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N.º 12 - TOMO 605 - 28 DE ABRIL DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

11.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y CARMEN ASIAÍN Tercera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LA PROSECRETARIA VICTORIA VERA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– La señora senadora Della Ventura solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la contratación de organizaciones de la sociedad civil;

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con actividades del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyecto presentado

– Los señores senadores Carrera, Lozano, Penadés y Peña presentan un proyecto de ley sobre feria jurisdiccional extraordinaria.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Exposiciones escritas

– El señor senador Sabini solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Cultura, a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, relacionada con la situación que atraviesa la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI).

– La señora senadora Rodríguez solicita se curse una exposición escrita con destino a los ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, relacionada con hogares o residenciales de ancianos.

• Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

8) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Kechichian, Mujica, Topolansky, Astori, Sartori, Sanguinetti (Julio María) y Rubio.

– Quedan convocados los señores senadores Canon, Sánchez, Sabini, Mahía, Viera y Castro.

– Se toma la promesa de estilo a la señora Rosina Piñeyro, luego de lo cual se la declara investida de su cargo de senadora.

9) Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República

– Por moción de los señores senadores Penadés y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato la carpeta n.° 144/20, relacionada con el proyecto de ley por el que se lo modifica.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) y 14) Feria jurisdiccional extraordinaria

– Por moción de los señores senadores Penadés, Carrera y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión la carpeta n.° 145/20, relativa al proyecto de ley por el que se suspenden plazos procesales a raíz de la emergencia sanitaria.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Suspensión de las sesiones ordinarias del Cuerpo

• Por moción de los señores senadores Penadés y Carrera, el Senado así lo resuelve hasta que finalice el análisis del proyecto de ley de urgente consideración, LUC.

12) y 16) Comisión especial para el estudio del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración

• Por moción de los señores senadores Penadés, Peña, Carrera y Lozano el Senado resuelve crear una comisión integrada por quince miembros.

– La Mesa comunica que quedará integrada por los señores senadores Abreu, Andrade, Asiaín, Bergara, Bonomi, Botana, Carrera, Della Ventura, Domenech, Gandini, Mahía, Olesker, Penadés, Peña y Viera, e informa una serie de medidas que se han adoptado para brindar las máximas garantías para su funcionamiento, en el marco de la emergencia sanitaria.

– El señor senador Penadés comunica que se instalará el día 29 de abril a las 11:00.

13) y 15) Levantamiento de la declaratoria de urgente consideración para el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo

– Moción de los señores senadores del Frente Amplio en el sentido de quitar ese carácter a la LUC.

– Manifestaciones de varios señores senadores.

• Se vota negativamente.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 24 de abril de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 28 de abril, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Canon, Carrera, Castro, Cosse, Coutinho, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olesker, Penadés, Peña, Piñeyro, Rodríguez, Sabini, Sánchez, Sanguinetti (Carmen) y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Kechichian, Mujica, Rubio, Sanguinetti (Julio María), Sartori y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:04).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley, con declaratoria de urgente consideración, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.º) del artículo 168 de la Constitución de la república.

A LA COMISIÓN ESPECIAL.

Además, destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se suspende la aplicación del cese de pleno derecho establecido en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley n.° 19841, de 19 de diciembre de 2019, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de disponer el cese en cualquier momento.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite mensajes:

– por los que comunica que ha dictado las siguientes resoluciones designando en calidad de:

• vicepresidente en el Directorio del Banco Central del Uruguay al señor Washington Ribeiro;

• miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública al señor Juan Antonio Gabito Zóboli;

• miembro integrante en el Directorio del Banco Central del Uruguay al señor Ignacio Berti.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

– Por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 1 de la Ley n.º 19872, de 3 de abril de 2020.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se crea el subsidio monotributo social Mides;

• por el que se suspende por el plazo de un año, a partir del 1.º de mayo de 2020, el crédito fiscal a favor de los pequeños productores lecheros y pequeños productores rurales que figuren hasta el 1.º de mayo de 2020 en el registro creado por el artículo 311 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta a un pedido de informes de la señora Carol Aviaga, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la adjudicación de tierras a colonos en el departamento de Artigas.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA AVIAGA.

El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes de la señora senadora Liliam Kechichian, relacionado con la suspensión de la Asamblea Mundial de Interpol 2020.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SENADORA KECHICHIAN.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland a un pedido de informes del señor Javier García, de fecha 12 de mayo de 2017, relacionado con la adquisición de un avión Cessna en el año 2012.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR GARCÍA.

El señor senador Sebastián Sabini, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, con fecha 22 de abril de 2020 solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Cultura, a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, relacionada con la situación que atraviesa la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI).

La señora senadora Gloria Rodríguez Santo, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, con fecha 27 de abril de 2020, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud Pública, relacionada con hogares o residenciales de ancianos.

HAN SIDO REPARTIDAS. OPORTUNAMENTE SE VAN A VOTAR».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La señora senadora Amanda Della Ventura solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la contratación de organizaciones de la sociedad civil;

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con actividades del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

5) PROYECTO PRESENTADO

(Proyecto consignado en la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«Los señores senadores Charles Carrera, Raúl Lozano, Gustavo Penadés y Adrián Peña presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre feria jurisdiccional extraordinaria.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

6) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde poner a votación la remisión de las exposiciones escritas de las que se dio cuenta en los asuntos entrados.

Se va a votar si se envía al Ministerio de Educación y Cultura la exposición escrita presentada por el señor senador Sabini.

(Se vota).

–12 en 13. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se envía a los ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública la exposición escrita presentada por la señora senadora Rodríguez.

(Se vota).

–14 en 15. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria de fecha 22 de abril no se registraron inasistencias.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 28 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por la situación extraordinaria causada por la presencia de la COVID-19 y por estar comprendida en el rango de edad más vulnerable, solicito licencia por el día de hoy, martes 28 de abril, amparándome en el artículo 1.º de la Ley n.º 17827.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Liliam Kechichian. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Silvia Listur ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Enrique Canon, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Lunes 27 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Por este medio solicito gestione, a partir del día martes 28 de abril de 2020, licencia por los siguientes períodos:

Desde el 28 al 30 de abril de 2020, desde el 4 al 8 de mayo de 2020, desde el 11 al 15 de mayo de 2020, desde el 19 al 22 de mayo de 2020, desde el 25 de mayo al 29 de mayo de 2020 y desde el 1 al 5 de junio de 2020, a quien suscribe, por integrar uno de los grupos de más alto riesgo para su salud, dada la situación sanitaria imperante en el país.

Saludo atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alejandro Sánchez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Lunes 27 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Por la presente solicito licencia desde el 28 hasta el 30 de abril del corriente, del 4 hasta el 8 de mayo y del 11 hasta el 15 de mayo del corriente año, en razón de formar parte de la franja de más alto riesgo sanitario en la actual emergencia sanitaria.

Sin otro particular, aprovecho a saludarla.

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Queda convocado el señor Sebastián Sabini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 28 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos de prevención de salud, a partir de la fecha y hasta el día 7 de junio del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor José Carlos Mahía, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 28 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo que me conceda licencia, por motivos personales, para la sesión extraordinaria del día 28 de abril de 2020, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Alem García ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Rosina Piñeyro, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala la señora Rosina Piñeyro).

–Se invita al Senado a ponerse de pie.

Señora Rosina Piñeyro: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑORA PIÑEYRO.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑORA PIÑEYRO.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investida del cargo de senadora.

(Aplausos en sala).

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 27 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia a partir del martes 28 de abril de 2020 y hasta el día 7 de junio inclusive, en virtud de tener que cumplir con la exhortación de las medidas sanitarias adoptadas de no salir de nuestras residencias.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Julio María Sanguinetti. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Tabaré Viera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 28 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos de salud, por el día de hoy, por encontrarme comprendido en el rango etario de riesgo por la COVID-19.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Adriana Barros y Eduardo Brenta han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Humberto Castro, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 144/2020, proyecto de ley por el que se suspende la aplicación del cese de pleno derecho establecido en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley n.º 19841, de 19 de diciembre de 2019, relativo al servicio exterior». (Firman los señores senadores Penadés y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se suspende la aplicación de lo establecido en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley n.º 19841. (Carp. n.º 144/2020 - rep. n.º 48/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU.- Señora presidenta: este proyecto de ley refiere al Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, que establece que a los noventa días de finalizado un gobierno, los funcionarios de confianza –ministros o embajadores– cesan automáticamente. En este caso, aun cuando se han realizado los trámites correspondientes, la situación que estamos viviendo a nivel internacional en cuanto a los viajes, la seguridad y demás, ha generado enormes dificultades para unos dieciséis o diecisiete funcionarios, quienes no han podido viajar y hacer su mudanza –que no es poca cosa– a fin de cumplir con la norma.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con este proyecto de ley, que propone la prórroga del plazo para el retorno de estos funcionarios y deja librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la determinación del momento oportuno para efectivizarlo como corresponde, tal como lo establece la ley vigente.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Suspéndese la aplicación del cese de pleno derecho referido en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Nº 19.841 de 19 de diciembre de 2019, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de disponer el cese en cualquier momento».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

10) FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate en la presente sesión la carpeta n.º 145/20: proyecto de ley relativo a la feria jurisdiccional extraordinaria, suspensión de plazos y otras medidas, a raíz de la situación de emergencia sanitaria». (Firman los señores senadores Penadés, Carrera y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: solicito que se postergue la consideración de este tema para el final de la sesión de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud del señor senador.

(Se vota).

27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SUSPENSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se suspendan las sesiones ordinarias del Cuerpo mientras el proyecto de ley de urgente consideración se encuentre a estudio en esta cámara». (Firman los señores senadores Penadés y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos que se cree una comisión especial, integrada por quince miembros, para el estudio del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración remitido por el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 142 del Reglamento del Senado». (Firman los señores senadores Penadés, Peña, Carrera y Lozano).

13) LEVANTAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN PARA EL PROYECTO ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en este momento la bancada del Frente Amplio está presentando otra moción, porque queremos tener la oportunidad de discutir y de que se oiga nuestra voz. Vamos a utilizar el mecanismo previsto en el artículo 168 a fin de que se deje sin efecto la declaración de urgente consideración del proyecto de ley remitido el jueves.

Por lo tanto, solicitamos que se postergue la creación de la comisión especial y que se lea nuestra moción, para darnos la oportunidad de debatirla aquí, en la cámara.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- No tenemos inconveniente, señora presidenta, en que se lea la moción que están presentando los señores senadores del Frente Amplio, discutamos su contenido y, una vez finalizado ese debate, se ponga a consideración la creación de la comisión especial.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 28 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

En atención al ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Poder Legislativo, los legisladores abajo firmantes consideramos:

1) Que representa un verdadero avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener el Parlamento, tanto de manera interna entre los legisladores como con el resto de la ciudadanía a través de las comisiones.

2) Que existe por parte del Poder Ejecutivo un abuso de las vías constitucionales, abuso que ha sido cuestionado no solo desde el ámbito político, sino desde el ámbito académico, donde se han expresado las más diversas objeciones al mecanismo constitucional que se pretende utilizar para aprobar esta ley.

3) Que el propio contenido del artículo 168 de la Constitución, que prevé la posibilidad de proponer proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración, determina claramente cuáles son sus alcances, finalidades y limitaciones. Esta es, sin duda, una facultad extraordinaria del Poder Ejecutivo que es de uso restringido y excepcional para situaciones que así lo demanden.

La urgencia real es la única determinante para proceder a limitar las garantías parlamentarias, renunciando a una discusión con la mayor amplitud democrática. Ese es el único fundamento de la ley de urgente consideración de acuerdo a nuestra Constitución y no otro. Por tanto, afirmar que lo urgente refiere al procedimiento de aprobación y no a la urgencia de los contenidos, significa una clara distorsión del instituto, un verdadero atajo jurídico para imponer de manera rápida y soterrada una agenda política, cuasi refundacional.

4) Que resulta a todas luces una afectación a las garantías democráticas pretender discutir más de quinientos artículos que abarcan los temas más diversos en apenas setenta y cinco días. Esto no se condice con la calidad democrática que debe tener el debate político y mucho menos en el contexto actual de emergencia sanitaria, donde se vuelve difícil recibir a las diferentes delegaciones que serán afectadas por el articulado, a la luz de las medidas de distanciamiento social. Lo hemos dicho claramente, otras son las emergencias y por tanto nos llamó poderosamente la atención que no fueran incluidas en la propia ley de urgente consideración medidas para paliar la presente emergencia sanitaria, cuando son estas y no otras las medidas que está reclamando la ciudadanía. Sin ir más lejos, durante los últimos días la pandemia de COVID-19 ha tenido un agravamiento. Lamentablemente, para el Poder Ejecutivo, las urgencias siguen siendo otras.

5) Que es relevante subrayar que el derecho debe funcionar de acuerdo a un fundamento ético. Esto implica no solo legislar pensando en el bien común, sino también respetar las reglas democráticas según su contenido normativo, que en el proyecto que nos ocupa resulta claramente distorsionado. Esto queda en evidencia cuando se utilizan ciertos mecanismos jurídicos, que más allá de ser reconocidos y aceptados por el ordenamiento, se llevan a la práctica de manera abusiva.

El ejercicio ético del derecho y de la política requiere de una actuación leal y digna, no solo respetando las normas, sino acatando su espíritu y finalidad. Abusar de las prerrogativas reconocidas por la Constitución no genera otra cosa que erosionar la calidad democrática. Dicho con otras palabras, más allá del cumplimiento formal de los requisitos constitucionales, si las herramientas jurídicas se utilizan con otra finalidad, una finalidad espuria que pretende otra cosa diferente al espíritu de la ley, se pervierte el orden constitucional.

6) Que a través del proyecto de ley de urgente consideración, el Poder Ejecutivo pretende torcer la voluntad del constituyente, vulnerando de manera soterrada algunos de sus requisitos. En este sentido, la gran cantidad de artículos que se pretende discutir y aprobar en un plazo récord no hace otra cosa que torcer la voluntad del constituyente a la hora de crear este mecanismo constitucional. Lo cierto es que la Constitución prohíbe expresamente la presentación de dos o más proyectos de urgente consideración en el mismo momento. Así lo establece el literal a) del numeral 7.º) del artículo 168: “a) El Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado”. El constituyente sabía perfectamente que no se podían tratar dos o más temas de urgente consideración en el mismo momento. Y, sin embargo, de manera espuria, el Poder Ejecutivo, abusando de las reglas constitucionales, envía al Parlamento un proyecto de ley ómnibus –que podría subdividirse en al menos treinta proyectos de ley– todo en uno, vulnerando la voluntad del constituyente a través de un formalismo y avasallando al Poder Legislativo en su conjunto.

Por todo lo expuesto, atendiendo a que no existe mérito alguno para que este proyecto de ley sea declarado de urgente consideración y para garantizar un verdadero debate democrático, con la máxima participación de la ciudadanía, los senadores abajo firmantes mocionamos para que la Cámara de Senadores deje sin efecto la declaratoria de urgente consideración de acuerdo con el literal c) del numeral 7.º) del artículo 168 de la Constitución de la república». (Firman los señores senadores Andrade, Cosse, Bergara, Bonomi, Canon, Carrera, Castro, Della Ventura, Lazo, Mahía, Olesker, Sabini y Sánchez).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la moción presentada.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: los legisladores frenteamplistas presentamos esta moción buscando que este Cuerpo recapacite, buscando que a esta norma que nos fue remitida se le dé un tratamiento normal, que es el procedimiento ordinario que establece nuestra Constitución. Queremos que no se utilice este mecanismo excepcional. Además, en el día de ayer tomamos conocimiento de una situación que nos llamó la atención, porque en este proyecto de ley existe una fuerte, clara y flagrante violación de nuestra Constitución.

La Constitución de la república, en su artículo 160, establece claramente cuáles son las facultades privativas del Consejo de Ministros. Dice que tendrá competencia privativa en los casos previstos en el artículo 168 en los numerales 7.º, que es la declaratoria de urgente consideración; 16, que es el caso de ruptura y declaración de guerra; 19, que es cuando nos remiten el proyecto de ley de presupuesto, que debe ser firmado por los trece ministros; y en el caso del numeral 24, que es cuando existe delegación de atribuciones. Se trata de competencias privativas, en las que solamente puede actuar el Consejo de Ministros. En este sentido, la norma que nos llegó consta únicamente de once firmas; faltan las firmas del ministro Ernesto Talvi y de la ministra Irene Moreira. Nosotros queremos dejar sentado esto, porque creemos que aquí hay una violación formal de la norma.

No estamos ante una ley de urgente consideración. El proyecto de ley que llegó a esta casa no cumple con las formalidades establecidas en la Constitución de la república, y eso es grave. Algún senador me puede decir que en el pasado ocurrió alguna situación de este tipo, pero que se haya cometido un error en el pasado hoy no lo hace válido. Lo que vale es que se respete el acuerdo, y ese acuerdo implica respetar las normas de la Constitución. ¡Eso debe quedar claro! Como dice el doctor Cassinelli Muñoz, es una competencia necesaria; la única forma en la que se puede expresar el Consejo de Ministros ante estas situaciones es a través de las trece firmas.

En la moción que presentamos, señora presidenta, hicimos –a grandes rasgos– tres grandes consideraciones. La primera, es la oportunidad. Nuestro país vive una emergencia sanitaria que fue decretada por el propio Poder Ejecutivo, por el propio presidente Lacalle, y ese decreto dice que es sin plazo de cese. Estamos sufriendo una pandemia, y en las normas en discusión, en esos quinientos un artículos, no vemos una sola referencia a la situación de emergencia sanitaria que aqueja a nuestro país. No hay un artículo que mencione la emergencia sanitaria; no hay un artículo que mencione las urgencias de nuestra población, las urgencias y las emergencias del mundo del trabajo, el pago de los alquileres, el tema de los lanzamientos, el pago de las hipotecas y las ejecuciones hipotecarias, el problema para el pago de las tarifas. ¡No hay ninguna mención de toda esa situación!

La segunda dimensión, señora presidenta, es lo antidemocrático que resulta el camino seguido por el presidente Lacalle Pou. Es profundamente antidemocrático, lo tenemos que decir, y hoy es la oportunidad que tenemos para hacerlo, antes de iniciar el debate. Los estudiosos de los sistemas democráticos dicen que las democracias funcionan mejor y sobreviven más tiempo cuando la Constitución se apuntala con normas democráticas no escritas. ¿Qué quiero decir con esto, señora presidenta? Que el presidente Lacalle Pou debió moderarse a la hora de utilizar la herramienta excepcional que le brinda la Constitución de la república para remitir proyectos con declaratoria de urgente consideración. Debió moderarse a la hora de desplegar esta prerrogativa excepcional que le brinda la Constitución, porque en el sistema político uruguayo existe una norma no escrita que se sigue desde el año 1968, o desde el año 1985, al regreso a la democracia. Los usos y costumbres indican que nadie utilizó en forma abusiva este mecanismo, que ningún Gobierno en uso de su legitimidad utilizó en forma abusiva este mecanismo. Es más, estudios del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República indican que a través de este proyecto se busca modificar sesenta leyes sancionadas en los últimos años, que llevaron en esta casa un promedio de discusión de doscientos cincuenta y siete días.

Además, ante la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, no nos encontramos en las mejores condiciones para dar este debate en forma democrática ni para escuchar todas las voces que quieran opinar. Vamos a tener dificultades para trabajar y eso hay que reconocerlo. El hecho de que venga una delegación, una organización social, un grupo de padres, de docentes o de trabajadores le da consenso social a la norma y esa es nuestra función.

La inconstitucionalidad para nosotros salta a la vista. La Constitución de la república marca los ritualismos que debe cumplir este tipo de normas. El primero de ellos indica que para que la declaratoria de urgente consideración sea válida o eficaz debe ser remitida por el Consejo de Ministros y cuando se habla de ese órgano se hace referencia a trece firmas; así lo marca el artículo 160 de la Constitución. Entonces, este proyecto de ley no viene con una declaratoria de urgente consideración.

Y quiero decir que hasta eso hemos vivido estos días: modificamos el nombre, puesto que ahora es ley de urgente consideración. Parece que es porque hay que tratarla de forma rápida, ágil; por eso se habla de ley con declaratoria de urgente consideración. Sin embargo, debe tener un sustento fáctico, real para que sea válida, y aquí no lo vemos.

Otro aspecto es que en esta casa los temas se tienen que discutir en forma democrática, dar participación a la sociedad civil, porque se tiene que buscar, como dije, consenso social; se debe tener la oportunidad de opinar y de ser escuchado. En esta casa, reitero, los temas se tratan democráticamente y eso es lo que tiene que buscar la función legislativa.

Realmente, como dije, existe una falta de oportunidad, un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo que transforma el proyecto en discusión en una herramienta profundamente antidemocrática. Son quinientos un artículos con treinta y siete ejes temáticos, o sea que serían treinta y siete leyes, que además no tienen conexión entre ellas. Saltamos de modificaciones al Código Penal, a modificaciones al Código Civil, al Código Rural, al Código de Comercio, al Código General del Proceso; modificamos textos ordenados como el Tofup, el Tocaf y otra serie de normas. Repito: son treinta y siete leyes independientes. Esa es la verdad y lo tenemos que decir.

La exposición de motivos, si la leemos, son treinta y ocho carillas. Reitero: lo tenemos que decir. Se trata de una descripción pobre, porque esa exposición de motivos tenía que ser la base de la sustentación real de la urgente necesidad de este proyecto. ¿Saben cuántas veces surge la palabra «urgencia» de la exposición de motivos? Una vez. La palabra «urgente» aparece dos veces y la palabra «emergencia» también figura solo dos veces. Es decir, cinco veces para la justificación de quinientos un artículos y, como dije, treinta y siete ejes temáticos.

Entonces, aquí hay que tener claro cuál es la real motivación del Gobierno, que es llevar adelante su programa de gobierno y utilizar un mecanismo que, en realidad, fue creado y pensado para otra situación. Fue pensado por el constituyente en 1967, con la lógica de dar una herramienta al Poder Ejecutivo para que pudiera contar con leyes en forma rápida cuando existían situaciones de emergencia o de urgencia. Y eso no lo vemos en este caso porque, como dije, hoy estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria y aquí no hay ningún artículo sobre ella. Entonces, de esta forma se está salteando el procedimiento normal, que es remitir los proyectos de ley para que se discutan en esta casa, a través de los tiempos que marcan los artículos 133 y siguientes de la Constitución de la república. Esa es la forma como debían actuar el presidente Lacalle Pou y sus ministros, es decir remitir los treinta y siete proyectos de ley y llevarlos adelante. Aquí existe también otro dato de la realidad y es que el Gobierno, el presidente Lacalle Pou, en esta casa tiene mayoría, por lo que, si quieren motorizar en forma rápida estas leyes, lo pueden hacer. Aquí mismo, de treinta y un senadores hay dieciocho del oficialismo y trece de la oposición. Realmente es muy grave lo que estamos sufriendo hoy porque la Constitución establece los mecanismos y los requisitos en cuanto a que no se puede remitir más de un proyecto de ley bajo el rótulo de urgente consideración y, sin embargo, aquí tenemos treinta y siete leyes en una.

Señora presidenta: esto nos preocupa muchísimo. También queremos mencionar que lamentablemente se está modificando la lógica de trabajo y hay un avasallamiento de la división de poderes, del poder que debe administrar y debe ejecutar la ley, que está avasallando la función legislativa. Eso no está bien y hay que decirlo fuerte y claro.

Nosotros no tenemos ninguna duda de que este proyecto, que fue remitido el jueves de la semana pasada sin cumplir con los requisitos formales, no tiene el rótulo de urgente consideración. Vamos a tener que discutir en comisión y solicitar la presencia de estudiosos del derecho, constitucionalistas, para que nos saquen esta duda jurídica que tenemos ahora acerca del no cumplimiento del artículo 160 de la Constitución. Aquí hay declaratoria de urgente consideración dada por el Poder Ejecutivo, pero ese rótulo se lo quiere dar el presidente Lacalle Pou y sus ministros o, mejor dicho, once de ellos ya que, como dije, falta la firma del ministro Talvi y de la ministra Moreira. Nosotros queremos dejar sentado que esta no es solamente la opinión de quien habla o de la bancada de senadores del Frente Amplio. Aquí se está desconociendo la tarea legislativa y lo hace el propio presidente Lacalle, que por muchos años fue miembro de este Parlamento. De esta forma, se está evadiendo la prohibición pura y dura que marca el procedimiento de la Constitución.

Para concluir, señora presidenta, quiero invocar las palabras del profesor emérito de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Juan Pablo Cajarville, cuyo prestigio académico y neutralidad política son por todos reconocidos.

En una carta publicada en Búsqueda, Cajarville decía: «Por lo tanto, de producirse la sanción del anunciado proyecto de ley mediante el procedimiento que corresponde a una declaración de urgente consideración, la ley toda, globalmente considerada, estará viciada de inconstitucionalidad por razón de forma […], por haberse tramitado por un procedimiento legislativo –el de urgente consideración– cuya declaración habrá estado viciada por “abuso o exceso de poder”: el resultado objetivamente producido de impedir el pronunciamiento expreso de los órganos legislativos sobre el proyecto de ley con tales características» tiene una ilegitimidad manifiesta: «Ilegitimidad de la ley por vicio de forma que se agregará al vicio en los motivos que padecerá esa declaración respecto a cada una de las disposiciones en particular que no revistan materialmente carácter de urgencia», como sin duda ocurrirá con muchos de los más de cuatrocientos cincuenta artículos contenidos en esa ley –ahí ya estábamos en la LUC versión 1.0; hoy estamos en la LUC versión 3.0– que ha sido públicamente denunciada.

En definitiva, el presente proyecto de ley, cuando se transforme en ley, será inconstitucional y presentará un golpe duro y bajo al Estado de derecho, a la democracia y al principio de separación de poderes. Abogaremos contra la inconstitucionalidad de la norma y en defensa del Estado democrático de derecho.

Por tal razón, los legisladores frenteamplistas, la oposición, solicitamos que se evite la deshonra de la flagrante violación de nuestra Constitución. Por eso, mocionamos dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración que está en el apartado C), pero queremos que se considere lo que dije al principio: ¡no se cumplió con el artículo 160! Es una facultad privativa del Consejo de Ministros remitir los proyectos de ley con urgente consideración, y eso lo debemos tener en cuenta.

En definitiva, señora presidenta, estamos a tiempo de no sentar un precedente terrible para nuestro país; estamos a tiempo de hacer que esta ley siga por los carriles normales. Asumimos el compromiso, si logramos que nuestra moción salga favorable, de trabajar para darle tratamiento con la mayor rapidez posible, haciendo, entre todos, los acuerdos políticos que se necesitan para que las leyes salgan, pero tenemos que permitir que se dé un debate sano y democrático y que se puedan escuchar todas las voces.

Señora presidenta: muchas gracias por haber considerado la oportunidad de que la oposición pudiera hablar, de que el Frente Amplio pudiera hablar, y de que haya podido presentar su moción.

Es todo lo que tengo para decir por el momento.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar con la lista de oradores, la presidencia quiere aclarar que, conocido parte del planteo realizado por el señor senador Carrera respecto al artículo 160 de la Constitución, ha abordado el tema en todo su rigor, recopilando diversos materiales producidos a lo largo de la historia democrática que amparan la decisión de dar ingreso al proyecto de ley. Por lo tanto, se va a proceder a la lectura del artículo 162 de la Constitución de la república.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El Consejo celebrará sesión con la concurrencia de la mayoría de sus miembros y se estará a lo que se resuelva por mayoría absoluta de votos de miembros presentes».

SEÑORA PRESIDENTA.- No queremos trasladar un debate sobre este punto en esta oportunidad, pero queríamos dejar constancia –vuelvo a decir– de lo que sucedió, históricamente, en el período democrático, especialmente posdictadura. Me refiero al criterio utilizado por esta casa, donde, incluso, se dio ingreso a algún texto con declaración de urgente consideración con la firma del presidente del momento y un ministro. En realidad, lo que estamos haciendo es mantener lo que fue el criterio histórico de esta casa, amparados en el artículo 162 de la Constitución de la república. Menciono el criterio utilizado por la Mesa solo a los efectos informativos.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU.- Hemos escuchado con mucha atención la exposición realizada por el señor senador preopinante. Los años que tenemos de experiencia legislativa nos han enseñado –como aconsejaba el profesor Pivel Devoto– que se debe utilizar menos adjetivos y más sustantivos. Por lo tanto, me parece que todos los adjetivos que se han incorporado al fundamento y algunas cosas que se han expresado son muy respetables pero, desde nuestro punto de vista, no hacen al fondo de una argumentación que es estrictamente jurídica, constitucional y, eventualmente, política, a la cual voy a tratar de no entrar porque estamos intentando administrar tiempos –cosa que no es fácil– y defender el concepto de seguridad jurídica, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer por parte de la oposición.

Quiero decir que la oportunidad sí es un aspecto político y no jurídico, ya que es el Poder Ejecutivo el que decide en qué momento va a presentar este proyecto de ley.

Este proyecto de ley quizá deba tener antecedentes de transparencia más importantes que los que haya tenido cualquier otro; en este sentido, tenemos una larga experiencia en materia legislativa como para poder decir si algo viene amparado en la oscuridad o en la falta de transparencia. Acá todo el mundo opina; hace meses que los diarios están recogiendo opiniones –inclusive, algunas jurídicas, otras políticas– y adjetivos acumulados, que obviamente también son parte de la licencia poética –por decirlo de alguna forma– del manejo de la vida democrática.

En este caso, hay un tema jurídico y constitucional. Se podrá invocar a un profesor o a otro pero, por suerte, en la vida de la constitucionalidad de la ley tenemos interpretaciones fuertes e importantes de un lado y del otro. Digo que son importantes porque hemos tratado de recorrer los antecedentes de este tipo de ley y todos conocemos el origen de la figura de las leyes de urgencia. Entre otras cosas, sabemos que cuando se presentó, en 1966, el proyecto original de reforma constitucional que incluía la ley de urgencia, el Partido Comunista estuvo en contra, entre otras cosas porque interpretaba que podía ser el instrumento de leyes que limitaran la reglamentación sindical, y estamos hablando de unos cuantos años atrás. Más allá de que todavía faltaban unos años, cerca de cuarenta, antes de que tuvieran un sacudón importante en lo que significó la experiencia del mundo socialista, de alguna forma estas leyes podían quebrar la ley de hierro de la oligarquía. Digo todo esto porque, como ustedes van a ver, tiene antecedentes y sus respectivas discusiones.

Esta es una Constitución que recogió esas normas. Ahora, el señor senador preopinante hablaba de la costumbre –creo que en estos momentos no está en sala y lamento porque él sabe muy bien lo que voy a decir– pero hasta ahora los futuros abogados pierden Introducción al Derecho si dicen que la costumbre es una fuente del derecho. La costumbre no es una fuente de derecho en el orden jurídico uruguayo; sí lo es en otros, como el sajón, pero no lo es en el nuestro, según nuestra Constitución. Solamente lo es cuando la ley se remite a ella y en casos muy específicos. Así que el tema de la costumbre es un aspecto muy subjetivo y, desde el punto de vista constitucional, no contribuye a defender la posición que se expresó, incluso, calificándola de abusiva.

Además, quiero señalar otros dos aspectos, aunque no voy a extenderme mucho, señora presidenta.

Cuando me recibí de abogado –siempre lo repito– me llevé el primer alegato y un viejo abogado uruguayo me dijo: «Es demasiado largo para tener razón». Después tuve que ir con la mitad del alegato antes de que él lo leyera.

Solamente voy a decir dos cosas bien concretas. En primer lugar, tenemos la Constitución y puedo citar a unos cuantos constitucionalistas que nos acompañan con su interpretación, entre ellos los doctores Gonzalo Aguirre, Carlos Delpiazzo y Alberto Ramón Real; incluso, a estos aspectos podemos agregar –con cierta moderación– la interpretación inicial que hizo el profesor Cajarville –de quien soy amigo–, que fue debilitada en otra oportunidad porque generalmente la hace a través de cartas al semanario Búsqueda, que es un lugar al que la izquierda recurre para argumentar.

Entonces, señora presidenta, no solo esta sí es la oportunidad, sino que además –y esto es lo más importante– un proyecto de ley de urgente consideración es una declaración de procedimiento. Su contenido no se discute y por eso es excepcional. Ahora bien, si tiene más o menos artículos no significa que a uno le vayan a cercenar la capacidad de discutir. Vamos a trabajar ocho o diez horas por día en comisión. Podrán venir todos aquellos que quieran ser escuchados de una u otra manera; incluso, ya son conocidas todas las posiciones. Tampoco vamos a engañarnos, señora presidenta, porque no creo que nadie convenza al Frente Amplio de que cambie de posición. Por lo tanto, que vengan una, dos, tres o cuatro personas será simplemente un elemento de juego de reargumentos para ratificar posiciones, porque no creo que haya una modificación del criterio para acompañar esta ley –ojalá pudiera haberla– de acuerdo con lo que establece la Constitución. Como bien decía la señora presidenta, si afirmamos que hay una equivocación porque firmaron ocho, diez u once ministros, nos estamos olvidando del artículo 162 de la Constitución que establece que el Consejo de Ministros actuará con la mayoría de sus ministros. También tenemos que ver cómo funciona el Poder Ejecutivo; lo hace con un ministro o con el Consejo de Ministros. Ahora bien, esa unanimidad que se requiere o exige no está en ninguna parte de la Constitución de la república. Es más, el artículo 162 –reiteraré lo que bien leía la señora presidenta– establece el tipo de procedimiento mencionado.

Entonces, existe un elemento final que es mucho más político o jurídico. ¡Qué más queremos que una democracia que ejerza todos sus derechos, cumpla con la Constitución, discuta y legisle! ¿Qué es lo que quiere la población? Que los Gobiernos sean eficientes y que se legisle. Vamos a legislar con todas las garantías, con las normas de la Constitución que nos respaldan y con todas las interpretaciones, porque nadie va a quedar ausente de poder argumentar, ya sea desde el punto de vista jurídico, político o económico.

En este caso, las urgencias están referidas exclusivamente a los plazos y no al hecho de tener que imponer a la minoría un determinado procedimiento para coartar su libertad democrática. Por eso, no voy a entrar en términos políticos, pero decir que esto es una amenaza a la democracia me parece que es un elemento demasiado subjetivo y políticamente no vale la pena discutir con el senador Carrera ni con muchos de los de su partido político.

De democracia y de otros temas puntuales podemos hablar con mucha tranquilidad y con todas las libertades. Lecciones sobre la libertad y sus restricciones, a otros, no al partido de gobierno ni tampoco a la coalición.

Quería que esto quedara jurídicamente claro. Sin perjuicio de los argumentos que se agreguen –con el respeto que me merecen todas las posiciones– y con las garantías de que la discusión de esta ley es urgente, en función del criterio que define el Poder Ejecutivo por los procedimientos, no va a existir ningún elemento que limite o coarte la libertad de expresión o la visión discrepante de cualquier actor social, corporativo o político que esté representado en la sociedad y, en particular, en el Parlamento.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Debo reconocer que me generó hilaridad la anécdota del señor senador preopinante acerca de que en su primer alegato como abogado le dijeron, a modo de consejo, que era demasiado largo como para tener razón.

Estamos tratando ahora un proyecto de ley de urgente consideración que tiene quinientos un artículos. Me pregunto si ese mismo consejo no podría aplicarse a lo que estamos tratando hoy: demasiado largo como para tener razón.

Señora presidenta: queremos referirnos, justamente, al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha enviado con la declaración de urgente consideración, en particular a la moción que promueve el Frente Amplio de que, al amparo del artículo 168, se deje sin efecto y que, eventualmente, esta iniciativa pueda ser tratada siguiendo el trámite normal de las leyes.

El Frente Amplio no rehúye el debate sobre ningún tema. Queremos que quede claro que estamos dispuestos a tratar y debatir todos y cada uno de los temas propuestos en esta ley ómnibus que propone el Gobierno. Queremos que eso quede claro.

Por razones de tiempo voy a concentrarme en aspectos generales porque sé que mis colegas de bancada ampliarán y complementarán también con aspectos más concretos del contenido de esta propuesta.

El proyecto de ley que recibimos violenta todos nuestros sentidos. Y es sobre eso que queremos avanzar en esta intervención. Como no podía ser de otra manera, vamos a desarrollar brevemente los cinco sentidos que generan la convicción de que es imposible aceptar la declaración de tratamiento de urgente consideración del proyecto de ley en esta instancia.

No dudamos en pensar que este envío constituye un uso totalmente abusivo del régimen de urgencia. En primer lugar, consideramos el sentido jurídico que incluye tanto las posibles inconstitucionalidades que el proyecto de ley implica como los riesgos a las certezas jurídicas en un cúmulo muy grande de aspectos relevantes de la vida cotidiana de los uruguayos.

Destacados juristas –algunos de ellos ya se han mencionado aquí– se han expresado con relación a la inconstitucional de este proyecto de ley, profundizando razones que hacen a las formas y a la sustancia de la declaratoria de urgente consideración, previsto en el artículo 168 de la Constitución de la república. Han planteado con claridad que la declaratoria de urgencia no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo sino que este debe poner de manifiesto una urgencia razonablemente existente. Dicho en buen romance, el Poder Ejecutivo no puede inventar o generar artificialmente una urgencia para incidir en el tratamiento legislativo. Por algo la carta magna prevé que no puede enviar más de un proyecto de ley de urgencia simultáneamente y no puede declarar de urgente consideración las leyes de presupuesto ni las que requieran mayorías de tres quintos o dos tercios de votos. De esa forma, se reafirma que la posibilidad de la declaratoria no es un cheque en blanco.

Honestamente decimos que podríamos pasarnos la vida entera en este recinto para que nos convenzan de que la enorme cantidad de temas y artículos contenidos en este proyecto de ley son razonable y objetivamente urgentes. Y no creo que ningún legislador haga posible esa proeza.

Asimismo, rompe los ojos ver que, por el alcance del proyecto de ley de urgente consideración, este constituiría lo que llamamos una ley ómnibus, ya que es evidente que incluye normas que por su contenido deberían, sin duda, estar en leyes separadas.

La dimensión de esta LUC es inédita; modifica decenas y decenas de leyes preexistentes; parece querer contrabandearse varias leyes en una, y se pretende que miremos para el costado. Este es un elemento más que nos permite afirmar que implícitamente –y no es necesaria la mayor de las sagacidades para visualizarlo– se estaría violentando la norma constitucional que impide que se envíe más de un proyecto de ley de urgente consideración a la vez.

Por otra parte, en este caso la declaratoria es una afrenta al principio de separación de poderes. Es sabido que además de permitir plazos de tratamiento parlamentario muy exiguos, las leyes de urgente consideración quedan aprobadas aunque el Poder Legislativo no se expida sobre su contenido. En un extremo, sería como tener una ley vigente por la sola voluntad del Poder Ejecutivo. Si las características del proyecto conspiran contra un tratamiento parlamentario mínimamente profundo como es el caso de este con quinientos un artículos de temas tan variados, esta agresión a la separación de poderes queda mucho más nítida. Esta flaqueza constitucional agrega un riesgo mayúsculo. Si ahora se legisla en tantos y tan importantes temas de la vida social del país y estas normas están expuestas a la declaratoria de inconstitucionalidad, pasamos a estar en un tembladeral jurídico generalizado, dado que las certezas que deben tener las leyes estarían muy cuestionadas. Queremos estar en un país con certezas y seguridades jurídicas, sobre todo cuando refiere a dimensiones fundamentales como la seguridad, la educación, la salud, la vivienda y tantas otras.

Un segundo sentido al que nos queremos referir es quizás el más sustancial y hace a la calidad de la democracia. Es evidente que los plazos previstos para el tratamiento parlamentario –cuarenta y cinco días en esta cámara, que ya están contando– resultan absurdamente exiguos para abordar más de medio millar de artículos de temas tan distintos. Nadie en su sano juicio puede fundamentar que podrá darse un verdadero análisis y un profundo debate sobre todos y cada uno de ellos. No habrá tiempo material para hacerlo, aun considerando nuestra más absoluta disposición al mayor esfuerzo de trabajo legislativo. Pero, además, un proceso realmente democrático en la generación de leyes debe incluir la más amplia participación ciudadana, recogiendo las visiones de todos aquellos interesados en los temas a tratarse. La variedad enorme de aspectos que involucra este proyecto implicaría la necesidad de que muchas organizaciones de la sociedad civil, de las gremiales empresariales, de los sindicatos, de la academia, de los diversos estamentos de gobierno, comparecieran a volcar sus apreciaciones sobre las normas en cuestión. Nuevamente no creemos que alguien pueda plantear que eso va a ser posible en la extensión y en la profundidad necesaria como para garantizar un verdadero análisis y un debate con la seriedad que la sociedad uruguaya merece. Y todo aquello que erosione el contenido democrático del debate legislativo, flaco favor le hace a una institucionalidad política y social de la que normalmente nos enorgullecemos. Instalar la modalidad de gobernar en base a estos mecanismos no parece ser un impulso al fortalecimiento de la democracia en el país.

En tercer término, si bien ya lo consideramos a la hora de fundamentar la inconstitucionalidad de esta potencial ley de urgencia, queremos enfatizar los cuestionamientos en clave del sentido de la urgencia. No hay forma de fundamentar la urgencia de todos los contenidos del proyecto de ley, independientemente de su importancia para el desarrollo y la convivencia social, porque de lo que hablamos acá es de urgencia en el sentido del tratamiento parlamentario, sin desconocer que muchos de estos temas requieren avances en tiempos próximos; y para trabajar sobre ellos estamos más que dispuestos.

En las circunstancias actuales, no cabe duda de que las urgencias están en el combate a la pandemia, en la salud de los uruguayos y en mitigar sus impactos económicos y sociales. Como ha planteado el Frente Amplio en innumerables ocasiones, todos debemos poner nuestro foco en la emergencia sanitaria y en tomar medidas que reduzcan la destrucción de capacidades productivas y mitiguen la pérdida de empleo, a fin de evitar que los trabajadores y las empresas caigan en la informalidad y que tantas familias terminen en la pobreza. Queremos que le llegue el alivio a esas trescientas mil familias que hoy viven en la mayor vulnerabilidad sanitaria, económica y social.

Esa es la urgencia de hoy; lo urgente es la gente. Reitero: estamos dispuestos a discutir todos y cada uno de los temas incluidos en el proyecto de ley, pero a través de los mecanismos normales que aseguren su mayor legitimación democrática. Somos una oposición responsable, y nuestra prioridad es la salud y el bienestar de los uruguayos.

Desde un punto de vista político, quizá la urgencia de aprobar todas estas normas a la brevedad, aunque no respeten un proceso de profundo debate parlamentario, la tenga el Gobierno. Quizá sienten la fragilidad de una coalición que ya muestra flancos débiles –con posiciones muy diversas y hasta antagónicas–, pero la responsabilidad del ahora no debe permitir que una necesidad política coyuntural de la coalición de gobierno se anteponga al contenido democrático del proceso parlamentario ni a las verdaderas urgencias de la sociedad uruguaya, porque las garantías que da un profundo tratamiento parlamentario al contenido de la democracia solo pueden limitarse por una urgencia real y no por urgencias creadas ficticiamente para satisfacer objetivos de otra índole.

En cuarto lugar, me voy a referir al sentido de la oportunidad aunque, más bien, debería decir «al sentido de la inoportunidad». Obviamente, esto está asociado a lo que acabamos de plantear en cuanto a que lo prioritario está centrado en el combate a la pandemia y sus efectos perversos en la sociedad toda. Antes de la pandemia, ya decíamos que no correspondía el envío de un proyecto de ley de esta naturaleza porque iba a ser imposible tratarlo adecuadamente. Pues mucho peor es la situación actual; estamos en un escenario de restricción de la libertad ambulatoria y de exhortación a no circular socialmente y, por ende, las posibilidades de escuchar las voces de la sociedad se ven aún más limitadas. Tampoco se ve la chance de que haya expresiones populares en la calle o en las plazas.

En definitiva, lo que se propone es modificar normas legales relevantes en cuanto a seguridad, educación, economía, vivienda, agro, adopciones, innovación, medioambiente, comunicaciones, formas de funcionamiento del Estado, etcétera, prescindiendo del espectro amplio de opiniones que una sociedad madura, como la uruguaya, necesita expresar.

El quinto punto tiene que ver con el sentido de la perspectiva estratégica e ideológica. El propio Gobierno manifiesta su convicción de que el mundo no será el mismo luego de dominada la pandemia actual. Se habla de la nueva normalidad; sin embargo, se propone una ley con los contenidos generados durante la vieja normalidad y con las urgencias de la vieja normalidad. Nuevamente, uno se pregunta cuál es la verdadera razón de este apresuramiento. Lo que parece no cambiar en la nueva normalidad es la perspectiva ideológica de este Gobierno, porque el proyecto de ley constituye una marcha atrás en múltiples aspectos que habían contribuido al bienestar y a la equidad en el país y porque, además, ninguna de las secciones va en la dirección de robustecer al Estado, de dotarlo de herramientas ni de ensanchar sus niveles de respuesta, siendo que es en los Estados donde radica la capacidad de superación de esta crisis sanitaria y sus profundas consecuencias.

Si hay algo que ha quedado meridianamente claro en esta pandemia es que, al igual que en tantas otras crisis, el mercado no resuelve las situaciones críticas sin hacer un daño mayor. En estos tiempos el mercado se ha dedicado a remarcar precios y a especular mientras la sociedad en su conjunto ha girado su mirada hacia al Estado, porque es a través de las políticas públicas que contribuimos a mitigar los costos de esta crisis y ponemos proa hacia una solución posterior. Y eso es posible porque en Uruguay había un Estado con fortalezas; muchas fueron construidas históricamente –¡claro que sí!– y otras en los últimos quince años. Sería mezquino no reconocer ninguna de las dos cosas. La versión liberal fracasa si se piensa que se puede debilitar sistemáticamente al Estado y después esperar que este aparezca cuando es imprescindible, como por arte de magia, simplemente levantando un interruptor o apretando un botón. ¡Acá no hay magos! Acá hay una construcción de institucionalidad que no debemos debilitar.

Es claro quiénes se benefician y quiénes no con esta propuesta, tanto en general como en particular, porque en el articulado pululan temas tan específicos que parecen haber sido escritos con intereses concretos en mente.

Se señala que muchas de las propuestas se realizan en aras de la libertad, pero lo que interpreto está lejos de esa visión; más bien, el proyecto de ley contiene ingredientes que debilitan las libertades como, por ejemplo, en materia de seguridad y de la acción sindical o, en todo caso, las trasladan de unos agentes a otros perjudicando a los asalariados o facilitando las prácticas de lavado de dinero.

Vale decir que el mecanismo de la urgente consideración fue pensado para una antiquísima normalidad, y deberíamos revisar su propia existencia habida cuenta de que el sistema político uruguayo ha generado múltiples herramientas que permiten la deliberación y la cooperación con resultados razonables en términos de fortaleza institucional. No debemos ceder a la tentación de que en aras de una eficacia efímera se debiliten bases fundamentales del relacionamiento político y social del Uruguay.

Señora presidenta: como se podrá observar, los cinco sentidos se ven avasallados por la forma y los contenidos de este proyecto de ley de urgente consideración. Y valga la referencia: esto no tiene sentido, entre otras cosas, porque está ausente el menos común de los sentidos, que es el sentido común. El poeta francés Max Jacob –que murió en el campo de concentración de Drancy en 1944– decía: «El sentido común es el instinto de la verdad».

En estas razones y las que sumarán mis compañeros de bancada fundamentamos la moción de que el proyecto de ley de quinientos un artículos, enviado por el Poder Ejecutivo, no sea tratado bajo el régimen de urgente consideración. Se lo debemos a la Constitución y a la oportunidad; se lo debemos a las verdaderas urgencias de la sociedad uruguaya; se lo debemos a la democracia que tanto valoramos y nos enorgullece; se lo debemos al sentido común.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: el señor senador Bergara acaba de hacer cuestionamientos al contenido del proyecto de ley de urgente consideración, o sea que ingresó a la consideración del fondo del asunto. Él afirma que no le gusta o no lo comparte y por no compartir ideológicamente el contenido, cuestiona el instrumento. Es decir, presenta un argumento acerca de que el instrumento adolece de vicios de constitucionalidad cuando a todas luces es evidente que está cuestionando el contenido.

Por lo tanto, propongo hacer primero un análisis con algunas consideraciones jurídicas, luego referir a los antecedentes legislativos y, finalmente, realizar alguna consideración política. Dentro de las consideraciones jurídicas, quiero destacar que la Constitución –valga la redundancia; es de Perogrullo– prevé la presentación de leyes de urgente consideración y es muy ilustrativo tener en cuenta la ubicación de las normas que las establecen. Institucionalmente, las ubica dentro de las competencias del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo; se encuentra entre los diferentes numerales del artículo 168. Es cierto que es una de las competencias necesarias, exclusivas u originarias –la Constitución dice «privativa»– del Consejo de Ministros. Esta discusión ya se ha dado y el asunto ha quedado totalmente zanjado porque sería un error circunscribir este asunto nada más que al artículo 160, que solamente requiere que emane del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, y se omita la consideración de cómo se adoptan las decisiones en dicho consejo que, como se leyó por parte de la Mesa, se tiene que hacer de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución. Es más, ese artículo 162 establece dos juegos de mayorías: uno para sesionar y otro para adoptar decisión. En el caso del proyecto de ley que ha sido remitido, la suscripción por la vasta mayoría de los ministros excede cualquiera de esas dos mayorías requeridas. Lo que sí se cumplió es que todos los ministros fueron convocados –en este caso lo fueron y, además, concurrieron– y el Consejo de Ministros, en la forma que tiene de actuar, que es por mayoría, suscribió la calidad de urgente consideración junto a la remisión del proyecto de ley, en forma simultánea, como lo establece la Constitución.

Esta es una competencia del Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, sin requisitos. Hay requisitos que están establecidos muy detalladamente –todos ellos fueron cumplidos–, pero refieren al análisis de la conveniencia política de la remisión de dicha declaratoria. Existe una discrecionalidad para el Consejo de Ministros –que no es definitiva porque la última palabra la tendrá el Parlamento– para la remisión de un proyecto de ley de estas características. Está claro que lo que es urgente es su consideración y no el contenido, aunque en este caso también lo sea, como lo veremos más adelante. Tampoco existe un límite constitucional respecto a la extensión del proyecto de ley, tanto en el número de artículos como en los temas. Si el constituyente hubiera querido limitar la extensión, lo habría hecho en esta misma oportunidad. Entonces, nosotros no vamos a agregar limitaciones por encima de lo que el constituyente estableció.

Han sido citados algunos prestigiosos doctrinos y juristas en la materia, pero yo me voy a circunscribir a los mencionados, justamente, por la moción del Frente Amplio, es decir: los doctores Korzeniak y Cassinelli.

En el desarrollo que hace el doctor Korzeniak, en un libro que es básico y un manual para cualquier estudiante en cuanto al análisis de las leyes de urgente consideración, enumera los distintos requisitos –que en este caso fueron cumplidos– y en ningún momento habla de una limitación en cuanto a los temas o al número de artículos. No incluye requisitos restrictivos como los que menciona el Frente Amplio; cuando analiza en abstracto este instituto, no lo limita. Por lo tanto, menos podemos hacerlo nosotros.

Por su parte, Cassinelli va más allá porque, con ese detalle con que solía analizar los temas, no solo lo desmenuza, sino que trae la ratio legis, es decir, la razón del constituyente para haber incluido este instituto en el artículo 168. Este constitucionalista dice que este método tiene, evidentemente, la ventaja de que asegura al Poder Ejecutivo un pronunciamiento, a favor o en contra, en plazos más o menos razonables, acerca de una ley que considera necesaria para la ejecución de su política. Este es el fundamento con que el proyecto ha sido presentado y que, además, viene de un compromiso de campaña, como se ha dicho. Continúa diciendo Cassinelli que elimina esa situación de incertidumbre de quien tiene un plan político y no sabe si lo va a poder realizar o no porque el asunto se sigue discutiendo y discutiendo, y pasan los años y se le acaba el mandato sin que haya podido concretar esa línea política. He ahí la razón provista por el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz.

No son varias leyes: es una. Cuando se procesan iniciativas extensas, como las de presupuesto, rendición de cuentas, códigos y violencia de género, jamás se las considera como varias leyes; siempre se entiende que se trata de una sola y, además, no tendrá nombre, sino un número con el que se la identificará, de la misma manera que ha ocurrido con las que mencioné anteriormente.

Se trata, además, de una propuesta que se hace al Poder Legislativo, a las cámaras; es decir que la última palabra la tiene el Parlamento. Entonces, no hay ningún avasallamiento, ningún uso abusivo. Si se quiere descartar esta declaratoria de urgente consideración, se la puede eliminar en esta misma sesión; eso se decidirá por mayoría –es el principio democrático–, tal como prevé la Constitución. Aquí lo que está planteando la oposición es que ni siquiera se presente. No; se presenta y, si no se concuerda con la declaratoria de urgente consideración, lo que corresponde es votar para dejarla sin efecto. El Poder Legislativo puede hacerlo, porque está previsto constitucionalmente, como todos sabemos, y tratarla como un proyecto de ley ordinario. Eso es potestad del Parlamento, que puede introducirle modificaciones, rechazarla o aprobar un proyecto sustitutivo. En definitiva, el último árbitro respecto a la urgencia en esta instancia es el Poder Legislativo.

Por otra parte, el mecanismo de vaivén entre las dos cámaras se va a verificar, inclusive la posibilidad de su consideración en la Asamblea General, como cualquier ley ordinaria. Luego, no cesa la potestad del Poder Legislativo; incluso la puede derogar a posteriori, en todo o en parte. Y, por supuesto, va a quedar sometida al análisis de su regularidad jurídica –constitucionalidad– y al examen democrático-representativo. Ya se ha anunciado por parte de varios actores políticos el recurso del referéndum, o sea que no va a quedar abstraída de esa posibilidad.

Hay otras leyes que también cuentan con plazos exiguos, y eso lo saben todos los aquí presentes, como las de rendición de cuentas y de presupuesto.

En cuanto a los antecedentes legislativos, quiero decir que no es ninguna investigación de la academia ni hay ninguna genialidad detrás de esto, sino que alcanza con buscar en el sitio web del Parlamento cuáles han sido las leyes aprobadas con declaratoria de urgente consideración de 1985 a la fecha y aparece un listado bastante extenso que incluye, por ejemplo, las relativas a: patente de rodados, Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas, anestésico-quirúrgicos, Plan Nacional de Emergencia –Panes, de 2005–, la creación del Ministerio de Desarrollo Social; en fin, están todas registradas ahí y no vale la pena que las enumere. Estoy refiriéndome a períodos desde 1993 a la fecha, incluyendo las Administraciones del Frente Amplio.

Con respecto a la longitud –se ha dicho que es una ley ómnibus–, quiero recordar que hubo leyes, en 2014 y 2015, durante Gobiernos del Frente Amplio, con más de setecientos artículos; basta buscarlas.

El señor senador Bergara también ha dicho que nadie en su sano juicio puede fundamentar la procedencia. Bueno, no; yo la voy a fundamentar, porque una declaratoria previa de que alguien no está en su sano juicio por el solo hecho de presentar esto me parece improcedente.

Quiero hacer algunas consideraciones político-jurídicas. Los cuestionamientos, tanto al contenido de la ley como a la declaratoria de urgente consideración, se resuelven votando, en este caso, por tres quintos del total de componentes de cada cámara, pero no a priori, no pretendiendo que se deseche. Se podrá cuestionar políticamente la decisión del Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, de remitir este proyecto con declaratoria de urgente consideración, pero eso es distinto a un análisis de su regularidad jurídica. En este caso la declaratoria de urgencia no es atacable de inconstitucionalidad porque se ha cumplido con todos los requisitos. Si se resiste esa declaratoria por cuestiones de conveniencia y de política, lo que corresponde es dejarla sin efecto mediante los tres quintos de votos que la Constitución exige, pero no antes. El último árbitro es el Poder Legislativo, mediante votos, y no mediante discursos ni informes de juristas, por muy destacados que sean. De ahí que la oposición a la declaratoria de urgente consideración –existe todo el derecho a hacerlo– es muy diferente y hay que separarla radicalmente de la cuestión de su inconstitucionalidad. Esta última puede aludir a su contenido, sustancia o materia –eso se verá en oportunidad de analizar su contenido, que no es esta–, o a la forma. Aquí insistimos en que se cumplieron todos los requisitos: el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, adoptó resolución de conformidad con el artículo 162 y remitió la declaratoria de urgente consideración simultáneamente con el proyecto de ley. No se está enviando otro proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración al mismo tiempo, ni otro mientras se está discutiendo este. Tampoco atañe a cuestiones de presupuesto ni a proyectos de ley que requieran el voto de tres quintos ni mayorías especiales. Fuera de estos requisitos constitucionales, no hay impedimentos.

Entonces, no habría que confundir el «No me gusta la ley de urgente consideración del Gobierno de coalición» con «Es inconstitucional» o «No procede jurídicamente la declaratoria de urgente consideración». La votación sobre la remoción de la declaratoria de urgente consideración es diferente, separada del análisis de su constitucionalidad.

Sobre el cuestionamiento respecto a lo exiguo de los plazos y a tratar esta iniciativa en tiempos de COVID-19, creo que debemos hablar del tiempo real, disponible. Podemos remontarnos a la presentación del programa de gobierno de coalición, es decir, antes del 22 de enero, cuando el primer borrador quedó disponible para ser analizado a través de los medios electrónicos. Después, en marzo se difundió un nuevo borrador. Además, hay un hecho que es incontrovertible: antes de la presentación del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo ante el Parlamento, la oposición ya contaba con un informe de juristas que anunciaba su inconstitucionalidad. O sea que les había dado el tiempo para analizar todo su contenido, porque no puedo pensar que el mote de que es inconstitucional es temerario. No, evidentemente responde a todo un análisis pormenorizado de su contenido. Así que hubo tiempo. Hemos aprobado otras iniciativas con mucho menos tiempo de consideración, como la de creación del Fondo Solidario COVID-19, etcétera.

Se trata del programa de gobierno, que está condensado en parte en este proyecto de ley y que, además, constituye un mandato del cuerpo electoral, que en las elecciones dejó clara su voluntad. También significa un compromiso del Gobierno con estos votantes en cuanto a llevar adelante este programa de gobierno.

Respecto a la emergencia que se cuestiona, encuentro una suerte de error de falsa oposición, como si en una emergencia sanitaria no se pudieran hacer dos cosas a la vez. Desde el Poder Ejecutivo y a nivel del Parlamento se han tomado medidas al mismo tiempo que se atendían otras situaciones de urgencia. Se pueden hacer dos cosas a la vez, máxime cuando, en este momento, el tratamiento de la ley de urgente consideración es tarea nuestra, del Poder Legislativo, mientras el Poder Ejecutivo se ocupa de otras medidas urgentes de orden administrativo para atender la crisis sanitaria. Nosotros estamos para trabajar y no vamos a dejar de hacerlo. Muestra de que se puede hacer más de una cosa a la vez es que el Poder Ejecutivo ha remitido, por ejemplo, el proyecto de modificación de la ley de medios, que ya está a estudio de la Cámara de Representantes. Se pueden hacer muchas cosas a la vez y el Parlamento debe poder hacerlo también.

No es un cheque en blanco –están los contenidos detallados y transparentes a la vista; no sé por qué se dice que es un cheque en blanco–, y atiende emergencias, sí, pero emergencias que fueron heredadas del Gobierno anterior, lamentablemente. Se trata de otras emergencias, aparte de la causada por la COVID-19. Si el proyecto era de urgente consideración antes de la irrupción de la emergencia sanitaria, ¡cuánto más lo es ahora! Hay emergencias en materia de salud, de seguridad pública y ciudadana. Se votó un plebiscito bajo la consigna «Vivir sin miedo», que alcanzó el apoyo de casi el 50 % del cuerpo electoral. El proyecto de ley recoge una parte fundamental de su espíritu y medidas tendientes a solucionar o tratar de paliar esta emergencia en seguridad pública. Recientemente, en materia de menores –tema al que se aludió– se han reportado abusos sexuales y de otro tipo, justamente por el encierro. Hay bastantes normas con relación a estos temas en el proyecto de ley de urgente consideración.

Con respecto a lo económico-financiero –tema en el que también enfrentamos una emergencia antes de la crisis por la COVID-19–, la LUC se ocupa del control del gasto y de atender el déficit heredado del 5 % del PBI, anticipándose al que dejará esta crisis, contemplando la deuda, la regla fiscal, etcétera. También plantea medidas para lograr la eficiencia y el control del gasto, las compras estatales, etcétera. En lo que atañe a la emergencia en materia de vivienda, esta iniciativa provee soluciones, como el arrendamiento sin garantía, entre otras. Asimismo, contiene normas en cuanto al virus del narcotráfico, a la educación, a la reactivación de la economía, con medidas de promoción para micro- y pequeñas empresas; también establece pautas para el orden en las empresas públicas y para el agro. Se ocupa de la emergencia en la seguridad social.

Si la palabra «emergencia» no aparece tantas veces de manera explícita, eso no implica que las medidas que integran la LUC no aludan a la emergencia, pues pueden hacerlo con otras palabras. Así, se prevén medidas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad y, en cuanto a la salud, se propone el acceso a medicamentos de alto costo, etcétera.

Se dice que el presidente Lacalle Pou debió moderarse. Por supuesto que los senadores que opinan así tienen derecho a expresar su disconformidad con la política llevada a cabo por el presidente de la república. Es una consideración política de conveniencia. Insisto: el medio idóneo que prevé la Constitución para oponerse a esa consideración política es el voto y la sumisión a lo que disponga la mayoría, democráticamente, como reclama el Frente Amplio.

Asimismo, se dice que la sociedad civil no tiene el tiempo o los medios propicios para poder acercarse a estos temas. Sin embargo, me han llegado iniciativas y comentarios de los más vastos sectores de la sociedad civil. Lo que no le gusta a la oposición es el contenido, el programa de gobierno de la coalición, la perspectiva ideológica, como se dijo aquí. Entonces, en vez de objetarlo en la oportunidad pertinente mediante el debate parlamentario y político, se objeta el continente, el instrumento que contiene tales propuestas de reforma.

La forma prevista en la Constitución para objetar y rechazar el instrumento es el voto en las cámaras. Lo que me parece que no es serio ni atendible es pretender sustituir la falta de votos por cuestionamientos no del todo procedentes.

Muchas gracias.

SEÑORA COSSE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA COSSE.- Señora presidenta: desde la bancada del Frente Amplio queremos tener una discusión profunda, con todo nuestro compromiso con la democracia, con el respeto por el marco jurídico y el respeto que les tenemos a todas las instituciones de la democracia y, por supuesto, a nuestro pueblo. Aquí no se trata de gustos ni de preferencias. Este proyecto de ley aborda más de treinta políticas públicas; casi la mitad de los artículos modifican o suprimen sesenta leyes sancionadas durante los últimos quince años. Las leyes que este proyecto de ley pretende modificar o suprimir se aprobaron en un promedio de doscientos cincuenta y siete días; concentra casi todos los puntos que prevé la totalidad de la temática legislativa, como empresas públicas, vivienda, agropecuaria, economía, salud pública, eficiencia del Estado, educación, seguridad y varios más, pero ninguno vinculado a la verdadera urgencia que estamos viviendo, provocada por la pandemia, tal como han expresado mis compañeros.

Además, esto se hace a través de una declaratoria de urgente consideración y nosotros pensamos que es formalmente inconstitucional. Esa es nuestra preocupación fundamental. La declaratoria de urgente consideración no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, que no puede crear una urgencia, sino tan solo declararla.

En este sentido, hemos recibido el aporte de prestigiosos juristas, entre los que figura, por supuesto, el profesor José Korzeniak, que en un curso de Derecho Constitucional hace muchos años decía que, en cuanto a su contenido, consideramos que los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos. Esto no es solo una consideración de sentido común, sino que, a nuestro juicio, se deriva del carácter declarativo de la urgencia. El Poder Ejecutivo no debe inventar o construir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Declarar la urgencia significa expresar una necesidad de urgencia, de prontitud, que sea objetiva, que preexista y no una expresión basada en la simple voluntad del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando hay una declaratoria de herederos, el juez no inventa ni constituye herederos, sino que, conforme a distintos elementos razonables –partida de defunción, de nacimiento, etcétera–, declara que se trata de herederos y no puede agregar otros. Por lo tanto, entendemos que el Poder Ejecutivo viola la Constitución al declarar la urgencia por razones que no se ajustan en ningún sentido a lo que plantea nuestra carta magna.

Esto está sujeto a reglas y el carácter regulado de esto nos lleva al segundo punto de nuestra preocupación. Hay un principio general en el derecho según el cual lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se haga recurriendo a la transgresión por métodos indirectos. Efectivamente, esta excepcionalidad tiene reglas en la Constitución, una de las cuales es que el Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Acá nos encontramos frente a una prohibición muy clara. Pero hemos encontrado una suerte de vuelta para que, de manera indirecta, se viole esta prohibición: se introdujeron muchos proyectos en uno solo. La llamamos ley ómnibus porque podrían ser varias leyes de urgencia, si fueran tales, promovidas con ese carácter. La urgencia obviamente es otra; es la pandemia y sus efectos. Sin embargo, no vemos en este proyecto ninguna norma para levantar posibles obstáculos legales que puedan dificultar medidas adecuadas para combatir la COVID-19 ni para elaborar un plan integral a los efectos de hacer frente a la problemática sanitaria, social y económica que la pandemia plantea.

Adicionalmente, tenemos una profunda preocupación por el ordenamiento republicano porque se lesiona el principio de separación de poderes. Al tratarse de una ley ómnibus, no se trata de un proyecto de ley, sino de un proyecto de gobierno que incluye numerosas leyes.

Korzeniak, citando a Justino Jiménez de Aréchaga, cuando se refiere a la separación de poderes, aclara que cada poder tiene el ejercicio de cada función de manera predominante pero no exclusiva. Es así que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene el ejercicio de la función administrativa como predominante, pero lateral o secundariamente participa en la gestión legislativa, tanto en las iniciativas, como en la promulgación y en el veto.

Obviamente, el ejercicio predominante de la función legislativa corresponde al Parlamento, pero el hecho que confirma lo excepcional de los proyectos de ley que tienen declaratoria de urgente consideración no es tanto la existencia de plazos breves, sino la circunstancia de que, cuando el Poder Legislativo no llega a pronunciarse en tiempo, la ley queda aprobada tal como la envió el Poder Ejecutivo. Es una especie de aprobación ficta en términos reales. Es una ley vigente por la sola voluntad del Poder Ejecutivo.

Con esta ley ómnibus, prácticamente se está imponiendo al Parlamento la imposibilidad de tratarla con un mínimo de prolijidad, por lo cual, en este caso, se está convirtiendo la declaratoria de urgencia en una herida en la separación de poderes. En esta situación el ejercicio predominante de la función legislativa está pasando del Parlamento al Poder Ejecutivo.

También quiero señalar que los argumentos manejados para defender este hecho realmente revisten debilidad.

Uno de ellos es que el presidente ha manifestado desde su campaña electoral que enviaría este proyecto. Acá no se trata de la coherencia de las declaraciones políticas del primer mandatario, sino de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la declaratoria.

Asimismo, se ha dicho que, si la Constitución no establece límite de temas o de artículos, puede tener tantos temas o artículos como el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, defina. Esta es una lectura demasiado rápida y errónea de la Constitución con la que hay que tener cuidado. Voy a poner un ejemplo absurdo. Con ese criterio, las leyes en Uruguay podrían presentarse en chino o en inglés porque la Constitución no establece que deban promoverse en idioma español, lo cual es absurdo y ridículo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa clase de interpretación de las leyes.

Por otra parte, recién han manifestado que tenemos poco tiempo y han hecho una comparación de esto con los breves plazos que se otorgan para aprobar las leyes de presupuesto. Es un argumento erróneo –tiene un error de gran magnitud– porque la excepcionalidad de las leyes con declaratoria de urgente consideración depende –como ya dije– no solo y no tanto de la brevedad de los plazos, sino de que, si las cámaras no realizan un pronunciamiento dentro de dichos plazos, la ley queda sancionada con el texto redactado por el Poder Ejecutivo. En cambio, si una ley de presupuesto no es aprobada en los términos establecidos en la Constitución, no hay ley de presupuesto.

Tenemos profundos y fundados argumentos para sostener que esta iniciativa, en su conjunto, es inconstitucional y constituye una herida profunda al ordenamiento republicano y democrático de nuestro país, ordenamiento republicano de separación de poderes que fue establecido por primera vez en nuestro país en el período artiguista, en las Instrucciones del Año XIII.

Queremos recordar los dichos del prestigioso historiador contemporáneo Yuval Noah Harari, que plantea los riesgos de que esta pandemia dé lugar a cambios civilizatorios que en circunstancias normales nos hubieran llevado años de justa reflexión y discusión. Nosotros creemos que bajo ningún concepto puede dar lugar a una iniciativa que no esté conectada a la pandemia y que, además, sea inconstitucional.

Por otra parte, quiero marcar dos puntos que ponen en evidencia el verdadero desacoplamiento de este proyecto de ley con la urgencia y el error –que es obvio– en algunas cuestiones que, justamente, la pandemia demostró que tenían un enorme valor para el Uruguay y para las cuales este proyecto no aporta, sino que hiere. Voy a detenerme en dos aspectos del contenido: en los artículos 268 y 269 que hacen referencia a la compartición de infraestructura desarrollada por Antel.

A través de una fuerte inversión pública, con fondos propios y sin endeudamiento, durante siete años Antel construyó la infraestructura más importante de telecomunicaciones en la historia del país; me refiero al proyecto de fibra óptica al hogar. Esto fue hecho en el marco de una política democratizadora de las telecomunicaciones. Con diversas acciones se logró que el 84 % de los hogares estén conectados a Internet, lo cual coloca a Uruguay en la primera posición a nivel latinoamericano y en el lugar número treinta a nivel mundial. Efectivamente, si medimos las conexiones a Internet cada cien habitantes, Uruguay está en la primera posición a nivel latinoamericano, seguido por Argentina, Costa Rica y Chile con dieciocho. En el mundo, a la cabeza está Suiza con cuarenta y seis, le sigue Francia con cuarenta y cuatro, Estados Unidos con treinta y cinco y Uruguay con treinta. El 78 % de las conexiones a Internet por banda ancha son con fibra óptica al hogar, con lo cual Uruguay está en la posición número uno en toda América y décima en el mundo.

Además, desplegó servicios de acceso a Internet con fibra óptica como el Universal Hogares, que no tiene costo adicional a una línea telefónica, y que hasta ahora permitía un tráfico de un gigabyte mensual, equivalente al uso normal de correos, de navegación en páginas, etcétera, pero que ahora durante esta pandemia Antel extendió a cincuenta gigabytes mensuales; o sea que lo multiplicó por cincuenta. Hay más de ciento veinte mil hogares con este servicio. Además, están conectados todos los centros educativos de todos los niveles: primario, medio y terciario. En particular, los universitarios cuentan con conexión a Internet en todos los centros con velocidades que van hasta mil megabytes por segundo. Todo esto se hizo al mismo tiempo que las tarifas eran competitivas en Latinoamérica y en el mundo.

Ahora, paso a hacerme preguntas y a analizar las supuestas razones de estos artículos: ¿cuál es la necesidad objetiva, ya no diría la urgencia, de abrir a la competencia esta infraestructura que tanto esfuerzo en capital y en tiempo implicó, y que tan bien ha rendido para los clientes y para todos los uruguayos? Esta infraestructura y despliegue fueron construidos en el marco normativo de nuestro país, que establece la exclusividad de Antel en los servicios de telecomunicaciones sobre medios físicos, elemento obvio y fundamental que dio seguridad a la inversión, y que en este proyecto de ley se está cambiando de la noche a la mañana.

También quiero apuntar que esta inversión de Antel en fibra sirve de base para el despliegue de la tecnología 5G en el Uruguay, la que implica tener una red de antenas más densa y con mucha mayor potencia en velocidad. Este sistema 5G requiere, como decía, una mayor y superior densidad que la de las instalaciones anteriores. Por lo tanto, Antel con su esfuerzo y su trabajo ha construido una ventaja competitiva genuina.

Al mismo tiempo que Antel desarrollaba la estructura nacional de fibra al hogar, desplegaba el sistema de cables submarinos más importante en la historia de nuestro país con socios de primer nivel, garantizando a Uruguay el acceso a los mejores recursos de banda ancha a nivel internacional, consolidando la soberanía y posicionando a Antel y a Uruguay en las ligas mayores del mundo de las telecomunicaciones. De esta forma, también se aumentó de manera real y sistemática la capacidad de Uruguay a la hora de insertarse en la economía digital, que es la economía del presente y del futuro, y la base de la nueva economía mundial. Todo esto se hizo manteniendo el mismo sentido, los mejores precios comparados internacionalmente y creando unidades de innovación y desarrollo. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad objetiva?

Y si me pongo a buscar las razones que se esgrimen, estas son débiles o equivocadas, porque en el mundo se abre la infraestructura de fibra respondiendo a la falta de inversión, que no es el caso de Uruguay, o a la falta de cobertura, que tampoco es el caso de Uruguay, donde ya el 78 % de las conexiones de Internet son de fibra. En España, por ejemplo, en 2016 se reguló la apertura de la fibra óptica porque la cobertura era del 17 %, pero ahora que la cobertura aumentó se está dando marcha atrás. De hecho, toda Europa en esta pandemia entiende que no es el mercado el que resuelve las cosas. Concretamente, ahora en Bruselas se está trabajando en la aprobación de una norma que permitirá a los Estados estar en el capital de sus compañías; se vuelve a la nacionalización de numerosas empresas. Acá, en Uruguay, la cobertura es del 78 % sobre el total de las conexiones a Internet. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es obligar a Antel a abrir la infraestructura que ella misma construyó y desplegó para lograr una cobertura récord a nivel mundial para competir consigo misma. ¿Ese es un estímulo a la inversión? No. Es un notorio desestimulo a la inversión privada en infraestructura, porque si va a usar la infraestructura de Antel no necesita invertir. Es un desestimulo a la inversión pública. Pongamos un ejemplo: una persona se compra un taxi con gran esfuerzo, paga la patente, el seguro, lo mantiene, trabaja, y un día viene alguien y le dice: «Bajate, subo yo y lo voy a usar como si fuera mío». Y además le dice al dueño: «Y voy a pagar los precios que marca otro». Sería lo mismo y es incomprensible. Los argumentos que se han manejado para justificar esta medida son muy débiles.

Otro de los argumentos es que Antel no ha amortizado esta inversión. Voy a razonar por el absurdo. Suponiendo que fuera así, ¿vamos a obligar a Antel a que abra su infraestructura a la competencia para amortizar una inversión que supuestamente no amortizó? Si hoy, con más de un millón de hogares y empresas conectados a Internet no amortizara su inversión, ¿cómo lo podrá hacer cediendo parte de esos clientes? De los hogares y empresas, ¿cuántos aún no tienen conexión a Internet y no son clientes de Antel? Esos serían los únicos que podría captar un futuro competidor de Antel, pero no es el caso. Esto no tiene ninguna lógica en Uruguay, donde prácticamente el 100 % de las empresas y el 84 % de los hogares están conectados a Internet. Entonces, el argumento de que Antel necesita revender su fibra para amortizar la inversión no es válido. Pero, además, la premisa es equivocada ya que Antel amortiza su inversión porque como empresa rentable –lo es año a año– está amortizando todas sus inversiones. Antel es una empresa con USD 1.000:000.000 de ingresos, cuya utilidad neta oscila entre 13 % y 15 %. Aporta a sus accionistas, a través de rentas generales, USD 110:000.000 por año. Además, por distintos rubros, como el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto al patrimonio, aporta USD 140:000.000 adicionales y por retención de IVA, USD 80:000.000 al año. Por ello, nunca podemos decir que Antel no amortiza sus inversiones.

Otro de los argumentos que aparece es que la red está ociosa, pero es falso. ¿Qué significa que la red está ociosa cuando sabemos que actualmente el tráfico en hogares y en móviles subió 32 % y 40 % respectivamente? ¿Cómo puede estar ociosa la red si los niños y niñas están usando Zoom, Microsoft Teams, Netflix, Google y los más diversos servicios? No hay ningún servicio que no esté subido a la red. La red está dimensionada y responde satisfactoriamente a la carga de las prestaciones de iCloud, Google, Amazon y si llegara a haber más carga, se dimensionará nuevamente, como siempre se ha hecho.

Otra razón que se esgrime es que la inversión tiene que ser más eficiente, pero ¿qué inversión quieren hacer más eficiente? ¿La que ya hizo Antel? De aproximadamente un millón de hogares, faltarán conectar unos cien mil. ¿Eso no es eficiencia? Y me pregunto: ¿cómo se van a proteger los equilibrios que Antel asegura? Antel puede desarrollar coberturas en sitios lejanos porque genera los ingresos en sitios concentrados. Si abre su infraestructura, me pregunto por qué mercados van a ir los nuevos operadores. No creo que vayan por los mercados alejados del interior, sino por los más concentrados y de mejor poder adquisitivo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ahora voy a hacer un ejercicio. Soy una persona liberal en términos culturales y sociales, pero no en lo económico. Sin embargo, voy a ponerme en una posición liberal en lo económico. Voy a hacer un cambio de roles y, como dije, me voy a poner en una posición liberal. Veamos la situación. Desde el punto de vista de Antel, supongamos que soy liberal: tengo que dar mi infraestructura a quienes serán mis competidores y el precio lo fija otro; entonces, mis competidores entrarían a un negocio sin riesgo porque la infraestructura…

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha culminado el tiempo de su exposición, señora senadora. Le agradezco que redondee sus palabras.

SEÑORA COSSE.- Así lo haré, señora presidenta.

Como decía, mis competidores entrarán en un negocio nuevo, sin riesgo, porque la infraestructura la puse yo. No puedo comprar como lo hace mi competencia porque en el área de compras directas a Antel también se le cercenan las posibilidades. Imaginen una negociación con el iCloud de Google o de Amazon a través de los procedimientos de licitación. No puedo distribuir contenidos; se instala la portabilidad numérica y me hacen compartir los sitios de las radiobases, de los cuales Antel tiene mil quinientos y sus competidores multinacionales, menos de la mitad. ¿Esto es liberal? Sería liberal, pero con la plata de Antel. ¡Así cualquiera es liberal!

Tengo una gran cantidad de argumentos, señora presidenta. En particular, quiero destacar el rol de Antel en la pandemia. Las plataformas del Plan Ceibal se han disparado en su funcionamiento y esto…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: por favor le pido que redondee porque terminó su tiempo. Hay muchos señores senadores anotados para hacer uso de la palabra.

Gracias.

SEÑORA COSSE.- Ya termino, señora presidenta.

Toda la Universidad de la República funciona en línea, los hogares también tienen servicio en línea, los trabajadores pueden hacer su tarea utilizando esta herramienta y puede aplicarse a la telemedicina.

Por último, señora presidenta, hay otro punto que quiero mencionar –en el que no voy a entrar– y tiene que ver con los efectos perniciosos de esta situación sobre la educación, en particular sobre la Universidad de la República que ha demostrado su enorme valor justamente en momentos de pandemia.

Estoy segura de que este Senado podrá reflexionar para no tomar medidas que impliquen, en definitiva, vender nuestro rico patrimonio. A su vez, también estoy segura de que todos los uruguayos daremos la talla para que no se concrete esta injusticia sin precedentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: la Mesa quiere reiterar algunos conceptos que tienen que ver con la moción presentada, que es lo que precisamente estamos debatiendo. Ella refiere al uso del procedimiento, a una eventual inconstitucionalidad y a la violación de los requisitos.

Digo esto porque no hemos hecho cuestión, pero queremos reiterar que no estamos debatiendo sobre el fondo del proyecto de ley, sobre su contenido, sino acerca de la moción presentada por la bancada de legisladores del Frente Amplio. Por tanto, exhortamos a los señores senadores a atenernos a la discusión del asunto para el que se nos ha convocado y votar esta moción.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Si usted me permite, señora presidenta, ya que he sido obediente durante toda la jornada y estoy a una distancia adecuada, en este momento voy a prescindir de mi barbijo porque, sinceramente, me dificulta mucho la comunicación.

Cuando ingresé a sala no tenía pensado hablar sobre este tema, pero la verdad es que, ciñéndome a él –tal como la señora presidenta pide–, cuando conocí la declaración del Frente Amplio entendí que debía hacerlo porque considero que me agravia personalmente como también a muchos otros e inclusive al Gobierno. Insisto en que esa declaración me agravia porque adjudica intenciones –cosa que no debe hacerse– y lo hace de un modo totalmente injusto.

Pienso que hay cosas que no se pueden permitir porque el silencio podría significar acuerdo; no se puede permitir que haya una declaración que adjudica a este proyecto de ley el verdadero avasallamiento de la democracia, un abuso de las vías constitucionales, una afectación a las garantías democráticas, a la calidad democrática y afirme que de manera espuria el Poder Ejecutivo abusa de las reglas constitucionales. Todas esas expresiones abundan en esta declaración que, francamente, no comparto.

Durante todos estos días la oposición ha intentado descalificar un procedimiento claramente constitucional, un recurso que está disponible para el Poder Ejecutivo –es el único que tiene iniciativa en la materia– y está perfectamente regulado para el tratamiento parlamentario. A su vez, la oposición ha pretendido confundir y poner varias excusas: que es largo, que es ómnibus –algunos corrigieron esa expresión y dijeron que es ferrocarril–, que no hay tiempo, que la sociedad no va a poder opinar, que agravia o lesiona la libertad de los que tienen que venir a opinar y que, además, los temas no son urgentes.

La primera conclusión es que esta no es una ley de temas urgentes; es una ley de urgente consideración. Significa que lo que reglamenta es el tiempo en el que el Parlamento debe aprobarla y, si no lo hace, queda aprobada igual. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo pone allí una espada de Damocles al decir: «Tomo la iniciativa y se las doy para que la discutan en determinados tiempos». A su vez, en varios literales del artículo 168 de la Constitución se regulan los tiempos de cada cámara y cuándo, en cada caso, queda aprobada la iniciativa si no se cumplen esos plazos. Esa es la urgente consideración y esa es la regulación; en ningún lado se habla de cuáles son los temas urgentes.

¿Por qué es una ley de urgente consideración? Por razones políticas, porque el Frente Amplio gobernó durante quince años con mayorías absolutas e impuso su visión de la sociedad, y su estilo y forma de soluciones de los conflictos sociales, que son diferentes a los nuestros. La ley de urgente consideración está repleta de temas sobre los que hemos votado en contra durante esos quince años y, por lo tanto, cuando la población nos dio el mandato de gobernar para hacer cambios, vinimos aquí comprometidos y damos la cara para abordarlos. ¡Y estos no son todos los que tenemos que hacer!

Han pasado quince años de deterioro en una cantidad importante de temas. Nos entregaron el Gobierno con cinco puntos de déficit fiscal. Hoy tenemos que hacer frente a una crisis y, para empezar, nos faltan USD 2.800:000.000, a los que hay que agregar una caída obvia de la recaudación y un aumento natural del gasto para atender la propia epidemia y sus consecuencias sociales. ¡Pero la agarramos muy mal, muy mal, después de una cantidad de buenos años que tuvo la economía! Cuando miramos las consecuencias de la epidemia advertimos que los datos de la estadística –que no voy a cuestionar; capaz que mañana tendríamos que discutir un poco en ese sentido– estaban prendidos con alfileres y los que no eran pobres se cayeron al otro día, porque había cuatrocientos mil ciudadanos que no tenían cobertura, porque hay que entregar canastas para que la gente coma y surgen ollas populares por todos lados. Había un deterioro que nosotros tenemos obligación de cambiar porque la gente nos votó para eso. El pueblo votó un cambio y conoció cuál era nuestro compromiso. Es más, insólita e inéditamente escribimos un programa de gobierno entre la elección nacional y el balotaje que se llamó Compromiso por el país, que fue firmado por los cinco partidos que hoy constituyen la coalición que no iba a durar ni una semana y que frente a la crisis goza de buena salud. ¡Está viva y construyendo! ¿Que cambia más de treinta leyes? Sí, y es apenas el comienzo. Va a cambiar muchas más leyes y para eso tenemos mayorías. En eso nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde dice que una ley de urgente consideración debe tener uno, dos, tres, cuatro o cinco temas? Está en la voluntad del Poder Ejecutivo el uso de esa herramienta. ¿Y por qué no tiene temas de la pandemia? Porque la pandemia y sus consecuencias son urgentes, no de urgente consideración. ¡Esos son temas urgentes y por eso acá ya ingresaron varios proyectos de ley! Por ejemplo, en la mañana, a las 09:30, se da cuenta en esta sala de un proyecto de ley que se trataría en comisión a las 10:00 –para lo que se pasa a cuarto intermedio–; luego se aprueba, retorna al Senado y en la tarde se vota en la Cámara de Representantes. Todos coincidimos en que ese es un tema urgente. ¡Y así se votan los temas urgentes! ¿O acá alguien piensa que los temas de la pandemia pueden esperar noventa días? ¡A quién se le ocurre! No pueden esperar noventa días, que es lo que requiere una ley de urgente consideración. Y tan urgentes son esos temas que en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración estaba incluido lo relativo a la telemedicina y los registros, y se extrajeron de ella porque se transformaron en urgentes después del 13 de marzo; se votaron aparte en dos días, en ambas cámaras, porque ese era un asunto urgente que formaba parte de la iniciativa y no podía esperar a que esta fuera aprobada. ¡Por supuesto que lo que es urgente es subjetivo –lo que puede ser urgente para nosotros puede no serlo para el Frente Amplio–, como también lo es un cambio o un retroceso; todo depende de donde uno esté!

El Frente Amplio aquí está a mi derecha, pero está a la izquierda de la mesa. Depende de dónde se pare. Lo que para unos es un retroceso, para nosotros es un avance imprescindible y necesario. Esa es la discusión. Para el Frente Amplio fue urgente citar a la cámara la noche del 2 de noviembre y que con cincuenta y tres legisladores en sala –cincuenta y dos del Frente Amplio y el presidente de la cámara del Partido Nacional, Julio Cardozo, que ingresó a sala por responsabilidad institucional– se votara cincuenta y dos en cincuenta y tres el ingreso de Venezuela al Mercosur porque al otro día había que hacerle un regalito a Chávez, que venía a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, pero a la que al final no asistió. Eso fue urgente para el Frente Amplio y lo respetamos. ¿No es válida esa ley? ¡Claro que lo es! Y no ingresamos a sala. Para el Frente Amplio fue urgente que el sábado 2 de enero se convocara a la cámara –a la que sí asistimos–, se citara a la mañana a la Comisión de Hacienda para tratar la capitalización de Ancap en USD 800:000.000 –en esa oportunidad fui miembro informante en minoría– y ese mismo día, terminando el debate el domingo, se resolviera capitalizar a Ancap en USD 800:000.000 en una pasada. ¿Está mal? No. Es un recurso legítimo. Políticamente discrepamos y en el momento lo dijimos. Esos son temas urgentes.

Para nosotros algunas cosas son urgentes, y para quienes hoy son oposición son urgentes otras. Pero la ley no trata de temas urgentes, trata de la urgente consideración de una cantidad de asuntos que van a ser discutidos democráticamente. Para nosotros es de urgente consideración el cambio. ¿No es de urgente consideración cambiar las normas que regulan la actuación de la Policía y de los actores judiciales para enfrentar lo que en algún momento se calificó de epidemia por su dimensión, que es la inseguridad pública? ¿No es urgente tratar de reducir las quince mil rapiñas por año, los cuatrocientos homicidios, los ajustes de cuentas, la imposibilidad que tiene la Policía de actuar en algunos aspectos? Sí, para nosotros es urgente. Por eso va en una ley de urgente consideración.

No le vamos a pasar por arriba a nadie, no la traemos y aplicamos dieciocho votos y la sacamos para mañana. A lo mejor eso debería ser calificado como antidemocrático. Nosotros podríamos haber calificado como antidemocrático meter USD 800:000.000 para salvar a Ancap después de que Sendic le hizo un agujero. Nosotros no traemos la ley para solicitar que para mañana se aprueben ciento veinte artículos que corresponden a la seguridad y al cambio del proceso penal. El presidente la entregó en enero, opinó todo el mundo –partidos políticos, sociedad civil, sindicatos, asociaciones, profesionales, personas–, se pasó por un tamiz y se entregó a todo el mundo quince días antes de que ingresara formalmente para ganar tiempo, para que hoy la señora senadora Cosse pudiera opinar sobre un proyecto de ley que leyó hace quince días y tenga una opinión legítima sobre un aspecto de la iniciativa. Si estuviera entrando hoy, quizá no estaría ni repartido.

¿No es urgente cambiar la educación y sus reglas? ¿No es que estábamos primeros en América Latina y ahora estamos al fondo de la tabla con El Salvador en algunos aspectos? ¿No es que el Ineed, por mayoría, no ha publicado los informes para no pasar vergüenza antes de las elecciones porque son muy malos? ¿No es que tenemos que hacer algo con ese tema? ¿No es bueno abrir el debate de urgente consideración? ¿No debemos hacer algo con la transparencia de los entes autónomos y del dinero que manejan, que es público, y las sociedades anónimas que les pertenecen y funcionan bajo el derecho privado y lejos del contralor del Parlamento, y las personas de derecho público estatal y sus sociedades anónimas y los regímenes de compra, etcétera? Tampoco es un problema para los parlamentarios el tamaño de la ley ni el tiempo que tenemos a disposición para una ley de quinientos un artículos. Recuerdo infinidad de rendiciones de cuentas de más tamaño que ese, y de presupuestos ni que hablar. En 2010, el presupuesto del Gobierno del entonces presidente Mujica tenía ochocientos diez artículos. ¿Y cuándo lo conocí? Bueno, después del 30 de agosto que era la fecha límite que tenía el ministro de Economía y Finanzas para presentarlo al Parlamento; después se publicó, y lo conocí ahí, y a los dos o tres días comenzó a correr el plazo de cuarenta y cinco días. Y a los ochocientos diez artículos de esa ley, como de otras, había que agregar las decenas de tomos que dieron cuenta de los rubros, de los gastos, de los programas. Es decir: hay todo un componente presupuestal que es aprobado junto con el articulado, que también es objeto de estudio. ¿Y nos dan los cuarenta y cinco días? ¡Claro que sí! Y muchas veces vienen a pedir plata o a defender su plata; son muchos los que vienen, y los recibimos a todos. ¡Y hemos tenido que trabajar sábado y domingo, como lo tendremos que hacer ahora si es necesario, porque nadie se va a quedar con algo para decir! No le tenemos miedo ni al tamaño ni al tiempo para tratar estos asuntos, porque disponemos de bastante más tiempo que el que tenemos para discutir un presupuesto.

Con respecto a la oportunidad: si no es oportuno ahora, ¿cuándo podría serlo? Venimos retrasados. El 30 de junio vence el plazo para que ingrese la rendición de cuentas del ejercicio 2019, que lo hará con varias normas presupuestales como siempre sucede, y tenemos cuarenta y cinco días; es decir, se van a solapar: el 7 de junio este proyecto de ley pasa a la Cámara de Representantes y a lo mejor el 30 de junio ingresa la rendición de cuentas por el Senado. Y capaz que de rebote viene de la Cámara de Representantes la ley de urgente consideración, y todavía no sacamos la rendición de cuentas. Y cuando estemos en ese proceso, el 30 de agosto entrará el presupuesto quinquenal, y también vamos a tener cuarenta y cinco días. Quiere decir que este año vamos a tener tres leyes de cuarenta y cinco días cada una, en cada cámara. Ahora bien, si este proyecto de ley no ingresa ahora, ¿cuándo ingresaría? ¿Junto con el presupuesto nacional? ¿Cuándo sería el momento oportuno? ¿Cuándo vamos a trabajar en serio? ¡No! Nosotros entendemos que este es el momento oportuno porque después hay que dar presupuesto a estos cambios de la ley, por eso es oportuno trabajar ahora.

Se dice que no cumple con lo relativo al Consejo de Ministros. También ese es un relato que trata de demonizar esta ley y de construir la idea de que es el eje de todos los males, cosa que no es verdad. Esta ley no tiene la firma de los trece ministros, tiene la firma de once, y habrá sido un problema operativo, le pueden preguntar a los dos ministros que no firmaron cuando vengan, y verán que es así. Pero desde el punto de vista formal la mayoría está garantizada; me refiero a la que establece el artículo 162 de la Constitución. Pero además eso no ha sido un problema. Acá ingresó una ley de urgencia de un Gobierno del Frente Amplio con la firma de uno solo de los ministros que hoy es senador y está sentado a mi derecha y nadie la cuestionó formalmente, porque ahí está la voluntad del Poder Ejecutivo. ¡Está claro!

Entonces, todos estos reparos de que el proyecto de ley es largo, es ómnibus, es ferrocarril, que no hay tiempo, que no se va a escuchar a la sociedad –incluso, una señora senadora llegó a decir que el proyecto no tenía exposición de motivos– son argumentos para hacer creer a la gente que hay un grupo de partidos políticos que nos confabulamos para imponer una idea destructiva del país. ¡No!; esta es una idea de cambio. ¡Lo que está de fondo es un debate sobre el cambio, eso es lo que está de fondo, y es lo que vamos a discutir! Y van a tener cuarenta y cinco días para considerarla y después va a pasar a la Cámara de Representantes donde se va a considerar nuevamente. Y vamos a escuchar hablar de los artículos que se supone van a destruir alguna empresa pública. ¡La única empresa que conozco que fue destruida es Ancap, y la destruyó el Frente Amplio! ¡Nosotros las íbamos a privatizar! ¡La única que en este país no existe en los últimos cincuenta años, después del SOYP, la cerró el Frente Amplio, que es Pluna! Nosotros no cerramos ninguna, todo lo contrario, las defendemos como locos, pero estamos más actualizados en cuanto a cómo viene y por dónde va el mundo. Pero los invitamos a dar el debate. Vamos a tener tiempo. En serio, demos un debate de fondo sobre el cambio. El mundo está cambiando y nosotros seguimos atados a un mismo palenque que no se mueve. El mundo sigue girando y, mientras tanto, nosotros nos atrasamos en términos relativos cada día más. Hay que buscar ese cambio, y esta es una ley que cumple con nuestros votantes que fueron los que nos pusieron acá para ir hacia un cambio. Si no presentáramos esta ley, legítimamente podrían decirnos, ¿para qué los votamos? ¡Los votamos para hacer un cambio, muchachos! ¡Muévanse! Y eso es lo que estamos haciendo.

Dimos tiempo para que se conociera y en los próximos días comenzaremos la discusión, una vez que el material haya sido repartido, recibiendo a todas las delegaciones que quieran venir. No hay avasallamiento, erosión de la calidad democrática o limitación a la libertad de reunión o de expresión, lo que está garantizado más allá de las limitantes que nos pone la epidemia a todos los uruguayos.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: en primer lugar, vamos a aclarar alguna cuestión que nos parece fundamental. Acá estamos debatiendo ideas, puntos de vista y posiciones políticas sobre un proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo. Supongo y espero que nadie vaya a sentirse ofendido en términos personales porque lo que estamos haciendo es definir y opinar política y jurídicamente sobre una iniciativa que ha presentado el Gobierno. Aquí no hay descalificaciones personales sino definiciones políticas sobre una iniciativa que el Gobierno puso en marcha en esta circunstancia.

Dicho esto, quiero hacer mías las afirmaciones que han efectuado algunos de mis compañeros y, además, reafirmar lo que se señaló en el informe por parte del coordinador. Las primeras novedades que tuvimos sobre la intención de poner en marcha una ley de urgente consideración, extrañamente –como se dijo en sala– se dieron a través del semanario Búsqueda, si no recuerdo mal, en enero de 2019. Por supuesto, durante absolutamente toda la campaña electoral la población nunca supo cuáles serían los contenidos que se iban a incluir en esa ley que, se anunciaba, tendría unos quinientos artículos. Lo cierto es que no hubo un solo debate sobre eso y durante la campaña electoral nadie puso esto sobre la mesa. Una vez pasado el ciclo electoral, se está planteando algo absolutamente distinto a lo que se señaló durante la campaña.

Nosotros cuestionamos que el contenido de esta ley de urgente consideración efectivamente lo sea para el pueblo uruguayo. Aquí, lo verdaderamente urgente es el padecimiento que tiene la población como consecuencia de la pandemia, del aislamiento físico, de la pérdida de la fuente de trabajo y de no tener para comer. Eso es lo que no aborda en ninguno de sus quinientos artículos este proyecto de ley. Lo que sí contiene es un programa de cambio y la coalición de gobierno tiene el legítimo derecho de llevarlo adelante. Aquí no estamos hablando de si tiene derecho o no a llevar adelante los cambios que entienda pertinentes. En ese sentido, me llama la atención la contradicción entre lo que se ha dicho en este ámbito y, por ejemplo, lo que señalaba el presidente de la república el 1.° de marzo cuando asumió. En esa oportunidad, entre otras cosas –tengo la cita para compartir con el Cuerpo, pero voy a referirme solo a algunos párrafos porque fue un discurso bastante extenso– dijo: «Hace mucho tiempo que quien habla sostiene –y creo representar al resto de los miembros del Gobierno– que no tenemos complejos refundacionales, que aquí no se trata, en la trasmisión de mando, de tierra arrasada. Hicimos campaña de una manera y la vamos a practicar en el Gobierno. Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos». Pues bien, esto fue dicho el 1.° de marzo y es lo contrario a lo que escuchamos; esto es venir a pasar por arriba a todo lo que se hizo, no ya en los últimos quince años sino incluso mucho antes. Quiere decir que es el primer incumplimiento de lo que se les dijo a todos los uruguayos el 1.° de marzo y está en ese discurso original del presidente de la república; lo dijo con todas las letras.

Por lo tanto, esta propuesta es directamente la decisión política, legítima en cuanto a los votos y a las opciones, pero que confronta con la oposición, en medio de la necesidad de tener un clima de unidad, un clima de salida nacional, a una situación que están viviendo miles y miles de uruguayos. Se optó por lo contrario, por una ley que, como lo dijimos en la moción, tiene las contraindicaciones que tiene, y políticamente se decidió ir por el camino contrario, no ya al de la campaña electoral sino al del 1.° de marzo de este año, hace muy poquito. Eso lo escuchamos todos y hoy no se está cumpliendo.

También decimos que esta ley o este proyecto de ley tiene contenidos que por definición –me refiero al mecanismo de aprobación tácita– impide trabajar en ellos con rigurosidad. El Parlamento cuenta con quince comisiones permanentes que tienen como función, entre otras cosas, trabajar, asesorar al Cuerpo y profundizar sobre distintas áreas. Sucede –y lo vamos a describir en unos minutos– que son tan diversas que impiden el debate profundo y, además, limitan la posibilidad de que la sociedad civil, los involucrados, mínimamente estén por dentro de los contenidos que acá se piensan sacar, en medio de una pandemia, donde la preocupación de los uruguayos es directamente la salud, vivir, tener la posibilidad de que sus familiares tengan buena salud y no estén contagiados. En medio de esto aparece la ley en un debate que, insisto, lo decidió imponer el Poder Ejecutivo con una metodología que, de no haber pronunciamiento, hará que salga lo que él quiere. Sin duda, con este tipo de leyes, con estos contenidos, hoy estaríamos con las barras repletas de gente y estaría participando, naturalmente, la gente involucrada, pero en este caso, por las circunstancias que acabo de decir, esto no es posible.

Insisto en aquella frase de que lo urgente es la gente y no estos contenidos. Se ha buscado, de forma digamos que pícara, confundir. Cuando hablamos de confundir, me refiero a lo siguiente. Hay muchos ejemplos de tratamiento rápido, en distintas etapas. Recuerdo, por ejemplo –tengo la circunstancia de haber compartido distintas legislaturas, ya sea como Gobierno u oposición–, el presupuesto nacional del período 2000-2005. En esa ocasión pudo haber presupuesto en el Uruguay porque el Frente Amplio en esta sala renunció a hacer uso de la palabra. ¿Por qué pasó esto? Porque el nivel de improvisación, de apuro y de falta de acuerdo interno, incluso en esa época, generó esa circunstancia. Podemos citar una cantidad de anécdotas, pero la salida de la mayor crisis social y económica de la que uno tenga memoria hasta hoy –y ojalá, no vayamos en ese camino–, o sea, la crisis del 2002, la tomamos acá entre jueves, viernes y domingo. Significó un cambio absolutamente radical, cada partido dijo lo que tenía que decir y, efectivamente, se hizo en tres días. Entonces, acá no se trata de trabajar o no trabajar; hay que trabajar todos los días y estar siempre al lado de la gente. Acá de lo que se trata es de trabajar con rigurosidad y de dar la posibilidad al Parlamento de funcionar plenamente, en los términos requeridos, para considerar los contenidos de más de sesenta asuntos incluidos en este proyecto de ley, que efectivamente borran de un plumazo y dicen lo contrario de lo que afirmó el presidente de la república el 1.º de marzo, cuando asumió este Gobierno.

A lo señalado anteriormente agrego que no hay antecedentes. En materia de ley de urgencia, no encuentro ninguna como esta. Ninguna Administración impuso jamás a ningún partido político esta metodología, esta forma de trabajo en este tipo de cuestiones. Muchas veces se han votado de diversas formas cuestiones urgentes; con algunas estuvimos de acuerdo y con otras, francamente no. Pero esta metodología de incluir en un proyecto de ley más de quinientos artículos, con una gran diversidad de asuntos y en la forma en que están, además de que, si no se modifica, sale lo que el presidente determina, nunca se utilizó en el relacionamiento con los partidos políticos para llevar adelante un Gobierno. No tiene precedentes y agrego: estamos hablando de llevar adelante lo que muchas veces se denomina ley ómnibus y podríamos ponerle varios nombres más. Es muy claro y evidente que este proyecto de ley incluye de todo y afecta, por supuesto, los términos políticos en los que tienen que trabajar Gobierno y oposición; notoriamente es así. Las restricciones son las que son. El Gobierno ha recibido y va a seguir recibiendo –porque los uruguayos lo merecen– de la oposición una izquierda responsable, siempre la mano tendida para poder salir adelante –por ejemplo, en las cuestiones sanitarias, apoyando las políticas de Estado que lleven a que el país tenga las mejores posibilidades de respaldo para los ciudadanos–, y también propuestas –como las que se presentaron en mano al presidente– de salidas concretas y reales para la crisis económica y social que ha generado toda esta situación.

Para ir redondeando, voy a mencionar algunas cuestiones que fundamentan las razones por las cuales presentamos esta moción. Me refiero a que los contenidos vulneran, desde el punto de vista constitucional, lo que se denomina una ley de urgencia y, por lo tanto, entendemos que hay que quitarle ese rótulo. Por supuesto que en el primer capítulo están todas las cuestiones vinculadas a la seguridad. Insisto, no es que no haya derecho a llevar adelante los contenidos, pero la forma hace a los contenidos y voy a poner un solo ejemplo. El artículo 26, relativo a la presunta defensa legítima, cambia noventa años de jurisprudencia en la materia. ¡Noventa años en noventa días! ¡Qué ejemplo más notorio! No se trata ya de querer borrar lo que hicieron Gobiernos anteriores, sino de cambiar noventa años en noventa días. Ahí tenemos un ejemplo claro.

En otro orden de cosas, durante casi once años el Parlamento trató la ley de inteligencia del Estado. Uno de los puntos centrales de esa ley que se valoró en el período pasado –y nos tocó ser miembro informante de la comisión–, uno de los aspectos en los que todos los partidos políticos debían tener mucho cuidado, era de quién dependía ese director, esa persona que tiene un rol muy delicado: ni más ni menos que la inteligencia del Estado, que no solo aborda la seguridad, sino también temas vinculados a la Cancillería, a política económica y a cantidad de cuestiones que hoy tenemos definidas en una ley que es garantista. Pues bien, ¿qué nos propone este proyecto de ley de urgente consideración? Nos propone que dependa de presidencia, mientras que en el período pasado debatíamos con legitimidad, con algunos que hoy son senadores, sobre si tenía que depender del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas, de Cancillería o de quien fuera. Si mañana, gobierne quien gobierne, un parlamentario tiene que llamar a responsabilidad al Estado por lo que haga el director nacional de Inteligencia –alguien que se dedica a algo tan delicado–, ¿a quién interpela? ¿A quién llama? Este tipo de cuestiones aparecen a lo largo y ancho de esta ley ómnibus.

Cuando termine este ciclo –porque los votos están, ya sabemos cómo va a salir esto–, ¿cuál va a ser la regla de juego, por ejemplo, entre inquilinos y arrendatarios, teniendo en cuenta los cambios previstos? ¿Hay posibilidades reales de ir a fondo a conversar con el sector inmobiliario y con asociaciones civiles al respecto? ¿Hay posibilidades de que efectivamente las cátedras especializadas lleven adelante un estudio, que asesoren al Parlamento sobre estas cuestiones tan delicadas? Sin duda, no las hay. Hoy ni siquiera estamos diciendo a priori que vemos cómo y a quiénes afectan este tipo de iniciativas que normalmente no contempla a la mayoría de la gente, sino todo lo contrario.

En educación se propone hacer cambios estructurales mediante la metodología del proyecto de ley de urgente consideración. Hay experiencia acumulada en el país –y ya nos tocó vivirlo en otras Administraciones– en cuanto a que si los cambios en la educación no cuentan con el involucramiento adecuado de los actores educativos, tienen grandes posibilidades de fracasar por el hecho de llevar adelante la educación como cualquier otra política pública. Ni que hablar que algunos de los contenidos de estos setenta artículos dedicados a la educación son de corte inconstitucional porque tienen que ver con cuestiones técnicas que son propias y reservadas por la Constitución de la república a la ANEP, y no hay ley que pueda cambiar eso, ni voluntad de ministro que quiera imponerlo. Eso está en el marco de la protección que la Constitución de la república da a los organismos técnicos especializados de la ANEP. Si mañana en la ANEP se erra a quien se designa o no hay acuerdo, el Gobierno podrá designar con venia del Senado –porque tiene mayoría para hacerlo– quién lleva adelante las políticas públicas en materia de educación, pero no puede, desde la ley, vulnerar contenidos que tienen protección jurídica de la máxima carta magna del país, que es la Constitución.

Con respecto a las relaciones laborales, también hay modificaciones estructurales que van a afectar al mundo del trabajo y están dirigidas a limitar los derechos de los trabajadores. La regulación del derecho de huelga que está incluida en esta iniciativa vuelca directamente la balanza en contra del sector que el Estado debería proteger naturalmente por aquello –y voy a aludir quizás a quienes hoy en forma uniforme utilizan un barbijo colorado– del Estado protector de los pobres, en fin, el escudo de los pobres. En ese sentido, sin duda alguna esta iniciativa vuelca la balanza en contra de los trabajadores. La reglamentación del derecho de huelga y todo lo que recién señalamos con respecto al sentido de este proyecto de ley, sin duda, es una opción política que busca aprovechar la coalición mientras dure. Hoy está, aprovecho esto, porque mañana no sé. Desde el punto de vista político, esto efectivamente es una opción que limita gravemente las posibilidades del Parlamento nacional de incidir, de trabajar y de proponer. Por eso entendemos –insisto– que, por los contenidos de la ley de urgente consideración, el rótulo de urgente debe ser eliminado, porque no tiene, bajo ningún concepto, las verdaderas urgencias de nuestra gente.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: es difícil resumir cincuenta años de militancia en veinte minutos y referirnos a principios y valores que se manejaron desde 1971, por lo que por ahora lo vamos a dejar por ahí. Pero es eso lo que nos pasa a los que venimos de otro pasado y valga la redundancia, porque no es la primera vez que acudo al principio de que, evidentemente, cada uno construye su concepción ideológica teniendo en cuenta todo lo vivido, excepto que persiga ventajas personales, y de eso hay mucho en todos los partidos.

Quiero hacer solo una aclaración previa, porque no me gusta que se falte a la verdad histórica. El Frente Amplio se calló la boca en el 2002, con el problema de la crisis, porque precisamente el contador Astori –a quien le tenemos un enorme respeto intelectual y político, como a todo el mundo, y el senador preopinante es quien está ejerciendo su suplencia en el día de hoy–, estaba colaborando con el Gobierno para salir de la crisis, mientras el expresidente Vázquez apostaba al default. Entonces, el Frente Amplio no podía hablar. Yo integraba esa fuerza, así que a mí no me lo cuentan.

Otra cosa que acabo de escuchar de parte del senador preopinante –aunque ya lo he oído en otras intervenciones– es la presunción de que la coalición de gobierno está utilizando estos mecanismos porque es débil. ¡No! ¡No se adjudiquen intenciones; no se falsee la realidad! La razón es muy sencilla: la coalición de gobierno tiene un modelo de país. Podemos tener diferentes apreciaciones puntuales sobre algunas soluciones, pero tenemos un mismo modelo de país: queremos un país republicano, democrático, de libre mercado, con control del Estado. Y todo esto lo queremos con un Estado absolutamente eficiente, que efectivamente proteja a los más vulnerables. Y esta palabra ya me está cansando bastante, y debo decir que estoy de acuerdo con mi colega, senadora Gloria Rodríguez, cuando dice que ellos, en realidad, fueron vulnerados. En consecuencia, que quede claro que nosotros no necesitamos mecanismos de voto por orden, imposición de decisiones, condiciones de unión ni ninguno de esos instrumentos, que son muy nuevos en el Frente Amplio. En realidad, el Frente Amplio no tiene un mismo modelo de país.

Estas apreciaciones son previas, no van al fondo del asunto, pero quiero hacer la aclaración porque no fuimos nosotros los que planteamos estas cosas. Sin embargo, esto lo recibimos sistemáticamente de los medios, de los opinólogos y de los politólogos, a muchos de los cuales, cada vez más, se les cae el velo de la imparcialidad. Y bueno, sí, duele la derrota, y sobre todo duele cuando se trató de un golpazo fuerte que no se esperaba.

Como dijo el senador Bergara, sin ninguna duda se trata de un problema ideológico. Ahora, eso sí, nosotros no ponemos la ideología, nuestro pensamiento político, por encima del ordenamiento jurídico, no defendemos dictaduras, no nos abrazamos a narcoestados para después, a la interna del país, ofender a los políticos que son gobierno y que mucho tiempo fueron oposición –yo fui las dos cosas: Gobierno y oposición–, diciendo que están atentando contra el Estado de derecho, adjudicándoles a los legisladores del Gobierno –de la coalición de gobierno, que mal que les pese goza de muy buena salud porque, reitero, tiene un mismo modelo de país–, intenciones que no tenemos. Al contrario, ¿a los partidos fundacionales les van a enseñar lo que es un Estado de derecho cuando lo fundaron y lo defendieron con sangre? ¿Les van a enseñar a los partidos fundacionales, que tienen una larguísima trayectoria –desde su fundación, desde sus más de ciento ochenta años de historia– de respeto a la república, a la democracia y a la opinión de todos? Es muy duro, señora presidenta, leer esta moción.

De verdad –sé que no me van a creer, pero mis colegas saben que siempre digo la verdad, estén de acuerdo o no–, no pensaba intervenir, no tenía nada preparado –jurídicamente sí, obvio, pero no desde el punto de vista político– porque siempre tengo la esperanza de que el Frente Amplio entienda que el camino de la confrontación no nos lleva al progreso como país; el camino de la confrontación nos lleva a dividirnos cada vez más. Y a eso, entre otras cosas, es a lo que la gente dijo ¡basta! ¡Basta a las trancadas con manifestaciones, referendos y plebiscitos –que no son lo mismo y sería bueno que se estudiara– a la sociedad organizada! ¿Qué es eso? No hay mejor sociedad organizada que el cuerpo electoral. Y el cuerpo electoral se pronunció ayer, desde el punto de vista histórico.

Además, siento –miren que no somos tontos– que cuando se dice: «presidente Lacalle», se lo dice de una manera despectiva. ¡No somos tontos! Somos pocos y nos conocemos todos.

El presidente Luis Lacalle Pou recorrió el país varias veces antes de ser presidente y se comunicó mano a mano con la gente, sin manejar el Estado. Ahora, siendo presidente, se comunica realmente con la gente, incluso en situaciones graves como la que estamos viviendo. En consecuencia, sí que nos ofendemos. ¿A nivel personal? No; a nivel político. No vamos a aceptar este tipo de agresividad.

Y si no entendieron el mandato de la población, peor va a ser la situación para la coalición –que no es un partido, sino una coalición– opositora. Hay, incluso, profesionales grado 5, como el doctor Bottinelli, que recomiendan un poco de humildad y de autocrítica. Bottinelli habla de la pérdida real y potencial de cuatrocientos mil votos por esa soberbia y ese manejo del poder que creyeron que era para siempre. ¡Creímos que era para siempre! Yo estuve cinco años en esa situación y fue difícil convencerme; sin embargo, se perdió. Pero se perdieron elecciones en un régimen democrático y esa es la regla; es lo que corresponde. ¡Abran las cabezas, colegas de la coalición opositora! ¡No acusen sin fundamento! La gente está cansada de los eslóganes; cansada de las manifestaciones –ya ni van–; cansada de que no haya propuestas concretas. ¡La gente no es tonta! Durante quince años, mientras hubo bonanza económica, la gente creyó un relato. Pero, no ahora, por la pandemia, sino desde el 2012 en adelante, venimos advirtiendo que el relato se estaba cayendo. Y se cayó. Dijimos ene veces en la Cámara de Representantes –acá hay colegas que estuvieron conmigo en esa cámara y recuerdan otras cosas que dije– que esto es un relato. La pobreza no se mide por el ingreso; la pobreza no sabe de los $ 13.500 –que ahora son quince mil y pico– que según el anterior Ministerio de Economía y Finanzas perciben quienes integran la clase media. La pobreza es la marginalidad cultural. ¡Vaya si es urgente tomar decisiones en la educación!

Desde la década de los noventa el Frente Amplio, primero desde la oposición y después desde el Gobierno, por sus problemas internos –los conozco muy bien y no me interesa entrar en ello; que se arregle la coalición opositora–, trancó todo tipo de reforma educativa y por eso tenemos los resultados que tenemos. Y lo que es peor, lo hizo con la bandera de los pobres, con la bandera de los más desfavorecidos, a quienes convirtió en más pobres que nunca en el Uruguay.

Cuando interpelé a la exministra de Educación y Cultura, en 2016, mencioné que ya Unicef nos advertía de la enorme brecha y marginalidad cultural que estábamos generando con un sistema educativo de mala calidad en la enseñanza pública, que por primera vez en el Uruguay permitía –así lo decía Unicef– que el lugar donde naciera un niño determinara su futuro. Si antes hubiera sido así, yo no estaría acá, pues soy nieta de empleadas domésticas y jardineros analfabetos italianos. La educación pública de calidad es lo que asegura realmente el principio de igualdad; el resto es igualitarismo, que es lo que le sirve a los regímenes populistas, del mismo modo que las políticas sociales que se implantan desde la carencia, desde la falta de confianza en el individuo, a pesar de que el Uruguay siempre confió en el individuo. A mí me molesta esto –más se molestarán los batllistas, pero ellos serán quienes lo digan–, porque todos hemos estudiado historia y sabemos que el batllismo nunca atentó contra la libertad del individuo; en cambio, ahora estamos aburridos de los colectivismos, de los colectivos y de todo lo que es masa. ¡No! Necesitamos seres pensantes. La gente solamente sale adelante cuando se la empodera en los derechos que tiene; eso es liberalismo. ¡Sí, señores! Y esto nada tiene que ver con el liberalismo económico.

Ahora, yo me pregunto: el equipo económico del Gobierno –acá tenemos un representante y no lo quiero aludir a nivel personal–, ¿qué políticas aplicó? No quiero cometer el mismo error que la señora senadora Cosse –y esto no es una alusión–, quien claramente se salió de tema, pero es necesario contestar a esta declaración de guerra. Esto es una declaración de guerra, señora presidenta; no es una moción por medio de la cual se pide al Gobierno que cambie de postura en cuanto a la declaración de urgente consideración de la ley. Se nos imputan delitos gravísimos de atentado al Estado de derecho, de atentado a la separación de poderes. ¡Delitos! ¡¿Cómo quieren negociar así?! Se terminaron las mayorías absolutas, señora presidenta; se terminó el período de gobierno con criterio de partido único, a lo cual muchos están acostumbrados porque defienden los regímenes de partido único, que ya quedan pocos y todavía ahora parece que se les murió el líder de Corea del Norte. ¡Basta, señores! ¡Basta! No pongan los disparates que pusieron en esta moción porque, realmente, es romper los puentes antes de tenderlos.

Señora presidenta: quiero hacer algunas referencias jurídicas porque soy abogada, una simple abogada; nunca me adjudiqué la condición de jurista ni mucho menos, y también lo dije varias veces en la Cámara de Representantes.

¡No manoseen los nombres de los constitucionalistas! Martín Risso, que es un constitucionalista actual –está bien citar a los grandes; a Cassinelli lo citaremos hasta que nos muramos–, cuando le preguntaron por esta ley –sé que me quedan cinco minutos, por lo que voy a tratar de terminar–, dijo claramente que las leyes de urgente consideración no requieren ninguna situación de emergencia previa. Y señaló: No manoseen la Constitución por argumentos políticos. ¡Lo dijo Martín Risso!

Eduardo Esteva, actualmente presidente de la Sección Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dice claramente que todas las manifestaciones –y se detiene especialmente en la del Partido Socialista, que es una declaración– no son jurídicas, sino políticas.

Con relación a Cajarville –ya termino, señora presidenta–, me gustaría que escribiera como lo hacía antes, cuando todos estudiábamos con él, pero si leemos su carta vamos a encontrar cosas muy anecdóticas, e incluso presunciones anteriores a la presentación del proyecto de ley.

En cuanto a las declaraciones de mi querido profesor Korzeniak, diré que son políticas. Tengo aquí la entrevista que se le hizo en Radio Uruguay, en la que hace referencia a la coalición. Él afirma que, en realidad, estamos detrás de este proyecto de ley porque la coalición va a reventar; lo dice así, y me llama la atención –porque lo conozco– que Korzeniak use esas expresiones. Tengo una versión escrita de esa entrevista, realizada el día 19 de febrero de 2020, y en ese momento también hablaba de luna de miel, o sea, no en términos jurídicos.

También voy a hacer referencia a otro tema jurídico, y con esto termino, señora presidenta. Tenemos que entender el contexto en que se colocó este artículo en la Constitución de 1966, porque salíamos de un régimen colegiado. El Uruguay siempre se resistió mucho al presidencialismo puro, y está bien. ¿Saben cómo se resolvió en la Argentina? Dando al presidente de la república el derecho de dictar decretos de necesidad y urgencia, o DNU. ¡Ahí sí que el Poder Ejecutivo impone su voluntad! Acá, lo que sabiamente hizo el constituyente fue depositar en el Parlamento la responsabilidad de la discusión.

Entiendo que venir de un Poder Ejecutivo con asesores muy bien pagados con el dinero de los contribuyentes, con autos oficiales, con libre disponibilidad de los fondos del Estado, es difícil. ¡Ahora hay que remar en el Parlamento! ¡El Parlamento uruguayo es austero, pero remamos y estudiamos, y eso es lo que tenemos que hacer!

Lo que pido, señora presidenta, no a título personal, sino al de los votantes de la coalición de gobierno, es que respeten su voluntad, porque en ellos está depositada la soberanía. No está en los discursos, en las manifestaciones ni en la amenaza de recoger firmas. ¿Por qué no probamos cambiar cosas? Porque desde la década de los sesenta el Uruguay está repitiendo lo mismo. Pasamos de ser uno de los países con mejor nivel de vida y de muchas cosas –¡de muchas cosas!– a estar en el final de la tabla.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: la bancada del Frente Amplio ha presentado esta moción y entendemos pertinente hacer algunas consideraciones.

Es imposible abstraernos del momento que estamos viviendo, porque incluso el propio funcionamiento en este ámbito ha tenido modificaciones debido a esta situación. Por eso cuestionamos la oportunidad. Está claro que estamos viviendo una pandemia que día a día nos muestra cuáles son las urgencias de las grandes mayorías. La crisis desatada por esta pandemia desnuda problemáticas que afectan a quienes, en mayor o menor medida, integran los diferentes grupos sociales. La pandemia continúa expandiéndose, al tiempo que representantes del mundo globalizado –con conceptos muy alejados de los que profesamos– coinciden en que podemos estar en el ocaso del orden liberal del mundo, cuestionando incluso la capacidad de liderazgo de quienes se encuentran a la cabeza del orden mundial, una vez culminada esta crisis.

El mundo entero vive crisis sanitarias, económicas y sociales. La región está comenzando a experimentar los picos más agudos de esta pandemia que, además, se da en forma simultánea en todo el mundo.

Continúa siendo preocupante la situación y el impacto nos ha obligado a todos a tomar decisiones en términos sanitarios, con respuestas por parte de los Estados para poder contener también el costo económico y pensar en la recomposición de la economía.

Las agendas que veníamos transitando desde el final del largo proceso electoral –que terminó– fueron modificadas por la realidad.

En este marco mundial y regional el señor presidente mantiene lo que había anunciado en la campaña electoral –ha sido coherente–; un proyecto de urgente consideración de más de quinientos artículos.

Se trata de un mecanismo que no fue concebido por el constituyente con los fines que surgen de la propuesta presentada. Modificar la legislación de un país es, por naturaleza, un proceso que requiere garantías. Nos resulta de alta preocupación –y esto no tiene que ver con calificativos o descalificativos; son argumentaciones políticas– el uso de este mecanismo para realizar una cantidad tan amplia de modificaciones.

Señora presidenta: las instituciones democráticas necesitan en su funcionamiento un proceso de debate de calidad que permita un análisis riguroso de las modificaciones legislativas. Algunas de las leyes que se plantea modificar llevaron años de discusión. Tal es el caso de las normas penales.

Claro está que desde su inclusión en la Constitución de 1967 ha sido utilizado en varias oportunidades, tal como ya se dijo aquí en sala y desde entonces los proyectos refirieron a temas específicos y no a un sinfín de cuestiones que, dadas las particularidades del propio mecanismo, parecen inabarcables desde la discusión parlamentaria en estas condiciones. Se trata de un mecanismo que, amparado en el numeral 7.º) del artículo 168 de la Constitución, reserva un espacio especial a un mecanismo de iniciativa legislativa por parte del Poder Ejecutivo, al que llama de urgente consideración.

Más allá de algunas limitaciones que pueden aparecer en materia presupuestal y en los asuntos que requieren mayorías especiales, tiene una característica distintiva y única: la opción por defecto, en un plazo perentorio, es la aprobación tácita.

Nos parece que el presidente de la república está –y queremos manifestarlo– jugando al borde de la institucionalidad democrática de este instrumento, tanto en el sentido común de la justificación de la urgencia de muchas de las medidas como en la amplitud de las medidas comprendidas.

Entendemos que, sin proceso parlamentario razonable para una iniciativa tan amplia, se debilitan la calidad del debate y las instituciones democráticas.

Se está proponiendo avanzar a través de una política de puenteo al Parlamento, y eso no nos parece la mejor solución. No nos parece un buen comienzo en el marco de una crisis sanitaria.

Con relación a la urgencia, cuando repasamos los quinientos un artículos de este documento nos resulta inevitable pensar en lo poco urgentes que son buena parte de ellos. La urgencia brilla por su ausencia. No puede ser lo mismo legislar sobre la urgencia social –como se planteó aquí en una de las oportunidades en que se presentó la ley de urgente consideración o en el marco de la crisis de 2002– que legislar sobre chorizos caseros o la recogida de la materia fecal de las mascotas en la vía pública. Y estos asuntos están contenidos en esta ley.

Por otra parte, se pretende justificar la urgencia diciendo que lo urgente no son los contenidos sino el tratamiento de este proyecto de ley. Esta ha sido la posición de varios de los representantes que se han manifestado. Y, sencillamente –tenemos que decirlo–, nos parece que esto es faltar el respeto a la inteligencia de la ciudadanía.

Ya se han manifestado varios de los colegas de la bancada en cuanto a lo que se entiende como comportamiento ilegítimo del Poder Ejecutivo de mantenerse en esta propuesta que haría incurrir en inconstitucionalidad a las normas que se aprobaran en el procedimiento de urgencia siguiendo el análisis de Juan Pablo Cajarville, constitucionalista al que se hizo referencia en varias oportunidades.

Ilegítimo e inconstitucional por la forma, ya que claramente no puede ignorarse que el volumen de temáticas centrales presentado en el articulado no permite su tratamiento adecuado en los plazos del procedimiento de urgencia.

Tal como ha sido presentado este proyecto de ley, se estaría dando sanción legal a propuestas que fijarían rumbos –por supuesto que es una apreciación política porque, entre otras cosas, para eso estamos– que comprometen el futuro de nuestros hijos y de la gente por largos años. Entendemos que esto solo favorece al gran capital o a un sector de la población, y que provocará daños profundos al entramado social de nuestro país.

Este proyecto de ley es más que un esbozo de programa y tiene muchos aspectos poco claros. Constituye una exposición de un proyecto de país que se espera imponer a la ciudadanía con un trámite de urgencia. Es la primera vez que se presentan claramente elementos de un programa y se propone tratar con la excepcionalidad de la ley de urgente consideración cambios en el país sobre los que buena parte de la gente que votó a la actual coalición no estaba informada. Es una actitud que, entendemos, no es la correcta, por el procedimiento de excepción elegido que considera aspectos que implican cambios profundos de impacto a largo plazo, sin que la ciudadanía pueda tener los tiempos de conocer, reflexionar y manifestar su parecer, más allá de que por supuesto vamos a recibir delegaciones en caso de que esto se apruebe. Como ha expresado un señor senador, seguramente en otra circunstancia las barras estarían integradas por algunos de esos colectivos. Desde el punto de vista constitucional, los informes de los expertos que nos han asesorado son contundentes, y no me voy a explayar en eso porque ya se ha hecho.

Quiero dejar constancia de algunos de los contenidos del proyecto de ley. La ciencia política –y este sí es un argumento estrictamente político– utiliza el neologismo corporatocracia para definir un gobierno en el cual las decisiones no son tomadas persiguiendo el interés común, sino el beneficio de algunas corporaciones. Este proyecto de ley nos señala una pauta sobre cuáles serán las corporaciones que definen esta agenda. Por oposición también nos deja ver cuáles serían los sectores de la sociedad que claramente no están contemplados con la aplicación de una ley de estas características, entre ellos, recortes a derechos obtenidos por trabajadores –en artículos que consideran la ocupación como una extensión al derecho de huelga y la ley que regula la negociación colectiva–, que de alguna manera son vulnerados. Va en la misma dirección de un proyecto de ley que se está presentando en la jornada, que tiene que ver con barrer –desde nuestro punto de vista– el uso democrático de los medios de comunicación, en sintonía, en todo caso, con planteos realizados por los dueños de los grandes medios, o el beneficio a gremiales agropecuarias que reclamaban desandar una ley impulsada por Wilson Ferreira Aldunate en 1965, que permitía conocer quiénes son los poseedores de la tierra para que exista transparencia posesoria, o los privilegios a la educación privada en detrimento de la educación pública.

Por último, Uruguay ha transitado un camino que nos ha permitido avanzar en la incorporación de estándares internacionales en su sistema de prevención y control de las operaciones de lavado de activos que han contemplado el lugar que históricamente tuvo su economía como plaza financiera, que ofrece instrumentos para inversores no residentes. Estos avances se han procesado en un contexto tendiente a una mayor cooperación internacional en el combate al lavado de activos, así como a mayores exigencias para los distintos países en su sistema de control. Esas modificaciones han podido implementarse de forma gradual y han sido incorporadas por los diversos actores que participan del ecosistema, que han ido reconvirtiendo sus focos y la tecnología. Entonces, nos parece que algunos aspectos, lejos de apostar a la transparencia, van en sentido contrario, dando señales de protección a un mundo que tiene que ver con el efectivo y el anonimato.

Señora presidenta: para el Frente Amplio la urgencia pasa por la salud de la gente y saber cómo se va a distribuir el costo de la crisis actual. Podrán ser de mayor o menor grado, pero de lo que no tenemos duda –más bien tenemos certezas–, es que habrá costos. Nosotros hemos acompañado las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis. Nuestro rol está asentado sobre la base de la responsabilidad y creo que de eso no deben tener duda.

Se han tomado otras decisiones que esbozan la distribución de los costos. El impuesto de emergencia COVID-19 que afecta a los trabajadores estatales con mayores ingresos y a los cargos políticos, deja fuera de su aplicación aproximadamente al 75 % de las personas que componen el grupo con ingresos superiores a $ 80.000. Es decir, de las personas con ingresos altos –entiéndase ingresos altos los mayores a esta cifra–, el impuesto recae en uno de cada cuatro; los trabajadores estatales y los jubilados son a quienes se les aplica el impuesto y deja fuera a tres de cada cuatro personas con ingresos altos que están en el sector privado. También se mantuvo la medida de aumentar primero las tarifas públicas en forma significativa y no rever esa decisión después, peso que recae básicamente en los hogares de menores ingresos.

Para el Frente Amplio es urgente la necesidad de que aporten a esta crisis los grandes capitales y propietarios que han obtenido ganancias importantes en los últimos tiempos, más allá de las donaciones que son voluntarias, y que está muy bien que se realicen, brindando información, como se han comprometido, pero sin hacer publicidad, porque sería triste llegar a eso. Contamos con los medios para hacerlo, no es necesario inventar nada. El impuesto al patrimonio es el mecanismo que tiene el Estado para gravar la riqueza acumulada. Aunque hoy sea aplicado con tasas bajas, no es progresivo con el nivel de patrimonio, tiene muchas exoneraciones, y estamos seguros de que muchos de los colectivos que recibimos en los últimos días y que nos han expresado sus urgencias se sentirían representados.

En definitiva, es urgente que se tomen medidas que hagan que el costo de la emergencia vaya recayendo sobre cada sector de la economía en función de su capacidad contributiva, en la lógica de que pague más, el que tiene más. Urgente es el futuro de la producción alimentaria; urgente es poder salir de la crisis con una sociedad más justa, amparados en un Estado fuerte. Urgente es la situación de los trabajadores que entraron en receso, de los que perdieron su trabajo, de los que día a día tienen que enfrentarse a una pandemia que no discrimina, pero ante la que no todos se encuentran en las mismas condiciones para enfrentarla; son las ollas populares, los comerciantes inescrupulosos que se benefician de ella, los trabajadores de la cultura que vieron desaparecer su fuente de trabajo con salas cerradas, los integrantes de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes que nuclea a más de veinticinco elencos con sala y sin sala que reclaman lo que les pertenece, o sea, un fondo que en este mismo recinto fue aprobado en la legislatura pasada y que hoy se les está negando.

En conclusión, señora presidenta, estamos cuestionando el procedimiento de urgente consideración porque entendemos que es una mala institución pensada para un sistema de partidos pulverizado en los años sesenta, pero no es el caso de la actual situación. Este formato ómnibus que empaqueta muchos temas en una sola ley, es una estrategia legislativa que entendemos empeora el ámbito de la deliberación. Consideramos que la combinación es nefasta. En menos de noventa días este proyecto de ley modificará más de cincuenta leyes aprobadas mayormente en estos quince años y que insumieron un promedio de doscientos setenta y cinco días de trabajo parlamentario. Es necesario dar un debate serio –y vamos a darlo– donde participen todos los sectores de la sociedad. Para esta bancada lo urgente es la gente.

Muchas gracias.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: quisiera dejar una constancia. Lo que expresaba el señor senador Mahía con relación a la actitud o a la posición del Frente Amplio ante el presupuesto en el año 2000, cuando decidió abstenerse de intervenir para que dieran los tiempos, fue exactamente así. Ahí no había nadie que ni por asomo pensara en la posibilidad de un default. En el 2002, cuando se trataron las modificaciones al sistema financiero, la situación era otra y la Mesa Política del Frente Amplio –y no los legisladores– optó por bajar la pelota al piso y dejar que se procesaran, aunque no estábamos de acuerdo con todo. Eso se hizo porque entendimos que el Gobierno tenía que poder gobernar y en la Mesa Política nadie pensó en la posibilidad de un default, mucho menos el doctor Tabaré Vázquez. Quiero dejar esta constancia; no quiero debatir.

Por otro lado, también quiero decir que cuando se leyó el artículo 162 de la Constitución, quedó claro que se resolvió por mayoría, pero no que se haya cumplido con la presentación como Poder Ejecutivo. La presentación no hace a la forma en que se resolvió, es decir, si fue por unanimidad o por mayoría, sino a la presentación del cuerpo de ministros completo. Reitero que nos referimos a la presentación porque once ministros no constituyen el cuerpo completo. Eso deja claro que quizás hubo diferencias; si se resolvió por mayoría, pueden haber existido diferencias.

Respecto al tema que nos ocupa, mis compañeros de bancada ya se refirieron a algunos aspectos que iba a mencionar, pero luego de escuchar las argumentaciones que se hicieron en contra de eso voy a decir exactamente lo que tenía pensado. La declaración de urgente consideración de un proyecto de ley no puede ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo; este no puede inventar la urgencia sino tan solo declararla. Reitero que el Poder Ejecutivo no puede actuar en forma discrecional y menos aún en forma arbitraria. En el caso de la ley de urgente consideración, si es arbitrario y discrecional, puede transgredir ostensiblemente el principio de separación de poderes y para nosotros está claro –obviamente hay otras opiniones– que lo transgrede porque estamos en presencia de una ley ómnibus en la que se incluyen temas absolutamente inconexos entre sí.

La declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley no puede ser discrecional, tiene que ser reglada y debe surgir porque existe una situación que hay que resolver y que puede ser calificada como urgente. La urgencia no puede ser inventada o constituida por el Poder Ejecutivo; no se la puede invocar solamente por la forma del tratamiento legislativo, sino que debe surgir de los contenidos de lo que se va a tratar y de la situación que se vive en el país. Declarar la urgencia significa expresar la necesidad objetiva de resolver algo preexistente, por lo que no se puede basar en la voluntad del Poder Ejecutivo de hacer algo más rápidamente o bajo apremio. El vocablo declara tiene que ver con el hecho de dar cuenta de algo preexistente. La lógica que se instaló al establecer en la Constitución la posibilidad de calificar una ley como de urgente consideración fue la de ceder garantías a cambio de la urgente necesidad de gobernar frente a un fenómeno imprevisible que, si no se enfrenta, puede comprometer a la república. Pero está fuera de toda lógica considerar que el elevadísimo número de temas contenidos en esta ley de urgente consideración es objetiva y razonablemente urgente. Hay, por ejemplo, artículos relativos al régimen de prescripción civil o sucesiones, que pretenden modificar disposiciones del Código Civil redactado por Tristán Narvaja en el siglo xix y han sobrevivido hasta la fecha sin que se hubiera planteado con fuerza la necesidad de modificarlas. Resulta que ahora, de buenas a primeras, pasó a ser algo de urgente consideración. ¿Alguien de los acá presentes cree en serio eso? Señalo esto porque se habló de los últimos quince años y yo estoy hablando de hace más de un siglo y medio.

La declaratoria de urgente consideración del proyecto se hizo por razones que no se ajustan a su propio sentido y fue establecida, al decir de Juan Pablo Cajarville, con un vicio jurídico de origen, se actuó con fines ajenos al servicio o actividad que jurídicamente debe cumplir. Esto fue dicho, pero voy a repetirlo: «Lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se transgreda de manera indirecta». Conforme a lo que dispone la Constitución, «el Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente». La prohibición es contundente y no deja lugar a dudas. ¿Cómo se ha procedido para anular una prohibición de manera tan flagrante? Por la forma indirecta de introducir varios proyectos diferentes bajo la misma denominación «de urgente consideración». Se trató de aglutinar todo en una ley ómnibus, que, en rigor, serían varias leyes que podrían ser promovidas con carácter de urgente consideración.

La inconstitucionalidad por la fuerza ostensible de este argumento es clarísima. ¿Qué tienen que ver los artículos de reforma del Código Civil que mencioné hace un rato con el chorizo artesanal, la reglamentación del derecho de huelga, el pago de los salarios en efectivo, la libre importación de combustibles, el gobierno del sistema educativo, la permanencia o no en las tierras que pertenecen al Instituto Nacional de Colonización o el traslado de la Dirección Nacional de Hidrografía desde la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la de la Administración Nacional de Puertos? Nada, no tienen nada que ver; son temas absolutamente diversos, sin conexión de clase alguna, completamente diferentes. Sin embargo, se unificaron todos bajo el título «de urgente consideración».

Esto es todavía más claro teniendo en cuenta que, desde hace varias semanas, hay una situación que nos abarca a todos y que sí ameritaría una ley de urgente consideración; no obstante, no podría presentarse después de haber ingresado esta. Claro, se podrá decir que, si el problema es tan importante, es seguro que se va a contar con la buena disposición del Frente Amplio en la oposición. Eso es cierto, pero permítame decirle, señora presidenta, que el Poder Ejecutivo abusa no solo en la interpretación de la norma, sino también de la buena disposición del Frente Amplio. Hasta ahora hemos venido votando a tapa cerrada las venias y los proyectos de ley que se han presentado, pero no hay que abusar, sobre todo cuando se pide tanto y se da tan poco. Se habla del esfuerzo que todos debemos hacer, pero no se tienen en cuenta –y ni siquiera se responden– las iniciativas que se aportan. Quizás eso sea porque las crisis nunca afectan a todos por igual o porque tenemos distinta sensibilidad con respecto a los afectados a los que se les pide que se queden en casa –los que no pueden trabajar, los que no tienen derecho al seguro de desempleo, los que pierden la mayor parte de la clientela cuando la gente se queda en la casa–, pero no se les da los recursos suficientes para que lo hagan; quizá tengamos distinta sensibilidad a la hora de pedir un esfuerzo para aumentar el aporte al fondo coronavirus también a quienes tienen más recursos para hacerlo; quizá tengamos distinta sensibilidad cuando entendemos que no alcanza con una canasta de alimentos, que hay que proporcionar lo que se necesita para alimentarse, para sobrevivir, para pagar el supergás, el alquiler, las tarifas de luz y agua, los medicamentos, es decir, todo lo que necesitan los más sumergidos para vivir. Para ellos pedimos encarecidamente un ingreso transitorio equivalente a un salario mínimo nacional. Por lo menos hay que responder cuando se hacen aportes en ese sentido y cuando se pide un diálogo más fluido para enfrentar esta problemática.

Señora presidenta: el Poder Ejecutivo no solamente abusa, sino que inicia un camino muy peligroso, pues de aquí en adelante deja establecida la posibilidad de marcar la cancha para que al inicio de próximos Gobiernos se presenten leyes de urgente consideración en las que se incluyan los principales elementos del programa de gobierno del partido que triunfó en las elecciones. Se puede creer que con un 29 % de apoyo electoral se recibió el apoyo pleno de la ciudadanía y eso los haga sentir que tienen las manos libres para hacer cualquier cosa. Insisto, esto puede dejar un precedente polémico y peligroso para que otros sigan el camino que está iniciando ahora el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley de urgente consideración que rebaja el contenido de nuestra democracia y desvirtúa el debate que permite tratar correctamente el contenido de las leyes que entran al Parlamento.

Esta declaratoria de urgente consideración –también fue dicho– hiere gravemente el principio de separación de poderes, que no consiste solamente en que el poder del Gobierno se distribuya entre varios centros de autoridad en lugar de ser ejercido por una sola persona u órgano; debe haber un equilibrio para que no haya predominio de un poder sobre otros. Como dijo la señora senadora Cosse, cada poder tiene el ejercicio de su propia función de manera predominante, pero no exclusiva. El Poder Legislativo tiene el ejercicio predominante de la función legislativa, pero además, secundariamente, ejerce algo de las otras funciones: venias, ceses, llenado de cargos. A su vez, el Poder Ejecutivo tiene el ejercicio predominante de la función administrativa, pero lateral o secundariamente participa en la función legislativa, tanto en la iniciativa como en la promulgación o el veto de las leyes. Eso es cierto y también lo es que se puede hacer cosas diferentes al mismo tiempo.

Lo que nosotros planteamos es que, una vez presentada la LUC, el Parlamento no puede tratar otra urgencia. No es posible –a pesar de que acá se dijo– que el Poder Ejecutivo pueda resolver temas de carácter legislativo.

El problema que surge es que, en el caso de una ley de urgente consideración, si no se aprueba o rechaza en los tiempos previstos, queda aprobada en los mismos términos en que la envió el Poder Ejecutivo y se transforma en una ley vigente a partir de una aprobación ficta –por así decirlo– del Poder Legislativo. Esto está previsto –como ya dijimos– para los casos en que la urgencia se deba a que se den ciertas situaciones o haya hechos preexistentes de naturaleza urgente. Esto generalmente constituye una situación excepcional, pero no es el caso de una ley ómnibus de quinientos un artículos de naturaleza diferente en cuanto a su temática y a su consideración como urgente.

En este caso, la declaratoria de urgente consideración no ha sido tal, sino que, confundiendo la forma –el tratamiento legislativo– con el contenido de lo que se va a tratar, la declaración ha consistido en la creación de una urgencia no existente en términos reales. Los argumentos esgrimidos públicamente para defender la constitucionalidad de esta declaratoria no parecen haber sido acertados. El presidente de la república manifestó en muchas ocasiones, incluso desde antes de la campaña electoral, que iba a proponer una ley de urgente consideración en caso de ganar las elecciones. Tienen razón, lo dijo; eso fue exactamente así. En ese momento, desde distintos sectores políticos hubo un rechazo muy fuerte por esa afirmación. Me preguntaron qué pensaba al respecto. Cada vez que me hicieron la pregunta mi respuesta fue la misma: antes de opinar tengo que conocer el contenido del proyecto de ley; no puedo opinar sobre una afirmación que anuncia la voluntad sobre el carácter del proyecto de ley, pero no expresa claramente un contenido. Decir que el contenido estaba en el programa del Partido Nacional no ayudaba en nada a comprender qué se pretendía hacer. Pues bien, ahora que conozco el contenido puedo afirmar que el presidente fue coherente con el anuncio que hizo durante tanto tiempo. Efectivamente envió un proyecto de ley de urgente consideración. Eso habla de la coherencia del presidente, pero no nos dice absolutamente nada sobre la constitucionalidad y la oportunidad de la ley, que es precisamente lo que se está considerando ahora. Incluso, se pueden utilizar las palabras del presidente para demostrar exactamente lo contrario. Haber anunciado un proyecto de ley de urgente consideración hace ocho meses y no haber tenido en cuenta la verdadera cuestión de urgencia que nos golpea hoy significa que el proyecto de ley fue concebido desde una posición claramente política e ideológica –es lo que alumbra al proyecto de principio a fin– y no considerando las necesidades del momento actual. Tampoco vale decir –como se ha dicho públicamente– que lo que no está prohibido con respecto a una ley de urgente consideración está permitido. Esta afirmación pasa por arriba lo que la Constitución establece para considerar una ley como de urgente consideración: el hecho de que la situación de urgencia sea preexistente a la declaración. Menos aún es de recibo lo que también se ha dicho al comparar la ley de urgente consideración con la ley de presupuesto porque esta última también tiene plazos preestablecidos para su aprobación. La única diferencia –y nada menos– es que si no se agota el tratamiento de la ley de urgente consideración queda automáticamente aprobada. Si sucede lo mismo con el presupuesto y no se agota su tratamiento, queda rechazado y el país se queda sin presupuesto salvo que aparezca un vicepresidente que pare el reloj o el almanaque y siga el debate hasta que se apruebe. ¡Vaya diferencia!

Señora presidenta, por lo expuesto, por el texto, el contexto y los fines que este proyecto persigue creemos que no es constitucional, no es oportuno y no se puede titular como de urgente consideración y, por lo tanto, lo rechazamos en todos sus términos.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: no voy a abundar demasiado ahora; basta con buscar en Google las declaraciones de Vázquez solicitando el default. No es el tema que estamos discutiendo, pero si se me niega la realidad debo expresarme. Y cito textualmente: «Vázquez reafirmó, ayer en su audición semanal de CX 36, sus dichos de la semana pasada, cuando afirmó que el país estaba en default y que el canje “amistoso” de la deuda pública con los tenedores de bonos, no es solución suficiente para los problemas del Uruguay». Pueden buscarlo en Google, está entrecomillado. Lo dijo y lo reafirmó porque lo atacaron desde su propia fuerza política que en aquel momento era Encuentro Progresista-Frente Amplio. Esto no tiene que ver con el fondo del proyecto de ley, pero si se me alude en forma directa intentando negar algo que es un hecho de la realidad, no lo voy a dejar pasar. ¡Búsquenlo en Google! Se van a aburrir de ver referencias y, como dije, está entrecomillado. Si no lo habían entendido, lo reafirmó y todavía dijo que no había que asustarse de que hubiera diferencias dentro de la fuerza política.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: creo que los uruguayos están esperando que todo el Senado de la república tenga la altura que corresponde como para poder manifestar las diferentes opiniones y que los uruguayos de todos los partidos políticos juntos le ganemos al coronavirus, a la COVID-19. También se espera que juntos no perdamos las esperanzas o las expectativas de ver la cantidad de cosas que nos unen y no las que nos diferencian. Pero hoy siento que desde que llegamos se tiene una clara intención de división, porque nadie busca un acercamiento ni tiende la mano diciendo al otro que no está en su sano juicio, que es antidemocrático, que es abusador, que falta el respeto, que no vino la barra o diciendo que este proyecto de ley, que se ha confeccionado con el esfuerzo y el trabajo de mucha gente y de los partidos políticos –en el caso de nuestro partido que con humildad puedo decir que fue el que más gobernó; en lo personal, el más grande de la historia, y que se responsabiliza en todo el tratamiento de esta ley–, puede ser llamado «ómnibus», «chorizo», o que es inconstitucional. ¡No es así! ¡La LUC es constitucional! Eso tiene que quedar claro y debe dar tranquilidad a todos los uruguayos porque estamos tratando una ley constitucional. Además, a los legisladores de la oposición les transmito que esta ley recién está ingresando al Parlamento y, por lo tanto, se le pueden hacer muchos aportes. Muchos temas se tratarán en la comisión que se va a conformar cuando termine esta discusión. Hay muchas cosas que pueden cambiar en esta ley, pero la estamos dando por cerrada, por definida y de esa manera nos estamos perdiendo de la buena disposición y de la muy buena capacidad de muchos de los legisladores de mi país, que no pertenecen a mi partido político, pero que podrían aportar a esta ley que es fundamental para el Gobierno del Uruguay.

Puede haber división y sí hay diferencias, pero estamos para recibir aportes. Estoy seguro de que en el desarrollo, cuando se comenten algunas ideas, se darán cuenta de que estamos abiertos a más consideraciones de las que piensan. Pero quiero dejar claro que la LUC, la ley de urgente consideración, está prevista en nuestra Constitución, por lo que no puede decirse que utilizar este mecanismo sea inconstitucional. No puede ser inconstitucional lo que está previsto en la Constitución de la república. En ese sentido, la respaldamos, la apoyamos y hasta coincidimos; es legítima y nuestra Constitución es sabia al delegar en el Poder Ejecutivo las competencias del Poder Legislativo y establecer que, si el Poder Legislativo no se pronuncia en determinado tiempo, la ley termina siendo aprobada. Lo que hace la Constitución es ponerle plazo al Poder Legislativo. Se podrá discrepar, pero es constitucional. No hay ninguna norma en la Constitución de la república que diga cuál debe ser el contenido de la LUC. La única prohibición que tiene es que se requieren mayorías especiales para ser aprobada, de dos tercios o tres quintos, pero sobre qué contenidos…

(Intervención de un señor senador que no se escucha).

–Lo dejé hablar señor senador y lo escuché toda la mañana. Sobre los contenidos no se dice nada.

Sobre esto acá también se ha hablado de lectura rápida, de absurdo y ridículo; no es así. Voy a mencionar al doctor Jaime Ruben Sapolinski, docente y grado 5 de mi país. Ni ridículo ni absurdo, y estoy seguro de que si miran su currículo verán que de ninguna manera hace lecturas rápidas. Así que por eso, señora presidenta, no voy a permitir que me griten cuando, en este Parlamento, estoy acostumbrado a pedir interrupciones y a darlas.

Continúo con mi exposición.

El Frente Amplio también dice que los temas contenidos en la LUC no serían urgentes. ¿Quién puede decir qué es urgente y qué no lo es? ¿Quién determina la urgencia de un tema para el país? Quizá, si lo dijeran con más humildad… Pero el que determina la urgencia es el presidente de la república. Así lo consideró, así lo manifestó –incluso, nos convenció a nosotros de votarlo en noviembre– y así se lo dijimos a todo el país: el eje del debate fue esta iniciativa, y los uruguayos eligieron al presidente Luis Lacalle Pou.

Por lo tanto, también me parece –y no acuso recibo– que el hecho de que algún legislador de la oposición transmita o diga que los uruguayos ganaron una elección sin leer la ley propuesta es subestimarlos. Y lo digo yo, que pertenezco a un partido que hace muchísimo rato no gana una elección, pero jamás iría contra lo que decidan los uruguayos; tres veces eligieron al Frente Amplio y, en otras ocasiones, a otros partidos políticos. Hace rato que a nuestra generación le ha estado tocando vivir los momentos más difíciles de nuestro partido.

Para nosotros, señora presidenta, son urgentes las herramientas previstas en este proyecto para el ministro Larrañaga; para nosotros es urgente que el ministro Larrañaga, designado por el presidente, tenga todas las herramientas que necesita para poder combatir la delincuencia y los tristes episodios que han venido sucediendo en este país. ¡Para otros tal vez sea una sensación térmica, pero para nosotros es urgente! La situación que nos ha tocado vivir todo este tiempo es urgente.

Y, ¿sabe qué, señora presidenta? Usted hoy pidió que nos centráramos y no nos saliéramos del tema. Todo esto es seguridad, señora presidenta; todo esto es lo que vamos a considerar cuando empiece a trabajar la comisión y se estudien todos los temas. Lo que figura en azul es el texto que se quiere agregar y lo que aparece en rojo es el proyecto de ley tal como está. Queremos hacer varios cambios, varios aportes y dar las herramientas, cuanto antes, a las autoridades nacionales, porque ese fue uno de los temas que transmitimos en su momento y es urgente.

Además, señora presidenta, nosotros, que estuvimos cinco años en el Parlamento, sabemos que algunas iniciativas quedaron en los cajones; algunas no entraron ni en el orden del día. Se presentaron muchos proyectos de ley y quedaron ahí, porque la agenda la marcaba un solo partido político y el orden del día lo marcaba un solo partido político; se marcaba y se decía qué era importante y qué no. Algunos no están acostumbrados, pero se van a tener que dar cuenta de que hay más opiniones, y opiniones distintas. ¡Se van a tener que acostumbrar!

Y ¿saben qué? ¡Fui legislador y jamás me entregué! Sabía cuáles serían los resultados de la votación; siempre sabía que al final íbamos a perder, pero buscaba y tendía puentes en serio –realmente– con determinados legisladores del Frente Amplio para aportar a algunas leyes que ciertamente se iban a aprobar. Varios de ellos saben que sí hice muchos aportes, que sí busqué la reducción del daño y que sí trabajé, a pesar de no estar en un escenario en el cual pudiera sentir que al final del día iba a poder votar. Pero trabajé, iba a la comisión, aportaba.

Acá hay cuestiones importantes porque a nosotros también nos preocupa; nadie se nos va a quedar con el escudo de los débiles, porque es una bandera que levantamos toda la vida. A nosotros también nos preocupan los más humildes.

En este proyecto de ley no hay solamente una cuestión de chorizos, de esto o de aquello; también hay temas importantes que quedaron en los cajones. Por ejemplo, para combatir los asentamientos –para mencionar esa hermosa herramienta social, una de las más grandes–, un correligionario suyo, señora presidenta –en un Gobierno nuestro–, creó Mevir, que fue un instrumento fenomenal para terminar con el rancherío en la ruralidad. Sin embargo, el doctor Bordaberry presentó el proyecto de ley del Meviur –el Mevir urbano–, y ahí está.

Estamos alineados con casi todas las normas de seguridad y queremos dar esas herramientas al ministro. Quienes estuvieron acá durante todo el período pasado saben que nos cansamos de proponer proyectos de ley para mejorar la seguridad, saben que hay una batería de iniciativas que se llaman «doctor Pedro Bordaberry» y que están presentes en este proyecto de ley con declaración de urgente consideración que a partir de hoy empezamos a tratar.

También hay normas referidas a recursos para financiar tratamientos de alto costo, al fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes, al control de las sociedades propiedad del Estado, a reglas fiscales, etcétera. Asimismo, el exsenador Amorín presentó propuestas con respecto a la portabilidad numérica. ¡Hemos trabajado y hemos aportado!

Aclaro que estos temas pasaron a ser urgentes porque hace cinco y hasta diez años que estamos esperando. Es la manera en que queremos poner nuestra impronta; es el mandato que nos dieron los uruguayos el 27 de octubre y, después, el 24 de noviembre.

No hay una materia propia de las leyes con declaratoria de urgente consideración; el contenido depende del ejercicio discrecional de la potestad de iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo y de la sanción del Poder Legislativo, que es el dueño de la situación y que puede rechazar el proyecto de ley, modificarlo o aprobarlo. Todo está dentro de las posibilidades que plantea la Constitución. No hay en la norma constitucional un límite con respecto a si el proyecto de ley debe tener cuatrocientos cincuenta o doscientos veinticinco artículos; en ningún lugar dice cuántos tienen que ser. ¡Vamos a ser un poco más buenos! En ningún lugar se dice que va a ser más o menos eficiente algo que se va a empezar a tratar. Entonces, señora presidenta, no podemos arrancar un debate intentando desde ya generar una debilidad ante la cantidad de ciudadanos que están pendientes de si estamos ante algo inconstitucional. ¡No! ¡Estamos ante un proyecto de ley constitucional!

Apoyamos enfáticamente todas las normas sobre seguridad que propone el señor ministro Larrañaga, que está enfrentando una verdadera urgencia en la materia. Ya mostraremos el material que vamos a ir desarrollando cuando se empiece a tratar el tema.

En varias ocasiones se ha preguntado si hay algún aporte con respecto a los negocios jurídicos y su monto; si se entiende que no debe ser de cien mil, sino de veinte o treinta mil, ¡no sé! En fin, es una historia de noventa días que primero se va a desarrollar, primero en el Senado y, después, en la Cámara de Representantes. En lugar de intentar generar escenarios donde parece que todo queda nuevamente bajo sospecha, ¡que se hagan aportes concretos y trabajemos en ellos!

Estamos tratando uno de los proyectos de ley más importantes para la historia de los próximos cinco años y de entrada traen a colación lo dispuesto por el artículo 160 y por el 162 para ver si hay divisiones o fricciones. Sí, tenemos diferencias porque somos una coalición en la que el Partido Nacional es el Partido Nacional, el Partido Colorado es el Partido Colorado y Cabildo Abierto es Cabildo Abierto. Y somos tres partidos políticos distintos, que hemos decidido trabajar sobre nuestras coincidencias, no sobre las diferencias, para intentar sacar adelante a nuestro país, a la República Oriental del Uruguay, la que nos parece buena, divina y a la que queremos siempre, gobernándola o no. ¿Sabe qué, señora presidenta? Si tendré expectativas de que no tenemos que jugar al partido ya cerrado y de enfrentamientos, que en cuanto a la creación de un ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estoy convencido –también intentaré convencer a mis compañeros– de que ya tiene rango ministerial; sin dudas lo tiene, y hoy por hoy el Uruguay necesita muchísimo más un ministerio de Ciencia y Tecnología que uno de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, de acuerdo con la situación que estamos viviendo, voy a proponer la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presidente de la república ha encomendado al director de la OPP, contador Alfie, y a otros prestigiosos ciudadanos que nadie sabe de qué partidos son, que encaren esta etapa. Hay que apostar a lo científico y tecnológico, y dar a esos temas rango ministerial. Me refiero a un proyecto de ley que tiene varios años y que fue presentado por nuestro partido para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como candidato nacional no me fue bien, pero su creación estaba en el programa de gobierno cuando me postulé como vicepresidente de la república. En ese programa de doscientas cincuenta páginas también trabajaron los técnicos de mi partido. Hoy siento que podríamos avanzar hacia allí, y podría seguir, señora presidenta, pero principalmente nos esperan cinco años. Todos saben que yo tengo un sueño –más bien a corto plazo–, que también tuve en el período pasado cuando estuve aquí presente. Hay que tener la mano tendida y buen relacionamiento. El Uruguay está esperando lo mejor de cada uno de nosotros para poder salir de este difícil momento. Lo digo con total libertad porque esta bancada es de mi partido, pero soy un hombre libre. Les digo con claridad y tranquilidad que el escenario está abierto. Mi partido está tomando algún que otro lineamiento y percepción, y está convencido de no apoyar algún que otro proyecto de ley. Yo, que participé en la lista 15, que visité los CAIF, los colegios y compartí mucho con el expresidente Batlle, voy a votar la desmonopolización de Ancap, porque quiero que compita, como lo hizo Antel, que les ganó a todos y logró que, desde Masoller, de Mataojo, de Pueblo Fernández, todos pudieran hablar por celular. Lo mismo pasa con el Banco de Seguros, que tiene el 75 % del mercado. Soy batllista e hincha de las empresas del Estado, pero también quiero que compitan, porque estoy convencido de que es el lineamiento que tenemos que seguir.

Por lo tanto, me siento tranquilo al transmitir estos conceptos. Principalmente, digo que esta es una herramienta que los uruguayos votaron el 24 de noviembre. Es un trabajo de mucha gente que estaba convencida de que había que cambiar, y cambió. Todo esto, señora presidenta, no es antidemocrático, absurdo ni muchas otras cosas que fueron dichas aquí.

Voy a redondear: la LUC es constitucional.

Muchas gracias.

14) FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se me informa que los coordinadores de bancada se han puesto de acuerdo en pasar a tratar uno de los proyectos cuya urgencia se votó –pero cuya consideración se postergó–, para que luego de la aprobación en el Senado pase a la Cámara de Representantes a los efectos de cumplir con los plazos.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicitamos que en este momento se pase a considerar el proyecto de ley relacionado con la feria jurisdiccional extraordinaria, cuya urgencia fue votada –los señores senadores tienen ahora en sus bancas el repartido correspondiente–, ya que a las 15:00 comienza a sesionar la Cámara de Representantes y tiene que recibir esta iniciativa para su consideración.

Es por esa razón que solicitamos que se interrumpa el debate que veníamos desarrollando para pasar a tratar este tema, y luego continuaremos con la discusión de la moción que tenemos a consideración.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador, teniendo en cuenta la negociación llevada adelante por los coordinadores de bancada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia se votó oportunamente: «Proyecto de ley por el que se establece la suspensión de plazos procesales y una feria jurisdiccional extraordinaria. (Carp. n.º 145/2020 - rep. n.º 49/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulamos moción para que se suprima la lectura y se vote en bloque el proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

15) LEVANTAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN PARA EL PROYECTO ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO

SEÑORA PRESIDENTA.- Proseguimos con la discusión de la moción presentada por la bancada del Frente Amplio vinculada con el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me parece oportuno el planteo hecho por la señora presidenta en cuanto a que no entremos a discutir el contenido del proyecto de ley de urgente consideración. Sin embargo, vi que en algunos casos eso se ha hecho ya que, por ejemplo, un senador decía que lo importante aquí era referirse a la declaración de urgente consideración del proyecto de ley, sin perjuicio de lo cual por momentos se cuestionaba por qué era urgente tal cosa o por qué era urgente tal otra. Entonces, a mi entender, está bien la señora presidenta cuando nos permite expresarnos.

Por otro lado, quiero referirme a otro aspecto, luego de lo cual comenzaré con la exposición que había preparado. Se dice que estamos atrasados frente a otros países del mundo –que han adelantado en este tipo de propuestas liberales en lo económico y también en lo cultural–, y que es por eso que se presenta este proyecto de ley. Nosotros decimos que, justamente, esta pandemia ha logrado que esos países –que supuestamente habían avanzado– se den cuenta de que habían hecho mal y que tienen que reconsiderar esas políticas que habían llevado adelante.

Señora presidenta: pensamos que este proyecto de ley no se presenta en un momento que podría considerarse oportuno; por el contrario, es bastante inoportuno. Nadie pone en duda que estamos en un momento muy particular de la humanidad, del mundo y, por ende, de nuestro país. Es un momento sumamente particular y crítico porque toda nuestra realidad, hasta el comienzo de esta pandemia, era radicalmente diferente a la que hoy vivimos. Lo que antes era normal hoy se tornó impracticable o prohibido. Y en un momento en que nuestra vida y la de los demás es el bien por cuidar, el más preciado, la coalición que gobierna ha entendido que es el adecuado para tratar un proyecto de ley de urgente consideración.

Se trata de una iniciativa que, por su propia característica, al ser declarada con ese nombre, nos obliga a disponer de solo cuarenta y cinco días para tratarla en esta cámara. En realidad, son menos porque ya transcurrieron algunos. A su vez, estoy sorprendida por la última noticia que acaba de darnos nuestro coordinador de bancada: mañana se instala la comisión y recién el próximo lunes se va a retomar su consideración. Quiere decir que perdemos diez días –desde el viernes 24 de abril hasta el próximo lunes– para comenzar a tratar el proyecto. Y se pretende decir que no queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar, queremos que se escuche a todos los que quieran ser recibidos porque creemos que los integrantes de la comisión tenemos el deber de intercambiar con todos aquellos que quieran aportar su visión sobre esta iniciativa.

Este proyecto de ley fue pensado, en sus términos más gruesos, antes de las elecciones. En el mes de febrero se presentó un borrador que, aunque ha sido modificado en algunos artículos, la mayoría de sus conceptos persisten en el texto final. Es un proyecto de ley pensado y creado antes de la pandemia, pero que se presenta tal como si nada hubiera sucedido en estas semanas. Incluso, no se hace mención de alguna política a desarrollar dada la situación actual. Por el contrario, cuando en momentos como este pasamos a valorar mucho más lo público y el poder del Estado como protector de los ciudadanos, de sus instituciones, de sus entes, etcétera, se continúa con la versión anterior a la pandemia en el sentido de querer avanzar en privatizaciones. Esto se ve claramente –aunque se pretenda disfrazar con otros nombres– en la pérdida del monopolio de Ancap, en abrir Antel a la competencia, en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública a través de incorporar lo privado en toda la estructura, etcétera.

Es una iniciativa que, con sus quinientos un artículos, se nos volverá imposible debatir a través del intercambio serio y responsable que hubiera requerido la gama gigantesca de temáticas que contiene. Estoy hablando de un intercambio y de un debate que deberían extenderse a la sociedad toda porque toca y modifica gran parte de áreas construidas, no solo en los Gobiernos del Frente Amplio, sino también –como aquí se ha dicho– desde mucho antes. Pero en estas condiciones ese debate resulta imposible. También resulta imposible que aquellos que quieran manifestarse –como ha sucedido en la historia del movimiento sindical y de las organizaciones sociales en nuestro país, que a través de su movilización expresaron su posición y presionaron para lograr avances o evitar retrocesos, como sería este caso, en muchos aspectos– puedan hacerlo, por las condiciones de aislamiento y distanciamiento social que tenemos en el presente.

El asunto es que por la forma de tratar este proyecto de ley perdemos la esencia democrática que deberíamos tener en un debate de esta naturaleza. Recordemos que Uruguay no en vano es reconocido como una de las democracias plenas del continente. Creemos que en este tema retrocedemos en calidad de nuestra democracia y lamentamos que todos los senadores de la coalición de gobierno estén de acuerdo en esto. Hemos puesto mucha atención a lo expresado por el señor senador del Partido Colorado y esperamos que se puedan hacer muchísimos cambios a este proyecto de ley.

Deberían considerar la posibilidad de separar temáticas para tratarlas como leyes, para que pueda darse ese debate al que hice referencia o, como estamos presentando en nuestra moción, que se deje sin efecto la declaración de urgente consideración.

Cuando concurrí a uno de los talleres que se dieron en el inicio de este período en el edificio anexo, escuché a un diputado del Partido Nacional del departamento de Flores decir algo que me gustó mucho. Incluso, en la pausa del taller me acerqué a saludarlo y comentarle lo que había dicho. Manifestó ante todos los presentes que en el período pasado –en el que había sido legislador– siempre se había sentido cómodo con el manejo de los tiempos, que había tenido tiempo para debatir los temas que se presentaban, sin apuros. La verdad es que eso me hizo sentir orgullosa porque así concibo la democracia: creo que es un ámbito en el que todos podemos opinar, sacarnos dudas, intentar convencernos con argumentos. Eso pasó en el período en que gobernaba la fuerza política que integro, el Frente Amplio, y ese legislador lo reconoció públicamente. Ahora, lamentablemente, no podemos decir lo mismo.

Las leyes de urgente consideración son un mecanismo excepcional con el que cuenta el Poder Ejecutivo. Por tanto, debe utilizarse con extrema precaución. Este mecanismo fue establecido en la Constitución de 1966, que tenía un marcado sesgo presidencialista, porque si esta clase de leyes no son aprobadas en la cámara correspondiente en los plazos establecidos, se dan por aprobadas en forma ficta. Ese es uno de los grandes problemas de la ley de urgente consideración. Todos los demás proyectos de ley que tienen un tratamiento común, si no son aprobados, se dan por desechados. Entonces, no vale que se diga que trataremos este proyecto de ley de la misma forma en que se considera el presupuesto u otras leyes. En una ley común no hay tantos temas –y a eso hacemos referencia expresa–, y en las demás leyes tampoco se da esto de que, de no aprobarse en el tiempo establecido, queda aprobada de hecho. Si el presupuesto no se aprueba, rige el anterior, y de no aprobarse cualquier proyecto de ley, se considera denegado. Sin embargo, en este tipo de leyes el que tiene la llave es el Poder Ejecutivo, y se necesita una mayoría muy alta de tres quintos de miembros de la cámara para denegar la condición de urgencia.

En lo que respecta a la declaratoria de urgente consideración, el doctor Korzeniak dice que los temas regulados deben tener razonable urgencia de ser resueltos. Esta no es solo una consideración de sentido común, sino que se deriva del carácter declarativo de la urgencia. El Poder Ejecutivo no debe inventar o constituir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Por tanto, no puede ser un atajo para la aprobación sumaria de una ley. En este caso, los temas de la ley de urgente consideración no son urgentes. ¿O se dirá que cambiar a la vez sin profundizar es urgente? Sabemos que no, y quienes tienen honestidad intelectual saben que este no es el modo.

Se dice que en la campaña electoral el presidente prometió enviar un proyecto de ley de este tipo, y es verdad, pero recuerdo también que nunca se detalló específicamente el innumerable cúmulo de temas que abarcaría. En aquel momento yo me preguntaba cómo podía darse una carta en blanco sin saber el contenido concreto. Evidentemente, se le dio. Hoy conocemos cuál es el contenido y, si bien es verdad que la gente votó por un presidente integrante de una coalición, también es cierto que una importante masa de personas –casi la misma cantidad– tomó la otra opción. Estas personas merecen también respeto y no se puede avasallar con abuso de poder como en este caso se pretende, ya que el ejecutivo está forzando al legislativo a pronunciarse de manera urgente para imponer, más que una ley, un programa de gobierno que nos retrotrae a otras épocas. Si no fuera así, ¿por qué incluir normas relativas a la seguridad que conformaban el plebiscito «Vivir sin miedo» que la población dijo que no quería? Acá se mencionó el plebiscito diciendo que obtuvo un gran porcentaje, pero salió negativo, cuando se habla tanto de los plebiscitos y de las consultas populares.

¿Por qué se incluye privilegiar en una ley de este tipo la incorporación de privados en la educación, borrando parte de nuestra historia vareliana, parte de nuestra escuela pública? Varela decía: «La educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos». De ahí, pues, el rol fuerte del Estado en esta área.

Sin embargo, aquí se apuesta fuertemente a incorporar lo privado en todos los ámbitos educativos, incluso en las autoridades de la educación sean quienes sean. Se quita la exigencia de que hayan trabajado al menos diez años en la educación pública y, lo más grave, se hace desaparecer a los consejos desconcentrados, dejándolos como directores de carácter unipersonal. Desaparecen los consejeros electos directamente por los docentes en cada rama. Cuando nos llenamos la boca hablando de democracia, en este proyecto de ley se borra –sin embargo– de un plumazo la posibilidad de elección democrática de los docentes.

En las Comisiones Departamentales de Educación se propone integrar a los representantes de instituciones privadas y eliminar que el Sistema Nacional de Educación Pública reglamente y habilite la autorización a instituciones privadas para los cursos a distancia, etcétera. Así se propone introducir otros cambios en lo que hace a la esencia de nuestra educación pública, pasando esta a regirse –si este proyecto de ley es aprobado– por criterios gerencialistas propios de la gestión privada.

Asimismo, hay muchos otros cambios en materia de educación: ya no se asegura la extensión de tiempo pedagógico, la actividad curricular a nivel de primaria y media básica; se suprime la obligación de los padres o responsables de inscribir en la educación a niños o adolescentes; se suprime la formación en educación; se cambia el foco del propósito de la educación primaria; se quita el concepto de educación formal en el marco de una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida; se agrega que la educación en la primera infancia no es obligatoria y que cuando la educación de tres años tenga carácter formal se la considerará educación inicial no obligatoria. Además, se suprime la descripción acerca de que el Congreso Nacional de la Educación es el ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación; se modifica al menos su convocatoria; se otorga a las direcciones de los centros la potestad de nombrar a los docentes, pasándole por arriba –y esto es muy importante– a una historia en primaria –donde trabajé tantos años– de elección de cargos por concurso y no a dedo, en este caso, por el director de un centro. Y podría seguir enumerando muchos cambios que se proponen.

Saliendo del ámbito de la educación –el tiempo es limitado y no podemos abarcar la inmensidad de temas de la LUC–, queremos referirnos a algunos cambios en el área de las políticas sociales, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social.

En primer lugar, se percibe un cambio de paradigma: se pasa de ver a los ciudadanos como sujetos de derechos para verlos como receptores de beneficios. Se eliminan potestades relevantes del Mides, como la de ejecutar y coordinar planes de atención a la emergencia social.

En cuanto a los institutos que atienden sectores específicos de la población, como la juventud, las mujeres y los adultos mayores –el INJU, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Personas Mayores– se elimina o debilita el papel rector de sus temas específicos. El Instituto Nacional de las Mujeres, que a nivel nacional tenía el rol rector en las políticas de género, vería debilitada su rectoría y pasaría a centrarse en el tema de la violencia doméstica. Parece que no se incorporan elementos de la ley sobre violencia de género, que van más allá de la violencia doméstica. Evidentemente, este es un tema que nos preocupa y mucho, pero no preocupa exclusivamente a las mujeres. Como sabemos, aún queda mucho por avanzar en diversos ámbitos para llegar a una sociedad igualitaria respecto a los derechos de las mujeres.

Al Instituto Nacional de las Personas Mayores, por su parte, se le cambia la categoría de órgano rector y pasa a ser una dirección. También hay cambios en el sistema de adopciones. La eliminación del rol rector de ese instituto es muy grave, porque da por entendido que esa función de rectoría no es necesaria para este grupo poblacional; sin embargo, durante la última década esa función permitió incidir en una ampliación de la agenda temática que el Estado debe abordar para proteger los derechos de las personas mayores de manera integral.

Entre otros cambios importantes, mencionamos que este proyecto de ley de urgente consideración quita relevancia al consejo consultivo –ahora denominado consejo asesor– y reduce la participación de la sociedad civil. Esta disminución repercute negativamente en las posibilidades de ampliación de la agenda porque se restringe la diversidad de intereses.

Además, este proyecto de ley utiliza un lenguaje sexista y desactualizado al mencionar a las personas mayores como «adultos mayores»; esa locución ha sido superada a partir de la convención donde se acuerda que la expresión apropiada para referirse a este grupo de la población es el de «personas mayores».

En el área de la discapacidad hay cambios que también requieren atención. Por ejemplo, se crea una comisión especial, pero en ella no tienen incidencia las propias personas con discapacidad ni los trabajadores organizados que conocen del tema. Estas son algunas de las preocupaciones que inquietan a las organizaciones que nuclean las diferentes situaciones de discapacidad, entre las que nos consta están las que atienden problemáticas derivadas del trastorno del espectro autista, TEA.

Con referencia al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tenemos muchas dudas en cuanto a su continuación y profundización. Este sistema, que ha servido de mucha ayuda a las familias, justamente en momentos en que se cuestiona el rol y se controlan los residenciales, debería fortalecerse porque en una gran cantidad de casos ayuda a evitar la concurrencia de personas mayores a estos residenciales.

Podríamos seguir enumerando los cambios que generará este proyecto de ley –de ser aprobado– en lo que refiere a vivienda, relaciones laborales, seguridad social, compras del Estado, proceso de inclusión financiera, temas ambientales, etcétera.

Señora presidenta: hemos procurado trasladar algunas –solo algunas– de las preocupaciones que están latentes, pero, a decir verdad, en lo personal, debo transmitir la angustia y el dolor que hemos sentido en estos días desde el anuncio reciente de la presentación de este proyecto de ley, dado que, de aprobarse, traerá consecuencias profundamente negativas para nuestra sociedad.

Hoy, justamente, estamos a tiempo; quienes estamos aquí podemos hacer algo para evitar el tratamiento inadecuado de esta normativa. Tenemos la posibilidad de dar un debate serio y responsable al que deberíamos aspirar todos quienes somos representantes electos por la ciudadanía; para eso nos han elegido, para que los representemos bien y concienzudamente, no a las apuradas.

Si este proyecto de ley continúa con su carácter de urgente consideración, estoy convencida de que no se dará la talla de lo que se espera de nosotros. Levantemos la condición de urgente consideración y démonos los tiempos necesarios para el mejor debate y resolución de los temas, que es a lo que podemos aspirar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- En el día de hoy hemos solicitado –en conjunto con la bancada del Frente Amplio– que se le quite a este proyecto de ley el rótulo de urgente consideración.

Comparto lo que ha dicho aquí algún señor senador. Lamentablemente, este día va a quedar en la historia de nuestro país porque es la primera vez que un proyecto de ley de esta naturaleza contiene más de quinientos artículos. Eso no lo había hecho nadie; nadie se había atrevido a enviar un proyecto de ley que incluyera más de treinta políticas públicas. Podríamos perfectamente tomar este proyecto de ley y convertirlo en más de uno, con diferentes exposiciones de motivos y con la participación de actores académicos y sociales de lo más diversos.

Además, esa declaratoria de urgencia y su contenido tienen que estar en relación con los temas que se tratan; y esto no lo digo yo, que soy un simple profesor de Historia, sino los estudiosos del tema. Por ejemplo, Korzeniak expresa que, en cuanto a su contenido, los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos; el Poder Ejecutivo no debe inventar o constituir la urgencia del asunto sino que debe formular una declaración. Fleitas de León también indica que leyes de este tipo deben ser declarativas y no constitutivas y que este límite es el que impide al gobernante, que tiene una mayoría particular en un tiempo determinado, abusar de este instrumento. Decimos abusar porque en un momento en el que la ciudadanía no puede realizar movilizaciones ni manifestarse públicamente en condiciones de normalidad debido a una pandemia a escala planetaria, la declaratoria de urgencia con las características de este proyecto de ley es absolutamente inconveniente. Aunque se busque muy atrás, en los libros de historia no van a encontrar períodos durante los cuales diversas empresas hayan solicitado el seguro de desempleo para ciento treinta mil trabajadores.

Esto no le pasó a Uruguay a raíz del Frente Amplio, sino que le sucedió a todos los países del mundo, y marca un momento excepcional: tenemos las escuelas cerradas, los liceos cerrados y las policlínicas cerradas. Por eso decimos que a este proyecto de ley –del que estaríamos dispuestos a votar algún artículo– no lo vamos a acompañar porque sería avalar un atropello.

Me pregunto qué hubieran dicho los actuales legisladores del Gobierno si este proyecto de ley lo hubiera presentado el Frente Amplio. Aquellos que se definen por defender la república y la separación de poderes, seguramente hubieran puesto el grito en el cielo y con razón, porque acá se nos está diciendo que si no aprobamos este proyecto de ley igualmente va a entrar en vigencia y eso es lo que lo hace particular, señora presidenta.

No voy a entrar al fondo de la cuestión en relación con los temas, pero recuerdo que cuando el Frente Amplio, en el año 2008, votó la ley de educación, se dio un debate extenso que comenzó en el año 2006 con cientos de asambleas en los centros educativos con la participación de académicos, docentes, maestros, maestras, y estudiantes. Ese proceso llevó a la elaboración de un documento final que se convirtió en un proyecto de ley. Seguramente, no todos los actores sociales que participaron quedaron totalmente conformes, pero creo –y estoy convencido– que la educación en nuestro país merece un debate amplio, democrático y profundo. En estas condiciones, con una iniciativa que modifica la mitad de la ley de educación y que, además, tiene inconstitucionalidades –me refiero no solo a la ley de urgente consideración, sino también al proyecto en materia educativa– ese debate no será posible porque estaremos discutiendo temas de la educación junto con el derecho de huelga, con la inclusión financiera, con aspectos relativos a la seguridad, etcétera. Y lo tendremos que hacer en tiempo récord, señora presidenta.

Se somete, por ejemplo, a la Administración Nacional de Educación Pública a un plan que tendrá que ser votado y tendremos que presenciar ese sometimiento aquí en el Parlamento, en una clara violación de los artículos 202 y 203 de la Constitución.

Se crea por ley un nuevo estatuto que, dicho sea de paso, necesita mayorías especiales y dudo que las obtenga en el Senado. No me gusta leer lo que digo, pero quiero hacer referencia a un gran nacionalista, el profesor Pivel Devoto –la autonomía en nuestro país fue defendida por educadores de todos los partidos políticos, frenteamplistas, blancos y colorados y surgió con la obra de José Pedro Varela–, cuando señaló que la educación tenía que quedar por fuera de los vaivenes de la política y los educadores debían tener autonomía técnica y administrativa para poder llevar adelante los objetivos de la educación.

El profesor Pivel Devoto vino al Parlamento en 1985, por un problema muy particular, y en aquel momento señaló, hablando de la autonomía, que un nuevo análisis del espinoso problema los había llevado a la conclusión de que la autonomía no solo implica un descenso total de los poderes de la Administración, y en tal sentido –que nadie discute– al grado máximo de la descentralización, sino que también supone un descenso amplio de poderes de legislación material en el ámbito de la especialización del ente. Al decir esto no estamos ante una afirmación revolucionaria ni mucho menos. En efecto, esta posición cuenta con el respaldo de antecedentes de antigua data en el ámbito nacional, con un sólido apoyo en el campo doctrinario y con argumento de texto a nivel constitucional que no pueden desdeñarse a la ligera. En realidad, el profesor Pivel Devoto estaba haciendo referencia a un informe del doctor Gonzalo Aguirre.

Tenemos que trabajar en tiempo récord sobre un proyecto que recorta a la educación pública y que a diferencia de lo que establece su exposición de motivos –que pudimos leer recién hace unos días– sí hace cambios sustanciales. Eso es lógico y razonable porque ¿quién enviaría un proyecto de ley para modificar la mitad de la ley de educación si no quiere hacer cambios sustanciales? No sería comprensible, pero eso es lo que dice la exposición de motivos del proyecto de ley. Hace cambios sustanciales porque pone a las instituciones privadas a definir políticas públicas; porque deroga la existencia del Sistema Nacional de Educación Pública; porque crea un estatuto paralelo para los docentes; porque establece la posibilidad de que los directores de los centros educativos elijan a su cuerpo docente, destruyendo la carrera de los profesionales de la educación y abriendo una puerta al clientelismo político. Lo digo con profundo dolor, porque en la historia de nuestro país, si hay un organismo que ha tenido concursos, que ha quedado exento de los vaivenes de la política en la historia de la educación de nuestro país, es la educación pública. Lo que más me duele, señora presidenta, es que todos estos cambios no se fundamentan; no se explica cómo estos cambios que propone la LUC van a mejorar a nuestra educación, esa educación que teóricamente es tan desastrosa, que teóricamente el Frente Amplio destruyó. No se explica nada de eso. Vayan a ver la exposición de motivos: realiza una descripción de los artículos, pero nunca se explica por qué.

Por estas razones, señora presidenta, nosotros creemos que se le debería quitar el rótulo de urgente consideración para tratar temas tan importantes como la educación; la educación lo merece, como tantos otros temas.

Y no fuimos nosotros los que rompimos los puentes, porque acabamos de votar sin discusión una ley, como lo hicimos con todas las leyes que tienen relación con la pandemia. Ustedes saben que si nosotros no levantamos la mano esos proyectos no se pueden tratar.

Entonces, señora presidenta, no somos los legisladores del Frente Amplio los que tenemos que recapacitar, sino que son los legisladores del Gobierno. Debe decirse si están dispuestos a seguir con esta política de shock, porque eso fue lo que expresó el hoy presidente Lacalle Pou cuando dijo que iba a hacer una reforma y que había que hacerla de una. Esa es la explicación de la LUC; no hay otra, porque los temas de urgente consideración que hoy tiene nuestra ciudadanía no pasan por el proyecto, sino que pasan por pagar el alquiler, por pagar las tarifas, por mantener su empleo y por ver cómo hacen para poner un plato de comida en la mesa.

Por eso, señora presidenta, estamos haciendo este planteo. Pensamos que es de extrema justicia que el Parlamento se pueda dar los espacios necesarios para discutir todos estos temas que son y que hacen a la vida de nuestra gente.

Muchas gracias.

SEÑOR CASTRO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTRO.- Señora presidenta: como es de su conocimiento, no habíamos tenido el gusto de dirigirnos al Cuerpo. Lo hacemos por primera vez para expresar nuestro desacuerdo con el hecho de que el presente proyecto de ley tenga el rótulo de urgente consideración.

Aunque somos reiterativos, lo hacemos porque consideramos que atenta contra la sana costumbre que tienen los legisladores de tratar las leyes en tiempo y forma y porque, además, no permite que la mayoría de la población pueda expresarse a través de sus organizaciones.

Asimismo, nos parece un despropósito el uso del mecanismo constitucional de urgente consideración, porque, más allá de ser cuestionado por sectores políticos, encontramos a reconocidos constitucionalistas que plantean su inconveniencia.

También decimos que con la LUC no se dan las máximas garantías al sistema democrático, porque el medio millar de artículos tiene que ser analizado en setenta y cinco días en este contexto de emergencia sanitaria. Seguramente, el distanciamiento social no permitirá concurrir, especialmente, a aquellos de la sociedad civil que se sientan perjudicados y que deseen expresarse.

A la vez, hay una contradicción, ya que no se incluyen artículos relacionados a la COVID-19, cuando se ha dicho que la prioridad es la salud de los uruguayos.

Esa cantidad de artículos que se quieren aprobar en tiempo récord va en contra de la voluntad de quienes crearon este mecanismo constitucional, porque la Constitución prohíbe expresamente que haya dos o más proyectos de urgente consideración. Por tanto, esta ley va en contra del constituyente y del propio Poder Legislativo.

En cuanto al contenido de la ley, hay dos asuntos sobre los que queremos dar nuestra opinión.

El primero de ellos refiere a la inclusión financiera. El artículo 219 modifica el umbral mínimo que inhabilita realizar operaciones en efectivo. Actualmente ese umbral está en 40.000 UI –unos USD 4100 aproximadamente– y a partir de lo dispuesto en este proyecto de ley dicho umbral pasaría a USD 100.000. Quiere decir que para las operaciones menores a USD 100.000 podrá usarse efectivo como medio de pago, no siendo obligatorio el uso de medios electrónicos y otros instrumentos bancarizados.

Un informe de la consultora CPA Ferrere, de fecha 21 de abril, señala que para prevenir el lavado de activos es necesario conocer quién está detrás de cada operación y el origen legítimo de los fondos que se utilizarán, algo dificultoso cuando el medio de pago es efectivo. Los instrumentos de pago electrónicos o bancarizados permiten la trazabilidad de las operaciones, mientras que el efectivo no.

En el texto se recuerda que en mayo de 2019 Uruguay recibió la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que realizó una evaluación del grado de cumplimiento con relación a la normativa internacional para la lucha contra el lavado de activos, con evaluación positiva. El informe menciona como una fortaleza la Ley de Inclusión Financiera implementada por el anterior Gobierno. Adicionalmente, CPA Ferrere informa que con las medidas que se prevén en este proyecto se va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo respecto al uso del efectivo y pone casos de la Unión Europea, donde diecisiete de los veintiocho países introdujeron límites.

El segundo asunto sobre el que queremos expresarnos está relacionado con dos artículos que modifican la ley de áreas protegidas. Creemos que se pone en riesgo el ingreso de nuevos montes y bañados al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que ello dependerá del consentimiento de los propietarios, quedando claro que el interés particular estaría por encima del bien común. Vemos esto como un retroceso, ya que, en los primeros años de la creación de la ley, entre 2000 y 2005, no se declaró ningún área protegida. Recién a partir del 2005, cuando se modificó la ley, se comenzaron a resguardar los ecosistemas de fauna y flora, lo que fue una contribución para el Uruguay Natural que todos pregonamos.

(Ocupa la presidencia la señora Carmen Asiaín).

–Por lo tanto, entendemos que de aprobarse estos artículos habría un estancamiento, inclusive en la instrumentación, porque habrá que pedir a varios propietarios su aprobación, dejando el medioambiente de ser el interés general para depender de la voluntad de los señores propietarios.

Seguramente hay otros aspectos de este proyecto de ley que no compartimos y lo expresaremos oportunamente, pero hoy nuestro cometido era solicitar que este proyecto de ley no sea considerado de urgente consideración, por el bien de todos.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Carmen Asiaín).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: quiero fundamentar la moción que ha presentado el Frente Amplio sobre quitar el rótulo de urgente consideración a esta ley.

Obviamente, después de este largo trayecto, hago mías las fundamentaciones de varios de mis compañeros sobre los aspectos de la inconstitucionalidad y otras cuestiones a las que no me voy a referir.

Quiero ahora fundamentar la postura de nuestro partido en base a nueve puntos.

El primer punto tiene que ver con el concepto de urgencia. Esta es la discusión: si la urgencia refiere a la consideración o a los temas planteados. Varios senadores leyeron citas textuales del constitucionalista Korzeniak y de Cajarville con respecto a que la urgencia se encuentra en el concepto, en la materia sobre la que se legisla. La declaratoria no pone una urgencia de manifiesto, porque no puede crearla. Lo que hace es generar la urgente consideración de un tema que de por sí ya es urgente. La urgencia es un hecho objetivo, objetivable, dicen los constitucionalistas. Los temas deben requerir urgencia para ser resueltos. Y adelanto –voy a tratar de fundamentarlo después– que ninguno de los puntos planteados en la ley reviste la condición de tener una urgencia objetivable.

Pero, además, en este primer punto quiero hacer referencia a la dinámica de nuestra discusión. Tenemos quinientos un artículos, que tienen que ser tratados de manera integral, no solo por nosotros, los treinta y un senadores, y posteriormente por los noventa y nueve diputados, sino por la sociedad en su conjunto. Esto afecta a clases sociales, a sectores de la sociedad, a empresas, y ellos deben dar su opinión, pero no solo eso. Quizás, si los invitáramos a concurrir en el maratónico tratamiento de este proyecto de ley durante estos cuarenta y cinco días –que ahora parece que no va a ser tan maratónico–, podrían hacerlo. Pero tienen que poder incorporar elementos nuevos, y eso es lo que claramente no está planteado en un proyecto de ley de esta magnitud, con los plazos previstos. Esto, evidentemente, debilita la discusión democrática.

Se ha puesto como ejemplo de lo contrario –y el senador Bonomi lo decía– la ley de presupuesto. Pero aquí hay dos diferencias. El senador mencionó una; yo quiero plantear dos diferencias. La primera tiene que ver con la temática. La ley de presupuesto no trata una treintena de temas; trata un tema económico. A veces se filtran en las leyes de presupuesto otros temas, pero serán tres, cuatro o cinco, nunca una treintena. Y la otra es que si la ley no se aprueba no queda vigente el presupuesto que se envió, sino el anterior. Hubo algún presupuesto que se aprobó a las 23:59 del último día del plazo. Todos recordamos esa anécdota. Pero insisto: si la ley no se aprueba, queda vigente el presupuesto anterior. De manera que hay dos diferencias sustanciales.

El segundo punto al que quiero referirme tiene que ver con la oportunidad. La idea de la LUC, efectivamente –como dijeron varios senadores–, fue planteada por el en aquel momento candidato a presidente de la república en la campaña electoral y luego reafirmada en febrero de 2020. ¿Pero las normas planteadas en ese momento –que básicamente, diría, se identifican con las políticas públicas de la década de los noventa en el mundo– son las mismas que hay que aplicar hoy? Porque el presidente de la república no sabía, cuando hizo esta campaña, que iba a venir una pandemia. Ahora sí lo sabe. Y él mismo dice que la realidad del día después –yo prefiero llamarle así; me gusta mucho más que «la nueva normalidad», pero es un tema personal– va a ser distinta. Entonces, afirmamos que hay una flagrante contradicción al enviar al Parlamento un proyecto de ley elaborado antes de la pandemia exactamente igual a como fue concebido antes de la pandemia. Decimos esto porque sabemos que los temas que aquí están planteados van a ser afectados por la pandemia. Si no fuera así, se podría enviar un proyecto de ley similar. Pero aquí, claramente, hay muchos aspectos que van a ser afectados, como ya lo han dicho varios compañeros.

Voy a referirme ahora al tercer punto, de los nueve que quiero abordar.

Concretamente nos gustaría plantear cuáles son las verdaderas urgencias, porque si estamos discutiendo un proyecto de ley de urgente consideración, con la interpretación de que la urgencia refiere a los temas que deben ser resueltos, es necesario saberlo. Y aquí no puedo dejar de mencionar –algún compañero ya lo ha hecho– que desde nuestro punto de vista las urgencias de la sociedad uruguaya hoy están expresadas en el documento que el Frente Amplio le entregó al presidente de la república ya hace unos veinte días, con dos sentidos, porque a veces puede creerse que la urgencia es mañana. No es así. La urgencia es mañana porque hay una coyuntura que es urgente, y la urgencia es el día después porque en ese momento también va a haber organizaciones empresariales, laborales, de trabajadores, que van a tener necesidades derivadas de lo que pase en la pandemia. Entonces, quiero hablar de las dos cosas: de la «urgencia-coyuntura» y de la «urgencia día después».

Y esto me lleva al cuarto punto, porque no hay muchas recetas en esto. No hay muchas posibilidades diferentes de hacer las cosas aquí. Para nosotros la urgencia principal es la resolución del problema de quienes fueron afectados drásticamente por la pandemia. Por un lado, están quienes no tenían un vínculo con la seguridad social previo, porque efectivamente hay algunos cuya situación no había podido ser resuelta anteriormente. Pero básicamente hay que considerar a la mayoría de los que vivían del mercado interno, que todos sabemos que se derrumbó. Y eso no tiene que ver con cómo estaban antes. La caída en la situación de vulnerabilidad, de pobreza, de una enorme cantidad de personas tiene que ver, efectivamente, con la coyuntura restrictiva que ha tenido el mercado interno. Y como dije, ahí no hay muchas soluciones. Ahí hay que otorgar una renta básica a esos sectores. Lo han hecho casi todos los países del mundo. Hay que darles un único ingreso que les permita afrontar esa situación económica. Y esto lo decimos nosotros, pero también la Cepal, los organismos de Naciones Unidas, los Gobiernos europeos, etcétera.

También es cierto que no es lo único que hay que hacer. Hay que legislar para dar a estos sectores garantías en otros terrenos, y para eso es necesario aprobar leyes de urgente consideración. Hay que garantizarles el diferimiento de sus aportes tributarios, que lo que construyeron con mucho esfuerzo y trabajo durante mucho tiempo –y también con el apoyo de las políticas públicas incluyentes– no lo pierdan rápidamente. Para eso hay que garantizar el no desalojo de sus viviendas, las cuotas hipotecarias, etcétera. ¿Y por qué no aprovechar esta oportunidad para discutir algunos cambios en el sistema de financiamiento y en la ley de usura, para que en esta coyuntura –que es muy propicia para que la especulación le gane a la necesidad– la necesidad le gane a la especulación?

Dicho esto sobre las urgencias, vuelvo a la LUC y me pregunto, en quinto lugar, qué le aporta a las verdaderas urgencias del país en sus dos sentidos: en el sentido de la coyuntura y en el sentido del día después. Yo respondo –y obviamente, como dijeron varios de los senadores de la coalición de gobierno, esto lo vamos a discutir con mucha profundidad durante treinta o cuarenta y cinco días, de manera que voy a ser muy breve– que no le aporta nada. Y voy a empezar por la regla fiscal. ¿Qué le aporta la urgencia a la regla fiscal? No le aporta nada. Es innecesaria porque Uruguay ya tiene una regla fiscal, la Ley n.º 17947, que fija un tope de deuda. No es, entonces, necesaria una regla fiscal de gastos o de déficit, que en el mundo han sido restrictivas. En cambio, las reglas sobre tope de deuda han permitido la expansión del gasto en condiciones anticíclicas. O sea que, reitero, no es necesaria.

Además de ser innecesaria es restrictiva, porque en un país en el que el gasto público social pasó del 67 % al 80 % entre 2005 y 2019, cuando se dice «regla fiscal para restringir el gasto» se hace referencia al gasto social. No hay mucho misterio; es un problema de cuentas matemáticas.

Pero, además de ser innecesaria y restrictiva, se crea en un momento en el que todos los países del mundo están flexibilizando las reglas fiscales; las están sustituyendo por reglas más flexibles, por topes de deuda. ¡Y nosotros vamos a elaborar una regla fiscal! Parece innecesario, restrictivo y a contrapelo del mundo.

Quiero decir que no hubiéramos podido incluir a los jubilados al Seguro Nacional Integrado de Salud si hubiese existido una regla fiscal; no habríamos tenido la posibilidad financiera. Pudimos hacerlo gracias a que no había una regla fiscal que no fuera el tope de deuda.

En sexto lugar, quiero hacer una breve referencia al capítulo sobre las relaciones laborales –muy cortito y concentrado en la seguridad social–, en el que se desliza la reglamentación del derecho de huelga. Comparo la LUC 1 con la LUC 2 y observo que hay un cambio de redacción –sostengo que es un cambio de redacción–, pero la reglamentación del derecho de huelga sigue estando presente. Debemos recordar que el derecho de huelga ni siquiera es un derecho constitucional. La Constitución reconoce un derecho que existe más allá de todo, porque es la herramienta más importante, más poderosa y más usada –cuando es necesario– que tienen los trabajadores para defender sus derechos en un mundo desigual, con poderes desiguales. Pero, además, recordemos que hay una ley de negociación colectiva que tiene un consejo superior de salarios. Por lo tanto, discutamos allí esos temas si es lo que se desea, pero no lo hagamos acá, sin los trabajadores presentes.

En séptimo término, quiero hacer una reflexión sobre el capítulo de las empresas públicas. Me voy a referir especialmente al tema de Ancap, porque sobre Antel y sus consecuencias la señora senadora Cosse hizo una exposición que comparto en su totalidad.

Se habla de la desmonopolización del mercado de combustibles. ¿Alguien cree que en un libre mercado de combustibles va a funcionar una empresa pública y otra privada? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y menos lo hará en un país de tres millones de habitantes. Lo que inevitablemente va a suceder, en caso de desmonopolizarse el mercado de combustibles, es que ingresará una transnacional del mercado del petróleo que desplazará a la empresa pública, depredará los precios y se quedará con el mercado, pero no va a bajar el precio, que es la principal promesa con la que se propone, según la exposición de motivos, esta desmonopolización del mercado de combustibles.

En este punto tenemos una diferencia conceptual muy importante. Creemos que las empresas públicas son empresas y son públicas. Es decir que, ante todo, son empresas, y las defendemos; pero, a su vez, son públicas. Si no lo fueran, si no tuvieran alguna característica especial o diferente, serían privadas, ¿verdad? ¿Y por qué son diferentes las empresas públicas? Porque sus funciones van más allá de la prestación de servicios. No son empresas comerciales propiamente dichas. Tal vez muchas personas que escuchen estas exposiciones no sepan que el supergás está subsidiado: de los $ 600, aproximadamente, que pagamos por cada garrafa, hay $ 300 de subsidio. ¡De lo contrario, no lo pagaríamos! ¿Eso lo haría la empresa privada que viniera a sustituir a Ancap en el mercado del petróleo? No. Por ende, ¿son urgentes las medidas relativas a Ancap, a Antel, al puerto y al Correo? ¿Son de contenido urgente para la gente y para las empresas públicas? Yo respondo, claramente, que no lo son.

El octavo y penúltimo punto tiene que ver con la inclusión financiera, tema del que ya se ha dicho bastante. El señor senador Castro se refirió muy bien al respecto y hago mías sus palabras. Ante todo, expreso que este tema no es de urgente consideración. Desde que aprobamos la Ley de Inclusión Financiera le hemos hecho muchos cambios, fuimos agregando cosas porque la realidad nos fue dando pautas para hacerlo, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Pero, repito, no es un tema de urgente consideración.

Creemos, además, que lo que se propone tiene serios riesgos. Por ejemplo, se dice que no va a ser obligatoria la inclusión financiera para los trabajadores, y que estos y los empleadores van a discutir en plano de igualdad la mejor forma de pagar, pero solo alguien que viva fuera del territorio en que estamos podría pensar que el empleador y el trabajador están en condiciones de igualdad. Si el empleador dice: «La forma de pago es en efectivo o nada», ¿qué va a decir el trabajador? ¡En efectivo! Porque, si no, se queda sin trabajo.

Y lo mismo va a pasar con las transacciones financieras. Nosotros reconocemos que la LUC 1 era absolutamente impresentable desde el punto de vista de las transacciones financieras. La LUC 2 pone el tope de USD 100.000; reconocemos que es un avance, pero un avance absolutamente insuficiente, porque seguirá habiendo transacciones en dinero que se van a escapar. Además, no olvidemos que se suprime la obligación en los honorarios profesionales y en los arrendamientos, cuando la gran lógica en los arrendamientos fue que la inclusión financiera permitió reducir la evasión del pago de IRPF por alquileres. Todo eso se desmorona si nosotros lo cambiamos.

Repito la pregunta que hago en cada punto: ¿son urgentes los cambios en las normas de inclusión financiera? Repito que no.

Finalmente, mi último punto, el noveno, es una reflexión más general, de carácter institucional. Aquí me voy a concentrar en las políticas sociales, porque hay todo un desarmado institucional. Los señores senadores del Frente Amplio que hablaron antes que yo se refirieron a una enorme cantidad de leyes y normas que se derogan, pero también hay una enorme cantidad de instituciones que se desarman, a las que se les quita poder y flexibilidad.

La señora senadora Della Ventura hablaba de los organismos del Ministerio de Desarrollo Social, como el Instituto Nacional del Adulto Mayor, que pasa a ser una dirección. Algo similar ocurre en el área de la discapacidad. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo por transformar el Programa Nacional de Discapacidad –y lo digo de manera personal porque fui yo, siendo ministro de Salud Pública, quien propuso pasarlo al Ministerio de Desarrollo Social, sin saber que me iba a tocar a mí después; no tenía ese conocimiento–, y no podemos volver a una concepción médico-asistencialista de la discapacidad, como nos parece al leer la LUC. La discapacidad es mucho más que medicina; es médica, sí, pero también es trabajo, es transporte, es vivienda, es cultura, es educación, es sexualidad.

Entonces, hay un rearmado de la institucionalidad.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Lo mismo pasa en relación con la vivienda, ya que prácticamente no se mencionan las cooperativas de vivienda, pero sí, en cambio, se habla de mejorar las condiciones de acceso y los beneficios de la promoción privada. Estamos de acuerdo con la vivienda hoy llamada de promoción privada, pero queremos que tenga un lugar como lo tienen las otras formas. ¡Diez mil cooperativas se construyeron en el último quinquenio!, y si no recuerdo mal, más de veinte mil en los últimos quince años. Ahí hay otro pasaje de lo público a lo privado, que se suma a los muchos que ya se han mencionado. Retomo, por ejemplo, lo que planteaba el señor senador Sabini: se da a la educación privada un rol relevante en la definición de las políticas públicas de educación.

Entonces, toda la institucionalidad construida a partir de un Estado conductor, gravitante, potente, protector se va desmoronando, a nuestro juicio, hacia un Estado flexible, subsidiario, trabajando para que el sector privado sea la pieza fundamental de las políticas públicas.

Por estos nueve puntos que planteé, también soy parte de la moción que propone quitar el carácter de urgente consideración a este proyecto de ley.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias, señora presidenta.

Luego de leer la moción presentada por la oposición respecto al proyecto de ley de urgente consideración, realmente no puedo salir de mi asombro. Se acusa al Poder Ejecutivo de un supuesto abuso de poder...

Pido disculpas porque me voy a sacar por un momento el barbijo.

Decía que se acusa al Poder Ejecutivo de un supuesto abuso de poder; a un Gobierno multicolor, legítimo, que desde que asumió –hace menos de dos meses– ha mantenido un absoluto apego al derecho y ha exhibido una transparencia que no se veía desde hace quince años en el país. Se atreven a cuestionar al Poder Ejecutivo en su abordaje frontal a la peor epidemia de la historia del Uruguay, la de la COVID–19, cuando a simple vista son los absolutos responsables, luego de quince años de gobierno con viento de cola, de haber entregado un país con brutales vulnerabilidades sociales, económicas, sanitarias y educativas.

Señora presidenta: ¡teníamos cien tests para el coronavirus! Eso fue lo que nos dejaron. Además, había cientos de personas en situación de calle que para ellos esa era una opción de vida. Y resisto archivos; esto está en las versiones taquigráficas. Yo no vengo a payar ni a hacer discursos para la tribuna; estoy diciendo lo que hemos vivido en todo el período pasado. A nosotros se nos dijo que vivir en la calle era una opción de vida y hoy nos acusan de que no tenemos sensibilidad.

También hay mil doscientos residenciales de ancianos en situación irregular, con ancianos en condiciones deplorables, incluso en locales donde sus derechos humanos son violados flagrantemente. Escuché que se habló de la atención a los adultos mayores y se mencionó la preocupación de que no fuéramos a abordar esos temas porque nuestra sensibilidad es diferente. Sí, ¡por supuesto que es diferente nuestra sensibilidad! ¡Claro que sí! Hoy se habla de los ancianos porque estamos viviendo esta epidemia; si no, no existirían, mirábamos para el costado. Los responsables de la situación que atraviesa la enorme mayoría de estos hogares, de estos residenciales, y que viven nuestros ancianos en todo el país, los verdaderos responsables, ¡están mirando para el costado! Fue nuestra la preocupación permanente, preocupación y ocupación sobre este tema, como sobre otros tantos. Nuestra preocupación se vio violada y bloqueada muchísimas veces por las mayorías parlamentarias legítimamente obtenidas; acá no estamos cuestionando eso, pero nos bloqueaban. ¡¿Cuántas veces me dijeron: «No, diputada, usted está mintiendo. Lo que usted está diciendo no es verdad»?! En el Gobierno anterior el señor Bango nos acusó a nosotros. Él dijo: «La diputada Rodríguez está haciendo política barata». Textuales palabras; tengo las declaraciones que dio en un medio de prensa escrito. Y dijo eso porque nosotros denunciamos la situación de los ancianos en los hogares o residenciales, y presentamos los números de los residenciales que estaban realmente habilitados y los que no lo estaban. Ah no, estábamos mintiendo. Claro, él defendía al ejecutivo, que tenía un blindaje muy fuerte; me refiero al Poder Ejecutivo de ese momento. Para corroborar lo que estoy diciendo acabo de pedir el material y me lo trajeron. Y decía que a nosotros no nos interesaban aquellos indefensos, aquellos más debilitados, aquellos cuyos derechos fueron violentados. Y vuelvo a repetir: ¡vamos a dejar el tema de los sectores vulnerables! Digamos las cosas como son: ¡sectores cuyos derechos fueron vulnerados! Es así, porque nadie nace vulnerable, sino que se le violan los derechos. Es muy lindo hablar de los sectores más vulnerables, y ahora ¡cómo vamos a usar la expresión!, porque todos estamos preocupados por esos sectores.

El 18 de mayo de 2016, en la sesión de la Cámara de Representantes, no hicimos referencia directa al drama de miles de adultos mayores y reclamamos atender esa situación con urgencia. En el mismo mes, el día 20, seguramente todos recuerden aquella terrible tragedia que vivimos en el hogar La Época Dorada, donde murieron siete ancianos y a los dos o tres días murió el octavo. La señora ministra de aquel momento se molestó enormemente por nuestra presencia allí, nos descalificó –porque todavía tenía la impunidad de descalificar– y dijo: «Yo me hago responsable de esas muertes». ¿Y? ¿Qué pasó? ¡Nada!, absolutamente nada. Nosotros solicitamos información, preguntamos por la habilitación de bomberos, cuánto demoraban los trámites, pero nunca obtuvimos una respuesta; me refiero a una respuesta coherente, porque para divagar, ¡números uno! ¡Hojas y hojas con respuestas sin sentido! ¡Sí, señor: sin sentido! Nunca llegábamos realmente a la respuesta concreta. ¿Por qué? Porque no se estaban atendiendo esos temas. Y hay que asumirlos ¡Hay que asumirlos! «Nosotros siempre estuvimos pendientes del tema de los adultos mayores, de aquellos que durante su vida productiva nos dejaron tanto», ¡pero después miramos para el costado! Así que, ¡a nosotros no! ¡A nosotros no nos vengan a hablar de que no tenemos sensibilidad! Sí concuerdo con que tenemos una sensibilidad muy diferente, pensamos diferente y tenemos una mirada diferente.

Recién escuché acá que hay preocupación por las personas con discapacidad. ¡Claro que para nosotros el tema de la discapacidad es una urgencia! ¿Cómo no va a serlo? Siempre lo ha sido y lo va a ser. Pero no fuimos nosotros quienes expulsamos del centro Tiburcio Cachón a las personas ciegas. ¡No fuimos nosotros! No fueron los integrantes de nuestros partidos quienes no entraron a sala en la interpelación a la ministra Arismendi y pidieron a sus suplentes que ocuparan las bancas sabiendo perfectamente que la situación era indefendible. ¡No, no fuimos nosotros! No fuimos nosotros los que hicimos que hoy esas personas no tengan un lugar para su rehabilitación. Ahora, ante la presencia de la COVID-19, me pregunto: ¿cómo se van a rehabilitar las personas ciegas y de baja visión en ambientes de dos metros por dos metros? Nosotros lo dijimos, lo denunciamos y nos dijeron: «¡Ah, no! ¿Para qué quieren espacios tan amplios?». ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a poner en un contenedor? ¿Qué vamos a hacer? ¡¿Y somos nosotros los que no tenemos sensibilidad?! ¡Por favor!

Y cuando se dice que no nos ocupamos del tema de las personas que no tienen viviendas, ¿somos nosotros los responsables de la cantidad enorme de asentamientos que hay, cuando dijimos y mencionamos que las personas que viven en asentamientos son pobres? Esa es una realidad: el que vive en un asentamiento es pobre, porque para vivir se necesita lo básico, y al que está en un asentamiento le falta todo. ¡Y claro que para nosotros es una urgencia! El tema de la construcción de viviendas para los más necesitados está en la LUC, pero no vamos a construir en cualquier lugar para seguir fomentando la pobreza y la marginalidad. ¡Claro que nos preocupa!

Cuando hablamos –¡y lo dijimos una y mil veces!– del aumento de la pobreza, se señala: «La señora diputada Rodríguez está sembrando el terrorismo; la pobreza disminuyó». ¿Qué pasó ahora? ¿Qué sucedió? Fue una campaña terrible; se decía que estábamos mintiendo. Siempre lo dijimos y ahora lo repetimos: la pobreza no se mide por ingresos, y acá tenemos la prueba.

Es terrible –¡miren que es terrible!– hacer cola para llevar un plato de comida a la casa. Para muchos es folclórico –se sacan una foto y dicen ¡Mirá qué lindo!–, pero para un padre o una madre es muy doloroso, y eso es lo que nos dejaron porque sopló una brisa y se cayó todo. ¡Y somos nosotros los que no tenemos sensibilidad! ¡Hay miles de pobres! ¿Surgieron de la nada? ¡No, señores! ¡Estaban! ¡Rompían los ojos! Simplemente –lo digo y lo reitero– se maquillaban y maquillaban las estadísticas. ¿Por qué? ¡Ya está! ¡Está bueno! Ahora se está diciendo: ¡No damos abasto con las ollas! ¡Con una canasta no se come! ¡Claro que no se come, pero es lo que se puede dar! ¿Saben una cosa? En esta tragedia que están viviendo tantos y tantos uruguayos –esta no es la primera vez que ocurre– uno sabe cuál es el comportamiento y lo que se siente, porque nosotros en el 2002 también brindamos nuestro apoyo y asistimos. Hoy estoy en una situación muy diferente de la de 2002. Esa crisis me golpeó muy fuerte, y también a los que estaban muy cerca, a los que estaban en mi entorno; por eso me duele enormemente cuando veo a miles y miles de ciudadanos que hacen cola por un plato de comida, pero por otro lado me siento sumamente orgullosa al ver la solidaridad de todos los uruguayos, que han entendido, porque la solidaridad nos está marcando que teníamos un país atadito con alambre.

Pero insisto: somos diferentes. Sí, señora presidenta: tenemos una sensibilidad muy diferente.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Si me permite, señora senadora, quisiera terminar y luego, con muchísimo gusto, puede realizar sus consideraciones.

También se atribuyen al Poder Ejecutivo intencionalidades y hasta acciones absolutamente falaces: faltar el respeto a normas democráticas, prácticas abusivas en mecanismos jurídicos y varios exabruptos más que vienen nada menos que de una fuerza política que estrenó tristemente en nuestro país la doctrina de lo político por encima de lo jurídico, exponiendo a Uruguay al escarnio de la comunidad internacional. ¿O nos olvidamos cuando, entre gallos y medianoche, echaron del Mercosur a la hermana República del Paraguay y metieron por la ventana a la República Bolivariana de Venezuela, simplemente por compromisos ideológicos y vaya uno a saber qué otras deudas?

También se acusa al Poder Ejecutivo de pretender torcer la voluntad del constituyente. ¡Mirá quién habla! Señora presidenta: durante quince años usaron y abusaron de sus mayorías parlamentarias –democráticamente obtenidas, reitero– para torcer la Constitución cada vez que sus intereses partidarios lo necesitaban.

En síntesis, no admitimos de ninguna manera esta serie de acusaciones falsas hacia este Gobierno multicolor libre y democráticamente electo por una mayoría que acompañó lo que hoy se presenta en este proyecto de ley de urgente consideración que analizamos.

¿Qué se le puede reprochar a un proyecto de ley que es de acceso público? ¿Que se presentó dos semanas antes de su consideración? ¡Inédito! Los legisladores no estábamos acostumbrados a tanta transparencia. ¿O nos olvidamos en qué circunstancias se votó el salvavidas de Ancap? ¡Y ejemplos así sobran!

Me queda algo por mencionar porque recién se hablaba de que no somos sensibles; me había quedado ese tema. ¿Quiénes? Fuimos nosotros que salimos a pedir que se declarara como emergencia el tema de la violencia hacia la mujer, el femicidio. ¡Fuimos nosotros! Fuimos nosotros los que reclamamos las tobilleras, ¿y somos nosotros los insensibles? ¿Somos nosotros los insensibles? ¡Por favor! Ejemplos sobran.

En sí, esta moción constituye ni más ni menos que una verdadera chicana legislativa para intentar entorpecer el proceso de cambios que ya comenzó y cuyos primeros resultados están a la vista. Al parecer cuesta mucho aceptarlo, pero fue la decisión del soberano. ¡La decisión del soberano! Son palos en la rueda para que este Gobierno democrático –con mayúsculas– no pueda reconstruir el Uruguay destrozado que nos dejaron, y si esto no es urgente, ¿qué es lo urgente, señora presidenta?

Que se tenga especialmente en cuenta: no queremos atribuir intencionalidades; eso queda a criterio de los ciudadanos. Nosotros nos hacemos responsables.

Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La señora senadora Della Ventura había solicitado una interrupción y todavía le restan dos minutos. ¿Se la concede, señora senadora?

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Sí, con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Evidentemente, hay muchas cosas que no comparto, aunque algunas de pronto sí, pero mi pregunta concreta es esta: ¿la señora senadora cuestiona los datos de que en el 2005 había un 40 % de pobreza y terminamos con un veintipico por ciento? ¿Cuestiona al Instituto Nacional de Estadística o algo de eso? Esto me queda como preocupación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- No voy a hacer un intercambio con la señora senadora porque no corresponde; simplemente quiero decir que los hechos están a la vista y rompen los ojos.

Nada más.

SEÑOR CANON.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CANON.- Señora presidenta: el contador Enrique Iglesias, en diciembre del 2019, en radio El Espectador subrayó la siguiente idea: que hoy el gran desafío del mundo es resolver la desigualdad. Con esa idea como norte estamos compareciendo en este recinto.

El proyecto de ley de urgente consideración que estamos analizando rezuma ideología, legítimamente, y sobre las ideas planteadas pretendo intervenir con profundidad, altura y respeto.

Existe un relato que se repite al costado de este proyecto de ley, y como parte de la fundamentación de su urgencia, como un latiguillo. El exponente más concentrado de ese relato ideológico es un artículo del contador Guillermo Sicardi, que escribe en Búsqueda un artículo titulado «Nos mintieron», publicado el 16 de abril. Dirigentes políticos y autoridades de gobierno lo reiteran en diversas variantes. Lo cito parcialmente: «Bastaron quince días de inactividad para que el relato frenteamplista quedara al descubierto: 170.000 desocupados, 400.000 trabajadores informales, 200.000 niños que tienen que comer en la escuela».

Interrumpo aquí mi intervención para decir, sin ánimo ofensivo, que me gusta el estilo del señor senador Gandini, porque dice las cosas por su nombre, en criollo, porque va a los bifes. El señor senador dijo que en la LUC no hay temas urgentes. Habló de deterioro, de emergencia y de urgencia, pero urgencia de cambio, y es legítimo. El señor senador Gandini señaló que las urgencias son políticas y que el debate es sobre el cambio. Agradezco esta alocución del senador, porque da claridad a lo que estamos discutiendo. Además, reitero que no es ofensivo lo que estoy diciendo.

Volviendo al contador Sicardi, en su boletín del 16 de octubre de 2019, el Banco Mundial –hace relativamente poco tiempo, a pesar de que parezca mucho– dice: «Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60 % de su población. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Oportunidad Humano y el Índice de Libertad Económica». Esto debería enorgullecernos a todos, y esto está como base de lo que está pasando ahora.

Me pregunto en qué lugar contaminado de ideología hacía la cuarentena el contador Sicardi y le voy a poner contexto a esa quincena en la que él dice, entre otros, que Uruguay se derrumbó.

Muy brevemente señalo que las tres semanas de enero y febrero en que las actividades portuarias chinas se detuvieron resultaron en una caída del 96 % en el movimiento de contenedores para todo el mundo. En febrero de este año las exportaciones uruguayas cayeron 18,7 % con relación al febrero anterior, lo que representa aproximadamente USD 100:000.000.

Para no aburrirlos, voy a citar a la OIT, que informa que ciento ocho países anunciaron quinientas cuarenta y ocho medidas de protección social destinadas a mitigar los efectos de la pérdida de empleos. Este organismo estima que 1.250:000.000 de trabajadores corren riesgo de ser despedidos o de perder el salario y que las medidas de cuarentena aplicadas por ese momento afectan a 2.700:000.000 de trabajadores, que representan el 81 % de la fuerza de trabajo mundial.

El término posverdad significa información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, las creencias, los deseos. De eso, precisamente, se trata el relato del señor contador.

El Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Pasteur, el riesgo país –que es uno de los más bajos de América Latina–, la conectividad, la banda ancha, el cambio de matriz energética, el sistema tributario, la solidez del sistema financiero y tanta otra plataforma construida en los últimos quince años –y más atrás todavía– están para dar cobijo a los uruguayos en esta crisis.

No tengo empacho en reconocer que una parte de lo que escribe el contador Sicardi refiere a insuficiencias, deficiencias, ineficiencias de las Administraciones del Frente Amplio; no me duelen prendas.

A continuación, me voy a referir a una de las secciones del proyecto de ley de urgente consideración –para ahorrar tiempo, aunque tendría más secciones sobre las que podría exponer–, que es justamente de la que habló el señor senador Olesker –la regla fiscal, que figura en la sección iv, «Economía y empresas públicas», artículos 205 a 211–, para ejemplificar por qué no es urgente ni oportuna su consideración.

Actualmente existe una regla fiscal referida al tope de endeudamiento, la Ley n.º 17947, que tiene carácter de compromiso legal, con una fuerte sanción en caso de incumplimiento. Esta regla fue concebida para dar cumplimiento al artículo 85, numeral 6.° de la Constitución, que establece que el Parlamento debe autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la deuda pública nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público. La ley de urgente consideración en sí no presenta una regla fiscal, sino que establece la obligación de que el Poder Ejecutivo plantee una meta indicativa del resultado fiscal estructural y un tope de incremento anual del gasto real en el marco de la ley de presupuesto, y define algunos criterios muy generales para su formulación. La meta indicativa sería definida por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la metodología que él mismo defina –o sea que no sería una norma aprobada por este Parlamento–, y no está prevista una sanción en caso de incumplimiento.

Una regla fiscal seria requiere de un organismo técnico independiente que fije la metodología, no del Poder Ejecutivo, que pueda determinar parámetros como, por ejemplo, el crecimiento del producto.

El artículo 207, referente a la metodología, dice: «Para cada año, el resultado fiscal estructural será el que surja de la corrección del balance efectivo respecto de aquellas partidas que correspondan exclusivamente a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico».

Para determinar esta regla es útil preguntarse cuál será la duración de esta crisis y cuál será la situación económica durante y después de ella. Con sinceridad, lamento decir que no tenemos respuesta. Tampoco tenemos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuánto de esta situación es tendencia permanente y cuánto es ciclo transitorio? Los ciclos son fluctuaciones económicas expansivas y contractivas que se cancelan entre sí, mientras la tendencia de una serie temporal es un comportamiento o movimiento a largo plazo. Yo me pregunto si la economía uruguaya y la del mundo volverán al modo de funcionamiento anterior o ingresaremos en un nuevo mundo. Lo que sí sabemos es que ni Uruguay ni el mundo van a volver a una situación similar a la que reinaba el 12 de marzo. La nueva normalidad depende, en un grado extremadamente relativo, de nuestros esfuerzos. Más aún: los hacedores de políticas de los centros de poder están tan desorientados como nosotros. La comunidad científica, por ejemplo, que trata de encontrar una salida a la crisis sanitaria, reconoce a diario que va descubriendo con rezago tanto los efectos como las estrategias para enfrentar la pandemia. El presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, doctor Rafael Radi, asesor del Gobierno –un respetable científico–, entrevistado por la prensa manejó los siguientes conceptos sobre la transición: nivel de complejidad, tonos de gris, no hay una única respuesta, incertidumbre, no hay antecedentes en la historia de la humanidad. De igual manera, todas las otras disciplinas del conocimiento humano están desafiadas. Estamos ante un shock de oferta absolutamente inédito, atípico, que no tiene antecedentes y, por lo tanto, no existe resorte ni política económica que la ciencia económica tenga entre su herramental para enfrentar sus consecuencias.

¿Cuál es el mundo de hoy? Tener una regla fiscal, tengo que decir, con todas las letras, es muy saludable. Sin embargo, mientras en este recinto la estamos considerando de forma urgente, la Comisión Europea decidió, el 20 de marzo, suspender sus reglas fiscales, que incumben un límite al déficit público, un límite máximo del gasto público y un objetivo de deuda pública sobre el producto, para permitir a todos los países que gasten lo que consideren para poder aplacar el impacto del coronavirus en la economía.

El espacio fiscal no será mejor en América Latina. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el efecto de la pandemia, para 2020, se traducirá en posibles incrementos del déficit hasta 8 % del producto y 4 % del producto en el mediano plazo. En consecuencia, la deuda pública podría alcanzar niveles de hasta el 65 % del producto en 2020, con una senda creciente, hasta llegar a alrededor del 75 % en el mediano plazo.

Cerca de setenta millones de estadounidenses recibieron por correo un cheque por USD 1200, luciendo en el lado izquierdo la inscripción: «El presidente Donald J. Trump». Se trata, además de un obvio acto de campaña electoral, de un caso de renta básica del señor presidente de los Estados Unidos de América como parte de un paquete de ayuda financiera de dos billones de dólares, en una economía que muestra un déficit fiscal de USD 984.000:000.000, representando un 3,8 % del producto.

Ayer escuché –y vuelvo a citar al señor senador Gandini– hablar de que esta ley abona para la próxima recuperación, que definió en forma de V. El señor Nouriel Roubini, economista turco-estadounidense, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, asesor de Obama en su momento, habla de otra cosa en el plano internacional. Dice lo siguiente: «... cada componente de la demanda agregada –consumo, gasto de capital, exportaciones– está en una caída libre sin precedentes». Agrega que mientras la mayoría de los analistas han venido anticipando una crisis en forma de V –en que la producción cae marcadamente durante un trimestre y luego se recupera en el próximo–, ahora debería quedar claro que la crisis de la COVID-19 es algo totalmente diferente.

Luego señala que la contracción que hoy está en marcha no se parece a una V, a una U, ni siquiera a una L, es decir, una marcada crisis seguida de estancamiento. Agrega: «Más bien, se parece a una contracción en I: una línea vertical que representa un derrumbe de los mercados financieros y de la economía real».

Termina Roubini señalando que si aun como hipótesis aceptáramos que la crisis tiene forma de V –o va a tener forma de V en el Uruguay–, lo que está por determinarse es cuán profunda será la V, y cuándo vamos a llegar al fondo de la V.

Como se ve, generar una nueva institucionalidad para las finanzas públicas, mientras ingresamos en una fiscalidad mundial muy diferente a la que conocemos, no parece ser oportuno ni urgente.

La coalición de gobierno vino con una agenda trabajosamente acordada y compromisos contraídos con la ciudadanía en la campaña electoral. Aun sin compartir su contenido, comprendemos vuestro compromiso político-electoral y lo respetamos. Sin embargo, esa agenda fue ideada para un estado de cosas que ya no existe, para diseñar un futuro que nunca podrá ser. No se trata de derecha o de izquierda. Se trata de antes y después.

La idea, que no es solamente urgente sino posible y necesaria, proviene de la red de renta básica de emergencia de la Universidad de la República, cuyo cálculo sobre el universo de destinatarios en situación de emergencia estima a esa población en aproximadamente cuatrocientas mil personas. Es a ellos a quien debe alcanzar la urgencia y, efectivamente, no pueden esperar noventa días, aunque ya llevan más de treinta esperando.

El Gobierno puede contar con nuestro apoyo en la crisis sanitaria si se orienta en la dirección de asistir a los más necesitados: informales, pequeños y medianos empresarios, etcétera; no me voy a extender. Puede contar con ello tantas veces como sea necesario, aunque hasta ahora lo haya desestimado. Estamos, además, abiertos a discutir todos los temas que interesan al país y a su gente.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CANON.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Vuelvo a decir –creo que también lo mencioné otro día– que venimos siempre con la intención de que se vaya al hueso del asunto. He llegado a la conclusión, además, de que estamos en condiciones de empezar a aprobar el proyecto de ley, porque todos los que dicen que no lo conocen lo están discutiendo artículo por artículo, lo cual me da una gran tranquilidad. Pero especialmente el señor senador Canon –y es público y notorio que no estuve cuando se le tomó la promesa– es uno de los pocos funcionarios que fueron destituidos de su calidad de director nacional de Aduanas. Cuando yo formé un equipo de trabajo –y los señores senadores van a ver cómo voy al meollo de la cuestión– con los sindicatos de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica por el problema de los contenedores de droga, los representantes de los dos –recuerdo en especial al presidente del sindicato de la Dinacia, pero estuvieron todos de acuerdo– me dijeron que el tema de la cocaína y del lavado de activos es gravísimo, pero que había algo más grave aún. La verdad es que lo tengo que decir y justamente ahora me dio pie el señor senador Canon. Me dijeron que ahora que somos un país de inmigrantes y con la globalización –aclaro que esto ocurrió el año pasado; ni siquiera China nos estaba mintiendo–, junto con el desmantelamiento de los controles de aduana –y no voy a entrar en ese tema; en otro momento vamos a discutirlo– se desmanteló también el control sanitario. Y el presidente del sindicato de la Dinacia –como está amparado en los fueros sindicales, no hay problema, no lo pongo en riesgo; además ahora gobernamos nosotros– se preguntaba qué podía llegar a suceder si se seguía expandiendo el ébola y surgía una epidemia.

De manera que vuelvo a hacerle un pedido a la oposición, y en este caso en forma más personalizada, porque lo quiero terminar acá y además el tema está en la Justicia: ¡háganse cargo! Nosotros nos hacemos cargo. Podríamos hasta imputarles el desmantelamiento de los controles y que hayamos estado totalmente expuestos a la pandemia. A mí me hablaban del ébola. La COVID-19 nadie sabía que existía.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Canon.

SEÑOR CANON.- Voy a decir solo dos cosas con relación a esta alusión.

La primera es que yo no fui destituido –la señora senadora tiene mal la información–; renuncié.

Y la segunda es que no voy a aceptar una invitación a discutir en el sótano.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: el 13 de marzo el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria. Y para ello tenía que haber un hecho preexistente: justamente, la emergencia sanitaria. Si la hubiera declarado en un momento donde no la había, dicho acto administrativo podría haber sido recurrido, porque habría sido un acto abusivo. Y a partir de ese momento, todas las decisiones respecto a la emergencia sanitaria, en esa hipótesis de una declaración sin existencia previa del hecho material, hubieran corrido el riesgo de ser declaradas nulas.

El proyecto de ley actual es declarado de urgente consideración. El problema es que no se fundamenta la motivación. Entonces, tenemos un problema ahí. Distinguidos catedráticos sostienen que la ley corre serio riesgo de no tener arreglo a derecho, de ser declarada inconstitucional. Ningún Gobierno, desde la recuperación de la democracia hasta acá, puede ostentar virginidad respecto a leyes que son declaradas inconstitucionales, pero este caso es mucho más grave que cualquier antecedente, porque aborda casi todas las áreas del Estado. Imaginemos que alguien que tiene legitimación activa va contra la ley, con el argumento de que está desvirtuada la Constitución en lo que refiere al volumen de temas abordados y a la inexistencia de la fundamentación de la gravedad que amerita, en términos sociales, económicos y políticos, la aplicación de este instrumento. En ese caso el país estaría regalando una ventaja comparativa en América Latina, que es su fortaleza institucional. Ese es un riesgo, y es un riesgo innecesario.

Veamos las opciones. Opción A: supongamos que la norma se declara inconstitucional, y tenemos este problema, porque solamente se declara para el caso de quien va a la Suprema Corte de Justicia. Quien tiene que resolver esto es la Suprema Corte de Justicia y no los acalorados debates parlamentarios. Recuerdo, cuando se discutía la ley de responsabilidad penal empresarial, la cantidad de argumentos acalorados que había respecto a la inconstitucionalidad, que después se dieron de lleno contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

Tomemos la opción B, y supongamos que la Suprema Corte de Justicia declara constitucional este procedimiento. Desde la recuperación de la democracia hasta ahora se han votado casi cuatro mil leyes, pero si contamos cuáles fueron de urgente consideración, nos sobran los dedos de las dos manos: nueve de las trece que se enviaron en ese período resultaron aprobadas. Entonces, si se cumpliera la opción B, pasaríamos por un cambio, y lo que queremos discutir es si estamos dispuestos a comprarnos ese cambio que sería que el procedimiento de urgente consideración dejara de ser fuente excepcional del derecho para convertirse en fuente principal del derecho. En cualquiera de los dos escenarios perdemos. En uno, porque generamos un grado de inestabilidad muy fuerte si esto se declara inconstitucional, y en el otro –si se declarara constitucional–, porque el equilibrio entre poderes claramente se desbalancea de manera notoria. Este es el único proyecto de ley que, aunque no lo aprobemos, queda como ley. Transcurrido el plazo, alcanza con que no tomemos partido para que quede como ley. Es un procedimiento que deja al Poder Legislativo en franca debilidad, y acá, en esta instancia, es donde está representado todo el pueblo uruguayo. En el Gobierno está representada una parte del pueblo uruguayo, mayoritaria por treinta mil votos, pero mayoritaria. Ahora bien, instalar –o inaugurar– la tentación de que este sea el mecanismo principal –en caso de que se determine que se arregla a derecho; nosotros creemos que no–, es un camino equivocado. Y tendríamos que plantearnos, también, lo siguiente. Es equivocado, ¿pero es necesario? ¡No! No es necesario. Hemos votado leyes, acá, de la mañana a la tarde. Además, la coalición de gobierno tiene mayorías como para poder darle el ritmo que quiera a las normas que apruebe. No necesita el procedimiento de urgente consideración para actuar con celeridad. Entonces, ¿cuál es la razón de comprarnos este riesgo, que no lo es para el Frente Amplio, para el Partido Nacional ni para el Partido Colorado, sino para todo el sistema político? Inauguramos un cambio sustantivo en cualquiera de las dos valoraciones que haga la Suprema Corte de Justicia.

¿Cuál es la necesidad de usar este procedimiento? No he encontrado un solo argumento en ese sentido a lo largo de esta extensa reunión. Valoraciones políticas acerca de los contenidos, todos los legisladores las han hecho y hay un montón. Algunas hasta son curiosas. Por ejemplo, que en medio de una pandemia, donde una de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es que los uruguayos utilicemos medios de dinero electrónico para evitar el contagio, se elimine la inclusión financiera, bueno, es algo muy difícil de argumentar desde el punto de vista de la coherencia ante las circunstancias actuales. El mismo Poder Ejecutivo que hace las recomendaciones que mencioné, envía un procedimiento de estas características, además, con un argumento muy difícil de sostener –tal como lo dijo el señor senador Olesker, con mucha claridad–, y no hace falta ser clarividente para saber qué va a pasar con los acuerdos de partes para la forma de pago. De hecho, acá todos sabemos que hay decenas de miles de trabajadores que, al momento de ingresar a trabajar, renuncian a la posibilidad de cobrar su despido. ¿Lo hacen por ser tontos? ¿Es que todos los trabajadores que firman contrato por una obra determinada o por un tiempo determinado, que inhibe la posibilidad de cobrar despido, lo hacen porque en la negociación acuerdan con el empresario que el despido no lo necesitan? No. Lo hacen, señora presidenta, porque la libertad que tienen si no firman ese tipo de contrato que se les impone el primer día que ingresan, es la de morirse de hambre por no tener trabajo. Esa es la circunstancia de relación de poder entre el trabajador y el empresario a la hora de acordar un vínculo contractual.

Además, resulta muy curioso que siendo uno de los componentes de bandera principal que debemos atender la violencia en la sociedad –que constituye, realmente, un problema–, vayamos por caminos que, según expertos, no ayudan. Nadie puede acusar a los doctores Leonardo Costa y Juan Diana de tener vínculos con la izquierda nacional; al contrario, es notorio que proceden de los partidos tradicionales, concretamente, del Partido Colorado. Y sostienen que el artículo 220 de la LUC, en primer lugar, aumenta los riesgos de maniobras de lavado. En segundo término, facilita los mecanismos para la regulación de activos eventualmente ilegítimos y, por último, limita las posibilidades de realizar transacciones financieras internacionales en el marco de la legalidad.

Varios expertos en el lavado de activos nos alertan, en todos los terrenos, sobre las medidas que se van a tomar en este tiempo tan sumario, con dificultades importantes para que el proceso de debate se realice con el tiempo suficiente para poder encontrar las herramientas que sean las adecuadas para los objetivos que se persiguen. No voy a cometer el agravio de acusar a la coalición de gobierno de querer favorecer el lavado de activos. Claramente que no, pero sería bueno escuchar a los expertos que dicen que las normas que están en este proyecto van en esa dirección. El narcotráfico necesita el lavado, y si queremos atender la violencia, por más que tengamos miradas diferentes acerca de cómo atenderla, no parece sensato que sea con herramientas que favorecen el lavado de activos.

Señora presidenta: hace más de cinco años el pueblo uruguayo se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad. Y si uno mira los artículos 74, 75, 78 y 79 de la LUC, parece que Uruguay está en el infierno respecto a la minoridad infractora. Reitero: en el infierno. Porque se duplica la cantidad de penas, se duplica la pena mínima, se mantienen los antecedentes y se duplican los plazos de prescripción, llevándolos a cuatro años. Es decir que alguien que a los dieciséis años haya cometido una rapiña puede ser procesado a los veinte años de edad. Esto va en una dirección muy dura. ¿Cuántos menores en infracción teníamos en el 2014? Arriba de mil. Hoy hay doscientos noventa. ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia? ¿Quién lo puede explicar? La tasa de reincidencia es la más baja desde que se empezó a medir este dato. Hoy, el 75 % de los menores no reincide. Y en este momento, en que un 75 % no reincide –todos sabemos que el elemento principal es la rapiña–, prácticamente eliminamos la posibilidad de régimen de semilibertad que, justamente, dio como resultado un porcentaje mayor de no reincidencia. Entonces, también tiene que ver con los contenidos de votar de apuro un conjunto de medidas cuyo resultado puede ser catastrófico en términos de ir en contra de lo que se supone es el fin que se persigue.

Creo que acá ningún legislador persigue como fin que la ampliación del hogar a toda la estancia permita que un estanciero asustado le dé un balazo en la cabeza, confundiéndolo con un delincuente, a quien en la noche se le quedó el auto en la ruta y golpea su puerta buscando ayuda. Nadie persigue eso. Son temas para pensar serenamente y no para votar a marcha camión.

No puedo quitarle al Gobierno electo el derecho de querer aplicar su programa; tiene todo el derecho de hacerlo. Y seguramente tengamos diferencias sustantivas en el horizonte programático. No hay duda, eso es legítimo. Lo que digo es que el Gobierno electo –y la mayoría parlamentaria que está en esta sala– no necesita usar este instrumento para aplicar su programa; puede hacerlo sin necesidad de crearnos este riesgo.

Hoy, 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo –OIT– refuerza un comunicado que emitió el día 7 de este mes, respecto a cuál es la urgencia principal en esta circunstancia tan trágica en la que cientos de millones de trabajadores se encuentran en una situación de enorme y extraordinaria vulnerabilidad e incertidumbre y ante la cual, si no se toman medidas de diálogo social, de fortalecimiento de la interlocución entre las partes y de protección del trabajo –como recomienda la OIT–, corremos severo riesgo.

La LUC trae consigo la limitación del derecho de huelga, en medio de una circunstancia en que la informalidad laboral –algo que nunca se ocultó– hoy se ubica en el entorno del 25 %, cuando estuvo en un 40 % en los años noventa y en un 41 % en el 2014. Si alguno se enteró ahora, tomemos medidas contra la informalidad laboral y no a favor de ella. ¿Acaso alguien duda de que alivianar la posibilidad de la inclusión financiera y debilitar a los sindicatos va a favor del aumento de la informalidad? Esperemos a ver los resultados dentro de un año o dos. No hay duda de eso. Ya vivimos circunstancias similares en las que Uruguay tenía una informalidad estructural comparable con la de algunos países de América Latina, y logró superarlas en el último tiempo. Es una labor todavía en construcción para poder seguir avanzando.

Es curioso que se plantee que la urgencia principal en las relaciones de trabajo pasa por limitar los derechos de los trabajadores. Si lo que se quiere es prevenir la conflictividad, nosotros hace seis o siete años construimos algunos observatorios de conflictividad tripartitos, con presencia de empresarios, de trabajadores y del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y los observatorios de conflictividad laboral nos dieron un resultado contundente: la inmensa mayoría de los conflictos laborales en Uruguay –las demandas, las denuncias, las audiencias– tienen que ver con incumplimientos patronales previos; ¡la inmensa mayoría de ellos! O fueron denuncias salariales, de evasión de aportes, de categorías, de discriminación de todo tipo o de acoso. Sin embargo, se aborda el capítulo laboral desde un costado, desde una perspectiva: el elemento principal parece ser limitar el derecho de los trabajadores a manifestarse.

Para redondear, señora presidenta, Uruguay hoy está atravesando urgencias que requieren la posibilidad de acuerdos. Cuando el presidente de la república asumió, colocó una definición. Es evidente que la elección de noviembre mostró que teníamos dos mitades: una mitad que aprobó el cambio y la otra casi mitad de los uruguayos –algo menor– que no lo aprobó. Y se dijo que no se trataba de sustituir una mitad por otra.

En este período hemos intentado arrimar propuestas con respecto a los desalojos, a la protección del trabajo, al precio de los medicamentos y de los insumos de la canasta familiar, con respecto a acordar un ingreso ciudadano. Fueron propuestas que intentaban atender la parte de la población que está más vulnerada, que tiene mayores complicaciones. También lo hemos hecho con respecto a la población de riesgo, para intentar ampliarle la cobertura del seguro de salud. Es decir, intentamos construir una base de medidas sobre las cuales pudiéramos tejer un acuerdo.

Es evidente que una reforma estructural de estas características, de todas las áreas –desde colonización y pasando por las sociedades anónimas, los temas de seguridad y los temas de la educación–, no es el procedimiento que hace posible un acuerdo nacional, si es que pensamos salir entre todos de una circunstancia tan compleja como la que nos generó la COVID-19.

Haré una última consideración acerca de los relatos. Comparto la afirmación de que la pobreza no se puede medir solo por ingresos, pero la indigencia tampoco; es necesario hacer un abordaje multidimensional de la pobreza y de la indigencia. Sin embargo, los ciento sesenta mil indigentes que había en Uruguay en el 2004 fueron medidos por ingresos, y cerca del 40 % de pobres que había en Uruguay en el 2004 también fueron medidos por ingresos. Cualquier intento de abordaje multidimensional hubiera dado cifras mucho peores, mucho más duras.

Es cierto que hay vulneraciones de derechos para atender, pero hay que resistir el archivo en todo, no en una parte. Yo soy de los que piensan que tenemos una deuda pendiente con las personas en situación de discapacidad, que les vulneramos sus derechos, que los excluimos socialmente. Ahora bien, en Uruguay había cien mil uruguayos que no podían ver –¡cien mil!– por no poder acceder a una operación sencilla de cataratas; no eran uno o dos, ni cien, ni mil. ¡Hay que resistir archivos!

Tenemos una deuda enorme del Estado para el ingreso de personas en situación de discapacidad, y en este milenio hubo un período de gobierno que fue nefasto en ese sentido. En los cinco años de ese Gobierno, sumando los ingresos de toda la Administración central y de todas las empresas públicas –consulten los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil– se lograron incorporar veinticinco, y a mí me parece muy poco cuando hay setenta por año. Ese fue el período 2000-2005. ¡En todo resistamos el archivo! Porque, si no, agarramos pedacitos de la realidad. La política, desde mi perspectiva, es la expresión de la lucha contra las desigualdades; es la expresión de la lucha contra las desigualdades en el terreno de la seguridad social; es la expresión de la lucha contra las desigualdades en el terreno laboral; es la expresión de la lucha contra las desigualdades en las posibilidades educativas y de salud; en definitiva, es la expresión de la lucha contra todas las desigualdades. El Frente Amplio no hizo todo bien, tuvo errores en estos quince años, pero no hay duda de que construyó un Uruguay distinto para la inmensa mayoría de los uruguayos. Esa valoración histórica todavía está por hacerse. Muchos derechos que no existían pasaron a existir, pero hoy no se trata de eso. La moción que presentó el Frente Amplio va en otra dirección. Ahorrémonos el camino de restar calidad democrática. Si los proyectos de ley de urgente consideración pasan a ser, a partir de este momento, la forma que los Gobiernos aplican de manera sumaria sus planes de gobierno aun sin el pronunciamiento del Parlamento, perderemos calidad democrática, y si eso ocurre, todos retrocedemos; no es una derrota para la oposición, todos perdemos. Por lo tanto, considero que se puede votar el mismo proyecto de ley sin la declaratoria de urgente consideración; para ello alcanza con que haya voluntad de la coalición de gobierno para salvar ese antecedente, que es muy negativo.

SEÑOR GANDINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Voy a ser breve. No voy a contestar sobre el fondo del asunto porque con más tiempo lo harán otros señores senadores, si es necesario. Pero sí voy a referirme a un concepto que se ha reiterado en sala. Entiendo que se insiste en que tiene dos patas, plumas, cacarea, pero es perro. ¡No! Si es así, vamos a discutir seis días y no nos vamos a poner de acuerdo.

Si el constitucionalista hubiera querido que se discutieran temas urgentes, habría definido en el texto qué se considera urgente. El texto constitucional consta de dos incisos y ocho literales, y dice que no podrá votarse más de uno por cada año, que no podrá merecer ese concepto aquello que requiera tres quintos o dos tercios de los votos, que por el voto de tres quintos del total de componentes se puede levantar la condición de declaración de urgencia, que la cámara que reciba primero un proyecto de ley tendrá cuarenta y cinco días para su consideración, que la que lo reciba después tendrá treinta días, que después pasa a la Asamblea General, que tiene diez días para pronunciarse. El literal g) dice que si fuera desechado por las dos cámaras tiene que aplicarse el artículo 142. Y el último literal, el h), dice que el plazo para la consideración de la primera cámara empezará a correr al día siguiente de haber sido recibido por el Poder Legislativo. Todo esto es procedimiento. Es decir, el constitucionalista no quiso que se trataran temas urgentes, solo quiso dar al Poder Ejecutivo una herramienta para que trataran de forma rápida algunos temas que entiende urgentes, y en eso tiene iniciativa privativa. ¡Es obvio que lo urgente hoy es el coronavirus! Desde el 13 de marzo hasta ahora cada jornada tiene veinte horas; para el Poder Ejecutivo no ha habido ni sábados, ni domingos, ni Semana de Turismo, ni Viernes Santo. ¡Nada! Porque la COVID-19 es lo urgente, lo primero y es lo prioritario, tanto en el frente sanitario, como en el social y en el económico, y porque se está pensando en el hoy, en el día después o en la nueva normalidad, como se le quiera llamar. ¡Eso es lo urgente!, pero los cambios de fondo están en el proyecto de ley de urgente consideración, porque el coronavirus en algún momento se termina.

Entonces, vamos a discutir esos temas. Esto que se está hablando acá va a ser maravilloso. Vamos a tener cuarenta y cinco días para darnos con todo sobre temas de fondo que nos distinguen y dividen ideológicamente, y sobre los que la gente ya dio su veredicto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- El señor senador Gandini entiende que la Constitución de la república da facultades discrecionales y nosotros creemos que no son discrecionales sino que están regladas. Esa es la diferencia. Ahora bien, sobre esa diferencia va a tener que laudar la Suprema Corte de Justicia. No sirve el «tiene gusto a jabón, pero es queso». Tienen que declarar la urgencia, como hubo que declarar la emergencia sanitaria en un hecho administrativo, pero nadie imagina que se declare una emergencia sanitaria si no la hay. Acá no hay una explicación de la urgencia; la urgencia no puede estar fundada en el apuro que tiene el Poder Ejecutivo. Eso resta calidad democrática y desequilibra la relación entre los poderes. Es de sentido común básico.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

¡Mire que da trabajo no querer trabajar, señora presidenta! Todos nosotros, sin una sola excepción, sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo en esta sala: algunos con la responsabilidad de la conducción nacional, de cambiar la suerte al país, de superar los enormes problemas que tiene, y los otros con el cometido, el objetivo de salvar lo que puedan salvar dentro de lo que es su concepción del poder. Esta es la realidad.

Acá se ha presentado un cuestionamiento o recurso parlamentario vinculado con cuestiones formales y lo formal no está en discusión desde que comenzamos el debate. Este debate terminó en el preciso momento en que comenzó; terminó cuando el recurso tuvo necesidad de descalificar, cuando tuvo necesidad de acusar, cuando no tuvo razón jurídica alguna que le pudiera sostener.

Hemos hablado de oportunidad y hemos hablado de la ley, de esta ley de plazos urgentes, sorpresiva, desconocida, pero de la cual yo creo que, si asistiéramos a la votación por parte del Senado al final de esta misma jornada, nadie se sorprendería, porque acá se ha demostrado un perfecto y profundo conocimiento sobre lo que estamos discutiendo. Será porque la campaña electoral fue clara y porque el presidente electo, hoy en ejercicio, en el transcurso de ella manifestó sus postulados políticos y dijo que la forma que iba a utilizar para ponerlos en práctica de inmediato era a través de este mecanismo. Desde ese momento –por supuesto que no estaban discutiendo el articulado– comenzaron a reflexionar acerca de los conceptos, que no pudieron cuestionar durante el final de la campaña electoral. Digo esto porque recuerdo que al final de la campaña electoral, justamente, se dedicaron a analizar que se utilizara este procedimiento, el de urgente consideración. Ese fue el debate final al que asistimos en la campaña electoral: no fue sobre las cuestiones de fondo de la vida nacional, sino sobre si era bueno o era malo utilizar este mecanismo.

Señora presidenta: aquí queda claro que nuestro presidente trabajó, de que su equipo trabajó, de que se preparó para gobernar hasta haber articulado cada uno de los quinientos un artículos que están en esta iniciativa. Eso se pudo hacer muy rápidamente a pesar de que es una ley muy extensa. Claro que es muy fácil articular rápidamente cuando se ha trabajado tanto, cuando se trabaja con tanta seriedad, cuando se tiene profundo conocimiento de lo que se quiere cambiar, cuando se tienen conceptos jurídicos claros y cuando se cuenta, además, con elementos técnicos que permiten ir articulando rápidamente lo que se está proponiendo. Eso fue lo que hizo, responsablemente, nuestro partido; en realidad, no nuestro partido, sino el conjunto de partidos que está gobernando el país; este conjunto de partidos. En esta sesión lo jurídico estuvo en debate diez minutos. Cuando terminaron de hablar los señores senadores Abreu y Asiaín el debate jurídico terminó. Quedó claro que el proyecto de ley fue debidamente presentado, que se cumplieron las formalidades constitucionales previstas en los artículos 160, 162, 163 y 164. Lo demás ha sido un adelanto del debate parlamentario que vamos a tener, si es que queremos decir que aprovechamos el tiempo, y no que lo tiramos, que desperdiciamos nuestro esfuerzo y la confianza ciudadana. Pero suponemos que no, que hemos adelantado ese debate. Por supuesto, lo que va a suceder es que las versiones taquigráficas de esta sesión no van a ser leídas por nadie. Nadie se va a tomar el trabajo de leer esta discusión. ¡Qué distinto a eso que nos ha pasado en estos días, cuando discutíamos con detalle cuándo empezaría a regir el plazo de la ley de urgente consideración, y todos desesperadamente fuimos a leer el debate en el que participaron el doctor Gonzalo Aguirre, el doctor Enrique Tarigo, el doctor Guillermo García Acosta, Francisco Rodríguez Camusso y otros; legisladores de peso y que por el propio peso de lo conceptual, tal vez hasta se divertían con esas disquisiciones de corte jurídico! Pero ¡cuánta riqueza y cuántos aportes hay en esas versiones taquigráficas! Lamentablemente, las versiones taquigráficas del día de hoy quedarán en el olvido.

Esto se inscribe en una estrategia. Sinceramente no soy nadie para dar consejos –porque además tengo buena autocrítica y tendría que empezar por mí–, pero uno observa cuando hay gente que no viene bien, cuando se repiten los errores.

El caceroleo en medio de la pandemia quedó feo. Quedó fea la amenaza de la protesta, a la usanza chilena. No quedó bonito para nada; generó rechazo. Bueno, el colmo fue que luego del anuncio, en plena pandemia y aislamiento, después de pedir que nadie saliera de su casa –ni siquiera el que tiene que revolverse para poder comer–, después de la propuesta de cuarentena obligatoria, se propusieran cuatro actos simultáneos. No quedó lindo.

Tampoco quedó lindo esto de haber preanunciado las medidas que se van a tomar para evitar las transformaciones en Uruguay.

Aprendí que el resultado hay que aceptarlo, que todo resultado electoral tiene detrás de sí un mensaje que va más allá de quién gana o quién pierde, que el pueblo cuando se pronuncia lo hace objetiva y subjetivamente, que detrás de eso hay riquísimas verdades que hay que saber extraer, que de nada vale seguir golpeando contra una puerta que no se va a poder abrir. De nada vale tratar de derribar a patadas una roca. ¿De qué sirve insistir en este camino de tratar de trancar por trancar? ¿Durarán un día más las medidas?

El primer escalón era este. En realidad, el primero fue tratar de hacer propaganda negativa a la presentación de la ley, tratar de convencernos de que el país no estaba en condiciones de discutirla, de que nuestra salud –por nuestro riesgo sanitario–, incluso, no lo podía permitir. El segundo es la jornada a la que estamos asistiendo hoy, es decir discutir si jurídicamente corresponde o no que sea considerada como ley de urgente consideración. La otra idea era la de trabajar en el tema de la inconstitucionalidad –tal como fue anunciado acá– y después está la amenaza de referéndum.

También escuchamos el lamento de que no haya barras, como si estas fueran a cambiar en algo la libre determinación de cualquiera de los legisladores en una república. Ni nuestras barras cambiarán la posición de los legisladores de la oposición ni las barras de la oposición cambiarán nuestra conducta; sería casi una falta de respeto considerarlo de ese modo.

El país, señora presidenta, está asistiendo a una nueva cultura política en la que el mandato único ha desaparecido y la verdad se construye desde diferentes verdades y ópticas, en la que lo que prima es un espíritu de construcción y no un mandato que baja verticalmente y se transforma en manos de yeso que producen leyes.

Nuestra cultura ha cambiado con la última elección, aunque tampoco lo ha hecho tanto, porque, en realidad, lo que hace es devolvernos al Uruguay de los uruguayos, al Uruguay a la uruguaya, al Uruguay de nosotros, al que aprendimos todos. Además, lo hace con otra característica más linda todavía, que es que, mientras podemos tener estas diferencias políticas con trasfondo ideológico que nos enfrentan respetuosa pero profundamente en ideas y en conceptos, podemos convivir en la solución de los problemas nacionales construyendo juntos, por ejemplo, en el caso de la emergencia nacional.

¿Por qué este articulado no tiene nada de la emergencia? Primero, porque este articulado estaba todo previsto y segundo porque, dada la actitud política que ha merecido este proyecto de ley de parte de nuestros adversarios políticos, de la oposición política, que ha elegido el camino de enfrentarse a la propuesta en vez de aceptar nuestra invitación de construir juntos –que sigue y seguirá abierta hasta el último día–, queda claro que existió una decisión política muy clara de separar carriles. En la emergencia sanitaria estamos todos los orientales juntos, pero en esta ley tenemos cuestiones que nos diferencian.

Daremos, por un lado, el respetuoso debate político de este proyecto de ley y, por el otro, abrazados seguiremos haciendo lo que debemos para salvar el país.

¿Por qué se produce en el país un cambio de signo político? ¿Por qué la gente decidió esta enorme transformación? Pasamos de un signo político a otro. Claro, lo que todavía no aparecía en los indicadores, la debacle que Uruguay todavía no tiene registrada y publicada ya era pública en cada uno de los hogares del país. Fue cada uruguayo el que se enfrentó con el hecho de no tener empleo, de llegar a su casa con la cara larga y la tristeza de no poder poner el pan sobre de la mesa. ¡Esa fue la estadística! ¡No fue porque los números perfectos cantaban que todo estaba bien! El ingreso nacional, que es igual al PBI, se veía en los salarios y rentas que no existían y en los beneficios que se terminaron, pero lo fue sufriendo cada oriental en su propia casa.

Para algunos parece que un déficit fiscal de casi USD 3.000:000.000 por año no es nada. Esa cifra asombra, pero a veces no tenemos dimensión de lo que significa. Hoy una hectárea de campo en Uruguay tiene un valor medio de USD 3000, es decir que estamos comprometiendo un millón de hectáreas por año. Cada año se nos va un departamento entero. ¡Nuestro déficit es un departamento entero!

Entonces, ¿cómo que el país no tiene que salir a solucionar esta situación rápidamente? ¿Cómo que no hay urgencia? Lo vemos en los hogares de ancianos y en el tema de los discapacitados. Hay mucho discurso sobre este último, pero poca acción. También lo vemos en el hecho de que la granja no produce y hay que organizarla, de que las carnes tienen que seguir generando competitividad en el mundo, de que no podemos pensar en ser competitivos con el precio que tenemos en los combustibles y con el puerto más caro de la región.

También es imprescindible y urgente la transparencia y la eficiencia del Estado y ni que hablar de que el Uruguay a la uruguaya nos permita caminar libremente por la calle y volver a sacar la silla a la vereda, que se respete al anciano y se proteja al joven, que se respete al policía y que los jóvenes puedan vivir la ilusión de alquilar su casa.

Señora presidenta: lo urgente es lo importante que no se atendió. Tenemos que hacerlo y por eso esta ley es urgente, además de tener forma de ley de urgente consideración.

Muchas gracias.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: todos sabemos que quienes estamos acá tenemos distintas visiones políticas, ideológicas de las cosas. Pero para nosotros no es admisible que se diga que acá nos dividimos entre los que están para trabajar por el país y los que están para rescatar lo que puedan de lo que trataron de construir. Los que estamos aquí salimos de la elección de octubre, con la correlación de fuerzas que se dio en esa instancia. La presidencia la determinó una elección en noviembre, en la que la diferencia fue de más o menos un cuarenta y nueve por ciento contra un cuarenta y ocho y algo por ciento. Yo quiero saber cuál de esos dos porcentajes representa el Uruguay de los uruguayos. Creo que todos somos el Uruguay de los uruguayos. No hay una parte que es el Uruguay de los uruguayos y otra que fue rechazada porque no lo era. Digo esto porque nosotros tenemos una visión y la vamos a defender, sabiendo que el pueblo eligió a quien lo va a presidir y la composición de fuerzas de este Parlamento. Y sabemos que lo que estamos defendiendo probablemente vaya a perder, pero nos sentimos en el derecho de defender nuestra visión.

En este caso, planteamos que el proyecto de ley de urgente consideración presentado –no estamos hablando en general, sino que nos referimos a este que se envió al Parlamento– para nosotros no es constitucional, no es oportuno y no es de urgente consideración. Eso lo vamos a defender. Hay temas que los podríamos haber votado en un proyecto de ley ordinario y otros que no. Pero estamos discutiendo, en primer lugar, el carácter del proyecto de ley. Y no hay que ponerse nerviosos por esta discusión, porque los plazos ya están corriendo. De manera que podemos dar esta discusión ahora o cuando tratemos los contenidos. En esta sesión apenas rozamos algunos contenidos; no discutimos en profundidad ninguno de ellos. Pero, repito, esto que estamos discutiendo lo estamos haciendo dentro de los plazos de la ley. Es decir que el tratamiento del proyecto no va a ir más allá del término previsto, por más que discutamos este punto.

Quería decir esto porque no se puede dividir a la ligera cuál es el Uruguay de los uruguayos y cuál no lo es, quiénes defienden una cuestión positiva y productiva y quiénes son negativos y destructivos. No es acertado discutir en esos términos, y lo queríamos dejar planteado.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: quiero reafirmar, en primer lugar, las palabras del señor senador Bonomi. No se puede argumentar que queremos diálogo nacional, que hay que aportar, que hay que discutir, y enseguida meter un tajo. No se puede. Ni tampoco se puede herir, en definitiva, al sistema político, diciendo que es muy difícil trabajar cuando no se quiere trabajar. Me parece que esto no se condice con la actitud de ninguno de los integrantes de este Cuerpo ni del Parlamento de la república. Creo que no es bueno ir por ese camino.

Acá lo que tenemos son diferentes visiones de país y diferentes posiciones, incluso en términos políticos y jurídicos, frente a lo que tenemos que considerar. Y el Parlamento se hizo para parlamentar, para discutir, para proponer y, si es posible –y sería deseable–, ponernos de acuerdo.

Lo que está haciendo la bancada del Frente Amplio en esta instancia es tratar de convencer a las bancadas de gobierno de que es necesario tratar los temas tan importantes incluidos en este proyecto de ley, pero no con el carácter de urgente consideración. No estamos trancando nada. Los plazos están corriendo. No estamos impidiendo que el Gobierno electo lleve adelante la agenda de transformaciones que entiende pertinente para el país. No nos estamos oponiendo a eso. Lo que estamos diciendo es que para realizar un volumen tan grande de transformaciones como las que se pretenden hacer, tenemos que darnos los tiempos suficientes, y entendemos que de esta manera es muy difícil.

También creemos que además del tiempo de los parlamentarios, está el tiempo de la gente, y que es bueno que se llene de gente el Parlamento para discutir. Evidentemente, en medio de una pandemia eso se hace más difícil, porque le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa, pero ahora le vamos a pedir que venga. Y por otro lado se discute que haya organizaciones que se movilicen, pero a la vez se presenta este proyecto de ley. Entonces, si están en contra, ¿cómo hacen para expresarse? Es decir que lo que estamos discutiendo es la oportunidad de plantear de esta manera estos temas.

Y por supuesto que, sobre el fondo del asunto, hay algunos aspectos que no compartimos. Probablemente, en el transcurso del trabajo en el Parlamento habrá oportunidad de hacer transformaciones al proyecto. Ojalá así sea. Esperemos que efectivamente lo que se dice en cuanto a querer construir diálogo y acuerdos sea lo que se practique, porque lo más barato del mundo es la saliva. Decir debe tener una relación con el hacer; de lo contrario, no es más que una simple expresión.

Esto es lo que está planteando la bancada del Frente Amplio, que no está considerando el proyecto de ley. Acá se nos pregunta si vamos a hacer aportes. Por supuesto; vamos a trabajar en la comisión. Pero el problema es que estamos en presencia de un proyecto de ley respecto al cual el Poder Ejecutivo hace uso de una facultad, porque no existen leyes de urgente consideración; existen leyes. El Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional de declarar la urgencia de su tratamiento. Y lo que estamos discutiendo ahora es una potestad del Parlamento. Estamos intentando convencer a la bancada de gobierno –parece que no vamos a tener éxito– de que para tratar estos temas es mejor que el proyecto no tenga la declaratoria de urgente consideración. Alguien podrá decir que está bien que lo tenga. Y alguien podrá decir que es el representante de la gente. Pero no, el representante de la gente es el Parlamento, porque de lo contrario algunos se arrogan el derecho de la verdad absoluta. Son los únicos representantes legítimos. Acá cada uno de los que estamos sentados tiene la misma cantidad de votos. Vale lo mismo cada una de las bancas. Vale lo mismo lo que expresa cada uno de los señores senadores. Y luego se conforma una mayoría. Hay una coalición de gobierno, que ostenta el Poder Ejecutivo, y estamos discutiendo esto.

Entonces, quiero entrar en alguno de estos puntos, porque creo que es el tema de la convocatoria. El Parlamento tiene que discutir si el proyecto debe tener el rótulo de urgente consideración, y si ese mecanismo que se está utilizando cumple con las formalidades constitucionales o hay un apartamiento del Poder Ejecutivo en ese sentido. Y nuestro ordenamiento jurídico, justamente, está basado en el equilibrio de los poderes, lo que implica un conjunto de instrumentos y herramientas para intentar que quien tiene que ejercer el poder no se desvíe. Ese es el equilibrio, y hay que comprender nuestro marco jurídico, no solo la literalidad. Hay que comprender de manera hermenéutica lo que está establecido en la Constitución de la república.

Y allí hay varias precisiones a hacer, algunas de carácter jurídico y otras de carácter político.

La primera es que está claro que para que un proyecto de ley tenga carácter de urgente consideración tiene que haber una expresión del Consejo de Ministros, que se compone de trece miembros. Aquí se ha argumentado que según el artículo 162 de la Constitución, que determina cómo resuelve el órgano, puede actuar por mayoría. Y es cierto: el órgano puede resolver por ciertas mayorías. Ahora bien, acá no estamos discutiendo cómo conforma su voluntad el órgano, sino cómo informa ese órgano a otro poder. No estamos discutiendo cómo toma decisiones el órgano competente. Estamos discutiendo cuál es la formalidad que debe cumplir en términos estrictos para comunicarse con otro poder. Y en la comparecencia, que es la primera hoja que tienen todos los señores senadores arriba de la mesa, se habla de los trece ministerios y eso debe tener una correspondencia, como sabe cualquier señor o señora escribana que esté aquí, con las firmas, en cualquier documento público. No puede haber una comparecencia donde se diga que hay determinados ministerios y luego las firmas no se correspondan con eso. Lo que sucede en la carpeta que estamos tratando es que no se corresponden las firmas, faltan dos. Eso es lo que vicia, en términos administrativos y jurídicos, el documento público que llegó al Parlamento de la república. Porque si en una carátula de cualquier escribano dice que firmaron, por ejemplo, Alejandro Sánchez y Fulano o Mengano, y después las firmas no están, ese es un documento público que carece de legitimidad. Eso es lo que hemos estado planteando desde el inicio.

Además de esta cuestión de tipo jurídico, hay otro asunto que se está soslayando en esta sala que es una cuestión política. Si miramos los artículos 168, 162 y 160 de la Constitución de la república, debemos mirar también el 179, señores legisladores. ¿Qué dice el artículo 179 que es importante y relevante? Establece que los ministros serán responsables de los decretos y órdenes que firmen o expidan con el presidente de la república. Por tanto, podemos estar en presencia de dos señores ministros que no se harán responsables políticamente de esta ley porque no la firmaron –no sabemos por qué razón–, y si no lo hicieron, probablemente puedan decir que no la comparten, o que tienen algún otro elemento, o quizás fue un error administrativo que lo que terminó haciendo –porque escuché a algún señor legislador decir que hubo un error administrativo en recabar la firma– es viciar el trámite. Eso es lo que hemos puesto arriba de la mesa. Aquí se ha hecho una interpretación y las mayorías de esta cámara la van a sostener. Repito, la van a sostener y habrá una discusión profunda hacia delante, pero no hay que soslayar este elemento. Es más, cuando el señor presidente de la república envía un proyecto de ley que no es de urgente consideración, puede hacerlo mediante uno o varios ministros, en cuyo caso firman los ministros de las carteras que están comprometidas en la iniciativa. Sin embargo, aquí hay normas y artículos que refieren a carteras cuyos ministros no han firmado, no están las firmas de los titulares correspondientes. Ese es uno de los puntos que, reitero, hemos puesto arriba de la mesa y al que no se le ha prestado atención o, simplemente, se ha dicho: «Bueno, es una cuestión administrativa», y ya está.

Por otro lado, se nos dice: «No quieren trabajar». Sin embargo, hoy se nos ha comunicado que la comisión se constituiría mañana –ojalá podamos cambiar eso– pero que empezaría a recibir gente el lunes. Y se nos dice: «¡Qué difícil es! ¡Cuánto esfuerzo conlleva trabajar!». Entonces, capaz que se recapacita y se plantea que mañana podamos recibir a alguna delegación, además de constituir la comisión. Se podría coordinar. Además, el proyecto de ley llegó el jueves, o sea que hay un ordenamiento que se está diseñando y me parece que no corresponde señalar si algunos son o no responsables o si quieren o no trabajar porque eso no nos ayuda, reitero, no nos ayuda. Podemos tener diferencias en lo que respecta a la interpretación de la Constitución; de hecho, las hemos tenido en varias oportunidades y nadie dijo que alguien estuviera intentando trancar, romper o dividir por el hecho de sostener una posición política o jurídica en la interpretación de un tema. Evidentemente, acá estamos en cuestiones distintas.

Por tanto, se nos dice que hay que tratar este proyecto de ley en forma urgente y, por nuestra parte, sostenemos que para que el señor presidente pueda hacer uso de esta facultad, en el marco del análisis que implica justamente el equilibrio de poderes y tratar de que el ejercicio del poder no sea mal utilizado, el constituyente dijo que debe estar la firma de todos los ministros y que hay que enviar un solo proyecto de ley, no se puede enviar dos. Una forma oblicua de evitar esa situación es meter treinta proyectos de ley en uno, decir: «Es uno; es uno» y hacer que el Parlamento trabaje en varios. Esa es la forma que se encontró. Mañana podría venir un Gobierno y proponer una ley de urgencia de dos mil artículos, y así podríamos seguir. Por ende, algo que es excepcional y por ello establece mecanismos extraordinarios y obliga al Parlamento de la república a trabajar con tiempos excepcionales, puede transformarse en una regla. Por esa razón decimos que esto deteriora la calidad de nuestra democracia. Y no le estamos adjudicando un delito a nadie, lo que estamos diciendo es que están haciendo un uso abusivo de una potestad e impidiendo que la gente pueda expresarse, manifestarse, trabajar tranquilamente y discutir temas muy profundos.

Nosotros no estamos cuestionando que un Gobierno electo por el voto popular lleve adelante su agenda. No nos pidan, entonces, que nosotros adhiramos a esa agenda, porque no la compartimos y porque tenemos visiones distintas.

Lo que está claro por la doctrina es que, para declarar la urgencia –porque acá estamos viendo que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de declarar la urgencia, lo que desencadena plazos– tiene que haber un hecho fáctico, real. No se puede inventar una urgencia. No puede ser que por razones políticas o ideológicas se establezca que algo tiene que ser tratado de manera urgente. No puede ser porque se me antoja. Ese es, justamente, el componente del abuso de poder: hago lo que se me antoja. Y no es así. Tiene que haber, naturalmente –no por una cuestión solo de sentido común, sino también de apego a la doctrina y a las normas constitucionales–, una justificación que determine la necesidad de que un tema, un problema, sea tratado muy rápidamente, y entonces exigir al Parlamento este mecanismo. Nosotros decimos que los temas que están aquí contenidos son muy importantes, pero que, bajo este rótulo, en realidad, se han colocado demasiados asuntos y eso vicia de alguna manera la situación. Esto no lo decimos únicamente nosotros, sino también la ciencia política y algunos juristas. Como siempre, en el Uruguay hay varias bibliotecas; a no ser que ahora acusen a Cajarville de ser frenteamplista consumado; voy a llamar a Javier Miranda a ver si tiene afiliación. No la tiene. Creo que se puede discrepar o estar de acuerdo con lo que dice un catedrático, pero nunca debe decirse que este tiene intenciones políticas. Me parece que eso no es bueno para el doctor Cajarville con quien, ciertamente, he discrepado muchas veces, incluso en debates en comisión; pero nunca cometería el atentado de despreciar su pluma o su inteligencia, su trabajo, sus estudios, su investigación y su sapiencia, como alguien ha hecho por aquí.

Entonces, señora presidenta, claramente estamos en presencia de un problema. Al decir de Fito Garcé, una olla a presión, en la que ponemos al país con esto. Y la ciencia política dice, generalmente, que los Gobiernos a veces tratan de acelerar las transacciones políticas en sus Parlamentos construyendo leyes ómnibus y metiendo todo allí dentro, lo ponen como en una olla a presión, lo sacan en noventa días, y ya está. Entonces, así se ahorran aquello que dice la ciencia política y se ahorran también, en definitiva, los costos de las transacciones políticas.

Seguramente vamos a discutir muchísimo, pero lo cierto es que este texto, desde un punto de vista medular, nos propone un proyecto de país que desconoce absolutamente que hay una hecatombe en el mundo y que nada será igual después del coronavirus: ni los hábitos que tenemos, ni la situación de las economías, ni las sociedades, ni la cultura. Nos dicen que el mundo ha cambiado, pero nos traen el mismo proyecto de ley que tenían antes de que apareciera el coronavirus. Es decir que no registraron el cambio. Lo que hoy está discutiendo el mundo entero es cuál va a ser la salida, por dónde será. Vamos a salir de esta situación con una destrucción de la economía, con la muerte de empresas. Se estima que va a haber quinientos millones de pobres más en el mundo y ciento veintitrés millones de trabajos destruidos.

Hoy estamos viviendo algo que era impensable: casi la mitad de la población está recluida en su casa, con miedo a salir. Incluso en algunos países llevan presa a la gente por salir. Miren la situación en la que está el mundo hoy. ¿Los señores senadores piensan que eso no va a tener un efecto enorme y peligrosísimo sobre la realidad de nuestra república, que es tomadora de precios y está en la periferia? ¿No deberíamos estar discutiendo esas cosas para ver cómo implementamos una recuperación, cómo nos preparamos para eso, en vez de meternos un tajo de esta manera? ¿No deberíamos estar discutiendo cómo podemos lograr que las pequeñas y medianas empresas no se nos mueran? Porque a la hora de la recuperación puede haber distintos procesos. Puede haber registros de crecimiento del PBI con enorme concentración. Ya ha ocurrido eso en el país y significa destrucción de pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más trabajo e innovación, fuentes de trabajo y de capital nacional. Sobre estas cosas deberíamos estar discutiendo. ¿O no sabemos que se retiraron de los países periféricos, del tercer mundo, USD 59.000:000.000, que fueron a refugiarse a los países ricos, y que todo esto va a tener un efecto enorme? Esas son las urgencias sobre las que deberíamos trabajar. Y no tenemos todas las respuestas; nadie las tiene, en realidad, porque todavía no sabemos cuándo termina esta situación y con qué consecuencias. Nosotros pensamos que esas son las urgencias que debería discutir la república. Se nos puede decir que no; está bien, pero habría que fundamentar por qué no hay que discutir esas cosas. Estamos muy preocupados por esa situación. Y estamos muy preocupados también por la pérdida de soberanía que puede ocasionar la salida del mundo, porque todos sabemos que el mundo rico se va a juntar en un club muy exclusivo de ocho y sabemos quiénes pagan después las consecuencias de los arreglos de los poderosos.

Deberíamos, entonces, estar discutiendo sobre esos temas que son relevantes además de la urgencia concreta de la gente que necesita un plato de comida y que se quedó sin trabajo, y no decir que se maquillaron cifras, porque eso degrada el debate político y democrático. Si bien me manifesté en contra de Gobiernos que no eran de mi partido, nunca cuestioné lo que decía el Instituto Nacional de Estadística, porque ese es el punto de acuerdo para poder debatir. Si la verdad es subjetiva, se acabó la democracia; en ese caso sería mi verdad contra la tuya y la del que tiene más fuerza.

En definitiva, no corresponde venir a decir livianamente que se maquillaban las cifras, cuando solo en Estados Unidos hay tres millones y medio de trabajadores que fueron al seguro de paro –un Uruguay entero–; entonces, ¿le van a decir a Donald Trump que maquilló las cifras? ¡No! ¡Se cayó el mundo! ¡Se cayó toda la estantería! No es que una brisa sopló en Uruguay y maquilló las cifras. ¡No, por favor, no hagamos esto! Los que estamos aquí tenemos una responsabilidad política porque las cosas que nosotros decimos repercuten afuera.

Tenemos que sentarnos y bajar un poco la pelota al piso para discutir los temas con responsabilidad y seriedad, pero no tirando el biandazo así nomás. Creemos que estos temas tan importantes se podrían discutir de otra manera. Discrepamos con muchas de las medidas que figuran aquí; discrepamos, mientras el mundo avanza, en retirar el dinero efectivo que esta ley de urgente consideración plantea y aumentar las transacciones efectivas en USD 100.000 cuando todo el mundo y los organismos internacionales dicen: «por ahí va el lavado». Eso nos preocupa.

Nos preocupa, también, que se establezca la falsa contradicción de que hacer competir a Ancap va a provocar una baja en el precio de los combustibles. En realidad, hacer competir a Ancap va a darle a un privado el negocio que hoy tiene nuestra empresa pública, porque los combustibles de este país se pueden bajar por decreto del Poder Ejecutivo. Nos podrán decir que, en definitiva, se quiere hacer más eficiente la empresa y que nosotros no lo hicimos. ¡Muy bien; háganlo!, pero no le regalen una porción del mercado de nuestra empresa pública a los privados para que hagan plata. Ese es el problema. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque Uruguay ofrece a las familias uruguayas el gas para que todo el mundo consuma en su casa un 20 % más barato que los precios de paridad en que se mide la nafta. Probablemente, eso se pague con una nafta más cara. Pero si se rompe el monopolio de Ancap, ese subsidio a las familias uruguayas puede perderse. Porque en Uruguay, cuando se refina petróleo no es solamente para obtener nafta, sino también gas y otros productos. Eso es lo que hace la ecuación. Es más, si alguien quisiera decir: «No refinemos, importemos para que no haya trabajadores en la refinería», Ancap podría hacerlo. No necesitamos darles un negocito a los privados. No necesitamos que el dinero de los fideicomisos de las intendencias –ya culmino, señora presidenta–, en vez de manejarlo República Afisa, lo manejen privados, porque eso es lo que figura en este proyecto de ley de urgente consideración. Se plantea que a partir de ahora no se podrán contratar directamente las empresas propiedad del Estado, aunque estén dentro del derecho privado, sino que tienen que competir con los privados. Es decir que tal vez demos a la banca la posibilidad de administrar dineros públicos de las intendencias para que administren esos fondos.

Por esas cosas, que también son de fondo, no compartimos mucho lo que figura en esta iniciativa. Pero lo que queremos plantear realmente es que la forma de discutir esto debería ser otra.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: no voy a ingresar en el fondo de los asuntos porque, entre otras cosas, hay temas de los que no puedo opinar. Quienes algo estudiamos, sabemos que no sabemos nada; ya lo dijo Sócrates.

En la comisión vamos a tener oportunidad de decirlo, pero quiero aclarar que, en mi opinión, el señor senador Sánchez –él sabe el enorme respeto que le tengo– confundió algunos conceptos en la primera parte de su intervención.

En primer lugar, la Constitución exige mayorías para que las resoluciones del Consejo de Ministros tengan legitimidad y el respaldo de la mayoría. Lo dice la Constitución, que puede leerla cualquier persona. Eso me lo dijeron tantas veces cuando me quisieron atacar porque soy abogada; y sí, una ley la lee cualquiera...

(Interrupciones).

–No se conforma la voluntad del Consejo de Ministros si no hay determinadas mayorías. Esa es la primera aclaración. Lo dice la Constitución; lo lamento mucho, pero es muy clarita. Todas las demás cosas se pueden ir buscando, enredando y todo lo demás, pero está escrito, negro sobre blanco.

En segundo término, quiero aclarar otra cosa sobre lo que acaba de decir el señor senador Sánchez con respecto a los documentos públicos, señora presidenta. Tanto usted como yo, por ser escribanas, sabemos que incurrimos en responsabilidad porque somos depositarias de la fe pública. Somos los únicos profesionales depositarios de fe pública; ni los abogados, ni lo contadores, ni nadie lo son. Si nosotros decimos que firmaron trece y firmaron once, obviamente, estamos vulnerando el principio fundamental, uno de los pilares del funcionamiento jurídico del país, que es la fe pública. Y eso no tiene nada que ver con una comunicación del Poder Ejecutivo.

Quisiera terminar diciendo –y con esto finalizo porque es mejor aprovechar el tiempo– que la Ley n.º 18711 –que fue mencionada por el señor senador Gandini–, del 30 de diciembre de 2010, declaró emergencia sanitaria para la asistencia anestésico-quirúrgica. Fue una LUC y llevó solo la firma del señor senador Olesker –acá presente–; ahí faltó la mayoría absoluta. Aclaro que no estoy imputando nada al señor senador Olesker, por quien siento un enorme respeto, pero eso sí que es una nulidad –¡eso sí lo es!–, porque faltaron las mayorías que exige la Constitución para una LUC. Acá no faltan.

Ahora sí finalizo, señora presidenta –antes de que suene el timbre indicador del tiempo–, diciendo que me aburrí de escuchar durante los últimos cinco años que no nos complicáramos nosotros con la inconstitucionalidad cuando advertíamos los disparates que aprobaba la bancada de gobierno. Muchos de esos disparates constituyeron récord de inconstitucionalidades durante el Gobierno del señor Mujica, pero nos decían que nosotros no teníamos que valorar si algo era o no inconstitucional, porque de eso se encarga la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tengamos memoria.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Prometo que no voy a entretener más al Senado en un debate con mi exdirectora del Liceo Bauzá, con quien podemos seguir discutiendo, incluso, fuera del hemiciclo.

Simplemente, voy a poner un ejemplo relacionado con la conformación de la voluntad de un organismo y su comunicación, que es tan importante. Este es un órgano colectivo; aquí se aprueban leyes que tienen que ser comunicadas a la otra cámara o al Poder Ejecutivo, según el caso, según sea primera o segunda cámara. La voluntad de este organismo se expresa con sus mayorías; una ley puede salir aprobada por unanimidad, por dos quintos, por tres quintos, por mayoría simple. Ahora bien, esa ley no puede ser comunicada si la señora presidenta de la Asamblea General no firma y si el señor secretario del Senado no firma. Esa ley no puede ir a la otra cámara ni se puede comunicar al Poder Ejecutivo sin esas dos firmas, porque son las que dan fe de que este órgano se expresó.

Este debate que tenemos es porque cuando llega un proyecto de ley como este –ocurre que, además, estamos discutiendo de una manera bastante rápida–, uno lo mira y ve que en la comparecencia aparecen todos los ministerios. No aparecen once ministerios; aparecen trece, pero deberían aparecer once, si del otro lado hubiera menos firmas.

En todo caso, si el Gobierno del señor Mujica envió un proyecto de ley que no tenía esta firma –o sea que estaba mal el procedimiento– y se hizo mal en aquella época, se hace mal hoy también. Si no se cumplió en aquella época porque no estaban todas las firmas de los señores ministros, era tan malo antes como lo es ahora.

Lo que nosotros estamos diciendo es que la comunicación del Poder Ejecutivo a otro poder del Estado tiene la comparecencia de trece ministerios, pero figuran las firmas de once. Entonces, no estamos cuestionando cómo toma decisiones el Poder Ejecutivo, sino que estamos hablando de cómo comunica un poder a otro poder, y ahí está el vicio.

Se puede entender y se puede interpretar, como va a suceder aquí, que con el artículo 162 está resuelto. Está bien. En todo caso será materia de análisis de otras instituciones que tendrán que discutir esos temas. Aquí no nos vamos a poner de acuerdo.

Simplemente quiero expresarme sobre ese elemento que colocamos arriba de la mesa, justamente ante una clara situación: si el constituyente dice que no mandes más de un proyecto de ley, seguramente fue porque razonó que no iba a venir alguien a decir: «Bueno, metamos todas las leyes en una, y es una». Hacemos como que es una, cuando todos sabemos que son varias. Pero está bien, las mayorías son las mayorías y las mayorías mandan. El Frente Amplio no ha cuestionado esa situación, ha cuestionado otras cosas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: quedó entendido que cuando usted hablaba de fe pública no se refería al concepto que manejamos los escribanos. Solo los escribanos tenemos la fe pública.

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Señora presidenta: voy a ser breve.

Ya que estamos hablando de firmas quiero decir que por suerte fuimos mejorando, porque arrancamos con un problema constitucional, grave, y ahora estamos ante un problema administrativo sobre cómo debería interpretarse el acto administrativo. Por suerte, en ese sentido hemos avanzado. Hace un rato pensaba cuánto aporta este debate, sobre todo para afuera, y pienso que por lo menos aporta esto. Aquello que era una gran falla constitucional al comienzo de la sesión, ahora es, quizás, algún problemita de orden administrativo o de comunicación.

Como decía Ortega y Gasset, lo menos que puede hacerse en beneficio de algo es entenderlo. Las leyes de urgente consideración, o estas herramientas, surgen de la necesidad del Poder Ejecutivo de avanzar en medidas, en decisiones, y en sus programas de gobierno. Esto es muy importante porque tiene que ver con el centro de la cuestión. Esta es una potestad del Poder Ejecutivo. Dada la dilación y los debates extensos, muchas veces los gobernantes o los Gobiernos democráticos veían diluidas a través del tiempo las posibilidades de encarar las transformaciones reales que deseaban hacer. El profesor español Alberto Ramón Real fue para muchos inspirador en este sentido y decía que los decretos, las leyes de urgencia, las leyes delegadas y los procesos legislativos abreviados son armas corrientes para lograr la eficacia gubernativa en el constitucionalismo democrático del siglo xx. Si se les niegan esos medios a los Gobiernos democráticos, se los toman los dictadores que los suplantan. Así, el constituyente incluyó este cambio en el año 1966, agregando en este numeral 7.º) del artículo 168 de la Constitución la posibilidad de que el Poder Legislativo resuelva en un plazo más corto o en un plazo limitado de tiempo determinadas cosas que le urgen a la hora de gobernar. Aquí se explicó con mucha claridad y me llama la atención que sigamos debatiendo sobre este tema.

Cassinelli Muñoz –citado más temprano y referencia ineludible en estos temas– decía: «Este método tiene evidentemente la ventaja de que asegura al Poder Ejecutivo un pronunciamiento (a favor o en contra, pero un pronunciamiento) en plazos más o menos razonables acerca de una ley que considere necesaria para la ejecución de su política, y elimina esa situación de incertidumbre de quien tiene un plan político y no sabe si lo va a poder realizar o no, porque el asunto se sigue discutiendo y discutiendo y pasan los años y se le acaba el mandato y no ha podido concretar esa línea política». No creo que pueda definirse de mejor manera la herramienta que hoy estamos comenzando a utilizar, es decir la que utilizan el presidente de la república y el Consejo de Ministros para iniciar su gobierno.

Jaime Sapolinski dice que no hay leyes urgentes ni leyes de urgencia. Se ha hablado sobre este tema –lo ha dicho con claridad el señor senador Gandini– y me llama la atención que sigamos confundiendo los conceptos o que tratemos de confundirlos. No hay leyes urgentes, no hay leyes de urgencia; lo urgente es el procedimiento. La ley es de urgente consideración, no es una ley urgente. Por tanto, la norma no tiene que traer nada urgente ni debe haber situación de crisis ni de urgencia que genere una ley de estas características; no lo pide ninguno de los literales del numeral 7.º). Además, es claro que el concepto de urgencia es muy subjetivo: lo que es urgente para unos seguramente no lo sea para otros; no tiene sentido. ¿Qué es urgente? Para unos lo es la educación; para otros, la seguridad; para otros, el bienestar animal. Y está bien que para unos sea urgente una cosa y para otros, otra. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos analizando, que es la cuestión formal de una ley de urgente consideración.

No era mi intención decir esto, porque no quería reiterar lo ya dicho con tanta claridad, pero es muy difícil entender que se insista y se siga errando en este tipo de conceptos.

Además, por si no alcanza la discusión y la argumentación sobre este tema, hay evidencia del Programa de Estudios Parlamentarios, del Instituto de Ciencia Política de la Udelar, que indica que, desde su implementación, surgieron trece proyectos de estas características. El Poder Ejecutivo ha presentado trece proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración: uno durante la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, que fue rechazado; cuatro durante la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle, dos de ellos rechazados y dos aprobados; dos durante la presidencia del doctor Jorge Batlle, que fueron aprobados; dos durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, que fueron aprobados, y cuatro durante la presidencia del señor José Mujica, de los cuales uno fue rechazado y tres fueron aprobados. ¿Saben los señores senadores cuántos de estos proyectos tenían motivaciones urgentes? Dos. Ninguno de los demás proyectos refería a cuestiones de urgencia. ¡Ninguno! Entonces creo que esta discusión, para quien la está viendo, para el ciudadano común, carece de sentido.

Yo entiendo la discusión política, pero no pensé que el debate se fuera a centrar en la formalidad –lo digo honestamente–, sino en lo que conocemos públicamente: si era el momento o no, por la situación de coronavirus. Además, un debate que no corresponde realizar hoy es el de los temas de fondo, es decir, aquellos cambios que la LUC introduce, sobre lo que se ha hablado mucho y, a mi juicio, repito, no corresponde hablar hoy porque, por suerte, tendremos jornadas por delante para hacerlo.

Estoy tentado a responder muchas de las cosas que acá se han dicho, pero no es el momento ni la oportunidad; hoy nos convoca otro tema y es si aprobamos la declaratoria de urgencia, aquí, en el Parlamento nacional. Quiero decir que, en el marco de este debate que estamos dando, el Parlamento perfectamente podría no aprobarla. ¡Que más democrático que este debate que estamos dando desde temprano de la mañana para declarar o no la urgencia de esta ley! Reitero: el Parlamento, este Senado puede no declarar la urgencia, tal como se ha hecho en otras instancias. Entonces, creo que hoy, como dicen en campaña, se les fue el chico lejos. Con los argumentos, con los adjetivos, con las denuncias y con los calificativos, se les fue el chico lejos, porque nada más democrático que discutir el tema hoy acá. ¡No se puede poner en duda eso!

El Poder Legislativo está en el centro, porque el Poder Ejecutivo tiene acotadas estas competencias. Puede mandar esta ley, pero tiene restricciones: no pueden ser leyes presupuestales, no pueden ser leyes que necesiten mayoría especial y no puede mandar más de una a la vez. No es lo que quiera el Poder Ejecutivo. Y aquí, en este ámbito se resuelve el resto; es aquí donde discutimos. El Parlamento puede no declararlo urgente, el Parlamento puede no aprobarlo, el Parlamento va a discutir su contenido, que puede ser cualquiera menos lo que el constituyente dice que no. Reitero: cualquiera, ¡cualquiera! En ninguna parte se dice qué temas deben venir o no, a excepción de las tres excepciones que acabo de señalar.

Entonces, todos los temas que están en la LUC pueden estar incluidos, porque la Constitución es muy clara: lo que viene en la LUC está bien que venga, es materia de la LUC, porque no dice que no puedan serlo.

La cantidad de artículos, combinada con el tiempo que se tiene, es otra cuestión de la que se ha hablado mucho. Aquí se dijo que el plazo es el mismo que para el tratamiento del presupuesto nacional, con la clara diferencia de que en este caso la no expresión supone la aprobación y, en el otro, el rechazo. Los tiempos son los mismos, pero en esta casa hemos tenido que considerar un presupuesto nacional con más de ochocientos artículos –no me tocó a mí porque soy nuevo en esto– en el mismo tiempo, en el mismo plazo.

¿Quién dispone la cantidad de artículos? ¿Pueden ser cien o ciento veinticinco, como decía el señor senador Coutinho? ¿Doscientos cincuenta? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso?

A su vez, nunca se objetó la cuestión del tiempo, y hablo de las leyes de presupuesto. Siempre se trabajó, se recibió a todo el mundo y se argumentó.

Entonces, lo que hay que cuidar es la calidad deliberativa de la democracia; ¡eso sí! Hay que recibir a todo el mundo, hay que escuchar las opiniones de todo el mundo, pero eso es algo que está asegurado –y me consta, porque integro la coordinación–, porque la señora presidenta y todo el Parlamento se aprestan a entrar en esa consideración y si es necesario trabajar sábados y domingos, vamos a hacerlo.

Una de las cosas que más me llama la atención desde el punto de vista político es que nos estemos cercenando la posibilidad de colaboración entre nosotros. Arrancar con este debate tan alto, tan enconado –desde mi punto de vista con poco fundamento formal–, nos quita posibilidades de enriquecer el documento. Creo que en este tiempo, en estos días de trabajo, podemos cambiar muchas cosas, por cierto, y podemos incorporar muchas propuestas de la oposición. Yo he escuchado algunos argumentos con relación a algunos artículos que perfectamente pueden ser de recibo, incorporarse y mejorar el texto. Pero en la vida uno no es lo que dice, sino lo que hace, y si realmente quiere tener una voluntad colaborativa, propositiva y de tender puentes, no hace estas cosas, sino lo contrario, da señales contrarias. Por eso, lamentablemente, bajan mis expectativas respecto a que el proyecto se pueda mejorar con el aporte de quienes hoy no son gobierno.

Hablando del Poder Legislativo y de su capacidad, no podemos reducir la importancia del debate en la comisión y posteriormente en la cámara, la importancia del trabajo que este Cuerpo va a tener de aquí hasta que quede aprobado el proyecto de ley. Este trabajo es muy relevante, muy importante, y al cuestionar la manera de ingresarlo, al decir que no se está cumpliendo con la forma, se le está quitando importancia al trabajo legislativo de esta casa. ¡No es así!

Por último, nosotros integramos un Gobierno; el Partido Colorado integra un Gobierno. Firmamos un acuerdo de trece puntos llamado Compromiso por el País. Se trata de un programa acordado y articulado, con puntos que nos conectan con nuestros socios de la coalición; somos parte de este Gobierno y estamos respaldando la herramienta y esta ley de urgente consideración que ha enviado el señor presidente de la república. ¡Que no se entusiasme alguno porque falta alguna firma! Acá está el Partido Colorado, responsablemente, apoyando en todos sus términos la herramienta desde el punto de vista formal y el contenido de esta ley de urgente consideración.

¿Saben lo único que no se ha señalado sobre esta ley de urgente consideración? Que, inéditamente en la historia del país, fue anunciada en campaña electoral. Hubo trece leyes de esta naturaleza, pero nunca un candidato a la presidencia de la república anunció en campaña electoral que iba a enviar un proyecto de ley de estas características. Eso lo hizo el actual presidente de la república. Eso fue inédito, y aunque según algún politólogo suponía un riesgo muy grande en términos electorales, lo hizo. Todo el país supo, antes de votar, que íbamos a utilizar esta herramienta.

Luego, ni hablar que en enero fue presentada públicamente y que hace quince días la tenemos todos, lo que permitió que hoy los legisladores del Frente Amplio pudieran opinar sobre su articulado. De lo contrario, sería algo que recién estaríamos comenzando a leer.

Por tanto, señora presidenta, es verdad que es el tiempo de hacerse cargo; es verdad que es el tiempo de tomar decisiones y es verdad que es el tiempo de aplicar el derecho que esta coalición se ganó en las urnas. Aquí se dijo algo mal, porque este proyecto de ley no lo envía el 29 % del electorado, lo envía el 60 % del electorado; este proyecto de ley lo envía el Gobierno nacional.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: sin duda que a esta altura del debate hay muy poco de nuevo para aportar. Suscribiendo absolutamente todo lo expresado por los señores senadores de mi partido, lo único que intento hacer en los minutos de mi intervención es remarcar algunos temas que una y otra vez la oposición ha insistido en exponer tratando de criticar e invalidar y, por lo tanto, de llevar adelante la no declaración de urgente consideración de este proyecto de ley.

Como bien se ha dicho acá, resumimos en tres aspectos la validez del proyecto de ley –ni que hablar– y, fundamentalmente, su carácter o su declaratoria de urgente consideración.

Primeramente, quiero decir que es ajustado a derecho; creo que en el debate ha quedado clarísimo que la Constitución de la república, en su artículo 160 –que establece la integración del Consejo de Ministros y las competencias privativas que tiene ese órgano del Poder Ejecutivo– prevé, en definitiva, la posibilidad de declarar la urgente consideración de las leyes. A su vez, en el artículo 162 se establece el cuórum que debe tener para sesionar y cómo se van a resolver los temas que trata ese Consejo de Ministros, y es muy claro: los resuelve por mayoría. En ningún momento prevé la unanimidad, que, además, no es del caso; ¡dejémoslo claro! No es del caso porque no fueron votos en contra los de los dos ministros cuya firma no figura. Y luego el artículo 168, en su inciso 7.º), establece lo que se necesita para determinar la urgente consideración de una ley.

Por lo tanto, señora presidenta, creo que han quedado más que claras la constitucionalidad de la ley y la pertinencia de las formalidades del ingreso de esta propuesta con las firmas que incluyó, que representan al Consejo de Ministros o al Poder Ejecutivo con el Consejo de Ministros. Esta es la primera refutación a la oposición.

Acá no ha habido ni abuso ni exceso de poder. El Poder Ejecutivo ha actuado de acuerdo con la Constitución y la ley, y ha enviado un proyecto de ley que en ningún momento ni en ningún lugar –como también ha sido repetido una y otra vez en esta sesión– requiere de urgencias ni emergencias; acá también se han confundido los términos «urgencia» y «emergencia». Por supuesto que vivimos una situación de emergencia con la crisis sanitaria que sufre hoy el país, pero también es urgente la consideración de una serie de temas que son, en definitiva, los que están en estos momentos dándonos a los uruguayos una calidad de vida que no es la que merecemos y que pretendemos cambiar.

En segundo término, se han hecho comentarios sobre la calidad de la democracia que yo quiero refutar, porque a veces los excesos en las expresiones llevan a que nosotros mismos estemos menoscabando nuestra democracia. No admito que se diga que con este proyecto de ley y con este debate estemos menoscabando nuestra democracia, porque el proyecto es constitucional y se está respetando la separación de poderes. Además, el Poder Ejecutivo nos ha enviado un proyecto de ley que también es originalísimo en cuanto a que ninguno que yo recuerde se ha hecho público y se ha distribuido con tanta antelación. No solamente fue anunciado en la campaña electoral –y, por lo tanto, en la elección del nuevo Gobierno que la ciudadanía hizo lo incluyó con su voto–, sino que, además, desde enero de este año ha sido puesto a consideración de todos los partidos, y no solamente de los que integramos el Gobierno. Ha estado a disposición de la oposición y de la ciudadanía en general. Todos nos enteramos del primer borrador de este proyecto de ley en el mismo momento en que fue colgado en Internet y puesto a disposición de toda la opinión pública.

Desde entonces estamos trabajando, señora presidenta. Desde entonces nuestro Partido Colorado dispuso la integración de una comisión técnica y política que trabajó mucho y seriamente, como sin duda lo habrán hecho otros partidos. Este debate lo está demostrando. Acá se está entrando, cuando no debió hacerse, en aspectos de fondo, que integran la sustancia de la iniciativa, y esto revela que ya hay estudio, que ya hay trabajo. Además, tuvimos tiempo de hacer una devolución, con nuestra opinión, con nuestras propuestas, y muchas de ellas fueron recogidas y ya en el segundo documento incluidas.

Ahora tenemos la última versión del proyecto de ley, que formalmente ingresa casi a fines del mes de abril. Han pasado enero, febrero, marzo y abril. Además, el propio presidente de la república ha dicho que acá no hay nada cerrado. Señores, lo que tenemos son plazos acotados, pero todas las posibilidades y la intención de recoger las observaciones, los aportes, todo lo que pueda incluso mejorar el contenido del proyecto de ley.

Yo no creo, por lo tanto, que estemos menoscabando, erosionando la calidad de nuestra democracia. Considero que por suerte –y esto lo digo también, con orgullo, de todo este tiempo que hemos vivido luego de la horrorosa dictadura que sufrimos durante once años– hemos venido construyendo, mejorando y reafirmando nuestra democracia en todos estos años. No debemos ser tan tremendistas. No debemos conspirar nosotros mismos contra esa democracia con declaraciones como las que se están haciendo.

También hemos escuchado críticas sobre el tema de la oportunidad política. Se ha dicho que como tenemos ahora una emergente crisis sanitaria y sus consecuencias, no sería el momento de dedicarnos a considerar un proyecto de ley de este tipo. Pero el país no puede parar. Creo que hay una falsa dicotomía. No por tratar un asunto como debemos –con el sentido, además, de unidad patriótica que la hora nos exige para combatir una emergencia–, vamos a dejar de hacer funcionar al país. El Gobierno tiene que trabajar, tiene la obligación de avanzar en su programa, en su proyecto, en su propuesta. Y los poderes del Estado también tienen que hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo. Este Parlamento no dejó de trabajar. Entonces, tendremos que discutir este y otros proyectos de ley. Creo que el hecho de que haya otro tema, por importante o urgente que sea, no quita que sigamos trabajando en lo que es nuestra responsabilidad.

Por lo tanto, señora presidenta, no es para tanto. No es tan grave lo que estamos viviendo. Está dentro de lo previsto en la Constitución de la república, de lo que puede hacer un Gobierno elegido democráticamente, responsable, que quiere seguir avanzando en su proyecto, pero también respetando los distintos poderes del Estado. Y tendremos la oportunidad, en los próximos días, de trabajar en lo nuestro, en nuestra función legislativa, y de debatir este tema. Creo que hay tiempo suficiente de hacerlo profundamente, seriamente, de recibir los aportes de quienes invitemos a la comisión.

Sin duda que hay una crisis, incluso universal, de la que todavía no conocemos su profundidad, su dimensión y el tiempo que nos va a llevar superarla. Estamos ante una crisis sanitaria terrible para la humanidad, así como todas sus consecuencias: económicas, laborales y, por lo tanto, sociales. Y las vamos a tener que enfrentar. Pero la consideración de los propios temas que incluye este proyecto de ley nos va a hacer empezar a discutir sobre nuestro futuro. Aquí, también en una falsa dicotomía, se ha planteado por qué no estamos discutiendo cómo vamos a salir de esta crisis. En realidad, la crisis ya se insinuaba antes. Y yo quiero colaborar con el buen tono de la reunión y con el futuro que vamos a tener trabajando juntos, que es a lo que estoy convocando. No quiero entrar en comparaciones y acusaciones hacia atrás, que podría hacer, porque no es el tema de hoy. Tal vez sería bueno en algún momento discutir esos temas, porque hoy quienes nos reclaman mayor participación para hacer más transparente la democracia también tuvieron sus fallas, pero no voy a entrar en ejemplos.

Creo que no es ajeno a las posibles soluciones o salidas de esta crisis resolver los problemas de inseguridad que viven nuestros ciudadanos. No es un problema ajeno al desarrollo y a superar esta crisis cambiar lo que tenemos que cambiar para mejorar los resultados en nuestra educación, sobre todo en la pública, que sigue dando indicadores muy malos, con respecto fundamentalmente a los que tenía antes Uruguay. No son menos importantes para encarar una salida de esta situación los temas vinculados a colonización y a todo el sector agropecuario, que también están incluidos en este proyecto de ley.

¿Son quinientos un artículos? Sí. Y quizás el proyecto tendría que haber venido con más, porque hay más temas que son urgentes y que también tendríamos que estar debatiendo hoy. En definitiva, señora presidenta, estamos discutiendo el cambio que requiere el Uruguay y al que nos hemos comprometido.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: estamos tratando la moción presentada por un número importante de integrantes de esta cámara para dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo.

Nos ha sorprendido –debemos decirlo– el tenor de la moción, en la que se expresa que se avasalla la democracia, que se afectan las garantías democráticas, que existe falta de fundamento ético, falta de respeto a las reglas democráticas, ausencia de actuación leal y digna, pretensión de torcer la voluntad del constituyente, actuación espuria del Poder Ejecutivo y abuso de las reglas constitucionales.

Francamente, no sé si ese es el estilo parlamentario –soy un modesto abogado y escribano con muchos años de baranda y nunca tuve pretensiones de doctrino del derecho–, pero debo reconocer que esta moción, al menos en el ámbito judicial, sería calificada de falta de estilo y seguramente el letrado que la presentara sería, por lo menos, apercibido. Pero, en fin, queremos entrar al tema sustancial.

Consideramos, al igual que el señor senador Botana, que con las declaraciones del señor senador Abreu y, particularmente, con la alocución de la señora senadora Asiaín, así como con su propia intervención en la que hizo referencia al artículo 162, esto estaba superado. Pero bueno: realmente las declaraciones sobre estos aspectos jurídicos, que pueden ser considerados formales, nos apasionan y por eso hemos dedicado tantos años de nuestra vida al ejercicio de las profesiones jurídicas.

Debemos decir que el artículo 160 se limita a establecer la forma de actuar del Consejo de Ministros y el artículo 162, por su parte, establece la forma de tomar decisiones de ese órgano. La impugnación parecería haber derivado de la violación del artículo 160 de la Constitución, a la nulidad de la comunicación efectuada por el Poder Ejecutivo.

Me permito señalar que, normalmente, cuando los órganos colegiados efectúan comunicaciones, no todos sus integrantes las firman, sino exclusivamente algunos de ellos; inclusive, a veces existen normas que establecen quién representa a esos organismos. En este caso no existe una norma similar a pesar de que la Constitución dice que se podrá reglamentar el funcionamiento del Consejo de Ministros. No soy especialista en derecho público, pero me parece que nunca se dictó esa reglamentación. Por tanto, creo que no existe situación anormal alguna en esta materia.

Y quiero agregar otro argumento. No existe nulidad sin trascendencia y, en este caso, pienso que nadie puede dudar de la autenticidad de lo que se nos comunica. En consecuencia, creo que carece de todo valor la nulidad que se invoca desde el momento en que ella es absolutamente intranscendente, si es que existió, ya que, reitero, por tratarse de un órgano colegiado, no es razonable que las comunicaciones sean firmadas por todos sus integrantes.

Quisiera hacer una breve referencia –porque bien dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno– a la otra objeción que se le formula a este proyecto, en el sentido de que debería referirse a temas urgentes. Y aquí no voy a decir nada nuevo. Es evidente que la Constitución habla de leyes de urgente consideración haciendo referencia al trámite; no habla de leyes que aludan a cuestiones urgentes. Sin embargo, en este caso concreto quisiera señalar que todos los temas contenidos en estos quinientos un artículos son urgentes porque así lo ha decidido la voluntad popular de la que somos representantes. Y quiero decir que me preocupa que esa voluntad popular que ha designado representantes sea desconocida para atender lo que a veces es la voluntad de grupos de presión –que cuanto más patoteros, mejor– que pretenden condicionar la voluntad de los representantes.

Todos los temas contenidos en este proyecto de ley son urgentes: la seguridad, la prevención de la violencia, el medioambiente y también la libertad de trabajo, porque no se trata de limitar los derechos de los trabajadores sino de asegurarles sus derechos y que puedan expresar libremente su opinión sobre su deseo de trabajar o no.

Si algún reproche quisiera hacer a este proyecto de ley, sería que no incluye muchos otros temas que considero también urgentes.

Vemos que en el país pululan las casas financieras a las que se desvían los fondos de las instituciones bancarias. Estas instituciones bancarias son favorecidas por la Ley de Inclusión Financiera que, en realidad, es una ley de esclavitud financiera que ha puesto el dinero de todos los uruguayos en los bancos, incluso negando la ley de curso forzoso que estudiábamos en facultad. El dinero que emite el Estado no vale, lo que vale es el dinero bancario. Vamos al gobierno de la banca; vamos al gobierno de la gran multinacional financiera que tiene sus representantes en la derecha y en la izquierda, dos términos que no me gustan pero que son gráficos. Los bancos, en nuestro país, están otorgando préstamos a través de estas instituciones de crédito, en condiciones que en cualquier lugar del mundo serían usurarias. Esto lo hemos visto durante los últimos quince años y, en su oportunidad, cuando tratemos estas disposiciones, nos referiremos a ello.

A su vez, se nos dice que hay cinco millones de hectáreas en manos de las multinacionales forestales. Este Gobierno ha sido calificado de liberal. En lo personal, no soy liberal en lo político ni en lo económico –lo digo con absoluta sinceridad–, pero el Gobierno que ha fenecido –que, según creo, tampoco se considera liberal en lo económico– ha permitido la mayor concentración de la tierra en la historia de la república. Se abandonó la bandera de la reforma agraria, así como también la de la nacionalización de la banca, para permitir a la banca extranjera hacer buenos negocios en el país. Reitero: se abandonó la bandera de la reforma agraria y he visto, con dolor, a cantidad de vecinos de muchos años dejar sus campos porque, claro, el ser humano se tienta, y cuando las multinacionales hacen ofertas tentadoras, cualquiera vende sus tierras.

Asimismo, me gustaría ver en este proyecto de ley de urgente consideración algún mecanismo para poder regularizar la situación de los cuatrocientos mil informales que ahora nos enteramos, sorpresivamente, existen en el país. Mientras pensábamos que la famosa Ley de Inclusión Financiera iba a evitar el lavado de dinero, nos transformamos quizás en uno de los mayores exportadores de cocaína del mundo, y por algo será; tuvimos esa ley, que no sirvió absolutamente para nada. En estos días nos enteramos, a través del presidente del Banco de Previsión Social, que la Ley de Inclusión Financiera que tanto le interesa a la banca –porque es a la banca a la que le interesa, ya que trabajadores y empresarios mayoritariamente la han rechazado, como lo han reclamado a lo largo y ancho del país– tampoco ha servido para formalizar tributaria ni laboralmente a nadie. O sea que es un verdadero fiasco. Uruguay, así como el mundo, asiste asombrado a la constitución de gobiernos mundiales, como el gobierno de la alta finanza, el gobierno de las grandes empresas, que podrán estar en Estados Unidos, en Alemania, o donde sea –no importa su asiento físico–, pero que también sufrimos los pequeños países como el nuestro. Y reconozcamos que esos grandes intereses internacionales tienen agentes nacionales –me animaría a decir que los tienen en todos los partidos–, y que estas leyes responden a eso.

A mí también me gustaría ver en la ley de urgente consideración algo que pudiera asegurar la propiedad de la tierra a la gente con ánimo rural, y quiero la tierra a nombre de personas físicas. ¡Claro que quiero la tierra a nombre de personas físicas! Tal vez deba hacer alguna concesión a las sociedades con acciones nominativas, y a esta altura del partido quizá no nos quede más remedio que hacerlo. Pero como poseedor de un pequeño establecimiento rural, tengo la tierra a mi nombre y el de mi hermana, y la vamos a seguir teniendo en esa forma porque es la más adecuada para un elemento tan escaso en el orbe. Los uruguayos no somos conscientes de la bendición que es tener catorce millones de hectáreas hábiles para la producción agropecuaria, de las cuales ya hemos enajenado cinco millones. Entonces, conservemos lo que nos queda del rico patrimonio de los orientales, como diría el prócer.

No quiero abusar del tiempo de los señores senadores. Ya me he referido a los aspectos jurídicos, que son mi preocupación fundamental, pero no podía sustraerme de la tentación de hacer esta digresión que me permite decir claramente lo que pienso sobre temas que considero de mucha trascendencia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: no queríamos dejar pasar la oportunidad de dejar constancia de lo que pensamos respecto a este tema. Aunque en un principio no teníamos intención de hablar, cambiamos de opinión a partir del debate que se generó.

En primer lugar, queremos respaldar plenamente, en lo jurídico, a dos senadores del Partido Nacional que fueron muy claros con respecto al tema: el señor senador Abreu y la señora senadora Asiaín.

En segundo término, avalo totalmente la coherencia que ha mantenido en este tema el Gobierno electo y todo el ejecutivo. En ese sentido, para el tratamiento de este proyecto de ley de urgente consideración en el Senado generará la conformación de una comisión integrada por quince legisladores; o sea que la mitad de los integrantes del Senado va a estar en esa comisión para participar, para dar ideas, para aportar. Si eso no es apertura y estar abiertos al diálogo y a que aparezcan ideas, ¿dónde está la apertura? Esa es la coherencia que está teniendo el Gobierno.

Y la verdad es que por parte de la oposición no podemos decir lo mismo, porque nos hablan de una oposición de mano tendida, pero lo cierto es que las declaraciones que se han hecho en el día de hoy no lo demuestran. Por ejemplo, se habló de avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener el Parlamento; de llevar a la práctica de manera abusiva una finalidad espuria; de una gran cantidad de artículos que se pretenden discutir y aprobar en un plazo récord. Francamente, si esta es una oposición de mano tendida, no debería hacer este tipo de declaraciones.

Sin duda, estamos convencidos de que es esta la oportunidad de realizar los cambios que se tienen que llevar adelante.

Vemos que desde la oposición simplemente se ponen excusas. Ya en la campaña electoral se planteó que se iba a presentar un proyecto de ley de urgente consideración, y hay un acuerdo. Los que hoy son oposición, en aquel momento de campaña eran gobierno y decían: «¡Ahí está el cangrejo debajo de la piedra! ¡Tienen algo escondido! Miren, ahí es donde lo tienen, lo están anunciando. ¡Tengan cuidado!», le decían a la población. Pero la gente igual nos votó, aunque lo anunciamos en campaña electoral.

También se está diciendo que no dan los tiempos, pero desde el 22 de enero tienen el texto del proyecto de ley de urgente consideración. Reitero: desde el 22 de enero. No soy viejo parlamentario, pero durante los diez años en que me tocó estar en el Parlamento, nunca vi que se presentara un proyecto de ley para que la gente lo tuviera, para que los parlamentarios del Gobierno y de la oposición lo tuvieran y para que la opinión pública lo tuviera. Nunca sucedió eso; es algo inédito. Sin embargo, desde la oposición se dice que no dan los tiempos para estudiarlo.

Se dijo luego que la ley no tenía exposición de motivos, pero apareció; y después, que faltaban firmas. ¡Digamos la verdad!

Posteriormente, se pone la excusa de que estamos en plena emergencia sanitaria y que no podemos tratar este proyecto de ley de urgente consideración. Si bien no atribuyo intencionalidades a nadie, señora presidenta, me llama la atención el hecho de que algunos legisladores de la oposición pusieron la etiqueta «#Quédate en casa» recién en el mes de abril, cuando vieron que se iba a presentar el proyecto de ley de urgente consideración, cuando todos sabemos que en nuestro país la epidemia arrancó el 13 de marzo.

Junto con la fundamentación de que no dan los tiempos, se manifiesta que no se están dando las explicaciones pertinentes, por ejemplo, sobre los cambios en materia educativa. Ya va a venir el señor ministro a la comisión a dar las explicaciones del caso. ¿O se pretende que se den las explicaciones antes de que se empiece a tratar el proyecto de ley?

También se nos dice que la ley es muy difícil porque contiene muchos artículos. Tal como se ha dicho, más allá de que se trate de un proyecto de ley de urgente consideración, el presupuesto quinquenal 2010-2014 constó de ochocientos sesenta y siete artículos, y el del 2015-2020, de setecientos sesenta y seis artículos. Los plazos eran los mismos; no había diferencia. Es más, el articulado se conocía recién cuando se presentaba, y no como en este caso, desde el 22 de enero.

Entonces, la pregunta es: ¿realmente se quiere tratar este articulado o se están buscando excusas y más excusas para no hacerlo? Lamentablemente, hoy queda confirmado –por parte de la oposición– que son simplemente excusas.

Adicionalmente, aparece ahora el concepto de que lo urgente es la gente, como si este Gobierno no se estuviera haciendo cargo de lo urgente y de la gente.

En materia de asentamientos –ya lo dijimos–, desde el 2010 casi se duplicaron en el departamento de Canelones. Y si lo urgente es la gente, habría que haberse ocupado de ese tema. Nosotros nos vamos a ocupar de los asentamientos; estamos trabajando en eso, y en el proyecto de ley de urgente consideración vamos a trabajar en los problemas de la gente.

Parece que a partir de la pandemia nos dimos cuenta de que en once departamentos del país no hay CTI público. A veces hablamos de la coherencia de lo que se hace. Cuando se dice una cosa, la coherencia es que se haga lo que se dice. Nosotros planteamos hace varios años, siendo oposición, la necesidad de un CTI público en el departamento de Canelones. Es el segundo departamento del país y no tiene CTI público. Desde el Gobierno anterior nunca tuvimos eco; es más, siempre argumentaron que no era necesario.

Increíblemente, este domingo, una directora del área de la salud, de la Intendencia de Canelones, salió a declarar sobre la necesidad de ese CTI; es la directora de Salud de la Intendencia de Canelones, que es del Frente Amplio. Quince años en el Gobierno, y ahora advierte al Gobierno nacional sobre esa necesidad.

Una comisión de usuarios de ASSE concurrió a la Junta Departamental de Canelones. ¿Saben qué hicieron los ediles del Frente Amplio? Archivaron la nota y no fueron ni siquiera a recorrer el hospital. Ahora salieron a hablar de la necesidad. Ahí está la coherencia.

Increíblemente, nosotros, que habíamos reclamado la necesidad de un CTI público en el departamento de Canelones mientras éramos oposición, hace aproximadamente veinte o veinticinco días, siendo gobierno ahora, presentamos una nota para que sea enviada a las autoridades de ASSE, en relación con ese tema. Mantuvimos el mismo discurso siendo oposición y siendo gobierno. Y vamos a luchar para que Canelones tenga un CTI público, como corresponde, por ser el segundo departamento del país en cantidad de usuarios de ASSE.

Si lo urgente es la gente, ¡vaya si nosotros hubiésemos aprovechado de buena manera! Me acuerdo de que en el Parlamento pasado nos tuvimos que reunir un 2 de enero para recapitalizar Ancap, porque la refundieron. Con ese dinero, en esta situación de pandemia, podríamos hacer mucho por la gente, que es lo primero.

¡Cuánto podríamos haber ayudado a la gente en todo este tiempo! A partir de que tuvimos que votar hace pocos días, con destino al Fondo Solidario COVID-19, dinero del Inefop para el monotributo social Mides, nos enteramos de que el Gobierno anterior hacía años que no depositaba el dinero que tenía que depositar en esa cuenta. ¡Cuánto se podría haber ayudado a la gente!

Ni que hablar de que eso era totalmente aparte de la emergencia sanitaria que está viviendo el país. Este Gobierno se está encargando de muy buena manera y desde el 13 de marzo ha anunciado, un día sí y otro también, una cantidad enorme de medidas para ayudar a la gente, a las micro- y medianas empresas, a todos, pero sin duda más a quien más lo necesita.

Señora presidenta: simplemente voy a respaldar al Gobierno. Luego de quince años de gobierno del Frente Amplio con mayorías absolutas, llegó un Gobierno que se quiere hacer cargo para mejorar en seguridad, en salud, en vivienda, junto a la gente y a los que más lo necesitan. Por eso nos hacemos cargo y vamos a votar, en la tarde de hoy, el carácter de urgente de este proyecto de ley.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Muchas gracias, señora presidenta.

Hace casi ocho horas que estamos en sala, así que hay poco por agregar. Simplemente, quería ser muy breve y hacer una precisión.

Varios legisladores mencionaron hoy la situación de las personas con discapacidad. La temática de la discapacidad me toca muy de cerca; me preocupa y me ocupa desde hace cinco años, y a veces, cuando se tira así el tema de la discapacidad, me genera sentimientos encontrados. Quería aprovechar esta instancia para poner en perspectiva uno de los principales problemas que tenemos en Uruguay con relación a la discapacidad y es el tema de la educación. Hoy nuestro sistema educativo expulsa a las personas con discapacidad. Hoy los niños y jóvenes con discapacidad que permanecen en el sistema educativo lo hacen a tracción de madre, a tracción de padre o a tracción de algún otro adulto significativo en su vida.

En el 2017 el presidente Tabaré Vázquez firmó un protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos. En el 2017 muchos festejaron y me incluyo. Pero lo cierto es que desde 2017 hasta este momento se ha hecho muy poco para mejorar esta realidad.

Para cerrar, simplemente quiero puntualizar un concepto que me parece bien importante. Si en algo fallaron quienes han ocupado, y fallamos quienes ocupamos cargos de responsabilidad, porque las consecuencias son decisivas y son irreversibles para estas personas, es en lo que tiene que ver con el acceso, pero, fundamentalmente, en la permanencia en nuestros sistemas educativos de los niños y jóvenes con discapacidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- A esta altura del debate me permito hacer algunas consideraciones que creo importantes.

La primera es que el propio transcurso del debate ha echado por tierra, ha liquidado definitivamente el argumento de que el Gobierno nacional no quiere discutir esta ley. O sea, aquí varios señores senadores han sustentado que había una intención de no discutir o de no permitir discutir y eso se definió en una serie de agravios al Gobierno de la república. Agravios que con mucha serenidad me permito rechazar enfáticamente.

En el transcurso del debate se pueden decir cosas que algunas veces hacen que algunos se vayan de boca. Lo que es absolutamente inadmisible es agraviar de la forma en la que el Frente Amplio lo ha hecho, con el texto de la declaración que antecede, la moción con la que pretende levantar el rótulo de urgente consideración. Eso sí es un agravio. Es un agravio que rechazamos serena y enfáticamente por injusto y por mentiroso. Por injusto porque no nos merecemos que se rotule la utilización de un elemento jurídico-constitucional previsto de la forma en la que se hace; y mentiroso, porque esgrime una serie de calumnias sobre el Gobierno nacional, sobre sus representantes en el Parlamento, que con absoluto énfasis rechazamos en este momento.

Por supuesto que la convivencia va a hacer que mañana sea otro día; por supuesto que admitimos la discusión. Hay voluntad de discutir. Conmigo suman treinta los senadores que hicimos uso de la palabra. Dejé para el final mi intervención para decir que todos tuvimos el derecho de decir cualquier cosa. Muchas fueron barbaridades de tipo jurídico, constitucional y conceptual, pero tienen todo el derecho de esgrimirlas. Salvo un partido, todos los demás somos integrantes de partidos políticos que hemos estado en este Parlamento durante muchísimo tiempo. Y muchos de nosotros también hemos estado en el Parlamento muchísimo tiempo.

Entonces, lo que es absolutamente insostenible es que, de buena fe, se pueda venir a argumentar que hay una intención de coartar, que hay avasallamiento a la democracia, que hay abuso, que hay una manera rápida y soterrada, una agenda política casi refundacional y que hay una afectación a las garantías democráticas. Lo rechazamos absolutamente por agraviante. No nos agraviaron las intervenciones de los señores senadores –¡para nada!–, aunque muchas de ellas lo intentaron. Lo que nos agravia es que un partido político escriba y justifique su legítimo derecho a promover el levantamiento de un rótulo de urgente consideración remitido por el Poder Ejecutivo nacional en el marco del derecho constitucional plenamente vigente. Es eso lo que nosotros rechazamos.

Yo quería que quedara meridianamente claro que no vamos a aceptar en ninguna circunstancia que el Gobierno de la república y los partidos políticos que lo integran tengan que soportar que se digan estas cosas, que se escriban las cosas que se escribieron; después, en la intervención, en la discusión –reitero–, ¡bienvenidas sean! Una de las que más me ofendió fue cuando se habló de deshonra. De ninguna manera aceptamos ese calificativo para con el Partido Nacional ni para con ninguno de los partidos integrantes de la coalición. ¡De ninguna manera! Si esta va a ser la tónica de la conversación, de la discusión política, de la mano tendida, la daremos; lo lamentamos muchísimo, pero la daremos. Pero que nadie se crea que acá puede venir a construir el relato que quiera y nosotros nos quedemos callados, porque esto está en el marco de la construcción de un relato que nos quiere –y no lo van a lograr– colocar al borde de la constitucionalidad, al borde del autoritarismo, al borde de la legalidad; es un relato que se viene construyendo, además, con ejemplos de fuera de fronteras. Somos otra cosa; el Uruguay es otra cosa y los partidos políticos del Uruguay son otra cosa, incluido el Frente Amplio. Pero nosotros también somos otra cosa.

Por lo tanto, no admitimos que en el contexto de la discusión que se vaya a dar este sea el tono que se utilice. Podremos equivocarnos, podremos aceptar cuestiones que se nos sugieren, pero si el tono va a ser el de estas consideraciones, se hará muy difícil dialogar.

Señora presidenta: al inicio de mi intervención y de manera categórica –sin atribuirme la representación ni la aparcería de nadie–, simplemente quería rechazar enfáticamente los conceptos vertidos en los considerandos de la declaración que el Frente Amplio antecede al legítimo derecho de intentar levantar el rótulo de urgente consideración de una ley.

Asumimos que pueda existir una interpretación distinta y asumimos que alguien pueda esgrimir en esta sala que el mecanismo, la herramienta utilizada por el Gobierno nacional pueda ser catalogada de inconstitucional; tienen todo el derecho de decirlo, pero el órgano jurisdiccional para determinar este tema no es este.

Lo que no se puede es agraviar, pese a las diferencias, a veces totales, que tenemos, y está bien que las tengamos. Si los señores senadores quieren, les puedo relatar muchas cosas que viví durante los quince años que llevo en esta casa. Aquí se habló de avasallamiento a poderes del Estado y yo escuché a legisladores de otro Gobierno decir que al Poder Judicial no le daban un solo peso porque se habían atrevido a levantarse contra la voluntad del Poder Ejecutivo, y lo castigaron durante años. Escuché a legisladores, escuché a gobernantes decir que el Poder Judicial respondía a elementos espurios en una reivindicación que partía de un error que oportunamente denunciamos en sala. Dijimos que iba a pasar eso, terminó pasando y se armó un descalabro histórico. ¡Así que a nosotros no nos vengan a hablar de avasallamiento a poderes del Estado! A ninguno de nosotros se nos pasaría por la cabeza decir que vamos a castigar económicamente a un poder del Estado porque no está de acuerdo con lo que dice el Poder Ejecutivo de turno. Hay que tener muy débiles convicciones democráticas para decir y sustentar esas afirmaciones. Así que mucho cuidado con venir a decirnos que lo que estamos haciendo es avasallar; nada de avasallamiento. Vamos a utilizar una herramienta constitucional y, en el caso de que alguien entienda que debe recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, tiene toda la libertad de hacerlo, y será ese órgano el que terminará fallando sobre el tema.

Hace pocos días la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una ley que adelantamos en esta sala y en la Cámara de Representantes que era inconstitucional y que violentaba nada más ni nada menos que el derecho al sufragio. Pero en aquel entonces nadie se animó a esgrimir que el Gobierno del Frente Amplio estaba avasallando la democracia. Reitero que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucional esa ley, al igual que lo ha hecho con una cantidad enorme de leyes, lo que ha permitido el batimiento de récords de declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Pero ni así nos hemos animado a decir o a escribir las cosas que aquí han sido escritas buscando argumentos para levantar la declaratoria de urgente consideración.

A partir de mañana se va a instalar una comisión, se va a trabajar y vamos a recibir a todo aquel que sea necesario. Y les adelanto una cosa: la ley va a sufrir modificaciones. Estamos dispuestos a que sea mejorada, porque no vamos a actuar como muchas veces vimos en el pasado cuando nos decían: «Tienen razón, pero no podemos modificarla porque se nos descuajeringa todo». Incluso, algunas veces llegaban a decir una barbaridad: «No te preocupes, la reglamentación se encarga de cambiar el espíritu de la ley». Eso también lo supimos vivir durante estos años. Y de esos ejemplos, si quieren, hablamos horas.

Entonces, señora presidenta, a pesar de todo esto y de la contundencia con que estamos diciendo estas palabras, volvemos a decir que, a partir de mañana, en los días que la Constitución prevé, vamos a trabajar, vamos a recibir a todo aquel que lo solicite, vamos a escuchar a todo el mundo y vamos a terminar decidiendo democráticamente, porque es así como funciona el Poder Legislativo y es así como ha funcionado siempre. Nosotros nunca cuestionamos la legitimidad de las decisiones adoptadas por anteriores mayorías absolutamente legítimas surgidas del voto popular y ¡vaya que podría contar alguna anécdota! Recuerdo la ley de reforma tributaria, nada más ni nada menos. Tuvieron tres años de discusión dentro de la bancada de gobierno y llegaron un día y nos dijeron: «En noventa días esta ley será aprobada en el Parlamento nacional; hagan lo que les parezca». Varios de los aquí presentes estábamos en reuniones en las que eso también se dijo.

Señora presidenta: queríamos dejar estas constancias con serenidad –por lo menos era lo que se pretendía– para lograr que todo el mundo entienda que tenemos un rol para cumplir. El rol de la oposición es muy importante –¡si sabrá el Partido Nacional cuál es el rol de la oposición!; le ha tocado muchísimas veces ejercerlo– y entendemos que se busquen herramientas para tratar de torcer y convencer, pero este no es el mecanismo. Aquí adentro nos conocemos todos o casi todos.

Además, se ha tratado de mezclar lo urgente con la emergencia y hoy he descubierto que había diferencias más profundas con las decisiones que el Gobierno nacional ha adoptado en materia del combate contra el famoso coronavirus. He visto a varios señores senadores aquí presentes, integrantes del Frente Amplio, reconocer los gestos y las decisiones que el Gobierno del presidente Lacalle Pou, el Gobierno de coalición, ha adoptado. Escuché a varios señores senadores –y me congratulo de que eso haya sido así– decir que la dirección era la correcta. Pero hoy hemos escuchado otro relato que me permito denunciar, y espero que la intención no sea implementarlo. Por supuesto que cada uno tiene derecho a implementar lo que quiere para tratar de convencer o de informar a la ciudadanía, pero no en base a mentiras y a atribuirles a otras intenciones que no son ciertas. Insisto, hemos visto por televisión a legisladores y a exgobernantes del Frente Amplio reconocer esas cosas, y mucho agradecemos que eso sea así. De la misma manera, no tenemos prurito en reconocer la generosidad con la que se ha actuado en la votación de muchas leyes vinculadas al coronavirus o respecto a la configuración del Gobierno por parte de la bancada del Frente Amplio. Nosotros no participamos de la teoría de que los otros son nuestros enemigos. Pero tampoco vamos a permitir ni a aceptar lo que hemos escuchado.

En ese sentido, entonces, señora presidenta, entendiendo que, finalizada ya la lista de oradores, estamos en condiciones de votar, anunciamos que los integrantes del Gobierno nacional no vamos a acompañar la moción presentada por parte de los señores senadores del Frente Amplio, porque creemos que el proyecto de ley de urgente consideración ha cumplido con todos los requisitos constitucionales para ser presentado en tiempo y forma en el Parlamento, están transcurriendo los días pertinentes para su análisis y su contenido también es perfectamente constitucional.

Es por tanto que entendemos que no es necesario el levantamiento del rótulo de urgente consideración y, en consecuencia, vamos a votar en contra de la moción.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por la bancada del Frente Amplio.

(Se vota).

–13 en 31. Negativa.

16) COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la moción oportunamente leída sobre la creación de una comisión especial para el estudio del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ahora vamos a dar cuenta de la conformación de esa comisión, que estará integrada por los señores senadores Sergio Abreu, Óscar Andrade, Carmen Asiaín, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Sergio Botana, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Guillermo Domenech, Jorge Gandini, José Carlos Mahía, Daniel Olesker, Gustavo Penadés, Adrián Peña y Tabaré Viera.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en aras de la economía procesal, anunciamos a los señores senadores que integran la comisión especial que va a ser convocada para mañana a las 11:00, en la sala 17, a fin de elegir los integrantes de la Mesa y fijar régimen de trabajo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero informar al Cuerpo, porque nos parece importante, que la Mesa conjuntamente con los miembros de la Comisión Administrativa hemos trabajado a efectos de que la sala 17 brinde las garantías que amerita la situación sanitaria que estamos viviendo.

Así, se ha dispuesto que los taquígrafos se ubiquen en el lugar correspondiente a los traductores y que los asesores de los señores senadores estén en la sala 10, donde habrá una pantalla en la que podrán ir siguiendo minuto a minuto lo que acontece en la comisión. A su vez, vamos a continuar implementando distintas medidas a efectos de mantener la política que se ha seguido desde el inicio mismo de esta crisis. Por ejemplo, se va a realizar durante los intermedios la higiene que corresponde en el recinto donde va a sesionar la comisión.

También queremos decir que estamos implementando todo lo necesario para que todas aquellas delegaciones, corporaciones o gremios que quieran venir a trasladar sus inquietudes a la comisión cuenten con las garantías que merecen a efectos de ser considerados como corresponde.

Seguramente en los primeros días de la semana que viene vamos a inaugurar una sala de prensa contigua a la sala 17 –donde antes funcionaba un comedor para los legisladores– a efectos de también dar a los trabajadores de la prensa la comodidad y las garantías del régimen sanitario que estamos implementando.

Esto fue oportunamente comunicado a los coordinadores de bancada, pero nos parece importante que conste en la versión taquigráfica, a efectos de trasladar las garantías del régimen de sesiones que hemos tomado.

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 18:03, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los senadores Abreu, Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Canon, Carrera, Castro, Cosse, Coutinho, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olesker, Penadés, Peña, Piñeyro, Rodríguez, Sabini, Sánchez, Sanguinetti [Carmen] y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.