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N.º 45 - TOMO 614 - 18 DE DICIEMBRE DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

44.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y GLORIA RODRÍGUEZ Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Asuntos entrados

5), 15) y 21) Pedidos de informes

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la capacidad de nuestro sistema de salud para realizar trombectomías mecánicas.

 – Varios señores senadores solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la empresa Pure Life.

– La señora senadora Topolansky solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, relacionado con la morosidad de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado desde el 14 de marzo del corriente al día de la fecha;

- con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la morosidad en la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado desde el 14 de marzo del corriente al día de la fecha.

– El señor senador Sánchez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria, relacionado con un convenio de la Facultad de Medicina.

- con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, referente a los funcionarios de las personas públicas no estatales que estén en régimen de pase en comisión.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Exposición escrita

– El señor senador Sánchez solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con las repercusiones que la emergencia sanitaria ha tenido en el sector de actividad de los servicios de fiestas y eventos.

• Se procederá de conformidad.

7) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud del señor senador Lozano, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior.

8) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

9) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Astori, Rubio, Bonomi, Topolansky, Sartori y Kechichian.

– Quedan convocados los señores senadores Ponte, Brenta, Caggiani, Meléndez, Straneo y Canon.

10) y 16) Régimen de trabajo

– Por moción de los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz, el Senado resuelve declarar urgentes y considerar de inmediato las carpetas n.os 305/2020 y 343/2020;

– Por moción de los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz, el Senado resuelve declarar urgentes y considerar de inmediato las carpetas n.os 380/2020; 381/2020; 382/2020; 379/2020; 383/2020.

11) Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su Protocolo

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Convenio entre la República Oriental del Uruguay y Japón para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su Protocolo

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Licencias para trabajadores en seguro de paro parcial

– Por moción de los señores senadores Penadés, Lozano y Lanz, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se dispone la postergación, hasta diciembre de 2021, del goce de la licencia generada durante 2019.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Proyecto presentado

– Los señores senadores del Frente Amplio presentan un proyecto de ley por el que se adoptan medidas relativas a la salud pública con motivo de la emergencia sanitaria por covid-19.

• Pasa a la Comisión de Salud Pública.

17) Funcionamiento del Parlamento del Mercosur

– Proyecto de ley por el que se aprueba la Decisión CMC n.° 09/20.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Buque U. S. Coast Guard Cutter (USCGC) Stone

– Proyecto de ley por el que se permite su visita al puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado y otras partes de las aguas territoriales uruguayas a fines de enero de 2021.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Comisión Operantar XXXIX

– Proyecto de ley por el que se autoriza al navío polar Almirante Maximiano (H-41) y al navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel (H-44) a visitar el puerto de Montevideo.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) y 22) Derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la República

– Proyecto de ley por el que se lo reglamenta.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Grupo Asesor Científico Honorario

• Por moción de los señores senadores Asiaín, Manini Ríos, Lanz y Carrera, el Senado resuelve expresar su agradecimiento al GACH, a las autoridades sanitarias, a quienes trabajan en la salud, a los funcionarios policiales y militares y a funcionarios de Gobiernos departamentales y municipales.

24) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

« Montevideo, 16 de diciembre de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo viernes 18 de diciembre, a las 09:30, a fin de hacer cesar el receso y dar cuenta de los asuntos entrados.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Botana, Brenta, Caggiani, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lazo, Lozano, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Ponte, Sánchez, Sanguinetti, Straneo y Viera.

FALTAN: con licencia los señores senadores Astori, Bonomi, Kechichian, Rubio, Sartori y Topolansky.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑORA PRESIDENTA.- Está abierto el acto.

(Son las 09:39).

–El Senado ha sido convocado a fin de levantar el receso y dar cuenta de los asuntos entrados.

Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTOS ENTRADOS

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Son las 09:40).

«La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• relacionado con la designación del Liceo n.º 57 del departamento de Montevideo con el nombre Dr. Rodolfo Tálice.

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

• Por el que se aprueba la Decisión n.º 09/20, Funcionamiento del Parlamento del Mercosur, aprobada por el Consejo del Mercado Común el día 4 de diciembre de 2020, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• Por el que se permite al navío polar Almirante Maximiano (H-41) y al navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel (H-44) visitar el puerto de Montevideo, fecha estimada el 20 de diciembre de 2020 y entre el 23 y 28 de marzo de 2021, en el ámbito de la Comisión Operantar XXXIX;

• por el que se permite al buque U. S. Coast Guard Cutter (USCGC) Stone, de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, visitar el puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado (Punta del Este) y otras partes de las aguas territoriales uruguayas a fines de enero de 2021, con fechas aproximadas del 21 al 27 de enero de 2021.

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

• Por el que se reglamenta el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se modifica el régimen de plantación de bosques en suelos de prioridad forestal.

A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

• Por el que el Banco de Previsión Social priorizará el acceso a coberturas de prestaciones contributivas y no contributivas, de acuerdo con la legislación vigente, para enfermos terminales en cuidados paliativos.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

• Por el que se declara Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle el 19 de agosto de cada año.

A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

Asimismo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley por el que se modifica la regulación sobre la residencia fiscal.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Asuntos Internacionales remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y Japón para eliminar la doble Imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 13 de setiembre de 2019;

• por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, el 7 de junio de 2019.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social remite aprobado un proyecto de ley por el que se establecen normativas relativas al goce de licencia anual para trabajadores de la actividad privada.

REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes presentado por el señor senador Juan Sartori, relacionado con solicitudes de audiencias de conciliación unipersonales. (Asunto 148615).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR SARTORI.

El señor senador Raúl Lozano solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.° 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego y municiones. (Asunto: 147521).

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

5) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la capacidad de nuestro sistema de salud para realizar trombectomías mecánicas. (Asunto: 149283).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Los señores senadores Oscar Andrade, Graciela Barrera, Mario Bergara, Eduardo Brenta, Enrique Canon, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Graciela García, Silvia Nane, Elena Ponte y Liliana Queijo solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la empresa Pure Life. (Asunto: 149295).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Alejandro Sánchez solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con las repercusiones que la emergencia sanitaria ha tenido en el sector de actividad de los servicios de fiestas y eventos».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

7) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes del señor senador Lozano, que figura en la nómina de asuntos entrados.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del 15 de diciembre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 17 de diciembre faltó con aviso el señor senador Astori.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por razones de prevención de salud, por el día 18 de diciembre.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor José Carlos Mahía ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Elena Ponte, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

 

A través de la presente solicito al Cuerpo que me conceda licencia por el día 18 de diciembre del corriente año, al amparo de la Ley n.º 10618, literal A, por motivos de salud, ya que me encuentro dentro de la población de riesgo de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud Pública ante la pandemia de covid-19.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que la señora Adriana Barros ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Brenta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo que me conceda licencia por el día 18 de diciembre por estar incluido en los grupos de alto riesgo sanitario en la actual circunstancia.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Eduardo Bonomi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Daniel Caggiani, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por este medio solicito a usted gestione ante el Cuerpo que preside una licencia para quien suscribe para el día 18 de los corrientes por integrar uno de los grupos de más alto riesgo sanitario en la presente circunstancia.

Sin otro particular,

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Eneida de León, Yamandú Orsi, Graciela Barrera, Aníbal Pereyra, Manuela Mutti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, para el día 18 de diciembre de 2020, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alem García y Rosina Piñeyro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Straneo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por la situación extraordinaria causada por la presencia de la covid-19 y atendiendo a las recomendaciones de mi médico tratante, solicito licencia por el día 18 de diciembre, amparándome en el artículo 1.º de la Ley n.º 10618.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Liliam Kechichian. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Se comunica que la señora Silvia Listur ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Canon, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- En nombre de la bancada del Frente Amplio, solicito un cuarto intermedio de una hora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por una hora.

(Así se hace. Son las 09:46).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:50).

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Solicito un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 10:50).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión

(Son las 11:29).

10) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declaren urgentes y se consideren de inmediato las siguientes carpetas:

n.° 305/2020, proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, el 7 de junio de 2019;

n.° 343/2020, proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y Japón para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 13 de setiembre de 2019». (Firman los señores senadores Penadés, Lozano, Carrera y Lanz).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

11) CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, Y SU PROTOCOLO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el primer asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 7 de junio de 2019. (Carp. n.º 305/2020 - rep. n.º 231/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: efectivamente, acaba de votarse la declaración de urgencia para la consideración de dos carpetas análogas, que corresponden a acuerdos para evitar la doble tributación, una con Brasil y otra con Japón. Estos convenios fueron firmados el año pasado y responden a las mejores prácticas de la nueva fiscalidad internacional, que justamente apunta a la transparencia de la información y al ordenamiento de los derechos y las responsabilidades tributarias de los residentes de ambas naciones, en cada caso.

Por lo tanto, mediante esta aprobación estaríamos internalizando la normativa de un acuerdo ya firmado, que responde –repito– a una práctica integral de la política tributaria y a lo recomendado por la nueva fiscalidad internacional de la que Uruguay claramente es parte.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «ARTÍCULO ÚNICO. Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal suscrito en la ciudad de Brasilia, el 7 de junio de 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

12) CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y JAPÓN PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, Y SU PROTOCOLO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el otro asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y Japón para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 13 de setiembre de 2019. (Carp. n.º 343/2020 - rep. n.º 230/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en el mismo sentido de lo expuesto por el señor senador Bergara con relación al proyecto de ley anterior, también este es un acuerdo para eliminar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, pero en este caso con Japón.

Hay que recordar que en 2021 vamos a celebrar los cien años de relaciones comerciales con Japón, y desde la Cancillería nos anuncian que probablemente tengamos la ilustre visita del canciller japonés, de forma de poner la relación con ese país a la altura que se merece. Reitero: en 2020 se cumplen cien años de relacionamiento bilateral.

Actualmente, Japón es el mercado número treinta y cinco en materia de exportaciones y existen veintidós empresas de origen japonés con inversiones en Uruguay. Para ilustrar a los integrantes del Senado de la república, además de las empresas japonesas de carácter automotor y de autopartes que tienen vínculos con Uruguay, también están, entre otras, Agridiamond S. A. –empresa dedicada a la producción, procesamiento y exportación de arroz–, y BPU Meat, en Durazno, que hoy tiene capitales japoneses y es uno de los grandes jugadores a nivel internacional en el mercado de carnes.

Entonces, es más que oportuno que el Senado apruebe este acuerdo, de forma de demostrar al canciller japonés la voluntad de nuestro país de afianzar las relaciones diplomáticas y comerciales.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y Japón para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 13 de setiembre de 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

13) LICENCIA PARA TRABAJADORES EN SEGURO DE PARO PARCIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere en esta sesión la carpeta n.° 374/2020, proyecto de ley por el que se establecen normativas relativas al goce de licencia anual para trabajadores de la actividad privada». (Firman los señores senadores Penadés, Lozano y Lanz).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se establecen normativas relativas al goce de licencia anual por parte de trabajadores de la actividad privada. (Carp. n.º 374 / 2020 - rep. n.º 238/2020)».

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: me extrañó que no hubiera informe a favor.

Creo que es muy difícil fundamentar el proyecto de ley que se va a votar hoy. Hace pocas horas hubo una conferencia de prensa en la que el Poder Ejecutivo, el presidente de la república, planteó un conjunto de medidas para enfrentar la pandemia. Entre esas medidas se dijo que se adelantarían las licencias de los funcionarios para evitar la movilidad, y se exhortó al sector privado a que hiciera lo mismo. Insólitamente, dos días después, lo que estamos haciendo hoy –un 20 de diciembre, prácticamente a fin de año– es establecer la prórroga del derecho al goce de la licencia generada en 2019. Hay empresas que no pagaron la licencia este año –si no sería inaplicable– y cometieron una ilegalidad, porque no respetaron la ley de licencias. A algunas de esas empresas las conocemos, sabemos quiénes son sus asesores y sabemos, además, que se les prometió que se iba a presentar una iniciativa de esta naturaleza, que básicamente es una línea de crédito de los trabajadores a los empresarios. Estamos hablando de un sector que está afectado y que tuvo congelamiento de sus salarios. Suponemos que cuando se aplique de forma discrecional por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será para los sectores afectados. Entonces, el trabajador, que está tecleando, tendrá que prestar a la empresa su salario vacacional hasta 2022. Eso es lo que se está votando en sala. Hablamos de un trabajador –que pueden ser miles– que cobra el mínimo y que tuvo un año difícil; ese trabajador no tomará su licencia –y no cobrará su vacacional–, cuando el presidente hace pocos días recomendaba que en la actividad privada se hiciera lo mismo que en el sector público, es decir, adelantar las licencias. Ahora, a fin de año, se está resolviendo a tapas cerradas que la ilegalidad que cometió una empresa deja de ser ilegal, porque el proyecto establece, además, que es retroactivo a noviembre. ¡Y se va a votar!

Cuando discutimos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre este tema le dijimos que no, que debía haber garantías y que los motivos debían ser fundados, no discrecionales. Entonces, busquemos otras alternativas, porque estamos hablando de sectores que tienen dificultades –a todos nos preocupan esas dificultades–, y esto se hace sin consentimiento del trabajador.

¿Qué sucedería si estableciéramos una línea de crédito para financiar a las empresas que tuvieran dificultades para pagar la licencia y el salario vacacional, en lugar de dejar sin estos beneficios a trabajadores que pueden estar cobrando $ 20.000 por mes? Se nos dijo que, de hacerlo, se iba a anotar todo el mundo. Esas fueron las palabras textuales del ministro de Trabajo y Seguridad Social. Entonces preguntamos si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene capacidad como para resolver rigurosamente y con justicia las situaciones extremas, a lo que el señor ministro nos respondió que no los cuenta para el caso de que fuera el Estado el que financiara las circunstancias de dificultad. Pero parece que mágicamente sí los cuenta para empresas que ya lo hicieron y no pagaron la licencia a trabajadores que la generaron en 2019, con el agravante de pertenecer a los sectores afectados. Como fundamentación pública se ha establecido que es para quienes están en seguro de paro, pero no es lo que dice el proyecto de ley; no es para trabajadores que estén en seguro de paro, sino que es general.

Por otra parte, en el informe en mayoría se comete un error muy grande porque se hace referencia al Convenio Internacional del Trabajo n.° 132, que no es eso lo que fija. Tampoco el artículo 9, porque habla del fraccionamiento de la licencia. En este caso solo deja la posibilidad de los dieciocho meses para quien ya tomó una parte de la licencia de este año, pero además habla de los plazos y del consentimiento.

Creo que quien redactó esto no pisó una asamblea en su vida ni estuvo jamás en la actividad gremial. Repito: en esta fecha del año, en el último borde del año, estamos diciendo a miles de trabajadores que no van a cobrar el salario vacacional que generaron el año pasado, y hay una mayoría para votarlo. Después hay que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque no se decidieron otras medidas. Los trabajadores que ya pagaron la pandemia, muchos con desempleo claro y otros con congelamiento salarial, vuelven a ser los que pagan por la pandemia. ¿Cómo pagan ahora? Postergando su derecho a la licencia y postergando su derecho al salario vacacional. La ley de licencias se votó en 1958, junto con un paquete de normas para los trabajadores, muchas de ellas sobre derechos adquiridos. Esto se hace sin diálogo social, sin negociación colectiva, sin pensar que un elemento de tanta importancia requiere tener toda la información.

Estuvieron las autoridades –revisé las versiones taquigráficas– y no pudieron contestar de cuántos trabajadores estamos hablando. Es una decisión que hay que tomar la semana que viene, ya, en el acto, de manera inmediata, pero no tenemos un estudio que diga a cuántos trabajadores va a afectar la circunstancia de lo que se va a votar hoy, que es dejarlos sin licencia y sin salario vacacional de manera discrecional. Se trata de un derecho adquirido y se va contra su voluntad, sin consentimiento, sin el aval de los trabajadores. No sabemos a cuántos trabajadores afecta, pero sí establecemos ese criterio curioso: que los que menos tienen sean los que financian. Algunas importantes empresas de transporte ya lo hicieron. ¡Importantes, eh! No estamos hablando de un pequeño comercio, sino de empresas importantes, de las más grandes. Comunicaron a sus trabajadores que, como sabían que se iba a votar esta norma, este año no les tocaba licencia ni salario vacacional. Hoy estamos consagrando lo que algunas empresas hicieron de facto, de hecho, sin explorar otras alternativas y sin pensar que el que tiene que sufrir el gasto es justamente el trabajador. Algunos estuvieron en seguro de paro este año, padecieron el congelamiento del salario y de postre –a fin de año– se les está diciendo: «usted tampoco va a cobrar el vacacional que generó el año pasado».

Se podrá argumentar que las empresas tienen dificultades. En teoría, desde que se instaló la covid-19 hemos reclamado políticas mucho más potentes para atender las dificultades. Ese reclamo no es a la oposición, porque desde que empezaron los problemas estamos diciendo que tendría que haber un paquete de medidas mucho más fuerte para atender el tejido social, además del productivo. Acá hay medidas para atender el tejido productivo. Claro, se elige que esas medidas las paguen los trabajadores que están en los sectores de actividad más vulnerados y que ya pagaron, repito, con congelamiento salarial de seis y nueve meses como mínimo, cuando no de pérdida.

Creemos que esta es de las cosas más importantes que se van a votar hoy. Se otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de manera administrativa, la facultad de determinar quién cobra salario vacacional este año y quién no; quién tiene que financiar a la empresa con su salario vacacional de manera obligatoria, contra su voluntad. Y ni siquiera tuvo repercusión pública. Créannos que tenemos esta medida en medio de un paquete integrado por otras que van en la misma dirección, sin fundamento previo. Esto entró la semana pasada. ¿Alguien cree que es posible tratar el tema de las licencias de 2019 en la segunda quincena de diciembre de 2020? ¿Es serio tratar un proyecto que tiene esas características? Los integrantes de la comisión dijimos claramente: no es sensato que estemos tratando algo para amparar una ilegalidad. No hay forma de que estemos amparando legalidad; estamos avalando a empresas que cometieron ilegalidad, porque la licencia de 2019 ya la tendrían que haber tomado. A la empresa que cometió una ilegalidad por no pagar el salario vacacional al trabajador ni darle la licencia en tiempo y forma, le estamos diciendo que ahora es legal lo que hizo porque el Parlamento entiende que para soportar la actividad productiva no tiene que haber apoyos del Estado, sino financiamiento a través del salario vacacional y la licencia de sus trabajadores. ¿Qué nos faltaría votar arriba de esto? ¿Que no les paguen el salario durante meses, que les paguen la mitad? ¿Cuál sería el límite para tomar una decisión de este tipo? Este proyecto de ley entró esta semana, cuando ya sabíamos que estábamos construyendo ilegalidad. Y repito que conversamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre alternativas distintas, y la respuesta que nos dio fue que podría venirse un aluvión si el Estado ofrece líneas de crédito, porque no tienen cómo verificar. La pregunta que a uno le surge es lógica: si no pueden verificar para establecer otra solución que no sangre a los trabajadores más castigados del país ¿cómo es que sí lo pueden hacer para que no haya discrecionalidad y les caminen por arriba a miles de trabajadores? ¿En qué momento surge esa capacidad administrativa y operativa, si ni siquiera pudieron demostrar el universo al que afecta?

Creo que este es un proyecto de ley que surge por el lobby de algunas empresas muy potentes que pesaron y reclamaron fuertemente.

Lo que vamos a votar hoy es un nuevo retroceso. El mismo año en el que el Banco de Previsión Social definió por sí y ante sí dejar de controlar los laudos, el mismo año en el que achicamos a la mitad las multas a las empresas que falsifiquen documentación, el mismo año en el que achicamos a la mitad la posibilidad de reclamo de los trabajadores por evasión de aportes, estamos dando, además, una señal muy triste. Y repito que se está haciendo con una fundamentación jurídica sobre convenios de la OIT que nada tienen que ver con el artículo 9.° del Convenio Internacional del Trabajo n.° 132.

Entonces, en realidad, no existe informe a favor porque es muy difícil argumentar en ese sentido. No es fácil decir que nuevamente las dificultades deberán pagarlas de manera discrecional los trabajadores que están peor. Me apena que este día el Parlamento nacional esté definiendo la iniciativa de recortar el derecho a la licencia y a los salarios vacacionales.

Hay covid. Los historiadores cuentan que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la economía de guerra en Inglaterra implicaba repartir lo que había de la mejor manera. En este caso el reparto es al revés: del que menos tiene al que no tanto precisa, y con mucha discrecionalidad.

Como bancada del Frente Amplio nos apena fuertemente que estemos tratando un proyecto de estas características y de esta forma. Reitero que cuando el proyecto de ley ingresó a esta cámara ya sabíamos que amparaba una ilegalidad y esta es una señal para quienes creemos en las reglas claras de juego. ¿Qué señal damos al empresario que hizo un esfuerzo, que no quiso violar los derechos, que quiso cumplir y que pagó con dificultad la licencia y el salario vacacional? ¿Qué le conviene a ese empresario? ¿Trabajar dentro del margen o fuera de él? Esta, como otras que se han dado, es una invitación a que lo que conviene es trabajar fuera del margen; lo que conviene es no dar previsibilidad.

Hay un segundo elemento del articulado al que me quiero referir. La ley de licencias establece –¡miren lo que estamos votando para sectores en dificultad!– que cuando se pierde el jornal por razones ajenas no se puede computar para el descuento de la licencia. Esta ley establece eso con mucha claridad. Es decir, no se puede perder un día en el que se va a trabajar y no hay materiales. Cuando hay un paro o una huelga, no se computa como un día perdido. Ahora bien, cuando hay huelga sí se computa como perdido, pero no a todos los trabajadores. Para los que están con seguro especial se va a prorratear todo: el paro, la huelga y la pérdida. Ni siquiera tuvieron cuidado de aclarar en la redacción que solo se descuenten las horas que cubre el seguro especial. De igual manera estaría mal y estaríamos en contra, pero no violentaría todo.

Es tan desprolija la redacción que, además de resolver que no van a tener licencia ni salario vacacional, esos trabajadores de sectores afectados que tuvieron seguro de paro especial van a tener descuentos cuando hicieron paro. Digo esto porque no hay ninguna referencia que aclare que el prorrateo no puede incluir cuando es falta de materiales. Por ejemplo, si tenemos dos trabajadores que hicieron paro, al que no estaba en seguro de paro especial no se le va a prorratear, pero al otro sí. ¡Vaya discrecionalidad! ¿A quién estamos golpeando con esta norma? Si un trabajador tuvo problemas por falta de materiales y está en seguro de paro especial, se le va a prorratear; o sea que se le va a prorratear al que está más jodido, más embromado. Esto va en contra de lo que dice la ley de licencias y el Convenio Internacional del Trabajo n.° 132 –que es el que insólitamente cita el informe en mayoría–, que habla de cómo se tiene que gozar la licencia. Todo esto estamos votando hoy. Creo que es de los retrocesos más grandes que tenemos este año y es difícil explicarlo.

¿Que hay dificultades? Sí, las hay, pero les estamos pidiendo eso justamente a aquellos a quienes se les congelaron los salarios y a los que tuvieron que laburar salteado. Llegan las fiestas y les decimos: «Tu salario vacacional se lo vas a prestar obligatoriamente a la empresa por dos años». Eso es lo que se está votando hoy acá, y los que lo estamos votando no tenemos esas dificultades. El argumento es que siempre se puede estar peor. ¿Qué nos queda si vamos hasta el final? ¿La esclavitud? Es la licencia, el aguinaldo, el vacacional, el salario. ¿Qué nos quedaría ante la explicación de que hay dificultades? El Estado debería tener una presencia diferente para atender esos casos extraordinarios. Tendríamos que saber de cuántos estamos hablando y no habría que descargar esto de manera tan sencilla y tan simple sobre los trabajadores.

Repito, revisen las versiones taquigráficas, porque estas consultas no fueron despejadas.

Señora presienta: por estas y otras razones estamos en contra de este proyecto, que es una mala norma para el país. Es una pésima señal en materia de justicia social, en materia de diálogo social, en materia de negociación colectiva y en materia de derechos adquiridos. Creo que genera que los que están mal pasen todavía peor.

Gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- En primer lugar, para que quede constancia, quiero decir que no se pueden adjudicar intenciones. Hay distintos tipos de lobbies, así que lo vamos a dejar así.

Por otro lado, nadie dijo que no se iba a hablar a favor del proyecto. Lo que pasa es que cada uno habla cuando quiere. ¡Por suerte estamos en un régimen republicano democrático libre!

Lo que sucedió fue que yo, sin ser presidente de la comisión, ante el ingreso de este proyecto intenté que se reuniera en el día de ayer –están los mensajes de WhatsApp de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que no voy a repetir, pero son públicos; no es un mensaje de WhatsApp privado–, más allá de que antes intenté comunicarme con el senador Andrade en su calidad de presidente.

Uno parte de la base, señora presidente –lo hemos dicho varias veces y lo vamos a repetir ahora–, de que siempre existe la variable o la consideración de la variable de las situaciones de urgencia que estamos viviendo. Parece que no se entiende. Tampoco se reconoce que el Uruguay se recibió en determinadas circunstancias. Parece que no se entiende que, como dije el otro día, la ciudadanía votó en su mayoría –60 % a 40 %– por no más impuestos y no más endeudamiento externo, así que vamos tratando de sobrellevar la situación.

Hemos recibido informes de consultoras en el sentido de que hay ciertas dificultades en la economía, pero también algún repunte. Seguramente tenemos inconvenientes con el déficit fiscal, pero nos llegan informes muy interesantes al respecto. Y, como ya hemos dicho, todo esto se da en un mundo que se cayó.

Pero lo que más nos duele, señora presidente, es que se nos diga que vamos a aprobar o a discutir un proyecto de ley de esta forma, cuando quien suscribe, que no es presidente y ni siquiera vicepresidente de la comisión –también me puse en comunicación con la senadora Sanguinetti y todo está en los mensajes de WhatsApp, que tienen eso de bueno: queda todo escrito–, trató de que nos reuniéramos para buscar alguna solución. Se me contestó por parte del presidente –quien acaba de intervenir, y no es una alusión, sino un hecho objetivo de la realidad–: «No convoco a la comisión. Trátenlo como grave y urgente».

Hay un principio básico que siempre reivindico porque es muy bueno para la vida: no solamente el del sentido común, sino el de la coherencia, el de la lealtad, el de la buena fe. Esto debe regular las relaciones humanas, el derecho y todo lo que implica ponernos de acuerdo como sociedad. Esto es no haber dado oportunidad. De pronto con más o menos tiempo lo hubiéramos visto; teníamos disponibilidad para dedicar lo que fuera necesario para hacer alguna modificación. Esto es lo que los abogados decimos: «No se nos dio la oportunidad en el tribunal». Es casi una potestad de veto que tiene el presidente de la comisión al decidir no convocarla. Entonces, no nos quedó otro camino que ingresarlo como grave y urgente.

Esta es una aclaración que debía hacer.

Incluso, la senadora Sanguinetti hizo una apreciación en el grupo de WhatsApp muy característica de su personalidad componedora, pero le tuvimos que explicar que nosotros no tomamos la decisión; que yo lo había hecho hasta por cortesía parlamentaria, porque, en definitiva, podríamos haberlo hecho de otra manera, pero no quisimos.

Así que sobre toda esa parte, que cada uno saque sus conclusiones. La única verdad es la realidad. Eso nos lo enseñaron los griegos; no Perón, los griegos.

Entonces, acá estamos. Estamos en una situación grave, estamos en una situación urgente y vamos a votar medidas, incluso, mucho más problemáticas que esta. Estamos frente a un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que ha demostrado –ya lo dijimos en el tratamiento del presupuesto– una gran capacidad de diálogo y de negociación. Y hemos dicho, incluso, que los trabajadores han llegado a acuerdos muy importantes, los que nos permite la realidad.

Este es un proyecto de ley, señora presidente, enviado por el Poder Ejecutivo para tratar, reitero, de ir paliando la situación. Y en la exposición de motivos está el sustento de que sea grave y urgente: «La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha generado grandes dificultades en distintos sectores de la actividad económica…». Y esto también tiene que ver con lo que en general decimos. Si alguien piensa gobernar un país y, sobre todo, una crisis, solo con leyes, perdió desde el arranque. Debemos tener el marco general de la ley, el marco general de la normativa que emana de la democracia representativa, y de esa forma abrir la posibilidad de gestionar. Siguen vigentes todos los mecanismos de negociación con los trabajadores, los derechos de los trabajadores a todas sus medidas sindicales. Eso está vigente; nadie lo cercenó, pero tenemos que dar al Poder Ejecutivo –y así nos lo pide– determinadas herramientas. Como se dice en la exposición de motivos: «En ese marco, las resoluciones N.º 143 de fecha de 18 de marzo de 2020» –¡todos tenemos clarito qué es!– «y N.º 163 de fecha 20 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aprobadas en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, establecieron un régimen especial de subsidio por desempleo para trabajadores con remuneración mensual fija o variable,…». O sea, este Gobierno no se ha caracterizado por dar vuelta la cara a las necesidades. Se hace lo que se puede, sin nuevos impuestos, sin aumentar la deuda externa, y apelando no solamente a la libertad responsable, sino también a la libertad solidaria, y ahí todos tienen que poner algo. ¿A los trabajadores les cuesta más? Seguramente. A todos los trabajadores nos cuesta más, pero necesitamos gente que sea emprendedora, que tenga pequeñas empresas; a ellos les tenemos que dar aire. Eso no lo voy a discutir, porque no es mi especialidad.

Y agrega la exposición de motivos: «… en el que quedaron comprendidos los trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción de días de trabajo mensual o la reducción del total de las horas de su horario habitual en un porcentaje de un 50 % o más del legal o habitual en épocas normales». O sea, el Poder Ejecutivo está hablando de épocas no normales.

Continúa la exposición de motivos: «La Ley de Licencia» –por suerte, está clarísimo que el Uruguay siempre tuvo una legislación laboral de avanzada– «N° 12.590, de fecha 23 de diciembre de 1958 exige que el trabajador haya computado cierto tiempo de trabajo para tener derecho a la licencia anual, estableciendo que no se descontarán días en los que no se haya trabajado por causas no imputables al trabajador. Por otra parte, el artículo 11 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981» –aclaro porque a veces hay dudas: decreto ley es de la dictadura, pero hubo una ley que convalidó los actos jurídicos, anuló y derogó; el Parlamento democrático en 1985 dejó esto en pie– «establece que durante el período en que el empleado perciba subsidio por desempleo no se generará derecho a licencia. La situación de suspensión parcial de los trabajadores mensuales acogidos al régimen especial de subsidio por desempleo trae como consecuencia dudas» –tenemos un Poder Ejecutivo que dice que tiene dudas; ¡bienvenida la humildad!– «en cuanto a si durante ese período el trabajador genera licencia anual». Existen dudas para el trabajador, dudas jurídicas. Están los jueces; terminada la feria eso se va a poder plantear.

«Un análisis de la normativa y el principio de razonabilidad, han llevado a concluir que en el caso de los trabajadores amparados al subsidio especial por suspensión parcial creado por las referidas resoluciones ministeriales, el período de amparo debería generar licencia en forma proporcional al trabajo efectivo prestado para el empleador o, dicho de otra forma, el jornal de licencia debería estar directamente relacionado al jornal percibido del empleador durante el amparo al subsidio especial». Y en esa línea el Poder Ejecutivo entiende, y la bancada de la coalición también, que se enmarca este proyecto de ley.

«A su vez, también en el marco de la emergencia sanitaria» –así empezó la exposición de motivos y termina de la misma manera; acá está el principio de coherencia– «provocada por la pandemia COVID-19 y el impacto que ello ha tenido en la actividad, se entiende necesario habilitar –como excepción, y para los sectores y empresas más afectados– la posibilidad de que la licencia anual remunerada generada durante el año 2019 se otorgue y goce incluso una vez transcurrido el año civil 2020, estableciendo como límite el mes de diciembre de 2021».

Los artículos se corresponden con esta exposición de motivos; los hemos estudiado, los hemos leído. Reitero: podrían haber sido mejorados. Y vuelvo a lamentar no haber tenido la oportunidad de discutirlos ayer en la comisión en una reunión extraordinaria. Estábamos todos dispuestos a concurrir. Además, cuando hice la propuesta, todos accedieron. Sin embargo, algunos después dieron marcha atrás, porque se ve que apareció algún otro tipo de directiva. Cada uno es libre de hacer lo que quiere.

En definitiva, estamos en estas condiciones por todo lo que ya expuse, y la coalición de gobierno recomienda –y lo va a hacer– la aprobación de este proyecto de ley.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero aprovechar la alusión para aclarar información que supongo que la señora senadora Bianchi no tiene: este proyecto de ley no iba a pasar ni por el canto de la comisión. Tanto es así que los partidos que integran la coalición de gobierno quisieron tratarlo en la última sesión, con carácter grave y urgente, sin que rozara la comisión. Y no lo presentaron con carácter grave y urgente –sin que pasara ni medio milímetro del proyecto por la comisión– porque no tenían los votos. Esa es la realidad que tendría que reconocerse. Se planteó en la coordinación de forma clara. La bancada del Frente Amplio fue la que evitó, porque no dio los votos, que se tratara este proyecto de ley sin pasar por la comisión, ante la preocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de votarlo sin tocar una coma. Y hoy veremos si se toca una coma.

A mí me hubiera gustado encontrar en la intervención de la señora senadora la explicación de por qué se va a discriminar a los trabajadores que están en el seguro de paro parcial, descontándole la huelga para el derecho de salario vacacional. Eso es lo que tendrían que explicar. Corríjanlo. Estamos legislando. Saben que está ese error.

Se quería convocar a la comisión para dar trámite urgente, el 22 de diciembre, a un proyecto de ley que legaliza a empresas que están en la ilegalidad –y no nos prestamos a ese procedimiento–, no para modificar este. Si hubiera voluntad de hacer modificaciones, las veríamos hoy en sala.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- No voy a entrar en los detalles por los cuales no se trató, porque tengo ética. Hubo, además, dificultades para imprimir el repartido. Y acá lo voy a dejar.

Si quiere mi opinión, la voy a dar. Es una opinión política, una opinión jurídica y una opinión de baño de realidad. Cuando estamos pagando un seguro de paro especial, el nombre lo dice: no correspondería. Lo estamos extendiendo en forma casi automática, y sin el «casi», porque el otro día dimos al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una prórroga que era más que un cheque en blanco. Los cheques en blanco a veces molestan, pero cheques en blanco no hay, siempre llevan la firma. Así que si hablamos de hacerse cargo, nos hacemos cargo. Todos los subsidios, todos los seguros de paro especiales pueden ser prorrogados automáticamente por el Poder Ejecutivo, a través del ministerio, sin necesidad de intervención del Poder Legislativo. Ahí nadie se quejó de la delegación en el Poder Ejecutivo. ¡Y está bien!, porque le estamos dando la facilidad de no tener que reunir al Parlamento, a través de la Comisión Permanente, para repetir leyes que ya están dictadas. Bueno, este es un seguro de paro especial; estos son seguros de paro especiales y como su nombre lo indica deben tener un régimen especial. ¡Vaya que encima le tengamos que pagar, si hay huelga o no hay huelga, a una persona que le estamos pagando un seguro de paro especial! Y los que me conocen saben que yo, fuera de la situación de emergencia sanitaria, nunca voté un seguro de paro especial. ¿Por qué? Porque esa plata, antes de la pandemia, la necesitábamos para los emprendedores, para la gente que crea fuentes genuinas de trabajo. Estos años demostraron que no eran fuentes genuinas porque bastó que se cayera la bonanza económica mundial para que todo lo genuino fuera papel pintado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia quiere recordar que también estamos en una situación de convocatoria especial. La sociedad uruguaya está pasando momentos especiales y nos hemos convocado, precisamente, atendiendo la situación sanitaria, por lo que sería bueno que los debates sean lo más circunscriptos a lo que estamos tratando. Sinceramente, me parece que hay dos proyectos que han sido presentados por los distintos partidos que merecen tener el espacio en atención, fundamentalmente, a lo que pasa afuera: se están muriendo compatriotas, hay problemas que evidentemente tenemos que solucionar y considero que sería bueno que todos los discursos de los señores senadores fueran breves.

Muchas gracias por la colaboración.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- A quienes estamos rebajando el salario vacacional no es a trabajadores que están en el seguro de paro de forma plena, sino a trabajadores que están trabajando y que una parte de su jornada –en unos casos un 25 %– la cubre el seguro de paro parcial, que es ley, que no es un invento; es ley, porque fueron parte de los cambios de 2008. ¡De esos casos estamos hablando! Y lo que estamos señalando de manera insólita es que a esos trabajadores no solo se les descuenta la parte del seguro de paro, sino que se les va a descontar todas las horas que pierdan por causas ajenas, a diferencia del resto de los trabajadores. Ahora nos enteramos de que eso se hace conscientemente, sabiendo que eso es así, porque nos acaba de decir la señora senadora Bianchi –supongo que en nombre del Partido Nacional– que todos están de acuerdo con que se les descuente a esos trabajadores que están en una situación de dificultad y que tienen parte de sus horas cubiertas por el seguro de paro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: le pido que no interprete lo que todos escuchamos; lo único que le pido es que redondee, porque tenemos que seguir trabajando.

SEÑOR ANDRADE.- Lo que hago es una aclaración de que no estamos hablando de trabajadores que están sin trabajar.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Hubiera convocado a la comisión! ¡Le pido por favor!

SEÑOR BERGARA.- ¡Usted lo tiene que amparar en el uso de la palabra, señora presidenta!

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo estoy amparando; le estoy pidiendo que redondee. Desde hoy estoy amparándolo. ¿Terminó, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Claro, pero me parece que es una constancia necesaria, porque si no se presta a confusión de qué universo de trabajadores estamos hablando: es de este universo, no de otro; a estos se le está descontando el salario vacacional.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Solicito silencio, por favor!

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Pido silencio, por favor!

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Realmente, vamos a ser muy breves atendiendo a su solicitud, pero me parece que esto que estamos tratando es algo extremadamente grave, extremadamente serio y, diría yo, extremadamente sorprendente, porque todos sabemos que desde el 13 de marzo de este año estamos en una situación de pandemia.

Repito que parece sorprendente que este proyecto llegue a esta altura del año, cuando la gente está esperando hacer uso y goce de su licencia y cobrar el salario vacacional correspondiente. Me parece que perfectamente podría haberse desarrollado una negociación colectiva –como se ha hecho en otras oportunidades y con resultados exitosos respecto a la situación que el país vive, que no vale la pena repetir porque todos conocemos– y no llegar a esta situación –a días de donde se configuran la mayor cantidad de licencias– y anunciar esto a los trabajadores. Me parece que es muy importante tenerlo presente, porque en muchos casos los trabajadores ya tienen gastado el salario vacacional. La mayoría de los trabajadores que reciben salarios relativamente bajos, ya tienen comprometido su salario vacacional a través de compras que han realizado con tarjetas de crédito porque a nadie –lo digo quizás con ingenuidad– se le hubiera ocurrido que esto fuera a suceder a esta altura del año.

En primer lugar, considero que estamos castigando a los trabajadores. Con esta medida no estamos defendiendo a los pequeños y medianos empresarios a los que se les podría generar un régimen de líneas de créditos especiales del Banco República –como en muchas oportunidades ya se ha hecho– para el financiamiento de licencias y salarios vacacionales. Eso se hizo muchas veces; el banco tiene criterios adecuados y rígidos para el otorgamiento de esos préstamos. Había, entonces, medidas alternativas que se podrían haber previsto en agosto o en setiembre –ya sabíamos que esto venía mal–, que podrían haber paliado la situación de los pequeños y medianos empresarios a los que se hace referencia y se quiere defender. Es profundamente injusto que sean los trabajadores y, básicamente, los de menores ingresos, los que financien los emprendimientos productivos que hay que defender.

Existe una falsa contradicción que, a mi juicio, no responde al endeudamiento externo ni a nada por el estilo, sino a líneas de crédito que el Banco República tiene y ha tenido históricamente para el financiamiento de estas situaciones.

Se ha dicho que había voluntad de diálogo. Francamente considero muy bueno que así sea, pero no encuentro dónde puede haber un punto de acuerdo en esto si no se retira, por lo menos, el artículo 1.º que abarca a todos los trabajadores y donde se da al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la facultad de determinar cuáles son los sectores afectados por la crisis. Hemos vivido grandes rondas de consejos de salarios en las que se catalogaba a las empresas según su situación, en base a criterios objetivos como cantidad de trabajadores en el Banco de Previsión Social y datos de la Dirección General Impositiva, entre otros, que permitían valorar qué sectores estaban en buenas, medianas y malas condiciones.

Esto ahora queda librado a criterios que desconocemos. No es un tema de confianza o desconfianza en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En realidad, no se sabe cuáles son los sectores que estarán comprendidos en esta posibilidad. Estamos dando una facultad –no voy a utilizar el término de cheque en blanco porque puede molestar– sin saber cuáles son los criterios que se van a aplicar a trabajadores que hoy se van a enterar –por ejemplo, los trabajadores de los medios de comunicación que están en una situación compleja, conocida por todos– que no van a cobrar el salario vacacional ni van a poder hacer uso este año de la licencia generada en 2019, cuando no había pandemia.

En mi opinión, si realmente existe voluntad de diálogo en la bancada de gobierno, este proyecto de ley debería ser retirado para ser analizado seriamente y poder encontrar alternativas que no pasen por el hecho de que los trabajadores financien a las empresas con dificultades.

Muchas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Señora presidenta: seré muy breve porque, entre otras cosas, considero que debemos dar el ejemplo a toda la ciudadanía de estar el menor tiempo posible aquí ya que somos una aglomeración acá adentro.

En lo personal también hablé con el señor ministro porque se me planteaban dudas y había cuestiones que no entendía como, por ejemplo, las que mencionó el señor senador Andrade, pero creo que ese no era el ámbito para conversarlo.

Está bien que tengamos visiones diferentes, como también las tenemos respecto a tantas otras cosas. Se habla de seriedad y de sensatez; el término desprolijidad me apena. Realmente, también me apena que habiendo tenido la oportunidad de conversar en el ámbito legislativo de la comisión, que es el apropiado, eso no haya sido posible. Sigo aprendiendo, y en el mes de diciembre aprendí que el presidente tiene la potestad de decir: «no cito». La verdad es que fue una profunda sorpresa.

Muchas gracias.

SEÑOR STRANEO. Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: seré muy breve.

Siempre tengo muchas coincidencias con el señor senador Andrade, incluso con aquellos que formamos parte de alguna instancia de negociación colectiva en lo que son las actividades de la Dinatra. Me refiero a aspectos que impliquen la discusión de derechos adquiridos por los trabajadores, como en este caso, donde se pretende posdatar o postergar el goce de un derecho generado, que es un tema de debate complejo y de difícil resolución.

No nos hace feliz tener que votar este articulado, pero tampoco podemos negar que viene con un ciclo evolutivo que comenzó en marzo. El Poder Ejecutivo ha sido conteste en la exposición de motivos cuando lo menciona y dice claramente por qué razón remite este proyecto de ley que tiene como punto medular el Convenio Internacional del Trabajo n.º 132 de la OIT que, reitero, en el ámbito de las coincidencias, no es el espíritu real de lo que está consignado en la norma que vamos a aprobar.

Esta norma está pensada en la realidad de los miles de uruguayos que estuvieron en el seguro de desempleo, lo que evidentemente generó un costo sustantivo para el Estado. Hoy, a la hora de evaluar la licencia generada –no la de 2019 porque no estábamos en pandemia, sino la que está en curso–, se hace necesario analizarla y armonizarla con los decretos que en su momento promulgó el Poder Ejecutivo, sobre la manera de generar los subsidios parciales.

No coincido con la afectación de otros derechos. Habría que ver la interpretación que se está dando a la norma, más allá de que necesitará la reglamentación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –especialmente del artículo 1.°–, pero no me parece, reitero, que se estén afectando derechos, tal como se mencionó anteriormente.

Creo que el mensaje del Poder Ejecutivo ha sido claro en el sentido de la no resignación de derechos. Se refiere al esfuerzo, pero no del bolsillo de los trabajadores –acá no hay una pérdida de salario vacacional–, sino en la conformación o el establecimiento de la fórmula del cálculo específicamente asociada a las situaciones de subsidio parcial donde tallaron los otros decretos promulgados por el Poder Ejecutivo.

En resumen, no podemos observar ni evaluar esta norma que hoy se va a aprobar fuera del contexto, no solamente de la pandemia, sino de lo que ha sido el trabajo del Poder Ejecutivo durante todo este año. Reitero que si bien es complejo definir este tipo de situaciones sin un ámbito de discusión donde estén representados los trabajadores, estoy de acuerdo –porque lo conversamos con algunos senadores– en hacerlo. De todas maneras, no nos resulta fácil ni feliz afrontar este tipo de normas, pero lo vamos a hacer con la responsabilidad y la seriedad de saber que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha venido trabajando muy bien en esto, que tiene un sentido de ser y un fundamento jurídico con respecto a las normas claramente especificadas. Además, no encuentro la causal oculta que a veces se menciona y se hace necesario que hoy contemos con esta iniciativa.

Nada más, señora presidenta.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Muchas gracias, señora presidenta.

Sin duda, estamos ante un tema complejo, pero lo único que quiero manifestar es que en el día de ayer tuvimos oportunidad de debatir sobre él y conocer los distintos puntos de vista en la comisión, como debe ser. Se trata de una iniciativa que ya tiene media sanción y que fue más que debatido en la Cámara de Representantes.

De todas formas, repito, nos hubiera gustado interiorizarnos más del tema en la comisión, pero, en una actitud que realmente desconocíamos y que aprendimos en estos últimos días, su presidente resolvió que no fuera convocada.

Simplemente quiero dejar constancia de que, si bien es algo que corresponde de acuerdo con el Reglamento, no me pareció una actitud de cortesía parlamentaria –por decirlo de alguna manera– que no se convocara a la comisión porque su presidente así lo dispusiera.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LOZANO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Me parece extraño el hecho de que si querían tratar el tema en la comisión lo trajeron para considerarlo con carácter urgente. ¡Nadie los obliga a eso! Si querían tratarlo en comisión, lo hubieran dejado que fuera a ese ámbito.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Evitemos los dialogados!

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 30. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se vote en bloque el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: quiero dejar constancia de que luego de escuchados los argumentos expuestos por el señor senador Andrade –incluso esto ha sido reconocido por algún señor senador de la coalición–, creo que se está votando y aprobando algo que realmente va a ser perjudicial para muchísimos trabajadores, pues, de alguna manera, se pone sobre sus hombros la carga de pagar esta dificultad que estamos viviendo por la pandemia.

Nada más.

14) PROYECTO PRESENTADO

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores de la bancada del Frente Amplio presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se adoptan medidas relativas a la salud pública con motivo de la emergencia sanitaria por covid-19.

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

15) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La señora senadora Lucía Topolansky solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino:

• al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial relacionado con la morosidad de la Administración de Obras Sanitarias del Estado desde el 14 de marzo del corriente al día de la fecha;

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería relacionado con la morosidad en la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado desde el 14 de marzo del corriente al día de la fecha.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

16) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para se declaren urgentes y se traten de inmediato las siguientes carpetas:

n.° 380/2020, proyecto de ley por el que se aprueba la Decisión n.º 09/20, Funcionamiento del Parlamento del Mercosur, aprobada por el Consejo del Mercado Común el día 4 de diciembre de 2020, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay;

n.° 381/2020, proyecto de ley por el que se permite al buque U. S. Coast Guard Cutter (USCGC) Stone, de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, visitar el puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado (Punta del Este) y otras partes de las aguas territoriales uruguayas a fines de enero de 2021, con fechas aproximadas del 21 al 27 de enero de 2021;

n.° 382/2020, proyecto de ley por el que se permite al navío polar Almirante Maximiano (H-41) y al navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel (H-44) visitar el puerto de Montevideo, fecha estimada el 20 de diciembre de 2020 y entre el 23 y 28 de marzo de 2021, en el ámbito de la Comisión Operantar XXXIX;

n.° 379/2020, proyecto de ley por el que se reglamenta el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república;

n.° 383/2020, proyecto de ley por el que se adoptan medidas relativas a la salud pública debido a la emergencia sanitaria por covid-19».

(Firman los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el primero de los asuntos cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Decisión n.° 09/20, Funcionamiento del Parlamento del Mercosur, aprobada por el Consejo del Mercado Común el día 4 de diciembre de 2020, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. (Carp. n.º 380/2020 - rep. n.º 232/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, señora presidenta.

Alertados oportunamente –cuestión que agradecemos– por el senador Caggiani de que era necesaria nuevamente la internalización de la norma en la que se propone «Prorrogar la etapa de transición única establecida en la Decisión CMC n.º 11/14 hasta que cada Estado parte del Mercosur cumpla lo previsto en el Protocolo Constitutivo relativo a las elecciones directas al Parlamento del Mercosur» bajo sufragio directo y universal, a través de la Decisión n.° 09/20 –en la última sesión del CMC que se realizó vía Zoom hace pocas horas– se propone la postergación de esa decisión y, por consiguiente, la aprobación de continuar con el período de transición del Parlasur. De esta manera estamos internalizando una norma que permite que la delegación de parlamentarios que acaba de ser designada por la Asamblea General días atrás pueda continuar representando a nuestro país a partir del 31 de diciembre de este año, fecha en la que caducaba la decisión anterior. Por lo tanto, recomendamos votar afirmativamente este proyecto a ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «ARTÍCULO ÚNICO - Apruébase la Decisión CMC Nº 09/20 “Funcionamiento del Parlamento del Mercosur”, aprobada por el Consejo del Mercado Común el día 4 de diciembre de 2020, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

18) BUQUE U. S. COAST GUARD CUTTER (USCGC) STONE

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el segundo asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se permite al buque U. S. Coast Guard Cutter (USCGC) Stone, de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, visitar el puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado (Punta del Este) y otras partes de las aguas territoriales uruguayas a fines de enero de 2021, con fechas aproximadas del 21 al 27 de enero de 2021. (Carp. n.º 381/2020 - rep. n.º 235/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

Este es un proyecto de ley que traslada lo que la Embajada de los Estados Unidos de América refiriera en nota verbal sobre la solicitud del Gobierno de ese país, en el mes de noviembre del presente año, de obtener el permiso correspondiente para que el buque U. S. Coast Guard Cutter (USCGC) Stone, comandado por el capitán Adam Morrison, de la Guardia Costera estadounidense, pueda visitar Uruguay alrededor del 21 al 27 de enero de 2021. El destino o el propósito de esa visita es parte de las pruebas de navegación y controlar su desempeño. Su principal objetivo será generar instancias de cooperación regional para abordar el problema de la pesca ilegal.

Por esta razón, se solicita la correspondiente autorización del Senado de la república para que ese buque –de la guardia costera estadounidense, que viene desde el puerto de Charleston, en Carolina del Sur– pueda visitar nuestro país en la fecha mencionada. Por tratarse de una requisitoria que debe tener la aprobación del Cuerpo y fundado en lo que acabamos de expresar, se solicita su aprobación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Permítase al buque U.S. Coast Guard Cutter (USGC) Stone, de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, visite el puerto de Montevideo, la bahía de Maldonado (Punta del Este) y otras partes de las aguas territoriales uruguayas a fines de enero de 2021, con fechas aproximadas del 21 al 27 de enero de 2021».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

19) COMISIÓN OPERANTAR XXXIX

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el tercer asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se permite al navío polar Almirante Maximiano (H-41) y al navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel (H-44) visitar el puerto de Montevideo, fecha estimada el 20 de diciembre de 2020 y entre el 23 y 28 de marzo de 2021, en el ámbito de la Comisión Operantar XXXIX. (Carp. n.° 382/2020 - rep. n.° 233/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso se trata de la autorización solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Poder Ejecutivo para permitir el ingreso a aguas territoriales y al puerto de Montevideo para aprovisionamiento de dos buques de la Armada brasileña, del navío polar Almirante Maximiano –H-41– y el navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel –H-44–, con fecha estimada el 20 de diciembre de 2020 y, posteriormente, entre el 23 y el 28 de marzo de 2021, en el ámbito de la Comisión Operantar XXXIX.

Los referidos buques vienen a aprovisionarse en Montevideo en su campaña antártica y se establecen claramente por parte del Poder Ejecutivo las exigencias en cuanto a las previsiones que se deberán tomar en todo lo que tiene que ver con el estado de emergencia sanitaria producto de la covid-19.

Por lo expuesto, recomendamos al Senado acceder a la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «ARTÍCULO ÚNICO.-Permítase al navío polar “Almirante Maximiano” (H-41) y el navío de apoyo oceanográfico “Ary Rongel” (H-44) visiten el puerto de Montevideo, fecha estimada el 20 de diciembre de 2020 y entre el 23 y 28 de marzo de 2021, en el ámbito de la Comisión Operantar XXXIX».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

20) DERECHO DE REUNIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar otro asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se reglamenta el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república. (Carp. n.° 379/2020 - rep. n.° 237/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: este es un proyecto de ley que, tal como fuera anunciado por el presidente de la república en conferencia de prensa hace nada más que algunas horas, se adopta en una situación actual que marca una crisis, una situación de mucho dolor para todos los uruguayos y para el mundo en general.

Voy a partir de mi burbuja, para luego expandirla, nada más que a los efectos de que cada uno de nosotros nos coloquemos en sintonía con los riesgos y peligros a los que nos enfrentamos.

En las próximas festividades, en la próxima Nochebuena, la reunión familiar se va a ver acotada, por supuesto precedida de una decisión previa y no impuesta por ley. Solíamos ser cuarenta personas, pero debido a la situación y a la responsabilidad solidaria se va a acotar a ocho –la familia nuclear– y mis suegros. Mi madre tiene noventa y cinco años y no la voy a llevar, porque justamente con esa edad es parte de la población más vulnerable y, frente a las proyecciones del Grupo Asesor Científico Honorario, lo que queremos evitar, justamente, es que sea de las personas que deben ser internadas en CTI, puesto que esas unidades ya están muy exigidas. Entonces, respetaremos las burbujas.

Se nos ha dicho que, de continuar este ritmo y esta explosión de los contagios, de no hacer nada, de continuar con la pasividad, estaríamos enfrentando unos mil doscientos casos diarios –estos datos fueron brindados por el Grupo Asesor Científico Honorario–, y que ello provocaría el colapso de los CTI.

El impacto es para los más vulnerables, es decir, para las personas de más edad, para quienes tengan enfermedades previas, y también para los más vulnerables desde el punto de vista económico, para los más sumergidos.

Por tanto, estamos en esta burbuja –coincido con lo que decía la señora senadora Sanguinetti–, en una aglomeración, pero es necesario hacerlo en pos de la comunidad. Estamos en un momento en el que se hace necesario postergar, en aras de un bien superior –o sea, la salud de todos–, solamente en la medida de lo necesario y por un lapso –mientras dure la emergencia–, las actividades que pongan en riesgo aquel bien supremo de la salud. ¿Por qué? Porque sin salud no podemos ejercer la libertad de reunión, la de expresión, la política, la de circulación ni el disfrute de todo el resto de los derechos y libertades. La salud de la población es un prerrequisito, una premisa necesaria.

Estas medidas que vienen del Poder Ejecutivo y que se proyectan quisieron evitarse durante los nueves meses de la pandemia. La explosión de los casos y las proyecciones pronosticadas por los científicos que asesoran al Gobierno y a todo el Uruguay, nos hacen revertir y revisar aquella moderada contención a la que se nos exhortaba desde el Poder Ejecutivo.

De todas maneras, no se apela a una medida extrema, a una cuarentena obligatoria; no vamos a encerrarnos. Estamos ante una emergencia sanitaria que impone a los gobernantes en primer lugar –y en ellos incluyo a todos nosotros ya que también adoptamos medidas de gobierno–, y a todos los uruguayos, la adopción de una medida que no es simpática, que no gusta y que por eso es acotada. Es motivada para proteger la salud y, reitero, acotada en el tiempo.

Decía que se nos impone la adopción de medidas de responsabilidad frente a todos, pero, por sobre todas las cosas, para la protección de los más débiles. Se nos impone en este momento. Fue necesario citar a una sesión extraordinaria en la que todos los que estamos presentes –prensa, funcionarios y legisladores– nos estamos poniendo en riesgo. ¿Qué hacer ante esta situación límite en la que jamás sospeché que iba a estar inmersa en algún momento? Acudir a la propia Constitución de la república, a los tratados internacionales de derechos humanos sobre los que se ha pensado, antes que nosotros y con mucha reflexión previa, adoptando medidas para proteger los bienes supremos que suponen la restricción acotada, motivada y temporaria de algunos derechos, es decir, acudir a las propias herramientas constitucionales disponibles y a los instrumentos de derechos humanos.

Es una restricción, sí, de la libertad de reunión, pero habilitada por la Constitución y pensada, justamente, para este tipo de emergencia. Recurrimos a herramientas jurídicas; estamos en el palacio de las leyes, legislamos y no podemos dejar el derecho de lado. Somos políticos, sí, pero fundados sobre lo jurídico. La teoría alemana de Notrecht decía: «A situación de emergencia, derecho de emergencia». Es eso lo que se venía a plantear: a situación de emergencia, derecho de emergencia.

Un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile y amigo, Jorge Precht Pizarro, hablando de la urgencia en el derecho, decía que el primer elemento de la urgencia es la insuficiencia del derecho normal –del que estamos habituados y bajo el que nos regimos en situaciones normales–, por razón de tiempo, para alcanzar la finalidad legal.

Entonces, se trata de un derecho de emergencia pero que está previsto por la propia Constitución y por los tratados regionales e internacionales de derechos humanos. Hay que distinguirlo de los poderes de emergencia. Esto no es hacer uso de los poderes de emergencia sino acogerse a la estricta letra de la Constitución. En ese sentido, no es un cheque en blanco, en primer lugar, porque no surge de un decreto del Poder Ejecutivo, sino que la autorización la está dando –o la va a dar– la autoridad competente, este Parlamento.

El marco de límites de lo que se va a restringir estará muy claro y preciso en la ley y, además, al amparo de la Constitución y los derechos humanos. La ley marca el límite, el marco, las certezas, la seguridad jurídica, circunscribe las restricciones; marca el alfa y el omega: empiezan aquí y terminan aquí. Hay un lapso, una motivación; luego revisaremos el texto.

Respecto al artículo 38 que se plantea reglamentar, quiero hacer alguna aclaración porque han surgido versiones en las redes. No se modifica la Constitución ni se podría modificarla; al contrario, esto es aplicación de la Constitución. ¿Qué nos manda la Constitución? Que el derecho de reunión pacífica y sin armas está garantizado. Distingue entre la titularidad del derecho que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos y el ejercicio de este derecho, que no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la república sin una ley –y esto es lo que se viene a cumplir aquí; requisito formal– y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos. Hay una motivación, no alcanza solo la ley.

Esta libertad de reunión y su regulación no fue recogida en la Constitución de 1830 ni en la de 1918; fue incorporada en la Constitución de 1934. Y yo aludía a la Constitución, al contrato que nos liga como habitantes, y en eso no me voy a restringir a invocar el artículo 38 mismo, sino que parto ya desde el artículo 1.º que dice: «La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio». ¿Por qué me refiero al artículo 1.º? Porque es el que recoge lo que se llama el contrato social. Los habitantes, en aras de conseguir una pacífica convivencia, se asocian –el contrato social– creando esta institución jurídica Estado, que va a regular el ejercicio de los derechos de todos estableciendo las debidas armonizaciones para la pacífica coexistencia, porque si todos de forma ilimitada pretendiéramos el ejercicio de todos los derechos, al final terminaríamos anulando o vulnerando muchos de ellos.

El artículo 7.º también refiere a aquellos derechos que son preexistentes a la Constitución y al Estado, y que aquella solo viene a reconocer y no a otorgar. Por eso, lo único que la Constitución ofrece y manda a los poderes públicos a proteger, es en el goce de dichos derechos. Es pertinente esta consideración porque, si todo derecho tiene una parte que es la titularidad y otra que es el ejercicio –aún más, el artículo 7.° de la Constitución habla de los mecanismos de garantía y de protección en el goce–, la titularidad jamás podrá ser restringida, pero sí el ejercicio de los derechos en cuanto esté habilitado por la propia Constitución, y ese es el caso del artículo 38.

Con respecto al citado artículo 7.°, Justino Giménez de Aréchaga decía que cuando la Constitución habla de que nadie puede ser privado de estos derechos, en realidad quiere decir que nadie puede ver limitado su ejercicio.

El profesor Risso Ferrand, quien ya adelantó su posición y expresó que a su entender el proyecto de ley que se propone es constitucional, hace extensísimos comentarios –que sería imposible abarcar en este caso– y cita algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, destaca que, como todo otro derecho individual, no es absoluto e irrestricto y que tolera las limitaciones que la ley establezca por razones de interés general, y la salud pública es una de ellas.

También la doctrina hace su aporte y ayuda a entender la esencia de los derechos y hasta qué punto pueden limitarse. Por su parte, Karl Loewenstein, colaborador en la redacción de la Constitución alemana, es decir, en la Ley Fundamental de Bonn, dice que la restricción deberá establecerse con carácter general, no dirigida a un grupo de personas. Si nosotros analizamos el texto del proyecto de ley, lo primero que surge es que la limitación no solo es transitoria por razones de salud pública, sino que, además, se dirige en forma general y abstracta a toda la población. Primer requisito, cumplido.

Aníbal Luis Barbagelata comenta específicamente el derecho de reunión y, luego de referir que su consideración explícita no fue sino hasta 1934, dice que al día de hoy, 18 de diciembre de 2020, sigue rigiendo una vieja ley de 1897, dictada en vigencia de la Constitución de 1830, que establece la posibilidad de impedir las reuniones en casos de epidemia. En este caso es la salud pública la que estaría comprometida y por eso la limitación tiene justificativo. Esta ley de 1897 fue invocada para la limitación de la libertad de reunión y también de circulación en el 2002, por el entonces presidente Batlle, prohibiendo la llamada marcha a Punta del Este. Lo hizo, no por razones de salud pública sino de orden público y de seguridad y aun de interés turístico. Por lo tanto, tiene un antecedente, que se basó en aquella ley de 1897.

En la práctica, en tiempos normales el derecho de reunión tampoco es absolutamente ilimitado. Siempre, por imperativos de pacífica coexistencia y convivencia, ha de comunicarse a las autoridades hasta para que hagan los arreglos pertinentes en cuanto al tránsito, la circulación de las personas, también para garantizar que la reunión sea posible y hasta para evitar los desbordes. De modo que no es que esto siempre fluya en forma ilimitada.

Dado que hay dos proyectos de ley que se someten a estudio, se nos podría plantear una interrogante. Al que viene con iniciativa del Poder Ejecutivo –solamente tiene un número y no un título– se lo nomina como «Salud Pública. Derecho de Reunión» y se fue por la restricción de la libertad de reunión, prevista en el artículo 38. El otro proyecto va por la reglamentación del artículo 44 de la Constitución, que en su inciso segundo establece el deber de los habitantes de cuidar su salud y, en el primero, expresa: «El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas…».

Entonces, podríamos preguntarnos: ¿vamos por el artículo 38 o vamos por el artículo 44? A esa interrogante contesto: ¡Vamos por los dos! Porque en este caso ambos textos protegen: uno se enfoca en la restricción de la libertad de reunión por motivos de salud, es decir que tiene presente el artículo 44 en su justificación y, el otro, parte reglamentando el deber del Estado en cuanto a legislar en temas de salud, pero termina en la restricción de la libertad de reunión. No dice otra cosa.

De manera que lo veo como dos caras de una misma moneda. Es el caso de los artículos 38, 44, 1.°, 7.° y también del 72, que habla de derechos, deberes y garantías inherentes a la persona humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno.

Desde el informativo Subrayado se anunciaba que la Intendencia de Montevideo planteaba multas de $ 70.000 por fiestas clandestinas. Me parece que es una medida muy correcta; ahora bien, está motivada en la protección de la salud, pero tiene como base la restricción de la libertad de reunión. Está bien, cuando esta ley se apruebe, esa medida va a ser legítima.

También hay cierta inquietud respecto a lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos; así que mirémoslo también, puesto que rige en nuestro ordenamiento.

El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– reconoce el derecho de reunión y dice que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley –lo que se cumple aquí como requisito formal– que sean necesarias en una sociedad democrática. Al requisito de nuestra Constitución le agrega otro que alude a la ponderación y a la proporción, es decir, que sea solo en la medida de lo necesario y no más allá; luego, plantea una motivación o una finalidad: que se haga en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o las libertades de los demás.

Déjenme traer a colación unos artículos que están sobre el final de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que aportan reglas para la interpretación y la aplicación de la convención.

En el artículo 27, «Suspensión de garantías», resulta que hay algunos derechos que no pueden ser suspendidos ni aun en tiempo de emergencia, entre ellos, se mencionan el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad de conciencia y de religión. No figuran ni la libertad de reunión ni la libertad de circulación, que es lo que plantea el proyecto que restringe el ingreso a la república. Ergo, pueden ser restringidos. Entiendo que sí se debe cumplir con el numeral 3. del artículo 27, que establece el imperativo de informar inmediatamente, por la vía de la Cancillería, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la medida adoptada, lo que supongo que ya se tenía pensado hacer.

¿Qué dicen los instrumentos a nivel de la ONU? El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es casi un calco del artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Habla de la posibilidad de la restricción, con la triple exigencia en lo formal: instrumento ley –no un decreto, no una resolución–, la motivación de la protección de otros bienes, derechos o libertades de igual o superior jerarquía –en este caso, la salud– y aquella ponderación en cuanto a que sea necesario en una sociedad democrática.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace observaciones generales sobre cada uno de los artículos y de los derechos consagrados, plantea un desarrollo en unas dieciocho páginas –que no voy a leer– donde comenta específicamente el derecho de reunión pacífica. Aquí surgen algunos aportes bien interesantes para analizar en el caso.

Luego de decir que el derecho de reunión pacífica constituye la base misma de un sistema de gobierno basado en la democracia, los derechos humanos y el pluralismo, y de destacar que es un derecho individual que se ejerce colectivamente, establece, en su ordinal octavo: «Las reuniones pacíficas no constituyen un derecho absoluto y, en algunos casos, se pueden restringir. Sin embargo, cualquier restricción debe ser limitada». Si cotejamos esta exigencia con el texto propuesto, vemos que está limitada temporalmente por motivo de la pandemia y aun lo está en cuanto a que el derecho de reunión no se restringe en términos absolutos sino que se evitan –o se quiere evitar– las aglomeraciones, concepto que ya el Grupo Asesor Científico Honorario se encargó de referir, fijando en diez el número límite de personas; este concepto fue recogido también por el presidente de la república en la conferencia de prensa y, según se me informaba, es el manejado por el Ministerio del Interior.

Si alguna duda cupiera respecto al término «aglomeración», señalo que el Título Preliminar del Código Civil, en caso de duda en cuanto al uso de algún vocablo en una ley, nos manda a acudir a su sentido natural y obvio. Si se tratara de una expresión perteneciente a alguna ciencia o arte se deberá acudir al sentido que le dan las personas que lo profesan; así que la referencia está.

Continúo con la fundamentación que da la Observación General n.º 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el artículo 21. En su ordinal 9., dice: «La plena protección de quienes participan en reuniones pacíficas solo es posible cuando se protegen los demás derechos…», y aquí se incluye el derecho a la vida, a la salud, etcétera.

Voy a saltear parte de la lectura porque, evidentemente, no puedo ser exhaustiva.

Menciono algunas otras citas textuales: «El derecho de reunión pacífica no es ilimitado, pero las limitaciones deberían ser las mínimas.» y «… corresponde a las autoridades justificar las restricciones como excepciones legítimas a la norma», que es lo que hace el proyecto de ley, es decir, justifica, dice el porqué, no solo en la exposición de motivos sino también en su propio texto, cuando lo acota a la pandemia, en la medida necesaria para proteger del riesgo –en algún momento habla de notorio riesgo sanitario– y por un plazo acotado.

También establece: «El requisito de que toda limitación del derecho sea neutra en cuanto al contenido…»; esto es a lo que referíamos, no solo a la generalidad sino a que la medida no esté dirigida a «tapar la boca» a nadie. Me refiero, por ejemplo, a no prohibir una reunión porque va a trasmitir un mensaje de un signo político, ideológico o filosófico con el que la autoridad no concuerda. No; esto es tabla rasa para todos.

También dice: «Además, las restricciones no deben estar dirigidas específicamente a determinadas categorías de posibles participantes…»; esto es por las categorías sensibles de raza, sexo, religión, etcétera.

Reclama: «Los tres requisitos generales principales para las limitaciones de los derechos del Pacto son la legalidad,» –esto se está haciendo– «la necesidad y la proporcionalidad.» y que «Las leyes en cuestión deben ser lo suficientemente precisas…» en ese sentido, que «deben responder a una necesidad social apremiante…».

Es más, no se trata de cualquier medida o de una medida desproporcionada, sino que «Deben ser también la medida menos perturbadora entre las que podrían permitir lograr la función protectora pertinente», es decir, que sea proporcionada. Evidentemente ello requiere de un juicio de valor de quien va a aplicar la medida, equilibrando el alcance de la injerencia con su razón de ser. Además, esta observación general destaca que el propio pacto –de la misma manera que el Pacto de San José de Costa Rica– ofrece una lista exhaustiva de motivos que hacen legítima la restricción, es decir, la protección del orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional, la protección de la salud o moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás.

El ordinal 55 refiere específicamente al caso que nos ocupa: «La “protección de la salud pública” puede, en raras ocasiones,» –¡vaya si esta lo es!– «permitir que se impongan limitaciones, por ejemplo, cuando hay un brote de una enfermedad infecciosa y las reuniones son peligrosas. Eso también se puede aplicar en casos extremos cuando la situación sanitaria durante la reunión presenta un riesgo para la salud de la población o de los propios participantes».

Se requiere que las autoridades informen al respecto –eso está hecho mediante la publicidad– y que cuando se adopte legalmente la decisión de dispersar una reunión –que es de lo que habla el proyecto de ley–, lo hagan las autoridades. Cuando hace referencia a quiénes son las autoridades encargadas de la dispersión de una aglomeración, no se circunscribe al Ministerio del Interior –había inquietudes al respecto–, ya que su artículo 2.° expresa: «Facúltese al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios competentes». Será el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional en la franja costera –porque es su competencia– o los Gobiernos departamentales quienes dispondrán el cese de las aglomeraciones. Lo que exige el comentario general de la ONU es que cuando se adopten estas medidas se deberá utilizar la fuerza mínima necesaria, que es lo que expresa el proyecto de ley: exhortar a la dispersión y, si no se incurre en un desacato, que quede solo en eso.

Advierto que está terminando el tiempo de que dispongo.

(Dialogados).

–Agradezco a los señores senadores, pero no preciso más tiempo.

Para concluir, simplemente quiero decir que estamos en tiempos de anormalidad, en tiempos dolorosos para todos. Tal como expresé al comienzo de mi intervención, estamos en una situación de emergencia que nos obliga a adoptar medidas extraordinarias, pero medidas extraordinarias que no se salen de las previstas en el pacto, que nos atan a todos.

De manera que lo que se propone que hagamos mediante la aprobación de este proyecto de ley es aplicar la Constitución, dentro de los marcos fijados por ella.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, en nombre de mi bancada quiero señalar que estamos muy preocupados por la situación que atraviesa el país. Ha sido un año muy difícil para toda la sociedad uruguaya. Esta pandemia que estamos sufriendo, esta pandemia global, esta pandemia que nos aqueja como sociedad, ha tenido efectos negativos sobre la salud, sobre el trabajo, sobre los cuidados y sobre la educación, entre otros aspectos.

Nuestra bancada se siente muy comprometida con el país y en particular con la sociedad uruguaya en la búsqueda de propuestas que tiendan a solucionar esta situación compleja que estamos viviendo. Eso es lo primero que queremos señalar: el compromiso de esta fuerza política en buscar soluciones a esta grave situación que estamos viviendo.

En el día de hoy estamos discutiendo de una manera sui géneris porque hay dos proyectos de ley sobre la mesa: uno que reglamenta el artículo 38, que fue presentado por el Gobierno, y otro que fue presentado por nuestra bancada, que reglamenta el artículo 44.

Esta excepcionalidad que estamos viviendo como sociedad también es parte de la discusión que tenemos hoy aquí, porque estamos discutiendo al mismo tiempo dos maneras de buscar soluciones a este problema que enfrentamos como sociedad.

Nosotros no estamos discutiendo la constitucionalidad del instrumento que presenta el Gobierno nacional, el Poder Ejecutivo. Reitero: no estamos discutiendo la constitucionalidad, sino que estamos viendo dos formas de atender el problema: por un lado, está el proyecto tal como fue fundamentado por la señora senadora Asiaín y, por otro, está el que tienen sobre la mesa los señores senadores, que trata de dar una herramienta a través del artículo 44.

Hoy aquí se va a aprobar un proyecto de ley que debe tener como fin resolver el problema de nuestra sociedad, pero que también debe dar certeza a los trabajadores, porque hay trabajadores de la salud y de los Gobiernos departamentales, así como policías que van a tener que aplicar este proyecto. El mensaje que tenemos que dar es que estos trabajadores públicos, que son los que están enfrentando la pandemia en el terreno, deben desempeñarse con profesionalidad, evitar excesos y arbitrariedades. Nosotros hoy también tenemos que darles herramientas y protocolos claros para que actúen con profesionalidad y se sientan respaldados por la norma que hoy vamos a dictar aquí. Esto es lo que queremos señalar.

Nosotros, como Frente Amplio, reconocemos que estamos viviendo una situación compleja: la peor pandemia de los últimos cien años, que está generando una crisis sanitaria, social y económica. Reitero: reconocemos esa situación y, desde el primer día, desde aquel 13 de marzo, hemos dado demostraciones de responsabilidad política y de cooperación, porque acá el objetivo es velar por el interés general, por el interés de nuestro pueblo. Desde el mes de marzo esta fuerza política ha convocado al diálogo nacional y ha presentado una serie de medidas que, en nuestra opinión, hoy más que nunca son necesarias, ya que la pandemia se encuentra en una etapa –como lo ha informado el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH– de crecimiento exponencial. Existe circulación comunitaria del virus y el último diagnóstico que dicho grupo nos presentó el miércoles de la semana pasada es muy preocupante. Las medidas que debe promover el Gobierno, en nuestra opinión, deben ser integrales; tienen que ser medidas sanitarias, de apoyo económico y social.

Por otra parte, queremos señalar –y que quede constancia de esto en la versión taquigráfica– que esta bancada, demostrando señales de compromiso, de responsabilidad y de cooperación, ha solicitado ámbitos de diálogo. Aquí, en esta casa, presentamos una solicitud a la señora vicepresidenta para crear la Comisión Especial COVID-19 donde tengamos información, donde podamos intercambiar opiniones y dialogar con el ministro de Salud Pública y con el grupo de científicos, a los efectos de tener información sistematizada.

Sabemos que quien debe dirigir la salida de la pandemia es el Gobierno nacional, pero nosotros queremos tener información para conocer las medidas propuestas y los impactos; queremos tener información de primera mano a fin de conocer la capacidad asistencial, porque el GACH nos dijo que a finales de este año podemos estar viviendo una situación crítica; podemos llegar a 1200 casos y estar en una situación crítica en lo que tiene que ver con la atención en los CTI.

Queremos tener información y conocer acerca del plan de vacunación porque, como dijo el señor presidente de la república el otro día, hoy estamos ingresando en una etapa de la que vamos a salir con la vacuna, y queremos saber en qué fase está su implementación.

Queremos conocer las estrategias de comunicación y entre todo el sistema político llamar al involucramiento de toda la sociedad, porque todos debemos tener claro y expresar que lo mejor para atender esta situación que estamos viviendo es mantener el distanciamiento social y aplicar los mecanismos de prevención, como nos señala en nombre del Ministerio de Salud Pública nuestro ministro, el doctor Salinas. En conjunto debemos convocar al cuidado de la salud personal y a que tenemos que cuidarnos entre todos.

Queremos dejar constancia aquí de que, lamentablemente, se nos dijo que no. Se nos propuso una comisión ad hoc integrada por los coordinadores de todo el Parlamento nacional, a lo que nosotros –todavía no recibimos una respuesta y queremos dejar constancia de ello– contestamos que aceptamos ir a ese ámbito, pero tienen que asegurarnos información e intercambio, no para decirnos lo que hay que hacer, sino para tener información a los efectos de dialogar de primera mano con el señor ministro de Salud Pública y con el grupo asesor. Queremos dejar esa constancia, señora presidenta.

Hay que asegurar un nivel de información y de intercambio. Nosotros no pedimos cogobierno –como dijimos, sabemos que quien dirige la salida y la política de lucha contra la pandemia es el Poder Ejecutivo–, pero señalamos y volvemos a sostener que queremos información y conocer la realidad para poder opinar; queremos que se nos escuche porque tenemos experiencia de gobierno y en algo podemos ayudar. Además, nuestra fuerza política tiene técnicos que pueden colaborar.

Debemos tener en cuenta que poseer información, poder aportar e intercambiar también hace a la democracia; tener información forma parte de las reglas de la democracia. Hay que dar participación a la oposición, y su rol es pedir información, estar aquí presentando proyectos de ley, poder conocer de antemano la situación para opinar, presentar propuestas e intercambiar ideas. Este es el rol, y más en esta situación en la que todos juntos debemos enfrentar la pandemia, con unidad nacional. Creo que el día de hoy tiene que ser un punto de inflexión para que este Parlamento tome otra actitud hacia el futuro y tengamos canales de comunicación e información.

Como dijimos, el diagnóstico del GACH es preocupante y las medidas dispuestas no están en concordancia con el diagnóstico; queremos señalarlo nuevamente, aunque ya lo hemos dicho. Nosotros creemos que falta la integralidad.

El Frente Amplio, en marzo, presentó un conjunto de medidas en una reunión con el señor presidente de la república, a la cual concurrió un equipo representando a mi fuerza política. Además, el 16 de diciembre presentamos una nota dirigida al señor presidente de la república en la que le hicimos llegar un conjunto de propuestas. Creemos que en la integralidad de las medidas debe estar la renta básica de emergencia o de urgencia, porque hay una serie de impactos relevantes en la vida de nuestra gente. Asimismo, proponemos la suspensión de los desalojos y el diferimiento de las cuotas de vivienda, por lo menos para los primeros meses –de enero a abril– del 2021, así como también la exoneración de impuestos o el diferimiento de su pago para las pequeñas empresas. También proponemos diferir el vencimiento de las tarifas públicas relativas al consumo básico para trabajadores que estén en el seguro de paro y para aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, y también el vencimiento de las tarifas para las micro- y pequeñas empresas. A su vez proponemos crear un fondo de emergencia para el sector turístico, que es uno de los más afectados por esta situación de pandemia.

Creemos que faltan medidas de apoyo económico y social. A lo largo de estos meses hemos dicho que faltan medidas de apoyo para los más vulnerables. ¡Y no lo afirma solamente el Frente Amplio! El otro día los representantes del GACH dijeron que faltan medidas de apoyo a los más vulnerables.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo fue fundamentado por la señora senadora Asiaín. Nosotros no lo compartimos porque pensamos que el mecanismo correcto es ir por el lado del artículo 44 de la Constitución, tal como voy a fundamentar a continuación.

En nuestra opinión, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo es genérico e impreciso. En el artículo 2.° se habla de los ministerios competentes y de los Gobiernos departamentales; no se hace una referencia clara a cuál es la autoridad que debe aplicar la norma. Esto está relacionado con lo que decía anteriormente: nosotros debemos dar certezas y seguridad jurídica a los funcionarios que luego tienen que aplicar este proyecto de ley.

Como señalé, es muy genérico e impreciso; existe demasiada vaguedad en lo que refiere al concepto o definición de aglomeración. Se trata de un artículo muy genérico –insisto– que puede dar lugar a criterios dispares entre las autoridades competentes nacionales y departamentales en lo que tiene que ver con la aplicación.

Hay algo que es clave en materia de derechos humanos: la limitación de un derecho fundamental de raigambre constitucional exige la aprobación por medio de una ley –en ese sentido, todos estamos de acuerdo–, pero la norma debe ser clara y precisa y tener un fundamento cierto. Por ello no compartimos este proyecto de ley, lo que nos llevó a presentar el que los señores senadores tienen a la vista. Y agradecemos el gesto del oficialismo que nos ha permitido hacer el planteo para tratar de discutir dos iniciativas a la vez, que muestran dos miradas para atender la problemática que nos aqueja.

El proyecto de ley que presentamos se fundamenta en el artículo 44 de la Constitución, que hoy leía la señora senadora Asiaín, pero creo que es importante repasarlo porque establece claramente: «El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país». Su segundo inciso estipula el deber y el derecho de que todos los habitantes cuiden su salud, así como de asistirse en caso de enfermedad, y luego dice algo más.

Podemos afirmar que este proyecto de ley tiene un planteo con diferentes dimensiones. La primera dimensión refiere a la autoridad competente. Creemos que en este caso la autoridad competente es la policía sanitaria –que en nuestro país es el Ministerio de Salud Pública–, que es la que debe decir si una aglomeración pone en riesgo la situación sanitaria. Lógicamente la autoridad o policía sanitaria tendrá que coordinar acciones con los Gobiernos departamentales con el objetivo de prevenir y disuadir estas situaciones. Llegado el caso, si no puede cumplir con su objetivo, tiene que solicitar el auxilio de la fuerza pública, que es el Ministerio del Interior, la Policía nacional.

La segunda dimensión es el riesgo sanitario. Creemos que la definición que proponemos es más precisa.

Debemos legislar sobre algún aspecto relacionado con el mundo del trabajo. El GACH decía que uno de los principales focos de contagio son los lugares de trabajo. Consideramos que tenemos que hacer alguna precisión y darle un marco normativo para que puedan actuar en conjunto el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el que debe aplicar las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Estamos de acuerdo con el cierre de fronteras, pero tenemos una diferencia con respecto a los nacionales, a los ciudadanos uruguayos, a los que consideramos que hay que permitirles el ingreso; no se le puede impedir el ingreso a todo aquel ciudadano nacional que llega a las fronteras por sus propios medios. Lógicamente, hay que permitírselo y después exigirle la aplicación del protocolo sanitario: tiene que estar en cuarentena, hacerse el hisopado y tomar todas las medidas de prevención.

Otra dimensión es que debemos tener algunas normas de protección de la salud de los trabajadores infectados: hay que asegurarles que tienen el seguro de enfermedad desde el primer día.

Entonces, la fundamentación de nuestro proyecto de ley tiene que ver con el artículo 44. El primer artículo declara de interés general la protección de la salud e integridad de toda la población contra la pandemia de la covid-19. El segundo artículo declara que el objeto del proyecto de ley es proteger la salud pública y la integridad de toda la población mediante el establecimiento de pautas y medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

El artículo 3.º refiere a la autoridad competente y nosotros decimos que es el Ministerio de Salud Pública. Establecemos: «Por un plazo de 30 contados a partir de la promulgación de la presente ley, no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario». El que debe aplicar este concepto –que es un tema de políticas públicas y de competencias específicas del Ministerio de Salud Pública– es la policía de la salud. Entonces, nosotros decimos que «no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social y la utilización de los elementos de protección personal que disponga el Ministerio de Salud Pública».

El artículo 4.º tiene que ver con las medidas relacionadas al mundo del trabajo y tiene como fundamento el informe del GACH, donde se establece que uno de los principales focos de contagio son las empresas. Señala en forma clara que «los empleadores públicos y privados tendrán la obligación de adoptar las medidas necesarias para el más estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT) –en el marco de la emergencia sanitaria– como también aquellos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública».

El artículo 5.º establece la fiscalización. Aquí, como les decía, la autoridad competente es el Ministerio de Salud Pública que, en el marco de la Ley Orgánica n.º 9202, «en coordinación con los Gobiernos Departamentales controlará, a través de sus diferentes cuerpos inspectivos, el cumplimiento de esta ley y los protocolos específicos existentes en las demás actividades y podrá aplicar las correspondientes sanciones». El Ministerio de Salud Pública estará facultado para exigir el auxilio a la fuerza pública; al momento de calificar una situación de aglomeración como peligrosa para el contagio y que genera un efecto negativo para la salud de nuestra población, convoca a la prevención, a la disuasión y, llegado el momento, puede pedir el auxilio a la fuerza pública para cumplir con sus cometidos. En este artículo decimos que siempre que impliquen situaciones de «limitación de derechos fundamentales, deberá darse cuenta en forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación».

Luego, los artículos 6.º y 7.º establecen un régimen infraccional, porque hay que hacerlo.

A continuación, pasamos al capítulo II. Como dijimos, estamos de acuerdo con el cierre de fronteras, pero la diferencia está en la excepción con los nacionales. Entendemos que a los uruguayos que lleguen a la frontera por sus propios medios se les deberán aplicar los correspondientes protocolos sanitarios, pero podrán ingresar al país respetando la cuarentena obligatoria. Compartimos las excepciones establecidas en el proyecto de ley del Gobierno en cuanto a transportistas internacionales de bienes, mercaderías, correspondencia y ayuda humanitaria, y a quienes tienen un pasaje ya adquirido.

El capítulo III, que abarca los artículos 11, 12 y 13, tiene que ver con la salud de los trabajadores. Allí decimos: «Los trabajadores que por prescripción médica deban realizarse un hisopado, pasarán desde el día mismo de dicha indicación hasta la finalización de su cuarentena al subsidio por enfermedad previsto […] en el Decreto Ley Nº 14.407», y se le abonará dicha prestación desde el primer día de la certificación médica. Hoy tenemos un conjunto de trabajadores en la actividad privada que no tienen un amparo y, entonces, tenemos que dárselo legalmente.

El artículo 12 establece: «Tendrá derecho al seguro de enfermedad la población considerada de riesgo». Y se considera población de riesgo a los trabajadores mayores de sesenta y cinco años y a aquellos que tengan alguna enfermedad congénita. A ellos se tiene que aplicar el protocolo.

El artículo 13 habla de los costos que insuman los primeros tres días, los que tendrán que ser provistos por el Fondo Solidario COVID-19.

Como dijimos al inicio, señora presidenta, esta fuerza política tiene un compromiso con el conjunto de los habitantes del país, que están viviendo una situación muy difícil. Aquí presentamos un enfoque o una mirada diferente para atender la misma problemática. Hay que tratar de evitar las aglomeraciones, pero nosotros vamos por el camino de dar facultades –de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la república– a la policía sanitaria para que pueda actuar en coordinación, pero que sea ella la que defina los protocolos que se van a aplicar, para dar certeza al conjunto de trabajadores de nuestro país que son primera barrera para enfrentar la pandemia. Esa policía aplicará con profesionalismo esos protocolos, pero llegado el momento podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública para cumplir con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

No nos olvidemos que tenemos que cuidar nuestra salud y la de todos, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y del grupo asesor que han señalado que en este momento la mejor vacuna es el distanciamiento social y disponer de los elementos de protección individual. Lo que tenemos es una mirada diferente con respecto a la vía por la que eso se consigue: si es el artículo 38 o el 44 de la Constitución. Nuestra bancada está de acuerdo con la aplicación del mecanismo de la policía sanitaria, en cumplimiento de los cometidos que establece nuestro ordenamiento jurídico, es decir que los cometidos específicos del Ministerio de Salud Pública los debe liderar dicha cartera, conforme a la Constitución y a la Ley n.º 9202.

Por el momento, es cuanto tenía para manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: evidentemente vamos a continuar la línea argumental que acaba de iniciar el señor senador Carrera, pero antes queremos dejar una constancia con respecto a algo que hemos escuchado en más de una oportunidad y que, incluso, oímos en la discusión del proyecto de ley anterior, relativo a las licencias.

Da la impresión de que si uno no acompaña todo lo que viene del Poder Ejecutivo es porque no tiene conciencia de la situación o no tiene preocupación por la situación. Quiero dejar en claro que por todo lo que ha hecho el Frente Amplio, tanto a nivel parlamentario como político durante todos estos meses, no le vamos a ceder el espacio a nadie con respecto a quién tiene más o menos conciencia y preocupación por la situación de pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo, con sus impactos tanto en el terreno económico como en el social. Quiero dejar esa constancia porque no puede volver a ser –porque ya lo fue– parte de una argumentación el decir que porque no apoyamos tal o cual medida suceda eso.

(Ocupa la presidencia la senadora Gloria Rodríguez).

–Creo que, en general, hemos tenido un claro talante para habilitar y apoyar de manera ultrarrápida un montón de proyectos, y si no véase el ejemplo de hoy: estamos hablando o analizando la limitación de un derecho constitucional, contenida en un proyecto que apareció ayer a las 17:00. ¡Vaya si tenemos la apertura, la comprensión, la conciencia y la preocupación por la situación sanitaria por la que está atravesando nuestro país! Pero podemos tener diferencias, aunque apuntemos al mismo objetivo; podemos tener –como en el proyecto anterior– diferencias sobre cómo deben financiarse algunas circunstancias o, en este caso, cómo debe procesarse una necesidad que también compartimos, que es la de extremar los cuidados en materia sanitaria para evitar que la pandemia siga recrudeciendo. Por lo tanto, una primera constancia: ni más ni menos; acá la conciencia es que la preocupación por la situación sanitaria del país la tiene el Frente Amplio tanto como el más pintado o la más pintada.

En ese marco, también desde el mes de marzo hemos impulsado y acompañado el llamado a la población para el cuidado, para extremar cuidados. También somos contestes en el sentido de que las conductas individuales inciden, que las conductas individuales contribuyeron a que hayamos ganado, como dice el GACH, tanto tiempo en condiciones bastantes razonables desde el punto de vista sanitario. Y, por lo tanto, en este momento del recrudecimiento del coronavirus en Uruguay también acompañamos el llamado a la población para que las conductas individuales contribuyan a limitar, mitigar y reducir el despliegue de la pandemia. Somos también, como desde el mes de marzo, quienes hablamos con los uruguayos para que, con nuestras conductas personales, hagamos una contribución que es esencial para que esto no empeore, tal como lo plantea el GACH cuando identifica los principales focos de expansión y contagio de la pandemia, que tienen que ver con ámbitos intrafamiliares y de carácter laboral.

¡Claro que estamos preocupados!, porque escuchamos el informe del Grupo Asesor Científico Honorario que realmente trazó un panorama muy preocupante. Justamente, en base a ese panorama preocupante es que nosotros esperábamos también medidas más contundentes en cuanto a reducir la movilidad social. Somos conscientes de que todo este tipo de medidas –las tome el Gobierno, las tomen los Gobiernos departamentales o quien corresponda– siempre tienen que balancear aspectos de carácter sanitario con los impactos en el terreno económico y social. ¡Por supuesto que tenemos claro eso! En eso sí tenemos una diferencia que viene desde el mes de marzo con el Gobierno nacional. Hasta el momento habíamos planteado que la estrategia sanitaria se había mostrado razonable, pero en lo que significa contribuir para reducir los impactos económicos y sociales que la pandemia genera, que la menor movilidad social genera, que el distanciamiento social genera, no se ha estado, desde nuestra perspectiva, a la altura de las necesidades. Sí se tomaron medidas en la dirección correcta, como las que tienen que ver con la flexibilización del seguro de paro, con la exoneración de algunos tributos o aportes patronales en algunos segmentos de empresas pequeñas y con una ayuda muy tenue en el terreno del Ministerio de Desarrollo Social, pero que fueron totalmente insuficientes en cobertura y en montos para dar ayuda a aquellos que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso al seguro de paro o que no tienen pequeñas empresas para utilizar o beneficiarse de las exoneraciones tributarias. En ese sentido, desde el mes de marzo venimos planteando la necesidad de que haya una garantía, que se asegure a las familias más vulnerables del país un ingreso mínimo de un salario mínimo nacional –y todos seremos contestes en que nadie está acá planteando una cifra descabellada: no es tirar manteca al techo, es esencialmente lo que está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo y que está acorde con la capacidad financiera del Estado uruguayo–, de manera transitoria, en el marco de esta pandemia.

Cuando vemos recrudecer la pandemia en los términos que estamos viendo en estas semanas, cuando vemos el informe del GACH, cuando vemos que es imprescindible reducir más drásticamente la movilidad social, más impactos va a haber en el terreno económico y social. Por eso es que volvemos a plantear la necesidad de tomar medidas en el terreno económico y social para que todos, incluidos los más vulnerables, puedan tomar las medidas de distanciamiento y quedarse en una burbuja. Ahora, es muy difícil quedarse en una burbuja cuando están en juego las cuestiones más básicas, como la alimentación.

En ese sentido, el Frente Amplio, que tendió la mano en marzo y la continuó tendiendo durante todo este proceso, anteayer, después de la conferencia de prensa del GACH, envió a Presidencia de la República un nuevo documento con la visión actualizada que tenemos a partir del recrudecimiento de la pandemia, en el que volvemos a plantear la conciencia y la preocupación mayor que tenemos en este tema, la necesidad no solo de que todos juntos llamemos a que las conductas individuales contribuyan, sino de tomar medidas más contundentes con respecto a la mitigación de la movilidad social y más significativas en materia de contribución en el terreno económico y social. Dado que ahora se plantea una especie de horizonte hasta el mes de abril, volvemos a proponer la posibilidad de una renta básica por cuatro meses para las familias más vulnerables, cuyo costo sería aproximadamente de medio punto del producto, totalmente manejable en el marco de la pandemia y de las fortalezas financieras del Estado. Volvemos a plantear la necesidad de que no se procesen desalojos en este marco y volvemos a proponer la necesidad de ayudas de diversos tipos en el terreno social, como, por ejemplo, el diferimiento de las tarifas para los segmentos más sumergidos.

En fin, se trata de medidas que van en el mismo sentido que las planteadas en el mes de marzo, pero que ahora vemos como aún más necesarias e imprescindibles en el marco del recrudecimiento de la pandemia, si es que realmente estamos convencidos de que la movilidad social tiene que reducirse. En nuestra perspectiva, una cosa va atada a la otra.

Este documento llegó a Presidencia de la República incluso antes de la conferencia de prensa que hiciera el Gobierno y el presidente de la república para anunciar medidas.

Desde el principio el Frente Amplio ha estado abierto al diálogo, ha tendido la mano; hemos dicho en más de una oportunidad que sentimos que el Gobierno no ha tomado la mano tendida del Frente Amplio para trabajar mancomunadamente en este tema.

Reafirmo lo que decía el senador Carrera: acá no está planteado ningún tipo de cogobierno. La responsabilidad de la conducción de todo este proceso es, obviamente, del Gobierno nacional. Lo que planteamos es un diálogo para contribuir, un diálogo para buscar alternativas, para ayudar a ver medidas que puedan colaborar a mitigar el problema sanitario, el problema económico y el problema social.

Así como decía al principio que no cedemos el espacio a nadie para plantear que no estamos en la primera línea en cuanto a la conciencia y la preocupación sobre el tema de la pandemia, también decimos que tenemos la preocupación de evitar aglomeraciones que conlleven riesgos sanitarios. Que nosotros no acompañemos la tónica del proyecto del Gobierno no puede transformarse en la caricatura de que estamos promoviendo aglomeraciones y de que no estamos viendo su gravedad, cuando obviamente existen notorios riesgos sanitarios. Quería dejar esto en claro.

Somos conscientes de la situación de pandemia y nos preocupa enormemente. Pensamos que tiene que haber más medidas en lo sanitario, económico y social. Asimismo, claramente queremos evitar la existencia de aglomeraciones que generen notorios riesgos sanitarios.

Como bien decía la señora senadora Asiaín, aquí lo que se plantea va más en el terreno instrumental: por qué vía podemos avanzar razonablemente, así como estamos avanzando a la carrera, de un día para el otro, reglamentando artículos de la Constitución. Nosotros entendemos –como decía la senadora Asiaín– que cuando se va por el artículo 38, que garantiza el derecho de reunión, y se plantea la limitación de un derecho constitucional, hay que hacerlo con garantías claras, con normas precisas, dejando lo mínimo posible librado a la discrecionalidad. Coincidimos totalmente con eso: dar garantías a la población, dar garantías a las autoridades que tienen que tomar estas medidas, dar garantías a los trabajadores de la salud, de la Policía, de las Fuerzas Armadas; que los que deban actuar tengan claras garantías, precisas garantías a la hora de ejercer acciones que, obviamente, limitan un derecho consagrado en la Constitución. Por eso nosotros vemos con preocupación que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no tiene esta precisión en las garantías, quizás porque puede ser muy complicado, porque es muy difícil definir qué se entiende por aglomeraciones, ya que la casuística es infinita. Un número no puede definir una aglomeración. Hay miles de causales, miles de situaciones, y eso quita precisión a la definición.

Ahora, lo que es clave para nosotros –más que discutir qué es una aglomeración– es que la aglomeración genere riesgos sanitarios. Por eso, nuestra alternativa es evitar ir por el artículo 38 que, reitero, limitaría un derecho constitucional con cuestiones que quedan confusas o ambiguas en nuestra perspectiva. Cuando no se aclara cuál es el rol de las autoridades competentes y cuáles son las autoridades competentes en cada caso, preferimos ir por una vía en la que no se limite el derecho mediante la reglamentación del artículo 38; preferimos ir por la reglamentación del artículo 44, que refiere justamente a la obligación del Estado a legislar en materia de salud de la población, como bien decía el señor senador Carrera, dejando en claro que el objetivo es compartido, que entendemos la motivación y la compartimos. ¡Acá nadie está proponiendo, promoviendo ni haciendo la vista gorda a las aglomeraciones que generan riesgos sanitarios! ¡Queremos evitar esas aglomeraciones como queremos evitar otras circunstancias que también generan riesgos sanitarios, a los que me voy a referir posteriormente!

A nuestro juicio, el objetivo es apuntar a esas aglomeraciones que implican riesgo sanitario, sin incurrir en el riesgo de una limitación de derechos constitucionales basada en normas que generan confusión o que son difusas; no hay necesidad de correr ese riesgo. Reitero: no estamos culpando al Poder Ejecutivo por no definir bien en qué consisten las aglomeraciones con riesgos sanitarios, porque creemos que es virtualmente imposible hacer una definición que no tenga fallas, porque la casuística es enorme, porque a veces un número grande puede no tener riesgos sanitarios, y otras veces un número chico sí puede tenerlos; depende de muchos otros factores. También es complicado especificar en ese terreno protocolos y responsabilidades para las autoridades competentes. Esa formulación de «las autoridades competentes» es también confusa, genera una lógica de responsabilidades difusas que no pueden ser admisibles cuando hay que dar garantías a la hora de limitar un derecho constitucional.

Se podrá decir que en nuestro proyecto de ley, que refiere al artículo 44, tampoco se especifica qué es una aglomeración. Bueno, está bien, precisamente por lo que estoy diciendo: reconozco que no es factible hacer una razonable definición de aglomeración con riesgo sanitario por la casuística. Sería absurdo pensar, entonces, que nuestro proyecto puede contener esa definición que, como dije, es virtualmente imposible. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a nosotros, en la vía que elegimos, no nos es imprescindible definir eso –más que mantener lo que está planteado en la versión que ya tenemos, en cuanto a aglomeraciones con riesgo sanitario– si dejamos en claro que la autoridad competente es la que puede justamente definir que hay riesgos sanitarios, que no es otra que el Ministerio de Salud Pública. Ese es el eje que, de alguna manera, nos distancia del planteamiento del Poder Ejecutivo.

Acordamos que hay que evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios; acordamos que no es factible definir toda la casuística de las aglomeraciones con riesgo, pero para nosotros eso se salva dejando en claro que la autoridad competente es el Ministerio de Salud Pública.

No nos parece que, ante cada circunstancia, un policía, un militar, tengan que evaluar el riesgo sanitario. Y esto no es desconfianza. Es un tema de roles y de preparación. Tenemos las máximas confianzas en la labor de la Policía y de las Fuerzas Armadas en lo que corresponda. Pero es eso: en lo que corresponda, en lo que son sus especialidades, las tareas para las cuales están formadas y preparadas. Reivindico esos roles. Es más, permítaseme un paréntesis para saludar a cada policía en el día de hoy por el Día de la Policía Nacional.

No es un tema de dudas. No es un tema de desconfianzas. Es un tema de que para algunas cosas la institucionalidad distribuye responsabilidades y prepara jerarcas y funcionarios para actuar en base a esa responsabilidad. Y para nosotros no hay dudas de que quien puede evaluar efectivamente si una aglomeración tiene o no riesgos sanitarios es el Ministerio de Salud Pública.

Incluso, no planteamos que no intervenga la policía cuando tiene que intervenir. En nuestro proyecto también está planteada la posibilidad de que se llame a la fuerza pública en circunstancias en que, una vez recorridos determinados pasos lógicos de intentar suavizar las situaciones, eso no sea posible y sea imprescindible el uso de la fuerza pública. O sea, tampoco en eso tenemos una distancia. El nuestro no es un proyecto de Papá Noel; no es un proyecto ingenuo. Es un proyecto que toma en consideración la posibilidad de que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa Nacional, según sea el caso, tengan que actuar, pero siempre sobre la base de que hay una definición clara de que se está ante una circunstancia con riesgos sanitarios.

Es más, creemos que los proyectos deberían incorporar mecanismos de transparencia en el accionar, de verificación, para que las cosas queden registradas, grabadas, a fin de comprobar también la proporcionalidad de la actuación de las distintas reparticiones. Eso también da garantías a la población, a los jerarcas y a los funcionarios policiales, militares o de la salud que tengan que actuar.

Por eso reivindicamos la posibilidad e invitamos al Gobierno a que nos acompañe, porque estamos compartiendo la preocupación y el objetivo de evitar aglomeraciones con riesgo sanitario. Pero la idea es que lo hagamos sin el riesgo de limitar libertades de manera confusa, que lo hagamos por la vía del artículo 44, donde se deja en claro quiénes son las autoridades competentes a la hora de evaluar el riesgo sanitario, se deja en claro una lógica responsabilidad institucional.

Hemos escuchado elementos que tienen que ver con las cuestiones de implementación, con las cuestiones prácticas. Son cosas para analizar, sin duda. Sabemos que el Ministerio de Salud Pública no tiene un ejército de inspectores, pero es factible generar mecanismos desde el ministerio, en coordinación con los Gobiernos departamentales, con protocolos específicos, precisos, finos –que vengan desde el propio Ministerio de Salud Pública– para las actuaciones, para la evaluación del riesgo sanitario. Y esos protocolos deben dejar en claro que en última instancia la responsabilidad institucional en la definición de los aspectos sanitarios es del Ministerio de Salud Pública.

En nuestro proyecto también se agregan, con respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, algunos aspectos que mencionaba el señor senador Carrera. Yo quiero detenerme en dos de ellos.

En primer lugar, el propio Grupo Asesor Científico Honorario identifica que fuentes importantes de expansión de la pandemia están a nivel intrafamiliar y en los ámbitos laborales. Entonces, además de tratar de evitar que haya aglomeraciones en la arena pública, también debemos poner el foco en lo que pasa en los ámbitos laborales, que científicamente están apareciendo como una fuente de expansión del coronavirus en el Uruguay.

Las inspecciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indican que más del 60 % de los establecimientos no estaban cumpliendo los protocolos básicos para el cuidado de los trabajadores, y les puedo asegurar que no siempre esos protocolos eran demasiado exigentes. O sea, está claro que algo tenemos que decir en ese terreno, que debemos ser más exigentes, obligar claramente y generar un marco sancionatorio para que los empleadores, tanto del sector privado como del sector público, estén obligados al cumplimiento de los protocolos que se han negociado en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, obviamente, los que provienen de la autoridad sanitaria.

Por eso nos permitimos incorporar un artículo que establece que, durante el lapso de la emergencia sanitaria, se obliga a los empleadores a ese cumplimiento, y en la medida en que no se cumpla y se reincida en el incumplimiento, se generarán las sanciones correspondientes.

El otro aspecto al que me quiero referir es el cierre de fronteras. Como bien aclaró el señor senador Carrera, nosotros compartimos la medida del cierre de fronteras. Sabemos que el panorama global, internacional y regional es muy complicado –mucho más que el del Uruguay– y, por lo tanto, el cierre de fronteras es una medida razonable. El matiz –como bien planteaba el señor senador Carrera– está en qué pasa con los uruguayos que están volviendo. Es un poco difícil que a un uruguayo que vive en Uruguay, que tuvo que salir del país por equis razón y no sacó el pasaje antes de determinada fecha, nosotros le digamos que por veinte días no va a poder entrar al país. Creemos que la flexibilización propuesta es razonable, obviamente con el cumplimiento a rajatabla del hisopado, de la cuarentena, de todos los mecanismos de protección que deban implementarse.

Entonces, señora presidenta, quiero enfatizar la idea de que a nivel del Frente Amplio todos somos conscientes de la situación sanitaria en el Uruguay, tenemos una altísima preocupación por la situación –sobre todo a partir del informe del Grupo Científico Asesor Honorario– y compartimos la necesidad de tomar medidas que reduzcan la movilidad. Y creemos que en eso el Gobierno se ha quedado corto en materia sanitaria en esta oportunidad.

De manera que aspiramos a que se siga avanzando, con el apoyo de las evaluaciones científicas del GACH que nos indiquen qué medidas –tanto las que deba tomar el Gobierno central como las que tengan que adoptar los Gobiernos departamentales– son efectivas, valederas, como para tener un impacto en el tema de la pandemia. Acá no es cuestión de tirar medidas al voleo; es cuestión de evaluar medidas y de que los científicos den el soporte, la base, para decir que una medida puede tener impacto y quizás otra no tanto, por ese equilibrio que debemos tener entre la cuestión sanitaria y la económica. Lo que ocurre es que cuando recrudece el problema sanitario, las ponderaciones relativas cambian. Cuando el escenario era de mucha más tranquilidad en lo sanitario, uno podía trasladar, es decir, dejar funcionar más el aparato económico y social, pero eso cambió en las últimas semanas y la ponderación entre lo sanitario y lo económico tiene que cambiar también. Hay que ir a más medidas que reduzcan la movilidad social, aunque cueste unos pesos. ¡Y tiene que costar porque reducir la movilidad social necesariamente va a impactar en la situación, sobre todo de las familias más complicadas!

Compartimos la necesidad de evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios y damos una alternativa, que creemos válida, de avanzar en la dirección de impedir esas aglomeraciones dejando en claro cuál es la autoridad competente para evaluar el riesgo sanitario, evitándonos el peligro de estar reglamentando en veinticuatro horas la limitación de un derecho constitucional, con los riesgos que ello implica, cuando es evidente que no es factible hacerlo con normas que sean claras, precisas y que den todas las garantías.

Por lo tanto, nosotros proponemos –y hasta proponemos a la bancada oficialista– que se considere realmente la posibilidad de avanzar por el artículo 44, porque tenemos la misma preocupación respecto al tema sanitario, porque compartimos la necesidad de evitar entre todos aglomeraciones con riesgos sanitarios, porque también entre todos tenemos que seguir este combate.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Voy a fundamentar nuestro voto negativo a este proyecto y el apoyo al que hemos presentado y que han desarrollado los señores senadores Carrera y Bergara, sobre la base de tres ideas centrales: por un lado, el contexto sobre el que este se desarrolla; por otro, las inconsistencias que tiene el proyecto que se presenta, que nos impiden votarlo y, por último, algún fundamento que rebate esas inconsistencias y que sustenta el proyecto que hemos presentado.

En cuanto al contexto –no voy a repetir lo que ya se dijo–, en estas últimas semanas asistimos a un crecimiento exponencial del número de casos, ha cambiado la coyuntura sanitaria que vive el país y hay un riesgo potencial de saturación, que hasta ahora no se ha dado –y seguramente pueda demorar en darse– porque el sistema sanitario, el Sistema Nacional Integrado de Salud, ha respondido, no solo con número de camas –esta es una preocupación muy importante–, sino con lo que en salud se llama «la barrera de entrada al sistema», que hace que el primer nivel de atención, extendido de atención domiciliaria, evite la presencia en el sistema hospitalario de una enorme cantidad de población. Y eso solo fue posible no solo por las setecientas y tantas camas de CTI que hay hoy, y que no había en el pasado, sino por la capacidad del primer nivel del sistema de dar respuesta a las personas. Este es el primer elemento del contexto: tenemos necesidad de garantizar la vigilancia epidemiológica por el aumento de los casos.

En segundo término –dentro del contexto–, existe un amplio consenso técnico en que hay que tomar medidas que, en forma transitoria, reduzcan la interacción social. Y, en tercer lugar, también hay consenso técnico –está incluido en las recomendaciones del propio grupo científico asesor– de que este plan no puede ser exclusivamente sanitario, sino que debe ser integral y debe incluir tres pilares: medidas sanitarias, medidas económicas y medidas sociales. Es en este contexto –y aquí pasamos al segundo aspecto– es que nosotros decimos que el proyecto presenta, por lo menos, cuatro inconsistencias, que hacen difícil o, mejor dicho, imposible, a nuestro juicio, votarlo.

Hay una inconsistencia primaria básica –que tanto el señor senador Carrera como el señor senador Bergara han expresado– entre las recomendaciones del grupo científico asesor y el conjunto de medidas planteadas. Algunas de esas inconsistencias tienen que ver, por ejemplo, con cómo analizar lo relativo a los contactos, a los testeos y a los focos, que el señor senador Bergara resumió muy bien planteando el tema laboral. En los aspectos de complementación público-privada esperaba, realmente, una norma que obligara a todos los prestadores de salud a dar atención indistinta a sus usuarios, ya sean del sistema público o mutual. Era casi obvio. Luego, la Junta Nacional de Salud deberá remunerar al prestador del cual la persona no es usuaria con los costos asociados a ello. Era casi cantada esa medida. Aclaro que no solo no apareció en la conferencia de prensa ni en los decretos posteriores, como tampoco lo hizo en esta norma.

Quiere decir que hay un conjunto de recomendaciones o de diagnósticos del grupo asesor que son inconsistentes con la medida planteada.

Una segunda inconsistencia tiene que ver con los plazos. Hablamos de medidas relativamente firmes por veinticuatro días –entre el día de hoy en que votamos esto y el 10 de enero–, y un plazo que puede llegar hasta noventa días sin evaluación intermedia. Reitero, no hay evaluación intermedia, sino que existe la posibilidad de postergar los sesenta a noventa –no dice que haya una evaluación intermedia–, pero hasta los sesenta días que se cumplen bastante más adelante que el 10 de enero, no hay una evaluación. Eso es inconsistente porque si tomo medidas por un determinado plazo que puedan tener algún efecto, luego tengo que seguir con esas mismas medidas porque la ley me dice que es por sesenta días. Ahí hay una segunda inconsistencia importante.

La tercera inconsistencia importante es la definición de la responsabilidad sanitaria. La verdad es que no sé lo que es una autoridad competente. No lo sé. El proyecto de ley no establece cuáles son las autoridades competentes. En política sanitaria solo hay una autoridad competente: el Ministerio de Salud Pública.

Podríamos decir que el argumento de los recursos es bastante poco serio porque, en realidad, hay recursos para complementar con los prestadores de salud –como acabo de decir anteriormente– y con los Gobiernos departamentales. Hace poco votamos una importante cantidad de dinero para aumentar la capacidad de la dirección de fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Imagino que esa cartera, preocupada por la situación sanitaria, ya tiene los concursos hechos para que el 2 de enero, cuando el dinero llegue, asuman las personas designadas para la nueva dirección de fiscalización. Sería obvio que así fuera. Yo lo hubiera hecho, si me hubiera tocado actuar cuando fui ministro de Salud Pública.

La cuarta inconsistencia tiene que ver con exigir menos movilidad social y no gastarse unos pesitos –como decía el señor senador Bergara– para poder apoyar esa medida.

Quiero referirme a lo que se gastó hasta ahora porque eso también es parte de la historia. Según figura en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas –resultados económicos del sector público, pestaña covid-19– al 31 de octubre –a casi siete meses y medio de pandemia– se habían gastado USD 370:000.000 en seguros de desempleo y en políticas de transferencia monetaria. Se habían otorgado exoneraciones –o sea, renuncia fiscal– por USD 190:000.000 y se habrían obtenido ingresos por USD 110:000.000. Eso da un resultado neto de USD 450:000.000 en siete meses y medio, un promedio de USD 60:000.000 por mes, 0,8 del PBI. Y si miramos los hogares que fueron apoyados por la parte de transferencias monetarias –no incluyo el seguro de paro porque es distinto– estamos hablando de alrededor de $ 600 por mes y por persona durante estos siete meses y medio, como respaldo económico para exigir menor movilidad social. Estas son las cuatro inconsistencias que nos impiden votar este proyecto de ley.

Tampoco comparto la idea de que las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y el nuestro sean dos caras de una misma moneda. Son dos cosas absolutamente distintas, son dos cosas que van por carriles distintos. El proyecto de ley presentado es débil, vacío de contenido, impreciso en sus definiciones, quita la potestad básica al Ministerio de Salud Pública y es inviable porque no se sustenta en una visión integral, social, económica y sanitaria, razón por la cual no lo vamos a votar.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Con respecto al tercer punto del proyecto de ley que vamos a presentar, es evidente que la situación del 18 de diciembre no es la misma que la del 31 de marzo, cuando entregamos al Gobierno nuestra propuesta; es mucho peor. Y es mucho peor, primero, porque no se hizo nada en materia de apoyo económico y social –en realidad, se hizo muy poco y lo acabo de demostrar con los números–; segundo, porque en aquel momento, si bien se provenía de una situación en la que la economía se estaba enlenteciendo y el desempleo estaba creciendo, había un acumulado de crecimiento de salario, de colchón de ahorro, de una temporada de enero y febrero relativamente potente, que dio a la gente espalda para moverse en marzo ante la inexistencia de una respuesta socioeconómica por parte del Gobierno. Pero eso ya terminó y, además, se avecina una temporada que va a ser aún más problemática. Si el 31 de marzo, frente a las medidas de reducción de la movilidad social por la pandemia, era imprescindible que hubiera un contexto socioeconómico, hoy es prácticamente blanco y negro; no hay alternativa. En aquel momento había grises que eran, por ejemplo, el esfuerzo de la gente, el ahorro, las changas o el familiar que da un apoyo, pero hoy eso ya no existe; hoy es blanco o negro, patria o muerte, como diríamos si usáramos otro lenguaje.

Por eso ayer, en lugar de plantear nuevamente las cuarenta y dos medidas, elegimos cinco que son las claves para salir –el señor senador Bergara ya las mencionó–, es decir: la renta básica de emergencia, los desalojos, las tarifas públicas, las exoneraciones a pequeñas empresas y el fondo de emergencia turística. Al respecto voy a hacer solo un comentario, porque alguien puede preguntarse por qué al que vive en el puertito del Buceo no se le cobra el aumento de UTE y decir, por ejemplo: ¡No, no, cóbrele al que vive en el puertito de Buceo el aumento de la tarifa pública de UTE que con seguridad lo va a pagar solidariamente! No les cobre a los sectores de menores ingresos.

No es lo mismo aumentar los primeros 200 kilovatios de UTE que aumentar toda la tarifa, porque eso afecta especialmente a los sectores de menores ingresos. La política de tarifas es una política del Poder Ejecutivo que hará lo que corresponda. Lo que pedimos es que no afecten con esa política a los sectores que están fuertemente impactados por la pandemia. Lo mismo sucede con el tema de los desalojos, con las cuotas de vivienda, etcétera.

Por estas razones es imprescindible que la propuesta vaya acompañada de los cinco puntos que mencionamos en estas tres intervenciones.

Ahora sí pasaré al proyecto que hemos presentado. Uruguay no es un país con pocas potestades en materia sanitaria. Siempre recuerdo que cuando asumimos en 2005 queríamos fortalecer la capacidad regulatoria del MSP y fuimos a la Ley n.° 9202, Ley Orgánica de Salud Pública. Sin embargo, también me acuerdo de María Julia Muñoz –que era la ministra de ese momento– diciendo que no teníamos nada para agregar, que había que agregar potestades en relación con el funcionamiento del sistema integral del seguro, pero en cuanto a regulación epidemiológica y vigilancia del Ministerio de Salud Pública ya estaba todo en la Ley n.° 9202. Es una brutal ley en materia de capacidad de regulación del sistema. El artículo 2, como todos sabemos, le asigna el cometido de adoptar todas las medidas necesarias para mantener la salud colectiva –recordemos que es una ley de 1934– y precisamente en su numeral 2.º establece: «En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infecto-contagiosas,» –eran las más importantes en aquel momento; hoy lo son las enfermedades crónicas no trasmisibles– «el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección».

A su vez, la Ley n.° 18211, que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, toma la Ley n.° 9202, la potencia y la profundiza. Estas normas que establecen los cometidos esenciales y excluyentes del Ministerio de Salud Pública en materia de policía sanitaria son claras. ¡No hay otra policía sanitaria! ¡No hay otra policía sanitaria! Y en la emergencia pandémica que está atravesando nuestro país es necesario reforzar esa policía sanitaria, esas medidas y esa capacidad regulatoria.

En función de la valoración que estamos haciendo y de las inconsistencias que ya he planteado es que presentamos un proyecto de ley, del que solamente quiero hacer referencia a los artículos 4.° y 5.°.

El artículo 4.°, básicamente, pone la mirada en uno de los centros de discusión de la circulación comunitaria del virus: los espacios laborales, públicos y privados.

Como bien indicó el señor senador Andrade en oportunidad de considerar el anterior proyecto de ley, mientras se estimula al teletrabajo y a dar licencias en el sector público, se quiere no pagar la licencia en el sector privado. Esto ya fue discutido y votado –no es mi intención volver al asunto–, pero es algo inconsistente, para seguir con mi lenguaje.

Sabemos que hay incumplimientos en materia de normativa sanitaria laboral; esto no lo decimos solo nosotros, sino también desde la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en algunos de sus informes que han sido públicos. Esto se da en un país en el que hay una constitucionalidad muy importante en materia de salud en el trabajo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo –Conassat–, es un órgano tripartito que tiene una larga y rica experiencia en estos temas. La idea es que el Ministerio de Salud Pública, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asuma el cumplimiento de las normas existentes. ¿Por qué? Debemos tener claro que no solamente hablamos de normas nuevas que surjan de los protocolos sanitarios, sino de aquellas que son básicas para el cumplimiento laboral. Tan preocupados están –y estamos– los uruguayos que se quedaron sin ingresos, como los que, por suerte, mantienen su trabajo y sus ingresos, pero no saben en qué condiciones van a ir y volver a su fuente de trabajo. Esas dos poblaciones son el centro de preocupación de esta iniciativa.

Y, por el artículo 5.°, se otorga al Ministerio de Salud Pública la elaboración y la fiscalización de los protocolos, el vínculo con los Gobiernos departamentales, etcétera.

Insisto: se ha presentado un proyecto de ley que no va a cumplir el objetivo planteado, porque es débil, vacío de contenido y no se complementa con medidas en el terreno social y económico. En cambio, nosotros presentamos, además de medidas en el terreno social y económico –muchas de las cuales han sido presentadas bajo la forma de proyectos de ley en la Cámara de Representantes y guardan buen descanso en un cajón–, un proyecto de ley que centra la reducción de la movilidad social y con ello la reducción de la circulación del virus, en una política sanitaria regulada y regida desde su órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta.

Cuando venía para acá estuve haciendo memoria –sería una especie de déjà vu, una sensación rara– y me acordé del nefasto año 2002, en el que junto a usted y al señor senador Penadés, somos los únicos protagonistas de aquella época en el Parlamento; no sé, tal vez algún otro señor senador –quizá el señor senador Viera– también estaba en aquel momento. Recuerdo haber votado dos ajustes fiscales grandes. Recuerdo haber votado cuando en aquel fin de semana de feriado bancario se reperfilaron los depósitos del Banco República, cuando todo era incertidumbre. Recuerdo –y recuerdo a Celita Heber, histórica secretaria de bancada del Partido Nacional– que había un rumor que decía que venían hordas desde la calle Carlos María Ramírez rompiendo los comercios del Paso Molino y que había que guardar los autos en el garaje. Era una situación complicada, muy complicada. A mí me tocó, reitero, meter la mano en el bolsillo directamente en dos ocasiones, ajustes fiscales de verdad. Y el déjà vu es porque hoy tengo la misma sensación, señora presidenta. Yo pertenezco al partido de la libertad. Hemos regado los campos de la patria peleando por la libertad. Para nosotros la libertad es sacramental. En ese viejo debate sobre la libertad y la igualdad, en el Partido Nacional no tenemos ningún tipo de dudas de que siempre, sí y solo sí, vamos a preferir la libertad. Naturalmente, limitar el derecho de reunión es algo muy caro para un blanco, señora presidenta, limitar temporalmente un derecho humano gregario, que forma parte de cualquiera bicho implume que camine y hable por el universo uruguayo. Es muy caro. No es fácil. No han sido fáciles las discusiones entre nosotros. La conferencia de prensa del señor presidente de la república tuvo el anuncio del artículo 38 de la Constitución de la república y a nosotros nos volaron los mensajes de nacionalistas que entendían, como todos nosotros, que el derecho de reunión es un derecho muy humano y que nosotros lo hemos defendido desde hace muchísimos años; el año que viene se van a cumplir 184 años. Entonces, quería iniciar estas palabras poniendo en contexto el sentimiento que desde este partido se tiene y exponiendo la gravedad del tema. Si el Partido Nacional toma esta decisión en forma unánime, es porque la cosa está que arde. Si un blanco limita, aunque sea por sesenta días, un derecho fundamental de la libertad como es el derecho a la reunión es porque esto no es moco de pavo.

Esta pandemia va a tener en la historia diferentes visiones. Van a estar los mezquinos y van a estar los héroes. Dentro de los primeros héroes, señora presidenta, tenemos al Grupo Asesor Científico Honorario. Son cincuenta y cinco científicos sobre los que yo no dudo que la mayoría de ellos no sabe ni siquiera la letra de la Marcha de Tres Árboles. Nadie le hizo prueba de blancura a ningún científico. Nadie puede ser tan atrevido de decir que esos científicos responden a nuestro Gobierno. Son eminencias uruguayas que han tenido la virtud de reunirse y trabajar durante todo este tiempo; este fin de semana con mucha dedicación. Esos ejemplos uruguayos son los héroes, señora presidenta. Los mezquinos los dirá la historia, los dirán los archivos, los dirán las declaraciones, los dirán las ambivalencias. Estamos en un mundo donde nada es invisible. Todo lo que hacemos queda. Y la opinión pública, cada día más, se fija. En esta circunstancia, donde por primera vez en la historia de la república vamos a cercenar el derecho de reunión, la gente se pone muy meticulosa. La situación es grave, hay olor a CTI, a circunstancia complicada. Los testimonios de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, las ojeras, las afonías, hacen que nosotros tengamos que votar con rapidez y cercenar temporalmente un derecho gregario, humano, establecido en la Constitución de la república. Son ellos, señora presidenta, a quienes tenemos que respaldar. Los políticos no tenemos que estar en todo cuando hay una guerra invisible y por eso estoy muy en contra de la generación de comisiones, más comisiones y más comisiones, porque creo que es quitar tiempo a la gente que está en la primera línea. Yo no quiero tener aquí a un solo científico del GACH dándome explicaciones de lo que ellos saben y de lo que son expertos en materia internacional. El Parlamento tiene todos los mecanismos para llamar al ministro de Salud Pública y pedirle explicaciones de algún tema, así como al presidente de ASSE o al ministro del Interior. Por tanto, las comisiones deben estar alejadas de lo político. Hoy es el día de respaldar a los que nos van a sacar adelante, que no somos nosotros, pues ninguno de los que estamos acá nos va a sacar de la pandemia.

Por lo tanto, señora presidenta, en esta hora crítica quiero resaltar el difícil balance entre lo económico y lo sanitario. No van de la mano. Es imposible decir que va de la mano lo económico de lo sanitario; nadie va a ser tan obtuso. Pero sí es digno de destacar que en la defensa del sentido común nuestro país es un oasis en el que gran parte de las actividades económicas, con dificultades, siguen funcionando. Y eso se debe a una perspectiva, a un realismo y a un pragmatismo que está siendo llevado por el presidente de la república encabezando un Poder Ejecutivo que ha dado muestras de resiliencia, que a los doce días se tuvo que poner el overol y empezar no solo a tapar agujeros que venían de antes, sino a poner la otra mejilla al tratamiento de esta pandemia. Entonces, el proyecto de ley que tenemos arriba de la mesa va en el mismo sentido. Es pragmático, para resolver las muertes de ciudadanos uruguayos. ¿De qué manera se hace eso? Siendo prácticos, dando a la autoridad, al orden público, la capacidad de discernir qué es una aglomeración y qué no y habilitando a que, si hay tres o cuatro ciudadanos que no están haciendo un uso responsable de su vida y de la de todos los demás, se los pueda apercibir y decir que por ese camino no van a ir bien. Se trata de renovar a la Policía, a la Prefectura Nacional Naval y a las Fuerzas Armadas, que han sido pilares fundamentales del orden en estos diez meses, la confianza para que nos cuiden. No hay visión ideológica. La policía ha tenido un comportamiento ejemplar en la pandemia, repito, un comportamiento ejemplar, con paciencia, con ciudadanos que pensaban que esta porquería llamada coronavirus no iba a llegar nunca al Uruguay. Por eso vamos a dar a las fuerzas del orden, como corresponde, el deber de discernir y de cuidarnos en esta medida excepcional.

Señora presidenta: si nosotros siguiéramos el proyecto de la oposición, ¿alguien cree en este país que los fatigados funcionarios de Salud Pública están en condiciones de poder discernir en playa Pascual, en el muelle Mailhos, en Paso Molino, en Punta Carretas o en una criolla de Sarandí Grande cuándo hay una aglomeración irresponsable y cuándo no? Eso es impracticable. Es nuevamente el mundo paralelo que se plasma en una ley.

¿Alguien realmente cree que es probable que eso sea de un día para el otro? En doce días la gente se muere por coronavirus. En doce o en catorce días la gente se muere; por eso cualquier argumento de los que he escuchado con mucho respeto, no son de recibo por sentido común. Estamos tomando medidas hiperexcepcionales. Le voy a decir una cosa: no menos de mil uruguayos están hoy trabajando en campos paraguayos. Como se sabrá, hay uruguayos que han invertido en tierras en Paraguay y han importado a muchos paisanos. ¡Si será grave que hoy estamos cercenando la chance de que esos ciudadanos uruguayos vengan y pasen las fiestas con sus familias, pero no hay otra alternativa señora presidenta! Como bien decían hoy en la reunión de bancada, nadie puede llegar a pensar que un ciudadano uruguayo que venga ahora se va a encerrar y va a brindar mirándose al espejo. ¿Alguien puede llegar a pensar que va a venir un pariente del exterior a pasar las fiestas solo? Tiene que hacer cuarentena; si no la hace va a contagiar a todos.

Esta es una medida clara que va a permitir una movilización menor en los meses difíciles de enero y febrero, cuando naturalmente las aglomeraciones son parte de nuestro diario vivir. Lamentablemente no va a haber fiestas en las playas ni casitas de gurises chicos. No puede haber porque si no es darle matraca y matraca a la cosa para que se nos mueran otros compatriotas.

Señora presidenta: hoy no es hora de que el Estado le ponga límites a la pandemia. Esa es una frase que va a quedar guardada como la ridiculez más absurda que se ha escuchado en estos nueve meses. Es hora de que los uruguayos le pongamos límites a la pandemia. Esto depende de nosotros. No hay un papá Estado que nos indique si debemos comportarnos de una forma o de otra. Somos nosotros, es nuestro libre albedrío. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que usar el tapaboca y lavarnos las manos, de que no podemos andar juntos ni compartir el mate. Tampoco hay que andar haciendo concursos de truco ni andar tocando el tambor. No hay que andar haciendo fiestas clandestinas o aglomeraciones de cualquier tipo. No creo en un papá Estado que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero aquel uruguayo que no ha tenido ese comportamiento hoy sí va a tener un Estado respirándole en la nuca. ¡Sí señor, respirándole en la nuca! Si vemos cinco gurises con dos botellas de cerveza, compartiendo la botella, yo quiero que haya un policía que les diga: «Mirá, hermano, eso no se puede hacer porque tú te estás contagiando y capaz que matás a un padre o a un abuelo». Miren que esto no tiene color político o lugar geográfico. El senador Botana es consciente de cómo surgió el brote en Melo. Lo que sucedió allí fue la consecuencia de la irresponsabilidad de unos gurises, y todos los brotes tienen algún sesgo de irresponsabilidad.

El doctor Cohen decía que todos estamos fatigados e hizo una preciosa descripción de lo que significa la fatiga. Eso es verdad, la fatiga lleva a situaciones inverosímiles; soy uno de los que se agarraba la cabeza al ver un programa de televisión en el que la gente canta, en el que había mil personas encerradas en el Antel Arena. Eso me indignó igual que las fiestas clandestinas y los tambores.

Entonces, nadie sabe cómo será el fin de todo esto. Somos conscientes de los esfuerzos del Gobierno en buscar la vacuna; somos conscientes que desde el presidente de la república hasta los aviones de la Fuerza Aérea están a la orden, listos para el momento en que haya que ir a buscar la vacuna. Mientras tanto, corren sangre, sudor y lágrimas. Este es el momento en que nosotros debemos hacer honor al sentir nacional y sacrificarnos por nuestros mayores. Todos los días le digo a mi hija: «Mirá que tenés a tu abuela».

Hoy es un día histórico porque en el Uruguay se va a cercenar una libertad fundamental como es la de reunión, por un lapso de sesenta días y la razón para eso es que, si hay que elegir entre la salud de la población y nuestro sacrificio, nosotros preferimos nuestro sacrificio.

Muchas gracias.

SEÑOR STRANEO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: intentaré ser lo más breve posible.

En primer lugar, quiero destacar el gesto del Frente Amplio y creo que respecto a este tema no se lo debería llamar oposición porque aquí no debe haber oposición ni oficialismo. Creo que es común el sentimiento que tenemos todos y la salud es la causa notable que nos convoca en esta sala en el día de hoy.

Tampoco me voy a referir a otros aspectos que ya fueron tratados extensamente y con suficiente rigor técnico por parte de quienes me antecedieron en el uso de la palabra como, por ejemplo, lo relativo a la incidencia de los factores. En lo personal, me voy a centrar en dos o tres aspectos medulares de lo que tenemos en cuestión. Me refiero a la reglamentación del artículo 38 de la Constitución y al proyecto de ley propuesto por el Frente Amplio, que no es la regulación del artículo 44 sino que tiene fuente en esa norma y que tiene que ver con la salud pública.

No vamos a ahondar –porque ya lo han hecho quienes expusieron anteriormente– en el concepto de aglomeración y tampoco en el de reunión. Como bien decía el senador Da Silva, estamos hablando de la necesidad de limitar el derecho de reunión en contraposición con el otro proyecto de ley que está más orientado a un tema sanitario o a la regulación del acceso a la salud y a cómo hacerlo.

Desde el inicio de la pandemia –y siempre sobrevoló en algunas sugerencias que hizo el fallecido expresidente Tabaré Vázquez– quedó en nuestro subconsciente la interrogante de si era necesaria la cuarentena obligatoria, qué podía implicar y cómo se podría aplicar. Muchas veces escuchamos a los constitucionalistas decir que eso significaba aplicar el numeral 17 del artículo 168 de la Constitución y todos sabemos lo que eso implica. Lejos de eso está nuestro partido, como defensor de las leyes y, en particular, el presidente Lacalle Pou ha dicho más de una vez que no está en su pensamiento tener que recurrir a una medida tan drástica. Hemos visto que esa interpretación no ha sido utilizada o que la derivación que han hecho algunos actores vinculados al Frente Amplio en el devenir del tiempo a propósito de este tema les ha valido incluso algunas mofas en los ambientes radiales y alguna convocatoria explícita, por ejemplo, en la columna de Darwin Desbocatti, respecto a qué es lo queremos, qué entendemos, o cuál es el fin de lo que pretendemos lograr con las dos reglamentaciones y regulaciones que tenemos arriba de la mesa.

Para nosotros, la reglamentación del artículo 38 es hoy urgente y necesaria. En cambio, entendemos que el proyecto que se remite asociado al artículo 44 es tardío, pues no refiere ni se vincula a la urgencia de lo expresado en el día de ayer por el presidente de la república y por el grupo asesor que, claramente, ha identificado que estamos ante una verdadera ola, ante el peor período, que no se había dado desde marzo sino hasta ahora. Por lo tanto, reitero que el proyecto presentado por el Frente Amplio referido al artículo 44 –lo digo respetuosamente porque no soy quién para juzgar a la fuerza política– es un proyecto tardío. Creemos que no es el momento –como bien lo dijeron otros senadores– de solicitar un mayor esfuerzo al Ministerio de Salud Pública, en esa especie de utilización o de uso del ejército de inspectores para que salgan a controlar. Hoy precisamos medidas concretas porque ya no podemos esperar y no es tiempo de evaluar, sino de ejecutar.

Antes del inicio de esta sesión estuve hablando –siempre dentro de la legalidad y la constitucionalidad– con un policía ubicado en el puesto de vigilancia de acceso, quien me preguntaba qué va a pasar con el artículo 38, si se va a aprobar o no. Evidentemente, a la policía le importa esto. La policía necesita garantías, pero también del respaldo político, del ejecutivo y del Parlamento. Y tiene que sentir la tranquilidad de que esto lo va a hacer bien, porque más allá de la definición que hagamos de aglomeraciones y de las herramientas que surjan con la redacción que nos ha mandado el Poder Ejecutivo, la policía es el brazo ejecutor y necesita de las garantías constitucionales y legales para poder desempeñarse. Ese policía preocupado que estaba allí, en la puerta del Palacio, seguramente habla por toda la Policía nacional que está expectante de lo que suceda hoy.

Creemos necesario –tal como se ha expresado, y con esto voy a resumir la participación– que se reglamente y limite –aun con el dolor que ello nos genera y que ha sido expuesto por otros senadores– el derecho de reunión, como excepción, con un criterio temporal definido, sobre la base del interés general y de que estamos en una situación de pandemia que implica a toda la salud, por lo que la urgencia de la situación lo amerita.

En resumen, señora presidenta, entendemos que la reglamentación del artículo 38 es urgente y necesaria dada la situación que estamos enfrentando hoy.

Ahora bien, en cuanto al proyecto presentado por el Frente Amplio, sobre la base del artículo 44 de la Constitución, entendemos que es tardío. Más allá de que reconocemos el esfuerzo y lo agradecemos –porque reiteramos que hoy acá no hay oposición ni oficialismo, sino que estamos todos unidos por una misma causa: lograr que haya menos muerte, menos saturación de CTI y un sistema de salud que funcione– creemos que en todo caso es un proyecto que pudo haber sido viable en agosto o setiembre, cuando teníamos una pandemia controlada y no se había llegado a los niveles que tenemos hoy y que ameritan medidas urgentes.

Gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: nosotros tenemos la certeza –la teníamos cuando empezó la pandemia y ahora se ha visto incrementada– de que, a mayor dificultad, la presencia del Estado en toda la cancha pasa a ser imprescindible. Este es un momento dramático, de extraordinaria dificultad debido al desborde de la pandemia, que requiere una respuesta urgente e integral.

El problema que estamos teniendo, señora presidenta, es que parecería que no nos escucháramos. Todos en esta sala tenemos la intención de contribuir, con la norma a la que se arribe, a ayudar a superar una situación dramática en las mejores condiciones posibles. Y todos –supongo, pues es natural– tenemos la misma preocupación en el sentido de que la norma que aprobemos no habilite desbordes que violenten derechos individuales de manera indebida, es decir, que se preserven las garantías.

En ese plano, la práctica del Ministerio del Interior –en opinión de la propia cartera, exitosa– de exhortar a desconvocar aglomeraciones, no está inhabilitada en ninguno de los proyectos. En comparecencias públicas varias autoridades del Ministerio del Interior han defendido la postura de que, en cientos de aglomeraciones, cuando se presenta ese ministerio la sociedad uruguaya responde pacíficamente –no estamos en una circunstancia en la cual la población no responda– y que la no respuesta se da en casos extraordinariamente excepcionales.

La diferencia que tenemos estriba en qué es lo que pasa en esos casos extraordinariamente excepcionales; es ahí, no en el resto del operativo. No estamos planteando que se deje de exhortar por parte del Ministerio del Interior; estamos diciendo que en la circunstancia en que haya que disolver una manifestación, tenemos la convicción de que la propuesta presentada por el Frente Amplio en el sentido de que la que lo determine sea la autoridad sanitaria –para estos casos extraordinarios– y que la posibilidad de actuación de la fuerza policial sea en última instancia, es una señal que va alineada con lo que nos duele tener que limitar la posibilidad de reunión.

La segunda diferencia que está a la vista radica en el plazo. Nosotros planteamos uno muy breve, aunque tengamos que venir a mediados de enero para analizar el tema o suspender el receso para discutirlo la semana que viene por la vía que sea. Pero en directa relación con lo doloroso de la decisión, el tomar decisiones como esta –a nuestro entender con un criterio, que es ante hechos graves de emergencia sanitaria que hayan sido avalados– cuando, no en opinión de este senador sino de las propias autoridades del Ministerio del Interior, en el 99 % de los casos la sociedad, si se sale del margen, pacíficamente vuelve a él, sin más, nos parece que para el 1 % restante –o menos– tenemos que darnos garantías diferentes.

Y voy a mencionar otro elemento, aún más importante.

Hay un cuento corto de Galeano que habla del Chaco paraguayo y de un debate entre el jefe de la tribu y los que iban a evangelizar. En el intercambio, uno termina diciendo: «Eso rasca. Y rasca mucho, y rasca muy bien», y otro le contesta: «Pero rasca… donde no pica». Esto rasca, en parte, donde pica, porque algo menos del 10 % de los contagios se han dado en este tipo de reuniones sociales, pero ¿nos parece que es momento? En fin. A esta Cámara de Senadores le pareció que en abril, cuando teníamos un nivel de circulación de la covid y un nivel de contagio muy bajos, era momento de plantear una minuta de comunicación para proponer al Poder Ejecutivo que estableciera un mecanismo a fin de ampliar la cobertura de salud, por las mismas razones que acá recién se argumentaban –estamos hablando de la muerte de la gente–. Y también en abril, cuando recién se estaba trabajando en los protocolos de salud y seguridad en el trabajo –creo que ni siquiera teníamos los de la construcción que fueron los primeros–, teníamos la preocupación unánime –¡unánime!– en este Senado en cuanto a la necesidad de pensar mecanismos de cobertura para la población de alto riesgo. Todos sabemos que no es lo mismo el que se contagia y a la semana o a los quince días está bien, que quien se contagia y termina en el CTI. Tenemos evidencia científica de la cátedra del Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad de la República, del Ministerio de Salud Pública –basta con entrar a su página web–, de qué población estamos hablando y de quiénes son. Para este Senado en abril ya era muy importante –repito, cuando no teníamos el nivel de circulación del virus que hay hoy– que se viabilizara la posibilidad de extender la cobertura del seguro de salud para esta población. La información que tenemos hoy es contundente y categórica en el sentido del incremento de la circulación del virus, además de ser categórica en la radical e insuficiente contracción a los protocolos de salud y seguridad en el trabajo; que más del 60 % de las inspecciones constaten irregularidades en los protocolos, es de escándalo. Estamos hablando de la vida. No estamos hablando de uno de cada cien en las aglomeraciones; acá estamos hablando de que la mayoría de las empresas que están trabajando no cumplen con los protocolos que, desde 1914, la Ley n.º 5032 establece que son responsabilidad de los patronos. Fue una propuesta legislativa impulsada por un legislador colorado de Salto y justo no encuentro al senador Coutinho en sala.

Entonces, en este escenario se debe abrir la cancha y adoptar criterios para una persona que tiene hipertensión complicada, cardiopatía isquémica o cardiopatía moderada o severa, arritmias crónicas como la fibrilación, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma de difícil control, asma calificada como severa, fibrosis pulmonar o está embarazada. Esa población –esto figura en la página web del ministerio–, en tanto la fuente principal de contagios es en el trabajo, debe tener derecho, en este escenario y por estos meses, a ampararse en el seguro por enfermedad. Claramente, en nuestra opinión, una medida mucho más contundente, importante y trascendente, no solo desde el punto de vista de la movilidad social sino desde lo humano, es cuidar en primer lugar a esa población, que es la que terminaría en peores condiciones si pasara por la pandemia. Pero hasta ahora no hemos logrado –y no se va a lograr mágicamente– que se apruebe nuestro articulado, que exhorta a que se cumplan todos los protocolos.

Usted sabe, señora presidenta, que me apasionan los temas de salud laboral y seguridad industrial, la gestión de la salud y la seguridad, pero quiero mencionar ramas de actividad más importantes. El señor senador Bergara sostenía que hay protocolos poco exigentes. En algunos casos son exigentes y en otros poco, pero depende casi siempre de la capacidad de negociación que tengan las partes de acordar.

Miremos el comercio. El uso de alcohol ¿se obliga? No, se dice: «Se recomienda asegurar que todos los espacios de trabajo...». El distanciamiento ¿se obliga? No, se dice: «Se exhorta a mantener una distancia». Sobre los servicios higiénicos ¿se obliga? No, «Se recomienda disponer de...». La higiene ¿se obliga? No, «Se exhorta que toda persona, ya sea cliente o personal...». La higiene general ¿se obliga? No, «Se exhorta que la empresa o el establecimiento proporcione...». La ventilación ¿se obliga? No, «Se recomienda ventilar adecuadamente». El mantenimiento ¿se obliga? No, «Se sugiere profundizar el mantenimiento». Se sugiere en la medida de lo posible.

No saben la cantidad de veces que encontré en un protocolo de covid-19, que es un área sensible, cómo las normas –que para nosotros son la vida o la muerte de las personas, como se decía recién con mucha emoción– están colocadas en forma condicional; eso hace que si se inspecciona no se incumple nada. Esto nos demuestra –no digo que rasca donde no pica las reuniones o las aglomeraciones; no quiero dar ni por el canto de la hoja ese mensaje– que no estamos tratando lo sustantivo. Y nos parece que la propuesta del Frente Amplio –que queremos discutir con argumentos– sí trata lo sustantivo: ¡queremos proteger, en primer lugar, a los que tienen mayor morbilidad, y queremos protegerlos ahora! Y como este Senado lo discutió –y repito que lo aprobó como minuta de comunicación por unanimidad en abril, cuando no teníamos el nivel de circulación del virus que hay ahora y cuando no teníamos la constancia de que los protocolos que se abordaron iban a tener estos niveles de incumplimiento–, queremos encontrar del otro lado argumentos de por qué no, porque si no, es muy frustrante.

Antes de presentar este proyecto de ley, lo llevamos en mano al ministro de Trabajo y Seguridad Social y le dijimos que lo presentara él como ministro de esa cartera, sin pasar por el Parlamento, sin que haya discusión, sin que ni siquiera aparezcamos en la foto. Nos dijo que le parecía importante y que estaba en carpeta, pero lo cierto es que pasaron los meses y no salió nunca de la carpeta. Supongo que la iniciativa no habrá tenido respaldo, pero ¿hay duda de que esta medida en el GACH tiene respaldo unánime? ¿Alguno de los senadores que están acá lo duda?

En segundo lugar, ¿qué pasa con el trabajador cuando tiene dudas de si está o no contagiado, si no tiene un amparo riguroso? Me refiero a que por ir al médico no tenga sanciones, o a tratar de cubrirlo si se lo obliga a una cuarentena. A veces, en la desesperación de no tener trabajo o de que hace pila estaba sin changas y ante la duda, termina esperando a ver si tiene algún síntoma más o algún síntoma menos y llevándose gente puesta. Cualquiera que haya pasado por una fábrica, un taller, una obra o una oficina sabe que es así; más en un momento de incertidumbre.

Cuando decimos que lo económico no se separa de lo sanitario es porque en la vida no está separado lo económico de lo sanitario. Insistimos con la renta básica de emergencia y sabemos que tiene un costo más importante; esto tiene menos. Lo que estamos diciendo es que, si queremos dar señales de urgencia, demos señales de urgencia; muchas no precisan ley: convocar de manera extraordinaria al Conassat; generar que las tripartitas radicalicen la iniciativa del control de los protocolos; ampliar facultades de inspección; multiplicar la coordinación de los equipos de inspección para articular situaciones extremas; incrementar las sanciones por las faltas relacionadas con la covid. ¡Alcanza con voluntad administrativa!

Está claro –debo decirlo– que en algunos casos hemos ido en la dirección contraria ante los incumplimientos y no se han incrementado sanciones. Entonces nos parece profundamente contradictorio que para el individuo que incumple o que va a una actividad social tengamos un nivel de rigurosidad, y para la empresa que incumple y pone en riesgo la vida de sus trabajadores, no tengamos la misma rigurosidad ni planteemos nuevas medidas.

Además, esto se afirma –esto no lo decimos nosotros; lo dice el GACH– en que la fuente principal de contagio –algo más de una cuarta parte– está en el trabajo. Los incumplimientos son salvajes, aun con esta flexibilidad de los protocolos, y nos parece que la medida es absolutamente insuficiente. Como toca elementos tan sentidos queremos colocarla por menos tiempo y, en todo caso, la revisaremos. Si tenemos que venir diez veces acá, vendremos.

En opinión de las autoridades esto es para casos excepcionales porque, en general, aun ante circunstancias de aglomeraciones, no es necesario el uso de la fuerza, pero nos parece que para esos casos tendría que haber más instrumentos de garantía.

Además, no puede ser la medida única porque, si no, damos un mensaje equivocado. El problema es qué mensaje damos al trabajador, al que no se le dan los implementos de seguridad en su centro de trabajo. ¡Hoy! ¿Qué mensaje damos al trabajador que va al vestuario y está sin desinfectar? ¿O va al comedor y está sin desinfectar? ¡Hoy!, donde se da la suerte principal de los contagios.

Compartimos la gravedad de la situación. Nos parece que las señales, en tanto de una forma u otra restringen libertades, deben tener un marco más abierto. Y además entendemos que estamos en una discusión en que, repito, parece que no escucháramos las propuestas de unos y de otros. Algunas fueron presentadas hace meses y en ese momento se intentó trabajar en ellas. A veces tenemos esa sensación de que si un planteo viene de la oposición parece que fuera malo de por sí. A veces tenemos esa sensación porque no se logra colocar, en la argumentación, elementos diferentes que sean los de la urgencia de tal medida.

Lo que decimos es que, en el escenario en que estamos, precisamos más, incluso concentrarnos mucho más donde están los elementos centrales del trabajo. De manera imprescindible, no deberíamos obligar a una trabajadora embarazada a trabajar en este escenario, con el nivel de circulación del virus y con el riesgo de morbilidad que tiene, mayor al de otros. ¡No deberíamos! Debería tener derecho a ampararse en el seguro de enfermedad. Hemos conversado con los prestadores y con los médicos con respecto a que necesitan una norma para ello, porque mientras no hay norma no se puede y tienen que buscarle otra cosa. Bueno, generemos esa condición que permita dar señales, más allá de la exhortación.

Sabemos que en su momento se exhortó a la actividad privada sobre los trabajadores mayores de sesenta y cinco años. Creo que en este momento hay que ir un escalón más arriba: protejamos la parte de la población de más riesgo y demos una señal que mire la integralidad de la situación.

En cuanto al tercer elemento, también lo hemos conversado con las autoridades con mucha preocupación. Hace años –creo que once o doce– que existe en la normativa uruguaya el subsidio a la permanencia habitacional, que genera condiciones, sobre todo, para el movimiento cooperativo a fin de que, en las circunstancias de desempleo, dificultades en el trabajo y demás, las personas no terminen en la calle. Nosotros estamos convencidos de que, en este escenario tan complejo, tendría que ampliarse ese mecanismo y pensar la situación para no tener desalojos en los próximos meses, que van a ser complicados porque es imposible considerar que, si se incrementan los problemas sanitarios, no vamos a tener dificultades económicas. Además, no podemos pensar en transitar esas dificultades económicas sin decenas, cientos o tal vez miles de uruguayos desalojados o que tengan que emigrar a un asentamiento a causa de la situación económica y social.

Podemos estar preocupados por una parte del problema, pero, en medio de la emergencia, nos estalla otra parte; esa es la complicación que tenemos. Nos parece que falta trabajar más en la integralidad de las medidas para atender la situación social.

No hay dudas de que la derecha en el tema la tiene el GACH. Hemos reconocido públicamente que uno de los aciertos principales de la gestión sanitaria –no vamos a bajarnos del carro ahora porque hay problemas– fue la conformación del Grupo Asesor Científico Honorario. Ahora, si escuchamos con detenimiento el informe que presenta el GACH y leemos las publicaciones que se hicieron, vemos que hay reclamos de integralidad de las medidas o una mirada de estas con base científica. Modestamente, desde el Frente Amplio queremos hacer aportes con algunos de los capítulos que presentamos como iniciativa para enriquecer el mensaje y no necesariamente para competir. Repito: es para enriquecer el mensaje. No creo que hoy ningún señor senador pueda argumentar en contra de proteger a la población de riesgo cuando acá lo votamos por unanimidad en abril, momento en que vivíamos en una calma chicha en comparación con lo que tenemos hoy. Creo que en este momento estaría bueno que la cámara diera señales en el sentido de que es hora de afirmar algunos espacios de mayor cobertura para los que están peor. Ese es un mensaje democrático; yo diría que es casi de raíz artiguista.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: primero, quiero saludar la actitud de la oposición y reconocer que hay un espíritu constructivo y proactivo que coincide en reconocer la situación que está viviendo el país; también hay ánimo de resolver y de ayudar desde lo legislativo a aportar soluciones. Esto de primera es bueno, incluso, en el proyecto de ley que presenta el Frente Amplio y que está a consideración en este momento.

Lo segundo es considerar este proyecto, porque tenemos sobre la mesa dos proyectos de ley que hablan, en el capítulo primero, sobre la restricción de la libertad de reunión y, en el capítulo segundo, acerca de las formas o las restricciones de ingreso al país. De esto es de lo que se habla.

Acá se han hecho reflexiones valiosas, que comparto, sobre los trabajadores, la norma de seguridad en los ámbitos de trabajo, los derechos de los trabajadores y las circunstancias económicas, pero ni nuestro proyecto de ley ni el del Frente Amplio hablan de esos temas; no tenemos a consideración esos asuntos. Estuve tentado de decir que el señor senador Andrade estaba fuera de tema y estrictamente lo estaba, pero en un sentido amplio no, porque todo tiene que ver con la preocupación que hoy nos ocupa.

Veamos lo que tenemos sobre la mesa. La alarma fue puesta por el Grupo Asesor Científico Honorario en una conferencia de prensa al mediodía en la que hizo un diagnóstico de la situación que puede resumirse en que hace un par de semanas que en el Uruguay empezó la primera ola. La ola que empezó en Europa hace mucho tiempo comenzó ahora acá. Al principio, por la actitud de los uruguayos, la respuesta del Gobierno y esa ventaja que el Uruguay tiene para algunas cosas –como visualizar el futuro–, vimos por televisión todo lo que pasaba en el mundo desarrollado, que es el que a veces tomamos como paradigma. Vimos cómo se cavaban fosas una al lado de la otra, los cementerios se saturaban y los médicos y los enfermeros se contagiaban; la gente saludaba desde los balcones y encerrada tocaba música en las ciudades que a veces visitamos como turistas. ¡Eso nos impactó y nos introdujo al miedo y a la responsabilidad! Nos autoconfinamos en libertad y logramos superar una primera etapa. ¡Fuimos ejemplo en el mundo! Incluso, logramos encapsular al Uruguay del contagio en la región, donde fue manejado de modo absolutamente irresponsable bajo la consigna de la restricción de la libertad, que no es otra cosa que la cuarentena obligatoria. ¡Y aun así pudimos! Este fue un país libre de covid durante un tiempo y, por esa razón, el único en el que aterrizaban aviones de otras partes del mundo.

Sin embargo, todo llega. Fuimos resistiendo y resistiendo, pero también es verdad que fuimos abriendo la economía. Y una cosa con la otra fueron llevando a que el virus circulara. Hoy el virus circula en todo el país y, fundamentalmente, en el área metropolitana, y este también es un diagnóstico del Grupo Asesor Científico Honorario.

Ese es el problema que tenemos y debemos tratar de enfrentar; eso se puede hacer de muchas maneras. Hemos escuchado teorías –que se actualizaron en estos días– en las redes sociales e, incluso, a modo de opinión de algunos actores políticos, en el sentido de que el camino es la cuarentena obligatoria. De verdad sería un camino por seguir; es una opción. Pero esa opción restringe un valor fundamental que hemos resistido tocar: la libertad. Esto requiere un marco legal, al igual que lo exige el restringir el derecho de reunión. ¿Alguien tiene claro qué deberíamos votar para restringir la libertad –porque para restringir uno de los derechos fundamentales, que es el de reunión, tenemos que aprobar una ley, tal como lo expresa el artículo 38 de la Constitución–, para obligar a que la gente se quede en su casa y a que después del toque de queda a cierta hora de la noche nadie pueda salir, y el que lo haga sea conducido...? ¿Serán las medidas prontas de seguridad? No sé. No lo sé porque no nos hemos planteado restringir la libertad. Hemos considerado hacer algo para contener un tiempo la circulación del virus porque los científicos nos dijeron que, si no hacemos nada, en unos días vamos a andar en los mil casos diarios. Ya empieza a formar parte del paisaje y a conmover cada vez menos que cada día fallecen tres personas. Era inusual que falleciera una. Era noticia: «Hoy falleció un nuevo uruguayo». Ahora mueren tres personas y casi no es noticia. ¡Tres por día! En la medida en que hay mucha más gente en los CTI sabemos que esa es la última escala y que la gente muere pasando diez, quince o veinte días sin ver a nadie, a ningún ser querido; ni después de que muere lo ven sus seres queridos. ¡Es la forma más horrible de morir!

Pero ese miedo que teníamos al principio se fue transformando en parte del paisaje y uno se acostumbra a convivir con ello. Si hoy en el barrio matan a uno y quince días después la gente se entera de que matan a otro, al final toma el ómnibus y va a trabajar igual. Aprende a convivir con esas noticias duras. Hoy el Uruguay aprendió a convivir con la pandemia. Sin embargo, eso genera consecuencias. Hay un componente que aflora primero: la responsabilidad por la salud de los demás. Los que tienen más conciencia saben que su irresponsabilidad puede contagiar a sus seres queridos o generar un problema en su entorno, pero se internaliza menos la idea de que la irresponsabilidad puede dejar sin trabajo a otro y, al final, a uno mismo, porque el cierre de la economía deja sin trabajo a la gente que ya hizo uso de su seguro de paro y adelantó su licencia. No hay muchos recursos a los cuales acudir, como sucedió en marzo, abril y mayo. La economía empezó a moverse, pero, obviamente, eso hace circular el virus cuando está presente.

El Gobierno nos trae una propuesta, que es la de no cerrar la economía. Los shoppings están abiertos y también lo están las ferias de Navidad y fin de año, donde mucha gente hace unos pesos y ya compró juguetes, ropa para gurises y –nos guste o no– fuegos artificiales para vender. Las ferias de la Avenida 8 de Octubre y Sanguinetti, del Parque Rodó y de otros lugares están abiertas y no se limitan. Tampoco se limitan las actividades recreativas al aire libre y los boliches están abiertos hasta las 24:00, donde hay gente laburando. Es verdad que hay menos gente en la calle, pero no cerramos esas perillas.

Lo único que hace este proyecto de ley es limitar el derecho de reunión –y no en todos los casos, sino en algunos– e impedir que por las fronteras vengan uruguayos o no uruguayos después del 21 de diciembre porque, seguramente, si llegan al país después de esa fecha, no se van a encerrar en un hotel o en una casa, sino que van a pasar las fiestas con la familia; eso todos lo sabemos, aunque no lo digamos. Es muy difícil hacer una cuarentena de siete días después que pasaste sin ningún síntoma por el aeropuerto o por el puente con un hisopado en la mano que te dio negativo. Tenés la idea de que vos estás bien, entonces, ¿para qué te vas a guardar? Te sentís bien y tenés el negativo en la mano. Si venís por diez días, ¿vas a estar siete días guardado y vas a ver tres a los viejos? No se va a dar eso. Entonces, lo que hace el Gobierno es decir que por los próximos veinte días no entra nadie al país –después vemos– y que por los próximos sesenta días vamos a limitar el derecho de reunión.

Ahora voy al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo y que respalda la coalición de gobierno. Lo que hace en su primer artículo es limitar, transitoriamente y por razones de interés general –y vamos a agregar: «fundadas en razones de salud pública» para que quede bien claro–, el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución. La virtud que tiene este artículo es que lo hace y lo dice.

Luego establece: «Suspéndense las aglomeraciones de personas». El diccionario define «aglomeración» como reunión o amontonamiento grande de algo, especialmente de gente reunida en un lugar. Lo que se suspende no son las reuniones, sino las aglomeraciones de personas –que están claramente definidas– y no todas ellas, sino que se establecen requisitos. Primero dice: «que generen un notorio riesgo sanitario», así que, si no lo generan, tampoco están prohibidas. Luego señala: «por el plazo de sesenta días desde la publicación de la presente Ley, entendiéndose como tales, la concentración, permanencia o circulación de personas». Estas son las primeras tres características: «concentración, permanencia o circulación de personas». Prosigue con el establecimiento de dos condiciones de lugar: «en espacios públicos o privados de uso público», o sea que están descartados los clubes, las casas y los restaurantes; allí no puede haber aglomeraciones, sino que entran otras normas con otros protocolos. Acá tiene que haber concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos, esto es, plazas, playas, estacionamientos, parques o lugares privados de uso público, o sea, aquellos que son de propiedad privada, pero los usa la gente. Luego dice: «en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario» –este es el primero– «ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales» y para dejarlo más claro vamos a agregar: «y otros elementos de similar naturaleza». Finaliza estableciendo: «destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas». Es decir que, si hubiera una concentración de personas en un espacio público y todos estuvieran usando tapaboca y a distancia, no se suspendería. Supongamos que están los gurises jugando en la canchita del barrio y alrededor hay cuarenta o cincuenta padres y amigos, pero distanciados y con tapaboca. ¿Está prohibido? No, no va a llegar la policía a disolver esa reunión; no es para eso, no se limita la democracia como han señalado algunos legisladores en ciertos medios. No, por el contrario, se limitan esas conductas en estos lugares y en esas condiciones; nada más.

En el artículo 2.º se establece: «Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios competentes y a los Gobiernos Departamentales en sus respectivas jurisdicciones, a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos». ¿Qué se está diciendo con esto? Que el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes, es decir, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional en las zonas costeras, el Ministerio de Salud Pública y los Gobiernos departamentales, cuando corresponda, tomarán medidas. No hay que pensar que viene la policía porque esa tarea la harán los inspectores de la intendencia y el Ministerio de Defensa Nacional cuando esté habilitado por la ley; se está haciendo referencia al Estado. A continuación, dice: «… dicha facultad deberá ejercerse» –y miren lo que expresa, incluso hay otros proyectos que también lo señalan– «en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios». Quiere decir que también pone un marco de restricciones a las autoridades competentes que deben actuar.

En el artículo 3.º expresa: «Quien infrinja las disposiciones de la presente Ley» –a lo mejor alguien está pensando que va preso, pero tampoco comete un delito– «será advertido por la autoridad competente», agregamos «e instado» y sigue diciendo: «a desistir de su actitud». Me imagino que viene un patrullero, el policía prende el parlante y dice: «Muchachos, señores, señoras: está prohibido que estén con esa actitud en este momento de pandemia. Por favor, pedimos que sean responsables y se dispersen». Se trata de advertir a la gente que está infringiendo una norma y se insta a que desistan de esa actitud. Se les pide por favor que vuelvan a sus casas, que se distancien y usen tapaboca. Eso es lo que estamos diciendo.

Luego dice: «El Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos a la presente Ley» –¿cuáles son las sanciones?– «las que podrán consistir en: apercibimiento,» –les tiran de la oreja– «observación» –escriban en la plana diez veces «no me debo aglomerar»– «y multas» en unidades reajustables. ¿Para quién van a ser las multas? ¿Creen que van a ser para los veinte muchachos que están con un tambor disfrutando de un rato de música a las diez de la noche? No, se está pensando en el dueño de un local que usó el estacionamiento para hacer un baile; se está pensando en el que prestó los parlantes; se está pensando en el que aprovecha a vender algún licor en ese momento. Es decir que se apunta a aquel que sabe que está infringiendo una norma y tiene responsabilidades. ¿A los otros se les va a aplicar una multa? ¿Qué multa se les va a aplicar? ¿Se va a correr a la gente hasta su casa o se le va a sacar una foto? La plata que se recaude irá para el Fondo Solidario COVID-19.

Antes de pasar al otro tema, tengo que referirme a la iniciativa que presentó el Frente Amplio. La verdad es que algunos puntos podría votarlos porque es muy parecido. Por ejemplo, el nomen iuris del artículo 3, «Medidas relacionadas a la prevención de la propagación de COVID 19 en espacios abiertos». También lo que dice: «Por un plazo de 30 días» –en nuestro proyecto establecemos sesenta días– «contados a partir de la promulgación de la presente ley, no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social y la utilización de los elementos de protección personal que disponga el Ministerio de Salud Pública»; este artículo es igual al que propusimos nosotros.

Esta es la ley que necesita el artículo 38 de la Constitución para limitar el derecho de reunión. La aglomeración de personas que generen notorio riesgo sanitario es precisamente una reunión que agravie el valor de la salud que intenta proteger, por ley, la Constitución de la república cuando limita el derecho de reunión. El texto es igual y yo casi podría votarlo si se cambia treinta por sesenta días. Si quieren cambiamos un artículo por el otro porque son iguales. El Frente Amplio no nos está proponiendo un cambio de paradigma, sino regular por ley el artículo 38 de la Constitución de la república.

Se dijo que nuestro artículo no era preciso porque la aglomeración puede ser de treinta, cincuenta o diez personas. ¿Cómo actúa la policía si tiene que intervenir? Este artículo tampoco es preciso porque, si empezamos a poner condiciones objetivas, tenemos que incluirlas a todas, y entramos en la casuística. Podemos fijar que sean diez, quince o veinte personas. ¿Es lo mismo que haya veinte personas en un lugar muy reducido compartiendo copas y botellas que sesenta en un lugar más amplio? ¡Y yo qué sé! Hay que analizarlo y ver si están comprometiendo y arriesgando la salud. Habría que establecer todo como, por ejemplo, «treinta personas en tantos metros cuadrados» y no vamos a hacerlo; queda al criterio razonable de las autoridades competentes que deben disuadir e instar a disolver esa reunión que tiene riesgos sanitarios. O quizás les dicen: «Sigan muchachos, pero pónganse tapaboca» porque es lo que establece la norma. Esta propuesta es imprecisa, igual que la nuestra. Eso sí, da la responsabilidad exclusiva que nuestro proyecto no da, porque nosotros la dejamos abierta a la participación de los ministerios competentes, pero aquí se señala: «Salud Pública». Además, dice que, en coordinación con los Gobiernos departamentales, el Ministerio de Salud Pública controlará, a través de sus diferentes cuerpos inspectivos, el cumplimiento de la ley, de los protocolos, etcétera.

Quiero recordar al Cuerpo que el 12 de noviembre la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibió al Ministerio de Salud Pública. En esa reunión, el señor Píriz dio cuenta de una situación y dijo: «Como podrán ver, nuestra fuerza de trabajo inspectiva cuenta, actualmente, con una jefatura que tiene trece inspectores», y la detalla. Lo digo para que imaginemos al cuerpo inspectivo controlando una reunión de muchachos, de fútbol, de política o de lo que quieran. Se trata de una licenciada en Enfermería, dos químicas farmacéuticas, tres ingenieras en Alimentación, un ingeniero químico, un licenciado en Enfermería y cinco químicos farmacéuticos. O sea, ellos son quienes tendrían que ir a la plaza y decir: «Muchachos: por qué no se van para sus casas; están infringiendo la norma». Estos son los inspectores que tiene Salud Pública. En la vida real, a las once o doce de la noche en una playa muy concurrida cerraron todos los boliches en cumplimiento de la norma, y los muchachos que se levantan a las doce, la una o las dos de la tarde para empezar la jornada, están con todas sus energías, ya tomaron algo en el boliche y dicen: «¿qué hacemos?». Se les ocurren ideas: unos se van a una casa, otros arman un fuego y otros abren las valijas de los autos, prenden los parlantes y capaz que se arma un baile. ¿A quién llaman los vecinos? A la policía. No creo que la policía tenga que llamar al Ministerio de Salud Pública para que mande a un ingeniero químico a convencer a los muchachos. Me parece que es una tarea propia, natural, para la que están entrenados y preparados quienes cumplen esa función.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GANDINI.- Enseguida; quiero terminar mi razonamiento.

Luego dice que el Ministerio de Salud Pública estará facultado, una vez agotadas todas las instancias de persuasión –es decir, si los ingenieros no pudieron convencer– y como última medida, a solicitar el auxilio de la fuerza pública. O sea que siempre entra la policía; si no pueden los ingenieros, entra la fuerza pública. Obviamente, parece razonable. En el proyecto de ley propuesto por el Frente Amplio la policía tiene un paso previo, que es dar cuenta al Ministerio de Salud Pública para que haga el intento y, si salud pública no puede asistir porque no tiene personal o por otro motivo, entra la policía. El proyecto de ley del Frente Amplio tampoco marca límites. No establece condiciones –como se dijo aquí– para que la policía pueda actuar sin que haya excesos. No los tiene que marcar porque esta función está en la Ley Orgánica Policial; tanto estas funciones relativas a la pandemia como otras que se efectúan sin pandemia son naturales de la policía. No me parece que aquí haya un problema.

Antes de conceder la interrupción, quisiera decir que para el Frente Amplio todo lo que no se cumple constituye infracciones que castiga con apercibimiento y multa, no con cárcel. O sea que, en ese terreno, los proyectos son muy parecidos. Lo que quiero decir es que aquí no se limitan la libertad ni el derecho de reunión absoluto ni el derecho de circulación ni el derecho de expresión. Tampoco está prohibida una manifestación. Si trescientas personas rodearan el Palacio Legislativo en este momento en protesta por algún derecho legítimo o ilegítimo –no me importa–, en el ejercicio de su libertad y estuvieran a dos metros uno de otro –he visto manifestaciones que hacen el circulito de dónde hay que pararse y levantar el cartel– y usando todos tapaboca, no tendría que aparecer la policía a disuadirlos porque no se están violando las características que plantea el proyecto de ley en cuanto a la suspensión de una aglomeración. Es una aglomeración a distancia y con tapaboca.

Por lo tanto, no se impide el derecho de expresión, sino las cosas que contagian y en las que luego es imposible seguir el hilo de ese brote. Eso es lo que se impide.

Me pedía una interrupción el señor senador Brenta y se la concedo con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta y señor senador.

Pedí la interrupción no para discutir el fondo del planteo del señor senador, sino para aclarar que actualmente en Montevideo todo lo que tiene que ver con la fiscalización de fiestas clandestinas y el horario de cierre de los bares, entre otras cosas, lo está haciendo la Intendencia de Montevideo con un cuerpo inspectivo de más de doscientos funcionarios en el Servicio de Convivencia Departamental y eso está perfectamente coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Obviamente, sabemos lo reducido que es el cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública y, por eso, incluimos la posibilidad de coordinar con los Gobiernos departamentales, lo que también figura en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que perfectamente podría ser el paso previo a otra intervención en caso de que las personas no desistan, como se ha planteado, de la actividad que puede terminar con contagios. Por lo tanto, la coordinación del cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública con los Gobiernos departamentales es una alternativa real y válida para llevar adelante el control que todos queremos que se haga.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GANDINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Agradezco al señor senador que me haya concedido una breve interrupción.

Justamente, estoy de acuerdo con la totalidad del planteo que está haciendo el señor senador. El proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo se remite a la autoridad competente y las competencias son varias y distintas. Por cierto, ¡bienvenida la colaboración de los Gobiernos departamentales si la propia ley hace referencia a ellos! ¡Bienvenida la actuación que pueda tener el Ministerio de Salud Pública si precisamente en el presupuesto acabamos de votar la Dirección de Fiscalización! Sin embargo, todos sabemos que, en la práctica, la autoridad que tiene competencia en todo el territorio de la república en materia de orden interno es el Ministerio del Interior y sabemos que, en los usos y costumbres del Uruguay, cuando hay un problema de la naturaleza que puede plantear una aglomeración, lo que hace el vecino es llamar a la comisaría; quizás hoy en día sería mejor que llamara al 911.

Así que estoy en total consonancia con este proyecto de ley en cuanto a que haga una referencia genérica a la autoridad competente.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: agradezco al señor senador Brenta que nos ayude a echar luz sobre este tema porque tiene razón, pero hay que ponerlo en un contexto.

Más adelante, el señor Píriz decía –en la versión taquigráfica que mencioné anteriormente–: «Es importante dar a conocer el promedio actual de retrasos. Actualmente tenemos 274 inspecciones pendientes que se desglosan –como pueden observar– en 70 de servicios de salud y 204 de empresas de productos».

El Ministerio de Salud Pública es la policía sanitaria, tiene esa función, pero está preparado para inspeccionar empresas –para ver si cumplen la normativa de salud– y servicios de salud, no aglomeraciones. Es verdad que la intendencia coordina, y ambos proyectos lo dicen, pero también es verdad –y el señor senador Brenta lo sabe– que hay una larga historia de solicitudes de que los inspectores sean acompañados por policías. De hecho, hay una calidad especial de policías que contrata la intendencia porque el inspector no reprime; el inspector detiene el auto, pero, si este no para o el conductor se sobrepasa, quiere tener a un policía a su lado. La policía es la que tiene que hacer esa gestión y, muchas veces, si en esta tarea interviene el Gobierno departamental, la policía va a estar al lado del inspector para protegerlo y hacer lo que el policía tiene que hacer y el inspector no debe hacer. Por eso creo que las propuestas tienen componentes similares con matices diferentes y, más allá de lo que vote el Cuerpo, hay un espíritu colectivo de ayudar y amparar o respaldar la iniciativa que nos trae el Poder Ejecutivo para ayudar a aplanar la famosa curva.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: creo que estamos en un momento complejo y sería bueno que recurriéramos al criterio o al principio de la realidad. ¿Sobre qué base se da, señora presidenta? Creo que aquí nadie está asignando intenciones cruzadas ni está usando este tema, que nos tiene muy preocupados a todos, para hacer acusaciones políticas de ningún tipo.

Ahora bien, el señor senador Gandini hacía todo un relato de cómo podía llegar a implementarse el proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo. Decía que si hay doscientas personas rodeando el Palacio Legislativo, no va a intervenir la policía. Justamente, si en este recinto, donde hay treinta y un senadores, tenemos diferencias acerca de qué es lo que estamos legislando, imagínese, señora presidenta, lo que puede llegar a suceder cuando miles de funcionarios deban hacer cumplir esta ley. Este es el problema que estamos teniendo: la interpretación acerca de lo que estamos legislando, de cómo deben actuar tanto los ciudadanos –si están dentro o fuera de la ley– como los funcionarios que tienen que hacer cumplir la normativa. Este es el problema que tenemos.

Por eso planteo recurrir al principio de la realidad. Si aquí tenemos diferencias y todos partimos de la base de que nadie está usando esto con argumentos de carácter político menores, es porque tenemos un problema real de interpretación. El mismo problema real que hoy tienen treinta y un ciudadanos de este país se va a multiplicar por muchos más si se aprueba de esta manera el proyecto de ley. Este es el problema que tenemos, señora presidenta. Creo que debemos parar un poco la rueda. Lo quiero decir con franqueza. Estamos legislando sobre un derecho fundamental en menos de veinticuatro horas; es natural que tengamos estos problemas. Este es el problema que tenemos, señora presidenta, como sistema político: que estamos legislando a las apuradas, que estamos legislando a la carrera y que, por tanto, nos estamos metiendo con derechos fundamentales, como el que está establecido en el artículo 38. Lo estamos haciendo a una velocidad que seguramente nos lleve al error, al Gobierno y a la oposición, en cualquier formulación que presentemos. Debemos reconocer eso y partir de la idea de que afectar y restringir un derecho como el de libertad de reunión, que está establecido en el artículo 38 de la Constitución de la república, es algo muy grande, muy grueso y sensible, que necesita mucho más diálogo que sentarnos aquí a gargantear y a gritarnos entre nosotros. Este es el problema que tenemos.

Y es claro que estamos todos asustados porque perdimos el hilo epidemiológico, porque ha crecido enormemente la cantidad de contagios, porque todo esto está generando problemas y porque el informe que nos hace el GACH nos dice que la curva ya no es curva, sino una recta que se va hacia arriba. Estamos todos preocupados por eso, pero me parece que esta no es la forma de resolverlo; no es la forma de resolverlo conocer un proyecto de ley a las cinco de la tarde del día de ayer y venir hoy acá a discutir; no es la forma de resolverlo meterse con el artículo 38, que habla de la libertad de reunión, sin un amplio consenso político que le dé sustento, sin que nos sentemos a hablar, a dialogar, a discutir y a encontrar soluciones que nos contemplen a todos.

Creo que aquí está el principal error: estamos improvisando. No estoy haciendo con esto ninguna alusión al Gobierno. Hoy tenemos una situación complicada y tenemos diferencias con respecto a cómo resolver un conjunto de políticas. Estoy planteando la situación y el espectáculo que estamos dando. La Cámara de Representantes tiene una citación, ya para esta hora, a efectos de que apruebe lo que nosotros todavía no votamos. Creo que este es el problema y el dilema que tenemos. Ahí están las diferencias. No se trata de quién le gana a quién, si acá todos perdemos con la pandemia. Y pierden los que están más jodidos, los que hoy no tienen trabajo, los 55.000 que comen en las ollas populares. Pierde la gente que no sabe qué va a hacer la semana próxima. Pierde la gente que, si tuvo un contacto con un positivo y tiene que aislarse, sabe que no va a cobrar esa semana, después de venir de un año muy jodido. Pierde la gente que viaja amontonada en el 110 a Manga a las ocho de la mañana. Y acá no hay ninguna medida en ese sentido. ¡Y si será una aglomeración esa, cuando se viaja como ganado parado en el ómnibus y te respira el que está arriba! Pierde toda esa gente.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡No dialoguen, señores senadores!

SEÑOR SÁNCHEZ.- Estamos discutiendo un proyecto de ley. Las medidas que anunció el Gobierno son para los viajes interdepartamentales y no para los suburbanos ni los urbanos, que es donde se concentran los problemas.

En definitiva, lo que estoy planteando es que esta especie de competencia para ver quién gana y cómo gana no le sirve a nadie.

No voy a decir lo que el Gobierno debe hacer, pero me imagino que si voy a tratar de reglamentar nada más ni nada menos –por algo no se ha hecho hasta ahora– que el artículo 38, lo primero que haría, señora presidenta, es llamar a los representantes de todos los partidos políticos para hablar. ¡A todos! Buscaría la forma de dialogar con todos antes. ¿Para qué? Para, más allá de las diferencias, dar sustento a lo que estamos haciendo hoy o a lo que necesitamos hacer con urgencia. No lo tiraría en una sala de la Cámara de Senadores, que puede ser el lugar legítimo para discutirlo, pero todos sabemos aquí que no tuvimos tiempo para analizarlo, porque acá vinimos a votar. ¡Acá vinimos a votar! Hicimos cuartos intermedios en la mañana para ver qué otra cosa podíamos proponer, sabiendo que lo que veníamos a hacer era votar una cosa o la otra. Entonces, creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque acá no hay unos mejores que otros. Y el esfuerzo que todos tenemos que llevar adelante es no improvisar.

Siento que del informe que tenemos –que dice que debemos aplanar la curva– surgen algunas conclusiones importantes que todos compartimos. Primero, tenemos que evitar el contacto. Hay que evitar lo más posible la circulación. Hay que evitar lo más posible estar expuestos. Eso, que desde hace mucho tiempo se plantea como una recomendación a la gente, tiene un efecto directamente proporcional en función de los ingresos. Para algunos eso puede darse en el marco del ejercicio de su libertad, pero otros no tienen la libertad de hacerlo porque tienen que salir a ganar el mango. No hay vuelta: tienen que salir a como dé lugar, porque deben elegir todos los días entre su salud y su alimentación.

Eso nos ha llevado a tener diferencias, sí, sobre cuáles son las medidas necesarias para atender la situación social y económica que genera la pandemia y para que nadie tenga que pensar: «¿Me expongo a enfermarme o me guardo? Y si me guardo y no tengo plata ¿qué hago?». Ese es el problema, y esas medidas todavía no están arriba de la mesa. En un momento en que estamos tratando, por la evidencia que tenemos, de restringir al máximo la circulación, siguen sin estar esas medidas, señora presidenta. Y eso va a generar más problemas para la gente que tiene estas dificultades, que son vulnerables y a quienes esto los va a vulnerar mucho más. Esa es la verdad, más allá de los discursos que nos hagamos.

Otro problema que tenemos es que estamos tratando de regular algo que es un derecho y un deber. Tenemos derecho a que se proteja nuestra salud y a que se generen las políticas, desde el Estado y desde la comunidad, para atender nuestra salud, pero tenemos también el deber de proteger nuestra salud. Así lo dice la Constitución de la república en su artículo 44, que, entre otras cosas, establece el deber de cada uno de los ciudadanos de la república de cuidar su salud.

Y mire qué interesante, señora presidenta: aquí estamos ante una hipótesis muy difícil, porque hay algunas discusiones doctrinarias acerca de la definición de catástrofe o calamidad, y muchas veces se definen sobre la intencionalidad humana de llevar adelante una cosa o la otra. Seguramente –creo que nadie aquí maneja esa hipótesis–, cuando la gente se aglomera no es para propagar el virus. Por tanto, no estamos basados en la hipótesis de que hay una intención humana de propagar el virus, sino que estamos basados en la hipótesis de que por acción u omisión, por irresponsabilidad o por descuido, si yo me expongo y no me protejo, puedo ser un factor de propagación del virus.

Lo que están tratando de hacer todos los países del mundo, y nosotros aquí, es construir políticas públicas –una ley es eso– que marquen determinados límites para esa hipótesis. Y no me refiero a la hipótesis de que hay una intencionalidad de hacerlo. Más allá de los discursos que se hacen acá, yo veo en las redes todos los días cómo se dice que el Frente Amplio quiere propagar el virus convocando a marchas. Y nos tenemos que hacer cargo todos de eso. Yo me hago cargo de los míos, pero no vale no hacerse cargo de los otros que dicen esas cosas por ahí.

Entonces, señora presidenta, estamos ante esta hipótesis, y la diferencia que tenemos es si este es un problema de seguridad pública o de salud pública. Reglamentar el artículo 38, desde nuestro punto de vista, además de meterse con un elemento fundamental, lo transforma en un tema casi de seguridad pública.

He escuchado con mucha atención al señor senador Gandini, porque ha hecho una buena fundamentación de lo que propone el Gobierno, tratando justamente de esforzarse por demostrar las virtudes del proyecto. A veces podemos pecar, señora presidenta, del dilema de los artistas: nos enamoramos tanto de nuestra obra de arte que no le vemos los defectos. Tratemos, en esta discusión, de no entrar en esa. ¿Sabe por qué? Porque se decía que el policía iba a ir a hablar por el megáfono. Yo acabo de ver un video de lo que pasó en Florida. Entonces, ahí volvemos al principio de la realidad: ¿quién va a aplicarlo y cómo? ¿Qué garantías damos, tanto para los funcionarios, policiales o no –funcionarios públicos–, como para los ciudadanos? Ese es el verdadero drama. Yo puedo decir que no va a pasar nada, que se va a hablar tranquilamente, pero otros podrán decir que van a ir de pesados y salir con la escopeta en la mano. En este caso fue una desgracia con suerte, porque se le cayó, se disparó y no hirió a nadie. Pero ¿es razonable ir a hablar con unos muchachos en una plaza con una escopeta en la mano? Entonces, caemos en una casuística que es terrible, señora presidenta.

Lo que plantea el Frente Amplio, más allá de si es buena o mala su solución, es que lo primero que debemos definir es que quien orienta, quien dirige, quien conduce y quien establece los criterios que pueden generar un riesgo sanitario es el Ministerio de Salud Pública. No es el Ministerio del Interior, no es la presidenta de la cámara, no es un intendente, no es cualquier otro ministro. Es el Ministerio de Salud Pública, que es la policía sanitaria. Y creo que eso deberíamos tratar de establecerlo con claridad, para determinar los lineamientos, los protocolos de actuación –cómo debe actuarse– e, incluso –como acá se plantea–, las debilidades que pueda tener el Ministerio de Salud Pública. Pongamos recursos. Estamos en un momento de excepción. Tenemos que darle los recursos humanos que hay en el Estado, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en los cuerpos inspectivos del resto del Estado, para ponerlos al servicio de la lucha contra esta pandemia. Si hay que poner un médico en una plaza pública para que hable con los gurises que están haciendo esas cosas, hagámoslo, y lo podemos hacer porque estamos en un momento de excepción. Hay que tener creatividad para hacerlo. No podemos tener respuestas burocráticas y decir: «Como no hay gente, no lo hacemos por ahí. Lo hacemos por otro lado».

Entonces, señora presidenta, a mí me parece que acá hay que encarar el tema desde el lugar educativo, de la prevención, que es lo que todos pretendemos. Yo he puesto un ejemplo en algunos debates internos de mi bancada. Esto es como los inspectores de tránsito: ¿tienen que estar para poner multas o para tratar de que no se cometan infracciones de tránsito? Es lo mismo. ¿Acá tenemos que tratar de disolver una aglomeración o tratar de que no ocurra? Hay que trabajar más en la prevención que en la represión en el momento en que está ocurriendo esa aglomeración. Creo que esa es la gran diferencia que tenemos. Nos hemos metido, por apurados, en un tema que nos ha enredado, señora presidenta. Yo lo siento así. Porque bastaba con decir que no se puede estar en un espacio público o en un espacio privado de uso público sin tapaboca y que el que esté sin tapaboca es pasible de sanción, de multa y de amonestación. No había que meterse con el artículo 38, con el artículo 44, ni con nada. Por supuesto que, además, queremos establecer el distanciamiento físico, que también es muy subjetivo. ¿Tengo dos metros de distanciamiento aquí? No tengo dos metros de distanciamiento con el senador que está al lado, y no va a venir un inspector del Ministerio de Salud Pública, la señora presidenta del Senado ni ningún policía a decirme que acá estamos incumpliendo las normas de distanciamiento físico. Entonces ¿quién va a andar con un metro midiendo cómo están en una plaza? Y lo que es peor aún: ¿cómo vamos a hacer para ir corriendo atrás de los que están circulando para ver si la distancia es de dos metros o de menos?

Lo que todos queremos es que la gente esté protegida. Queremos recomendar que no se reúnan innecesariamente, que no se aglomeren, que no se llene de gente un espacio innecesariamente. Pero lo que más queremos es que tengan los elementos de protección. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer sanciones para el que no tiene los elementos de protección, y no meternos en todo este berrodo en que nos hemos metido.

El senador Gandini recién hacía una lectura del artículo 1.° y las modificaciones que se han hecho en sala mediante un aditivo. Pero yo me pregunto: ¿para qué está el artículo 2.°? En el artículo 1.° se establece con claridad: «Limítase transitoriamente, y por razones de interés general» y ahora lo modificaron por «de salud pública». Pero el artículo 2.° dice: «Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios competentes y a los Gobiernos Departamentales» –o sea, a todos estos– «en sus respectivas jurisdicciones,» –la jurisdicción de un Gobierno departamental está definida por las leyes orgánicas, el territorio, etcétera– «a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente». Pero acá no habla de espacios públicos. Pueden ser en otro lugar. Por algo se incluye el artículo 2.°. El artículo 1.° suspende las reuniones y aglomeraciones en espacios públicos o en espacios privados de uso público, pero el artículo 2.° da la facultad de disolver reuniones que no cumplan con el criterio sanitario.

Ahora, el problema es: ¿quién resuelve que si no tengo una separación de dos metros no estoy cumpliendo con los criterios sanitarios que establece el protocolo? Ese es el gran problema ¿Y dónde son estas reuniones? ¿Cuáles son? No son las que están en espacio público. Puede ser cualquier reunión. Entonces, nos metimos en un lío, que yo creo se resuelve por otro lado. Lo digo con franqueza, señora presidenta. Después se argumentaba qué era una aglomeración y se daba una definición: «Cantidad grande de personas». Preguntamos: ¿grande con respecto a qué? Si algo es grande o pequeño tiene una relación de escala con respecto a otra cosa. En la plaza 1.º de Mayo un grupo grande de personas tal vez sean cien, y en la plaza de la esquina de mi casa, treinta personas ya constituyen un grupo demasiado grande. Hablar de un grupo grande está vinculado al lugar en el que estamos y aún más cuando estamos hablando de espacios públicos. ¿Cómo resuelvo el aforo en la playa o en un parque, por el ejemplo, en el Roosevelt? ¿Entra la misma cantidad de gente en el parque Roosevelt que en el parque Rivera? ¿Cuándo es grande una cantidad de gente aglomerada en el parque Rivera y cuándo lo es en el parque Roosevelt? Esto, que se presta a cierta subjetividad y a ciertas discusiones de interpretación –como las que estamos teniendo acá–, son a las que vamos a exponer a los funcionarios públicos y a los ciudadanos para cumplir con esta norma. A mi juicio se debe tener un criterio lo más objetivo posible. Un criterio objetivo podría ser definir un número, pero es una marca arbitraria, ya que defino que treinta es mucho, veinte es mucho o cincuenta son muchos. Es muy difícil.

¿Qué es lo más objetivo que podemos encontrar, señora presidenta? En primer lugar, el distanciamiento físico como un criterio de recomendación, porque no puedo ir a medir si efectivamente se respeta o no. Creo que la persona debe contar con los implementos de protección. Es lo único objetivo que se puede plantear para que el policía pueda actuar. Por ejemplo, si hay una persona que está sin tapaboca en la plaza pública, el policía puede decirle: póngase el tapaboca o debe retirarse; de lo contrario será sancionado. Ese es el único criterio objetivo que se puede implementar aquí y después trabajar para evitar que eso no pase, sin meternos con el artículo 38. Incluso, el Frente Amplio trajo un proyecto de ley que contiene otros componentes y trata de buscar una solución en base al artículo 44, porque en realidad consideramos que la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, es el que debe dirigir o conducir sin meterse con la libertad de reunión. Ayer nos reunimos a las 19:00 para elaborar esta iniciativa que trajimos hoy y casi estamos legislando en sala y de esta manera.

No vengo acá a enamorarme de la propuesta que trajo el Frente Amplio; vengo a plantear la necesidad que tenemos de buscar todos los caminos posibles para aplanar esa curva que está creciendo. Asimismo, debo decir que, justamente, la evidencia científica demuestra que en los espacios públicos no está el problema. El problema está en los contagios intrafamiliares, en lo laboral, en las instituciones de salud y, en cuarto o quinto lugar, en la posibilidad de contagios en espacios públicos u otras actividades. Estamos agarrando, entonces, un cañón gigantesco, un Tomahawk, para darle a algo que hoy está en el cuarto lugar en la propagación de los contagios, y lo estamos haciendo, erosionándonos en esta discusión.

Creo que el problema está, en primer lugar, en determinar quién define qué es un riesgo y cómo se interpreta en el lugar, tanto para el ciudadano a fin de saber que está dentro de la ley, como para el funcionario público a efectos de poder actuar y reprimir –porque si se está fuera de la ley hay que reprimir– y, en su caso, sancionar, cualquiera sea la que determine la ley. En segundo término, ¿quién resuelve estas cosas? ¿Quién dirige esto? ¿Estamos ante un problema de salud pública o de seguridad pública? Hay muchas diferencias en cuanto a cómo se puede resolver. Claro que sabemos de la buena voluntad de los funcionarios policiales y militares, y también que te puede carajear y tratar muy mal un inspector de salud pública. No va entonces en función de la tarea que tiene la persona, sino en su preparación, en la competencia, en la capacidad y especialidad que tiene cada una de las áreas del Estado para poder actuar. No es un problema de que este va a hacer esto y el otro va a hacer lo otro.

Creo que deberíamos pensar mejor lo que estamos haciendo, porque estamos nada más y nada menos que reglamentando algo que refiere a la libertad de reunión, lo que ya es motivo para bajar la voz y parar las orejas, para escucharnos mejor. Eso ya es motivo para que el sistema político uruguayo reduzca el nivel de pasión que se puso en este debate y agudice su capacidad para ver si hay alguna forma de resolver lo que queremos resolver sin que esto se convierta un parteaguas.

Estoy convencido, señora presidenta, de que la manera de trabajar en esto es ampararse en el artículo 44, en normas objetivas, establecer claramente quién es la autoridad y los funcionarios que tienen capacidad y la experiencia para llevarlo adelante. Además, estoy convencido de que necesitamos discutir otras medidas que nos ayuden, como por ejemplo que el aforo de los ómnibus suburbanos y urbanos baje a la mitad y que nadie viaje parado, pero eso tiene un costo. Creo que hay que trabajar en eso para garantizar específicamente que aquella persona que va a laburar cuente con todos los implementos necesarios. Cuando venimos a trabajar, arriba de la mesa de los taquígrafos hay tapabocas. ¿Por qué? Para garantizar justamente que se cumpla con el protocolo. Me parece que eso tiene que ser garantizado en cada uno de los lugares de trabajo de la república. Tenemos un informe elaborado por el Ministerio de Salud Pública que dice que no todos cumplen; en ese sentido, creo que hay que dar un mensaje y sancionar al que no cumple. Una aglomeración es cuando en un taller hay cuarenta trabajadores laburando alrededor de un torno; es peor eso a que haya veinte o treinta personas en una plaza pública. Y debemos poner más sanciones porque es claro que no se está cumpliendo; tiene que haber alcohol desinfectante y distanciamiento físico en esos lugares.

Otro gran problema que hay que atender, señora presidenta, es que si tengo un contacto positivo y por tanto debo aislarme, pueda acceder al seguro de salud inmediatamente para evitar que tenga que decidir si aviso o no, porque necesito trabajar. «Capaz que no me toca a mí», algo muy de los uruguayos. «Yo soy vivo y a mí no me va a pasar. Yo me cuidé». Pero también está el principio de la realidad de que, como no tengo un mango, la tengo que remar así.

Creo que deberíamos discutir ayudas muy rápidas –como dice el GACH– para que inmediatamente haya kits de limpieza, de salubridad y de protección para las familias más pobres. Si vivís en un asentamiento en un rancho de cuatro por cuatro, ¿cómo te aislás de la familia? ¿Cómo usás un desinfectante para descontaminar todo lo que está allí, si hay un positivo adentro? ¿Qué hago en ese caso? Creo que son cuestiones que hay que trabajar; algunas se solucionarán con leyes, otras no, pero sentémonos a dialogar para ver cómo las llevamos adelante. El Gobierno no puede decidir pelear solo contra la pandemia. No puede pelear solo contra la pandemia. No debe pelear solo contra la pandemia. No queremos que esté solo contra la pandemia.

Entonces, me parece que estas cosas son las que debemos trabajar. No creo que el camino sea aprobar el proyecto de ley que estamos discutiendo en el día de hoy porque hay razones de gobierno para aprobarlo y hay una bancada oficialista que va a levantar la mano. ¡Por eso vinieron hoy acá! Y puede haber intenciones en la bancada oficialista de revisar algo de esto, pero saben que a la velocidad que van no lo van a hacer. Puede ser que ahí afuera me digan que hubiera sido bueno arreglar esto o lo otro, pero ya está convocada la Cámara de Representantes. Creo que ese es el principal error, pero incluso en ese error estamos a tiempo de establecer que no vamos a ir por el artículo 38 de la Constitución, sino que vamos a buscar algunos elementos que nos aproximen a la objetividad para que el Ministerio de Salud Pública, junto con los científicos y el personal de la salud –que son los verdaderos héroes–, pueda llevarlo adelante. Hemos propuesto reuniones para que el GACH informe al sistema político en su conjunto y podamos dialogar, para poder ver con evidencia científica cuáles son los mejores pasos, los que inciden fuertemente en evitar el incremento de la propagación. Creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar, más que en la intuición política, más que en las fronteras y en los muros políticos porque, de lo contrario, vamos a salir mal. Y quizás tengamos debates innecesarios en el futuro, no por quienes hoy levanten la mano para aprobar la reglamentación del artículo 38, sino porque puede haber una mala aplicación de todo esto. ¡Esto lo podríamos haber resuelto de otra manera!

No se trata de que el Frente Amplio quiera cambiar el paradigma, sino de ver de qué manera no afectamos derechos fundamentales. Exigimos las máximas garantías para que eso no suceda y que se pueda trabajar en medidas que apunten a detener la situación que todos estamos intentando frenar, que la gente se proteja más y que quienes no lo hacen, teniendo toda la capacidad para hacerlo, sean sancionados.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- En primer lugar, con respecto a la exposición del señor senador Sánchez, que se agravia de la urgencia del tratamiento de este proyecto de emergencia, me pregunto si vi mal o él y su bancada votaron la declaración de urgencia, tanto de esta iniciativa como de la otra.

En segundo término, con relación al hecho de no meternos con el artículo 38 de la Constitución y ampararnos en el artículo 44 de la carta, me pregunto si se tuvo presente que el artículo 3.° del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio establece que no se permitirán aglomeraciones de personas, etcétera. ¿Eso no se considera restricción de la libertad de reunión? Quería expresar eso en función de lo que ya dije. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo protege el derecho a la salud desde la restricción de la libertad de reunión y la iniciativa del Frente Amplio, tratando lo mismo, parte de la protección del derecho a la salud restringiendo la libertad de reunión. Son dos caras de la misma moneda.

Muchas gracias.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Voy a responder a cuatro o cinco alusiones del señor senador Sánchez.

Con todo respeto, quiero manifestar que este es un proyecto de ley que regula el derecho de reunión, como establece el artículo 38 de la Constitución, de modo muy garantista. Podría haber dicho simplemente que quedan prohibidas las aglomeraciones de personas en estos tiempos de emergencia sanitaria. Con eso alcanzaba. Sin embargo, detalla en qué casos se produce la prohibición o la suspensión de ese derecho, con qué conductas, en qué lugares, cuál es la intervención, para qué y cuáles son las consecuencias. Reitero: es muy garantista.

Las cosas que ocurrieron en Florida –que se relataron en sala– pasaron sin esta ley. Pasan, porque no tiene nada que ver la conducta, que puede exceder lo que la ley le autoriza a hacer a un funcionario público. Y acá le marca qué es lo que puede hacer.

Lamento que se vuelva a decir que el Frente Amplio va por el artículo 44 y no por el artículo 38, porque el artículo 3.° de su proyecto va por el artículo 38 de la Constitución. ¡No tiene vuelta!

El artículo 3.° del proyecto de ley establece: «Por un plazo de 30 días contados a partir de la promulgación de la presente ley, no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social…». O sea que limita el derecho de reunión por ley, que es lo que permite y debe hacerse por la vigencia del artículo 38 de la Constitución. ¡Estamos hablando de lo mismo!

De otro montón de cosas sobre lo que se habla estoy dispuesto a dialogar; por ejemplo, sobre la educación, sobre tener médicos en una plaza, sobre prevenir antes que disuadir, etcétera. Yo estoy dispuesto a hablar, ¡pero ninguno de los dos trajimos un proyecto de ley que dijera eso! ¡Ni nosotros ni el Frente Amplio! No estamos discutiendo ese aspecto, sino la limitación del derecho de reunión y quién es el responsable. Estamos en esa órbita; ahora, si la idea es agregar otras cosas que no figuran acá, pueden enviarnos por escrito sus proyectos. Nosotros estamos para reunirnos y dialogar sobre esas cosas.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: ¡hasta se hicieron preguntas! La verdad es que me entristece que se le recrimine al Frente Amplio la actitud de levantar su mano para que se trate con carácter de urgente un proyecto sobre el que estamos de acuerdo y que se nos venga a echar en cara esto como una inconsistencia de esta bancada.

En primer lugar, quiero decir que es algo muy bueno para el relacionamiento reconocer las actitudes que tienen algunas bancadas, porque podríamos haber tenido otra actitud.

Toda mi intervención estuvo basada, señora presidenta, en que estamos legislando a las apuradas y si se revisa la versión taquigráfica se podrá constatar que también dije que el proyecto que trajimos nosotros tiene las mismas características. A partir de ayer, desde que tomamos conocimiento del proyecto de ley, así como de la voluntad del Gobierno y sus mayorías de avanzar, entendimos que había que hacer una propuesta porque no nos gustaba lo que estaba arriba de la mesa y la hicimos.

Estamos en un momento del debate en el que cuando reflexiono acerca de que estas cosas no se pueden hacer a la ligera, lo hago en un sentido amplio –que las tome quien las tome y eso está muy bien–, pero no para hacer reproches múltiples, porque no soy así. Cuando lo tengo que hacer lo hago, señora presidenta; no tengo ningún problema de entrar en un debate por cualquiera de las puertas, ya sea por lo alto o por lo bajo, pero ese no es el caso.

En segundo término, señora presidenta, creo que todos sabemos los efectos políticos de regular un derecho fundamental que está en la Constitución de la república y las sensibilidades que eso despierta. Por eso creo que deberíamos salirnos de este debate y reencauzar el análisis hacia otro lado, discutir sobre los elementos y las efectivas posibilidades de aplicación objetiva sobre el elemento para tratar de evitar la propagación de la pandemia y exigir algunas normas que sean claras para los ciudadanos y para quien debe aplicarlas. Creo que eso no está bien resuelto en el proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo. Claro que podrán decirme que en la iniciativa que presentamos nosotros tampoco está bien. ¡Bienvenido sea! ¡Sentémonos a discutir y a elaborar otra cosa, porque creo que le estamos errando! Después, cada uno será responsable de su voto.

Es cuanto quería decir, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: el Senado ha sido convocado para tratar dos proyectos de ley. Uno de ellos es el primero en haber ingresado a iniciativa del Poder Ejecutivo, de siete artículos concretos, con dos capítulos bien referidos, que establece una propuesta reglamentaria de los artículos 37 y 38 de la Constitución de la república.

También existe una propuesta alternativa que, según interpreto, tiene similitudes –coincido con lo que ha señalado el senador Gandini–, presentada por la bancada del Frente Amplio, también relacionado a una propuesta de reglamentación del artículo 44 de la Constitución.

Estamos hablando de aspectos concretos, de medidas posibles que creo que son necesarias. Me animo a decir que estamos hablando del mismo objetivo sin ningún tipo de dudas. De hecho, ha sido expresado de manera contundente por senadores de todos los partidos políticos aquí representados. Estamos hablando de dos caminos, de dos visiones sobre cómo abordar el tema, pero ambos tienen el mismo objetivo y apuntan a la misma finalidad. Creo que eso tiene que remarcarse como lo principal, porque en el día de ayer en nuestro país se realizaron 8695 test, que arrojaron como resultado 547 nuevos compatriotas afectados por covid-19. Es un récord desde el 13 de marzo y recordemos también que tenemos 105 compatriotas fallecidos. Hoy hay en curso 3925 personas que padecen esta situación. Además, desde el 13 de marzo se han confirmado 887 casos en el personal de la salud –sector en el que hay actualmente 226 casos activos– y han fallecido lamentablemente tres trabajadores de ese sector. En eso estamos parados y por eso estamos convocados para tomar medidas concretas que sean posibles de realizar y que, además, son necesarias porque los números lo dicen y nos interpelan, la realidad nos está interpelando.

Yo quiero hacer referencia al agradecimiento al gesto del oficialismo; así lo dijo concretamente el senador Carrera y yo quiero retribuirle a él y saludar el gesto de discusión que ha tenido la bancada del Frente Amplio. Puede parecer difícil que, teniendo objetivos idénticos, el mismo fin, los caminos puedan ser tan encontrados como para radicalizar la discusión. Creo que no es tiempo de radicalismos y que la ciudadanía está esperando de nosotros, de todo el sistema político, de este Cuerpo, el aporte necesario y el mejor posible. Es válido que tengamos interpretaciones distintas, pero me parece que no puede perderse el tono, porque la urgencia del momento nos demanda esa actitud.

Creo que hay que circunscribirse –aunque sea reiterativo en cada senador que habla– al fundamento jurídico, por la ley que vamos a votar, porque me parece muy importante. Es decir, no es tiempo perdido discutir sobre el instrumento jurídico que vamos a aprobar, pues tiene enorme importancia y consecuencias. Pero hay que tratar de no desviarlo a otro terreno, porque sencillamente lo que sucederá es que la discusión va a pasar a tener un carácter bizantino; vamos hacia eso. Yo he advertido posiciones –si quisiera ir hacia esa dirección del debate– hasta contradictorias en la bancada oficialista y lo digo con todo respeto y con el reconocimiento expreso al ánimo que se ha logrado para establecer esta discusión. Algunas posiciones refieren a demandar que sea mucho más precisa y concreta la determinación en la ley de cuándo es o no aglomeración y se preguntaba si deben ser veinte, treinta o cuántas personas, en una clara definición de que tiene que ser mucho más exegético el tenor de la redacción del artículo. Por ejemplo, el senador Bergara –con quien coincido plenamente– decía hoy más temprano que reconocía que no es factible hacer una razonable definición de aglomeraciones con riesgo sanitario. Además, agregaba el senador que es virtualmente imposible la definición de aglomeración porque la casuística es enorme. Con franqueza, debo decir que pienso que ese no es el camino y que debemos circunscribirnos a fundamentar cada uno las distintas visiones que podemos tener, que son lógicas, pero sobre el tenor de estos artículos 37, 38 o 44 de la Constitución.

Como concepto, también quiero aclarar que no he escuchado –pido perdón si no advertí a alguien que lo haya definido con la precisión que yo estimo que hay que hacerlo– hablar de la afectación del derecho de reunión. Ni en uno y otro argumento hemos hablado de la afectación del derecho de reunión y creo que no está en juego, porque lo que está estableciéndose es su afectación cuando se violen las normas sanitarias. No es atacar el derecho de reunión, sino el no cumplimiento de las normas sanitarias. Este proyecto de ley que nosotros estamos impulsando y vamos a aprobar no es interpretativo del artículo 38 de la Constitución de la república. Las leyes interpretativas de la Constitución tienen una permanencia que esta ley no tiene. A mi juicio, el proyecto de ley es muy bueno técnicamente, contrariando respetables opiniones que señalan que, por el contrario, se trata de una norma vaga. Es bueno técnicamente porque estamos hablando de una ley con vigencia determinada, que luego dejará de existir, dejará de tener efectos. El derecho de reunión pacífica y sin armas, como dice expresamente el artículo 38, no es un derecho absoluto y, por tanto, puede someterse a restricciones, siempre que estas no sean abusivas o arbitrarias, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta evidente que esta norma proyectada por el Poder Ejecutivo no es arbitraria desde el momento en que tiene un plazo de vigencia, y una vez cumplido desaparecen sus efectos. Está dirigida a cumplir un fin determinado, un fin superior y legítimo, que es la protección de la salud de las personas y, además, cumple con los requisitos de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad. No busca el cese de todas las aglomeraciones. Creo que es necesario remarcar esto. Lo que busca es evitar las aglomeraciones que generen un riesgo sanitario y se establece claramente –y en eso coinciden los dos proyectos– que son las que no respeten las medidas de distanciamiento social ni la utilización de los elementos de protección personal adecuados, dirigidos precisamente al fin último de evitar la propagación de la enfermedad. La finalidad es clara, es una, es concreta: reducir la propagación de la pandemia. Desde nuestro punto de vista es racional y proporcional. No queda ninguna duda.

El artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos –el Pacto de San José de Costa Rica– tiene una redacción casi idéntica al artículo 38 de nuestra Constitución. Todos sabemos que los derechos así plasmados tienen en nuestro país jerarquía constitucional y establece que este derecho de reunión solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, del orden público o para proteger la salud o los derechos de los demás. Subrayo especialmente: los derechos o las libertades de los demás. Aquí la libertad de circulación y la libertad de reunión están en conflicto con el derecho a la vida y a la salud de las personas. A mí no me cuesta plantearme ese dilema. Creo que está y es el fundamento que soporta la importancia, la magnitud, la trascendencia de esta decisión que vamos a tomar en el Parlamento nacional, en el Senado y en algunas horas más en la Cámara de Representantes. Es claro el estado de situación de la pandemia en nuestro país. Tenemos claro el número de personas afectadas.

Otra de las características es que hoy está afectado todo el país. No hay departamento del Uruguay que no tenga hoy el foco en esta situación. Los legisladores no podemos estar omisos frente a esto. Este es un cruce de caminos. Nosotros debemos ponderar qué debe primar en esta situación: el derecho de reunión cuando afecte el cumplimiento de las normas sanitarias necesarias y la circulación y el ingreso de personas al país o el derecho a la vida y a la salud de la población. ¿Qué es lo que pesa más?

Hurgando, como todos lo hacemos, en el derecho comparado, en nuestra condición de parlamentarios y de legisladores, leí que en ese conflicto –y se refiere a este que tenemos aquí y que se presenta en todo el mundo– entre la vida y la salud o el cercenar o afectar aunque parcialmente algunos derechos fundamentales tan caros para todos los orientales –como la libre circulación o el derecho de reunión–, se debe hacer primar o prevenir los peligros para la vida de las personas sobre las restricciones a las libertades personales, como puede ser la libertad ambulatoria o la libertad de reunión. Eso lo dice el Tribunal Constitucional de Alemania, en una sentencia de abril de este año, dictada a propósito de la pandemia. Ese tribunal también sostiene que resulta constitucional mantener las restricciones temporales para la protección de la salud y la vida lo más ampliamente posible. Frente a los peligros de la vida, las restricciones a la libertad de las personas pesan menos, señala el tribunal.

Digo con franqueza que, en lo personal, voy por ahí. Estoy convencido de que se trata de tomar una decisión que no es fácil y no tengo ninguna duda de que alcanza en la misma complejidad a cada una de las manos que hoy se alcen aquí, y también a las que no lo hagan. Pero hay que dar una respuesta y generar instrumentos que son necesarios.

Estamos ante un conflicto y allí siempre hay un principio que se sacrifica. La protección en el goce del derecho de reunión o de libre circulación, en el caso del ingreso de las personas al país, se puede restringir porque no existe goce de derechos que sea absoluto; se puede limitar. Dado que el constituyente no establece el límite de los derechos sino el legislador, se requiere de una ley y hay que tomar una decisión.

Si la Constitución establece un derecho o un principio sobre esto, desde nuestro punto de vista pueden existir reglas restrictivas y, en este caso, estamos dentro de los principios de proporcionalidad y de racionalidad.

Señora presidenta: vamos a votar con convicción el proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo. También digo expresamente que tengo la seguridad de que todo el Senado de la república va en el mismo sentido. Es más: hay artículos de los dos proyectos de ley que no se contradicen, sino que dicen lo mismo. En todo caso, la cuestión será quién redactó más acertadamente uno u otro, pero conceptualmente, algunos artículos señalan lo mismo. Aclaro que esto no lo digo en desmedro del proyecto de ley que presenta la bancada del Frente Amplio, basándose en la interpretación del artículo 44 –no es el concepto que tenemos nosotros– porque, reitero, me alienta el mismo objetivo y creo que vamos hacia la misma meta. Tenemos diferencias, y por eso debemos fundamentarlas, desde el punto de vista jurídico. A mi juicio, los argumentos expresados por los compañeros de nuestra bancada han sido contundentes y han establecido la lógica en la que se fundamenta la decisión del Poder Ejecutivo de reglamentar en dos capítulos bien definidos los artículos 37 y 38.

En el artículo 2.° se establece claramente cuál es la facultad del Poder Legislativo, que es el único que la tiene en esta oportunidad. Primero, como no podría ser de otra manera, se faculta al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes –no podían ser otros–, respecto al objetivo que allí se plantea. Luego, también se faculta a los Gobiernos departamentales en sus respectivas jurisdicciones. Creí interpretar –tal vez no fue clara alguna ponencia o la interpretación que hice de ella– que iba de la mano de la facultad del Poder Ejecutivo, pero no de los Gobiernos departamentales. Hay dos facultades: una del Poder Ejecutivo a través de los ministerios competentes y, otra, de los Gobiernos departamentales en su jurisdicción. Esto habla de que claramente hay amplitud para el ejercicio de esa competencia que se faculta. El decreto reglamentario tendrá que ser el que más detalle y que de manera más concreta determine los caminos para ejecutar en ese amplio campo que se establece en el artículo 2.°.

Esta es nuestra postura, señora presidenta. También quiero señalar que aquí tengo lo que acaba de declarar hace cuestión de minutos en los medios de prensa el doctor Larrañaga, ministro del Interior. Textualmente dice: «No tomaremos nunca las herramientas jurídicas que se otorguen para cercenar o menoscabar los derechos y las garantías de los uruguayos. Queremos proteger a la gente y eso requiere sacrificio, si no, no salimos».

Creo que ahí está todo. Está la garantía que da esta norma que va a sancionar el Parlamento nacional y la que en la ejecución da el Gobierno –el nacional y los departamentales–, así como la vocación común de cuidar y proteger a la gente. Permítaseme agregar –porque me quiero plegar a él– el acto de fe y de confianza que nuestro presidente de la república expresara en su última comunicación a la población a efectos de anunciar el envío de estas iniciativas al Parlamento. Aseguró no solamente el acto de fe de creer que todos los ciudadanos de este país vamos a cumplir con este momento de sacrificio que juntos vamos a transitar, sino también el hecho de que se va a lograr. Sé que se va a lograr. Estoy seguro de que es así. Entonces, si queremos salir –es lo que queremos todos– el camino es este.

Señora presidenta: vamos a votar con convicción el proyecto de ley que se funda en los artículos 37 y 38 de la Constitución y expresamos nuestro respeto a las consideraciones que en cada argumento ha señalado la bancada del Frente Amplio en un momento en que la población del Uruguay no nos mira como bancada de oposición oficialista, sino que espera que estemos juntos remando para que podamos salir de esto de verdad.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: creo que muy inteligentemente los senadores preopinantes, y particularmente el senador Camy, muestran los puntos de concordancia del tema –y está muy bien, nosotros también lo planteamos– en cuanto a la dificultad de definir claramente el asunto de las aglomeraciones con riesgo sanitario porque la casuística es infinita, y la necesidad de evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios.

Creo que está bien enfatizar que tenemos objetivos comunes, pero lo que no me parece bien es que, de alguna manera, se contrabandee la idea de que prácticamente los dos estamos diciendo lo mismo y que la discusión es para ver quién escribió mejor o peor el articulado. Hay un punto que se soslaya y que creo que marca la diferencia. Nosotros invitamos a discutirlo y obviamente puede haber visiones distintas, pero si realmente queremos un acercamiento pongamos el foco ahí. Un senador preopinante decía que este proyecto limitaba un derecho constitucional, pero era muy garantista. Nosotros seguimos pensando que hablar en genérico de ministerios competentes sin afinar las responsabilidades institucionales, no da la precisión necesaria para que sea tan garantista. Aquí la diferencia está en que nosotros pensamos que para ser realmente garantista tiene que especificar que la determinación del riesgo sanitario en las aglomeraciones es del Ministerio de Salud Pública, o sea, del Poder Ejecutivo –obviamente– pero actuando con el Ministerio de Salud Pública. Si realmente hay una intención de acercamiento en ese punto, en lugar de hablar de «ministerios competentes» especifiquemos que es el Ministerio de Salud Pública. Obviamente, en el texto restante del articulado se habilita a que en caso de ser necesario se recurra a las fuerzas del orden, pero en todo caso la formulación genérica de «ministerios competentes» no da precisión ni las garantías necesarias. Es ahí –y no en la definición de las aglomeraciones ni en otro tipo de cosas– donde está la diferencia fundamental, sin perjuicio de los agregados que nuestro proyecto de ley tiene con respecto a los otros temas y que también aspiramos a que la bancada oficialista pueda tomar en cuenta. Me refiero tanto al tema de los ámbitos de trabajo como al de los seguros de enfermedad para la gente que tiene que ser hisopada.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: lo primero que quiero marcar es la responsabilidad, la mesura y el sentido de oportunidad con que viene actuando el Poder Ejecutivo para poder enfrentar exitosamente a este cruel enemigo de la vida en los dos sentidos del término: la vida que se va viviendo y la vida como contraposición a la muerte.

Me extraña sobremanera esa acusación de improvisación respecto a estas medidas. Acá hay un trabajo riguroso, respetuoso del método y hecho por gente solvente y sumamente inteligente que ha trabajado con un desprendimiento enorme. Me refiero al GACH y a los técnicos que han trabajado creando los modelos predictivos que nos permiten avizorar lo que se viene; y se trata de estimaciones que han sido por demás acertadas. Los modelos han tenido exactitud en cuanto a que ha habido coincidencia entre los hechos y lo que se predijo.

Este trabajo del grupo asesor nos dio fundamento y base para estas últimas medidas, de las cuales en este Parlamento estamos discutiendo solo una porción. Es decir, aquí no estamos hablando de todo el paquete; el Poder Ejecutivo ha tomado múltiples medidas y los departamentos han hecho otro tanto.

Acá se denuncia a la Intendencia de Montevideo porque parece que no ha tomado una medida sobre el transporte urbano de pasajeros. Bueno, se le puede advertir, y no tengo la mínima duda acerca de la voluntad de la intendenta de Montevideo de superar ese problema.

La cuestión del transporte interdepartamental se ha resuelto, y si se acusa a la Intendencia de Montevideo, me parece que es más fácil levantar un teléfono que acusarla desde el Parlamento.

Ahora voy a referirme a la predicción de un escenario futuro que, basada en la fase exponencial, nos indica que a nivel nacional tendríamos 600 casos diarios el 23 de diciembre, y a nivel de Montevideo, 400 al 21 de diciembre; también se hizo una estimación de 70 camas de CTI ocupadas al 23 de diciembre y, para fin de año, una ocupación de entre 110 y 150 camas de CTI. Y después, en el trabajo, está esa demostración de coincidencia entre lo efectivamente observado y lo que se había predicho. Se concluye: «En vista de esta situación, sumado al deterioro sistemático de los demás índices de evolución –número de reproducción R, porcentaje de test positivos en tres días (PP3,) número de casos sin nexo, número de casos en investigación, número de brotes– se extraen dos conclusiones:» –y me parece que hay que reparar en las conclusiones– «1- Nos encontramos en la situación de crecimiento exponencial de la pandemia, es decir que los días de duplicación de casos nuevos diarios se mantienen aproximadamente constantes». Es un tema que ya todos conocemos, pero por lo que he escuchado en esta sesión, no se ha reparado en la segunda conclusión, que expresa: «2- Nos encontramos en situación de circulación comunitaria del virus, con un epicentro en la capital del país y la zona metropolitana. Esto significa que el trazado de contactos no es suficiente para el control de la diseminación de la enfermedad». No estamos acá en el trazado individual, estamos ante la presencia de un virus que en este momento se está diseminando de manera exponencial y con circulación comunitaria.

Tenemos obvia saturación del sistema de trazado y de testeo, un aumento progresivo del número de casos sin nexo epidemiológico y ha aumentado la cantidad de casos en investigación.

Por otra parte, el científico Oscar Ventura ha presentado otras estadísticas internacionales que confirman que la falta de testeos ha llevado a que muchas de las muertes puedan no haber sido consideradas como debidas a esta causa, a pesar de haberlo sido.

También tenemos mapas que se van tornando hacia el rojo y situaciones como la del sur de Río Grande del Sur, en las zonas inmediatas a la frontera de mi departamento y del departamento de Rivera. Tenemos allí, en la zona de Bagé, mapas con el color negro, lo mismo que en la de Pelotas, que viene hasta la frontera en Yaguarón. En todos tenemos una cruel proyección.

Pero también tenemos otra cosa, algo lindo de conocer, que es el comparativo de la performance que hemos tenido los países en cuanto al éxito de las medidas para enfrentar la pandemia. Esto se ha logrado, en parte, gracias al Gobierno, pero también gracias a la comunidad toda, a los uruguayos todos. Hemos sido el país que más ha respetado las libertades; estamos dentro del núcleo selecto de países que más las han respetado y dentro de ellos somos de los que han tenido más éxito en este combate.

Puedo mostrar otras gráficas de la cantidad de testeos en función de la población, porque Uruguay testea, testea y testea. Lo hace con seriedad, con sistemas de información que fueron consistentes desde el primer día y con una responsabilidad que ha llevado al Gobierno a no mirarse en el espejo de la estadística y hacerse la trampa de testear menos para que aparezcan menos casos. No. Testea más y más; duplica una vez y otra vez; triplica la cantidad de testeos para poder encontrar los vectores donde el virus se está expandiendo y encarar el combate como es debido, en una causa de responsabilidad y en defensa de la salud que, por supuesto, ha prestigiado a este país.

La proyección que tiene este trabajo de Ventura es complicada, de gravedad en Montevideo y con una fea tendencia en el interior. El promedio es comprometido. En ese ámbito enfrentamos esta discusión.

Estas cosas que he dicho las compartimos todos; entonces, no veo lugar para esas acusaciones ni para ese escozor permanente que ha tenido la oposición desde que al Gobierno o al país les ha ido bien al enfrentar esta situación. Tengo declaraciones oficiales del partido de oposición. Una es de cuatro días después del comienzo de la pandemia, doce días después de asumir el Gobierno, y dice: «Ante la suba de tarifas e impuestos anunciados por el Gobierno a pocos días de haber asumido y el importante aumento registrado en el precio del dólar por encima de la media en el mundo» –no sé qué dicen hoy– «el Frente Amplio manifiesta su más enérgico rechazo por tratarse de medidas, todas, que atentan contra los intereses de la enorme mayoría de la población. […] el Gobierno pone de manifiesto su carácter antipopular y una clara intención de beneficiar a los sectores agroexportadores como lo expresó...».

(Interrupciones).

–Creo que la conocen de memoria.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador...

SEÑOR BOTANA.- Este es un documento oficial, señora presidenta, emitido a menos de dos semanas de haber asumido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los taquígrafos no están entendiendo sus palabras porque está leyendo muy rápido.

SEÑOR BOTANA.- Ah, lo leo más lento, entonces.

«A menos de dos semanas de haber asumido el Gobierno con este paquete de incrementos tarifarios, aumento descontrolado del tipo de cambio, fruto de señales que alientan la devaluación por parte del presidente y su equipo de gobierno y el aumento del IVA en las compras con tarjetas de débito y crédito, disminuirán gravemente el poder de compra de todos los asalariados […] Esto se agrega al recorte indiscriminado de gastos de funcionamiento e inversiones...».

Fue cuatro días después, señora presidenta. Y ocho días después, se realiza otra declaración más.

Después, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, pidió cuarentena general y medidas drásticas para evitar la expansión de la covid-19. Otra opinión que, por supuesto, respetamos todos, fue la del expresidente Vázquez en el mismo sentido. La respuesta del presidente Lacalle Pou fue haciéndose hacia la libertad, en la idea de preservar el sentido de combate con base en la responsabilidad de los uruguayos.

En la página web Change.org se lanzó una petición denominada: Cuarentena obligatoria en Uruguay. Decía: «5642 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 75000!».

Después quisieron combatir el virus con cacerolas. ¿Se acuerdan?

Dos meses después de la primera declaración, hubo otra más el 4 de mayo...

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: ¡disculpe! Yo estoy siguiendo atentamente, pero le voy a pedir si puede circunscribirse al articulado...

SEÑOR BOTANA.- Estoy centrado en el debate, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- No precisamente, está circunscripto a un relato histórico.

SEÑOR BOTANA.- No, señora presidenta. Discúlpeme; discúlpeme.

Se habla de la insuficiencia de las medidas adoptadas. Es el mismo tema. Después hubo convocatoria a paro general, a paros parciales y a movilizaciones contra el Gobierno.

Acá estamos hablando de la necesidad de la responsabilidad, porque llegamos a estas medidas de hoy, señora presidenta, también porque no tuvimos la responsabilidad del aislamiento debido, de no realizar este tipo de acciones de carácter político: movilizaciones, marchas que convoca el PIT-CNT. Acá hay información de los cortes de tránsito. También hubo una multitudinaria marcha en conmemoración del Día de los Mártires Estudiantiles, «Sin Educación Pública no hay Futuro», la del Día de la Diversidad –que todos recordamos–, y la movilización a la que convocó COFE por el presupuesto.

Entonces, cuando nos piden que los escuchemos, que los atendamos, que construyamos juntos, ¿qué más queremos nosotros que eso? Pero ¿qué es lo que tenemos que escuchar? ¿La idea del confinamiento obligatorio o la convocatoria a las marchas? ¿Cuál de las dos? ¿La idea de la unidad o el ruido del caceroleo, que fue poquito? ¿La movilización del referéndum contra la LUC o esa convocatoria a construir todos juntos? ¿Escuchamos la cantarola permanente de la protesta o lo que ha sido la actitud de votar todas estas cosas? Porque en realidad, la han tenido. ¿La advertencia frente al riesgo del creciente déficit fiscal o eso de la renta para todos, que ascendería a más de mil millones de dólares, más los quinientos de la no suba de las tarifas de las que habíamos hablado, más los otros quinientos de las medidas que ayer se tomaron y demás?

Señora presidenta: creo que como generación nos estamos perdiendo una oportunidad histórica. Y se lo advierto a la oposición porque, en realidad, acá todos tenemos coincidencia de objetivos; todos vemos esto de la misma manera. A ninguno se le ocurre que el camino sea el que se plantea en este proyecto de ley o el de la otra iniciativa. El camino es el mismo con diferentes puertas.

Entonces ¿es oportuno dar esta discusión en vez de sentarnos a elaborar juntos las medidas? Nosotros lo queremos así; nosotros queremos esa otra cultura del trabajo. Queremos que nuestra generación no se pierda esta oportunidad, que en realidad se pierde en base a este tipo de acusaciones permanentes, en base a este tipo de posturas de enfrentamiento a todo lo que se plantea, en base a las conductas irresponsables cuando hay llamados a la responsabilidad. Ahí se pierde el sentido de unidad que, por supuesto, a todo Gobierno le sirve. Créanme que en este momento –y ejemplos tienen dentro de los propios partidos de oposición– les está yendo mejor políticamente a los que se han puesto en actitud constructiva, en actitud de amparo a la salud.

Es así como me pregunto: ¿es responsable convocar a una movilización, a una marcha o a tocar el tambor en la plaza cuando hay uruguayos que si se contagian mañana no pueden salir a la calle a buscar el pan? Porque tenemos muchos discursos para con el que tiene que ganarse el pan de cada día, pero que no se transforme en un blablablá, que no se transforme en un grito discursivo en el vacío, sino que tenga el sustento de nuestros hechos. ¿Cómo es que convocamos a espacios para que todo el mundo irresponsablemente se contagie y pretendemos que el trabajador pueda salir a ganarse el pan mañana? Hablo del que hace una changa, del obrero que tiene que salir a trabajar porque si bien tiene un ingreso salarial que mantendrá con el seguro de paro, si no trabaja, no lleva a su casa la plata que él quiere llevar ni tampoco la mitad. Entonces, ¿será responsable este tipo de actitud política que es la que lleva a esta situación?

Voy a decir una cosa, señora presidenta: no me siento votando ninguna limitación al derecho de reunión por más que se utilice la herramienta del artículo 38. En realidad, me expresé mal, no fui exacto. Debí decir: «ninguna restricción al derecho de reunión», porque limitación existe en cualquiera de los dos artículos. Acá lo único que estamos votando es eso: una pequeña limitación para salvar la vida, para ir en contra del riesgo de vida. Acá no se cercena ninguna libertad. Por cierto, lo que se hace es responsabilizar al ciudadano y lo hacemos todos: los que votemos la fórmula planteada, porque claramente lo institucional dice que las medidas de orden corresponden a la Policía, al Ministerio del Interior, y por algo el Ministerio de Salud Pública no tiene gente para salir a hacer esas guardias; y también lo hacen todos los Gobiernos departamentales, que desde el principio han asumido la responsabilidad y en todos lados –donde hay policía municipal y grupos inspectivos– han actuado a la altura de las circunstancias.

Ahora bien, siento que este proyecto de ley quiere ir un poquito más allá, quiere hablar con la autoridad y la fuerza del Estado para salvar las vidas y, además, quiere que esto sea igual en todo el territorio nacional y es nuestra responsabilidad posibilitarlo. Por eso vamos a votar con enorme orgullo este proyecto de ley. Lo hacemos porque sabemos que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que estamos actuando a la altura de las circunstancias y que ninguna cuestión menor nos está apartando de lo que debemos hacer en un momento como este.

Nuestro partido, además, tiene la linda aventura de que en los momentos en que la patria lo precisa para defender la libertad, para defender las instituciones, para defender la vida de la gente, para defender la estabilidad, para defender la economía y el trabajo, ha tenido la sabiduría de estar a la altura de las circunstancias. No estoy examinando situaciones de ningún otro partido; no quiero y no se me ocurriría jamás hacerlo. Lo cierto es que nuestro partido lo ha estado y debemos seguir estándolo.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que estamos intentando tratar con altura un tema que es difícil. No parto de la base de que es con gracia que se entra en un terreno tan complejo como este, que siempre ofrece dificultades sobre los derechos. Es un momento dramático, donde además queremos que lo que resolvamos no genere un resultado indeseado en ningún plano, que atienda la problemática de disminuir los riesgos de contagio y que quien tenga en última instancia que ejecutar esto en términos operativos no lo aplique de mala manera y nos lastime a todos. Ese es el espíritu que voy a reivindicar de la discusión.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Entonces, en nada ayuda a ese plano de la discusión que ubiquemos que la marcha del 14 de agosto es del Frente Amplio y lo mismo con la marcha del Día de la Diversidad – que se hace con o sin el Frente Amplio, con o sin el Partido Nacional–, o que ubiquemos, sin ningún sustento científico, que las marchas son las que generaron los contagios; cualquiera que estudie los datos, encuentra que los problemas son otros. Además, esto genera una señal que no está buena, justo en el momento en que estamos discutiendo limitar el derecho de reunión. No está bueno, es un mal favor, pero no es malo para la oposición o el Gobierno, sino por el mensaje que se está dando, porque he visto a una cantidad de senadores oficialistas intentando separar la paja del trigo. No estamos en un momento de arremetida feroz por el tema de la venganza y menos con respecto al paro de los sindicatos. Además, me parece insólito, que frente a la responsabilidad que ha tenido el movimiento sindical –incluso esto se ha reivindicado por parte de los senadores del oficialismo y me congratulo de ello– para atender una situación de rebaja salarial muy dura, ahora, de golpe surja y brote esto.

Por último, hablarnos de la preocupación que se tiene por el salario del trabajador el día que por primera vez en sesenta y dos años postergamos la posibilidad de salir de licencia y cobrar el salario vacacional, es bastante fuerte, bastante duro.

Gracias.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- La señora senadora Della Ventura había pedido una interrupción al señor senador Botana, pero le informo que el tiempo del señor senador finalizó. Ahora ha pedido la palabra la señora senadora Nane; quizás, si es breve, le podría solicitar una interrupción.

Planteamos esto porque en aras de la libertad que todos expresamos, la sesión se extiende y debemos respetar disciplinadamente el orden de los pedidos para hacer uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: coincide que siempre tenemos algún intercambio previo a mi exposición, pero lo venimos llevando bastante bien con paciencia y buena voluntad.

SEÑOR DA SILVA.- ¡Bienaventurados!

SEÑORA NANE.- Justo, bienaventurados.

He estado escuchando de forma atenta y reflexionando internamente cómo nos ha permeado en el vocabulario y el discurso la cultura de la épica de guerra, porque hablamos de enemigos, héroes, de amenazas silenciosas, de combate y eso me lleva a una reflexión.

Me voy a salir un poco de esa épica, porque me parece que no es un tema épico el que estamos tratando, sino de salud pública. Quiero exponer sobre dos conceptos que son cuasiaxiomáticos. Estamos ante una pandemia, un hecho que se explica esencialmente con argumentos científicos, biológicos, biomédicos, etcétera, y tenemos datos que nos han brindado los científicos. Cuando los analizamos y los convertimos en información nos tienen que servir como sustento para tomar decisiones informadas.

Por otro lado –también me parece que es un elemento cuasiaxiomático para tener en cuenta porque, en definitiva, estamos hablando de algo que tiene que ver y nos afecta como comunidad–, nos vamos a referir a la perspectiva ineludible de los derechos humanos. Por esos dos lados voy a introducir algún concepto.

Es tentador responder sobre las marchas en términos políticos, pero me voy a abstener y solamente voy a hacer referencia a un dato científico. El tiempo de incubación del virus y la aparición de síntomas, en promedio, es de catorce días, pero cuando entra a un organismo tiene que colonizar, reproducirse y llegar a un umbral de células infectadas tal que a partir de ese momento empiezan a aparecer los síntomas y ese tiempo varía en los individuos. Estuve consultando con algunas personas que me asesoran en temas científicos para tratar de entender en dónde estamos respecto de la pandemia. Estamos hablando de datos que, en términos generales, nos presentan, no la realidad de hoy, sino la de hace unos cuantos días. Estamos introduciendo ciertos parámetros en las curvas exponenciales y uno de ellos es el tiempo de duplicación del virus.

En una forma muy muy lineal de razonamiento, puedo decir que, dado un tiempo de duplicación de catorce días, hoy ya tengo el doble. Repito: eso es lineal, pero esto es exponencial. Entonces, como nos referimos a datos, quiero invitarlos a ver información abierta y pública en la Guía covid, a la que, en el celular, pueden acceder entrando a @guiacovid. Absolutamente todas las gráficas, con datos de hoy a las 10:00, tienen curvas exponenciales, y ninguna refiere a la fecha de las marchas. Esta es la primera cuestión que quería abordar.

En segundo lugar, cuando miramos los datos, preferiblemente los de los científicos y los usamos para tomar decisiones informadas –voy a acuñar un término popularizado por el señor presidente­–, los utilizamos para el famoso tuneo de las perillas y se supone que a partir de esos datos analizamos qué perillas mover.

Estamos hablando de un virus frente al cual existe una vacuna. Entonces, nos jugamos al pool de vacunas. El otro día, en la conferencia de prensa, se dijo que íbamos a empezar a negociar en forma independiente porque todos los demás lo estaban haciendo, cuando ya hacía diez días que estaba saliendo en la prensa. Lo que quiero tratar de razonar a partir de esto es que tenemos problemas serios y es difícil dimensionar un problema tan grande. Creo que más allá del problema de la pandemia, tenemos algunos problemas con los tiempos de reacción, con la puntería de ciertas medidas y con la comprensión de que este tema requiere medidas integrales. Entonces, voy a tratar de ir un poquito por ahí.

Cuando empezamos a trabajar este tema el día siguiente al que se declaró la pandemia, comenzamos a hablar de cosas que seguimos analizando, pero no voy a ahondar en ellas porque lo hicieron mis compañeros. De todas maneras, siempre vimos las medidas como cuestiones integrales que afectan nuestra vida en varias dimensiones. Hablamos de la renta básica, de la suspensión de desalojos, de diferir el vencimiento de las facturas, de la exoneración para las pymes de los aportes al BPS y a la DGI, del fondo de emergencia del turismo y de un montón de cosas que todos conocemos. Y sobre todo eso, hicimos poco.

Entonces, tratemos de enfocarnos en dónde están esos problemas para empezar a ver las cosas que han ido pasando en estos tiempos. ¿Las fiestas clandestinas son un problema? Sí, claro. ¿Las aglomeraciones son un problema? Sí, pero tenemos otro montón de problemas y parece que solamente vamos a actuar sobre esta perilla.

A esto le sumamos la discrecionalidad para determinar ese problema, lo que, probablemente, nos traiga otro más grande. También hay cosas que a mí me hacen pensar que tenemos un problema con la comprensión de la integralidad. Fíjense: llamamos a realizar teletrabajo, pero no estamos muy bien en cuanto a la reglamentación de la ley. Una de las cosas que quedó floja en la reglamentación de la norma –todavía no se ha hecho y no se establece en ninguna parte de la ley– es que para que la gente teletrabaje hay que darle los recursos para que pueda hacerlo. Por lo pronto, debe tener una conexión a Internet. La comunicación digital hoy por hoy es prácticamente necesaria como el agua y para que la gente pueda teletrabajar requiere conexión a Internet, pero hoy nos enteramos de que la suba de la tarifa de Antel en datos va a ser de un 9,65 %.

(Interrupciones que no se escuchan).

–Estoy apuntando a lo integral, senador; estoy apuntando a lo integral. No le grita al senador Botana, que habla de las manifestaciones, y me grita a mí.

SEÑORA PRESIDENTA.- En aras de poder seguir el hilo conductor de la señora senadora, vamos a pedirle que hable de la integralidad de una forma más acelerada, a los efectos de avanzar en la comprensión de lo que quiere expresar.

SEÑORA NANE.- Estoy poniendo ejemplos concretos, justamente, para facilitar la comprensión. No gritemos.

Por otro lado, quería traer, como segundo axioma, la perspectiva ineludible de los derechos humanos. Clément Voule, relator de la ONU, ha hecho un escrito sobre la reglamentación, justamente, del derecho de reunión. Dentro de las recomendaciones que hace para todos los países del mundo, uno de los conceptos que maneja es que, al estar restringiendo un derecho básico, se debe consultar a la sociedad civil. Entiendo que estamos ante un problema de tiempo, lo comprendo perfectamente, pero hemos venido con problemas de tiempo, consultando a la sociedad civil a los ponchazos constantemente, como ocurrió con la LUC y el presupuesto. Todas han sido reuniones de quince minutos. Esta no parece ser una forma de consultar a la sociedad civil.

Voule plantea que la crisis no debe ser una causa para suspender el derecho de reunión pacífica y el derecho de asociación. Luego habla de una recomendación extrema de transparencia, que es una de las cosas que incluíamos en nuestro proyecto de ley. También expresa que es necesario, ante estos temas que nos convocan y nos afectan a todos, promover el principio de la ciudadanía activa, garantizar la libertad de asociación y que los Estados tengan que dar apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyos vitales con principal énfasis en la atención a la discapacidad y a la soberanía alimentaria. Y eso me lleva al tema de las ollas. Disculpen, pero tengo que hablar de las cosas en forma integral.

(Interrupciones).

–Sí, señora, me refiero a las ollas, a las que no votaron apoyar con USD 40:000.000 en el presupuesto.

(Interrupciones).

–No estoy adjudicando nada, sino relatando un hecho que podemos consultar en las versiones taquigráficas.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar, me parece que todos deberían tener claro que deben referenciarse a la Mesa.

En segundo término, si bien la fatiga puede haber ganado a los señores senadores y a las señoras senadoras, tratemos de enfocarnos en el tema, no interrumpir ni gritar ni hablar cuando otro senador o senadora está haciendo uso de la palabra.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

A veces es una tentación, pero no la atribuyo a malas intenciones, sino, quizás, a la cultura patriarcal y demás cuestiones de las que hemos venido hablando y que cada tanto se viene…

(Interrupciones de varios senadores que no se escuchan).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Vamos a enfocarnos en un tema que es por demás delicado! ¡Por favor!

SEÑORA NANE.- Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuemos refiriéndonos al motivo que hace que hoy estemos reunidos y tengamos en cuenta la gravedad del tema.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Para finalizar quisiera expresar que, evidentemente, vamos a apoyar la propuesta de ir por la reglamentación del artículo 44 y el resto de las medidas integrales que, a mi juicio, establece el proyecto de ley del Frente Amplio.

Muchas gracias por el tiempo.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señora presidenta.

Por supuesto que el Partido Colorado apoya y comparte la necesidad de tomar medidas extraordinarias ante la situación sanitaria que se ha disparado en nuestro país. A esta altura, creo que es bastante importante, fundamental y urgente tomar nuevas medidas ante la situación sanitaria en que nos encontramos. Felizmente, desde marzo de este año y durante muchos meses, las medidas planteadas, como la libertad responsable, lograron que los uruguayos pudiéramos aplanar la famosa curva de contagios.

Evidentemente, este no es el momento de analizar qué nos pasó y por qué hoy nos toca enfrentar esta situación de focos crecientes, pero lo que está claro es que nuestra población, fundamentalmente la más joven, bajó la percepción del riesgo y aquella libertad responsable derivó, en definitiva, en situaciones que en muchos casos hicieron que se dispararan distintos focos.

Por lo tanto, llegó el momento de tomar medidas más importantes, siempre teniendo en cuenta –esa es la gran dificultad, es el gran tema al momento de tomar decisiones de gobierno, lo que debe hacerse permanentemente– las situaciones y tratando de resolver los problemas, pero atendiendo también a las consecuencias que muchas veces las medidas generan.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Es necesario que cuando un senador o senadora está hablando el resto lo escuche. El señor senador Tabaré Viera está en uso de la palabra. Les pido, por favor, que lo escuchemos con el respeto que corresponde.

Puede continuar el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señora presidenta. No creo que sea por la cultura machista, pero…

(Hilaridad).

–No atribuyo intenciones.

Realmente ha habido una conducta –no debe ser la única responsable de esta situación– de todos nosotros, de los uruguayos, en cuanto a no autolimitarnos en todo aquello que significa tener cuidado con nosotros mismos y con los demás en cuanto al contagio y, fundamentalmente, a lo que tiene que ver con las reuniones y las aglomeraciones, que se han ido multiplicando en distintas expresiones. No viene al caso, porque no se trata de buscar culpables o responsables, pero es claro que una de las causas de toda esta situación ha sido la realización de distintas reuniones, fiestas, aglomeraciones, actos, es decir, reuniones en general, incluso las elecciones, sin duda.

Pero llegó la hora de tomar medidas y creo que hay consenso en cuanto a que una de las medidas debe ser limitar un derecho humano, un derecho constitucional, que es el de la libertad de reunión. En definitiva, también está en juego otro derecho constitucional, que es el derecho –y el deber, diría yo– a la salud.

En definitiva, lo que surge de esta sesión es que tenemos que tutelar el derecho superior a la vida. Ese es el bien jurídico mayor que debemos tutelar. Cuando hablamos de salud, estamos haciendo referencia a la vida de los uruguayos. Todos los demás derechos concurren en ese bien jurídico a tutelar que, como dije, es la vida. Si estamos de acuerdo con eso, lo que discutimos es cuál es el mejor camino, si ponemos el acento en una cosa o en otra.

Acá tenemos dos proyectos de ley. Yo leí con atención el que presentó el Frente Amplio, pero sigo considerando que es equivocado que tratemos el derecho constitucional de la libertad de reunión a través del artículo 44, que habla de la salud. ¡Eso ya está consagrado! ¡No está en cuestión! ¡No necesitamos reglamentarlo ni ponerlo en una ley! Lo que sí hay que destacar es el estricto cumplimiento de la Constitución de la república que hace el Gobierno cuando toma la iniciativa. Nadie había hablado del derecho de reunión en el Uruguay; ¡nadie! Eso no se había discutido; incluso, se estaba actuando sobre algunas reuniones. Creo que hizo muy bien –es muy prolijo, muy republicano– el Poder Ejecutivo al enviar a este Parlamento un proyecto de ley justamente para no incumplir un precepto tan importante como es el derecho de reunión. Y a partir de la aprobación de este proyecto de ley no vamos a incumplirlo. Es la propia Constitución que establece que, ante determinadas circunstancias –no voy a volver a repetirlo, la situación de salud–, mediante una ley podemos limitar. Por supuesto que debe ser en ciertas circunstancias, por determinado período de tiempo y teniendo en consideración los métodos. ¡Y eso lo establece la ley! Es por sesenta días, con un máximo de noventa días, porque estamos dando autorización al Poder Ejecutivo para ampliar en treinta días esta medida. En definitiva, estamos cumpliendo con la Constitución de la república y con el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica.

Creo que lo que hoy deberíamos hacer –permítanme, con todo afecto, expresar mi pensamiento– es mostrar a la sociedad uruguaya –¡que está esperando, que está reclamando que se tomen más medidas para cuidarlos y para que nos cuidemos todos los uruguayos!– que podemos tener un consenso, que salimos todos juntos. ¡Cuando hay crisis, cuando hay emergencia, es cuando tenemos que actuar todos juntos en favor de ese bien común!

Hemos expresado los matices y vamos a reiterarlos en el momento de votar. Tengo la esperanza de que, después de la votación del primer proyecto –que es el del Poder Ejecutivo y fue el primero en ingresar– haya una solicitud de reconsideración y terminemos votando por unanimidad para preservar el precepto constitucional y que el Poder Ejecutivo pueda actuar a través de los ministerios correspondientes, y el primero, sin lugar a duda, será el Ministerio de Salud Pública. Pero, además, estará este Parlamento –más allá de que entre en receso– y todos nosotros velaremos por que se aplique bien esa limitación de derechos. No tengo ninguna duda y no puedo creer que alguien tenga dudas de que acá se va a actuar con extremo cuidado. ¡Estaremos velando por que eso sea así!

Entonces, apelo a que este debate de tantas horas no sea estéril y que podamos dar a la sociedad uruguaya el mensaje de que nos hacemos cargo de la situación, de que estamos atentos y de que vamos a tomar una medida que no es de las más graves y profundas. Hay países que tomaron medidas mucho más graves y les fue mal también, les fue peor; me refiero a las clausuras, a los cierres, a las limitaciones a otros derechos, como el derecho al trabajo, y todo lo que eso trae como consecuencia. El bien jurídico tutelado es el bien superior de la vida. Creo que todos los demás derechos están incluidos ahí y eso es lo que queríamos expresar.

21) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR PROSECRETARIO (Adrián Juri).- «El señor senador Alejandro Sánchez solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria, relacionado con un convenio con la Facultad de Medicina. (Asunto 149356).

Asimismo, solicita se curse, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley n.º 16134, de 24 de setiembre de 1990, un pedido de informes con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, referente a los funcionarios de las personas públicas no estatales que estén en régimen de pase en comisión. (Asunto 149355).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

22) DERECHO DE REUNIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑORA PONTE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PONTE.- Señora presidenta: las exhaustivas exposiciones de los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra me eximen de profundizar en esta instancia en las razones que me llevan a rechazar esta propuesta de reglamentación del artículo 38 y a acompañar la alternativa de reglamentar el artículo 44, cambiando el eje de las responsabilidades del Ministerio del Interior al Ministerio de Salud Pública.

Pero no puedo menos que afirmar mi convicción –por lo menos en los aspectos sustantivos– en cuanto a que la reglamentación del artículo 38 no condice con la necesidad de cumplir con los parámetros de precisión, no discrecionalidad y carácter garantista –requisito imprescindible– establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Creemos que es el Ministerio de Salud Pública quien debe asumir, como autoridad competente, la definición de las actuaciones en la situación de riesgo sanitario en la cual nos encontramos y que lamentamos profundamente. Además, estamos convencidas de que, cuando se afectan los derechos de las personas, se requiere el máximo de cautela, y el derecho de reunión es, sin duda, un derecho básico de cualquier democracia contemporánea. A pesar de lo que se ha afirmado en sala con respecto a los rasgos de cautela de este proyecto, no encontramos en la propuesta ningún tipo de garantía específica –más que la confianza que se pueda tener en la actuación de quienes llevan a cabo las intervenciones– ante una intervención policial, por ejemplo, que se aparte de las normas. Una medida a incorporar podría ser convocar a observadores en derechos humanos, ajenos a la situación concreta. No lo encontramos, señora presidenta, y por eso preferimos el camino que hemos elegido.

Como dije, no voy a abundar en los aspectos que ya mencionaron mis compañeros, pero sí quiero poner énfasis en uno que me parece sustantivo, fundamental en la atención de esa situación, y que es pasible de ser mejorado. Celebro en este momento la incorporación del sociólogo Fernando Filgueira al Grupo Asesor Científico Honorario, porque entiendo que puede contribuir a profundizar y a mejorar un tema importante: el sistema comunicacional del gobierno. Creo que el estudio que él hará –con un equipo de profesionales, obviamente– de las respuestas de la población a esta situación de pandemia, contribuirá a analizar una realidad que es compleja en un contexto cambiante, en una población que no es homogénea y en la que los distintos sectores actúan y responden de manera diferenciada. Hasta ahora, desde el Ejecutivo se ha manejado un discurso comunicacional con otras características: generalizante, homogéneo, convocando a la población en general y hasta responsabilizándola del avance de la pandemia. Nos parece que ese déficit comunicacional es uno de los factores que pueden explicar que la respuesta de la población no sea todo lo asertiva que deseamos.

Evaluar el cumplimiento de las medidas sanitarias de los diferentes sectores de la población proporcionará información imprescindible para la producción de mensajes diversos dirigidos a una sociedad heterogénea, acordes, como decía, a un contexto cambiante. Esos mensajes deberán ser precisos, ordenados, concisos, con datos claros y que contribuyan a una cabal comprensión de la situación por la ciudadanía. La verdad es que no creo que la ciudadanía no quiera responder, sino que posiblemente no ha percibido, con la comunicación que se ha llevado adelante hasta el momento, la real dimensión de la situación. No alcanza con presentar datos objetivos de enfermedades, muertes y casos de CTI, sino que se requiere dar una información holística, más general y que pueda ser comprendida por la población.

Por último, quiero decir que reiteramos nuestro apoyo a todas las medidas tendientes a salvaguardar la salud y la vida de los uruguayos –coincidiendo con el señor senador Viera– y reafirmamos el apoyo a todas las acciones que el Poder Ejecutivo lleve adelante para superar los impactos económicos y sociales de este agravamiento de la situación que estamos viviendo.

Tuvimos y seguimos teniendo una mano tendida. Hasta ahora no sé si el Gobierno la ignora o la rechaza, pero puedo asegurar que esa mano seguirá tendida, porque nuestro principal interés está, en primer lugar, en atender la salud y el bienestar de la población, y es un imperativo del momento el accionar conjunto de todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad.

SEÑORA LAZO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PONTE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: ya llevamos varias horas de debate. En función de eso, he solicitado esta interrupción a la señora senadora Ponte, que agradezco, ya que los argumentos esgrimidos por los compañeros de la bancada del Frente Amplio han sido absolutamente representativos de lo que pienso.

No obstante, me parece que es importante resaltar que, como bancada de oposición, entendimos y entendemos que corren tiempos de responsabilidad y todas las medidas adoptadas en su momento por el Poder Ejecutivo en materia de prevención y de mitigación de los efectos de esta pandemia se respaldaron y han sido acompañadas por todo el espectro político del país y por las principales organizaciones sociales, académicas, comerciales, gremiales y sindicales, con diferencias de opinión que son válidas en una democracia. Pero, más allá de estas diferencias, entiendo que la respuesta del Frente Amplio no solamente se dio el 31 de marzo, en ocasión de la reunión mantenida con el señor presidente, sino que ha estado presente en la aprobación de esas medidas y se reiteró hace un par de días, como bien se dijo aquí, con una nueva propuesta directamente al señor presidente de la república.

En ese marco de compromiso presentamos hoy un proyecto alternativo que se fundamenta en el artículo 44. Reforzar las potestades de policía sanitaria del Ministerio de Salud Pública, validar su protagonismo en el rol constitucional de proteger la salud de la población y enfatizar las facultades de fiscalización del Ministerio de Salud Pública son, en definitiva, parte de la fundamentación de este proyecto.

Bien hacemos todos en dar este debate. Yo me congratulo de ello. Bien hacemos en preocuparnos por la actual situación y, fundamentalmente, por el futuro y lo que este pueda desencadenar. Por eso entendemos necesario contar con más información. Nos preocupan las condiciones de trabajo de los equipos médicos, su profilaxis, la existencia y el modo de activación de protocolos claros. Nos preocupan, como a todos, la no proliferación de brotes nosocomiales, el seguimiento del hilo epidemiológico y la necesidad de contar con una real georreferenciación que permita la no subutilización del sistema de complementación.

Señora presidenta: estoy tratando de apurarme porque sé que todos estamos cansados y, a la vez, preocupados por este tema.

Asimismo, nos preocupan la respuesta del testeo por PCR, la posible saturación de los laboratorios y los sistemas de organización del diagnóstico porque, en su momento, fueron los que, a través del seguimiento, controlaron el brote.

Asimismo, nos preocupa asegurar –ya culmino, señora presidenta– el empleo, el salario y las condiciones de trabajo. Nos preocupa coherentemente y por eso no acompañamos esta mañana la potestad a cercenar las licencias en la órbita privada.

Por todas estas razones hemos presentado un proyecto de ley alternativo en busca de soluciones.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Ponte.

SEÑORA PONTE.- Culmino diciendo, señora presidenta, que desde nuestro ámbito de trabajo político, familiar y personal, seguiremos instando a todos y a cada uno de las y los ciudadanos a cuidarse, a cuidar a los demás y a tomar todas las medidas de prevención para revertir este proceso de crecimiento exponencial de la pandemia. Estamos seguras de que entre todos lo lograremos.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: allá por el año 150 antes de Cristo había un senador romano llamado Catón el Viejo que, se hablara del tema que se hablara, siempre terminaba haciendo mención del tema que lo obsesionaba, que era la destrucción de Cartago.

Aquí la discusión de hoy es sobre un proyecto de ley que reglamente un artículo de la Constitución. Creo que todos estamos de acuerdo en cuanto al fondo del tema porque el problema es evidente para todos los uruguayos: cómo restringir el movimiento, cómo frenar la propagación de un virus que amenaza con ser incontrolable en los próximos meses en caso de no hacer nada. Creo que en esto la inmensa mayoría de los uruguayos –me atrevería a decir que la totalidad de los que estamos acá– estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, cada uno habla para su público y cada uno lleva la discusión al tema que quiere. Se habló hasta el cansancio de los trabajadores y de las medidas para los sectores más frágiles, temas en los que podemos coincidir en el cien por ciento, pero hoy no es la oportunidad para dar esa discusión. Si bien podrá hablarse de medidas relacionadas con el virus, no es el tema de hoy.

La sesión de hoy es extraordinaria y fue convocada para tratar específicamente la reglamentación de este artículo de la Constitución de la república. Considero que lo primero que debemos valorar es que, al fin, estamos todos alineados, todos cerrando filas con el Gobierno nacional y tomando conciencia de la importancia que tiene hablarles a nuestros seguidores, a nuestros adherentes y a todos sobre la necesidad de respetar las disposiciones sanitarias y todo lo relativo al distanciamiento, al tapaboca y a las medidas de higiene, entre otras cosas. Creo que, por fin, todo el espectro político se tomó en serio el tema por aquel dicho famoso de que el susto despierta al mamado. Todo el mundo está asustado y todos toman conciencia de eso.

A mi juicio, eso es lo más positivo de todo lo que estamos viendo en estos días y en esta sesión en particular: el alineamiento de todos, sin excepción, detrás de una solución y de sensibilizar a todo el pueblo uruguayo acerca de la importancia que tiene el seguir las normas y lo que se pregona por parte de las autoridades sanitarias. Aquí se ha hablado, en más de una intervención, de la falta de información, de la necesidad de acceder a la información para poder actuar en consecuencia. Yo creo que la información nunca ha faltado, es pública y siempre existen los mecanismos para hacer un llamado a sala al ministro que sea para aclarar los puntos que se entiendan necesarios. Me parece que está de más reclamar o sembrar la idea de que hay cierta opacidad en la información. Creo que más abierto de cómo se trató esta situación desde el principio, no se puede pedir.

Aquí se presentaron dos proyectos de ley que, más allá de que se haya hablado como si fueran diferentes, en el fondo en lo único que difieren es en qué ministerio va a ser el protagonista y cómo va a controlar la ejecución. Todos podríamos coincidir, si analizamos con objetividad, en que el Ministerio de Salud Pública tiene serias limitaciones para ejercer como esa policía que tiene que hacer cumplir una norma de esta envergadura en todo el territorio nacional. Creemos que ese es el fondo del asunto; más allá de alguna otra pequeña diferencia, el tema es qué ministerio va a tener el protagonismo, cuál va a ser el principal actor para ejecutar esta norma.

Sinceramente, creemos que en el fondo subyace la desconfianza en el instituto policial. Se trata de dejarlo relegado en aras de dar la potestad al Ministerio de Salud Pública, con unos eventuales inspectores que habrá que crear y formar para que ejecuten esa acción. La Policía nacional está perfectamente preparada para realizarlo. Nosotros confiamos plenamente en el instituto policial; confiamos plenamente en que va a actuar con la ponderación necesaria para hacer cumplir esta norma. Por eso consideramos que el proyecto que remite el Poder Ejecutivo es el más apropiado, porque es aplicable y realista. El otro podrá parecer mejor en el papel, pero es inaplicable, al menos en lo inmediato. Además, en última instancia, esta otra iniciativa también reserva la intervención del instituto policial o del Ministerio del Interior.

Así que creo que estamos discutiendo prácticamente lo mismo. Llevamos más de diez horas en lo que en una época se llamaban «discusiones bizantinas»; cámaras bizantinas donde se discutía durante horas cuando ya se sabía de antemano el resultado final. Todos coincidimos en la necesidad de aprobar este proyecto de ley porque el pueblo uruguayo en su amplia mayoría así lo está exigiendo. Exige que el sistema político no mire para el costado; que el sistema político enfrente la situación; que el sistema político tome las medidas que preserven a todo el pueblo uruguayo, porque no solo van a ser víctimas de lo que no hagamos los que estamos de acuerdo con este proyecto, sino también los que hoy se oponen. Por eso creemos que es una cuestión de todo el sistema político la aprobación, o por lo menos dar luz verde para que esto sea un instrumento útil para aplanar esa curva de contagio.

SEÑOR DOMENECH.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MANINI RÍOS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- En primer término, quiero señalar algo que no podemos pasar por alto.

Se ha hecho referencia a temas ajenos a este proyecto de ley, relativos a las ayudas que debería darse a las personas que están pasando por una mala situación económica por motivos de la covid, pero tenemos que recordar que este Gobierno heredó un país con 45.000:000.000 de deuda externa, con un déficit fiscal consecutivo de 2.000:000.000 o 3.000:000.000 que anualmente hay que pagar. Quiere decir que es una situación complicada como para pedir una renta básica universal. No obstante –por eso de que el que calla otorga–, quiero señalar que en los últimos días se ha publicitado que hay 76.078 subsidios flexibles que abona el BPS con motivo de la covid. El Gobierno ha hecho un esfuerzo en ese sentido.

En este momento, lo que se pretende es resolver el tema de cómo se ejerce el derecho de reunión. En ese sentido, el proyecto de ley a consideración de esta cámara hace referencia a las aglomeraciones de personas. Este es un término que ha motivado críticas; sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el proyecto de ley alternativo que presenta la oposición utiliza los mismos términos: «aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario». En realidad, lo que se ha hecho es prácticamente un refrito de la iniciativa presentada por el Gobierno.

Queremos señalar que el artículo 3.°, que también ha sido criticado por su generalidad, se ajusta a lo que debe ser la ley: general y abstracta. Y, en un caso como este, debe comprender que la situación amerita la actuación conjunta del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior. Me gustaría saber cómo la fiscalización de Salud Pública puede disolver una manifestación en la que no se estén cumpliendo con las normas que prevé la ley. Todos sabemos que el orden interno es responsabilidad del Ministerio del Interior, por lo que aquí hay responsabilidades concurrentes y deben ser las autoridades que ejercen la policía sanitaria y el orden interno las que actúen en estos casos.

Por otro lado, si de vaguedades se trata, el proyecto de ley alternativo que se nos presenta establece: «El Ministerio de Salud Pública estará facultado, una vez agotadas todas las instancias de persuasión…». ¿Cuáles son las instancias de persuasión?

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador, ha terminado el tiempo de que dispone.

Puede continuar el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Simplemente queremos confirmar que nuestra bancada va a votar este proyecto de ley. Por supuesto que hubiéramos preferido no llegar a esta instancia ni tener que limitar ninguna de las libertades que consagra la Constitución de la república, pero es indudable que hoy, por sobre todas las cosas, está el interés común y el de preservar la vida de los uruguayos. En definitiva, es obligación de todo gobernante saber priorizar en el momento de decidir.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CANON.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CANON.- Gracias, señora presidenta.

La crisis sanitaria y particularmente su evolución actual es una causa nacional que preocupa a todo el sistema político.

Coincidimos con la afirmación del señor presidente de la república en el sentido de que esta emergencia debe ser encarada con Política, pero con mayúscula.

En diversas oportunidades el Frente Amplio ha ofrecido su concurso al Gobierno, y por su intermedio a la sociedad, para disminuir los peores efectos de la pandemia, que afectan desigualmente a los desiguales. Es más, hemos aportado ideas, documentos, iniciativas y votos. Han sido y son también nuestras las exhortaciones del Gobierno, del GACH y de la comunidad científica a limitar la movilidad social, a cuidarse y cuidar a los conciudadanos, entre otras.

No debería haber en este debate grieta alguna; por tramos, lo logramos.

No seré yo, con todo respeto, quien vuelva al tema de Cartago, a las guerras púnicas y a Catón el Censor, sino que lo hago de la mano del señor psiquiatra y psicoanalista Ricardo Bernardi, integrante de la Academia Nacional de Medicina y del Grupo Asesor Científico Honorario, que el 17 de diciembre de 2020, en declaraciones a La Diaria, dijo: «Tanto al gobierno como al GACH les preocupa la baja percepción de riesgo y por eso asoman, cada vez más, las preguntas sobre “los mecanismos psicológicos y comportamientos sociales”».

Y agrega el doctor Bernardi: «A lo que uno puede aspirar es a bajar probabilidades, no a llegar a cero. Hay que bajar el riesgo, porque llegar a cero es imposible, tendríamos que estar en sarcófagos. Hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar”».

Es lógico que se consulte a las ciencias naturales acerca de epidemias, pero no hay que perder de vista que es un hecho social total, es decir, un fenómeno que atañe prácticamente a todas las dimensiones de la vida social.

En Europa, algunos articulistas se preguntan por qué llaman guerra a la pandemia cuando se trata de un fenómeno natural, repetidamente anunciado y cuyas consecuencias eran previsibles. El sábado 11 de abril, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dirigiéndose a Europa, dijo que esta pandemia no era una guerra, que las naciones no se enfrentaban a otras naciones, ni eran soldados contra otros soldados; que estamos ante una prueba de nuestra humanidad en la que sale lo mejor y lo peor de las personas y es una ocasión para que mostremos lo mejor de nosotros mismos.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–¿Qué le pasó a la sociedad uruguaya? ¿Por qué nos portamos mal?, se pregunta el sociólogo Sergio Reyes, secretario de la Asociación Nacional de las ONG en un artículo titulado Portarse bien. Allí sostiene: «Parece claro que al GACH le ha faltado una visión más social del problema, por eso se incorporó al equipo de científicos al sociólogo Fernando Filgueira, un profesional cuyas credenciales sobran para integrar ese colectivo. Se lo convoca porque según se expresó, “la idea es armar un grupo de trabajo para analizar por qué tanto son acatadas las medidas que se recomiendan, y si no lo son, saber por qué. Para eso vamos a analizar muchas cosas, por ejemplo, la situación de la vivienda de las distintas personas, y ver si esto tiene que ver con que adopten o no lo que se les pide”; más específicamente se intenta “entender por qué parte de la gente no acata las medidas”».

Lo que sigue refiere solo a un subconjunto de orientales, aunque es un gran subconjunto. El asunto es complejo. El desempleo, a octubre del 2020, trepó a 11,2 %. El número de personas en seguro de paro en octubre de este año fue de 85.528, después del pico de mayo de 185.000. El reintegro es cada vez más difícil. Aumentan los despidos. Es lógico, porque hay sectores que siguen sin funcionar: el turismo, las artes, la cultura, el deporte, el entretenimiento, pequeñas y medianas empresas del sector comercio sufren la disminución del consumo. Se estima que unas cuatrocientas mil personas están en situación de pobreza y que deben resolver su vida día a día. La economía caería este año en un 4,5 %. El economista Aldo Lema dijo que el trabajo recuperó la centralidad de los problemas que nos afectan; que no hay más que dar una vuelta por los barrios populares de Montevideo y conocer las condiciones en que se viaja hacia el norte y el oeste de nuestra capital para concluir que si esas cuatrocientas mil personas no salen a la calle, no comen. Ciudadanos blancos, colorados, frenteamplistas, cabildantes, etcétera, en todo el país salen a la calle, no para desafiar ningún mandato; no hay en estas conductas un ápice de rebeldía orientada a menoscabar la política de salud del Gobierno, sino que simplemente se trata de estrategias de vida. Cuando la desigualdad es grande, las lecturas de algunos fenómenos pueden simplificarse. Son gente que vive en condiciones habitacionales insatisfactorias.

El otro lugar común de la sanción social es la conducta de los jóvenes. Los jóvenes que yo conozco hacen lo que pueden con lo que les pasa, que es más o menos lo que hacemos todos. La muestra a la que accedo puede ser sesgada, pero en su mayoría se trata de jóvenes que se mantuvieron encerrados durante nueve largos meses, estudiando como pudieron en esas mismas casas en las que viven más personas de las que deben. Han pasado nueve meses de pandemia. El encierro ha sido largo. El invierno, como siempre, fue duro e injusto. En diciembre, con el verano llega la tibieza del encuentro, pero sobre todo llega a una sociedad cansada del encierro, con poco trabajo, sin dinero y mucha incertidumbre. Descargar el enojo o la responsabilidad en las personas no es el camino. ¿Cuál es, entonces, el camino? Previamente, déjenme volver sobre el proyecto de ley de la coalición, del que solo diré –porque mis compañeros de bancada han fundamentado suficientemente en contra– que, si el bien tutelado es la salud, no es competencia del Ministerio del Interior. El proyecto esgrime razones de salud pública para determinar si hay notorio riesgo sanitario; no es el métier de un funcionario policial. ¿Cuáles son, entonces, los caminos? Para responder a ello, me ayuda el politólogo Daniel Chasquetti, quien en los últimos días hizo referencia al libro La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos, del economista y politólogo estadounidense Mancur Olson, quien propuso que solo un incentivo individual y selectivo estimularía a una persona racional de un grupo latente a actuar con espíritu grupal. Es decir que solo un beneficio estrictamente reservado a los miembros de ese grupo motivaría a alguien a unirse y a contribuir con el grupo. Esto significa, en buen romance, que los individuos actuarán colectivamente para proporcionar bienes privados, no para proporcionar bienes públicos como es la salud pública. Para que todos cooperen, deben diseñarse incentivos de carácter positivo –por ejemplo, la renta básica de emergencia, entre otras propuestas del Frente Amplio– o negativo, o como los proyectos presentados, tanto el de la coalición como el de nuestra bancada. Por otra parte, si los incentivos son solo negativos y no hay positivos, no vamos a resolver el problema. Sería –esta es casi una moción de aspiración– una señal muy potente del sistema político a la sociedad votar un proyecto común, que incluyera soluciones socioeconómicas; una contribución enorme a la salud pública y a la tranquilidad de los uruguayos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En realidad, se supone que nosotros, como senadores –y los legisladores en general– somos la voz de la población, pues de alguna forma se nos delegó este poder que tenemos de estar resolviendo cosas que inciden en su vida cotidiana. Evidentemente, este tema preocupa a la población, a todos los uruguayos y, por ende, nosotros aquí estamos por esta preocupación.

Algunas cosas que se han dicho las compartimos. De alguna forma entendemos que había cierta pasividad –como se dijo, incluso, por parte de alguna legisladora del oficialismo–, que había que tomar medidas concretas, y eso lo compartimos. Se habló de cercenar el derecho de reunión –no lo dijimos nosotros, sino que se dijo en otro momento de esta reunión–, o sea que se entiende que estamos cercenando y no solo limitando un derecho. También compartimos las ganas de salir colectivamente de aquí con un proyecto común, e incluso solicité una interrupción al senador Botana cuando él habló de dialogar, de que quieren dialogar. Justamente eso es lo que queremos desde el principio; entonces, paremos esto, veamos cómo podemos llegar a un proyecto en común. Estamos dispuestos a eso.

La diferencia entre el artículo 38 y el 44 para nosotros es muy importante. Para algunos, aparentemente se dice lo mismo, pero no es así. Recién el senador Canon hacía referencia a algo que yo también quería mencionar: no es lo mismo delegar en la institución policial el tema de lo sanitario –como se dijo–, que ponerlo donde debe estar, que es en la institución de la salud. Por eso optamos, como Frente Amplio, por el artículo 44. Nos parece que es lo correcto. Si estamos hablando de riesgo sanitario y no de riesgo para la seguridad pública –porque alguien dijo que ese riesgo existía–, a quien le corresponde dirimir si en una situación determinada existe peligro es a la autoridad sanitaria. Evidentemente, se puede llegar a necesitar la seguridad policial y nadie dice que no recurramos a ella, pero ante situaciones concretas lo correcto es que decida la autoridad sanitaria. Evidentemente eso es lo que nos parece a nosotros.

También se mencionaron las medidas adoptadas, basadas en la libertad responsable, y las compartimos. Pero esto duró varios meses y omitimos decir lo que mencionamos varias veces, y es que durante todo ese tiempo en el que la emergencia sanitaria se manejó bien influyó el estado en que se encontraban los centros de salud. También la conectividad estaba bien resuelta, lo que permitió el teletrabajo y continuar con la educación. Creo que es bueno poner sobre la mesa estos temas, porque no se trata de que hayan encontrado un país que no tenía esas condiciones y que a pesar de ello se transitó bien, sino que se transitó bien, entre otras cosas, porque nuestro país estaba preparado por los Gobiernos anteriores.

Creemos que está bien tomar medidas. Es evidente que lo compartimos por todo lo que decimos, pero pensamos que no son suficientes. Y nos preguntamos algo. ¿Realmente nos preocupa que la pandemia no se siga difundiendo exponencialmente? ¿Todos podemos vivir dentro de nuestra burbuja? Hay personas que están viviendo hacinadas con sus familias y no pueden mantener el distanciamiento necesario; otros no pueden por el trabajo, que es de los lugares donde hay más contagios. Nosotros creemos que estas medidas no apuntan a esos ámbitos. Más allá de exhortar a que se tomen los recaudos en los diferentes ámbitos de trabajo, cuando admitimos que hay hacinamiento en los ómnibus urbanos o suburbanos estamos diciendo que esto va a seguir propagándose. Si se dice que no a las cinco propuestas que el Frente Amplio hizo hace dos días, en realidad se está demostrando que la salud importa, pero no tanto, y que no se quiere gastar. Nosotros pensamos que hay que gastar, pero esa decisión tiene que tomarla el Gobierno.

Entendemos que los puntos importantes para mantener la salud y que no se siga difundiendo la pandemia son: establecer una renta básica de emergencia; suspender los desalojos; suspender los pagos de DGI y BPS para las pequeñas y medianas empresas y luego se tramite la refinanciación; suspender el cobro de las tarifas públicas de UTE y OSE, así como los cortes de agua y de luz, haciendo posible diferir los pagos. ¿Alguien imagina qué va a pasar cuando realmente no se puedan pagar las tarifas en esos hogares ya carenciados y, por ejemplo, carezcan de agua? Es preciso hacer algo. El cuarto punto de nuestro planteo es ese, la suspensión del cobro de las tarifas. Creemos que hay que tomar decisiones.

Por otro lado, como el sector turístico está pasando una emergencia debería ser tenido en cuenta y crearse un fondo.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Esas fueron las cinco propuestas que hicimos hace dos días y tienen total vigencia. No son exactamente las cuarenta que pretendíamos presentar al principio, porque intentamos concentrarlas –se podrían proponer muchas más–, pero esta es la propuesta seria que hace el Frente Amplio. No lo hacemos simplemente porque se nos ocurrió, sino que pensamos en la salud de la gente y en colaborar para que la pandemia no se siga expandiendo de la forma que lo está haciendo. Hay que hacer algo y entendemos que no basta con esto que se propone, de limitar el derecho de reunión, cosa que nuestra propuesta también recoge, pero con la garantía de que sea la autoridad de la salud la que resuelva el tema.

SEÑOR OLESKER.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Olesker.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: en la exposición que hice al comienzo de la sesión marqué las diferencias sustantivas entre los dos proyectos de ley, pero aquí se ha planteado que prácticamente son iguales y que la única diferencia es el organismo competente. Siguiendo un viejo juego que hacíamos cuando éramos chicos, quiero plantear las siete diferencias entre ambas iniciativas, porque me parece que deben quedar claras.

La primera es el plazo. Podrá ser poco –de treinta a sesenta días con posibilidades de llegar a los noventa, luego de una evaluación–, pero es una diferencia.

La segunda –acá se la leyó incluso– aparece cuando se habla de «notorio riesgo sanitario en las que no se respeten las medidas», y una de las iniciativas termina haciendo referencia –y ahí está la diferencia– a «los protocolos dispuestos por la autoridad competente», mientras que en la otra establece «que disponga el Ministerio de Salud Pública». Destaco que, respecto a protocolos sanitarios, no conozco otra autoridad competente.

La tercera es que según el último informe del GACH, el 20 % de los infectados son personas que se contagiaron en su entorno laboral. El artículo 4.° del proyecto de ley del Poder Ejecutivo fija reglas sanitarias y de contralor sobre la propagación de la covid-19 en espacios laborales.

La cuarta es que la fiscalización, de la que tanto se ha hablado aquí, debe ser realizada por salud pública.

La quinta está en que se deban remitir las actuaciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación; no está el Poder Judicial en este otro proyecto de ley.

La sexta está en que el artículo 10 tenía dos puntos, los literales b) y c), relativos a los transportistas y a los que ya tienen pasaje para viajar, a lo que se agrega a los ciudadanos uruguayos que lleguen a la frontera por sus propios medios, lo que tampoco está en el otro proyecto.

La séptima –en realidad son tres, pero las junto en una– tiene que ver con las compensaciones para los trabajadores que deban faltar a su trabajo, por prescripción médica o por ser población de riesgo, financiadas por el Fondo Solidario COVID-19.

Por lo tanto, hay siete diferencias y está claro que son dos proyectos sustantivamente distintos desde lo general a lo particular, y por eso se van a votar en forma separada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: creo que ha quedado fundamentado por qué no compartimos la propuesta del Poder Ejecutivo.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: no quiero entrar en eso de las siete diferencias, pero sí en la principal coincidencia, que está en que los dos proyectos de ley limitan el derecho de reunión: lo hace el artículo 1.° de la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, y casi con las mismas palabras lo hace el artículo 3.° de la propuesta del Frente Amplio. Todo lo demás es accesorio; aquí lo central es que se prohíben las aglomeraciones en determinadas circunstancias y eso es una limitante legal al derecho de reunión, tal como lo establece el artículo 38 de la Constitución. Ambas lo limitan y casi con las mismas características. A mi juicio, todo lo demás es accesorio. Aquí lo principal es que damos al Poder Ejecutivo –a veces en coordinación con los Gobiernos departamentales– la facultad de suspender o disolver las aglomeraciones que atenten contra la salud pública y puedan generar riesgo de contagio.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Señora presidenta: advertimos que hay una gran coincidencia en esta sala y tiene que ver con la necesidad de encontrar herramientas para preservar la salud de los uruguayos en una coyuntura francamente peligrosa y riesgosa, donde todos tenemos una gran incertidumbre respecto al futuro.

Quiero decir que esa es la coincidencia, pero tenemos una importante diferencia respecto a la responsabilidad o a quien le compete efectivamente llevar adelante esta medida que se ha plasmado claramente en sala cuando se ha hecho referencia a la actuación de la Policía nacional o al rol fiscalizador de la policía sanitaria que es el Ministerio de Salud Pública. En este sentido, estamos convencidos de que se está cometiendo un error grave que tiene que ver con exponer al cuerpo policial, el que deberá tomar decisiones para las cuales no está preparado, porque efectivamente la determinación del riesgo sanitario claramente no corresponde al Ministerio del Interior ni a la Policía nacional. Esto no quiere decir que no confiemos en la Policía; todo lo contrario, significa confiar y proteger al cuerpo policial frente a situaciones que va a tener que enfrentar –y vimos claramente algunas de ellas en estos días– para las cuales no tiene preparación suficiente, como sí lo tienen los cuerpos inspectivos de otras áreas.

Si miramos los niveles de contagio existentes, de los 186 brotes, 78 son intrafamiliares y 40 del ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social para efectuar los contralores rigurosos que deben llevarse adelante en el ámbito laboral y efectivamente detener este porcentaje de brotes que es más del 25 % de los existentes.

Por último, y para ser breve porque se ha dicho mucho, también hay que actuar en el ámbito educativo donde hay dieciocho brotes y en el ámbito público, que si bien hay menos no significa que no se debe actuar en ellos. En nuestro caso hemos planteado el rol del Ministerio de Salud Pública y esto nos parece un elemento de diferenciación para nada menor; por el contrario, se está sustituyendo el rol de policía sanitaria que tiene claramente el Ministerio de Salud Pública.

Por último, quiero decir que lo referente al ingreso de ciudadanos uruguayos del exterior nos parece claramente inconstitucional. Esta medida de impedir el ingreso de ciudadanos uruguayos que llegan por sus propios medios al país nos parece francamente inconstitucional. Quiero saber qué vamos a hacer con aquel ciudadano uruguayo que llegue a la frontera y le digan que no puede ingresar al país donde vive y donde probablemente tiene su lugar de residencia.

Me parece que ese artículo debería ser retirado si es que no queremos enfrentar situaciones que claramente violan la Constitución.

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRENTA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: pedí una interrupción que no tardará más de un minuto, porque más allá de este juego de las diferencias y las coincidencias, probablemente cuando pasemos a la discusión particular se mocione para que se voten en bloque los artículos.

Quiero llamar la atención –ya que se están analizando las diferencias– sobre el artículo 2.° presentado por el Poder Ejecutivo, donde se lo faculta, a través de los ministerios competentes y los Gobiernos departamentales, a disponer el cese de aglomeraciones y de reuniones de personas con notorio riesgo sanitario. En el proyecto presentado por el Frente Amplio no hay referencia a las reuniones, y esto hace a los marcos de garantía. Aquí se tomó «aglomeración» como sinónimo de «reunión», pero por alguna razón se hace una distinción, pues se está facultando al Poder Ejecutivo a disolver las aglomeraciones y las reuniones que no cumplan con las medidas sanitarias. Naturalmente, con esto no estoy adjudicando nada, simplemente digo que aquí se avanza, también, en términos de reuniones y hacía la referencia que se hizo al principio de esta sesión –ya que estamos casi sobre el final, ¿verdad, señora presidenta?, y no pretendo reabrir el debate– en cuanto a que la reunión debía ser rápida porque, si no, estaríamos en una aglomeración, justamente por la aplicación subjetiva de qué es lo que hay que resolver, quién resuelve y cuándo, en función de la subjetividad que tenga cada uno.

Gracias, señor senador Brenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR VIERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRENTA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señor senador, por su amabilidad.

Simplemente quiero dejar en claro que el artículo 2.º –que acaba de leer el senador Sánchez– faculta al Poder Ejecutivo a través de los ministerios competentes y de los Gobiernos departamentales. En ningún artículo el proyecto de ley determina que el Ministerio del Interior –la Policía– tenga que ser el que actúe. Es más, en el segundo inciso del artículo 2.° se dice: «Dicha facultad deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios», o sea, no es a criterio policial.

Creo que está mal que se infiera que estamos otorgando a la Policía determinado trabajo o potestades; no, es al Poder Ejecutivo.

Gracias, señora presidenta, y gracias señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Para culminar, en referencia a las precisiones que se acaba de realizar, digo que, a mi entender, todas las expresiones de los senadores del oficialismo han sido extremadamente claras respecto al rol de quién va a fiscalizar estas medidas; por tanto, me parece que no hay duda respecto al rol del Ministerio del Interior.

Si no es así, que se explicite lo contrario y se diga quién lo va a hacer.

SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRENTA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señor senador.

Brevemente, voy a empezar por el final de algunas de las cosas que se dijeron.

Esta no es una aglomeración de las que refiere el artículo 1.º del proyecto de ley, primero, porque no está realizándose en un espacio de uso público y, segundo, porque si así fuera interpretado, estamos todos usando tapaboca y cumpliendo con las normas; por lo tanto, la situación no encaja en eso.

Si se quisiera entender que esto es una reunión, entonces podría disolverse si no estuviéramos cumpliendo los protocolos, pero acá hay protocolos y todos están siendo cumplidos, por lo tanto, tampoco encaja.

Cuando el artículo 2.º habla de reuniones, se está refiriendo a «las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente». Es lo que ha hecho la intendenta Carolina Cosse en estos días con algunas fiestas: ha intervenido porque violan los protocolos.

Entonces, lo que aquí se establece es la facultad del Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes –uno puede ser el de Salud Pública, perfectamente– o de los Gobiernos departamentales, a intervenir, también, en lo que ya está vigente y se está haciendo, que son las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y de los protocolos dispuestos. No se trata de cualquier reunión sino de las que se realicen en contravención de eso. Esta es una reunión y se está realizando de acuerdo con los protocolos, por lo tanto, se puede hacer.

Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- He terminado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere aclarar que aquí vinieron de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social y se constató que este Parlamento cumple fidedignamente con los protocolos. Lo digo porque estamos en el tema.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En discusión particular.

Si se me permite, aclaro que tenemos el texto que vino del Poder Ejecutivo y, además, sustitutivos; propongo que en los casos en que existan diferencias se voten en forma negativa los artículos del proyecto original, para luego considerar los sustitutivos.

En consideración el artículo 1.º tal como viene en el proyecto de ley original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: voy a proponer el texto sustitutivo in voce porque es breve.

El inciso primero del artículo 1.º quedaría redactado de la siguiente manera: «Limítase transitoriamente, y por razones de salud pública,» –en lugar de «por razones de interés general»– «el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución».

En el inciso segundo, por su parte, se elimina el término «etc.» que figura en la penúltima frase y se lo sustituye por «y otros elementos de similar naturaleza».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo propuesto.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.° del proyecto de ley original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.° del proyecto de ley original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Propongo que se vote la hoja n.° 3 en sustitución del artículo 3.°.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto sustitutivo del artículo 3.°.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.° en su texto original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 5.° en su texto original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 6.° en su texto original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 7.° en su texto original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Propongo la votación de la hoja n.º 2, que contiene el texto sustitutivo del artículo 7.°.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto sustitutivo del artículo 7.° que figura en la hoja n.º 2 del repartido.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Estoica y respetuosamente he permanecido en silencio, pero no quiero que pase esta sesión sin que quede constancia de que quien está hablando apoya en un cien por ciento el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Somos tan garantistas que, además, modificamos el proyecto de ley justamente sacando la expresión «de interés general» para que quede específicamente establecido –por si alguien tenía alguna duda, que es lo que suele predominar; cuando uno no está seguro, pasan esas cosas– que es por razones de salud pública.

En mi fundamento de voto señalo que sí estamos restringiendo un derecho que, como todos los derechos, puede ser limitado. El derecho que está más limitado en nuestro ordenamiento jurídico es el derecho a la libertad; el derecho a la vida también está limitado porque tenemos cantidad de normas en ese sentido, algunas de ellas notoriamente conocidas por todos. Y quiero dejar constancia de que lo hacemos a conciencia, porque estamos todavía parados en la Revolución francesa y «mis derechos terminan donde comienzan los de los demás».

En consecuencia, no hay ninguna duda de que lo podemos hacer. Lo hacemos por la vía legal, que es lo que establece la Constitución.

Y quiero dejar constancia de que no es posible confundir, señora presidente, el artículo 38 de la Constitución con el artículo 44. El artículo 44 es una de las tantas normas programáticas que tiene la Constitución, que se refiere, en este caso, a la salud pública. Todas las medidas que se han adoptado con respecto a la salud, yo diría desde que nació el Estado republicano y democrático en el Uruguay, y específicamente las que se tomaron en esta pandemia, están encartadas en el artículo 44. En cambio, el artículo 38 se refiere al derecho de reunión, específicamente, que es lo que vamos a limitar. No hay que confundir. Ya está claramente dicho.

Lo último, señora presidente, es que ahora me explico por qué hay dudas. Cuando se dice «ministerios competentes» hay que ir a la Constitución y a la ley. Las competencias de los ministerios están reguladas por la Constitución, así que nadie las puede burlar.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

Voto este proyecto del Ejecutivo convencida, por la situación crítica a nivel nacional. Nuestro Gobierno, con el esfuerzo de toda la ciudadanía, ha logrado retrasar ocho meses la primera ola de esta pandemia que afecta a todo el mundo.

Señora presidenta: nosotros sabemos de nuestros perfilismos y entendemos que siempre es importante estar presentes en todos los temas del país, pero hoy la situación es de emergencia; es una situación de vida o muerte, y estos perfilismos no corren. Es un tema de Estado, no de partidos políticos y menos de perfilismo, porque estamos restringiendo derechos a la ciudadanía.

Hemos permanecido nueve horas encerrados acá, o más de nueve horas en discusiones bizantinas. Esto es una locura. Señora presidenta: no predicamos con el ejemplo. La ciudadanía espera otra respuesta de nosotros en momentos de tanto dolor e incertidumbre.

Muchísimas gracias.

SEÑOR STRANEO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Gracias, señora presidenta.

Votamos afirmativamente con la convicción de que esto es un respaldo necesario para el presidente de la república, actuando en Consejo de Ministros y, para el GACH.

Yo creo que este es un mensaje claro y contundente que ha dado la bancada de senadores de la coalición al Poder Ejecutivo íntegro, en la necesidad de seguir en el combate a la pandemia de la covid-19.

Sencillamente, tenemos la convicción de haber votado con el convencimiento puro de que era necesaria esta regulación. Sabemos que va a ser utilizada en el marco de la ley, de las garantías constitucionales y de la libertad especialmente identificada como un principio constitucional insoslayable.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En realidad, dado que se fundamenta, entendemos que también tenemos que manifestar por qué no acompañamos la votación.

Cuando se dice «todos tienen competencia», evidentemente es sí; nadie cuestiona que tengan competencia. El tema, para nosotros, es que tiene que quedar claro que la competencia es del Ministerio de Salud Pública y no del Ministerio del Interior. Y voy a reafirmar esto con lo vivido en mi departamento en la noche de ayer; en Chamizo, concretamente. Decimos que la policía no actuó correctamente. Hubo suerte de que el tiro que se disparó no hirió a nadie, pero prueba, de alguna forma, que no es el organismo competente para dirimir si hay un riesgo sanitario.

Entonces, nuestra propuesta basada en el artículo 44...

(Murmullos).

–Pido que me ampare en el uso de la palabra, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor!

SEÑORA DELLA VENTURA.- Reafirmamos la propuesta del Frente Amplio; incluso, dado que abarcaba más puntos, hubiera sido bueno que esos otros puntos se pusieran en consideración.

(Intervención de un señor senador que no se escucha).

–Me aclaran que se van a poner en consideración; me parece bárbaro que así sea.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: solicité la palabra no para fundamentar el voto, sino para mocionar que el Cuerpo exprese un agradecimiento especial a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario que de forma gratuita han prestado todo este tiempo sus energías, su tiempo y sus capacidades en beneficio de toda la comunidad.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: comparto totalmente lo propuesto por la senadora Asiaín, pero también quisiera incluir en esa moción de agradecimiento a las autoridades y a todos los trabajadores de la salud.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Solicito que se agregue «a los funcionarios policiales, a los funcionarios militares y a otros funcionarios públicos de los Gobiernos departamentales que están desarrollando una ardua tarea».

(Dialogados).

SEÑOR SÁNCHEZ.- Quiero hacer una consulta a la señora senadora mocionante. Me gustaría saber cuál es la moción; no entiendo qué moción vamos a votar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Primero vamos a terminar con los fundamentos de voto y después procederemos a actualizar la moción de la señora senadora Asiaín.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: me sentí más que representado por las palabras del señor senador Viera en todos sus aspectos. Hoy somos parte de una coalición y claramente con sus palabras nos representaba al resto de los senadores. Estamos convencidos de que estamos trabajando, respaldando y apoyando un proyecto de ley que da una herramienta más al Poder Ejecutivo para poder seguir avanzando en el combate a esta pandemia.

En esta fundamentación quería trasmitir que votamos con tranquilidad. Este es un Gobierno sólido, que hoy vuelve a mostrar su apertura porque, al igual que durante el tratamiento de la ley con declaratoria de urgente consideración y del presupuesto, también hoy hubo trabajo de los legisladores de la coalición, aportes e intercambios para aprobar el mejor proyecto de ley a los efectos de que sea la mejor herramienta. Pero principalmente, señora presidenta, quería decir que estamos viviendo un momento muy duro, tanto que es muy difícil ponerle costo a una sola vida o a una sola acción o circunstancia.

Sin embargo, en esta fundamentación de voto, no me gustaría pasar por alto que Uruguay le viene ganando a la pandemia hace nueve meses, y eso no se dijo. Le venimos ganando a uno de los enemigos más importantes de la historia de este país. Por lo tanto, no quería dejar de mencionar los aportes que hacen el grupo de científicos, las autoridades de la salud y los uruguayos todos. Por encima de los costos que hemos tenido, de lo duro que ha sido y que seguirá siendo todo, hace nueve meses que venimos ganando tiempo por la eficiencia, la capacidad y la ejecutividad de quienes están al mando, que lo están haciendo bien y cuentan con todo el respaldo de nuestro partido y de esta coalición, respaldo con el que también contaron para las otras herramientas a efectos de poder gobernar.

La otra cuestión, señora presidenta, es la siguiente. A no ser pequeños chispazos, creo que esto es lo que quiere ver el Uruguay: blancos, colorados, cabildantes y frenteamplistas juntos cuando hay un enemigo común, y que sean muchas más las coincidencias que las diferencias. Por eso yo vuelvo a quedarme –más allá de que en forma consistente y reiterada algún senador de la oposición quiso marcar diferencias– con las coincidencias, porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. El enfrentamiento a este enemigo tiene que encontrarnos en este tono, como lo están esperando los uruguayos.

Entonces, votamos a favor y estamos convencidos de que esta es una herramienta más para que, a pesar de los costos –de los dolorosos costos–, se le siga ganando a esta pandemia.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: quiero señalar que hemos votado afirmativamente este proyecto de ley con total convicción. Entendemos que, si bien atañe fundamentalmente a la salud, tiene que ver con distintas disciplinas.

Nosotros somos pragmáticos y a una emergencia hay que enfrentarla con la rapidez que esta requiere. Quizá sea muy interesante decir que se necesitaba más tiempo de debate o para preparar gente a fin de enfrentarla, pero la emergencia hay que afrontarla como tal. Por eso entendemos que el proyecto de ley que hemos votado es el adecuado para enfrentar la emergencia que hoy tenemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: nosotros votamos en contra de este proyecto de ley porque presentamos uno alternativo en el que se establece claramente cuál es la autoridad competente para actuar ante estas situaciones. Nosotros consideramos que la autoridad competente es el Ministerio de Salud Pública, ya que es la policía sanitaria. Aquí no está dispuesto en forma clara cómo se interviene ante el riesgo sanitario y tampoco hay medidas que atiendan uno de los principales focos de infección, que es lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. No podemos compartir de ninguna manera que se cierren las fronteras a los nacionales ni que no haya normas de protección de la salud de los trabajadores infectados.

Por todas las consideraciones que hicimos al argumentar al principio de la discusión y las exposiciones que realizaron los diferentes legisladores del Frente Amplio, no acompañamos este proyecto de ley. Tenemos una mirada diferente en torno a cómo se debe intervenir.

Asimismo, queremos manifestar, una vez más, que el diagnóstico que hizo el GACH no está en concordancia con las medidas que se han dispuesto por el Gobierno nacional. Cuando tengamos conocimiento de la moción propuesta por la señora senadora Asiaín, vamos a acompañarla porque hay que reconocer a los científicos que están trabajando en forma honoraria, a los trabajadores de la salud, a los funcionarios policiales y a otros funcionarios públicos que están trabajando y haciendo frente a esta batalla que tenemos que enfrentar entre todos.

Muchas gracias.

23) GRUPO ASESOR CIENTÍFICO HONORARIO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que esta cámara exprese su agradecimiento al Grupo Asesor Científico Honorario por su entrega en energías, tiempo y conocimiento a toda la comunidad.

Asimismo, a las autoridades sanitarias, a todos quienes trabajan en la salud, a los funcionarios policiales y militares, y a otros funcionarios de los Gobiernos departamentales y municipales, que están desarrollando una ardua tarea». (Firman los señores senadores Asiaín, Manini Ríos, Lanz y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 18:30, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Bianchi, Botana, Brenta, Caggiani, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lazo, Lozano, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Ponte, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti, Straneo y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.