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N.º 34 - TOMO 611 - 30 DE SETIEMBRE DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

33.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

GLORIA RODRÍGUEZ Primera vicepresidenta y CARMEN ASIAÍN Tercera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO,

Y LOS PROSECRETARIOS, VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– Varios señores senadores solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la situación de la Biblioteca Nacional.

• Oportunamente fue tramitado.

5) Proyectos presentados

– El señor senador Pintado presenta un proyecto de ley por el que se exime del pago de derechos de aduana la importación de equipos para radioaficionados.

• Pasa a la Comisión de Hacienda.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se modifica el literal B) del artículo 102 de la Ley n.º 19121, en la redacción dada por el artículo 225 de la Ley n.º 19355, relacionado con la aplicación del Estatuto del Funcionario de la Administración Central a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

• Pasa a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se modifican varios artículos de la Ley n.º 17823, Código de la Niñez y la Adolescencia.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

7), 9) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– Se da cuenta de la nota de desistimiento del señor senador Abreu a futuras convocatorias del Cuerpo por el período 2020-2023, en virtud de su designación como secretario general de la Aladi.

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Cosse, Rubio, Mujica, Coutinho, Niffouri y Manini Ríos.

– Quedan convocados los señores senadores Da Silva, Beramendi, Nane, Bayardi, Meléndez, Pintado, Saravia y Methol.

8), 11) y 14) Guido Manini Ríos. Suspensión de los fueros parlamentarios

– Por moción de los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato la carpeta n.° 1436/2019, relativa a la solicitud del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36.º Turno.

– A solicitud del señor senador Manini Ríos, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97, el Senado resuelve autorizarlo a permanecer en sala y a participar de la sesión en el día de hoy.

– Por moción de los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz, el Senado resuelve que los miembros informantes y demás senadores cuenten con cuarenta y cinco minutos, y que el senador Guido Manini Ríos cuente con cuarenta y cinco minutos, prorrogables por quince minutos más.

• El Senado resuelve no hacer lugar al pedido de desafuero.

10) Moción de declaración

– La presentan varios señores senadores para que el Senado de la república se exprese sobre una nueva violación del cese al fuego acordado en 1994 por Armenia y Azerbaiyán en torno a la región de Nagorno Karabaj.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales.

13) Suspensión de la sesión ordinaria del 6 de octubre

• Por moción de los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz, el Senado resuelve suspenderla.

15) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 28 de setiembre de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 30 de setiembre, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y dar cuenta de asuntos relacionados con la integración del Cuerpo.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Bayardi, Beramendi, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Kechichian, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Mujica, Olesker, Penadés, Pintado, Sanguinetti (Carmen), Sanguinetti (Julio María), Saravia, Sartori y Topolansky. Ingresa posteriormente, por licencia del titular, el señor senador Methol.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Cosse, Coutinho, Niffouri y Rubio. Se retira con licencia el señor senador Manini Ríos.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:12).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensajes:

– por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se amplía a doscientos diez el número de efectivos militares con sus equipos individuales y de la unidad, pertenecientes al Ejército nacional, autorizado por Ley n.º 19757, de 24 de mayo de 2019, para participar en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, en la República Árabe de Siria;

• por los que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y por un plazo de hasta ciento ochenta días, los subsidios por desempleo de los extrabajadores de la Fábrica Nacional de Papel S. A., de la Cooperativa Textil Puerto Sauce y de PILI S. A.;

• por el que se crea la Campaña Nacional de Concientización y Prevención de la Violencia Intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes;

• por el que se declara feriado no laborable para la villa Minas de Corrales, departamento de Rivera, el 9 de noviembre de 2020, en oportunidad de celebrarse el cien aniversario de su fundación;

• por el que se ajustan normas que regulan el régimen de residencia fiscal.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

– Por el que se solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º de la Ley n.º 15785, de 4 de diciembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a los efectos de designar en calidad de presidente en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al señor José Luis Puig;

– por el que se solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de seguridad social entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Corea, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de julio de 2019.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Asimismo, comunica:

– que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y por hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Industria Sulfúrica Sociedad Anónima (Isusa), en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión;

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal superior, subalterno y hasta tres aeronaves de enlace y transporte de la Fuerza Aérea argentina y la salida del país de personal superior, subalterno y tres aeronaves de enlace y transporte con su respectiva tripulación de la Fuerza Aérea uruguaya, a fin de participar en el Ejercicio Río 2020, a realizarse por las mencionadas fuerzas aéreas, en el segundo semestre del 2020, por un período de cinco días en el litoral oeste del país;

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal superior y una aeronave KC-130 con su tripulación de la Fuerza Aérea argentina, con la finalidad de llevar a cabo el Ejercicio Tanque 2020, a realizarse por la Fuerza Aérea uruguaya y la Fuerza Aérea argentina en el segundo semestre del año 2020, por un período de cinco días en el Área Terminal de Durazno;

• por el que se amplía a doscientos diez el número de efectivos militares con sus equipos individuales y de la unidad, pertenecientes al Ejército nacional, autorizado por la Ley n.° 19757, de 24 de mayo de 2019, para participar en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, en la República Árabe Siria.

– Que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo al proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al régimen de cómputo de licencias de los señores legisladores y al régimen de percepción de haberes de sus suplentes.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

A su vez, remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora representante nacional Verónica Mato, referidas a la violencia contra las mujeres.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA PRESIDENTA BEATRIZ ARGIMÓN Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERO.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva, por vencimiento del plazo constitucional, una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Reino de Bélgica al señor Daniel Castillos Gómez.

OPORTUNAMENTE SE REMITIÓ NOTA AL PODER EJECUTIVO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL.

La Comisión de Constitución y Legislación adopta resolución sobre el mensaje remitido por la Suprema Corte de Justicia relacionado con los autos caratulados: Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36.° Turno E/A: Manini Ríos Stratta, Guido - Audiencia de formalización IUE 2-52429/2019 - Remite exhorto.-

REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Oficina Nacional del Servicio Civil remite respuesta a un pedido de informes del señor senador Charles Carrera, relacionado con servicios asistenciales prestados a la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR CARRERA.

La Junta Departamental de Salto remite copia de una resolución por la que dicha corporación declara de interés departamental la actividad que realizan los bomberos nucleados en la Asociación Civil Voluntarios al Servicio de la Comunidad Don José Gervasio Artigas.

TÉNGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Ana González, relacionadas con la separación de los poderes del Estado y el origen del fuero parlamentario.

El colectivo Médicos por la Verdad Uruguay remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 224 del Código Penal, referente a la violación de las disposiciones sanitarias.

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes del señor senador Raúl Lozano, relacionado con la situación contractual de un funcionario de dicho ministerio y con la relación nominal del personal no diplomático designado en misiones oficiales ante países extranjeros.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LOZANO.

El Ministerio de Desarrollo Social remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

• de los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, Daniel Olesker, Enrique Rubio y Lucía Topolansky, relacionado con el fallecimiento de una persona en situación de calle.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES ANDRADE, BERGARA, BONOMI, CARRERA, COSSE, DELLA VENTURA, KECHICHIAN, LAZO, MAHÍA, OLESKER, RUBIO Y TOPOLANSKY.

• De los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Sandra Lazo, José Mujica, Liliana Queijo,Enrique Rubio y Lucía Topolansky, relacionado con los refugios para personas en situación de calle.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES ANDRADE, BERGARA, BONOMI, CARRERA, DELLA VENTURA, KECHICHIAN, MAHÍA, NANE, LAZO, MUJICA, QUEIJO, RUBIO Y TOPOLANSKY.

• Del señor senador Guido Manini Ríos, relacionado con el otorgamiento de canastas para personas con enfermedad celíaca por parte del Instituto Nacional de Alimentación.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR MANINI RÍOS.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes de los señores senadores Charles Carrera, Sandra Lazo y Lucía Topolansky, relacionado con el Fondo Solidario COVID-19.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes de los señores senadores Charles Carrera, Sandra Lazo y Lucía Topolansky, relacionado con el Fondo Solidario COVID-19.

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LOS SEÑORES SENADORES CARRERA, LAZO Y TOPOLANKSY».

4) PEDIDO DE INFORMES

(Pedido de informes consignado en la nómina de asuntos entrados).

«Los señores senadores Oscar Andrade, Carmen Beramendi, Mario Bergara, Charles Carrera, Liliam Kechichian, Daniel Olesker, Elena Ponte, Enrique Rubio y Lucía Topolansky solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la situación de la Biblioteca Nacional.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

5) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos de ley consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Luis Pintado presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se exime del pago de derechos de aduana la importación de equipos para radioaficionados.

A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«Los señores senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el literal B) del artículo 102 de la Ley n.º 19121, de 20 de agosto de 2013, en la redacción dada por el artículo 225 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015, relacionado con la aplicación del Estatuto del Funcionario de la Administración Central a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«Los señores senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican varios artículos de la Ley n.º 17823, de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y Adolescencia.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, desde cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- A la sesión ordinaria del día 15 de setiembre faltó sin aviso el señor senador Botana.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 14 de setiembre faltó con aviso el señor senador Olesker.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una nota de desistimiento presentada por el señor senador Abreu.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 21 de setiembre de 2020

Señora vicepresidenta de la república y presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Tengo el gusto de dirigirme a usted en virtud de haber sido designado secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, por el período 2020-2023.

En tal sentido, le comunico, en mi calidad de senador suplente, mi desistimiento a futuras convocatorias del Cuerpo por el período en el que me encuentre desempeñando dicho cargo.

Sin otro particular, reciba usted y demás integrantes de la Cámara de Senadores las expresiones de mi mayor consideración.

Sergio Abreu. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo interpretar el espíritu de todos al desearle éxito en su gestión.

Queda convocado el señor Sebastián Da Silva, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 29 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 30 de setiembre de 2020.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carolina Cosse. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Queda convocada la señora Carmen Beramendi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 29 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales los días 1.º, 2 y 5 de octubre de 2020.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Carolina Cosse. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Carmen Beramendi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Silvia Nane, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 29 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 30 de setiembre de 2020, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Adriana Barros, Eduardo Brenta y Humberto Castro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor José Bayardi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 29 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia desde el 1 al 18 de octubre de 2020, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales. Se agradece convocar al suplente respectivo.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alejandro Sánchez, Eneida de León, Yamandú Orsi, Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Daniel Caggiani, Graciela Barrera, Aníbal Pereyra, Manuela Mutti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 29 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 30 de setiembre del corriente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor Germán Cardoso ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Pintado, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el miércoles 30 de setiembre al jueves 1.° de octubre.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Amin Niffouri. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) GUIDO MANINI RÍOS. SUSPENSIÓN DE LOS FUEROS PARLAMENTARIOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.° 1436/2019: Suspensión de los fueros parlamentarios del señor senador Guido Manini Ríos. Mensaje n.° 27/2019 de la Suprema Corte de Justicia». (Firman los señores senadores: Penadés, Carrera, Lozano y Lanz).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Suspensión de los fueros parlamentarios del señor senador Guido Manini Ríos. (Carp. n.º 1436/2019 - rep. n.º 185/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 del reglamento, solicito que el Cuerpo me autorice a permanecer en sala y a participar de la sesión en el día de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar lo solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase otra moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se establezca como régimen de discusión que los miembros informantes y demás senadores cuenten con cuarenta y cinco minutos, y que el senador Guido Manini Ríos cuente con cuarenta y cinco minutos, los que podrán ser prorrogados por quince minutos más». (Firman los señores senadores: Lozano, Carrera, Penadés, y Lanz).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Si la cámara me permite, voy a solicitar que se proceda a la lectura del artículo 105 de nuestro reglamento, que me parece importante por las características del debate.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Toda votación será afirmativa o negativa con relación a los precisos términos del artículo o proposición.

En el curso de la votación nominal o después de la sumaria, podrá fundarse el voto, disponiéndose al efecto hasta de tres minutos.

En los fundamentos de voto no se admitirán interrupciones, ni podrán hacerse aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores.

La Mesa llamará al orden al Senador que fundando el voto formulara alusiones personales o políticas, disponiendo, asimismo, la eliminación de su fundamento de la versión taquigráfica».

SEÑORA PRESIDENTA.- Una vez recordado el artículo del reglamento, según lo acordado en la coordinación de ayer, la Mesa va a determinar que se respeten estrictamente los minutos de que dispone cada legislador para hacer uso de la palabra.

Por lo tanto, solicito que estén atentos al tiempo porque se va a apagar el micrófono ni bien culmine el término de que dispone cada uno para hacer uso de la palabra.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero dar lectura al proyecto de resolución que elevó la Comisión de Constitución y Legislación, que es la especializada de esta casa y que, conforme a nuestro reglamento –que tiene valor constitucional–, aconseja a este Cuerpo lo siguiente: «Artículo único.- Ante la solicitud de formalización dispuesta por la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 13.er Turno, cursada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36 Turno de Montevideo, comunicado por la Suprema Corte de Justicia a través del Mensaje Nº 27/2019, en mérito a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República, la Cámara de Senadores resuelve declarar que hay lugar a la formación de causa al señor Senador Guido Manini Ríos, y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga».

De los nueve integrantes de la comisión, cinco votaron afirmativamente este proyecto de resolución: los senadores José Carlos Mahía, Enrique Rubio, Pablo Lanz, Liliam Kechichian y quien habla, y cuatro senadores fueron discordes: Carmen Asiaín, Carlos Camy, Guillermo Domenech y Graciela Bianchi. Creo que esto es lo primero que debemos decir para que conste como antecedente.

Además, señora presidenta, quiero aprovechar la oportunidad para señalar al Cuerpo un debate que dimos en la comisión el día 8 de setiembre. En esa oportunidad discutimos cuáles eran las consecuencias jurídicas de la suspensión de los fueros del senador Manini Ríos y optamos por la posición que, como dijo algún legislador, era la más garantista, tanto para el señor senador como para los ciudadanos que lo acompañaron con su voto: se lo suspende con la condición de que se presente al juzgado y, si se lo declara inocente, inmediatamente se lo reincorpora al Cuerpo, pero que si se lo condena, se reincorporará al Cuerpo luego de que cumpla con la pena impuesta. Creo que los nueve integrantes de la comisión aconsejamos al Cuerpo esta posición jurídica, que es la más garantista y, además, señora presidenta, es la que asumió esta casa, este poder, cuando trató dos desafueros: el del diputado Ezquerra y el del senador Bianchi en la legislatura pasada.

El informe que voy a presentar en nombre de los senadores del Frente Amplio es jurídico y se basa en elementos objetivos que –como diré– surgen del expediente. Lo primero que debemos hacer es referirnos a la solicitud del Poder Judicial que recibimos en esta casa.

Analizados los antecedentes remitidos por el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación, referentes a la solicitud de movilizar el mecanismo del artículo 114 de la Constitución realizada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36.º Turno, los legisladores del Frente Amplio consideramos que hay lugar a la formación de causa y que, por tanto, corresponde la suspensión en sus funciones del señor senador en mérito a las consideraciones que diré.

El 5 de noviembre de 2019 ingresó al Poder Legislativo la solicitud de desafuero del señor senador Guido Manini Ríos, formulada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36.º Turno, a través del mensaje 27/2019 de la Suprema Corte de Justicia. Dicha solicitud del Poder Judicial responde a que el ministerio público y fiscal solicitó que se disponga la formalización de la investigación respecto del imputado Guido Manini Ríos Stratta por la presunta comisión de un delito de omisión de la obligación de los funcionarios públicos de proceder a denunciar un delito en calidad de autor.

Existe una serie de antecedentes judiciales relevantes que tuvimos en cuenta. El día 25 de setiembre de 2019 se convocó al ministerio público a los señores defensores de particular confianza del indagado y se citó al señor Guido Manini Ríos Stratta a la audiencia prevista en el artículo 266 del Código del Proceso Penal, la que se celebró el día 3 de octubre de 2019, según consta, señora presidenta, en las actuaciones que nos fueron remitidas.

El día 3 de octubre de 2019 el general Guido Manini Ríos interpuso la excepción de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley n.º 19293 y de la Ley n.º 19334; estas leyes refieren al Código del Proceso Penal y a la creación de la Fiscalía General de la Nación. La Suprema Corte de Justicia, por sentencia n.º 1362/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, resolvió desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta.

El día 1.º de noviembre de 2019 se desarrolla la audiencia de formalización y el Juzgado Letrado en lo Penal de 36.º Turno resuelve remitir las actuaciones, adjuntando audio de esta audiencia, a los efectos de movilizar el artículo 114 de la Constitución de la república, elevándose a sus efectos a la Suprema Corte de Justicia para su remisión a esta casa.

Señora presidenta: creemos que antes de entrar al fondo del tema debemos hacer algunas referencias al instituto de los fueros del legislador, a los efectos de contextualizar esta situación que estamos tratando.

Al valorar un pedido concreto de accionamiento del artículo 114 de la Constitución de la república, corresponde detenerse en lo que se ha denominado estatuto de legislador y, concretamente, en el fuero como una situación jurídica especial. A este respecto, el doctor Cassinelli Muñoz enseñaba: «No se trata aquí de ser irresponsable, sino de la existencia de unas garantías especiales para ser arrestado o procesado por delitos». Esta garantía especial rige no solamente respecto de los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, sino en general para toda clase de delitos. La finalidad de esta disposición es impedir que el legislador sea arrestado para obstaculizar el ejercicio de sus funciones; por ejemplo, para que no pueda asistir a una sesión de la cámara. Es otra garantía de la independencia del Poder Legislativo, que no se reduce ya a los delitos que pueda cometer en el ejercicio de sus funciones, sino en la disponibilidad del propio legislador para que pueda cumplir con sus funciones.

Esta situación jurídica de garantías es tradicional en todas las constituciones, y nosotros la defendemos porque creemos que es uno de los institutos que establece y defiende la independencia de este poder. Es tradicional en todas las constituciones establecer un sistema de situaciones jurídicas especiales para los miembros de las cámaras legislativas. Ese sistema está destinado a impedir que los otros poderes, especialmente la Policía y el Poder Judicial, puedan obstaculizar la independencia del Poder Legislativo. De allí que estas situaciones de privilegio a favor de los senadores y los representantes no puedan ser renunciadas por estos; son situaciones de protección y de privilegio que no están en beneficio del legislador, sino del Poder Legislativo.

Por su parte, el maestro Jiménez de Aréchaga señalaba: «Lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del Legislador toda vez que, de los antecedentes que se le han remitido o de la verificación de hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro Poder contra la integridad o la independencia de la Cámara. Deberá acordarlo siempre que se funde en hechos de los que razonablemente derive la presunción de que el Legislador ha delinquido». Reitero lo que el maestro Jiménez de Aréchaga decía: «Deberá acordarlo siempre que se funde en hechos de los que razonablemente derive la presunción de que el Legislador ha delinquido».

De manera que a esta cámara le corresponde valorar el pedido del Poder Judicial –es decir, si este está debidamente fundado–, pero sin traspasar a la función jurisdiccional, que es asignada al Poder Judicial.

Entendemos que de los antecedentes remitidos a esta cámara por parte del Poder Judicial hay elementos claros, concretos y determinantes para considerar que el pedido del Juzgado Letrado en lo Penal de 36.° Turno de Montevideo, a instancias de lo solicitado por la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 13.er Turno, no constituye bajo ningún concepto un ataque del Poder Judicial o del sistema de justicia contra la independencia o la integridad del Poder Legislativo.

Ante el pedido concreto del sistema de justicia debemos señalar que deberá tenerse presente que, tal y como surge de las actuaciones judiciales, el pedido de formalización del señor Manini Ríos, realizado por la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 13.er Turno, tuvo como fecha el 24 de setiembre de 2019, es decir, cuando el señor Manini Ríos no era senador de la república. Señora presidenta: es difícil imaginar un ataque del Poder Judicial al Poder Legislativo cuando la persona aún no era legislador. Y esto marca la fecha de solicitud de formalización.

Claramente, los hechos u omisiones que presuntamente verificaron el delito fueron anteriores a la elección de Manini Ríos como senador de la república. De manera, pues, que entendemos que la solicitud formulada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36.° Turno se encuentra bien fundamentada en lo que surgía de las actuaciones remitidas y que fuera ampliado a instancias de la tramitación en el Senado de la solicitud de desafuero. Es decir, ya surgían elementos objetivos suficientes que daban cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables, tal como lo dispone el artículo 266 del Código de Proceso Penal. Según expresa la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 13.er Turno, la conducta verificada por Manini Ríos podría encuadrar en lo previsto en los artículos 18, 60 y 177 del Código Penal, esto es, un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar un delito en calidad de autor. El pedido del juez letrado en lo penal de 36.° turno no es un ataque a la integridad o la independencia del Poder Legislativo, puesto que de los antecedentes surgen sobrados aspectos que permiten concluir que hay elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito.

Señora presidenta: el Estado de derecho impone en esta ocasión permitir al Poder Judicial que investigue con independencia si se verificó una conducta delictiva por parte del senador Manini Ríos mucho tiempo antes de ser senador y resuelva si aplica una condena penal. La Cámara de Senadores debería acceder a la solicitud del Poder Judicial y proceder a la suspensión de los fueros del señor senador Manini Ríos, puesto que el planteo de la fiscalía parece fundado y, por lo tanto, corresponde que sea el Poder Judicial el que determine si se ha verificado un tipo penal.

En consecuencia, negar el pedido del Poder Judicial sería, pues, una decisión contraria a la Constitución de la república, que generaría una categoría de sujetos no alcanzados por el Poder Judicial, y eso es totalmente violatorio del Estado de derecho.

Además, señora presidenta, los senadores del Frente Amplio tuvimos en cuenta una serie de elementos objetivos que fueron señalados por el señor fiscal; se trata de una serie de declaraciones que surgen de las actas del tribunal de honor. Esos serían elementos objetivos que comprueban el tipo penal que solicita aplicar el señor fiscal.

Ante el tribunal de honor, el día 10 de abril del 2018, Gavazzo confesó, según acta n.º 3, que él había tirado el cuerpo de Roberto Julio Gomensoro Josman, luego de su fallecimiento, en el lago de la represa Rincón del Bonete. Cito textual: «El General Cristi dio la orden de que… No se podía… Por temas de desprestigio del Ejército, no podía darse a conocer de que había fallecido un hombre en un cuartel. Porque iban a decir que lo habíamos matado. Y no fue así. No fue así. Entonces dio la orden que lo tiraran en la… en el río Negro. En la… en el campo militar que hay allí, antes de la represa. Bueno. Quien tuvo que hacer eso fui… Recibí la orden de hacerlo yo. Lo hice yo. Y eso es lo que le puedo decir». Esta es una cita textual del acta.

Ante esta confesión en el acta los miembros del tribunal de honor entendieron que debían comunicar los dichos de Gavazzo a su superior, que en aquel entonces era el general Manini, comandante en jefe del Ejército. A este respecto correspondía aplicar el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor, que dice: «Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie». Según consta en estas actuaciones, el día 11 de abril del 2018 los tres generales integrantes del tribunal se reunieron con el comandante Manini Ríos en su despacho, dieron noticia de las aberrantes declaraciones realizadas por Gavazzo y manifestaron que entendían, obviamente, que revestían carácter delictivo.

El general Fajardo, ante la fiscalía señaló: «Nosotros entendimos que era un tema para la Justicia Penal, lo conversamos con el Comandante y le dijimos esto es así, quedó con los papeles y dijo, yo me hago cargo de esto… estamos hablando de la máxima jerarquía de la Institución, tres generales con el Comandante en Jefe… después la decisión la toma él». Sin embargo, y a pesar de haber recibido de forma directa del tribunal de honor dicha información, Manini Ríos se limitó a acusar recibo del planteo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes haciéndose cargo de la situación.

Señora presidenta: surge de las actuaciones que tuvimos a la vista, que Manini Ríos, por entonces comandante en jefe del Ejército, no puso en conocimiento de la Justicia, ni de nadie, los hechos aberrantes que había declarado Gavazzo. Eso surge de la prueba testimonial que la Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo tuvo a estudio. A su vez, en dicho momento tampoco existió ninguna constancia de que hubiera comunicado o puesto en conocimiento de tales hechos a su superior jerárquico, el ministro de Defensa Nacional.

Según señala la fiscalía, sobre finales de abril Manini Ríos llamó al general Fajardo a su despacho y le dio la orden de continuar con sus tareas, fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones. Luego, el 8 de mayo de 2018, según consta en el acta n.º 4, se reanudaron las tareas y se tomó declaración a Jorge Silveira, el que reconoció con total frialdad que Gomensoro había muerto en el Grupo de Artillería n.º 1 y que lo habían tirado al río Negro. Silveira expresó: «Se le muere a Gavazzo en el Grupo de Artillería n.º 1».

En el acta n.º 4 Silveira afirma: «Estoy hablando del primer vuelo, perdón, me entreveré. Hay dos vuelos. Segundo vuelo, esos desaparecieron». Más adelante, Silveira continúa con sus aberrantes declaraciones, minimizando la tortura, al señalar: «Yo cuento que vi, vi interrogatorios de ese tipo, vi interrogatorios de ese tipo, pero si se desnudaba a una mujer era solamente porque se necesitaba la ropa, para a la hora vestirla, pero se buscaba… lo que yo vi, el impacto psíquico de que hablara sin hacerle nada». Un brutal cinismo de Silveira porque sabemos de estas prácticas de tortura psicológica y de abuso sexual que se aplicaban a las presas, y de las aberrantes violaciones que sufrían.

El día 13 de junio de 2018, en el acta n.º 6, Gavazzo amplió su confesión. Leo textualmente, señora presidenta: «Me dice el general Cristi que eso ya estaba totalmente coordinado con el Comandante de la División de Ejército III, o sea que no iba a haber nadie en la zona, iba a estar todo el terreno liberado. No obstante, yo hago la operación tan mal que el cuerpo aparece al otro día o a los dos días… Yo lo cargué en el vehículo, yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en el bote y lo tiré del bote. Yo solo… Iba envuelto en alambre con piedras del lugar… Yo estaba solo, se imagina que no estaba muy tranquilo y creí que lo había dejado caer del bote más lejos de la costa… y no. Había caído cerca de la costa…». Asimismo, refiriéndose a otro detenido, Eduardo Pérez Silveira –un compañero detenido desaparecido, a quien le decían el Gordo Marcos–, declaró: «Era un hombre muy grande y muy fuerte y se desacata y empieza a golpear al personal y estábamos muy cerca del lugar donde estaban alojados todos los demás detenidos. Quiere decir que eso estaba siendo presenciado por los detenidos que estaban dentro de un parque. Entonces lo que yo hice fue tirar una granada de gas lacrimógeno para donde estaba él. El lugar donde estaba él y los soldados, que me pareció la mejor manera de parar aquello, que no había sido nada más que un desacato. Él cayó en ese momento, lo atendieron y le dijeron que tenía… que le costaba respirar».

El mismo día 13 de junio de 2018, en el acta n.° 7, Jorge Silveira amplió su declaración y, refiriéndose al Gordo Marcos, señaló textualmente: «Sé que se llevó al Hospital Militar, como al estar gaseado se lo llevó al Hospital Militar, ahí dijeron que estaba muerto y después no supe nada de él». Preguntado sobre por qué gasearon al detenido, respondió: «Cosas de Gavazzo. Estaba solo ahí Gavazzo».

El día 15 de junio de 2018, el tribunal de honor comunicó, en una segunda reunión con el comandante Manini Ríos, el contenido delictivo de estas declaraciones en las que nuevamente aparecen confesiones de delitos cometidos por Gavazzo y confirmados por declaraciones de Silveira. Además, cabe señalar que en esta segunda reunión los miembros del tribunal de honor le entregaron a Manini Ríos una copia de la transcripción de las declaraciones de Gavazzo. El comandante en jefe Manini Ríos ordenó detener nuevamente las actuaciones y aguardar órdenes. Luego de unos días –entre siete y diez–, esto es, el 22 de junio de 2018, según señalaron los miembros del tribunal de honor en la fiscalía, el comandante dio la orden de continuar con la actividad encomendada al tribunal.

Señora presidenta: como surge de toda la documentación que tuvimos a la vista, y tal como señala la solicitud de formalización del fiscal de flagrancia, el señor Manini Ríos tampoco comunicó dichos hechos con apariencia delictiva a los órganos competentes del sistema de justicia penal. Tampoco puso en conocimiento de estos hechos al jerarca de la cartera, el ministro de Defensa Nacional.

El tribunal de honor emitió los fallos descalificatorios el 15 de setiembre del año 2018. En el fallo descalificatorio de Gavazzo se transcribieron sus declaraciones –este es un hecho a destacar de estos generales que integraron el tribunal de honor–, en las cuales se confiesa haber tirado el cuerpo de Gomensoro en el lago, entre otros gravísimos delitos de los que pasé revista, señora presidenta. Asimismo, en el fallo descalificatorio de Silveira se transcriben sus declaraciones, en las que afirma que «Sabemos que se le muere a Gavazzo. Se lo lleva a Paso de los Toros». Gavazzo y Silveira se agraviaron por las decisiones del tribunal con sendos recursos de apelación.

El comandante en jefe –en otra oportunidad de haber dado cuenta a su mando de estos delitos de los que se había tenido conocimiento en estos tribunales de honor– elevó el oficio n.º 45/18 al Ministerio de Defensa Nacional, señalando qué generales se encontraban en condiciones reglamentarias de integrar los órganos de segunda instancia. Es decir que aquí existió otra oportunidad, pero tampoco surge ninguna prueba documental de que se haya dado cuenta al mando de estas declaraciones aberrantes que surgen de estos expedientes. El comandante Manini Ríos no informó al ministro sobre el contenido de las declaraciones de Gavazzo y Silveira; de hecho, el Ministerio de Defensa Nacional recibió únicamente el oficio que cité, el oficio n.º 45/18, sin ningún otro insumo documental. Esto es lo que surge de la documentación que se tuvo a la vista, que es una de las bases de la solicitud de formalización. Se conformó el tribunal de honor de alzada con los generales Claudio Romano como presidente, Carlos Sequeira como vocal y Alejandro Salaberry como vocal secretario.

Por otra parte, el 30 de octubre del 2018 el propio Manini Ríos informó al tribunal de alzada sobre la existencia de esas declaraciones, advirtiendo que él ya había tomado cartas en el asunto y exhortándolos a fallar cuanto antes, tal como surge de las declaraciones del general Sequeira en la transcripción de los audios de la carpeta fiscal.

El tribunal de alzada emitió el fallo confirmatorio el 1.º de febrero de 2019. Los recurrentes fueron notificados del fallo el día 12 de febrero de 2019, y el día 13 de febrero de 2019 se eleva una nota al ministro de Defensa Nacional en la que se pone en su conocimiento el resultado de los tribunales de honor y de alzada. A pesar de que el comandante en jefe del Ejército Manini Ríos hace apreciaciones sobre otros asuntos judiciales en más de ocho carillas, no hace ni una sola referencia a las declaraciones de Gavazzo y Silveira.

El 14 de febrero de 2019 se reunió con el ministro de Defensa Nacional y le notificó los fallos, pero no informó acerca del contenido de esas declaraciones. Es decir, señora presidenta, que transcurrieron trescientos diez días –casi un año– desde que los integrantes del tribunal de honor dieran cuenta por primera vez de los dichos de Gavazzo a su comandante sin que tuviera ninguna consecuencia. Durante casi un año Manini Ríos ocultó las declaraciones de Gavazzo, lo que demuestra una clara finalidad y disposición para ocultar la verdad y entorpecer la justicia sobre determinados acontecimientos. Su silencio y su interés por ocultar dichas declaraciones tuvieron consecuencias directas en limitar el accionar del Poder Judicial en cuanto a poder valorar esas declaraciones a las que hice mención. No es cierto, señora presidenta, lo que afirma en su escrito a fojas 65 y siguientes del expediente judicial, en cuanto a que su omisión de denunciar es inhábil para dañar el bien jurídico administración de justicia. Eso no es cierto, señora presidenta; todo lo contrario. Y esto quedó manifestado desde un primer expediente que se empezó a mover a partir de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por el que se solicitó el desarchivo a los efectos de que se siguiera investigando luego de la confesión de Gavazzo y de Silveira ante el tribunal de honor. Se solicitó el desarchivo del expediente «Gómez, Juan Carlos y otro: Homicidio muy especialmente agravado». Este expediente hoy está a decisión jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia.

Como corolario, señora presidenta, podemos decir que el análisis de las actuaciones judiciales y administrativas remitidas a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores permite concluir que corresponde hacer lugar a la formación de causa y suspender en sus funciones al señor senador Guido Manini Ríos para quedar a disposición del Juzgado Letrado en lo Penal de 36.º Turno, tal como fuera solicitado. De estas actuaciones aparecen sobrados elementos que permiten descartar cualquier tipo de ataque injustificado a la integridad o a la independencia del Poder Legislativo, en primer término, porque el período de formalización del señor Manini Ríos fue previo a que resultara electo senador de la república, pero, además, porque hay sobrados elementos que demuestran que prima facie habría incumplido con su deber de denunciar un delito del que tuvo conocimiento por estarse desempeñando entonces en el cargo de comandante en jefe del Ejército nacional. La gravedad de las declaraciones consignadas en las actas del tribunal de honor, lo aberrante de su contenido, imponían al comandante en jefe Manini Ríos el deber de comunicarlo inmediatamente a sus superiores y, en definitiva, al Poder Judicial.

La grave omisión del señor senador en comunicar las declaraciones a su superior demuestra la finalidad de esconder la verdad sobre los hechos en esas actas mencionadas y de entorpecer la labor judicial al respecto.

Este plenario tiene por delante resolver una cuestión fundamental: hacer lugar o no a la verdad y a la justicia. De hecho, por cinco votos la mayoría de la Comisión de Constitución y Legislación entendió que se debía acceder al desafuero del senador Manini Ríos porque hay lugar a la formación de causa, como marca la Constitución de la república.

Por lo tanto, señora presidenta, los legisladores integrantes del Frente Amplio respaldamos dicha posición, así como el proyecto de resolución que se elevó al pleno de este Cuerpo.

Es cuanto tengo por decir, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Me gustaría hacer algunas precisiones previas con respecto a lo que dijo quien me precedió en el uso de la palabra.

Es cierto que la Comisión de Constitución y Legislación aprobó, por cinco votos en nueve, un proyecto de resolución, pero allí se dice algo distinto de lo que después afirma el senador Carrera, que todo el tiempo reitera que el pedido es del Poder Judicial. La letra de la resolución especifica que el pedido es del fiscal, es decir, del acusador, no de un órgano jurisdiccional. El Poder Judicial lo que hace es cursar, sirve de canal. Entonces, atengámonos a la letra de la resolución que se votó. Asimismo, el senador habla de que se trata de una comisión especializada en constitución y legislación. Yo quiero decir que esa comisión está integrada por cuatro abogados, y tres de ellos votaron en contra el proyecto de resolución. Observo que el senador Carrera se ríe, pero es así.

El senador también afirmó que no hay que oponerse al desafuero si no se acredita un ataque a la integridad de la cámara. Nosotros no sostenemos que haya un ataque a la integridad. Él citó a Jiménez de Aréchaga en cuanto a que debe acreditarse si hay una presunción de delito; eso es lo que nosotros no consideramos que conste, es decir, la presunción de un delito, por lo menos, por parte del senador Manini Ríos, aunque quizás sí por otras personas. La de los fueros de los legisladores es una categoría aparte, pero lejos de ser violatoria del Estado de derecho, como figura en este librito que se llama Constitución, es parte de él.

Por otro lado, transitamos por la penosa descripción de crímenes aberrantes, deleznables, pero esta sesión no trata ni intenta procesar la autoría de esos crímenes cometidos por Gavazzo, por Silveira; por ninguno de ellos. Aquí se trata de otra cuestión, de un delito distinto, que no es considerado grave, porque de lo contrario no tendría lugar el artículo 114 de la Constitución de la república; se trata de la omisión de la denuncia de un delito. Es decir que no se trata de juzgar a Gavazzo y a Silveira en los, insisto, condenables, deleznables y aberrantes crímenes cometidos. Yo tengo un tío que fue torturado por un régimen autoritario; tuvo un infarto y estuvo preso. Así que yo no me hago eco ni vengo a defender a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad, sino que estoy aquí para aplicar la Constitución.

Ahora sí, señora presidenta, para comenzar con el tratamiento del asunto, se nos pide que nos pronunciemos sobre si hay mérito para la formación de causa contra el senador Manini Ríos, a los efectos de suspender en la función legislativa –es decir que tiene una consecuencia bastante importante– a un senador de la república electo a posteriori, como decía el senador Carrera, del pedido de formalización fiscal.

¿Cómo abordaremos este pedido de desafuero? En concordancia con el lema del Partido Nacional: como defensores de las leyes y de la Constitución, y aplicándolas. Por ello nosotros no habíamos adelantado nuestra postura antes de estudiar las diez mil fojas de los expedientes, como hizo alguna otra fuerza política, que antes de que le llegaran los expedientes, adelantó su postura. Nosotros estudiamos y luego llegamos a una conclusión.

(Murmullos).

–En esto del estudio le debo dar la delantera a mi asesor penalista, doctor Santiago Ruete, quien más se ha desvelado en el estudio de este expediente. O sea, se hizo un análisis jurídico acerca de si había mérito para la formación de causa por el delito de…

Solicito que se me ampare en el uso de la palabra porque hay murmullos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: estamos asistiendo a un problema con el micrófono que impide que se la escuche adecuadamente. Le voy a pedir que se aleje un poquito del micrófono porque me parece que es la manera en que la escucharemos mejor.

Quizás habría que pedir a la senadora que tome otro micrófono.

(Dialogados).

–Para que los técnicos puedan solucionar estos problemas que estamos teniendo con los micrófonos, proponemos un cuarto intermedio de diez minutos.

Se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 10:59).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:14).

–Agradecemos a los señores legisladores el tiempo para llevar adelante este cambio, en virtud de que la tecnología nos presentó algún inconveniente. Obviamente, vamos a tener que realizar una inversión, porque hace tiempo que estamos tratando de resolver este tema. La senadora Bianchi dice que podemos hacer una colecta entre los legisladores; después lo someteremos a votación, pero por ahora vamos a reanudar la sesión.

Gracias, señora senadora Asiaín.

Puede proseguir en el uso de la palabra.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

Creo que ha quedado claro –insisto– que los desgarradores sucesos, los crímenes deleznables que describió o leyó de las actas el senador Carrera son absolutamente condenables por todos nosotros, por aberrantes; pero no es eso lo que está siendo procesado aquí. Digo esto para que quede claro.

Decíamos que el análisis es estrictamente jurídico –más allá de que este es un órgano político–, y lo manifestamos haciendo honor al lema del Partido Nacional de defensores de las leyes. Lo reitero porque como hubo problemas de audio quizás esto se perdió: nosotros arribamos a nuestras conclusiones luego del análisis, luego de la lectura de todas las fojas, asistidos por los asesores –especialmente el doctor Santiago Ruete, en mi caso–, y no hemos emitido una opinión, una postura antes de la lectura, como otros sectores políticos. Corresponde un análisis desde la Constitución, y permítaseme leer nuevamente el artículo 114, que es el que se aplica: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93» –que es el del juicio político– «sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente».

Atendamos la literalidad del texto. Comienza con una negación: «Ningún Senador […] podrá» –es la regla– «ser acusado […] sino ante su respectiva Cámara…», que es la que resolverá. La regla es la negativa a los pedidos de desafuero. El constituyente parte de una negación. El desafuero es la excepción y, por ello, la Constitución requiere una mayoría muy especial, la más exigente: dos tercios de votos del total de componentes de la cámara. Esto opera, como decíamos, en caso de delitos no graves. Si se tratara de un delito grave, correspondería la aplicación del artículo 93 de la Constitución de la república, relativo a juicio político por violación de la Constitución o delitos graves.

Pero la consecuencia del desafuero es gravísima: el legislador queda suspendido en el ejercicio de sus funciones. Es decir que le estamos enmendando la plana a la ciudadanía que, como decía el senador Carrera, eligió al senador Manini por voto soberano a posteriori del pedido de formalización.

En su contexto, el desafuero se enmarca en lo que se conoce como el estatuto del legislador, que son normas que protegen su inviolabilidad y aseguran la independencia en el ejercicio de sus funciones respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Está vinculado a la separación de poderes y, reitero, protege al legislador y a la cámara –estoy citando a Cassinelli Muñoz– para el libre desempeño de sus funciones frente a las tentaciones foráneas de limitar al Parlamento y a sus integrantes, cargos eminentemente políticos. Es una medida de control del Parlamento para frenar eventuales excesos de otros poderes o de contrincantes políticos. Por ello es irrenunciable, pues es la cámara la que determina el levantamiento y no el legislador, ni siquiera el imputado. Esto lo dijo Cassinelli Muñoz.

¿Cuál es la finalidad, la teleología, el para qué, el porqué de estatuir esta protección? Proteger la función del legislador –de todos nosotros, que podamos estar eventualmente en una situación así– y también de la cámara respectiva y, en definitiva, del Parlamento, del Poder Legislativo. ¿De qué? De una eventual persecución política tendiente a eliminar a un contrincante que complica, o de excesos del Poder Ejecutivo. Nuevamente cito a Cassinelli Muñoz que dice que es para impedir que otros poderes, especialmente la Policía y el Poder Judicial, puedan obstaculizar la independencia del Poder Legislativo. Los efectos son que los legisladores solo pueden ser procesados según la opinión de la cámara y esto por mandato del constituyente. Entonces, es falaz decir que no otorgar el desafuero implica una violación del Estado de derecho. Es el constituyente el que pide que sea la cámara la que determine, analizando si hay mérito para la formación de causa.

El senador Carrera citó a Jiménez de Aréchaga, pero en un aspecto distinto al de los orígenes que voy a mencionar ahora. El primero de los Jiménez de Aréchaga, Justino, en la obra El Poder Legislativo, de 1887, reporta la existencia de este instituto ya desde el siglo XVII en Inglaterra, donde relata que se encarcelaba en la torre de Londres a los miembros de la Cámara de los Comunes por delitos inventados o menores, siempre para evitar que votaran alguna ley o frenar alguna acción del Parlamento. También lo reporta en Francia bajo el Régimen del Terror y en Prusia, y concluye que a los efectos de prevenir de tales ultrajes a la función legislativa y garantizar su independencia y la libertad de sus miembros en el ejercicio de sus funciones, todos los sistemas jurídicos de los Gobiernos representativos del mundo han previsto dentro del estatuto del legislador –es decir del estatuto que nos aplica a todos nosotros– la irresponsabilidad por votos y opiniones y la inviolabilidad personal. Por lo tanto: protecciones para el Parlamento, para la función legislativa –no para el legislador en el sentido de privilegio, y por eso, irrenunciable– y garantía para la democracia republicana del Estado de derecho.

Francisco Bauzá reporta en Estudios constitucionales que aun antes de la Constitución de 1830 existen fueros parlamentarios –y por supuesto que he oído que los fueros parlamentarios están desde la Constitución de 1830– y refiere al período de las leyes de la Florida desde 1825 a 1830, lo que se considera la Constitución flexible. En estas leyes de la Florida ya estaba previsto que «cuando se forme querella por escrito contra cualquier representante, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá la sala, con dos tercios de votos, suspender de sus funciones al acusado…». Así es que está presente en la preconstitución.

El segundo de los Jiménez de Aréchaga, en uno de los volúmenes de Teoría del Gobierno también destaca esta finalidad de preservar la independencia del Poder Judicial y hace un apunte bastante interesante. Dice que esto no es una ventaja, como en el derecho antiguo se establecía como suerte de honor para ciertas castas. ¿Es un privilegio? Sí, porque privi legis quiere decir «ley privada». Entonces, sí, es una ley privada para un estamento en particular, pero lo deslinda de aquellos honores o ventajas.

En materia de finalidad –que señalábamos– concuerdan los doctores Korzeniak, Cassinelli Muñoz y Alberto Ramón Real, entre otros, en que es un instituto histórico y universal para proteger la independencia de la función legislativa de la eventual persecución política, con requisitos estrictos de fondo –analizar si hay lugar para la formación de causa– y de forma, pues se requieren dos tercios de votos del total de componentes.

Pero cabe recordar que los legisladores no somos los únicos que gozamos de fueros en nuestro derecho; también está el fuero sindical, instituido por la Ley n.º 17940 para titulares y suplentes de órganos de dirección, delegados o representantes, etcétera. Así que no somos los únicos. Y no podemos hacernos cómplices de suspender de sus funciones a un senador electo por el soberano si no existe mérito para ello.

Tenía previsto hacer una breve síntesis con una cronología, pero ya la hizo el señor senador Carrera, así que solo realizaré un punteo para repasar.

En abril de 2018, Gavazzo confiesa los actos –insisto: aberrantes, condenables, deleznables– contra Gomensoro, se suspende el tribunal militar, y se le comunica al comandante en jefe Manini Ríos. Pero el comandante en jefe no es la máxima superioridad, sino que lo es el Poder Ejecutivo, pues son el presidente de la república con el ministro de Defensa Nacional quienes tienen el mando superior de las Fuerzas Armadas. Manini Ríos se dirige ante el Poder Ejecutivo –de esto dan cuenta varios testigos– y ahí es que se imparte la orden. Reitero que los expedientes dan cuenta de varios testigos que reportan que había una orden del Poder Ejecutivo de avanzar, no frenar ni suspender, para que no pasara que muriera alguno de los inculpados antes de poder terminar el proceso. Entonces, la orden recibida era la de continuar.

Hay un fallo de primera instancia del tribunal militar, en la segunda instancia se forma el tribunal de alzada y luego de arribado el fallo –el 1.º de febrero de 2019–, el 12 de febrero se notifica de la sentencia de segunda instancia del tribunal de honor a Gavazzo y a Silveira.

El 14 de febrero, el hoy senador Manini Ríos entrega los expedientes y las actas al Ministerio de Defensa Nacional, en manos del entonces ministro Menéndez. En ese momento Manini Ríos no es destituido ni hay una denuncia del Poder Ejecutivo; no hay ocultamiento ni extracción de fojas, sino que se entrega todo íntegramente. Después –según surge de las actas a las que tuvimos acceso–, el 19 de febrero se reúnen el expresidente Tabaré Vázquez y el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; al día siguiente este se reúne con los asesores, la doctora Mariana Errazquin y el secretario Miguel Toma, y de allí surge o se pone sobre la mesa la necesidad de denunciar delitos. Sin embargo, contrario fue lo que declaró el exsecretario de Presidencia, doctor Toma, en una nota publicada en el diario El País, en la que dijo que de haber conocido en aquel momento esos hechos los habría denunciado. Allí hay una contradicción.

Luego se suceden los proyectos de resolución redactados por el doctor Toma; cuando se arriba al proyecto definitivo se lo eleva al entonces presidente Vázquez, quien recibe el expediente completo el 11 de marzo en la residencia de Suárez; el 12 de marzo homologa los fallos –después me voy a detener en qué quiere decir «homologar los fallos»– y ahí se destituye al entonces comandante en jefe Manini Ríos, pero no por una omisión o delito, sino por una nota en la que critica a la Justicia, es decir, por otra causa. El Poder Ejecutivo no denuncia, el Poder Ejecutivo no toma cartas en el asunto. ¿Cuándo lo hace? Cuando el 30 de marzo el periodista Leonardo Haberkorn, en una nota de prensa, revela el contenido de estos actos aberrantes, deleznables, abominables, que fueron confesados. En unas horas el expresidente Vázquez ordena que en cuarenta y cinco minutos se haga la denuncia y aparece la carta de renuncia del entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, sobre la que volveremos.

Había dicho que iba a detenerme en qué quería decir esto de que el Poder Ejecutivo había homologado los fallos de los tribunales de honor con todo su contenido. La definición jurídica dice que es confirmar, aprobar los actos y sentencias, para hacerlos firmes. De hecho, la resolución comienza diciendo: «Vistos los fallos», y refrenda las actuaciones. La homologación es el acto jurídico final del jerarca y no hay manera de haber dictado ese acto final sin haber visto todo el expediente, y si eso sucedió, fue irresponsable.

Fue entonces que ocurrió la destitución del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, señor Manini, por críticas a la Justicia y no por lo vinculado con el expediente de Gavazzo. Y también ocurre el nombramiento de uno de los tres jueces de los tribunales de honor, el general José González, como comandante en jefe.

El 24 de setiembre de 2019 –me estoy adelantando–, el fiscal Morosoli Díaz actúa, fuera de la planilla de turnos –no le hubiera correspondido porque por la planilla de turnos de los fiscales le tocaban otras dependencias–, y solicita la formalización. Pero en octubre se pronuncia el soberano eligiendo al ahora senador Manini Ríos para ocupar este cargo, es decir, a sabiendas del pedido de formalización.

También me quiero detener en otro apunte cronológico. El delito cometido por Gavazzo, confesado en los tribunales de honor, ya había sido juzgado. En ese sentido, había sido sobreseído en un juzgado de Paso de los Toros, a pedido de un fiscal, de manera que había cosa juzgada sobre ese delito. De todas maneras, cuando sale todo esto a la luz, el fiscal Perciballe pide la reapertura de la causa y esto termina en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2.º Turno. Pero el 19 de agosto de este año, ese tribunal ordena el archivo, es decir, desestima el pedido de reapertura del fiscal. Esto está reportado y la sentencia está disponible. Es cierto que el fiscal interpuso casación, pero lo que podemos decir es, por lo menos, que el tribunal colegiado de apelaciones de 2.º turno comparte nuestro mismo criterio, es decir, que no había una novedad y, por lo tanto, no había delito que reportar, y por eso rechaza el pedido del fiscal.

El 27 y 28 de agosto de 2020 salen a la luz otros fallos con actas en las que aparecen crímenes de lesa humanidad horrorosos, deleznables, abominables y condenables, que fueron homologados en el 2006 –¡vaya parecido en el modus operandi!– por el expresidente Tabaré Vázquez y la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, ocultos durante todos estos años. Más allá de lo jurídico –aquí no se trata de perseguir a esas personas–, lo grave es que se homologó y, desde el punto de vista humanitario, se ocultó la verdad –¡eso sí es ocultamiento!–, se ocultó la verdad, reitero, a los familiares de los desaparecidos sobre los asesinados. Desde el punto de vista ético, humano y político, ¡esa es la verdadera complicidad!

Otros presidentes, otros poderes ejecutivos procedieron de manera diferente; durante el Gobierno del presidente Batlle, en acuerdo con el entonces ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, no se homologó otro fallo referido a los crímenes de Gavazzo. Ahora ha trascendido –yo no he podido acceder a esa información porque todavía no se ha publicado– que el presidente Lacalle Pou comentó que no accede a la homologación de otro tribunal de honor.

Vayamos al análisis desde el Código Penal, desde el delito que se imputa, que es el de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos que se cometieren en la repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente. Según el análisis de mi asesor, doctor Ruete, aquí no se configuró ese delito porque no se cometió en su repartición y tampoco se experimentó particularmente. Pero no solo lo dice el doctor Ruete, sino que el profesor Gonzalo Fernández, en nota del semanario Búsqueda, dice: «El artículo no se aplica ya que no se trata de delitos que se cometieron mientras los investigados estaban en el cargo, sino que pasaron hace años. Así, los hechos investigados no son típicos», y explicó –porque no todo el mundo tiene por qué manejar terminología jurídica– que esto significa que no entran en el tipo penal. Y para que se pueda condenar a una persona, la conducta de una persona tiene que encajar perfectamente en el tipo penal. Aquí no se pueden imputar delitos nada más que por aproximación o porque «me parece». ¡No!, tienen que encajar exactamente en el tipo penal.

Pero además esta figura penal no convoca a todos los funcionarios que se encontraren dentro del área, dentro del ámbito de las oficinas, a salir corriendo a denunciar, sino que, como establece un conjunto de normas que aplican de forma armónica, lo que corresponde es que se reporte sí al superior y sea la superioridad la que decida. Y decíamos: la superioridad no era ni siquiera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; el mando superior de las Fuerzas Armadas lo tiene el presidente de la república con el ministro del ramo o con el Consejo de Ministros.

Además, surge otra pregunta. Había que denunciar, pero ¿qué es la denuncia de un crimen? Es la revelación de una novedad. Y aquí vamos a citar nuevamente al profesor Gonzalo Fernández, que dice: «Aquí no había novedad ninguna. Esto ya lo sabíamos. Es más, el delito cometido por Gavazzo había ya sido procesado por la Justicia. No había una notitia criminis que reportar». Gonzalo Fernández agrega: «No hubo nada nuevo. Yo estuve en 2002 en la Comisión para la Paz; lo que contó Gavazzo ya lo sabíamos. Lo destapó el periodismo como si fuera un gran tema, pero creo que fue más bien un asunto burocrático».

Así que no, tampoco había una urgencia en el reporte a la Justicia, primero porque ya había sido juzgado –había cosa juzgada–, pero además no había delito de daño a la Justicia, que es el bien jurídico tutelado por el Código Penal en este artículo. No había prueba que se pudiera perder. De manera que falta otro elemento que debe existir.

Se cita muchas veces el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor, que es el que establece la suspensión del procedimiento y elevarlo al superior –insisto en que el superior es el Poder Ejecutivo con el ministro de defensa o con el Consejo de Ministros–, pero a veces se omite considerar el artículo siguiente, el 78, que establece el deber de reserva. Así que el hecho de dar cuenta a la Justicia tiene que provenir de una resolución de la superioridad –Poder Ejecutivo– y, por el contrario, los demás, hasta que termine el proceso, están sometidos a un deber de reserva.

Por eso decíamos: nunca hubo una obligación jurídica de denunciar porque el delito ya había sido procesado, había cosa juzgada, y concurre un principio muy caro a nuestro derecho y a todo el derecho occidental que es el de non bis in idem: no se puede juzgar dos veces a una persona por la misma causa. Por más aberrante que nos parezca el crimen cometido por Gavazzo, había sido sobreseído en el expediente de Paso de los Toros. Es cierto que se pide –como relataba– el desarchivo, pero viene el fallo de agosto de este año del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2.º Turno desestimándolo, justamente porque había cosa juzgada, invocando la non bis in idem. Además, no había, como decíamos, una noticia. Esto lo sabía Manini, lo sabía el ministro Menéndez, lo sabían el doctor Toma, lo sabía el Ejército, Presidencia y toda la sociedad.

Cassinelli se pronuncia acerca de la categoría de cosa juzgada, y dice que implica que el tema no se discute más, que se debe cumplir, más allá del error. Incluso, dice Cassinelli, puede hasta prevalecer una sentencia por sobre la Constitución. El Código del Proceso Penal dice que el sobreseimiento –que fue lo que recayó en el caso de Gavazzo en el juzgado de Paso de los Toros– cierra el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al procesado.

Por lo tanto, no había obligación jurídica de denunciar un delito que ya había sido procesado. Habiendo cosa juzgada, el daño a la administración de justicia es imposible. Estamos tratando un delito que es imposible. Y esto de la intención de ocultar era imprescindible para la tipificación del delito.

Pero, además, llama la atención la selectividad: de todas las personas intervinientes en los procedimientos, en los tribunales de honor, se elige nada más que al senador Manini Ríos. Esa arbitrariedad es de las que quiso evitar el constituyente. Había responsables en lugar de Manini Ríos: la superioridad –como lo que indica el artículo 168 numeral 2.° de la Constitución–, es decir, el Poder Ejecutivo, que tiene el mando superior de todas las Fuerzas Armadas.

Hay otro elemento más. Preguntado por radio Carve el fiscal Morosoli Díaz acerca de si se prevé un plazo para el cumplimiento de esta obligación de denunciar los delitos –más allá de que, como está dicho, no figura plazo en el Código Penal–, dice que no, que la norma no prevé ningún plazo. En la misma entrevista de radio Carve se le pregunta si le consta que Manini Ríos haya informado del caso Gomensoro al ministro, y Morosoli Díaz contesta que «documentalmente no». Es muy interesante, porque se cuida de decir «documentalmente no». Bueno, oralmente sí, y no había ninguna obligación jurídica de que el reporte fuera de forma escrita. Es más, en siete años y medio como comandante en jefe, jamás se labró acta de las conversaciones, de las interacciones de Manini con el ministro de Defensa Nacional. No es obligatoria la forma escrita. Sí consta en actas que el asesor Maeso y todos quienes actuaron en la Torre Ejecutiva tuvieron conocimiento.

Entonces insistimos: si hubiera habido una obligación jurídica de denunciar, ¿quién era el obligado, en lugar del senador Manini? El superior. En alguna oportunidad, el expresidente Vázquez declara que es al ministro a quien le corresponde hacer la denuncia, pero, al final, si vamos a los hechos, quien hizo la denuncia fue Presidencia con el ministro, es decir, el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque así era como correspondía.

Por eso entendemos que no existe mérito alguno para imputar al senador Manini Ríos el delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos. El delito de Gavazzo no era noticia, no era novedad, ya había sido juzgado, había sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, concurría el principio non bis in idem, no había daño a la administración de justicia, no hubo ocultamiento, no había plazo, el hecho no había sido conocido en su repartición, y había otro obligado que no denunció hasta que la prensa lo informó. De todas maneras, consta que sí informó a la superioridad y que cumplió órdenes. No hay mérito para la formación de causa. No corresponde levantar la inviolabilidad del legislador.

Decía que consta en actas, de parte de varios testigos –especialmente, los seis generales intervinientes–, que lo que trascendía era que había una urgencia de parte del Poder Ejecutivo en arribar a los fallos. Por eso se recibía la orden de avanzar. Incluso, alguno de ellos declara que el ministro les urgía que debían arribar a una conclusión, a un fallo.

Y la denuncia la hace recién Presidencia de la República el 1.º de abril de 2019, tras la nota periodística, es decir, cuarenta y cinco días después. ¡Cuarenta y cinco días en omisión! Pero no solo se demora cuarenta y cinco días en hacer esta denuncia, sino que el presidente de la república da dos explicaciones: una es que estaban procesando la información para que la fiscalía no tuviera que leer las ochocientas cincuenta fojas –nosotros leímos diez mil–, pero después, cuando se presenta la denuncia, se hace en una hoja y sin procesar nada, y la otra –que también surge de la documentación– es que no se hizo la denuncia ni se dieron a conocer estos hechos –es decir que no se dio transparencia a los contenidos de las actas– para no crear conmoción política.

Así que estamos ante el caso de un presidente de la república que se erige por encima de todos en una suerte de guardián y decide: «Esto yo lo guardo, no lo revelo, porque va a traer, a mi juicio, conmoción política» cuando tenemos a los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, que no solo querían encausar judicialmente a las personas, sino conocer la verdad. Pero la verdad, con el mismo modus operandi en 2006 y en 2019, fue encapsulada.

En la carta del ministro Menéndez también queda bien claro –seguramente mis compañeros lo van a leer– lo que dice: «Luego de reunirme con usted» –se refiere al presidente de la república– «concurrí a Secretaría de la Presidencia acompañado por dos profesionales del Ministerio, donde nos interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y de la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia».

En fin, varios asesores reportan que sí, que les consta que conocían que había una confesión de un delito; todo eso estaba sobre la mesa. Por lo tanto, hay una contradicción entre las declaraciones del exsecretario Toma, que decía que no sabía, y lo que él mismo declara –no solo lo que reportan los testigos– ante el fiscal. Ante la pregunta de si recordaba el contenido de la información que le brindó Menéndez sobre los dos puntos, en el informe y el expediente en sí, con bastante titubeo y nerviosismo dice: «son veintiocho crímenes de delitos de… de… de lesa humanidad, eh…, este…, homicidios, veintiocho homicidios muy especialmente agravados». Conocía esas sentencias porque las había llevado a Roma para el juicio que teníamos del Plan Cóndor allí; así que las conocía de primera mano.

¿De quién es la responsabilidad en estos hechos? Del presidente de la república con el ministro de Defensa Nacional. El tribunal militar depende del Poder Ejecutivo; esto lo dice la Constitución. La jurisdicción militar –artículo 253– está sometida a jerarquía; no tiene la independencia que tiene el Poder Judicial y por eso necesita el refrendo, la homologación del Poder Ejecutivo.

Se firmó la resolución homologando el fallo sin denunciar. La denuncia se hace cuarenta y cinco días después.

El periodista Leonardo Haberkorn, en una nota en el programa La tarde en casa del Canal 10, dice que en Presidencia hay otro asunto inexplicable: «Cuando Vázquez homologa el fallo del tribunal, es decir que lo acepta –ese fallo en el cual los generales ni habían puesto nada–» –se refiere a la confesión de Gavazzo– «lo firma y tampoco agrega nada. Es decir, también acepta ese fallo y vuelve a quedar tapado el tema. ¿Por qué hace eso Presidencia? Tampoco tengo una explicación, pero es inexplicable». Luego agrega que Manini entrega el expediente a Presidencia y no arrancó las hojas, sino que están ahí. «Lo entregó y ahora quedó claro que en el Ministerio de Defensa Nacional leyeron y se dieron cuenta, le avisaron a Tabaré Vázquez y todo el mundo sabía». Más adelante, Haberkorn señala: «Tampoco cierra que Vázquez le dijera al periodista Gabriel Pereyra que se había enterado de todo por la prensa y ahora le dijo al fiscal que no, que sabía desde antes». Así que está clara la responsabilidad del expresidente de la república y del ministro firmante Menéndez.

La Constitución también se expide sobre la responsabilidad en ese sentido. Me permito citar el artículo 179, que dice: «El Ministro o los Ministros serán responsables de los decretos y órdenes que firmen o expidan con el Presidente de la República, salvo el caso de resolución expresa del Consejo de Ministros en el que la responsabilidad será de los que acuerden la decisión, haciéndose efectiva de conformidad con los artículos 93, 102 y 103.

Los Ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Consejo de Ministros». Entonces, esto es complicidad; esto es defraudar a los familiares de los desaparecidos y a las víctimas de los crímenes de la Dictadura. Es como dice la canción: «Había que ver la verdad de otro lado», porque, de lo contrario, «el poder y la mentira se hacen fuertes si todo se olvida».

Ha quedado al desnudo la verdad descarnada: ocultaron en 2006 y homologaron fallos pudiendo no haberlo hecho; ocultaron en 2019 y homologaron fallos pudiendo no haberlo hecho. Esto es lo que realmente ocurrió. La denuncia fue presentada por orden de Presidencia, pero tarde, después de la nota periodística de Haberkorn. Se hizo tarde: cuarenta y cinco días después de haberlo recibido –si no contamos lo de 2006– y después de que sale a la prensa; de lo contrario, habría quedado oculto como el caso del militar Gilberto Vázquez de 2006. Esa es la verdadera complicidad.

Otros gobernantes –como habíamos dicho– adoptaron una actitud opuesta, ya que, pudiendo haber homologado, no lo hicieron.

Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que no hay mérito para la formación de causa; no había delito que reportar por todos los argumentos esgrimidos y, si ha de buscarse una responsabilidad –insisto, no necesariamente jurídica, porque quizás los delitos prescribieron, pero sí ética, moral y política– ha de encontrarse en otro lado.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: se hicieron muchas alusiones personales y políticas. Esta bancada tiene muchos señores senadores que van a contestarlas, pero voy a referirme básicamente a dos de ellas, porque creo que cuando hacemos uso de la palabra tenemos que ser claros; la gente tiene que entendernos. Mi exposición, la intervención del Frente Amplio, fue respetuosa y entendible ante la opinión pública.

En primer lugar, quiero leer algunos artículos que tienen que ver con la alusión que refiere a que las comisiones son un órgano asesor. El artículo 105 de la Constitución de la república establece: «Cada Cámara se gobernará interiormente por el reglamento que se dicte, y, reunidas ambas en Asamblea General, por el que ésta establezca». Este es el reglamento que nos rige.

El artículo 138 del Reglamento de la Cámara de Senadores dice: «Las Comisiones parlamentarias son órganos pluripersonales cuyo cometido es asesorar a la Cámara en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación, de control administrativo o de administración interna».

Por otro lado, el artículo 141 del reglamento refiere a las comisiones internas. Allí se señala que hay una que se llama Constitución y Legislación que tiene que ver con todos los temas de constitución y legislación civil y penal, entre otros. Quiero dejar claro eso, porque lo que dije lo dije con fundamentos jurídicos y constitucionales, y nuestro reglamento tiene valor constitucional por ampararse en el artículo 105 de la Constitución de la república.

En cuanto a la referencia que hice a la solicitud del fiscal Perciballe, quiero decir que desde acá nosotros no vamos a cuestionar a la Justicia, señora presidenta. Hay un proceso que se está discutiendo; hay un proceso que hoy está en casación ante la Suprema Corte de Justicia. El fiscal Perciballe solicitó ante el juzgado letrado correspondiente de Paso de los Toros que se desarchivara el expediente Gómez, Juan Carlos y otros por homicidio muy especialmente agravado, a los efectos de que se siga investigando, porque de las actas del tribunal de honor a las que di lectura surgen responsabilidades penales de Gavazzo y confirmadas por Silveira.

Es cuanto tengo para decir, señora presidenta.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores ha considerado la solicitud de desafuero del señor senador Guido Manini Ríos y se hicieron diversas consideraciones en sustento también de distintas conclusiones. En nuestro caso, en minoría de presentes de la comisión y en representación de nuestro sector político Ciudadanos, del Partido Colorado, hemos concluido que corresponde proceder al levantamiento de los fueros en mérito a los extremos de hecho y a los fundamentos de derecho que seguidamente se explicitarán.

Señora presidenta: el fuero parlamentario es una institución universal que viene desde Roma para proteger la independencia de los parlamentos; no es un privilegio personal del legislador, sino una garantía para que la voluntad del parlamento no pueda coaccionarse por un abuso de autoridad de los demás poderes, sea del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial.

Desde el año 1830 nuestra Constitución nacional dispone que ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, salvo que los dos tercios de su cámara entiendan que hay lugar a la formación de causa; o sea, no basta con el requerimiento de un fiscal o un juez, sino que la mayoría especial de su propia cámara es la única que puede levantar sus fueros.

El artículo 114 de la Constitución de la república marca tres pasos en un orden sucesivo: primero, se determinará si hay lugar a la formación de causa; segundo, y como consecuencia de ello, se declarará al legislador suspendido en sus funciones y, por último, quedará a disposición del Poder Judicial.

En la causa judicial de origen del pedido de desafuero en cuestión se analiza la imputación al actual senador Guido Manini Ríos por la posible comisión del delito previsto en el artículo 177 del Código Penal. En efecto, este artículo se encuentra dentro del capítulo de los delitos contra la administración de justicia e impone a los funcionarios la obligación de denunciar delitos de los que se tenga conocimiento. En sede militar y ante la conformación del tribunal de honor, el teniente coronel en situación de retiro José Gavazzo y el coronel en situación de retiro Jorge Silveira relataron hechos relativos a actividad delictiva aparentemente desconocidos en ese momento por la justicia penal ordinaria e, incluso, sobre los mismos sucesos reconocieron haber omitido información en sede judicial.

De los antecedentes remitidos por el Poder Judicial surge informe circunstanciado, de fecha 24 de setiembre de 2019, del señor fiscal penal de Montevideo de Flagrancia de 13.º Turno, solicitando ante la sede letrada de primera instancia en lo penal de 36.º turno la formalización de la investigación respecto del imputado. El señalado documento cita como evidencia relevante las declaraciones ante la fiscalía de los integrantes del tribunal de honor actuante y se agregan testimonios que señala deben valorarse junto con el informe de elevo de actuaciones suscrito por el entonces comandante en jefe del Ejército, con fecha 13 de febrero de 2019.

En definitiva, afirma la señalada solicitud de formalización que, según declaraciones testimoniales, el señor Guido Manini Ríos, en ejercicio de su cargo de comandante en jefe del Ejército, tuvo conocimiento de las actas de declaración de los exmilitares Gavazzo y Silveira en dos oportunidades, extremo que no consta ponderado en forma escrita en el expediente administrativo. El pedido fiscal de formalización señala que los integrantes del tribunal de honor en dos oportunidades informaron al entonces comandante en jefe, en las reuniones mantenidas con este, de las declaraciones de Gavazzo en la primera reunión y luego de Silveira, en la segunda, y que en ambos encuentros le expresaron al entonces comandante en jefe que se debían suspender las actuaciones e informar a la Justicia de las declaraciones de ellos, conforme al artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor, extremo que tampoco consta por escrito en el expediente administrativo. Asimismo, afirma que, acorde a mismos testimonios en sede indagatoria preliminar fiscal, el actual senador Manini Ríos le solicitó que continuaran con las actuaciones, culminando el proceso del tribunal de honor actuante y, resueltos los recursos interpuestos, parte de los militares en situación de retiro –Gavazzo y Silveira– pasaran al tribunal de alzada. Al actuar, el hoy senador Manini Ríos eleva el expediente al Ministerio de Defensa Nacional, dándole un trámite regular con prescindencia del tenor de las declaraciones que constaban en las actas del tribunal de honor.

El informe fiscal refiere que el señalado elevo tiene como agregado un informe con apreciaciones personales del entonces comandante en jefe, expresando un fuerte reparo y cuestionamiento al Poder Judicial. Nada dice ni hace referencia a las dos oportunidades en que los integrantes del tribunal de honor supuestamente requieren la suspensión de las actuaciones ni se pone énfasis en la hipótesis que prevé el propio Reglamento de los Tribunales de Honor referida a la presunción del delito derivada de las declaraciones recabadas.

Resulta de mayor importancia el propósito del instituto de inviolabilidad de los legisladores en cuanto a precisar que se debe y que no tiene que ser objeto de análisis y resolución por parte de la Cámara de Senadores el planteo de desafuero, en virtud de lo regulado en el artículo 114 de la Constitución. En este sentido, corresponde distinguir que el presente trámite no trata de un juicio político por delitos graves que la Constitución de la república refiere en sus artículos 93, 102 y 103 y cuyo supuesto impone el deber de calificar penalmente la conducta y juzgar la responsabilidad político-penal del enjuiciado.

Expresado lo anterior, corresponde señalar que el levantamiento de los fueros refiere al pedido concreto del Poder Judicial de resolver la cuestión prejudicial que establece el artículo 114 de la carta, a efectos de habilitar al juez competente para resolver sobre la eventual admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación que lleva a cabo y por lo que le imputa al senador Manini Ríos la presunta comisión de delito y omisión de funciones en proceder a denunciar tal situación en calidad de autor tipificado, según lo que establece el artículo 177 del Código Penal.

Por tal motivo, señora presidenta, el pronunciamiento de la Cámara de Senadores, ya sea para relevar o mantener los fueros parlamentarios, se limitará necesariamente al caso concreto y particularmente al delito imputado, esto es, la concreta delimitación que ha formulado el Poder Judicial a pedido del fiscal interviniente.

El distinguido profesor Horacio Cassinelli Muñoz enseñaba que la cámara respectiva daba cuenta de la presunta comisión de delito y expresaba que iba a tomar conocimiento de las acusaciones contra el legislador y a determinar si se trata de procedimientos hechos de buena fe o si están destinados a obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas. Manifestaba que, si se trata de un procedimiento de buena fe, la cámara tendrá que decidir si hay lugar a la formación de causa, suspender en sus funciones al legislador y ponerlo a disposición del juez. En este caso, la palabra «causa» significa proceso penal. Siguiendo el criterio de la mejor doctrina publicista y a la luz de los antecedentes sometidos a estudio en el presente asunto, el suscrito debe concluir que el pedido de formalización refiere objetivamente a los hechos que excluyen la convicción de actuación de mala fe por parte de la fiscalía interviniente. Eso no quiere decir que se compartan sus conclusiones, sino que los hechos y evidencias relacionados con su informe son objetivamente suficientes para entender razonable la formación de causa. De ahí que se entienda adecuada la defensa del sistema republicano democrático de que se debilite la procedencia del proceso penal para que el Poder Judicial juzgue la conducta del actual legislador por el delito que se le imputa previo a ser electo senador y siendo, en ese entonces, comandante en jefe.

En ese sentido, resultan plenamente trasladables al presente caso las conclusiones del constitucionalista don Justino Jiménez de Aréchaga expresadas hace más de ciento veinte años en análisis de la disposición constitucional de referencia. La cámara respectiva no tiene más derecho que el de investigar si con esa acusación se persigue o no el propósito de arrancar de su seno a algunos de sus miembros para ejercer así una ilegítima influencia en sus deliberaciones. Proceder de otra manera, examinar las cámaras, los sumarios y las actuaciones como un verdadero tribunal o jurado de calificación para resolver, con arreglo a la disposición del Código de Instrucción Criminal, si hay lugar o no a la formación de causa sería desnaturalizar por completo las inmunidades parlamentarias, convirtiéndolas en un privilegio personal de los miembros de las cámaras que, entonces, gozarían de un fuero especial en materia criminal. Sería también desconocer y usurpar las atribuciones del Poder Judicial sin necesidad alguna y con positivo perjuicio de la justicia penal –reitero, sin necesidad alguna– porque cuando se acusa criminalmente a un senador o a un representante sin el propósito de atacar la independencia del Poder Legislativo, ningún menoscabo puede sufrir las prerrogativas de este por el hecho de que la acusación no tenga insuficiente base legal y el juez haya procedido con ligereza al admitirla. Esto es con positivo perjuicio de la justicia penal porque es indudable que los magistrados judiciales, por su experiencia y sus conocimientos especiales, generalmente tendrán que proceder con más acierto que las cámaras legislativas al resolver, en virtud de las acusaciones y de los sumarios, si en causa criminal debe o no pasarse al estado de acusación.

En otro orden de fundamentos, no se puede perder de vista que uno de los principios cardinales del Estado de derecho y de la democracia es el de la responsabilidad de los gobernantes y, por lo tanto, el cumplimiento estricto del principio de legalidad. Así lo destaca el catedrático en Derecho Constitucional Ruben Correa Freitas en cita al maestro Justino Jiménez de Aréchaga cuando dice que no hay, en efecto, principio más claro, más evidente y más justo entre lo que constituye las bases del régimen de las instituciones libres, que el de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Habilitando la realización de tal principio está la confianza en la rectitud de los jueces e independencia del Poder Judicial de nuestro país, que representa un activo del sistema republicano democrático del Uruguay no solo valorado y reconocido por la inmensa mayoría de los uruguayos, sino por la comunidad internacional toda, y que constituye un imperativo moral proteger y defender.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe la interrupción, señor senador.

Pido silencio en sala a efectos de poder escucharnos lo mejor posible. Les agradezco a todos.

Puede continuar el señor senador Lanz.

SEÑOR LANZ.- Estas delicadas cuestiones son las que se deben ponderar en la decisión del Senado. A la luz del principio de separación de poderes, de independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y de la responsabilidad de los funcionarios, reiteramos y retomamos al decir de don Justino Jiménez de Aréchaga: es pues necesario impedir que con maliciosas acusaciones basadas en falsas imputaciones de crímenes o delitos se ataque la independencia legislativa. Continúa señalando que cualquiera que sea el delito cometido por un legislador, debe ser mérito de acusación y castigo cuando no se vea en ello un peligro para la independencia de las cámaras. Esto si los fueros parlamentarios están instituidos en garantía de la independencia del Poder Legislativo y la separación de poderes. Su levantamiento se impone cuando tal ataque a la independencia del legislativo no acontezca, como en el caso en análisis, so riesgo además de representar el mantenimiento de los fueros una declaración de liviandad de la actuación fiscal, en el mejor de los casos, o falta de confianza en el Poder Judicial, en el peor de ellos.

Por todo ello, sin entrar en el fondo del asunto ni emitir un prejuzgamiento, entendemos que existen elementos razonables para hacer lugar a la formación de causa, lo que justifica el levantamiento de los fueros parlamentarios, habilitando la actuación de la justicia penal en el caso y ratificando la plena confianza en su recto e independiente proceder.

Por último, señora presidenta, es inevitable mencionar una cuestión que ha sido motivo de público debate: el aspecto temporal de la eventual suspensión del legislador en sus funciones como consecuencia de un eventual desafuero.

Nuevamente nos referimos a las enseñanzas de don Justino Jiménez de Aréchaga, quien manifestaba que, declarado por la cámara respectiva que hay lugar a la formación de causa, quedará suspendido de sus funciones hasta la terminación del juicio penal. En el mismo sentido, el catedrático de Derecho Constitucional Ruben Correa Freitas, en cita de Korzeniak, decía que ello no supone el cese del senador o del representante, sino que es una suspensión en el ejercicio de sus funciones como legislador. El eventual procesamiento o la sentencia definitiva de condena podrá o no determinar el cese del legislador, extremo que deberá resolver la cámara en su momento. Concretamente, señora presidenta, luego de un desafuero, si el juez concluye que el legislador no cometió delito, es claro que seguirá en sus funciones y recuperará sus fueros.

Por lo expuesto en este tercer informe en minoría que presentamos ante la Comisión de Constitución y Legislación en representación de nuestro sector político, dimos nuestro voto conforme al proyecto de resolución, emanado en el día de ayer de dicha comisión, relativo a hacer lugar a la formación de causa.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: desde que acepté encabezar la propuesta de Cabildo Abierto, se ha intentado de todas las formas posibles poner obstáculos a mi persona como forma de limitar el crecimiento de ese movimiento.

El 3 de abril de 2019, cuando en conferencia de prensa presentamos el partido –sus razones, sus políticas y sus características–, en vez de preguntarme sobre esos temas, ya se me hostigaba insistentemente con el caso Gavazzo, que había saltado al escenario público hacía pocas horas. No obstante, el partido creció de forma imparable desde los márgenes, ahí donde vive la gente más olvidada, la gente más sensible a los verdaderos problemas del país, como son la falta de trabajo, la falta de seguridad y la falta de vivienda digna. Nuestra prédica fue siempre no contestar las agresiones con más agresiones. Así lo hicimos y el pueblo cabildante es testimonio de ello.

Sin embargo, como una medida extrema, se recurrió a politizar la fiscalía y llevarla a actuar en el plano electoral, a incidir en la campaña electoral. Aprovechando ese engendro del nuevo Código del Proceso Penal, que ha afectado tanto al Estado de derecho –sobre todo la independencia del Poder Judicial–, la Fiscalía General de la Nación manipuló los turnos –como bien dijo la señora senadora Asiaín– y mandató a uno de sus funcionarios para afectar a uno de los candidatos a la presidencia, justamente al que más le molestaba.

Nunca dejamos de acatar a la Justicia; es más, nosotros respetamos la Justicia, la respetamos profundamente como valor moral que hace obrar y juzgar de acuerdo con la verdad. Respetamos al Poder Judicial, al poder independiente y siempre que hemos sido citados hemos concurrido y lo hemos hecho con la verdad, sin caer en las incoherencias o contradicciones en las que han caído otros indagados a nivel del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la fiscalía nos imputó solo a nosotros, y en una rara casualidad se nos citó a declarar siempre en fechas muy próximas a las distintas instancias electorales, por lo que creemos que buscó deliberadamente perjudicarnos en ese sentido.

Repito lo que he dicho una y otra vez, incluso antes de las elecciones: en caso de ser elegido legislador no me ampararía en los fueros parlamentarios. Lo dije con la convicción de que siempre actué de acuerdo con la ley y los deberes inherentes a mi cargo. Lo dije también con la convicción de que el pueblo uruguayo debe saber acerca del doble discurso del Gobierno en un tema tan sensible y que fuera utilizado miserablemente para obtener réditos políticos. Pero nuevos elementos han surgido a partir de entonces.

En primer lugar, se me hizo ver claramente que los fueros no son del legislador; los fueros son de la cámara, son una protección que tiene el Cuerpo o la cámara contra los atropellos que se puedan producir armando causas desde bases totalmente falaces, buscando interferir con la actividad de un legislador –que está en su lugar por la voluntad de miles de ciudadanos–, ya sea obstaculizando su acceso al Parlamento, ya sea, en el caso de los fueros, sacándolo de ese lugar en el cual –reitero– lo pusieron miles de ciudadanos.

En segundo término, está la actitud de una fiscalía que en todo momento se mostró sesgada, una fiscalía que pareció –como lo voy a demostrar a continuación– mucho más preocupada por defender la posición de Presidencia de la República, mucho más preocupada por imputar al candidato a la presidencia, que en llegar al fondo de la verdad de los hechos. A esto hay que agregar las declaraciones públicas que hace el fiscal actuante, así como también –no es un hecho menor– que nuestro partido haya pedido –no hace mucho tiempo– la destitución de su superior, el fiscal de corte, por graves irregularidades en su accionar.

A todo esto, se suma la reciente aparición o la toma de estado público de lo ocurrido con actas del año 2006, que demuestran lo que yo quería personalmente demostrar en la Justicia: que hay una suerte de modus operandi donde se repiten actores en hechos muy análogos ocurridos en 2006 y en 2019.

Por otro lado, lo que se insinuó como una operación política desde la campaña electoral ha quedado explícito de boca de un connotado dirigente político de la oposición –yo creo que habla desde la sinceridad–, que ha expresado que, aun en caso de ser absuelto, yo no iba a volver a este Cuerpo porque no iban a estar los votos. Es cierto que desde su partido se le pretendió enmendar la plana con declaraciones, estas sí, de dudosa credibilidad. Creo que estamos ante un escándalo para la democracia y no estamos dispuestos a prestarnos a eso.

Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, fracturar y terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que, sin duda, es uno de sus principales sostenedores. Creo que esto se ratifica cuando referentes del partido de la oposición recientemente han dicho públicamente que estarían dispuestos a dar sus votos al partido de gobierno para darle gobernabilidad, con tal de que se saquen de arriba a Cabildo Abierto.

Señora presidenta: 270.000 uruguayos votaron por Cabildo Abierto. Este partido asumió la responsabilidad de integrar la coalición de gobierno y de actuar con seriedad en la búsqueda de soluciones a los verdaderos problemas que aquejan al pueblo uruguayo. Es claro que el Frente Amplio jamás nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral. Ahora también escuchamos algunas voces que hablan de la necesidad de establecer un cordón sanitario contra Cabildo Abierto; idea antidemocrática, si las hay, que solo busca hacer capitular a la coalición; objetivo manifiesto desde el 1.º de marzo, incluso a pesar de la pandemia que sufrió el país pocos días después.

Al dirigirme a esta cámara, y a través de ella a toda la ciudadanía, voy a exponer cómo ocurrieron los hechos realmente y para ello voy a ratificar lo que he dicho en la fiscalía el 27 de junio del año pasado. En 2015, siendo comandante en jefe del Ejército, el entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dispuso la conformación de un tribunal de honor que entendiera en la causa llamada «segundo vuelo» y juzgara a cinco militares integrantes del Ejército nacional que habían sido condenados por esa causa. Dicho tribunal nunca llegó a fallar ya que se desintegró porque uno de sus miembros pasó a retiro, otro fue designado para ir a los Estados Unidos en misión oficial y otro fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa.

En 2017, el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dispone nuevamente la conformación de un tribunal de honor para entender en esa misma causa. Me da instrucciones claras a mí, como comandante, de dar la máxima celeridad posible al tratamiento de esa causa para evitar que ocurriera lo mismo que había sucedido con el tribunal de honor anterior y con otro que se había conformado para juzgar al teniente general Gregorio Álvarez, quien falleció antes de que se llegara al fallo. En el correr de las actuaciones de ese tribunal de honor, uno de los juzgados, José Gavazzo, hizo las declaraciones que fueron leídas acá por el miembro informante, dando cuenta de un hecho muy grave y, como bien dijo la senadora Asiaín, deleznable e inaceptable.

En su acusación, el fiscal dice que demoré trescientos diez días en realizar la comunicación de las declaraciones de Gavazzo, que tenían que ver con lo que se había hecho con el cuerpo de un detenido fallecido en una unidad militar en 1973.

Antes que nada, quiero dejar bien claro mi total repudio a la muerte de un detenido en una unidad militar y a lo hecho con su cuerpo. Cada vez que tuve oportunidad, en distintas declaraciones públicas, lo dejé de manifiesto. No lo estoy diciendo solo en esta instancia. Incluso recuerdo uno de mis primeros discursos como comandante en jefe del Ejército en el que cité una frase del general Pablo Galarza, que decía que en la guerra lo más sagrado son los prisioneros. Por eso rechazo de plano la campaña de enchastre que se ha lanzado sobre mí desde hace varios meses, atribuyéndoseme intenciones, simpatías, encubrimientos y declaraciones que nunca he realizado y nunca he tenido.

Con referencia a la acusación del fiscal, está claro que no oculté nada pues documentalmente elevé todo lo dicho. Tampoco es cierto que no lo comuniqué en su momento a quien debía. Como fue dicho aquí por el miembro informante, en cada una de las ocasiones que recibí del tribunal de honor –y lo ratifico–, informé a quien debía informar, es decir, a quien era mi superior inmediato, el ministro de Defensa Nacional. Lo hice en abril y nuevamente en junio. Lo hice, como aquí se ha dicho, además de haber parado las actuaciones de los tribunales y de haber ordenado luego que continuaran. También lo hablé con el ministro en el mes de setiembre cuando, ante el reclamo de dos de los acusados, se trató la conformación del tribunal de alzada. En la segunda oportunidad, el ministro me contestó que lo había hablado con Toma, secretario de Presidencia. Como muy bien dijo la señora senadora Asiaín, en la primera, en la segunda y en la tercera oportunidad se entendió que lo declarado por Gavazzo no era nada nuevo, que no era relevante.

Vuelvo a lo inicial: se quería dar celeridad al trato del tribunal de honor y por lo tanto se continuó. Quiero hacer hincapié especialmente en que en la segunda oportunidad el ministro me comunicó que lo había hablado con el entonces secretario de Presidencia, señor Toma. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque habiendo declarado esto al fiscal el 27 de junio, cuando el fiscal interroga al doctor Toma no le pregunta nada al respecto, no le dice: «Manini declaró que el ministro lo consultó. ¿Es cierto o no es cierto?», aunque sea para que Toma le mintiera. No se lo dice. Entonces, ¿cuál era la real preocupación del fiscal por saber la verdad de los hechos? ¿O su preocupación era solamente defender la posición de Presidencia de la República y seguir adelante para imputar al candidato a la presidencia? En todas las oportunidades en las que hablé con el ministro, reitero que no se consideró relevante lo que declaraba Gavazzo. En el tema central, que era la muerte de Roberto Gomensoro, en el 2013 la Justicia había actuado y sobreseído a Gavazzo. Ahora se entendía que estas declaraciones buscaban alargar el proceso de los tribunales de honor y tal vez se cayera en el riesgo de que ocurriera lo mismo que había sucedido con el anterior tribunal de honor. Se consideró que no eran significativas estas declaraciones; lo mismo consideró, como ya se dijo, el Tribunal de Apelaciones de 2.º Turno, que el pasado 19 de agosto –hace poco más de un mes– entendió que era irrelevante lo que aportaba Gavazzo, a tal punto de ordenar el archivo de la causa.

Todas mis comunicaciones al ministro de Defensa Nacional fueron verbales, como verbales también fueron las comunicaciones de los integrantes del tribunal de honor hacia mí. Yo fui general en actividad durante más de siete años. Quiso la coyuntura que en los siete años y pico siempre dependiera directamente del ministro de Defensa Nacional, ya sea como director de Sanidad Militar o como comandante en jefe del Ejército. En esos siete años me entrevisté centenares de veces con el señor ministro de Defensa Nacional, fuera Fernández Huidobro o Menéndez; jamás se labró un acta de ninguna de mis reuniones, habiéndose tratado a veces temas de suma importancia. Además, diría que aproximadamente en el noventa por ciento de los casos las reuniones siempre eran un mano a mano con el ministro sin ninguna tercera persona. Por ello, no se entiende por qué en la acusación el fiscal parece sorprenderse de que no hubiera testigos ni actas.

La acusación del fiscal se basa en un hecho subjetivo. Yo digo que le informé al ministro en cada ocasión; el fiscal dice que no, porque el entorno del ministro no ratifica que yo se lo haya comunicado. Sin embargo, creo que hay ciertos hechos objetivos que en cierta forma avalan lo que estoy diciendo acerca de que le informé al ministro Menéndez. En primer lugar, en la acusación el fiscal dice –y acá también se ha dicho– que yo paré las actuaciones en abril y en junio, y que una semana, diez días o varios días después, ordené retomarlas. Surge una pregunta de sentido común: ¿para qué dispuse parar las actuaciones y con qué finalidad si soy el comandante en jefe y los generales me informan a mí? Si quisiera ignorar lo que dijo Gavazzo les hubiera dicho en el acto que siguieran con las actuaciones. ¿Por qué paré y continué después, demorando una semana? ¿No será para consultar a la única persona que el comandante en jefe debe consultar, que es el ministro de Defensa Nacional? Creo que es de sentido común la respuesta. Aparte, no ocurrió una, sino dos veces.

Otro hecho que para mí avala lo que estoy diciendo es que el 13 de febrero de 2019 entrego personalmente al señor ministro de Defensa Nacional las actas, las actuaciones completas. El ministro dice en su última carta que un par de días después se lo comunica al presidente de la república. Yo sigo en el cargo hasta el 12 de marzo, es decir, un mes más; y no fui sancionado, observado ni cesado en el cargo durante ese mes. Sin embargo, queda claro que todos sabían de las declaraciones de Gavazzo. ¿Por qué no fui cesado? ¿No será porque ya se sabía, porque ya había informado oportunamente? Esta es la respuesta lógica.

El 12 de marzo soy cesado en el cargo, pero no por las actas de Gavazzo, sino por el escrito que adjunté a las actuaciones del tribunal de honor, en el que formulo unos cuestionamientos a la Justicia diciendo que a mi entender esta no había dado las debidas garantías y cito nueve casos, varios de los cuales ya los había hablado con el expresidente Tabaré Vázquez en los meses anteriores. Dicho sea de paso, ninguno de esos nueve casos me ha sido rebatido hasta el día de hoy, y entre ellos estaba el del coronel Juan Carlos Gómez –relacionado con el tema que hoy estamos tratando–, quien fue condenado a partir de un falso testimonio que hablaba de sus ojos azules. Estaba, también, el caso del coronel Gulla, que fue condenado porque cuando era director del Centro de Rehabilitación Libertad murió un recluso. El tribunal de apelaciones que dispone la libertad de Gulla, varios años después de su permanencia en prisión, manifiesta que la fiscal actuante –la misma fiscal que actuó en la mayoría de esos casos– creó hechos para imputar al acusado. Asimismo, está el caso del coronel Carlos Calcagno, en el que la jueza actuante, ante la falta de pruebas, dijo que él debía demostrar su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba; el caso del coronel Rodolfo Álvarez, que sigue preso hasta el día de hoy por haber firmado un acta, en donde el denunciante mismo dice que él nunca lo tocó; el caso del general Miguel Dalmao, que fue condenado por ser testigo de oídas y por una autopsia psicológica que se hizo cuarenta años después; el caso del soldado Leonardo Vidal, que iba a ser procesado –lo fue hace pocas semanas– por un hecho ocurrido en democracia en 1972, en el que actuó la Justicia y archivó el caso, es decir que fue juzgado por segunda vez. Estos eran mis cuestionamientos y en ningún momento se menciona a Gavazzo o a Silveira. Por esa razón yo fui cesado en el cargo.

En el comunicado que Presidencia de la República emite el mismo día de mi cese no menciona para nada las actas con las declaraciones de José Gavazzo.

Otro elemento también significativo es que el expresidente de la república, el mismo día que me cesa designa en mi reemplazo al general José González, uno de los tres integrantes del tribunal de honor. ¿Había algo en ese tribunal de honor que le mereciera reparos al presidente de la república? ¿No sería que ya sabía desde hacía mucho tiempo que se había actuado de acuerdo con lo que se tenía que hacer? De otro modo no se explica que en mi lugar designara a uno de los integrantes del tribunal de honor. ¡Y mucho menos se explica lo que dice el fiscal en cuanto a que Presidencia iba a hacer la denuncia! No tiene ninguna lógica que nombrara comandante en jefe a quien pensaba denunciar pocos días después.

Otro hecho que considero objetivo y que avala lo que digo es la última carta del agonizante ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, quien dice claramente que le comunicó al presidente de la república en su momento y no dice –¡no dice!– en ningún momento que el comandante en jefe no le había comunicado algo. ¿No era lógico, acaso, que en su descargo él dijera: «El comandante en jefe no me comunicó»? Pues no lo dijo en ningún momento el ministro de Defensa Nacional.

Estos elementos son de razonamiento lógico, creo que son objetivos y avalan o al menos inclinan mucho más el peso de la balanza hacia la posibilidad de que yo haya comunicado y no de que no lo haya hecho, como dice el fiscal sin ninguna prueba objetiva y concreta.

Aquí puedo reiterar que el ministro de Defensa Nacional tenía un especial interés en que no se demoraran las actuaciones, en no parar las actuaciones para darle intervención a la Justicia nuevamente y que esto se demorara y se corriera el riesgo de que ocurriera lo que sucedió anteriormente.

Creo que es dable mencionar que en el Ministerio de Defensa Nacional había algo que yo viví durante los más de siete años que dependí directamente del ministro, como ya dije; me refiero a que había una suerte de competencia, de división, entre el Partido Socialista y el MPP, entre el ministro y el subsecretario. ¡La había! El ministro Menéndez tenía la firme determinación de llegar, de una vez por todas, a un fallo condenatorio a Gavazzo para dejar en evidencia que él llegaba a lo que no había llegado Fernández Huidobro. Por eso, en todo momento el ministro de Defensa Nacional me pidió que yo lo tuviera al tanto, y cada instancia de las actuaciones del tribunal de honor yo las conversaba con él.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Me permite, señor senador?

Nosotros leímos el artículo respectivo y nos parece importante resaltar que no pueden hacerse alusiones personales en el relato, perdón, alusiones políticas con respecto a atribuir intenciones políticas.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Discúlpeme, señora presidenta, pero creo que es esencial para que el Cuerpo entienda la realidad de los hechos. Acá no lo estoy mencionando para hacer ningún tipo de alusión política por sí, sino que es fundamental que se entienda cómo fueron los hechos, y la única forma de que se entienda es explicando cómo sucedieron las cosas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien. Prosiga, señor senador.

(Murmullos en sala).

–Vamos a ordenarnos.

Han pedido el uso de la palabra el señor senador Carrera y, luego, la señora senadora Bianchi.

(Dialogados).

SEÑOR MANINI RÍOS.- Yo no doy interrupciones a nadie.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Manini Ríos.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una moción de orden.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Con gusto le daré la palabra para formular una moción de orden, señora senadora, pero luego de que finalice el orador, que es lo que corresponde.

Puede continuar el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MANINI RÍOS.- Después, señora senadora. Quiero llegar hasta el final, para no perder el hilo.

En la acusación, el señor fiscal dice o, mejor dicho, defiende el proceder de la Presidencia de la República diciendo que el expediente estuvo en Presidencia hasta el 12 de marzo y, después, el presidente –o Presidencia– lo remitió al Ministerio de Defensa Nacional para que se llevara a la Justicia, para que se hiciera la denuncia. Y dice que ese expediente llega a la fiscalía el 1.° de abril. Lo que no dice el fiscal es que un par de días antes del 1.° de abril habían tomado estado público las actas con las declaraciones de Gavazzo. Yo tengo la firme convicción de que, de no haber existido esa publicación, habrían pasado catorce años sin que esto saliera a la opinión pública, como ocurrió en el caso de las actas de Gilberto Vázquez.

Quiero agregar otros elementos que, a mi juicio, sirven para entender todos estos hechos.

Al día siguiente de mi cese, el 13 de marzo, el escribano Domenech me propone públicamente encabezar el recientemente creado Cabildo Abierto. Ese mismo día el escribano Domenech concurre a la oficina del secretario de Presidencia a presentar su renuncia al cargo de escribano de gobierno que ocupó durante veintinueve años. No pudo entregarle la renuncia al doctor Toma porque este estaba reunido con el fiscal general, y lo estuvo esperando durante más de tres horas; entonces, se tuvo que retirar. Al día siguiente vuelve el doctor Domenech, habla con el doctor Toma y este le dice: Manini no va a ser candidato a presidente porque cometió tal delito.

Quiero también mencionar ciertas casualidades o coincidencias. Todo este tema salta, surge, el mismo día en que yo anuncio mi determinación de ser el candidato a la presidencia por el nuevo partido.

Yo soy citado a la fiscalía el 27 de junio, tres días antes de las elecciones internas; yo soy citado al juzgado unos pocos días antes de las elecciones nacionales. Este año, cuando se va a tratar el tema en la Comisión de Constitución y Legislación, el mismo día se hace pública una nueva condena, una de las tantas condenas, a José Gavazzo. Cuando se va a tratar el tema en la cámara -este tema que hoy estamos tratando-, surge con gran escándalo lo de las actas del año 2006, y si bien no me corresponde ninguna responsabilidad en ello, sí era un caso que agitó a la opinión pública por ser análogo al que se estaba tratando.

Yo quiero hacer algunas consideraciones adicionales. Es deleznable lo que ocurrió, lo que se hizo con el cuerpo de un muerto en la unidad militar. Pero creo, sinceramente, que es mucho más grave la muerte en sí de ese detenido en la unidad militar. Por esa causa había sido juzgado José Gavazzo y había sido sobreseído en el 2013.

El fiscal habla de Roberto Gomensoro como un desaparecido en su acusación, pero no lo es en la medida en que su cuerpo apareció flotando en aguas del río Negro pocos días después de su muerte, y sus restos fueron utilizados en su identificación en el año 2002.

En definitiva, creo que hice exactamente lo que tenía que hacer. Creo que los integrantes del tribunal de honor hicieron exactamente lo que tenían que hacer. No hay ninguna contradicción con lo que ellos manifestaron, con lo que yo he manifestado. A tal punto es así, que el propio fiscal no tuvo otra opción que archivar su causa.

El fiscal dice que yo, con mi accionar, entorpecí el accionar de la Justicia. Algunos comunicadores han repetido hasta el cansancio que yo he encubierto a criminales; entonces, surgen algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál sería el móvil que yo tengo para no comunicar, para demorar la comunicación? Nadie acá duda de que yo comuniqué por escrito el 13 de febrero. Sí se duda si lo hice antes o después. Pero ¿cuál sería el móvil? José Gavazzo estaba preso el día que él hizo sus declaraciones; José Gavazzo siguió preso 310 días después; José Gavazzo sigue preso al día de hoy. Yo entregué todo el 13 de febrero. ¿Dónde está el encubrimiento del cual hablan algunos comunicadores, y lo han hecho hasta el cansancio?

Por otro lado, lo que él declara sobre lo hecho con el cuerpo de Gomensoro ya era sabido, como se dijo acá. Lo señala el propio doctor Gonzalo Fernández, exsecretario de Presidencia y exministro de Defensa Nacional, quien también dice que no aplica el artículo 177 del Código Penal, porque era un tema ya sabido por todos. Incluso se me dice que desde el 2004, en el Libro blanco de la Comisión para la Paz que estaba en los juzgados penales, ya se hablaba claramente de todo lo ocurrido en torno al caso Gomensoro.

Dice el fiscal que yo demoré trescientos diez días. Desde el 1.º de abril, día en que entra el expediente a fiscalía, hasta el 19 de agosto de este año pasaron quinientos días. En esos quinientos días Gavazzo no fue nunca a declarar ni a fiscalía ni al juzgado, y el tribunal de apelaciones resuelve el archivo de la causa. Es cierto sí que hay una instancia de casación, pero el tribunal de apelaciones resuelve el archivo porque no encontró nada relevante. Además, si yo demoré trescientos diez días en comunicar, entonces Presidencia de la República demoró cuarenta y seis días en comunicar. ¿Dónde está escrito a partir de cuántos días constituye delito? Tengo la convicción, como dije, de que nunca se iba a comunicar. El fiscal dice que se estaba instrumentando la denuncia en esos cuarenta y seis días. Como hemos mencionado, hay elementos que claramente demuestran que no se iba a hacer esa denuncia.

El presidente de la república, el mismo día que remite esto a la Justicia y que el escándalo está en los distintos medios, concede una entrevista a un conocido comunicador y le dice: «Yo no sabía nada de lo que estaba en las actas. Yo firmé sin leer». Sin embargo, después, en la fiscalía dice lo contrario: «Yo sabía desde el primer día o sabía desde hacía tiempo y había ordenado hacer la denuncia ante la Justicia». Cuando él dijo que no sabía nada, el agonizante exministro de Defensa Nacional escribía una carta en la que decía que él le había comunicado; es más, que le había comunicado con testigos y los nombra. Creo yo que la digna actitud adoptada por la familia del doctor Menéndez, pidiendo al presidente de la república que no concurriera a su sepelio, dice bastante.

Da versiones contradictorias al comunicador, al periodista y al fiscal. Yo entiendo que se pudo haber equivocado el presidente de la república cuando habló con el periodista –nos pasa a todos que a veces nos olvidamos de algo o decimos algo que no es cien por ciento real–, pero sí parto de la base de que no se pudo haber equivocado cuando declaró ante el fiscal. Entonces, aquí surgen algunas preguntas. Si el presidente Vázquez, como dice ante el fiscal, sabía y ordenó hacer la denuncia, ¿por qué dispone la destitución de seis generales recién cuando toma estado público y no en el momento en que él sabía y ordenó hacer la denuncia? ¿Por qué él destituye al ministro de Defensa Nacional que le había comunicado –sabía e iba a hacer la denuncia– y también al subsecretario Montiel?

Acá quiero referirme a otro caso, que no está en esta causa, pero que creo que está muy relacionado y que ayuda también a comprender la situación o, por lo menos, la actuación de fiscalía en estos casos.

En octubre del 2015 un conocido comunicador entrega al doctor Javier Miranda –por ese entonces secretario de Derechos Humanos de Presidencia– un CD en el que probablemente había información que, tal vez, podía llevar al paradero de una detenida desaparecida. En ese momento nada hizo el funcionario, doctor Miranda.

Tiempo después, a mediados del año pasado, el mismo comunicador en otro programa de tinte político da a conocer el hecho y nuevamente no recibe respuesta alguna. Solo el doctor Felipe Michelini –fallecido– se preocupó y encontró ese CD que estuvo encajonado durante tres años y medio. Pregunto, ¿todas estas voces se levantan horrorizadas por mi demora de trescientos diez días en comunicar –algo que para el tribunal de apelaciones al menos fue irrelevante– y ninguna se levanta por esta demora de mil cuatrocientos días en notificar algo que tal vez era de mucho más valor como información que lo que yo, supuestamente, demoré en comunicar? El hecho ocurrió en octubre de 2015; todavía no pasaron los cinco años, creo que se está a tiempo para que algún fiscal pueda formalizar a ese funcionario que incurrió en el delito establecido en el artículo 177 del Código Penal.

Resuenan todavía las declaraciones del abogado italiano Fabio María Galiani –que representó al Estado uruguayo en los juicios de Roma– señalando que el entonces secretario de Presidencia, doctor Toma, y quienes eran considerados los héroes de los derechos humanos tergiversaron y ocultaron una y otra vez la información a los familiares. Dado lo que ha salido a la luz en las últimas horas es indudable que las preocupaciones centrales de quien representaba al Estado uruguayo, el secretario de Presidencia, iban por otros andariveles, pero el doctor Galiani habla de un aparato que manejaba resortes de la Justicia y del periodismo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permite, señor senador, quisiera recordar que votamos una moción que establece que terminado el tiempo de que dispone se le prorroga, sin necesidad de votarla porque ya se había dispuesto de esa manera.

Puede proseguir su exposición por quince minutos más.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Una vez más en este episodio quedó claro que si algunos de buena fe pensaron durante este tiempo que había una verdadera intención o compromiso con la búsqueda de la verdad histórica es legítimo que hoy se sientan estafados con la burda puesta en escena que ahora ha quedado al descubierto.

Toda esta maniobra será recordada como un bumerán que se volvió contra el aparato político, mediático y fiscal que se enquistó gradualmente en la república para lograr acceder a cuotas de poder en distintos ámbitos de decisión, y que fue promovido y financiado con fondos de dudoso origen que solventan una burocracia interamericana que hoy está siendo severamente cuestionada desde la propia Secretaría General de la OEA.

Quiero terminar con algunas consideraciones.

Es claro que tanto quien habla como los integrantes del tribunal de honor, hicimos lo que debíamos hacer. No ha habido nunca una contradicción con eso; siempre dije –y consta en mis declaraciones del 27 de junio de 2019– que los generales hicieron lo correcto, y yo en todo momento he ratificado lo que ellos han declarado, a tal punto que el fiscal no tuvo otra opción que archivar sus causas.

Es claro que este tema fue politizado desde el primer momento. Es llamativo que esto estalló en el mismo momento en que iniciaba mi camino en Cabildo Abierto. La fiscalía actuó siempre en forma sesgada contra nosotros y en defensa del Poder Ejecutivo. Me refiero a esa misma fiscalía sobre la que nosotros hoy pedimos su remoción por múltiples irregularidades en su accionar.

En estas últimas semanas resultó sorprendente el desespero de ciertos actores políticos y mediáticos que por todos los medios presionaron al sistema político para que se diera el desafuero. Fue tal la presión que han planteado el tema como desafuero o complicidad, presionando indebidamente a los miembros de un Cuerpo que debe resolver su voto según su conciencia. Creemos que es ofensivo tratar de mercenarios o de cómplices a quienes no acompañan el pedido de desafuero, basándose en argumentos tan débiles y claramente politizados. Sin embargo, esa ofensa se consumó dentro de este mismo recinto.

La desesperación mostrada por algunos en estas últimas semanas, intentando sofocar cualquier instancia de reflexión a través de la repetición inagotable de consignas tribuneras, se justifica solamente por la flagrante contradicción que ha quedado en evidencia y hace implosionar un relato vertebral para la izquierda, por lo menos para el autodenominado progresismo, que renunció sin ambages a construir un proyecto nacional y que, usando la pantalla de los derechos humanos, se ha interesado principalmente por hacer negocios o mantener prebendas para su círculo cerrado. ¡Qué triste constatar que un puñado traficó con la esperanza de mucha gente solo por plata o por llenarse de laureles con alguna burocracia internacional! Cabe preguntarse la razón de esta desesperación. ¿Por qué se pretende golpear seriamente a quien habla y al partido que representa? ¿Qué es lo que tanto los desespera? ¿Tal vez sea el proyecto elevado para hacer cumplir la Constitución por sobre ciertos dictámenes de organismos internacionales? ¿Tal vez sea su posición crítica hacia el contrato leonino que asumió el Estado uruguayo con UPM, como quedó declarado por la propia Cámara de Representantes? ¿Tal vez sea su oposición a la bancarización obligatoria? ¿Tal vez sea saber que le cerraríamos el paso a cualquier intento de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas? Tal vez la respuesta sea todo esto, pero, sobre todo, saber que somos independientes y que actuaremos siempre con independencia. Quienes durante décadas han envenenado el alma de generaciones de uruguayos, alimentando una fractura funcional a sus intereses políticos, han sembrado a diestra y siniestra que Cabildo Abierto es una amenaza para la democracia, que somos extremistas, fascistas y nostálgicos de la dictadura, epítetos que desde hace décadas le endilgan a cualquiera que se resista a aceptar su relato o sus ideas, de neto corte totalitario y destructoras de nuestras instituciones.

Lo cierto es que no somos antidemocráticos; lo cierto es que estamos aquí por la voluntad de más de un cuarto de millón de uruguayos, que no somos de ninguna extrema y que no hemos defendido jamás la dictadura. Por el contrario, son otros los que deben dar prueba de su vocación democrática; son otros los que llevaron a que en este país, en un período democrático, este Parlamento debiera declarar el estado de guerra interno en abril de 1972; son otros los que meses después de consumarse el golpe de Estado quisieron subirse al carro de los dictadores, supuestamente peruanistas, demostrando la falsedad de su apego a las instituciones democráticas que, por otra parte, siempre consideraron meramente formales y burguesas. Dicho sea de paso, acaban de celebrar alborozados su aniversario, izando la bandera con la hoz y el martillo –la bandera soviética–, a la sombra de la cual decenas de millones de personas pagaron con su vida la lucha por la libertad.

Insisto: en este país el Gobierno democrático de la época declaró el estado de guerra interno el 15 de abril de 1972. Habría que profundizar las causas que llevaron a eso. Se vivía en democracia; acá la dictadura empezó en febrero de 1973, por más que hasta se haya aprobado por ley que la dictadura se extiende hacia atrás hasta el año 1968.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: le pido que en los minutos que le quedan se atenga al período histórico y al tema que estamos considerando.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: en Cabildo Abierto solo pretendemos ser artiguistas, generar un espacio de unión de los uruguayos interesados en llegar a las soluciones de los verdaderos problemas que hoy aquejan a la sociedad y terminar con la fragmentación, el odio y el enfrentamiento al que nos han llevado intencionalmente y desde el cual jamás encontraremos el destino de bienestar y desarrollo que nuestro pueblo se merece.

Quiero terminar esta exposición reiterando mi posición de respeto a los derechos humanos en todos sus aspectos. Condeno la violación de los derechos humanos que hubo en el pasado, de un lado y del otro, consecuencia de una lógica perversa que enfrentó a los uruguayos, convencidos de que peleaban por un mundo mejor e incapaces de entender la entente, el acuerdo, la sintonía entre Washington y Moscú para neocolonizar el mundo emergente. Surge así en nuestro continente la teoría del foco como estrategia perversa para ahondar las disensiones internas y facilitar el mejor control colonial de nuestro país.

Condeno la violación de los derechos humanos de todas las épocas, de aquella y de la actual, por la cual la omisión del Estado permite el asesinato de más de cuatrocientos uruguayos –números del año pasado–, permite que miles de ciudadanos estén viviendo en condiciones indignas, en asentamientos, y que también permite miles de violaciones del derecho de propiedad, centenares de desaparecidos en los últimos quince años, que haya uruguayos comiendo de la basura y durmiendo en las calles, más de doce mil…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: voy a pedirle, por favor, que colabore con el desarrollo de esta sesión.

Estamos considerando un tema bien claro que tiene que ver con un episodio puntual, y le pido, precisamente, que la referencia de sus palabras tenga que ver con ese episodio y su aporte a lo que debemos votar hoy. Nos parece que las evaluaciones que está realizando no contribuyen al análisis sobre si se conforma o no causa respecto al tema que hoy estamos considerando.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Termino, señora presidenta.

Finalmente, quiero expresar que en el momento de votar sobre si se accede o no al pedido de la Fiscalía General de la Nación canalizado por la Suprema Corte de Justicia me retiraré de sala a pesar de mi intención inicial de votar a favor. Estoy convencido –y creo haberlo demostrado– de que he actuado de acuerdo con lo establecido en la ley, pero también estoy convencido de lo que he expuesto en cuanto a que difícilmente yo tendría un juicio justo, y aun en caso de tenerlo difícilmente volvería a esta cámara, defraudando así a un partido y a miles de uruguayos que me eligieron para ser su voz y que tienen la expectativa de que no los abandone.

Más allá de lo expresado en el artículo 121 del Reglamento de la Cámara de Senadores, entiendo –y así me lo han hecho saber connotados juristas– que un principio del derecho es que, al dirimirse un asunto, no se puede ser juez y parte. Y siempre nos hemos propuesto respetar y hacer respetar los principios del derecho.

Termino por acá, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Señora presidenta: se ha arborizado un poco el tema que nos ha convocado; se ha llenado de ramas. Voy a tratar de colaborar con su pedido, concentrándome en el tema que nos convoca, y dejaré para el final algunas cuestiones que hacen a alusiones, que no hemos contestado desde la bancada, para hacer algunas aclaraciones.

He solicitado al señor senador Rubio poder ingresar a esta sesión y él así lo ha resuelto. Lo aclaro porque quiero decir de frente, teniendo la oportunidad, algunas consideraciones que me merece el tema de fondo. He hablado poco y nada de este tema hasta el momento.

No me voy a concentrar en los aspectos jurídico-constitucionales –a los que ya hizo referencia el señor senador Carrera–, sino que voy a partir de la base de que hubo una audiencia de formalización el día 1.º de noviembre. El señor fiscal –en mi opinión, en una buena interpretación, en la que en algún momento deberíamos ahondar, sobre cuándo, en qué etapa, hay que solicitar el desafuero y darlo– decidió formular el pedido de desafuero con un criterio de garantías. Entonces, estamos considerando el desafuero a la luz de la solicitud que hizo el señor fiscal, compartida por la señora jueza.

He leído el alegato fiscal y he leído también el alegato de la defensa. En la situación que se dio, en la que me tocó accidentalmente quedar con la responsabilidad de ser ministro de Defensa Nacional a partir del 8 de abril, debo decir que me duelen algunas prendas. Si bien las generales de la ley no me comprenden directamente, sí me duelen algunas prendas.

La primera prenda que me duele es el uso que se está haciendo del compañero Jorge Menéndez. Esa es la primera prenda que me duele.

La segunda prenda que me ha dolido en esta situación –me refiero, no al fundamento del desafuero, sino a la situación de que asumí– es que acá hubo una actitud que, en mi opinión, se llevó puesta a dos oficiales generales, uno de los cuales fue ayudante mío en su oportunidad y lo considero un individuo de bien. Y este tema lo he hablado con los oficiales generales de este país cuando me tocó ser parte del mando superior desde abril del año pasado al 29 de febrero. En realidad, es una situación que me generó un dolor en el alma, probablemente no por la violación del artículo 77, sino porque no se haya entendido que un oficial general que declaró disponer del cadáver de un detenido debía ser pasado a reforma por haber violentado el honor del Ejército, y porque sí haya sido pasado a reforma por haber violentado el honor del cuerpo de oficiales al no haber dicho la verdad para exonerar de responsabilidad al coronel Juan Carlos Gómez.

Acá hubo un pedido de formalización. Y el resumen del pedido de formalización dice: «En definitiva, a esta altura de la investigación, en el marco del procedimiento administrativo especial signado por la reserva, los generales Fajardo, Erramún y González tomaron conocimiento de graves hechos con relevancia penal, lo que comunicaron oportunamente al comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, con el propósito de que este pusiera en conocimiento de tales extremos a las autoridades competentes del sistema judicial penal uruguayo. Sin embargo, el imputado Manini Ríos optó por no trasladar esa información al ámbito jurisdiccional correspondiente, a la par que tampoco informó sobre el punto al ministro de Defensa Nacional. Todo ello, pese a haber sido alertado por parte de los generales que conformaron el tribunal de honor, en al menos tres instancias diferentes, sobre la necesidad de denunciar penalmente el contenido de las declaraciones en cuestión. Y a sabiendas de ser reiterativos, recordamos que no estamos ante cualquier delito. No estamos ante cualquier funcionario público. Hablamos de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y de ejecución permanente, crímenes sobre los cuales las víctimas y la sociedad toda aguardan una respuesta hace décadas. Y, también, siendo reiterativo, hablamos nada menos que de un comandante en jefe del Ejército».

Cita luego: «En definitiva, esto obviamente nos lleva a concluir que estaríamos ante un presunto delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos por el señor Manini Ríos en calidad de autor, y una vez que se remueva el obstáculo procesal, esto es lo que pediremos a la sede: que se formalice y que se continúe con el proceso de rigor».

Antes de introducirme en lo que dice la defensa, quiero contar una pequeña anécdota. En realidad, yo era médico cuando mi hijo terminó secundaria, y en el año 1996 –yo ya era legislador– le propuse que, si iba a estudiar Derecho, yo estudiaba con él. Él tenía que ir a clases, sacar los apuntes y yo haría las prácticas necesarias. Se ve que el tipo no quería mucho conmigo porque hizo comercial, después emigró a España y hoy es abogado de la Universidad de Girona. Se ve que conmigo no quería ni acercarse para eso. Y tenemos un compromiso. El compromiso que le pedí es que, si tiene que defender a un inocente, por favor se asegure con el máximo nivel al que pueda llegar, porque está en juego la libertad de una persona y que, si tiene que defender a un culpable, que lo defienda, pero que nunca utilice la mentira que implique a terceros, porque eso es una falta ética grave. No sé si lo cumplirá, pero espero que, si el padre no está algún día, el tipo recuerde que tiene ese compromiso conmigo. ¿Y por qué digo esto? Porque quedé indignado oyendo y leyendo el alegato de la defensa en la audiencia del 1.° de noviembre.

De arranque nomás, la defensa expone lo que va a reiterar a lo largo de su exposición –pretendiendo exonerar de responsabilidad al general Guido Manini Ríos– y es que el general Manini Ríos le comunicó lo sucedido a Menéndez en forma inmediata. Dice la defensa que lo hizo uno o dos días después en la Escuela Naval. Y agrega la defensa que la respuesta de que se debía seguir con el tribunal de honor, Menéndez se la dio unos días después porque le habría dicho: «Voy a consultar arriba».

Es incalificable. Cuando leía esto me enojaba, me violentaba, porque está citando a alguien que no se puede defender, que hoy no está acá para ser convocado. Pero la pregunta es cómo podemos hacer, con los elementos que contamos en la instrucción llevada adelante por el fiscal, que es lo que tenemos que atender –los documentos que nos dieron y todas las desgrabaciones que solicitamos y que el Cuerpo de Taquígrafos hizo–, para dejar al descubierto la mentira de lo sostenido por la defensa. Cuando un hecho no ha sucedido, pero se pretende sostener que sí, hay que construir un relato, y como ese relato no se construye sobre la realidad de un acontecimiento que pasó, en los momentos en que se expone se cae en inconsistencias que dejan al desnudo la falacia del relato. Es un tema deductivo.

Para ello podemos ingresar en las actas de transcripción de audios de declaraciones de testigos y en declaraciones públicas del general Manini, cuando todavía estaba con vida el general Menéndez. Podemos ver, por ejemplo, la edición del semanario Búsqueda del 4 de abril, en la página 45. En dicho reportaje el general Manini no dice lo que sostiene la defensa en su alegato en la instancia del 1.° de noviembre ni tampoco lo que el general Manini, en su comparecencia ante el fiscal Morosoli el 26 de junio, dijo. En declaraciones a Búsqueda, preguntado por el periodista si debió comunicar antes, el general Manini contesta: «No lo tengo claro. No se accionó de inmediato porque se interpretó que lo que se quería era obstaculizar la marcha del tribunal de honor. Ese pudo haber sido el error, pero estamos hablando de una demora en informar, porque yo entrego el expediente completo» –en febrero– «y allí está todo, e insisto: podría haber sido facilísimo sacar un acta y no elevarla». Más adelante en el mismo reportaje agrega: «Pero, en todo caso, de lo que estamos hablando fue de haber demorado en poner en conocimiento. Hablamos de que en vez de hacerlo en setiembre lo comunicamos oficialmente, al entregar el acta, en febrero». Esto no se dijo en la declaración fiscal ni se dijo ahora acá en esta sesión con anterioridad. O sea que el general Manini, estando con vida todavía el ministro Menéndez, en ningún momento refirió a que hubiera puesto en conocimiento en forma inmediata lo que le había trasmitido el tribunal de honor en por lo menos dos oportunidades con claridad y una más en una primera instancia.

Veamos lo que dice el general Manini ante el fiscal Morosoli respecto a las comunicaciones que venimos analizando y qué dicen los oficiales generales que integraban el tribunal de honor.

A fojas 8, 9 y 10 de la declaración del general Manini de fecha 26 de junio dice que los miembros del tribunal de honor en abril «vienen ellos un día, los tres […], y me dicen que tenían que hablar». Fue el 11 de abril. Y señala: «… habían tomado testimonio a Gavazzo y Gavazzo había hablado genéricamente de que en el cuartel en que él había estado en el año setenta y poco, había habido un muerto […]. Pero no ahondó más en detalles ni el tribunal profundizó en el tema y eso me lo dicen a mí».

Agrega el general Manini: «Yo todos estos temas del tribunal de honor –todos–, dada la sensibilidad que había, que tenía el ministro Menéndez por el tema, yo todos estos temas siempre los conversaba con Menéndez en las instancias en que iba». Más adelante dice el general Manini: «Justo da la casualidad que ese día yo tenía un acto en la Escuela Naval. En la Escuela Naval había la ceremonia de ascenso a contralmirante de tres nuevos contralmirantes de la Armada nacional –tres o dos; tres, creo– y, bueno, ahí concurrió el ministro, concurrí yo. En un aparte le digo al ministro: “Mire que ayer o anteayer Gavazzo, en una declaración, mencionó un muerto, pero no hay más detalles. Yo entiendo que lo mejor es citarlo de vuelta y que dé los detalles”. Y el ministro totalmente de acuerdo. Me dijo: “Sí, señor, estoy de acuerdo”».

Y agrega el general Manini: «… ahí mismo, en la propia reunión, yo le digo a los generales “Bueno, vamos a citarlo de vuelta a Gavazzo para que dé los detalles”, ahí, en el mismo, en ese mismo acto, ellos también estaban en el acto de ascenso de los… Seguramente, esto se lo dije solo a Fajardo, que era el presidente del tribunal».

Cuando uno no vive una situación, la reconstrucción del relato siempre es un problema. Esta aseveración del general Manini no se condice con las declaraciones de ninguno de los tres generales que integraban el tribunal de honor, que me consta que se sintieron golpeados por la situación que tuvieron que vivir porque el general Manini no dio cuenta de esto. Me consta porque trabajé con ellos. Nunca llegué a hablar con los dos que fueron relevados, pero con los demás hablé con todos, y les dije sí cuál era mi opinión.

Estas aseveraciones del general Manini no se condicen con las declaraciones de ninguno de los tres. El general Fajardo, en la página 5 –no la tenemos numerada–, expresa que el general Manini dijo: «Déjenme ver qué hacemos, ver qué hago». Y agrega: «… a la semana, aproximadamente, me llama al despacho y me dice: “Mire Fajardo: vamos a continuar con las actuaciones”». O sea que no fue en el acto de la Escuela Naval; fue a la semana.

En la página 11 el general Erramún señala: «El comandante dijo: “Esperen, paren las actuaciones”», y en la página 12 agrega: «Entonces esperamos que se resolviera esto, porque esto evidentemente como iba a pasar a la Justicia iba a detener las actuaciones». Y bueno, esto se fue hasta el veinte y algo de abril. O sea que reafirma que pasa más de una semana. Y agrega: «Y lo tengo porque después el comandante lo llama al presidente y le dice: “Bueno, sigan con las actuaciones”».

En la página 14, el general González expresa: «Eso, como dije, fue el 11 de abril y casi que hasta fines de abril» –por lo cual va más aún– «nosotros tuvimos suspendidas las actuaciones y recuerdo que sobre fines de abril el general Fajardo como presidente nos dijo que el comandante había dispuesto que continuáramos y que teníamos que continuar con el trabajo para seguir las actuaciones del tribunal».

O sea que, tomando las declaraciones de los miembros del tribunal de honor, se puede sostener que no recibieron ninguna comunicación, ni el presidente del tribunal ni de ninguno de los otros miembros, en el acto de asunción de los nuevos contralmirantes que se llevó adelante en la Escuela Naval el 11 de abril, como sostiene el general Manini Ríos y pretendió alegar en su defensa en la instancia del 1.º de noviembre.

En la foja 10 de la declaración que estamos analizando, el general Manini agrega dos cosas. En esa sesión en la que entendieron que esto era de importancia y se lo dijeron, él –Manini– les habría dicho: «Bueno, esperen órdenes que yo voy, hablo con el ministro». Esta aseveración del general Manini no es ratificada por ninguno de los generales que declararon ante el fiscal Morosoli. Ninguno de los generales dice que hayan recibido la noticia de parar las actuaciones y que Manini hablaría con el ministro. Ninguno. Vale tener presente que tampoco avala eso lo declarado en un medio de comunicación por el propio general Manini antes del fallecimiento del ministro Menéndez, como ya he planteado.

Vayamos a la segunda declaración de Gavazzo y a la segunda reunión entre los miembros del tribunal de honor y el general Manini. Veamos qué alega la defensa en la audiencia de formalización. El 15 de junio de 2018 los militares del tribunal de honor comunican al general Manini la versión más detallada de Gavazzo cuando comparece ante el tribunal de honor por segunda vez, el 13 de junio. Dice la defensa que Manini mandó parar de nuevo el procedimiento y se lo comunicó a Menéndez nuevamente. En mi opinión, el abogado escuchó bastante mal. Agrega la defensa que esto ocurrió en el IMAE, en una reunión oficial pocas horas después. Acá la defensa introduce a la secretaría de Presidencia, porque dice que Menéndez le dijo que iba a hablar con Toma y que después contactaría nuevamente a Manini para comunicarle la decisión del Poder Ejecutivo. Concluye el abogado que Menéndez fue a hablar con Toma sobre este asunto. Según la defensa, el 21 de junio de 2018 el general Manini dijo que Toma habría dicho que continuara. Dice el abogado: «Perdón, ¿a ver si voy bien?». Hace la pregunta porque ya se había olvidado de la fecha, ya no sabía ni si era el IMAE. Acá permítanme la digresión: los que oímos el audio y leímos el acta vemos que la defensa derrapa, confunde las fechas que quiere citar.

Veamos al respecto de esa segunda reunión qué declara el general Manini a fojas trece: «Entonces, el tribunal –esto fue en junio, creo que fue el 13 de junio o por ahí–, al día siguiente –no, el 15 a primera hora de la mañana–, nuevamente, me comunica eso, con lujo de detalles. Entonces, yo ahí les dije: “Esperen órdenes”, ¿no?, “Esperen órdenes, vamos a ver qué hacemos”». El hecho es que Gavazzo estaba poniendo un elemento nuevo. El general Manini dice: «Yo creo haber dicho: lo voy a hablar con el ministro». Esto último no lo avala la declaración de ninguno de los miembros del tribunal de honor.

El fiscal le pregunta al general Manini si en esa audiencia el tribunal de honor le habría entregado algún recaudo, algún documento, alguna carpeta con información extra. El general Manini contesta que fue todo verbal. Veremos que esto tampoco se condice con lo declarado por los señores generales que integraban el tribunal de honor, que no solo dicen –como veremos– que le dejaron copia escrita, sino que, como declara el general Erramún, el general Manini dijo que quería estudiar el material que le habían dejado, que quería leerlo. Vamos a repetir esta cita más adelante.

Al respecto, el general Fajardo a fojas sexta vuelta, séptima y séptima vuelta dice que el comandante los recibe el 15 de junio y agrega: «Ahí le llevamos inclusive las declaraciones de Gavazzo impresas […] porque queríamos […] que se pudiera leer las declaraciones propias que nos dijo Gavazzo y algunas de las de Silveira». Dice: «Llevamos la declaración, […] la transcripción de la grabación. Se la dejamos al comandante» y agrega que el comandante dijo: «Paren, vamos a parar las rotativas; déjenme la documentación, detengan el tribunal. Después yo los llamo a ver qué hacemos». El 22 de junio el comandante llamó al general Fajardo para decirle que era una chicana que había tirado este hombre para parar el tribunal de honor, que en el ministerio cada vez que se encontraban le decía que tenían que terminar el tribunal. Lo que siempre se ratificó es que el ministerio siempre decía que había que terminar el tribunal. Esto lo declara el general Manini y lo declaran todos los generales que integraban tanto el tribunal de honor como el tribunal de alzada.

El general Manini sigue: «Ese día, el mismo día que me dicen eso, yo tengo una reunión con el ministro en el ministerio», y agrega que ahí le dice al ministro: «Gavazzo dice tal cosa», que refería al cuerpo de Gomensoro. El fiscal le pregunta dónde fue eso y el general dice: «En el despacho de él, en el despacho del ministro, en el ministerio». Se ve que el abogado defensor no tenía claro o no había repasado las actas de las declaraciones cuando el 1.° de noviembre presenta el alegato de la defensa, porque confunde el lugar donde el general Manini habría trasmitido al ministro lo dicho por Gavazzo, dado que el abogado defensor dice que había sido en el IMAE. El general Manini declara que ahí el ministro le dice que lo iba a consultar con el doctor Toma y a fojas 16 dice que el 21 de junio, el día del centenario del IMAE –ya habían pasado seis días– el doctor Menéndez le dijo que había hablado con el doctor Toma y que él estaba de acuerdo, que esto podía ser un acto dilatorio y que siguieran con las actuaciones. Esto es lo que el general Manini va a trasmitir al general Fajardo, presidente del tribunal, el día 22 de junio. Según el general Manini, le habría dicho al general Fajardo –a fojas 17–: «Bueno, mire, lo hablé con el ministro, el ministro coincide –porque yo mismo se lo había dicho, que podía ser un acto dilatorio– en que esto es un acto, hay que seguir para adelante hasta fallar en el caso central». Aclara el general Manini: «Al tribunal yo no le dije mi conversación con el ministro», aunque en la declaración ante el fiscal el general Manini va a insistir en que había hablado el tema con el ministro y que le había trasmitido eso a Fajardo, como acabamos de ver. A fojas 22 va a insistir con el tribunal de alzada en que no consideren las declaraciones de Gavazzo sobre Gomensoro porque «ya lo hablé con el ministro». Sin embargo, esto que dice –que ya lo habló con el ministro– no va a surgir de ninguna de las declaraciones, no ya de los tres generales del primer tribunal, sino de los seis generales; es decir de ninguno de los generales que estuvieron en el tribunal de honor o en el tribunal de alzada.

No voy a repetir lo que tenemos citado más arriba, la declaración al semanario Búsqueda del 4 de abril. Veamos lo declarado por los tres miembros del tribunal de honor ante la segunda declaración de Gavazzo y las declaraciones de Silveira.

Surge de la declaración del general Erramún que a esa segunda reunión fueron con la copia en papel del cuestionario y se lo mostraron para que lo leyera. «Nosotros lo que le decíamos era que este era un caso para pasarlo a la Justicia. El comandante lo que nos decía a nosotros es “[…] lo que está haciendo –por Gavazzo– es querer detener las actuaciones”. Nosotros no decíamos nada –dice Erramún–. Pero bueno está, pero acá lo dijo y esto hay que hacer algo y esto hay que pasarlo a la Justicia», insistía Erramún. El fiscal pregunta: «¿Quién dijo eso concretamente?», y el general Erramún contesta: «Nosotros lo decíamos, no me acuerdo. Sé que Fajardo lo decía, y era la intención, fuimos a decirle eso». Pregunta el fiscal: «… ¿había consenso en el tribunal…?». Responde el general Erramún: «Totalmente de pasarlo a la Justicia. Totalmente. Totalmente. […] nuevamente se detuvieron las actuaciones».

El fiscal le pregunta al general Erramún: «¿… les manifestó a ustedes que él iba a hacer la denuncia penal?». Y el general Erramún dice: «No, en ningún momento. Él lo que dijo es que quería estudiarlo y que quería leerlo. Yo lo que entiendo […] como esto, este tribunal fue ordenado por el ministro de Defensa,» –dice Erramún– «a nosotros nos daba todas las pautas de que él, evidentemente, se lo iba a comentar al ministro. […] Era la pauta. Nunca nos dijo. Lo que sí nos decía y creo que esa vez también lo dijo, pero lo reiteró un par de veces, era que el ministro lo llamaba a él para ver cómo iban estas actuaciones y para que tuviéramos celeridad en el tema».

O sea, no hay ninguna constatación, ninguna, de que haya quedado esto planteado. Y hay algunas cuestiones de la declaración que resultan importantes, bien importantes. Me consta la sensibilidad y el golpe que recibieron los oficiales generales respecto a este tema; me consta porque lo hablé con ellos. Ya hice referencia a que ellos tenían la convicción de que se hablaba con el ministro, y hay un momento en que el general Erramún va a contestar lo siguiente. Ante la pregunta: «¿El comandante en jefe les trasmitió a ustedes alguna información referente a lo que hizo con esas declaraciones…?», el general Erramún dice: «No». «Bien. Olvidé preguntar –dice el fiscal–, pero en la segunda reunión ¿se mantuvo la misma dinámica que en la primera en cuanto a no registrarla en formato audio, papel, constancia del expediente, etcétera?». El general Erramún pregunta: «¿En cuál me dice?». El fiscal le aclara: «En la segunda, luego de la segunda declaración de Gavazzo ustedes ponen en conocimiento al comandante en jefe». Dice: «No, no». «Bien». «Nosotros tenemos por costumbre –dice el general Erramún– que cuando se comunica algo no se escribe, no se notifica. Nosotros tenemos justamente eso, la palabra de honor que se dijo y el que lo recibió tiene la obligación moral y ética de decir la verdad. Pero por supuesto si yo algún día tengo que integrar un nuevo tribunal, no le quepa duda de que todo lo voy a dejar por escrito». No sé si con esto se logra entender el alcance de esta declaración, que, en realidad, surge de la afectación que sufrió el general Erramún por el tema de que no se hubiera dado cuenta a la Justicia como era lo que ellos querían.

Al general Fajardo –completo con esto– le pregunta si se tomó alguna determinación para no documentar estas dos instancias, la de junio y la de abril con el comandante en jefe, de acuerdo con el artículo 77. Y dice el general Fajardo: «Actuamos como actuamos los militares con la lógica militar, que a veces no es muy entendible para el civil. Este… es un general, tres generales –porque aparte fuimos los tres– y el comandante».

Después me voy a referir a qué impresión tengo de esta ida de los tres. Sigue diciendo: «“Mire mi comandante que tengo tal problema”, pero no va con una carta. Después si él quiere que haga una carta, dice: “Bueno infórmelo por escrito”». Luego el fiscal le pregunta para entender y poder hacerse una composición de lugar: «Con el diario no del lunes, sino del martes, a la luz de todo lo que se desencadenó por esta actividad del tribunal, ¿usted documentaría diferente las gestiones del tribunal ahora?». Y Fajardo contesta: «Con el diario del lunes documentaría todo». Ni hablar del alcance de lo que está trasmitiendo. Esta es mi opinión interpretativa, la de un civil que se ha movido un poco más que otros dentro de este espacio.

El general Fajardo va a decir si se había hablado en algún momento del punto preciso de la denuncia penal con el comandante, general Manini. Ante la pregunta «¿Usted recuerda si expresamente hablaron de ese punto?», responde: «No, no recuerdo si expresamente. Capaz que lo mencionamos, pero realmente no lo recuerdo. Sí recuerdo, y es un hecho, que cuando le entregamos el fallo lo hablamos: “Mire comandante, esto es para que actúe la justicia civil, la justicia penal, que haga la investigación y que termine de investigar esto”. Y esto es el fallo…».

Cuando en las actas ingresé al interrogatorio de la fiscalía traté de analizar las declaraciones de los señores oficiales generales y, como de repente acá hay cosas que no se saben, voy a hacer un cronograma y a nombrar a algunas personas que declararon. Cuando hable de la doctora Mariana Errazquin, me estaré refiriendo a la jefa actual de Asesoría Jurídica de Presidencia, que ingresó a la Administración pública en 1990 acompañando al doctor Mariano Brito –era asistente en la cátedra– y, en 1994, pasó a Presidencia porque estaba el doctor Durán Martínez. Después ascendió y concursó. Digo esto porque no estoy hablando de una persona con un cargo de particular confianza de la Administración anterior, sino de una funcionaria de carrera, que viene de mucho tiempo. Además, yo creo en los funcionarios porque, como todo en la vida, habrá buenos y malos médicos; habrá buenos y malos legisladores; habrá buenos y malos funcionarios, pero creo en los funcionarios; es más, creo que hay excelentes funcionarios. Acá hay declaraciones de funcionarios –aclaro que no estoy hablando de las declaraciones de quienes ocupaban cargos de particular confianza, porque ni yo las leí, para que se entienda–, de funcionarios de carrera, que dejan planteada toda la cronología de lo que pasó y de lo que no pasó. Se dice: «Hoy somos todos», por la celeridad de funcionarios públicos. Acá hay un expresidente, pero había dos recién. Normalmente, a Presidencia ingresan alrededor de cuatro mil expedientes por mes, pero en febrero del año que se termina ingresan seis mil, siete mil expedientes, por todas las renovaciones de contratos que se deben hacer antes del año, etcétera. Esto ingresó al Ministerio de Defensa Nacional llevado por el general Manini el día 13. Voy a hacer la advertencia –más allá de que lo sabemos– que el doctor Menéndez estaba ya afectado en tratamiento con quimioterapia. Reitero que ingresa el día 13. Se pide para el 15 un informe preliminar, porque el doctor Maeso –abogado que en 1988 entró al Ministerio de Defensa Nacional– quiere hacer una primera lectura. Se hace un informe preliminar que el ministro lleva el 18 a la reunión del Consejo de Ministros, en Pueblo Centenario, y se reúne con el presidente el 19. En el informe preliminar –en realidad, eran expedientes de muchísimas hojas–, el doctor Maeso percibe que puede haber algo –obviamente, le había llamado la atención la carta con el fundamento del general Manini– y advierte que hay que seguir profundizando. Entonces, le entrega ese informe y, con él, se realiza una reunión el martes 19 en Presidencia, oportunidad en que se va a dar cuenta de la carta del general Manini, del fallo del tribunal. Se va a hacer un anuncio muy por arriba porque en ese momento ni el propio ministro lo sabía. La profundización en cuanto al expediente la van a llevar adelante dos personas: a partir del 22 de febrero, la doctora Mariana Errazquin –se va a delegar en ella, que tiene que meterse a leer el expediente–, y a partir del 12 de marzo, la doctora Nogueira, en el Ministerio de Defensa Nacional, también funcionaria que viene de la época en que el doctor Iturria era ministro de esa cartera. Lo digo para que vean que al respecto hablé de generales y de funcionarios civiles, que son funcionarios de carrera.

El miércoles 20 se realiza esa reunión con Toma y se le va a indicar lo de la nota, lo del tribunal, el fallo del tribunal y las consideraciones generales que había sobre las declaraciones. Quiero aclarar que acá hablamos solo de las declaraciones de Gavazzo sobre el tema Gomensoro, pero hay más temas porque en el Ministerio de Defensa Nacional se van a terminar evaluando por lo menos cinco causas, algunas de las cuales constituyen delito permanente porque todavía no han aparecido; estamos hablando del caso de Eduardo Silveira, alias el Gordo Marcos. Esa declaración se iba a mandar a cinco sedes penales. Acá hablamos solamente de la declaración de Gavazzo sobre la disposición del cuerpo de Gomensoro, pero hay cinco causas que habían sido identificadas.

Las profesionales que entran con más profundidad a este expediente –como ya dije– son las doctoras Errazquin y Nogueira, pero ya se habían tomado resoluciones porque el miércoles 20, la doctora Errazquin –como buena funcionaria, tiene una libreta en la que va anotando las indicaciones y las órdenes que le dan– recibe tres órdenes: una es la de homologar el fallo, con otros contenidos que le va a cambiar la Presidencia. A veces se confunde qué significa homologar. Si yo no homologo, queda la situación del efectivo como está; ahora, si homologo y le aplico la sanción, como en este caso, D2, lo estoy pasando a reforma y lo dejo en una situación disminuida desde el punto de vista militar. Lo digo porque se había hablado de homologar o no homologar.

Se decide homologar el fallo de los que eran inculpados –no por haber dispuesto el cadáver de un detenido de la manera que se dispuso, sino por no haber dicho la verdad para exonerar a un camarada–, con otros fundamentos, no homologar el fallo exoneratorio del coronel Maurente y disponer que se vaya a la Justicia. Esto es algo que va a hacer el Ministerio de Defensa Nacional; en la propia libreta de la doctora Errazquin queda claro que eso lo iba a hacer el ministerio, a tal grado que hay un largo fundamento –yo no me voy a extender en cosas que se dijeron acá– de esa profesional –que hace más de veinte años que está en la Administración– en el que explica que es al Ministerio de Defensa Nacional que le corresponde hacer esa denuncia.

Los días 25, 26 y 27 lo va a tener la doctora Errazquin, el 28 va a elevar los borradores, y luego viene la semana de carnaval: el lunes 4 y el martes 5 son días feriados. El 6 va a elevar los proyectos de homologación que se le habían pedido; el 8 los va a entregar para que el lunes sean puestos a consideración del presidente, junto con el expediente. En esa instancia, desde el día 22 de febrero hasta el 11 de marzo, el expediente va a estar en Asesoría Jurídica de Presidencia, y ahí por primera vez el expediente entero va a salir de Asesoría Jurídica de Presidencia.

El martes 12 fue el día en que se cesó al entonces general Manini Ríos. Yo sé bien por qué se lo cesó: se lo cesó por la nota que había elevado, en la que hacía consideraciones sobre el Poder Judicial. No voy a contravenir lo fáctico; estoy diciendo que efectivamente ese fue el motivo.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicitamos a los señores senadores que no dialoguen porque se hace difícil seguir la sesión.

Puede continuar el señor senador Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- En definitiva, el expediente ingresó al Ministerio de Defensa Nacional el día 12. La funcionaria lo trabajó el 13, el 14 y el 15; no trabajó el expediente hasta el día lunes 25 porque estuvo cinco días en una misión por una reunión que se celebró en México. A su vuelta trabaja en el expediente los días 25, 26, 27, 28 y 29; es decir, le dedicó ocho días en total al conjunto del expediente: hizo la discriminación en cuanto a qué causas judiciales había que mandarlo, solo ocho días antes de que saliera, el sábado 30 de marzo en la prensa, y se generara la situación que finalmente se dio.

El expediente salió rápidamente, más allá de que tuvo que ser enviado después del 30 porque se había desencadenado una situación de cierto grado de conmoción. Pero no hay ninguna duda –y lo saben aquellos que conocen la Administración pública– en cuanto al trabajo que se le dio al expediente. Incluso, con el diario del lunes hoy se podría decir que de entrada habría que haberle tirado las setecientas páginas a la fiscalía y que se arreglara.

Como me quedan seis minutos, y no quiero abusar del tiempo de otros, voy a contestar algunas cosas que se dijeron aquí. Independientemente de que en el Senado hay una comisión a la que la señora presidenta envió actas del 2006, a la que comparecí y estoy dispuesto a comparecer las veces que se quiera, tanto como senador, como como ciudadano sin fueros, y en la que traté de dar todas las explicaciones, más allá de las interpretaciones que luego se hicieron, voy a decir que en esta oportunidad se procedió por parte de la comandancia de la misma manera que en el 2006. ¿Por qué? Porque si no se puede pensar que es por mala intención, y yo no creo en las malas intenciones. En primer lugar, no creo que en temas tan delicados como este, los tribunales de honor estén prescindiendo de la opinión del comandante. No lo creo. Me parece que hay un alcance de los tribunales y que, más allá de la libre convicción por fallar que tienen reglamentada y garantizada desde el punto de vista del decreto de 1985, hay un peso institucional, de los comandantes, de la corporación y de la interpretación que hace la corporación. Entonces, se falló de la manera que se falló y el general Manini Ríos, en mi opinión, presentó ese escrito de ocho carillas, porque estaba dando fundamento al fallo del tribunal de honor. Y lo daba porque había y hubo algunas preocupaciones; si no, no van tres oficiales generales a reunirse dos veces con el comandante, porque el reglamento dice que es el presidente el que lo tiene que transmitir. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que seguimos teniendo como país –como país y no solo como fuerza política– y que tenemos que entender. No hay una asunción institucional del tema de que las violaciones de los derechos humanos durante la época de la dictadura fue algo institucional; más allá de que a algún loquito suelto se le puede haber ido la mano, hubo una política institucional. Todavía no ha llegado el momento, y esto es lo que a mí me duele habiendo sido ministro durante tres años –aunque estuve en el ministerio por más tiempo–, de que las actuales generaciones funcionen como las anteriores. Eso duele. ¿Por qué? Porque hay que asumir que acá hubo una situación institucional: no hay un solo reformado, pasado a reforma, en el Ejército, por violaciones de los derechos humanos, más allá de las declaraciones que haya hecho. Se les ha pasado a reforma por haber violado compromisos, por haber violado el honor del cuerpo de oficiales, y este sí es un tema que me preocupa.

Por último, sé que se solicita el desafuero –y comparto los fundamentos– para que, con las garantías del caso –porque se podrá dudar de la fiscalía, pero se ha dicho que se tiene confianza en el Poder Judicial–, se pueda comparecer ante el Poder Judicial. Se trata de una acusación sobre un eventual delito cometido antes de que hubiera sido senador. Se solicita el desafuero por un eventual delito que fue cometido como comandante en jefe.

Seguramente, luego de analizado el expediente, a todos se nos presenta la situación de tener que tomar una posición. Me voy a poner en una posición genérica; no voy a hablar de los legisladores de la oposición o de los legisladores del Gobierno. A veces se está frente al llamado dilema weberiano de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y lo voy a asumir; se podrá discrepar conmigo, pero no se puede decir que no soy frontal cuando planteo las cosas. Entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, en realidad hoy la determinante de tener que tomar una posición está dada por la postura que asumió el señor senador Manini Ríos; él asumió el compromiso de que iba a ir a declarar las veces que lo llamaran. Lo dijo en campaña electoral y muchas otras veces. Entonces, yo sé que la ética de la responsabilidad lleva, eventualmente, a no perder la mayoría para poder sacar adelante, con toda la legitimidad que se tiene, lo que se haga como Gobierno.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: le agradezco, pero ha culminado el tiempo que tenía asignado.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- La verdad es que se han dicho tantas cosas que es difícil hilvanar una respuesta para todo; de todos modos, quiero dejar bien en claro algunos puntos.

En primer lugar, lo declarado en Búsqueda todavía en vida del señor ministro, en ningún lugar deja claro que yo no hubiera comunicado previamente al ministro. Simplemente, no lo nombro dada la situación de salud que vivía el ministro, quien estaba agonizando en esos días. Sí es claro que cuando el ministro hace su última comunicación, el 1.º de abril, no dice nada sobre que yo no le hubiera comunicado nada; se enfoca simplemente en hablar de la forma realmente injusta en que lo había tratado el presidente de la república, a tal punto que después la propia familia le pide al presidente que ni siquiera se aparezca por el velorio o por el entierro.

¿Por qué paré yo las actuaciones si no era para consultar con el ministro? ¿Era para consultarlo con la almohada? No tiene sentido. Yo paré las actuaciones dos veces; las paré durante siete o diez días –hay diferencia de días en lo que dice uno y otro-, pero en el fondo la realidad es que las paré para dar cuenta, y luego ordené continuarlas. El ministro permanentemente estaba al tanto del tema porque estaba muy preocupado por lo que dije de obtener un éxito político en este tema.

Lo que acabo de escuchar es a un exfuncionario tratando de justificar las omisiones de sus superiores del Poder Ejecutivo, cuando no fueron de inmediato a la Justicia. Hace poco también lo vimos justificando lo realizado en el 2006, cuando en un hecho análogo se actuó de la misma manera y no se dio cuenta a la Justicia. Me refiero al caso de Gilberto Vázquez.

Todo lo que se dijo aquí para justificar la actuación del Poder Ejecutivo, relativo a que se fue demorando para desglosar o para lo que sea, se podría haber hecho sin perjuicio de haber comunicado de entrada a la Justicia, pero no se comunicó. En cambio, cuando el expresidente me cesó, no me mencionó para nada el tema de José Gavazzo; ¡para nada lo menciona! El tribunal de honor recibió órdenes de seguir las actuaciones porque en cada oportunidad se entendió que no ameritaba pararlas.

Son increíbles las valoraciones que hace de la carrera militar quien recién hizo uso de palabra. ¡Como si supiera!

SEÑORA PRESIDENTA.- Culminó su tiempo, señor senador. Usted sabe que quedamos en ser sumamente rigurosos, de acuerdo con lo que se argumentó en coordinación de bancada.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias, señora presidente.

Creo que es la tercera vez que recurro a fray Luis de León. Como decía ayer, tengo sesenta y seis años, y desde que tengo uso de razón, estamos en situaciones muy complejas para el país, para todos los ciudadanos, en las que hay muchas víctimas en todos lados. No estoy afiliada a la teoría de los dos demonios; por un lado, fue terrorismo de Estado, pero también sufrimos otros y hay otras víctimas. La historia se escribió parcializada. Con esto me refiero a las últimas manifestaciones del senador Bayardi. Punto y aparte.

Como asunto previo debo decir que el senador Bayardi –no quiero que lo tome como una alusión porque, de alguna manera, estábamos dialogando; nos estábamos mirando los dos, yo le estaba prestando atención a cada uno de los argumentos, como hago siempre con todos los señores senadores– obviamente tendría que haber pedido la autorización del artículo 97, cosa que sugerí porque, con todo el respeto que me merece –lo conozco desde hace muchísimos años–, él está implicado en todas estas actuaciones. No me voy a detener porque no quiero perder más tiempo en «lo que me dijo» o «me dijeron», porque si actuamos con responsabilidad, todos tuvimos que haber estudiado toda la prueba, ¡porque de eso se trata un desafuero! Que el Parlamento, en este caso la Cámara de Senadores, evalúe la solicitud de desafuero hecha, en este caso por fiscalía –tenemos un Código del Proceso Penal que así lo establece–, pero así fuera por el Poder Judicial –y voy a dar ejemplos de otros desafueros–, como dijo el último de los Jiménez de Aréchaga –que estaba vivo cuando se le hizo la consulta por el desafuero de Erro–, es parecido a que nosotros seamos jueces. Es parecido. ¿Por qué dijo eso Jiménez de Aréchaga en la Comisión de Constitución y Legislación en el momento en que se trató la solicitud del desafuero del senador Erro? Porque lo que nosotros tenemos que evaluar es si hay elementos de formación de causa. ¡Vayamos al tema! Ese es el tema.

¿Qué es un elemento de formación de causa según el artículo 114? Es un principio del derecho procesal, es un tema técnico, acá no valen las «guitarreadas». Debemos preguntarnos si los pares tenemos elementos de convicción suficientes como para privar a un legislador que fue puesto acá por la ciudadanía, en lo que nosotros analicemos y no en lo que nos viene analizado. Lamento si cada uno trabajó de otra manera. Eso es lo que nosotros tenemos que contestar. ¿Frente a la fiscalía? Sí. Y si hubiera estado el otro código, frente al Poder Judicial, como pasó en la solicitud del desafuero de Erro, que era la justicia militar. Lamento profundamente, pero acá se votó, por el Parlamento democráticamente electo, el estado de guerra interno, y por eso actuaba la justicia militar. ¿A mí me gustó? No, pero el Parlamento que estaba sentado acá votó el estado de guerra interno y con dirigentes políticos de fuste, reivindicados por todas las fuerzas políticas, porque ahora está de moda apoderarse de líderes políticos de otros partidos. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuál es la parte institucional, porque acá no hay una parte política? Acá hay una parte jurídica. Debo decir que yo me afilio a lo que expresó mi compañera Asiaín, de la primera palabra hasta la última, y le pido disculpas por el atrevimiento, pero, repito, me afilio a cada una de las cosas que ella definió perfectamente. ¡Y nadie lo pudo contestar! La senadora Asiaín hizo referencia a la parte estrictamente jurídica de lo que significa, en el ámbito del Senado –también podría ser en la Cámara de Diputados– privar a la ciudadanía –acá está la parte institucional– de un legislador. Es una responsabilidad, señora presidente, de las más graves que tiene que asumir un Parlamento y para ello sinceramente pienso que todos debemos tener un estado del alma muy especial. Es más fácil ser tribunero, es más fácil pretender cobrar cuentas que todos tenemos, que actuar con la ecuanimidad necesaria para efectivamente saber si la acusación de la fiscalía, para los senadores, no para la fiscalía, no para el Poder Judicial, es suficiente en este caso para levantar los fueros a Manini, o a quien sea. Yo dije públicamente que no me interesa defender al senador Manini, así como también expresé públicamente –se sabe la discrepancia profunda que tengo desde mi más tierna adolescencia– que lo haría por el senador Mujica y por la senadora Topolansky; lo haría por cualquier legislador. Ahora bien, no empecemos a manejar cosas que no corresponden al proceso.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–Como soy estrictamente jurídica en esta parte, le recuerdo al senador preopinante –que no se considere una alusión– que en todos estos documentos que yo tengo aquí hay resoluciones firmadas por él como ministro, nombrado el 6 de abril, que lo implican con este expediente. En consecuencia, ¿se querían pruebas documentales? Acá están: una, dos, tres, y algunas más. No me quiero despojar de la documentación porque, como ven, yo la estudié toda personalmente; no la delegué. Son todas resoluciones firmadas por el hoy senador Bayardi que implican movimientos de este expediente siendo ministro.

Con esto, ¿qué quiero decir? Todas las consideraciones que el entonces ministro Bayardi hizo en cuanto a que habló con Fajardo, etcétera, para mí están a beneficio de inventario, porque yo tengo que actuar con un criterio jurídico. Si yo estuviera en un juzgado –no lo estoy, pero como dice Jiménez de Aréchaga, es medio parecido–, sería un testigo tachable –eso es lo que decimos los abogados–, o lo comprenden las generales de la ley. Yo no sé lo que habló con Fajardo; de la misma manera tengo que creer verbalmente otras comunicaciones. Entonces, ¿por qué tengo que creer si, además, tiene que justificar su no actuación como corresponde, como ministro?

Hay algo que quiero decir desde el primer momento. Nosotros hemos defendido, respetado y llamado a sala –cuando estaba sano– al ministro Menéndez. Ahora, yo en mi vida, señora presidente, que es larga y he estudiado varias cosas, vi que todos los funcionarios de carrera del Ministerio de Defensa Nacional y de Presidencia hicieran referencia al estado prácticamente de fallecido del ministro Menéndez. Estaba en cuidados paliativos porque ya se había decidido no continuar con el tratamiento. Lo habían decidido él y su familia, según dicen los funcionarios de confianza del propio Menéndez, porque Menéndez tenía, como corresponde, adscriptos de confianza. Incluso, uno de los adscriptos de confianza, cuyo apellido en este momento no recuerdo –pero no importan los apellidos–, se puso a llorar en la fiscalía cunado le tomaban las declaraciones.

Ahora, si hablamos de ética, el presidente de la república descabezó el Ministerio de Defensa Nacional para salvar su omisión al no haber hecho la denuncia, sin importarle que el ministro Menéndez se estuviera muriendo, cosa que dicen los funcionarios de carrera, incluso la doctora Errazquin, que continúa, por supuesto. Por eso es dolida la carta del doctor Menéndez. Por eso la carta del doctor Menéndez es una prueba, porque se descabezó el ministerio, se descabezó a los militares porque se echó a seis generales todos juntos, los que habían integrado los tribunales de honor. ¿Con qué ética? ¿Con la de responsabilidad o la de la convicción, un ministro que se estaba muriendo? Se estaba muriendo cuando lo destituyó Vázquez. ¿Por qué esta carta sentida de Menéndez? Porque se sintió traicionado por Vázquez. Porque era el momento de decir: «A mí Manini, o el comandante, no me informó nada». Y esto lo quiero dejar sentado porque se habló de la ética de un ministro que no está. No está, pero mientras estuvo cumplió correctamente su función.

Y antes de entrar al fondo del asunto, en el sentido de cómo es que se tramitan los fueros, voy a mostrar un pedido de informes, señora presidente, que yo hice el 3 de agosto de 2017. Yo no tenía la menor idea de que Manini iba a ser senador, que le iban a pedir el desafuero; ¡nada! Pero presté atención a las declaraciones del ministro Menéndez, porque en ese momento estaba bien. Pudimos hablar con él, consultarle, por ejemplo, por qué nunca nos contestaron el pedido de informes del caso Feldman. Hablé personalmente con él. Es el único pedido de informes que no me contestaron; Menéndez me dijo por qué, pero no lo voy a decir porque yo no hablo con los muertos. En este pedido de informes yo pregunto fecha y fundamentos de la resolución que ha trascendido a la prensa por la que se decide cumplir con la Ley Orgánica Militar en cuanto a la realización de tribunales de honor pendientes con sentencia definitiva de la Justicia; cantidad de nombres de los funcionarios de la cartera sujetos a los mismos; especificar las causas por las que se decidió la integración de dichos tribunales, detallando los que se refieren a delitos vinculados a derechos humanos. Me contestaron; acá está. Y lo que luce claramente es la diferencia que existe entre una administración y otra –me refiero a la administración Fernández Huidobro respecto a la administración Menéndez– acerca de la realización de los tribunales de honor, porque durante la administración Fernández Huidobro, Familiares de Desaparecidos –fue público y notorio– lo acusaron de ser el responsable de la impunidad. Yo tengo toda la prensa. No quiero hacer perder el tiempo ni leer cosas que todos podemos hoy, además, buscar en Internet. Y acá va un reconocimiento al ministro Menéndez en cuanto a que se hicieron todos los tribunales de honor. Por eso estuvo siempre encima. Antes no se hicieron, y en el que se hizo –que me consta porque, además, lo leí; pedí que me hicieran llegar las actas–, en el que quedó sin terminar, ya Gavazzo decía muchas cosas. Yo me pregunto si el cambio de destino de los generales fue para que quedara sin efecto el tribunal. Me lo pregunto; yo no adjudico intenciones, porque es eso lo que prohíbe el reglamento, no dar argumentos políticos. Lo que prohíbe el reglamento es adjudicar intenciones. No se pueden hacer referencias políticas ni personales en el fundamento de voto.

Es más, cuando Gavazzo empieza a declarar, es sumamente interesante. ¡Es un asco Gavazzo! Con Araújo lo investigamos cuando estaba libre, igual que a Campos Hermida e igual que a Silveira. En 1984 no estaban presos, tenían mucho poder todavía, y algún día contaremos las cosas que pasaron, ¡y que pasamos nosotros y nuestra familia!, por jugárnosla con Germán en estas cosas. Y hoy, con toda tranquilidad de espíritu estoy donde estoy, porque una de las personas que se sintieron traicionadas por no buscar realmente la verdad de lo que pasó fui yo.

Nibia Sabalsagaray era la secretaria de Finanzas de la Unión de la Juventud Comunista y era mi amiga. La Unión de la Juventud Comunista se reunía en mi casa en la dictadura, y voy a decir algo que, según creo, es la primera vez que lo menciono públicamente. Un día me llama por teléfono alguien, no sé quién –nunca lo voy a saber–, y me dijo: «Graciela, andate, cayó Nibia». ¿A dónde me iba a ir? No podía ni siquiera exponerme a sacar un pasaporte; estábamos en plena dictadura, año 1974. Rarísimo, pero le pegaron a Nibia en 1974. ¡O sea que si habremos sufrido! ¡Ahí puse en riesgo a toda mi familia –a mis padres y a mis abuelos; no estaba casada en ese momento– esperando todos los días que me vinieran a buscar! ¡Hay que vivir esa situación! ¿Después me hablan de derechos humanos? En eso coincido con el expresidente –no quiero nombrarlo; pensé que iba a estar acá, pero, bueno, sé que está acá– cuando dijo: «Es muy fácil hacer sindicalismo y es muy fácil hablar de derechos humanos en un gobierno de izquierda». Yo lo sufrí en otro gobierno, en uno dictatorial. Porque, además, cuando salimos, en 1985 –y no me voy a meter en cómo salimos–, les puedo garantizar que acá, en este recinto, se sentía muchísimo el poder de los militares, así que no fue fácil salir de la dictadura.

Gavazzo, cuando empieza a declarar, lo hace sobre otros temas, y me llama la atención que a nadie le importaron; entre ellos, por ejemplo, las conexiones en Buenos Aires con Orletti, la llevada y traída de detenidos, y la llevada y traída de cinco millones de dólares. Nadie dice nada. No hay investigadores que se refieran a eso. Perfecto. Todos sabemos lo execrable que es Gavazzo. ¿Sabe cuál fue la segunda llamada que recibí, señora presidente? No me puedo acordar –y no me gusta mentir– si fue del propio Marcos Carámbula o fue de alguien en su nombre, pero el relato es exactamente como todos lo conocemos hoy, nunca me voy a olvidar. Me dijo: «Mirá, Graciela, quedate tranquila, que a Nibia la mataron». Y yo le dije –no sé a quién–: ¿Cómo me voy a quedar tranquila si a Nibia la mataron? Y la respuesta fue: «Sí, porque le hicimos la autopsia cuando la llevamos a su casa en una localidad de Colonia y tenía fractura de hueso de cráneo y murió el mismo día que la detuvieron»; es lo que cuenta hoy Marcos Carámbula. O sea que a mí no me hablen de estas cosas, no me subestimen. Yo lo que no quiero es «embarrar la cancha», lo que quiero es que de una buena vez se terminen los enfrentamientos entre orientales y pongamos todo arriba de la mesa y cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo.

Pasaron cuarenta años y sin ninguna duda, señora presidente, lo que más nos debe importar es que los familiares de los desaparecidos tengan una respuesta.

Yo no necesito venir con ninguna camiseta; yo tomé las declaraciones del primer vuelo, allá en el apartamento de Germán Araújo, en el tercer piso del edificio donde estaba la confitería de Conaprole. Fui yo quien tomó las declaraciones, a veces con Germán y a veces sola. Yo tomé las declaraciones. Yo llevé a la Tota Quinteros al juzgado penal –porque en aquel momento no había juzgado especializado de familia– cuando logramos meter preso a Cacho Bronzini, que fue uno de los que secuestró a Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela –el dato lo dio Alberto Grille, que estaba en la ventana de la embajada y gritaba–; lo llevamos por violencia doméstica y lo único que logramos fue que estuviera unas horas. Yo llevé a la Tota y le dije: «Vení, miralo, este es el carcelaje. Mañana le van a dar la libertad» –porque era por violencia doméstica– «pero, por lo menos, lo ves unas horas preso». Y ¡ni que hablar de Sara Méndez! ¡Y ni que hablar de Sara Méndez!

En consecuencia, no necesito venir con camisetas de Familiares. No lo necesito. Esto –y muchas cosas– lo estoy diciendo por primera vez en mi vida, y probablemente algún día escriba sobre todo lo que pasé.

De la misma manera, señora presidente, le voy a decir que uno de los primeros días que llegamos al Senado con Germán, en su despacho apareció un señor muy bajito, funcionario de esta casa, que había sido restituido con la democracia. ¿Saben quién era? El padre de los Gomensoro, porque hay dos Gomensoro desaparecidos. Se podrán imaginar lo que significaba para una persona como yo, que en ese momento tenía treinta años, escuchar a un padre que tenía dos hijos desaparecidos. Y era Gomensoro.

Vayamos a lo que es un desafuero, señora presidente. Tomé dos ejemplos –si usted me permite–: el desafuero solicitado al senador Erro en 1973 y el solicitado al senador Nin Novoa en 2011, porque uno debe aprender de los que estuvieron acá antes que nosotros. Sería una atrevida –y aclaro que hablo por mí, no involucro a nadie– si me pusiera en el lugar de otros senadores que han tenido, en épocas difíciles también, por ejemplo, el caso del exsenador Erro que fue el pretexto, no tanto para el golpe de Estado que estaba desde febrero, pero sí para entrar a esta casa. ¡Y fueron al lugar de detención! ¡Fueron a hablar con quienes los acusaban! ¡Porque así eran los legisladores que actuaron en 1973! La verdad es que me emociono al leerlo; aquí lo tengo, pues en aquel momento se imprimía todo; por suerte, se elaboraban diarios de sesiones de todo, del Senado y también, podríamos decir, de las comisiones.

Acá está la Comisión de Constitución y Legislación y lamento que no esté en este momento el miembro informante, señor senador Carrera, al que le tengo un profundo aprecio. Hay dos maneras de que la citada comisión trabaje en un desafuero. Nosotros, tácitamente, elegimos una de ellas: que cada uno hiciera un informe por separado, y no se trató el tema en sí en la comisión. O sea que cuando se sale a la prensa a decir que luego de un largo trabajo en la Comisión de Constitución y Legislación le damos el asesoramiento al Cuerpo, ¡no es verdad! ¡No hay más que acceder a las versiones taquigráficas de las sesiones de la comisión que están colgadas en la página web! Recibimos al senador Manini –pandemia mediante, tuvimos que hacerlo en los primeros días–, que solamente nos pidió que fuéramos rápidos. ¿Saben por qué no fuimos rápidos, señora presidente? ¡Porque cuando quisimos estudiar y veíamos, no la carpeta fiscal sino el pedido de formalización, que era lo que nos había llegado, no podíamos decir ni sí, ni no, ni ni! Esa es la verdad. Empezamos a pedir los antecedentes, que llegaron con el paso del tiempo, señora presidente. Y muchos llegaron gracias a la señora presidente de la comisión, que fue personalmente a la Suprema Corte de Justicia y esperó a que le hicieran la fotocopia del expediente Tacuarembó –¡que quiero saber cuántos lo leyeron!– donde está el juicio y el sobreseimiento de Gavazzo –desgraciadamente–, pero ahí actuó esa justicia a la que ustedes quieren respetar y que yo respeto, ¡porque el Poder Judicial sí es independiente! ¡La fiscalía es, formalmente –y no estoy dando ninguna opinión personal de ningún fiscal, que la tengo y la hice pública hace ya más de tres años–, un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura! ¡O sea que no estamos hablando del Poder Judicial! ¡Y cada vez que se dice lo contrario se está faltando a la verdad! Ahora, el ministro es de mi Gobierno. Podría decir: «Ahora estoy tranquila, porque tengo a Pablo, con quien, además, somos amigos». ¡Lo grave es que se puede dar una orden del Poder Ejecutivo, porque es un organismo descentralizado! Hace poquito, el propio fiscal Díaz, con total normalidad –porque es así– dijo: «Recibí directivas del Poder Ejecutivo para que los fiscales se preocupen más por el delito de abigeato». Y sí, ¡si es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo! ¿Sabe lo que yo quiero, señora presidente? Otro régimen acusatorio; este no lo quiero. Lo dijo el propio Chediak, que fue uno de los que lo redactó y que siendo miembro de la corte tuvo la honestidad intelectual de decir que se equivocaron, que hay que cambiarlo y hacerlo de nuevo. Al Código del Proceso Penal se le hicieron once modificaciones y yo no voté ninguna porque no voté el código y no lo hubiera votado tampoco. ¿Dar todo el poder a la fiscalía que depende del Poder Ejecutivo? ¡De ninguna manera! Ahora, lo que estoy pidiendo es un régimen acusatorio donde la fiscalía sea un ente autónomo. Si la fiscalía algún día es un ente autónomo, ahí vamos con el régimen acusatorio porque los regímenes acusatorios no son todos iguales. Estudiemos el derecho comparado porque la autonomía técnica es muy relativa.

Yo no les quiero leer las declaraciones de quien fuera presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay, la doctora Domenech –a quien cité en el 2017 cuando integraba la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados–, que se jubiló porque no aguantaba las presiones. En esa instancia le pregunté a la doctora Domenech si en ese momento sentía que los fiscales no tenían autonomía técnica, y los invito a que entren a la página web donde está la información porque no quiero seguir distrayendo al Cuerpo. Y ahora, en la ley de presupuesto viene la derogación de las directivas generales que puede hacer el fiscal general a los subordinados que son los que después tenemos en las audiencias.

Además, hay un fenómeno que hace tres años mencioné públicamente en una entrevista que me hicieron en Telemundo. Como decía, hay un fenómeno que hay que cuidar –cuando tenemos mucho poder para tomar decisiones sobre la libertad de la gente–, que es el de la autocensura. Si yo tengo un fiscal general que en todos los medios de comunicación ha dicho que no está de acuerdo con los fueros de los legisladores, tengo derecho a pensar que cualquier subordinado cuya carrera depende de ese jerarca va a pensar dos veces si va a pedir o no el desafuero. ¿Estoy diciendo que eso es lo que pasa en este caso? ¡No! Porque no lo puedo probar, pero sí puedo probar que la actuación del fiscal es un desastre. Se le inició una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo porque apareció en una foto y a estos tres fiscales, las dos fiscales, y al fiscal Morosoli ¡¿qué?! Reitero lo que dijo mi compañera, la doctora Asiaín, en cuanto a que no le correspondía el turno y aunque yo lo sabía, esperé que lo dijera ella porque era quien tenía ese dato. ¿Eso no es sospechoso? Esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar.

La verdad es que cuando estudié la solicitud de desafuero de Erro me sentí muy mal porque ahí me di cuenta de que en la comisión no trabajamos bien, ya que nosotros podríamos haber hecho la investigación de nuevo, tal como sucedió con el desafuero de Erro. Ahora, ¿qué pasa? Hubiéramos puesto al Parlamento y a la población en general en una situación de preocupación institucional. De alguna manera eso se hizo en forma tácita porque no lo discutimos nunca y acá hay miembros de la comisión que, si son honestos intelectualmente, lo tienen que reconocer. Nunca lo discutimos y lo dejamos soslayado, como se decía en otros pactos. Acá la comisión, señora presidente, no solamente recibió todas las pruebas, sino que fue a recoger los testimonios donde estaba detenido Amodio Pérez, y quiero recordar que intervenían senadores de la talla de Michelini, Juan Pablo Terra y Washington Beltrán. Y ¿saben una cosa? Washington Beltrán cambió de opinión en sala. Washington Beltrán dio vuelta la votación en sala –no los voy a aburrir, pero lo tienen acá porque pueden pedir el Diario de Sesiones– y dijo una cosa muy importante: «Yo estaba casi seguro que Erro fue colaborador del MLN, pero ahora me surgió una duda razonable y ante la duda razonable no se puede condenar a nadie, menos nosotros que no somos jueces». Estamos juzgando a un par y acá hay decenas de dudas razonables –¡decenas de dudas razonables!–, porque yo también leí toda la carpeta fiscal y las desgrabaciones.

Me encantaría tener tiempo, señora presidente, pero la verdad es que cuando llegaron al lugar donde estaba detenido Amodio, ahí sentí que se me caía la historia, otra vez, encima y dije: ¿por qué? ¿Por qué nuestra generación sigue pagando los precios de cosas de las que no somos culpables? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar acá, otra vez, hablando de estas cosas y, como yo –que lo viví–, también mis compañeros, que son más jóvenes?

¡Aparece la lista de quienes declararon en el Batallón Florida en contra de Erro! Algunos están acá, por lo que no voy a leer esto, pero los invito a que lo hagan. ¿Quiénes estaban enfrente de los que acusaban a Erro en una dependencia militar? ¡Frente a Trabal! Seguramente algún día se sabrá si eso fue inteligencia o contrainteligencia, porque tenemos mucho que analizar, no si un senador comunicó o no comunicó algo que no tiene ninguna trascendencia.

¡Yo quiero saber todos esos pactos que se hicieron! ¡Quiero saber por qué gente que está sentada acá acusó a Erro! ¡Y los periodistas, los investigadores, los historiadores nunca dicen nada! ¿Por qué? Porque hay que enfrentarse al poder, que ahora ya no es más poder. ¡Ahora ya no es más! Cuando uno tiene la ética de las convicciones y de la responsabilidad –las dos juntas–, lo bueno es enfrentarse al poder cuando uno no está cerca de él; eso es lo bueno, eso es lo ético.

Yo vi esa lista y dije: ¿otra vez lo mismo? ¿Por qué no dicen que esto era en 1973? ¿Qué pasó? ¿Qué pactos hubo? ¿Qué negociaciones? ¿Nadie leyó los tres tomos del libro Alto el fuego, de Nelson Caula y Alberto Silva? Son extupamaros, Alberto Silva, seguro; de Caula, tengo mis dudas. O sea, eso viene desde la izquierda-izquierda, desde el riñón. ¿No leyeron Alto el fuego? ¿No leyeron todos los procesos de negociación que hubo en el Batallón Florida? ¿No leyeron lo que los propios militantes de la organización pusieron en un libro que tiene tres tomos?

Es todo eso lo que nosotros tenemos que evaluar hoy, señora presidente, porque por algo hoy está el senador Manini Ríos como indagado. ¿Y los demás? ¿Dónde está Toma? ¿Dónde está el presidente Vázquez? Ahora ya no puede ir al San Juan. Yo formé parte del Gobierno de Vázquez y si no teníamos a Gonzalo Fernández cerca, ya sabíamos que era porque los miércoles de tarde apagaba el celular y se iba al San Juan, dicho esto por el propio Gonzalo Fernández.

No voy a contestar; si quieren hacer un careo, lo voy a hacer. ¡Lo voy a hacer y lo voy a hacer! ¡Y lo voy a hacer! Precisamente, ¿saben por qué? Porque siendo autoridad de Educación Secundaria –que fue mi primer cargo de confianza– los familiares acusaron a un profesor de haber sido torturador y yo pedí pruebas, porque siempre lo hago. Estas cosas se solucionan con pruebas, no con discursos ni con tratar de barrer para abajo de la alfombra. Pedí pruebas y ¿saben qué era? Según una familiar con la que hablé, que «reconocía» al profesor por la voz. Había cuatro personas en la lista de posibles torturadores con el mismo nombre y, por la voz, se le acusaba a este profesor, que yo qué sé, ¡vayan a hacer la denuncia a la Justicia! No, no; encima estaba el liceo ocupado donde él daba clases.

Vamos al desafuero solicitado al senador Nin. Es muy interesante lo que dice el entonces senador Ope Pasquet, que es quien hizo la intervención más brillante que yo he leído y estudiado con respecto a los fueros. Y el senador Pasquet se opone al levantamiento de los fueros del senador Nin Novoa, a pesar de que había prueba documental, porque se había omitido un bien en la declaración jurada y, además, se había dicho –a mí me dolió muchísimo, porque yo jugué todo a esa fuerza política– que el auto no estaba a nombre de él, estaba a nombre del hijo, porque estaba embargado. Sin embargo, todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Nacional que pidió más pruebas, no le levantaron los fueros a Nin Novoa.

Uno de los que tuvo una gran intervención en eso, reitero, porque además lo considero uno de los juristas que tenemos en el Parlamento –extraño mucho no tenerlo como lo teníamos en la cámara–, fue el entonces senador Pasquet, que el 2 de agosto del 2011 decía: «… por qué vamos a votar en contra de la solicitud de desafuero, porque sabemos que esa posición es claramente impopular».

A mí me importa muy poco si yo pierdo votos, o no, defendiendo los derechos de un legislador. Me importa muy poco si entienden que yo estoy defendiendo a Manini Ríos; yo estoy defendiendo la Constitución de la república.

Decía Ope Pasquet: «Queremos decir con absoluta claridad que vamos a votar a sabiendas de que hay una fuerte corriente de opinión pública en contra de lo que vamos a hacer, pero estamos absolutamente convencidos de que el curso de acción que hemos resuelto es el que se ajusta a la Constitución de la república».

También hace referencia a Jiménez de Aréchaga, y hay que entender a ese autor porque, además, hay tres Jiménez de Aréchaga; lo aclaro por las dudas, porque coinciden los apellidos. Hay tres; el que asistió a la Comisión de Constitución y Legislación cuando se estudiaba el desafuero de Erro fue el último, que es el que tiene la posición más moderna, obviamente, con respecto al desafuero. Dice Ope Pasquet haciendo referencia a Jiménez de Aréchaga: «En la vieja edición mimeografiada que todavía manejamos del tomo IV dice lo siguiente: “Lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del legislador toda vez que, de los antecedentes que se le han remitido o de la verificación de hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro Poder contra la integridad o la independencia de la cámara”».

Acá es el Poder Ejecutivo el que está en juego, porque fui yo la responsable de que se modificara la resolución que se leyó en la prensa ayer. Y nadie dijo, porque estaban acá los señores senadores que integran la comisión: ¡un momento! No es la Justicia; es la fiscalía.

Además, se habla de una jurisprudencia parlamentaria. Pasquet dice muchas cosas interesantes. Por ejemplo: «¿Por qué no podemos considerar o juzgar hechos que no hayan sido tenidos en cuenta por el fiscal en su dictamen?». En ese momento el propio Ope Pasquet se estaba refiriendo a que siempre había un dictamen del fiscal. Ahora los jueces son todos homologadores; tendremos que estudiar cómo lo modificamos.

Dice el doctor Ope Pasquet –yo le tengo confianza y le digo Ope– cuando se refiere al principio de lesividad: «Los penalistas llaman a esta cuestión principio de lesividad, y todos la conocemos por sus aplicaciones en la práctica penal y jurídica corriente». Luego dice: «El principio de que la conducta tiene que ser tal, como para ser capaz de lesionar el bien jurídico tutelado, impregna nuestro orden jurídico y es de aplicación también en este caso. Aquí no hay conducta alguna que pueda lesionar los bienes que la norma trata de defender». ¡Y se estaba hablando de falsificación ideológica, solicitada por un juez de la nación!

No quiero seguir, sinceramente, porque no tengo más tiempo. Acá está escrito y pueden pedir, perfectamente, la versión taquigráfica.

Nosotros somos los únicos que podemos decidir si esto está bien o está mal, si tiene elementos de convicción suficientes. No tiene.

Sé que me queda poco tiempo, porque parece que uno tiene bastante, pero el tiempo corre. Los penalistas le llaman a la acusación que están haciendo al señor senador Manini Ríos, muy mal tramitada –porque, reitero, si a la fiscal de Colonia le hicieron una investigación administrativa, diría que a estos fiscales directamente hay que hacerles un sumario porque ya están identificados–, prejuzgamiento, hostigamiento a la defensa y a los testigos. Yo fui receptora de un juzgado penal, señora presidente –sé muy bien cómo se trata en un juzgado penal, no solamente a los testigos sino a los indagados–, aparte de haber hecho Introducción a la Judicatura, porque los que estudiamos por algo estudiamos.

Mire, señora presidente, se le acusa de no haber hecho la denuncia por el 177. El 177 todos lo conocemos. Ahora bien, todos estamos tratando de fingir demencia en una cosa en la que no podemos fingir demencia. Además, de las declaraciones de Errazquin, están las de la doctora Nogueira, señora presidente, que es del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Saben qué posición tenía la doctora Nogueira en contra del doctor Maeso del Ministerio de Defensa Nacional? Que hubiera podido llegar a la anulación del tribunal de honor, que estuvieron mal de carrera, como dijo el señor senador Bayardi –que está acá sentado y espero que me escuche porque tiene los ojos cerrados–. Dice la doctora Nogueira: «En realidad, no podríamos homologarlos, porque se salieron del objeto del tribunal de honor». Yo también leí el Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas. No se necesita ser amanuense de ningún presidente para ocupar un ministerio y pretender que se conoce a las Fuerzas Armadas. La doctora Nogueira asesora al ministro Menéndez y van a hablar con Toma, con Maeso, los tres. Y Menéndez con el expediente –muriéndose, porque todos sabían que se estaba muriendo, se estaba haciendo quimioterapia, reitero, y luego estuvo en cuidados paliativos–, le explica a Toma que en realidad hay dos posiciones en el Ministerio de Defensa Nacional. Maeso dice: «No, yo no me quiero afiliar a la tesis de la doctora Nogueira porque se anula». ¡Volvió todo para atrás! ¡O sea que se hizo todo lo posible por que se homologara! Porque el objeto del proceso era el segundo vuelo. Los tribunales de honor tienen su reglamentación. ¡Pero cómo el fiscal va a preguntar eso a un comandante en jefe y a los generales –a todos los que nombró mi compañero de Senado, el señor senador Bayardi–, Fajardo y González! Este último después fue comandante en jefe y lo volaron, porque barrieron con todos. Por lo tanto, con la interna militar no me meto. Es increíble, les pregunta: «¿Ustedes fueron a hacer la denuncia penal cuando escucharon a Gavazzo?». Y ya que leen tanto lo que dijeron los generales, hay dos que, claramente –me imagino que con cara de espanto– le dijeron al fiscal: «Nosotros no lo podemos hacer. Estamos sometidos a jerarquía; cometemos una falta grave». ¿Saben lo que le pregunta el fiscal –que yo lo recontrarremarqué, pero no me da el tiempo para leerlo; yo no payo, podré equivocarme, pero después de haber estudiado, no– a uno de los abogados del Ministerio de Defensa Nacional, no me acuerdo si es cuando comparece Nogueira o Maeso? Si se aplica al Ministerio de Defensa Nacional el Decreto 500. ¡Yo casi me infarto! ¡De verdad! Porque me pregunto: ¡¿en manos de quién estamos?! ¡¿Estos son los que supuestamente aplican la justicia?! ¿Cómo un fiscal le va a preguntar eso a un abogado del Ministerio de Defensa Nacional? Estaba indagando sobre ese artículo precisamente si se hizo o no la denuncia, sin conocer si se aplicaba en dicho ministerio el Decreto 500, que cualquiera de nosotros sabe que fue hecho para la Administración central y que después pueden acogerlo cualquiera de los otros entes y servicios descentralizados. Antes era el 640. Este país tuvo siempre una vida institucional de una enorme fortaleza. ¡Y dedicaremos hasta la última gota de sangre a defender esa fortaleza institucional! ¡Eso fue lo que nos salvó de muchas locuras de algunos iluminados! ¡Que sufrimos, sufrimos!, pero hoy tenemos un Estado democrático que vamos a defender. Y vamos a impedir de cualquier manera que la historia no se repita, señora presidente, pero tiene leyes generales, o sea que somos conscientes de lo que pasa.

¿Saben lo que dice el Decreto 500, señora presidente? En el artículo 175 que regula hacer las denuncias, en uno y otro caso –no lo voy a leer todo– establece que pondrán en conocimiento de superiores jerárquicos. La jerarquía del comandante en jefe no la tiene, ni siquiera el ministro de Defensa Nacional; es la jerarquía inmediata. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Constitución de la república? ¡El presidente de la república! ¿Saben cuánto se demora para hacer una denuncia penal? Cualquiera de los que ejercimos la abogacía sabemos que no hay cosa más fácil que hacer una denuncia penal, porque a los jueces, o a los fiscales –no sé, porque yo no ejercí con la fiscalía mandando sobre los jueces–, se les pone en conocimiento de la posibilidad de que se haya cometido algún delito en solo cuatro o cinco renglones. ¡Y todos los líos que se hicieron! El expediente, además, ya había girado al Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cuál era el destino siguiente? ¡El archivo! Hasta que Leonardo Haberkorn sacó el artículo porque, evidentemente, alguien lo hizo trascender. ¡Él sabrá! O sea que al senador Manini Ríos se le está acusando de un delito imposible –así se le llama en derecho penal–, porque él no podía nunca ir a la justicia penal si no les informaba a sus superiores, y ellos eran los encargados de ir a la justicia penal.

Es más –y ya termino–, quienes leímos todos los expedientes sabemos que está agregado –cuando Vázquez se dio cuenta de que se le había dado vuelta el asunto y todos sabíamos que lo quería esconder– el poder que tienen los funcionarios de carrera de Presidencia. Porque no tiene que ir el presidente; va a un abogado de Presidencia con un poder. Se podría haber demorado media hora, no cuarenta y cinco ni cincuenta días, ni salir a decir cosas falsas que no…

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Gracias, señora senadora.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Simplemente, porque la senadora había arrancado haciendo referencia a que yo estaba obligado por el artículo 97, y para salvar la responsabilidad quiero recordar que este artículo dice: «Todos los Senadores, incluso el Presidente, tienen derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte de la discusión. (Artículo 121 literal h del presente Reglamento). No obstante, si el Senador denuncia previamente su vinculación con el tema, podrá autorizarlo la Cámara, si así lo estimare pertinente». Aclaro que yo asumí como ministro de Defensa Nacional el 8 de abril, o sea, en el marco de esta crisis y, en todo caso, las constancias en actas que aquí se mostraron refieren a trámites cursados como respuesta a pedidos que se me formulaban para enviar materiales a los juzgados, pero en ningún momento fui parte de la querella, más allá de tener la responsabilidad que me cupo a partir del día en que asumí como ministro.

Aprovecho la oportunidad –no es que no haya escuchado a mi preopinante, porque estaba atendiéndola, y deferentemente– para hacer una aclaración: este país no tiene comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; tiene mando superior de las Fuerzas Armadas, que está conformado por el presidente actuando con el ministro o con el Consejo de Ministros.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- No voy a volver sobre el artículo 97 porque tendría que haber sido producto de la sensibilidad del señor senador Bayardi haberlo planteado. En consecuencia, como yo no le enseño ética y moral a nadie, y no acepto que nadie me enseñe ética y moral –excepto que me demuestren que los haya violentado–, no se lo voy a admitir, porque tendría que haber salido de su ética. Él sabe que estuvo vinculado con esos procesos de descabezamiento del Ministerio de Defensa Nacional y de los seis generales que integraron el tribunal de honor, uno de los cuales había sido nombrado comandante en jefe. Además, hay una reflexión que a mí me nació del alma cuando leí esto: para hacer una operación, háganla bien, ¡háganla bien! ¿Cómo se va a poner de comandante en jefe a quien vamos a cesar porque lo vamos a culpar de no haber hecho la denuncia? ¡Háganla bien!

Y en cuanto a la otra afirmación que acaba de hacer el señor senador preopinante, la verdad es que si yo hubiera sido presidente de la república –cosa que puede pasarme…

(Dialogados).

–… no por casualidad ocupo el lugar que ocupo, aunque nunca estuvo en mi objetivo ni estará, y a esta altura de mi vida menos–, puedo garantizarles que habría salido corriendo con el expediente –el único que podía salir corriendo con el expediente era el presidente de la república– a hacer la denuncia en la fiscalía y no habría buscado culpables en gente que se estaba muriendo ni en generales que cumplieron con su obligación integrando los tribunales de honor. Y tanto cumplieron que uno fue nombrado comandante en jefe.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–O ¿de qué estamos hablando? Esto parece Macondo sin la lluvia del mediodía; ¡de verdad que parece Macondo sin la lluvia del mediodía! Entiendo el papel de los senadores del Frente Amplio, que no saben cómo seguir defendiendo esto, ¡más aún con lo que pasó después con Gilberto Vázquez y con Miguel Toma!

¡Asuman lo que hicieron!

Gracias, señora presidente.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Voy a tratar de encarar mi intervención desde el primer punto de vista, que es el que nos interesa analizar: la suspensión o no de los fueros parlamentarios del senador Manini Ríos, y voy a hacerlo de la forma más objetiva posible. Obviamente, por el transcurso de esta sesión, me centraré en dar algunas respuestas a muchas de las cosas que se han dicho, no desde el punto de vista personal porque casi todos los que estamos aquí sentados hemos tenido participación y hemos sido actores en estos últimos períodos democráticos, pero fundamentalmente, hemos vivido la dictadura, por lo que tendríamos millones de anécdotas para contar y ejemplos de amigos, compañeros y familiares.

Lo primero que quiero decir es que la solicitud de desafuero –como todos saben– se rige por el artículo 114 de la Constitución de la república. La finalidad perseguida por el constituyente al dictar esta norma no fue otra que garantizar el funcionamiento independiente del Poder Legislativo, el pleno ejercicio de las funciones legislativas, la fiscalización y el control sin ningún tipo de interferencias ni presiones de ningún otro poder del Estado, siendo irrenunciable e intransferible por el legislador en tanto los fueros están asignados al Cuerpo y no en su beneficio personal.

Justino Jiménez de Aréchaga sostenía que el fuero es inherente a la función, que su levantamiento acarrea automáticamente la suspensión de las funciones del legislador, que es irrenunciable porque existe en beneficio de la libre actividad del Parlamento, y que el legislador no es dueño de su fuero, sino que compete a la cámara juzgar sobre su mantenimiento o su levantamiento, y esa es una tarea intransferible.

El Senado debe resolver si hay lugar a la formación de causa. Para ello, Cassinelli Muñoz, tal como consta en la versión taquigráfica del 2 de mayo de 1991, expresaba: «… la Cámara tiene que examinar la seriedad del pedido y ver si no hay una intención o designio desviado tendiente a menoscabar la independencia del Poder Legislativo. Para ello, se puede hacer una breve indagación sobre la imputación y pruebas que existan. Pero el objeto de esa decisión primaria de la cámara no es un juzgamiento sobre la apreciación de dichas pruebas; basta con que exista una verosimilitud general y que no haya indicios de intención desviada del Poder Judicial al formular una solicitud de desafuero».

Luego de haber estudiado este expediente –creo que todos los miembros de una comisión tan importante como la de Constitución y Legislación tenemos la responsabilidad de hacerlo, más allá de que seamos abogados o no–, luego de ahondar en él y de haber leído los antecedentes en forma exhaustiva, a nuestro juicio la solicitud de desafuero del señor senador se realizó en ejercicio legítimo de las competencias que tiene asignadas el sistema judicial ante la sospecha de delito, con seriedad y con fundamentos.

Surge con mucha claridad –y esto ya se ha dicho por varios de los senadores preopinantes– que los tres integrantes del tribunal de honor, en dos oportunidades –no en una, sino en dos–, luego de las confesiones de Gavazzo, lo comunicaron. Estamos hablando de Gavazzo, un ser de lo peor, sin ninguna duda; un delincuente común también, porque no olvidemos que también lo investigaron por falsificar moneda en una imprenta. Es decir, es lo peor de lo peor. Y ni hablemos de todo aquello de lo que hoy está acusado. Los integrantes del tribunal de honor le informaron a Manini del delito, pero además sostuvieron que había que hacer la denuncia penal. La intervención del senador Bayardi, además, aclara que fue por escrito, cosa que es absolutamente común en las Fuerzas Armadas, donde no hay trasmisiones verbales; siempre las cosas quedan escritas. Y todos sabemos que es así, porque los que hemos podido ahora pedir nuestros antecedentes de cómo nos espiaban en democracia y en dictadura –porque ahora hemos podido acceder a nuestros antecedentes– sabemos que escribían todo: que la persona fue al cumpleaños de su hija, que fue a la feria, que compró tal cosa, que se acostó temprano o que salió con un amigo. ¡Escriben todo! Yo lo he podido comprobar, por lo menos, de lo que nos han hecho a cada uno de nosotros, investigándonos ¡en democracia y en dictadura!

Entonces, para nosotros es claro que el senador Manini en ese momento no realizó ninguna denuncia penal y no comunicó a los superiores. No hay nada que atestigüe que eso sucedió; nada, absolutamente nada. Tampoco lo hizo cuando solicitó el tribunal de alzada ni cuando remite el fallo para ser homologado por el Poder Ejecutivo. No surge ninguna prueba ni indicio de que le haya comunicado al ministro de Defensa Nacional. Y yo solo voy a decir que no voy a polemizar con un compañero muerto. No voy a discutir. Me parece que realmente es una canallada haber traído ese tema al plenario. Haberlo puesto como un argumento, señalando que todo era verbal, cuando todos sabemos que en ese sistema todo se escribe, es absolutamente intolerable.

Además, están las propias declaraciones del, en su momento, comandante Manini. Están en Búsqueda. Están escritas. Están entre comillas. Todos las leímos. O ¿qué precisamos que nos diga? Y lo dice claramente: «Si acá se hubiera parado todo y pasado a la Justicia,» –es decir, no se pasó a la Justicia– «todavía estaríamos esperando la resolución de la Justicia», reiterando esa falta de respeto a la Justicia, que ha sido una constante en ese momento y lamentablemente también desde este Parlamento, cosa a la que me voy a referir después.

Por otra parte, surgen una cantidad de contradicciones que pudimos identificar en sus declaraciones a la fiscalía y a los medios de prensa, así como entre sus declaraciones y las de los miembros del tribunal de honor, que suman, para nosotros, más elementos para tener la plena convicción de que el Senado debe levantar los fueros y permitir que la Justicia actúe.

Ante las propias declaraciones del hoy senador Manini en la fiscalía y las realizadas al semanario Búsqueda el 4 de abril de 2019, en las que claramente admite haber optado por no comunicar, no sé qué más precisamos. Admite claramente que no comunica a las autoridades competentes las declaraciones de Gavazzo. Mucha gente dice –y lo he escuchado hoy aquí también–: «¡Qué novedad!», «Gavazzo ya estaba preso», «Gavazzo ya estaba procesado». ¿Saben cuál es la novedad, miembros de este Cuerpo? Que era la primera vez en la historia en que un militar reconocía, él mismo, que había sido parte de esa barbaridad, ¡y en democracia!, porque Tito Gomensoro, al que me une una relación familiar, no desapareció en la dictadura, desapareció en democracia: fue a fines de 1972 y a principios de 1973.

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a pedir por favor, nuevamente, respeto al orador. Todos ustedes tienen derecho a hablar durante determinados minutos que fueron coordinados. Les pido por favor que cuando un orador habla, los demás respeten, porque si no es muy difícil llevar adelante una sesión de estas características.

Disculpe, senadora. Puede continuar.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Por ejemplo, se le pregunta: «¿Qué pasa cuando el tribunal de honor escucha esa confesión de Gavazzo?». Repito: los hechos contenidos en las declaraciones de Gavazzo no eran novedad; la novedad era que por primera vez un militar los reconocía ante un tribunal de honor.

Contesta: «Cuando el tribunal de honor escucha de Gavazzo eso que está en el acta y que nosotros lo elevamos línea por línea, sin ocultar una sola línea, considera que era una historia vieja y entendió que lo que estaba buscando Gavazzo eran dilaciones, era demorar el trámite del tribunal de honor que ya venía alargándose en el tiempo. Yo mismo le exigí al tribunal que tuviera más celeridad en las actuaciones». Acá hay un reconocimiento claro de que no se quiso parar, de que no se quiso denunciar y de que era una dilación, una más de un ser realmente execrable, como se ha dicho aquí.

«… era la primera vez que Gavazzo lo confesaba ante un tribunal y constaba en actas. ¿Por qué no pasó el tema a la Justicia?», le vuelve a preguntar el periodista.

«Si acá se hubiera parado todo» –esta es la declaración que ya leí–, «[…] todavía estaríamos esperando la declaración de la Justicia. […] Y se falló aplicándole a Gavazzo la máxima sanción posible…».

En la misma entrevista, cuando le preguntan: «Y usted, una vez que se enteró de la confesión de Gavazzo, ¿qué hizo?», responde: «Cuando el tribunal de honor me informa de las declaraciones de Gavazzo convinimos en que esto era una chicana para alargar el proceso. Esos tribunales se dilataron mucho en el tiempo […] Yo mismo presioné al tribunal para que no se dilatara en el tiempo. Por eso cuando aparece esto de Gavazzo, con toda la apariencia de ser una chicana, que ni siquiera era nueva la información,» –claro que no era nueva; lo nuevo era que por primera vez un militar lo reconocía– «por lo menos en el 90 %, se entendió que no había que entrar por el aro y alargar las cosas, sino seguir y condenarlo». Esas son palabras textuales.

«Pero era nueva la confesión, porque lo que le dijo Gavazzo a la Justicia fue muy distinto», le dice el periodista.

Y el hoy senador Manini contesta: «Pero para el tribunal, no. El tribunal se maneja con toda la información de la Justicia sobre el caso para el cual fue conformado; no tenía el expediente del caso Gomensoro. Lo podía haber pedido, pero el primero hubiera demorado un año más y todavía estaríamos esperando que la Justicia nos mandara el expediente para estudiarlo. Entonces, en aras de la celeridad que queríamos darle a esto, porque ya parecía como una tomadura de pelo que se siguiera demorando, dijimos: “No, esto es una chicana, aparte esto ya es viejo, estuvo en la Comisión para la Paz, fue procesado por eso y esto ya se sabe. Hay que seguir para adelante”».

«¿Esto igual se lo comunicó al ministro?», le preguntan.

«Poco tiempo después de conformarse el Tribunal de Alzada, […] yo hablé con el ministro de todos estos temas, pero tal vez no fue al día siguiente sino a las semanas, entre esta decisión de seguir y cuando hablé con él», responde.

En las declaraciones a la fiscalía, a diferencia de lo que declara en el semanario Búsqueda, el hoy senador Manini expresa que el mismo 11 de abril, cuando los integrantes del tribunal de honor le manifiestan las declaraciones de Gavazzo, él se lo comunica al ministro en un acto en la Escuela Naval y que luego de hablar con él, ahí, en la propia reunión, le dice a Fajardo –presidente del tribunal de honor– que van a citar a Gavazzo para que les dé detalles.

Dice: «Ahí mismo, en la propia reunión, yo le digo a los generales “Bueno, vamos a citarlo de vuelta a Gavazzo, para que dé los detalles”, […] en ese mismo acto, ellos también estaban en el acto de ascenso…», se refiere al acto de la Escuela Naval. «Seguramente, esto se lo dije solo a Fajardo, que era el presidente del tribunal». Y el senador Manini continúa: «En el acto, sigan para adelante. Sigan para adelante, citen, vamos a hacer… a profundizar el dato ese, porque era muy genérico…».

El general Erramún, por su parte, declara: «… el comandante dijo: “Esperen, paren las actuaciones”. […] Entonces esperamos que se resolviera esto, porque esto evidentemente como iba a pasar a la Justicia iba a detener las actuaciones, no sabíamos por cuánto porque era un tribunal de honor que juzgaba la conducta de tres a la vez. Y bueno, esto se fue hasta el veinte y algo de abril. Y lo tengo porque después el comandante lo llama al presidente y le dice: “Bueno, sigan con las actuaciones”».

Nótese que las declaraciones de Erramún en cuanto al momento y lugar en el que el hoy senador Manini les comunica a los miembros del tribunal de honor que reanuden las declaraciones no coinciden con las del hoy senador Manini. Este último sostiene que fue el 11 de abril, en un acto en la Escuela Naval, luego de que hablara con el ministro, y Alfredo Erramún sostiene que es por el veinte y pico, o sea como una semana después de que se le informa sobre las declaraciones de Gavazzo.

Fajardo, presidente del tribunal de honor, también en disonancia con lo que declara el hoy senador Manini, manifiesta que cuando le comunican a Manini las declaraciones de Gavazzo, este le responde: «Déjenme ver qué hacemos, ver qué hago». Fajardo continúa: «Y a la semana, aproximadamente, me llama al despacho y me dice: “Mire Fajardo: vamos a continuar con las actuaciones”». Luego Fajardo declara: «Yo voy al despacho de él. Me llama por teléfono: “Mire Fajardo: tengo que hablar con usted. Cuando venga” –sabía que tenía que hablar con él– “venga a mi despacho, que quiero hablar con usted”. Y más o menos en el entorno de una semana, me dice: “Mire: creo que esto es una chicana que está haciendo Gavazzo. Debe ser por tal cosa, que es el caso Gomensoro. Vamos a continuar con las investigaciones y vamos a aclarar la situación esa”».

Luego de la segunda declaración de Gavazzo, del 13 de junio, y la declaración de Silveira del 8 de mayo, los integrantes del tribunal de honor vuelven a pedir una reunión con el hoy senador Manini. En esa oportunidad, además de darle cuenta verbalmente de los dichos de estos, le entregan una copia de las declaraciones y le reiteran la necesidad de dar cuenta a la Justicia.

Fajardo dice: «Ahí le llevamos inclusive las declaraciones de Gavazzo impresas, porque tuvimos tiempo para desgrabar, porque queríamos, por las dudas que nos confundiéramos algunas palabras, que se pudiera leer las declaraciones propias que nos dijo Gavazzo y algunas de las de Silveira». Fajardo más adelante expresa: «Ahí él dice: “Pah, esto debe ser el caso de Gomensoro. Esto debe ser una chicana que está haciendo este hombre para que el tribunal no termine de fallar. Nosotros tenemos que terminar en el tribunal. Pero, bueno, paren, vamos a parar las rotativas. Déjenme la documentación, detengan el tribunal. Después yo los llamo a ver qué hacemos”. Ta, paramos ahí, la verdad que bastante consternados con todo lo que este hombre había declarado y por ahí por el 22 de junio –creo que fue–, me llama y me dice que bueno, que él consideraba que era una chicana, que había tirado este hombre para parar el Tribunal de Honor», que el ministro todos los días le decía: «Tienen que terminar el tribunal». Luego Fajardo dice: «Nosotros entendimos que era un tema para la justicia penal, pero digo… lo conversamos con el comandante, le dijimos: “Esto es así”, él quedó con los papeles y dijo: “Yo me hago cargo de esto”».

Nótese que después de esta segunda comunicación, el hoy senador Manini vuelve a decirles que él se hace cargo. Sin embargo, cuando la fiscalía le pregunta si el tribunal le dio algún recaudo en esta segunda reunión, algún documento, alguna carpeta con información extra, Manini responde: «Verbal». «Todo verbal». Más adelante, cuando le preguntan: «¿Alguien le hizo entrega a usted, de los miembros del tribunal, me refiero, del reglamento de funcionamiento de los tribunales de honor? ¿Recuerda ese detalle?», Manini responde: «Seguramente sí, es probable que en la segunda instancia, pero no precisaba que me lo entregaran. El reglamento yo lo podía buscar con un ayudante, nomás, cuando quisiera. No precisaba». El fiscal le dice: «Yo le pregunto si eso ocurrió». El senador Manini responde: «Tengo idea de que uno me marcó porque según este artículo, acá, tal cosa, pero yo le dije: espere órdenes, ¿no? Este, tengo idea de que alguno de los integrantes del tribunal de honor me lo marcó, pero no, no, no, aparte no precisaba que me lo dijeran, no, no, no era un hecho, no aportaba nada porque lo tenía bien claro». Y unos días más tarde le manifiesta que reanuden las actuaciones reiterando que le había comunicado al ministro sin poder probar en ningún caso que hubiera trasladado al ministro las declaraciones de Gavazzo con apariencia delictiva, sin poder probar que le hubiera trasladado al ministro, y el ministro está muerto.

En oportunidad en que se le comunica el fallo del tribunal de honor, donde se le entrega todo el expediente y se le comunica que Gavazzo y Silveira iban a apelar, el hoy senador Manini no pone en conocimiento del expediente al ministro ni tampoco a la Justicia. Solo eleva un oficio solicitando la conformación de un tribunal de alzada para entender en la apelación, a pesar de que Fajardo declara: «Sí recuerdo –y es un hecho– que cuando le entregamos el fallo lo hablamos: “Mire comandante, esto es para que actúe la justicia civil, la justicia penal, que haga la investigación y que termine de investigar esto”». Refiriéndose al hoy senador Manini, expresó: «Él dijo que se hacía cargo: “es mi problema, yo me hago cargo de esto”».

Estas contradicciones y la falta de pruebas de que el hoy senador Manini haya puesto en conocimiento al ministro de las declaraciones de Gavazzo abonan en el sentido de sostener que existe mérito para la formación de causa y que es razonable que se investigue.

Por otra parte, de ningún modo se advierte un ánimo directo o indirecto de la fiscalía de impedir el funcionamiento del Parlamento, que haya una persecución hacia el senador o cualquier otro fin espurio. Por el contrario, los argumentos invocados por la fiscalía, así como las pruebas agregadas, hacen razonable que se concluya sobre la procedencia de determinar si existió o no delito, porque nosotros hoy acá no estamos juzgando.

Justino Jiménez de Aréchaga, en la página 261 de La Constitución nacional, tomo II, sostiene: «Lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del Legislador toda vez que, de los antecedentes que se le han remitido o de la verificación de hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro Poder contra la integridad o la independencia de la Cámara».

No existe ningún elemento por el que se pueda sostener que detrás de la solicitud de formalización haya un móvil espurio o una persecución hacia el legislador, ni mucho menos que el pedido esté guiado con el propósito de obstaculizar el libre funcionamiento de este Parlamento.

Hay que recordar que la denuncia es recibida por la fiscalía el 1.º de abril del 2019, fecha en la cual el hoy senador Manini aún no había manifestado públicamente su intención de ser candidato en las elecciones. Nótese que recién lo hace el 3 de abril y, por otra parte, la solicitud de formalización del fiscal es realizada el 24 de setiembre, fecha en la cual todavía el actual senador Manini no había sido electo.

Lo dicho hasta el momento no implica un juzgamiento sobre la existencia o no del delito. Ello –y lo quiero resaltar– es resorte exclusivo del sistema judicial, del cual debemos ser muy respetuosos para preservar la independencia de los poderes –no lo voy a decir acá, porque todos lo sabemos–, pilar de la democracia.

El pronunciamiento a favor del desafuero supone también una postura política ante un tema tan relevante desde el punto de vista institucional por el cargo que representaba el actual senador Manini, y por la sensibilidad social que representan para la ciudadanía todas las cuestiones vinculadas a las responsabilidades políticas, y particularmente los actos y los hechos vinculados con el terrorismo de Estado y con los delitos de lesa humanidad. Se trata de delitos imprescriptibles, sobre los cuales nuestra sociedad reclama verdad y justicia, y sobre los cuales nuestra fuerza política ha trabajado incansablemente para conocer la verdad y para que se haga justicia.

En ese sentido, hoy he escuchado muchas palabras: esconder, guardar, no querer actuar, cómplices. Se han hecho innumerables calificaciones y yo quiero decir que, si se habla de esa manera, es bueno poner las palabras contra los hechos, hacer un pequeño raconto de lo que nuestros Gobiernos han hecho sobre estos temas. Me parece que cuando el Frente Amplio asume el Gobierno cambia sustancialmente la postura de silencio que habían tenido los Gobiernos anteriores. Hay que asumirlo: ¡es así! La vida lo demuestra, los hechos lo demuestran. A partir del 2005 comienza un proceso que ha permitido ir reconstruyendo una pequeña parte de nuestra historia, sobre la cual la sociedad aún necesita respuesta. ¡Y no me vengan con que eso fue hace cuarenta años! Ahí andan los judíos por el mundo buscando a los nazis y van a pasar cien años y van a seguir buscando, porque sus muertos son sus hermanos, son sus hijos, son sus padres, son sus amigos, son sus compañeros. Así que el argumento del tiempo no me lo cuenten porque no lo acepto. Hay que recordar que la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –a la que nos opusimos–, que había sido votada por el Parlamento y después refrendada por la ciudadanía para evitar que los militares fueran enjuiciados, también disponía la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, hasta el 2005 nada había ocurrido en ese sentido. La ley de caducidad amparaba la búsqueda de los detenidos desaparecidos y nunca se hizo uso de ese artículo.

Corresponde señalar que durante el Gobierno del doctor Jorge Batlle, y a partir de 2005, es decir de los Gobiernos del Frente Amplio, se comenzó a avanzar en este tema, no sin dificultades. Hubo muchos factores coyunturales: hechos en la Argentina, la derogación de la ley de amnistía, la obediencia debida; un conjunto de cosas.

Voy a hacer una breve reseña de lo que hemos hecho como Gobierno del Frente Amplio porque como se ha dicho que escondemos, que no queremos, que no investigamos, que guardamos, quiero decir que a pocos meses de asumir, el expresidente Tabaré Vázquez ordenó una investigación interna en el Ministerio de Defensa Nacional sobre el destino de los desaparecidos. Fue la primera vez que se hacía desde el Poder Ejecutivo y que lo hacía un presidente. Y lo hizo Tabaré Vázquez.

Tabaré Vázquez cumplió con la promesa de ingresar a los predios militares y de realizar las excavaciones. El 3 de junio de 2005 permitió a familiares de desaparecidos recorrer por primera vez el batallón n.º 13. Recuerdo que en su momento el ministro de Defensa Nacional del anterior Gobierno, doctor Yamandú Fau, proponía la realización de un plebiscito para autorizar este tipo de acciones. En ese mismo momento, en la Argentina, el máximo tribunal argentino declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Todo eso coincidió con la comparecencia de un jefe militar ante un juez penal en nuestro país. Estoy hablando de la concurrencia de Calcagno ante el juez Vomero, relacionada con la muerte de un matrimonio en abril de 1972, en una casa en Malvín. Esa comparecencia muestra la presión creciente que había en la sociedad para aclarar las violaciones de los derechos humanos.

En junio de 2005 el Poder Ejecutivo excluye de la ley de caducidad los hechos ocurridos previos al golpe de Estado del 27 de junio de 1973 porque la propia ley así lo establecía. En aquel entonces, el doctor Cassinelli Muñoz sostenía que no se trataba de una nueva interpretación de la ley, como se pretende sostener desde alguna parte del sistema político junto a unos pocos militares retirados involucrados en delitos de lesa humanidad. El exvicepresidente de la república, Luis Hierro López, manifestó en aquel entonces que tanto él como todos los Gobiernos que integró se acogieron a una interpretación restrictiva de la ley, y a la vez admitía que una interpretación amplia de la ley se ajustaba a derecho. El doctor Gonzalo Aguirre también admitió en aquel entonces que los delitos cometidos por los militares antes del 27 de junio no estaban amparados en la ley de caducidad, pero consideró que sería una discusión ociosa porque ya estaban prescriptos.

El malestar de los militares por la situación dada por la aplicación de la ley de caducidad del Gobierno no impidió que el Poder Ejecutivo siguiera adelante, sino que, por el contrario, el expresidente Tabaré Vázquez reafirmó su compromiso. Paulós afirmaba en aquella época que el Gobierno tenía sed de venganza y de revanchismo. Siempre el mismo discurso. También quiero recordar que la mayoría del Directorio del Partido Nacional no compartía la interpretación del Poder Ejecutivo contra la ley de caducidad. Estimaba que investigar las desapariciones de personas ocurridas antes del golpe de Estado era desconocer el espíritu de reconciliación de la norma jurídica.

En junio de 2005 el entonces presidente Tabaré Vázquez respondió al exhorto de la Suprema Corte de Justicia, habilitando al Poder Judicial a investigar la muerte de Luis Roberto Luzardo, asesinado el 9 de junio de 1973, y la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray –muchos la conocíamos, muchos la quisimos, muchos la tratamos, muchos la seguimos llorando–, ocurrida en 1974.

El 22 de junio de 2005 se comienza a excavar en el batallón n.º 13. ¡Miren qué escondedores que somos! Se empieza a excavar en el batallón n.º 13. El 8 de julio de 2005 Bertolotti le entrega al entonces presidente Tabaré Vázquez un informe reconociendo la Operación Zanahoria. El Ejército asumió la responsabilidad por la desaparición de veintiséis uruguayos. En agosto de 2005, el entonces presidente Vázquez recibe la información del Ejército sobre los restos de María Claudia García de Gelman. Recordemos: diecinueve años, secuestrada y traída al Uruguay embarazada, seguramente, asesinada y su hijita robada. Solo pensemos en eso y en Artigas, en cómo trataba a sus prisioneros. El coronel retirado Gilberto Vázquez fue uno de los que dio la pista falsa y errónea de que se encontraba en el batallón 14. Una vez más la mentira sobre la mesa. ¡Una vez más mintieron a la salida de la dictadura! ¡Una vez más mintieron cuando se investigaron los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz! ¡Una vez más mintieron en la Comisión para la Paz! La Comisión para la Paz dice que en todas las declaraciones que recibió se dijo que los desaparecidos habían sido incinerados y sus cenizas tiradas al mar. Dijeron eso, aunque después la vida nos demostró otra cosa, como lo vamos a probar. Y mintieron a los presidentes.

El Poder Ejecutivo resuelve excluir de la ley de caducidad la desaparición forzada de Washington Barrios –ocurrida en Argentina–, la sustracción de Simón Riquelo y el secuestro de Gerardo Gatti. ¡Miren qué escondedores que somos! El 29 de noviembre de 2005 en la chacra de Pando señalada por la Fuerza Aérea son encontrados los restos del primer detenido desaparecido, el queridísimo Chaves Sosa, y unos días más tarde –en ese momento me tocó estar en la Comisión Permanente del Parlamento por la Cámara de Representantes y poder dar esa información; no me voy a olvidar nunca más en mi vida–, el 2 de diciembre de 2005, se encuentran los restos de Fernando Miranda en el batallón 13. ¿Saben lo que declararon en la Comisión para la Paz? Que le habían dado un balazo en la sien, que lo habían matado al otro día de ser detenido, y que lo habían incinerado y tirado al mar; eso fue lo que declararon en la Comisión para la Paz y sus restos se encontraron en el batallón 13.

El 1.º de febrero de 2006 Díaz asume como jefe del Ejército, dice que en derechos humanos la línea a seguir será la misma y promete una gestión apegada a la Constitución, como no podía ser de otra manera. Refiere al pedido de perdón por parte de los militares, pero dice que antes habrá que probar la participación de los militares en las denuncias. También asume en la Armada Juan Fernández Maggio, quien declara que la Marina destruyó archivos de la represión por orden del Poder Ejecutivo durante los Gobiernos democráticos. La experiencia que tengo es que faltan muchos archivos. Estuve indagando, incluso consulté a oficiales retirados y la explicación que me dieron fue que, en realidad, en la última década fueron destruidos más de diez años. Ello muestra la dificultad, el ocultamiento y la destrucción de información que también ocurrió durante los Gobiernos posdictadura.

En marzo de 2006 el Gobierno anuncia que enviará una ley interpretativa de la ley de caducidad. El 5 y 6 de mayo de 2006 son detenidos siete militares y policías, cuya extradición había sido solicitada desde Argentina por su presunta participación en la desaparición de doce personas. El 17 de mayo de 2006, en una carta, el exjefe del Ejército se hace responsable de todo lo actuado por el personal a sus órdenes en actos de servicio durante la dictadura y se manifiesta explicitando un cambio de postura. El 22 de julio de 2006 la Justicia dispone la extradición a Chile de tres militares, dos activos y un retirado, por el caso Berríos. El Ejército acata la decisión del Poder Judicial. El 3 de julio de 2006 huye del Hospital Militar el coronel Gilberto Vázquez que estaba preso a la espera de ser extraditado a Argentina. El comandante del Ejército ofrece su renuncia. El 23 de agosto Gonzalo Fernández dice en el Parlamento que Díaz aseguró que el Ejército ejecutó unos veinte presos traídos a Uruguay en el denominado «segundo vuelo». El 11 de setiembre la Justicia decide procesar a seis militares retirados y dos expolicías por casos de violaciones de los derechos humanos.

El 26 de setiembre el Ejército le entrega un informe al presidente sobre el segundo vuelo en el que niega cualquier responsabilidad en el destino de los que iban en él. Podría seguir, pero no quiero agotar mi tiempo. Hay infinidad de hechos que muestran nuestro compromiso con el tema.

Por lo tanto, a nosotros nos resulta absolutamente inaceptable que se nos acuse de no querer investigar, que se nos acuse de no haber hecho las denuncias. Todo el episodio de 2006 que, ¡oh casualidad!, aparece ahora, demuestra claramente que cuando el expediente volvió y se microfilmó ¡no tenía las actas del tribunal de honor! ¡Es clarísimo! Y lo dicen funcionarios de carrera, no lo dice ningún funcionario político.

Es cierto que queremos saber; está bueno querer saber. Acá se dijo que era fácil enfrentarse al poder cuando se tiene el poder, pero nosotros nos enfrentamos al poder cuando teníamos todo para perder en la dictadura, ¡absolutamente nada para ganar! ¡Y los torturados, los presos y los muertos son nuestros compañeros! Por lo tanto, yo no me puedo quedar callada cuando se me dice que ocultamos, que no investigamos, que no hicimos y que somos prácticamente lo mismo. ¡No! ¡Desde el 2005 hubo otra actitud y eso alguien lo va a tener que reconocer!, si queremos realmente, señora presidenta, dar un paso hacia adelante. Ese paso no se va a dar si no buscamos la verdad. Insisto: no se va a dar.

En realidad, no es el odio el que ha conducido a los familiares de los detenidos desaparecidos como hemos escuchado decir, en estas horas, al hoy senador Manini Ríos. No es el odio. ¡¿Qué es el odio?! ¡¿Una foto?! ¡¿Una flor?! ¡¿Una consigna de verdad y justicia?! ¡¿Una marcha?! ¡¿Eso es el odio?! ¡¿Una madre que perdió a sus hijos?! ¡Por favor!

Entonces, hoy se nos pide que no contestemos con agresiones las prédicas, pero las agresiones contra la Justicia las hemos escuchado permanentemente en estas últimas horas y dentro de este Parlamento. El odio de los familiares ha sido una declaración de estas últimas horas y hoy lo vuelve a hacer al hablar de ¡engendro, del Código del Proceso Penal! ¡Podemos tener opiniones, pero no se puede calificar de esa manera si se quiere tener una discusión democrática!

El propio diputado Lust, que se autodefinió –no sé si es así– asesor del hoy senador Manini Ríos, declaró públicamente que él le aconsejó hacer la dilatoria para no presentarse y pedir la inconstitucionalidad. Lo declaró el propio diputado Lust, no lo estamos diciendo nosotros. Es decir, no se quiso ir a la Justicia y se utilizaron todas las chicanas –aquí sí utilizo este término– posibles. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lenguaje también es muy importante.

En la intervención del senador Manini Ríos, dijo: «el fallecido Gomensoro». ¡Fallecido no, señora presidenta! ¡Asesinado! Lo conocí; ¡era un joven de veintidós años, deportista, sano, fuerte! Y apareció muerto en un cuartel. ¡Por favor! ¡Asesinado! También el vocabulario habla mucho de nosotros. Por supuesto que conocí a su madre –con dos hijos desaparecidos– y a sus hermanos. Y claro que fue un desaparecido. ¡¿Cómo se puede venir a decir acá que Gomensoro no fue un desaparecido?! ¡¿Saben por qué fue un desaparecido por muchos años?! Dejó de serlo porque ese cadáver, que Gavazzo tiró al agua –lo hizo tan mal que el cadáver flotó–, fue encontrado por un médico, que se quedó con su cráneo, y esto permitió que el estudio de ADN identificara a Gomensoro. ¡Claro que fue desaparecido durante muchos años!

Entonces, yo no hablo de guerra; no voy a decirlo nunca. No creo que lo que vivimos en la dictadura haya sido una guerra, realmente, pero hay quienes hablan de guerra. El senador Manini Ríos lo mencionó y dijo que lo más preciado en una guerra eran los detenidos, cosa que me parece de una gran incongruencia. Hoy no hay nadie que discuta el maltrato, la tortura y el vejamen a las mujeres. Gomensoro es un buen ejemplo, porque realmente un jovencito esposado, encapuchado, violado, en democracia, asesinado y tirado en Tacuarembó, habla por sí solo.

Creo que intentar mostrar divisiones en nosotros, en el Frente Amplio, me parece que sí es una chicana muy grande, porque toda nuestra fuerza política ha estado siempre atrás de todas estas investigaciones. Eso siempre fue unánime y nuestra postura es muy clara.

Hay mucha gente que no está de acuerdo con los fueros. Hoy se pone el ejemplo de que fulanito no está de acuerdo con los fueros, y yo he escuchado al propio presidente de la república decir que no está de acuerdo con los fueros, pero ¡¿eso qué tiene que ver con el debate que ahora estamos teniendo?!

En el 2004 ya se hablaba del caso Gomensoro en el Libro blanco de la Comisión para la Paz, que la vida nos demostró que realmente contenía mucha información que no era veraz. Y nos preguntan por qué tenemos que estar acá hablando de estos temas. ¡¿Por qué tenemos que hablar de estos temas?! ¡Porque hay impunidad! ¡Y la gente y los familiares, aunque pasen mil años, van a seguir buscando sus restos! ¡¿Qué haría usted, señora presidenta, con sus hijos y con sus nietos?! ¡¿O qué haríamos cualquiera de los que estamos aquí con nuestros amigos y compañeros?! Entonces, querer saber está bien; querer saber es sano para una sociedad. Lo demuestran las sociedades más avanzadas, así como también muchísimos ejemplos en el mundo.

Me llamó la atención que la senadora preopinante hablara de los ejemplos de todos los desafueros, menos del de Germán Araújo. Lo quiero dejar bien claro acá, porque fue un desafuero ¡criminal!, porque fue un ¡acoso! permanente, porque fue sometido a las presiones más impresionantes ¡por querer investigar los crímenes de Michelini y de Gutiérrez Ruiz y por oponerse a la impunidad! No se mencionó como ejemplo, a pesar de que sí se pusieron de ejemplo muchos desafueros de cuarenta años atrás.

También quiero sumar mi voz a lo que aprobó la Comisión de Constitución y Legislación en cuanto a cuál sería la interpretación sobre la vuelta del senador Manini en cualquier circunstancia. Reafirmo eso.

Quiero decir que algunas palabras que aquí se mencionaron, como falta de verdad, ocultamiento, complicidad, no tienen nada que ver con nosotros. La vida, los hechos, la lucha de la gente que sigue peleando por esa verdad y esa justicia, son las cosas a las que sí debemos prestar atención.

Además, quiero decir al senador Manini –y se lo digo en una buena– que no se retire, pues nosotros acabamos de votar que puede estar en esta sesión. Si usted puede estar en esta sesión, quédese hasta el final.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Se imaginarán que estoy pensando doscientos millones de veces antes de hablar, porque la que estuve con Germán fui yo. Entonces, yo quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, a Germán Araújo no se le aplicó el 114 –vamos a ser firmes en lo que significa la Constitución–, sino el 115, que son desórdenes de conducta que se evalúan de la misma manera, así como se evalúa el juicio político –hace un rato escuché que se entreveraba el concepto–, que no tiene nada que ver con el tema del desafuero. Lo que sí me gustaría saber, ya que acompañé a Germán hasta que se murió, es por qué el Frente Amplio le soltó la mano cuando los partidos tradicionales lo echaron de acá.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Primero, quiero decir que no sé qué mosca le picó a la senadora preopinante, pero no pienso retirarme de la sesión hasta el final.

En segundo lugar, quiero aclarar con relación a lo que dijo la senadora, que nosotros en todo momento dijimos las cosas como ocurrieron. Ya he contestado a lo que había manifestado el senador Bayardi. Nosotros en ningún momento estamos buscando cambiar o tergiversar lo que ya se ha dicho, lo que ya se ha declarado en la Justicia. Nosotros, en todo momento, lo que buscamos es dejar bien en claro lo que ha ocurrido en estos hechos. No tenemos ninguna contradicción con lo que han declarado los generales en su momento. Es más: hemos ratificado lo que ellos han dicho en todo momento. Indudablemente, se sigue machacando con eso, pero no hay ninguna contradicción. Lo que está bien claro es que aquí nosotros, en ningún momento, omitimos informar lo que teníamos que informar.

Quería simplemente hacer esa aclaración porque creo que se está avanzando, a veces dando a entender, como que hubiera habido algún tipo de contradicción en los dichos, y no es así. Acá, en todo momento, se dijo claramente cómo eran las cosas.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: algunas intervenciones me obligan a apartarme de lo que iba a decir.

Esta sesión me ha causado, por un lado, tristeza, y, por otra parte, indignación, porque los que queremos ver el futuro nos encontramos con que el país sigue como el caballo del ladrillero atado a la noria y pisando barro con temas que nos retrotraen a la década de los sesenta y de los setenta. Los violentos de entonces han triunfado sobre los que quieren construir futuro. Y querría señalar –porque se hace mucha referencia a determinados muertos y se olvidan otros– que en este país hubo otros muertos que también fueron ignorados en estos quince años, y sus familiares buscan una respuesta. Me refiero a César Guidet, a Jaime Oroza García, a Armando Acosta y Lara –por qué no–, a Pascasio Báez. Bueno, la lista sería muy larga. La cuestión es que no nos hemos decidido a realizar una verdadera política de reconciliación. Yo, una vez más, voy a apelar a la ética cristiana. Pedro le dice a Jesús, y se lo dice con un cierto dejo de reproche: ¿tengo que perdonar siete veces a mi hermano? Y Jesús le dice: debes perdonarlo setenta veces siete. Mientras miremos esos acontecimientos terribles de la década de los sesenta y de los setenta con una mirada miope, seguiremos atados al pasado y no construiremos el futuro, que quizás no nos merecemos nosotros, pero sí se merecen nuestros hijos y nuestros nietos.

En segundo término, tengo que decir, como lo he señalado muchas veces, que creo es lamentable que se judicialice la política y que se politice la Justicia. Creo que hemos transitado, hace ya mucho tiempo, por ese camino que le hace mal a la Justicia y mal a la política.

Señora presidenta: sobre el tema que nos ocupa y tratando de remitirnos concretamente a él, quiero decir que al tributarse en la Cámara de Senadores un homenaje al doctor Justino Jiménez de Aréchaga, que culminó con la reedición de su obra dirigida al análisis de la Constitución de la república, el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez recordó que una de las oportunidades en que fue a visitar al reconocido constitucionalista tenía por objeto conocer su opinión jurídica, con motivo de que se estaba tramitando un absurdo juicio político al entonces consejero nacional de gobierno Eduardo Víctor Haedo, en un episodio en el que flotaba el espíritu de la travesura política.

En lo que a este asunto se refiere y que motiva la presente intervención en el Senado de la república, debo decir que desde un primer momento entendí que el desafuero en trámite constituía, más que una circunstancial travesura política, una artera maniobra para coartar lo que ya se advertía como una fulgurante carrera política. Es por ello que, refiriéndome a dicha situación, expresé dicha opinión en discurso de campaña política en octubre de 2019, así como que íbamos a trasmutar la acusación con miles de votos en las urnas e íbamos a poner al general Guido Manini Ríos en el Senado de la república.

Mi pronóstico se basaba en la apreciación personal del vendaval político que empujaba la carrera electoral de Cabildo Abierto y de su conductor. Habíamos recorrido el Uruguay cubriendo los cuatro puntos cardinales y habíamos palpado que este hombre concitaba la adhesión de una ciudadanía desencantada con las ideas y conductas de la oferta política que se le presentaba. Muchos fueron los adjetivos descalificadores y maniobras arteras que se pretendieron perpetrar contra la novel figura política de Manini Ríos y contra Cabildo Abierto. Se trataba de alguien que irrumpía en el escenario político con un planteamiento distinto y, por tanto, novedoso, pero a su vez enraizado en las originales tradiciones políticas del país, que respondía a las reales inquietudes y necesidades de la gente, hasta este momento obligada a consumir un menú político insulso, cuando no destructivo, de las tradiciones sociales, políticas y jurídicas de nuestra nación, que pretendía la imposición de modelos foráneos, ajenos a los deseos y necesidades de nuestro pueblo, muchas veces alentados por organizaciones privadas generosamente financiadas desde el exterior. Era necesario para algunos frenar esa carrera política y para ello nada mejor que pretender enmarañar a Manini Ríos en una imputación penal que, por lo grotesca e inconsistente, deja en evidencia lo artero de la maniobra.

De acuerdo con la normativa vigente, para proceder al desafuero del legislador en los casos previstos en el artículo 114 de la Constitución nacional, los actos presuntamente delictivos que se le atribuyen deben ser comunicados a la cámara respectiva. Esta deberá tomar conocimiento de la información, pero según la doctrina no está obligada a pasar por ella; por el contrario, como lo dejó asentado el Senado ya en 1858, la cámara tiene derecho a conocer por sí misma las circunstancias de hecho o los actos en los cuales ha intervenido el legislador. La cámara debe actuar con absoluta independencia, porque está defendiendo su propia integridad. De ningún modo puede aceptarse que ella esté obligada a considerar los hechos a través de la versión que le proporcione un funcionario dependiente de otro poder. La discusión del caso ante la cámara no representa un antejuicio ni una cuestión prejudicial. La cámara determinará el procedimiento a seguir en ese debate preliminar después del cual se decidirá el allanamiento de los fueros o no hacer lugar al pedido de desafuero. Claro está que las cámaras deberán proceder según ciertas reglas de cordura y de buen sentido cuando se trate de decidir si se accederá o no al levantamiento de los fueros. Lo razonable es que una cámara no se oponga al desafuero del legislador toda vez que, de los antecedentes que se le hayan remitido y de la verificación de hechos que se le hayan realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro poder contra la integridad o independencia de la cámara. En sentido coincidente se ha expresado Cassinelli Muñoz al decir que, a diferencia de los particulares que pueden ser procesados según la opinión del juez sobre la base de las pruebas aportadas, los legisladores solo pueden ser procesados según la opinión de su cámara. La cámara va a tomar conocimiento de las acusaciones contra el legislador y determinará si se trata de procedimientos hechos de buena fe o si están destinados a obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas. Si se trata de un procedimiento de buena fe, la cámara tendrá que decidir si hay lugar a la formación de causa, suspender en sus funciones al legislador y ponerlo a disposición del juez. En caso contrario, no da lugar a la formación de causa y el legislador no podrá ser procesado.

En ese sentido –también coincidente– el doctor Cortiñas Peláez expresa, refiriéndose al desafuero, que ello no implica ejercicio de función jurisdiccional, sino solo un antejuicio de desinvestidura para poner al senador a disposición de la justicia competente y agrega que el contralor de la cámara tiene que ser muy estricto y que no implica lesión de la separación de poderes, sino ejercicio de competencias constitucionales expresas.

Ante la pregunta de si es constitucionalmente válido que un legislador abdique de sus prerrogativas y se someta a un juicio penal, la Suprema Corte de la República Argentina ha dicho que las prerrogativas de los legisladores tienen por objeto mantener la integridad del Poder Legislativo, permitir que el diputado o senador cumpla con sus funciones, ya que ellas satisfacen elevados objetivos institucionales. Desde esta perspectiva es evidente que hay un interés público superior al de la voluntad individual del parlamentario interesado en que no sea apartado de sus poderes legiferantes sin la previa conformidad de la cámara a la cual pertenece.

El artículo 114 de la Constitución establece: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente».

Es así como se consagra un estatuto especial para los legisladores que no es un privilegio o derecho individual del mismo, sino que es una garantía del libre funcionamiento del Cuerpo que integra. Este principio tuitivo de la libre expresión de la soberanía popular depositada en los diferentes miembros del Poder Legislativo tiene una larga tradición en el derecho latino.

El Senado debe determinar si existe lugar a la formación de causa. Para ello deben reunirse elementos de convicción suficientes que nos generen el convencimiento que se ha perpetrado un hecho delictivo; es evidente que no es el caso. Como lo señalaremos más adelante, no se ha incurrido en ningún delito y, por tanto, no existen elementos que generen la convicción de que es plausible la formación de causa.

Agreguemos que se ha sostenido, incluso, que no cualquier delito amerita el desafuero. Así, en oportunidad de tratarse el desafuero del entonces senador Rodolfo Nin Novoa, el señor senador Gamou señaló: En lo personal siempre he dicho que no, frente al hecho de tener que pronunciarme con respecto a un desafuero. Me parece que es muy bravo, salvo delitos gravísimos comprobados, sacarle el fuero parlamentario a alguien que fue puesto aquí o en la Cámara de Diputados por el soberano, es decir, por la voluntad popular. Y termina diciendo: Habría que ver si le estamos haciendo el caldo gordo a algún fiscal o a alguna fiscala –para que no me acusen las feministas– que tenga ganas de lograr quince minutos de fama en la televisión. Estas expresiones fueron vertidas por un senador frenteamplista en ocasión del desafuero de su correligionario Nin Novoa y pueden ser trasladadas mutatis mutandis al presente caso. Se ha pretendido por un ignoto fiscal imputar un delito de menor entidad a un legislador sin el aval probatorio indispensable, incurriendo en un inaceptable manoseo.

Debemos señalar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que tenemos un juicio crítico sobre el nuevo procedimiento penal y la ley de creación del servicio descentralizado de la Fiscalía General de la Nación. Estas dos leyes suponen un quiebre en la tradición jurídica latino-romana a la que responde en su generalidad nuestra organización jurídica, importando un modelo propio del derecho anglosajón, reñido con nuestras tradiciones jurídicas.

Por otro lado, se copian mal y parcialmente sistemas jurídicos extraños que se implantan en nuestro país al son de consignas impuestas internacionalmente por los grandes centros de poder mundial que, sin chistar, han seguido gobiernos que se autocalifican de izquierda o derecha. Este sistema jurídico penal ha desplazado a los jueces del eje de la justicia en la citada materia y ha concentrado enormes poderes en el ministerio público estatuido en nuestro país como un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Es así como se ha sustituido al Poder Judicial por un servicio descentralizado con una enorme concentración de poder en su jerarca, que ha practicado un verticalismo avasallante radiando a competencias de menor interés político a aquellos fiscales que considera no le son adeptos. El sistema establecido impide a los jueces disponer el inicio de una investigación criminal, realizar la instrucción dirigida a recabar las pruebas del delito, quitando a la Justicia toda iniciativa en materia penal y transformando al Poder Judicial en casi un espectador del proceso. Se vienen violando así, sin pudor, los artículos 15 y 16 de la Constitución de la república. En los hechos, la investigación criminal es realizada por la Policía, sin control judicial. O sea que el mismísimo Poder Ejecutivo es el que practica y desarrolla la investigación dirigida a la averiguación del delito. A su vez, el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación, en el procedimiento penal vigente, ha eliminado en los hechos la independencia técnica de los fiscales letrados de la república. Es el fiscal general, a través de sus dependientes, el que decide qué investigación se hace y cuál no, a quién se formaliza y a quién no, a quién se mete preso y a quién no, con una discrecionalidad casi absoluta y un control judicial prácticamente formal.

Se ha instalado así un proceso penal de pactos, una justicia regateada, que se concreta en acuerdos realizados en dependencias administrativas mediante el acuerdo de agentes fiscales y las personas investigadas por un crimen, en un proceso que nadie puede asegurar no dé lugar a procedimientos extorsivos o corruptos, ya que en dichos acuerdos se permuta confesión a cambio de menor pena. De esta forma presenciamos una justicia negociada. Ya en los hechos, el indagado en un carcelaje confiesa, por ejemplo, que devuelve los bienes y se le promete una menor pena, constituyéndose una justicia penal contractualizada, totalmente ajena a nuestras tradiciones jurídicas, que expone a los indagados a la extorsión o a la corrupción. Simultáneamente, se privó a los jueces de toda facultad de investigación, lo que posteriormente ha sido atemperado debido a los errores que se pudieron constatar, negociándose delitos por tortas fritas o vacaciones en la playa.

La casi totalidad de los delitos en nuestro país se tramitan por este procedimiento que supone la negación de la justicia penal e impone un proceso de negociación que puede tener hasta ribetes extorsivos. Como se ha señalado, estamos ante un proceso penal sin juez, sin juzgado, sin expediente judicial, sin juicio, negociado y, repito, posiblemente hasta extorsivo y corrupto. El llamado juicio oral y público solo se reserva para una mínima cantidad de delitos.

Vigente este sistema de justicia penal, que no nos merece confianza por su estructura ni por la conducta de su jerarca, es que se pretende imputar un delito al senador Manini Ríos. Es en esas circunstancias que el diario El País, en su edición del 4 de octubre de 2019, señala que la fiscala Gabriela Fossati publicó el día anterior en su perfil de Facebook que el nombramiento del fiscal Rodrigo Morosoli se realizó en forma directa, con el propósito de investigar la eventual omisión de denunciar de Guido Manini Ríos. La misma fiscala señala: «Los fiscales deberían ser designados por mecanismos aleatorios, lo que evitaría suspicacias». En definitiva, la falta de transparencia de la institucionalidad, así como del proceso y de los mecanismos de designación de los fiscales para los casos concretos, es una prueba incuestionable de la existencia de una justicia manipulada, como inicialmente lo puso en evidencia una fiscal que, como es público y notorio, no integra el grupo de confianza del fiscal general.

La Fiscalía General de la Nación ha tenido múltiples cuestionamientos que han desembocado en actuaciones judiciales donde diversos fiscales han sido objeto –luego de traslados inmotivados– de separaciones del cargo, retención de haberes y descensos de categoría, anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y exponiendo al Estado a juicios reparatorios por sumas millonarias.

Recientemente, la mencionada fiscalía ha sido denunciada penalmente debido a que, en un asunto judicial, una fiscala habría aceptado que mediante una instrucción general la fiscalía puede preparar los testigos, lo que constituye el diligenciamiento de prueba ilícita, introduciendo en el proceso prueba que no representa la espontánea precepción del testigo, sino que responde a instrucciones recibidas por la parte. Todo esto pone en evidencia la falta de garantías del proceso penal vigente y la dudosa probidad de la Fiscalía General de la Nación, a cuyo pedido de formalización se pretende someter a un senador de la república, que reiteradamente ha denunciado situaciones que ponen en duda la imparcialidad de quienes operan el sistema penal en nuestro país, lo que se ha acreditado mediante pruebas contundentes.

Según surge de las actuaciones respectivas con motivo del tribunal de honor que se instruyera al señor José Gavazzo, en declaración de 10 de abril de 2018, este reconoce haber arrojado el cuerpo del señor Gomensoro a las aguas del río Negro. El 11 de abril siguiente, los integrantes del tribunal se reúnen con su superior, Guido Manini, lo ponen en conocimiento de las declaraciones de Gavazzo y se procede a suspender las actuaciones en cumplimiento del reglamento vigente. A fines de ese mismo mes, Manini Ríos comunica que deben continuar las actuaciones. A su vez, el 8 de mayo de 2018 Jorge Silveira efectúa declaraciones en las que afirma que Gomensoro se le murió a Gavazzo.

El 13 de junio de 2018 se interroga nuevamente a Gavazzo y el 15 de junio de 2018 se vuelven a reunir los miembros del tribunal con Guido Manini Ríos, quien nuevamente suspende las actuaciones para siete o diez días después, cuando ordena que continúen las mismas.

Siendo esos los hechos, la fiscalía, sin prueba alguna, pretende negar que Manini Ríos haya comunicado a su superior –el ministro de Defensa Nacional– las declaraciones de Gavazzo y Silveira. Sin embargo, es de destacar que esta afirmación determina que resulte inexplicable la razón por la que se ordenó suspender el procedimiento del tribunal de honor en dos oportunidades, que no fue otra que informar al ministro respectivo los hechos de referencia, como ha sostenido reiteradamente el senador Manini Ríos.

Si Manini Ríos hubiera tenido intención de desconocer los hechos denunciados no tenía por qué suspender las actuaciones, lo que se llevó a cabo, precisamente, para comunicar la situación al superior, que era el señor ministro de Defensa Nacional.

En definitiva, el 15 de setiembre de 2018 el tribunal emite su fallo, pero el 27 y el 28 de setiembre Gavazzo y Silveira lo recurren.

El 1.º de octubre Manini Ríos comunica qué generales pueden integrar el tribunal de alzada y el 13 de febrero de 2019 eleva los fallos al Ministerio de Defensa Nacional.

El 12 de marzo de 2019 se homologa el fallo del tribunal, previa reunión del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y sus asesores, los doctores Alfredo Maeso y Josefina Nogueira con el señor secretario de Presidencia, que se habría llevado a cabo el 20 de febrero del mencionado año. Es de destacar que el citado ministro envió carta al señor presidente doctor Tabaré Vázquez, en la que hace referencia a esta reunión y manifiesta que en ella se interiorizaron de los antecedentes del contenido del tribunal de honor y de la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia. El hecho pone en evidencia que el señor ministro estaba informado debidamente del expediente y advirtió de la necesidad de efectuar la denuncia de los hechos ante la Justicia, lo que no se verificó hasta que se publicara la muy conocida nota de El Observador del día 30 de marzo de 2019.

Concluyamos, entonces, respecto a esta situación, que es manifiesto que se comunicó al señor ministro los hechos que debían ser denunciados y que Presidencia se limitó a homologar el fallo del tribunal de honor sin ordenar, simultáneamente, la realización de denuncia penal alguna.

La pretensión de formalización de Guido Manini Ríos pone en evidencia una duplicidad de criterios inadmisible: mientras se pretende formalizar a este por el delito de omisión de denunciar delitos, se omite responsabilizar a los entonces presidente, Tabaré Vázquez, y secretario de Presidencia, Miguel Toma, por el mismo delito cuando se homologa el fallo y, simultáneamente, se omite la denuncia penal, cuya necesidad fue advertida por el propio ministro, realizándola solo con motivo de la denuncia periodística ya mencionada, pretendiendo exculparse mediante la afirmación de que no se leyó el expediente, lo que resulta ser una causa de justificación inaceptable.

Por otro lado, el propio Toma, en su declaración ante el señor fiscal contenida en la carpeta respectiva, señala balbuceante: «Todas las firmas que, este…, eh… realiza el presidente en sus funciones previamente las ve el secretario. […] en presidencia hay un triple control: el de la Asesoría Jurídica, del propio presidente que analiza todos los documentos y del secretario que es el que le pone al presidente el documento que tiene que firmar. Ese documento aun depurado el presidente lo mira con lupa. Por eso, este… la labor del secretario de la presidencia en ese sentido tiene que ser muy pulcra porque el presidente también es un presidente que lee todo –¿mm?– es capaz de corregir una falta, una coma y, de hecho, ha pasado que nos ha corregido». Esta declaración echa por tierra la débil excusa de no haber leído el expediente y no haber advertido las declaraciones que, se dice, debieron ser objeto de denuncia penal.

Señalemos, por otro lado, que el artículo 177 del Código Penal no consagra un plazo para denunciar y, como señala la doctrina, tampoco ha habido una dilación injustificable que perjudique la persecución del delito. Así lo expresa Bayardo Bengoa.

No previendo la legislación un plazo determinado para cumplir con la obligación de denunciar, la doctrina ha sido conteste en que la adecuada respuesta es la que dice que la existencia de una infracción del deber de actuar es clara cuando el omitente hubiere podido reducir con su acto el peligro que corría el bien jurídico. Así se expresa Milton Cairoli.

Se acusa al senador Manini Ríos del delito de omisión de denunciar, en la modalidad de retardo en formular la denuncia. El bien jurídico protegido por esta figura penal es el servicio de administración de justicia, que cumple la función jurisdiccional del Estado, asegurando su normal desempeño, libre de obstrucciones o entorpecimiento. Siendo así, la función hermenéutica impone la necesidad de interpretar el texto legal en armonía con el interés protegido, pues siendo el imputado un delito de daño, es menester que la conducta atribuida al senador Manini Ríos tenga la aptitud causal para provocar la lesión del bien jurídico Administración de la justicia. O sea que el principio de lesividad de la conducta opera como elemento indispensable para configurar el ilícito.

Ahora bien, cuando se habla de retardo en formular la denuncia sin que se haya establecido el plazo que debe tener ese retraso, este debe considerarse en forma racional. Si estamos frente a un delito flagrante, parece obvio destacar que la denuncia debe formularse de inmediato. Si no es el caso, consideramos muy clara la posición ya citada de Bayardo Bengoa, a la que podemos agregar la del doctor Miguel Langón, cuando dice que el retardo puede tener naturaleza penal cuando es injustificado, absurdo y pone en riesgo la averiguación de los hechos delictivos y la determinación de sus posibles autores.

En el caso que nos ocupa estamos frente a la confesión de un delito cometido hace cuatro décadas, que, además, entendemos prescripto. Es más, de acuerdo con el artículo 124 de nuestro Código Penal, la prescripción debe ser declarada de oficio por el juez, aunque no se hubiera alegado u opuesto. El delito no puede ser considerado de lesa humanidad por haber sido cometido antes de la tipificación mencionada y, además, está prohibido considerarla retroactivamente en virtud de las disposiciones expresas de la legislación nacional e internacional aplicable al caso.

Remitiéndonos al caso concreto debemos agregar que el señor José Gavazzo fue sobreseído a instancia de la Fiscalía Letrada Departamental en los autos en que fuera procesado por homicidio muy especialmente agravado por la muerte del señor Roberto Gomensoro, que se tramitaran ante el Juzgado Letrado de Paso de los Toros de Segundo Turno, y que habiéndose recurrido dicho sobreseimiento, el mismo fue dejado sin efecto en primera instancia por el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, que el 19 de agosto próximo pasado ordenó el archivo de la causa, lo que puede ser objeto de casación ante la Suprema Corte de Justicia.

Por el momento, en función del principio de non bis in idem, la causa del señor José Gavazzo por el homicidio del señor Roberto Gomensoro podría estar definitivamente cerrada, lo que haría estéril cualquier denuncia de los hechos declarados ante el tribunal de honor militar de referencia, e improcedente pretender que por una supuesta omisión se pueda imputar delito alguno.

Agreguemos que, sin perjuicio de sostener que el entonces comandante en jefe del Ejército comunicó a sus superiores los hechos declarados por el señor Gavazzo relativos al destino dado al cuerpo del señor Gomensoro, entendemos que no era él quien debía efectuar la denuncia penal que se considerara pertinente, en caso de que ello fuera el proceder para llevar a cabo de acuerdo a derecho. Decimos esto porque según el numeral 2.º del artículo 168 de la Constitución de la república, corresponde al presidente de la república, actuando con el ministro o ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, el mando superior de todas las Fuerzas Armadas. En virtud de ello, hubiera resultado improcedente efectuar una denuncia por cuenta y orden de un subalterno, como lo era el comandante en jefe del Ejército, sin mediar una orden de su superior. Como es notorio, esta orden no fue impartida y el hoy senador Manini Ríos en su oportunidad informó al ministro y al señor presidente de la necesidad de efectuar la denuncia penal, a tal extremo que el propio ministro lo advirtió al presidente de la república, como resulta documentado en su carta de renuncia. En lugar de proceder a denunciar los hechos documentados en el expediente administrativo del tribunal de honor, se procedió a la homologación del fallo recaído, resultando inaceptable la excusa de que se procedió de esa manera por la simple razón de que se adoptó la resolución sin leer el expediente.

Téngase presente, además, que esta afirmación resulta particularmente inverosímil cuando el secretario de Presidencia, al declarar en los órganos correspondientes, manifestó que su obligación era el control de la legalidad de los actos firmados, por lo que debía leer toda la documentación a firmar por el presidente Vázquez, y que este mismo acostumbraba a hacer lo propio.

El pedido de desafuero del senador Guido Manini Ríos es patrocinado por quienes promueven injuriosamente la consigna «Desafuero o complicidad». Estos son los mismos que en algún momento ondearon banderas artiguistas y populares, promoviendo la reforma agraria, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior. Sin embargo, esas viejas banderas a las que henchían vientos de defensa de los intereses nacionales se arriaron para promover, durante los últimos gobiernos, la concentración de la propiedad de la tierra más importante en la historia nacional en manos de intereses multinacionales, contribuyeron a la desaparición de la banca privada nacional, la demolición de la banca estatal y muy particularmente su exclusión como instrumento de desarrollo industrial y agropecuario.

Se promovió simultáneamente la explosión de los créditos de consumo a través de financieras dependientes de la banca internacional establecida en el país, que les prestaron a los más necesitados a tasas de interés que en muchos lugares del mundo serían consideradas usurarias.

La producción nacional fue devastada, favoreciendo la importación de bienes de consumo, y se terminó colocando alfombra roja a una inversión celulósica que pone sus pies en el país en condiciones humillantes para los intereses nacionales.

Se pretendió enarbolar nuevas banderas, entre ellas, la mascarada de derechos financiada por grandes poderes plutocráticos que han invertido en el país para generar la ilusión de pseudoderechos que solo han horadado la sociedad nacional.

En definitiva, lo que en el país pretende llamarse izquierda come de la mano del neoliberalismo en lo económico y social, del plato de las grandes fortunas, entre la que se destaca la del director de la Open Society. Nos preguntamos legítimamente quiénes son los cómplices. ¿Quiénes son los que burlan las expectativas de nuestro pueblo? ¿Quiénes se han burlado de los derechos conculcados por quienes se levantaron en armas en la década de los sesenta? ¿Quiénes son los que han jugado a la mosqueta con las expectativas de quienes violan sus derechos violentados durante el Gobierno militar? ¿Se pretende imputar a Manini omitir denunciar la confesión de un crimen? Sin embargo, toda la documentación fue puesta en manos de quienes ejercían las mayores jerarquías políticas del país, incluso el superior mando militar lo conocía, porque así surge de la carta de renuncia del infamemente depuesto ministro Menéndez que había advertido de la necesidad de efectuar la denuncia de delitos. Nada de eso se hizo y seguramente nada se hubiera hecho por los mayores responsables de la conducción política y militar si no hubiera sido por una nota periodística. La citada actitud no constituyó un hecho aislado; ha quedado en evidencia, en virtud de la respuesta dada a un pedido de información, que las confesiones vertidas en la tramitación de otro tribunal de honor, hace más de una década, tampoco merecieron denuncia alguna de los mismos personajes políticos, lo que demuestra una inequívoca voluntad de sofocar o silenciar los hechos. ¿Es acaso esto mera coincidencia? ¿Es admisible que se diga que dicha coincidencia es desmentida por la inequívoca conducta de la persecución de verdad y justicia? Cualquier analista objetivo advertirá que los responsables del Gobierno de facto nunca fueron juzgados, salvo el caso de Álvarez y Bordaberry. La persecución solo ha recaído en lo sustancial sobre un pequeño grupo de personajes de menor importancia y particularidades psiquiátricas. Quizás por ello el disimulo obliga a emprenderla contra oficiales y soldados de menor jerarquía.

La mismísima exministra doctora Azucena Berruti, al preguntársele por la periodista Blanca Rodríguez en el libro Ministras si creía que el tema de los derechos humanos se había manipulado, responde rotundamente: creo que en cierta medida sí, excluyendo únicamente a la organización de familiares de semejante calificación. La misma protagonista de incuestionable oposición a la dictadura militar cuestiona como de venganza la situación de determinados presos por la imputación de delitos durante dicho régimen.

También podría calificarse de venganza la injusticia de procedimientos penales que infamaron a oficiales como al coronel Juan Carlos Gómez, al general Dalmao y otros respecto de los cuales existe la más absoluta convicción de su inocencia, pero se les sacrificó como chivos expiatorios en otra maniobra que encubre la verdadera complicidad. La falsa defensa de los derechos humanos ha quedado en evidencia por la conducta del Gobierno uruguayo ante el juicio del Tribunal de Roma, donde la sentencia de primera instancia que rechazó la condena a los inculpados no fue ni siquiera apelada por el Estado uruguayo que, por tanto, careció de todo mérito en obtener la condena que se dispuso por una apelación que nuestro país no promovió, como bien lo relata Leonardo Haberkorn en su libro Herencia maldita. Es así como una protagonista de dicho juicio, refiriéndose al tema de los desaparecidos, según el citado periodista, afirma que todo es simbólico. Y manifiesta que se dejaron vencer plazos para la extradición de uno de los inculpados; que se demoró siete años para descubrir un cuerpo que estaba a cincuenta metros de otro encontrado previamente; que se creó una comisión por el presidente Vázquez que luego se disolvió, etcétera.

La mascarada es evidente. Para colmo de males, el país entero ha sido testigo de una sucesión de viajes de un exsecretario de la Presidencia, con costos exorbitantes y una inexplicable compañía femenina para asistir a juicios –entre ellos este último que citamos– en los que la presencia de autoridades uruguayas era innecesaria, ya que bastaba la intervención de nuestros embajadores para respaldar a los abogados que patrocinaban al país con conocimiento de las materias y derecho correspondiente a los litigios en cuestión. Hasta la mismísima Jutep en su momento archivó la denuncia anónima del hecho como diciendo: de esto no se habla.

La anécdota simplemente desborda elocuencia sobre la verdadera identidad de los cómplices en la materia; personajes que reiteran periódicamente la misma conducta y que quizás oculta un pacto de silencio que exime de responsabilidad a los protagonistas aparentemente enfrentados. La maniobra de distracción, como la de cualquier ilusionista, pretende ubicar la responsabilidad donde en realidad ella no se encuentra. Para eso, se pretende inculpar al señor senador Manini Ríos y aventar del escenario político a quien no se presta al juego de oposiciones solo aparentes.

Gracias, señor senador Manini Ríos, por haber escuchado a sus votantes y no haberse prestado a esta maniobra que, de alguna forma, busca desconocer la soberanía popular.

Por esas razones vamos a votar en contra del desafuero del señor senador Guido Manini Ríos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, dentro de lo posible, vamos a intentar centrarnos en el eje fundamental de la convocatoria del Cuerpo, que refiere a la suspensión de los fueros parlamentarios del señor senador Guido Manini Ríos, a través de un proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, tal como figura en el repartido que todos tenemos.

Naturalmente, también vamos a dejar algunas constancias políticas, algunas reflexiones y, por supuesto, vamos a formular todo esto en menos tiempo del que tenemos asignado por integrar la comisión.

En primera instancia, quiero referirme al fondo del asunto, que es si hay formación de causa para llevar adelante la suspensión de los fueros del señor senador Manini Ríos. Para ello, me voy a basar en la intervención –que realmente ha sido brillante– del señor senador Charles Carrera, que nos focaliza en el planteo del Poder Judicial en el sentido de que se disponga la formalización de la investigación respecto al imputado Guido Manini Ríos por la presunta comisión de un delito de omisión de los funcionarios de proceder a denunciar un delito en calidad de autor. Esta es la acusación, esta es la solicitud que proviene del Poder Judicial, a partir de la solicitud de la fiscalía.

Es claro que en los antecedentes judiciales –como bien se señalaba en el informe– se utilizó algún tipo de recursos para impedir que tuviera efecto antes de que el hoy senador Guido Manini Ríos fuera electo por la ciudadanía. Cuando comenzó todo este proceso judicial obviamente no era senador, era un ciudadano que naturalmente había ocupado un lugar relevante en todo el proceso que refiere la acusación fiscal.

El 3 de octubre de 2019, el general Guido Manini Ríos interpuso la excepción de inconstitucionalidad de algunos artículos de las leyes n.os 19293 y 19334. Y el 17 de octubre, la Suprema Corte de Justicia resuelve desestimar esta excepción de inconstitucionalidad. También es claro que esto fue un recurso que se utilizó para ganar tiempo, para lograr lo que se sabía iba a suceder a partir del proceso electoral, que era la elección del general Manini Ríos como senador. Esto no fue dicho solo por quien habla acá en el Senado, sino dicho y admitido por el hoy diputado Lust en entrevistas, en sugerencias que se le hicieron y, después, en recursos concretos, porque este recurso se presentó y se ganó tiempo. Después, dentro de la carpeta fiscal –a la que accedimos todos los miembros de la comisión– se encuentra, en primer lugar, algo que es absolutamente garantista de la parte acusadora y que es el debate que refiere, fundamentalmente, a que ya no podía avanzar la investigación fiscal por la inminencia de la elección y, en particular, por haber sido electo senador Manini Ríos, en octubre del año pasado. Eso es admitido y señalado como una cuestión garantista por parte de la defensa del senador Manini Ríos y lo señalo, además, porque dentro de todos los cuestionamientos que se han hecho al sistema de justicia, en particular, a la fiscalía, esto que fue dicho en la acusación y que está en actas no fue señalado acá en ningún momento. Y es la misma fiscalía que acusa la que le dio las garantías de que esto se tenía que resolver entre pares, no el fondo del asunto, sino la posibilidad de que la Justicia pudiera seguir avanzando, porque a esta cámara –como bien dice el informe que señala el señor senador Carrera– le corresponde valorar si el pedido del Poder Judicial está debidamente fundamentado, pero sin traspasar a la función jurisdiccional asignada al Poder Judicial. Acá todo lo que se especula sobre las actuaciones de otros órganos del Estado puede ser naturalmente opinable, pero, evidentemente, lo que acá se plantea es si con la decisión política de este Cuerpo se hablita o no a juzgar a un ciudadano, en este caso, con fueros parlamentarios. Y es la cámara, es el Senado el que puede impedir o no, habilitar o no, que esto sea realidad. Naturalmente, si el senador Manini Ríos hubiese cumplido con lo que se comprometió ante la ciudadanía, esto es, no ampararse en los fueros –naturalmente, no lo digo en el sentido de posibilidad propia porque, como acabo de señalar, los fueros son del Cuerpo, antes de que se señale aquí–, este Senado lo hubiese habilitado a comparecer si su voluntad efectivamente era la que dijo y se comprometió ante la ciudadanía. Pero los hechos, los porfiados hechos –como solía decir el general Seregni– dieron demostración de que esto no era así, porque ahora como que empezaron a juntarse dos líneas que estaban separadas. Por un lado, estaba la fundamentación hasta hace muy poquito del senador Manini Ríos de presentarse a la Justicia como un ciudadano más, sin ampararse en los fueros con la línea argumental del diputado Lust, con el recurso que se presentó, con los dichos y las afirmaciones que recién comentaba el senador Domenech, que se hizo en plena campaña electoral acerca de que no iba a concurrir ante la acusación fiscal, y, posteriormente, lo que seguramente sea la decisión mayoritaria de este Cuerpo de impedir, mediante el mantenimiento de los fueros, que el senador Manini Ríos cumpla con lo que se comprometió. Ahora sí coinciden, y también lo hicieron con el argumento de que, eventualmente, la decisión que viene de la Justicia uruguaya y en particular de la fiscalía no es político-partidaria. Es una solicitud que viene para poder seguir investigando. En ese sentido, lo que se consagra o no –insisto– es esa posibilidad. Agrego que sí estaba en juego la posibilidad de victimizarse; ese era un dato de la realidad. Me refiero a la victimización –como una operación vaya a saber de quién y por qué razón– de una persona que tendría un prejuzgamiento por parte del sistema judicial uruguayo. Recuerdo que, en medio de eso, hubo una acción concreta contra el fiscal general que, por suerte –y lo celebro–, no fue acompañada por ninguno de los partidos con representación parlamentaria en el Senado, salvo por Cabildo Abierto. Eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una opinión sobre un fallo o una acción del sistema judicial, sea el que sea, y otra cosa es una embestida contra este. Son cosas diferentes y en eso tengo –y tenemos– que reconocer que hubo acciones distintas. Pero, en este caso, en el fondo había una cuestión de victimizarse. Vaya a saber por qué razones desde el sistema judicial otros actores, que no sabemos quiénes son, querrían perjudicar a un líder partidario y, además, sacarlo del Parlamento, donde la gente lo puso.

Hoy la moción que salió de la Comisión de Constitución y Legislación, y que cada senador tiene a disposición para votar, explícitamente sostiene que, una vez que haya un pronunciamiento de la Justicia, automáticamente el senador puede volver, por supuesto, si no existe ninguna consecuencia judicial. El Senado de la república no puede meterse en una acción que le compete exclusivamente al Poder Judicial. Lo que se va a votar ahora es simplemente que se le suspendan los fueros para poder ir ante la Justicia y si esta –como se ha dicho– no tiene razón para proceder con respecto a lo que hizo el senador Manini Ríos cuando era funcionario del Estado y general, volverá automáticamente a este ámbito. No está presente porque la resolución del Cuerpo establece que vuelve. Por lo tanto, es falso decir explícitamente, a partir de esta moción, que esto es una maniobra, vaya a saber con qué sentido, para sacar a un senador de una función que legítima y democráticamente lo ubicó acá. No. La moción establece lo que acabo de señalar, que es sencillamente que comparezca ante la Justicia como un ciudadano más, ni más ni menos.

Hay varios precedentes que van en esta línea en cuanto a fueros de senadores y diputados que se levantaron por cuestiones mucho menores. Voy a recordar un par de casos. El del senador Bianchi o el del diputado Ezquerra, quienes, circunstancialmente, vivieron accidentes de tránsito y, ante la solicitud del desafuero –similar a este y por medio de una acusación del Poder Judicial–, sin dudarlo, el Cuerpo procedió; en el caso del diputado Ezquerra fue hasta con su propia aceptación en la cámara. Entonces, ante un hecho que, insisto, era algo que a cualquier persona le puede suceder, se procedió como se tenía que proceder. Pero en este caso estamos hablando de la acusación que establece el fiscal ante una omisión grave. Hablamos de dichos, como los que expresó el torturador Gavazzo: «El general Cristi dio la orden de que no se podía por tema de desprestigio del Ejército, no podía darse a conocer que había fallecido un hombre en un cuartel porque iban a decir que lo habíamos matado y no fue así; no fue así. Entonces dio la orden de que lo tiraran en el río Negro, en el campo militar, que allí… ante la represa… bueno, quien tuvo que hacer eso fui… recibí la orden de hacerlo yo; lo hice yo y es lo que les puedo decir». Esto, que aparentemente era sabido, es la primera vez que se confesó de forma expresa. Entonces, ¿cuál es el parámetro para comparar la omisión que señala el fiscal de comunicar a la Justicia una confesión de delito de lesa humanidad y no votar el desafuero con los casos que señalé?

Quiero expresar que tengo la convicción –es algo que no comparto– de que acá va a quedar implícita mayoritariamente la lógica de la gobernabilidad ¿Por qué? Porque el peso que tiene el sector del senador Manini Ríos en el Parlamento es determinante a la hora de las decisiones de gobierno. Esa es la sincera convicción que tengo y que quiero trasmitir. Estoy convencido de que algunos senadores, en caso de no tener que depender de estas cuestiones, votarían este desafuero, como se votaron otros. Esta es mi convicción; es lo que genuinamente pienso. ¿Por qué? Porque sé que se ha diferenciado –como lo dije hace un rato– con la actitud de, por ejemplo, no embestir ante la Fiscalía General de la Nación. Estoy convencido de que esto es así, de que, en el fondo, más allá de los argumentos que se han sostenido, esa es la razón.

Voy a finalizar mi intervención mencionando dos o tres cuestiones.

En primer lugar –hoy lo decía muy bien la señora senadora Kechichian–, hay una cuestión hasta de lenguaje con respecto a cómo se mencionan algunos aspectos referidos a los derechos humanos. Incluso después de tener la información de las circunstancias de la muerte de este ciudadano, se habla de la muerte y no del asesinato; se está abordando esto –no lo comparto– desde un ángulo absolutamente oscurantista, un ángulo que no dice lo que efectivamente sucedió, que fue el asesinato de un detenido.

Digo, además, que circunstancialmente –por razones de edad– a muchos de nosotros nos gustaría tener un abordaje, desde el ángulo que venimos reivindicando desde hace muchos años, de algunos temas militares porque este no es un juzgamiento sobre lo militar. Nosotros valoramos mucho la función de defensa de las Fuerzas Armadas y el rol que cumplen en distintos niveles. Además, la sociedad lo reconoce y uno valora, por ejemplo, la última ley de defensa que se promovió, que obtuvo un acuerdo muy importante. Creo que el sistema político-partidario, integrado por todos los partidos, debería ir en esa dirección. Pero ¿qué sucede? Cuando se recuesta la opinión y se cierra la banda por gente que, en realidad, ensució el uniforme militar –insisto, fueron determinadas personas las que hicieron este tipo de cosas y constituyeron una mínima expresión de lo que es la institución–, se están poniendo vallas que impiden un sano vínculo de todos con instituciones y órganos muy importantes del Estado. Desde ese punto de vista, queremos reivindicar algunas acciones que son fundamentales.

Acá se ha intentado señalar aquella teoría de que son todos iguales. Sin embargo, en materia de buscar esclarecer e investigar las violaciones de los derechos humanos se ha actuado distinto. Estando vigente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y su artículo 4.º, ninguno de los presidentes que gobernaron a partir de su entrada en vigor hasta el año 2005 hizo lo que sí se hizo a partir de ese año: habilitar que la Justicia actuara e investigara, y que lo hiciera libremente.

Acá se utilizaron adjetivos como «execrable» para referirse a individuos como Gavazzo o Silveira. Gavazzo y Silveira, quienes caminaban libremente por las calles del Uruguay hasta el período de 2005 en adelante, cuando se pudo, por decisión política y legítima de un presidente, liberar las manos de la Justicia y comenzar a investigar. Eso no había sucedido antes, y sería muy sano que se reconociera tal cual es, porque así sucedió.

Digo, además, que hay organizaciones que vienen luchando desde hace muchísimos años y lo van a seguir haciendo. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos buscan y luchan por valores que compartimos ahora y siempre: verdad y justicia. ¡Verdad y justicia! Esos valores van a defenderse siempre, porque se demorará más o menos, pero a las causas tan importantes como la verdad y la justicia no va a detenerlas absolutamente nadie, ¡absolutamente nadie! Así como reconocemos a otros pueblos –hace un rato la señora senadora Kechichian mencionaba que hasta el día de hoy se persigue a criminales nazis de guerra por parte de los judíos y se hace un juzgamiento después de tantísimos años; también podríamos hablar del franquismo o de otros regímenes–, las causas de los derechos humanos y su imprescriptibilidad están vigentes, pese a quien le pese, le guste o no le guste. Esas son las cuestiones que este siglo XXI nos trajo, entre ellas, la posibilidad de abordar esto prescindiendo de cuestiones temporales de otras épocas, y poniendo por encima de partidos, orientaciones o decisiones de gobierno cuestiones fundamentales como los derechos humanos. Creo, además, que es imposible seguir afirmando la lógica de los dos demonios, que supuestamente implicaba dos bandos que se enfrentaron, y esa lógica habría sido la que explicara una cantidad de cosas.

Yo pregunto: el maestro Julio Castro –cuyos restos fueron encontrados hace poco tiempo– ¿en qué bando estaba? Él fue asesinado. ¿Cuál era el bando de Julio Castro? ¿Cuál era el bando de Vladimir Roslik, que fue asesinado al final de la dictadura militar y cuyo expediente todavía está en manos de la Justicia? Seguramente no va a faltar oportunidad para debatir, conversar y analizar a fondo el pasado reciente. Siempre estaremos dispuestos a hacerlo, pero lo que efectivamente estamos analizando hoy –y levantaremos o no nuestras manos– es si suspendemos o no los fueros de un senador para que este comparezca ante la Justicia. Es eso.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: he escuchado varias alusiones, pero son personales. Quiero aclarar que no comprometen a mi partido ni a mis compañeros.

Yo no voy a permitir que se juzguen intenciones porque eso está especialmente prohibido por el reglamento, y mucho menos que se me adjudique a mí, personalmente –reitero que hablo por mí–, que es un tema de gobernabilidad; y lo dije públicamente, incluso antes de que llegara la prueba. Acaso ¿yo me pronuncié sobre el fondo del asunto del senador Manini Ríos? No, me referí a lo que era la destitución de los fueros y dije que a mí no me importaba si Manini Ríos levantaba o no su mano, cumpliendo con su promesa electoral. ¡No me importa la actitud de Manini Ríos! Primero, yo nunca levantaría los fueros si no hubiera elementos de formación de causa; segundo, lo de la gobernabilidad es un ataque directo y ¡no lo voy a permitir! ¡Ninguno de nosotros –vuelvo a decir que no quiero incluir a mis compañeros porque ellos saben defenderse solos– jamás cambió este voto! ¡Ni nuestro presidente ni Manini Ríos ni nadie de Cabildo Abierto nos condicionó absolutamente con nada! ¡Si no están acostumbrados a la libertad responsable lo lamento mucho! ¡Nuestro presidente no nos indicó absolutamente nada! ¡O sea que es una ofensa a la ética pública que no se la voy a permitir a nadie! Además, es violatorio del reglamento. Si yo me pongo a juzgar intenciones, podría decir los muertos que están acá, por ejemplo, el de Niboplast, que no es conocido. ¿Se estudió eso? ¿Se investigó? ¿Hubo justicia? ¡Todos queremos verdad y justicia, pero yo hace tiempo, señora presidente, que estoy hablando de verdad justa! ¡Las víctimas, todas, tienen que ser reconocidas!

Gracias, señora presidente.

SEÑOR SANGUINETTI (Julio María).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANGUINETTI (Julio María).- Señora presidenta: vamos a fundamentar nuestro voto en contra de la solicitud de desafuero, en virtud de principios generales que a lo largo de varias décadas hemos venido sosteniendo en situaciones similares que se han ido produciendo en la vida institucional de nuestro país, que, en definitiva, es el valor superior, el valor supremo al cual debemos atenernos y que debemos vigilar celosamente y cuidar en todas las circunstancias.

Por eso mismo, en este caso hemos actuado con prudencia, tratando de no prejuzgar porque, en definitiva, nuestra posición hoy acá es una función jurisdiccional –o prejurisdiccional, si se quisiera decirlo desde el punto de vista institucional–, en que, conforme a los hechos y al derecho, vamos a decidir si puede iniciarse o no un juicio que se ha pedido.

Los cuerpos políticos a veces tienen decisiones jurisdiccionales. El Poder Legislativo no solo ejerce funciones de elaboración legislativa. A veces asume funciones administrativas y a veces también judiciales, del mismo modo que ocurre con los otros órganos. La Justicia no solo dicta sentencias; también administra; hace actos administrativos, que están sometidos a juicios. Y nosotros en este caso actuamos en un ejercicio jurisdiccional.

La Constitución es bien clara en cuanto a lo que tenemos que resolver. Por esa razón, incluso, digo que me atuve mucho a no prejuzgar, pese a que desde que se abrió este debate público, expuse mis criterios sobre el tema de los fueros y de los desafueros. Y lo hice diciendo que no dábamos una conclusión definitiva porque no sabíamos si los hechos eran los que efectivamente habíamos conocido, ya que durante bastante tiempo todo lo que conocimos era solo por la prensa. Me parece que este es el tema básico en la mirada desde la cual personalmente estoy analizando esta situación. Acá el tema estalla ante la opinión pública por una denuncia periodística. No hubo una denuncia del Poder Ejecutivo ni de ningún funcionario del Estado, sino de un periodista.

Quiere decir que, si vamos a discutir si antes hubo o no una situación de ocultamiento o de violación del Código Penal en función de no haber denunciado un delito, esto comprende un ámbito bastante más amplio que el del comandante en jefe, el ministro, el secretario de Presidencia y el presidente. Se extiende al conjunto de una institucionalidad que claramente no formuló esa eventual denuncia. Todo esto se sabe por un fenómeno de prensa. Por eso mismo dijimos que miramos este hecho desde esta perspectiva. Luego veremos cuáles son los hechos y si ratifican o no lo que se ha conocido.

En cuanto al tema de los fueros parlamentarios, me alegro de que en el Senado exista una opinión generalizada, respetuosa y favorable al instituto. Algunas veces ha sido cuestionado por legisladores, otras veces por fiscales, como se señaló hoy. Es más o menos preocupante que un fiscal se pronuncie en contra de una disposición constitucional y de un instituto de esta naturaleza, que hace a las garantías del Estado y que es muy importante. Lo hemos visto en nuestra América Latina; lo hemos visto en nuestro propio país en momentos y en circunstancias diversas. Basta ver los episodios de nuestra hermana República Argentina para comprobar cómo a veces las combinaciones circunstanciales de gobiernos autoritarios y de justicias complacientes pueden significar el condicionamiento de los parlamentos. Y no hablo de ningún momento específico, sino de muchas décadas en las cuales hemos visto ejemplificar en vivo y en directo lo que significa la presión hacia el legislador y, a su vez, la protección que significa el fuero.

De modo que es un instituto histórico, sí, pero vigente, necesariamente vigente. Es un resguardo. Y debemos ser muy celosos para interpretarlo de un modo muy restrictivo. Para mí ese es un punto clave. Acá no hay interpretaciones progresistas o progresivas –como se dice en la hermenéutica jurídica– ni tampoco existe la posibilidad de actuar con un criterio de amplitud, sino de estricta restricción. ¿Por qué? Porque la Constitución nos pide dos tercios. ¿Y por qué pide dos tercios? Todo aquello que se pida por dos tercios es porque la Constitución dice: «esto es grave», «esto es importante», «esto tiene que ser contundente», «esto tiene que ser claro», «esto tiene que interpretarse de un modo estricto y restrictivo».

En el caso media también la circunstancia política de que estamos hablando de un senador que fue candidato a presidente, de un senador electo por el diez por ciento de la ciudadanía. En estos días, Óscar Bottinelli, que es un profesor grado 5 en Sistemas Políticos, ha dicho que un parlamento que se instale desconociendo el diez por ciento de la ciudadanía rebaja su calidad democrática. Más allá de esa connotación, digo que en todo caso sí pone en duda esa situación.

Esto no nos llevaría a pensar que entonces nunca podríamos otorgar un desafuero, en la medida en que siempre nos atuviéramos al voto ciudadano. No es así. Pero ahora estamos ante un caso muy específico. Se trata de un parlamento que recién se instala, de un senador recién electo, de un hecho que se conocía cuando fue votado y de un legislador que fue apoyado por un porcentaje muy significativo de la ciudadanía. ¿Nos impone eso una resolución? No, pero sí nos impone actuar con un criterio muy exigente y muy restrictivo, que es el único modo de juzgar esta situación con las características que se debe.

Se han discutido acá muchos detalles, muchos análisis jurídicos. No los voy a repetir. No vamos a discutir de nuevo con los Aréchaga, porque los propios Aréchaga pensaron distinto, el primero, el segundo y el tercero. Están todos ahí, en la sala Ministros. El último Aréchaga es el único que no fue senador, y con el senador Korzeniak en su tiempo propusimos que se hiciera ese retrato, porque decíamos que los dos anteriores habían sido senadores y el último, Justino, no, pero es el senador 31, como decía Gonzalo Aguirre, porque es el más citado en todos los debates parlamentarios y está siempre presente en nuestras deliberaciones. Además, fue nuestro maestro, el maestro de nuestra generación, y nos marcó muy rotundamente con su sello. Evidentemente, el criterio del primer Aréchaga no era el criterio del último Aréchaga, que veía esto, sí, con un tono jurisdiccional importante.

Vamos, entonces, a los hechos y a los derechos. Los hechos son relativamente claros en cuanto a sus circunstancias fundamentales, no al orden de los detalles y a todos los vericuetos y circunstancias que aquí se han señalado. Pero básicamente, ¿partimos de qué? Nos enteramos por la prensa, es decir que si hubo un ocultamiento, alguien lo había hecho. El fiscal pide el juzgamiento del comandante en jefe. El comandante en jefe alega que sí, que efectivamente conoció el hecho, consultó con el ministro. Él lo afirma; otros lo niegan. En definitiva, son dos circunstancias que se dan allí. Luego está el ministro, desgraciadamente hoy fallecido y que no puede estar opinando aquí, pero en todo caso sus hechos son bastante determinantes y claros en cuanto a que él no reconoce, no alega, no interpone o no informa de una situación de ocultamiento de la cual él hubiera sido víctima. Es decir que, en su propia expresión pública y en su carta publicada, él no hace referencia a eso. Eso, por lo menos, debería instalar un manto de duda sobre quienes niegan la versión del excomandante en jefe, que aquí la hace rotundamente y no tenemos por qué poner en duda su palabra, dado que no hay nada que efectivamente la controvierta. En todo caso, el famoso expediente del tribunal de honor llega al ministerio, y de ahí va a Presidencia. Este es un hecho objetivo. El ministro de la época va con dos profesionales a Presidencia a entregar el expediente señalando que había allí esa denuncia. Este sí es un hecho rotundo e incuestionable. El secretario de Presidencia tomó conocimiento personal de eso con la presencia del ministro y dos profesionales. Es decir que este hecho es determinante, a mi juicio, en cuanto al juzgamiento de la situación.

Luego está la firma del presidente aprobando el tribunal. Acá viene el debate de si se leyeron, si no se leyeron las actas; bueno, yo diría que ese es un tema, si se quiere, anecdótico y no relevante a los efectos de la decisión, porque lo que importa es que se homologa y no se dice: «Homológuese y pase esto a la Justicia» ni, por cuerda separada y en el mismo acto, se dice que se pase la denuncia a la Justicia. Esto no ocurrió. Estos son los hechos más sencillos; después podemos buscar todas las connotaciones, vueltas y circunstancias que aquí se han dicho y que respeto en todo sentido. Claramente, a mi juicio esto es lo que corresponde juzgar.

¿Ha habido en este ocultamiento intención criminal? Porque lo que importa es eso. Cuando uno habla de formación de causa criminal, habla de intención delictiva. En nuestro derecho liberal no hay delitos objetivos; los delitos requieren de una intencionalidad criminal. Recuerdo que eso fue lo que dijimos en su momento cuando el episodio de Nin Novoa que hoy se recordaba. Y dijimos que el pedido de la Justicia que viene aquí comprueba un hecho sí cierto: aquí hubo un ocultamiento. ¿Hubo una intención criminal del senador de la época? No la advertimos, porque no se veía una situación ni de beneficio particular ni de beneficio personal, y el ocultamiento de aquella declaración jurada era claro, era rotundo. La fiscalía tenía razón y, sin embargo, nosotros juzgamos distinto, porque nosotros tenemos que juzgar con un criterio mucho más restrictivo, desde que estamos acá representando a la ciudadanía y juzgando a alguien que la representa. Vamos a enervar ese voto del ciudadano y vamos a diluir o a desconocer ese voto ciudadano solo en la medida en que sean muy fuertes las circunstancias. Y acá no lo son. ¿Dónde está la intencionalidad criminal? Y si la está, la está para todos. Esto es lo que me mueve a pensar que este dictamen del fiscal no tiene un equilibrio ni una convicción suficientes como para que, personalmente, como senador, me sienta en la voluntad de acordar ese desafuero.

Digo aquí al pasar que en lo personal nunca he hecho cuestión de partido en esto. Por eso mismo fui dando mis opiniones y nunca le informé a mi autoridad partidaria ni puse en debate la situación. Y respeté las diversas posiciones de los compañeros, entre las cuales hay de todo tipo. Creo que es un tema de conciencia; cada uno va a ejercer esta función con toda la responsabilidad institucional que corresponde.

Yo diría que no veo aquí una intencionalidad criminal; no veo aquí la intención de ocultamiento. No veo a un comandante en jefe que esconde; que demora por las circunstancias señaladas, sí. Pero después, ¿arrancó la hoja?; ¿ocultó? No es así. El expediente llega al ministerio y el ministerio lo lleva a Presidencia. Y si el fiscal no le pide cuentas, por lo menos, al secretario de Presidencia, a mí personalmente me invalida totalmente la calidad de esa solicitud. Me la invalida o, por lo menos, me pone la duda, cosa que me basta. A mí me basta la duda, ya que estamos ejerciendo una función jurisdiccional y no podemos suspender el fuero de alguien que ha sido electo por el diez por ciento de la ciudadanía simplemente porque nos parece.

Entonces, más allá de todos los debates, que respeto y entiendo, y de todos los alegatos que aparecen alrededor, acá estamos mirando simplemente un expediente de una eventual –digamos– renuncia a denunciar un determinado delito que ocurrió en circunstancias en las que no había consecuencias de hecho ni, fundamentalmente, de derecho. No estábamos hablando de un criminal perseguido que pudiera evadirse, sino de alguien que ya estaba preso y condenado –bien preso y bien condenado– por todas las barbaridades que había cometido en la vida. De modo que no estamos tampoco ante un episodio en el cual la premura o la demora iba a tener una consecuencia fundamental desde el punto de vista del juicio y de la Justicia. Nada de eso. Era alguien notoriamente condenado por todos los episodios, incluso por este mismo que aquí aparecía y que, como se ha señalado con verdad, era ya conocido. De modo que estamos en esa situación.

Por todas estas razones, entonces, muy claramente decimos que tenemos la convicción de votar con tranquilidad y conciencia, con sentido de responsabilidad institucional, sintiendo que le hacemos bien al funcionamiento de las instituciones, al negar este desafuero. Preservamos celosamente lo que es la independencia de criterio de estos cuerpos legislativos y de estos cuerpos parlamentarios. Lo hacemos con ese sentido de responsabilidad, señora presidenta, con conciencia y voluntad de sentir que estamos sirviendo a la gran causa que todos tenemos que servir: la vigencia de las instituciones y la paz de la república.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

El artículo 114 de la Constitución dispone: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa…». O sea que estamos frente a un instituto de tradición universal que no puede depender de la simpatía o de la antipatía que genere el legislador involucrado. Fue establecido para amparar la libertad del Parlamento, protegiendo, por supuesto, a los legisladores de eventuales persecuciones de los otros poderes del Estado.

Solo corresponde votar el desafuero cuando se entienda que hay lugar a la formación de causa. Cuando la cámara declare al legislador suspendido de sus funciones, recién allí deberá asistir a los tribunales. Todos hemos coincidido en que el fuero no es del legislador; es la cámara la dueña del fuero. Por lo tanto, que un legislador al que se le pide el desafuero diga que no quiere protección del fuero porque no tiene nada que ocultar es una mera opinión personal que carece de todo valor jurídico para la cámara. ¿Qué más va a decir un hombre? No puede decir otra cosa, ni por conciencia ni por orgullo, pero tampoco por su propia conveniencia; decir lo contrario sería casi como una confesión de culpa. Es más, señora presidenta, yo me animo a afirmar con contundencia que la protección es a la expresión de voluntad del ciudadano que votó determinado representante. Si un legislador queda afuera de la cámara, lo que en realidad queda afuera es la óptica que ese legislador está representando. Cada asunto que se trate en ese período se va a perder de la riqueza de esa óptica. Alguien podrá decir que entra un suplente, pero todos sabemos que la ciudadanía vota orientaciones, pero fundamentalmente vota personas; no es lo mismo cualquiera y eso lo sabemos todos. El ciudadano vota a un candidato para que lo represente. Entonces, para tomar la decisión de sacar a un legislador de la cámara, hay que tener clara conciencia de la delicadeza y trascendencia que tiene la decisión. No se está perjudicando o beneficiando a un individuo, sino que se está alterando la mejor representación de un conjunto de ideas y de los grupos que las impulsan.

Creo, señora presidenta, que esta realidad nos debe hacer extremar el cuidado con que tomamos la decisión. Se debe medir con claridad la consecuencia de este hecho. No hay lugar para la ligereza ni para la superficialidad en una decisión de este tipo. Acá hay que actuar con objetividad, hacer una calificación racional de los hechos y juzgar si hubo o no intención delictiva. Eso es lo que motivará nuestro voto a favor o en contra del desafuero. Acá no se vota por convicciones políticas, sino en base a consideraciones jurídicas. Hay que cuidarse de no caer en la judicialización de la política. Entonces, veamos los hechos.

El 13 de octubre de 2018, ante el tribunal de honor el exmilitar Gavazzo declara que en 1973 arrojó al agua los restos de Roberto Gomensoro. Luego, el ministro Menéndez eleva al expresidente Tabaré Vázquez las actas del tribunal de honor del caso Gavazzo, que había recibido del general Manini, con un informe de este con severos cuestionamientos a la Justicia. La intención del entonces ministro era presentar una denuncia penal, por lo que pidió a dos abogados de la cartera que analizaran las actas y vieran qué margen de acción había frente a la denuncia judicial. Al día siguiente, se reúnen el presidente y el ministro, y Vázquez le solicita al señor ministro que hable con el secretario de Presidencia. Toma y Menéndez se reúnen pocos días después; el ministro va acompañado de dos asesores y lleva el expediente completo que contenía las actas con la confesión de Gavazzo. El ministro de Defensa Nacional se llevó todo a su despacho para cumplir la orden. Esto es importante porque ese fue el relato del presidente Vázquez. Lo cierto del caso es que pasados veinte días no se había hecho la denuncia, aseguró el presidente. El presidente señaló que se enteró que no se había hecho la denuncia por una nota de El Observador y dijo que esta lo tomó por sorpresa. Reconoció que no había leído todo el expediente porque no siempre se pueden leer los cincuenta expedientes que se firman todos los días. Yo pregunto cuál es la razón por la que Vázquez se contradice. ¿Por qué dice haberse enterado por el diario y luego admite que Menéndez lo había enterado del asunto? Al periodista Pereyra le dijo una cosa; al fiscal Morosoli, lo contrario. ¿Cómo fue que nombró después –esta pregunta se la han hecho todos nuestros compañeros de la coalición– al comandante González o al general González como comandante en jefe, si era corresponsable de ese ocultamiento?

Claramente, señora presidenta, la intención era no denunciar nada ni sacar a relucir nada. Todos allí querían solucionar el caso de Gómez y sancionar militarmente a Silveira y a Gavazzo. Todos estaban del mismo lado en este caso. Tal vez eran socios de una misma necesidad. Por lo menos todos compartían los mismos objetivos. Repito: los dos querían subsanar lo de Gómez y los dos querían sancionar militarmente a Gavazzo y a Silveira. Claro, después, cuando viene la pelea, el que no lee es uno y el culpable es el otro.

Pero… los hechos: las actas del tribunal contenidas en el expediente pasaron por la secretaría de Estado y, evidentemente, el subsecretario y el ministro tienen acceso a ellas, al igual que el presidente de la república. Al mismo tiempo, el presidente homologó el fallo del tribunal de honor, pero lo hizo con reservas. Como dijimos, cuestionó que solo se pasara a reforma a esos militares por haber dejado que otro oficial hubiera estado tres años preso por el referido asesinato a Gomensoro, a pesar de que sabían que era inocente, y no por la condena judicial que tienen por veintiocho homicidios. Pero Vázquez, en su homologación, no dijo nada sobre la confesión de Gavazzo respecto de haber tirado a Gomensoro al río Negro.

El 12 de marzo de 2019 –continuamos con los hechos–, dos semanas antes de que estallara el escándalo por la publicación de las actas en El Observador, Vázquez destituye a Manini como comandante en jefe porque criticó al Poder Judicial en un escrito que adosó a las actas del tribunal de honor. Vázquez, ese día, cuando se reunieron, tenía el expediente arriba del escritorio, y otra vez se olvidó de Gavazzo. Destituye a Manini porque critica a la Justicia, pero no por la supuesta omisión de denunciar. Homologó sin comentarios sobre las confesiones de Gavazzo. Destituyó sin comentarios sobre las confesiones de Gavazzo. Destituyó sin cerciorarse de que la denuncia hubiere sido realizada. Cuando homologó, no se acordó de Gavazzo, y cuando lo destituyó tampoco se acordó de Gavazzo.

El 1.º de abril el ministro Menéndez envió una carta al presidente que tenemos todos. Le dice que después de haberse reunirse con él, se reunió con Toma acompañado de dos profesionales. Le dejó el expediente del tribunal de honor que le había elevado el general Manini a Toma en la Secretaría de Presidencia –detalle no menor porque contradice lo que antes habíamos manifestado–; le dice que desde el 6 de marzo estaba en uso de licencia por enfermedad y que presentaba la renuncia por razones de salud. O sea que según el ministro Menéndez el expediente quedó en poder del doctor Toma para su estudio y para informar al presidente.

En este punto prefiero, o quiero, pecar por exceso de cautela que por temeridad. El ministro Menéndez siempre fue un hombre respetable y cuidadoso de la forma al extremo y tengo constancia de ese proceder como innato a su persona. No haré ni admitiré –no debemos admitirlas– suposiciones acerca de sus acciones y la razón que las impulsó. Con respeto debemos manejar únicamente lo que dejó documentado. En mi caso siempre lo aprecié mucho como compañero de la cámara, como viceministro de Defensa Nacional y luego como ministro. Por eso no voy a incorporar estos hechos conocidos: la negativa de la familia a recibir los homenajes de ministro de Estado y ese detalle, que no sabía, de que había sido la familia la que le había pedido al presidente que no asistiera. A mí me había sorprendido que el señor presidente ese día eligiera viajar a Anchorena en vez de estar donde yo entendía que debía estar, pero ahora comprendo más.

Lo objetivo acá es que Toma declaró al fiscal Morosoli que pidió el expediente al ministro, que en ese momento era Montiel, y eso es contradictorio con lo afirmado por el ministro Menéndez en su carta. Toma había negado al diario El País que el 20 de febrero estuviera en conocimiento de la confesión, pero para la fiscalía no hay dudas de que sí estaba en conocimiento y no tiene dudas de que ocurrió. Consultado entonces por la reunión mantenida con el exministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y dos asesores de la cartera, Toma respondió: «… lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie». Según la investigación de El País, el material estaba a disposición de la Secretaría de Presidencia desde la segunda quincena de febrero, incluso con la sugerencia de Menéndez de presentar una denuncia penal por este hecho.

Así que repasemos: Vázquez, en una entrevista que concedió al periodista Gabriel Pereyra en VTV, el 2 de abril, poco después de desatado el escándalo, la explicación que dio fue que no sabía nada de las confesiones de Gavazzo, que lo supo cuando la divulgó El Observador y que había firmado el fallo del tribunal sin haber leído la totalidad de sus actas; solo había leído el fallo donde no se decía nada de las confesiones. Sin embargo, el propio presidente Vázquez entrevistado por el fiscal Rodrigo Morosoli, el 4 de junio de 2019, da una versión distinta. Allí contó que antes de que la noticia saliera a la prensa en febrero de 2019, tuvo una reunión con el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y relató que el hoy fallecido secretario de Estado le dijo que no quería homologar el fallo del tribunal a Gavazzo y Silveira. El fiscal Morosoli le preguntó si el ministro Menéndez en esa oportunidad ahondó en las confesiones que Gavazzo vertió en esas audiencias del tribunal de honor respecto a la deposición del cuerpo de Gomensoro, detenido desaparecido en marzo de 1973 o algunos detalles sobre enterramientos. Y Vázquez respondió que sí, efectivamente. El fiscal le preguntó si recordaba lo que le dijo, a lo que contestó que en ese tribunal había existido una disputa entre Silveira y Gavazzo referido a un par de hechos ocurridos durante la dictadura; que la muerte de Gomensoro y lo que pasó se lo comentó Menéndez y también que se había mencionado el caso Gelman. Dijo, no sé si ahondó, pero sí que me lo comentó, efectivamente me lo comentó. Como se ve, Vázquez dio dos explicaciones diferentes: en una oportunidad que no sabía nada del tema y otra vez que el ministro Menéndez se lo había comentado antes.

El señor presidente toma medidas y destituye al nuevo comandante y a los miembros del tribunal de honor y da de baja en total a seis generales. El ministro Bayardi envía el expediente con las setecientas fojas, las actas y el expediente completo del tribunal de honor al Parlamento.

La noticia del diario El Observador de la declaración de Gavazzo es del 30 de marzo de 2019. ¿Recién entonces se hace la denuncia penal? El general Manini Ríos declara ante el fiscal Morosoli Díaz el 25 de junio de 2019.

En setiembre del mismo año los diarios anuncian la voluntad del fiscal Morosoli de formalizar al general Manini Ríos y las elecciones eran en octubre.

Los primeros días de octubre el fiscal Morosoli pide la formalización solamente de Manini Ríos y deja fuera de toda responsabilidad al doctor Toma, a los asesores de Presidencia que habían recibido el expediente de manos del ministro y también al propio presidente. Esto –lo repito– sucedió en octubre, en el mes de las elecciones.

Uno se pregunta por qué el fiscal Morosoli no responsabiliza a Vázquez. Dijo que no había mérito y lo archivó. ¿Dónde está la nota que explica los fundamentos de esa decisión absolutoria del presidente y el secretario Toma? Yo no encontré esa nota; la he estado buscando y él debió fundamentar, porque el artículo 98.1 del nuevo Código del Proceso Penal así lo dispone. Exige fundar y comunicar al denunciante, en este caso, al Poder Ejecutivo. ¿Dónde lo hace? Alguien me puede decir bueno, Vázquez no era imputado. Entonces, pregunto por qué declaró asistido de su abogado, el doctor Gonzalo Fernández. Es más: Toma también declara, asistido por el doctor Gonzalo Fernández. En todo lo demás, se aclara expresamente su condición de testigos. En estos no, por lo cual queda absolutamente clara su condición de imputados. Entonces, la omisión es clarísima. El fiscal incurre en una falta administrativa grave; también oculta y actúa con un claro sentido electoral. ¿Es casualidad que se haya olvidado de Vázquez, de Toma, de fundamentar, y que solo acuse a Manini? Y eso que a esa altura nadie conocía todavía el expediente de Gilberto Vázquez, escondido desde el 2006; ¡catorce años sin ver la luz! Allí Gilberto Vázquez confiesa que ejecutó, apremió, torturó y mató, pero no lo leyeron. Dicen que no lo leyeron. Le hicieron un tribunal de honor a Gilberto Vázquez y no los sorprendió. ¡Ni siquiera el nombre los invitó a leer!

El numeral 27 de la homologación del presidente Vázquez cita el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor. Allí dice que las actuaciones de los tribunales militares se deben detener cuando hay delito. Quiere decir que en eso que Vázquez homologó existía la confesión de un delito. ¿Ni siquiera eso los llevó a leer? Claro, quizás buscando para no encontrar, porque donde estaban las cosas, ¡no leyeron! Sinceramente, esto no es creíble. ¿Casualidad? ¿El mismo presidente ocultando las mismas cosas con el mismo modus operandi? En las actas del 2006, Gilberto Vázquez declaraba: «Además, Bertolotti me decía que esto es un compromiso de Vázquez con Kirchner y no se puede aguantar porque estamos comprometidos por el tema de la energía, esto no hay forma y hay que arreglarlo de otra manera. Entregar las cuatro cabezas, esto es un tema indefendible porque es un tema jodido o la única solución es sacarlos del país». Un canje de milicos por energía; me hace acordar a aquello de unos presos de Guantánamo por naranjas o al otro que lo cambiaron por las turbinas. Estas casualidades se les dan bastante seguido. ¿Será casualidad que no leyeron las confesiones los cambios? El libro Encontrando a los desaparecidos, de Álvaro Alfonso, tiene cosas interesantísimas. Ese libro fue publicado en agosto de 2006. Las fechas son importantes acá: agosto de 2006. Ahí se da cuenta de una reunión del 20 de julio de 2005 en la que Bertolotti aclara que el Ejército dejará que todos los militares implicados en hechos de lesa humanidad comparezcan ante la justicia civil. Está en la página 30, si quieren buscarlo. El libro se publica en agosto. Esa reunión, reitero, es del 20 de julio de 2005, y después hay otra, del 24 de abril de 2006, el mismo año del libro. Dice que existió una reunión en la que, para evitar la extradición a la Argentina –parece que estaba bravísima la cosa en Devoto–, se tenían que hacer responsables de lo de Soba e irían presos a una cárcel especial en un cuartel por un período de ocho años. Ahí el libro vio la luz, salió. ¡Qué casualidad que se hicieron responsables! ¡Qué casualidad que fueron condenados por ese período! ¡Qué casualidad que fueron presos a una cárcel especial en un cuartel! ¡Y qué casualidad que una empresa estaba construyendo una cárcel especial adentro de un cuartel, cosa de todos los días seguramente! Esto también aparece –les aviso por las dudas– en las declaraciones de Gilberto Vázquez que el doctor Tabaré Vázquez homologó. O lo de la fiscal Guianze, que justo se olvidó del tío. ¡Casualidades! Se acordó de Tróccoli, de Larcebeau, pero se olvidó del jefe del Fusna de 1976, que casualmente era su tío, Carlos Guianze, que casualmente fue el que ascendió a Tróccoli, y casualmente la única hoja que faltaba en el expediente, según el abogado Galiani, era la que daba cuenta de que Carlos Guianze interrogaba y torturaba junto con Tróccoli. Creo que el Frente Amplio, señora presidenta, debe explicar, y no a mí –no a mí–, sino a Valenti. Valenti dijo que en su vida había sentido tanta vergüenza. Opinó que si al Frente Amplio le quedara un poco de honor debería convocar a un comité de disciplina. «Contribuí a la elección de Vázquez, me arrepiento». «Lean lo que dijo Gilberto Vázquez con el nivel de zócalo. Se me revuelve el estómago». Sigue: «Todos aquellos arrastrados que quieran seguir defendiendo este tipo de conductas, esto es lo peor que he visto desde que existe el Frente Amplio, que no tiene nada que ver con el verdadero Frente Amplio».

Más muestras de ocultamiento deliberado y sistemático no pueden existir. Se podrá gastar la saliva del mundo. Esto es impresentable.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Bayardi le está pidiendo una interrupción.

SEÑOR BOTANA.- Al final se la concedo, señor senador.

El doctor Gonzalo Fernández, señora presidenta, ya había anticipado esa conducta en 1997. El 27 de marzo de 1997 el doctor Gonzalo Fernández llevó la voz cantante en el tema derechos humanos durante la administración de Tabaré Vázquez. Escribió un artículo en el semanario Brecha fijando su posición que para nada se condice con la postura que esgrimieron en 2005. Dice el doctor Gonzalo Fernández: «Como jurista debo atenerme a la caducidad y sepultar fantasías penales. De ahí que no alcance a percibir el sentido de esta nueva denuncia empecinada en recorrer a una vía muerta […]. Pedirle a un juez que salga a remover tumbas por los cuarteles constituye una utopía jurídica». Añadió que el capítulo penal de los militares está definitivamente clausurado. Creo que esta nueva denuncia solo contribuye a entorpecer una salida institucional. Enrarece el clima y obstruye una salida política».

Señora presidenta: Manini Ríos ha sostenido que no ocultó nada. Por un lado, las confesiones estaban en las actas y quien leyera el expediente completo podría conocerlas. Además, ha señalado que él informó al ministro Menéndez de los dichos de Gavazzo y Silveira.

Como se dijo, en la carta de renuncia del 1.º de abril –diez días antes de su fallecimiento– Menéndez dejó establecido que en febrero informó del contenido del tribunal a Presidencia. El exsubsecretario de Defensa Nacional, Daniel Montiel, declaró ante el fiscal que cree que Manini Ríos le comunicó al exministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, sobre las confesiones de José Nino Gavazzo el día que le fue a entregar el expediente con el fallo, el 14 de febrero. El fiscal pregunta: «Entonces, cuando el 14 de febrero, el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se presenta en el despacho del ministro, presenta el expediente, los fallos y sus consideraciones personales sobre la necesidad de homologar dichos fallos, ¿no verbalizó, eh, o no hizo hincapié, o no llamó la atención al ministro sobre el contenido mismo del expediente?». Montiel responde: «… le dice, obviamente, porque lo trae en el fallo, le dice que está el tema Gomensoro. Eso es lo que yo interpreto de aquella charla que le dije al principio que tuve con el ministro cuando dice “Mirá, vino el comandante, me trajo los fallos, acá está el tema Gomensoro, realmente es impresentable esto”. Entonces, me dice “Me siento mal del estómago por lo que estoy viendo y leyendo”». La reunión entre Manini y Menéndez fue a solas y, según está consignado, duró apenas diez minutos.

A mí también me consta que el propio Manini le manifestó, en idéntico sentido, a uno de los integrantes del tribunal de honor –que lo consultó acerca de si había informado de estos contenidos al señor ministro– que en la oportunidad le había señalado al señor ministro que el documento contenía elementos a los que se debía poner atención. Esas, exactamente, fueron las palabras.

Es así, señora presidenta. Por estas razones entiendo que claramente no se violenta el artículo 177 del Código Penal, que el fiscal considera infringido. En todo caso, si aquí hubiere alguna acción tardía, no existe razón alguna que nos haga suponer que hubo intención delictiva. Además, si hubiera acciones tardías, más tardías hubieran sido, por lo menos, las del secretario de Presidencia, Toma, y las del propio presidente de la república.

Entonces, parece evidente que si el general Manini tuvo alguna responsabilidad a la luz de estos hechos, si de demoras o de retardos estamos hablando, el secretario de la Presidencia, doctor Toma, y el propio presidente de la república son muchísimo más culpables.

Así, señora presidenta, por lo expresado y en cumplimiento del artículo 8.º de la Constitución, que consagra el principio de igualdad de las personas ante la ley, teniendo en cuenta que el fiscal consideró que ninguno de los otros involucrados en el hecho había incurrido en el delito indicado en el artículo 177 del Código Penal y pretendió responsabilizar solamente al senador Manini Ríos, no habremos de votar el pedido de desafuero.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- He tratado de colaborar con la señora presidenta de una manera descomunal, tratando de dejar pasar una cantidad de alusiones, pero hay un momento en que la gota derrama el vaso.

En realidad, aconsejaría a algunos señores legisladores que cuando conversen con algunos periodistas tengan cuidado, porque yo le dije en la cara al periodista que algunos de sus colegas han sido alimentados con lo peor de los servicios, ¡con lo peorcito! No es de ahora, porque esta historia la conozco ya desde 2004 en adelante, por lo menos. Así que estar repitiendo las cosas que se ponen arriba de la mesa, que tengo la sensación de que son transmitidas por el mismo periodista, no viene bien. Aclaro que estoy diciendo esto porque ya se lo expresé públicamente al periodista en un programa de televisión.

La otra consideración que quiero hacer es que, salvo la voluntad expresada por el doctor Jorge Batlle con la conformación de la Comisión para la Paz, en este país antes no se leían expedientes ni actas. No había un solo expediente ni un acta para leer. ¿Por qué? ¡Porque no se había hecho nada para avanzar en materia de verdad y justicia! Ya la señora senadora Kechichian habló de lo que se tuvo que hacer desde que el Frente Amplio llegó al Gobierno.

Yo entiendo que hubo contextos en los que de repente se dificultaba hacer más cosas, y en los contextos se fueron abriendo espacios. Yo espero que este Gobierno –ya lo dije en la comisión a la que asistí– haga el doble, el triple, o diez veces más de lo que hizo el Gobierno de mi partido político para avanzar en esto, pero venir a cuestionar eventualidades y decir que acá se actuó con ocultamiento o con oscurantismo es contrafáctico. Alcanzaría con reflexionar un poco para saber que va, no contra los hechos, sino contra el sentido común.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑORA PRESIDENTA.- Le comento, senador Botana, que le quedan tres minutitos. No sé cómo quiere administrar usted el tiempo.

SEÑOR BOTANA.- Le concedo la interrupción al señor senador Da Silva, pero necesito hacer una aclaración brevísima.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien, pero recuerde que estamos siendo inflexibles, tal como lo acordamos en la coordinación.

Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Voy a hacer una aclaración muy cortita.

Contrafáctico es el doctor Cipriano Goñi, subdirector general del Ministerio de Defensa Nacional, que encontró todos los expedientes que estaban durmiendo por ahí.

Hay una canción de un grupo argentino de cumbia, llamado Damas Gratis, que tiene un título muy bueno, que viene ideal para este momento, que dice: No te creas tan importante.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: la crítica que me hace el señor senador Bayardi con relación a lo publicado por el señor Álvaro Alfonso en el libro Encontrando a los desaparecidos, me hace pensar que si no estuviere bien documentado, Álvaro Alfonso sería adivino, porque en agosto de 2006 habla de reuniones de 2005 y de mayo de 2006. Y los hechos, a partir del 24 de setiembre de ese año, sucedieron exactamente de la manera que él lo señaló: fueron presos a una cárcel que alguien construyó especialmente, por un período de ocho años, no fueron extraditados a la Argentina. Es decir que si estuviera adivinando, el país debería confiar mucho en todas las predicciones del señor Álvaro Alfonso.

Muchas gracias, señora presidenta.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 1.° de octubre del corriente.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Germán Cardoso ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Pintado, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) MOCIÓN DE DECLARACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Los señores senadores Oscar Andrade, José Bayardi, Carmen Beramendi, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, José Mujica, Daniel Olesker y Lucía Topolansky presentan una moción de declaración por la cual el Senado de la república se expresa sobre una nueva violación al cese al fuego acordado en 1994 entre las Repúblicas de Azerbaiyán y Armenia por Nagorno Karabaj.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES».

(Texto de la moción de declaración).

11) GUIDO MANINI RÍOS. SUSPENSIÓN DE LOS FUEROS PARLAMENTARIOS

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado retoma la consideración de la solicitud de suspensión de los fueros del señor senador Manini Ríos.

SEÑORA BERAMENDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, voy a afirmar con total convicción que, dado el fundamento expresado de manera mayoritaria por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, efectivamente hay lugar –ese es el nudo del debate– a la formación de causa al señor senador Manini Ríos y a la suspensión del ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga.

A esta altura del debate ha habido una serie de consideraciones –en algunas de las intervenciones más recientes, pero sobre todo la última– en las que aparece algo muy similar a un programa que es bastante lamentable, que se llama Cosa juzgada, y que, frente a dos o tres datos extraídos de distintas realidades, intenta establecer un juzgamiento a personas que hoy no son objeto, justamente, de lo que esta cámara tiene que tratar de ponderar. En ese sentido, rechazo profundamente el carácter de esa intervención acusatoria al expresidente de la república y al exsecretario Toma.

Quiero aportar al debate algo que creo de alguna manera está presente en esta cámara en torno al tema de los derechos humanos y las conceptualizaciones que hay detrás; lo quiero hacer en esta sesión en clave contemporánea reconociendo, señora presidenta, que tiene un entramado histórico que es lo que da sustento a lo que intento fundamentar.

¿Por qué es importante como Estado pertenecer al derecho internacional de los derechos humanos y qué relación tiene esto con nuestras democracias y con nuestro debate? Intentaré abordar este aspecto.

Por un lado, propongo una síntesis del surgimiento y de la importancia, a través de investigaciones que demuestran que los regímenes internacionales de los derechos humanos han promovido en el mundo democracias más respetuosas de tales derechos y han tenido también incidencia en la violación de los derechos humanos cuando esta se comete. Soy plenamente consciente de que el discurso de los derechos humanos se puede construir desde distintas ópticas y de que, como todo lo que expresamos en nuestro lenguaje, es siempre una construcción histórica contextualizada, signada a través de luchas que son tanto políticas como simbólicas. Al decir de Elena Fontela, el lenguaje, el discurso de los derechos humanos resulta de combinaciones de signos que son jurídicos, lingüísticos, de palabras e imágenes, símbolos, fantasías que le dan sentido a un discurso que es convencional. El asunto, entonces, es cómo nos apropiamos de lo simbólico, pero también de la articulación entre el discurso y la práctica. El discurso puede siempre construirse desde distintas perspectivas y ópticas; yo elijo hacerlo desde el involucramiento de la perspectiva crítica que apunta al potencial transformador de los derechos humanos que describen autores como Douzinas y Vázquez en 2016.

Mi reflexión quiere estar puesta al servicio de una política emancipadora y progresista, por lo que creo en los derechos humanos como un enorme potencial transformador. Pero los derechos pueden llegar a ser significantes totalmente vacíos y solo se construyen y se los puede construir cuando se los dota de sentido. Yo puedo representar, por ejemplo, en este Cuerpo, mi idea de libertad, cuando se me la niega, cuando se niega la forma en la que operan los poderes sociales que limitan esta libertad; puedo hablar en este Cuerpo de mi derecho a la salud, cuando me falta; puedo hablar de mi derecho al trabajo; a la comida; a la libre circulación; también puedo llegar a expresar el derecho a tener derechos, como hace mención Hannah Arendt, que considera que estos derechos se reconfiguran cuando se pierden. Y de esto, ¡si sabremos como pueblo!, señora presidenta. Tener derecho a ser juzgado con todas las garantías que no tuvimos quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado y sí las tiene el legislador al que hoy deberíamos votar el desafuero; con todas las garantías del debido proceso que no tuvimos quienes sí somos responsables, también, de crímenes por las cuestiones que hicimos –asumo eso con total responsabilidad–, responsables en términos colectivos por cuestiones que hicimos, pero que estuvimos condenados y no tuvimos ninguna garantía del debido proceso.

Me importa hacer un poco de historia, también, de por qué traigo esto del derecho internacional de los derechos humanos, violentados y que aparecen realmente con mucha potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron las atrocidades cometidas durante este período las que hicieron patente la necesidad de reflexionar sobre la protección de las personas. No me voy a detener en un desarrollo histórico de esto porque excede las posibilidades debido al tiempo que tenemos, pero sí quiero decir algo del contenido de la Carta Internacional de Derechos Humanos y de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente, sobre los artículos 1.° y 55. Allí sobresale la preocupación por los derechos humanos y una atención especial por evitar la discriminación por razones de raza, sexo, idioma o religión. Sin embargo, al tratarse de menciones generales a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, de esos artículos no se desprendieron derechos específicos y mucho menos obligaciones que los hicieran efectivos. Lo que sí existió fue una clara intención de marcar un rumbo hacia el establecimiento de un orden público internacional que regulara a los Estados para prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional de los derechos humanos fue entonces el resultado de un proyecto para crear un orden público internacional que se tradujo en la creación de normas, de mecanismos de control, procedimientos para promover y proteger los derechos humanos. Todo esto, hoy es acusado de foráneo en esta cámara. Al menos la intención era clara: la protección de los derechos no podía dejarse únicamente a los Estados, sino que la comunidad internacional debía intervenir para asegurarlos. No solo los Estados habían demostrado que no podían protegerlos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que las violaciones a los derechos humanos de un país tienen el potencial de minar su eficacia en otros lugares. Por lo tanto, señora presidenta, cuando los Estados no pueden garantizar los derechos humanos, que exista una comunidad internacional que los esté observando es fundamental para la protección de las personas.

La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 resolvió –por lo menos parcialmente– la cuestión relativa a la identificación de los derechos humanos. Sin embargo, el avance hacia el reconocimiento de los derechos de igualdad de sectores históricamente desfavorecidos fue gradual, pausado, a pesar del reconocimiento del derecho a la no discriminación. Creo que es muy importante señalar que el derecho internacional de los derechos humanos tiene una naturaleza distinta, en la medida en que, si bien los tratados son firmados entre los Estados, los derechos y las obligaciones que se derivan de ellos no son en beneficio de otros Estados, sino de los individuos que integran cada una de las naciones firmantes, atendiendo al objetivo básico que es la protección de la persona.

El derecho internacional de los derechos humanos ha sido histórica y profundamente caro para Uruguay, y ha sido parte de un derecho internacional público que en muchos casos nos ha enorgullecido. Entre las principales claves que plantea el derecho internacional público, está la de que todo tratado en vigor debe ser cumplido de buena fe por las partes; el principio de primacía del derecho internacional que establece que una parte no podrá invocar disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado; el principio de interpretación de buena fe que establece que un tratado debe interpretarse de conformidad con el sentido corriente de los términos y el contexto, teniendo en cuenta su objeto y su fin.

Uruguay tiene una larga historia de unirse al multilateralismo, en una apuesta a un sistema internacional basado en reglas, en el reconocimiento de las víctimas y en el rechazo de las atrocidades del nazismo, entre tantas otras. Por esto, creo que la insistencia en torno a las expresiones de lo foráneo alude a algo que, precisamente, hoy me resulta impensable si lo pienso en escasos años atrás. Siento que asistimos a un tipo de discursos impensables, que permanentemente están cuestionando el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman versus Uruguay en la que se establece con total claridad: «El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia».

El derecho internacional de los derechos humanos también se distingue por los sujetos –tan denostados en la discusión del día de hoy–, que son las propias organizaciones no gubernamentales, como actores fundamentales en su desarrollo, que no solo impulsan las firmas de los tratados, sino que muchas veces se han constituido en vías de acceso a la información para los órganos de protección respecto del comportamiento de un Estado y los canales principales para la presentación de peticiones ante violaciones individuales de los derechos humanos.

Finalmente, me resulta importante destacar que las personas, tanto individualmente como en colectivos, también son sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, ya que pueden actuar ante los órganos de protección y recibir reparaciones ante las violaciones de sus derechos. Esta oposición permanente entre lo que viene de afuera y lo nacional –lo patriótico-, me pregunto a qué idea de patria hace referencia, señora presidenta.

En ocasiones pienso algo y quiero plantearlo con total responsabilidad. ¿Eran foráneas las ideas de Félix de Azara que tanto influyeron en nuestro líder José Gervasio Artigas? Esta apelación a un patrioterismo, como el que habrán visto en la construcción del discurso de un exponente terriblemente antidemocrático como el del presidente Trump –que justamente intenta colocar una idea de patrioterismo para no hacerse cargo de los daños de su propio accionar en el conjunto de la humanidad–, es un tema que realmente nos interpela y sobre el que tenemos que reflexionar como uruguayos. Además, la responsabilidad principal de garantizar la vigencia de los derechos humanos en la práctica siempre recae sobre los propios Estados, actuando en el marco de sus respectivas jurisdicciones. No veo el miedo, no veo la razón, no veo la desconfianza a los regímenes internacionales que han tratado de promover e incluso proteger los derechos humanos en el mundo, teniendo en cuenta estos principios.

Simplemente, voy a enumerar dichos principios, sin leerlos ni fundamentar, salvo uno. Tenemos el principio de interpretación sistemática, el principio de integralidad y me voy a detener en el principio propersona. Dado que las normas de los derechos humanos están creadas para proteger justamente los derechos humanos, no puede sino concluirse que la interpretación debe ser siempre a favor del individuo, es decir, propersona. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema. La interpretación propersona, entonces, es el norte que debe guiar al intérprete en todo momento. Este considero que es el principio más importante en el día de hoy. Luego, podría referirme al principio de no discriminación, al principio dinámico y progresivo, pero no me voy a detener en eso.

Quiero sí decir que Anaya sostiene que la situación de diligencia de los derechos humanos en el mundo ha mejorado durante los últimos treinta años, particularmente en lo que respecta a los derechos de empoderamiento, precisamente en la etapa en que los regímenes internacionales de derechos humanos se han extendido y fortalecido. Sin embargo, esta mejoría ha sido más bien moderada o limitada. No estoy feliz con esta mejoría ni con el estado de situación que tienen los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, particularmente los derechos a la integralidad física. Estamos lejos aún de alcanzar una situación satisfactoria.

En otras palabras, lo que propone esta literatura es que la maquinaria normativa institucional internacional, así como todos esos procesos tan criticados transnacionales y de activismo que apuntan a la promoción y protección de los derechos humanos, van a generar resultados más positivos en contextos –esto me importa señalarlo– de consolidación democrática y de ausencia de conflictos armados. Esto enfatiza la importancia de la defensa y la promoción de los derechos humanos, del desarrollo de procesos amplios y sólidos de consolidación democrática y, en su caso, de procesos de pacificación. Con respecto al tema de la democracia, vale señalar que la literatura ha demostrado que no solamente en contextos autoritarios, sino también en aquellos caracterizados por procesos inacabados de transición a la democracia, la situación de respeto y violación a los derechos humanos no suele mejorar.

Anaya sostiene, también, que sería difícil plantear que la situación de los derechos humanos cuenta con las mejores herramientas para perseguir sus objetivos y disminuir la brecha entre los derechos de principio y los derechos en la práctica.

Algunos autores han planteado que la integración de las normas internacionales de derechos humanos debería integrarse de otro modo a la Constitución. Acá hay un bloque que me interesa particularmente señalar, que tiene directa relación con este debate. Según Ielsur, la modificación de la Constitución supone incluir una disposición que incorpore el denominado bloque de constitucionalidad, confiriendo rango constitucional a los tratados internacionales relativos a los derechos humanos ratificados por Uruguay, sin que la redacción contenga una enumeración taxativa. A este respecto, Martín Risso dice: «El Derecho Constitucional en los últimos veinticinco años ha venido experimentando cambios tan profundos que lo ha impactado en todos sus aspectos. Hoy, salvo raras excepciones, se advierte que la doctrina y la jurisprudencia del siglo XX han perdido pie y nos enfrentamos a un nuevo Derecho Constitucional que se caracteriza por lo siguiente: desaparición de la frontera en el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que han venido a conformar una unidad, a veces llamada bloque de constitucionalidad, bloque constitucional o simplemente bloque de los derechos humanos. La jurisprudencia internacional –Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo–, así como los aportes de las cortes constitucionales más prestigiosas, constituyen hoy el insumo básico e imprescindible para moverse en esta temática», que no deberíamos despreciar ni banalizar. Y agrega: «Las técnicas tradicionales de subsunción que se siguen utilizando para las reglas, se han visto completadas por las técnicas de armonización y ponderación para las normas de principio, lo que ha llevado a cambios profundos en el estudio, resolución de casos y argumentación en esta materia. […] Y, por último, en el mundo occidental el derecho constitucional y en especial los derechos humanos –constitucionales e internacionales– se han posicionado como centro del derecho y son de uso imprescindible en cualquier disciplina jurídica, lo que hasta hace poco era impensable». Siempre hubo, señora presidenta, una lucha pendular entre el esfuerzo de comprendernos como sociedad humana…

Siento mucho ruido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: ustedes saben que es muy difícil hacer uso de la palabra habiendo tanto murmullo en sala; además, ello dificulta la toma de la versión taquigráfica. Por lo tanto, les agradecemos que, si precisan conversar, de ser posible, lo hagan fuera del recinto. Muchísimas gracias.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- Gracias, señora presidenta.

Decía que siempre hubo una tensión –yo diría que de modo pendular en términos de cómo han evolucionado las ideas en este sentido– entre el esfuerzo de comprendernos como una sociedad humana, como parte de un planeta al que nos debemos y que debemos respetar, y la defensa de otras ideas, como las de nación, patria, tribu, etcétera. Esto tuvo un pico muy alto después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego también –hoy poníamos el ejemplo de Trump– aparecieron ese tipo de patoterismos retrógrados que intentan imponer una potencialidad económica que favorece relaciones comerciales, como hace Estados Unidos, lo que hoy está expresado de manera muy brutal por el Gobierno, que ha sido elegido democráticamente.

Luego de esta consideración sobre este paquete enorme del derecho internacional de los derechos humanos –cuestionado, a mi juicio, como ideas que vienen de afuera; banalizado y caracterizado como fuente de enriquecimiento, cuando es un patrimonio de la humanidad a través del sistema montado en Naciones Unidas–, también quisiera hacer referencia a algunas cuestiones que han estado presentes en este debate, como la caracterización del terrorismo de Estado en Uruguay.

Caracterizar el terrorismo de Estado en Uruguay supone para quien habla un esfuerzo de objetivación que es difícil, pero me gusta hablar siempre desde una posición situada. Soy una mujer uruguaya, de izquierda, feminista y estuve presa por pertenecer al MLN cerca de siete años; me detuvo Cordero, me interrogó Gavazzo y me despidió del Penal de Punta de Rieles el capitán Silveira. Conocí a esa tríada, señora presidenta.

Quiero afirmar, sobre la caracterización del terrorismo de Estado, que no vivimos en Uruguay una guerra. Para mí, el terrorismo de Estado podría definirse como un modo de ejercicio del poder abusivo que integra un sistema de dominación, sin duda con dimensiones económicas, sociales, culturales y simbólicas. Pero no quiero ocultar que el período dictatorial en Uruguay fue precedido de un proceso complejo de expresiones de un capitalismo que veía poner en jaque sus ganancias por el avance de las luchas populares. La dimensión económica lo desnuda como la expresión extrema del capitalismo. Entiendo que el terrorismo de Estado es una expresión extrema del capitalismo salvaje, y puedo poner un solo indicador para esto que estoy fundando: la rebaja salarial a la mitad durante el período de la dictadura quizá nos permita ver esta relación entre la dictadura y la economía.

Sobre estas determinaciones económicas y sociales, quiero decir que al mismo tiempo que esto circulaba en las fábricas y en la esfera doméstica, se instalaba en nuestro país…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: le voy a solicitar que, de ser posible, en los minutos que le restan se concentre en el motivo de la convocatoria, en virtud de que nos parece que es importante que todos dejemos constancia sobre el tema en consideración. Entiendo algunas evaluaciones del contexto social que todos los legisladores quieren hacer, pero usted ya lleva avanzados varios minutos.

Gracias, señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- ¿Cuánto tiempo de intervención llevo?

SEÑORA PRESIDENTA.- Le quedan veinticuatro minutos.

SEÑORA BERAMENDI.- Le agradezco. Voy a ir a eso. Parte de la fundamentación, aunque quizá cueste ligarla al principio, pretende culminar en el sentido que usted me señala.

Para seleccionar una de las expresiones de ese Estado terrorista, podría mencionar, como una de las tecnologías de disciplinamiento desde el poder, las violencias específicas contra las mujeres o las maternidades en prisión política, que viví.

La violencia contra las mujeres o sus determinaciones culturales se manifiesta en hechos tales como cuerpos que se desnudan para ser interrogados, que se violan como método de tortura, constituyendo una de las expresiones más extremas de este proceso abusivo de apropiación, con un componente regulador y disciplinador. Se trataba de mujeres que habían salido del modelo hegemónico del deber ser, de madres-esposas como única identidad, para pasar a ser sujetas también del proceso de lucha en el que estaban directamente involucradas y ser protagonistas. Se trasmite en esta tortura y en los modos en los que esta se ejerce el mensaje de que quien se sale de la norma es sometida, en tanto mujer, como un cuerpo disidente.

Es, señora presidenta, una historia llena de dolores, de ausencias, de no relatos, de silencio sostenido durante años. Los motivos de este silencio fueron desde el miedo a la estigmatización, pasando por el cuidado de los efectos de sus palabras sobre sus parejas, sus familias, sus hijos, pero también por el sufrimiento que genera la repetición de un relato que revictimiza y vuelve una y otra vez a un lugar en el que realmente no se quisiera haber estado nunca.

Las mujeres se rebelaron también durante la dictadura, cuestionando los discursos y el orden que las relegaba al silencio y a la opresión e iniciaron un proceso personal y colectivo que posibilitó concretar las denuncias de violencia sexual frente a la Justicia.

Junto con estas experiencias de tortura hay otras expresiones de esta cosificación de las mujeres presas. En el Penal de Punta de Rieles, por ejemplo, donde estábamos detenidas cientos de mujeres, se realizaban fiestas de los oficiales con sus familias y se nos hacía formar presentándonos como si fuéramos verdaderos trofeos de guerra. Aquí también había un orden disciplinador de género, que enseñaba a las generaciones futuras –me importa mucho decir esto en esta cámara– y a la guardia perimetral cuál era el lugar de estas mujeres; en ellas, todo lo que debían hacer las que estaban por fuera.

Esa puesta en escena de la violencia y el encierro funcionó como un episodio visual para la entonces mal llamada familia militar. No eran, señora presidenta, todos iguales. Por eso exigimos justicia.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señora senadora.

Pido nuevamente silencio a la cámara. Es imposible escuchar con claridad. Saben que tenemos problemas con el audio, que no es el mejor, por lo que resulta imposible escuchar la disertación de cada uno.

Al mismo tiempo solicito, por favor, que nos enmarquemos en el tema que estamos considerando en el día de la fecha.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- Estaba diciendo que no eran todos iguales. No pienso que todos los militares eran iguales; nunca lo pensé, ni cuando estuve presa, ni cuando viví las peores violaciones de mis derechos humanos. Por eso exigimos justicia, para que no se los iguale y para que se hagan cargo los que efectivamente fueron responsables. Supe conocer la indignación de soldados, cabos y sargentos frente a muchos atropellos.

En el relato de las violencias, con las especificidades que tuvo en las mujeres, también se comenzó a construir un discurso y una simbología propia de la salida de la dictadura que hoy sentimos en algunas expresiones que se han hecho –sobre todo a nivel público–, con los ataques a la mal llamada ideología de género.

Quiero reivindicar –permítaseme decirlo– el concepto de experiencia. En este sentido, planteo la necesidad de otorgar a mi experiencia dignidad, como otorgo dignidad a la experiencia de quienes hablaron anteriormente. ¿Cómo se significan estas experiencias? Expresa una lógica que habilita la existencia de algunas personas y que tiene como contracara la negación por ausencia de las otras. Esto que estamos viviendo hoy en los relatos no es distinto a otros procesos históricos secuestrados por relatos dominantes desde el poder. No son los familiares los que sostienen el discurso del odio, y no puede separarse el proceso personal de los colectivos. Tal vez, una de las respuestas pasa por reforzar las experiencias desde diversos plurales. Se trata de reconocer, de habilitar y de dar utilidad a las múltiples voces de hombres y mujeres en su diversidad. Son las propias experiencias vitales, tan mal contadas por otros, las que precisan recuperar el espacio propio, peculiar, ese que nadie puede sustituir ni hacer por ellas. Por eso me permito hacer esta mención.

Cuando hablamos de «nunca más terrorismo de Estado», tenemos que cuestionar al mismo tiempo cómo las formas de ejercicio de la violencia patriarcal –que tuvo en quienes las perpetraron sus máximos exponentes– se sostienen también en miles de gestos cotidianos de muchos otros que hoy las perpetúan. Es indispensable avanzar, señora presidenta, en una mayor generalización de los derechos humanos.

Otro de los desafíos pendientes en la memoria colectiva es seguir develando y analizando la trama económica de los intereses que hay detrás del terrorismo de Estado, para lo cual se intenta dibujar al comienzo algunos pedazos…

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, señora senadora. Hoy el audio es un desastre, así que les pido que, de ser posible, mantengan el micrófono prendido porque a veces tengo que interrumpir a los señores senadores.

Por otro lado, solicito a la señora senadora que, por favor, se enmarque en la solicitud para la que fuimos convocados a la Cámara de Senadores, que tiene que ver con la eventualidad de levantar los fueros a un senador. Puedo entender que tiene una vasta línea argumental, pero francamente sentimos que todo lo que está diciendo no tiene que ver con el motivo de la convocatoria a esta sesión. Así que le pido nuevamente que, por favor, en los minutos que le quedan se enmarque en el tema, porque es importante que todos demos nuestra opinión sobre el asunto para el cual fuimos convocados.

Vuelvo a pedir a los integrantes del Cuerpo que hagan silencio ya que, como todos saben, los micrófonos no están funcionando bien, nos está costando entendernos y si encima hay barullo en sala, se dificulta más el trabajo. Por lo tanto, agradezco a todos la colaboración.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- Insisto: aquí no hay odio, sino búsqueda de verdad y de justicia.

En realidad, también quiero expresar gran preocupación por el desprecio, por los ataques continuos al sistema de justicia, que volvimos a escuchar en este recinto en el día de hoy, y que supuestamente no era el motivo específico de la convocatoria. Tuvimos que escuchar todo tipo de intencionalidades y de atribución de intenciones, cuando lo que estamos haciendo es tratar de sumar a la conceptualización de asuntos que entendemos hacen a cuestiones presentes con relación al desafuero y al argumento que se esgrime para el hecho de que el cargo que ocupa es por voluntad de los electores. Es una argumentación sobreabundante, ya que la propia resolución de la comisión plantea, con total claridad, la suspensión del ejercicio de las funciones durante el período que dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se le imponga. Ahora bien, si efectivamente los hechos sucedieron como fueron relatados por el conjunto de quienes defendieron el no voto del desafuero, estoy segura de que el senador Manini Ríos habría ido a la Justicia y en muy poco tiempo, en pocos días, quizás, lo hubiéramos tenido nuevamente en esta cámara.

Por último, hay una cuestión importante a señalar. Me refiero a algo que se ha manifestado anteriormente, y como no voy a mencionar quién lo hizo para no dar lugar a la alusión, hablaré de los aspectos institucionales de este proceso. La violencia institucional de la dictadura, de carácter sistémico, económico y político, fue en realidad la apoyatura para que se generaran mecanismos autoritarios de control sociopolítico que siguen existiendo y que hoy se confirman mediante el deterioro de la vida democrática, que lleva a una verdadera crisis de las instituciones destinadas a velar por los intereses de los ciudadanos en su conjunto. Hemos tenido muchos avances en estos aspectos, pero no votar el desafuero nos pone ante el riesgo de profundizar aún más lo que realmente me parece que debería ser la preocupación de este Cuerpo: el déficit de legitimidad con la política que se observa actualmente, y de forma sostenida desde hace tiempo, en la sociedad uruguaya. También siento que nos interpela la capacidad parlamentaria de actuar de acuerdo a derecho –lo siento así–, que obstaculiza el accionar de la Justicia. A mi juicio, erosiona las bases del sistema democrático en una especie de permisividad solapada de algunos actores –como creo que se entiende en el sentido común–, que no se condice con las bases de la democracia sustantiva, entendiendo que desde el punto de vista formal hay argumentos para quienes piensan distinto a mí.

No respetar el principio republicano en su concepción más profunda trae perjuicios muy grandes en términos de derechos fundamentales, de comprensión de la cosa pública, de garantías de la ciudadanía y altera el sentido de la propia democracia, que debe ser un instrumento republicano, una herramienta para conferir y garantizar el interés de la mayoría y su aplicación en los más diversos aspectos de la vida en sociedad.

«La República es la forma de gobierno en la cual la Democracia se funde al Estado de Derecho», dice Paulo Márcio Cruz en Sobre el principio republicano. En el día de hoy estamos intentando contribuir a establecer con mucha claridad que cuando se cuestiona el accionar de la Justicia y se la coloca continuamente bajo sospecha, se está erosionando el Estado de derecho.

También quiero hacer referencia a las palabras de Luis Perico Pérez Aguirre en Todo empieza por un grito. Allí él explica que «la lucha por los derechos humanos nace siempre del grito de millones de personas y antecede a las formulaciones teóricas o doctrinarias. Nace del grito de las víctimas y de quienes se sienten con ellas». Se pregunta, en ese libro, quién es su prójimo, y responde: «las masas empobrecidas», como más adelante lo serán también los detenidos desaparecidos. Sacerdote comprometido con los derechos humanos, Perico entiende su compromiso como una cuestión de sensibilidad y solidaridad.

En definitiva, podemos fundamentar como queramos, pero quise hacerlo –y lo hice responsablemente– tratando de expresar un posicionamiento desde mi perspectiva de vida y con el respeto que me merecen las opiniones distintas a la mía. Por esta razón, entiendo que el mensaje que damos a la sociedad al no habilitar el pasaje al desafuero temporal –si efectivamente así lo entiende la Justicia– del señor senador Manini Ríos, lejos de legitimarlo, empobrece la democracia de nuestro país. ¡Ojalá que los jóvenes que nos escuchan –que salen a las plazas a reivindicar los derechos–, ojalá que los militares democráticos –que los hay, y muchísimos–, ojalá que los militares que efectivamente defienden la Constitución hagan en torno a esto una reflexión profunda que abone a las futuras generaciones para que no exista nunca más terrorismo de Estado! En lo personal, creo que este debe ser el norte de nuestra discusión y del sentido por el cual estamos aquí, haciendo esta intervención en el Senado.

Muchas gracias.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: una parte importante de lo que iba a decir ya fue manifestado. Ni que hablar que desde el punto de vista jurídico –que es la sustancia de lo que hoy se discute en el Parlamento: lo jurídico por sobre lo político–,compartimos totalmente el informe que han expuesto las señoras senadoras Asiaín –miembro informante– y Bianchi. También comparto el relato muy pormenorizado, documentado y mejor expresado de lo que podría haberlo hecho yo, del señor senador Botana, lo que me ha llevado a descartar parte de lo que iba a decir.

Por lo tanto, voy a reducir mi exposición y voy a tratar de concentrarme en lo que nos trae porque las referencias que se han hecho del pasado –tan lejano para muchos jóvenes, pero del que, de una manera o de otra, fuimos protagonistas muchos de los que estamos acá– invita al debate de fondo. Estamos hablando de hechos y de decisiones que tomaron el Gobierno y el Parlamento de turno, y también toda la ciudadanía. Se mencionó la ley de caducidad, y a mí me encantaría hablar de la ley de amnistía de todos los presos políticos –sobre la que tanto discutimos–, y de la libertad y de los derechos humanos de los que trabajamos cuando militamos en la resistencia a la dictadura, pero quisiera concentrarme en los hechos de hoy.

El 5 de noviembre del año pasado, en tiempo electoral, la fiscalía remitió solicitud para levantar los fueros del senador Manini Ríos, que no era senador, pero había sido electo. Primero se debatió si tenía fueros o no los tenía, y se concluyó que sí. La solicitud llegó a este Cuerpo, al Senado anterior, que hizo esa interpretación, pero llegó a la conclusión de que no le podía levantar, de todos modos, los fueros a quien no era miembro del Cuerpo en ese momento, y dejó el tema para la legislatura siguiente.

Y debo recordar –cosa que no se ha recordado acá, pero forma parte de todo el proceso y toda la curiosidad de este asunto– que el tema fue tal desde el 15 de febrero de este año, y que pasaron los sesenta días, se venció y nadie reclamó. Acá no hubo una voz de los que hoy plantean esto, ni de ningún otro, que con todo derecho hubiera dicho: «Bueno, ¿qué esperamos para tratar el desafuero del señor Manini Ríos, que ya es senador?». El tema pasó en puntas de pie y calladito, mientras yo escuchaba aquí al Frente Amplio venir con largos listados, en nombre de su coordinador, pidiendo el desarchivo de este, del otro y de aquel proyecto que estaban en una u otra comisión. Pero del desarchivo de la causa para levantarle los fueros a Manini Ríos nadie habló, hasta que el senador Manini Ríos hizo uso de la palabra en la media hora previa y allí, con todo su derecho –fue una exposición un poco más larga de los cinco minutos previstos–, dio su postura en algunos aspectos muy similares a los que contenía la carta que presentó, junto con todas las actuaciones del tribunal de honor de Gavazzo, al presidente de la república, lo que motivó su cese. Fue ese, básicamente, el eje de su intervención. Eso provocó una polémica pública, un intercambio, una reacción de distintos actores, una sorpresa, que llevó a que algunos se acordaran de que había un desafuero planteado, porque algunos lo reclamaron desde afuera: «¿Y qué pasa con el desafuero del senador Manini Ríos?», «¿Por qué nadie lo pide?».

Y este Cuerpo primero tuvo que discutir en la Comisión de Constitución y Legislación si el asunto estaba vencido o no. Si lo hubiera estado tendría que haber remitido comunicación a la Suprema Corte de Justicia para que lo hiciera llegar a la fiscalía y esta decidiera si reiteraba o no al nuevo Senado el mismo pedido. Pero se hizo una interpretación pacífica. La comisión acordó que no era un proyecto, era un asunto, y por lo tanto no le regía el plazo. Fue así como comenzó su tratamiento recibiendo, primero que nada, al señor senador Manini Ríos, quien compareció y pidió –lo recuerdo porque fui como oyente a la comisión– que se tratara el asunto con rapidez, que no se demorara. Así empezó todo esto.

Nosotros hoy estamos acá para decidir si hay mérito suficiente para que haya una causa que lleve a la comisión de un delito. En todo caso –y esto hay que precisarlo bien–, hablamos de un delito menor: es el delito de omitir informar hechos con apariencia delictiva. No es exactamente así el título, pero es lo que quiere decir. No estamos hablando aquí de que el Senado está debatiendo el levantamiento de los fueros de un senador que está vinculado por alguna de sus acciones a las violaciones de derechos humanos. Nada tiene que ver con eso. La discusión tiene que ver con la cuestión de si omitió o no informar, cumplir con una obligación.

La cuestión es, entonces, si se informó o no cuando hubo obligación de hacerlo. Y si esa es la cuestión, en segundo lugar, el Cuerpo tiene que llegar a la conclusión de quién cometió la omisión, porque empecemos de atrás para adelante. Estamos hoy discutiendo aquí porque el diario El Observador publicó las actas. Si no las hubiera publicado, no estaríamos discutiendo. Es algo similar a lo que ocurre en la comisión de derechos humanos, donde estábamos con temas de género y equidad y hoy estamos analizando las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez. Las estamos analizando porque Familiares las pidió y el ministro Javier García las entregó. Antes no las habían entregado. Es decir, hubo hechos externos que nos llevaron a estar discutiendo hoy acá, porque si alguien –a lo mejor indignado, a lo mejor sorprendido, a lo mejor sublevado– no le hubiera dado a un periodista de investigación –que sigue este tema con mucha seriedad desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, tiene prestigio– la información o las actas –no sé qué le dio–, el presidente de la república no hubiera hecho llegar esto a la Justicia. O sea que la Justicia funcionó a través del fiscal Morosoli convocando a algunos actores, citándolos y luego pidiendo el desafuero porque el presidente de la república del momento, el doctor Tabaré Vázquez, denunció o envió a la Justicia esos elementos dos días después de que salieron en la prensa, no antes.

Entonces, frente a la pregunta de si hubo omisión, surge otra pregunta: ¿de quién hubo omisión? Obviamente, si no fue del senador Manini Ríos, fue del entonces presidente de la república. Así que tenemos que ver eso, antes que nada.

Yo creo que al final ambos informaron. El asunto es en qué tiempo lo hicieron. El entonces general Manini Ríos lo hizo al final de un largo proceso, porque de que lo hizo no hay duda. Se puede discutir si lo debió haber hecho antes, pero en ningún caso se puede decir que lo ocultó, en primer lugar, porque eran hechos notorios y conocidos y en segundo lugar porque no había beneficiario en el caso, en tanto los hechos referían a un militar que estaba preso, procesado, cumpliendo prisión, y que la sigue cumpliendo. Pero está claro que el día que –eso es objetivo– presentó las actas y adjuntó su carta de ocho carillas, el Poder Ejecutivo se enteró. Cuarenta y seis días después denunció, porque dos días antes salió en la prensa.

¿El doctor Tabaré Vázquez sabía o no sabía? ¿Sabía lo que decían esas actas que estuvieron en su poder cuarenta y seis días cuando homologó el fallo del tribunal o no lo sabía? La verdad es que cuesta mucho creer, por la propia historia del Frente Amplio, que el presidente de la república, cuando le llegan los obrados de un largo proceso de un tribunal de honor que en la carátula deben decir con letra grande «José Nino Gavazzo», no los lea o no pida que se los lean. ¿El secretario de Presidencia –en ese momento Miguel Ángel Toma– supo o no supo? Supo, sí; ¡claro! ¿Y qué hizo?

La única manera de exonerar de responsabilidad a las autoridades de ese momento es apelar a la negligencia o a la ineptitud. Es decir, no los leyeron de negligentes o de ineptos, que son dos de las tres causales de destitución para un funcionario del Estado, porque la tercera es el delito, el delito es haberlos ocultado, y yo no voy a hacer esa imputación. Pero si los leyeron, ¿por qué no hicieron lo que había que hacer? Y si no los leyeron, ¿qué pasó? Lo que sí sabemos es que el ministro de Defensa Nacional de ese momento estaba informado. Obviamente que es un actor que hoy falta para dar testimonio, pero dejó algún documento en la materia. El ministro estaba informado e informó. El ministro declara haberse reunido con el secretario de Presidencia con sus dos asesores. Y después de eso, ¿qué pasó? Dicen que lo que pasó es que estaban ordenando papeles, que era muy complejo y los estaban clasificando y fotocopiando; que por eso se les fue el tiempo y los sorprendió la publicación en la prensa.

Quiero leer la carta que el 1.° de abril el doctor Jorge Menéndez, ministro de Defensa Nacional, entregara al presidente de la república. La voy a leer toda, pero en dos tramos. Primero voy a leer el párrafo inicial y el último. La carta comienza: «Tengo el honor de dirigirme a usted, a efectos de manifestarle mi más alto agradecimiento por la tarea que oportunamente me fuera conferida desde el 5 de agosto de 2016, como Ministro de Defensa Nacional, cargo que para mí tenía como objetivos, la Democracia, la institucionalización y la modernización de las Fuerzas Armadas». Y en su última parte dice: «Por razones que tienen que ver con mi salud y vida y dada la complejidad del momento, es que le presento mi renuncia al cargo que con tanto honor me ha conferido, para darle al Poder Ejecutivo una mayor claridad y celeridad en busca del objetivo institucional trazado.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente;

Dr. Jorge Menéndez».

Esta carta tiene fecha 1.° de abril y el doctor Menéndez falleció el 11 de abril. Esto que leí es una carta de renuncia típica, formal, de agradecimiento y reconocimiento al presidente de la república. Lo extraño es que, en el medio, pone dos párrafos, que dicen: «Luego de reunirme con Ud.» –o sea, lo dice así, sin poner fechas, como si estuvieran charlando o si dijera «te acordás»– «concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado por dos profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia.

En esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación sobre la procedencia o no de homologar los fallos del Tribunal de Honor».

Es decir que, sin ningún sentido referente al hecho principal, que es la renuncia, que obviamente le pidieron, le hace acordar al presidente: «Usted quiere mi renuncia, usted la tiene, pero no me haga pagar por lo que yo no cometí. Yo a usted le informé, me reuní con usted y después me reuní con todos». Y están las fechas de lo sucedido en el mes de febrero.

Es decir, podríamos acá seguir sacando conclusiones de las razones y quizás por esto la familia pidió que no fuera el presidente de la república y que no recibiera honores de Estado. Seguramente causó un gran dolor la injusticia de echarle la culpa de hechos, sin decirlo, a un ministro saliente que había recorrido el camino que había que recorrer, como lo había recorrido su subalterno, el general Manini Ríos, que le informó en tanto su superior. Es muy difícil pensar que los hechos fueron diferentes.

Lo que está de fondo en este debate es si hubo ocultamiento y no si hay omisión; es si la intención de omitir fue la de ocultar. Y en un relato se intenta expresar que la omisión fue de los militares. Una vez más, la corporación militar trató de ocultar hechos que pasaron para que no se supiera lo que ya se sabía –para que no se confirmara– por declaraciones escritas de alguien que, con mucha frialdad, crudeza, confesaba crímenes horrendos. Ese es un relato. El otro lleva a la conclusión de que el presidente de la república conoció y no lo dio a publicidad, ni hizo la denuncia en tiempo y forma. Yo no sé si se puede. Confieso que yo no sé si se puede.

A partir de una iniciativa de la señora presidenta del Senado, la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género analiza las actas del tribunal de honor de Gilberto Vázquez del 2006 que los familiares de detenidos desaparecidos le hicieron llegar y a las que le dio estado parlamentario. Esa comisión, que está trabajando, no es investigadora, sino asesora de este Cuerpo, y en algún momento tratará de colaborar echando luz a algunos episodios que siguen oscuros. Para eso ha resuelto hacer algunas citaciones. Compareció el actual ministro de Defensa Nacional; compareció el subsecretario de aquellos tiempos, pero ministro de Defensa Nacional en los tiempos en que las actas pudieron haberse dado a conocer y no se dieron a conocer, el hoy senador José Bayardi; comparecerá este viernes en la mañana el secretario de Presidencia de aquellos tiempos, doctor Gonzalo Fernández; y hemos ya acordado la comparecencia del expresidente de la república, doctor Tabaré Vázquez, o la forma para que él pueda declarar, y quizá de la ministra de ese momento, Azucena Berrutti.

También lo harán en su momento, porque tenemos otras actas, quienes tuvieron que ver con este tribunal de honor. Algunas figuras coinciden, otras no. Deberá comparecer el secretario Miguel Ángel Toma. Lo va a hacer en el primer caso quien fuera comandante en jefe del Ejército en aquel momento, Carlos Díaz; probablemente lo tenga que hacer en este quien fuera comandante en jefe del Ejército, el hoy senador Manini Ríos.

Yo me pregunto, analizado ese tema, si no podremos convocar al fiscal Morosoli para saber qué lo llevó a no solicitar la misma información al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que tuvo en su poder tanto tiempo el expediente y omitió informarlo al presidente, y al presidente de la república, que no hizo la denuncia penal correspondiente en el momento en que le llegó a sus manos. Porque, seguramente, como en el 2006, el expediente quemaba. En el 2006 el relato que nos hizo el exministro y hoy senador José Bayardi fue que en un día entró el expediente al Ministerio de Defensa Nacional; de ahí pasó a jurídica; de la directora de Asesoría Jurídica se nombró abogada informante; esta lo llevó a la oficina de personal –no sé cómo se llama– y le dieron número de expediente; volvió; lo informó en el día –es un informe extenso–; de ahí fue a la oficina donde se le da forma a las resoluciones; ese día lo firmó la misma ministra; a las 18:17 se digitalizó –en ese mismo día– y al otro lo llevó en manos a Presidencia y –pueden revisar las actas– el presidente Tabaré Vázquez lo firmó en un minuto. Claro: eso es lo que figura. Debe de haber sido en algunos minutos más. Ese es el tiempo que, según se nos dice, le llevó firmar ese expediente, que luego se archivó por catorce años. ¿Y en este caso? Porque hay una similitud muy llamativa que nos lleva a cada uno a pensar legítimamente dónde se ocultó y por qué se ocultó. Yo no puedo adjudicar intenciones; no debo hacerlo. Yo no sé si el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez no quiso, pero menos puedo adjudicar ideas o intenciones de por qué no quiso. Lo cierto es que los hechos no cierran con el relato y tenemos que acostumbrarnos a analizar hechos, y los hechos son esos.

Yo no sé si hubo un pacto de silencio; no lo sé. Hay hechos que a veces me hacen pensar que en determinados niveles sí los hubo y el senador Botana recién leía algunas cosas que me traían a la mente la posibilidad de esos pactos. No sé si se pactó la impunidad en la salida de 1984; no lo sé porque no estuvimos ahí, nosotros no participamos de eso. Lo único que conozco son las declaraciones del general Líber Seregni cuando dijo que sobrevoló el tema, que estuvo subyacente. Nosotros no fuimos parte; es más, fuimos más bien víctimas de algunos de esos pactos, pero lo cierto es que tenemos la obligación de ayudar a encontrar la verdad más allá de este hecho concreto.

Hay en esta sala –en la sociedad hay muchos más– protagonistas de esos tiempos; hablo de protagonistas directos, que sufrieron mucho en esos tiempos. Pero hay otros protagonistas: también hubo víctimas y familiares en los tiempos previos a la dictadura donde murió gente inocente. Casi por curiosidad me puse a leer el último libro de Leonardo Haberkorn, Herencia maldita, y la verdad es que ahí hay relatos de hechos de protagonistas de aquellos tiempos que ilustran sobre dolorosas muertes de gente inocente y dolorosas muertes de quienes se enrolaron en el movimiento guerrillero casi sin saber dónde iban a terminar: estudiantes que iban a protestar y terminaron empuñando un arma y dando la vida o muchos años de su libertad. Fueron tiempos complicados de esta sociedad, pero lamentablemente no se cerraron.

Yo fui testigo del esfuerzo de Wilson Ferreira Aldunate por la ley de caducidad, fui testigo del esfuerzo de Alberto Zumarán y del senador doctor Hugo Batalla por una ley que era mucho mejor que la ley de caducidad pero que no tuvo apoyos suficientes, fui testigo de la redacción de la ley de caducidad entre la pluma de Martín Sturla y la cabeza de Wilson, y de lo dolorosos y difíciles que fueron esos días. Me tocó defenderlas, a una y a otra. ¡Y todavía tenemos que defender la ley de caducidad y la ley de amnistía, porque la sociedad sigue con heridas abiertas de un lado y del otro! Bueno, ojalá que estos debates ayuden a poner luz sobre estas cosas y traigan más actas; el ministro dijo que va a seguir mandándolas y en estos días ha habido alguna no homologación de fallos de otros tribunales militares que son muy ilustrativos. Estoy seguro –como lo desea el senador Bayardi– de que este Gobierno va a hacer mucho en esta materia; está obligado a hacerlo para cerrar ese capítulo de nuestra historia. No sé si lo logrará, pero hay que echar luz sobre esos temas.

En cuanto al caso que nos convoca, luego de analizar la solicitud del fiscal, yo que he sido muy reticente, debo decir que el fiscal no pudo probar en la solicitud que hace al Senado que el hoy senador Manini Ríos omitió informar a sus superiores; no hay prueba de ello y, en contrario, hay elementos que hacen pensar que el Poder Ejecutivo, a través de su mando superior, el ministro de Defensa Nacional, supo todo el tiempo lo que estaba pasando. Esa es mi convicción. Como el fiscal no pudo probar y no somete a este Cuerpo elementos suficientes para que levantemos los fueros de uno de sus miembros, yo no puedo acompañar esa solicitud. Y debo decir que no creo en los fueros para cualquier cosa y quizás haya que modificar la normativa tal cual está. Sí creo en la protección de la tarea legislativa de cualquier intento de sacar del ejercicio representativo que implica la investidura de diputado o senador ya sea por una mala gestión, una actitud sesgada, interesada o simplemente irresponsable, y no estoy hablando de este caso concreto sino en general. Tenemos la obligación de proteger al soberano que es quien pone aquí a los legisladores. Por eso tenemos que ser cuidadosos y recuerdo que lo fuimos, porque no es la primera vez que no votamos un desafuero. Este mismo Senado se enfrentó a visiones totalitarias cuando negó el desafuero del senador Erro y fue mi partido el que votó en contra del desafuero del senador Nin Novoa, que fue planteado a partir de una denuncia presentada por un correligionario, pero no había causa. No voy a entrar en detalles, pero hicimos todo lo necesario para que no se concediera el desafuero.

En este caso concreto, quiero decir, con total convicción, que no voy a dar mi voto para el desafuero del señor senador Manini Ríos porque no hay mérito suficiente para una causa, aunque voy a seguir trabajando todo lo posible para echar luz a algunos hechos que no coinciden con los relatos y que quedan pendientes. Creo que lo mejor que podemos hacer para construir el futuro es cerrar el pasado en este presente.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GANDINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señora presidenta: hay un tema que voy a tratar después, también por la vía de una interrupción, que tiene que ver con la similitud del expediente del 2006 y del 2019, para decirlo de alguna manera, porque acá se retoma.

Con respecto a este tema, en realidad lo único que tenemos son las declaraciones que presentaron los testigos y, como ya dije –no lo habrán escuchado o quizás no me habré expresado bien–, de ninguna de las declaraciones surge –salvo la del propio general Manini Ríos– que se haya comunicado. ¿Está claro?

Con relación al tema de las eventuales responsabilidades –que no se soslayó– del doctor Toma y del doctor Tabaré Vázquez, nombré a funcionarios –que no son políticos ni de particular confianza, sino de larga tradición en la Administración– que en sus declaraciones señalaron que se les había comunicado respecto a cómo proceder en relación con la Justicia. La doctora Mariana Errazquin –no quiero repetir, pero para decirlo de alguna manera, es una funcionaria de larga data en la Administración– recibió la indicación de que esto iba a pasar a la Justicia el 22 de febrero e iba a ser enviado por el Ministerio de Defensa Nacional. El expediente estuvo en la Asesoría Jurídica de Presidencia entre el 22 de febrero y el 11 de marzo e ingresó al Ministerio de Defensa Nacional el 12 de marzo. En esa fecha lo tomó la funcionaria, quien se ocupó de eso –así se reconoció–, porque también se le informó al fiscal Morosoli sobre todas las causas en las que estaba trabajando para asignar aquellos temas que no solo tenían que ver con lo de Gomensoro, sino con delitos que se habían cometido, como era el caso de Eduardo Marcos Silveira. Lo aclaro porque se vuelve a insistir. La no imputación al presidente y al secretario de Presidencia está determinada por declaraciones que hicieron funcionarios de carrera administrativa y no de designación política.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador, ha terminado el tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERGARA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: recién se sostenía un hecho que no es cierto. No es cierto que el Partido Nacional haya dado ni un solo voto para amparar en los fueros al entonces senador Nin Novoa. Ese día, 2 de agosto de 2011, hubo dos resoluciones y me extraña porque justamente el senador que lo plantea participó de la discusión y votó en contra de la moción que decía: «El Senado de la República resuelve rechazar la solicitud de suspensión de los fueros al señor senador Rodolfo Nin Novoa por considerar que del estudio de los antecedentes remitidos por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 6° Turno no surge mérito para acceder a la misma». Insólitamente, en esa discusión el Partido Nacional reconoce que no hay mérito, pero lo vota; ¡votan todos negativo! –también el señor senador Saravia, que hoy está por ahí–, y plantean una moción alternativa que sostiene: «Devuélvanse las actuaciones procurando la ampliación de fundamentos, en atención a que los expensados no son suficientes para pronunciarse en el sentido solicitado». Y no estábamos hablando de ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: este Cuerpo ha sido convocado hoy para discutir y resolver el pedido de desafuero del senador Manini remitido por la Justicia. A tales efectos, es imperioso remitirse a la Constitución de la república, que en su artículo 114 establece que ningún senador o representante podrá ser acusado criminalmente sino ante su respectiva cámara, la cual por dos tercios de votos del total de sus componentes resolverá si hay lugar a la formación de causa y en caso afirmativo lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente. Ya desde la carta magna queda nítidamente claro que todo lo que este Cuerpo debe evaluar, a la hora de tomar posición, es si hay lugar a la formación de causa. Esto implica el análisis de la solicitud del sistema judicial con relación a la existencia del mérito suficiente para que haya una causa abierta. Ese debe ser el foco que debe guiar esta discusión, más allá de todos los otros temas asociados desde el punto de vista político. No corresponde a este Cuerpo la investigación de los hechos involucrados en la solicitud de suspensión de los fueros, ni definiciones sobre la inocencia o culpabilidad del senador desaforable, lo cual corresponde justamente al sistema de justicia. No es en este recinto donde debe dictaminarse si el senador informó o no a sus superiores institucionales; esa es la tarea del sistema judicial. Todo lo que el senador desaforable relata aquí debe hacerlo ante la Justicia. Eso es lo que corresponde y por eso es por lo que se deben suspender sus fueros.

Los fueros parlamentarios son parte de una ingeniería institucional que procura garantizar la efectiva separación de poderes de un Estado democrático; esto ya se dijo. Comprender qué rol juegan los fueros parece fundamental a la hora de entender sobre qué aspecto debemos pronunciarnos formalmente, reitero, más allá de las consideraciones políticas que se quieran incorporar a la discusión. Una vez más, y más allá de la importancia que todas estas consideraciones de sustancia y de contexto puedan tener en la perspectiva de cada legislador, la definición debe basarse, en última instancia, solamente en el hecho de si existe lugar a la formación de causa judicial. Como enseña el profesor Demasi, los fueros parlamentarios tienen origen en la república romana, en el magistrado del tribuno cuyo objetivo era defender a la plebe. Este tribuno defendía a funcionarios acusados de delitos, a perseguidos políticos. Aquellos fueros son luego recogidos por Montesquieu en su teoría de la separación de poderes, sobre la cual se fundan las democracias modernas y que la doctrina norteamericana posteriormente consagró como sistema de frenos y contrapesos. Así concebidos, los fueros constituyen una garantía frente a eventuales abusos o arbitrariedades del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, procurando evitar presiones indebidas sobre el accionar de los legisladores en su calidad de tales, pero en absoluto son sinónimo de impunidad. La doctrina mayoritaria entiende que el instituto protege a la cámara, al Cuerpo como tal y a los legisladores en tanto miembros de ese Cuerpo, por lo que no podrían ser nunca una prebenda individual, ni un atajo, ni mucho menos una variable de especulación política. Es en ese supuesto que somos hoy convocados como Cuerpo para determinar si el senador desaforable puede o no comparecer ante el Poder Judicial.

El Frente Amplio acompañará el desafuero haciendo lugar a ese pedido de autorización para avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan. No nos estamos expresando sobre el fondo del asunto. Únicamente nos corresponde valorar dos cosas: si hay mérito para una causa en cuya investigación el Poder Judicial requiera avanzar –lo cual ha quedado cabalmente demostrado en el ámbito de la comisión– y, en segundo lugar, si no hay un abuso del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, hipótesis descartada, dado que los hechos en cuestión son anteriores a la irrupción del senador desaforable en la política partidaria. Los fueros son un instituto incorporado a nuestro derecho para garantizar el despliegue democrático. No queremos que quede en la historia que este Cuerpo mantiene fueros indebidamente y que por su intermedio se impida investigar hechos que lo violentan al extremo, como el eventual ocultamiento de episodios confesos de tortura, asesinato y desaparición en tiempos del terrorismo de Estado. Sería una ironía que un instituto inspirado en la protección de los derechos y las libertades termine siendo un instrumento de la cobardía, la opacidad y el deshonor. Se nos hace una mueca patética que desvirtuaría su naturaleza.

Desde el punto de vista político la posición que cada legislador asuma implica determinar si avanzamos en el camino de la verdad o en el camino del ocultamiento; y cuando decimos «la verdad» lo hacemos en los términos en que lo decía Antonio Machado: «Tu verdad no, la verdad», la que determine la Justicia, no la que nos guste o nos sirva.

El informe exhaustivo de la comisión parlamentaria que estudió la solicitud de desafuero debería ser el tema excluyente del debate legislativo. No obstante, la coalición de gobierno y el propio senador desaforable insisten con el ruido que busca correr el eje a otras discusiones.

Hemos dicho en reiteradas oportunidades, tanto en la campaña electoral como en esta banca, que no rehuimos ningún debate democrático que involucre asuntos de interés nacional. Discutiríamos gustosos acerca de la independencia del sistema de justicia en el marco del Estado de derecho. Tenemos opinión, por ejemplo, sobre la suerte de los militares procesados por cometer delitos de lesa humanidad. Desearíamos que el Senado se ocupara del permanente hostigamiento por parte de miembros de este Cuerpo a los jueces, a los fiscales o a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ¡claro que sí! Ojalá que una vez laudado el asunto del desafuero que hoy nos ocupa, esta cámara discuta, por ejemplo, la gravedad de los dichos de un ministro del actual Gobierno acerca de la institucionalidad que se ha dado en Uruguay para salvaguardar el pleno goce de los derechos humanos, sin falsedades ni cálculos electorales de coyuntura ni descalificaciones. Desde el mismo día en que el Senado recibió el pedido de desafuero y comenzó su análisis, la coalición de gobierno no cesa de lanzar bengalas buscando llevar las miradas bien lejos, tergiversando los hechos, sospechando de compañeros y minando este debate de intencionadas suspicacias. Con gusto discutiremos cada una de las cuestiones; pertenecemos a una fuerza política que siente que tiene probada autoridad moral para abordar cada discusión con la profundidad que merece, pero hoy el debate es otro y es lo suficientemente grave y relevante como para jugar al juego de la mosqueta. Se nos invita explícita o implícitamente a debatir sobre múltiples temas que van desde las razones del golpe de Estado, el Pacto del Club Naval, la Guerra Fría y las Fuerzas Armadas –que, dicho sea de paso, las quiero profesionales, eficientes y democráticas– hasta las actas del tribunal de honor de Gilberto Vázquez. Sobre estas cosas me siento totalmente representado por lo planteado por mis compañeros y compañeras.

Vuelvo a decir: no rehuimos ningún debate, pero tengamos claro que hoy el desafuero debe votarse en función de la existencia de mérito suficiente para que haya una causa judicial abierta. Desde nuestra perspectiva –y desde la de la mayoría de la comisión que analizó el asunto–, la formación de la causa está plenamente justificada y, obviamente –no creo que en este recinto haya senadores que sostengan lo contrario, salvo parte interesada–, entendemos que el sistema judicial da las garantías necesarias para llevar adelante un proceso ecuánime y transparente.

Esta discusión circular que hoy damos hubiera sido completamente evitable si los actores involucrados hubieran honrado la palabra empeñada. En lo que refiere al senador desaforable, habría zanjado este debate si solo se hubiera hecho cargo de sus actos y sus compromisos políticos. El 5 de octubre pasado, por ejemplo, expresó en su perfil de Twitter: «Convencido de haber hecho lo que debía, jamás me escudaré en ningún tipo de fueros»; él mismo lo recordaba en la sesión de hoy.

El mismo día de las elecciones, siendo aún candidato, declaró al diario El País que si salía electo senador no se ampararía en los fueros parlamentarios. Lo reiteró el 31 de octubre de 2019 cuando, en conferencia de prensa, sostuvo: «La defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien claro la actuación de la cual estoy totalmente tranquilo que hice exactamente lo que debía hacer».

Con estos vaivenes se especuló hasta el día de hoy, siendo que todos sabemos que un pedido del propio interesado a este Cuerpo hubiera cerrado el tema sin necesidad de instalar aspectos de relevancia institucional de esta manera, ni de generar las incomodidades políticas evidentes de parte de algunos de los socios de la coalición. Cuando la coalición de gobierno confirmó las peores sospechas –que el senador desaforable no honraría su compromiso–, tuvo una oportunidad de honrar los suyos propios. Recordemos que el hoy presidente Lacalle Pou declaró en radio Montecarlo el 20 de abril de 2018 que a cualquier hijo de vecino lo alcanza la justicia penal, ¡y no lo hace con un legislador! «Nosotros hacemos las leyes y no tenemos coronita», «¿No nos llega la justicia si tenemos determinada mayoría en el Parlamento?», dijo. «Importantes dirigentes de otros partidos están hablando de que sería buena cosa eliminar los fueros para delitos comunes; votémoslo», y aquí cierro la cita textual.

Hay que unir el discurso a los hechos; no solo hay que decir las cosas, hay que hacerlas, decía el actual presidente. Un año antes, en el Senado, el actual presidente había manifestado no compartir «el artículo 114 de la Constitución por el que un legislador no puede ser incriminado ni siquiera por delitos comunes si cuenta con las mayorías partidarias acá»; cierro la cita.

Bastaba con que el principal implicado u otros referentes de la coalición hubieran hecho gala de la coherencia que reclaman para otros, para que esta sesión de hoy fuera un mero trámite a fin de franquear la actuación de la Justicia. Incumplidas todas las promesas de campaña, aquí estamos y los senadores debemos expedirnos. Nos resulta evidente que el desafuero debe votarse. Los informes de la fiscalía son claros y exhaustivos en nuestra perspectiva y justifican que haya una causa abierta. No debía el fiscal probar el delito, como se acaba de decir; eso no era lo que nosotros tenemos que evaluar.

El senador desaforable debió informar con las formalidades del caso sobre los dichos del torturador Nino Gavazzo referidos a un delito específico, y al no hacerlo habría violentado el Código Penal, que obliga a todo funcionario a reportar hechos de apariencia delictiva que lleguen a su conocimiento. Esto deberá ser determinado por la Justicia competente. No nos pronunciamos sobre el fondo del asunto en esta oportunidad, sino sobre el hecho claro de que hay mérito suficiente para que haya una causa abierta. Por eso cuesta entender que se plantee no acompañar la solicitud de la Justicia. Vemos con tristeza, con preocupación, que avanza una estrategia diseñada y ejecutada paso a paso con el único propósito de librar al senador desaforable de enfrentar a la Justicia de nuestro país. No lo decimos nosotros; lo explicó claramente el diputado Eduardo Lust el día 25 de setiembre de 2019 en el programa Diario de campaña, de Nuevo Siglo: «¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo: cuando el fiscal lo cite a la formalización, que es lo que parece que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la Constitución. Hay un procedimiento para eso y con eso el proceso se detiene. Va a la Suprema Corte de Justicia –eso va a llevar el tiempo que la Suprema Corte de Justicia le dé para resolverlo– y cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, va a tener la inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue, el Parlamento tiene que votarle el desafuero y estamos hablando de algo casi imposible que suceda». Cierro comillas de lo dicho por el diputado Lust. En ese mismo programa contó que esa mañana él mismo le mandó un mensaje al senador desaforable con esta estrategia. Al cierre de la entrevista, Lust remataba: «Manini procesalmente no va a tener ningún problema».

Horas más tarde, como recoge el semanario Búsqueda del 24 de setiembre de 2020, Lust recibe una llamada de la defensa del senador. Abro comillas: «… estaba reunido en su despacho particular en el Centro con cuatro colaboradores de su agrupación política (Cruzada Oriental, Lista 84), a quienes les pidió con un gesto que hicieran silencio. Escuchen esto, muchachos», dijo, y puso el altavoz del celular. Relataron a Búsqueda varios participantes en el encuentro que, tras los saludos y comentarios de rigor, oyeron: «Eduardo, vamos a ir con tu estrategia jurídica porque tenemos algunas dudas sobre la otra vía, así que iremos por la inconstitucionalidad del proceso y saltaremos la audiencia para después de las elecciones. ¿Vos podrás presentar el escrito mañana temprano?». Cierro comillas.

Hasta allí la vergonzante estrategia, ejecutada con precisión, paso a paso. Podemos entender, quizá, la posición del senador desaforable y la de su partido, pero nos cuesta enormemente entender la postura del resto de los partidos de la coalición de gobierno, con la excepción del sector Ciudadanos, del Partido Colorado.

Hemos escuchado declaraciones de legisladores del Gobierno argumentando que el mérito para el desafuero era insuficiente porque se trataría de un delito de menor entidad. Más allá de esa consideración, que no necesariamente compartimos, no está planteado que se deba evaluar la entidad del delito en cuestión. Un delito es un delito, sea grande, mediano o chico; eso determinará, eventualmente, la magnitud de la sanción, pero en ningún caso puede ser fundamento para que un legislador no comparezca ante la Justicia. Desde un homicidio hasta el robo de una bicicleta, los legisladores tenemos que ser responsables de nuestros actos al igual que todo ciudadano o ciudadana.

Permítanos interpretar, señora presidenta, que en este caso se está yendo más allá de lo que debe evaluarse desde el punto de vista jurídico. Desde nuestra perspectiva, el desafuero no se vota porque priman consideraciones de conveniencia política; se anteponen las necesidades políticas circunstanciales de la coalición de gobierno para mantenerse mínimamente cohesionada en las necesidades de reafirmar permanentemente la institucionalidad y la salvaguarda de la separación de poderes, pilar fundamental de un Estado democrático sólido. Justamente, por sostener esta institucionalidad es que Uruguay es considerado como una de las quince democracias más plenas del mundo.

No tenemos dudas: los fueros deben suspenderse y el senador desaforable debe comparecer ante la Justicia como cualquier hijo de vecino. De no hacerlo, de hacer primar lo político circunstancial por sobre lo jurídico e institucional –expresión que otrora horrorizaba a muchos–, se está desvirtuando la naturaleza de los fueros parlamentarios.

No se está protegiendo al Cuerpo legislativo sino amparando a un legislador que tiene una causa judicial abierta con total justificación. Ahí sí, en palabras del actual presidente de la república, los fueros no están salvaguardando la separación de poderes, sino poniendo coronita a un legislador por sobre el resto de los compatriotas.

Señora presidenta: hemos escuchado declaraciones del señor senador desaforable en las que manifiesta que lo que terminó de convencerlo para dar esta voltereta en el aire con respecto a no votar su desafuero y desconocer su compromiso ante la ciudadanía eran las dudas que le generaba que el Frente Amplio votara su retorno a la banca una vez que la Justicia archivara su caso o cumpliera las sanciones que el sistema judicial le impusiera eventualmente. Por tal motivo, ante esa discusión, la bancada del Frente Amplio dejó bien en claro su posición y que fue refrendada, como ya se dijo, en la comisión: el retorno a la banca no debe votarse sino que se realiza de manera automática una vez que se den esos extremos. Ya había dos claros antecedentes en la legislatura pasada en la que sendos legisladores, Esquerra y Bianchi, fueron suspendidos en sus fueros, comparecieron ante la Justicia y luego retornaron automáticamente a sus bancas.

El Frente Amplio tiene muy claro que todos los senadores y representantes han sido electos democráticamente por la ciudadanía, o sea que lejos puede estar entonces la idea de que se utilice este mecanismo para desconocer la voluntad popular y evitar que un representante electo pueda ejercer su rol constitucionalmente asignado. Por lo tanto, pensarlo de otro modo sería atentar contra la institucionalidad democrática del país. Pero increíblemente ante esta definición nítida de nuestra fuerza política, el señor senador desaforable declaró que no nos creía porque éramos unos mentirosos, y de esa manera justificó su voltereta acrobática. Los antecedentes mencionados confirman el accionar político del Frente Amplio en este tema. Allí no hay mentiras, lugar a las suspicacias ni a las dudas. Entonces, permítasenos decir, señora presidenta, que estaríamos mintiendo, por ejemplo, si dijéramos que no nos vamos a amparar en ningún tipo de fueros y nos amparamos; si decimos que vamos a comparecer ante la Justicia y no comparecemos; y si decimos que vamos a votar nuestro propio desafuero y no lo votamos. Allí sí habría mentiras y en esas mentiras no habría valentía y mucho menos honor.

Asimismo, podremos alargar este debate con intervenciones de toda naturaleza, pero los protagonistas ya nos han adelantado el final. En ocasiones no hay camino del medio, no hay cortadas, no hay atajos. Nuestra fuerza política tiene claro que vota el desafuero solicitado porque es lo que corresponde jurídica e institucionalmente, y porque es la forma de contribuir al camino de la verdad. En ese trillo ha estado desde el día en que nació a la vida política, persiguiendo el paradigma enunciado por el general Líber Seregni de «decir lo que se piensa y hacer lo que se dice».

Por otra parte, si algo reconfirman las actas del tribunal de honor de 2006 es que en este país la dictadura cívico-militar torturó, asesinó e hizo desaparecer personas. Y eso lo hizo en un plan sistemático que fue, incluso, más allá de fronteras en el marco del Plan Cóndor. La historia puede reescribirse –suelen intentarlo los vencedores–, lo que no se puede es cambiarla. Durante dos décadas primó la impunidad y el ocultamiento, primó la injusticia en estos temas. Muchos mintieron y obstaculizaron todo tipo de investigación, incluso en el marco de la Comisión para la Paz, promovida por el expresidente Jorge Batlle.

Del mismo modo, agredir a familiares de detenidos desaparecidos, como ha hecho el señor senador desaforable al decir que toda su vida han buscado un enemigo y que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda su vida, no solo es inadmisible, sino que es insultante. Incluso se atreve a decir que fabrican un enemigo porque no tienen razón de existir si no hay un enemigo presente.

Señora presidenta: Familiares no busca un enemigo presente, sino un familiar ausente. ¿Y quién no lo haría? Nos parece que son declaraciones miserables, motivadas por una necesidad política mezquina, vinculada con la intención de eludir una comparecencia ante la Justicia. No se justifica usar la sensibilidad de personas que por cuatro décadas siguen buscando a ciegas una respuesta que les permita saber dónde están sus hijos, sus padres, sus hermanas, sus compañeras.

Señora presidenta: porque hubo Gobiernos del Frente Amplio es que se entró en los cuarteles, se excavó, se hallaron restos de personas desaparecidas y algunas familias, muy pocas, lograron enterrar a sus muertos; porque hubo personas de inmensa estatura moral y compromiso democrático como la doctora Azucena Berrutti, es que hoy podemos acceder a más de catorce mil archivos de inteligencia militar como parte del archivo Berrutti, oculto hasta 2007 y hallado en la Escuela de Inteligencia del Ejército; porque hubo Gobiernos del Frente Amplio es que se responsabilizó a civiles y militares de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado, y recibieron un juicio justo. En Gobiernos del Frente Amplio se avanzó en temas de verdad, muchos más allá de los primeros resultados de la Comisión para la Paz y mucho menos de lo que hubiéramos querido; se aprobaron leyes reparatorias a las víctimas de terrorismo de Estado aun con las limitaciones que podemos reconocer, y se generó institucionalidad referida a los derechos humanos en el aparato estatal. Tengan la certeza de que en ese trillo continuaremos librando la batalla por verdad y justicia, cultivando la memoria y contribuyendo, como lo haremos hoy, a la plena vigencia de las garantías democráticas para todos.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Por una aclaración respecto al proyecto de ley presentado el 1.° de diciembre de 2011 por el entonces representante Luis Lacalle Pou, referido a modificaciones a los artículos constitucionales sobre los fueros de los señores legisladores.

Traigo a la atención de los señores senadores que lo que planteaba el proyecto de ley –no sé si el señor senador Bergara leyó el proyecto de ley; quizás sí, pero no lo sé–, es que ante una acusación el legislador podía comparecer ante la Justicia sin que quedara suspendido en su función legislativa, es decir, sin que perdiera su calidad, aunque sea temporalmente, de legislador. Si era formalizado o, tal como decía la terminología de 2011, procesado, ahí sí quedaba suspendido en las funciones, y si era condenado, se producía el cese; hipótesis bien diferente de la que rige actualmente en que el pedido de desafuero es ante la sola acusación e implica la suspensión de la calidad de legislador. Lo otro a resaltar es la distinción entre delitos leves y graves que también, quizás, no se leyó correctamente. El que hace esta distinción no somos nosotros, sino el constituyente, en los artículos 114 y 93.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- No sé si la señora senadora Asiaín escuchó lo que dije: yo no hice ninguna referencia a un proyecto de ley, sino a declaraciones públicas del actual presidente citando los correspondientes medios y fechas.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Como es para una aclaración y no por una alusión, no agravia el que quiere, sino el que puede; así que eso es una cosa que la dejo como principio general.

Como aclaración, muy breve porque, en realidad, es obvio, va de suyo, queremos dejar constancia de que el artículo 114 está vigente, y mientras esté vigente hay que aplicarlo. Cada uno de nosotros puede tener su opinión, incluido el actual presidente de la república, antes diputado y senador, quien presentó el proyecto y no se trató. Y había mayorías absolutas. O sea que ratifico que no agravia el que puede, sino el que quiere y, además, se necesita consulta popular, porque es una modificación a la Constitución. Pero lo más importante es que acá durante quince años hubo mayorías absolutas y el señor diputado Lacalle Pou y el señor senador Lacalle Pou, hoy presidente de la república, presentó el proyecto y no se le dio trámite.

Vuelvo a repetir: la Constitución se cumple mientras esté vigente. Si queremos cambiarla, tendremos que discutirlo.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Parece que el senador preopinante no escuchó nuestra exposición. Dijimos claramente que entendíamos que no existía ninguna garantía de un juicio justo. Explicamos por qué y mencionamos los elementos nuevos que surgieron después de nuestras declaraciones. Quedó bien claro el sesgo que le dio la fiscalía en todo momento, a tal punto de imputar solo a quien habla y dejar fuera a los principales responsables que notoriamente están en la órbita de Presidencia de la República.

Habla de miserables y cobardes. Miserables y cobardes son los que usan a los desaparecidos como mercancía de cambio. Miserables y cobardes son los que entregaron el país a la inclusión financiera y a la bancarización obligatoria. Miserables y cobardes son los que hacen una defensa hipócrita de los derechos de unos e ignoran los de otros.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- En primer lugar, quiero aclarar a la señora senadora Bianchi que no agravié a nadie; solo hice referencia a declaraciones públicas.

Comparto totalmente que la Constitución debe cumplirse y, en relación con los fueros parlamentarios, no planteo su eliminación, sino que estoy de acuerdo con que existan, pero con una aplicación acorde a lo que la norma establece. El resto forma parte de interpretaciones con las que, evidentemente, discrepamos.

En cuanto a las garantías que da la Justicia, también es un tema de opinión y, claramente, discrepamos con lo planteado por el senador Manini Ríos.

En lo que respecta a la última parte de lo que expresó, solo diré que si él se revuelve en el fango no lo voy a acompañar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: les voy a pedir colaboración para poder continuar llevando adelante este debate.

(Murmullos en sala).

–Por favor, pido que se me permita hacer uso de la palabra. Yo no puedo pedir aclaraciones; debo tratar de ordenar un debate que, obviamente, por momentos se vuelve más tenso. De modo que les pido, por favor, que retomemos el respeto, especialmente, a la lista de oradores que tenemos.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, presidenta.

Las veces que he estado como suplente participé en sesiones polémicas e importantes. Hoy debuto como titular y estamos en una sesión que, aquí adentro, tiene una importancia muy distinta a la que tiene afuera.

Este Senado fue convocado, señora presidenta, porque un periodista, llamado Leonardo Haberkorn, tuvo la lucidez de ver las actas del tribunal de honor en las que un ser despreciable, como Nino Gavazzo, declaró. Esa es la verdad. En 2020 hay quienes viven pensando en la posverdad. La verdad es que este Senado fue citado porque la prensa de este país descubrió algo que querían taparnos. La posverdad se llama «Desafuero o complicidad». Es tan sencillo como eso.

Manipular los hechos es bastante osado, señora presidenta, porque con el relato que hemos escuchado queda claramente establecido que la única verdad acá se llama herencia, una nueva herencia del Gobierno del Frente Amplio, en la que todas las autoridades políticas, civiles y militares hicieron algo que tuvo que cubrir la prensa libre. Ni más ni menos.

Este no es un tema de gobierno, señora presidenta; no está en la agenda de gobierno. Es una falla sustantiva, reiterada y aparentemente metodológica, del doctor Tabaré Vázquez y de su sombra, el doctor Toma, que tiene varias virtudes y a quien últimamente le hemos descubierto algunas nuevas en una cancha de fútbol en Europa pagada con plata de la gente. Es algo sistemático y reiterado, que no hace otra cosa que seguir horadando las heridas de un pasado que, por un tema generacional, a mí no me compete. Nací en el 72, señora presidenta; soy hijo de una circunstancia con la que nada tuve que ver. En este Senado, hay señores senadores que tuvieron mucho que ver; hay algunos que tuvieron algún protagonismo preponderante; hay dos presidentes de la república que se han caracterizado por encontrar las causas y los efectos de esa solución; está la generación del 83, que integra mi amigo Jorge Gandini. Yo soy hijo de algo dado y estar en el medio no me hace menos patriótico ni menos uruguayo ni menos oriental, porque los desaparecidos son igual de importantes para mí que para quienes, respetablemente, tienen que buscar a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos, a sus compañeros de militancia. Yo no soy menos patriótico por haber sido criado en Altos del Cordobés, lugar en el que cuando estas cosas pasaban mi padre estaba haciendo el primer galpón con techo de Dieste, allá en el medio del campo; no lo soy yo ni la mayoría de los uruguayos, señora presidenta –reitero, ni yo ni la mayoría de los uruguayos–, porque entre tupamaros y militares acá han condenado a una enorme cantidad de uruguayos a este tipo de circunstancias que no le hacen nada bien al porvenir de nuestro país.

Nosotros somos de los del medio, de los que no vamos a las marchas, de los que nos parece careta pedir por algo con lo que realmente no tenemos ninguna cercanía, pero que entendemos y apoyamos. Nosotros somos los de este Gobierno, que vamos a culminar –y en esto el tiempo nos va a dar la razón– intentando encontrar la verdad y la justicia. Pero nosotros no somos del mundo de la posverdad. A mí me daría vergüenza, señora presidenta, teniendo gente amiga, familiares, militantes, ponerme una camiseta con esa causa tan sagrada y callarme la boca frente a todo lo que se hizo desde Presidencia de la República. Ni una sola voz he escuchado del Frente Amplio; escucho frasecitas. O usted, señora presidenta, ¿alguna vez escuchó que alguien criticara al doctor Toma o al doctor Vázquez por tapar lo que Nino Gavazzo declaró? ¿Lo escuchó? ¡Yo no! Ahora bien, ¿con quién se la agarran? Se la agarran con el que no quiere, con el general Manini; con ese sí se la agarran. ¡Se habrá visto más hipocresía, mirar a la cara y no decir nada! Nosotros estamos en el medio y, en lo personal, cuando veo que el doctor Toma gasta más de setenta mil dólares por el Plan Cóndor, acompañado vaya a saber de quién, y no escucho una sola palabra de quienes fueron gobierno, no tengo más remedio que enojarme porque, reitero, soy de los del medio, de los que han sido condenados toda la vida por no tener participación alguna en la dictadura ni con los militares.

Señora presidenta: en estos asuntos, para mirar a la cara a la gente hay que ser muy coherente. ¿Sabe una cosa? Yo no careteo, yo la miro a la cara y no tengo ninguna duda de que el Gobierno del doctor Lacalle Pou, con el ministro García en el Ministerio de Defensa Nacional, va a seguir buscando y encontrando cosas. Lo más fácil es decir: «Acá hubo una operación». ¿Qué operación? ¡Tienen que pedir perdón, señora presidenta!, o devolver los jornales. No puede ser que el doctor Cipriano Goñi encuentre una montaña de expedientes que dicen «Gilberto Vázquez» y que, un día sí y otro también, ¡uno escuche justificaciones insólitas en programas de radio! Entonces, vamos a volver sobre lo que ya dijimos: si no hubiese estado el periodista del diario El Observador, seguiríamos igual; vendría mayo y haríamos la marcha, aparecería alguna cosa y ninguno de los que estamos acá tendríamos más noticias.

Paso ahora a la ética de la responsabilidad, a lo relativo a ser y parecer, no solo parecer con una remera, sino ser, criticar, reaccionar. Yo puedo entenderlo de gente que tuvo mucha cosa, pero no puedo entender que gente de mi edad tenga que andar ocultando lo obvio, lo evidente. Yo tengo familiares, señora presidenta, que fueron fundadores del Frente Amplio. Capaz que acá algo se sabe. Me refiero al Frente Amplio de Juan Pablo Terra. Mi suegro, que hoy no está con nosotros, no sé qué pensaría si viera esta izquierda; toda una vida gastada en el cooperativismo, siendo consecuente con lo que pensaba. ¿Cómo se callan frente a las cosas de un ser que ayer tuvo todos los cambios de paso y quiebres de cintura que puedan imaginarse en cualquier futbolista y lo hizo frente a todos los periodistas? Hablo del doctor Toma, sombra oscura que gobernó el Gobierno del Frente Amplio. No hay un solo senador de estos que gargantean que le ponga el cascabel al gato. Yo lo he visto.

Señora presidenta: nadie, nadie miente en su lecho de muerte. ¡La hipocresía y la bajeza que han tenido con compañeros es una cosa que realmente aterroriza! ¡Aterroriza! Se han pasado por las patas todo, ¡todo!, el buen nombre, el honor, la familia. Cuando falleció el exministro Menéndez, ¿sabe quién fue al velorio a saludar, señora presidenta? El actual ministro de Defensa Nacional, que fue a Durazno. ¿Y sabe quién no fue? El presidente de la república. ¿Y acá vienen a hablar? ¡Hay que reaccionar!

Anteayer terminó la campaña electoral, vamos todos, los de un lado y los del otro, a tratar de sacarnos de encima las cosas que nos dividen, pero vayamos con la verdad, señora presidenta, porque acá estamos todos grandes y vacunados. Podemos jetear para fuera y meter la etiqueta #DesafueroOComplicidad, pero acá, frente a frente, por sentido común, la verdad de los hechos ha quedado más que demostrada. Y lo dice alguien que no está de acuerdo con los fueros parlamentarios. Será por lo que ya mencioné: soy de la generación del doctor Lacalle Pou. En los próximos días voy a presentar el mismo proyecto de ley del doctor Lacalle Pou, calcado, porque yo no debo tener coronita por estar acá. ¡No debo tener coronita!, pero vamos a decir toda la verdad. Vamos a seguir siendo esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, quien habla y todos los aquí presentes.

Yo no soy «tupamarólogo» ni tengo un «milicómetro» para saber si hubo o no hubo pacto de silencio. Reitero: estoy en el medio, no tenía nada que ver, vivo con ese estigma. En facultad, recién recibido, tuve siempre el mismo estigma. Ni yo ni mi padre tuvimos nada que ver; sin embargo, me estigmatizaron. Yo estoy a favor de encontrar la verdad y hacer justicia.

Alguien que homologó a cara descubierta, señora presidenta –reitero, ¡a cara descubierta!–, después nos viene a decir «desafuero o complicidad». ¿Alguno de nosotros tiene cara de tonto, señora presidenta? ¡No! Las cosas habrán sido por un tema electoral, imagino yo, pero no se puede venir acá a hablar como una posverdad.

Nosotros vamos a acompañar la postura que, en forma ejemplar, realizara la señora senadora Asiaín, con los aportes de la señora senadora Bianchi y del señor senador Botana.

Este Parlamento tiene el privilegio de tener dos presidentes: a uno lo escuchamos –y uno siempre aprende–, ahora esperamos escuchar al otro que tiene mucho para decir sobre este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo va a escuchar, señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Esperemos que, cuando se termine de descubrir este tipo de actitudes, podamos encontrar la verdad, porque acá hay una chicana y lo que nosotros queremos es hallar la verdad.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Buenas noches.

Voy a fundamentar el artículo único del proyecto de resolución por el que se resuelve declarar que hay lugar a la formación de causa al señor senador Guido Manini Ríos y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga. Esto, que se aprobó por mayoría en la Comisión de Constitución y Legislación, voy a fundamentarlo en cinco puntos.

En primer lugar, creo que hay que ver algunos hechos ocurridos previos a febrero de 2019. En esos hechos previos está claro que el ministro Jorge Menéndez tenía una relación conflictiva con el comandante en jefe.

En noviembre de 2016, el ministro de Defensa Nacional resolvió la asunción, en febrero de 2017, de los generales Ricardo Fernández y Claudio Feola, que no tenían la opinión favorable en el ascenso del comandante en jefe.

En enero de 2017 –hay que recordar para hablar de Menéndez–, el Comando Barneix amenazó al fiscal de corte, Jorge Díaz, a la exfiscala Mirtha Guianze, al doctor López Goldaracena, al activista brasileño, amigo, Jair Krischke, y al propio doctor Menéndez.

En los miles de hojas que todos leímos –no es ningún mérito haberlo hecho–, Yamandú Rodríguez, asesor de Menéndez, relató que había una dificultad de relacionamiento entre el ministro y el comandante en jefe, fruto del perfil en crecimiento de las declaraciones que claramente no iban en la línea del ministro de Defensa Nacional. ¡Quizás sea por eso por lo que lo aluden tanto ahora! No puede contestar y, además, tiene esta divergencia conceptual.

Voy a los hechos; quizá repita alguna cosa que se dijo, porque las declaraciones que están en el expediente son muy contundentes.

Los generales Fajardo y Erramún dicen cosas en ese expediente que nuestro compañero Bayardi detalló con mucha claridad; no obstante, me gustaría repetir algunas. Dice: «… estábamos investigando por el segundo vuelo, no aparecía nada de nada que nos convenciera […] Entonces hicimos la pregunta de si él había tenido conocimiento […] de violación de los derechos humanos, de algún muerto dentro de un cuartel o que se hubiera entregado alguna niña…» –aunque fuera una conversación rutinaria– y dijo: «Les voy a decir algo que nunca se lo dije a la Justicia […] Sí, tengo conocimiento de una persona que murió adentro de un cuartel». Y se refirió –después voy a volver sobre el tema– a mi amigo, mi gran amigo, Tito Gomensoro. Cuando analizamos estos temas las amistades también juegan mucho.

Fajardo, Erramún y González concurrieron munidos del Reglamento de los Tribunales de Honor con el artículo 77 y con las declaraciones de Gavazzo. Fajardo le comunicó a Manini Ríos –dice el expediente– que de las declaraciones de Gavazzo habían surgido hechos que poseían naturaleza delictiva y que él quería dar cuenta de eso para que se dieran las órdenes pertinentes. Erramún dijo: «Debate no hubo. Nosotros le decíamos que es un caso para pasarlo a la Justicia y él nos dijo a nosotros: “este hombre lo que está queriendo es que se detengan las actuaciones”». Manini Ríos ordenó nuevamente al tribunal detener sus actuaciones y aguardar órdenes, finalizando así la reunión. Como bien dijo Bayardi, este encuentro tampoco fue documentado. El in voce funcionaba como la clave de las relaciones.

De la lectura del expediente surge claro que ninguno de los tres generales, ni Fajardo ni Erramún ni González, tenían dudas de que lo declarado por Gavazzo había que ponerlo en conocimiento de la Justicia. El 8 de mayo de 2018 se suman las declaraciones de Jorge Silveira ante los tribunales de honor: Gomensoro se le muere a Gavazzo. El 15 de setiembre Gavazzo pasa a situación de reforma, Manini informa al Ministerio de Defensa Nacional, pero su nota nada dice sobre las declaraciones de Gavazzo y de Silveira.

Luego, el 14 de febrero de 2019, se crea el tribunal de alzada y, finalmente, el comandante en jefe lleva el expediente en mano al ministro de Defensa Nacional, doctor Menéndez, con una nota de ocho carillas y muy fuertes críticas al Poder Judicial, pero no menciona nada respecto a las declaraciones de Gavazzo y Silveira.

¿Cuánto tiempo pasó? El expediente dice con claridad que pasaron trescientos diez días desde que el ahora senador Manini Ríos tiene conocimiento de las declaraciones de Gavazzo y de Silveira, y que Menéndez –que ya estaba en ese momento con la enfermedad avanzada– recibe la información. Leyó atentamente la nota, se descompuso, se sintió mal y luego recibió la información de sus asesores jurídicos, el doctor Alfredo Maeso y la doctora Josefina Nogueira, asunto que ya ha sido tratado aquí con bastante detenimiento. En fin, del 11 de abril de 2018 al 15 de febrero de 2019 transcurrieron trescientos diez días o diez meses –como lo quieran decir– para que se enterara el ministro. Nosotros le creemos al ministro de Defensa Nacional. Así como varios senadores preopinantes dijeron que le creen al actual senador, nosotros creemos que el ministro Menéndez no tuvo conocimiento de esas declaraciones. Menéndez fue un compañero íntegro, cuidadoso de su imagen y de su nombre, comprometido con la búsqueda de información y, a pesar de que intentaron doblegarlo con el Comando Barneix, no pudieron.

En tercer término, señora presidenta, antes de pasar al último punto quiero hacer una digresión sobre algunos dichos que se han expresado en esta sesión, particularmente por parte del señor senador Manini Ríos, que nosotros no aceptamos. Dijo: «… utilización miserable de la instancia del desafuero». ¿Por qué fue miserable? ¿Quién fue miserable? ¿Nosotros somos los miserables? Como dijo el señor senador Bergara, si él hubiera mantenido su compromiso de ir a la Justicia no hubiera habido desafuero ni sesión ni miseria. Ahí está el punto central: él no honró su compromiso. Ya los compañeros contestaron que la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se mueve por odio, pero en realidad el motor de dicha organización es el amor. Basta cruzar acá enfrente –yo crucé un par de veces a lo largo del día– para notarlo. Basta haber hablado una vez –yo hablé muchas veces más, todos los que están aquí también– con Luisa Cuesta para saber que Familiares es amor. Se ha vuelto a cuestionar a la Justicia –ya se hizo en alguna media hora previa anterior– por el procesamiento de notorios torturadores que muchos uruguayos han sufrido descarnada y directamente, con nombre y apellido de esos torturadores.

En cuarto lugar, ha hablado de guerra. No, señores, acá no hubo guerra, hubo terrorismo de Estado, que es un poco distinto a una guerra. Acá no hubo bandos, acá hubo terrorismo de Estado y un bando oficial: el bando del Gobierno, el bando de las Fuerzas Conjuntas –no solo de las Fuerzas Armadas–, que reprimieron, torturaron y desaparecieron en Uruguay y en el Cono Sur, a través del Plan Cóndor.

En quinto lugar, se dijo que había burócratas internacionales –pagados por no sabemos quién– que hieren la autonomía nacional. No, no, a nosotros no nos hiere, a mí no me hiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hiere a los impunes, a los que buscan impunidad.

En sexto lugar, se dijo que nosotros –supongo que somos nosotros porque, si no, no sé quién podría ser– jugamos a la mosqueta con los derechos humanos. No tengo mucho que decir sobre esto porque la señora senadora Kechichian hizo una larga exposición y no quiero repetir todo lo que se ha dicho en esa materia.

En séptimo lugar, en el expediente se dice que, si la Justicia se hubiera expedido, todavía estaríamos esperando. O sea, estos siete puntos muestran una convicción declarada de no creer en la Justicia. Por eso, valdría la pena que se diera el desafuero y que se pudiera ir a la instancia de la Justicia.

Continúo diciendo que la cosa no termina ahí porque cuando uno lee en el expediente las declaraciones de Gavazzo y de Silveira, no se pueden analizar solo por el hecho puntual de Gomensoro o de Pérez Silveira porque lo que ellos dicen allí –muchas cosas ya se sabían, por eso hay tantos procesados por delitos de lesa humanidad–, afirmado por militares de primera línea de fuego de la represión, es que estos casos no eran aislados, sino que formaban parte de una lógica de actuación de las Fuerzas Conjuntas. Todo esto demuestra que hay una enorme cantidad de elementos de la investigación que se podrían aportar y que hasta ahora han sido ocultados.

A pesar de todo lo que se avanzó en 2005, esta decisión de no hablar fue una traba fundamental. Un asesinado por torturas y luego efectivamente desaparecido muchos años, salvo que alguien que esté aquí crea lo que dice el expediente, es decir, que lo dejaron en una silla, que no lo torturaron porque no tenía mucho para decir porque ya se habían dicho muchas cosas, que se fueron y que cuando llegaron al otro día estaba muerto. En Disneylandia puede pasar, pero en Uruguay y en 1973 eso no pasaba. No hay duda de que fue asesinado porque, además, estamos hablando de un momento en el cual las torturas ya eran sistemáticas. Estamos hablando de marzo de 1973 y las torturas eran sistemáticas desde abril de 1972. Por eso, en ese contexto, la gravedad del ocultamiento adquiere mayor relevancia.

Como dije hoy, a muchos nos afecta de manera distinta este caso. Yo militaba con Tito Gomensoro. En esa etapa, integrábamos juntos la dirección del sector universitario del 26 de Marzo. El día que lo llevaron preso también fueron a buscar –pero se salvó– al compañero Tabaré Vera, que era el otro jefe de nuestro sector y varios de nosotros pasamos un par de meses en el ocultamiento porque estábamos en la dirección de ese sector. O sea que no fue un hecho inocuo, no fue un hecho que no tuviera repercusión. En mayo, un número relevante de compañeros, particularmente de la Facultad de Química y de la Facultad de Medicina, fueron detenidos en el mismo expediente de Tito Gomensoro y Tabaré Vera. Todo eso pasó antes del 27 de junio. Es decir que estamos hablando de un hecho relevante.

Para terminar, voy a citar algo que dijo el señor senador Mahía, que es muy importante porque esto de la historia es trascendente. Acá se dijo varias veces, muchísimas, que Gavazzo era execrable, despreciable y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, hasta 2005 Gavazzo vivía en Massini y Libertad; de hecho, hubo varios escraches frente a la casa de Gavazzo en 2001, 2002, 2003. Él caminaba tranquilamente por la ciudad de Montevideo y todos ya sabíamos que era execrable, no lo descubrimos ahora porque leímos que tiró a Tito Gomensoro al río; ya lo sabíamos. Entonces, se puede decir que es execrable y no lo estoy cuestionando; al revés, me alegra que todos pensemos que actitudes como las de Gavazzo y Silveira son execrables, pero pensemos que después de la vuelta a la democracia vivió tranquilo durante veinte años.

El cuarto punto que quiero plantear es una reflexión más política-filosófica, que tiene que ver con el liberalismo. El Gobierno ha sostenido –particularmente, el presidente– que la libertad es la base de su gestión y ha aplicado ese concepto de libertad a la economía con mucha fuerza. Sin embargo, en este caso –solo me refiero a este caso; no quiero que se entienda mal mi exposición–, el principio constitucional de igualdad ante la ley, que es el principio básico del liberalismo político, no se aplica, porque si se aplicara, se permitiría que el señor Manini fuera a la Justicia. Además, se desconoce una de las bases del liberalismo político, del sistema democrático liberal y occidental que ha sido el sostén de este proceso que se inicia ahora. Sin embargo, el señor senador ha dicho aquí que el sistema judicial no le da garantías. ¡Es atroz esa visión! Yo me pregunto –y es una buena pregunta para hacernos– si piensa esto respecto a él o a la población en general. ¿No le da garantías a él o no le da garantías al conjunto de la ciudadanía? Las dos cosas son graves, pero son distintas. Creo que con esta actitud con la que se va a votar hoy se está cuestionado el centro de la concepción liberal, democrática y política del equilibrio de poderes. Un Gobierno con mucho liberalismo económico y poco liberalismo político.

Finalmente, algunas reflexiones finales sueltas, porque creo que lo esencial ya lo dije. Quiero decir que al principio de la mañana la señora senadora Asiaín habló del fuero sindical; en realidad, lo único que tienen en común el fuero sindical y el fuero parlamentario es el nombre, ¿no? –los dos se llaman «fuero»–, porque si un trabajador –por ejemplo, Andrade, que tenía fueros sindicales en la construcción– le roba plata a su sindicato va preso; no le tienen que sacar los fueros, sino que va preso. Son dos cosas distintas y quiero decirlo porque, de lo contrario, parecería que los fueros parlamentarios tienen algo que ver con los sindicales. Reitero que lo único que tienen en común es el nombre.

Otra reflexión es que la acción judicial que involucra al general Manini –varios de los que me precedieron ya lo dijeron– no tiene que ver con la actuación política en este recinto; se trata de hechos anteriores a que él se dedicara a la actividad política, e incluso anteriores a que él proclamara su precandidatura a la presidencia.

Cada vez que se plantea el debate sobre la búsqueda de la verdad y la justicia varios partidos de la coalición de gobierno centran su discusión en lo que hizo o no hizo el Gobierno del Frente Amplio; es como aquello que dice que no hay mejor defensa que un buen ataque, pero no es así. No hay ninguna duda razonable en esta materia sobre que hay un antes y un después de que el Frente Amplio asumiera el Gobierno; no hay lugar para ninguna duda. La frase de Mahía sobre Gavazzo me exime de profundizar en ese sentido. O sea que más allá de declaraciones y expresiones verbales de voluntad, si no permitimos que la Justicia actúe, no estamos ayudando a que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de verdad y justicia.

Y digo finalmente: si es verdad que el senador ha dicho que no tiene ninguna complicidad, que no ha hecho ningún ocultamiento, que él le dijo todo a alguien que obviamente no puede responder, que pase a la Justicia. ¿Qué problema puede haber? En una semana lo tenemos de nuevo en el Senado, porque nuestra moción de resolución establece que si la Justicia decide que está todo bien, vuelve.

Por lo tanto, señora presidenta, creo que tenemos en discusión un cuestionamiento a la Justicia, y las palabras pronunciadas acá por el senador Manini respecto a que no cree que sea objeto de un juicio justo son muy claras. Nosotros sí creemos en la Justicia y seguiremos en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, señora presidenta.

No puedo dejar de iniciar mis palabras saludando el reconocimiento al liberalismo que un marxista ortodoxo acaba de hacer, un hombre que, en su momento, combatió el liberalismo y la república. Realmente, me reconforta, y mucho, que se reivindique en la tarde-noche de hoy el liberalismo, no el económico, sino el liberalismo en la más amplia concepción de la palabra. Es una forma de reivindicar, en esencia, los valores que en la mañana-tarde de hoy los senadores del Partido Nacional –en especial las senadoras Asiaín y Bianchi– han esgrimido para argumentar por qué no vamos a acceder a la solicitud de levantamiento de los fueros al señor senador Guido Manini Ríos.

En ese sentido, señora presidenta, en este debate –al que nadie llega inocentemente, al que muchos llegan cargando responsabilidades muy grandes y de todo tipo, en el que la objetividad no existe– reivindico una línea de conducción que busque sinceramente centrarnos en el tema de discusión de hoy; sin embargo, muchas de las intervenciones que se han escuchado están cargadas de un subjetivismo tal que las anula, las inhabilita para argumentar la posibilidad de acceder al levantamiento de los fueros solicitado. ¿Por qué? Porque han sido muy pocos los defensores de la necesidad de levantar los fueros al senador Manini Ríos que han concentrado su intervención en el episodio puntal. Se han utilizado eslóganes; se han utilizado consignas; se han utilizado intervenciones tergiversadoras de la verdad; se han buscado intenciones aviesas en quienes hoy no estamos dispuestos a acceder a la solicitud de desafuero.

La solicitud remitida por la Justicia al Senado nada tiene que ver con el pasado reciente; nada tiene que ver con los lamentables episodios vividos por nuestro país; nada tiene que ver con los episodios condenables de violación de derechos humanos que, en el pasado, sucedieron; nada tiene que ver con los detenidos desaparecidos. ¡Tiene que ver con un episodio objetivo! ¡Se trata de ver si se ocultó o no información, según lo establecido en el artículo 177 del Código Penal, para poder demostrar que hubo omisión en denunciar un delito! ¡No se puede utilizar la carga de argumentos que hemos tenido que soportar en el día de hoy, que no tienen una vinculación directa con el episodio puntal, para la imputación de un delito de omisión de denunciar un delito! Por supuesto que sí tiene que ver con el tribunal de honor, por supuesto que sí con las actas, que realmente cuando se lee su contenido es execrable desde todo punto de vista. Pero en el episodio puntual en el que el Senado tiene que laudar como órgano jurisdiccional –porque el Senado se constituye en un órgano de jurisdicción–, lo que invalida el argumento contrario, señora presidenta, es que, si el Senado no quiere o no debe analizar los motivos, se deberían habilitar todos los desafueros que solicitara el Poder Judicial, perdón, en este caso, el fiscal.

El año pasado aquí hubo una serie de rémoras a desafueros que han existido y a negativas que también ha habido, de todo tipo. Recuerdo un caso, en la década de 1990, cuando la actual oposición votó en contra el pedido de desafuero de un diputado que estaba imputado de una estafa gigantesca, vinculado a la industria automotriz nacional. Realmente, los que hoy hablan a favor de la necesidad de comparecer ante la Justicia con todas las garantías, en aquel entonces no lo habilitaron. O sea, señora presidenta, aquí nadie se puede erigir en juez de las actitudes políticas de los demás. Créame que comprendo la argumentación de quienes entienden que hay que acceder al levantamiento de los fueros; comprendo que muchos de ellos tienen una carga muy importante producto de su pertenencia, su tradición y su pasado. La respeto, no la comparto, pero no podemos permitir que a quienes hemos llegado a la conclusión de que no se puede acceder a la solicitud del fiscal de esta causa para suspenderle los fueros al señor senador Manini, se nos atribuya que estamos actuando de una manera incorrecta, indebida o alejada de los principios básicos de la república; ¡de ninguna manera!

Además, no se pueden mezclar –salvo que se pretenda hacer con una intención subjetiva o, como se dice comúnmente, hablando para la tribuna– elementos que no tienen que ver con el fondo de la cuestión que está siendo analizada en la sesión del Senado del día de hoy. Si se quiere discutir sobre el pasado reciente, si se quiere discutir sobre las responsabilidades de actores políticos de aquel entonces, si se quiere discutir sobre la salida institucional que Uruguay encontró en 1984 y las responsabilidades que tuvieron quienes participaron de ella activamente, si se quiere discutir sobre la aprobación de las leyes que se conocieron como el estatuto de la salida, ¡bienvenido sea!, pero este no es el momento ni esta es la cuestión de fondo en este episodio y en este tema. Aquí estamos analizando, sencillamente, si existe mérito –según lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la república– para levantar los fueros a un senador que está imputado de un delito de omisión de denunciar un episodio aparentemente delictivo. Lo sorprendente, señora presidenta –permítaseme en este momento reflexionar sobre ese hecho–, es que estamos discutiendo sobre un tema –ya ingresaré después al fondo de la cuestión– que, primero, era conocido y, segundo, que oportunamente, más tarde que temprano –luego analizaré el fondo de la cuestión–, se puso en conocimiento de la Justicia: se trata de la imputación de una serie de personas que hoy están presas por haber cometido delitos que han tenido como consecuencia su remisión a la cárcel. En ese escenario se constituye un tribunal de honor. Según lo que aquí se ha relatado, los generales que lo integraron han testimoniado ante el Poder Judicial la premura en aquel entonces del Poder Ejecutivo y del ministro de turno. Aquí hago un paréntesis para decir que si se quiere hablar de la política de defensa llevada adelante por los Gobiernos del Frente Amplio, lo podemos hacer; si se quiere hablar de la responsabilidad que eventualmente los ministros de Defensa Nacional tuvieron en alguno de estos temas, lo podemos hacer; si se quiere hablar de la responsabilidad que se tuvo en designaciones de oficiales generales, también lo podemos hacer. Recién un señor senador manifestaba que el señor ministro de Defensa Nacional no se llevaba bien con el comandante en jefe. ¿¡Y por qué no lo echó, si lo puede hacer automáticamente!? Si en un acto administrativo el presidente de la república se cargó al ministro de Defensa Nacional, al subsecretario, al comandante en jefe del Ejército y a seis generales, ¿me van a decir que no podía hacer lo mismo en otro momento, si existían esas diferencias que supuestamente existían? A ver, vamos a hacernos cargo de la cuestión. Quienes ejercieron la comandancia del Ejército durante los Gobiernos del Frente Amplio eran personas de confianza del Gobierno de turno. ¡Eso es incuestionable! Y la responsabilidad de su designación y de su ascenso correspondía a la fuerza política que estaba en el Gobierno en aquel entonces, que era el Frente Amplio. Entonces, vamos a empezar a asumir también las responsabilidades que nos caben a todos con relación a estos temas.

¿Estos temas tienen que estar en el debate de hoy? ¡Para nada! ¡Absolutamente para nada! Lo que tiene que estar en el debate de hoy está vinculado a una supuesta omisión que lo que lleva es a decidir si se le deben levantar los fueros a un senador que obtuvo 272.000 votos en la última elección, y si la representación que ese senador ejerce amerita que sea suspendida por el episodio de haber eventualmente cometido un delito –la omisión de denunciar un delito– castigado con dieciocho meses de penitenciaría. ¡No tiene otro elemento de juicio! No se tiene que elaborar otro elemento de juicio. Claro, cuando no se tienen argumentos, ¡recurrimos hasta a la década de los sesenta! Se ha mencionado hasta a la república romana con relación al tema de los fueros. Vengámonos mucho más acá; los episodios que tenemos que analizar son estos, y en ellos, señora presidenta, lo sorprendente –y aquí sí entro al fondo de la cuestión– es que la imputación que se le hace al señor senador Manini Ríos es solamente a él. Hay que tener, aunque sea, un conocimiento mínimo de la verticalidad del mando en las Fuerzas Armadas, de la relación que tienen con el mando superior, de las normas legales y constitucionales vigentes sobre quién ejerce el comando general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la república actuando con el ministro de Defensa Nacional, según lo establecido en el artículo 168 de la Constitución. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no es el presidente de la república; el constituyente ha sido tan hábil que, justamente, dejó en claro que el presidente tiene que actuar en acuerdo con un ministro o con el Consejo de Ministros. Y la imputación es que el comandante en jefe, en virtud del conocimiento, tendría que haber comparecido ante el Poder Judicial.

Entonces, señora presidenta, francamente, leyendo las actas, las declaraciones de los generales González, Erramún, Romano y Sequeira, y las del hoy senador Manini Ríos, demuestran cabalmente que al Poder Ejecutivo no solamente le interesaba, sino que además estaba apurado en dar por concluidas las actuaciones de ese tribunal de honor. Algunas de las defensas han sido sumamente sesgadas. Sería interesante que alguien reconociera, por ejemplo, la argumentación del doctor Gonzalo Fernández en una carta abierta en Búsqueda, con relación a que no existe responsabilidad, a que no existe la comisión de un delito con relación a los temas que se le imputan al señor senador Manini Ríos. ¡Lo dice claramente el doctor Gonzalo Fernández! Aquí nadie, salvo los que nos hemos convencido de que no hay que acceder al petitorio del fiscal, comparte las conclusiones del doctor Fernández, catedrático grado 5 de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República, en el sentido de que no hay mérito para levantar los fueros al señor senador Manini Ríos producto de que los episodios eran de público conocimiento; se conocían con antelación. Además, señora presidenta, lo sorprendente de todo esto está vinculado también al hecho de que una vez que termina el tribunal de honor, se instala el tribunal de alzada solicitado por los imputados, se comunica al ministro de Defensa Nacional, quien lleva el expediente in totum a Presidencia de la República y el presidente de la república homologa parcialmente el tribunal de honor. ¿A alguien se le escapa el hecho de que, una vez más –igual que en el año 2006–, se homologó el fallo de un tribunal de honor que tenía entre sus declaraciones gravísimas imputaciones o declaraciones hechas por estos dos señores, fundamentalmente por el señor Gavazzo? Y nada pasó hasta que tomó estado público, y ahí, cuando toma estado público, se destituye al ministro de Defensa Nacional y a los generales que integraron el tribunal de honor. Aquí se ha sostenido que los generales actuaron muy bien. Pero, entonces, si actuaron muy bien ¿por qué se los destituyó? ¿Por qué se designa como comandante en jefe, en lugar del señor senador Manini Ríos, a uno de los integrantes del tribunal de honor y después se lo destituye? ¿Y sobre eso no se habla nada? ¿Eso no despierta por lo menos la suspicacia de pensar que alguna cosa no se hizo bien?

Acá no se están poniendo en tela de juicio las políticas llevadas adelante por los Gobiernos del Frente Amplio con relación a los derechos humanos; acá se está hablando puntualmente sobre este episodio, que es similar a uno que sucedió en 2006, pero que no tomó estado público. Una senadora dijo que era la primera vez que en un tribunal de honor un militar hacía declaraciones tan espantosas. No, no fue la primera vez. ¡La primera vez fue en 2006 y ese tribunal se homologó! Como las actas no tomaron estado público y parecería ser que en las oportunidades en que fueron solicitadas, que fueron varias, no se entregaron en su totalidad, no se terminó armando el revuelo que generó esta situación.

Entonces, vamos a decir las cosas como son, en el entendido de que es una situación muy compleja y que, como dije al principio, se enmarca en una situación mucho más compleja que tiene connotaciones políticas de toda índole. En el fondo –y aquí hablo a título personal–, lo que me lleva a no votar la solicitud de desafuero es que no existen méritos, según lo establecido en el artículo 114 de la Constitución nacional, para quitar la representación a un senador de la república electo por el pueblo por esta situación que hemos mencionado. Sobre todo lo demás, tengo mi opinión y la puedo dar, pero no en esta sesión, como lo han hecho muchos. Pero los datos objetivos son los datos objetivos.

Entonces, cuando uno revisa las actuaciones y las decisiones adoptadas por el mando superior y lee las declaraciones hechas por los asesores del lamentablemente extinto doctor Menéndez, algo queda claro. Y quiero decir acá que yo lamento muchísimo haber tenido que mencionar al doctor Menéndez. Para mí el doctor Menéndez era un caballero; tuve una muy buena relación con él y, reitero, para mí siempre fue un caballero; un hombre tan derecho que demuestra en su carta de renuncia lo derecho que fue. La reivindicación del doctor Menéndez –para los que la necesitaban– es su carta de renuncia, en la que queda meridianamente claro, señora presidenta, que él informó al presidente de la república y al secretario de Presidencia de la República sobre estas situaciones tiempo antes de que se desencadenara todo lo que a la postre se desencadenó, una vez que tuvo estado público.

Aquí, por supuesto en el plano de la subjetividad, algunos se preguntan a quién le creen más, si a uno o a otro. En ningún lado el doctor Menéndez dice que el comandante en jefe de aquel entonces, el general Manini Ríos, nunca le había informado –no lo dice en ningún lado–, de la misma manera que no dice en ningún lado que lo había informado. Pero el proceder posterior, y fundamentalmente el vinculado con la carta de renuncia, nos lleva a concluir honestamente a algunos que el señor Menéndez estaba informado, pero además por una cuestión lógica, señora presidenta: si la intención del general Manini Ríos era ocultar, ¿por qué lleva el expediente con todos los testimonios al Ministerio de Defensa Nacional? No se arrancó una hoja, no se eliminó un testimonio; se agregó todo. Es un tema de lógica. ¿Por qué ordena la suspensión del funcionamiento del tribunal de honor en dos oportunidades? ¿Alguien puede pensar –hasta por una cuestión de supervivencia personal– en no informarle a su jerarca inmediato superior de las situaciones denunciadas en el tribunal de honor? En una relación de trabajo no podemos llegar a pensarlo. Lo testimonió el señor senador Manini Ríos en su intervención. A mí me lleva a pensar que tiene razón y eso no va en demérito del señor ministro de Defensa Nacional, ¡para nada!, porque en el fondo, señora presidenta, cuando se llegó a la conclusión final del episodio –quizás producto de la toma de estado público–, se procedió como se debía haber hecho, es decir, dando cuenta a la Justicia.

Ahora estamos ante una situación vinculada a alguno de estos lamentables episodios en la casación ante la Suprema Corte de Justicia. Ahí se esperará su veredicto. Creo que todos le haríamos un gran bien a la Justicia si dejáramos de hablar de ella como una entelequia abstracta. Aquí no se critica el objetivo de llegar a la justicia. Se puede criticar o no un fallo, el proceder de un fiscal o de un juez, de la misma manera que nosotros permitimos diariamente que se critique nuestro accionar o el del Poder Ejecutivo. Eso también es parte de la libertad; por supuesto que con sus respectivos límites. Ahora bien, uno no puede decir que se atenta contra la Justicia. ¡De ninguna manera! Yo no siento que esté atentando contra la Justicia al negarme a proceder al desafuero del señor senador Manini Ríos. Creo que en mi calidad jurisdiccional a la que me obliga la Constitución de la república en su artículo 114 estoy procediendo de acuerdo con mis convicciones para arribar a la conclusión de que no hay mérito para la conformación de causa.

Lo que no podemos aceptar en ninguna circunstancia es que se hagan interpretaciones aviesas, como decir que esto se hace a cambio de algo. El presidente de una fuerza política llamó mercenarios a los senadores del Partido Nacional, y a nadie se le movió un pelo. Yo no me animaría a hacer una imputación de esa magnitud a nadie, y menos a un partido político.

Ahora, si ese es el nivel de discusión, si a eso vamos a llegar, estamos perdidos. Aspiro a que la discusión se centre en el lugar adecuado. Por lo menos la forma de proceder del Partido Nacional en la noche de hoy está vinculada a lo que entiende es la aplicación estricta de la Constitución y la ley. Estaremos de acuerdo o no y es muy legítimo que así sea; es parte de la democracia, pero de ahí no se puede llegar a la conclusión de que tenemos un liberalismo económico, pero no somos tan liberales a la hora de aplicar la Constitución o la ley. Me parece que ese no es el camino que debemos transitar en un tema tan delicado como este, hasta por el propio respeto que nos merecen toda la historia y los personajes vinculados a estas situaciones que lamentablemente al Uruguay le tocó vivir en el pasado.

El desafuero solicitado por la fiscalía y la decisión que vamos a adoptar nada tienen que ver con ocultar la verdad, entorpecer a la Justicia ni ir en contra de la verdad y la Justicia, porque esos temas no están en juego aquí. El testimonio en el caso vinculado a este asunto del señor senador Manini Ríos no es relevante para esos temas, y eso hay que decirlo con toda claridad. En todo caso, la imputación recae sobre la omisión de denunciar un delito y nada más. Lo digo para que también quede meridianamente claro. Lamento mucho que alguien atribuya malas intenciones a los senadores del Partido Nacional. En definitiva, ante los informes que hemos escuchado de los señores senadores de la bancada del Partido Nacional que integran la Comisión de Constitución y Legislación, arribamos a esta situación. ¿Tuvimos dudas? Por supuesto que sí. ¿Tuvimos discusiones? También. ¿Analizamos el asunto en profundidad? Lo ameritaba y lo amerita, pero llegamos a la conclusión que llegamos. No nos aleja un ápice de la historia ni de la tradición ni de las convicciones que tiene esta colectividad política y de las que no tenemos que dar prueba a nadie. Siempre estuvimos en el mismo lugar, siempre defendiendo las mismas cosas. Así que, de ese modo y con esos principios –como bien lo han informado los senadores que me precedieron en el uso de la palabra en representación de mi partido–, en la sesión de hoy los senadores del Partido Nacional no vamos a acceder al desafuero solicitado por el fiscal Morosoli.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Creo que estamos ante una decisión trascendente y de una enorme significación. Estamos tratando la cuestión relativa a amparar o no a un senador con sus fueros cuya argumentación principal que ha sostenido en forma sistemática durante meses –y lo ha hecho hoy de manera reiterada y respecto a la cual muchos de los senadores que intervienen en el debate omiten pronunciarse– es que entiende que debe ampararse en los fueros porque no tiene garantías y porque no cree en la Justicia. Lo dijo una vez, lo sostuvo dos y tres veces y no logró alterar al resto de los senadores que siendo indiferentes a este pronunciamiento gravísimo –que sin duda erosiona desde el punto de vista institucional y que es grave desde el punto de vista político–, cuando culmine esta sesión van a levantar la mano para amparar en los fueros al senador Manini.

La cuestión de los fueros tiene diversas posturas doctrinarias. El primero de los Jiménez de Aréchaga tenía una posición muy restrictiva y en su obra El Poder Legislativo, sostenía que solo correspondía amparar en los fueros salvo que se demostrase que la persecución penal respondía a un móvil político de impedir, dificultar u obstruir el funcionamiento de las cámaras legislativas. Hoy en esta sala hay senadores que todavía no han intervenido, que se han colocado en la misma posición. Si bien no sé cuál será su posición, cuando se dio la discusión de los fueros, el senador Saravia sostenía esta misma posición doctrinaria y decía textualmente: «Cuando uno asume responsabilidades políticas tiene que saber que si está en la primera línea de combate debe tener el pecho abierto a las balas y, por tanto, no necesita escudo, y si cívicamente somos conscientes de que lo que estamos haciendo está bien […] no necesitamos fueros». Más adelante señalaba también: «En esa oportunidad, se actuó en consonancia con la idea de que los fueros no deben ser una barrera para que la Justicia actúe y para que el ciudadano demuestre con tiempo y antelación –a efectos de que a nadie le quepa duda– que es inocente».

En la misma postura estaba el senador Da Silva, quien en una intervención periodística de hace pocas semanas sostenía con mucha claridad que solamente un necio podía negar los avances en materia de derechos humanos logrados a partir de los Gobiernos del Frente Amplio.

El tercero de los Jiménez de Aréchaga, Justino, tenía una posición más compleja y sofisticada, que es en la que está amparada la mayoría de los senadores. Desde el punto de vista jurídico, sostenía: «Lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del Legislador toda vez que, de los antecedentes que se le han remitido o de la verificación de hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro Poder contra la integridad o la independencia de la Cámara.

Deberá acordarlo siempre que se funde en hechos de los que razonablemente derive la presunción de que el Legislador ha delinquido». O sea, «se funde en hechos». No alcanza solamente –según la posición de Justino Jiménez de Aréchaga– con que no haya un ataque político de un poder a otro poder, sino que además «se funde en hechos».

Una primera valoración es sopesar en términos jurídicos si hay hechos que razonablemente llevan a entender que el senador ha delinquido y las pruebas que presenta el fiscal Morosoli son muy difíciles de sostener, que no nos colocan en esa condición. El alegato de la fiscalía dice que en el transcurso de las actividades que le fueron encomendadas al tribunal recibieron declaraciones de Nino Gavazzo y de Pajarito Silveira. En su primera comparecencia ante el tribunal, el 10 de abril de 2018, Nino Gavazzo admitió: «No. Yo lo que sé, y no es lo que he declarado ante la Justicia, porque no lo puedo declarar, aunque soy consciente de que lo que estoy declarando acá va a terminar en manos de la Justicia. Lo digo. En el año… en el año 73… 73, se detuvo a una persona. Era el jefe militar del MLN en ese momento, que se había reorganizado en tres, lo que ellos llamaban ejércitos… Entonces logramos llegar a él. Lo detuvimos y como era el último que quedaba por detener de ese sector, no había apuro por obtener la información porque ya prácticamente sobre lo que él sabía, ya sabíamos todo, entonces yo di la orden que lo dejaran. Hicimos el operativo, póngale de madrugada. Yo dije…».

Los tres integrantes del tribunal de honor sostienen que detuvieron el tribunal, le comunicaron a Manini, quien a los pocos días ordena continuar con el tribunal, desestimando esta información relevante sobre una desaparición forzada. La confesión de Gavazzo quedó consignada en audios. Más adelante, el 10 de abril de 2018, nuevamente, el interrogado es Silveira y no solo da información. Por eso, no entendí demasiado cuando parte de la fundamentación remite a una causa, la de Paso de los Toros, pero hay múltiples causas, de múltiples delitos, de temas distintos como el de María Claudia García de Gelman, de tortura a mujeres, que reconoce Silveira que fueron informadas por el tribunal de honor y por el tribunal de honor informadas a Manini. Por parte de la fiscalía existe la convicción –después de haber investigado el caso, no antes– de que hubo ocultamiento, de que el delito es ocultar; no cualquier cosa, ocultar crímenes de lesa humanidad.

Silveira abordó el caso Gomensoro. Dice: «Nosotros, los subalternos, habíamos visto que algo raro había pasado, que se había detenido a Gomensoro, le digo más, quizá hasta lo detuve yo, no tengo ni idea ni me acuerdo». «Murió en el grupo de artillería 1. Lo tiraron al río Negro. Gavazzo. Todos sabíamos qué había pasado. Vuelvo a decirlo, quizá lo detuve yo. Quizá. No tengo idea. Sabemos que se le muere a Gavazzo». Más adelante también Silveira se refiere a la práctica de los interrogatorios, de las torturas en la OCOA. Habla del segundo vuelo. O sea, son múltiples las causas. Parece poco sensato sostener que un proceso que todavía está en casación por la Suprema Corte de Justicia sea mérito suficiente para que esto no se aclare. La Justicia, la fiscalía investigó este tema y llega a la conclusión de que existe mérito suficiente para llevar a Manini Ríos, que no era senador, a declarar a la Justicia. Todos los que estamos acá sabemos que Manini evadió a la Justicia porque el recurso de inconstitucionalidad es algo a lo que tampoco se han referido los legisladores, en particular los del Partido Nacional. El recurso de inconstitucionalidad –que presenta en el momento en que tiene que aclarar ante la Justicia, llevar sus pruebas y echar luz– es sobre un tema que la Suprema Corte de Justicia ya había laudado, o sea que no había dudas de cuál iba a ser el resultado. Pero puede ser opinable cuál fue la motivación que llevó a la estrategia de la defensa de Manini a intentar esquivar a la Justicia, y que el propio abogado Eduardo Lust, hoy diputado, lo dice de manera clara. Entrevistado en un programa de televisión sostiene con claridad que su objetivo era generar una maniobra dilatoria a los efectos de que el señor Manini fuera electo senador para ampararse en los fueros. Esto no lo sabemos solo los senadores del Frente Amplio sino todos los senadores de la coalición –lo han escuchado– y a pesar de saber que quien está indagado por la Justicia es quien no cree en la Justicia, a pesar de saber que hubo una estrategia dilatoria para esquivar a la Justicia el año pasado y a pesar de que Lust –no nosotros– sostiene, de manera clara, que una vez que se generara eso, era imposible, siendo parte de la coalición –ese fue el pronóstico político al que acierta–, que se levantaran los fueros, hoy va a haber una mayoría de votos para amparar en sus fueros al senador Manini Ríos.

Además, se colocó como parte de la argumentación que sabiendo que estaba imputado igual fue electo senador. Eso es una parte, una mitad de la verdad. Es cierto; la población sabía que estaba imputado y fue electo senador. También sabía la ciudadanía a la hora de votar que él había dado la palabra sin que existiera una sola voz, ¡una sola!, discordante en Cabildo Abierto. Me puse a revisar si cuando Manini anuncia que no se va a amparar jamás en los fueros hubo algún dirigente intermedio o algún miembro de Cabildo Abierto que saliera a confrontar con esa opinión y no, no hubo ni uno solo.

La ciudadanía votó a Manini Ríos convencida –¡convencida!– de que había un compromiso. Para mí la palabra es como para los cristianos: una vez que se da, es ética cumplirla. Se dio la palabra de que jamás se iba a amparar en los fueros y se la tiene que cumplir, y esta circunstancia de que era contradictoria con la estrategia judicial –porque esta iba en una dirección diferente a la de la oratoria– constituye, a mi opinión, una estafa en lo electoral.

Tenemos un segundo componente de complejidad. Se ha dicho que no informar sobre un delito no es algo grave y parte del problema principal que tenemos con la cultura de la impunidad, durante décadas, es que la información sobre delitos graves –torturas, desapariciones, secuestros– no se da. ¡No se da! Parte del debate principal que tenemos que asumir políticamente, es que una de las cuestiones graves que nos pasaron hace un año es que después que la Justicia lauda, el tribunal de honor entero –los altos mandos oficiales– entiende que el segundo vuelo y veintiocho homicidios no afectan el honor de las Fuerzas Armadas. ¡Ese es un hecho grave, es de gravedad! Y el mensaje que estamos dando hoy es que la imputación de ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas nos parece que no es grave, que no tiene gravedad.

La postura del senador Manini no fue puntual, de casos concretos, de un fallo judicial. No; de puño y letra en la carta enviada que acompañó a los fallos del tribunal que fueron homologados, dice «… pero de las actuaciones surge la convicción en los integrantes del tribunal de honor de que no existen pruebas suficientes para condenarlos por los delitos referidos en la sentencia».

Cabe, entonces, preguntarse por qué razón el tribunal no coincide con el fallo de la Justicia uruguaya y no da por válidas las supuestas pruebas en las que esta se basa en todas las instancias. Y después sostiene: «A juicio del suscrito» –hoy senador Manini– «la posición de los miembros del Tribunal refleja la opinión generalizada entre los integrantes del Ejército Nacional de que en los temas referentes al juzgamiento, militares por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas hace más de cuatro décadas, la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados».

Este es el contexto; no es en otro contexto que estamos tratando el desafuero. Está muy lejos de ser el desafuero un problema electoral o circunstancial y tiene que ver con qué mensaje damos, también, a las Fuerzas Armadas –¡también a las Fuerzas Armadas!– con respecto a que si vamos a dejar que la Justicia aclare o es que hoy hay una mayoría que entiende lo mismo que el senador Manini ha dicho acá de manera reiterada y hasta el cansancio: «Me amparo en los fueros producto de que no tengo garantías del debido proceso», sin que eso haya sido contestado por ningún senador de la coalición.

Yo soy de los que creen que los temas de verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado son una deuda pendiente que aún tenemos. Pero está muy lejos de ser un tema del pasado, porque en el mismo momento en que estamos discutiendo esto hay una propuesta de resolución que está discutiendo la Comisión de Asuntos Internacionales –lo que sería terrible desde el punto de vista institucional–, firmada por los tres senadores de Cabildo Abierto que están acá hoy, que sostiene que el Senado de la república tiene que rechazar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por hacer una observación que está en su propio reglamento.

Eso no es de hace cuarenta años; es de ahora. Y es ahora que estamos discutiendo un proyecto de ley, también presentado por Cabildo Abierto, contra todo el derecho penal humanitario internacional, contra todos los avances que después de la Segunda Guerra Mundial se fueron dando –desde el tribunal de Núremberg hacia adelante– en el sentido de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no pueden ser amnistiados ni merecen asilo, que se plantea pensar en la amnistía al terrorismo de Estado. Es ahora cuando está ese proyecto de ley, no hace cuarenta años. Y es ahora cuando tuvimos en plena campaña electoral a dirigentes negando el asesinato de Roslik. ¡Es ahora, no hace cuarenta años!

La decisión que tomemos hoy puede ir en la dirección de enfrentar la cultura de la impunidad, o es una decisión que puede ensanchar la base de la cultura de la impunidad; es por lo que le damos esta trascendencia. Todos los demás argumentos, que se investiguen. Lo que pasó en 2006, que se investigue. ¡Que se investiguen responsabilidades hasta el hueso! Ahora, la discusión del 2006 no es lo que tenemos que resolver hoy.

Al fin del día de hoy, o levantamos la mano para ampararlo en los fueros, o levantamos la mano para levantar los fueros. Y nuestra mano va a estar acá para que se investigue lo de 2006 –lo decimos con claridad–, pero también va a estar para levantar los fueros y que la Justicia aclare. Porque si hay tanta claridad en el mal trabajo del fiscal, si hay tanta certeza y tanta convicción en los errores de las pruebas presentadas –en mi gusto, contundentes–, ¿cuál sería, entonces, el reparo para que se laudara desde el punto de vista jurídico? ¿No saldría fortalecido porque, en definitiva, hay componentes que son débiles?

Creemos que en este terreno el retroceso, si se confirma la votación de hoy, sería muy importante.

Haré una última consideración política, señora presidenta. Violencia social en los años sesenta hubo de izquierda y de derecha. María del Carmen Díaz murió en la década de los cincuenta, y los primeros mártires de la industria de la carne… Recomiendo un trabajo de Broquetas –una historiadora muy potente– acerca de la violencia social en los años sesenta.

Después hubo terrorismo de Estado. A mi madre la llevan detenida en la huelga general cuando era estudiante de magisterio. ¿En qué guerra participó? Estoy todavía por preguntármelo. Los vecinos de mi villa se preguntan hasta ahora en qué guerra participó. En ninguna; en ninguno de los bandos participó. Acá hubo terrorismo de Estado, práctica sistemática del terror. Y hoy estamos reivindicando que cuando hay acusaciones vinculadas al ocultamiento, sean de quien sean, vengan de donde vengan, la peor señal que podemos dar desde el punto de vista de la memoria y de la verdad histórica es no dejar que la Justicia actúe.

Al fin del día, lo que va a pasar mañana es que la Justicia aclare el tema, o que se impida que la Justicia pueda aclarar el tema. Por lo tanto, reivindicando la perspectiva ética de la verdad, memoria, justicia y nunca más impunidad, es que vamos a votar el levantamiento de los fueros, por las razones que hemos expuesto.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración. Es mi derecho.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Es por una alusión y una aclaración.

Yo no quisiera que a esta altura del debate las cosas se complicaran para otros lados, pero cuando uno hace determinadas aseveraciones se tiene que hacer cargo. Cada uno de nosotros se tiene que hacer cargo.

Por un lado, voy a hacer la aclaración y lo voy a decir en general, porque se dijo que ningún legislador del Partido Nacional había hecho referencia a la estrategia de defensa del señor senador Manini Ríos; a mí personalmente no me interesa. Sí voy a hacer referencia al derecho de defensa que es un derecho humano fundamental en un Estado democrático. Los recursos de inconstitucionalidad o cualquier recurso que uno pueda interponer contra decisiones de las autoridades que estén dentro del marco de la ley, yo tengo derecho a usarlos. Y eso jamás puede ser interpretado como una chicana, porque entonces se nos fue al diablo la república. El Estado es muy poderoso siempre, aunque sea liberal y lo que asiste a los administrados ya sea de la Administración en general o de la Justicia en especial, en este caso, la Administración porque ¡repito por enésima vez!, es la fiscalía que depende del Poder Ejecutivo. ¡Y con eso no estoy atacando a la Justicia! ¡Es un hecho objetivo de la realidad! ¡Levanten la mano para que sea autónoma y yo los llevo!

Se lo dije al fiscal Díaz varias veces y está en las versiones taquigráficas de la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado, a la cual él concurrió; con él trabajamos muy bien, a pesar de las discrepancias. Es decir que trabajamos durante tres años en el comité operativo de la Ley Integral de Lavado de Activos y en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado. Como siempre fuimos muy francos, nos dijimos lo que pensamos y él sabe que no es un tema personal, sino que es un tema institucional. La fiscalía tiene que ser autónoma para un régimen acusatorio; eso no es cuestionar a la Justicia, es la forma en que se organizó con el Código del Proceso Penal.

Voy a decir una cosa –lamento que se haya prendido la luz–: hay que ser coherente en la vida. La impunidad, la no tortura, el no ataque a los derechos humanos; hay que ser coherente. ¡No se pueden entonces abrazar a las dictaduras como las de Venezuela! ¡Por lo tanto, háganse cargo de que es una gran hipocresía lo que se está diciendo! ¡Y a mí no me imputen que quiero la impunidad! ¡No! ¡He pagado precios muy altos por ser coherente! Por lo tanto, de ninguna manera voy a permitirlo.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- El señor senador preopinante parece no haber escuchado la exposición que hicimos. Yo no me referí a la actuación de la Justicia en general, sino a nueve casos en los cuales nadie me rebatió hasta el día de hoy; son nueve casos en los que no hubo garantías para quienes fueron acusados e imputados. En algunos casos, la propia Justicia, como el de Juan Carlos Gómez o el de Gulla, terminó poniéndolos en libertad ante el exceso que habían sufrido.

El señor senador no puede decir que yo oculté algo, porque ni siquiera el fiscal me acusa de ocultar, sino de demorar trescientos diez días. Yo elevé todas las actuaciones como ya se ha dicho acá.

En cuanto a las garantías de un juicio justo, la verdad es que yo sigo pensando que cuando el fiscal solo me imputa a mí y excluye a los verdaderos responsables de no hacer la denuncia, puedo tener al menos el derecho a la duda sobre ese juicio justo.

Creo que el señor senador no entendió que desde el momento en que dije que no me ampararía en los fueros hasta hoy, han cambiado muchas cosas, entre ellas, estas nuevas actas que aparecieron y que mostraron el modus operandi de gente que se repite.

Simplemente quiero aclarar eso. En realidad, me parece que se sigue dando vuelta a un relato que fue vertebral a la izquierda pero que, indudablemente, se ha caído por la fuerza de los hechos. La farsa quedó en evidencia rápidamente.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que estamos confundiendo el debate. En ningún momento me pronuncié acerca de que no tenía derecho la defensa a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo que estoy diciendo es que la presentación del recurso de inconstitucionalidad –es mi interpretación política– obviamente, era para generar una dilación. Ahora, no es solo mi interpretación política, es la afirmación de la defensa misma públicamente; lo hace el abogado Lust, sosteniendo que el objetivo era concebir los fueros para después esquivar la presentación de la Justicia, se puede ver el video. De esa estrategia es de la que nosotros no queremos ser cómplices.

En segundo lugar, es evidente que hoy se está amparando en los fueros a un senador –lo acaba de sostener recién– que entiende que no tiene las garantías del debido proceso, y eso es gravísimo.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero decir que ya en la campaña yo sostuve que quienes íbamos a votar por Cabildo Abierto lo hacíamos también con la intención de impedir la formalización del hoy senador Manini Ríos. Y lo decíamos porque no teníamos confianza en la Fiscalía General de la Nación y no tenemos confianza en el sistema penal que se ha aprobado aquí en la república. Lo dije en mi intervención y ahora lo repito. Y digo que el Frente Amplio tampoco le tiene confianza al sistema judicial, porque si no hubiera votado el desafuero del entonces senador Nin Novoa, y no lo hizo. O sea, que no se rasguen las vestiduras de confianza en la Justicia; tampoco ellos le tienen confianza a la Justicia. Si no, hubieran votado ese desafuero y se negaron a hacerlo cuando el fiscal Bajac –por un procedimiento judicial distinto al vigente hoy–, que tiene gran solvencia intelectual y moral, pretendió el desafuero para someterlo a un procedimiento penal.

Entonces, vamos a ser sinceros, a decir las cosas como son: a la Justicia se la acata, no es que se le tenga confianza. Yo creo en Dios; no creo en la Justicia, la acato. Eso es lo que debe hacer un republicano y un demócrata. Claro que muchos de los que acá se rasgan las vestiduras son partidarios de las peores dictaduras que han existido en la historia del mundo y de nuestro continente. Yo rechazo al fascismo y al nazismo; rechazo la dictadura de Pinochet, la de Videla y la del Goyo Álvarez, pero también rechazo con la misma vehemencia y con la misma fuerza la dictadura del señor Maduro, y no me alegro de que las tanquetas le pasen por arriba a unos ciudadanos venezolanos. ¡Y rechazo con la misma violencia la mascarada de Fidel Castro, que se ha dado el lujo de decir que el régimen democrático nuestro es una pluriporquería! ¡Me encanta la pluriporquería democrática en que vivimos! Así que vamos a ser muy sinceros sobre nuestras convicciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- La primera consideración es que no todos los senadores ampararon en los fueros a Nin, pero todos se pronunciaron en que no había méritos para la formación de causa. Ni uno solo de los treinta senadores –y acá tengo las actas– que opinaron en esa discusión, luego de analizado el expediente, encontró mérito para la formación de causa. Repito: ninguno de los treinta.

La segunda referencia, es que me genera una enorme sorpresa que para amparar en los fueros al senador Manini se tenga que recurrir a la Guerra Fría. Del aporte de la izquierda y del aporte de mi partido a la lucha contra la dictadura, hay muchísimo para hablar, hay muchos rostros, hay mucha vida entregada y mucha lucha clandestina. Además, que quien nos venga a dar cátedra en dictadura era abogado sumariante de docentes, es un poco grueso, señora presidenta.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a pedir a los señores senadores encauzar un poquito este debate.

(Dialogados).

–Voy a solicitar a los senadores que volvamos al tema por el que fuimos convocados.

Senador Andrade: ¿usted ha culminado su exposición?

SEÑOR ANDRADE.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Gracias, señora presidenta.

A lo largo de la sesión se ha hablado de infinitos temas y se podrían dar infinitas respuestas. No las vamos a dar hoy porque entendemos que el tema de la sesión es el desafuero del senador Manini Ríos. Uno siempre tiene la tentación, ante determinadas afirmaciones –algunas de carácter bastante provocativo–, de contestar, pero llevo más de veinte años en este Parlamento y trato de no entrar en ese jueguito. Creo que tampoco le sirve a la ciudadanía. Por eso hay una cantidad de cuestiones sobre las que no voy a hablar.

Queremos hacer un poco de génesis porque aquí no se dijo con exactitud cómo fue el proceso.

Cuando entró el pedido de desafuero del senador Manini Ríos estábamos en receso y debimos esperar a que el Cuerpo sesionara para que el proceso tuviera su curso. En ese momento, presidía la Cámara de Senadores y me di cuenta –lo confirma la sesión del día de hoy– de la complejidad de la situación. Antes de que se diera la sesión en la que entró el expediente, ya en la prensa los juristas desarrollaban bibliotecas, de un lado y del otro, para ver en qué momento se podía discutir el desafuero, si en la legislatura que estaba corriendo o en la que iba a entrar. Como corresponde en estos casos, había más de una biblioteca y cada uno se afiliaba a la que más le convencía, pero no había unanimidad. Eso hay que dejarlo claro. Por esa razón solicitamos un informe a la División Jurídica del Poder Legislativo, para que se pronunciara sobre este tema y para adjuntarlo al pedido de fiscalía que iba a llegar a la Comisión de Constitución y Legislación. Plantemos a esa división que el informe debía hacerse lo más rápido posible porque ya estaba fijada la fecha de la sesión extraordinaria. El proyecto ingresó, lo enviamos a la Comisión de Constitución y Legislación junto con el informe, y le avisamos al entonces presidente de la comisión, senador Camy –hoy quedamos muy pocos integrantes de esa legislatura–, que el proyecto había ingresado y que la comisión debería darle trámite. La comisión no le dio trámite; no es que se haya discutido o que no correspondiera. Eso no fue así; simplemente, la comisión no se reunió y no le dio trámite.

Más adelante se dio otra discusión en cuanto a si debía o no pasar a archivo. Obviamente que no era una ley, sino un pedido de desafuero, y eso se laudó en esta legislatura. La mecánica de la actual Comisión de Constitución y Legislación fue la de comenzar la discusión, pero luego el Parlamento quedó funcionando a tranco de tortuga por la situación sanitaria. Por eso, desgraciadamente, recién hoy, 30 de setiembre, estamos tratando un tema que de haber sido este un año normal tendríamos que haber discutido mucho antes.

Quería hacer esta aclaración porque no nos desentendimos del tema. Sabíamos que era complicado, porque todos los desafueros lo son. Participé en los desafueros del senador Amaro y del senador Bianchi y sé que todos son distintos y difíciles. No es fácil esta tarea.

Ahora bien, ¿qué peculiaridad tiene este desafuero? Que es un tema muy polémico y sensible para la sociedad uruguaya, que tiene que ver con sucesos de la historia reciente. ¿Qué hubiera pasado si en aquel entonces no se hubiera votado la ley de caducidad? Capaz que estos temas estaban ya resueltos; no sé si allí no empezó un proceso. Uno se puede hacer mil preguntas –reitero: mil preguntas–, pero allí hubo una resolución que taponeó algunas cosas. Todos esos cuestionamientos son válidos; cada uno tendrá su posición y sus razones, aunque en la discusión de hoy se mencionó hasta la inclusión financiera –que no sé qué tiene que ver con los desafueros; precisaría que alguien me lo explicara– y el tema de UPM, única inversión que está en marcha en estos momentos en el país y menos mal que está. Esto nos demuestra la complejidad de estos problemas.

Quisiera decir que en las primeras intervenciones que hubo en la sesión de hoy, de algún modo quedó explícita la posición del Partido Nacional, del Frente Amplio, del sector Ciudadanos y del otro sector del Partido Colorado –que quedó demostrado que tiene dos posiciones– y de Cabildo Abierto, con las palabras del propio senador Manini. A partir de ahí, las intervenciones han variado sobre muchos asuntos; yo voy a tratar de no caer en eso –y no solo debido a la hora, porque yo sabía que esta sesión iba para largo–, concentrándome en la razón de esta sesión que es la suspensión de los fueros parlamentarios del senador Guido Manini Ríos que solicita la fiscalía.

(Ocupa la presidencia la señora Carmen Asiaín).

–Mi compañero de bancada, el senador Carrera, hizo una exposición expresamente prolija y detallada, fundando con razones profundas por qué los parlamentarios del Frente Amplio vamos a votar este desafuero. Creo que el propio pedido de desafuero, en las palabras del fiscal, es claro porque corresponde a una enumeración de razones en las que no hay juicio de valor, sino razones ordenadas en un orden cronológico. Aunque no pertenezco a la comisión, se nos repartió información a todos los legisladores debido al carácter del tema.

Sin ánimo de redundar, centrándome en el tema del desafuero, quiero decir que la Constitución de la república, la de Uruguay, como la de todos los Estados de derecho democráticos, prevé la protección del Poder Legislativo y eso es lo que se llama normalmente fuero parlamentario. De eso es de lo que deberíamos haber hablado durante todas estas horas. Este fuero está conformado por tres artículos: el 112, que refiere a la irresponsabilidad por los votos y opiniones de los legisladores; el 113, que es el relativo a la inmunidad de arresto, y el 114, que es la inmunidad de procesamiento o enjuiciamiento por cualquier delito. En el lenguaje común eso se llama fueros.

Los fueros tienen toda una historia, y quizá los antecedentes más viejos sean de 1397; yo no me voy a remitir a eso, pero lo importante es que los fueros están desde el origen del proceso de separación de poderes, desde la forja de la república, y coinciden con los sistemas de gobierno representativos. Creo que esto ubica lo que estamos hablando.

Los fueros no son concedidos a título personal a los legisladores. Hubo desinformación sobre esto por parte de varias personas y de algunos medios de prensa, y por eso es necesario aclararlo, no porque piense que los que están acá, en este ámbito, no lo sepan; simplemente, como se realiza una transmisión en directo de la sesión y se toma la versión taquigráfica, es bueno aclararlo. Los fueros reposan en el cuerpo legislativo y la razón es la protección de la independencia política, jurídica y orgánica del Poder Legislativo. Ahora bien, yo leí y escuché a veces que en los informativos se hablaba de los fueros como algo que me pongo y me saco voluntariamente, y no es así. Creo que, incluso, el senador Manini tenía esa confusión al principio de todo este periplo.

Acá se ha citado varias veces a Jiménez de Aréchaga y yo voy a citarlo nuevamente, porque siempre es un jurista de referencia en este tipo de discusiones en el ámbito parlamentario. Él señalaba que tanto la inviolabilidad como la inmunidad constituyen excepciones al derecho común de las que se benefician los legisladores, pero que se conceden por motivos de carácter público y en interés de las asambleas que estos legisladores integran. Esto es bien nítido y claro, me parece.

Por su parte, el constitucionalista Korzeniak señala que los fueros tienen como fundamento la protección del funcionamiento independiente de los órganos parlamentarios y no de las personas físicas que los integran. Específicamente, dice que la inmunidad de arresto quiere que las cámaras opinen y voten lo mejor que entiendan, es decir, que actúen libres de las presiones de la Policía; y que la inmunidad de enjuiciamiento pretende que el Parlamento actúe libre de temores del Poder Judicial. Esa es la opinión de Korzeniak.

Con el argumento de que los fueros son independientes de las personas físicas que integran el órgano, algunos juristas sostenían que en el momento en que entró la solicitud de desafuero se podía discutir y fallar, laudar sobre eso, porque refería al organismo, aunque la composición fuera otra.

Cassinelli también sostiene que este sistema está destinado a impedir que los otros poderes, especialmente la Policía y el Poder Judicial, en ejercicio de sus respectivas funciones, puedan obstaculizar la independencia del Poder Legislativo.

A su vez, Correas Freitas –es bueno considerar distintas miradas, que en este caso son todas coincidentes– dice que las inmunidades están consagradas para garantizar la independencia del Poder Legislativo y no en beneficio particular de los legisladores, por lo que nosotros no estamos dando ni sacando un beneficio particular. Se busca proteger a los legisladores de posibles y eventuales persecuciones políticas de las que podríamos ser objeto por parte del Gobierno o de sectores de la sociedad.

Debemos decir, entonces, que el Parlamento tiene una enorme responsabilidad cada vez que asume la discusión de un desafuero, por todos los conceptos que en las palabras de destacados juristas quise expresar.

Ahora bien, el Parlamento es la más precisa y fiel expresión de la voluntad de la nación, es donde radica la soberanía manifestada a través del voto del cuerpo electoral. Y probablemente el Parlamento, por su dimensión y por su sistema de representación proporcional por el que hemos sido electos sus miembros –a diferencia del sistema de mayorías por el que es electo el presidente de la república, que luego designa a los ministros–, es la institución con mayor base de representatividad y legitimidad democrática en sentido cualitativo y cuantitativo. Es allí donde, justamente, radica nuestra responsabilidad.

Por eso, en este tiempo yo me preguntaba sobre algo que acá se nombró varias veces y me cansé de escuchar a lo largo de la extensa campaña electoral. Me refiero a las palabras del senador Manini Ríos en el sentido de que él quería ir a la Justicia e iba a ir a la Justicia. Y sus votantes –que lo deben haber oído más que yo– escucharon lo mismo. Ahí hubo una promesa de concurrir, en aras de una transparencia que hubiera sido bueno que se mantuviera en el tiempo porque habría simplificado este trámite de desafuero, como sucedió en otros casos que hemos vivido en este lugar. Sin embargo, eso no fue así, eso cambió; esa afirmación electoral ya no está vigente. Entonces, nosotros nos quedamos con la duda acerca de por qué no se quiere concurrir al llamado de la fiscalía.

Si bien a lo largo de varias instancias de media hora previa escuchamos dichos bastante duros con relación a la Justicia –al Poder Judicial y a la fiscalía; a las dos partes–, hoy ratificados con mucho más énfasis en esta sesión extraordinaria, no nos queda claro cuál es la razón real del cambio que ha tenido lugar. Acá se produjo un cambio que no tiene una explicación pública convincente. Esa duda nos va a quedar porque, desgraciadamente, es evidente que todos quienes estamos aquí tenemos el voto definido y todo lo que hablemos servirá para que lo conozca la población, pero no para cambiar la opinión de nadie. Es una lástima que no se viabilice este desafuero porque eso transparentaría un proceso de investigación de la Justicia que es necesario llevar adelante.

La cámara no realiza una ponderación jurídica para votar el desafuero –eso lo hace la fiscalía o el juez una vez levantados los fueros–, sino que debe hacer una ponderación política para tomar una decisión sobre cuál será su postura. Y para eso analiza el pedido fiscal que, en este caso, fue claramente expuesto por el senador Carrera y nosotros lo suscribimos en su totalidad, como así también las intervenciones de los otros compañeros del Frente Amplio y la del senador Lanz como representante del sector Ciudadanos.

Para hacer esa ponderación, la cámara debe colocar en la balanza la razonabilidad de la acusación criminal por la que se pretende enjuiciar a una persona. Eso creo que ha quedado netamente demostrado a lo largo de las intervenciones de mis compañeros de partido. Poniendo en la balanza ese argumento y defendiendo la institucionalidad del Parlamento frente a la ciudadanía –que debe entender lo que está pasando–, la decisión más ponderada es votar afirmativamente esta resolución, como lo dice el propio repartido votado en mayoría en comisión, que solicita a este Cuerpo adherir al voto afirmativo con relación al pedido fiscal.

Se ha agregado, por parte de Cabildo Abierto, una teoría conspirativa, hasta internacional, que no logré captar en su totalidad porque no fue desarrollada. Daría la impresión de que es un argumento más, en el que parecería que hay factores externos que estarían influyendo. Sin embargo, hay que tener presente –y esto es lo único que voy a decir sobre los hechos del año 2006– que los familiares accedieron a las actas del 2006 porque bastante antes, creo que el 17 de octubre del año 2008, se votó la ley de acceso a la información que es la de mayor transparencia que tiene este Parlamento y fue de factura del Frente Amplio.

Con esto quiero terminar mis palabras.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: respecto a lo que dijo la señora senadora al empezar su disertación, quiero decir que fui yo quien pidió a la Comisión de Constitución y Legislación que usted preside el tratamiento de este tema que había quedado como dormido; lo solicité en el mes de abril, en medio de esa poca actividad que teníamos en el Parlamento. Simplemente para que quede claro; no cambia nada lo que dijo la señora senadora.

Creo que la senadora no entendió bien las razones por las cuales, a pesar de mi disposición inicial de no ampararme en los fueros –como lo dije en la campaña– finalmente adopté esta decisión, a raíz del cambio de escenario, sumado al pedido casi unánime de todos nuestros votantes que una y mil veces solicitaron que no me prestara al juego de una fiscalía sesgada.

Además, en el medio ocurrieron varias cosas: el pedido de destitución del fiscal general que hizo Cabildo Abierto; las declaraciones de un dirigente de la oposición que dijo que por más que yo fuera absuelto jamás volvería a este Cuerpo –en definitiva, me debo y debo priorizar a los 270.000 votantes, y creo que todo dirigente debe saber valorar la dinámica de los tiempos y los cambios que van surgiendo, porque eso es esencial– y, sobre todo, lo que ocurrió como un elemento nuevo, que fue el surgimiento de las actas de 2006 que, en realidad, demostraron lo que yo quería demostrar en la Justicia: la forma de actuar de un Poder Ejecutivo, en el que se repiten figuras, empezando por el propio presidente, que en definitiva hizo exactamente lo mismo en 2006 y en 2019.

Simplemente quería acotar eso, señora presidenta.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: como esta ha sido una larga sesión voy a tratar de ser concreto, pero quiero mencionar algunas cosas con respecto a este tema.

Acá se ha traído a colación una enorme cantidad de temas para fundamentar determinado argumento a favor del desafuero del senador Manini Ríos: si hubo terrorismo de Estado; si existieron acciones militares o no de la guerrilla; los tratados internacionales que Uruguay ha firmado, como el Pacto de San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; determinados procesamientos, etcétera. A mi entender, todo esto no tiene nada que ver con el tema puntual que estamos tratando. En definitiva, acá no está en juego la persecución de los terroristas de la dictadura que están detenidos y procesados, aunque si quieren discutir lo discutimos. Lamentablemente, siendo muy joven me tocó vivir ese tiempo difícil de finales de la década de los sesenta, tener familiares de los dos bandos enfrentados –del MLN y militares– y venir de una familia que no les hace asco a las cuchillas ni a las revoluciones.

¿Para qué discutir ese tema? Si en algún momento lo quieren discutir, podemos hacerlo. Tuve el privilegio de conversar largas horas con integrantes primordiales y de primera línea de esos tiempos, como exministros, con los cuales tuve largas charlas y excelente relación. Por lo tanto, si traen ese tema, le entramos a dar sin ningún problema. Pero ese no es el tema que tenemos para tratar aquí. Mi partido, el Partido Nacional, discutió largamente este tema, de forma concienzuda y respetando lo que para nosotros es esencial, que es la expresión soberana del pueblo en las urnas. Esa fue la discusión del partido.

Yo tengo una posición sobre los fueros y la he manifestado. Y sé que esto pasa en el Senado cuando se traen estos temas para fundamentar y discutir. Con dieciséis años acá adentro, si sabré de tener que aguantarme y no calentarme, aunque muchas veces me he calentado. Me ha tocado participar de algunos desafueros, como el del exsenador Amaro –gran amigo de Florida– y el del exsenador Nin Novoa, que fue compañero en el Movimiento Nacional de Rocha y en Por la Patria, en Cerro Largo, y que después estuvo en el Frente Amplio. En el desafuero del exsenador Nin argumenté como decía el senador Andrade, porque así es como pienso en el tema de los fueros. Pienso igual que el actual presidente de la república: que en algún momento habrá que acotar los fueros a determinadas situaciones.

¿Por qué hay que mantener los fueros? Porque es parte de la preservación del Estado de derecho, del estado republicano y de la independencia de poderes. Esa es la discusión que hoy tiene que estar acá; no si la guerrilla actuó allá o si hubo movimientos de dos, tres o cuatro demonios. Creo que el tema que tenemos que discutir es la preservación del instituto que es el fuero, que es lo que se trajo a colación acá. Creo que ese es el tema fundamental.

Me tocó participar y aprender del tema del desafuero en el momento en que ingresé al Parlamento, y aprendí con gente que sabía y que participaba en esta casa, como los doctores Gonzalo Aguirre y José Korzeniak. Muchos legisladores que enseñaban sobre el tema traían a colación lo que decía Justino Jiménez de Aréchaga, el último Justino, que más o menos tenía una posición parecida a la que siempre sustenté; esa es la posición que tengo y la que discutimos dentro del partido.

Acá hay compañeros que, como yo, apoyaban la posición de votar el desafuero. Discutimos largamente y escuchamos el argumento sin manifestaciones públicas porque entendíamos que, primero, había que estudiar los expedientes, saber si el fiscal tenía condiciones para pedir o no en la causa el procesamiento del senador Manini Ríos. Esto es lo que corresponde que hagan los legisladores de la república, que son quienes tienen que preservar lo más importante que hay en una república: la decisión soberana del pueblo, el artículo 4.º de la Constitución. Esto es lo primero que tenemos que respetar para después analizar si los institutos que tiene la Constitución de la república se deben aplicar o no y en qué situación. Esto es lo que discutimos entre los compañeros, porque acá hay compañeros que tenemos posiciones históricas en este tema del desafuero y los fueros parlamentarios.

Como partido discutimos el tema con tranquilidad y durante mucho tiempo en el Directorio del Partido Nacional, el cual integro; por lo tanto, mi partido no quedó omiso en este tema. Cuando la bancada se expidió lo hizo con un informe exhaustivo de los compañeros que trabajaron en la Comisión de Constitución y Legislación; ellos trabajaron horas y horas, y consultaron a distintos juristas. Incluso, había algunas diferencias entre ellos hasta que llegamos a la conclusión de que no había mérito para levantar los fueros al senador, que llegó con 270.000 votos.

Acá nosotros tenemos que discutir si preservamos el instituto del fuero, que hace a la independencia de los poderes. El único argumento que escuché más o menos en una línea argumental jurídica fue el del señor miembro informante, el señor senador Carrera. Es cierto que, en estos tiempos de discusión política, y muchas veces todavía con el calor de la campaña electoral, algunos rebolean determinadas consignas, pero ya pasó la campaña electoral.

Durante estos años me tocó integrar la Comisión de Defensa Nacional del Senado y muchas veces me tocó presidirla. También me tocó participar muchísimas veces de una forma de trabajo que realmente creo que fue muy buena y que implantó la ministra Azucena Berrutti. Ella convocaba a los legisladores del Gobierno –en ese momento yo integraba el Gobierno– para informar de todos los temas que pasaban por el Ministerio de Defensa Nacional –incluso, cuando se trató el tema de los archivos que había en el ministerio–; de esta forma creo que la ministra estaba permanentemente informada de estos temas.

Además, tengo familiares en el área militar y sé que ningún militar deja pasar por alto informar sobre determinados temas al superior. También sé que los comandantes en jefe se informan unos a otros de lo que sucede; no existe ningún comandante en jefe que no le pase al otro todas las novedades que tiene arriba de la mesa y menos que no le informe al ministro de turno sobre todos los temas, menos sobre uno tan delicado como este, que tiene que ver con las actas que contienen las declaraciones de los torturadores de la dictadura. No lo creo. Estoy seguro de que esas actas le llegaron al ministro Menéndez, quien era un amigo y a quien conocía de Durazno desde hacía muchos años; su padre fue un importante militante que tenía una relación de aprecio con nuestro partido y era un hombre de bien. Sé que el ministro actuó como correspondía. Estoy seguro de que el excomandante y hoy senador informó correctamente como lo expresa; no tengo por qué dudar. Sí me hacen dudar algunas actitudes vinculadas a algunos que fueron informados; por lo menos, la del secretario de Presidencia de la República que no actuó en consecuencia cuando tenía que actuar. Entonces, la discusión es esa; ahora, si entramos en el otro terreno, bárbaro, le damos para que tengan.

Íntimamente coincido con la posición de mi partido porque, concienzuda e internamente, discutió el asunto del desafuero a pesar de las diferentes posiciones que tenemos al respecto. Llegamos a la conclusión de no votar el levantamiento de los fueros. Paralelamente, hice un razonamiento que me convenció. Esta sesión tiene un tema central que es, justamente, la preservación del voto soberano en las urnas de sus representantes.

En el pasado me tocó discutir acá, y enfrentarme al Gobierno de turno que integraba por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; tuve que defenderla siendo que en dos oportunidades trabajé en contra de ella. Claramente, en ese caso, opté por defender la expresión soberana del pueblo en las urnas cuando el propio Gobierno violaba la Constitución de la república, haciendo una ley interpretativa que fue declarada todas las veces inconstitucional. Repito: violando la Constitución de la república, pasando por arriba del artículo 4.º y 82.º. Hoy estamos en la misma circunstancia porque se nos está planteando levantar los fueros a un legislador que obtuvo más de 270.000 votos. En definitiva, legalmente no hay mérito para una causa penal contra el legislador. Este es el argumento: el de preservar las instituciones, la separación de poderes y la protección del legislador en su fuero.

Entiendo que se diga que su acusación fue anterior al proceso, pero fue en un proceso electoral y tengo derecho a tener mis dudas, porque el propio partido de la oposición que fue gobierno me las genera. Por haber participado de la Comisión de Defensa Nacional, y saber que los ministros están informados y que muchas veces comunican sobre determinados temas –que pueden ser muy delicados y muchas veces se preservan por su delicadeza y para no generar alarma pública–, creo que el propio partido de gobierno en ese momento lo tenía muy claro y conocía la información. Las mismas dudas me genera el asunto del desafuero, me pasa lo mismo. Tengo derecho a pensar que puede haber una acción política contra un ciudadano que obtuvo 270.000 votos. ¿Por qué no? Me lo tendrán que rebatir y no creo que puedan hacerlo, porque lo mismo pasó con la ley de caducidad. Después de que convocaron al pueblo a las urnas y votó para que quedara la ley, le pasaron por arriba como una aplanadora.

Entonces, hoy estoy dispuesto a preservar la separación de poderes y a proteger a los ciudadanos porque considero que es fundamental hacerlo. Sigo pensando –y la Constitución así lo establece– que los fueros son del Parlamento y que la banca no es del legislador ni de un partido; es de los ciudadanos que la votan y, por esta razón, no se puede violar el derecho a su referente. En el futuro las urnas dirán, pero mi partido lo discutió profunda y concienzudamente sin levantar consignas ni banderías a pesar de las diferencias que tenemos. Llegamos a una conclusión y está respaldada por lo que han hecho nuestros compañeros. Creo y me afilio a la posición de mis compañeros en materia jurídica.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Muchas gracias, señora presidenta.

Me voy a referir a los dos componentes que están presentes en el debate y en este Cuerpo: en principio, al jurídico y, por supuesto, al político. Ambos son importantes y trascendentes para la vida de los Estados.

Como el caso que nos involucra es concreto, me voy a referir a él en forma precisa y siempre con la verdad, es decir, con la correlación de la coincidencia de cada afirmación con los hechos o con los datos de la realidad. Vayamos a los hechos.

El 17 de octubre de 2017, el tribunal de honor empieza el trabajo sobre el llamado segundo vuelo. El 10 de abril de 2018, Gavazzo hace sus declaraciones sobre la muerte de Gomensoro. La supuesta gran novedad –hasta ese momento desconocida por el común de la gente– era la poco creíble versión de que Gavazzo, por sí mismo y sin ayuda, había cargado y llevado el cuerpo sin vida de Gomensoro y posteriormente, sin ayuda, lo había subido a un bote y tirado al río Negro. El cuerpo habría aparecido en 1973, pero recién se logró identificarlo en el 2001. Ya hacía años que se sabía sobre su muerte y la Justicia, incluso, había dictado sentencia. Además, la Comisión para la Paz en el 2002 ya tenía información de que estaba involucrado en su muerte. El tribunal de honor se lo comunica verbalmente, se lo confirma al comandante en jefe, general Manini Ríos, ordena suspender las actuaciones, lo que es confirmado por el presidente del tribunal de honor, el general Fajardo. El general se lo comunica verbalmente al ministro Menéndez, en una reunión en la Escuela Naval, y se le ordena continuar con las actuaciones. Entonces, Manini Ríos le trasmite la directiva al presidente del tribunal de honor. El 8 de mayo, luego de semanas de la suspensión de las reuniones, se reinician las actuaciones. La pregunta es por qué razón se detuvieron todas las actuaciones durante semanas. El 18 de mayo de 2018, en el Día del Ejército, el general Manini, y con la presencia del presidente de la república, hizo una serie de apreciaciones sobre la situación del Ejército que molestaron a integrantes del Poder Ejecutivo. En ese discurso defiende y habla sobre los bajos salarios de los soldados, una realidad innegable, pero que no entraba en el relato oficial. Eso provocó gran malestar en el oficialismo. El liderazgo del general Manini Ríos, a las claras, ya había trascendido el Ejército; su carisma, su sentido del honor, su hombría de bien, la defensa de sus más humildes subordinados, su autoridad, su honestidad moral e intelectual, ya se habían divulgado y daban que hablar en buena parte de la sociedad.

El 15 de junio, ante nuevas declaraciones de Gavazzo, nuevamente Manini hace detener las actuaciones del tribunal de honor. Le comunica verbalmente las novedades al ministro Menéndez en una reunión en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades del Ejército Nacional, lo que consta en la carpeta fiscal. Luego de varios días, Menéndez informa al doctor Miguel Ángel Toma y ordena continuar las actuaciones, lo que también está plasmado en las declaraciones de Manini en la carpeta fiscal. Es muy extraño, pero en la propia carpeta fiscal no aparecen preguntas al respecto del fiscal al doctor Toma.

El 28 de junio de 2018 el general Manini hace declaraciones que desmienten los dichos del entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien reiteraba errores y falsedades, repitiendo mentiras una y otra vez –al mejor estilo de campaña Goebbels– sobre los retiros y pensiones militares. Trataban de imponer el relato de que la culpable del déficit fiscal era la mal llamada Caja Militar. Hoy confirmamos lo que ya sabíamos: el problema es mucho más amplio e incluye a todo el sistema de seguridad social; y la más importante razón de ese déficit fiscal es la irresponsabilidad en la conducción económica de los dineros públicos en tiempos de bonanza económica. En esos días se quería imponer un nuevo impuesto, discriminatorio e inconstitucional, que no era universal sino de carácter exclusivo para los militares.

Murro y Menéndez piden su destitución. Al comandante en jefe se le impone una extraña y desmedida sanción, sin antecedentes para un comandante, y quebrantando la reserva que debe tener una sanción, la hacen pública, violando los reglamentos en vigencia, sin un mínimo sentido de la ética y de la ecuanimidad. La sanción que, más allá del sentido natural de actuación y de ética, debe mantener la más estricta reserva reglamentaria –máxime porque se trataba del señor comandante en jefe del Ejército–, es publicada en todos los medios de prensa, en momentos en que el general Manini se encontraba lejos, en México, cumpliendo una misión oficial en el extranjero. La sanción, y sobre todo la forma como se hace la comunicación, con esa desmesurada explotación mediática, logra el efecto exactamente contrario al que se buscaba. El prestigio del general Manini Ríos crece en su tropa y en el resto de la sociedad. Importantes muestras de solidaridad y de apoyo recibe en esos días desde distintos sectores sociales y políticos de la sociedad.

El 15 de setiembre se emiten los fallos de primera instancia del tribunal de honor, siendo recusados por Gavazzo y Silveira. El general Manini Ríos le informa al ministro Menéndez de esos recursos.

El 1.º de octubre el ministro Menéndez designa y dispone la actuación del tribunal de alzada, que se reúne por primera vez el día 30 de octubre. El tribunal de alzada se reúne en cinco oportunidades, hasta que el 1.º de febrero de 2019 dicta los fallos. El 13 de febrero de 2019 Manini Ríos concurre al Ministerio de Defensa Nacional y entrega el expediente con los fallos y todas las actas de actuación del tribunal de honor, y adjunta un informe de los obrados de la Justicia ordinaria de algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos. En ese informe describe nueve casos de militares procesados y condenados sin pruebas. No se trata de violadores de los derechos humanos ni de los que hicieron desaparecer personas. Entre esos casos está el del coronel Juan Carlos Gómez. Algunos de esos condenados sin pruebas siguen presos hasta el día de hoy; otros murieron en prisión. Ese mismo día, el 13 de febrero, el general Manini Ríos solicita una entrevista al presidente de la república con el objeto de informar sobre todo lo contenido en el expediente. Menéndez participó de toda esa información a sus asesores y equipos, a los doctores Juan Delgado, Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, quienes tuvieron en sus manos el expediente completo, con todas las actas del tribunal de honor. Tanto la doctora Nogueira, del Departamento Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, como la doctora Mariana Errazquin, directora de la Asesoría Jurídica de Presidencia, manifestaron al fiscal Morosoli que eran partidarias de no homologar los fallos del tribunal de honor; fue la presidencia la que tomó esa decisión. Si no eran partidarios de homologar los fallos, la pregunta es: «¿Por qué razón?». La respuesta es obvia: «Por las declaraciones realizadas por Gavazzo».

En la carpeta fiscal el asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Juan Delgado, declaró que él se enteró el 14 de febrero de los dichos de Gavazzo y, textualmente, expresó: «El ministro de Defensa Nacional, cuando ese mismo 14 de febrero del 2019 solicitó que diéramos lectura al expediente, el ministro ya estaba alertado un poco de esas consideraciones y tenía muy claro que se trataba de un tema de gravedad política, institucional, y también jurídica, trascendente».

Todo ese relato de que el Poder Ejecutivo no había leído las actas y de que el general Manini no les había informado, queda totalmente demostrado que es una clara falsedad. Pero el fiscal Morosoli descarta toda esa parte de datos de la realidad. Los hechos demuestran que el doctor Miguel Toma y el doctor Tabaré Vázquez tenían conocimiento de todo lo declarado, pero el fiscal Morosoli también descarta esa parte de la realidad.

El ministro Menéndez se reúne con los doctores Miguel Toma y Tabaré Vázquez, y les informa de todo el expediente. El 18 de febrero Menéndez pide una nueva entrevista con Tabaré Vázquez, que se realiza un día después. Ese día Vázquez le dice que el Poder Ejecutivo decidió homologar los fallos, compartiendo los fallos sancionatorios de Gavazzo y Silveira, pero no los argumentos.

El 20 de febrero se reúnen Menéndez y sus asesores, doctores Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, con el secretario de Presidencia, doctor Miguel Toma. En esa reunión se entregó el expediente y sus acordonados para proyectar las resoluciones relativas al tribunal de honor, según consta en el oficio n.º 042, del 3 de abril de 2019, del Ministerio de Defensa Nacional, firmado por el ministro interino Daniel Montiel, enviado al fiscal Rodrigo Morosoli.

El 1.º de marzo el doctor Toma efectuó correcciones a los proyectos de la resolución. El 6 de marzo el ministro Menéndez pide licencia médica entre los días 11 y 25 de marzo y se nombra ministro interino al señor Daniel Montiel. La pregunta es: ¿cuál es la razón por la que no se destituye de inmediato al general Manini Ríos?

El 11 de marzo el presidente Vázquez pide el expediente para reunirse con el comandante en jefe del Ejército al día siguiente.

El 12 de marzo, el presidente Vázquez le otorga la entrevista al general, que le había sido solicitada casi un mes antes –recordemos–, el 13 de febrero. Lo recibe en la residencia de Suárez y Reyes; lo destituye por las críticas realizadas a algunos fallos de la Justicia, pero no por las actas del tribunal de honor, y nombra al general José González como nuevo comandante en jefe del Ejército, siendo uno de los que integró el tribunal de honor. No lo releva por el contenido de las actas, por las declaraciones de Gavazzo. ¿Por qué razón el presidente Vázquez lo releva al general Manini y lo acusa de omisión de informar un presunto delito ante la Justicia?

Ese mismo día Vázquez homologa los fallos del Tribunal de Honor, pero no hace denuncia penal alguna en la fiscalía. Recordemos que el expediente, con todas las actas, había sido entregado al ministro Menéndez un mes antes, y el comandante en jefe del Ejército había pedido una entrevista con el presidente en esa misma oportunidad. Durante todo ese mes transcurrido no hubo ninguna sanción ni observación sobre la actuación del tribunal de honor ni del general Manini.

También el 12 de marzo, el expediente y sus acordonados es devuelto al Ministerio de Defensa Nacional, según consta en el oficio n.º 044, del 3 de abril, de ese ministerio, firmado por el ministro interino Daniel Montiel, enviado al fiscal Morosoli.

Pasados cuarenta y cinco días de que el expediente estuviera en la órbita del Poder Ejecutivo y veinte días después del relevo del comandante en jefe del Ejército, el 30 de marzo se publica un artículo en El Observador donde se habla de las declaraciones de Gavazzo en el tribunal de honor.

Ante esto, el Poder Ejecutivo se muestra sorprendido. Ante el escándalo decide, ahora sí, hacer la denuncia a la Fiscalía General de la Nación. La realiza un día después. Tratan de evitar el escándalo político y mediático haciendo una denuncia en veinticuatro horas de la aparición de un artículo de prensa de algo que el Poder Ejecutivo sabía desde hace meses y sobre lo que tenía en su poder todos los documentos desde hacía cuarenta y cinco días. Recordemos que el expediente con todas las actas había sido entregado el 13 de febrero, pero la denuncia la hacen el 1.º de abril.

El Ejército nacional es una institución piramidal y es su mando superior el presidente de la república, actuando con el ministro de Defensa Nacional o el Consejo de Ministros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 de la Constitución de la república, quien debe determinar hacer o no la denuncia penal.

Finalmente, el secretario de Presidencia, el doctor Miguel Toma, hizo la denuncia ante la fiscalía, pero con un considerable atraso.

Ese mismo día, también es removido el ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez, quien se encontraba grave, aquejado de una enfermedad terminal.

El doctor Tabaré Vázquez concurre a un programa televisivo y, entre otras consideraciones, dice que no le llegaron las actas del tribunal de honor y que por eso no las había leído. Sin embargo, el general Manini vio el expediente arriba de su escritorio cuando lo destituyó. Vázquez responsabiliza al ministro Menéndez de no haber hecho la denuncia y por eso lo destituye. Era sabido que el doctor Menéndez ya no se encontraba físicamente en condiciones de concurrir a Presidencia ni de hacer declaraciones públicas, pero no contaban con que sí estaba en condiciones de presentar una nota de renuncia al presidente Vázquez. En esa misiva expresa textualmente: «Luego de reunirme con Ud., concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado por dos profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia». Recordemos que la reunión de referencia fue el 20 de febrero. Desde ese día hasta el 1.º de abril no se realizó denuncia alguna.

En esa nota, el doctor Menéndez no hace acusación alguna contra el general Manini ni le atribuye responsabilidad sobre nada. En cambio, lo hace contra la secretaría de Presidencia. ¿Por qué extraña razón el ministro Menéndez no responsabiliza al general Manini Ríos, pero sí responsabiliza a la Presidencia y al secretario de la Presidencia, doctor Miguel Ángel Toma?

Misteriosamente el original de la carta del ministro Menéndez desapareció y, más raro aún, el fiscal Morosoli no la tomó en cuenta.

A los pocos días fallece el doctor Menéndez. La familia no acepta, por instrucciones propias de Menéndez, que se le hagan honores fúnebres de ministro de Estado. El doctor Vázquez se disponía a concurrir al velatorio, pero debió cambiar de rumbo, ya que fue alertado de que la familia no quería ni verlo cerca del velorio. ¿Por qué razón la familia no querría que el presidente de la república se hiciera presente en el velatorio de quien era su ministro hasta pocos días antes? Existía y coexiste, sin dudas, una fundada razón que, más allá de su reconocida frialdad e insensibilidad, debería pesar sobre su conciencia.

Desconocemos la razón por la cual el doctor Vázquez no realizó la denuncia mucho tiempo antes. Se escucharon argumentos muy insólitos, raros y extravagantes –de alguna manera hay que llamarlos–: que no sabía, que no le habían dado las actas, que solo le habían dado el oficio de elevación. Luego que sí le habían dado las actas, pero había firmado sin leer; que no le habían advertido de lo que contenían las actas; luego, que sí sabía el contenido, pero que estaban ordenando las actas para posteriormente hacer la denuncia. Muchas explicaciones embaucadoras y fundamentos contradictorios. En fin, ningún argumento veraz ni creíble.

Luego de ser relevado el 12 de marzo, se produce el correspondiente pase a retiro automático, acorde con la Ley Orgánica Militar, del general Guido Manini Ríos. Desde tiempo atrás gran parte de la sociedad había aquilatado, apreciado y valorado su temple, su gran personalidad, su calidad humana, su honestidad, su liderazgo. Esto provoca que desde altas autoridades de los distintos partidos políticos le hicieran ofrecimientos de eventuales lugares importantes para ocupar como candidato, entre ellos, nuestro joven partido Cabildo Abierto.

El 3 de abril, luego de estudiar esa propuesta, el general Manini acepta en forma pública ser candidato de Cabildo Abierto. Comienza la campaña electoral para las elecciones internas a realizarse el 30 de junio del 2019, expresión democrática por excelencia, donde cada ciudadano hace valer su voto. Durante la campaña se dieron una serie de coincidencias demasiado obvias, que de alguna manera pueden haber afectado las elecciones. No sabemos en qué sentido; posiblemente, al revés del efecto esperado. Tres días antes de las elecciones internas la fiscalía cita a declarar al general Manini Ríos.

El 3 de octubre, días antes de las elecciones nacionales, nuevamente la fiscalía cita a declarar al candidato de Cabildo Abierto con intención de su formalización.

El 23 de octubre, es decir, cuatro días antes de las elecciones nacionales, se le cita nuevamente para el 1.º de noviembre para una audiencia de formalización.

Cinco días después de las elecciones nacionales, y semanas antes de las elecciones presidenciales, se solicita el desafuero del senador electo Guido Manini Ríos.

El doctor Gonzalo Fernández dijo literalmente: «Yo estuve en 2002 en la Comisión para la Paz. Y lo que contó Gavazzo ya lo sabíamos. Lo destapó el periodista como si fuera un gran tema, pero creo que fue más bien un asunto burocrático».

Hace solo semanas, el 19 de agosto del 2020, el Tribunal de Apelaciones de 2.º Turno, compuesto por José Balcaldi, Daniel Tapié y Horacio Míguez, ordenó archivar la causa de Gomensoro. Ni siquiera hubo mérito para citar a Gavazzo en todos estos meses. Pasaron más de quinientos días de la denuncia penal realizada por el Poder Ejecutivo, y nada, es decir, nada nuevo de relevancia en materia penal o se resolvió cumplir con el principio jurídico non bis in idem, de cosa juzgada.

A manera de conclusiones, los generales integrantes del tribunal de honor le comunicaron en forma verbal –no como se dijo acá, que lo habían entregado por escrito– al entonces comandante en jefe las nuevas declaraciones de Gavazzo. La información sobre la muerte de Roberto Gomensoro se sabía desde el 2002 en la Comisión para la Paz. No dijo nada nuevo, según declaraciones del doctor Gonzalo Fernández. La Justicia ya había dictado sentencia por ese delito en el 2012. El coronel Juan Carlos Gómez estuvo tres años y medio preso por un delito que jamás cometió. La novedad de las declaraciones de Gavazzo era que él solo había trasladado el cuerpo de Gomensoro desde Montevideo hasta el río Negro, aunque es poco creíble que una sola persona lo pudiera hacer. El senador Manini Ríos hizo exactamente lo mismo que los generales integrantes del tribunal de honor: lo comunicó al ministro Menéndez en forma verbal en dos oportunidades, y luego informó todo por escrito en forma detallada en el expediente completo que entregó el día 13 de febrero de 2019.

Los profesionales asesores y del equipo jurídico del Ministerio de Defensa Nacional asesoraron no homologar el fallo, y lo hicieron al estudiar las declaraciones de referencia. ¿Por qué razón lo harían si no fuera porque sabían lo que había declarado Gavazzo en el tribunal de honor? Todo el expediente lo entregó el ministro Menéndez con dos de sus asesores. En primer término, lo hace al presidente Vázquez y luego, a instancias de este, se lo entrega al secretario de Presidencia, doctor Miguel Ángel Toma, el día 20 de febrero. Un mes después de haber entregado todo el expediente, el 12 de marzo, el presidente Vázquez concede la audiencia solicitada al comandante en jefe y es relevado del cargo con su correspondiente pase a retiro obligatorio. En su lugar nombra al general González, uno de los miembros del tribunal de honor. ¿Por qué razón nombró al general González como comandante en jefe? ¿Por qué razón el presidente Vázquez destituye al general Manini por sus críticas a algunos fallos judiciales, pero no hace la más mínima mención, para fundamentar esa decisión, a que también le habían ocultado información contenida en las actas del tribunal de honor? Luego de pasados veinte días, sale un artículo en la prensa detallando algunas actas del tribunal de honor. A las veinticuatro horas de aparición del artículo de prensa, Vázquez destituye al ministro Menéndez; al comandante en jefe, General González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Erramún, ambos integrantes del tribunal de honor. También lo quiere hacer con otros cuatro generales integrantes del tribunal de honor y del tribunal de alzada, pero no obtiene las mayorías necesarias en el Senado de la república para hacerlo. Ese mismo día, el doctor Miguel Ángel Toma hace la denuncia ante la fiscalía general. En veinticuatro horas un artículo de prensa había logrado hacer algo que en cuarenta y cinco días el Poder Ejecutivo no había hecho. Comienza el proceso político y la campaña electoral; se mezclan inexorablemente la Justicia con la política.

El 3 de abril el general Manini Ríos acepta la propuesta que se le había hecho, semanas antes, de que fuera candidato a la presidencia de la república por el partido Cabildo Abierto. Esa mezcolanza de la Justicia con la política da lugar a las siguientes coincidencias –de alguna forma hay que llamarlo–: tres días antes de las elecciones internas del domingo 30 de junio, el fiscal Morosoli cita a declarar al general Manini; cuatro días antes de las elecciones nacionales, el 27 de octubre, el fiscal Morosoli cita al general para una audiencia; cuatro días después de las elecciones nacionales y a escasas tres semanas de las elecciones presidenciales, el 24 de noviembre, el fiscal Morosoli, en la audiencia de formalización resuelve pedir el desafuero del senador electo Guido Manini Ríos. A pesar de los pedidos y citaciones del fiscal, casi 270.000 personas votaron el 27 de octubre al general Guido Manini Ríos, luego de la fulminante y sorprendente campaña de solo algunos meses, después de la creación de Cabildo Abierto.

En la carpeta fiscal figura que el doctor Miguel Ángel Toma declara ante el fiscal Morosoli que era el ministro Menéndez el responsable de denunciar los supuestos nuevos delitos declarados por Gavazzo. Cuando hace esas declaraciones, Menéndez ya había fallecido. Sin embargo, en la carta que hace el doctor Menéndez pocos días antes de su muerte, lo contradice y responsabiliza a Presidencia y al doctor Toma de no hacer la denuncia. Otra clara contradicción es que el doctor Toma hace la denuncia el 1.° de abril ante la Fiscalía General de la Nación, cuando en fiscalía dijo que era el ministro quien la debía hacer. El doctor Toma declara ante el fiscal que las críticas realizadas por el general Manini Ríos a algunos fallos judiciales –si la prensa se enteraba y las publicaba–, podrían afectar su trabajo en Roma por el Plan Cóndor. En realidad, hace pocos días supimos que eran otras las prioridades y preocupaciones que tenía el doctor Toma en sus viajes a Roma.

En sus declaraciones, el doctor Toma también afirma que el general Manini Ríos no dijo nada del contenido del expediente. Luego, en clara contradicción, dice que el 20 de febrero el doctor Menéndez, acompañado por sus asesores jurídicos, lo ponen en conocimiento de las declaraciones de Gavazzo, que estaban incluidas en las actas del expediente.

El 2 de abril, en un programa televisivo, Tabaré Vázquez decía que se había enterado por la prensa de las declaraciones de Gavazzo, que nadie le había informado; sin embargo, en las declaraciones del 4 de junio que constan en la carpeta fiscal, dice que el 18 de febrero el doctor Menéndez le había informado de las declaraciones de Gavazzo. ¿Cuál será la razón que tuvo el fiscal para no preguntar por esa clara contradicción de Vázquez?

También de la carpeta fiscal surge que el general Manini Ríos le declara al fiscal que en dos oportunidades, acorde con lo establecido por el artículo 77 del Reglamento de los Tribunal de Honor, se suspenden las actuaciones de ese tribunal por unos días hasta posterior resolución de continuar. En una de esas ocasiones el ministro Menéndez le informó que había consultado y recibido respuesta de continuar con las actuaciones por parte del doctor Toma. Lo que no surge de la carpeta fiscal es que Morosoli le haya preguntado al doctor Toma al respecto. ¿Por qué razón el fiscal no le pregunta al doctor Toma sobre los motivos por los que ordenó continuar las actuaciones? Ni siquiera le pregunta si recuerda cuando Menéndez lo consultó. Recordemos que, en cambio, sí está plasmado en la carpeta fiscal que el general Manini lo afirma.

Parecería que el fiscal es solo acusatorio para Manini, hasta con animosidad; en cambio, parecería ser el abogado defensor del doctor Toma, al que ni siquiera le pregunta sobre esas declaraciones que claramente lo comprometen. Todas esas clarísimas contradicciones –que algunas están en la carpeta fiscal y otras misteriosamente no aparecen– no son advertidas ni tomadas en cuenta por el fiscal Morosoli. ¿Por qué razón el fiscal no utiliza su astucia y reconocido profesionalismo para advertir esas contradicciones del doctor Miguel Ángel Toma?

Surge del estudio de la carpeta fiscal que Morosoli no tiene los mismos criterios para interpretar el artículo 177 del Código Penal para con el doctor Tabaré Vázquez ni tampoco para con el doctor Miguel Ángel Toma. Tampoco tiene los mismos discernimientos para con los generales integrantes del tribunal de honor ni para los profesionales jurídicos del Comando General del Ejército y del Ministerio de Defensa Nacional, siendo que algunos son especialistas en derechos humanos. Y tampoco los tiene para con los abogados de la Secretaría de Presidencia. ¿Por qué razón objetiva solo acusa al senador Guido Manini Ríos? Semanas atrás, el 19 de agosto, el tribunal de apelaciones ordenó no reabrir el caso de Gomensoro. No encontró nuevos elementos determinantes ni elementos jurídicos y ordenó que se cumpliera el principio jurídico de non bis in idem. Gavazzo se encuentra cumpliendo una condena desde hace catorce años y deberá continuar con esa sentencia.

Hablando de criterios disímiles y solo a título de ejemplo, no deja de llamar la atención que un año atrás tomara estado público que en el 2015 el conductor de radio Orlando Petinatti entregara al doctor Javier Miranda un CD con información de relevancia mucho más trascendente que la aportada por Gavazzo en el tribunal de honor sobre el lugar donde se encontraban los restos de una mujer desaparecida, sin que hicieran absolutamente nada al respecto. En ese año, en 2015, el doctor Miranda ocupaba el cargo público nada menos que de secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Hasta el día de hoy ningún fiscal lo ha imputado por lo que establece el Código Penal en su artículo 177. Quizás la fiscalía aún esté investigando, estudiando el caso y vaya a actuar, o esa información se archivó o fue directamente al freezer.

Otro ejemplo: en 2006, una vez recibidas las actas del tribunal de honor de Gilberto Vázquez por parte del entonces jefe de la dirección de personal militar del Ministerio de Defensa Nacional, coronel Edgardo Martínez, le informó del contenido de las actas al entonces subsecretario del ministerio, doctor José Bayardi. Este requirió fotocopia de las actas que contenían la parte de preguntas y respuestas; alrededor de cincuenta hojas fotocopiadas le fueron entregadas en mano propia –conteniendo las declaraciones de Gilberto Vázquez– en las escaleras del edificio central del ministerio. Consultado Bayardi acerca de si quería que se fotocopiara el resto del expediente, contestó que no, que solo necesitaba las partes de las preguntas y las contestaciones en el tribunal de honor.

Quiere decir que en ese caso –en 2006– tampoco se ocultó información por parte de los militares. ¡Los que la escondieron fueron otros! La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad la semana pasada abrió ese caso del año 2006, y si lo hizo fue porque entiende que no prescribió el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal. Sin duda, confiamos que en ese caso se investigue el ocultamiento de los delitos de violaciones a los derechos humanos y se resuelva responsabilizando e imputando a quienes ocultaron la información, sin olvidar el artículo 8.º de la Constitución de la república, que nos recuerda que todos somos iguales ante la ley y no hace distinciones de ningún tipo entre profesiones de militares y civiles a la hora de penalizar.

Pero volvamos al tema que nos compete ahora: pedir la formalización del senador Manini Ríos por parte de la fiscalía, sin solicitar la formalización de los indudables responsables, demuestra la falta de una mínima objetividad, la falta de sustento jurídico y la falta de principios éticos en todo el procedimiento que, sin duda, tiene enquistado el componente político-ideológico y que demuestra que la fiscalía, en este caso, no da las garantías del debido proceso.

Dijo textualmente el fiscal general de la nación, Jorge Díaz, hace pocos días ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes: «Los fiscales no somos imparciales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos parte», pero también agregó que se requiere actuar con objetividad, lealtad y buena fe. No me cabe ninguna duda de que no son imparciales y entiendo el sentido en el que lo dice el fiscal, pero esa parcialidad la deben tener siempre, en todos los casos y con todos los involucrados; jamás deben de ser elegidos a conveniencia del poder o del Gobierno de turno. Deben actuar con objetividad, lealtad y buena fe, dijo. Habla de objetividad, es decir, expresar la realidad tal cual es, sin prejuicios ni intereses personales. Entonces, no son admisibles las obsesiones por formalizar a uno y dejar libres a los verdaderos responsables.

También se refiere a la lealtad que debe tener un fiscal, aunque vea una disfunción, y hacia quién. ¿Lealtad a las instituciones democráticas y republicanas o lealtad a un gobierno por intereses personales o ideológicos?

Nos dejan muchas dudas la falta de objetividad y dudosa buena fe con la que el fiscal llevó adelante esta causa. En quienes sí hay méritos jurídicos para empezar un proceso por ocultamiento de la verdad, falta de responsabilidad y compromiso con la defensa de los derechos humanos y falta de honestidad intelectual, de dignidad y de honor, es en los verdaderos responsables de encubrir esa información; sin dudas, el doctor Miguel Ángel Toma y el doctor Tabaré Vázquez tienen mucho que aclarar. Nos da tristeza leer en la carpeta fiscal la falta de dignidad de las declaraciones de Tabaré Vázquez, tratando de eludir sus propias responsabilidades e inculpando al doctor Menéndez y al senador Manini Ríos, en lugar de hacerse cargo.

De lo sublime a lo ridículo hay solo un paso, dijo Napoleón Bonaparte hace doscientos años.

Por todos los hechos expuestos es muy claro que no existen méritos jurídicos ni políticos para suspender los fueros del senador Manini Ríos. No hay lugar a formación de causa, acorde a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la república. A pesar de la persecución jurídica y política durante toda la campaña electoral, el pueblo, con sus 270.000 votos, puso al señor senador Guido Manini Ríos en esta casa de la democracia. Y solo será el pueblo, el soberano, aunque a muchos les pese y no les guste, el responsable de sacarlo.

«Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana», dijo el prócer de la patria.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Voy a realizar una consideración porque creo que se hizo referencia a algo que había dicho.

Que los generales que integraban el tribunal de honor le entregaron al general Manini Ríos por escrito copia, está en las actas de la fiscalía. Los tres generales dijeron esto. Pero me llama la atención ahora que con el coronel Lozano nos conocimos porque tuvimos actividades relacionadas con las conversaciones de paz de Colombia. Él cita ahora y da la fuente acerca de quien el periodista Alfonso me había dicho que me había dado estas actas en 2006. Es bueno eso por cosas que voy a decir después con respecto al tema de las actas. En primer lugar, porque no tengo la más pálida idea ni de la carita ni de nada del coronel Edgardo Martínez, y porque mi referencia dentro del ministerio en todo lo que tenía que ver con contactos en aquel momento era el coronel José González, que era el ayudante del Ejército.

Tenía dudas de quién pudiera haber alimentado al periodista que fue citado en su oportunidad –como ya lo expliqué acá, que para mí siempre había sido alimentado por lo peorcito de los servicios–, pero si la fuente de información que el señor senador Lozano tiene es la del coronel Edgardo Martínez, por lo menos me despeja quién está atrás de lo que yo entiendo es la aparición del expediente del 2006, al que voy a hacer referencia más tarde, para aclarar las similitudes y las diferencias que hay entre el expediente del 2006 y el expediente del 2019.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Quiero aclarar al señor senador Bayardi, con quien hemos compartido algunos trabajos juntos, que esta no es una cuestión personal ni nada por el estilo. Simplemente, cito la fuente específicamente porque consulté si lo podía citar. Él era el jefe de una división del Ministerio de Defensa Nacional cuando el senador Bayardi era subsecretario, y me dio los detalles hasta del lugar donde le entregó en manos propias las fotocopias de las actas y le informa al senador Bayardi de los dichos de Gilberto Vázquez. Le consulta si quiere que le fotocopie el resto del expediente y el senador Bayardi le dice que no.

Simplemente, son datos de la realidad, son hechos. La prueba está en que estoy diciendo la fuente. Yo no me escudo en nadie.

El coronel Martínez no tiene ningún interés; hace muchísimos años que es retirado. No veo por qué me va a pedir para hablar y explicarme esto si yo, la verdad, no tenía la más pálida idea de las declaraciones de Gilberto Vázquez.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Gracias, señora presidenta.

A los efectos de avanzar objetivamente en la definición del tema que nos convoca, luego de varias horas de debate, voy a evitar la tentación de ingresar en el terreno de la adjudicación de intencionalidades. Adhiero a todas las expresiones vertidas por mis compañeros y compañeras de bancada, y, desde el punto de vista jurídico, a los informes vertidos por los señores senadores Carrera y Lanz al comienzo de esta sesión.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Señora presidenta: somos conscientes de que estamos tratando un asunto muy serio y delicado como es el pedido de desafuero por parte de la fiscalía a un senador de la república. Estamos convocados a debatir sobre un compendio de muy serios y respetables informes jurídicos, en los que reconocemos que el desafuero es una potestad del Cuerpo y que no es suficiente la sola voluntad del legislador para comparecer ante la Justicia, como es el caso del senador Manini Ríos. Pero no basta con el debate y análisis jurídico; vemos este pedido como lo que realmente es, o sea, un asunto de la más alta política. Por lo tanto, no debemos, ni podemos, encararlo como un mero acto administrativo. El solo pedido de suspensión de los fueros parlamentarios solicitado por fiscalía a un señor senador de la república es grave y preocupante, cualquiera fuera la causa. En este caso, el senador Manini Ríos es convocado por hechos acontecidos en su condición, nada más y nada menos, de excomandante en jefe del Ejército, máximo jerarca y único interlocutor directo con el mando superior político: presidente y ministro.

Según se desprende del pedido del fiscal, recaen sobre el senador Manini Ríos suficientes elementos objetivos para establecer la presunta demora en el deber al no dar cuenta de hechos con apariencia delictiva en el tratamiento de una causa criminal ante un tribunal de honor referido a violación de derechos humanos y su resultancia posterior hasta el presente. La fiscalía entendió que la versión de los hechos narrada por el señor senador Manini Ríos contradice las demás declaraciones e, incluso, presenta contradicciones internas con sus propios camaradas. Por lo tanto, sin emitir por nuestra parte –porque no corresponde– ningún juicio de valor parece imprescindible habilitar al mecanismo solicitado por la fiscalía a su comparecencia.

Además, es indiscutible que el señor senador Manini Ríos es un protagonista único e imprescindible, cuya versión será determinante para, eventualmente, salvaguardar en primer lugar su honor y, también, el del Senado de la república. El propio senador fue el primero en levantar su voz a los cuatro vientos para decir que no se iba a amparar en los fueros obtenidos luego de las elecciones nacionales y de que fuera electo senador. No nos resultó extraño que negara ampararse en los fueros que la novel investidura de senador le ofrecía. ¿Por qué? Porque el señor senador estuvo, por varios años, prestando servicios en una institución en la que el honor es la columna vertebral de los principios, valores y conducta del militar.

Quiero decir que escuché atenta y respetuosamente los motivos que lo hicieron cambiar, y por lo tanto no tengo problemas auditivos, ni mucho menos de comprensión, como para adelantarme en el tiempo y dejar paso respetuosamente a los demás señores senadores que van a intervenir.

Por otra parte, aquí no está en cuestión solamente el honor del señor senador Manini Ríos y del Senado de la república, sino el de otros involucrados que también tienen derechos y que merecen clarificar y salvaguardar sus responsabilidades y su honor. En concreto, nos referimos al fallecido exministro Menéndez, así como a los distintos jerarcas y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y Presidencia, y también a los generales integrantes de los tribunales de honor y de alzada. Por eso también, a nuestro entender, el Senado debería habilitar el desafuero que el propio señor senador reclamó, porque no hay otra manera para que pueda contribuir y dar transparencia a los hechos ante la Justicia. No deberíamos, ni podríamos negarle desde esta banca a la nación una respuesta clara y contundente con el arbitrio de la Justicia y con todas las garantías, que no dudamos existen para el debido proceso, dando pruebas, una vez más, de la buena y saludable relación y respeto entre los diferentes poderes del Estado. Y, fundamentalmente, deberíamos entender que con esa acción saldrían fortalecidas la democracia y la república.

Comencé hablando del honor, señora presidenta, y voy a hacer una autoalusión, dada mi pertenencia a la fuerza política Frente Amplio. Nuestra fuerza política tuvo a un honorable militar, general, como su líder histórico, quien además de conocer el concepto de la palabra honor, también conoció el concepto del valor, léase, la valentía.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Sí, la verdad que escuchar la palabra honor de quienes no se han cansado de lucrar con el dolor ajeno, de quienes han defraudado a su gente una y otra vez con este tema que ha quedado en evidencia en cada caso que aparece, es realmente llamativo. El honor para un dirigente es no dejar a su gente desamparada; es no defraudar a quienes depositaron su voto queriendo que los represente; es interpretar claramente la maniobra solapada que solo buscaba sacar del medio a quien le molesta políticamente. Para un dirigente el máximo deshonor es dejar abandonada a su gente que necesita soluciones para recuperar un país que dejaron destrozado, y así lo entregaron el 1.° de marzo pasado. Ese es el máximo deshonor para un dirigente político. Un dirigente político tiene que ver la dinámica de los tiempos y tiene claramente que ser consecuente con su gente. Ese es el gran honor. No acepto que se hable de honor de gente que, indudablemente, ha hecho un uso miserable del tema desaparecidos y del tema que estamos tocando.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Mire, señora presidenta, yo en mi intervención no quise hacer algunas menciones, pero la verdad que no estoy dispuesta a seguir soportando que hablen de lucrar, de nuestro honor, y de decir las cosas que se están diciendo.

¡Claro que tenemos una mirada muy distinta del honor! En el año 2004 un militar retirado, Óscar Pereira, publicó el libro Recuerdos de un soldado oriental del Uruguay donde, entre otras afirmaciones, señala que las Fuerzas Armadas habían violado los derechos humanos durante la última dictadura militar. Por esas declaraciones ese militar fue sometido a un tribunal de honor que lo sancionó, lo pasó a situación de reforma por entender que lo que había afirmado afectaba el honor de las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo de ese momento –yo no lo quise mencionar en mi intervención, porque no quería mezclar las cosas, ¡pero hoy me siento obligada a mencionarlo!– que era un Gobierno de coalición del presidente Batlle y Lacalle Herrera ¡homologó ese dictamen del tribunal! que, entre otras cosas, además de homologarlo, le implicó impedirle el uso del rango militar, la rebaja de su jubilación, el no uso, a partir del fallo, de los servicios del Hospital Militar. Además de esa sanción, las afirmaciones vertidas por ese militar, en ese libro, no les mereció ningún tipo de inquietud ni ningún tipo de investigación. El 29 de mayo de 2006, por suerte, tras el reclamo fuerte presentado por el general retirado, el presidente Vázquez revocó el fallo del tribunal de honor. ¡Claro que sí, señora presidenta! Tenemos una mirada sobre el honor muy diferente.

Muchas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Gracias, señora presidenta.

A lo largo del día, en diversos momentos, me vino a la memoria una frase de cuando me dedicaba a otra actividad cuando estaba vinculada al mundo de la educación. La frase dice: «Uno primero educa con lo que es, luego con lo que hace, tercero con lo que calla y por último con lo que dice». Este Cuerpo está integrado por senadores de distintos partidos, con diferentes visiones y distintos pasados. Somos representantes, por supuesto, de una sociedad que también está integrada por distintos partidos, con diferentes visiones y distintos pasados. Llevamos más de doce horas escuchando opiniones, posturas y convicciones; algunas fueron expresadas con mucha altura y otras, no tanto.

Señora presidenta: se puede ser incisivo, se puede denunciar, se puede ser enfático sin agraviar, sin faltarnos el respeto. Antes de entrar en el tema específico, me parecía importante hacer esta precisión porque en varias oportunidades en el correr del día de hoy me dio la impresión de que no tenemos plena conciencia de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este sentido.

Yendo al tema en particular, el señor senador Lanz realizó un análisis exhaustivo de los hechos y los fundamentos de derecho que sustentan la postura de nuestro sector Ciudadanos del Partido Colorado, ante el pedido de desafuero del señor senador Guido Manini Ríos. Estamos –como quedó más que en evidencia– frente a un tema complejo, sensible, que tiene muchas aristas y que nos ha llevado un intenso proceso de aprendizaje y estudio. Tenemos la tranquilidad de que estamos actuando conforme a derecho y acorde a lo que dicta el artículo 114 de la Constitución de la república. Entendemos que existen elementos para la formación de causa, en la que se dirime la presunta comisión de un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos tipificados en el artículo 177 del Código Penal para que este Cuerpo levante los fueros al señor senador Guido Manini Ríos.

Sin perjuicio de nuestra posición, resulta imprescindible destacar que ello no implica bajo ningún concepto que estemos avalando ni validando las conclusiones del fiscal de la causa judicial ni prejuzgando el proceder del señor senador Manini Ríos en su calidad de comandante en jefe del Ejército nacional, en los sucesos que dieron mérito a que hoy estemos analizando la solicitud de desafuero. Lo que hacemos es una valoración objetiva de los elementos conocidos en el proceso judicial y concluimos que se trata de un procedimiento judicial de buena fe, existiendo mérito para que el legislador Manini Ríos comparezca ante la Justicia.

El prestigioso catedrático, tan citado en el día de hoy, doctor Justino Jiménez de Aréchaga, en su obra El Poder Legislativo, nos ilustra acerca de cómo se debe considerar a la cámara al valorar la imputación o acusación a un legislador. En ese sentido, nos enseña que únicamente debemos proteger al Parlamento de un ataque a su legítima integración por cuestiones políticas, lo que sería una clara violación al principio de separación de poderes; por el contrario, lo que no debemos hacer, es ponernos en posición de juez. ¿Y ello por qué? Continuando con su elaboración jurídica, Jiménez de Aréchaga dice que examinar la cámara, el proceso judicial y las acusaciones como un verdadero tribunal o jurado de calificación sería desnaturalizar por completo las inmunidades parlamentarias, convirtiéndolas en un privilegio personal de sus miembros que, entonces, gozarían de un fuero especial en materia criminal. Sería también desconocer y usurpar las atribuciones del Poder Judicial, sin necesidad alguna y con positivo perjuicio de la justicia penal.

En el entendido de que en este caso existen elementos objetivos en el proceso judicial en estudio y descartando que la Justicia esté atacando la independencia del Poder Legislativo en la actuación de sus miembros y en su funcionamiento, a nuestro entender resulta procedente relevar los fueros al señor senador Manini Ríos. Desde nuestro sector nos resulta de lógica pura que, con la clara convicción de que no estamos frente a una situación de persecución política, debemos defender la confianza de nuestras instituciones, que son la garantía del funcionamiento democrático en un sistema representativo republicano como el que rige en nuestro país. De considerar lo contrario, desde este lugar estaríamos poniendo en tela de juicio ese preciado tesoro nacional reconocido en el mundo, como lo es el Estado de derecho garantista, demócrata y republicano que nos representa.

Como ya se ha dicho varias veces, entiendo necesario y pertinente contextualizar cómo llegamos a esta instancia. En marzo de 2019 y gracias a una investigación del periodista Haberkorn del diario El Observador se conocieron las declaraciones en sede militar del teniente coronel en situación de retiro José Gavazzo y del coronel en situación de retiro Jorge Silveira, en las que se reconoce la comisión de crímenes durante la dictadura militar con una agravante. Allí se exponen hechos no declarados, ocultados en la justicia civil. Para todos nosotros era el primer reconocimiento público de quienes participaron en las atrocidades cometidas en la dictadura.

Me parece fundamental levantar la mirada y contemplar la globalidad de la situación. La sociedad conoció estos hechos; las madres y familiares de desaparecidos se acercaron a la verdad no por las autoridades del Poder Ejecutivo del momento, sino gracias al rigor de una investigación periodística. Sumado a este episodio, este año nuevamente recibimos un duro golpe a la transparencia en la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos en nuestro país.

La Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de nuestra cámara que varios de los señores legisladores y quien habla integramos, se encuentra actualmente intentando dilucidar una trama compleja de hechos oscuros y terribles; estamos intentando entender qué sucedió con las autoridades que en el año 2006 no visibilizaron estos episodios; estamos intentando seguir acercándonos a la verdad, a esa verdad que sana y que tenemos que procurar.

Entiendo que es mi deber brindar a la ciudadanía mi compromiso de contribuir a llegar a la verdad y lo voy a hacer en esta oportunidad defendiendo los argumentos jurídicos que sustentan la comparecencia del señor senador Manini Ríos ante la Justicia, que es el ámbito pertinente para hacerlo, a los efectos de que pueda decir su verdad y para lo cual ello precisa ser relevado de sus fueros parlamentarios.

Cierro este tema haciendo hincapié en que no nos corresponde a nosotros, los legisladores, juzgar; nos corresponde simplemente evaluar la formación de causa para la actuación de la justicia penal. Ratificamos la plena confianza en la Justicia, en su recto e independiente proceder.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Lamento pedir una interrupción porque hace muchas horas que estamos acá, pero para eso nos pagan, así que puedo estar dos días más; hemos estado cinco días corridos en el presupuesto y sin dormir tres noches.

Hay que volver a aclarar una cuestión. Con todo el cariño y el respeto que la señora senadora Sanguinetti sabe que le tengo, hay cuestiones que, desde el punto de vista jurídico, no se pueden dejar pasar; no es la primera vez que lo escucho, no de la señora senadora Sanguinetti, sino de otros colegas que han insistido en esto. Voy a salir del tema de Jiménez de Aréchaga porque hubo tres Jiménez de Aréchaga y el último, que fue el que estuvo presente –ya lo dije hace un rato– en la Comisión de Constitución y Legislación en el año 73, cuando se trató la solicitud de desafuero del señor senador Erro, tiene una posición diametralmente opuesta.

Gozando de la generosidad de la presidencia y de mis colegas al permitirme una interrupción, haré referencia rápidamente al doctor Cassinelli Muñoz, a quien conocí personalmente. Fue profesor en el IPA; nos ayudó en esta casa en los años 1985, 1986 cuando se sacaban las leyes –yo no porque era secretaria– y se quedaba hasta la madrugada tratando de ayudar a todos los partidos políticos a elaborar la mejor legislación posible para salir de la dictadura. De paso, además, aprovecho para decir que es un reconocimiento a un gran constitucionalista porque, como siempre hacemos los uruguayos, nunca les damos importancia a los grandes valores que tenemos.

En la misma comisión se le pide un informe a Cassinelli Muñoz –menciono este tema para salir de los Jiménez de Aréchaga–, y por supuesto que no voy a leerlo en su totalidad, pero él es muy preciso. Fue una gran cabeza intelectual y el único jurista que tuvo –sin desmerecer a nadie– el derecho vigente en su cabeza. Además, fue un gran matemático. En uno de los párrafos dice: La cámara no está limitada por el legajo remitido como fundamento de la imputación. Se refería a la Justicia, más allá de que fuera la militar porque estábamos en estado de guerra interno.

Consulto: ¿no estoy en uso de una interrupción? ¿Son cinco minutos o hasta que se terminen los minutos del orador?

SEÑORA PRESIDENTA.- Está en uso de una interrupción, señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Y continúa: La cámara tiene la atribución de resolver si hay lugar a la formación de causa y, si el expediente remitido no es suficiente para resolver, es de principio la potestad de instruirlo, obteniendo los elementos de juicio necesarios para resolver.

Como desgraciadamente el tiempo se termina, paso a las conclusiones: No había obstáculo de orden constitucional para que la comisión respectiva recibiera testificaciones o practicara otras diligencias…

(Suena el timbre indicador del tiempo).

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: en la noche de hoy –mejor dicho, en el día de hoy, porque estamos desde las diez de la mañana– se han escuchado muchas aseveraciones y quiero referirme a algunas de ellas.

El tema de la visión de la historia reciente y de por qué vino la dictadura o cuándo vino ya lo aclaré dos veces en dos sesiones de comisiones. Se dice que la dictadura vino por el estado de guerra interno. Tuve que aclararlo allí y ahora tengo que aclararlo de nuevo en este pleno: en realidad, no es verdad que la dictadura viniera por la guerra interna. El estado de guerra interno se decretó en abril de 1972; el Frente Amplio no votó esa declaración. Hay que decirlo porque acá se habló de los partidos que la habían votado y se dijo que prácticamente había sido aprobada por unanimidad. El Frente Amplio, creado en 1971, no votó esa declaración de estado de guerra interno, por el cual se torturó gente, como se dijo. Ya desde ese tiempo, e incluso desde antes, estaban pasando cosas en este país.

En realidad, la dictadura vino el 27 de junio de 1973, luego de que la guerrilla estuviera desarticulada porque sus dirigentes estaban presos o exiliados; o sea que es una excusa decir que la dictadura vino por la existencia de lo que nosotros llamamos la teoría de los dos demonios. Se puede decir de otras formas, pero es una excusa para explicar por qué vino la dictadura, pero eso no es verdad. La guerrilla ya no existía formalmente porque sus dirigentes estaban detenidos o exiliados. Entonces, querría no volver a escuchar eso en esta cámara ni en ninguna comisión. Se pretende instalar una visión de la historia que no es verdad.

Acá también se dijeron otras cosas. Parece que no estaba bien que se homologara el fallo del tribunal de honor. Entonces, que el tribunal de honor aconsejara o, mejor dicho, resolviera que se pasara a situación de reforma –o sea, que se perjudicara– al coronel Gavazzo, estuvo mal. Parece que acá se cuestiona que se homologara ese fallo. Homologar significaba rebajarle la categoría a Gavazzo, igual que en el caso de Gilberto Vázquez.

Asimismo, se mencionó como algo cuestionable el apoyo a la ley de amnistía. Al respecto, también hubo presos por once o doce años que no habían sido detenidos y juzgados con el derecho que posteriormente se ha juzgado a militares responsables. En ese contexto, se hizo y se aprobó la ley de amnistía.

Se ha hablado del perdón y por supuesto que, en lo personal, entiendo que se debe perdonar, pero para perdonar hay que conocer la verdad. Sin conocer la verdad no podemos perdonar porque, en realidad, ¿a quién perdonamos?, ¿por qué perdonamos?, ¿cuáles son los hechos que hay que perdonar? Entonces, el tema de que deberíamos perdonar en general no está bien tampoco.

Se ha hablado de odio. Recientemente, en estos días, se dijo que Familiares de Detenidos actúa por odio. ¡Por favor! ¡Es tan triste y un horror pensar esto! No recuerdo cuál de los señores senadores señaló que, al revés, justamente se habla desde el amor de quienes padecieron la desaparición de sus familiares por hechos de la dictadura, desde el amor a ellos mismos y a la sociedad en su conjunto. Digo esto porque, en realidad, una sociedad sana tiene que conocer los hechos, debe tener memoria y poder juzgar realmente a los responsables de los delitos para que no se vuelva a cometerlos otra vez.

Acá hubo terrorismo de Estado. Cuando hablamos de la llegada o de por qué se instaló la dictadura, no podemos olvidar que no fue por responsabilidades individuales, no fue que algún militar se extralimitara y entonces se produjeran algunas muertes o desapariciones. Acá fue el Estado el que atentó contra los ciudadanos, como Julio Castro y otros. En lo personal, siempre menciono los casos de los floridenses María Antonia Martínez y Mario, su esposo, que en realidad no habían cometido delito alguno; sin embargo, hoy todavía siguen desaparecidos.

Entonces, fue el Estado que aquí, en nuestro país, en el Plan Cóndor –en este caso fue en Buenos Aires–, actuó contra los ciudadanos indefensos. Debemos repetir eso, que fue el Estado, o sea, el conjunto del Estado, a través de las Fuerzas Armadas, el que atentó contra ciudadanos. Eso no se puede derivar o desviar. Sería bueno que todo el mundo aquí dijera que no fue algo espontáneo o una exageración que se cometió. No fue así.

También se mencionó la importancia de la votación del sector del señor senador Manini Ríos en octubre. Yo manejo la hipótesis de que, sin embargo, por el resultado del domingo, capaz que a muchos ciudadanos no les gustó esta actuación y por eso hubo una baja votación.

Es grave que no solo el senador Manini Ríos sea el que habla pestes de la Justicia, porque acá hay senadores de la coalición que también la cuestionaron. En realidad, dicen que no votan el desafuero porque, de acuerdo con los expedientes y con todo lo que leyeron y estudiaron, no les merece garantías, y porque parecería que desde la fiscalía se está actuando mal. Entonces, que no se diga que no se duda del Poder Judicial y de la fiscalía, porque acá se expresó y no lo hizo solo el señor senador Manini. Para nosotros eso es grave, porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes y, si realmente queremos vivir en una democracia sana, debemos preservarlo. Como dije, esa desconfianza nos preocupa mucho.

Con respecto al tema de la votación del señor senador Manini parecería que aquí no fuimos todos votados, que solamente un senador lo fue y tuvo apoyo. En realidad, todos acá salimos votados por la ciudadanía para ejercer este rol y siento que puede suceder que para todos se pida el desafuero. No importa si uno tuvo más votos que otro; acá no hay excepciones: todos llegamos aquí por votación popular y todos estamos sujetos a la posibilidad de que la Justicia solicite nuestro desafuero. O sea que el argumento de que porque tuvo tantos votos no hay que votar el desafuero no lo encuentro para nada válido.

Aquí se quiere dejar de lado que de lo que se trata es de habilitar a que el señor senador Manini concurra a declarar. Eso es lo que hoy tenemos que definir: si lo habilitamos a ir a declarar o no. Si este Cuerpo decide que no vaya es porque realmente no quiere que se aclaren los hechos que hoy estamos considerando. No nos toca a nosotros dirimir; es justamente la Justicia la que tiene que hacerlo.

Aquí se ha acusado al expresidente Tabaré Vázquez de encubrir y ocultar. Se ha dicho explícitamente. ¡Increíble! Porque si alguien actuó realmente, mientras que en los veinte años anteriores de vida democrática no se hizo nada –salvo el intento de la Comisión para la Paz durante el Gobierno del doctor Batlle–, fue el doctor Vázquez. Ya sabemos que se aplicó el artículo 4.° de la ley de caducidad, que estaba pero no se había aplicado; se entró a los cuarteles, algo que no se había hecho; aparecieron restos de desaparecidos, que no habían aparecido antes; se aprobó –como alguien dijo recién– la ley de acceso a la información, y no lo hizo otro partido. En realidad, acusar a quien realmente impulsó, propició y definió a través del voto de sus legisladores todo lo que fueron avances en cuanto al esclarecimiento y a la búsqueda de la verdad es bastante injusto.

Aquí se ha demostrado que el señor senador Manini no comunicó a su jerarca y no hizo la denuncia a la Justicia, como debería haberlo hecho. En cuanto a si dijo o no dijo la verdad, es muy triste que dudemos de alguien que está junto a nosotros en esta alta tarea. Lo digo con fundamento por todo lo que se demostró de acuerdo con los testimonios de los generales que trabajaron en el tribunal de honor y otros testimonios por los que el fiscal pide el desafuero. Allí, leyendo los testimonios de esos generales, queda claro cómo fueron los hechos.

Además de las mencionadas declaraciones contradictorias, podemos ir al semanario Búsqueda del 4 de abril de 2019, donde se publica una entrevista realizada al propio Manini. El periodista señala: «El presidente dijo que hubo una cadena de errores», y pregunta: «¿Usted debió informar antes?». Manini responde: «No lo tengo claro. No se accionó de inmediato porque se interpretó que lo que se quería era obstaculizar la marcha del tribunal de honor. Ese pudo haber sido el error, pero estamos hablando de una demora en informar». O sea que reconoce que hubo una demora en informar. Después, el periodista le dice: «¿No hubo una omisión ahí?». La respuesta es: «Se entendió que no era de la relevancia que ahora le quieren dar, pero en todo caso de lo que estamos hablando fue de haber demorado en poner en conocimiento. Hablamos de que en vez de hacerlo en setiembre lo comunicamos oficialmente al entregar el acta en febrero». O sea que, aunque el tribunal de honor paró porque entendió que había hechos delictivos y porque de acuerdo con el artículo 77 debía presentarse ante la Justicia, en esas instancias el propio senador Manini no informa. Lo dice acá. Creo que queda bastante claro por los propios testimonios de Búsqueda.

La bancada de senadores de nuestra fuerza política votó por unanimidad aprobar el desafuero. Resolvimos, también, que el Frente Amplio nunca podría estar en contra de que, una vez que la Justicia actuara, si no encontraba delito, el senador Manini volviera a este Cuerpo. Nunca hubiéramos votado en contra de esto; somos democráticos y, por supuesto, respetamos la decisión de las urnas. Nunca lo hubiéramos cuestionado. Esto debe quedar claro, como quedó en la comisión y en la moción que vino por mayoría. O sea que si alguien dice lo contrario, está faltando a la verdad o desconoce la posición de la bancada.

Hemos escuchado muchos argumentos jurídicos, pero aquí también hay un tema político sobre el que queremos decir algunas cosas.

Cuando el señor presidente de la república dijo –lo hizo en más de una oportunidad– que no estaba de acuerdo con la forma de tramitar los fueros y que siempre debía autorizarse el desafuero, le creímos. En alguna sesión de la Cámara de Representantes –que vi en video– y en entrevistas de prensa le escuché decir que por ningún motivo debía negarse un desafuero solicitado al Parlamento, aunque se tratase de temas menores, que no es el caso del día de hoy. Aquí estamos tratando un desafuero solicitado por el fiscal a través de la Justicia, por un tema muy importante: nada más y nada menos que por no denunciar ante la Justicia información relevante por parte de quien era en ese momento el comandante en jefe del Ejército y por no cumplir con el mandato del artículo 177 del Código Penal, que establece que se deben denunciar los hechos de apariencia delictiva de los que se tenga conocimiento. De eso se trata este desafuero –no es un tema menor–, ante el cual, de igual forma, según decía el presidente de la república, deberían votarse los desafueros.

Entonces, no tenemos más remedio que preguntarnos qué cambió en cuanto a la visión que se tenía sobre el tema del desafuero en aquellos momentos y en el presente. Evidentemente, no tenemos más remedio que buscar la respuesta en la situación generada por este desafuero en particular, por la persona de quien se trata y por el rol que juega dentro de la coalición de gobierno. Por ahí creemos ¡que debe buscarse el motivo del cambio de posición del presidente de la república. Hasta la fecha, no hemos podido encontrar –ni se nos ha explicado por ningún medio– otros motivos.

Por otra parte, también resulta bastante extraño y sorprendente que alguien que en la campaña electoral dijo –y lo reiteró varias veces, incluso pasadas las elecciones– que quería que se aprobara su desafuero, ahora exprese que no hay que votarlo, dando las razones que quiera dar, porque siempre podrá encontrarse una excusa para explicar lo inexplicable. En este caso lo inexplicable es que, habiendo prometido algo antes de las elecciones e incluso después, ahora diga y su sector haga todo lo contrario, que habiendo dicho que quería que se aclarara su situación porque sabía que la Justicia no hallaría en su accionar nada condenable, ahora no quiera dar a la Justicia la posibilidad de interrogarlo para probar eso que antes decía.

Señora presidenta: quiero dejar constancia de que en el día de ayer nos enteramos por nuestro coordinador de bancada de que los senadores de la coalición le habían expresado que se retirarían de sala si quien habla concurría hoy a la sesión con la camiseta que reza «Desafuero o complicidad» y que eso –esa retirada– entorpecería el desarrollo de la sesión de hoy. Resulta increíble que una camiseta pueda tener tanto poder como para provocar el retiro de sala de senadores. Las consignas –y esta también– son ejemplos de libre expresión, de democracia. Las camisetas son sitios en los que pueden plasmarse las consignas. Jamás se me ocurriría…

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señora senadora, pero hemos sido convocados para tratar específicamente si se entiende o no que hay causa para votar el levantamiento de los fueros de un senador. Lo relativo a las camisetas y los emblemas no es pertinente. Estoy siguiendo toda su línea de argumentación, pero me parece que sería bueno retomar el tema por el cual fuimos convocados.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Lamento, señora presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Yo lamento que la señora senadora aluda a algo que fue conversado en la coordinación y sobre lo que se había llegado a un acuerdo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Varios señores senadores hablaron de la camiseta y no escuché a la señora presidenta decirles que no lo hicieran.

SEÑORA PRESIDENTA.- Prosiga, señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

Si alguien se ofende con la consigna, será porque en el fondo tiene algo de verdad.

No permitir la libertad de expresión raya la censura y de mi parte nunca me verán ejercer tal censura. Me comprometo, aquí y ante todos, a nunca hacerlo.

En fin, resulta sorprendente que esto hiera la sensibilidad y que no lo haga el tema de que los familiares sigan penando por hallar a sus desaparecidos y conocer la verdad, ya que ello está impidiendo a la Justicia actuar libremente en este tema. Eso sí debería herir nuestra sensibilidad. Evidentemente, no todos somos iguales ni sentimos igual. Hoy aquí la mayoría optará por la impunidad y, por supuesto, eso es complicidad.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Señora presidenta: dije que iba a hacer una aclaración y una comparación entre un expediente del 2006 y el expediente de 2019; ya que acá se habló del tema, me veo compelido y en la obligación de hacerlo.

Respeto que se pueda dormir el sueño de los justos; probablemente, yo no sea justo. Cuando digo que hubo un expediente en el 2006 y otro en 2019 es para decir qué tuvieron de particular, de similitud y de diferencia, y ya lo mencioné hoy en mi intervención. En realidad, ¿dónde escondo un elefante? En una manada de elefantes, porque un elefante se esconde en una manada de elefantes. Cuando yo entrego el conjunto de las actas de un tribunal de honor sin hacer referencia a ningún contenido de estas no es que no haya entregado las actas; las entregué, pero al no hacer referencia a nada, van a estar obligados a revisarlas todas. Ya aclaré que en el 2006, en el expediente de homologación –el que se repartió y tiene veintidós fojas– se separaron las actas. La diferencia con el de 2019 –ya había habido cambios dentro del ministerio- es que venía todo junto y se digitalizaba todo junto. ¿Por qué? Porque se trata de tribunales de honor que tenían que ver con una condena firme en materia de violaciones de los derechos humanos, y la condena firme en materia de violaciones de los derechos humanos por el artículo 12 de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública tiene que quedar necesariamente abierta.

Señora presidenta: quisiera saber si por una interrupción dispongo de tres o cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dispone de tres minutos, señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Entonces, voy a pedir otra; lo digo desde ahora para no cortar el hilo de la intervención.

Entonces, ahí hay una diferencia en cómo se manejaban los expedientes en un lado y en el otro.

En lo que tiene que ver con el expediente de 2019, en realidad, quienes llegaron a leer efectivamente el expediente a fondo –ya lo dije hoy en la intervención central- fueron las doctoras Mariana Errazquin y Josefina Nogueira.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Entonces, ahí hubo una diferencia entre los dos mecanismos y también expliqué el porqué. Fue porque los comandantes en jefe de las distintas épocas no terminaban de asumir que los tribunales de honor, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, deben terminar de pronunciarse. Esto pasa hoy en las fuerzas y voy a poner un ejemplo. Acá se habla de homologar o no y el actual Gobierno no homologa un tribunal de honor respecto del capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, que está condenado por veintipico de años por violaciones de los derechos humanos y está bien que no lo homologue. ¿Por qué? Porque el tribunal de honor solo vio el legajo del capitán Larcebeau y en las valoraciones que hizo poco menos que es Lord Nelson o Pedro Campbell, lo que resulta un reverendo disparate. Entonces, hay un componente que en el fondo me duele, y es que salvo la Fuerza Aérea que toma los dictámenes de la Justicia con condena firme -es decir, asume el fallo y termina sancionado-, en el resto de las fuerzas es complicado. Ya dije que, en realidad, somos capaces de pasarlo a reforma con D2, que es una situación gravísima porque se fugó del Hospital Militar u otra cosa, pero no por violaciones de los derechos humanos.

Aclaro que estoy dispuesto a concurrir, las veces que sean necesarias, a la comisión que preside y que integran los legisladores en materia de derechos humanos para hablar sobre este tema.

Por otro lado, me entero -y estoy dispuesto al careo- de que hay un coronel -no recuerdo su cara-, que era director de personal militar, que indicó que me lo dio a mí. Y le pedí a la comisión que solicitara todo el expediente que estaba en el ministerio porque ahora me entero de que muy probable lo haya digitalizado el coronel Martínez, que era director de personal militar; probablemente lo haya digitalizado. Quiere decir que él conocía el contenido de este expediente y no era el único que lo sabía, porque supongo que la dirección…

(Suena el timbre indicador del tiempo).

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- La senadora Della Ventura le permite continuar con la interrupción, señor senador.

SEÑOR BAYARDI.- Muchas gracias. Pedí que circulara todo porque los expedientes de los tribunales de honor, en realidad, están dirigidos a quienes los integran y, si bien son reservados, nadie me va a hacer creer que los conocen solo ellos. El que lo digitalizó lo conoce. Va a estar bueno cuando inviten al coronel Martínez para que explique por qué digitalizó un acta que lo hizo a tal grado, que se transformó en ilegible. Me estoy refiriendo al expediente que estaba en el ministerio, que fue el que se repartió por primera vez a los familiares. Sin embargo, cuando los familiares reclaman, el expediente original estaba absolutamente legible. Será importante conversarlo.

Tenía la sensación –por más que se me aclaró– de que esto podría haber sido puesto en conocimiento, como lo he dicho, por parte de un teniente coronel. Si bien su cargo no elimina la suspicacia sobre esta situación, me reafirma que el coronel Martínez pudo haber dado cuenta de la existencia de esto. ¿Cuál sería el objetivo de haberlo hecho público? Acá se nombró al subdirector del ministerio, Cipriano Goñi, de quien hablé bien en la comisión, porque dije que si él solo había llegado al punto de encontrar este material, cuando había sido pedido como información todo lo relativo al tribunal de honor el 17 de junio y él lo encontró solo el día viernes 7 de agosto –lo trabajó sábado y domingo, y el lunes hizo las fotocopias; no lo entregó todo, hizo fotocopias y en algunas tachó cosas que tenía que tachar–, con todo ese trabajo fuera el Gobierno que fuera, se lo debería considerar a futuro como un cuadro de la Administración pública para ser tenido en cuenta. Creo que, en el fondo, la aparición de esto ahora es para dar fundamento a un discurso que diga: si esto pasó en el 2006 con un comandante, ustedes se lo comieron y ahora vuelven a repetir la situación, ¿por qué vamos a tomar alguna conducta, en esta oportunidad, sobre el hoy senador y en su momento general Manini?

Muchas gracias.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Muchas gracias, señora presidenta.

Escuché recién al senador Bayardi y me llama un poco la atención la poca memoria, porque el coronel que yo mencioné dependía de él, era jefe del personal militar y él estuvo muchos años en el Ministerio de Defensa Nacional.

O sea que sabe mucho del Ministerio de Defensa Nacional, pero no conoce a la gente que depende directamente; es raro.

Lo otro que quería aclarar sobre el tribunal de honor es que el comandante en jefe de la época eleva todas las actas, como en este caso, el que se dio ahora. ¡Exactamente igual! Cuando las recibe, el jefe del personal militar –porque es ahí donde van todas las actas de los tribunales de honor, y no se pierden, están ahí, por eso están apareciendo ahora; no están en nada de inteligencia ni digitalizadas ni otras cosas raras que dicen– le dice al subsecretario de entonces: «Mire que tengo una cosa importante que decirle», y se lo dice. Le entrega las actas y le dice que le haga fotocopias del preguntado y del respondido; le entrega las fotocopias en la escalera del edificio central del Ministerio de Defensa Nacional. Admito que han pasado muchos años y que el senador Bayardi no lo recuerde, pero son datos de la realidad. No sé para qué el coronel Martínez va a pedir para hablar conmigo para decirme, contarme o relatarme todo eso. No entiendo para qué. El coronel Martínez, para que sepa el senador Bayardi, jamás estuvo en inteligencia, por si lo quiere buscar por ahí; simplemente estuvo ese año como jefe de una división, le informó –aparte de lo que informó el comandante en jefe– verbalmente y por escrito, ya que le llevó –no recuerda la cantidad exacta– alrededor de cincuenta hojas de fotocopias. Además, le pidió para entregarle todo el resto del expediente y el subsecretario de aquel momento le dijo que no era necesario.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Hoy se expresó –lamento que no esté presente quien lo dijo, el senador Da Silva– que no se entendía cómo quienes no tenemos vínculo directo con los hechos de la dictadura, vamos a las marchas o usamos camiseta, aunque en este caso no se cuestionó eso. La respuesta es que quienes apoyamos a los familiares, sin serlo, lo hacemos simplemente porque somos capaces de sentir empatía, de ser solidarios con la causa que ellos llevan adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: en primer lugar, el senador al que usted alude no está en sala, lo que no me parece algo menor; y, en segundo término, solicito que se intente no atribuir intenciones. Le pido esto, señora senadora, y a todos los senadores les voy pidiendo que volvamos al asunto que nos convocó para esta sesión.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En realidad esto se dijo, como recordará la señora presidenta.

La organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos siguen esperando por doscientos uruguayos detenidos desaparecidos. Quien no entienda esto será que no puede ponerse «en el lugar de».

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Simplemente me quedó sonando la frase esa de que un elefante se confunde en una manada de elefantes. Un falseador de la realidad también se confunde en un montón de falseadores de la realidad.

Me quería referir a lo que dijo la senadora Della Ventura cuando habló del artículo de prensa. Cuando yo digo que fue un error no haber comunicado, no me refiero a mí solamente, sino al mando superior de las Fuerzas Armadas. Ese fue el espíritu de esa declaración. Me sorprende que le preocupe esa declaración mía y no le preocupe para nada la contradicción del presidente Vázquez cuando dice una cosa en la prensa a un comunicador y después dice exactamente lo contrario –ahí sí hay una contradicción– en la fiscalía.

Era solo eso, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: llevamos trece horas de sesión, más o menos, y creo que lo central ha sido dicho por los senadores del Frente Amplio que se han pronunciado antes. Pero quiero hacer algunas puntualizaciones y poner algunos acentos, porque se han hecho afirmaciones que, a mi juicio, son inadmisibles.

Es muy fácil decir que no hay que atribuir intenciones y, al mismo tiempo, atribuirle intenciones a todo el mundo: al expresidente, al exsecretario de Presidencia, a los senadores de nuestra fuerza política que han hecho uso de la palabra antes; calificar, como recién se ha hecho, a los que han hablado. ¡Es inadmisible! Pero, bueno, quiero dejar constancia de eso.

Creo que también es inadmisible atribuir al Poder Judicial la intención de atacar a un candidato por orden del fiscal de corte. En política los hechos producen consecuencias que muchas veces nadie puede anticipar. No se puede caer en la judicialización de la política, pero tampoco en la politización de la Justicia, lo que se hace cuando se atribuyen motivos políticos a la Justicia, porque esta discusión no se da solo entre estas paredes. Hay gente que piensa mucho lo que se dijo acá: que no cree en la Justicia, que no cree en los fiscales, que no cree en los jueces. Y cuando acá se hace un discurso en ese sentido, creo que se busca rédito político. Como se han atribuido intenciones en todo momento, me permito, por lo menos, tener una intención sin acusar concretamente –en algunos casos no puedo­–, pero creo que acá se buscan réditos políticos. Victimizarse con la destitución y la persecución penal es funcional a la presentación de un candidato: permite presentarse como perseguido por haber defendido a sus camaradas de armas; perseguido tanto por el Gobierno como por la Justicia, aunque ello no haya sido así. Creo –ya lo dije– que hay gente que piensa del modo que se ha fundamentado hoy acá. Eso es claro.

Tampoco es admisible decir que ha habido una campaña llevada adelante en esta cámara para enlodar a Cabildo Abierto a través de la demonización de su principal representante. ¡Creo que eso no es así! Tampoco es admisible que se responsabilice al Poder Ejecutivo anterior del hecho de no haber denunciado ante el Poder Judicial las confesiones de Gavazzo. ¡Esto para mí es clarísimo! No ha habido contradicción en las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez. Ya fue establecida la línea de tiempo después de que se informó al Ministerio de Defensa Nacional sobre las actuaciones del tribunal de honor, pero quiero reiterarla, por lo menos en algunos puntos, porque muchos de los que estamos acá, por lo menos tres o cuatro, fuimos testigos de lo que sucedió y vimos cómo se fue planteando en el Consejo de Ministros.

El 18 de febrero –podré errarle por un día o dos– el Ministerio de Defensa Nacional se hace del expediente surgido del tribunal de honor de Gavazzo, Silveira y Maurente. El 19 de febrero, el presidente Tabaré Vázquez se planteó homologar las decisiones del tribunal de honor con respecto a Gavazzo y a Silveira –tenía información verbal muy general y no detallada–, no homologar lo referido a Maurente, enviar todo el expediente a la división Asesoría Jurídica de Presidencia de la República para estudiarlo a fondo y desarrollar lo que se había planteado en líneas generales, y se pidió al doctor Toma que se hiciera cargo. Esto fue así; se estableció la homologación y la no homologación. El 11 de marzo el expediente va a Presidencia de la República y se comunica al Consejo de Ministros lo que iba a homologarse, lo que no iba a homologarse y, además, la decisión de hacer la denuncia penal de todo lo que surgía de las declaraciones de Gavazzo y de Silveira, pero se devolvió el expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional para que se desglosaran los distintos delitos que se habían cometido y se mandaran a los tribunales correspondientes.

Acá se ha hablado de Roberto Gomensoro, pero estaban incluidos muchos otros delitos. Dicho sea de paso, se dijo que Roberto Gomensoro no estaba desaparecido; él estuvo desaparecido hasta que se lo pudo identificar. En 1996 o 1997 el semanario Mate Amargo denunció que quien había aparecido en el río Negro era Roberto Gomensoro y no se lo tuvo en cuenta para nada. Luego, la Comisión para la Paz que creó el presidente Batlle sí estableció que esa persona que apareció en el río Negro era Roberto Gomensoro, y un diario de la época recordaba que eso ya había sido anunciado en 1996 y en 1997.

Insisto: el 11 de marzo se comunica al Consejo de Ministros que el hecho va a ser denunciado, pero que hay que desglosar los distintos delitos que se habían cometido. Hubo una situación de licencias y de no funcionamiento de determinados organismos lo que demoró la denuncia, pero se había resuelto hacerla. El día 30 de marzo apareció la nota en El Observador con estas denuncias. Hasta ahora me vengo preguntando quién le hizo llegar al periodista los expedientes. No tengo respuesta, pero permítame, señora presidenta, atribuir intenciones y decir que se le hizo llegar, no para informarle de algo que no se conocía, sino que ya se conocía, ya se sabía que el Gobierno iba a hacer la denuncia y se quiso quitar el efecto que podía crear. Efectivamente, tuvo un efecto y por eso hoy estamos discutiendo en estos términos. Esto lo vimos, lo vivimos y por eso no podemos dejar pasar, así como así, lo que se ha dicho acá como información veraz, que para nosotros no lo es; o hay un error en la información que se tiene o siguen las intenciones.

Iba a terminar con lo que dijo el señor senador Bayardi sobre el tribunal de honor de Gilberto Vázquez. Él ya lo ha aclarado, pero voy a dar mi opinión sobre ese punto.

Tal como el señor senador expresó, se desglosaba el acta y las resoluciones tomadas e iban a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional. Voy a decir algo que no se ha señalado. El Frente Amplio en ese momento llevaba un año en el Gobierno y quiero aclarar que la cartera de Defensa Nacional no es como las demás, porque cuando comienza el Gobierno entran dos civiles y los demás son todos militares y funcionarios que tienen veinticinco años de servicio que siguen la misma inercia que dominaba el sistema político o, por lo menos a los gobernantes: no dar lugar a la verdad de lo que había pasado y buscar todas las chicanas posibles para que esta no se conociera. Entonces, se resuelve homologar, pero separar el contenido de las actas. Esto quiere decir que no necesariamente los civiles que estaban en el ministerio se enteraban de lo que estaba pasando. Puede que haya pasado lo que se dijo de que se entregaron las actas a la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio que hizo el estudio de su contenido.

Luego de la aprobación de la Ley sobre Derecho de Acceso a la Información Pública de 2008 y de lo que se hizo en el segundo Gobierno en lo que tiene que ver con los derechos humanos y el pasado reciente y la obligación de informar de eso, la situación cambia. Tan así es que en el repartido que se hizo de las actas de 2006 hay una que se incorpora al expediente en el 2016 o 2018. Esto quiere decir que no estaban en el expediente de Gilberto Vázquez en su momento, sino que las incorpora después la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio. Algo había pasado con el tribunal de honor de Gilberto Vázquez que no era comparable con el de Gavazzo, Silveira y Maurente. Eso es así y me siento en la obligación de informarlo porque hay un cambio. Creo que en la comisión del Senado que está estudiando el tema, los senadores del Frente Amplio han planteado que también se convoque a los funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de aquella época para escuchar lo que tienen para decir, porque solamente convocando a las personas que tenían responsabilidad política, pero no necesariamente tenían acceso a la dirección antes mencionada, se puede conocer la verdad. Espero –reitero– que se convoque a los funcionarios que estaban involucrados en el tema en ese momento.

No quiero extenderme más porque esto va para largo y varios compañeros han reiterado las razones por las que vamos a acompañar el pedido de desafuero del señor senador.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias, señor senador.

La verdad es que a esta altura de la noche no pensé que íbamos a volver sobre lo mismo; en consecuencia, mandé guardar la mayor parte del material, pero como mi memoria todavía funciona bien, quiero señalar que no somos nosotros los que tenemos la confusión con las fechas –y no voy a volver sobre el tema–, pero no puedo dejar que quede registrado en la versión taquigráfica al final algo que altera los hechos.

Me acuerdo en este momento de memoria de todas las fechas, pero sobre todo me acuerdo de la reacción del fiscal con la doctora Errazquin, que declara muy solventemente. Es la funcionaria de carrera de Presidencia, que actualmente continúa en sus funciones. El fiscal prácticamente hace abuso de sus facultades en el sentido de que instiga a la testigo, porque no fue como indagada, creo; no lo sé, porque la verdad es que no se les pregunta ni siquiera por las generales de la ley a los testigos. Está vigente en eso el Código General del Proceso, así que hay vicios de forma gravísimos. Pero le pregunta el fiscal a la doctora Errazquin si no la observaron en la oficina por haberse demorado tanto en comunicar a Presidencia. Lamento no tener la documentación, pero búsquenlo. Es así. Y la doctora Errazquin muestra su libretita, que está fotocopiada y todo lo demás, y dice que a ella nadie la observa porque estaba la semana de carnaval y el doctor Toma le dijo que tenía una semana para estudiar el expediente, para ver cómo tenía que hacer las resoluciones. Si quieren citar al personal de carrera por las actas del 2006 –yo en ese tema no me voy a meter porque está en otra comisión–, háganlo, y se le pueden preguntar muchas cosas, porque ella tiene muy clarito el procedimiento y no está en el «sálvese quien pueda», como hay otros que sí están. Y nunca vi una declaración tan dubitativa y nerviosa –además, me tomé el trabajo de escuchar el audio– como la del doctor Toma.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: referente a los dichos del senador Bonomi, primero creo que confunde Poder Judicial con la fiscalía. Son cosas distintas. La fiscalía no es el Poder Judicial.

En cuanto al tema de las actas del 2006, lo podrá explicar como quiera, pero entraron en ese año al ministerio y recién la Justicia tomó conocimiento en el 2020. Esa es la realidad. Podrá haber las explicaciones que se quiera.

Pero me quería referir principalmente al tema central del día de hoy. Él repite que se iba a hacer la denuncia –digamos, se afilia a la teoría del fiscal–, que se estaba preparando para hacer la denuncia. Reitero lo que dije en mi alocución principal: no cierra que se fuera a hacer la denuncia con la designación de quien fue mi sucesor en el cargo. No cierra. Es muy increíble que se vaya a designar como comandante en jefe a quien se pensaba denunciar en los días posteriores. Simplemente quería hacer esa acotación.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: vamos a tratar de ser lo más breves posible, pero quiero dejar el fundamento por el cual no voy a acompañar la suspensión de los fueros parlamentarios del senador Manini Ríos.

Como senador tengo la obligación de expedirme sobre lo que el fiscal Morosoli pide, y tengo las herramientas para poder opinar en todos estos ejemplares que me han llegado a mi despacho, a partir de leer y trabajar sobre ellos. No voy a caer en la tentación de ponerme a hablar de cosas que no vienen al caso pero que en algún momento va a ser muy bueno poder discutirlas y dar el debate. Simplemente tengo que considerar si hubo omisión o no hubo omisión por parte del en ese momento comandante en jefe, general Guido Manini Ríos. Y en lo que pude leer y escuchar, como muy bien lo dijeron los especialistas en la materia –la senadora Asiaín, la senadora Bianchi, el senador Penadés, el senador Julio María Sanguinetti–, no queda claro y no hay argumentos que puedan sostener que hoy hay que votar la suspensión de los fueros parlamentarios. Por el contrario, queda claro que el señor senador Guido Manini Ríos informó a su superior y a partir de ahí la responsabilidad de él termina, porque a su superior llegan las actas completas del tribunal de honor. O sea que desde ahí en más él queda relevado de responsabilidad.

En cuanto a lo que pasó de ahí hacia arriba, no voy a entrar en esa discusión. No voy a hacer mención de eso, porque hasta ahí llega, y es claro. Desde el momento en que el señor senador informa y eleva las actas completas –reitero: completas– queda relevado de toda responsabilidad, porque a partir de ahí la responsabilidad recae en el presidente de la república y en su ministro de Defensa Nacional o en el Consejo de Ministros.

Por eso, señora presidenta, no voy a acompañar la suspensión de los fueros parlamentarios del senador Manini Ríos, y no importa si el señor senador tuvo 270.000 votos o si en ese momento manifestó que quería que se le quitaran los fueros. Lo que importa es que como senador me tengo que expedir sobre lo que me ha sido enviado, y eso me deja claro que el señor senador quedó relevado de responsabilidad en el momento en que informó a su superior y entregó por completo las actuaciones del tribunal de honor.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MUJICA.- Señora presidenta: a esta altura se ha dicho todo. Quiero apenas dejar algunas constancias.

En términos generales, y no como cuestión de principio, sino como una cuestión táctica, acompaño las ideas que en su momento defendía el doctor Sarthou en esta casa. No me gusta toquetear los fueros por respeto a los votantes. Pero repito, es una cuestión táctica. Y menos me gusta, en política, victimizar, porque la experiencia indica que a la larga la victimización es un formidable negocio. Pero repito, estas reflexiones no son estratégicas. Son apenas experiencia táctica recogida en el andar.

Ahora bien, me cuesta entender, con las brillantes fundamentaciones en contra, por qué la justicia o la fiscalía no pueden investigar. Si se cree fervorosamente en la validez de esa argumentación, hay que pensar que va a ser absuelto –totalmente absuelto– por el valor que tiene esa argumentación, pero si no es así es porque no se está convencido o no se tiene confianza en el mecanismo de la justicia.

Hay acá, para mí, un asunto de resultado, ¿y si no se tiene? Pero es que, para mí, la verdadera verdad no está en esto; a todo lo dicho lo llamaría «vestir la novia».

Yo entiendo que hay una decisión de carácter político y si estuviera de ese lado –en el Gobierno– la respaldaría, porque normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico, pero hay circunstancias excepcionales en las que las decisiones se toman por razones políticas y quienes están en el Gobierno –y con la responsabilidad del Gobierno– no pueden exponerse a una fisura, jugados a la decisión que al final, a favor o en contra, puede tomar un juez. Es demasiado valiosa la estabilidad de un gobierno, pero esto, que para mí es la verdadera verdad, no se dice. Dijimos todo, pero esto no se dice, porque parece que en este país no podemos decir la verdad; parece que en este país no podemos decir que en determinadas circunstancias lo político es determinante. Alguna vez lo dije y alguien que estaba por acá –no de mi partido–, me dijo: «Vos tenés razón, pero no se puede decir». Lo juro por mi madre: estoy diciendo cosas así, este es mi íntimo convencimiento.

Entonces, todo lo demás puede ser argumento, pero hay cosas que me duelen y esto lo voy a decir en términos de confesión: yo no quiero ver a mi país como a la Argentina: partido. Renuncié a ser candidato de mi partido a disputar la presidencia porque sé que mi figura dividía al país inconmensurablemente, y lo dije públicamente. Ahora bien, no quisiera ver a mi país partido.

Se dicen cosas muy duras; tal vez la experiencia de estar años gobernando, de unidades militares y todo lo demás, puede llevar a un tipo de razonamiento, pero una sociedad no es un cuartel ni se arreglan los problemas así. Gobernar no es mandar, es conducir en un mar de contradicciones y el creer lo contrario es exponerse a una brutal frustración. No somos tan malos ni somos buenos perfectos; hemos puesto lo que tenemos y podemos, y hubo gente que con nosotros hizo carrera y está en las otras filas.

Lo que más me preocupa decirle, comandante, general, senador, es que se nos va el tiempo de la vida; vamos quedando demasiado pocos de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades, porque me dijo alguien que ya no vive que se consiguen más verdades en el casino de oficiales que en los juzgados. Necesitamos una empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor; necesitamos verdades.

Repito: no le pido justicia, le pido verdades, y usted tiene herramientas para hacerlo, es de los pocos orientales que las tiene; esa es su responsabilidad histórica. Yo sé que usted es un hombre inteligente y capaz, pero sé también que tiene su formación de militar, que le hace ver la realidad a través de una esfera de militar.

No quiero que rompa la coalición en la que está; por el contrario. Y se lo digo de buena fe. Si mantiene esa actitud usted es una plomada para esa coalición; no se vaya, por favor.

No tengo más que decir.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de setiembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 30 del corriente a las 23:30.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente,

Guido Manini Ríos. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Rivera Elgue y Gonzalo Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Marcos Methol, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 6 DE OCTUBRE

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se deje sin efecto la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día martes 6 de octubre del corriente». (Firman los señores senadores Penadés, Lozano, Lanz y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) GUIDO MANINI RÍOS. SUSPENSIÓN DE LOS FUEROS PARLAMENTARIOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: queremos solicitar que se tome la votación de palabra, conforme al artículo 99 de nuestro reglamento.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución, para después pasar a la votación.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Ante la solicitud de formalización dispuesta por la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 13er Turno, cursada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36 Turno de Montevideo, comunicado por la Suprema Corte de Justicia a través del Mensaje Nº 27/2019, en mérito a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República, la Cámara de Senadores resuelve declarar que hay lugar a la formación de causa al señor Senador Guido Manini Ríos, y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga».

SEÑORA PRESIDENTA.- Tómese la votación.

(Se toma en el orden siguiente).

SEÑOR ANDRADE.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Voto por la negativa.

SEÑOR BAYARDI.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA BERAMENDI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA BIANCHI.- Voto por la negativa.

SEÑOR BONOMI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- Voto por la negativa.

SEÑOR CAMY.- Voto por la negativa.

SEÑOR CARRERA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DA SILVA.- Voto por la negativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DOMENECH.- Voto por la negativa.

SEÑOR GANDINI.- Voto por la negativa.

SEÑORA KECHICHIAN.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LANZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA LAZO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LOZANO.- Voto por la negativa.

SEÑOR MAHÍA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR METHOL.- Voto por la negativa.

SEÑOR MUJICA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR OLESKER.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Voto por la negativa.

SEÑOR PINTADO.- Voto por la negativa.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por la negativa.

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SANGUINETTI (Julio María).- Voto por la negativa.

SEÑOR SARAVIA.- Voto por la negativa.

SEÑOR SARTORI.- Voto por la negativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voto por la negativa.

Dese cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Han sufragado treinta y un integrantes del Cuerpo: quince lo han hecho por la afirmativa y dieciséis por la negativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- La votación ha resultado: Negativa.

15) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a las 23:39, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Bayardi, Beramendi, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Kechichian, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Methol, Mujica, Olesker, Penadés, Pintado, Rodríguez, Sanguinetti [Carmen], Sanguinetti [Julio María], Saravia, Sartori y Topolansky).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.