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N.º 34 - TOMO 603 - 10 DE DICIEMBRE DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

34.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Ratificación de la absoluta urgencia de la citación

• Se procede de acuerdo con el inciso segundo del artículo 46 del Reglamento del Senado.

5) Asuntos entrados

6) Pedidos de informes

– El señor senador Castillo solicita se cursen pedidos de informes con destino a los siguientes ministerios:

• de Relaciones Exteriores, relacionado con acuerdos y convenios en materia de defensa entre Uruguay y otros países;

• de Defensa Nacional, relacionado con acuerdos y convenios en materia de defensa entre Uruguay y otros países, nombres de instructores y materias que se dictan en la Escuela de Inteligencia, y nómina de oficiales de San Ramón entre 1972 y 1976.

• Oportunamente fueron tramitados.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a la convocatoria anterior.

8) ,11), 14) y 16) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Garín, Michelini, Moreira y Vassallo.

– Quedan convocados los señores senadores Alcorta, Gallicchio, Paternain y Gomori.

9) Incorporación de la República Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)

– Proyecto de ley por el que se aprueba el texto del convenio constitutivo.

Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Convenio 190, sobre la violencia y el acoso, adoptado en la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Cannabis medicinal y terapéutico

– Proyecto de ley por el que se lo regula.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13), 15) y 17) Economía social y solidaria

– Proyecto de ley por el que se establecen normas para su promoción y desarrollo.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 9 de diciembre de 2019

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana martes 10 de diciembre, a las 09:30, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se aprueba el texto del convenio constitutivo a efectos de la Incorporación de la República Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB);

Carp. n.º 1427/2019 - rep. n.º 975/19

2.º) por el que se aprueba el Convenio 190, sobre la violencia y el acoso, adoptado en la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra en el año 2019;

Carp. n.º 1433/2019 - rep. n.º 977/19

3.º) por el que se declaran de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso;

Carp. n.º 1417/2019 - rep. n.º 978/19

4.º) por el que se declaran de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la economía social y solidaria, en cualquiera de sus expresiones.

Carp. n.º 1402/2019 - rep. n.º 976/19

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Baráibar, Bordaberry, Camy, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, García (Graciela), García (Javier), Garín, Heber, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Saravia, Tourné y Vassallo, e ingresa posteriormente, por licencia del respectivo titular, el señor senador Gallicchio.

FALTAN: la señora Lucía Topolansky, por encontrarse en ejercicio de la presidencia de la república; con licencia, las señoras senadoras Moreira y Xavier; con aviso, los señores senadores Besozzi, Bianchi y Cardoso, y, sin aviso, la señora senadora Aviaga. Se retira con licencia el señor senador Michelini.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑORA PRESIDENTA.- Está abierto el acto.

(Son las 09:36).

–El Senado ha sido convocado a fin de levantar el receso y considerar los asuntos que figuran en el orden del día.

Se va a votar.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

4) RATIFICACIÓN DE LA ABSOLUTA URGENCIA DE LA CITACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el inciso segundo del artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Senadores, corresponde votar el carácter de absoluta urgencia de la citación.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:37).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se sustituye el artículo 17 de la Ley n.º 19696, de 29 de octubre de 2018, por el que se dispone que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado pueda solicitar personal a otros organismos estatales para prestar funciones en dicha secretaría en régimen de comisión de servicio.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

• Por el que se declara por vía interpretativa el alcance subjetivo de aplicación de la Ley n.º 18596, de 18 de setiembre de 2009, relacionada con el Sistema Nacional Integrado de Salud.

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba el texto del convenio constitutivo a efectos de la incorporación de la República Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

El Ministerio del Interior remite nota relacionada con las palabras pronunciadas por el señor senador José Carlos Cardoso, relacionadas con el rol de la Policía de Tránsito en el departamento de Rocha.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR CARDOSO».

6) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Juan Castillo solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen pedidos de informes con destino a los siguientes ministerios:

• de Relaciones Exteriores, relacionado con acuerdos y convenios en materia de defensa entre Uruguay y otros países;

• de Defensa Nacional, relacionado con acuerdos y convenios en materia de defensa entre Uruguay y otros países, nombres de instructores y materias que se dictan en la Escuela de Inteligencia, y nómina de oficiales de San Ramón entre 1972 y 1976.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la convocatoria anterior.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria vespertina del día 4 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Alonso y Cardoso.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, para el día de la fecha a partir de las 13:00, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Daniel Garín. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Susana Pereyra, Lucía Etcheverry, Zulimar Ferreira, Graciela García, Lauro Meléndez y Julio Baráibar han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Ricardo Alcorta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) INCORPORACIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY AL BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (AIIB)

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se aprueba el texto del convenio constitutivo a efectos de la incorporación de la República Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB). (Carp. n.º 1427/2019 - rep. n.º 975/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en la última sesión de la Cámara de Senadores me tocó abordar el informe –fue in voce ya que todavía no había pasado por la comisión– sobre la incorporación de Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

La bancada de gobierno vino a sala dispuesta a dar aprobación a este asunto, en virtud de que le ha asignado –al igual que lo hizo el Poder Ejecutivo– alta importancia. Sin embargo, durante el debate, todas las demás bancadas entendieron que era necesario convocar al Poder Ejecutivo con la mayor rapidez posible, para lograr una profundización de la información. Accedimos de buen gusto y de buen tono a la solicitud propuesta en sala, entendiendo que era de justicia y de cortesía parlamentaria y, por lo tanto, resolvimos enviar este tema a comisión, en donde contamos con la presencia de la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Debo decir, yendo al grano, que a nuestro entender la exposición de los tres técnicos que acudieron a la comisión fue clara y categórica. La intervención del MEF –aclaro que no pudieron asistir las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud de encontrarse en la Cumbre del Mercosur– fue muy jugosa, ya que sumaron algunos elementos nuevos a los que se habían expresado en la última sesión del Cuerpo. Pero, en sustancia, señora presidenta, lo que hicieron fue ratificar lo que los señores senadores integrantes de la bancada de gobierno manifestaron en la última sesión de la Cámara de Senadores.

No voy a repetir el informe que hice la sesión anterior; simplemente voy a reafirmar algunos conceptos, como por ejemplo el vertido por el economista Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, quien nos dio una visión general sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, señalando que es una institución creada en el año 2016, cuyo mandato principal es el de financiar proyectos de infraestructura, tanto de transporte como de logística, que sean de alta calidad, viables financieramente y favorables para el medioambiente. El banco, además –lo expresamos anteriormente–, otorga préstamos con o sin garantía soberana, que pueden estar dirigidos en su mayoría a la región de Asia y al Sudeste Asiático, pero no excluye la posibilidad de otorgarlos a otras áreas del mundo, incluyendo Latinoamérica. También es importante visualizar que la financiación puede ser para inversores asiáticos que quisieran venir a estas regiones del planeta, es decir, a América Latina.

Se trata de un banco en toda la línea. Al día de hoy, cuenta con ochenta y seis países miembros, de los que alrededor del 40 % no pertenecen al continente asiático. Hay siete países latinoamericanos –esto también fue informado oportunamente– que son miembros prospectivos, es decir, que efectivamente van a ser parte del banco una vez que suscriban la primera cuota de capital en la institución. La cuota inicial –también lo hablamos en la última sesión del Senado– equivale a USD 1:000.000 y se puede integrar en cinco cuotas de USD 200.000. Ese es el caso de Uruguay. La integración es de USD 5:000.000; USD 4:000.000 son exigibles y USD 1:000.000 es cash, efectivo, en cinco cuotas de US$ 200.000, la última de ellas a pagarse en el año 2024 o 2025. Esto es para integrarnos y tener una autoridad en el consejo.

En lo que tiene que ver con los siete países latinoamericanos de los que hablaba recién, la delegación que nos visitó en la comisión desbrozó algo que ya había sido aclarado aquí, pero que volvemos a reiterar, porque acá no hay ninguna valoración de tipo ideológico. Esto es un banco, y nos decían que los países latinoamericanos que están gestionando su entrada son Argentina, Bolivia, Brasil –que es considerado país fundador–, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Quiere decir, reitero, que aquí no hay ninguna valoración circunstancial de tipo ideológico.

Señora presidenta: en comisión se expresaron algunas de las muchas ventajas que puede significar la incorporación de la república al Banco Asiático de Inversión en Infraestructua. La primera a considerar es que representa –esto también fue dicho aquí– una alternativa adicional de financiamiento, porque Uruguay siempre ha marcado una línea estratégica en estos niveles de decisión nacionales –me refiero a los del Ministerio de Economía y Finanzas y a los de vinculación con institutos de esta naturaleza– en cuanto a la deuda, a fin de dejar abiertas todas las posibles opciones de financiamiento.

El economista Kamil decía: «Creemos que esa es la mejor forma de mejorar los términos de financiamiento y asegurar un acceso fluido al crédito».

Otra razón que se expresó como ventajosa está referida al costo de los créditos que concede este banco, que son beneficiosos, en particular si uno los compara con el costo del crédito al que Uruguay accede en los mercados de capitales, que ya de por sí es bajo en términos históricos. Esto sucede, en general, porque los organismos multilaterales del tipo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura piden dinero en los mercados para prestárselo a los países miembros. Como este banco tiene la categoría de calificación crediticia más alta –decía Kamil que es un nivel AAA–, puede fondearse en el mercado a un costo muy bajo, que también se lo pasa a los países miembros. Quiere decir que Uruguay se estaría integrando a una institución financiera con la máxima calificación crediticia mundial. Por lo tanto, tendríamos un mayor acceso a las alternativas de financiamiento, con un costo sustancialmente más bajo.

Pero más allá de los aspectos financieros, importa saber que el foco de este banco está dirigido a financiar obras de infraestructura que potencian la productividad sistémica y la competitividad entre los países.

Además de las ventajas financieras –esto también se nos manifestó en la comisión– y de los objetivos que tiene el banco en términos de su cartera de crédito, consideramos que hay factores de diplomacia económica relacionados con las señales que supone integrarse a una institución financiera de este tipo. Es decir, señora presidenta, que no se trata solamente de la conveniencia de formar parte de una organización que podría posibilitarnos una situación crediticia ventajosa, sino también de estar inmersos en la sociedad económica y financiera de un banco de esta naturaleza.

Consideramos que, por su volumen, para Uruguay es obligatorio estar. Como decía, no se trata solamente de la conveniencia por los montos de los intereses, sino de que es conveniente diplomática y políticamente formar parte de esos ámbitos. Siempre que vayamos a pivotear hacia el exterior, el país debe mirar su estructura, debe mirar su importancia y también debe mirar su escala. No debemos olvidar que fuimos invitados a formar parte de ese ámbito. Fíjese, señora presidenta, que un banco de esta escala, con casi cien países miembros, invita a nuestro país, con tres millones y medio de habitantes, prestigioso desde el punto de vista institucional, a formar parte de él.

A su vez, el hecho de plegarse a esa institución financiera –en este aspecto coincidimos con otros países latinoamericanos– le daría a Uruguay otro tipo de oportunidades en los ámbitos de cooperación, de relacionamiento comercial y de estrechamiento de los vínculos económicos, financieros y diplomáticos con Asia.

En la última sesión se dijo que, al día de hoy, nuestro comercio exterior con aquella región representa el
35 % del total de las exportaciones de Uruguay. Es muy importante esta cifra, señora presidenta, y creo que va a seguir en aumento, basándonos en lo que leemos a diario y en las noticias que recibimos, tanto de las cámaras como del mundo especializado del Uruguay, por ejemplo, la Unión de Exportadores del Uruguay, la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. En definitiva, el comercio y la integración con esta región del mundo son muy vigorosos y vertiginosos.

Esta zona, al estar creciendo a tasas más altas de lo que lo hace el promedio del resto del mundo, supondrá, para los próximos años, una fuerte demanda de los productos provenientes de América Latina. Entonces, es una simbiosis entre la importancia de ingresar a un banco que nos va a permitir o nos podría permitir tasas ventajosas y el hecho de estar en ese mundo –que en la última sesión llamé la Cuenca del Pacífico–, donde están ubicados los países más importantes: Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, toda la región de América del Sur y América del Norte que da al Pacífico, como así también el continente asiático, etcétera. Por algo estamos llegando, en un tiempo récord –voy a hablar de esto después–, al 35 %. Quiero recordar que costó mucho que la balanza comercial del Uruguay alcanzara, por parte del Mercosur, el 30 % o 35 %. También costó mucho en su momento –ahora no es tan así– que Estados Unidos llegara a ser un tercio o más de nuestra balanza comercial.

Señora presidenta: en la reunión de la comisión hubo una presencia importante. Con la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, que presidía el economista Kamil, vino el asesor legal del ministerio, doctor Gonzalo Muñiz. Voy a leer de manera textual lo que él manifestaba, porque también hablamos de esto y volvimos a ratificarlo en su momento. Dijo lo siguiente: «Básicamente, mi exposición va a estar centrada en la preocupación respecto al alcance de los préstamos: si pueden ser otorgados dentro de la región o no. […] De la lectura de la documentación enviada por el Poder Ejecutivo surge claramente la posibilidad de realizar los préstamos fuera de la región. Considero, humildemente, que habría que hacer una interpretación sistemática de los artículos 1 y 11. Eso en cuanto al convenio constitutivo del banco».

Y agrega: «… que es el reporte de los artículos del convenio constitutivo del AIIB, del que también está la traducción. La traducción n.º 828/2019 –página 103– es el Informe sobre el convenio constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, cuyo nombre en inglés es Report on the Articles of Agreement of the AIIB. Si nos remitimos a lo que expresamente surge de dicho texto, podemos ver que hay una sección específica que dice –leo textualmente–: “Durante las discusiones sobre el borrador del convenio constitutivo del AIIB, los representantes llegaron a la conclusión de que ciertas formulaciones en el texto representaban el entendimiento general que era necesario dejar por escrito. Por lo tanto, se acordó que un informe que resuma estos entendimientos debía formar parte de los documentos básicos del AIIB, para la futura interpretación del convenio del AIIB. Los párrafos explicativos adjuntos a esta introducción deberán considerarse en este contexto”».

Cuando se refiere al artículo 1, párrafo 2, lee textualmente: «Los representantes señalaron además que las decisiones futuras sobre la clasificación regional, si fuere necesario, serían tomadas por la Junta de Gobernadores conforme al párrafo 2 del artículo 1, y que las decisiones respecto a los nuevos miembros serían tomadas por la Junta de Gobernadores con arreglo al párrafo 2 del artículo 3».

Es jugoso el informe de Muñiz en cuanto ratifica lo que el Poder Ejecutivo ya nos anunciaba en la exposición de motivos, y también afirmábamos nosotros aquí, junto con varios senadores de la mayoría, al dar el informe y la interpretación correspondiente al texto de este convenio de incorporación al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

A su vez, fue muy importante –como parte de esa delegación– la presencia de la contadora Mariella Maglia, directora de Organismos Multilaterales del Ministerio de Economía y Finanzas. Y quiero exhumar algunos pensamientos. Le pedí especialmente que hiciera alguna devolución sobre este proyecto de ley, a modo de tener una mayor profundización en los conceptos del Poder Ejecutivo. La señora Maglia señalaba: «Quiero decir que vemos que este organismo de reciente creación está en constante expansión. Al día de hoy –lo revisé hace un rato– cuenta con cien países miembros, de los cuales setenta y cinco completaron la membresía y veinticinco están en el mismo estatus que Uruguay». Este es el dato final: cien. Como dije anteriormente –lo estoy pensando ahora– Kamil se refería a una cifra inferior. Reitero que este dato de la contadora Maglia expresa que el organismo cuenta con cien países miembros, de los cuales setenta y cinco completaron la membresía y veinticinco tienen el mismo estatus que Uruguay.

Maglia refería: «… el Banco Mundial nos ha denominado de alto ingreso. Uruguay comenzó a perder ciertas fuentes de acceso, ya sea vía cooperación técnica o de financiamiento de organismos multilaterales. Particularmente, el Banco Mundial, que ha sido una fuente de financiamiento en el pasado, cada vez restringe más el acceso de Uruguay a sus créditos. El banco en cuestión es» –se refiere al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura– «de una región pujante, ha estado muy activo y nace pensando en ser un organismo con estructuras mucho más ágiles que las que actualmente tienen otros bancos como, por ejemplo, el Banco Mundial. Reitero: se trata de un banco con estructuras mucho más ágiles, que está llegando rápidamente a los países y que en pocos años ha aprobado cincuenta y tres préstamos por un monto de más de USD 10.000:000.000. Además, ya cuenta con préstamos aprobados a países fuera de la región, como por ejemplo en África», etcétera.

«Los países tienen que convertirse» –este es un criterio interesante que expresó la contadora Maglia– «en miembros plenos para poder tener derecho a acceder a los préstamos. Respecto a si tendría posibilidades de acceder, mientras sea miembro prospectivo el país solo tiene derecho a participar en la Junta de Gobernadores con voz, pero sin voto, y no a participar en el resto de las estructuras del organismo ni a acceder a créditos en este momento.

En principio están trabajando con préstamos para infraestructura y logística –como su propio nombre lo indica–, pero en las discusiones que hemos tenido no descartan en un futuro poder acceder a otro tipo de inversiones; incluso, hacen énfasis no solo en infraestructura, sino en el medioambiente y el cambio climático».

Señora presidenta: todo esto me parece importante porque está expresado en un contexto en el que la propia contadora Maglia afirma que es un banco en desarrollo dado que, como bien dijo la delegación del MEF, abre sus puertas en el año 2016; o sea que hace tres años que este banco está en funciones y amoldándose rápidamente a todo lo que implica su estructura en el medio sobre el cual deberá actuar. Entendemos que es un área de relacionamiento muy importante desde el punto de vista económico y financiero en la medida en que Uruguay tiene cada vez más vínculos y esta región es una de las principales compradoras en este momento.

Por eso, señora presidenta, quería dejar algunos conceptos sobre lo tratado en la comisión para que los señores senadores los tengan presentes al momento de sopesar este asunto. Maglia presenta como una apuesta el hecho de ingresar a un nuevo organismo; no es que tengamos una estrategia de endeudamiento –ese es otro aspecto que quedó sobrevolando en la última sesión–, como si tuviéramos un problema. No. Diría que estamos reafirmando el futuro. En esto tengo que detenerme, porque con esta región del mundo no empezamos hoy ni ayer y no vamos a terminar mañana. Esta región del mundo –lo dije en la última sesión– hace setenta u ochenta años estaba mayormente inmersa en una política universal llamada colonialismo; hoy esta región del mundo pisa fuerte. Eso es muy importante; no podemos perder de vista el crecimiento vertiginoso que ha tenido esta región. Hay que tener en cuenta que cuando el presidente Sanguinetti y el canciller Iglesias establecieron relaciones diplomáticas con la República Popular China estaban haciendo una apuesta de futuro. En 1987 este tema se discutió mucho; se podría haber dicho: ¿será acertado? ¿No será acertado? ¿Dónde nos meteremos? Pero había que tener una visión de futuro como la tuvo aquella Administración con la anuencia de todos los partidos políticos de aquel tiempo.

Por lo tanto, señora presidenta, nuestras relaciones con la región se han ido profundizando y también han evolucionado de acuerdo con el crecimiento vertiginoso que ha habido en todas las áreas. Me parece que tenemos la obligación de ver estas cosas y actuar como estadistas ante eventos de esta naturaleza y ver toda la región y al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura como una pieza más en una perspectiva hacia el futuro que está en permanente movimiento.

Como decía Maglia, no es que tengamos una estrategia de endeudamiento a futuro, pero el hecho de ingresar a un nuevo ámbito representa una apuesta a futuras oportunidades. ¡Es así! Las mismas oportunidades que dio la Administración de Sanguinetti en 1987 –y todo el país–, con el canciller Iglesias, para progresar, ahora las tenemos con otras regiones del mundo.

No en vano el presidente electo en las últimas elecciones en Uruguay ha sido invitado por el embajador chino. ¿Y qué va a decir el doctor Lacalle Pou? No, mirá, USD 100.000 por mes es poco o es mucho. No; estoy seguro de que el presidente electo va a continuar con esta tarea que nosotros, como Frente Amplio, llevamos a cabo pensando en el futuro y el porvenir del país. A veces hay que dar enroque a las cosas; podemos pelearnos por muchos asuntos, pero hay líneas que son de interés nacional. Al menos desde esta banca lo veo de ese modo.

Ya que me tocó referirme a nuestro excolega Lacalle Pou, debo señalar que a las seis de la mañana, en un programa rural, escuché hablar a la economista Arbeleche. Como es obvio, no habló específicamente de la integración de Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, pero sí ratificó la línea de seguir manteniendo relaciones con esa región del mundo. Estoy seguro de que esto le vendrá muy bien al futuro del país. La economista Arbeleche que, según tenemos entendido, será quien conduzca la economía del país a partir del 1.º de marzo, precisamente ratificó la importancia del comercio y la política internacional del Uruguay para seguir afirmándose en Asia y también en el Mercosur y otras regiones, pero especialmente en una región que al día de hoy no tiene techo.

Por consiguiente, quiero ratificar, señora presidenta, lo informado in voce en la última sesión. Además, quiero decir que lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas no arrojó, a mi modo de ver, ningún elemento nuevo que me pudiera hacer dudar de lo que pensaba cuando leí el proyecto de ley e investigué en mi fuero particular –es decir, en mi computadora–, a los efectos elaborar el informe que me había solicitado la bancada del Frente Amplio en esta sala en la última sesión.

Por lo tanto, señora presidenta, como miembro informante y con una votación de siete en ocho en la comisión, recomiendo a los señores senadores la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que es muy importante, aun en el apuro del final de la legislatura, analizar a fondo todos los proyectos de ley que llegan del Poder Ejecutivo. Obviamente, es nuestra responsabilidad como legisladores ir al fondo de los temas que nos remiten. A mi juicio, fue bueno –agradezco mucho a la bancada oficialista– que este proyecto de ley fuera enviado a la Comisión de Asuntos Internacionales y que el Poder Ejecutivo nos ilustrara con su opinión sobre esta iniciativa. Realmente, fue positivo profundizar y conocer la opinión del Poder Ejecutivo, para lo cual se contó con la voluntad, con la cortesía parlamentaria –como decía el miembro informante–, que mucho agradecemos y valoramos.

Es claro que los motivos que se esgrimen por parte del Poder Ejecutivo como principales y fundamentales para aprobar este convenio no son los que realmente llevan a su aprobación. Se ha señalado –y se reitera en el mensaje del Poder Ejecutivo– que de esta forma el país accedería a un financiamiento de infraestructura que permitiría mejorar los resultados sociales y económicos del Uruguay y de la región. Eso no es cierto y es bueno que se sepa al momento de votar.

Si se analiza el convenio, se verá que el artículo 1.º dice que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura prestará para promover el desarrollo y la infraestructura en la región de Asia, y nosotros no estamos en esa región. El Poder Ejecutivo nos aclaró que la Junta de Gobernadores tenía facultades para modificar con posterioridad esto que estamos firmando, y ya lo modificó diciendo que se podrá financiar hasta el 15 % fuera de la región de Asia. Eso nos tranquilizó. Evidentemente, si bien no figura en el convenio constitutivo –donde se establece que este banco no puede financiar fuera de Asia–, parece que hay resoluciones de la Junta de Gobernadores que pueden modificarlo y se tomó la decisión de financiar hasta un 15 % fuera de Asia. Esa información nos la proporcionó el abogado que asistió en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Por nuestra parte, continuamos averiguando y nos encontramos con que es cierto, pero si se analizan los documentos del propio Banco Asiático de Inversión en Infraestructura –que tengo en mi poder– para financiar operaciones no regionales, vemos que en realidad puede ser fuera de Asia, pero toda la inversión tiene que generar mejoras en la infraestructura que conecta con Asia y proporcionar beneficios muy significativos para ese continente. Por lo tanto, es muy difícil acceder a un crédito de este tipo.

Además, los representantes del Poder Ejecutivo manifestaron que ya había proyectos aprobados fuera de Asia y, como ejemplo, citaron los de Egipto y Georgia. No sé cuántos de aquí dimos el examen de ingreso, pero recuerdo que todos temblábamos cuando se nos preguntaba sobre las capitales de Europa, los países de África o los puertos de América. Si nos hubiesen preguntado en qué continente está Egipto, ¿qué hubiéramos contestado? ¿África? ¿Qué opina la señora presidenta: está en África o en Asia? Egipto está en los dos continentes; está en África y también en Asia. Así que hubiéramos bochado en el examen de ingreso al representante del Poder Ejecutivo que nos dijo que había sido aprobado el proyecto de Egipto que está ubicado fuera de la región de Asia.

El otro proyecto aprobado es el de Georgia que, según su ubicación geográfica, está en Eurasia, cerca de Turquía, en esa zona tan particular de conectividad entre Asia y Europa. Y el proyecto que se aprobó en Georgia es el de una carretera de doble camino para conectar Asia con Europa, conectividad que, sin lugar a dudas, beneficia a Asia.

En realidad, nos cuesta imaginar a un banco de este tipo prestando a países como el nuestro para mejorar la infraestructura o la conectividad asiática y, además, de forma significativa. Lo más importante es la razón del artillero: uno va a los proyectos aprobados y no ve ningún proyecto aprobado fuera de la región, salvo el de Georgia.

Dicho esto –creo que queda claro el argumento de que esto nos iba a servir para acceder a líneas de crédito y a no sé cuántas cosas más–, uno trata de ser coherente. Nunca pinté los muros de Montevideo con el «No al Fondo Monetario Internacional», «No al Banco Mundial», «No al pago de la deuda externa» y todas esas cosas que, por suerte, hace muchos años ya no se ven. Esperemos que no vuelvan a verse ahora. La verdad es que Uruguay ha madurado y, por suerte, ve con simpatía a los organismos internacionales. Es decir que todos estamos de acuerdo con ir a Washington a pedir dinero o a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial u otros. El «No a la deuda externa» no existe, porque en los últimos quince años su monto se multiplicó –aunque no en términos del PIB– por tres. Realmente, ha sido tremendo. Daban ganas de salir a pintar «No a la deuda externa», pero no lo hicimos.

En definitiva, al filo de la legislatura nos presentan un proyecto de ley por el que ahora vamos a tener que pagar USD 1:000.000 y, posiblemente, suscribir USD 4:000.000 más. ¿Para qué? Para lo que al final el economista Kamil, del Ministerio de Economía y Finanzas, reconoció: para sentarnos a la mesa con los ricos de Asia, para hacer –así lo definió– diplomacia económica. Quiere decir que nos vamos a sentar a la mesa y vamos a poner USD 1:000.000 para poder ir, una vez por año, a la reunión de gobernadores. De repente –por qué no, hay que decirlo–, cuando vayamos a vender nuestros productos a China, esta revise los convenios y diga: este país es miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y eso nos juegue a favor en nuestras relaciones.

Tampoco se ha dicho que detrás de todo esto hay un enfrentamiento entre el Banco Asiático de Desarrollo que están proponiendo Japón y Estados Unidos y este Banco Asiático de Inversión en Infraestructura que está proponiendo China. Por ende, el único argumento convincente para mí es que si uno nunca dijo «No al Fondo Monetario Internacional» o «No al Banco Mundial», tampoco va a decir «No a sentarnos en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura». ¡No! También fui a ver el board de directores –dato que se puede corroborar– para saber quiénes lo integraban, y descubrí que la figura más importante es Sir Daniel Alexander, un británico al que fueron a buscar, que maneja el banco y está siguiendo la misma orientación que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todos esos entes de financiamiento. Está bien que así sea. Creo, señora presidenta, que es un lindo mensaje, y por esa razón voy a votar a favor este proyecto de ley. Es un lindo mensaje que el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado digan hoy: ¡sí a la financiación de organismos internacionales! y que de apuro nos presenten este proyecto y paguemos USD 1:000.000 para poder ir una vez por año a una asamblea de gobernadores a codearnos con todos los financistas del mundo!, ¡a decir a Sir Daniel Alexander: «Sir Daniel, ¡aquí estamos contigo de vuelta!, ¡sí al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura!, ¡sí al Fondo Monetario Internacional!, ¡sí al Banco Mundial!» y dejemos atrás aquellos discursos de barricada que, por suerte, quedaron atrás y esperemos que no vuelvan nunca más al país.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: simplemente quiero aclarar que no hay más muros pintados con las leyendas «¡Romper con el FMI!» porque el Uruguay tiene una nueva estructura de deuda externa, que hemos dado en llamar de deuda soberana; creo que es un muy buen instrumento con el que va a contar la futura Administración. Esto también hay que decirlo porque, desde el punto de vista macroeconómico, hace muchos años ya que no vemos venir a los inspectores del FMI a darnos líneas presupuestales que estábamos acostumbrados a escuchar.

Por lo tanto, este es otro instrumento que la Administración del Frente Amplio deja al próximo Gobierno. Creemos que es un muy buen instrumento que da una movilidad mayor al Estado y que garante los movimientos financieros soberanos del país.

Habría más cosas para decir, pero creo que es sabio callarse.

Nada más.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Gracias, señora presidenta.

Más allá de lo jocoso de «Sir Daniel» –que no es lo mismo que Jack Daniel’s–, creo que estuvo bien y fue positivo que la bancada de gobierno accediera a enviar este proyecto a la comisión para ser estudiado y, además, para contar con un aporte importante del Poder Ejecutivo, sobre todo desde el punto de vista técnico que hace a esta asociación o a esta membresía de Uruguay en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Además, creo que el señor senador Bordaberry había planteado dudas razonables. Por supuesto, si en algún momento, dentro de esa cuota parte supuesta del 15 % Uruguay puede acceder a créditos que a nivel internacional son considerados blandos porque están por debajo de tasas de referencia internacional, nos vendría excelente y nos serviría para el fomento y el desarrollo.

Quiero plantear este tema porque me parece que, más allá del aspecto técnico –los representantes del ministerio que concurrieron a la comisión, por lo menos a mí me dejaron conforme, más allá de las dudas razonables que existen sobre si en algún momento Uruguay puede acceder a algún crédito de inversión–, hay que tener en cuenta que políticamente el mundo ha cambiado. No es el mundo unipolar que existía hace unas décadas; tiene un peso distinto, sobre todo por China y el mundo asiático. Además, China tiene intereses importantes en la región sudamericana por los recursos naturales estratégicos, sobre todo comida y agua dulce. Por lo menos por ahora somos la primera reserva agrícola planetaria, por lo que el mundo asiático va a mirar permanentemente hacia aquí, por la alimentación y por los recursos naturales.

No hay que olvidar que, por ejemplo, los acuerdos bilaterales que hace muchos años hizo Brasil en materia de aceites y carne de pollo con China, llevaron a que esta realizara una inversión muy grande en las vías de comunicación entre el centro de Brasil y el Pacífico. Cuando hablamos de la conexión con el Pacífico también tenemos que mirar el mundo del otro lado, que tiene que ver con los negocios del mundo oriental. Se construyó desde Campo Grande hasta los puertos del Perú una vía de tren para poder sacar el arroz de Mato Grosso, que es el principal productor de arroz a bajo precio por las inundaciones o las riadas del Pantanal. Y eso lo hizo China con inversiones del propio Gobierno chino. ¿Por qué? Porque Brasil había hecho un acuerdo bilateral de complementación técnica y, a la vez, de alimentación en aceites y carne de pollo. Por eso Brasil es hoy el primer productor del mundo de carne de pollo y de cerdo, por aquello que decía el ministro de Agricultura del primer Gobierno de Lula, es decir, Roberto Rodrigues –que tampoco era de izquierda, sino de derecha, un liberal–: que para ser primer productor de carne de pollo en el mundo había que pensar en el maíz porque, en definitiva, un pollo es un huevo lleno de maíz. O sea que había que fomentar el desarrollo de la producción de base, que es la del agricultor. ¡Todo eso trajo también una importante inversión! El puerto de Santos estaba abarrotado de mercadería y, por lo tanto, no podía llegar a los puertos asiáticos. China invierte en las vías de comunicación, en los trenes, también pensando en la minería de hierro que tiene Brasil en Bolivia. ¡Hay un excedente de diez millones de toneladas al año que China precisa para construir, porque construye una ciudad como Manhattan prácticamente por año!

¡Ese es el mundo en el que vivimos! Y el Uruguay es un pequeño país que tiene que abrirse de alguna manera y encontrar canales de comunicación con el mundo.

Quien conoce la mentalidad del oriental –en este caso hablo con propiedad–, sabe que hay aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de negociar. Personalmente, he tenido que hacerlo muchas veces debido a vínculos deportivos. Por eso sé que hay elementos muy importantes para ellos que hay que tener en cuenta y que están relacionados con determinados protocolos. Las reverencias son de gran valor para ellos, pero también la presencia que tiene cada uno en determinados lugares que ellos toman como valor; aunque para nosotros, los occidentales, sean ínfimos, para ellos son muy importantes.

Yo lo miro desde el punto de vista político –más allá de que algún día consigamos algún mango–, porque en definitiva China es hoy el primer comprador de Uruguay, junto con el Mercosur. Tengo esperanzas de que el Mercosur también haga un acuerdo de libre comercio con China porque, en definitiva, dentro de veinte o treinta años ese país va a ser la potencia comercial más poderosa del planeta.

Cuando Uruguay miraba hacia Estados Unidos –que era la economía unipolar más poderosa y, además, el país con la proyección mundial más importante–, en ese tiempo le vendíamos solo trimmings y algunos cortes. La diversificación de la matriz de producción, incluso de carne y de granos, pasa por que en determinado momento el mundo asiático empezó a requerir comida por la explosión demográfica y los chinos empezaron a sacar millones y millones de personas de la pobreza. ¡Y ahí cambia el eje del mundo!

Por lo tanto, tener una membresía –que nos va a costar USD 1:000.000 y después unas cuotas más– para que este Gobierno que asume y los que continúen estén sentados en determinados organismos internacionales de crédito –que puede servir al Uruguay, no para obtener crédito, sino para tener una presencia negociadora importante–, es realmente trascendente porque, en definitiva, la van a tomar con mucho valor. Quien conoce la mentalidad del asiático –esto lo digo con propiedad, repito– sabe que consideran muy importantes los lugares, las reverencias y la permanencia en determinadas áreas. Asimismo, frente a un japonés es muy importante que no se crucen los brazos porque se lo toma como una forma de rechazo y ni hablar con las manos en los bolsillos, porque es irrespetuoso. En una negociación con un japonés si uno toma esas actitudes ya la está perdiendo. Es más importante eso que lo que uno va a negociar. Y para los chinos y el resto del mundo asiático tiene mucho que ver dónde uno está y dónde uno se conecta.

Creo que ese es el valor que tiene este tema, ¡es un valor político!, más allá de que algún día consigamos algún mango cuando Uruguay lo necesite, pero también puede la región terminar incluida en un crédito. Las carreteras, las vías de comunicación, los puentes, la conexión del Pacífico con el Atlántico pueden venir por la vía del desarrollo de la inversión de China. Ese país ya planteó interés acá por el tema de los trenes y, de pronto, ahí la región puede conseguir un crédito de inversión. ¡Y no es solo que pueda obtenerlo el país, sino también la inversión que empresas o el propio Gobierno chino a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura puedan hacer acá, porque pueden tomarlo ellos y hacerlo acá! Esa es otra cosa que no se ha dicho, porque se puede tomar el crédito allá e invertirlo en la región. Estoy hablando –mirando lo que pasó con las vías de comunicación en trenes desde Campo Grande hasta el Pacífico– de construcción y de todo aquello en que China tiene interés porque, en definitiva, mira para acá porque necesita comer y la explosión demográfica lo ahoga, como también le sucede a Japón.

Entonces, el mundo ha cambiado y Uruguay, por ser un país chico, debe estar sentado en determinados lugares donde las reverencias son muy importantes.

Me parece que esa es la visión que se debe tener en este tema. Accedimos a ir a la comisión porque queríamos conocer la posición del Poder Ejecutivo. Creo que las explicaciones técnicas fueron muy buenas; a mí me conformaron. Por eso votamos en comisión y con gusto haremos lo propio aquí, porque creemos que genera posibilidades para los Gobiernos del futuro ya que China es y va a ser siempre un gran mercado para el Uruguay –hoy es el primero y ojalá siga creciendo– y su explosión demográfica y su riqueza así lo demandan.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Gracias, señora presidenta.

Seré muy breve porque creo que se han expuesto con claridad los argumentos que hacen que el Cuerpo termine votando, creo que por unanimidad, este proyecto de ley. Considero sensato que ese sea, en definitiva, el resultado final de esta votación por los argumentos que se dieron aquí en sala y por la discusión que tuvimos en la comisión.

Sí me interesa hacer algunas precisiones. Se planteó con cierta ironía, por parte del senador Bordaberry, el tema de los organismos internacionales y no todos son la misma cosa. Creo que hay que dejarlo claro. No es lo mismo el Banco Interamericano de Desarrollo que el Fondo Monetario Internacional, y no es lo mismo el Fondo Monetario Internacional que este Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. No lo es por un conjunto de consideraciones, pero la principal es que este Banco Asiático de Inversión en Infraestructura no establece condiciones a los países que eventualmente puedan acceder a un préstamo para generar un conjunto de modificaciones en su política interna, por ejemplo en su política económica, que es una de las características principales del Fondo Monetario Internacional. Eso llevó a que en América Latina, en los últimos años los Gobiernos se plantearan, como una prioridad de su planificación económica, poder romper los nexos con el Fondo Monetario Internacional, porque este condiciona a los países a aplicar un conjunto de medidas que generalmente van en contra de las mayorías y de los sectores populares de los países. ¡Ya vivimos esto!

Por lo tanto, no se puede plantear que los organismos internacionales son todos lo mismo y que ahora nosotros, el Frente Amplio –que nos ha tocado gobernar en los últimos quince años–, aparentemente hemos renunciado a ciertos principios. ¡No, no hemos renunciado! Uno no pinta, a lo largo de la historia, las mismas cosas en los muros. ¡No pintamos las mismas cosas porque el mundo cambia y lo hace a una velocidad increíble! Ahora bien, si mañana se fuera a suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, probablemente estemos pintando los muros; yo, por lo menos, probablemente lo estaré haciendo.

Lo último que quiero señalar es que este convenio también lo suscribieron en América Latina un conjunto de países muy relevantes y que compiten con nosotros por el mercado chino, por el mercado asiático. Lo firmaron Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. ¡Claro que lo firmaron!, porque en buena medida se sabe que para lo que estos países de América Latina tienen para ofrecer al mundo, el asiático es un lugar cada vez más privilegiado para tratar de colocar la producción que, en definitiva, es el trabajo de los uruguayos.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración porque a veces la traducción del inglés al español no resulta adecuada.

Los miembros de este convenio se dividen en dos: los plenos y los prospectivos. ¿Qué quiere decir prospect? Que no es miembro, que es un proyecto de miembro. Brasil es prospect fundador desde 2016 y no ha dado los pasos para ser miembro pleno. Es bueno que tengamos claro eso, porque se dice «lo han suscrito una cantidad de países de la región», y el único de esta zona que va a dar este paso ahora es el nuestro. De los otros no lo dio ninguno y Brasil, desde 2016, no avanza ni medio centímetro en este tema.

Hago esta aclaración solamente para enriquecer el debate.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: simplemente, quiero adherir a los conceptos expresados por el miembro informante, que amplió lo que se había planteado en la sesión pasada.

Quiero reafirmar que estos países asiáticos son, sin lugar a dudas, los que hoy están en el análisis y en la prospectiva de la integración mundial. Las grandes transformaciones del mundo en el mercado y en las relaciones comerciales han tenido un cambio muy importante desde que algunos países, como es el caso de China, pasaran a ser miembros de esa organización y juegan un rol importante en el mercado internacional. Pero esto también lo están haciendo la India y otros países emergentes del área que integran esta asociación y este banco.

Por lo tanto, nos parece estratégico acompasar ese proceso. Creo que hay que mirarlo con visión estratégica –considero que es a lo que apunta la incorporación a estos organismos en un mundo globalizado–, que es distinto a lo que a veces se nos quiere llevar a contrastar cuando en otros tiempos discutíamos los temas de la deuda externa, del Fondo Monetario Internacional o de algunos postulados que son principios rectores en la construcción de políticas de desarrollo de un país, es decir, cómo insertarnos en una economía mundial buscando generar la distribución de la riqueza. Es por eso que al votar esto no nos cercenamos el derecho de volver a pintar cualquier muro con las consignas que resulten necesarias para identificar los procesos que impliquen la construcción del desarrollo, como también en algún tiempo pintamos «¡Abajo la dictadura!». Recuerdo muy claramente cuando en 1973 muchas compañeras y compañeros fueron apaleados y algunos murieron por pintar simplemente en un muro «¡Que caiga la dictadura!».

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión particular.

Léase el artículo 1.º del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 1º.- Apruébase la incorporación de la República Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), de conformidad con el Convenio Constitutivo de la referida institución, firmado el 29 de junio de 2015, cuyo texto original se adjunta como Anexo de la presente ley y forma parte de la misma».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 2º.- Las obligaciones que demande la presente ley serán atendidas con recursos propios del Banco Central del Uruguay y formarán parte de su capital».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3.º del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 3º.- El Banco Central del Uruguay realizará las gestiones pertinentes y las operaciones necesarias por cuenta y orden del Estado, para integrar el capital del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

10) CONVENIO 190, SOBRE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO, ADOPTADO EN LA 108.ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio 190, sobre la violencia y el acoso, adoptado en la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra en el año 2019. (Carp. n.º 1433/2019 - rep. n.º 977/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Efectivamente, el Poder Ejecutivo envía a esta cámara la consideración del texto de los instrumentos internacionales del trabajo adoptados por la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra en el corriente año: el C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019,
y la R206 - Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206).

Este convenio tiene veinte artículos y un preámbulo pero, simplemente, voy a repasar los principales que son el corazón del proyecto.

El artículo 1.º define las expresiones «violencia» y «acoso» en el mundo del trabajo, sobre la base de designar un conjunto de comportamientos y de prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiestan una vez o de forma reiterada, las que tienen por objeto causar o ser susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico a las personas, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. En su literal b) se define el concepto de violencia y acoso por razón de género y se desarrolla lo que se quiere decir con ellos. Luego, en el ordinal 2 se explicita –y esto es importante– que sin perjuicio de lo desarrollado anteriormente cada país puede definir y definirá en su legislación nacional los alcances de esos términos. En este sentido, Uruguay ya tiene una serie de normas, de leyes, como la ley de violencia basada en género, en donde se definen con precisión estos temas.

Por otra parte, se establece que el convenio se aplica tanto al sector público como al privado de la economía formal o informal en zonas urbanas o suburbanas, en los lugares de trabajo y en los espacios públicos y privados.

En los artículos 7, 8 y 9 se desarrolla el capítulo que tiene que ver con la protección y la prevención. Allí se dispone que los miembros deben definir una legislación en la que se prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo cuando sean por razón de género.

El artículo 10 refiere al control de la aplicación y a las vías de recurso y reparación. En este caso, todo miembro de la organización que ratifique el convenio se obliga a realizar un seguimiento y contralor de aplicación de la legislación nacional relativa a este tema. Todo miembro que ratifique el convenio 190 tiene la facultad de denunciarlo luego de un período de diez años contando a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor. La denuncia tendrá efecto un año después de la fecha en que se haya registrado.

Por último, señora presidenta, conviene tener en cuenta que el mencionado instrumento internacional ha sido aprobado por 439 votos a favor, 7 en contra y 44 abstenciones. Este es un convenio que va en la dirección de las políticas de la Organización Internacional del Trabajo y que, a su vez, es totalmente consistente con políticas públicas y con marcos normativos que hemos ido alcanzando en Uruguay en estos últimos años.

Por todo lo expresado, recomendamos su aprobación.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Convenio Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), adoptado en la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra en el año 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley 17827 de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día de la fecha, a partir de las 12:00.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17827 inciso D, solicito a usted se me conceda licencia desde el día 17 de diciembre hasta el día 20 de diciembre inclusive, del corriente año.

La misma tiene por objeto asistir a la reunión anual del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, a realizarse en la ciudad de Montego Bay, Jamaica.

Adjunto agenda de la misma.

Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor cortesía.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia el día jueves 19 de diciembre de 2019, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) CANNABIS MEDICINAL Y TERAPÉUTICO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declaran de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso (Carp. n.º 1417/2019 - rep. n.º 978/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: traemos a estudio de la Cámara de Senadores un proyecto que consideramos muy bueno y noble –además de contar con otras particularidades que comentaremos más adelante– porque está orientado a regular el uso del cannabis medicinal. Entendemos que es muy noble porque con su regulación estaremos dando garantías a un conjunto de ciudadanos que en el uso del cannabis medicinal ha encontrado una solución a dolencias significativas, entre las que podemos destacar la epilepsia refractaria, la fibromialgia, así como dolores y patologías articulares.

Este noble proyecto se construyó después de una larga y laboriosa elaboración consensuada en la Cámara de Representantes. Luego de un largo tratamiento en dicha cámara, que incluyó una enorme cantidad de modificaciones en el tratamiento dado en comisión y luego se procedió a su aprobación en forma mayoritaria en la cámara. Esa construcción que se dio en la otra cámara de este Parlamento llevó a que se analizara en el ámbito de la multipartidaria, llegándose a la conclusión de incorporarlo en el orden del día de la sesión de hoy, sin perjuicio de que en el Senado el proyecto no fue tratado particularmente en la Comisión de Salud Pública a la que había sido designado. No obstante, se llegó a un acuerdo interpartidario para tratarlo en el día de hoy y entendemos que será una muy buena oportunidad, dado que tenemos los antecedentes del trabajo realizado en la Cámara de Representantes como para abordarlo con bastante tranquilidad. Pensamos que aprobaremos un muy buen proyecto tal como vino de la otra cámara.

El proyecto de ley aborda tres aspectos vinculados con el uso del cannabis medicinal y lo hace en forma bastante detenida. El primero de ellos se asocia al acceso a tratamientos terapéuticos en base a formulaciones cannábicas bajo supervisión médica. Más adelante veremos que esto se hará en el marco de algunas disposiciones que son alcanzadas por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Reitero que el primer aspecto tiene que ver con el acceso a tratamientos terapéuticos en base a formulaciones
cannábicas con supervisión médica.

En segundo lugar, el proyecto de ley establece un marco regulatorio para una cadena de producción de cannabis y sus derivados para uso medicinal. A este se le agrega un conjunto importante de disposiciones que van a garantizar la calidad de los procesos de producción y de los propios productos para que los usuarios puedan utilizarlos con mayores garantías que las actuales. Con respecto a esto último, más adelante veremos que ya existen ciertas garantías, aunque entendemos importante incrementarlas.

El tercer aspecto que aborda la iniciativa es la habilitación de nuevas formas de acceso de las asociaciones de pacientes a los productos cannábicos para uso medicinal, con la supervisión y respaldo de formulaciones galénicas o magistrales.

Se espera que este proyecto de ley genere algunos efectos importantes, porque además de facilitar el acceso a estos tratamientos, se pretende que exista un acceso rápido y fácil a los productos en base a cannabis o cannabinoides, con ciertas garantías en cuanto a su calidad. Un segundo efecto esperado tiene que ver con la posibilidad de aumentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas nacionales que han estado trabajando en la fabricación de los productos y en su validación para la producción y comercialización. También esperamos que contribuya a la expansión de la utilización de estos tratamientos por parte de aquellas personas que ven en los productos basados en cannabis una oportunidad adicional a los tratamientos terapéuticos.

Aquí quiero hacer un paréntesis porque vale mencionar que hay datos que demuestran que hoy en día el 24 % de la población estaría dispuesta a utilizar productos medicinales de origen cannábico. Sin embargo, actualmente solo recurren a ellos un 10 % y dentro de ese 10 % –y sigo dentro del paréntesis– es muy importante tener presente que lo hacen en situaciones diferentes en cuanto al respaldo de la calidad del producto que están utilizando. Vale mencionar que hay cuantificaciones que muestran que de ese 10 % que usa productos cannábicos, solo una tercera parte utiliza productos registrados a nivel nacional o internacional; otro tercio consume productos de su propia elaboración y en el último tercio se plantea una situación extrema porque se accede a productos que no ofrecen más garantía que la confianza en el proveedor. Al no haber una regulación que respalde la elaboración, queda abierto un escenario bastante ambiguo en cuanto a la calidad de lo que se consigue y, en consecuencia, muchas veces algunos usuarios no encuentran los resultados esperados. Cierro el paréntesis vinculado a este tercer aspecto que tiene que ver con la posibilidad de expansión de la utilización de los tratamientos con cannabis medicinal.

El cuarto efecto esperado está vinculado a mejorar las capacidades del sistema de tratamientos terapéuticos en base a cannabis, reforzándolas con las disposiciones que establece esta ley. Más adelante vamos a ver que los esfuerzos se dirigen a mejorar la formación y las capacidades disponibles de los equipos de salud y del conjunto de la sociedad, con el fin de asegurar un uso responsable y seguro –insisto en este último concepto– de los productos medicinales en base a cannabis, teniendo la oportunidad de reconocer con precisión sus beneficios y, eventualmente, los perjuicios que podrían generarse en casos particulares.

Una vez planteados los tres ejes de abordaje y los grandes efectos esperados, queremos reiterar que esta iniciativa es el resultado de un intenso trabajo en la Cámara de Representantes, que llega al Senado con veinte artículos ordenados en cuatro capítulos. Voy a comentar brevemente algunos de ellos, como forma de mencionar aspectos particulares que regula este proyecto de ley.

El capítulo I está integrado por tres artículos. El artículo 1.º declara de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles, en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso.

El artículo 2.º implementa el Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico, que es el que va a permitir la implementación del acceso a los productos de calidad, así como un Sistema de Farmacovigilancia Activa de los usuarios de este tipo de productos.

Por último, el artículo 3.º de este capítulo I establece que el acceso al cannabis medicinal y terapéutico se realizará según lo establecido en la Ley n.º 18211, que es la que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud y, por lo tanto, estos tratamientos serán parte integral de ese sistema.

En el capítulo 2 se establecen aspectos de estructura del sistema que se crea en base a cannabis medicinal y terapéutico. En los artículos que van del 4.º al 9.º se especifican los productos que serán habilitados, las regulaciones y obligaciones de los pacientes, las formulaciones que se podrán hacer y cuál será su respaldo. Esto último figura en el artículo 4.º.

Los artículos 5.º y 6.º establecen que le compete al Ministerio de Salud Pública fijar las regulaciones y el artículo 7.º contiene disposiciones para promover la formación y capacidades del personal afectado al Sistema Nacional Integrado de Salud.

En el artículo 8.º se establece que en la implementación, promoción y fomento de la cadena de valor se incluirá la creación de estos productos medicinales. A través del artículo 9.º, se crean instrumentos de soporte financiero para la efectiva expansión del sistema que se implementa.

En el artículo 10 del capítulo III, se crea el Programa Nacional de Acceso al Cannabis Medicinal y Terapéutico, que dependerá del Ministerio de Salud Pública. El artículo 11 tiene que ver con las competencias que tendrá dicho programa. El artículo 12 se refiere a un aspecto que nos parece muy importante y es que el programa debe estar sujeto a evaluación y, también se establecen los posibles ámbitos o instituciones que la deberán llevar a cabo.

Por último, en el capítulo IV se establece un conjunto de disposiciones transitorias. En ellas se fundamenta la creación de un Comité Técnico Asesor y su dependencia, cometidos y carácter honorario, aspectos que están incluidos en los artículos 13, 14 y 15.

En el artículo 16 se establece la creación de una Comisión para la Inclusión Social y Productiva de Pequeños y Medianos Productores de Cannabis Medicinal y sus Derivados, así como también su integración, qué dependencia la coordina y ampliaciones de las disposiciones legales preexistentes. Todo esto está especialmente orientado a que las personas y las asociaciones de pacientes tengan mayor capacidad y un respaldo legal para acceder a los productos de cannabis medicinal y sus derivados.

Finalmente, se disponen criterios generales referentes a la regulación de semillas y esquejes destinados a la investigación que va a requerir el desarrollo de un sistema nacional de producción y de generación de productos para la expansión del uso del cannabis medicinal. El último artículo se refiere a los plazos de reglamentación.

Agradecemos la atención de los señores senadores y del público presente que nos sigue desde la barra. Como lo dijimos al comienzo, nos parece que esta es una muy buena oportunidad para acompañar la decisión que ha tomado la Cámara de Representantes. Con la aprobación de este proyecto de ley podremos dar una respuesta a un tema de enorme sensibilidad y, especialmente, incrementar las garantías a quienes hoy ven a través del uso del cannabis medicinal una forma de abordar tratamientos terapéuticos con alta eficacia. Actualmente esto se hace en situaciones muy irregulares, pero, con la aprobación de esta norma podríamos dar un paso significativo, especialmente, para dar garantías a esos ciudadanos.

Era cuanto teníamos para informar, señora presidenta.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: brevemente, quiero decir que compartimos la importancia de este proyecto de ley y la relevancia que tiene el hecho de que muchos uruguayos puedan acceder a este tipo de tratamientos porque en la actualidad deben traerlos de Brasil o de otros países.

Este proyecto de ley tiene una particularidad y es que nosotros no pudimos estudiarlo en comisión. Como recién relataba muy bien el señor senador Garín, la Cámara de Representantes lo trató en forma exhaustiva; por su importancia hubiera sido deseable poder analizarlo también en la comisión respectiva del Senado. Nos imaginamos que los tiempos que estamos viviendo impidieron que ello fuera posible, aunque, justamente por ser un proyecto de ley que abre un camino de trabajo –que está cerrado–, desde el punto de vista de la salud, como otros tantos temas, requiere que se trate con detenimiento. No obstante ello, sabemos lo que implica una norma de este tipo y, por tanto, vamos a acompañarla en general, vamos a habilitar la votación, aunque no tuvimos tiempo de leer sus aspectos particulares –que constan en el articulado–, que son los que originaron diferencias en la Cámara de Representantes. Lo digo con total sinceridad.

El proyecto acaba de llegar a nuestra banca, pero queremos habilitar su aprobación y hacemos confianza en los compañeros que analizaron esta iniciativa en la Cámara de Representantes. En definitiva, esperamos cumplir con la aprobación de esta norma a pesar de que ha llegado recién a nuestra banca.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: en primer lugar, compartimos la idea de que la producción legislativa se enriquece en tanto los proyectos de ley se analizan en las comisiones respectivas de ambas cámaras; no hay dudas de ello. Sin embargo, también es cierto que los períodos legislativos tienen recesos, durante los cuales se modifica la forma de discutir y de trabajar los proyectos de ley.

Por otra parte, quiero destacar que este proyecto de ley se trató denodadamente en la comisión especial respectiva de la Cámara de Representantes y fruto de ese trabajo se aprobó por unanimidad. Para nosotros ello tiene un valor significativo, ya que se trata de una comisión especializada del Parlamento nacional, donde este tema se discutió con cierto detalle. Eso nos da pie para que hoy podamos darle un tratamiento más sumario directamente en el plenario, atendiendo su importancia y significación. No valorar ese trabajo realizado por la Cámara de Representantes podría significar que quedara trunca su aprobación ya que estamos al final del período legislativo. Es por eso que consideramos importante que hoy el Senado lo apruebe.

Este proyecto de ley tiene algunos componentes muy significativos en un área en desarrollo, no solamente en Uruguay sino también en el mundo. Se trata de medicamentos alternativos que no provienen directamente de la química pura y dura de los elementos sintetizados. La idea es que se empiece a generar lo que otrora fue la base de la medicina en nuestro planeta, que es el uso de nuestras especies naturales, ya sean plantas o sueros animales.

En este caso en particular hay algunas líneas rectoras que se enmarcan en lo que han sido las políticas públicas que ha construido el Uruguay desde hace mucho tiempo en el tema de la salud. Me refiero al hecho de que es el Ministerio de Salud Pública el que va a tener las potestades de establecer, como dice el artículo 5.º, los requisitos para garantizar la calidad y la seguridad para el uso humano de los productos vegetales o extractos de cannabis o cannabinoides. O sea que, con esta norma, reafirmamos algo que para la construcción de la salud de nuestra nación es muy importante: la rectoría del Estado a través del Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad competente.

También nos parece de enorme significación algo que el señor miembro informante rescataba y es que el proyecto de ley establece un marco para identificar los productos que van a estar regulados. Esto dará garantías a las ciudadanas y ciudadanos que podrán acceder a este tipo de medicación indicada por los profesionales, habida cuenta de las evidencias que ya se han constatado en otros países, que demuestran que pueden ser hoy utilizados en el nuestro.

El caso de la epilepsia refractaria es evidente y así lo han puesto de manifiesto quienes comparecieron en la comisión de la Cámara de Representantes, al decir que hay bastantes pruebas de que el uso de productos cannabinoides arroja mejores resultados que otros medicamentos. En este sentido, es muy relevante el hecho de que se establezca claramente en la norma cuáles son los productos que van a estar regulados.

Por último, me interesa destacar que la semana pasada se aprobó un proyecto de ley que regula los estudios y la investigación científica sobre el cannabis. Pues bien, este proyecto genera un marco en el que se dispone la capacitación y la formación de los recursos humanos, porque es lo principal cuando se trata de desarrollar medicina alternativa o cualquier otra línea sobre sustancias biológicas o químicas. Es decir, debemos contar con recursos humanos formados en estos temas y el artículo 7.º establece un marco de referencia de cómo se debe encauzar dicha formación.

Por ello estamos convencidos de votar este proyecto de ley. Aunque reconocemos que la Comisión de Salud Pública hubiera sido el ámbito idóneo para profundizar en este tema, los tiempos legislativos de hoy nos llevan a este modo de definición. En síntesis, entendemos que hay que votarlo hoy para darle sanción definitiva.

Muchas gracias.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: antes que nada, me parece importante agradecer al Cuerpo que tuvo la sensibilidad de tratar el proyecto en tiempos del receso parlamentario.

Quienes integramos la Comisión de Salud Pública estuvimos abocados indirectamente al tratamiento de este tema. En ella recibimos a familiares de niños epilépticos y nos dijeron que estaban muy preocupados e interesados en que se contemplara este tema. Hay niños que tienen más de un cuadro epiléptico por día; esta medicación les hace muy bien, pero habría que seguir el camino correcto para conseguirla. En este sentido, importa también reconocer el trabajo de las organizaciones sociales integradas por familiares y pacientes, que han puesto de manifiesto la necesidad de que esta normativa se apruebe. Por eso quería destacar la importancia de este proyecto, porque a veces queda la impresión de que no nos ponemos de acuerdo, pero frente a una problemática compleja como la que hoy nos ocupa pudimos hacerlo, más allá de algunas salvedades.

Es un tema que avanza en todo el mundo y, de acuerdo con la información que leí, en estos próximos años más de ochenta países buscarán protecciones legales para la autorización del uso de cannabis medicinal. Me parece que Uruguay nuevamente está legislando en temas importantes y prioritarios, como en este caso en el marco de la salud.

Por eso quería hacer referencia al Parlamento y a los que integramos la comisión, pero también a las organizaciones que durante muchísimo tiempo trabajaron en pos de la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra por una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar a moción formulada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1.º al 20 inclusive.

(Se vota).

–17 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

(Aplausos en la barra).

13) ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la economía social y solidaria, en cualquiera de sus expresiones. (Carp. n.º 1402/2019 - rep. n.º 976/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: el proyecto que ponemos a consideración del Senado, que viene aprobado por la Cámara de Representantes, tiene historia no solo en la cámara, sino también en las instituciones y organizaciones de cooperativas de economía social y solidaria.

Con la aprobación y la modificación de la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, se abre la discusión sobre la regulación, el apoyo y el estímulo a las expresiones de la economía social y solidaria que existen en el Uruguay. A propósito, en el literal M) del artículo 187, se establece como cometido del Inacoop –Instituto Nacional del Cooperativismo–: «Impulsar el estudio y la investigación de otras formas de la economía social y solidaria y realizar propuestas sobre su alcance y regulación, de modo de favorecer la formación de un marco jurídico que facilite su desarrollo y promoción». Quiere decir que ya en el año 2008, no solo el sistema político, sino también las cooperativas, comienzan a discutir la necesidad de que exista –y así lo expresa la ley– un marco jurídico regulatorio.

No voy a contarlos todos, pero hay un historial de encuentros organizados por la Universidad de la República, el propio Inacoop y el Ministerio de Turismo, diversas instancias que fueron generando propuestas hasta arribar a este marco jurídico que ya fue considerado por la Cámara de Representantes.

Debo decir que a la comisión que se ocupó del análisis de este proyecto asistieron infinidad de instituciones para dar su opinión y, por cierto, fueron recogidas en el proyecto. Me refiero a la Universidad de la República, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, la Agencia Nacional de Desarrollo, la Universidad Claeh, la Unión de la Mutualidad del Uruguay –hay muchas mutualistas interesadas en el tema–, las Cooperativas Agrarias Federadas y el Instituto Nacional del Cooperativismo. En fin, no es una novedad, no ocurrió a último momento, sino que esta iniciativa es fruto de un largo proceso de discusión que, como venía diciendo, arranca con la aprobación y modificación de la ley de cooperativas que tuvo lugar en octubre de 2008. Allí se establece, a texto expreso –como mencioné hace un momento–, la necesidad de que exista un marco jurídico en esta materia.

Me gustaría agregar un dato, y sugeriría a los colegas que miraran la parte estadística que ofrece el Inacoop para que tengan una idea de la entidad del crecimiento de las cooperativas y de las instituciones de economía social y solidaria que se ha dado en Uruguay. ¡Es enorme! No voy a leer en detalle un análisis que se hizo sobre el trabajo del Inacoop durante diez años, desde el 2008 –momento en que se impulsa la ley– hasta el 2018, pero allí se puede apreciar que, sobre todo en el interior del país, el crecimiento ha sido muy importante. Se pasó de 1117 cooperativas de distintas modalidades que existían en 2008 –cuando ya teníamos ley de cooperativismo– a 3653 en 2018.

Quisiera detenerme un poco en esto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un mundo cambiante que necesita potenciar las capacidades de su gente, porque esta es una puerta que abre la posibilidad de asociarse para generar trabajo y propuestas que mejoren la vida cotidiana de la gente. Desde hace mucho tiempo Uruguay y su gente han apostado al cooperativismo, a la organización mutual, a juntarse, a fin de lograr beneficios para la ciudadanía. A modo de ejemplo, podría mencionar las cooperativas agrarias, que en 2008 eran apenas 82, y en 2018 llegaron a ser 125; quiere decir que hubo un incremento del 52 % en esta clase de cooperativas. Algo similar, aunque tal vez con un impacto menor, sucedió con las cooperativas de ahorro y crédito, cuya cantidad creció un 37 %. Las cooperativas de consumo no aumentaron demasiado, pero las cooperativas sociales, aquellas donde la gente se reúne solidariamente para producir, para colaborar en el territorio y en lo local, crecieron de 95 a 326, es decir, un 243 %.

Por su parte, las cooperativas de trabajo, aquellas que reúnen trabajadores calificados para brindar un servicio a la comunidad y conseguir un puesto de trabajo –un tema tan difícil que ha atravesado nuestras discusiones políticas–, que eran 257 en 2008, llegaron a ser 881 en el año 2018; o sea que su crecimiento fue de un 243 %.

¿Por qué menciono estas cifras? No quiero aburrirlos, pero demuestran que en Uruguay se fomenta esta actividad y que la gente tiene incorporada la cooperativa en su idiosincrasia. ¡Ni que hablar de lo que han sido las cooperativas de vivienda o del sistema mutual y la forma de atender la salud! Existe una historia que forma parte de nuestro ser uruguayo. Como dije antes, ya en la ley de cooperativas quedaba claro que para la economía social y solidaria debía existir un marco jurídico, que es lo que este proyecto de ley, aprobado en la Cámara de Representantes, propone.

En definitiva, esta iniciativa, que contiene varios capítulos, viene a cumplir con aquel mandato del artículo de la ley del 24 de octubre de 2008. En el primero de esos capítulos –que me parece muy importante– se declara cuál es su objeto: «La presente ley tiene por objeto reconocer, promover y apoyar a la Economía Social y Solidaria…», es decir, estas formas de cooperativas u otras organizaciones que tiendan a la economía social y solidaria.

Hay un aspecto que considero central y que aparece ya en el artículo 1.º; lo menciono porque he escuchado algunas críticas al respecto. Me refiero a que desde el inicio se deja claro que lo que allí se establece se hace «sin perjuicio de las regulaciones específicas que cada una…» de estas manifestaciones ya tuviere; es decir, no cae ninguna de esas reglamentaciones. Lo que pretende la ley es, simplemente, estimular –una vez más– lo que es un proceso muy común –como ya he mencionado– en la idiosincrasia uruguaya.

Luego se define qué compone la economía social y solidaria, pero para que quede más claro voy a leer textualmente: «Artículo 3º. (Composición).- La Economía Social y Solidaria está compuesta por el conjunto de entidades que en el ámbito privado desarrollan actividades económicas, sociales, culturales y ambientales, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4º de esta ley y persiguen el interés común de sus integrantes, el interés general económico o social, o ambos». El artículo 4.º ya pertenece al capítulo II, que –como ha sido trayectoria en nuestro país– centra el principio en el ser humano y no solo en el fin de lucro, que puede ser muy lícito pero que corre por otros carriles. Como decía, este capítulo se centra en el ser humano, en su capacidad de asociarse, de lograr una fuente de trabajo y de brindar un servicio a la comunidad. También se establece que esto deberá hacerse con una administración participativa y democrática: «Debe existir un compromiso con la comunidad, la organización y desarrollo local y territorial, y con el cuidado del medio ambiente».

Estos son los principios rectores, pero hay uno de ellos que me parece muy interesante y que se generó durante la discusión; me refiero a la equidad, a que también debe promoverse la equidad. Es algo sobre lo que hemos discutido infinidad de veces porque sucede que en ocasiones las mujeres o las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a determinados trabajos y esta modalidad de economía social y solidaria les brinda esa oportunidad. Por eso, el Estado debe promover esta modalidad de asociación.

Inclusive, en un capítulo posterior veremos que hay algunas normas que contemplan exoneraciones tributarias y medidas en las licitaciones para que estas pequeñas cooperativas o entidades sociales puedan competir y lograr eso que todos necesitan, ya que es una forma de ganarse la vida potenciando su capacidad.

En lo que respecta a los principios, también se habla de que estas entidades sean una contribución al desarrollo sustentable de nuestro país. Aquí me voy a detener porque este tema es uno de los puntos estratégicos de la agenda de las Naciones Unidas, que se llama, justamente, «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», a la que estamos abocados. Allí se habla de sociedades con desarrollo sustentable, inclusivas y equitativas, por lo que me parece que este proyecto de ley da cumplimiento también a esos compromisos internacionales que hemos celebrado.

En el último inciso del artículo 5.º se reitera: «Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada por una entidad de la Economía Social y Solidaria, aplicándose la normativa correspondiente al sector de actividad que cada entidad practique». Por lo tanto, se respetan las normativas que regían.

El capítulo III refiere a las entidades o formas de expresión que puede tomar la economía social y solidaria. Se destacan, fundamentalmente, las cooperativas, pero también las empresas autogestionadas –algunas han tenido mucho éxito, otras no tanto–, que brindan la posibilidad de recuperar puestos de trabajo y un lugar de producción importante para el país una vez que los empresarios abandonan las empresas. Justamente, a todos nos gustó que hace muy poco Olmos empezara nuevamente a producir y a vender; eso hay que apoyarlo y fomentarlo, más aún cuando muchos nos llenamos la boca hablando de la necesidad de trabajo de los uruguayos. Esta es, entonces, una forma de favorecer una modalidad para que los trabajadores puedan incluirse. También se incluye dentro de estas entidades a las sociedades de fomento rural, a las redes de producción artesanal –que también existen–, a las asociaciones civiles cuyo objeto es la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las distintas formas organizacionales de la economía social o solidaria, y a las asociaciones civiles que desarrollan o promueven actividades económicas solidarias, tales como el comercio justo, el consumo responsable, las finanzas solidarias, el turismo responsable, la producción sustentable, el carácter mutual, sea de la salud o de otras áreas. Por último, se incluyen en esta lista las fundaciones integradas por organizaciones de la economía social y solidaria y otras figuras jurídicas. Nuevamente, aquí el proyecto establece que «se regularán por sus normas sustantivas específicas, con las particularidades que al respecto se establecen en la presente ley».

Por su parte, en el capítulo IV se hace referencia al fomento y al desarrollo de la economía social y solidaria, haciendo hincapié en el rol de facilitar, promover, analizar, estudiar y dar apoyo técnico, como sabemos que ha hecho el Inacoop, ofreciendo formación para que las cooperativas tengan real éxito y no sean un fracaso, que no es lo que se persigue con este proyecto de ley. También se pretende comprometer a las entidades de la economía social y solidaria en las políticas activas de trabajo, especialmente en favor de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto de ley es absolutamente loable y necesario. Subrayo una vez más que, por los datos que dimos, lo que conocemos y las opiniones vertidas, forma parte de la lógica la manera de asociarse que tenemos los uruguayos. Como decía anteriormente, también en la promoción se prevén algunas exoneraciones tributarias que son necesarias para el fomento, sobre todo con una mirada especial hacia las licitaciones del Estado, para que puedan conseguir trabajo. Conozco el caso de cooperativas de trabajadores que se dedican al mantenimiento en la construcción y que tienen una altísima exigencia del Inacoop en su registro, en cuanto a estar al día con la DGI, con el BPS y con las normas de seguridad, y que han ganado, en libre competencia, licitaciones del Estado para instalaciones de UTE. Tal vez con eso estamos dando la oportunidad de que se organice y trabaje mucha gente que tiene gran capacitación y experiencia pero no consiguen otros nichos de trabajo para ingresar. Eso es, ni más ni menos, que contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.

En el capítulo siguiente se habla de la organización, del papel que jugará el Inacoop y de la conformación del Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria, en el que intervienen infinidad de instituciones en forma honoraria, mediante delegados que regularán y orientarán la actividad.

En el último capítulo se hace referencia al control, que es muy importante y que es ejercido por la Auditoría Interna de la Nación, la que tendrá a cargo la fiscalización de todas estas entidades. A su vez, el Inacoop, en consulta con la Auditoría Interna de la Nación, podrá establecer más exigencias como criterios técnicos de contralor. Entonces, no estaremos ante un descontrol o un despilfarro, pues todo esto será controlado a través del registro que ya existe y, a su vez, el Inacoop hará un exigente control de estas entidades.

Creo que el objetivo fundamental de esta iniciativa es muy importante porque contribuye al desarrollo del país, ya que da oportunidades a muchas personas que, lamentablemente, no pueden introducirse en otros nichos del mercado y consiguen hacerlo mediante esta herramienta legal. También favorece a entidades más grandes como diversas mutualistas que están esperando eso. En este sentido, el Estado debe jugar un papel fundamental en promover, impulsar y ayudar a que estas entidades se solidifiquen, porque lo que más debe importarnos es contribuir al desarrollo de nuestro país, ya que no todo lo hace la mano mágica del mercado.

Muchas gracias, señora presidenta.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia el día miércoles 18 de diciembre de 2019, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en el año 2008 el Parlamento uruguayo generó algo que fue muy importante, aunque quizás recién con el paso del tiempo fuimos viendo la envergadura de lo que habíamos sancionado: la Ley n.º 18407, la ley marco del cooperativismo, que en realidad terminó siendo un código cooperativo, porque compila una cantidad de legislaciones muy ricas en esta materia que habían surgido a lo largo de la historia uruguaya y que hasta ese momento estaban diseminadas y desactualizadas. Se crearon actos cooperativos e innovaciones en institucionalidades, como el Instituto Nacional del Cooperativismo. Más allá de que hubo que aggiornar algunas normas puntuales, todos coincidimos en esta normativa y la votamos por unanimidad. En esa época era vicepresidente de la comisión que trataba este tema en la Cámara de Representantes y recuerdo que trabajamos dos años y recibimos a todas las delegaciones del mundo cooperativo: a los interesados y a quienes lo regulan, de todos los rubros y todas las ramas. Es de esas cosas en las que a lo largo del tiempo uno siente que el Parlamento hizo un aporte muy importante al sistema cooperativo uruguayo, porque, por una vía o por otra, casi un millón de uruguayos están vinculados a esa modalidad. Sin duda, esto estaba implícitamente vinculado a la economía social y solidaria.

Este proyecto de ley viene de la Cámara de Representantes, de la Comisión Especial de Cooperativismo, que se creó para generar esta ley marco del sistema cooperativo en la legislatura 2005-2010 y que después, entre todos, votamos para que fuera una comisión especial pero de carácter permanente. O sea que decidimos que estuviera integrada al cuerpo de comisiones de la Cámara de Representantes en todas las legislaturas, porque ninguna atendía particularmente la problemática del sector cooperativo. Esto se hizo teniendo en cuenta, además, que cada problema se atendía en función de la rama cooperativa a la que estaba vinculado.

Este proyecto de ley tiene dos etapas o dos partes. Una de ellas tiene que ver con lo conceptual, con lo programático, y define la economía social y solidaria. Después habla de los principios que la rigen, con los que no podemos no coincidir si somos consecuentes con parte de lo que hicimos y empujamos.

Quiero recordar, además, que en la primera integración del Inacoop –me refiero a la gestión 2010-2015–, en la delegación del Poder Ejecutivo estuvo representada la oposición –en nombre del Partido Nacional participó el doctor Mario Arizti–, algo que no ocurrió en este período. Como dijimos en su momento, eso nos pareció un retroceso, porque no iba en el sentido de generar una política nacional –más que de Estado– en materia cooperativa que involucrara a todos, sobre todo teniendo en cuenta que la génesis de todo el marco regulatorio de las cooperativas fue aprobado por unanimidad y con un amplio consenso social, que es tanto o más importante que la unanimidad parlamentaria. Y ese amplio consenso social tiene que ver con el involucramiento y la aceptación, porque todos los sectores participaron, todos los sectores aportaron y, después, cuando hubo que corregir algunas normas –incluso a pedido de Cudecoop–, se corrigieron en esta legislatura, modificando parcialmente la Ley n.º 18407.

Más allá de lo programático o conceptual, este proyecto de ley regula la economía social y solidaria como instrumento de desarrollo. Obviamente, para eso necesitamos un análisis cuantitativo y cualitativo del universo total de entidades que se van a regular, pero hoy el Parlamento no lo tiene. Es más: en el Senado este proyecto de ley no tuvo un tratamiento en comisión que permitiera generar las instancias de consulta y de aportes que son de estilo –siempre fue así– y que, además, siempre fueron reclamadas por el sistema cooperativo. No se puede, a nuestro juicio, legislar sobre un objeto que no está mensurado en la cantidad de instituciones, en su diverso objeto ni en toda la amplitud y profundidad de las situaciones económicas. Luego voy a hacer alguna referencia a algunos artículos para demostrar lo que estoy diciendo.

Es más: el pasado 28 de noviembre, en Cudecoop, se realizó una mesa de intercambio sobre este proyecto de ley porque también es polémico para el sistema cooperativo. Si bien pueden coincidir en lo conceptual, tienen algunas objeciones sobre lo instrumental, sobre cómo está redactado.

Como decía, el 28 de noviembre se realizó en Cudecoop una mesa de intercambio sobre el proyecto de ley de economía social y solidaria –el que estamos tratando–, donde estuvieron presentes, además, miembros de la Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Representantes. Ahí se manejaron varias objeciones a este proyecto de ley, realizadas –entre otros– nada más y nada menos que por la Auditoría Interna de la Nación. Obviamente, el principal argumento de la Auditoría Interna de la Nación es que no cuenta con la capacidad de control para determinadas entidades y que ni siquiera fue consultada, a pesar de que es el organismo que regula el sistema cooperativo, que lo controla y es el lugar al que tienen que ir los balances. Se manifestó, además –reitero que no en términos conceptuales, sino en términos instrumentales–, que varias entidades cooperativas, como las Cooperativas Agrarias Federadas, las Sociedades de Fomento Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización, estaban instrumentalmente en contra de esta redacción. Estamos hablando de que una parte muy importante del sistema cooperativo tiene objeciones a algunos de los artículos tal como están redactados.

En la mesa a la que recién hacía referencia –la que generó Cudecoop para intercambiar sobre este tema– participaron, además, autoridades del Inacoop –Instituto Nacional del Cooperativismo– y obviamente manifestaron muchas dudas sobre cómo y quién va a controlar a las entidades incluidas en este proyecto de ley. También se opinó que las entidades que hoy no son controladas por la Auditoría Interna de la Nación tampoco lo serán en el futuro, por lo que habría una especie de colisión con la letra de este proyecto de ley.

Es más: cuando en coordinación plantearon este tema y averigüé un poquito más sobre cuál había sido el trámite parlamentario, me dijeron que en la Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Representantes, que trató este proyecto de ley, no se recibió a gran parte de las entidades sociales que tienen objeciones u observaciones con respecto al texto. Lo resalto porque, en todos los temas vinculados a las cooperativas –por las particularidades, por las especificidades, por la casuística y por la diversidad de objetos que muchas veces regulamos–, es de estilo y se ha hecho siempre. Lo que más me sorprendió es que ni siquiera se recibió a la Auditoría Interna de la Nación, que es la que tiene más objeciones y la que, además, va a tener que controlar y regular la aplicación de esta ley.

Obviamente, calificar a determinadas instituciones que tienen un marco normativo desactualizado y exiguo –como, por ejemplo, las asociaciones civiles en general– como parte de la economía social, merece un análisis más profundo y es un tema que también tenemos que discutir.

Haré referencia a algunos artículos para dar ejemplos sobre las objeciones manifestadas por parte de la Auditoría Interna de la Nación y de algunas entidades cooperativas en esa mesa que convocó Cudecoop el 28 de noviembre pasado.

En su artículo 4.º, el proyecto de ley establece determinados principios a cumplir por las entidades, pero no indica si son acumulativos o si basta con cumplir uno de ellos. Además, para caracterizar a una entidad como de economía social, se establece que se deja librado un tema tan sensible y esencial como la distribución de excedentes a la forma jurídica adoptada y, por lo tanto, a la voluntad de las partes. Me refiero al literal E) del artículo 4.º, que dice textualmente: «En los casos en que la forma jurídica lo habilite, la distribución de excedentes se efectuará principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por los asociados y asociadas». Ergo, si la forma jurídica no lo habilita, se pueden repartir utilidades como en cualquier sociedad comercial por expresa disposición legal como en las sociedades anónimas, por ejemplo. Este tipo de manifestaciones referidas a este tema demuestra que debemos estudiarlo más y con mayor nivel de profundidad.

A nuestro juicio y al de algunos asesores, el artículo 6.º –y estoy repitiendo algunos argumentos que manifestó la Auditoría Interna de la Nación que, reitero, no fue recibida por la Cámara de Diputados, pero sí estuvo presente en esta mesa de discusión– adolece de técnica jurídica, sin siquiera definir los términos ajenos a la ciencia del Derecho como ser el de «empresas autogestionadas» o «entidades y redes de producción artesanal». Además, permite considerar como entidad de economía social a cualquier sociedad comercial, aunque con determinadas limitantes que no está claro hasta qué punto pueden ser evadidas, en tanto la norma no rige cuando una entidad de la economía social sea la titular de las acciones de una sociedad anónima o de cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada. Esto, que es medio intrincado, parece una vía de escape bastante difícil de controlar.

En dicho punto también es de resaltar la indefinición absoluta que existe en el texto legal respecto de las entidades que trabajan en áreas tan sensibles como –tal como dice el artículo– las «asociaciones civiles cuyo objeto sea la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las distintas formas organizacionales de la Economía Social y Solidaria» o «asociaciones civiles que desarrollen o promuevan actividades económicas solidarias, tales como comercio justo, consumo responsable, finanzas solidarias, turismo responsable, producción sustentable de carácter mutual sea de la salud u otra área, u otros servicios sociales a sus afiliados», ya que no se define bajo qué marco actuarían o actúan.

Además, es pública y notoria la situación del mutualismo, que tampoco funciona en un régimen de mutualismo puro, que no existe en el Uruguay y que lógicamente merece un análisis y un abordaje más profundo. Tampoco queda claro en el texto si lo que se quiere es incorporar a las actuales instituciones de asistencia médica integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud o no; consecuentemente, debería definirse muy claramente a qué se refiere la disposición.

El artículo 9.º, que regula las exenciones tributarias, incluso podría ser tachado de inconstitucional –tal como manifestaron algunos en la mesa de discusión–, ya que en función de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 133 de la Constitución de la república, la propuesta requeriría la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. De ser así, el artículo resultaría inaplicable por ser inconstitucional.

En el artículo 12 se dan al Inacoop potestades de registración –lo cual colide con las competencias de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, organismo que debería haber sido consultado y no lo fue–, así como también de control, ya que el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos del artículo 4.º lo realizaría el propio Inacoop. Suponemos que si una entidad cumple con los requisitos y luego deja de hacerlo, sería el Inacoop quien tendría que eliminarla de sus registros.

Por otra parte, el propio artículo 15 da la posibilidad de una especie de delegación del control de la Auditoría Interna de la Nación al Inacoop, así como también le otorga exorbitantes potestades para darle lineamientos a la Auditoría Interna de la Nación, lo que le quita autonomía. Obviamente, todo esto duplica actividades de control estatales, que siempre se quisieron evitar –ese fue el espíritu de la Ley n.º 18407– y cambia la finalidad de promoción del Inacoop, ya que agrega otras competencias que no estaban previstas originalmente, como la de registración y de control, para las que no fue diseñado. Al existir otras entidades, creemos que se crea una colisión de competencias, dado que para estas actividades ya se cuenta con la Dirección General de Registros y la Auditoría Interna de la Nación.

En el artículo 13 se establece el Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria –Cesys– y entre sus miembros van a estar «un representante de las Redes de Comercio Justo» y «un representante de las Redes de otras Economías Transformadoras». Dada la indefinición de tales términos, estimamos que será de muy difícil dilucidación quiénes serán tales representantes y a qué organismos se hará referencia.

Respecto al control, además de lo señalado al analizar las potestades del Inacoop, se reitera la necesidad de que la Auditoría Interna de la Nación sea escuchada. Se entiende, además, que debe dejarse claro, si es lo que se quiere, que todas las entidades de la economía social y solidaria están sujetas al control de la Auditoría Interna de la Nación. Ese fue un tema muy discutido cuando se votó la ley del marco cooperativo, es decir si había que dar a la Auditoría Interna de la Nación la capacidad de regular y auditar todo el sistema cooperativo. Obviamente, para lograr esto se requiere conocer las capacidades operativas de la Auditoría Interna de la Nación, así como también la superposición de controles con otros organismos, que podrían ser varios ministerios. Todo esto no está previsto en el proyecto de ley y el tema queda sumido en muchas dudas en un punto muy sensible, más teniendo en cuenta los beneficios que supondrá integrar la economía social y que estas entidades no simulen serlo.

En el artículo 19 se establece que las entidades de la economía social y solidaria registradas en el Inacoop serán sujetos pasivos de la prestación coactiva que pagan las cooperativas, según el artículo 204 de la Ley n.º 18407, lo que fue una innovación en aquel momento. No parece de buena técnica la redacción del articulado en tanto se indica que será de aplicación lo dispuesto por el artículo 205 y determinados numerales y literales de dicha norma, cuando estos se refieren expresamente a las cooperativas. Si hay entidades de la economía social y solidaria que no son cooperativas sería dudoso que les fuera de aplicación esta prestación coactiva.

En definitiva, señora presidenta, coincidimos en términos programáticos con el proyecto de ley, si bien creemos que merece un análisis más profundo, con datos más ilustrativos. Consideramos que se requiere legislar luego de escuchar a todos los actores sociales, entre ellos, a la Auditoría Interna de la Nación.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: creo que estamos con problemas de cuórum.

SEÑORA PRESIDENTA.- En sala hay más de once señores senadores; por lo tanto, hay cuórum.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: tenemos la idea de que es bueno legislar en el sentido de la promoción y el desarrollo de la economía social y solidaria. O sea que nuestra posición es que efectivamente tiene que haber normativas que vayan en la dirección de lo que enuncia el título de este proyecto de ley. Sin embargo, vemos que es desprolijo en el desarrollo de sus disposiciones, lo que va a llevar a un resultado contradictorio con el propio objetivo de la normativa.

Es desprolijo, en primer lugar, en cuanto al alcance, que es un tema central en cualquier proyecto de ley. En la definición de las entidades o formas de expresión de la economía social y solidaria se enuncian determinados supuestos y varios de ellos son más que vagos. Además, es dudoso que la definición esté lo suficientemente encuadrada como para alcanzar estrictamente lo que entendemos como entidades de la economía social y solidaria. Es extremadamente abierta, variada, y va a llevar a una dificultad y a una confusión en el momento de determinar cuáles son las entidades que pueden estar amparadas en este proyecto de ley y cuáles no, con el agravante de que puede haber una amplitud desmesurada que permita que ciertas asociaciones civiles que poco tendrán que ver con la economía social y solidaria puedan, en cierto sentido, entender que están amparadas por esta normativa. Creo que esto merece una discusión, un afinamiento jurídico para llegar a un resultado mejor, que es lo que uno quisiera.

Por otra parte, la referencia a los principios del artículo 4.º –que me parece, en términos generales, compatible– tiene un problema en el literal E), como mencionaba el señor senador Delgado, con relación a las sociedades comerciales, porque no se establece un principio sino un criterio de distribución que, en todo caso, además, permite apartarse de la lógica, justamente, de la distribución de una sociedad de economía social y solidaria. Esto es contradictorio, y es un ejemplo más de los problemas de desprolijidad que tiene este proyecto de ley.

Por otra parte, en el artículo 6.º se hace una enumeración de entidades, que es también muy abierta y que ciertamente tiene defectos en la definición jurídica. Esto abre el juego de una manera extremadamente exagerada para establecer entidades que se puedan amparar. E insisto: lo que se plantea en el literal E) del artículo 4.º, por lo menos, no es un principio. Es un criterio de distribución de sociedades comerciales, que además se aparta del principio de la economía social y solidaria.

El artículo 9.º, al que refería el señor senador Delgado, no creo que sea inconstitucional, pero es superfluo. Es decir, un proyecto de ley no puede facultar al Poder Ejecutivo a disponer un régimen de excepciones o exoneraciones, cuando la Constitución establece que eso es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces, que esté o no esté el artículo 9.º es igual. No tiene ningún efecto, porque las exoneraciones necesitan de iniciativa del Poder Ejecutivo. Que aquí se diga «Facúltese al Poder Ejecutivo para disponer un régimen de excepciones, exoneraciones y reducción del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Específico Interno, del Impuesto al Patrimonio, de las contribuciones a la seguridad social…» es nada más que una declaración, sin capacidad de mandar.

Por otro lado, creo que una de las malas costumbres que tenemos a nivel legislativo es la manía de crear ámbitos consultivos, integrados por ene cantidad de miembros. El artículo 13 establece: «Créase el Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria…», y los literales que enumeran los distintos integrantes llegan hasta la letra «O». Además, entre ellos hay representantes de las redes de otras economías transformadoras, que no sabemos ni qué es, pero por las dudas lo ponemos. Todos sabemos que lo que ocurre después es que no se reúnen y no hacen ningún aporte. Pero el consejo se crea y, además, se le otorgan no sé cuántos cometidos. Es otro componente que no es prolijo desde el punto de vista de cómo vamos a legislar.

Después hay un artículo 15 que establece la potestad a la Auditoría Interna de la Nación de controlar estas nuevas realidades. Según la información que tengo, la Auditoría Interna de la Nación manifestó que no estaba en condiciones de controlar esta enorme cantidad de entidades que supuestamente quedarían también bajo su control. Pero luego además da al Inacoop cierta capacidad de ejercer funciones de fiscalización, e incluso dice que podrá establecer criterios técnicos de contralor que comunicará a la Auditoría Interna de la Nación. O sea, no está claro cómo es el mecanismo de control.

En definitiva, estamos corriendo el riesgo de dar aprobación a un proyecto y, por lo tanto, convertirlo en ley –porque esta es la segunda cámara–, que tiene un montón de problemas y de desprolijidades.

Y aquí voy a un último punto, que me parece que es más de procedimiento, señora presidenta. Nosotros estamos votando acá proyectos que, como estamos al final de una legislatura, tratamos de que no se pierdan, o que ya tienen un trayecto de debate parlamentario. En este caso se trata de un proyecto que no ha pasado por ninguna comisión del Senado. Ahora, el supuesto es el consenso; la idea es llegar a estas aprobaciones que estamos haciendo sobre la base de que las distintas bancadas tenemos opinión favorable. No es este el caso. Esto se habló en la coordinación, y se dijo que efectivamente había problemas, porque incluso algunos de los supuestos beneficiarios de este proyecto de ley no están de acuerdo con esta normativa. Además, tiene desprolijidades que se podrían corregir si tuviéramos los tiempos parlamentarios que requiere el debate en cada cámara. En ese caso probablemente se podría aprobar un texto parecido, pero sin los problemas, sin las desprolijidades, sin los errores que tiene este que se aprobó en la Cámara de Representantes. Por supuesto, señora presidenta, el Cuerpo tiene todo el derecho de votar los proyectos de ley que le parezca, y por las mayorías establecidas. Digo simplemente que estamos, en este caso, haciendo una excepción al criterio que políticamente habíamos asumido en las reuniones de coordinación para fijar estas sesiones, según el cual votaríamos aquellos proyectos en los que razonablemente estemos todos de acuerdo y que, por lo tanto, sería una pena que, por no tener la doble sanción, terminen en cero y volvamos a discutirlos en la próxima legislatura. Este no es el caso. Este es un caso en el que tenemos discrepancias. No son discrepancias de fondo; esto hay que señalarlo. No es que no haya que votar normas para la promoción y el desarrollo de la economía social y solidaria, pero hay que hacerlo bien. Y acá hay defectos de redacción, de concepción, de definición, que determinan que al final esta norma, si hoy se vota, se va a convertir en una ley que va a tener problemas. De manera que merecería otro tipo de discusión.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: voy a ser breve, pero quiero remarcar el eje central de este proyecto de ley, que fue muy bien fundamentado por la señora senadora Tourné y que está concentrado en el artículo 1.º. Me refiero al fomento a la economía social y solidaria. Y después voy a hacer dos o tres aclaraciones sobre el debate que se está dando hoy.

En primer lugar, aquí se habló de que en torno a la economía social y solidaria hay aproximadamente un millón de personas. Eso consta en las estadísticas, y es así.

SEÑOR DELGADO.- En torno al movimiento cooperativo, señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Gracias por la aclaración, señor senador.

En realidad, el sistema cooperativo es uno de los que tenemos más regulado y, a título expreso, este proyecto de ley lo incorpora como parte de la economía social y solidaria.

En el Uruguay, en los últimos años –y digo «en los últimos años» porque es cuando lo he observado, pero quizás esto exista desde hace mucho tiempo atrás–, hay una enorme cantidad de personas que tienen en las actividades con carácter de economía social y solidaria, como están definidas en este artículo, buena parte de sus estrategias de generación de empleo, de autoempleo y de ingresos propios y de sus familias. Además, en muchas ocasiones esas personas han hecho enormes contribuciones a la generación de riqueza del país.

Quiero insistir muy especialmente en todo aquel universo de personas que a través de la economía social producen mercancías, artesanías, pero también productos culturales que hoy están incluidos en ese gran grupo de la economía social y solidaria. Muchas de esas personas, hoy en día, enfrentan la gran dificultad de no contar con políticas públicas que los amparen en forma estructural, con un respaldo legal. Creo que este proyecto de ley viene a dar respuesta a una parte importante de esos conciudadanos, porque les va a permitir desarrollar la autogestión de sus empleos y la generación de riqueza.

Por otra parte, como ha pasado siempre cuando se promueve un proyecto de ley de carácter programático –y coincidimos en que este, en algunos aspectos, lo es–, su aprobación brinda la posibilidad de ir mejorando los instrumentos. Además, debo remarcar –y la señora senadora Tourné insistió bastante en esto– que estas disposiciones se aprueban sin perjuicio de las regulaciones específicas que existan para cada una de las formas jurídicas que están citadas en el artículo 6.º. Uno de los riesgos sobre los que hace unos días nos advertían los asesores jurídicos era que no se fuera a dar una derogación tácita de derechos. Esto queda salvado en la medida en que las regulaciones específicas se mantienen.

Me parece que siempre se puede mejorar, pero hay que dar una señal –se ha demorado bastante en dar señales, a nuestra manera de ver– a la economía social y solidaria. Por eso es bien importante que en el día de hoy aprobemos este proyecto de ley como vino de la Cámara de Representantes. Eventualmente después habrá posibilidad de mejorarlo.

Voy a mencionar otro tema, y con esto redondeo.

Se ha manifestado que durante una reunión de Cudecoop, algunos de sus integrantes expresaron objeciones de instrumentación. La verdad es que no tengo muy claro, desde el punto de vista de la elaboración legislativa, cómo se corrige una objeción de instrumentación. Creo que hay que tener argumentos de carácter jurídico que permitan corregir o no corregir. Además, quiero advertir que en esa reunión otros integrantes estuvieron de acuerdo con el texto de este proyecto de ley. El problema es que después Cudecoop, por un mecanismo propio de definición, no se expresó como organización.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARÍN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador Garín.

Simplemente, quisiera sumar algunos argumentos en torno al debate que se está dando sobre este tema.

En primer lugar, algunos de los puntos que se han planteado como desprolijidades o dificultades del proyecto de ley radican en la propia esencia del tema sobre el que queremos hoy generar un ámbito normativo. Me refiero a que la economía social y solidaria tiene aspectos que están en plena construcción en nuestro país, porque estas alternativas de desarrollo económico, sin lugar a dudas, surgen como contraposición a la economía de mercado, a la economía del capital girando en la sociedad. Es así que se busca generar nuevos ámbitos en los que puedan llevarse a la práctica algunos de los principios que se están planteando aquí, como la centralidad de la persona humana y la aplicación de políticas que tienen que ver con el desarrollo ambiental. Es por eso que definir esto con un corsé muy fuerte puede traernos el problema de dejar fuera a algunos actores, lo que sería muy injusto para el fortalecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la economía social y solidaria. Por lo tanto, no veo eso como una desprolijidad, sino como una necesidad para que haya una línea de construcción y de fortalecimiento de estas actividades.

Por otra parte, no estamos dando exoneraciones fiscales al barrer en este proyecto de ley. El artículo 9.º dice que se promoverá una política fiscal, pero, lógicamente, luego tendrán que venir a estudio del Parlamento los estímulos fiscales que se vayan a establecer para la economía social y solidaria.

Otro elemento que queríamos poner en juego, señora presidenta, es que el sector cooperativo tal vez sea el de mayor desarrollo y significación hoy en la economía social en el Uruguay, pero también están surgiendo otros ámbitos que hay que atender y fortalecer. Y reconocer eso no implica descuidar el sector cooperativo. Creo que lo que han planteado algunos integrantes del sector cooperativo es la preocupación de perder espacio ante el advenimiento de esta nueva forma. No es así; justamente, la ley tiene que armonizar el escenario de la economía social y solidaria, y esto se busca a través de la creación de figuras que orienten este proceso.

Considero, pues, que estamos ante un avance importante, y por eso creo que es relevante aprobar hoy este proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Gracias, señora presidenta.

Creo que la búsqueda de un proyecto de ley que consagre definiciones, aunque sean programáticas, es un paso importante en la consolidación del espacio de economía social y solidaria, y también lo es tener un conjunto de instrumentos que fomenten su desarrollo. Digo esto sin perjuicio de que, por supuesto, será motivo de preocupación ir ajustando la normativa.

Entiendo que son de recibo las observaciones generales que vienen del mundo cooperativo, pero, como acaba de decir el señor senador Pardiñas, es el sector que está más desarrollado. Entonces, da la sensación de que el que tiene los pantalones largos plantea las observaciones, pero no dejamos que los que tienen pantalón corto en algún momento lo puedan tener largo. Creo que este proyecto de ley va en ese sentido o, por lo menos, es la orientación que tiene.

Era cuanto quería decir, señora presidenta.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: estamos llegando a la última o, quizás, penúltima sesión de un quinquenio que, a su vez, abarca quince años de un Gobierno encabezado por nuestra fuerza política, y estamos discutiendo un proyecto de ley de la máxima importancia. Naturalmente, estoy de acuerdo con que no es lo mejor discutirlo hoy, tratándose de la última o penúltima sesión, pero no hay duda de que el proyecto es muy importante. Además, de manera bien clara digo –y todos acá lo sabemos; no estoy descubriendo nada– que hoy, seguramente, va a ser aprobado. En lo personal, desearía que se aprobara por unanimidad o por una mayoría lo más cercana posible a ella, pero, de todos modos, sé que hay una mayoría –conformada por nuestra fuerza política– que tiene los votos para aprobarla.

Asimismo, sabemos que todas las objeciones que se han hecho –las del señor senador Delgado, que escuché con mucha atención y pienso que son de recibo, así como las que planteó, con un tono distinto, el señor senador Mieres, y que también considero de recibo– provienen de una coalición que a partir del 1.º de marzo del año próximo tendrá mayoría en este Parlamento; en esas circunstancias, pues, se podrán introducir todas las modificaciones y correcciones que se entiendan pertinentes, con base en las objeciones de tipo jurídico que se han formulado acá. ¡Pero lo que importa no es eso! Y perdóneseme que emplee una palabra que a alguno no le va a gustar. ¡Esos son pretextos! Lo trascendente de esto es el nombre: «economía social y solidaria».

Quiero decir, compañeros –y perdóneseme también que hable un poquito de mi historia–, que en mi larga trayectoria política participé en muchos eventos en la Unión Soviética –no me equivoco– y una vez una de mis expresiones salió publicada en un diario como titular, en la primera página. En concreto, dije que yo era el niño mimado de los soviéticos, y nunca nadie me lo discutió como que fuera falso; y muchos de los que leyeron eso estuvieron en aquellas mismas reuniones. Es más: en alguna de ellas estuve junto a alguien que se encuentra aquí presente: el señor senador Miguel Vassallo.

Debo decir que estuve también en Yugoslavia, en plena autogestión. Era un modelo mal visto, poco menos que una apostasía ideológica, por el modelo impulsado desde el PCUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Visité Yugoslavia, estuve allí, conocí a fondo todos los proyectos y tengo la documentación guardada. Si alguien quiere leerla, con mucho gusto se la ofrezco.

Conocí también el modelo de autogestión que se aplicó en la Revolución peruana, del general Velasco Alvarado. Tanto lo conocí y tanto lo aprobé y apoyé, que cuando fui secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina, en 1975, organizamos un congreso en Lima en apoyo a la Revolución peruana. Realmente apoyábamos el proyecto que impulsaba aquella revolución, aunque después Morales Bermúdez lo deschavó y se echó a perder. Pero, en fin, en aquel período estaba el Sinamos –Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social– y el programa de autogestión; entre otras cosas, el ministro de Trabajo era un democratacristiano, el doctor Carlos Blancas. Estoy contando una historia que viví.

Por supuesto, también conocí el liberalismo en muchos lados. Estuve en Estados Unidos, por ejemplo, adonde fui invitado por el Departamento de Estado –aunque los señores senadores no lo crean; esto es algo que no he comentado mucho– y donde me mostraron el liberalismo en todo su despliegue. ¡Nada me quedó por conocer del neoliberalismo! Recorrí todo: desde Boston y su universidad, hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por Massachusetts, San Francisco, Silicon Valley, etcétera. Conocí todo eso.

El proyecto de ley que tenemos a consideración no es marxista-leninista ni neoliberal; no es ninguna de las dos cosas. Yo estudié el marxismo-leninismo también; lo hice en un instituto en Chile, durante dos años. Debo decir
–bien vale hacer la aclaración– que tuve como profesor a Franz Hinkelammert, una eminencia, hoy día muy veterano y que, según tengo entendido, vive en Costa Rica, y que el director del instituto era un jesuita llamado Pierre Bigó. Reitero que en Chile, durante dos años, estudié el marxismo. Y lo estudié a fondo, o sea que lo conozco. Estudié, además, el neoliberalismo, porque había que conocer ambas corrientes, más allá de que se compartieran o no.

Sobre estas bases puedo decir que el modelo que tenemos a consideración no es liberal ni liberalista, así como tampoco marxista-leninista ni de autogestión. ¿Saben qué es? Es la más clara y nítida expresión del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. En este sentido, los invito a que lean una exposición que hizo el papa Francisco hace alrededor de quince días –yo la estoy leyendo porque próximamente voy a participar en un seminario invitado por la Iglesia–; si alguien está interesado en conocerla, se la puedo hacer llegar. Estoy seguro de que, si el papa Francisco leyera lo que hoy estamos considerando, lo apoyaría con las dos manos, porque todos los principios que figuran acá están contemplados también en aquel documento. Y a continuación voy a mencionar solamente los principios.

El artículo 4.º, en su literal A), establece que «La persona debe ser el centro de la actividad económica y social». ¿Qué principio tiene? No es liberalismo ni marxismo. El literal B) habla de la solidaridad; el C) determina que «la gestión debe ser autónoma» –estoy totalmente de acuerdo con eso–; el D) dice que debe existir el compromiso del cuidado del medio ambiente; el E) trata de la distribución de excedentes, y específicamente indica: «… se efectuará principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por los asociados y asociadas». Finalmente, el literal F) trata de la promoción de la equidad de género; concretamente señala: «… favorecer la inclusión social de personas con dificultades de inserción».

Compañeros: todos estos principios constituyen la más pura y clara expresión de la doctrina social de la Iglesia: la de Juan XXIII, la de quienes le sucedieron, y la del papa Francisco hoy. Entonces, no me explico qué es lo que sucede en este caso. Creo que todos, con mayor o menor coincidencia, tenemos cierto reconocimiento –algunos más, otros menos– por el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, y pienso que la coalición que va a ser el Gobierno a partir del 1.º de marzo próximo debe tenerlo aún en mayor grado. Seguramente ellos deben tener mayor identificación con esto. En lo personal, también la tengo, pero es claro que no formo parte del grupo de ustedes ni pienso hacerlo.

SEÑOR DELGADO.- Por ahora, señor senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- ¡No! Por siempre. Quédese tranquilo, señor senador; no le voy a pegar un susto.

(Hilaridad).

–Entonces, señora presidenta, este proyecto de ley es de la máxima importancia y sería deseable –así lo voy a decir porque voy a estar en muchos eventos internacionales– que se votara por unanimidad. Sin embargo, lamentablemente, el futuro Gobierno no va a apoyarlo. ¡Ojalá lograra convencerlo con este discurso!, pero sé que es bastante heterodoxo. En este sentido, el senador Pablo Mieres me sigue mucho más de cerca porque en algún momento tuvimos un tronco común, en una etapa bastante larga, por cierto, en la que los dos fuimos parte de la democracia cristiana.

Reitero que sería bueno que votáramos en forma unánime. Logramos convencer al señor senador Bordaberry de que acompañara el tratado relacionado con la inserción, y finalmente fue aprobado por unanimidad. A la hora de mostrarnos al mundo, especialmente en momentos en que Tabaré Vázquez y el presidente electo, Luis Lacalle Pou, van juntos a Buenos Aires –hoy ya están allí–, sería bueno que mostraran que aprobamos el convenio constitutivo para la incorporación de la República Oriental del Uruguay al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y, también, el proyecto de ley por el que se declaran de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la economía social y solidaria en cualquiera de sus expresiones. Creo que es la mejor presentación que el Uruguay puede hacer. No me gustaría, no quisiera que se votara por mayoría, por los votos de nuestra fuerza política.

En cuanto a las objeciones formuladas por los señores senadores Delgado y Mieres, las acepto y digo: ¡corríjanlas en la legislatura que viene y se arreglará todo! Pero rescatemos los principios básicos, que fueron los que mencioné, votando en forma unánime.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en la misma línea de razonamiento del señor senador Baráibar señalamos que este es un proyecto de ley que nos gustaría aprobar por unanimidad, y en igual sentido –y con mucha elocuencia– se expresó también el señor senador Mieres.

Posiblemente estemos en la penúltima sesión del Senado de esta legislatura. Este proyecto de ley no pasó por comisión. Se advirtió, en la etapa de coordinación, que teníamos algunos inconvenientes, no con el concepto ni con el marco, sino con la técnica legislativa y la redacción, por el hecho de que algunos aspectos no están del todo definidos. Me parece que esa es la señal.

Es obvio que el próximo Gobierno, con la nueva mayoría, podrá revisar lo que desee –así es, es democrático–, de la misma manera que el actual Gobierno, con la mayoría que tiene, puede votar lo que le parezca, lo que también es democrático. Me puedo quejar, me puede gustar más o menos, pero es así.

Ahora bien, creo que esto rompe un poco la tradición de lo que ha sido la legislación cooperativa, en el sentido de que hasta ahora este tipo de iniciativas habían sido aprobadas por unanimidad. Lo que rompe la tradición es querer votar a las apuradas un proyecto que sabemos que tiene algunos artículos que están mal y que luego habrá que corregir.

La próxima semana –posiblemente el día martes– habrá una sesión extraordinaria para votar un par de proyectos que vienen de la Cámara de Representantes. Entonces, consideramos de orden proceder como hicimos en el caso de la iniciativa relativa al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, esto es, que el proyecto de ley pase a la Comisión de Hacienda, se convoque a la Auditoría Interna de la Nación –que no estuvo para opinar y es la más crítica respecto al tema– y posiblemente a algún organismo más –obviamente, al papa Francisco no lo podemos invitar, pero al resto sí– y sea considerado por el plenario en la próxima sesión. Me parece que es de orden. Quizás resulte aprobado por unanimidad, con algunas pequeñas correcciones.

16) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia el día 19 de diciembre de 2019, desde las 08:00 hasta las 13:00, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Miguel Vassallo. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Queda convocada la señora Eva Gomori, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

17) ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

Puede continuar el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: formulo moción en el sentido de que el proyecto de ley en consideración sea enviado a la Comisión de Hacienda y se incluya en el orden del día de la próxima sesión extraordinaria del Senado. La idea es que en este lapso la comisión pueda citar, al menos, a la Auditoría Interna de la Nación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–5 en 21. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Si no hay observaciones a realizar respecto al articulado, formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 21. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 12:29, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Alonso, Amorín, Baráibar, Carrera, Castillo, Coutinho, De León,

Delgado, Gallicchio, García (Graciela), Garín, Lazo, Martínez Huelmo, Mieres, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Saravia, Tourné y Vassallo).

PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

Hebert Paguas Secretario

José Pedro Montero Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.