilidad. Decimos que esta aspiración está ausente porque no hay supuestos que conduzcan a ella.

El actual Gobierno ha criticado largamente la concepción de país que interpretó y en buena medida cristalizó el Frente Amplio. Es muy válido que así fuera. Por esa razón esperábamos hallar, entre las prioridades de esta rendición de cuentas, apuestas deliberadas en otro sentido, pero no las encontramos porque no las hay. Apostar a una sociedad de conocimiento implica, antes que nada, destinar recursos para formar a nuestra gente en niveles de excelencia y generar condiciones para que una vez formados permanezcan en el país y sean atractores de otros talentos y capacidades.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA KECHICHIAN.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Gracias, señor presidente y señores senadores.

Apostar a una sociedad del conocimiento, como decía, implica destinar recursos a formar a nuestros jóvenes, a nuestros chiquilines. Sin embargo, no hay nada de eso en esta rendición de cuentas. Los fondos destinados a la formación, lejos de crecer, se han reducido. Hay tristes ejemplos en toda la cadena de supuestos. Se redujo el presupuesto para el acceso a la literatura científica y las posibilidades de participar de las experiencias de acceso abierto. Sin herramientas para acceder al estado del arte, es imposible colocar nuestras capacidades en la frontera del conocimiento. No hay apuesta alguna a incrementar el número de proyectos de investigación básica y aplicada. Apostar a la ciencia fundamental es, esencialmente, apostar. Son años de recursos y de esfuerzos locales y en cooperación para concretar hallazgos. Así se dieron los grandes pasos que hoy son irrenunciables: las vacunas, la conectividad, la virología, por poner solo algunos ejemplos de actualidad.

Tampoco es posible un país en clave de desarrollo si desacumulamos en materia de transferencia tecnológica. No hay más recursos para construir los puentes imprescindibles entre la academia y el sector productivo. Urge hacer dialogar a las empresas con las usinas del conocimiento, pero eso requiere recursos. Un proyecto innovador es dinero porque el país comparte con las empresas el riesgo de innovar, justamente para que los frutos derramen en puestos de trabajo, en avance productivo, en devolución en impuestos y en divisas. Lamentablemente, nada de eso hay en el proyecto que hoy estamos considerando.

(Ocupa la presidencia el señor Oscar Andrade).

–En resumen, señor presidente, sobran razones que nos impiden acompañar este proyecto. Hemos asistido a un análisis de la rendición de cuentas con resultados insuficientes y poco prometedores. A veinte meses de haber asumido, lo actuado por el Gobierno es empobrecedor, inconsistente entre el ahorro y las necesidades de la sociedad, y carece por completo de un proyecto aspiracional capaz de contener a la inmensa mayoría de nuestra población.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Oscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco a todos los partidos de la oposición y de la coalición por haber trabajado tan eficientemente en esta rendición de cuentas. Al menos para mí –esta es mi primera rendición de cuentas– ha sido un placer trabajar con todos ustedes, así como con los técnicos que acompañaron a los representantes de los diferentes incisos. También tuvimos el placer de escuchar a las distintas gremiales y a quienes nos visitaron durante las audiencias y de tratar de atender todos sus pedidos. Obviamente, hay infinidad de pedidos y en la mayoría de los casos les asiste la razón, pero es muy difícil que absolutamente todos quedemos contentos cuando presupuestamos. Para lograrlo deberíamos tener recursos infinitos, y sabemos muy bien que manejamos recursos finitos y muy finitos, incluso hasta por el tiempo. Muchas veces el tiempo es el recurso más escaso. En temas como el de la regularización de los asentamientos, por ejemplo, en el que todos coincidimos, el tiempo tal vez sea el recurso más escaso de todos. Esto es una carrera contra el tiempo, porque siguen naciendo niños en esos asentamientos, y pasan los años y no encontramos una forma definitiva, organizada, de solucionar el problema. En este caso deberíamos tener una política de Estado –como lo hemos logrado para muchas otras cosas– que trascienda los diferentes Gobiernos, para que definitivamente podamos erradicar los asentamientos en el Uruguay. Creo que esa es una de las cosas más valorables que hemos logrado en esta rendición de cuentas: ponernos de acuerdo, por lo menos en un arranque y en una forma –más allá de los vericuetos que se han mencionado aquí– bastante justa para todos.

En concreto –ya que hemos mencionado muchas cosas de Gobiernos anteriores, de quince años para atrás y también del escudo batllista–, quiero retomar, tal vez porque recién desembarco aquí, el tema de la crisis del 2002. Evidentemente, el partido estuvo allí, liderando una coalición, y tocó administrar recursos muy escasos en una de las crisis más violentas que azotó la economía uruguaya en los últimos cien años, tal vez heredada porque los socios del Mercosur nos habían tirado por delante una barrera insalvable. Fue una crisis financiera terrible y, evidentemente, todos sufrimos mucho. El Gobierno colorado de aquel entonces, al frente de una coalición similar a la de hoy, decidió pagar el costo político. Del otro lado del Río de la Plata, por ejemplo, se hablaba de default, etcétera, si no se cumplía con los compromisos financieros y demás. Realmente, cuando hay una crisis uno dice: «Hago lo que hay que hacer y estoy dispuesto a pagar el costo político, o no lo hago». Podríamos seguir empantanados con la cotización del dólar en el Uruguay más o menos en $ 4000; no hice los cálculos, pero proyectando lo que pasó del otro lado, del 1 a 1, a 200, no sé en cuánto estaríamos hoy, pero sería algo similar.

Por lo tanto, llegamos como coalición al Gobierno recientemente y, por suerte, en quince años la verdad es que mejoramos muchísimo la situación. También tengo que recordar que hace quince años, cuando se asumió el Gobierno, se alabó la forma en que se recibieron las cuentas públicas. En aquel momento hubo que recurrir a aumentos de impuestos, pero se quitaron mayormente los aportes para que desde el BPS y desde las empresas y la producción agropecuaria se pudiera sacar el país adelante. En aquel entonces no existía prácticamente nada de lo que conocemos; por ejemplo, UPM no estaba. La oposición la criticó desde el arranque e, incluso, desde la otra costa nos decían «¡UPM, no!». Sin embargo, hoy tenemos el equivalente a por lo menos cinco UPM de aquel entonces. Todo eso, evidentemente, mejoró la economía, la situación de todos y la salud. Tanto mejoró que hoy tenemos que agradecer al sistema de salud que nos ayudó muchísimo en esta pandemia. Eso sí, también tenemos que reconocer que por setiembre u octubre del 2019 un virus sobrevolaba el mundo entero y se hablaba de eso por todos lados. De repente, no el ciudadano común pero sí la gente que está en estos temas sabía que esto se venía y que el contagio de la covid era muy fuerte. Sin embargo, recién a principios de marzo nos desayunamos que estábamos en medio de una pandemia. No es excusa, pero es una crisis que viene de afuera y, tal vez, como en el 2002, no la veíamos venir. No es culpa de nadie, pero llegó y se instaló profundamente. Tanto es así que en aquel momento dijimos: «¡Uy, no voy a poder salir más de mi casa!». Y tanto fue así que si uno salía de su casa para pasear el perro o caminar un poco por la rambla, casi lo insultaban; o sea, toda la población decidió que tal vez ese era el mejor camino. Yo creo que lo que mejor hizo este Gobierno de coalición fue explicar a la gente que había que cuidarse, que había que tratar de salir lo menos posible y quedarse en casa siempre que se pudiera, porque había gente que no tenía más remedio que salir a hacer el mango. Pero, también, lo que sí se fue haciendo de a poco, y con los diferentes sectores, fue acordar protocolos y trabajar fuerte para ir recuperando de a poco la economía. Recuerdo bien que con el gremio de la construcción se pudo arreglar rápidamente para salir a trabajar, se estableció ese mes de licencia para enseguida retomar y volver a la tarea. Es decir que de a poco fuimos explicando a la población que había que cuidarse pero que había que salir, trabajar y hacer lo que se podía, entre todos. Eso lo fuimos entendiendo. Algunos decíamos que queríamos más libertad y otros menos porque, para ser sinceros, en algún momento se reclamaba cerrar prácticamente todo. Y ese no era el camino, ni un extremo ni el otro, sino que había que ir por el medio que, según creo, es el sendero que siempre hemos transitado los uruguayos, pues hemos sido un pueblo de ir tranquilos por el medio, no un pueblo de grandes pasiones. Somos un pueblo de ir conciliando, consensuando y siempre vamos por el camino del medio y llegamos a buen puerto. Creo que en esta rendición hemos llegado a buen puerto por el camino del medio, en casi todas las cosas, porque evidentemente venimos con ideas filosóficas diferentes, dado que se trata de dos coaliciones de partidos con ideas filosóficas distintas.

Ahora quiero referirme a la rendición de cuentas en sí y a los puntos que hemos tocado a lo largo de este período de algo más de cuarenta días –en el que hemos analizado todos los incisos– en cuanto a lo que ha pasado, lo que pasará, lo que se pide y lo que precisamos para seguir marchando como nación, como república.

Muchas veces nos quedamos encerrados en cuatro paredes y no logramos ver lo que sucede afuera, pero cuando en marzo mirábamos las proyecciones que otros países hacían sobre cuánto iba a aumentar el déficit fiscal, veíamos números tan locos y siderales que pensábamos lo difícil que iba a ser para el Uruguay. Si apuntábamos, por ejemplo, a Chile –para comparar con un país de la región–, veíamos que proyectaba un 9 % adicional del PBI para su presupuesto a efectos de poder combatir la covid. Atendiendo esos datos podíamos pensar que estábamos ante un gran problema, porque en nuestro caso si teníamos que sumar un 9 % al 5 % que traíamos de atrás, nos daba un 14 % y seguramente perdíamos el grado inversor y todo lo que hemos defendido durante los últimos quince años y desde mucho antes también. En realidad, las vacaciones fiscales se las toman los países que emiten la moneda en el mundo, o sea, si yo soy el emisor de la moneda dólar, puedo emitir todo lo que quiera. Pero, en definitiva, ¿quién va a soportar la inflación? Los países menos desarrollados, que son los que les venden la materia prima, que es lo primero que sube, por la cantidad inmensa de dólares que circulan ahora por el mundo a raíz de la emisión americana. Y lo mismo pasa en Europa, que puede emitir todo lo que quiere. Nosotros nos podemos dar algunas vacaciones fiscales, pero solo un poquito, no tanto.

Entonces, cuando se viene manejando el barco en el medio de la tormenta, con un montón de incertidumbres que vienen por delante, no es tan fácil usar todas esas palancas o perillas que uno precisa para manejar un sistema, ni se puede hacer tan de golpe. O sea, de marzo a junio fue un respiro y llegamos a fin de año.

Con respecto a los números no alcanzados de presupuestación, se escucha decir que tendríamos que haber gastado más. Sin embargo, muchos de esos números se dan en infraestructura. ¿Por qué? Porque no se podía ni salir a trabajar, porque la construcción estuvo parada durante algún tiempo. Es más, la propia Udelar, que nada tiene que ver con el Gobierno central, tampoco llegó a la presupuestación, y por mucho, ya que no tenía tiempo para gastar. Eso es así, es la cadencia de los hechos y de las cosas.

Ahora bien, a principios de marzo de 2020 votamos un fondo de $ 600:000.000 para atender la covid –que es, más o menos, un punto del producto bruto interno– que, básicamente, destinamos a la salud.

Volviendo al tema fiscal, también quiero mencionar –acá ya se dijo– que muchos países parecidos a Uruguay perdieron su grado inversor por no haber utilizado bien los recursos durante la pandemia y hoy lo están sufriendo.

Al mismo tiempo, el Gobierno hizo todos los esfuerzos para que hubiera recursos en la calle, para que a la gente le llegaran los recursos: 30:000.000 a través de la Tarjeta Uruguay Social, 50 % más de asignaciones sociales –30:000.000 más–, 60:000.000 a través de tuapp. Simplemente, estoy repasando cosas que he anotado a lo largo del estudio de la rendición. Y ni que hablar del esfuerzo que hizo el BPS –y que, obviamente, hicimos todos los uruguayos– con el seguro flexible, con el subsidio por desempleo parcial, con el multiempleo, con la extensión del seguro de trabajo extraordinario, con los incentivos a las empresas, con el apoyo a las pymes mediante reducciones de aportes y beneficios impositivos, con las facilidades de pago del BPS, con los subsidios a las tarifas, con el acceso al crédito, con los préstamos del SIGA –Sistema Nacional de Garantías–, con la promoción de la inversión y la vivienda social. Así podríamos seguir enumerando muchísimas cosas que el Gobierno y la coalición han hecho para llevar a buen puerto este barco, siempre por esa ruta del medio, tan típica de todos nosotros, los uruguayos.

También hay cosas por delante para llevar a cabo en una nueva época que se nos viene: la posterior a la pandemia. Evidentemente, tendremos que encarar la reforma de la seguridad social, el mercado de los combustibles, el tema del medioambiente, que nos preocupa a todos. Queremos seguir siendo un Uruguay natural, queremos seguir sosteniendo nuestros principales recursos, que provienen de nuestra tierra. No hemos tenido la suerte de encontrar mucha cosa abajo de la tierra, todo lo tenemos arriba de la tierra; evidentemente, arriba de la tierra están los productos agropecuarios y los agronegocios que se derivan de ellos, y el Gobierno también está trabajando para tratar de mejorar la situación.

Tenemos buenos indicadores de recuperación económica; se están recuperando las exportaciones y las importaciones; ha mejorado la confianza del consumidor y el crecimiento del producto bruto interno viene mejorando más de lo que se proyectaba. El déficit quedó aproximadamente en el 6 %; si bien la queja es que podríamos haber gastado más, quizás solo nos faltó tiempo.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–También es importante destacar que hay una preocupación del Gobierno por las tarifas y por el precio de los combustibles. Lo hemos discutido en esta rendición de cuentas y lo venimos discutiendo eternamente. El Uruguay tiene una discusión permanente sobre la competitividad, lo cual es muy bueno porque es reconocer que somos un país netamente exportador, que vive del exterior y de cómo es visto desde el exterior.

Precisamos competir y para eso necesitamos tener energía barata y tarifas acordes a los niveles globales, que nos pongan en un buen camino para seguir siendo un buen competidor y un buen exportador. Por eso el Gobierno está tratando de acordar con principales compradores, como China, para poder seguir en ese camino; no se trata solamente de competitividad, sino también de encontrar mercados que nos reciban, los que van a mirar cómo manejamos nuestros recursos en los peores momentos. Seguramente nos han evaluado bastante bien, siempre por el camino del medio, del uruguayo medio.

En definitiva, si bien siempre se puede hacer un poco más, creo que hemos dado las mejores respuestas a esta situación. Hemos sido cautelosos en utilizar un poco hoy, un poco mañana, un poco pasado mañana, porque, si no, se puede acabar. Todo es incierto y en un mundo en crisis –una crisis complicada, como fue esta de la salud– todo es aún más incierto. Así pues, se ha tratado de ir por ese camino –lo que yo valoro mucho– y quiero concluir haciendo referencia a las cosas más importantes vividas durante estos cuarenta días en cada una de las sesiones.

En primer lugar, hay que felicitar al Gobierno por haber hecho un buen acercamiento con el principal gremio con el que tiene que trabajar, que es COFE. Creo que se ha trabajado bien en la rendición de cuentas; si uno analiza los temas en profundidad, ve que hubo un buen ida y vuelta con el gremio, que se lo ha escuchado, que se ha llegado a acuerdos y que también hay un interés del Gobierno de coalición de seguir adelante con cosas como la reformulación de carreras y los concursos. En esta rendición se han hecho esfuerzos para que el concurso sea más habitual en la Administración, que no quede simplemente en los discursos, y que realmente podamos tener carrera de funcionarios públicos –o funcionarios públicos de carrera–, con la posibilidad de concursar cada vez más y con más oportunidades dentro de la propia carrera funcional.

Queremos saludar al Ministerio de Defensa Nacional, que entendemos ha hecho un muy buen trabajo durante toda la pandemia; sobre todo, puso sus recursos humanos, el soldado, que ha tenido un rol bastante importante. También es el caso de la policía, que ha estado en la calle en momentos en que todos queríamos estar guardados. A estos grupos se suma –como señalábamos hoy– el de la de salud pública, que ha estado en el frente de batalla y al que todos hemos aplaudido durante la pandemia. No debemos olvidar que muchos, si no todos, hemos aplaudido esa gestión de la salud, a la que el Gobierno no fue ajeno durante toda la crisis, sino que acercó todos los recursos posibles y, principalmente, el más importante de todos: las vacunas. Como dijo mi colega y compañero de partido, Pablo Lanz, las vacunas han sido de las políticas económicas más importantes que se llevaron a cabo durante buena parte de 2020. Se trató de estar ahí cuando aparecieron y durante todo el 2021 se ha vacunado y se ha estado convenciendo a la gente de que lo haga, por ser ese el mejor camino.

Creo que hoy estamos ante una rendición de cuentas que ha puesto mucho énfasis en temas complejos de nuestra sociedad –que nos ha costado abordar durante muchos Gobiernos y períodos– y que, en especial, tiene en cuenta a la primera infancia. Es evidente que cuando las cosas se ponen duras económicamente, los que más sufren son los que menos tienen y, dentro de ese grupo, los niños. Esta rendición le ha dedicado prácticamente USD 100:000.000, porque ha sumado al presupuesto prácticamente –dependiendo del tipo de cambio– USD 50:000.000 en 2022 y otros USD 50:000.000 en 2023 para ser volcados a la niñez a través de los CAIF, de la ANEP, de ASSE y del Ministerio de Desarrollo Social. Así que me enorgullece haber participado en la consideración de esta rendición.

Finalmente, tenemos el tema de la erradicación de asentamientos. Creo que, de vuelta, no podemos entrar en la discusión de cuánto hice yo, cuánto hiciste vos y cuánto vas a hacer. Creo que en todos los Gobiernos, todos hemos luchado contra el asentamiento; ¡absolutamente todos! No hay Gobierno que no haya querido luchar. Queremos seguir luchando y por eso el compromiso de luchar para darle una vivienda, no mejor, sino digna, a los uruguayos que más la precisan. Pero, obviamente, había que conseguir los recursos, que vienen del ITP, que es un impuesto de todos y que antiguamente iba a rentas generales; así como en su momento se derivó al Instituto Nacional de Colonización, ahora se destina a la vivienda. Para decirlo en términos muy visuales: tengo un campo enorme, pero a los chicos viviendo bajo un techo de lata; la decisión es sacarle durante un tiempito al campo para dárselo a los muchachos que están debajo de ese techo de lata.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR COUTINHO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR BATLLE.- No voy a hacer uso de la prórroga de tiempo.

Simplemente, quiero agradecer a todos por participar y hacerlo de la mejor manera posible.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Escuché atentamente al señor senador Batlle, que sostiene que había anuncios de pandemia desde setiembre. La información con la que contamos ahora es que el primer caso fue a mediados de diciembre, que llega a la OMS el 31 de diciembre, que el primer caso fuera de China fue a mediados de enero y que recién en febrero están los primeros anuncios de posibilidad de pandemia, que termina siendo declarada en marzo. Lo que nos parece difícil de entender es cómo en setiembre ya había anuncios de una pandemia. Queremos saber de dónde surge esa información.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Si uno va para atrás y busca un poco con Google los primeros anuncios de lo que venía pasando en China, ve que se dan en setiembre-octubre. Creo que los primeros contagios en China se dan en octubre, no en enero.

(Intervención que no se escucha).

–Bueno, octubre o diciembre; puede ser.

Sinceramente, yo tenía noción de que en octubre ya había casos. De hecho, si uno investiga un poquito más, hay hasta artículos que indican que se les acercaron investigaciones a los principales gobernantes del mundo sobre lo que venía pasando. En todo caso, en diciembre ya sabíamos que existía el virus, que era contagioso, y ni siquiera como sociedad –no estoy echando culpas– nos habíamos puesto en pie de atención. También comparé esta situación con la del 2002, porque la región venía mal y por ahí no estábamos tan atentos.

(Dialogados).

–Me acotan que la fecha es la del 17 de noviembre, para ser exactos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, les pido que no dialoguen.

SEÑOR BATLLE.- Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: quiero dejar una constancia o hacer una aclaración, según lo que me permita el cumplimiento del Reglamento.

La vida es la realidad.

Yo tengo familia directa en Bérgamo, en la región de Lombardía, Italia. En Bérgamo, fue donde empezó la pandemia. Para llegar a Bérgamo hay que subir por un aerocarril y la gente murió masivamente arriba de la montaña porque no podía llegar a bajar, y no sabían qué era. En la región de Lombardía, donde vive el resto de la familia –simplemente lo digo a modo de anotación histórica, porque me parecen tontas estas aclaraciones, pero a mí me gusta la verdad y la historia real–, a mediados de diciembre, sobre las fiestas de fin de año, ya se había tomado la medida y quince millones de personas estaban confinadas. Yo no lo podía creer. Por supuesto, tengo el gusto de conocer a mi familia de allá y también esa zona, que es la más rica de Italia. Recuerdo que llamé y pregunté: «¿Es cierto que están confinados?». Me dijeron: «Sí, es cierto; no podemos salir. Hay un virus». Y no voy a seguir la conversación.

O sea que, en realidad, el mundo sabía claramente, desde fines de noviembre –en Bérgamo, Italia, murió muchísima gente–, del primer estallido de la pandemia. Si la Organización Mundial de la Salud la llamaba o no pandemia en ese momento, realmente no importaba, porque por el papel que este organismo jugó, no le tengo mucha confianza, pero sí fue a fines de noviembre. Y, por supuesto, en febrero, al ministro y al subsecretario de acá lo que les importaba era el dengue. Así que ya está; está todo dicho.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador, que fue quien realizó la consulta.

SEÑOR ANDRADE.- La información que tenemos hasta ahora indica que el primer caso se dio a mediados de diciembre, y el dato de la neumonía compleja llega el 31 de diciembre a la OMS; esos documentos están y son públicos. El primer caso detectado fuera de China por la OMS fue a mediados de enero, y en febrero se anuncia el riesgo de pandemia, que se declara en marzo. Reitero: esa es la información que tenemos hasta ahora y puedo acercarla a la Mesa; pediría que se acerquen las fuentes de esa otra información que establece fechas distintas.

Vuelvo a decir que la OMS detecta el primer caso fuera de China a mediados de enero. Si había gente confinada y muriendo en diciembre…

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

(Murmullos en sala).

–¡Por favor! Me parece que esto no hace a la esencia del debate de la rendición de cuentas.

(Dialogados).

–Quienes tengan interés, podrán acercar a la Mesa la fuente de los primeros casos en el lugar del mundo del que tuvieron noticias, así como las declaraciones del señor subsecretario, que también podemos incluir.

Continuamos con la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas.

(Dialogados).

–¡Silencio, por favor! La Mesa pide que contribuyan al orden.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Después del pequeño debate que se ha dado sobre fechas –que es muy importante, por supuesto, para los relatos que se van construyendo–, quiero decir que las transiciones son de a dos.

A partir de febrero de 2020 se dio todo un proceso de transición –el 1.° de marzo asumía un nuevo Gobierno– en el cual el tema de la pandemia no estuvo. Para no seguir con esta cuestión de qué dijo el subsecretario, recordemos que el Gobierno que asumió no cambió a las autoridades del principal efector de salud hasta bien entrado el tiempo. Entonces, empezar a discutir sobre quién la vio venir de antes, ¡tiene tan poco sentido, señora presidenta! Esa es la verdad.

Sobre estos argumentos de que no se había hecho nada, yo digo: si voy a asumir el Gobierno y ya sé que tengo una pandemia –porque estoy acusando que el que se va no previó eso–, lo primero que tengo que hacer es cambiar a las autoridades de ASSE. ¡Inmediatamente! El 1.° de marzo, lo primero que firmo es eso. ¿Por qué? Porque es el principal efector de salud que tiene el Estado uruguayo, y el que va a combatir una situación de pandemia sanitaria. ¡Y eso no se hizo!

Entonces, de poco vale salir a decir si en febrero el subsecretario dijo una cosa u otra, porque el problema son las acciones.

Señora presidenta: me parece que sería bueno concentrarnos, ahora sí, en el tema de la rendición de cuentas.

En primer lugar voy a agradecer a todos los funcionarios de esta cámara que, de una u otra manera, estuvieron involucrados en el trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que debe ser –sin despreciar, por supuesto, el trabajo de las otras comisiones y de los colegas que no la integran– uno de los trabajos más intensos. Digo esto porque, durante cuarenta y cinco días pasa el país entero por la sala 17 del edificio anexo del Palacio Legislativo. Allí van los gremios, las diferentes autoridades públicas, se discute y se pasa muchísimas horas debatiendo, escarbando números, analizando cuáles fueron los gastos y sus resultados, y discutiendo sobre algo que es muy común en las rendiciones de cuentas del Uruguay, que son las modificaciones presupuestales. Nunca es un debate específico sobre lo hecho, sino que tiene que ver con que en la vida, claramente, no se pueden establecer cortes abruptos. Entonces, se discute en torno a lo que se hizo y lo que se piensa hacer. Ese es el debate de las rendiciones de cuentas.

(Murmullos).

–Le pido por favor, señora presidenta, que me ampare en el uso de la palabra, porque parece que hay reuniones de bancadas aquí dentro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, ustedes saben que con los nuevos micrófonos, los escuchamos mucho más. Así que, tengan cuidado, porque los estamos escuchando reunidos en distintos lugares de la sala. Vamos a tratar de hacer silencio.

Prosiga, señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta. Casi estaba pensando que el problema era que mi micrófono estaba prendido y por eso podía escuchar las otras reuniones.

En segundo término, quiero reconocer la labor del señor presidente de la comisión –a pesar de las muchas diferencias que tenemos sobre lo hecho y lo que se debía hacer, y también de las enormes diferencias con respecto a lo que se podía hacer, pues ese es el debate que tenemos–, que permitió que durante todo este tiempo se realizara un trabajo razonable, en tiempo y forma, y que todos los senadores pudieran expresarse. Los integrantes de la oposición pudimos expresarnos en el momento en que entendimos oportuno. Se hizo un trabajo serio y responsable, y sería una pena que en la sesión del pleno se tirara por la borda el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo. Entonces, reconozco el trabajo del señor senador Penadés, que más de una vez logró ponerle una cuota de humor para poder salir de situaciones tal vez complicadas.

Señora presidenta: estamos en la primera rendición de cuentas de este Gobierno, que tiene que empezar a explicar lo que hace, porque la anterior rendición de cuentas era del Gobierno pasado. El presupuesto nacional es el conjunto de iniciativas que a futuro pretende llevar adelante un gobierno, por lo que esa es una instancia en la que se vende mucho futuro. Ahora empiezan las etapas en las que hay que ver, efectivamente, lo que se dijo, lo que se prometió, lo que se proclamó y la realidad.

Es cierto que el marco presupuestal del 2020 –como se ha dicho aquí– viene preestablecido porque se replica el presupuesto. Sin embargo, las decisiones de cómo se ejecuta corresponden a las autoridades competentes. Por lo tanto, esta es la primera rendición de cuentas en la que van a tener que asumir con responsabilidad cómo lo hicieron; es así, por más que el marco presupuestal sea previo. Tan así es que hubo un decreto que recortó gran parte del marco presupuestal un poquito antes del decreto que declaraba la pandemia.

Esta rendición de cuentas, señora presidenta, habla de un año muy particular para el Uruguay y para el mundo, en el cual fuimos impactados por una crisis sanitaria que, además, irrigó o acumuló una crisis social y económica. Esta rendición de cuentas, desde mi punto de vista, parece no dar cuenta de la situación por la que atraviesa hoy el Uruguay; parece que fuera de un año en el que no hay una brutal crisis económica y social en el país. Parece que no toma cuenta de eso. Tanto es así, señora presidenta, que el tema más debatido de esta rendición de cuentas –si queremos buscar un indicador– es el del Instituto Nacional de Colonización. Esto quiere decir que, en definitiva, el conjunto de políticas públicas que hay que poner al servicio de la situación por la que atravesaron los uruguayos, la manera en que se los asistió y las repercusiones o los resultados –como bien decía la ministra de Economía y Finanzas: «Que me midan por los resultados»– no están. En realidad, esta rendición de cuentas no trae nuevas políticas para la pospandemia para ver, por ejemplo, cómo nos paramos en un momento en el que estamos saliendo de la pandemia. ¿Hacia dónde vamos? Esta es una rendición de cuentas que no se expresa sobre eso; en los aspectos de modificaciones presupuestales, no se expresa hacia el futuro. Aquí no hay un camino en el que se plantee el crecimiento económico, en el que se busque la manera de acelerarlo, en el que se generen mecanismos o instrumentos para promover la inversión.

En definitiva, lo que termina pasando en esta rendición de cuentas es que sigue con piloto automático después de ese evento, que ha tenido un impacto durísimo en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros trabajadores y en el conjunto de la sociedad, cuando uno piensa en mirar hacia el futuro.

En cuanto a lo que se hizo, por supuesto que hay enormes diferencias en el sentido de que se podía haber hecho mucho más. El Gobierno ha sostenido que hizo lo que podía dentro del marco fiscal del que disponía. Este ha sido un debate: hay más plata; se podía haber puesto más dinero; no se podía poner más dinero, etcétera. Ese ha sido el debate en el Uruguay sobre la asistencia ante el problema que han pasado todas las familias en el país.

Lo cierto es que el Gobierno argumentó que en este momento no podía poner más recursos, que usó los que podía disponer y que había un elemento de déficit fiscal que generaba restricciones fiscales a la hora de hacer frente a esta situación y acompañar a la sociedad uruguaya en esa enorme dificultad que ocasionó la pandemia. Desde nuestro punto de vista, la política económica la agravó, porque acá hubo problemas de crecimiento de la pobreza, de destrucción de puestos de trabajo y de dificultades de todas las familias. La política económica no acompañó y, por tanto, terminó agravando esta situación que enfrentaron las familias uruguayas debido a la pandemia. Es decir: la política económica no nos ayudó a salir de la situación en que nos enterraba la covid-19, sino que tiró algunos paños fríos para atender la situación, pero no tuvo la capacidad de reacción que necesitaba.

Para decirlo en términos claros, el resto de los países del mundo hicieron fuertes inversiones para sostener a sus familias, cosa que el Uruguay no hizo. El promedio del gasto de Europa estuvo entre 8 % y 12 % del PBI; en tanto, en América Latina el promedio estuvo entre el 4 % y el 6 % del PBI, según las cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ningún país privilegió su situación fiscal.

El Uruguay se concentró de manera excesiva en las cuentas fiscales y en el supuesto ahorro que había que generar. Incluso, el equipo económico se vanaglorió de que en plena pandemia había ahorrado. Esta es una distinción con respecto a todos los países del mundo: mientras todos los Gobiernos del mundo buscaron la forma desesperada de disponer recursos, el Gobierno del Uruguay se golpeó el pecho diciendo que en plena pandemia generaba ahorro. Eso lo vimos todos, más allá del debate de cuánto se podía disponer o no.

Acá hubo una especie de autobombo y autocomplacencia del Gobierno al decir «voy a ahorrar en medio de la pandemia». Además, salieron y lo comunicaron, y parte de la explicación era que se trataba de mantener los motores de la economía prendidos. Ese fue el otro debate del 2020: «Hay que mantener los motores de la economía prendidos porque, si no, esto no es sustentable y se nos cae». Lo que terminó pasando, señora presidenta, fue que no solo tuvimos 100.000 pobres nuevos en el Uruguay, sino que, además, en el 2021 nuestro país es el que registra menor crecimiento comparado con los países de la región. Por mantener los motores de la economía prendidos para que no cayéramos tanto, ahora somos los peores de la clase.

Las proyecciones son claras. Paraguay, Argentina y Brasil han tenido niveles de crecimiento en el 2021 que los acercan casi a la prepandemia, y el Uruguay es uno de los más rezagados en despegar en crecimiento económico en 2021. Tanto es así, que por arriba de nosotros están Guatemala, Perú, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Argentina, Honduras, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Costa Rica. Todos esos países, según la Cepal y los organismos internacionales, hoy ya han recuperado su dinamismo económico o parte de él. El Uruguay está por debajo; está en el número trece de dieciséis países de la región.

De esta manera, el rendimiento de la economía uruguaya en el 2021 es de los peores del salón. Por lo tanto, no da para golpearse el pecho diciendo que se hicieron todas las cosas bien y maravillosas, aunque hemos escuchado a los actores de gobierno decir que son fantásticos. «Nunca antes se hizo», «comenzó todo ahora», «han hecho todo bien»; pero cuando miran los datos internacionales y observan cómo les va a otras economías, a otros países y a otras sociedades, se dan contra la pared, porque la realidad no se puede ocultar. ¡La realidad no se puede ocultar! Creo que ese es un elemento que hay que poner arriba de la mesa.

Y esto no es solo un problema de macronúmeros, de los números de la economía del PBI. Vayamos a números concretos de empleo y salario.

Con relación al empleo, si comparamos el 2021 con el último trimestre móvil prepandemia del año pasado, hoy tenemos 41.000 ocupados menos en el Uruguay; hay menos trabajo en nuestro país. A su vez, el salario ha caído 1,9 % en lo que va de 2021, y el salario real –es decir, lo que llevan doña María y don José a casa para comprar los alimentos para su familia– está casi 4 % por debajo del 2019. ¡Se gana menos! ¡Cayeron los salarios!

Esa es la realidad del Uruguay. Por supuesto que la pandemia afectó a todos los países; todos han tenido estos problemas. Lo digo porque sé que la respuesta va a ser esa: «Hay una pandemia». Bien. ¿Y qué pasó? En 2021, en cuanto a la recuperación del empleo y del salario, ¿quién es el más rezagado de la región? Uruguay. ¡Uruguay!

El informe de la Cepal indica que nuestro país está último en la recuperación del empleo en el primer trimestre de 2021. Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Brasil y Chile muestran mejores índices de recuperación del empleo que nuestro país. Para quienes preguntan de dónde saco la información, es el gráfico 37. Es bueno leer los informes que los organismos nos dan, que en este caso es el de la Cepal sobre el estado de la economía de América Latina y el Caribe en el 2021.

A su vez, vemos que en el 2021 el salario real se ha recuperado en varios países de América Latina. En la página 83 del informe, Estudio económico de América Latina y el Caribe 2021, en un análisis comparado de la evolución de los salarios de varios países de la región se puede observar que Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México han recuperado más salario que Uruguay en términos reales. Por tanto, no solo estamos peor respecto a nosotros mismos, sino peor con relación a los países de la región que pasaron por la misma pandemia y tuvieron las mismas dificultades que atravesó Uruguay. Lo que pasa es que tuvieron políticas económicas más expansivas y eso les permitió en 2021 recuperar esa situación, a diferencia de nuestro país que se ha dedicado, en teoría, a ahorrar, lo que en definitiva es recorte.

Señora presidenta: en cuanto a los precios –porque, en definitiva, no solo me bajan el salario, sino que cada vez que voy al almacén con $ 1000 compro menos–, en Uruguay crecieron más que en la región. Insisto: los precios en Uruguay subieron más que en la región, en un contexto donde han caído los salarios reales, con lo cual los ingresos que tienen los trabajadores cada vez rinden menos. Basta con ir a la feria y preguntar a algún vecino para saber que cada vez compra menos con la plata que tiene.

Vamos a la inversión pública. ¿Qué pasó con la inversión pública en Uruguay? Podría ser otro componente, porque en un momento en el que hay una retracción económica, el capital privado quizás se retire, no invierta, pero ¿qué hace el Estado? En Uruguay se retrajo la inversión pública en el 2020. Además, el Gobierno reduce la inversión de 2020 a 2023, según el presupuesto nacional, y no la modifica hoy en la rendición de cuentas. Recién hay un incremento de la inversión pública, ¿sabe cuándo, señora presidenta? En el 2024, el año electoral. Es decir que en el año de la pandemia, 2020, y en los tres años posteriores a la pandemia, se contrae la inversión pública de Uruguay, y solo se incrementa en el año electoral, en el 2024, según uno de los tomos de esta rendición de cuentas que informa el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí queda clara la caída de las inversiones del Gobierno, que es de menos 10 % en 2020, de menos 2 % en 2021, de menos 1 % en 2022, de menos 2,9 % en 2023 y con un crecimiento de 2,6 % en 2024. En el año electoral sí vamos a tratar de despegar la inversión pública.

Inclusive, señora presidenta, eso se ve en la inversión vial, ya que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asume para este quinquenio un compromiso de mantenimiento de rutas un 50 % menor al mantenimiento de las rutas nacionales del quinquenio pasado. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se compromete a generar obras por 3516 kilómetros de carretera –esto es lo que dice el plan de obra del MTOP– y al mantenimiento de 8033 kilómetros, cuando en el quinquenio pasado se hicieron obras y rehabilitación de 3780 kilómetros y el mantenimiento de 16.000 kilómetros de rutas. Es decir que el Gobierno va a invertir menos en el mantenimiento de las rutas y a sostenerlas con lo que ya se había hecho para no hacer más inversiones, en un momento en que, según las estimaciones, crecerá el volumen de producción del Uruguay.

Entonces, cuando teníamos un cuello de botella en la logística, el Gobierno reduce sus pretensiones de inversión. ¡Y esto lo dice el propio Gobierno! Ya en mayo de 2020, el Instituto de Economía decía que, si no se aplicaba otro tipo de políticas, iba a haber 100.000 pobres más. Aquí, en este Parlamento, cuando estábamos debatiendo otras cuestiones presupuestales, se dijo –tengo las versiones taquigráficas de esa sesión– que eso era mentira, que era falaz, que era la manija frenteamplista dentro de la Universidad de la República, el comité de base del Frente Amplio. Sin embargo, la realidad demostró que al cabo de 2020-2021 nos encontramos con 100.000 nuevos pobres. A pesar de que en mayo fueron alertados de esa posibilidad, no se pusieron los recursos para hacer frente a esa situación y hoy tenemos 100.000 pobres más.

De esos 100.000 pobres, señora presidenta, 38.000 son niños y adolescentes menores de dieciocho años. Pero hay algo aún más triste. Además de esa situación concreta, cuando uno va a las ocupaciones, se encuentra con un dato que es terrible: 17.000 cuentapropistas con local o inversión y 9000 asalariados privados pasaron a ser pobres, rompiendo el criterio de que es pobre quien no trabaja. Lo que terminó pasando en el país es que, debido a las rebajas que se han aplicado por una política económica de achicamiento de la economía del país, a pesar de que la gente y los cuentapropistas trabajen, son pobres. Además, 9700 trabajadores privados trabajan todos los días y siguen siendo pobres.

Esa es la realidad actual de nuestro país, más allá de todo lo que se quiera decir acerca de las intenciones, de hacia dónde se va y del espíritu refundacional. La realidad es que, desde el 2020, en Uruguay hay más pobreza, más falta de trabajo y mayor dificultad de las familias para llegar a fin de mes.

¿Qué sucedió con las pymes, que son las responsables del 67 % de los puestos de trabajo del Uruguay? En 2020, las pymes –según Anmype– perdieron aproximadamente el 19 % de la facturación, y según el registro del BPS cerraron 3700. El Gobierno dice: «Nosotros atendimos a las pymes», «Hemos hecho un enorme esfuerzo». Ese es el eslogan del Gobierno: «Hemos hecho todo lo que podemos».

Pero vayamos a lo concreto: ¿cuál fue el apoyo a las pymes que llevó adelante este Gobierno? Supongamos el caso de una empresa unipersonal, que no tiene empleados, que paga un IVA mínimo o que, por ser una pequeña empresa, su aporte como patrón al BPS es por todo concepto: aportes patronales y Fonasa. Calculemos de cuánto es la exoneración, el apoyo que dio este Gobierno a esa pequeña empresa, donde los aportes patronales se calculan por el 7,5 % del aporte sobre los salarios nominales de esa empresa. Ese es el criterio. Esa empresa paga por todo concepto, aproximadamente $ 10.600. El aporte que hizo el Gobierno –por el cual se golpea el pecho– son los aportes patronales del 50 %, lo que significa $ 500 de ayuda. Es decir que una empresa que antes tenía que pagar $ 10.600, pasó a pagar $ 10.065. Ese es el aporte a la pequeña empresa.

Otro ejemplo son los monotributistas, que representan, aproximadamente, el 18 % del total de empresas inscriptas en el Banco de Previsión Social y que pagan alrededor de $ 1850. El Gobierno se golpea el pecho porque ha apoyado a las pequeñas empresas, pero la exoneración significa un aporte de $ 250 menos. El apoyo a los monotributistas fue de $ 250, lo que implicó que en lugar de pagar $ 1850 pasaran a pagar $ 1600. Este es el esfuerzo gigantesco del que hablan los actores del Gobierno. La gran pregunta es: ¿este apoyo cambió la situación de una empresa que tenía que cerrar o pasar a la informalidad? Estamos hablando de $ 250 o $ 500 y vienen acá a decir que son los mejores administradores del mundo porque apoyaron a la gente en plena situación de crisis. A esto hay que agregar que la caída de los salarios y de las jubilaciones -de lo que ya se habló aquí- les ha generado un enorme problema a las pequeñas y las medianas empresas que les venden a los uruguayos. En el Uruguay hay un problema de consumo porque la gente no llega a fin de mes, ya que el Gobierno ha recortado, ha bajado los salarios reales y las jubilaciones, por lo cual lo que sucede es que esos trabajadores y esos jubilados consumen menos. ¿A quiénes? A las empresas que les venden a los uruguayos. ¿Quiénes son? Las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos puestos de trabajo dependen de eso? El 67 % de los puestos de trabajo del Uruguay. Acá está el problema económico. No es para venir a golpearse el pecho diciendo que lo hicieron bien, porque lo que ha pasado es que toda esta gente no ha tenido el apoyo necesario para sortear esta situación. Por eso el Uruguay hoy no tiene el crecimiento económico que están comenzando a tener otros países en la región y ostenta estas cuentas que muestran que sigue habiendo pobres, que falta trabajo en el Uruguay y que las empresas están atravesando muchos problemas.

Pero no a todos les fue mal, a algunos les fue maravillosamente, pero no voy a hablar de eso ahora porque otros ya han hablado de eso aquí. Simplemente voy a dar un dato, señora presidenta; tan así es que este Gobierno dice que gobierna para el malla oro, pero ni el malla oro cree en la política económica. Ni los que tienen dinero creen en la política económica, señora presidenta, si no ¿cómo se explica que hayan crecido los depósitos de uruguayos en el sistema financiero en 2020 en USD 2.979:000.000, que en lo que va de 2021 ya hayan crecido en USD 2.845:000.000 y en el exterior hoy hayan crecido en USD 2.500:000.000? Quiere decir que el que tiene dinero no está invirtiendo porque no cree en esta política económica de achicamiento de la economía en que el Estado dejó de invertir; entonces, lo que hace es refugiarse en el sistema financiero o sacar la plata del país donde hay más del 10 % de incremento de los depósitos. Esto significa que no hay credibilidad en la política económica para apostar al Uruguay por más que acá se diga que eso existe. Creo que hay que mirar con claridad que la industria nacional se plantea una reducción en la plantilla de trabajadores, tanto en 2020 como en 2021, porque uno de los principales problemas que tiene es el de acceso a los mercados. Al respecto, todas las cámaras de la industria del país dijeron que no ha habido soluciones suficientes para atender esta situación y tampoco la rendición de cuentas trajo mejores resultados para ellos.

Acá se ha dicho que se van a erradicar los asentamientos. Creo que no hay algo más demagógico que decir que con lo que se está votando en esta rendición de cuentas se terminan los asentamientos. Voy a contestar citando las palabras del actual subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que dijo a El Observador que, en promedio, cada regularización lleva entre USD 3:000.000 y USD 4:000.000, por lo que ningún Gobierno va a poder erradicar los asentamientos, ya que para solucionar la problemática existente se necesita una inversión superior a los USD 2.000:000.000. Pero he escuchado decir que, como le van a sacar el dinero que antes tenía otra función del Instituto Nacional de Colonización y se va a crear un fideicomiso, se resolvería el problema de los asentamientos. Eso es falso, tan falso como el que vino a decir ­–cuando lo escuché se me rompieron los tímpanos– que les cobraron menos impuestos a los trabajadores. ¡Por favor! Ese razonamiento es como decir que, como la gente queda en la pobreza y deja de consumir, le bajamos el IVA. En realidad, lo que terminó pasando en la DGI es que se recaudó menos IRPF por la sencilla razón de que la gente perdió el trabajo y cuando eso sucede no se paga IRPF o cuando a uno le bajan el salario paga menos IRPF porque tiene menos salario.

¡No se puede venir a sostener acá –con un grado de honestidad intelectual– que se bajó la carga impositiva a los trabajadores! Eso roza con una demagogia tan atroz que inhabilita cualquier otra discusión o argumento que se ponga arriba de la mesa y le quita seriedad al Senado de la república. En el Uruguay no bajó el IRPF; al contrario, hay más gente que paga debido a algunos cambios que se hicieron en el cálculo de las BPC y a eso se debió la caída de la recaudación. El PBI cayó un 6 % y la recaudación en el Uruguay cayó nada más que un 2 %. ¿Saben por qué? Porque hubo aumentos impositivos –por ejemplo, los dos puntos de IVA que antes no se pagaban y ahora sí–; si bien la recaudación global cayó, lo hizo menos que la economía. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento y se aumentó el Imesi, entre otras cosas.

Señora presidenta: creo que estamos en un escenario en el que para medir qué es lo que se ha hecho no se trata de pararse en el lugar y decir: «Yo soy autocomplaciente; hice todo bien».

Lo que terminó pasando en el 2020 fue que aumentaron las tarifas públicas y los combustibles; los salarios y las jubilaciones cayeron y aumentaron los impuestos; en el Uruguay hay menos trabajo, menos empleo y menos salario, y hubo muchos compatriotas que lamentablemente no pudieron llevar un plato de comida a su casa, sino que tuvieron que conseguirlo en una olla popular.

En consecuencia, uno no puede venir a decir que esta rendición de cuentas es maravillosa.

El Gobierno fundamenta todo en función de que, al parecer, el país que recibieron era un desastre y simplemente –me quedan treinta segundos, pero no necesito una prórroga– quiero acotar algo. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero –como no lo leen– voy a volver a recomendarles que lean el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que está colgado en su página web y que se les presentó a los inversores internacionales. Simplemente hay que escribir «MEF» en el navegador de Internet y se encuentra este hermoso documento que demuestra la situación del país.

Si no quieren leer, pueden mirar los videos que se están presentando en las ferias internacionales acerca de las bondades del Uruguay.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de proseguir, la Mesa quiere recordarles que, una vez que termine de hacer uso de la palabra el señor senador Gandini, vamos a abandonar la sala porque, a fin de cumplir con los protocolos, se debe higienizar el lugar en el que estamos trabajando. Serán aproximadamente veinte minutos para el procedimiento y veinte minutos o media hora más para volver a ingresar.

Tiene la palabra el señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: una vez más el Cuerpo se encuentra frente a una ley trascendente, importante, que nos ubica en una discusión con diferencias de fondo y es bueno dedicar tiempo a estas cosas, más allá de lo puntual de los articulados.

Lo primero que tenemos que decir es que este proyecto de ley contiene la rendición de las cuentas en un determinado contexto y, en ese caso, es la mejor rendición de cuentas que podemos tener: «Yo y mi circunstancia». No es esta la rendición de cuentas que hubiéramos querido presentar de nuestro primer año de gestión –no lo es–, pero, dado el contexto, estamos muy conformes, muy satisfechos de cómo se ha manejado la crisis en la que la oposición parece no reparar, como si no hubiera pasado nada, como si los hechos que llegaron sin poder elegirlos no hubieran afectado al Uruguay, a la región y al mundo.

Nosotros entendemos que sí es una buena rendición de cuentas, de las cuentas públicas del año más difícil que hemos tenido y una buena proyección de la pospandemia.

Además, contra todos los pronósticos que se han dado desde algunos sectores de opinión y desde la oposición, la rendición de cuentas demuestra que la coalición funciona. Obviamente, no es la fusión de partidos políticos en uno solo, sino la sociedad política de un acuerdo de gobierno entre partidos distintos, con historias diferentes, que compitieron entre sí hasta octubre y recogieron el mandato popular de hacer los cambios que, de distinta manera, la gente en ese momento nos encomendó. Asumimos con enorme madurez un acuerdo político que nos desafía todos los días porque en la coalición conviven distintas ideas, un compromiso común y la necesidad política y obvia de marcar los matices entre partidos que van a volver a competir. Sin embargo, en esa circunstancia desafiante que habla de un sistema político del Uruguay maduro, responsable y con futuro, la coalición ha funcionado una vez más frente al desafío de discutir y aprobar las cuentas públicas del año pasado y proyectar, en un articulado de esta rendición de cuentas, una cantidad de aspectos de transformaciones para el futuro, que no son los únicos y quizás no sean los más transcendentes, pero esta es una de las leyes más importantes que hemos tenido que votar hasta ahora.

Es verdad que esta rendición de cuentas tiene 362 artículos que vamos a discutir en el día de mañana y uno, que es el que estamos discutiendo hoy –el primero–, por el que se aprueba la rendición de cuentas con un déficit muy importante, mucho mayor del que habríamos querido tener, pero que recoge también estas circunstancias de las que recién hablábamos. Recoge la crisis.

Hace unos instantes un señor senador decía que en la rendición de cuentas no se ve la crisis, no la recoge. ¡Pues claro que la recoge! La recoge en todas sus variables; la recoge en el resultado de las cuentas públicas, con un fondo covid que gastó un 1,5 % del PBI exclusivamente en eso; la recoge en todas las condiciones que tuvimos que tomar y administrar para poder hacer frente al principal año de cualquier Gobierno, que es el primero, y el nuestro nos tocó enormemente condicionado. ¡Claro que sí!

No sé cuándo fue la noticia. Solo sé que toda la bancada de la coalición se iba a reunir por primera vez el lunes 16 de marzo para discutir con el presidente de la república el borrador de la ley con declaratoria de urgente consideración. Sin embargo, esa reunión tuvo que suspenderse porque el viernes anterior se había declarado la emergencia sanitaria. Todavía no habíamos dado el primer paso cuando ya tuvimos que recomponer los planes, el ritmo y las prioridades.

Justamente, las prioridades dejaron de ser los cambios y pasaron a ser la salud de los uruguayos y el manejo de todas sus consecuencias en el frente social y económico con lo que teníamos.

Este Gobierno nace condicionado por dos factores que tomamos y nos condicionan hasta ahora. Uno de ellos es la pandemia, que obligó a variar el curso, que nos afectó, que afectó el ánimo y el espíritu de la población, y obligó a tomar decisiones muy arriesgadas en las que el presidente de la república estuvo casi solo; por ejemplo, cuando tomó aquel camino de la libertad responsable en la que, de arranque, muchos no estábamos muy seguros de que fuera lo mejor.

Hoy, con el diario del lunes, decimos que fue el camino acertado. Es la visión, pero también la responsabilidad del que tiene que tomar decisiones en soledad. Al final, la última decisión siempre es del capitán.

A su vez, nacimos condicionados por otro factor más, por lo que recibimos. El 2019 iba a terminar con un déficit fiscal de 2,5 % y terminó con 5 % de déficit. Vamos a llevarlo a números. Terminó con USD 2.800:000.000 de déficit y hubo que pagar. Si hubiéramos terminado con lo proyectado y nos hubieran sobrado USD 1.400:000.000, hubiéramos tenido que pedir prestado la mitad de lo que en realidad tuvimos que pedir para seguir adelante. ¿Qué hubiéramos hecho con esos USD 1.400:000.000? Se nos dice que había créditos disponibles y que no los tomábamos porque no queríamos. No; tuvimos que tomar lo que nos dejaron.

Aquí hemos escuchado clases de economía de senadores que tienen largo prestigio y han fundamentado su postura con mucha solidez, pero eso demuestra que tenemos puntos de partida y visiones muy diferentes. En la esencia de todas las recomendaciones y reflexiones que se han hecho en sala, sin decirlo, nos están señalando: «Tuvieron que haber gastado más. ¿Por qué no se endeudaron más? ¿Por qué no gastaron más? ¿Por qué no repartieron más?». Porque nos dejaron un agujero importante que también nos condicionó. No solo nos entraron USD 2.000:000.000 menos porque había menos gente trabajando y se pagó menos IRPF, sino también porque exportamos menos al mundo debido a que entró en recesión; porque agregamos menos valor a nuestros productos; porque también se resintieron una cantidad de áreas de la actividad; porque el principal producto de exportación de servicios, que es el turismo, no lo tuvimos y derramó menos ese movimiento económico en la sociedad y, por supuesto, eso impactó en el empleo y en los ingresos.

Aumentamos el seguro de desempleo, creamos con la imaginación seguros parciales y tratamos de mantener –sí– la llama prendida del vínculo laboral. Pero si a eso le agregamos menos recaudación de IVA por la caída del consumo, menos Imesi por menor cantidad de exportaciones y menos IRPF por menos trabajo, tenemos como resultado una disminución de los ingresos. Ahora, la deuda externa la pagamos –en sus intereses– religiosamente y se superaron los USD 2.000:000.000 que se destinaron a ese objetivo, que venían de atrás, así como pagamos las jubilaciones el día que correspondía, al igual que las pensiones, los salarios públicos y a los proveedores.

No se interrumpió la cadena de pagos porque también hubo medidas que ayudaron a que el sector privado –que veía resentidos sus ingresos– pudiera hacer frente a sus obligaciones mientras tenía el comercio, el boliche o el taller cerrado. Eso requirió enormes esfuerzos, algunos cuantificables y otros no. Por eso la ministra dijo en sala que midieran la situación por los resultados.

No sé de dónde se sacan algunos números; no sé, no soy economista, pero la verdad es que comparar Uruguay con Argentina y decir que está peor me da vergüenza. Me da vergüenza, cuando veo en el cable televisión argentina a figuras reconocidas diciendo, en avisos de Unicef, que la mitad de los niños en ese país son pobres, mostrándolos que comen de un sobrecito vitamínico como los refugiados de los países en guerra y piden a la gente colaboración a efectos de comprarlos para que puedan alimentarse, que digan que nosotros estamos peor que eso. La verdad es que no es así.

Hemos resistido por nuestra estructura social, que tiene décadas de desarrollo y que es responsabilidad de muchos partidos políticos que han gobernado con políticas de Estado de protección a los más vulnerables durante años, con un sistema previsional de seguros de desempleo, de salud, de educación, de conectividad, de tecnologías que han permitido mantener –con déficit, claro– la educación de los más vulnerables, la alimentación, la luz prendida y el agua en la canilla –aunque no las pagaran–, las garantías de alquileres y, en muchos casos, el vínculo laboral.

Obviamente, no ha sido inocua la pandemia; hemos tenido que dedicarle muchísimos recursos. Cuando uno escucha, por ejemplo, que ayer se hicieron 17.000 test –ahora no tantos– y se dice que tantos dieron resultado positivo, hay que multiplicar cada uno por USD 80. Cada día se gastaba eso, además del costo de las vacunas.

Hoy tenemos solamente un 6 % de uruguayos que podrían haberse vacunado, pero no lo hicieron y todos los demás por arriba de ese porcentaje –16 % o 17 %– son menores de doce años. Cuando nos digan que se puede, vamos a vacunar hasta a los que tienen seis años porque tenemos las vacunas. Quiere decir que hemos logrado vacunar a más del 90 % de la población que está en condiciones de recibir la vacuna, sin obligarla. Y acá se ha dicho que hemos fracasado. Lo dicen quienes nos cacerolearon quince días después, quienes propusieron la cuarentena obligatoria, quienes querían apagar todas las llaves de la economía y subsidiar con plata no se sabe de dónde durante muchos trimestres a una cantidad de familias. Nosotros elegimos otro camino. Es claro que lo elegimos porque tenemos otra visión.

Se nos dice que, por las normas presupuestales, desprotegemos a los más desposeídos, pero la verdad es que nosotros no sentimos eso cuando aprobamos leyes ni cuando caminamos por la calle ni cuando nos juntamos y hablamos con la gente. En los lugares más complicados es donde la gente más nos agradece por haber defendido la salud de sus familias y haber atendido con lo que tenemos –porque no nos sobra; no nos dejaron dónde rascar más la lata– y con enorme sensibilidad social a todos los que lo necesitaban. ¡Claro que hay más pobres! Primero, porque había una cantidad de pobres que estaban prendidos con alfileres un centímetro arriba de la raya que los mide y, apenas llegó un viento, se cayeron; se les desprendió el alfiler. Eso es verdad; no había un proyecto económico y social sustentable que aportara al crecimiento real por encima de los guarismos económicos y con todas las otras variables que hoy se miden de la pobreza, que tienen mucho que ver con los hábitos, la cultura, la educación, la integración familiar y las oportunidades. ¡Claro que es así! Pero también es verdad que allí pusimos el foco y lo hicimos aprovechando la acumulación de recursos humanos y sociales que este país construyó durante años. Y cuando miramos la escala de pobreza vemos que estamos casi entre los mejores. Solo Chile es mejor que nosotros. No sé qué números miran. En los que yo tengo dice que Uruguay es de los que cayeron menos y somos de los que está en condiciones de recuperarse mejor y más fácilmente. Capaz que Brasil recuperó más empleo que nosotros, pero cuando acá hay que hablar de cómo manejó la pandemia, particularmente su presidente, todos tenemos críticas y hablamos de las muertes y del costo social. Pero cuando conviene se dice que recuperó más empleo. Claro, manejó una prioridad distinta a la nuestra. Nosotros tuvimos una prioridad de equilibrio: un poco y un poco. Sin parar la economía para no afectar más el empleo, protegimos a la gente todo lo que pudimos. Y esa es la esencia de nuestra diferencia de modelo. Sí, la tenemos y se va a seguir viendo. Cuando nos evalúen, les vamos a pedir que nos dejen terminar este proceso y verán que el país va a despegar mejor de lo que quieren.

En el relato que acá se quiere instalar vuelvo a sentir lo que aprecié en otras ocasiones: se confunden los hechos con los deseos. A veces parece que desearan que nos fuera mal. Parece forzarse la realidad y retorcerla para mostrar el lugar más oscuro, la parte más vacía del vaso o el peor costado –que siempre lo hay– para generalizarlo y demostrar en el relato la visión –que entiendo puede ser legítima– de que nos va muy mal.

Sin embargo, el mundo nos mira en algunos casos con admiración. Yo entré a Madrid por unas horas hace unas semanas en misión oficial y cuando nos hicieron el control del código QR, etcétera, una enfermera que controlaba el certificado de vacunación que teníamos que llevar impreso lo leyó, me miró y me dijo: «¿Tres dosis?». Estamos hablando de España, uno de esos países desarrollados que a veces parecen ser ejemplo, pero que no lo son tanto. Son ejemplo porque son países centrales. Esos mismos países ahora nos cuestionan algunas medidas de la política económica que llevamos adelante, de modo de generar la inversión que se nos reclama y el estímulo para que se radiquen aquí capitales que andan por el mundo buscando adónde ir. Pero nuestro objetivo es generar empleo genuino para los uruguayos. Esos mismos países centrales son los que no le aportaron las vacunas a la OMS para que llegaran a Uruguay, en ese plan global para los más necesitados. Esos mismos países centrales están obligándonos a modificar nuestro sistema tributario para que renten en los países centrales, más allá de donde esas empresas eligen radicarse. Al final, es otro desembarco de los marines en estos tiempos, es otra manera de generar dependencia económica de los países que tienen el poder para hacerlo. De manera que la admiración no corre por mi cuenta.

Podemos tener que aceptar reglas que no ponemos, pero no pacíficamente, no con la cabeza gacha. Hemos hecho una cantidad de esfuerzos en este poquito tiempo que hemos tenido para aprovechar esta ventana de oportunidades de un país que agrega a sus certezas económicas, a su seguridad jurídica y a su estabilidad política la bondad de ser seguro sanitariamente porque ha atendido bien a su gente y tiene a su población vacunada.

La verdad es que miro esta rendición de cuentas en el contexto de un país que está funcionando. Hoy salí muy temprano y veía los ómnibus con gente colgada, otra vez. Me podrán hablar del tapaboca, de los riesgos sanitarios, de lo que quieran, pero yo vi al país funcionando, a la gente colgada en los ómnibus para ir a trabajar. Eso me pone muy feliz. Podremos tener las discusiones que quieran sobre los recitales y si la gente se pone el tapaboca en los partidos de fútbol, pero en el Uruguay hay canchas de fútbol y vienen de otros países a jugar las finales porque la gente entra vacunada y llena las tribunas. Aquí la gente anda en la calle y vive tranquila. Nos ponemos el tapaboca todavía, pero ya cuidamos a los abuelos, ya salimos de lo peor. ¿Podrá volver? Quizás, pero si vuelve acá, vuelve en el mundo.

Entonces ¿de qué nos acusan? ¿De haber hecho las cosas lo mejor posible? Ni siquiera me atrevo a decir «bien». Digo «lo mejor posible», con mil palos en la rueda como hemos tenido. Manejamos la situación; la vamos llevando en democracia, en libertad, sin pasarle por arriba a nadie.

Entonces, con todas las reflexiones y visiones diferentes que puede haber –con las que no estamos de acuerdo porque no las compartimos en su punto de partida–, creo que al final, cuando pasen raya y nos midan por los resultados, verán que nos tocó uno de los tiempos más difíciles de la humanidad, en un contexto regional complejo, con Gobiernos autoritarios, con dictaduras vigentes y en proceso, con cambios en el mundo central y en América del Norte, con países que viven situaciones límite y fenómenos nuevos y globales como el narcotráfico, además de la pandemia, y hemos logrado llevar el barco a buen puerto.

Si nos comparamos con los mejores tiempos, a lo mejor nos faltó. Si nos comparamos con lo que hubiéramos querido hacer si no hubiéramos tenido estos contratiempos, seguramente nos faltó, pero si nos comparamos con lo que nos tocó, nosotros, al menos, estamos satisfechos con lo que hemos logrado. Y nuestra rendición de cuentas no son solo números. Son números puestos en la realidad que nos tocó vivir.

Desde ese punto de vista, vamos a votar este proyecto de ley con mucha satisfacción.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como habíamos acordado, el Senado va a pasar a cuarto intermedio por el término de una hora.

(Así se hace. Son las 15:46).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 16:54).

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: sin lugar a duda, estamos ante una rendición de cuentas que viene de uno de los años más difíciles de nuestra historia –seguramente– y, como contexto, señalo que arrancó con un recorte en las asignaciones de un 15 %, como ya se mencionó. Nosotros entendemos que en el contenido programático de esta rendición de cuentas se definen, por acción o por omisión, ganadores y perdedores, porque contiene decisiones políticas. Y en esta rendición de cuentas hay acciones y políticas que toman partido por el concepto de la libertad responsable, en el entendido de que la libertad de las personas se ejerce en forma individual. Nosotros, en el Frente Amplio, tenemos otra idea de la libertad, porque creemos que somos libres en tanto lo somos con otros. Ser libre significa estar entre amigos. Libertad y amigo tienen, en el indoeuropeo, la misma raíz. La palabra libertad es fundamentalmente relacional, porque uno se siente libre solo en una relación que se logra en una coexistencia satisfactoria, en la pública felicidad. Entonces, dado que no concebimos la libertad como algo que se ejerce en el aislamiento de quien puede, vamos a analizar esta instancia de rendición de cuentas desde la mirada de las políticas públicas. El presupuesto nacional tiene asignaciones presupuestales para la realización de políticas públicas, por lo que su formulación tiene un intrínseco contenido programático. La idea central de la política pública debe ser la mejora en el ejercicio de derechos y sobre eso queremos conversar.

En el informe en mayoría se dijo que estamos en un país serio y creíble, y quiero recordar que este país serio y creíble no se construyó a partir del 1.° de marzo de 2020. Creo que seguimos siendo serios y creíbles, lo que pasa es que en este último tiempo, en estos casi dos años, somos más pobres, menos justos, menos solidarios y cuidamos menos a nuestra gente. Somos más pobres porque hay 100.000 compatriotas más que antes no eran pobres y ahora lo son. Sobre eso fuimos advertidos hace más de un año por aquel estudio del Iecon, que circuló a principios de la pandemia. También hay estudios de la Cepal y alguno de la Udelar, de mayo de 2020, que dicen que si hubiese habido un cambio significativo, que si en lugar del 0,3 % se hubiera invertido el 0,6 % del PIB, estaríamos viendo otros resultados en términos de pobreza. Somos más pobres no porque no crezca el PIB, somos una comunidad más pobre porque más compatriotas están en situación de pobreza. Además, somos menos solidarios porque durante la pandemia gravamos a los que trabajaban y no la especulación del capital. El punto no es que quienes tienen mucho no ganen mucho, sino que no contribuyeron en nada como seres sociales, como integrantes de una comunidad y ahí faltó una política pública que regulara para que fuésemos una sociedad más justa con los que se nos iban quedando atrás.

Ahora bien, insisto en que, a nuestro entender, se definieron políticas públicas que no nos hacen más justos ni más solidarios. Al contrario, ahora, con estas reducciones de presupuesto que afectaron la educación, la vivienda, el INAU, las inversiones en ciencia y tecnología, ¿mejoró la eficiencia de las políticas públicas que contiene esta rendición de cuentas? Se nos puede decir que estos organismos pudieron soportar la rebaja presupuestal; está bien, pero ¿cuál fue el impacto y cuál es el impacto que tiene esto para el futuro? ¿Dónde está la mejora de la eficiencia en la ANEP, en la Udelar, en el INAU y en el Fondo Nacional de Vivienda? ¿Tenemos un Estado más eficiente a partir de estas decisiones políticas? No compartimos el criterio de que bajando la asignación en vivienda, en educación y en inversión pública –esos USD 140:000.000– se haga un ahorro como consecuencia de la mejora en eficiencia. No se nos ocurre cómo la ANEP, bajando de manera relevante la masa salarial –el 89 % de su presupuesto corresponde a salarios–, puede obtener una mayor eficiencia. Estamos hablando de un año en el que, en la educación secundaria, quedaron fuera del sistema siete de cada diez gurises de los quintiles más bajos. ¿Lo relevante es la eficiencia del sistema o la acción de salir a buscar a esos gurises para traerlos de nuevo al sistema formal de enseñanza y garantizar, como Estado, que ejerzan ese derecho a la educación?

En el informe en mayoría también se mencionó que estamos más seguros porque se instauró el orden, el respeto y la seguridad. Yo quiero hacer una reflexión sobre tres casos para ver quiénes están más seguros. El caso número uno tiene que ver con que la Asociación de Defensores de Oficio realizó un diagnóstico a partir de un relevamiento entre los defensores penales de todo el país que dan asistencia gratuita a las personas de bajos recursos, que son alrededor del 90 % de quienes están sujetos a un proceso penal. Ese relevamiento mostró un panorama preocupante y fue general en casi todos los departamentos. Mencionan cosas como allanamientos sin orden judicial que se disfrazan como inspecciones voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso desmedido de la fuerza frente a niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos. ¿Quiénes son los que están más seguros?

Me voy a referir al segundo caso. En el informe en mayoría también se menciona que la violencia doméstica bajó un 7,8 %. Lo que deben de haber caído son las denuncias, y eso no quiere decir que estemos mejor; lo único que significa es que se denuncia menos. Quizás sea bueno recordar que no estamos mejor, porque en lo que va del 2021 hubo veintidós femicidios, seis más que en todo el 2020. Además, en este período se registraron al menos ocho tentativas de femicidio: en Treinta y Tres, en Río Negro, en Cerro Largo, en Artigas, dos en Canelones, en Carmelo y en Mercedes. Hubo treinta mujeres violentadas por ser mujeres, en diez meses; veintidós de ellas ya no están, ocho tienen secuelas para toda la vida, más de diez gurises quedaron sin familia y también con secuelas. Esto da un promedio de tres mujeres muertas por mes.

¿Qué se necesita para trabajar este tema, que fue declarado emergencia nacional en diciembre de 2019, cuando existía una cifra para el total del año como la que tenemos hoy, a tres meses de terminar el 2021? Es más, se hizo un plan nacional de emergencia, acordado con el Poder Judicial y con las fiscalías, que se entregó a este Gobierno el 1.º de marzo de 2020, porque debía ser política de Estado.

Cuando representantes del Poder Judicial comparecieron ante la comisión, presentaron una propuesta presupuestal para la implementación total de la Ley n.º 19580, de violencia hacia las mujeres basada en género, que sumaba USD 12:000.000. Tenía varios artículos. El 7.º y el 8.º referían a la creación de cargos y permanencia a la orden de los receptores de los once juzgados letrados de primera instancia especializados en violencia hacia las mujeres basada en género, seis en Montevideo y cinco en el interior. El artículo 9.º correspondía a las partidas de arrendamiento para tres juzgados del interior; en el artículo 10 se solicitaba un partida de $ 11:000.000 para cubrir los gastos y arrendamientos a partir de 2024 vinculados a la implementación de la Ley n.º 19580. El artículo 11 fijaba una partida de inversiones por única vez con destino a acondicionar el local de la calle Venezuela. En fin, sumaba USD 12:000.000. Esas mujeres no estuvieron más seguras, porque tampoco se levantaron las manos para votar estos artículos del Poder Judicial que el Frente Amplio presentó como aditivos.

Con respecto al caso n.º 3, el Sipiav registró 4911 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y de abuso. De esos casos, nos dijo el Directorio del INAU que solamente pudieron atender unos 500. Hay 4500 gurises y gurisas que siguen esperando atención. Esos gurises y gurisas no son parte de las personas que están más seguras. ¿Saben qué se necesita según los cálculos de los técnicos? USD 18:000.000 por año para proyectos de proximidad que aborden las violencias con equipos especializados. Hoy hay quince equipos en todo el país y solamente cubren el 11 % de las denuncias. Presentamos un aditivo por USD 4:500.000, un cuarto de lo que se necesitaba; tampoco se votó. Entonces, reflexionemos sobre quiénes están más seguros.

Podemos hablar ahora de eficiencia y tratar de ver si esa tan mentada eficiencia de estas políticas públicas del presente y del futuro que se nos propone en esta rendición de cuentas nos hace más efectivos en el ejercicio de derechos.

Analicemos el derecho a la educación.

La ANEP presentó ocho artículos –cuatro de ellos eran pedidos de refuerzos– que suman $ 1.400:000.000 para el 2022, $ 1.735:000.000 para el 2023 y $ 2.165:000.000 para el 2024. En números redondos, la ANEP nos estaba pidiendo un total de $ 5.300:000.000, unos USD 117:000.000. ¿Cuánto se votó? $ 80:000.000 anuales. Es decir que para un año la ANEP pidió $ 1.400:000.000 y le dieron $ 80:000.000, más el 3 % de no se sabe cuánto de la subasta de las bandas de la Ursec.

Por su parte, la Udelar tuvo 20.378 estudiantes nuevos, un 12 % más que en el 2020. Fue su máximo registro histórico y proyecta 147.527 estudiantes para el año 2024. ¡Esto no salió de un repollo! La gente no obtuvo mayor acceso a la educación terciaria por magia, sino que fue por políticas públicas que incidieron en que más gurises y más gurisas pudieran acceder a la educación terciaria.

Ahora bien, en el documento que presentó la Udelar –en el anexo A– dice que hay cosas que no van a poder hacer con el presupuesto que presentaron. En esa descripción, con el presupuesto ya recortado, pidió $ 834:000.000, unos USD 19:000.000. Se le asignaron $ 100:000.000 –USD 2:000.000–, o sea, nueve veces menos de lo que pidió.

La UTEC pidió $ 100:000.000 y se le dio $ 45:000.000, o sea el 50 %.

Analicemos el derecho a vivir en sociedad.

Voy a traer un tema que nos preocupa a muchos de nosotros y que lamentablemente no es la prima donna de nadie. Quiero referirme a jóvenes que están en conflicto con la ley, que son pobres y que están encerrados casi veintidós horas por día. Todo indica que no ejercen plenamente su derecho a la no discriminación y a la inserción social. Estoy hablando de los gurises del Inisa, que solicitó un incremento de $ 60:000.000 para gastos de funcionamiento. Tomamos ese artículo tal cual lo presentó el Directorio del Inisa, creamos un aditivo y tampoco se votó. Repito: $ 60:000.000, es decir aproximadamente USD 1:300.000. En el documento elaborado por el Directorio del Inisa, en la fundamentación del único artículo que presenta, dice que el efecto negativo de no aprobar la propuesta es: «Incapacidad de cumplir los cometidos institucionales debido a la falta de recursos presupuestales».

Antes de pasar a la prima donna, como le dio en llamar la coalición a la política de asentamiento –es un nombre original, no lo vamos a negar–, vamos a sumar. Supongamos que queremos atender las situaciones de violencia que padecen las personas más vulnerables: niños, niñas, adolescentes y mujeres, pobres en su mayoría. Estamos hablando de USD 12:000.000 para el Poder Judicial, de USD 4:500.000 para el INAU y de USD 1:300.000 para el Inisa, lo que da aproximadamente USD 18:000.000. Esto es menos del 15 % del ahorro de los USD 140:000.000.

Vamos a poner algo más a la política pública: crecimiento y futuro. Le incorporamos los USD 16:000.000 de la Udelar y los USD 31:000.000 de la ANEP que faltan; me da USD 65:000.000. Esto es menos de la mitad del ahorro de los USD 140:000.000.

Entonces, me pregunto si tenemos un ejercicio más pleno de derecho con estas políticas públicas que se nos presentan en esta rendición de cuentas. Hoy se dijo: «Nos hubiera encantado que hubiera más recursos para la Udelar, el Inisa y la ANEP». Ahora bien, no levantaron la mano para hacer realidad lo que les encanta. Vamos a hacer cuentas de nuevo: eso implicaba votar USD 1:300.000 para el Inisa, o sea un 0,9 % del ahorro; USD 16:000.000 para la Udelar, o sea un 12 % del ahorro, y USD 31:000.000 para la ANEP, o sea un 20 % del ahorro. Los números son números.

Ahora vamos a tratar de analizar un poco la política pública que debe atender un ejercicio más pleno del derecho a la vivienda. Me refiero a la política de vivienda, que tiene que ir en conjunción con lo que se quiere mencionar de la política de asentamientos.

Con respecto al Instituto Nacional de Colonización ya han hablado mis compañeros y seguramente seguirán haciéndolo en el correr del día. En este sentido, me voy a referir solo a algunos aspectos del artículo 214 y luego el senador Carrera complementará estas ideas.

Lo que pretende el Gobierno nacional con la redacción dada al artículo 69.8 –después vamos a hablar de esto– es trasladar a las intendencias el costo de cumplir con sus propios deberes y competencias; indirectamente, las hace responsables de una omisión en política de Estado: la falta de acceso a la vivienda para la población más vulnerable del país, que es la que habita en los asentamientos.

Cuando hablamos de responsabilidad solidaria, que es a lo que refiere ese artículo, decimos que el acreedor tiene derecho a accionar o a reclamar lo adeudado de modo indistinto o en forma conjunta ante los dos, o sea Gobiernos departamentales y Poder Ejecutivo, pero cuando es subsidiaria primero debe ir contra el Poder Ejecutivo y, si este no cumple, contra los Gobiernos departamentales. Para nosotros eso es una definición sustantiva. Hablaremos de este artículo en la discusión particular, pero no quería dejar de mencionar este punto, ya que hoy se hizo referencia a ello.

Las políticas públicas responsables e informadas garantizan el derecho al futuro. No tenemos en esta rendición de cuentas una hoja de ruta clara en lo que refiere a ciencia, innovación, tecnología e investigación. No tenemos planes, no está el cargo de la Dicyt cubierto, no hay más presupuesto para la ANII, no tenemos Timbó ni más proyectos de investigación en un año en el que la ciencia estuvo en su auge y hay 3000 ingresos más en la Facultad de Ciencias. A su vez, no tenemos presupuesto para el Proyecto Impulso, del Pedeciba, que apuntaba a jóvenes investigadores. Las partidas solicitadas por la Udelar para apoyar el ingreso de jóvenes investigadores y becas de posgrado eran de $ 30:000.000 –USD 750.000– y tampoco se dieron. No vemos tampoco demasiadas políticas públicas que apunten a políticas activas de empleo. En este Parlamento hace poco aprobamos una ley que no era general sino focalizada en jóvenes, en personas con discapacidad, que básicamente era un reordenamiento de leyes que ya existían, donde lo novedoso es que se diferencia entre varones y mujeres –no es que eso esté mal, pero es lo único novedoso que tiene– y se aumenta levemente el monto del subsidio. Esto ya existía; no hay políticas activas nuevas y este año, en medio de la pandemia, lo único que hubo fue el subsidio a las empresas que retomaban trabajadores del seguro de paro. Tampoco vemos dónde están las políticas de reconversión laboral, que nos deben preparar para el futuro del trabajo y para los trabajos del futuro. Asimismo no vemos una política de Estado, con objetivos claros e integrales, que incluyan aspectos educativos, económicos, culturales y que propongan debates serios para que, entre todos, podamos analizar el impacto de la automatización en el trabajo y a dónde vamos como país en ese sentido.

Señora presidenta: no vemos en esta rendición de cuentas políticas públicas que tiendan a lograr un ejercicio más pleno de derechos fundamentales y no vamos a dar nuestro voto porque se tomó la decisión política de no atender cuestiones que, para nosotros, son sustantivas, no para tener un país más rentable sino para construir una comunidad más justa, más equitativa y solidaria.

Muchas gracias.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: creo que hoy vamos a votar esta rendición de cuentas en la que claramente quedan demostrados dos modelos de gestión; la ciudadanía lo puso en consideración y decidió que debía haber un cambio de gobierno. Por un lado, hay un modelo que implica gasto, gasto y más gasto, que es lo que se ha escuchado en todo este tiempo, y en el que se piden más recursos, más recursos y más recursos. Por otro, está el nuevo modelo que es gestión, gestión y más gestión. Todos sabemos que la situación en la que recibió el país este nuevo Gobierno era muy compleja. Había un gasto totalmente desmedido, descontrolado y lo dejó claro el senador Gandini al señalar lo previsto de déficit en el 2019 y lo que realmente se gastó. Ahora, a veces parece que hablan de los USD 140:000.000 que el Gobierno basó en su buena gestión, pero ahí se pasaron en USD 1.400:000.000, o sea, diez veces más. Hablamos de USD 1.400:000.000 en el 2019; claro, perdón: en un año electoral.

Y también es una rendición de cuentas de un momento muy especial, porque a días de asumir el nuevo Gobierno pasó lo que todos sabemos: esta pandemia a nivel mundial que complejizó aún más la situación que ya era bastante compleja. Vale aclarar que se gastaron USD 1.400:000.000 de más en el 2019.

Es una rendición de cuentas que quizás a muchos haya sorprendido porque no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque se cumplieron y se concretaron las previsiones que el Gobierno había hecho, las metas y los objetivos que el Gobierno se había propuesto cumplir. En pocas palabras, se puso la casa en orden, señora presidenta; eso es lo que pasó en esta rendición de cuentas con este nuevo Gobierno: se puso la casa en orden.

En lo sanitario y en lo social, como dijo la señora ministra, todo lo necesario, y así fue.

Es una rendición que gracias al buen manejo de los recursos públicos termina siendo incremental, porque esta rendición de cuentas también es incremental, se incrementa aún más el gasto. ¿Y en qué se incrementa el gasto? En lo social: USD 50:000.000 para la primera infancia por año, o sea, USD 200:000.000.

Creo que la cobertura en educación inicial se va a expandir en cantidad y en calidad. Se va a ofrecer respuesta a corto plazo a embarazadas y a niños de cero a tres años; transferencias covid de acompañamiento a través de un programa de teleasistencia llevado a cabo por Uruguay Crece Contigo; integración social y urbana en contextos en los que se concentra la pobreza infantil y atención focalizada de ASSE en aspectos nutricionales y habilidades físicas. Y con esos USD 50:000.000 también se va a profundizar la articulación entre los principales programas e instituciones vinculados a la primera infancia: Mides, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ASSE, INAU, OPP, MEF y ANEP.

Se invierte –y es incremental– en el empleo, porque hay que poner el foco en una herramienta que ya existía. ¡Sí, USD 8:000.000 en una herramienta que no estaba funcionando! Ahora se mejora para dar más y mejor empleo a los que lo necesitan. ¿Quiénes son? Los jóvenes, los mayores de cuarenta y cinco años, las mujeres y las personas con discapacidad. Y se hace con una herramienta que ya existía, sí, pero que no estaba funcionando.

También es incremental porque hay una fuerte inversión en algo que fue un compromiso de campaña de este Gobierno: la inversión en los asentamientos. Después me detendré y hablaré de los asentamientos, pero la realidad marca que en el Uruguay hay 200.000 personas viviendo en asentamientos.

Asimismo, en la Cámara de Representantes se incrementa –porque fuimos eco de muchos reclamos que nos han hecho– $ 50:000.000 más por año para la Udelar, $ 500.000 para la Jutep y $ 4:500.000 para el MEC. A su vez, en el Senado se incrementa para la Secretaría Nacional del Deporte $ 20:000.000 más por año para infraestructura en el interior del país; para la Udelar, $ 50:000.000 más por año para la plataforma y para becas; para la UTEC, $ 60:000.000 más por año; para la Jutep, $ 520.000 más por año; para las Fuerzas Armadas en la frontera, $ 88:000.000 por año; para ASSE, $ 18:000.000 más por año, porque se había creado el programa de médicos del interior pero no se le había dado los fondos, y ahora están acá. En el Ministerio de Ambiente, $ 30:000.000 más por año, en el Instituto Nacional de Colonización $ 660:000.000 más por año. Además, se destinarán para el Censo General Agropecuario aproximadamente USD 3:000.000. Se ha venido incrementando el presupuesto en los sectores en los que más se necesita.

En este contexto de emergencia sanitaria –que se asumió y en el que se está administrando– se ha venido invirtiendo en todo lo que se necesita: test de PCR, camas de CTI, descentralización de las camas de CTI, respiradores, camas, vacunas, etcétera. No faltó absolutamente nada, y ningún usuario de ASSE quedó sin atender en esta pandemia. Se han tomado medidas en el Mides, se ha apoyado a las mipymes, se han extendido los subsidios de desempleo, se han dado préstamos blandos para los más afectados. Ha sido un Estado presente y nunca faltó nada de lo que se necesitaba; nunca faltó un peso para pagar sueldos, jubilaciones ni pensiones.

Creo que gracias a todos los uruguayos y bajo el concepto de la libertad responsable, el manejo de la pandemia ha sido muy bueno, ¡muy bueno!, aunque desde el Frente Amplio se pretenda trasmitir todo lo contrario. Aquí se ha dicho que la política sanitaria ha sido un fracaso, que el manejo de la pandemia también ha sido un fracaso, y que la realidad no se puede ocultar, por lo que a veces pienso si no estaré tan fanatizado que solo yo veo que el manejo de la pandemia ha sido bueno. Es más: en setiembre se publicó el resultado de una encuesta sobre el porcentaje de aceptación de la población en el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. En general, el 83 % de la población dijo que se manejó bien o muy bien. El 94 % de los votantes de la coalición considera que se manejó bien o muy bien, y dentro de los votantes del Frente Amplio, el 70 % cree que se manejó bien o muy bien. O sea que tan equivocados no estábamos, y se ve que los señores senadores del Frente Amplio están un poco fanatizados con ver el fracaso de la política sanitaria durante la pandemia.

Quiero hacer algunos comentarios sobre el informe elaborado por la bancada del Frente Amplio de la Cámara de Representantes acerca de la rendición de cuentas. Allí se dice: «Las medidas tomadas para controlar la pandemia en 2020 tuvieron en cuenta las recomendaciones formuladas por el Grupo Asesor Científico Honorario en base a la mejor evidencia científica disponible». ¿De dónde salió el Grupo Asesor Científico Honorario, señora presidenta? ¿De dónde salió? ¿Creció de un repollo? Salió de la convocatoria del presidente a los científicos para integrarse al enfrentamiento de la pandemia. ¡De ahí salió, señora presidenta! Por lo que se dice, parecería que el grupo ya estaba funcionando y que el presidente les dijo que se arrimaran porque estábamos complicados. Fue el presidente, el Poder Ejecutivo, el que solicitó que se formara ese grupo; gracias a él se formó el Grupo Asesor Científico Honorario, al que hoy le hacemos un homenaje un día sí y otro también, ¡que bien merecido lo tiene! ¡De ahí fue que salió!

Después, lo que dice de la vacunación es muy cómico: «A partir de allí, la historia es conocida: con una vacunación recién iniciada en marzo de 2021, el país vivió una de las emergencias sanitarias más duras y prolongadas del mundo entre los meses de marzo y junio de este año. Afortunadamente –sigue el informe–, durante las últimas semanas, producto del efecto de la masiva vacunación de la población (basada en la infraestructura sanitaria existente…», entonces, mejoró la situación. ¡Miren qué bien! Ahora, ¿quién consiguió las vacunas para que todos los uruguayos pudieran vacunarse? Fue la gente… afortunadamente… porque estaban los vacunatorios abiertos. ¡Pero, por favor, hay que tener un poquito de humildad y de autocrítica!

En lo que respecta al ajuste fiscal, ya contestó hasta la propia ministra que no hubo ningún ajuste fiscal. Se aumentó el gasto y aumentó el déficit; no hubo ningún ajuste fiscal.

En otra parte del informe se dice que al Frente Amplio le preocupa la proliferación de fideicomisos. Como ya dijo el senador Botana, ¡41 fideicomisos votó el Frente Amplio! Que vayan a Canelones que lo inventaron: tienen nueve, hasta el año 2036 vamos a estar pagando fideicomisos. Orsi decía en la campaña que tenía superávit, y cuando terminó la campaña tuvo que pedir por favor que se votara un fideicomiso porque si no, no podían hacer obras. Ah, pero al Frente Amplio le preocupa la proliferación de fideicomisos.

Se mantuvo el grado inversor, señora presidenta, que era muy importante y beneficioso para todos los uruguayos y las finanzas públicas. Había dieciocho países en perspectiva amarilla y Uruguay fue el único que logró evitar la pérdida del grado inversor. En cuanto al riesgo país, Uruguay es de los mejores del mundo entre los países emergentes.

Ni que hablar que la política de vacunación fue la principal política económica de este Gobierno.

¿Que el empleo hay que mejorarlo? Es verdad, y ya dijimos que debemos trabajar mucho en ese tema. Se mejoró al alza la proyección en esta rendición de cuentas. Se había dicho que iba a haber alrededor de 38.000 empleos y hubo una corrección al alza del equipo económico en la propia rendición de cuentas de 45.000 nuevos empleos para este 2021. El ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que la tasa de desempleo registró una mejora importante, con un 9,5 % estimado en agosto, una baja de 1 % con respecto al mes anterior, y 0,5 % por encima del promedio de 2019. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística informó que aumentó la tasa de actividad a 61,8 %, y la de empleo está en 55,9 %.

También hubo y va a haber en esta rendición de cuentas un aumento grande del gasto social con el compromiso asumido en la campaña electoral de hacerlo sin aumentar los impuestos.

Me gustaría hablar acerca del tema del Mides y de las políticas sociales, que creo que son bien importantes. Entre otras cosas, el señor ministro dijo en esta rendición de cuentas: «¡Vaya si se necesita un Mides fuerte a partir de esta pandemia!». Hizo una radiografía del estado de situación del ministerio y expresó en sala que el Mides tiene 64 líneas de acción, de las que solo 27 tienen un monitoreo sistemático. Insisto: solo 27 –mucho menos de la mitad– tienen un monitoreo sistemático, y de estas, solo 2 se fijan metas y objetivos; las restantes 37 no tienen líneas de acción ni monitoreo. Solo 15 de esas 64 tienen evaluaciones actuales con vigencia para la toma de decisiones. Esa es la realidad del estado de situación del Ministerio de Desarrollo Social cuando se asumió: se aumentaron las transferencias y se llevaron adelante políticas de protección social en las situaciones de vulnerabilidad.

El 11 de agosto se abrió el centro El Hornero para la atención de mujeres con niños a cargo, con 130 cupos.

Se crearon los paradores nocturnos: el 46 % de los que utilizaron los paradores nocturnos nunca habían tenido contacto con el Mides, y el 26 % hacía más de un año que no lo tenía. Quiere decir que hay un 72 % de los que utilizaron esos paradores nocturnos que estaban sin contacto con el Mides desde hacía más de un año.

Se hizo un convenio entre el Mides y ASSE, por el cual se obtuvo dos ambulancias, a fin de atender a las personas en situación de calle.

Se instalaron dos policlínicas móviles, una en Montevideo y otra en el departamento de Canelones. La verdad es que en este último departamento recorrimos algunos lugares donde nos agradecían porque nunca había llegado la mano del Estado, y a partir de estos policlínicos móviles tenían una atención. A su vez, estos funcionaron como centros de vacunación, olla a olla, barrio a barrio; se dieron más de 20.000 dosis en esos policlínicos móviles.

Se llevó adelante un exitoso operativo por la ola de frío polar, en convenio con el Ministerio del Interior. Se realizó el pasaje de la Dinali del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, algo tan simple y de sentido común que no se había hecho y que, por suerte, se concreta en esta rendición de cuentas. Ahí es donde verdaderamente tiene que estar la Dinali.

Se hizo un convenio con el Inacoop para el control de las cooperativas sociales. ¡Quién mejor que el Inacoop para controlar las cooperativas sociales! Aparte de eso se ahorran $ 22:000.000, porque se contrataba a otras organizaciones particulares para que controlaran. Se están generando alternativas para que, a través del Mides, las personas puedan superarse mediante convenios con cupos laborales vacantes en Tata y en Tienda Inglesa. Se está incentivando esto para que realmente se pueda ayudar a superarse después de tener ese vínculo directo con el Mides.

También se hicieron convenios con el INAU para personas mayores de dieciocho años con discapacidad, algo de sentido común que no se estaba haciendo y por suerte ahora se lleva a cabo.

Se está transformando el programa Uruguay Trabaja, debido a que nueve de cada diez personas no lograban mantener el empleo, y ahora se lo cambia por el programa Accesos.

Se crea la figura de empresas madrinas con descuento en aportes patronales y aparte de $ 11.300 que se les daba, ahora se dan $ 18.000.

Se lograron subsidios de alquileres a través de convenios entre el Mides y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; a su vez, se hizo un convenio con Inmujeres para dar respuesta a mujeres que sufren violencia de género, con un aumento sustantivo de 500 cupos.

Se está transformando el sistema de cuidados, señora presidenta, buscando humanizar y profesionalizar la tarea. En este sentido, de 4593 asistentes personales, 2780 no tenían formación para la tarea que estaban desarrollando. Después tenemos lo del sentido común y lo insólito: la inestabilidad jurídica que existía en ese sistema, porque cuando se rompía el vínculo laboral con el cuidador, el responsable era la persona que necesitaba tener esa atención. Y también hay que destacar la recuperación del centro Cachón.

A veces se habla del sentido social y también de números. Hay personas en lista de espera para recibir alguno de los materiales que el 10 de setiembre se encontraron en un depósito portuario. Fueron casi dos toneladas y media de productos y ayudas técnicas provenientes de tres contenedores donados en 2018, destinados a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que no cuentan con cobertura de otras instituciones. Esas ayudas técnicas llevan años guardadas en un depósito mientras hay una lista de espera en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas para acceder a este tipo de productos. ¡Y sin embargo hablan de sensibilidad social! Tengo el listado aquí, en mi poder: monitores, veintidós sillas de ruedas tipo estándar, sillas de ruedas postural adulto, etcétera. Reitero: dos toneladas y media de productos estaban en un depósito, perdidas, cuando había gente anotada en lista de espera.

Desde el Frente Amplio se dice que la decisión política del Gobierno fue priorizar lo fiscal y no lo social. La verdad es que hay que discutir con honestidad intelectual este tema. Si a nosotros nos dicen que con esos USD 140:000.000 podíamos haber hecho mucho más por la pobreza, con los USD 1.400:000.000 más que se gastaron en 2019 podían haber hecho algo más con esas 200.000 personas que vivían en asentamientos; podían haber hecho algo más con esos 300.000 pobres que aún quedaban; podían haber hecho algo más con esas 840.000 personas que se encontraban en índice de carencia crítica.
¡USD 1.400:000.000! ¿Y nos vienen a hablar de sensibilidad social, señora presidenta? ¡Por favor! Mediante la gestión de Ancap y la recapitalización, que la refundieron –USD 700:000.000–, podrían haber hecho mucho más por esta gente que lo estaba necesitando.

Es bravo hablar de sensibilidad social y que se olviden de lo que hicieron y gestionaron durante todo este tiempo, y lo que se podía haber hecho con este dinero para ayuda social.

Las transferencias sociales aumentaron un 56 % y sus beneficiarios un 40 %.

Las acciones sociales son aquellas que con el correr del tiempo las personas que las reciben las necesitan un poco menos. Esa es la prioridad del ministro y del Ministerio de Desarrollo Social. Queremos personas independientes, queremos autonomía y nos resistimos a condenarlas a la dependencia eterna del Estado que les quite independencia, autonomía y felicidad. Siempre el fin último es el bienestar social, pero una cosa es hablar de oportunidades y otra generarlas.

Se habla de los asentamientos. Por suerte se va a poner foco en los asentamientos y se va a realizar una fuerte inversión en ellos. Hay más de 600 asentamientos. En el departamento de Canelones, en los últimos diez años, de 91 pasaron a 120. Y no solamente hay que ver que muchas de las cosas que se hicieron, no se hicieron bien. Tenemos una carta de los últimos días de setiembre, de vecinos de Paso Carrasco, Canelones, que dice que, en 2015, 46 familias fueron parte del plan de realojos que abarcaba a núcleos familiares de los barrios Flor de Mayo, 18 de Mayo y Juana de América. Este plan de realojos afectaba a familias de estos barrios que habitaban en zonas inundables contra los bañados de Carrasco y se llevó adelante a través de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Canelones.

La posibilidad de salir de una zona que había sufrido varias inundaciones, en principio, significó una gran alegría para ellos, pero se fue perdiendo rápidamente. Apenas a unos meses de mudarse, uno de los bloques sufrió la voladura del techo. Los siguientes años, los defectos de la construcción y la mala calidad de los materiales han ido agravando la situación. En esas casas hay paredes internas y externas fisuradas, inundaciones, saneamiento obstruido, hierros estructurales oxidados, humedades, escaleras rajadas, etcétera. Esta gente está pidiendo una mano porque en 2015 fueron realojados, y lamentablemente hoy quizás están peor que cuando fueron realojados.

Ahora me voy a referir a ASSE. Como ya dijimos, ningún paciente de ASSE quedó sin asistencia, y es una clara muestra de que gestionando mejor se puede dar atención y servicios. Se aumentó la cantidad de ambulancias; vamos a tener el hospital del Cerro; las camas de CTI pasaron de 112 a ser 260; van a quedar los CTI de Treinta y Tres, de Las Piedras y de Colonia y, en un futuro, los habrá en Artigas y en Soriano. Se creó la Unidad Respiratoria Aguda con 65 camas y la Casa del Desarrollo de la Niñez para atender a niños y a adolescentes en Salto y en Las Piedras; asimismo, se piensa inaugurar otras en Artigas, en Rivera y en Paysandú. Se crearon las policlínicas móviles con el Mides –como ya lo dijimos–, como así también los traslados de SAME 105 y los traslados especializados. Esto lo reiterábamos cuando pedíamos los CTI para el interior del país, porque se terminaba derivando a los pacientes de Canelones a Paysandú y a Salto. No solamente eran costosas las camas, sino que también era costoso el traslado especializado. Hoy la gran mayoría de los traslados se hace directamente con recursos de ASSE.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR DA SILVA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor senador Niffouri.

SEÑOR NIFFOURI.- Gracias, señora presidenta.

Cuando se habla de los recursos, el propio presidente de ASSE dijo que en 2019 hubo un déficit de $ 1.100:000.000 y un total de $ 500:000.000 en facturas atrasadas, pero en base a la buena gestión se fueron pagando.

Se ha mejorado mucho la gestión de los medicamentos y todavía hay mucho por mejorar. Nos hacemos cargo de esto, pero se ha mejorado mucho. Aparecieron 200 kilos de medicamentos vencidos en un depósito de ASSE. ¿Hay que mejorar? Sí, son 89 unidades ejecutoras y 900 puntos de entrega. Eso es lo que complejiza la situación de los medicamentos. Tenían un stock para quince días y se está tratando de llevar a dos meses. Se ahorraron $ 100:000.000 en la compra centralizada de retrovirales. En esa compra exclusiva se ahorraron $ 100:000.000 por centralizar la compra.

Tendríamos mucho más para decir, señora presidenta, respecto a fomentar y a cuidar la industria nacional. ¡Vaya si será necesario hacerlo desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería! Por suerte podemos anunciar con alegría las licitaciones claras y transparentes que este Gobierno realizó, por la que una empresa uruguaya pudo fabricar 27.000 pares de botas para la policía. ¡Y vaya si será importante! Por suerte, en una licitación concreta –porque se comparaba un fitito con un Mercedes Benz y a veces terminaban ganando los de afuera– se priorizó la producción nacional y una fábrica de Santa Lucía, en la que mayormente trabajan mujeres, hoy está fabricando estos 27.000 pares de botas.

Señora presidenta: mucho nos quedó por decir, pero compartimos el trabajo, la gestión, y la transparencia que tiene este Gobierno al que respaldamos, y respaldamos esta rendición de cuentas.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Gracias, señora presidenta.

La idea de pedir la interrupción es no salir de lo acordado por los coordinadores de bancada en cuanto a que hoy hablen, en general, los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y en el desarrollo de estos días de tratamiento de la rendición de cuentas buscaremos los mecanismos para dar nuestros aportes quienes no la integramos. Por lo tanto, el uso de la interrupción no es otra cosa que intentar no salir de lo acordado y aprovechar estos minutos de prórroga del señor senador para verter algunos conceptos, hasta que el tiempo me lo permita, y después seguramente lo haré en el correr de la semana.

No quería dejar de intervenir hoy, primero porque vamos a votar esta rendición de cuentas por muchísimas razones positivas; segundo, porque no fue un trabajo sencillo el de la comisión –por eso lo destacamos–, el trabajo de la coalición y el de nuestros compañeros de partido, el señor senador Pablo Lanz y el señor senador Raúl Lorenzo Batlle, que nos representaron muy bien e hicieron hoy dos intervenciones perfectas con respecto a lo que nosotros pensamos como partido y como integrantes de esta coalición.

También quiero destacar muchísimo el trabajo, los aportes, el intercambio de ideas, las visitas, las idas y venidas, los teléfonos de los integrantes del Poder Ejecutivo, de las autoridades del Gobierno. Otra vez, al igual que en la LUC, al igual que en el presupuesto nacional y en varios aspectos brindaron esa disposición sin traumas para intercambiar ideas, en un manejo que nos permite hacer un trabajo importante desde el Poder Legislativo. Tan así es que hicimos modificaciones en más de un 50 % de la LUC y en más de 300 artículos del presupuesto nacional.

Después también tuvimos este trabajo de intercambio que queremos destacar para transmitir tranquilidad a los uruguayos. En esta coalición que hoy es Gobierno, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, después de quince años volvimos a tener la responsabilidad de distribuir y destinar los recursos. Tenemos compromisos electorales que la gente apoyó, respaldó y se ganó la elección. Después de quince años pasamos de estar de un lado al otro, para venir a intercambiar ideas entre nosotros, con diferencias razonables, y ver que el monto de dinero es uno solo, que si va para un lado no va para el otro.

El escenario es de esas características y lo destaco. Yo se lo decía al senador Lanz y al senador Batlle: es muchísimo mejor trabajar en exceso y tener estos problemas que la oportunidad de venir y no definir, o venir y no decidir.

Esta es una hermosa responsabilidad que nos dieron los uruguayos…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR NIFFOURI.- Le concedo otra interrupción al señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Muchas gracias.

Quería transmitir esta hermosa responsabilidad de distribuir los recursos de los uruguayos y en coalición.

Vinimos a votar la rendición de cuentas, no a hablar del pasado. A nosotros, como partido, nos gusta hablar del futuro y de lo que va a venir. Vinimos a votar esta rendición de cuentas con esa óptica y no mirando el pasado, pero tampoco esquivamos los debates del pasado.

Si en el transcurso de los días tenemos que generar los escenarios –no de futuro o de pasado–, lo vamos a hacer, porque hemos escuchado razones a las que no vemos mala intención. La señora senadora que lo manifestó comparte comisión y estoy seguro de que, realmente, le pone un énfasis, un trabajo y una responsabilidad importante a la ciencia, pero no puede decir que esta coalición no apuesta a la ciencia, porque a esta coalición la integran quienes creamos, generamos y fomentamos el Instituto Pasteur en el Gobierno del doctor Batlle. Además, no solamente puede hablar de congelamiento, ¡al Pasteur lo tenían en el freezer! Desde el 2015, con $ 160:000.000, ¡no los tocaba, los tenían congelados!

Cabe destacar que lo que no está en la rendición de cuentas, se encuentra en el presupuesto nacional. Esto no es arrancar de cero; acá hay un presupuesto nacional. Es más, para volver a apostar a la ciencia, esta coalición agregó artículos que implican un gasto de USD 7:500.000. En uno de los programas del que tanto se habló durante toda la jornada, por suerte, esos USD 7:500.000 los dirige el científico Rafael Radi. Acá venimos a hablar del futuro y eso es de lo que trata esta rendición de cuentas, que sí tiene hoja de ruta.

Señora presidenta: todas las rendiciones de cuentas son parecidas –¡todas!–, se vuelca un poco más acá o más allá, se opina de un lado o del otro, y esta tiene dos aspectos destacables por encima de todas las demás; tiene una apuesta fuerte a donde arranca la vida, al futuro, a la infancia. Esto es contundente: 50:000.000 volcados al inicio de la vida.

Por otro lado, no es verdad que estamos hablando de un contexto de colonización. Entiendo que colonización es un tema residual porque es de donde viene, donde realmente queremos generar el shock que tiene esta rendición de cuentas. Los niños, los asentamientos y la manera de generar ese shock en busca de mejorar…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR NIFFOURI.- Le concedo nuevamente una interrupción, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Voy a continuar mientras me lo permita el tiempo.

En definitiva, lo que dijimos en la campaña electoral y lo que está en el documento Compromiso por el País lo estamos cumpliendo, pero no podemos salir del contexto real de que lo hicimos en medio del dolor más grande de la historia de este país, en el que más de seis mil uruguayos perdieron la vida. ¿Quién podía haber previsto semejante circunstancia? ¡Más de seis mil compatriotas se fueron con la pandemia!

A veces nos ponemos a discutir acá y empiezo a pensar y a entender que definitivamente discutimos demasiado y terminamos representando poco si no levantamos la mira de los debates y empezamos a hablar de los grandes temas, de los porqués de los temas de la gente.

¿Por qué hay que apostar y se generan los asentamientos? Si uno busca con Google o en cualquier información oficial de diferentes organizaciones verá que hay 192.000 personas viviendo en 656 asentamientos. El 85 % no cuenta con acceso sanitario, el 33 % no tiene conexión regular al agua potable y el 41 % no cuenta con conexión regular a la energía eléctrica. ¡Esto sucede en mi país, la República Oriental del Uruguay!

De estos 656 asentamientos, 247 se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Hay 18.145 familias que habitan viviendas precarias de chapa y materiales reciclados. De todas maneras, el Banco Mundial nos pone entre los mejores países de América, pero no por esas cifras ni por esos datos o estadísticas que a veces se manejan en diferentes debates. No nos tenemos que preocupar de por qué estamos en esta rendición de cuentas –números van, números vienen, especialistas en economía no tanto, algunos sí y otros no–; estamos en la búsqueda de que los recursos lleguen en este shock que necesitamos para que miles de personas que viven en esa situación puedan salir de esos asentamientos.

Por otro lado, está la inversión en la primera infancia. ¿Sabe qué, señora presidenta? En 1987, nacieron los dos primeros CAIF y se fundaron en Salto, en el departamento en que vivo.

En aquel momento, nacía esta hermosa obra social que desde 1988 empieza a llamarse CAIF. Es otro de los grandes temas de esta rendición de cuentas; se trata de generar ese escenario no solamente para el Mides –que, como bien decían los señores senadores, tiene buenos programas–, sino para crear –desde hace más de treinta años– los dos primeros jardines maternales.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR NIFFOURI.- Le concedo otra interrupción al señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Muchas gracias.

¡Jardines maternales en 1987! Luego, en 1988, se transformarían en lo que hoy son los CAIF.

La gran apuesta es que todos los niños que nacen en los sectores más desfavorecidos puedan tener igualdad de oportunidades y recrear proyectos de vida diferentes a los del origen. Desde nuestros ideales, creemos en la movilidad social ascendente a través del trabajo y del esfuerzo de cada uno, pero esto solo se logra guiando a los niños desde la primera infancia.

Los CAIF abren oportunidades con atención a los niños, cuidados de la salud, alimentación e intervenciones en el hogar, pero también a través de Clubes de Ciencia y proyectos que promueven la capacidad de observar, de indagar y de investigar.

La atención a la infancia y a la familia de los sectores más carenciados es fundamental, por eso creemos que seguir apostando recursos y focalizarnos en apuntalar a estas familias es clave para el país que soñamos.

Señora presidenta: voy a redondear –utilizando el tiempo acordado hoy en la mañana– diciendo que nos piden que no digamos que esta rendición de cuentas es la rendición de las maravillas. Está claro que no lo es. Somos conscientes de que queda muchísimo por hacer, pero después nos mandan a leer el informe del Ministerio de Economía y Finanzas o a mirar videos para decirnos que cuando se fueron era un país de maravillas. Este país no es de maravillas, pero aquel tampoco lo era.

¡Ojalá tengamos una semana cuyo objetivo sea poder votar una herramienta más para lograr lo que eligió la gente, para que el Poder Ejecutivo y el presidente de la república tengan la rendición de cuentas aprobada y se avance en lo que se tiene que avanzar!

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la verdad es que algunos están tan fanatizados que no ven la realidad. Por momentos, pensé que escuchaba al señor representante Sebastián Andújar contestando el informe en minoría del Frente Amplio en la Cámara de Representantes.

Lo primero es lo primero: me sumo a las palabras de reconocimiento y de agradecimiento del señor senador Sánchez hacia todos los funcionarios y hacia el presidente de la comisión, señor senador Penadés. Hay que reconocer su trabajo porque ha permitido que el debate transcurriera con respeto hacia esta oposición. Lo reconozco y se lo agradezco.

Antes de iniciar mi intervención quiero hacer alguna aclaración porque hoy se han dado aquí muchas cifras, pero si queremos construir sobre políticas públicas, debemos ir a la cifra oficial.

Recién se hablaba de 656 asentamientos y de 197.000 personas. Con dolor, señora presidenta, tengo que decir que la información oficial, según el último censo de 2011, muestra que se trata de 165.000 personas. Esa es la información oficial sobre la cual hay que trabajar.

La información que hoy está en la página web del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial refiere a 620 asentamientos, mientras que el informe de Techo habla de 650. Quiero corregir la información porque quizás mañana se hable de 700 asentamientos y esto realmente nos tiene que dar mucho dolor. ¡Mucho dolor!

Señora presidenta: el marco histórico de esta rendición de cuentas es inédito, ¡sin lugar a duda! El 2020 será muy difícil de olvidar para los uruguayos. La pandemia nos marcó, nos causó mucho dolor, nos causó mucho daño a nivel familiar, nuestros hijos sufrieron muchísimo los efectos negativos, miles de uruguayos fallecieron y hubo miles de familias con dolor. Eso es verdad, pero también hay que dejar claro que será difícil de olvidar –como dijeron mis colegas senadores de la bancada del Frente Amplio– porque las acciones políticas del Gobierno no fueron desarrolladas en forma positiva y a tiempo, y eso va a marcar la huella del país hacia el futuro. ¡Hay que decirlo!

Estamos frente a una rendición de cuentas, señora presidenta, donde el Gobierno se focalizó en llevar adelante un profundo ajuste fiscal reduciendo el gasto en políticas públicas, ¡celebrándolo!; ¡celebrándolo! Se redujo el ingreso de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas, y todas estas acciones lo que hicieron fue agravar la situación económica y social y deteriorar el entramado social. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo, cerraron miles de pequeñas y medianas empresas y hoy tenemos la triste realidad de 100.000 uruguayos bajo la línea de pobreza donde 38.000 son niños, niñas y adolescentes. Esta realidad se ve, se vive porque no se tomaron medidas a tiempo y se fue a contramano de lo que indica la evidencia de cómo se debe actuar para salir de una crisis.

En este contexto, lo que al Frente Amplio le desvela profundamente es el futuro. Estamos frente a una rendición de cuentas de espaldas al futuro. No hay políticas de reactivación económica. A pesar del magro desempeño de la economía y de que no se cumplieron las metas de crecimiento, como señalaba el señor senador Olesker, con lo que sí se cumplió fue con las metas de recorte y de ajuste fiscal. ¡Se sobrecumplieron! El déficit proyectado era de 6,6 % y fue de 6,3 %, lo que significó un sobrecumplimiento de la meta fiscal. Es decir, en el año de pandemia decidieron profundizar el ajuste, más allá del diseño realizado en materia de política económica. Se podrían haber invertido USD 140:000.000 para tratar de ayudar en algunas políticas, pero no fueron por ese camino. La política económica de este equipo económico se reduce a la política fiscal y a la política monetaria, dejando afuera o con un rol subsidiario todo lo que tiene que ver con los ingresos.

El Frente Amplio desde el año pasado viene preguntando cuál es la programación macroeconómica en relación con los salarios, y no nos contestan. ¿Cuál es la proyección oficial de los salarios? No lo sabemos. ¿Cómo será el bienestar de nuestra población hacia el futuro? No lo sabemos.

Quiero hacer mención, señora presidenta, del planteo realizado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por el Instituto de Economía cuando fue invitado por nosotros. Lo primero que señalaron sus representantes es que la economía uruguaya, si bien no fue la que experimentó la mayor caída, es la que tiene la recuperación más lenta de toda la región y que la fuerte caída del producto bruto interno de 2020 podría haber sido peor aún si no hubieran estado las obras de UPM 2 y todas las obras de infraestructura conexas que están impactando en forma positiva en el 2021.

Lo segundo que señalaron los representantes del Instituto de Economía de la Universidad de la República respecto a las proyecciones de las exportaciones de bienes y servicios que se presentan en la rendición de cuentas y que se espera que tengan un gran dinamismo, es que estiman que ello no será en base a la mejora de la competitividad de los precios.

Lo tercero que señala el Instituto de Economía es que se presentan proyecciones sobre el dinamismo del consumo interno, lo cual parece aún más dudoso dada la lenta recuperación del empleo y la caída de los salarios. Nos preocupa que sectores como la construcción que vienen creciendo por las obras de UPM 2 y del Ferrocarril Central, así como por las obras conexas que tuvieron un alto impacto en el 2020 y en 2021, vayan a desaparecer luego de estos años.

Lo que preguntamos nosotros es cómo será el crecimiento para adelante, para el resto del período. Nos gustaría que nos contestara esto el equipo económico, porque no nos han dado respuesta.

Entonces, nosotros podemos afirmar con claridad y tranquilidad que la insuficiencia de las políticas públicas desarrolladas por el ajuste aplicado por el Gobierno trajo como consecuencia contracción y achicamiento de la economía, pérdida de miles de puestos de trabajo, cierre de empresas y, como dijimos, 100.000 nuevos pobres.

Podemos decir que a través de esta política económica que se está aplicando hay una concentración de la riqueza. Hay algunos datos al respecto, como hoy lo señalaron algunos de nuestros legisladores, por ejemplo la evolución de los depósitos que maneja el sistema financiero local: hablamos, a julio de este año, de USD 2.800:000.000, sin contar los depósitos en el exterior.

Mientras hay pérdida de salarios y achicamiento del mercado interno vimos otro dato, que fue el aumento de la recaudación de la DGI; a este aumento lo vimos por los tributos relacionados con las rentas al capital y al consumo suntuario de bienes.

Algunos expertos señalan que en la recaudación de un organismo tributario uno ve cuál es la orientación y cuáles son las prioridades de la política económica. Según cuánto se paga de impuestos y quiénes están pagando, se ve si hay recuperación o quiénes se están beneficiando. Y lo que se ve claramente al analizar al organismo tributario uruguayo es que hay un aumento de la recaudación en términos reales; por ejemplo, en lo que va de enero a agosto aumentó 6,5 % si comparamos con igual período del 2020, pero si comparamos con el 2019, el aumento es de 1,5 % en términos reales.

¿Al aumento de la recaudación dónde lo vemos, señora presidenta? Porque después acá se dice cualquier cosa, pero el aumento de la recaudación se ve en el Imesi –54,9 %–, mientras hay una caída en la recaudación de todos los impuestos asociados a rentas personales, al trabajo y al consumo de las familias uruguayas. El IRPF al trabajo cayó –7,6 %–; cae el IASS, el IVA interno –el que pagamos nosotros cuando vamos a consumir– y, el Imesi a los combustibles, casi 10 %. ¿Y esto qué deja en evidencia, señora presidenta? La caída es del ingreso de los hogares uruguayos. ¡Esa es la evidencia! ¡Esa es la verdad! ¡Esa es la realidad!

Por otro lado, ¿qué aumentó? Los impuestos asociados al capital, a las rentas empresariales, a la propiedad; el IRPF al capital aumentó 13,2 %; el IRAE, 1,7 %; el Imeba, 21 %, y el ITP, 22,6 %. Los datos señalados nos están diciendo que hay una política económica que beneficia a unos pocos y deja relegado al pelotón, deja relegadas a las grandes mayorías. ¡Eso nos están diciendo estos datos!

Nosotros no tenemos temor, señora presidenta, lo decimos: estamos frente a una rendición de cuentas que no da respuesta a las necesidades de los uruguayos y en la que se recortaron –como hoy muy bien planteaba el señor senador Olesker– más de USD 300:000.000 y, por más discurso de eficiencia que se haga, la verdad es que durante el 2020 se cortaron políticas públicas, se dejaron de hacer cosas y es imposible pensar que puede existir un ahorro en ASSE con el incremento de usuarios a causa de la pandemia. ¡Es imposible pensarlo!

Quiero leer una nota que el Sindicato Médico del Uruguay nos dejó hoy, señora presidenta. En ella se dice que siguen existiendo dificultades en la cobertura de prestaciones muy básicas, como la continuidad del stock de medicamentos, atención domiciliaria de urgencia y emergencia y acceso en tiempo razonable a consultas médicas, estudios o procedimientos, entre otras.

La nota continúa diciendo: «La crisis generada a partir de la pandemia ha provocado que miles de uruguayos y uruguayas hayan pasado a ser asistidos por ASSE. Pero este incremento en la población asistida no se verá acompañado de un incremento del presupuesto, ya que las autoridades plantean como estrategia un plan de ahorro».

(Dialogados).

–¿Me puede amparar en el uso de la palabra, señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, silencio.

Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Luego señala: «Queremos trasladarles nuestra profunda preocupación ya que esta situación de “aumento cero” en el presupuesto implicaría una grave pérdida en la calidad asistencial en ASSE, que ofrece cobertura de salud a los sectores más postergados y vulnerables de la sociedad.

También nos preocupa la difícil situación que enfrenta la Facultad de Medicina con relación al Programa UDA, que pone en peligro a la vez la calidad asistencial de ASSE y la formación de recursos humanos. Permaneceremos en alerta hasta que se reconsidere lo resuelto en la Comisión del Senado, que esperamos respete el acuerdo entre el prestador público y la facultad alcanzado en los últimos días.

Queremos promover una atención en salud manteniendo uno de los objetivos centrales de la reforma del sistema sanitario: la equidad en el acceso, en los medios y en las prestaciones para toda la población sin importar su situación y condición.

La posibilidad de revertir esta situación está en manos de ustedes, senadores y senadoras de la república».

Eso es lo que dice la nota que nos dejaron los representantes del Sindicato Médico del Uruguay, que no visitó solamente a nuestra bancada, sino a todas.

Por otra parte, la senadora Nane hacía referencia al artículo 236. Allí se está modificando el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esto nos preocupa muchísimo, porque esa ley tiene una lógica, pero esta modificación no la respeta; la hace incoherente. Esa ley ya planteaba un proceso específico ante los casos de ocupación ilegal de terrenos. Y uno no entiende, señora presidenta, cuál es la necesidad del cambio.

El proceso, lógicamente, iba por el camino de lo que llamamos la estructura ordinaria. De acuerdo con la complejidad del asunto, el Código General del Proceso define cuál es la estructura que se aplica ante esa problemática. Si se trata de cobrar un cheque, por ejemplo, la estructura es monitoria. El actor se presenta ante el juez, este hace un control, dicta una sentencia y cita de excepciones a los diez días. Pero, lógicamente, en aquellos asuntos en que el objeto del proceso tiene una complejidad mayor, hay que ir por la estructura ordinaria, que es un proceso donde se presenta el Estado, el juez cita, da un traslado de la demanda, hay treinta días para contestar la demanda y hay posibilidad de oponer excepciones.

Pero aquí se establece un proceso monitorio, es decir, ese proceso donde cuando se presenta el Estado, el juez ya dicta la sentencia. Es decir que va a tener más garantías en este país el que va a cobrar un cheque que las personas que están en una situación de vulnerabilidad social, a quienes aquí se les da seis días.

¿Por qué se va por este camino? No se entiende, señora presidenta. ¿Por qué se va por el camino de la vulneración de los derechos, de las garantías, del derecho de defensa, de la bilateralidad? Se trata de personas que muchas veces están en situación de vulnerabilidad social. Y acá se va por ese camino, de una estructura diferente, que es la estructura que se inauguró en el Uruguay con la LUC: la de los desalojos exprés o los seis días de contestación de excepciones.

¿Hay necesidad de ir por este camino? No, no la hay, señora presidenta. Hay que reflexionar sobre esto. Acelerar un proceso no puede hacerse por el lado de retacear las garantías, y acá lo que se está haciendo es retacear las garantías. Además, estas personas que están en situación de vulnerabilidad social muchas veces no pueden recurrir a un abogado, pero si lo hacen, quizás puede haber hasta un error del profesional. ¿Por qué no se fue al proceso con los plazos del Código General del Proceso, que tiende a ser el principio? ¿Por qué se innova así? Pero además estamos hablando de una técnica legislativa que algunos dicen que es brillante. Cuando el artículo de una ley tiene cinco carillas, la técnica legislativa es defectuosa, señora presidenta.

Consideramos que esta modificación en realidad no dice la verdad, porque hoy ya en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible hay una estructura que da garantías a todos. Lo que está haciendo esta modificación es esconder que atrás de esto hay un proceso de estructura monitoria, que se decreta liminarmente el desalojo con excepciones por seis días, excepciones limitadas. En el proceso de estructura monitoria del Código General del Proceso no hay excepciones limitadas, pero aquí sí. Entonces, no entendemos este tipo de excepciones. No entendemos por qué, tratándose de personas en situación de vulnerabilidad social, se va por este camino de la estructura monitoria, pero no en los plazos que establece el Código General del Proceso, sino en nuevos plazos. No tiene sentido que se recorten días para ejercer el derecho a defensa. Usan el mismo plazo de seis días, como dije, de la LUC. La celeridad de los juicios no pasa por recortar plazos.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor, señores senadores!

Puede continuar, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Decía que la celeridad de los juicios no pasa por recortar los plazos. Las personas en situación de vulnerabilidad no se van a poder defender. ¡Recortar las garantías es inconstitucional! ¡No hay que tocar el derecho a defensa! ¡No se respeta la bilateralidad! No se escucha a la otra parte, y eso es un error. Esta forma de legislar conduce a procesos jurisdiccionales autoritarios y arbitrarios. En materia de garantías procesales no se puede tocar; no es necesario. No es cierto que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible no establecía un proceso. Esto es un error; hay que reverlo.

Las situaciones de vulnerabilidad social merecen otro tipo de tratamiento y consideración. Quedamos impactados, señora presidenta, cuando vimos un artículo de cinco carillas en la sesión de la comisión el jueves de la semana pasada.

Como decía la señora senadora Nane, rechazamos el establecimiento de una responsabilidad solidaria de los Gobiernos departamentales, que tienen que hacerse cargo de los costos de los procedimientos de realojo.

Por último –con absoluta tranquilidad lo decimos desde el Frente Amplio–, esta rendición de cuentas es absolutamente insuficiente para atender la situación que atraviesa el país y por eso repetimos: es una rendición de cuentas sin futuro y de espaldas a las necesidades de los uruguayos.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Solamente quiero aclarar que lamento mucho que el Parlamento haya gastado tanto dinero en estas fotocopias coloreadas, porque esto no es lo que pedí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, señor senador, no sé de qué nos está hablando.

SEÑOR OLESKER.- Estoy hablando de lo que se repartió.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Olesker se está refiriendo a un repartido que todos los señores senadores tienen en su poder y que fue proporcionado a la Mesa por el señor senador Botana.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Yo solo dije que, de 182 países, Uruguay figura en uno de los peores lugares. Y acá se ubica a nuestro país en Europa y América. Que yo sepa, salvo que el mundo haya cambiado, además de los 70 países que figuran en el material, 192 integran la Organización Mundial de la Salud. Voy a entregar a la Mesa –en realidad ahora no puedo hacerlo porque la impresión de mi material es más complicada– un ranking de los 192 países, donde figuran los fallecidos por habitante y así se podrá ver el lugar de Uruguay. El hecho de que Uruguay esté mejor que algunos países de Europa y América es un buen dato, pero lo que dije no fue eso y lamento que se me haya respondido con una versión parcial. Yo hablé del mundo y acá se habla de 70 países, entre Europa y América. No veo el mundo, así que simplemente quiero decir que esta no es una respuesta a mi planteo.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Una sola frase, señora presidenta, para contestar una alusión.

Al intercalar dentro del total de países de América y de Europa la posición de Uruguay queda claramente demostrado que si no lo es para esa cantidad de naciones, menos lo puede ser para el total mundial.

SEÑORA PRESIDENTA.- Visto que los dos señores senadores hicieron uso de la palabra, uno para referirse al mundo y el otro a una parte de este, si el señor senador Olesker quiere incorporar su fuente, con mucho gusto la vamos a recibir y cada uno hará la interpretación que quiera de los números.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- El planteo del señor senador Olesker es muy claro y no merece duda. Los datos que presenta el señor senador Botana de cuando había 1783 muertes en Uruguay claramente no están actualizados, porque alcanza con ver que en nuestro país no hay esa cantidad de fallecidos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como la intervención no hace a la esencia de lo que estamos hablando, vamos a continuar con el tema de fondo.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Camy.

(Dialogados).

–Solicito que los señores senadores hagan silencio para poder escuchar al orador.

SEÑOR CAMY.- Según lo que establece el orden del día, estamos convocados concretamente para discutir en general y en particular el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020, y a eso nos vamos a referir.

La Constitución de la república establece, en el numeral 5.° del artículo 85 de la sección V, en lo que corresponde a la determinación de la representación del Poder Legislativo, de la Asamblea General y de las cámaras que lo componen, las competencias pertinentes, y expresa: «Aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas que presente el Poder Ejecutivo». Y este es el motivo de la convocatoria.

Hemos escuchado argumentos; de algunos nos encontramos muy distantes, pero nos comprende la totalidad de los argumentos esbozados por los señores senadores de los partidos de la coalición y es muy difícil no redundar o no caer, a esta altura del debate, en la reiteración de algunos de ellos.

Evidentemente, si la ejecución presupuestal del ejercicio 2020 es el motivo de la convocatoria, es inevitable relacionarla con la pandemia, que ha sido más que analizada y no solo en la jornada de hoy, que ha provocado convocatorias a múltiples interpelaciones a ministros que han tenido que ver de manera principal a la hora de afrontar las responsabilidades que esto supone. Evidentemente, desde los primeros días del mes de marzo del año pasado y durante todo el transcurso de la pandemia, el Gobierno ha tomado las medidas necesarias y oportunas en el plano sanitario, asegurando a la población de este país los recursos para enfrentar esta realidad, que no solo golpeó al país, sino al mundo. En el Uruguay esos recursos, ese esfuerzo, esa planificación, fueron orientados a que no faltaran respiradores, a que no faltaran test de diagnóstico, a que no faltaran equipos respiratorios ni camas de CTI las que, en realidad, se duplicaron. En este mismo ámbito, cuando vinieron los ministros de Salud Pública y de Economía y Finanzas, al ser interpelados por el tema señalaron con precisión, en aquel momento, que se habían alcanzado 1069 camas de CTI y que si se sumaban las vinculadas a los tratamientos para los pacientes agudos, totalizaban 1202. Estábamos lejos de aquellas premoniciones iniciales que señalaban que iba a colapsar el sistema de CTI del país. Tampoco faltaron vacunas. Llegaron en tiempo y en forma. Llegaron las requeridas y las mejores, y estuvieron a disposición de toda la población, con seguridad, con certeza, con un plan nacional que posibilitó estar segundos en eficiencia en materia de vacunación, después de Chile, a pesar de que Uruguay comenzó a vacunar el 1.º de marzo, mientras Argentina empezó en diciembre de 2020, Bolivia en enero de este año, Brasil el 17 de enero y Perú en febrero. Por tanto, desde el 2020 y durante todo este año, en Uruguay existió la certeza, la tranquilidad, de que no iban a faltar los recursos económicos en una situación que en el plano internacional estaba pautada precisamente por lo contrario: la incertidumbre. Para eso el Gobierno implementó una política de gasto público que permitió ahorros a nivel del gasto estructural o permanente para dedicar los recursos, o para dirigir el gasto, a la atención transitoria de esa emergencia sanitaria que nos golpeó tan duramente. Obviamente, fue clave, fue determinante, el respaldo que significó al respecto la creación del Fondo Solidario COVID 19, que sancionáramos mediante la Ley n. º 19874, en este ámbito.

También se entendió necesario –y me parece importante señalarlo, o reiterarlo, aunque ha sido puesto de manifiesto– contar con el mejor asesoramiento científico, que fue de las principales decisiones que tomó el Gobierno de la república en esa convocatoria. A partir de aquel recordado 16 de abril del pasado año se instala oficialmente el Grupo Asesor Científico Honorario y hay que destacar el compromiso y la calidad con que la ciencia del país asumió su rol de manera protagónica.

Estamos hablando de una situación que sufrió el país en el 2020, con los coletazos que hoy vivimos, signados principalmente por este episodio sanitario. Si se ha escuchado el devenir de esta discusión, creo que es evidente que con criterio de perfección se ha ido alternando, una vez sí y otra no, el juicio subjetivo sobre esta situación, dependiendo de a qué bancada pertenecía el señor senador que hacía uso de la palabra, pero hay algunas consideraciones que son objetivas y son las que resumíamos. Creo que fue el senador Niffouri que apelaba a la objetividad de las mediciones de opinión pública. Incluso cuando esa opinión se medía según definiciones ciertas de pertenencia político-partidaria, surgía como un común denominador –en altísimos porcentajes– la apreciación de la responsabilidad, del compromiso, del buen manejo que tuvo el Gobierno de la república en este tema. Esto trasunta la tranquilidad, la certeza, la seguridad que sintió la población –que sentimos– de que en Uruguay no iban a faltar los recursos para las cosas que había que priorizar en esa instancia.

En el marco de este análisis de la ejecución presupuestal, de cómo se ejecutaron estos recursos, surgen definiciones que también se han señalado y que están muy bien esquematizadas en el material tan vasto que se nos alcanzó, que fue el prólogo de los números concretos de esta rendición de cuentas. Consagra el cumplimiento de lo que hace un año, en esta misma sala, discutíamos como presupuesto quinquenal, como la madre de las normas, como la ley que pautaba el camino de cinco años. Es ineludible que tengamos que retrotraernos a dicho presupuesto, precisamente en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución, para aprobar o desaprobar las cuentas del Poder Ejecutivo.

Un presupuesto tiene que ser responsable y esta es una rendición de cuentas sensata, porque las cuentas fiscales del país deben encaminarse hacia una sostenibilidad a lo largo del tiempo como condición indispensable para hacer sustentable toda política pública, y muy particularmente todas las políticas sociales. Y esta rendición de cuentas lo es.

Este proyecto de ley de rendición de cuentas, señora presidenta, es justo, es equitativo. Las políticas públicas también tienen que ser abarcativas de toda la sociedad, alcanzar a toda la sociedad, teniendo preferencia singular por los más vulnerables. En ese sentido, las políticas públicas fueron dirigidas a los más vulnerables. En este contexto tan especial que vivimos a días de haber asumido este Gobierno, debe destacarse como un logro principal el mayor alcance de las políticas sociales. Las transferencias sociales se incrementaron en un 56 % en términos reales y la cantidad de personas beneficiarias aumentó en un 40 %. El senador Botana las precisaba: 840.000 en forma directa y más de 1:000.000 si vamos al alcance indirecto.

El pasado año se invirtieron USD 144:000.000 más respecto al 2019 en los programas Mides, asignaciones familiares y Tarjeta Uruguay Social. A eso se le suma la extensión del seguro de desempleo, la flexibilización del seguro de paro, la creación del desempleo parcial. Muchas cosas las votamos por unanimidad. Esa es la seña del alcance mayor, de la amplificación del alcance social que hemos tenido.

Todo esto se dio en un contexto que podríamos ilustrar cabalmente si hacemos referencia a la rendición de cuentas del 2019, que tuvo un déficit de USD 2.400:000.000, y a la del 2020, cuyo déficit fue de USD 3.200:000.000. Es decir que hubo USD 800:000.000 más de déficit, y ahí calza perfectamente el fondo covid. ¡Es un fondo covid! Y en ese marco de mayor población vulnerable, de una herencia fiscal complicada, asumimos la situación.

También es un proyecto de rendición de cuentas tonificador, dinamizador, que robustece la actividad económica, porque ha logrado incrementar la inversión. Se generó un clima, se promovieron acciones y se definieron políticas públicas; hubo una determinación del Gobierno de estimular la inversión privada, fundamentalmente a través de medidas de orden fiscal. Eso logró que estas medidas fueran efectivas, lo que se puso de manifiesto en distintos aspectos, como, por ejemplo, en la cantidad de proyectos que se presentaron en la Comap –Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones–, en el incremento de proyectos de viviendas promovidas de interés social o, como se dijo también aquí, en el aumento de la inversión extranjera directa, que creció un 43 % en el 2020 –cifra que no se registraba desde el 2012–, en un marco de descenso en América Latina.

Sabemos que dinamizar la inversión es un aspecto clave y central para promover empleo; es algo sustancial y básico. Por tanto, esta rendición de cuentas tiene que ver con ese concepto de dinamizar la economía.

También es una rendición de cuentas congruente, porque las políticas públicas deben estar coordinadas; me refiero a la política fiscal, monetaria y de ingresos. Esta es una de las claves para el cumplimiento de los objetivos que se han ido reseñando.

En consecuencia, cuando analizamos la inflación que se proyectó y vemos que se cumplió con lo que estaba previsto en el marco de la ley de presupuesto –esto es rendición de cuentas y es inevitable referirse a lo que se proyectó–, hay un dato efectivo. En la misma línea, podríamos mencionar el mercado laboral, que evolucionó conforme a lo que se había exhibido como marco proyectado en cuanto a la retracción del empleo. Eso está en la exposición de motivos de este proyecto de ley y se suma a las características que me parece central destacar.

También se aludió a la transparencia –creo que fue el senador Lanz–; es transparente, como no puede ser de otra manera, pero entendemos importante destacarlo.

Si bien en el ámbito parlamentario siempre existe la tentación de ingresar en la discusión, en el intercambio, en el adjetivo, en el poner un énfasis o en el contestar, tenemos que circunscribirnos a la ejecución presupuestal. Pero esta instancia también es propicia –y este proyecto de ley lo presenta– para generar la posibilidad de proyectar, más allá de lo que se evalúa como ejecutado, y ahí queremos destacar algunas cosas concretas.

Me parece que el Plan de Dignidad Laboral que se pretende impulsar para que las personas privadas de libertad que decidan incorporarse al amparo de esta normativa aporten un único impuesto como contrapartida del trabajo desarrollado en los centros penitenciarios es algo muy importante, inédito, que podrá hacerse mediante la modalidad unipersonal o colectiva. Precisamente, esto se establece con la finalidad de fomentar el trabajo y promover la formalización de las personas privadas de libertad, a través de emprendimientos que se introduzcan en el sistema formal de aportes con este aporte único, económicamente accesible. Este tributo será recaudado por el BPS, que dispondrá los aspectos referidos a la forma de liquidación, a la declaración y a la forma de percepción. Se establece que es un aporte progresivo, medida que me parece inteligente porque busca incentivar y fomentar el uso de estas estructuras que crea la norma, permitiendo a los sujetos comprendidos en ella comenzar a abonar el aporte con un monto bajo, que se incrementará a medida que el emprendimiento vaya madurando con el paso del tiempo.

Sobre la primera infancia ya se ha hablado, pero no es posible no ser reiterativo en un tema central porque todos sabemos –y no tengo dudas de que esto alcanza, en igual intensidad, la sensibilidad de todos quienes estamos aquí– que ahí se juega el partido. La pobreza en nuestro país tiene rostro de niños y de niñas, y por eso la asignación al Programa de Atención Integral a la Primera Infancia es de $ 2.117:000.000, aproximadamente USD 50:000.000 por año, para la adopción de una serie de medidas, algunas coyunturales y otras estructurales. Me parece que esta es una de las grandes innovaciones a destacar de este proyecto de ley de rendición de cuentas.

En el 2022 el 60 % de estos recursos serán destinados al Mides, a efectos de financiar en gran medida al denominado bono crianza, mientras que el otro 40 % será volcado al INAU, centrando la acción en el Plan CAIF, en ASSE, en la ANEP, en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y en el Ministerio de Salud Pública. En el 2023 esa ecuación se va a invertir, en tanto se procurará profundizar en estas políticas y atender los problemas más concretos en las distintas áreas.

La primera infancia, sin dudas, es una de las grandes innovaciones que tiene la presente rendición de cuentas, y la disposición del aumento significativo de los recursos habla, evidentemente, de una atención prioritaria a este sector tan afectado.

Estuve analizando algunas estadísticas de la Encuesta Continua de Hogares del 2020; el 21 % de la pobreza se establece en el tramo etario de cero a tres años, el 9 % en la población adulta y el 2 % en los mayores de sesenta y cinco años. Esto, claramente, nos interpela como sociedad. Es evidente que las políticas deben estar focalizadas allí porque es donde se juega el partido; y esto es, concretamente, con disposición de recursos y con sentido de prioridad, lo que se establece en este proyecto de ley.

En la misma línea, también se fija la creación del programa Accesos, que sustituye a Uruguay Trabaja, con una serie importante de ventajas. Como se ha señalado, las prestaciones aumentan de $ 11.444 a $ 18.000; el porcentaje de los recursos sube de 30 % o 35 % a 55 % o 60 % y se mantienen los 3000 beneficiarios. Este programa va a constar de distintas etapas; la primera será similar a la de Uruguay Trabaja en el sentido de que se recibe la prestación de forma directa y la segunda va de la mano de las empresas madrinas, como se señaló aquí, que permitirían la inserción laboral de los beneficiarios del programa. Tengamos en cuenta que en el 2018, luego de diez años de ejecución del programa Uruguay Trabaja, apenas el 8,8 % de los beneficiarios lograron permanecer más de tres meses en el trabajo.

Por otro lado, en relación con el tema de la UTEC –al que también se hizo referencia–, quiero decir que es de las cosas a la que con más orgullo, alegría, convicción y esfuerzo compartido nos dedicamos, en esa búsqueda y en ese trabajo que tal vez a veces no se ve pero que se realiza en el marco de estos cuarenta y cinco días de gran labor en la comisión. La frazada es corta; hay que priorizar en un lugar y no se puede dar si no se saca de otro; hay que reasignar, hay que transferir e, incluso, a veces, cambiar lo que votaron integrantes de nuestros partidos en la Cámara de Representantes o ir a discutir con nuestros ministros o con el Poder Ejecutivo. Y se encontraron $ 60:000.000 más que se asignan a la UTEC, lo que le va a permitir afrontar la creación de nuevas sedes y ofertas educativas, así como la finalización de cuatro carreras, algo que con gran convicción y convencimiento –creo que esto incidió en todos– nos trasladaron sus autoridades en su comparecencia ante la comisión. Ellas son: la carrera de ingeniería agroambiental, en la sede de Durazno y que va a finalizar en el 2023; las de ingeniería en biomédica e ingeniería en logística, que se llevan adelante en la sede de Fray Bentos, Río Negro, y finalizan el próximo año, y por último, la de ingeniería en control y automatización, que se lleva adelante en Rivera y finaliza también en el 2022.

Esta misma UTEC es hija de un acuerdo político en el Parlamento nacional en el 2014. Es una ley que surgió del Poder Legislativo; ¡acordada acá! En el 2014 había una sede con dos carreras y 43 alumnos. Desde el año pasado son 12 las sedes, hay 19 carreras y más de 4000 alumnos; las carreras alcanzan a 150 localidades del interior de la república, de donde proceden esos alumnos.

Se establece un proceso jurisdiccional específico –del que se habló– para la desocupación de los terrenos, dotando a las intendencias de mayores herramientas jurídicas en el rol que ya tienen de policía territorial y edificación. Dicho proceso acorta, es eficiente y constituye el primer eslabón de una cadena más larga que termina en una pretensión de acción más concreta en los asentamientos irregulares. Se cambió la redacción del artículo para hacerlo más garantista. Oportunamente vamos a fundamentar el artículo 236 porque, insisto, es más garantista. Incluso, para mí el otro era inconstitucional; tenía serias dudas en ese aspecto.

El Poder Ejecutivo va a constituir un fideicomiso que será de administración o financiero, con el objetivo de financiar los programas de integración social y urbana en los barrios en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en el acceso a la vivienda digna para compatriotas que viven en un contexto crítico. Se va a financiar –como ya sabemos– con las fuentes que de manera permanente tenía el Instituto Nacional de Colonización conforme a la Ley n.° 18876 y a la Ley n.º 18064 en las redacciones dadas por los artículos de la ley modificativa del año 2014 y, si no recuerdo mal, por el artículo 588 de la última ley de presupuesto. El Instituto Nacional de Colonización pierde esa cantidad de dinero para el propósito de procurar, de manera solidaria, desde el Estado, hacernos cargo de la manera más eficiente posible de algo que constituye una causa naturalmente nacional y que, sin duda, ha comprometido y comprendido el interés de todos los Gobiernos. No voy a venir a decir acá –¡por favor!– que un tema de esta naturaleza, que afecta a decenas de miles de compatriotas, no alcance la preocupación y la sensibilidad de algún partido democrático de mi país. Sí digo que los asentamientos irregulares han crecido de manera sostenida, progresiva, ¡preocupante! en los últimos años, y esto nos interpela. Hay que hacer algo. Pues bien, aquí se destinan recursos concretos en un fideicomiso para afectarlos a promover, a intentar, a poner el foco en la pretensión de erradicarlos, disminuirlos e incidir en esa realidad triste, lamentable y vergonzante –tal como se definió–, en que viven miles de compatriotas. Estoy seguro de que a esos miles que nos estén mirando poco le importa la discusión que podamos dar sobre si son diez asentamientos más, o menos, en qué año se formaron, o si son 160, 170 o 180. ¡A estos compatriotas les duele una realidad y están esperando que la asignación de los recursos tenga también esa prioridad!

A su vez, se asigna al Instituto Nacional de Colonización una garantía, una certeza. Lo quiero decir haciéndome responsable del tema: certeza y garantía de que va a haber recursos para la compra de tierras; el equivalente, en unidades indexadas, a aproximadamente USD 15:000.000. ¡Lo mismo que tiene hoy! Vamos a decirlo de forma fácil y concreta: la misma cantidad de dinero que hoy se destina de manera segura al Instituto Nacional de Colonización para compra de tierras, es la que estamos garantizando en las normas que abarcan el tema en este proyecto de ley. Se le agrega algo que es no solamente novedoso, sino sin parangón, algo inédito, y es que se autoriza a que el Instituto Nacional de Colonización avale la utilización de créditos sin interés, en un monto de UI 225:000.000, a efectos de subsidiar los intereses de préstamos de proyectos que presenten los colonos y que tengan como objetivo mejorar la promoción productiva, aprobado por el Plan Agropecuario o por los servicios del ente. El señor senador Botana señalaba, a modo de ejemplo, que si se manejara un plazo de cuatro años –lo que voy a decir variará en más o en menos–, los colonos recibirán USD 100:000.000, sin interés, para proyectos de promoción productiva, avalado esto por el Instituto Nacional de Colonización en la garantía y por los servicios del ente o del Plan Agropecuario en su viabilidad técnica para procesar la solicitud. Esto es algo inédito y va a facilitar el aterrizaje de este monto para 5000 colonos, arrendatarios o propietarios; serán USD 100:000.000 que van a aterrizar en el interior de la república para promover la producción.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR BOTANA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias.

Para dimensionar el monto del que estamos hablando, diré que es equivalente a los préstamos tomados durante quince años en los Gobiernos anteriores con organismos multilaterales para la ejecución de los diferentes programas que se impulsaron desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos hablando de algo de enorme importancia. Ahora no me da el tiempo para referirme a ello como debería, aunque seguramente mañana o pasado tendremos oportunidad de discutirlo durante la consideración del articulado. Quienes concebimos el Instituto Nacional de Colonización desde la plena vigencia de la Ley n.° 11029, desde el proceso colonizador que es bastante anterior a esa norma –desde 1923 en el Estado, con la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, desde 1905 en el propio Poder Ejecutivo y antes de la colonización privada–, quienes defendemos esto, lo estamos impulsando y promoviendo ¡porque también reclamamos cambios en la gestión y modernización de un organismo que tiene setenta y tres años! Si siguiera igual, sería como pretender que Antel compitiera con teléfonos a magneto. Ahora bien, me refiero al cambio defendiéndolo, asegurando su vigencia, me refiero al cambio con recursos. Desde esta banca vamos a ser infalibles, primero con los nuestros en el Instituto Nacional de Colonización, porque después que aprobemos estas normas vamos a alcanzar proyectos, ideas y planes al instituto y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque es lo que quiere el Gobierno, es lo que queremos: mejorar el organismo.

Voy a hacer una sola referencia que tiene que ver con un argumento que escuché. Tengo la expectativa de que lo relacionado con el Instituto Nacional de Colonización sea aprobado por unanimidad; tengo esa expectativa por lo que dice la norma, por lo que significa, no solo para el instituto, sino para los colonos, para los cientos de productores y sus familias de la colonia El Palmito, en Vichadero; de la colonia Wilson Ferreira, en Cerro Largo; de la colonia Frugoni y las colonias Artigas, El Chiflero y España, en Artigas; de la colonias San Javier y Luis Alberto de Herrera, en Río Negro; de la colonia Enrique Ucar, en Rivera; de las colonias McMeekan, Italia, Fernández Crespo y Franco Maglio, en San José; de la colonia Erro, en Lavalleja; de las colonias Treinta y Tres Orientales y Lavalleja, en Florida. En fin, estoy hablando de las más de 193 colonias del Uruguay que han permitido que este país, tan distinto a la región y sin estridencias, haya procesado la reforma agraria de manera silenciosa, posibilitando que hoy más de 600.000 hectáreas cobijen a más de 6000 familias. Y no es como he escuchado decir a algún técnico que hace mal la cuenta y, para fustigar al organismo, divide la cantidad de tierra colonizada entre los actuales colonos, cuando tiene que dividirla entre todos los colonos que han pasado por esas tierras durante setenta y tres años. De lo contrario, sería como cargar el costo del kilovatio a Rincón del Bonete por las áreas inundadas.

Entonces, a este gran organismo hay que defenderlo. Y yo apuesto a que estén los votos, porque soy de los que reconocen que en los últimos años a este organismo se le vertieron recursos. ¿Que tengo discrepancias en el manejo? Sí, las tengo. Pero aunque no creo que sea esta la ocasión para discutirlo, ha habido una inversión que hace que yo piense que todos los que estamos acá defendemos y queremos a ese organismo.

Voy a dar una sola respuesta. Un señor senador ha argumentado como excusa para no votar que se haya incluido la palabra «hasta» como una limitante. A mí la palabra «hasta» no me gusta, yo hubiera puesto «un monto máximo anual de», pero solo por una cuestión de técnica jurídica de redacción, no por el concepto. Pero si el tema es conceptual, quiero señalar que la Ley n.º 19438, que es la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2015 –es decir, la ley melliza de esta, porque fue la primera que vino después del proyecto quinquenal–, en su artículo 6.º, el del recorte, establece: «Abátense las asignaciones presupuestales dispuestas en la Ley n.° 19355», es decir, las de la ley presupuestal del período 2015-2020, y a continuación se detallan veintiún numerales en los que se incluyen el Sistema Nacional Integrado de Cuidados –al que se le quitan $ 40:000.000–, la ANII; el Instituto Pasteur de Montevideo, el Cudim y el Pedeciba, entre otros. El artículo dice, por ejemplo: «Autorízase al Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” a utilizar en el ejercicio 2017, un monto de hasta» –nótese que dice «hasta»– «$ 111:000.000 (ciento once millones de pesos uruguayos)».

También encontré esta expresión en el artículo 19 de esta Ley n.º 19438 –reitero: la melliza de esta en el período pasado–, en el que la partida proyectada para servicios odontológicos, guardería y otros del inciso Presidencia de la República, se limita a un importe de «hasta» siete millones de pesos uruguayos.

Y en el artículo 53 de la misma rendición de cuentas, se habilita al inciso Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a transferir hacia el Ministerio de Defensa Nacional una partida anual de «hasta» doce millones de pesos uruguayos.

Por su parte, el artículo 129 de la misma ley hace referencia a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y establece que «podrá reasignar en el grupo 0 “Servicios Personales”, hasta $ 10:400.000».

En el artículo 132 de la citada ley se establece, esta vez facultando a la Contaduría General de la Nación, a «trasponer al Fondo de Suplencias creado por el artículo 455 de la Ley n.º 15809, de 8 de abril de 1986, hasta $ 160:000.000 (ciento sesenta millones de pesos uruguayos)».

Y en el artículo 133 se procede igual, pues se habla de «hasta» quince millones de pesos uruguayos.

También me fui a la otra ley de presupuesto, la del período 2015-2019, y le sumé las anteriores, como por ejemplo la rendición de cuentas del ejercicio 2012, donde también dice «hasta la suma de $ 16.150:000.000». En la Ley n.º 18996 del 2011 también dice «hasta la suma de $ 85:000.000» en la autorización al Poder Ejecutivo para trasponer créditos a servicios personales. Y así continúa y puedo nombrar doce más de estos años.

Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay dos posibilidades. Si no se quiere votar el «hasta» por falta de certeza o de seguridad, hay que preguntarse: ¿antes sí se tenía? Y si se tenía, ¿por qué se ponía el «hasta»? La otra posibilidad es poner el «hasta» y no darlo, o al revés, que parece ser la sospecha.

Otra cosa que hemos encontrado, que surge de los balances del INIA de 2017 y 2019, es que al 31 de diciembre de 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas le debía al organismo USD 20:000.000 de lo que le correspondía. Según se expresa en la nota, el motivo era que la DGI demoraba más de un año en verter los fondos que recaudaba y por ley le correspondían al INIA. Apenas dos años después, la situación de este jineteo de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se agrava aún más, ya que la deuda del ministerio con el INIA saltó a USD 50:000.000, según los siguientes detalles: de rentas afectadas –es decir, del impuesto adicional del Imeba–, $ 447:676.000, equivalente a USD 12:600.000; y correspondientes al período julio-diciembre de 2019, por aportes que rentas generales debía hacer, $ 1.393:000.000, equivalentes a USD 40:000.000. Eso sucedió en dos años: de 2017 a 2019.

Continúa diciendo la nota: «El atraso en la deuda de Rentas Generales obedece a la brecha que existió en determinados períodos, entre el monto producido por el impuesto y la partida fijada quinquenalmente en pesos uruguayos otorgadas por la ley de presupuesto correspondiente». Esto quiere decir, en lenguaje simple y sencillo, que los números que correspondían al INIA, según el literal B) del artículo 16 de la Ley n.º 16065, era una cifra equis y el crédito asignado en la ley de presupuesto se lo recortaba, quedando la diferencia en el Ministerio de Economía y Finanzas para gastar.

Algo similar hay en el Inefop, que no quiero profundizar porque ya lo hicimos en comisión.

Por tanto, con el mismo espíritu con que lo hicimos en la legislatura anterior con el entonces senador Larrañaga –él desde la banca en la que hoy se sienta el senador Botana y yo en esta otra–, con la condición de que éramos oposición, quiero reivindicar que creo que ha llegado el momento de que las discusiones –que tienen que ser con pasión, porque no pueden ser de otra manera si surgen de la convicción que tenemos y de las diferencias legítimas– se centren en otras cosas, y que si nos ponemos a leer las versiones taquigráficas de las rendiciones de cuentas anteriores, no veamos que depende del lado del que estuvimos en cada instancia, y no hablo de la opinión que tuvimos, sino de los argumentos que utilizamos.

Entonces, por una cuestión de credibilidad, hemos cumplido con nuestra convicción de argumentar desde los fundamentos en los que creemos, sin adjetivos y sin alusiones, incluso en un tema que nos duele, porque creemos que lo que se está votando para el Instituto Nacional de Colonización es algo muy importante. Costó mucho encontrar los recursos porque la causa por la que se los quitaba también era muy importante, o tal vez más importante. Y hubo una coalición de partidos políticos, que es la que gobierna, que tuvo el gesto republicano de llegar a la instancia de que tres senadores nos sentáramos con el propio presidente porque teníamos alguna diferencia acerca de cómo utilizar los recursos, y logramos acordar a través del diálogo. Yo tengo la expectativa de que estén los votos para esto, pero eso no nos va a alejar de matices o de pensamientos que pueden ser diferentes en la aplicación de la herramienta, pensando de verdad en el Instituto Nacional de Colonización, para mirar para adelante, para cambiarlo, modernizarlo, ajustarlo todo lo que sea necesario y darle los recursos necesarios. Debemos tener el gesto valiente de mirar para adelante con sustantivos, no con adjetivos, para poder ponernos de acuerdo.

Francamente y con todo respeto, quiero señalar que no encuentro argumentos para no reconocer el enorme esfuerzo que se está haciendo, que va a posibilitar que se mantenga lo que se tenía y que USD 100:000.000 –insisto, USD 100:000.000–, con cero por ciento de interés, lleguen en préstamos, avalados con las garantías correspondientes del Instituto Nacional de Colonización. En el tránsito de la discusión presupuestal se fueron logrando y modificando cosas, inclusive acondicionándolas a lo que desde la oposición se decía. No caigamos en que nos gane la chiquita, porque ahí sí, indefectiblemente, va a haber barro, ya que necesariamente los argumentos serán distintos de los que deben ser.

Confío, señora presidenta, en que los votos del Senado de la república estén, como estuvieron para la UTEC y para varias cosas que surgieron acá. Y ¿sabe qué? El argumento y la garantía más fuerte para un sistema democrático y para una república no es poner un «hasta» o sacar un «hasta»; es el respaldo político del Senado, de una nación libre y una república que funcione.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero saludar el trabajo que realizaron los funcionarios de la comisión porque, como ya han dicho mis colegas, su labor es muy importante para permitir un fluido desarrollo. Y junto a ello, por supuesto, también quiero reconocer el trabajo de su presidente, el senador Penadés, en lo que fue la conducción de la comisión; corresponde y es justo hacerlo. Asimismo, es bueno consignar que los debates se pudieron realizar en los términos que debían hacerse, como también siento que viene haciéndose en esta sesión y ojalá siga siendo así en todo el tratamiento, porque uno puede confrontar ideas, propuestas, estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente hay que separar una cosa de otra.

Quiero señalar, además, que el análisis central de esta rendición de cuentas refiere al 2020, año en que el mundo –y por ende el Uruguay– se vio profundamente afectado por lo que fue la pandemia. En eso, por supuesto, va mi reconocimiento a los trabajadores de la salud –médicos, enfermeros, todos quienes han sido primera línea en este trabajo–, a los científicos, siempre olvidados, que en momentos de alta complejidad asumieron una responsabilidad más allá de las condiciones presupuestales, y por supuesto, a la Universidad de la República, que es el centro de formación de donde proviene la enorme mayoría de los científicos del Uruguay y que, además, como institución, tuvo concretas colaboraciones fundamentales que es bueno recordar. Señalo, por ejemplo, su aporte a los kits de diagnóstico. Mientras en el mundo había escasez, acá la Universidad de la República hizo su propio aporte para que el Uruguay tuviera el material suficiente para mantener el ritmo e incluso aumentarlo para el control de la covid. Insisto: fueron hechos con el esfuerzo de la Universidad de la República y con el trabajo de sus científicos.

La caracterización que hacemos de esta rendición de cuentas va en línea con las definiciones que este Gobierno ha tenido en materia presupuestal y desde el presupuesto nacional. Esta rendición de cuentas tiene un corte de ajuste fiscal integral, con recortes por una cifra aproximada a los USD 309:000.000, que se concentran, esencialmente, en políticas sociales como la educación, los recursos genuinos de salud y de seguridad, así como en políticas sociales en su conjunto.

Es una rendición de cuentas que transparenta el enfoque y la concepción de este Gobierno, es decir, que pone a un Estado en retirada, priorizando lo privado sobre lo público, en particular en los denominados por el presidente de la república como los malla oro: unos pocos selectos y poderosos. A su vez, es una rendición de cuentas que, por lo menos en algunos de los discursos, no se hace cargo de muchas situaciones ni cumple las promesas electorales del 2019. Y cuando se habla, por ejemplo, «de no hacerse cargo», se ha buscado establecer, por supuesto, una responsabilidad objetiva. Y, ¿cuál es la responsabilidad objetiva? Es claro que la pandemia impactó e impacta hasta hoy en el trabajo económico y social de cualquier Gobierno, e ignorarlo sería decir que esta realidad no la tenemos en cuenta, cuando sí se la tiene en cuenta. Ahora bien, lo que no es cierto y lo que no compartimos son las condiciones en que se dice que el Gobierno recibe el Estado para poder hacer frente a los impactos de esta pandemia.

Voy a tomar algunos de los datos que compartía el señor senador Olesker.

Si se hubiese tenido que asumir el impacto de la pandemia con los datos de 2005, yo creo que tendríamos un tsunami de lágrimas acá adentro. Por ejemplo, ¿cómo hubiese podido impactar una pandemia si hubiésemos tenido un PIB de USD 17.000:000.000 y no uno de USD 60.000:000.000, como recibió este Gobierno? ¿Cómo se hubiese respondido a la pandemia con una deuda pública equivalente al 104 % del PBI y no, como se recibió, del 67 % del PIB? ¿Cómo se hubiese asumido una pandemia con una caída del salario real de un 26 %, como ocurrió en el Gobierno del doctor Jorge Batlle, en lugar del 63 % de recuperación salarial, como se recibe ahora? Aclaro que en ese entonces el salario era de USD 80, y ahora se entregó en un orden de USD 400, con un crecimiento real, como se señalaba, de un 200 %. La tasa de desempleo era de un 13,7 %, frente a una tasa del 8,9 % con que la recibió este Gobierno. No cortamos el último mes; así cualquiera, porque hubiésemos tomado un mes determinado de los momentos más altos de la crisis de 2002, 2003 y 2004 y, obviamente, el abismo era mucho mayor. Hay que saber manejar los cortes, con honestidad intelectual, para poder comparar lo comparable. Y así se recibió el Gobierno por parte de esta Administración y ¡ni que hablar de algo que acá se ha señalado muchas veces, que es la tasa de informalidad! ¿Qué hubiese pasado si hubiese caído la pandemia –que, obviamente, cayó porque se generó en determinadas condiciones e impactó en el mundo– y el Uruguay hubiese tenido el 40 % de informalidad y no el 25 % con el cual se recibió? Y ni que hablar del abatimiento del índice de Gini, en una desigualdad que bajó del 0,46 % al 0,38 %.

Todos estos datos –vamos a citar fuentes– son oficiales, provienen del Instituto Nacional de Estadística y figuran en la página web del Gobierno, o sea que son datos contrastables. No se trata de un opinómetro, de saber qué pasó en la esquina de mi barrio ni de generar opinión simplemente a partir de impresiones. No, son datos oficiales. Por ejemplo, acá se ha puesto –y compartimos– el foco en la primera infancia. Según los datos que tenemos, en 2006 –no son datos de 2005, sino que se tomó el corte en 2006 y son los datos que tenemos acá para compartir en el Senado– los menores de seis años representaban el 53,4 %, mientras que en 2020 la cifra era del 17 %. Claro que el 17 % sigue siendo un horrible dato, pero es muchísimo menos que el 53,4 % con el que asumió el Gobierno del Frente Amplio. De menores de seis a doce años, en 2006, del 52,3 % se pasó al 16,5 %, y de trece a diecisiete años, del 44,9 % pasó al 15 %. Esos datos no son casualidad. Durante ese tiempo se revirtieron y llevaron a que esta Administración tuviera una realidad diametralmente opuesta a la que se quiere señalar con el relato. El relato quiere mostrar los números que no son y estos son los números reales a partir de los cuales empezaron a desarrollarse las políticas públicas que tuvieron en marzo el primer anuncio desde el punto de vista fiscal. Aplicando una ortodoxia neoliberal, el Gobierno priorizó esa visión y aplicó las recetas de manual. Por eso, ante la crisis económica, no hizo otra cosa más que apretar el cinturón a la gente cuando aumentó el IVA dos puntos con las compras por medios electrónicos, cuando buscó incrementar la recaudación y modificar los criterios de ajuste de los mínimos no imponibles de IRPF, cuando fijó una política de aumento de salarios inferior al 4 %, mientras la inflación general es de un 7 % o de un 8 % y cuando las tarifas públicas se incrementaron desde 2020 en porcentajes mayores a las variaciones de salarios y jubilaciones: Antel, 16 %; UTE, 15 %; OSE, 17 % y dejo para el final, por supuesto, el emblemático tema de los combustibles.

Quiero dar un dato más, porque acá a veces se señala la incidencia de determinados factores. Por ejemplo, el aumento del IVA en dos puntos o, dicho de otra manera, la no aplicación del descuento del IVA de dos puntos no comenzó una vez que se decretó la pandemia, sino que ya venía en el libreto, venía de antemano.

Voy a compartir con los señores senadores unos datos cuya fuente es el Banco Central del Uruguay. Los datos dicen así: las operaciones de tarjetas de débito en Uruguay, durante el primer semestre de este año, ascendieron a 123.473:000.000 y, al cierre de este año, alcanzarían los 300:000.000 de transacciones electrónicas. Para decirlo bien claro, el total en el primer semestre asciende a $ 148.000:000.000 que, si lo analizamos, nos da $ 300.000:000.000. Si vamos a la evolución, el total de las terminales de POS de 2014 a la fecha aumentaron un 168 % y se pasó de 30.000 a 82.000.

Vuelvo a los siguientes datos: cuando nos referimos a los 123.473:000.000 de transacciones electrónicas, ¿qué estamos diciendo? Que la enorme mayoría de los uruguayos usó su tarjeta para comprar azúcar, yerba, fideos, arroz o el comestible que fuera y en todos ellos, toda esa cantidad de veces pagó dos puntos más de IVA de lo que venía pagando antes. Por lo tanto, no es cierto que los impuestos no aumentaron. No habrán creado nuevos, no habrán aumentado la cantidad, pero bajaron los beneficios y con eso la gente aumentó su peso tributario; tuvo que pagar 2 % más de IVA toda esta cantidad de veces que hemos mencionado. Estamos hablando de un consumo cotidiano; cuando uno va al supermercado de la esquina de su casa y pasa la tarjeta por el POS, con este Gobierno está pagando más IVA de lo que pagaba antes.

Otro tanto sucede con el IRPF. Se dijo que era un impuesto al trabajo, a la clase media, a los trabajadores. ¿Qué pasó con el IRPF que era el centro del problema? No solo no cambiaron el eje que criticaban, sino que ampliaron la cantidad de gente pasible de pagar IRPF, es decir, aquello que era como el golpe mortal que el Frente Amplio había hecho para la clase media –que no era cierto– y para los trabajadores –que tampoco era cierto– ahora pasó a ser mucho más gravoso. Ese compromiso, que estuvo en todos los discursos…

(Dialogados).

–Escuché algunas conversaciones, pero no pasa nada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, vamos a amparar a quien está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- No se haga problema, señora presidenta. Yo los escuché con total atención y, si no me escuchan, no me escuchan; son cosas que pasan.

Como decía, tal vez escuchar los compromisos electorales enunciados y luego no cumplidos genera murmullos, pero en la gente genera molestia, una molestia muy grande porque, insisto, el compromiso era terminar con el IASS y no afectar a las capas medias y a los trabajadores. Sin embargo, pasado todo este tiempo, el peso fiscal sobre la gente trabajadora –la capacidad de compra, como decía el presidente– se vio sensiblemente aumentado con esta Administración.

Voy a ir redondeando para no sobreabundar en lo que mis compañeros ya señalaron y, además, porque posteriormente vamos a tener un trabajo específico en lo que hace al articulado. Quiero referirme a dos aspectos vinculados a los temas de la educación, pero solo daré los titulares porque me voy a involucrar en ellos en el debate y ahí sí voy a poder profundizar.

En esta Administración y en términos presupuestales, la ANEP tiene un recorte en inversiones, en funcionamiento, en salario y en horas de clase, y un aumento en la cantidad de alumnos por clase. Ese es el gran enfoque.

Si se habla de eficiencias, cabe afirmar que hoy, que estamos en la votación general, todavía quedan en Educación Secundaria 4547 horas sin asignar. Esto significa que, hoy en día, hay estudiantes que no tienen sus asignaturas ni a sus profesores en el aula. ¡Hoy! Ni que hablar que eran bastante más en marzo, muchas más en abril y, hasta ahora, quedan 4547 horas por asignar y aproximadamente 2800 en UTU. Agrego que hubo que hacer cuarenta veces –reitero, ¡cuarenta veces!– el llamado administrativo para cubrir las horas en Educación Secundaria. ¡Hubo que repetirlo cuarenta veces! Y repitiéndolo cuarenta veces, con 10.000 horas menos de clase y con las que sí fueron asignadas, hoy aún tenemos esa cifra en el Uruguay.

Agrego más: se anunció durante mucho tiempo –personalmente, lo comparto– que había que asignar las horas de docencia en Educación Secundaria por tres años. ¿Por qué? Por múltiples razones que ya mencionaremos cuando hablemos de educación específicamente. Con esta Administración, ¿por cuánto se hizo la elección de horas de 2020 para 2021? Por un año.

Supongamos que era el primer año que había que enfrentar una pandemia, que había una cantidad de cosas que priorizar y no pudieron organizarlo bien. Sin embargo, ahora, en 2021 para 2022, ¿por cuánto se hace la selección? ¿Por tres años, porque era fácil cambiar? ¡No! Se vuelve a hacer por un año. O sea que para el 2022, salvo en cuatro centros de estudio –hasta el día de hoy; quizá pueda cambiar en estos días–, en los Centros Educativos María Espínola, en Flores, en los que sí se elige para tres años, en la generalidad del sistema se mantiene lo mismo.

Por lo tanto, para 2022 vamos a tener el mismo sistema de asignación de horas que era tan criticado; será lo mismo que existía en 2019, cuando este era uno de los ejes claves del debate político justificadamente. Es bueno que el sistema político del Uruguay debata sobre educación porque es estratégica para el futuro de cualquier país.

Menos mal que el Uruguay tuvo políticas públicas de inclusión digital, como el Plan Ceibal. Esa herramienta, que fue símbolo del Uruguay y reconocida internacionalmente, fue utilizada en un contexto de pandemia y permitió una respuesta que hubiese sido imposible de lograr –no la tuvieron otros países en la región– si no hubiera existido. El Plan Ceibal fue sometido a una presión mucho mayor, pero contar con esa herramienta nos permitió mantener encendidas no las llamas de la economía en este caso, sino las de la educación.

Insisto en que eso fue gracias a la existencia del Plan Ceibal en el Uruguay y, por supuesto, a la conectividad.

Cierro con el tema de la educación en tres años. Por supuesto que compartimos lo que se establece como prioridad, y lo vamos a acompañar –ya lo hicimos en comisión–, en cuanto a la asignación de recursos para la primera infancia, pero ¿saben qué? Este Parlamento no va a asignar a qué inciso va cada uno de los 50:000.000; se le va a pasar el paquetito a una coordinación; está bien que coordine, pero acá quienes vamos a levantar la mano no vamos a saber cuánto le corresponde al INAU, a la ANEP o a otros incisos del Estado. ¿Por qué? Porque esto llegó a un nivel de desconcierto tal que no sabemos cómo se va a aplicar. Sí conocemos los titulares; sí conocemos el objetivo, pero la asignación no está ni va a estar en el articulado. Eso no va a poder ser votado por el Parlamento uruguayo. ¡Ojo! Hay cosas que compartimos porque está muy bien compartirlas.

Digo más: se ha dicho, y es cierto, que la política de los CAIF es de larga duración, que viene de fines de la década de los ochenta y todos estamos de acuerdo. Quiero compartir un dato: según las cifras de las páginas oficiales del Estado, hasta el 2005 había 280 CAIF donde se atendía a alrededor de 26.000 niños. Ahora bien, entre 2005 y 2020, en esos quince años se crearon 200. Ojalá el Uruguay pueda crear en las mismas proporciones. La política pública la compartimos todos; ahora bien, los esfuerzos presupuestales de poner en la economía objetivos sociales de desarrollo e inclusión, se expresan en términos presupuestales y en concreción de políticas focalizadas a quienes más lo necesitan. Tenemos datos concretos: de 1988 a 2005 es la cifra que acabo de dar; en los quince años del Gobierno del Frente Amplio es el número que acabo de señalar. Estas cifras están a disposición de todo el Senado.

Digo más: hoy todavía no nos ha sido posible determinar si una política de Estado que veníamos desarrollando en el país se va a poder completar en estos cinco años. ¿A qué voy con esto? Nosotros celebramos, como uruguayos, que el país tenía una cobertura –que fue creciendo– de cinco años. Esa fue una política pública votada y acompañada por todos los partidos. Personalmente, me tocó votarla siendo oposición. Después se fue a cuatro años; eso comenzó durante la política del doctor Jorge Batlle y culminó en los Gobiernos del Frente Amplio, en los que se llegó en tres años al 77 % de cobertura a través de la ANEP. Hasta el día de hoy –y podrán comprobarlo en la versión taquigráfica– no tenemos la respuesta de si efectivamente vamos a llegar al 100 % de los niños de hasta tres años, cuál va a ser la cobertura ni a través de qué medio. Eso no está en ningún artículo de esta rendición de cuentas. Sí está en las intenciones, sí está en los discursos, sí está en los anuncios, pero no en el articulado. Ojalá que en lo que queda de gobierno –que es bastante– podamos decir que Uruguay va a llevar en estos tres o cuatro años del 77 % al 100 % de cobertura y que, gobierne quien gobierne más adelante, todos podamos decir en determinadas áreas, con hechos concretos, que lo que decimos lo apoyamos en lo que votamos aquí.

Señora presidenta: si la señora senadora Kechichian no me va a pedir una interrupción, voy a ir cerrando con dos consideraciones.

SEÑORA KECHICHIAN.- Sí, señor senador, le solicito una interrupción.

SEÑORA MAHÍA.- Con mucho gusto le concedo la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Nos pusimos de acuerdo porque no somos un decorado, estamos acá muy presentes. Obviamente, vamos a participar. En realidad, me había propuesto participar exclusivamente en la discusión que se va a dar a partir de mañana –en el articulado de los diversos incisos, y seguramente lo vamos a hacer en las áreas en las que nos toca actuar en las diversas comisiones–, pero la reiteración insistente de muchos miembros de la coalición en torno a la situación catastrófica –palabras textuales– en que se recibió el país, en la necesidad de poner la casa en orden, en que no podíamos ser hipócritas porque nosotros habíamos hecho un despilfarro del dinero, me obliga –y aprovecho esta oportunidad de la interrupción que me concede el señor senador Mahía– a decir que el país que los Gobiernos del Frente Amplio entregaron a la nueva Administración, en primer lugar, como muy bien lo explicaba el señor senador preopinante, es incuestionablemente mejor que el que recibimos nosotros en 2004. En términos físicos, el Uruguay casi duplicó la producción de bienes y de servicios en quince años. En promedio, la economía creció más del 4 % anual y completó en un período de diecisiete años ininterrumpidos –porque había empezado el crecimiento antes de que nosotros llegáramos al Gobierno y siempre lo hemos reconocido– un ciclo sin precedentes en la historia económica nacional. Si a eso le llaman situación catastrófica, si a eso le llaman caos, si a eso le llaman despilfarro, realmente encuentro que hay una negación que no nos hace bien para analizar el Uruguay que tenemos entre manos.

Estas cifras no fueron producto del azar, sino el resultado de un conjunto de fortalezas que se construyeron internamente bajo condiciones favorables –es cierto– derivadas del aumento de precio de los productos de exportación que el país sin duda gozó durante una buena parte del período, pero también –siempre nos olvidamos de mencionarlo– en un entorno sumamente desfavorable: el cierre de puentes con Argentina durante cuatro años, los elevados precios del petróleo, la crisis permanente de Argentina y Brasil –estamos en este barrio con dos vecinos con una inestabilidad macroeconómica casi permanente–, y el impacto de la crisis financiera internacional de 2008.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR MAHÍA.- Le concedo una nueva interrupción a la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha culminado el tiempo del que disponía el señor senador Mahía.

SEÑOR ANDRADE.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 24. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias, señora presidenta.

En esos años, todos los países de la región enfrentaron el mismo escenario internacional que el Uruguay. Sin embargo, los resultados económicos y sociales fueron muy diferentes. En ese contexto, nuestro país se destaca positivamente en todas las dimensiones, particularmente, respecto a Argentina y a Brasil que, sin ninguna duda, han estado estancados en la última década porque han sufrido una crisis de gran magnitud. Los diferentes resultados observados a partir del mismo marco internacional –porque estamos en el mismo mundo– evidencian una forma muy clara y contundente del éxito de las políticas sociales y económicas llevadas adelante por el Frente Amplio.

Resulta relevante también compararnos con Chile, país que durante mucho tiempo fue puesto como un ejemplo, un modelo de buenas prácticas macroeconómicas. No voy a profundizar, pero la crisis social en la que hoy está inmerso ese queridísimo país, desde octubre de 2019, pone de manifiesto que no alcanza con asegurar los equilibrios macroeconómicos para lograr un desarrollo sostenible con justicia social.

En los últimos años y en un entorno más complejo, Uruguay continuó creciendo, es cierto que a tasas menores. En tal sentido, lo relevante es que el producto de las fortalezas construidas en Uruguay –miren lo que logramos–, un pequeño país, fue romper con la dependencia regional histórica que había tenido con respecto a nuestros vecinos, y eso determinó que el país creciera siempre al promedio de Argentina y Brasil. A su vez, el desacople que lograron las políticas de nuestros Gobiernos provocó que mientras en Argentina y Brasil el ingreso por habitante aumentaba en un 2,4 %, en Uruguay fue del 30,8 %. Es decir que el desacople que logramos como país es un hecho absolutamente resaltable e histórico.

Si aún faltaba algo, todos los organismos internacionales –quiero anunciar que para mí no son palabra santa pero, por lo que tengo entendido, todos los hemos mirado toda la vida; algunos nos gustan más y otros nos gustan menos–, unánimemente, el 19 de febrero de 2020 informaban que Uruguay se encontraba en una posición envidiable en muchos aspectos: que gozaba de estabilidad política; que poseía fortalezas en su gobernanza y en sus instituciones; que las instituciones sustentaban un alto grado de cohesión social, y que luego de una década y media de mantener un crecimiento robusto, el país contaba con un alto ingreso per cápita. Esto es lo que dice el informe del 19 de febrero de 2020 del Fondo Monetario Internacional.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor. Entiendo que son muchas horas, pero a veces es difícil poder escuchar al orador con tanto murmullo.

Puede continuar la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Ese informe también decía que el Uruguay no había desaprovechado la buena situación global del pasado. También se suma a esa opinión un buen informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

Al mismo tiempo, cuando hablan del gasto público, los organismos internacionales dejan muy claramente establecido que fortalezas y gasto público no están desvinculados, van juntos. Agregan que es importante recalcar que muchas de las fortalezas destacadas por el fondo han sido desarrolladas y respaldas por un gasto público que, entre otras cosas, sirvió para mejorar instituciones, mitigar pobreza y desigualdad, desarrollar potencialidades. ¿A eso se le llama despilfarro? Hay un gasto público muy transparente, y no solo nosotros, sino muchas otras personas consideran que el Uruguay que fue entregado en el 2020 al nuevo Gobierno no era el del despilfarro, no había una situación catastrófica ni hubo que poner en orden nada.

Es cierto que apareció la pandemia, y la verdad es que me he puesto en el lugar del oficialismo, porque los que hemos sido gobierno sabemos lo difícil que es enfrentar situaciones de este tipo y nadie podrá decir que no acompañamos con nuestro voto todas las soluciones. Pero tengo que decir fuertemente también que la conectividad del Uruguay nos permitió implementar el teletrabajo y el telestudio. A su vez, hoy decía algún señor senador que si hubiéramos tenido que enfrentar esta pandemia con los hospitales del 2004, no sé dónde estaría el Uruguay. También es cierto que todos los que estamos acá hablamos con senadores y diputados de otros países, como México, Brasil o Argentina, y nadie puede creer que Uruguay tuviera mapeada la vulnerabilidad y la pobreza y que, inmediatamente de declarada la pandemia, hayamos podido ir rápidamente a asistir a esas personas. Eso es impensable en cualquier otro país, y es una fortaleza del trabajo que el Mides había desarrollado durante muchos años y que por supuesto, desde nuestro punto de vista, hay que continuar.

Podríamos hablar de muchas otras cosas que se plantearon hoy aquí. No voy a entrar en la evaluación de la pandemia. Todos saben lo que pensamos; lo hemos conversado mucho. Creo que hay que dejar pasar un tiempo, esperar que esto baje, para que podamos analizar como país la situación, porque los científicos nos dicen que las pandemias van a seguir. Se llamará covid o se llamará de otra manera, pero esto tiene que ser un aprendizaje para el Uruguay. Creo que nosotros, una vez que baje la temperatura y que haya pasado la covid, debemos acumular la experiencia de unos y de otros sobre lo que debimos enfrentar y cómo lo hicimos. Y yo siempre digo lo mismo respecto a la experiencia del 2001, a la que hacía referencia el señor senador Batlle, porque Uruguay no venía del cero. Nuestro país venía de haber tenido que enfrentar una experiencia que nos mostró que a veces no actuar en el momento justo puede hacernos perder mucho más tiempo y puede tener un costo mucho mayor después sacar a nuestros ciudadanos de la pobreza. Y ni que hablar de los asentamientos. Eran cantegriles, y existen desde fines de 1940. Creo que el primer Gobierno herrerista ya tenía cantegriles en el Uruguay. También es cierto que en 1950 existían y que la Constitución de la república habla del derecho a la vivienda.

Hoy estaba leyendo –y les comentaba a los senadores de ese partido– que la declaración de principios del Partido Colorado habla del tema de la vivienda, y la realidad es que es un tema muy complejo –sí, es cierto– pero, como bien dijo un senador, antes del 2005 no se había realojado a nadie; entre el 2005 y el 2020, cien asentamientos fueron realojados, y desde ese momento hasta ahora ninguno ha sido realojado.

Ojalá podamos todos juntos contribuir a sacar a mucha gente que está indudablemente en una situación de vulnerabilidad muy grande, especialmente mujeres y niños, como lo hemos dicho.

También es cierto que entre el 2006 y el 2012 bajaron los asentamientos en un 8 %. No digan cifras que no sé de dónde las sacan. Además, del 2012 al 2018 –creo que el señor senador Brenta nos proporcionaba esta información– siguieron bajando. Disminuyeron mucho menos –el 1%–, pero no es que hay más, sino que hay menos. Realojamos a cien; falta muchísimo, sin ninguna duda, pero esa es la realidad.

También hoy, leyendo cosas muy viejas, del 2001, me encontré con que Lucio Cáceres, que fue ministro de Transporte y Obras Públicas, decía que el de los asentamientos era un tema de mercado.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑORA KECHICHIAN.- ¿Me permite otra interrupción, señor senador?

SEÑOR MAHÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias.

Estaba diciendo –para que se vea que este es un tema largo, duro, difícil– que el entonces ministro Cáceres afirmaba que el de los asentamientos era un tema de mercado. Y señalaba: «Un trabajador modesto que gana $ 6000 y nada más que eso, porque no tiene ni puede acceder a un crédito, se ve frente a las dos ofertas más baratas: el lote en Piedras Blancas, que vale U$S 8000 si no hay cuotas, y la pensión en la Ciudad Vieja por $ 2800. Una, es incompatible con el bolsillo; y la otra, con su imagen de vida. Solución. Busca una tierra que esté guacha» –así decía Cáceres– «y la ocupa».

Esto es de agosto del 2001, es decir, ya había una aceptación muy clara de una realidad muy difícil de afrontar. Por eso digo que es muy negador decir que no hicimos nada –como he escuchado a los gritos hoy aquí–, porque fuimos el primer Gobierno que actuó, que interactuó y que dio pasos débiles –es cierto–, pero pasos al fin, para erradicar un problema que nos debe interpelar a toda la sociedad y especialmente a los que diseñamos políticas públicas.

Muchas gracias, en especial al señor senador Mahía.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Formulo moción para que se pase a cuarto intermedio por treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 19:49).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 20:17).

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Gracias, señora presidenta.

Estamos aquí para aprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2020, un año muy particular en el cual, como todos sabemos, nuestro país y el mundo fueron sofocados por una pandemia, ante la cual quisiera que nos situáramos cronológicamente para repasar cómo apareció. Fue en diciembre de 2019 cuando China comunica a la OMS que la enfermedad había aparecido en la ciudad de Wuhan. En enero de 2020 la pandemia ya se estaba desparramando por Europa; todavía no había llegado a nuestro país. A fines de enero de ese año el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, el doctor Quian, manifestó que para nosotros esa enfermedad no era relevante, que importantes eran el dengue y el sarampión. Tan así es que en febrero de 2020, más precisamente el día 20, el país hace una donación de insumos hospitalarios a China. Ese hecho llama la atención porque, en realidad, qué podrá donar Uruguay a China que no sea testimonial. Testimonial para China, para nosotros era muy importante.

Se llega al Gobierno el 1.º de marzo. Lamentablemente, a los trece días ya aparecen los primeros focos de la pandemia. En ese momento Uruguay contaba con cien kits para realizar los controles de PCR. Esa es la realidad de cómo se recibió el Uruguay; esos son datos que considero nadie puede negar. Allí tuvimos unos días muy difíciles. Recuerdo que a las 20:00 salía la población a aplaudir al personal de la salud, a los médicos que estaban poniendo todo en la cancha.

Al mismo tiempo, el 25 de marzo, a la misma hora en que se estaba aplaudiendo en algunos barrios de Montevideo, el PIT-CNT llamaba a un caceroleo. En Malvín recuerdo ver, al lado de las piscinas de las casas y de las barbacoas, a los supuestamente del PIT-CNT caceroleando. Esa es una realidad y creo que nadie puede negarla.

A partir de ese momento comienza en Uruguay todo esa problemática, esa situación en la que vivimos tiempos realmente muy difíciles y en los que las prioridades tuvieron que cambiarse. El Gobierno no pudo enfocarse en lo que realmente pretendía. Se elige la libertad responsable y no el confinamiento obligatorio como algunos otros querían. Se llega a diciembre de 2020, momento en que se aprueban por primera vez las vacunas de Pfizer, en Inglaterra. Algunos países vecinos empezaron a recibir en forma testimonial la Sputnik V; hubo quienes lo ponían como un gran ejemplo pero, reitero, fue testimonial.

En marzo llegan las primeras vacunas a Uruguay y luego comienza un plan que nunca se detuvo. No faltó dinero para las vacunas, los PCR, las camas, los CTI ni para los respiradores; nunca faltó dinero para nada porque lo primero era la salud de la gente. Esa fue la realidad en nuestro país. Hubo una planificación ejemplar como no se ha visto en otros lugares del mundo. Se llevó adelante un plan de vacunación en el que todos tuvimos la posibilidad de agendarnos y los que así lo quisimos –porque no es obligatoria la vacunación– pudimos hacerlo.

Llega esta rendición de cuentas y la coalición republicana tiene un resultado holístico y realista de ella. Es justo decir que en la coalición republicana se escucha lo que piensan los distintos partidos. Para nosotros –Cabildo Abierto– era muy importante ocuparnos de los asentamientos sin dejar de atender la financiación del Instituto Nacional de Colonización, y por eso insistimos; luego, legisladores de otros partidos de la coalición se plegaron a Cabildo Abierto. Vieron que, en realidad, lo que solicitábamos era algo lógico, y es así como surgen en esta rendición de cuentas los $ 100:000.000 del fideicomiso, que es una financiación muy importante para los asentamientos. Se podrá discutir si bajó la cantidad de asentamientos o no. Los números dicen que es verdad, que de 2005 a 2011 bajaron un poco, pero también lo es que de 2011 a 2019 siguieron aumentando continuamente hasta que se entregó el Gobierno el 1.º de marzo de 2020 con un total de 656 asentamientos irregulares, con más de 200.000 familias viviendo de esa forma indigna. Esa es una realidad que, más allá de los números, nadie puede negar. Así se recibió el 1.º de marzo y, ante esa precariedad, no cabe más que atender ese problema como también otro que para nosotros es fundamental: la primera infancia.

Esta rendición de cuentas es responsable, seria y sensible, con una enorme cuota social para atender a los más frágiles. Por eso llegamos a este resultado holístico –que surge de las negociaciones realizadas por la coalición republicana– con esta rendición de cuentas que atiende a los más frágiles, a los niños de cero a tres años con nada menos que USD 50:000.000. Sabido es que en esa etapa es cuando a los niños más chicos se les conforma lo que posteriormente serán sus destrezas y habilidades para el mundo futuro. Si en ese momento no tienen una buena alimentación y una forma de vida digna es muy difícil que después puedan adquirir destrezas y habilidades para desarrollarse en la vida. Para nosotros es fundamental atender a la primera infancia.

Más allá de las distintas soluciones que se presentan en este caso para la primera infancia y para los asentamientos –sin desconocer la importancia que tiene, muy por el contrario–, al Instituto Nacional de Colonización no se le quita ni un solo peso, sino que simplemente se transfieren los impuestos que se reciben para el fideicomiso. En realidad, para nosotros era muy importante que al Instituto Nacional de Colonización se le siguiera atendiendo como hasta ahora. Lo que sí tiene que cambiar –y por eso algunos senadores preopinantes lo decían– es todo lo que tiene que ver con la gestión, con la compra de esas tierras y su otorgamiento, para que no se vuelva un clientelismo o una situación realmente lamentable.

Es por eso por lo que, con gran satisfacción, nosotros vamos a votar esta rendición de cuentas. Sin duda que se enfrentan dos paradigmas distintos. Hay uno que quiere más presupuesto, como si un mayor presupuesto, de por sí, ya implicara mejores resultados. Para la coalición republicana lo que importan son los resultados y, si se pueden lograr con menos presupuesto, quiere decir que somos más eficientes y eficaces. No es como se dice muchas veces, que un mayor presupuesto mejora la calidad. Esto es lo que se ha dicho, por ejemplo, en la educación; durante muchos años hemos visto que se aumentó el presupuesto y, sin embargo, la calidad no lo hizo en la proporción deseada. Es verdad que se otorgó más presupuesto –hay que reconocerlo– y, por supuesto, para distintas áreas siempre se necesita tener más presupuesto, pero lo más importante es que se obtengan los resultados esperados.

SEÑORA SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LOZANO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Gracias, señora presidenta.

Luego de más de diez horas y media de debate es difícil encontrar puntos que no se hayan discutido. Voy a intentar mencionar algunos aspectos que no se trataron.

Como bien se dijo acá, el foco en la primera infancia, para nosotros, como Partido Colorado, nos resulta de suma importancia. En 2020, mientras el 21,4 % de los niños de cero a tres años están en un hogar por debajo de la línea de pobreza, solo el 2,1 % de las personas de más de sesenta y seis años lo están. Indudablemente, esta es la infantilización de la pobreza, sobre la que tanto se ha hablado y sobre la que insistimos fuertemente.

Se habló mucho del Plan CAIF como una política de Estado. El senador Mahía hablaba de los números. Creo que un aspecto sobre el cual no se hizo hincapié y que desde el partido entendemos que debería hacerse más foco tiene que ver con el hecho de que es una de las políticas de Estado más antiguas con relación a la cooperación entre el Estado y la sociedad civil.

Cuando uno recorre los CAIF –y me tocó estar con la senadora Della Ventura el viernes pasado y con el diputado Jorge Alvear en varios CAIF de la ciudad de Canelones– se da cuenta del capital humano y de la experiencia acumulada que hay en esto de la colaboración sociedad civil-Estado, que es muy diferente en otras áreas y que sin duda tiene que potenciarse.

También creemos que, en definitiva, el Partido Colorado ha conseguido en esta cámara $ 80:000.000 adicionales, que justamente buscan universalizar la cobertura de los tres años en los centros educativos y ampliar la cobertura de los niños en uno y dos años.

Me gustaría hacer foco en la Ley de Promoción del Empleo para los sectores más vulnerables, que votamos en el mes de junio y que me tocó informar. En esta rendición de cuentas se asignaron alrededor de $ 688:000.000, que implican unos 8000 puestos de trabajo por año, con foco en las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando junto con las cámaras empresariales en relación con la inserción de los liberados del sistema penitenciario, tema que nos desvela y nos preocupa.

Se ha dicho mucho respecto a que estamos en un contexto de pandemia y me parece que no tiene mucho sentido insistir en eso. Me gustaría enfatizar que en 2020 el Mides logró duplicar los montos de la Tarjeta Uruguay Social y el Plan Equidad.

También quiero poner foco en algo que me llamó la atención cuando llegué a esta casa en el 2020. A través de un pedido de informes detectamos que había unas 500 personas con discapacidad que estaban en la órbita del INAU. Se trataba de personas adultas que estaban en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. En esta rendición de cuentas se mencionó que esas 500 personas van a pasar a la órbita del Mides, como corresponde.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR LOZANO.- Concedo otra interrupción a la señora senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI.- Quisiera mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con algunos avances que se han hecho en el Codicén y con algunos hitos. Uno tiene que ver con la alianza entre la ANEP y el Plan Ceibal. Varias de las autoridades han mencionado que antes no existían las sinergias necesarias como para que sucediera una real colaboración entre ambos organismos; hoy está mucho más aceitado. Lo mismo ocurre entre la ANEP y la Udelar. Tanto Robert Silva como Rodrigo Arim han hecho declaraciones en este sentido y, en definitiva, se han hecho coordinaciones entre los exámenes, los acompañamientos, las fechas, etcétera. Todo esto se hace para que no se pierdan los estudiantes.

En lo que tiene que ver con la reforma curricular integral, tan importante, están los doce Centros Educativos María Espínola, que tienen foco específico en el abatimiento de la inequidad, ubicados en aquellos lugares con mayores niveles de vulnerabilidad social. Se profundizó todo lo vinculado al sistema de proyección de las trayectorias educativas. También está lo que hablamos acerca de la cobertura, los niveles de tres y cuatro años, así como también las estrategias de sostenimiento del vínculo en un contexto de pandemia. Hoy sabemos que el aprendizaje es una actividad esencialmente vincular. Es muy difícil que el aprendizaje se sostenga si este vínculo no está solidificado. Indudablemente que esto implicó grandes esfuerzos en un contexto de no presencialidad.

Asimismo, en cuanto a las cifras de abandono que existen en la formación de la educación, se elaboraron pruebas diagnósticas con relación a matemáticas y lengua, justamente para ofrecer los apoyos en estas dos áreas claves que, en definitiva, son los cuellos de botella que terminan generando la deserción. Además, se hicieron grandes esfuerzos en lo que tiene que ver con niños entre seis y once años en Educación Primaria, donde tenemos este problema de los niños con extraedad.

El senador Mahía mencionó un número de horas que no habían sido asignadas. Fui a las versiones taquigráficas para poder contestar esta cifra. Es verdad que tenemos 4717 horas. Este es un problema histórico. Pero lo que se omitió mencionar es que son 4717 horas sobre un total de 324.685. O sea que estamos hablando de un 1,4­ % de horas que aún quedan por asignar.

Y para culminar, señora presidenta, yo lo que quisiera enfatizar es que, indudablemente, tenemos diferencias de visión sobre esta rendición de cuentas. Eso es evidente porque tenemos diferencias en cuanto a cuáles son los caminos para lograr lo que todos queremos, que en definitiva es un mejor país. Acá no están los buenos de un lado y los malos del otro, no están los que tienen sensibilidad social de un lado y los que no la tienen del otro, acá todos estamos queriendo lo mejor para el país y discrepando sí –sin duda– en los caminos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Simplemente, para finalizar, quiero decir que a mí lo que me preocupa, señora presidenta, con relación a este punto, es que claramente la ciudadanía, aquellos que están siguiendo este debate o los que lo están mirando en la tele probablemente vean que hoy no nos pudimos poner de acuerdo con las cifras de covid, o que hubo crispamientos, acusaciones, y en la ciudadanía hay muchos que no ven lo que también sucede acá y lo que sucedió en los últimos cuarenta y cinco días. No vieron el sentido del humor del presidente de la comisión, que nos hizo alivianar las largas jornadas cuando recibíamos a las delegaciones. En definitiva, son ahí las grandes reformas y las pendientes que tenemos como país, y solo lo vamos a lograr si estamos trabajando todos juntos. Estas oportunidades de rendición de cuentas pueden ser –o no– un acercamiento o separación para que, en definitiva, en el futuro y en los años que nos quedan por delante podamos avanzar en ese sentido.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Lozano.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: simplemente agradezco al presidente de la comisión y a todo el personal involucrado, que hicieron posible que saliera esta rendición de cuentas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Señora presidenta: nos sumamos al agradecimiento a los miembros de la comisión y a los funcionarios que trabajaron durante todo este largo período.

Queremos decir que hemos escuchado a lo largo de esta sesión intervenciones muy emotivas respecto al proceso que se desarrolló durante el 2020 que, obviamente, estuvo marcado fuertemente por el fenómeno de la pandemia y todas las consecuencias que tuvo desde el punto de vista social, económico, psicológico, etcétera.

No tenemos por qué dudar de esas intervenciones que, obviamente, están teñidas de una concepción y una mirada desde el punto de vista ideológico y también en el marco de los trabajosos acuerdos que, nos consta, la coalición de gobierno tuvo que llevar adelante para acordar las medidas necesarias a efectos de enfrentar esa situación. Para ser justo, creo que tampoco puede negarse que, tanto en esta coyuntura como en la crisis de 2002, el Frente Amplio colaboró desde su óptica en dar sostenibilidad política y social al Gobierno. La ciudadanía nos ha dado un rol, pero eso no significa que no juguemos el papel de controlar al Gobierno, señalar los errores que entendemos se han cometido y colaborar en subsanarlos, realizando una oposición firme y responsable. Estos dos roles no son incompatibles y, por lo tanto, creemos que, como en el 2002, dimos sostenibilidad –también ahora– e hicimos aportes, pero con una mirada crítica, como lo debe hacer la oposición. Además, durante todo el desarrollo de la pandemia señalamos que el país debía realizar una inversión mayor para lograr sostener la crisis social y una rápida recuperación de la economía, pero el Gobierno optó por otro camino. Lo cierto es que invirtió menos de un 1 % del producto bruto interno para sostener la situación, lo que nos ubica en el lugar 164 de 181 países, según un organismo muy respetado por el Gobierno como es el Fondo Monetario Internacional.

Como señaló el senador Lanz en su intervención, es verdad que el país tenía grandes fortalezas previas, como por ejemplo el Sistema Nacional Integrado de Salud, la investigación científica luego de la creación de la ANII y lo social, luego de quince años de crecimiento sostenido del salario real de los trabajadores y, por tanto, de los jubilados. A la vez, el Uruguay exhibe una gran fortaleza –que creo no se logra comprender– porque tiene el indicador más bajo de la informalidad de toda América y es tomado durante quince años como ejemplo por la Organización Internacional del Trabajo. Todo eso también favoreció que se realizara una menor inversión de la necesaria en esos sectores. Otros países de la región, con niveles de informalidad del entorno del 70 %, obviamente tuvieron notorias mayores dificultades para enfrentar esta coyuntura. También quiero destacar la existencia de una cultura de negociación colectiva que se había suspendido en 1990 y que se reanudó en 2005. Esa cultura de negociación colectiva y de sindicatos fuertes en el Uruguay permitieron que se priorizara el empleo y se mitigaran los gastos que hubiera generado un fuerte nivel de desempleo en el país. Por lo tanto, me parece que no desmerece a nadie reconocer los aciertos anteriores que, como señalaba la senadora Kechichian, permitieron tener un conjunto de fortalezas y que hicieron más fácil enfrentar una situación tan difícil como fue la pandemia.

Como se mencionó anteriormente, tampoco se puede negar que el Frente Amplio recibió el Gobierno en el 2005 con una situación que era mucho más grave que la de hoy. Lo dijo el senador Mahía y no lo quiero reiterar, pero había 1:000.000 de pobres, más del 40 % de informalidad –es decir, 15 % más de lo que había en 2005– y 13 % de desempleo, casi 5 % más que ahora. Aun así, durante quince años se logró una reducción muy fuerte de esos valores, llegando a registrar en 2012 la tasa de desempleo más baja que tuvo el país desde que se la contabiliza. Estamos hablando de una tasa de desempleo del 5,5 %, de un sostenido crecimiento del salario real y las jubilaciones durante esos quince años y de una fuerte disminución de la pobreza, cuyos números ya fueron mencionados.

Somos conscientes de que la llegada de la covid marcó un conjunto de desafíos muy importantes, y sabemos que la situación vinculada a la obtención de las vacunas también significó una dificultad que el Gobierno tuvo que enfrentar. De hecho, los mecanismos que promovió la OMS no funcionaron. Creo que hay que destacar el acuerdo que Uruguay estableció en 2016 con la República Popular China: un convenio de asociación estratégica que firmó el presidente chino con Tabaré Vázquez. Este acuerdo establece en su punto 3 que se hará sobre la base del respeto humano, la igualdad y el beneficio recíprocos, con miras a impulsar la relación bilateral, favoreciendo aún más su integralidad y profundización, y elevará el nivel de la cooperación en todas las áreas para jugar juntos un papel más activo en los asuntos regionales e internacionales. Es por eso por lo que, modestamente, Uruguay colaboró con China y, seguramente, tuvo un tratamiento prioritario a la hora de acceder a las vacunas de origen chino. Esta situación fue reconocida claramente por el secretario de Presidencia de la República en ocasión de reunirse, hace pocas semanas, con el embajador de la República Popular China, en relación con la promoción del acuerdo comercial.

Decíamos que la llegada de la covid planteó un conjunto de desafíos muy importantes y el Gobierno eligió llevar adelante un fuerte ajuste fiscal, a diferencia de lo que se promovía en el mundo entero y por parte de los organismos internacionales. Así también aumentó el IVA, reduciéndose la devolución por compras con tarjeta de débito, como lo señaló el senador Mahía. Además, se modificó la fórmula del cálculo del IRPF y del IASS, beneficiando a los sectores que contribuían con este tributo, y el 22 de enero aumentó el Imesi para el tabaco, las bebidas y los combustibles. A nuestro entender, estos aumentos explican el incremento de la recaudación de 0,4 % del producto bruto interno que el Gobierno presenta en la actual rendición de cuentas. Es decir que aquella frase que decía que el bolsillo de los uruguayos no aguantaba más impuestos, quedó en el recuerdo.

A su vez, se ajustó el gasto en materia de salarios públicos. Esta cifra se redujo en USD 86:000.000 de los cuales el 45 % corresponde a maestros, profesores y funcionarios de la ANEP y, aproximadamente, USD 100:000.000 de recursos para el funcionamiento de escuelas, hospitales y los CAIF, entre otros. Esto también significó una reducción del salario real del orden del 8 % para los funcionarios policiales que durante los quince años del Gobierno del Frente Amplio recuperaron un 30 % a nivel salarial. Me parece que esta diferencia es bastante notoria para medir y cuantificar el impacto que tuvo este ajuste en materia de salarios en algunos sectores del Uruguay que tienen sueldos muy bajos.

Por lo tanto, entendemos que la reducción y el ajuste fiscal que se promovió durante este período –tal como lo anunció el Frente Amplio en la discusión parlamentaria del presupuesto quinquenal– iba a enlentecer la recuperación económica pospandemia. Es así como, según datos actuales de la Cepal, este año la región crecerá en el entorno del 5,9 %, mientras que Uruguay lo hará muy por debajo de esa cifra, según las proyecciones que presentó el propio equipo económico en la rendición de cuentas.

Por lo tanto, uno puede y debe reconocer el éxito del proceso de la vacunación que llevó adelante el Gobierno, pero al mismo tiempo afirmar que la política económica fue desacertada y sus costos recayeron particularmente sobre los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad. Además, plantea duros desafíos hacia adelante en materia de recuperación de la economía, en particular, del empleo. La actual rendición de cuentas destina USD 8:000.000 a las políticas activas de empleo, lo que implica un monto, no insuficiente, sino –diría yo– algo más que insuficiente. Evidentemente, esto no va a colaborar de manera sustantiva para recuperar los niveles de los mejores años de empleo, a pesar de que en paralelo se está procesando una fuerte recuperación de las exportaciones, tanto en volumen como en precios. Para tener una idea de los niveles, al Programa Oportunidad Laboral que el Gobierno impulsó se presentaron 225.000 personas. Sobre la evolución de los salarios poco se sabe –como bien lo señalara el senador Olesker– dado que en esta rendición de cuentas no hay una proyección oficial de los salarios. Nos consta, porque se nos manifestó, que en ocasión del presupuesto quinquenal varios senadores oficialistas quisieron incluir una cláusula que estableciera que el salario real de los trabajadores públicos iba a recuperarse al final del período, pero no se logró y eso no permitió firmar un convenio colectivo con los trabajadores representados por COFE.

Por lo tanto, es claro que se ha procesado un fuerte recorte y que hay una escasa asignación de recursos. Se habla de USD 50:000.000 destinados a la primera infancia, de USD 8:000.000 para las políticas de empleo y del famoso fondo destinado a los asentamientos que se va a realizar a costa de recursos del Instituto Nacional de Colonización. No vamos a entrar en ese debate ahora; seguramente será uno de los principales temas del día de mañana, pero sí queremos dejar constancia de que mediante el Decreto n.° 90 –aprobado por el Poder Ejecutivo antes de la declaración de la emergencia sanitaria– se recortó el 15 % al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al igual que al resto de los ministerios. Por lo tanto, la cifra de $ 312:000.000 hubiera sido de mucha trascendencia para la creación y financiamiento del Fideicomiso Integración Social y Urbana que se plantea financiar ahora con recursos provenientes del Instituto Nacional de Colonización.

Con relación a la evolución del fenómeno de los asentamientos, es obvio que no es nuevo y tampoco se inició en el 2005. A propósito, recomendamos escuchar una entrevista realizada en la mañana de hoy al integrante del Observatorio Metropolitano de Montevideo, arquitecto Leonardo Altmann –promovida por la departamental del Partido Nacional, según tengo entendido–, en la cual se hace referencia con claridad a que la eclosión de los asentamientos en Uruguay se produjo entre 1985-2000. Vamos a reiterar, una vez más, que durante los quince años del Gobierno del Frente Amplio se redujeron los asentamientos un 8 % entre 2006 y 2012, y un 1,2 % entre 2012 y 2018.

Señora presidenta: para no redundar en datos y afirmaciones que fueron planteados a lo largo de este debate, queríamos dejar estas constancias, que nos permiten tener una mirada integral –a nuestro entender– de la rendición de cuentas que está a consideración del Parlamento y que seguramente en el día de mañana merecerá una discusión más en profundidad artículo por artículo.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: quiero iniciar mis palabras, como es de estilo, agradeciendo a los funcionarios del Senado y, en especial, a quienes tuvieron participación directa en el trabajo que llevamos adelante durante cuarenta y cinco días en el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. También deseo agradecer a los señores senadores de todos los partidos políticos que colaboraron en el transcurso del desarrollo normal del funcionamiento de la comisión y los comentarios que ha merecido la coordinación y conducción que tuve el honor de llevar adelante durante el análisis de este proyecto de ley.

Señora presidenta: es muy poco lo que voy a poder agregar a esta altura del partido y, por ende, voy a ser muy breve en mi intervención. No obstante, sí voy a hacer algunas consideraciones de carácter político que me parece importante resaltar.

Lo primero que quiero decir es que el Gobierno nacional tiene una mayoría parlamentaria basada en una coalición republicana y multicolor, que nuevamente demuestra al país la más absoluta serenidad que tiene en la conducción política del Estado. Una vez más, en pocos momentos se procederá a votar afirmativamente la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2020, como se hizo el año pasado con el presupuesto nacional y con una ley tan emblemática como la LUC, así como con otras leyes que han sido aprobadas desde el 15 de febrero de 2020 a la fecha. O sea que el país tiene la tranquilidad de tener un gobierno con mayorías parlamentarias, que aunque ha sufrido en forma inesperada un terremoto como el que nos tocó vivir a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo del año pasado, está llevando adelante un plan.

No obstante lo ocurrido, repito, existe una conducción inédita para la historia del país, con una coalición de cinco partidos que, discutiendo, analizando y proponiendo, hoy ofrece al país la seguridad de que la conducción de su Gobierno está en buenas manos. Y esto no es decir poco, señora presidenta, porque es lo que nos ha permitido transitar el 2020 y gran parte del 2021, en situaciones excepcionales como las que nos ha tocado vivir, con un fuerte apoyo popular. Creo que vale la pena rescatar ese hecho. Este es un Gobierno que, a pesar de todas las sentencias, veredictos y pronósticos –muchos de ellos excesivamente catastróficos–, hoy reúne de la opinión pública un grado de aceptación que debemos resaltar, ya que termina afianzando, justamente, una solidez institucional que podemos mostrar con serena tranquilidad, sin locos aspavientos ni «camiseteos» innecesarios. Es importante subrayarlo –más aún en este momento, en que estamos terminando la discusión general del proyecto de ley de rendición de cuentas– en virtud de algunas afirmaciones que hemos escuchado en el transcurso de la mañana, tarde y noche del día de hoy.

Este es un Gobierno que no solamente cuenta con mayorías parlamentarias y con gran solidez en la conducción política del Poder Ejecutivo, sino que también respeta el Estado de derecho, respeta la Constitución y respeta la separación de poderes, y además ha tenido en el transcurso de este tiempo una sólida consideración y aceptación de la opinión pública, que en algunos casos reviste carácter de histórica. El hecho de que la señora ministra de Economía y Finanzas sea de los secretarios de Estado mejor calificados por la opinión pública, junto con el señor ministro de Salud Pública, está demostrando que en la política económica que está llevando adelante el Gobierno –con sus aciertos y sus errores, incluso con sus debilidades– se reconoce el esfuerzo que se está haciendo para sacar al país de la situación económica que heredó, y que se ha visto agravada con la llegada de la pandemia, que –repito– trastocó absolutamente todos los planes que tenía previsto implementar en su primer año de gestión.

No estoy diciendo esto con la finalidad de hacer alharacas, sino de trasmitir que existe convicción en lo que estamos haciendo, y que hoy en día tiene un fuerte respaldo popular. Durará lo que tenga que durar. Aquí todos somos avezados pilotos en la tormenta y, por tanto, nadie piensa que esto es para siempre, pero hoy tenemos la serenidad y la tranquilidad de poder decir que en todos los aspectos de la vida nacional, pero también en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, la opinión pública dice que se actuó correctamente; diría más: son mucho más altos la aceptación y el apoyo que la opinión pública está brindando al Gobierno en cuanto a cómo manejó la pandemia. En el día de ayer y en el de hoy se han conocido algunas informaciones al respecto, a las que hacía referencia el señor senador Niffouri en su intervención. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, simplemente, que entendemos y nos sentimos acompañados en el camino que hemos decidido transitar, el que, por supuesto, va a tener que ameritar todo lo que tenga que ameritar de trabajo, de cambio y de introducción; la política es dinámica y mucho más lo es la política de gobierno.

Hoy en día, frente a todos los pronósticos –algunos de ellos con un dejo de catastrofismo realmente sorprendente que no se condice con la realidad–, podemos decir que llegamos a esta instancia de rendición de cuentas con la serenidad de que son muchísimos los desafíos y que es muchísimo el camino que tenemos por delante para transitar. Pero el tránsito que hemos llevado desde el 1.º de marzo de 2020 al día de hoy, 12 de octubre de 2021, nos permite decir al país que muchos de los objetivos que el Gobierno se había fijado ­–especialmente, en materia económica– fueron cumplidos. Y esta no es una novedad o una noticia que se pueda decir así como así, porque tenemos que reconocer –y mucho más quienes hace tiempo que estamos dentro de esta casa– que no era moneda corriente en el pasado. El error de los pronósticos y de los estudios que proyectaban los valores de la economía, especialmente, para el quinquenio 2015-2020, fue sistemático.

Tenemos una rendición de cuentas responsable y, fundamentalmente, sostenible. Tenemos una rendición de cuentas ecuánime, que está demostrando al país que las transferencias sociales en este clima de pandemia aumentaron un 56 % en términos reales, y que aumentó en un 40 % la cantidad de personas beneficiadas, alcanzando a más de 840.000 en forma directa y a más de 1:000.000 en forma indirecta.

Por supuesto, tenemos la necesidad de entender que la pandemia nos enfrentó a situaciones absolutamente inesperadas. La caída de la actividad turística –que es una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país– durante el 2020 trastocó la política de ingresos prevista para las arcas nacionales. En ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que a pesar de esa situación se logró o se está logrando sortear con relativo éxito los desafíos que el Gobierno tuvo que enfrentar en estos tiempos. Además, se lo hizo con proyectos que esta propia rendición de cuentas tiene y que son buenas noticias para vastas áreas de la vida nacional, que esperamos poder analizar en el día de mañana con más atención y profundidad. Todas las áreas que fue necesario reforzar con partidas –por supuesto que nunca con las deseables ni con las que nos encantaría, sino con las posibles– fueron atendidas.

Señora presidenta: lamento muchísimo tener que decir que en muchos casos de la realidad que hemos tenido que enfrentar, el Gobierno aspiraba a haber tenido –tanto en el apoyo como, fundamentalmente, en la compañía– más respaldo a la hora de adoptar decisiones. Digo esto sin perjuicio de reconocer lo que hasta parecería ser un contrasentido: que todas las medidas implementadas de carácter legislativo y que tuvieron como objetivo la atención de la pandemia fueron votadas por unanimidad. Esto lo reconocemos y lo agradecemos. Y también nos hubiera gustado insistir, porque creo que al respecto todos tenemos un gran desafío, en la solidez que tuvo el Gobierno a la hora de contar con el respaldo de toda la representación parlamentaria que existe en la Cámara de Representantes y en el Senado en el momento de la adopción de las medidas que se tuvieron que tomar para afrontar la pandemia, fundamentalmente, las económicas. Algunos siempre agregaban que eran insuficientes, aunque iban en el camino correcto.

Señora presidenta: durante todo el transcurso de la sesión se ha insistido en que la situación económica del país es vulnerable. Quiero informar que, en este último trimestre, todos los índices están mostrando que en la mayoría de las actividades nacionales ya nos encontramos por encima de lo que fue la situación del país en el 2019; y esta es una muy buena noticia. En el segundo trimestre de 2021 algunos sectores como la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios financieros alcanzaron niveles mayores a los logrados en 2019. Esa es una noticia que marca que ha comenzado un proceso de recuperación que todavía es incipiente, pero que acompañado de las medidas que ha adoptado el Gobierno nos está llevando por el buen camino. Que todos los sectores registren crecimiento respecto a los niveles del último trimestre del 2019, salvo el de la electricidad, del gas y del agua por la afectación que tuvieron producto de la gran sequía que el Uruguay ha atravesado, es una buena noticia. Y actividades como las de los profesionales, la salud, la educación, actividades inmobiliarias y otros servicios que continúan afectados o lo fueron por el altísimo nivel de reducción de la movilidad que le ha tocado vivir al Uruguay, empezaron también un proceso de recuperación altamente esperanzador.

Esperamos que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo –muchas de ellas implementadas durante esta rendición de cuentas– permitan que este proceso de recuperación continúe en el último trimestre de este año y en el 2022. Y será la instancia de la rendición de cuentas del 2022 la que nos va a poder demostrar que el camino y las certezas que el equipo económico tuvo a la hora de la proyección de los logros obtenidos durante el 2021 se podrán terminar de consolidar.

En ese sentido, no voy a distraer más la atención del Senado con datos que han sido manejados por mis colegas en forma más clara de la que lo he hecho yo, pero sí quiero insistir en que en vastas áreas de la vida nacional ya se ve una reactivación económica tremendamente alentadora que va a permitir, por ejemplo en el mercado laboral, que la situación de desempleo sea más baja que la que había en 2019 y que se generen nuevamente fuentes de trabajo. En ese sentido, ya hay algunos anuncios que nos hablan de la generación de miles de puestos de trabajo y de la reinserción en el mercado laboral de vastos sectores de la población que, lamentablemente, se habían visto afectados por la pandemia.

Es así que sin echar campanas al vuelo y haciéndonos cargo de la situación, reconocemos el altísimo esfuerzo que se ha realizado para atender las necesidades de la población –fundamentalmente de la población más vulnerable que tuvo que atravesar duros momentos durante todo el transcurso de la pandemia–, para lograr que los motores de la economía continuaran prendidos. El haber asistido en la medida en que se pudo a los sectores que se han visto más afectados producto de la situación de crisis económica que se ha vivido y entendiendo que las medidas que se han adoptado y las que se van a adoptar en el futuro van a seguir dando sus frutos, es que saludamos con satisfacción, con moderado optimismo, pero con mucho realismo, la concreción de este proyecto de ley. Y es por eso que vamos a votar afirmativamente en general el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de Representantes y modificado por el Senado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

6) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar un cuarto intermedio hasta mañana a las 09:30.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace, a las 21:05, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Gandini, Kechichian, Lanz, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Methol, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Pereyra, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti y Sartori).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño e impresión División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.