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N.º 28 - TOMO 601 - 10 DE SETIEMBRE DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

28.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio y EL SEÑOR CHARLES CARRERA Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con tareas de vigilancia y controles de la franja fronteriza.

– El señor senador José Carlos Cardoso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con gastos del Inefop correspondientes al ejercicio 2018.

– El señor senador Charles Carrera solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social, relacionado con la historia laboral del señor Robert Silva;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, relacionado con los vínculos laborales del señor Robert Silva.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

6), 11), 15) y 21) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por la presidenta del Cuerpo, señora Lucía Topolansky, y por los señores senadores Tourné, Coutinho, De León, Castillo, Martínez Huelmo, Alonso, Michelini, Larrañaga, Delgado y Mieres.

– Quedan convocados los señores senadores Laguarda, Pardiñas, Pesce, Aristimuño, Vellozas, García (Graciela), Iturralde, Meléndez, Gallicchio, López Villalba, Draper y Posada.

7) Situación vivida por alumnos de la Escuela Departamental de Policía de Rocha

– Manifestaciones del señor senador Cardoso.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio del Interior, a la Escuela Nacional de Policía, a la Jefatura Departamental de Rocha, al Sindicato de Policía de Rocha y a la Junta Departamental de Rocha.

8) Reglamento de tierras

– Manifestaciones del señor senador Garín.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los medios de prensa y al Instituto Nacional de Colonización.

9) Sistema de protección de trayectorias educativas

– Manifestaciones de la señora senadora Passada.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los medios de comunicación y a la ANEP.

10), 12), 14) y 16) Publicidad oficial

– Proyecto de ley por el que se regula su producción, planificación, contratación, distribución y asignación.

• Por moción de la señora senadora Lazo, el proyecto vuelve a comisión.

13) Derechos de autor y derechos conexos

• Se vota negativamente la moción de los señores senadores Mieres, Saravia y Bordaberry en el sentido de declarar urgente la consideración del tema.

17) Ejercicio Tanque 2019

– Por moción de los señores senadores Castillo, Bordaberry y Saravia, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal superior y una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea argentina.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Juan Pablo Terra

– Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la sala n.º 16 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su protocolo

– Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve alterar el orden del día y considerar el proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Casinos en cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas

– Proyecto de ley por el que se les extiende la facultad otorgada por la Ley n.º 13921, modificativas y concordantes.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve prorrogar por treinta minutos la hora de finalización de la sesión.

23) Luis Eduardo Ramos de Lucía. Pensión graciable

– Informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores sobre el proyecto de minuta de comunicación presentado por el señor senador Luis Alberto Heber.

• Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) y 28) Régimen de trabajo

• Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve que se trate a continuación el numeral quinto del orden del día y luego los asuntos que figuran en sexto y undécimo lugar.

• Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve que se traten a continuación los numerales doce y séptimo del orden del día.

25) Acuerdo relativo a la tasa consular y a los compromisos referidos a la certificación de origen digital entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26) Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Señora Pamela Vivas Ayub. Designación como embajadora

– Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarla en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de El Salvador.

• Concedida.

29) Señor Beraldo Roque Nicola Flániguen. Designación como embajador

– Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Polonia.

• Concedida.

30) Acuerdo de sede entre la República Oriental del Uruguay y la Corte Permanente de Arbitraje

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a dos funcionarias

• Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve que se traten a continuación los numerales trece y catorce.

• El Senado concedió la venia solicitada en la carpeta n.º 1375/2019.

32) Postergación de los asuntos del orden del día que no fueron tratados

• Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve postergarlos e incluirlos en el orden del día de mañana.

33) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 6 de setiembre de 2019

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 10 de setiembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se regula la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial;

Carp. n.º 1129/2018 - rep. n.º 938/19

2.º) por el que se extiende la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley n.º 13921, de 30 de noviembre de 1970, modificativas y concordantes, a los casinos que funcionan a bordo de los cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas que lleguen a puertos nacionales.

Carp. n.º 767/2017 - rep. n.º 939/19

3.º) Informe de la Comisión de Asuntos Laborales relacionado con un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa correspondiente a los efectos de otorgar una pensión graciable al señor Luis Eduardo Ramos de Lucía;

Carp. n.º 1378/2019 - rep. n.º 935/19

4.º) por el que se aprueban el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites enmendado tal como se convino en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea de la IMSO, el anexo (procedimientos para solucionar las controversias a que hace referencia el artículo 17 del convenio), el Protocolo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites, y su enmienda;

Carp. n.º 1393/2019 - rep. n.º 942/19

5.º) por el que se aprueba el Acuerdo relativo a la tasa consular y a los compromisos referidos a la certificación de origen digital, entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, suscrito mediante notas reversales, el 1.° de agosto de 2018;

Carp. n.º 1392/2019 - rep. n.º 945/19

6.º) por el que se aprueba el Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, suscrito en Beijing, República Popular China, el 10 de setiembre de 2010;

Carp. n.º 1254/2018 - rep. n.º 946/19

7.º) por el que se aprueba el Acuerdo de sede entre la República Oriental del Uruguay y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de junio de 2018;

Carp. n.º 1255/2018 - rep. n.º 943/19

8.º) por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1.° de marzo de 2019;

Carp. n.º 1355/2019 - rep. n.º 944/19

9.°) por el que se aprueba el Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010;

Carp. n.º 1245/2018 - rep. n.º 941/19

10) por el que se aprueba el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, su reglamento y la resolución de la Confederación Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y su reglamento, firmado en Singapur, el 27 de marzo de 2006 y a la reserva contemplada en el artículo 19 n.º 2.

Carp. n.º 1300/2019 - rep. n.º 940/19

11) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de El Salvador a la señora Pamela Vivas Ayub.

Carp. n.º 1395/2019 - rep. n.º 937/19

12) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Polonia al señor Beraldo Roque Nicola Flániguen.

Carp. n.º 1386/2019 - rep. n.º 936/19

13) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas. (Plazo constitucional vence el 22 de octubre de 2019).

Carp. n.º 1375/2019 - rep. n.º 933/19

14) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía General de la Nación. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 1.º de octubre de 2019).

Carp. n.º 1361/2019 - rep. n.º 931/19

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Baráibar, Besozzi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Castillo, Delgado, García (Javier), Garín, Heber, Iturralde, Laguarda, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Passada, Paternain, Pesce, Saravia, Vassallo y Xavier; ingresan posteriormente, por licencia de los respectivos titulares, los señores senadores Draper, Gallicchio y Meléndez.

FALTAN: con licencia, la señora presidenta del Cuerpo, Lucía Topolansky, y los señores senadores Alonso, Coutinho, De León, Moreira y Tourné; se retiran con licencia los señores senadores Michelini y Delgado; y, con aviso, el señor senador Bianchi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:41).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar las condiciones del endeudamiento, modificar convenios de capitalización suscritos y ampliar plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos.

A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

• Por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea argentina, con la finalidad de realizar el Ejercicio Tanque 2019, entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019).

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

• Por el que se extiende hasta un máximo de cuatro años el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1.° de la Ley n.° 19397, de 27 de mayo de 2016, sobre acceso a financiamiento para empresas lácteas exportadoras.

A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se crea un nuevo régimen a fin de asegurar un mínimo de jornales para el personal dependiente en depósitos portuarios y extraportuarios en empresas prestadoras de dichos servicios y se deroga el artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa Clemente Estable la Escuela n.° 96 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se declara de interés público la investigación científica sobre el cannabis y sus aplicaciones en todas las áreas del conocimiento.

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

• Por el que se designa La Charqueada-Eustaquio Sosa el puerto de la localidad de General Enrique Martínez (La Charqueada), departamento de Treinta y Tres.

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

• Por el que se reconoce, promueve y apoya a la economía social y solidaria.

A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

Asimismo, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se sustituyen los artículos 119 y 141 de la Ley n.° 18407, de 24 de octubre de 2008, sobre cooperativas de vivienda.

A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Además, comunica:

• que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueban el Convenio de cooperación para la prestación de servicios en la esfera de la salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay, y sus anexos;

• por el que se modifica el nombre de la represa hidroeléctrica actualmente denominada Dr. Gabriel Terra, por el de Rincón del Bonete.

• que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo a los siguientes proyectos de ley:

– por el que se aprueban cambios al régimen de declaraciones juradas en el marco de la Ley n.° 17060, de 23 de diciembre de 1998, sobre uso indebido del poder público;

– por el que se modifica el apartado i) del literal B) del artículo 8.º de la Ley n.º 17844, Regulación del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja (FRFG), de 21 de octubre de 2004.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia del Poder Ejecutivo a los efectos de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010;

• por el que se aprueba el Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, suscrito en Beijing, República Popular China, el 10 de setiembre de 2010;

• por el que se aprueba el Acuerdo de sede entre la República Oriental del Uruguay y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de junio de 2018;

• por el que se aprueban el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites, enmendado tal como se convino en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea de la IMSO, el anexo, el Protocolo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites, y su enmienda;

• por el que se aprueba el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, su reglamento y la resolución de la Confederación Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y su reglamento, firmado en Singapur el 27 de marzo de 2006, y a la reserva contemplada en el artículo 19 n.º 2;

• por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1.° de marzo de 2019;

• por el que se aprueba el Acuerdo relativo a la tasa consular y a los compromisos referidos a la certificación de origen digital entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, suscrito mediante notas reversales el 1.° de agosto de 2018.

Además, eleva informadas las siguientes solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo, a los efectos de designar:

• en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de El Salvador a la señora Pamela Vivas Ayub;

• en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Polonia al señor Beraldo Roque Nicola Flániguen.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa correspondiente a los efectos de otorgar una pensión graciable al señor Luis Eduardo Ramos de Lucía.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se regula la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial;

• por el que se extiende la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley n.° 13921, de 30 de noviembre de 1970, modificativas y concordantes, a los casinos que funcionan a bordo de los cruceros oceánicos atracados en aguas territoriales uruguayas que lleguen a puertos nacionales.

HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

• Por el que se crean normas para el fomento del emprendedurismo.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.° 18159, de 20 de julio de 2007, referente a la defensa de la libre competencia en el comercio.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a la doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova.

REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Walter de los Santos, relacionadas con su situación personal.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA BANCADA DEL FRENTE AMPLIO.

El Ministerio de Salud Pública remite notas por las que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de los pedidos de informes realizados por el señor senador Carlos Camy, de fecha 3 de julio de 2019, relacionados con la adquisición de equipamiento tecnológico médico para el hospital Maciel.

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR CAMY».

(Asuntos entrados fuera de hora remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se designa Juan Pablo Terra la sala n.º 16 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Asimismo, remite una exposición escrita presentada por el señor representante nacional Nicolás Olivera, relacionada con el pago de créditos hipotecarios de las cooperativas de vivienda.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía al señor Néstor Alejandro Rosa Navarro.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Asimismo, remite un mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el 25 de octubre de 2016.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con tareas de vigilancia y controles de la franja fronteriza.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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«El señor senador José Carlos Cardoso solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con gastos del Inefop correspondientes al ejercicio 2018.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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«El señor senador Charles Carrera solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social, relacionado con la historia laboral del señor Robert Silva;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, relacionado con los vínculos laborales del señor Robert Silva.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del 4 de setiembre faltó con aviso el señor senador Bianchi.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 4 de setiembre faltaron con aviso los señores senadores Carrera y Heber.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 5 de setiembre faltó con aviso la señora senadora Xavier.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 4 de setiembre faltó con aviso el señor senador Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 5 de setiembre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Lazo.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 5 de setiembre faltaron con aviso las señoras senadoras Lazo y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 14 de agosto faltó sin aviso la señora senadora Olano.

A la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 8 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Delgado, Heber y Alonso.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 3 de setiembre faltó con aviso el señor senador Sebastián da Silva.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 3 de setiembre faltaron con aviso los señores senadores Carrera y Ayala.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 3 de setiembre faltó con aviso el señor senador Mieres.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señor presidente de la Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos de enfermedad, del 10 al 12 de setiembre inclusive.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Daisy Tourné. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Yerú Pardiñas, Eduardo Fernández, María Elena Laurnaga, Daniel Olesker, Julio Bango, Viviana Piñeiro, Álvaro García y Hyara Rodríguez han presentado nota de desistimiento informando que por el día 10 de setiembre no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado por ese día el señor Manuel Laguarda, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Asimismo, se comunica que los días 11 y 12 de setiembre queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señor presidente de la Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para los días martes 10 y miércoles 11 de setiembre del corriente.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Se comunica que los señores José Amy y Gustavo Cersósimo han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señor presidente de la Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por razones personales los días 10 y 11 de setiembre de 2019.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Leonardo de León. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Julio Calzada, Beatriz Ramírez, Felipe Carballo y Cristina Lustemberg han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de setiembre de 2019

Señor presidente de la Cámara de Senadores

De mi consideración:

Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, el día 11 del corriente a partir de las 11:00.

Sin más, saludo atentamente.

Juan Castillo. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eduardo Lorier, Doreen Ibarra y Óscar Andrade han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Helena Vellozas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) SITUACIÓN VIVIDA POR ALUMNOS DE LA ESCUELA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE ROCHA

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señor presidente: en estos últimos días tuve una reunión muy importante con el gremio de la Policía de mi departamento, para conocer por qué razón veintiocho alumnos de la Escuela Departamental de Policía de Rocha fueron dados de baja después de cuatro meses de instrucción.

¿Cuál fue el motivo? Supuestamente, no haber pasado la prueba psicológica. Al parecer, veinte minutos bastaron para determinar si cada uno de los aspirantes estaba apto o no para ejercer la función policial.

Lo primero que llama la atención es por qué la prueba psicológica se realiza al final del proceso, cuando el sentido común indica que lo primero que debe evaluarse es si la persona está o no apta psicológicamente para asumir una función de responsabilidad como es la policial.

Llama la atención que de treinta y dos aspirantes evaluados en la última prueba –repito: luego de una entrevista de tan solo veinte minutos–, veintiocho quedaran afuera y fueran dados de baja. Estamos hablando de treinta y dos aspirantes que durante cuatro meses recibieron instrucción física y de tiro, que fueron instados a firmar la baja sin ninguna explicación sobre cuál es la falla de su personalidad que les impide ejercer la función a la que aspiran, porque jamás les dieron una devolución.

La verdad es que lo que se nos expresó en esa reunión a la que concurrimos confirma lo que nosotros pensamos: que el curso de la Policía no está hecho como una herramienta de promoción, de conocimiento y de formación. La forma en que se procedió no fue para nada transparente; es más: revela que está armada –dije: armada– para que solo ingresen quienes las autoridades ya habían predeterminado. Esto tiene toda la apariencia de un procedimiento «vestido» de falsa neutralidad, porque no se explica que si el examen psicológico es tan decisivo –como, sin duda, es–, sea aplicado al final del proceso, cuando los aspirantes ya han superado con éxito las demás pruebas. ¿Tanto se puede errar? De treinta y dos personas que superaron las demás pruebas, ¿solamente cuatro pasaron la de aptitud psicológica? Además, no se ofreció garantía alguna de neutralidad; no se ofreció ninguna forma de conocer en qué consistía la prueba, cómo era la puntuación de cada ítem, ni la idoneidad, trayectoria y experiencia del profesional que la aplicó. Incapacidad total u opacidad total. Digo más: esto tiene toda la apariencia de un mecanismo de clientelismo encubierto.

Es lamentable que el Ministerio del Interior llame a gente que está trabajando, que pierde su trabajo para ser policía, y que finalmente queda afuera. Esto es absolutamente rechazable.

Seguramente el Ministerio del Interior no va a cambiar nada de lo que está haciendo, pero queremos dejar constancia de lo acontecido y plantear a las autoridades que nosotros lo advertimos, que no se nos pasó por alto lo que allí está sucediendo.

También quiero transmitir públicamente que hay motivos para dudar de que las pruebas de ingreso garanticen a la población que quienes ingresan a la función policial sean los más aptos; más bien esto tiene toda la apariencia de que los que entran son los más amigos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del Interior, a la Escuela Nacional de Policía, a la Jefatura Departamental de Rocha, al Sindicato de Policía de Rocha y a la Junta Departamental de Rocha.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

8) REGLAMENTO DE TIERRAS

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Gracias, señor presidente.

En el día de hoy queremos referirnos a un hecho que ocurrió hace 204 años, cuando el 10 de setiembre de 1815, José Gervasio Artigas, en Purificación, dio a conocer su célebre Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, también conocido como reglamento de tierras de Artigas.

Este reglamento tenía el objetivo de mejorar el estado ruinoso de la campaña, y se concentró en dar respuesta a la cuestión del arreglo de los campos que se había presentado como consecuencia de la revolución en la Banda Oriental, y que había traído aparejada una crisis de producción que afectaba la organización económica, social y jurídica de los pueblos de la Banda Oriental.

Ante esta situación, el reglamento de tierras abordó objetivos específicos, que creo que se deben recordar en un día como el de hoy. Los objetivos económicos estaban orientados a aumentar el stock ganadero –en merma– y la producción. Para ello, hizo una propuesta muy revolucionaria: subdividir la tierra, poblar la campaña y fijar la población rural. También tuvo objetivos sociales, que claramente quedaron expresados en favorecer a los desprotegidos y proteger a la familia radicada en el campo. Ni que hablar que el proyecto de reglamento de tierras tuvo, asimismo, objetivos jurídicos: se buscaba imponer el orden en la campaña, exigiendo trabajo y persiguiendo la vagancia y el delito.

Este reglamento, que fue una respuesta del Gobierno de la Provincia Oriental, tuvo dos grupos principales de disposiciones: las que estaban referidas a la distribución de la tierra y el fomento de la producción y las referidas al restablecimiento del orden interno.

¡Vaya si será importante en estos días recordar que aquellas disposiciones sobre la distribución de la tierra establecían criterios preferentemente políticos para llevar adelante los procesos de subdivisión de esa tierra y favorecer al pueblo oriental! En ese sentido, las tierras a ser distribuidas debían seleccionarse de entre las tierras realengas y las pertenecientes a los enemigos de la revolución. Vaya ahí la referencia que tiene el propio reglamento, que dice que las tierras a distribuir serán las de los «emigrados, malos europeos y peores americanos».

El reglamento también establecía criterios para los beneficiarios. Se habría de tener en cuenta su posición económica, organización familiar y condiciones de trabajo. Señalaba: «Los más infelices serán los más privilegiados». Los negros libres, los zambos de igual clase, los indios, los criollos pobres, todos podrían ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propendían a su felicidad y a la de la provincia. Serían igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos, y serían preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero.

Así como otorgaba derechos, el reglamento de tierras también establecía obligaciones: los beneficiarios solo podrían recibir una suerte de estancia, no podrían enajenarla o venderla y estarían obligados a poblarla y trabajarla. Se exigía específicamente la obligación de construir un rancho y dos corrales, y la omisión o demora hacían caducar los derechos del beneficiario. En caso de que no se cumpliera con esos objetivos, la tierra volvía a dominio fiscal.

Las disposiciones complementarias estaban referidas al orden y garantía de la seguridad de las personas y bienes, y comprendían la creación de una fuerza represiva, que fue la que le dio certeza jurídica al proyecto que encaraba el reglamento de tierras.

Vale decir que este reglamento se originó en momentos en que la Banda Oriental atravesaba una fase de bastantes incertidumbres políticas y militares, que dificultaron su implementación. También surgieron dificultades debido a que las clases privilegiadas no acompañaron este proyecto de tierras, y a que una parte de la población rural no estaba preparada para abordar el trabajo de la producción en forma ordenada.

Quiero redondear este concepto diciendo que el reglamento de tierras se aplicó durante seis meses, pero igual tuvo resultados que persisten hasta el día de hoy, esencialmente en todo lo que refiere al enfoque con que fue creado.

Para finalizar, digo que recordar estas fechas es traer al presente, un día más, el pensamiento revolucionario de José Gervasio Artigas y reiterar la vigencia de su ideario, donde el crecimiento y el desarrollo económico de los pueblos está ligado a la lucha política contra los poderosos que oprimen a los pueblos y, simultáneamente, a promover la igualdad y la justicia en favor de los más humildes.

Señor presidente: solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida a los medios de prensa y al Instituto Nacional de Colonización.

Es cuanto queríamos comentar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

9) SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Gracias, señor presidente.

Hoy queremos hacer referencia a la presentación que se hizo hace muy pocos días por parte de la ANEP sobre la creación del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, dirigido a los alumnos.

Este sistema, que comenzó en el año 2015, apuesta a realizar un seguimiento de cada una de las cohortes que egresan de educación primaria. Esto ha permitido contar con políticas de enlace entre el sistema educativo, el alumno y su familia. Para llevarlo adelante se crearon equipos de referencia en los centros educativos, de modo de acompañar a los estudiantes en su trayectoria educativa e identificar problemas, tanto en el plano del conocimiento como en el de la asistencia a los centros de estudio. A su vez, lo que hace este equipo es trabajar en forma directa con el niño y la niña para que, una vez que egrese del sexto año escolar, tenga continuidad en el sistema educativo e ingrese al ciclo básico.

Además del seguimiento para detectar en forma temprana escollos que pueda tener el alumno –que no es un elemento menor porque se actúa en forma preventiva–, este año también se implementó un sistema de alertas, fundamentalmente para el control de asistencia de los niños y niñas. Cuando un educando falta tres días seguidos, salta una alerta y, a través de los equipos de seguimiento de los centros escolares, inmediatamente se realiza una investigación para saber cuál es el motivo de esas ausencias. El problema se aborda en forma personalizada, lo que permite detectar algunas situaciones.

Este sistema de alertas, que es un módulo que busca evitar el abandono escolar, se utiliza en 250 liceos y en 174 centros de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Fíjese usted, señor presidente, que solamente en cuatro meses se activaron 95.000 alertas, de las cuales se atendió casi el 89 %. Se analizaron las causas y, entre las principales –en un porcentaje mayor al 32 %–, se encuentran los problemas familiares. Generalmente, esas niñas y niños que faltan se quedan en sus casas cuidando a sus hermanos menores. Eso deriva en un trabajo con la familia, para concienciar sobre la importancia de que ese alumno concurra a clase.

Como decía anteriormente, este sistema innovador, preventivo y de acompañamiento, tiene como objetivo detectar en forma temprana si hay un rezago escolar o si hay un problema de inasistencias.

Con respecto a este sistema que comenzó en 2015, ya tenemos algunas cifras. De 2012 a 2017, la retención de adolescentes de entre diecisiete y dieciocho años en el sistema de educación pasó del 64 % al 72 %, lo que implica un crecimiento de pertenencia al centro escolar. Pero lo más importante es que ese porcentaje de aumento se dio en los quintiles más pobres de la población.

Por otro lado, queremos decir que la cobertura viene creciendo: en 2005, en lo que respecta a los jardines de tiempo completo, teníamos 29.613 niños y niñas; hoy, en 2019, tenemos más de 70.900 niños y niñas en jardines o en escuelas de tiempo completo o extendido. Es evidente que las cosas cambiaron, ¿no? Todas estas acciones se llevan a cabo para evitar el abandono escolar, y cuando escuchamos decir que aumentan las cifras de los empleados públicos, debemos decir que sí, que ¡claro que aumentan! ¡En el año 2005 teníamos 134 locales de educación inicial, y hoy, en 2019, tenemos 341! ¡Son más profesores, más maestros, más funcionarios, más psicólogos para atender esta expansión educativa!

Quiere decir, entonces, que nuestro Gobierno va a seguir con este beneficio propio para la gente. Porque no es propio para el Gobierno; es propio, en realidad, para nuestra sociedad.

Señor presidente: voy a solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los medios de comunicación y a la ANEP.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Damos la bienvenida a alumnos de los 5.os años de la escuela de Barros Blancos, que nos visitan.

10) PUBLICIDAD OFICIAL

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se regula la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial. (Carp. n.º 1129/2018 - rep. n.º 938/19)».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a los funcionarios de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, quienes trabajaron en más de una oportunidad por mayor tiempo que el estipulado habitualmente, dado que se sesionó en forma extraordinaria.

Este proyecto de ley, que llevaba bastante tiempo a estudio –fueron recibidas en el seno de la comisión diversas delegaciones: escuchamos, estudiamos y compartimos la opinión de todos y cada uno de los involucrados–, fue concebido atendiendo a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, y a la promoción de un gasto más eficiente de los recursos públicos. Más allá de los matices que expresaron las distintas delegaciones que concurrieron a la comisión para dar su opinión, todas coincidieron en la necesidad de que se aprobara una legislación específica que regulara la distribución y asignación de publicidad oficial, y que estableciera criterios claros, objetivos, profesionales y transparentes para la asignación publicitaria.

Es necesario hablar de los antecedentes de este proyecto de ley, que tomó los aportes del Cainfo –Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública–, recabados a partir de un trabajo que comenzó a principios del 2000, del que distintas organizaciones sociales fueron parte. Podemos decir que se cuenta con el acuerdo de gran parte del sistema político sobre la necesidad de regular en la materia. El proyecto también recoge las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, que considera que los Estados deberían adoptar normas claras y transparentes para regular la publicidad oficial, en tanto esta potestad legítima de los Estados podría ser utilizada para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de su línea editorial. «En particular, tiene el objetivo de prevenir que la asignación de la publicidad oficial se convierta en una forma indirecta de censura», tal como expresa la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Asamblea General de la OEA en 2000, que agrega que «la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública» tales como «la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial», entre otros, «con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley». La presente iniciativa consiste en la regulación de la publicidad oficial que se realiza en cualquier medio, con la finalidad de otorgar mayor transparencia, seguridad y efectividad en el relacionamiento entre los diferentes organismos comprendidos por ley y los medios de comunicación de cualquier tipo.

También en el marco de los antecedentes, corresponde decir que se le dio ingreso parlamentario con la firma de los cuatro partidos políticos con mayor representación en la Cámara de Representantes. Los legisladores firmantes dejaron constancia en su momento de que estampaban su firma en el anteproyecto de ley propuesto por el Cainfo para dar estado parlamentario a dicha iniciativa ciudadana con el fin de habilitar el debate y la aprobación de una legislación en este sentido, considerando que se trataba de una base para la discusión de un tema tan sensible como complejo, pero sin que eso significara un compromiso con todos y cada uno de los artículos presentados. Del mismo modo lo han manifestado en la comisión los legisladores de la oposición. Es una necesidad para el manejo serio y riguroso de los recursos públicos y también responde a una demanda creciente de la sociedad en su conjunto.

Contó en su momento, y al tomar estado parlamentario, con un importante consenso político, decíamos, que se vio reflejado en el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Se nos puede decir que este proyecto de ley es perfectible, pero atiende una realidad y hasta una inquietud en la que hemos coincidido todos. Los medios del interior viven como un drama el acceso a la publicidad y a la posibilidad de difundir que tienen otros medios de la capital. Por la justeza de este reclamo, en el día de mañana se pueden buscar herramientas alternativas con el objetivo de transparentar, democratizar y mejorar las condiciones de acceso con equidad.

Además, se genera un avance en la transparencia y en la democratización, y en el buen o mejor sentido del tratamiento de los recursos públicos, en este caso destinados a la publicidad oficial. Principalmente el proyecto de ley establece un régimen de contratación minucioso y específico, acorde con las normas del Tocaf y los controles constitucionales que se ejercen a través del Tribunal de Cuentas, que implica un sistema regulatorio garantista de los intereses públicos y que racionaliza las erogaciones del Estado en materia de publicidad.

La comisión ha recabado la opinión de la sociedad civil y de diversos organismos del Estado. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, y la asignación, contratación y control de la pauta estatal permiten una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión.

Otro punto importante a tener en cuenta son los objetivos legítimos de la publicidad oficial. Los Estados deben utilizar la pauta publicitaria oficial para comunicarse con la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios o de la comunidad. Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no podrá utilizarse con fines discriminatorios para violar los derechos humanos de los ciudadanos o con fines electorales o partidarios.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Después de que termine el informe, con mucho gusto se la concedo.

Asimismo, han de considerarse los criterios de distribución de la pauta estatal; la reducción de la discrecionalidad. Los Estados deberán establecer, para la contratación y la distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto.

Los recursos publicitarios se asignarán según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. La pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. Dicho uso debe encontrarse explícitamente sancionado. También se debe realizar una planificación adecuada.

La decisión de otorgar fondos públicos para publicidad oficial ha de adoptarse de modo transparente, justificado y que permita el control público. La pauta debe estar justificada en la existencia de campañas y avisos publicitarios que respondan a necesidades concretas y reales de comunicación.

En cuanto a los mecanismos de contratación, los Estados deben asignar los recursos publicitarios a través de procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, atendiendo a las características de cada jurisdicción. Solo excepcionalmente y en casos de emergencia o imprevistos justificados, los Estados pueden recurrir a sistemas de contratación cerrados o directos.

Los Estados deben contratar espacios en los medios de comunicación a través de procedimientos que impidan decisiones arbitrarias. Todas las etapas implicadas en el circuito de contratación deben ser públicas, de manera que se permita el control procedimental por parte de los oferentes, la comunidad, los órganos de control y la propia Administración pública.

Con relación a la transparencia y el acceso a la información, los individuos tienen derecho a conocer toda la información sobre la publicidad oficial que se encuentre en poder del Estado. Para eso el Estado promoverá la transparencia de los datos relativos a la pauta estatal de dos maneras: en primer lugar, publicando periódicamente toda la información relevante sobre los criterios de contratación, motivos de asignación, presupuestos, gastos y contratos publicitarios, incluyendo los montos de publicidad discriminados por medios, campañas publicitarias y organismos contratantes; y en segundo término, garantizando, ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información. Las entidades privadas deben tener en cuenta que, al participar de la contratación de publicidad oficial, cierta información estrictamente relacionada con el proceso de contratación –que, de otra manera, podría ser considerada privada– adquiere carácter público. Toda la información relativa a la cuestión de la publicidad oficial debe ser pública.

En cuanto al control externo de la asignación publicitaria, se acepta que los Estados deben establecer mecanismos de control externo por parte de un órgano autónomo que permita un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial. Estos controles deberían incluir auditorías periódicas sobre los gastos y prácticas del Gobierno en materia de contratación de la pauta, así como informes especiales sobre las prácticas del Estado en la materia, con un adecuado control legislativo o parlamentario. Los Estados, además, deben establecer sanciones adecuadas para los casos de incumplimiento de la ley, así como también recursos apropiados que permitan identificar y controvertir asignaciones ilegales de publicidad oficial y rendir cuentas al público sobre los gastos efectuados y el modo en que son empleados los recursos publicitarios.

El proyecto de ley consta de siete capítulos. El capítulo I, que versa sobre las disposiciones generales de la norma, consta de un artículo que refiere al objeto de la ley. Se establece que la norma tiene por objeto regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial en cualquier medio de comunicación social, servicio o plataforma tecnológica de información y comunicación, incluyendo la contratación con agencias de publicidad, centrales de medios y otros intermediarios que formen parte de la cadena de asignación de la publicidad oficial.

En cuanto a los sujetos obligados, el artículo 1.º aclara que son todas las personas públicas, estatales y no estatales, nacionales, departamentales y municipales, así como las sociedades comerciales cuyo capital social se integre con fondos aportados por esas personas y organismos en un 50 % o más. En el caso de empresas con capital estatal minoritario, se dispone que los representantes estatales, en sus órganos de dirección, ajustarán su actuación a los principios, criterios y prohibiciones que se establecen, en cuanto fuere posible.

El capítulo II trata sobre la publicidad oficial en sí misma y comprende las siguientes disposiciones: el artículo 2.º, que establece una definición de publicidad oficial; el artículo 3.º, que enumera expresamente las modalidades de publicidad incluidas dentro de la definición de publicidad oficial, y el artículo 4.º, que determina prohibiciones para asegurar el cumplimiento de la ley.

El capítulo III refiere a los principios que regirán la contratación de la publicidad oficial y los criterios de transparencia y, en él, el artículo 5.º establece como principios básicos el interés general, la veracidad, la imparcialidad, la objetividad, la claridad en el mensaje, la profesionalidad, el libre acceso a la información, la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, la eficiencia y la austeridad en la administración del gasto público. Asimismo, los artículos 6.º y 7.º refieren a la transparencia activa y de mercado.

El capítulo IV detalla el procedimiento para la contratación. En particular, en el artículo 8.º del proyecto de ley en cuestión se establece el principio general para la contratación de la publicidad oficial, que será el de la licitación pública u otro procedimiento competitivo, de conformidad con el Tocaf. Por su parte, en el artículo 9.º se establecen los criterios de contratación para la pauta publicitaria, que deberán ser el fundamento de la resolución de adjudicación. El artículo 11 prevé la obligatoriedad de destinar al menos un 30 % del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación u otras localidades del interior del país.

En el artículo 12 se establece que se destinará un 3 % del monto total presupuestado para la publicidad oficial a la realización de estudios, análisis y encuestas que permitan mejorar la calidad de la publicidad oficial con la finalidad de contar con insumos suficientes y confiables para la adecuada asignación. La administración de este fondo corresponderá al Consejo de Comunicación Audiovisual creado por el artículo 66 de la Ley n.º 19307.

En el artículo 13 se dispone que la evaluación acerca del cumplimiento se llevará adelante por intermedio del Tribunal de Cuentas y de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Por su parte, el artículo 14 establece los requisitos generales exigibles a los interesados.

El capítulo V refiere al asesoramiento para la contratación de publicidad oficial. El artículo 16 encomienda a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado el asesoramiento a los organismos públicos alcanzados por la presente ley, de conformidad con el Tocaf, y el artículo 17 detalla los cometidos del Consejo de Comunicación Audiovisual.

En el capítulo VI, el artículo 18 establece las sanciones ante el incumplimiento de las normas, y el capítulo VII comprende las disposiciones transitorias. En sus artículos –que van del 19 al 21– se determinan, respectivamente, el plazo de implementación de la información, la promoción de la diversidad de los medios de comunicación y la reglamentación.

Por las razones anteriormente expresadas aconsejamos al Cuerpo la aprobación de este importante proyecto de ley, que acompañamos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me concede la interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Sí, por supuesto.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede interrumpir el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Gracias, señora senadora y señor presidente.

Independientemente de lo que analizaremos más tarde, creo que esto contiene disposiciones que ya están violadas antes de que se apruebe la ley.

Este es un proyecto de ley típico de esos que plantean cosas que hoy están pasando exactamente en el sentido contrario. Hay un literal E) en el artículo 4.º que dice: «La publicidad oficial no podrá utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos, ni para hacer referencias a las campañas electorales de ningún partido político». Señor presidente: ¡es escandalosa la propaganda oficial que está haciendo el Gobierno a favor del candidato del Frente Amplio! ¡Es un escándalo la utilización de medios del Estado, de recursos económicos y de publicidad oficial, con avisos lacrimógenos que están destinados a hacer propaganda, a cuarenta y ocho días de las elecciones, para el partido de gobierno! ¡Esto rompe los ojos! ¡Basta prender cualquier canal a cualquier hora, o cualquier radio en cualquier momento para ver la catarata de recursos económicos que está poniendo el Gobierno, camuflada de campaña informativa! ¡Es campaña político-electoral utilizada con fondos públicos al servicio del partido de gobierno! ¡Eso es lo que los uruguayos están viendo por todos los medios del país!

Por lo tanto, cuando veo que en un proyecto de ley que estamos considerando se afirma que algo «se prohibirá», yo diría: «Señores del Gobierno: ¡empiecen por cumplir lo que quieren! ¡Terminen con la propaganda electoral a favor del candidato del partido de gobierno –que realmente habla poco, pero el Gobierno habla bastante por él–, utilizando recursos de los uruguayos!». La plata que se les saca a los trabajadores y a los jubilados está puesta al servicio de una campaña electoral a través de la televisión, la radio y los medios de comunicación. Por eso, miro esta disposición y no tengo más remedio que sonreír –desgraciadamente–, porque es exactamente lo contrario de lo que el Gobierno está haciendo hoy, a cuarenta y pocos días de la elección.

Gracias, señora senadora y señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Doy por finalizada mi exposición, aunque luego haré algunas precisiones.

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Presente

De mi consideración:

Por este medio tengo a bien solicitar licencia, por motivos personales, el día miércoles 11 de setiembre del corriente, de acuerdo al artículo 1.º de la Ley n.º 17827.

Saludo a usted atentamente.

Rubén Martínez Huelmo. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Se comunica que el señor Lauro Meléndez ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De nuestra mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia por motivos personales desde el día 10 de setiembre hasta el 22 del corriente.

Sin otro particular, saludamos con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniella Pena, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf y Adriana Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Pablo Iturralde, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

A: Presidencia del Senado

Solicito licencia los días 10, 11 y 15 de setiembre por razones personales.

Lucía Topolansky. Presidente del Senado».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que en virtud de que se le ha concedido licencia a la señora presidenta del Senado, Lucía Topolansky, ocupará la presidencia del Cuerpo la señora senadora Patricia Ayala, y al haber presentado nota de desistimiento las señoras Lucía Etcheverry y Zulimar Ferreira, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de quince minutos.

(Así se hace. Son las 10:24).

(Vueltos a sala).

(Ocupa la presidencia la señora Patricia Ayala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:48).

–Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día de la fecha, a partir de las 11:00.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue un día de licencia por motivos personales, el miércoles 11 de setiembre.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) PUBLICIDAD OFICIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Sé que han llegado informes de la Dinatel y de la Ursec sobre este proyecto de ley. Solicito que se distribuyan.

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará, señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Gracias, señora presidenta.

Aquí se hicieron algunas afirmaciones que no puedo dejar pasar porque son falsas, ¡absolutamente falsas! Es falso que haya una enorme publicidad desplegada por el Estado uruguayo haciendo autobombo de lo que hace el Gobierno e incidiendo, por lo tanto, en la campaña electoral. Repito: ¡es absolutamente falso!

Podríamos dar esta discusión si aquí se trajera la cantidad de minutos de publicidad que hay en las tandas, a fin de saber cuál es el componente de publicidad oficial en ellas.

Si uno simplemente observa el horario central televisivo, comprobará que lo que se afirmó aquí es falso. Lo que sí hay es mucha publicidad político-electoral. Reitero: hay mucha publicidad político-electoral; es tanta, que se está al borde de vulnerar la veda y lo que establece la propia ley electoral. Esto ya ocurrió en las internas, y vuelvo a mencionarlo porque el asunto sí me preocupa y creo que debería preocupar a todo el sistema político.

Uno pretendería que pudiéramos autorregularnos para cumplir las normas que nosotros mismos votamos, y que lo hacemos con el convencimiento de que es correcto que tiene que haber una veda, y que hay una fecha de comienzo de la campaña electoral, y en ese momento también empieza la publicidad electoral. Desgraciadamente, esto no está sucediendo.

El año pasado impulsamos una nueva ley de financiamiento de partidos políticos y publicidad electoral, entre otras cosas, para ajustar estos aspectos que son vulnerados por prácticas que considero equivocadas. Lamentablemente, no logramos los acuerdos políticos como para votar una nueva ley de financiamiento de partidos políticos y publicidad electoral que regulara de manera eficiente este tipo de cosas.

Por otro lado, si se comparten varios de los artículos de este proyecto de ley, como dijo el señor senador García, creo que lo mejor es votarlo.

Gracias, señora presidenta.

13) DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

Mocionamos para que el proyecto de ley Derechos de Autor y Derechos Conexos (Comisión de Educación y Cultura (carpeta 1282/2019 - distribuido 2283/2019) sea tratado con carácter urgente». (Firman los señores senadores Mieres, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–6 en 22. Negativa.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: hemos hecho el último intento para lograr que, en esta legislatura, los derechos de los artistas uruguayos se equiparen a los derechos de los artistas de la Unión Europea y de casi toda América Latina.

En América Latina y en la Unión Europea los derechos de autores, intérpretes y productores rigen durante setenta años. Sin embargo, en Uruguay, la normativa establece que son cincuenta años. Por lo tanto, en febrero presentamos un proyecto de ley en el afán de equiparar la situación de nuestros artistas y, en consecuencia, de los trabajadores de la cultura de nuestro país para que no estuvieran en situación de inferioridad en el reconocimiento de los derechos con respecto a los artistas de la región y de Europa.

Dado que en la Comisión de Educación y Cultura empezaron a sucederse pedidos de comparecencia –todos conocemos cómo es la gestión parlamentaria y sabíamos de la importancia de tramitar este proyecto de ley–, decidimos dar el paso, pero, lamentablemente, hemos sido testigos de la votación que acaba de realizarse.

(Parte de esta exposición ha sido eliminada en aplicación del inciso final del artículo 105 del Reglamento del Cuerpo).

–¿Sabe qué, señora presidenta? Con esta postergación, incluso la industria cultural se ve afectada. Queda claro que un autor o un intérprete uruguayo va a preferir grabar en la vecina orilla, porque allí sus derechos van a estar protegidos durante setenta años, y no en Uruguay, donde sus derechos caducan. Han caducado derechos de importantes autores e intérpretes uruguayos; el caso de Rada es el más conocido, pero también podríamos mencionar a Los Shakers, entre otros. Sus derechos han caducado, a diferencia de lo que ocurre en casi toda América Latina y en Europa. Es lamentable, señora presidenta, pero queda en evidencia quiénes somos los que tenemos la voluntad de otorgar estos derechos a los artistas uruguayos y quiénes no.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: me parecen muy injustas las palabras del señor senador preopinante porque sobre este proyecto de ley hay una gran discusión. Sin ningún lugar a dudas, conocemos todos los intereses nacionales e internacionales que se mueven en torno a este asunto.

La comisión ha venido trabajando, como es de rigor, respecto a un proyecto de ley que presentó el Partido Independiente; lo hemos atacado, en el buen sentido de la palabra –en el sentido del trabajo parlamentario–, y yo diría que con mucha inclinación a que fuera un examen exhaustivo de su alcance. Por eso la comisión recibió a las autoridades de Sudei y de Agadu y, en la última sesión, a la presidenta del Consejo de Derecho de Autor del MEC. Por supuesto que podríamos seguir pero, como es obvio, nuestro trabajo está ceñido a la fecha de cierre de la legislatura, tal como sucede con tantos otros proyectos que están en danza en este Parlamento; veremos cómo nos manejamos en ese sentido. De todos modos, eso no es evidencia de nada porque esta iniciativa está en tratamiento.

Los senadores del Gobierno aún no se han expedido al respecto en virtud de que están recabando toda la información de quienes pueden verterla, amén de que podamos tener una posición personal que nunca hemos adelantado. En mi caso particular la tengo, señora presidenta, pero hasta que no se recabe toda la información no voy a dar mi veredicto. Entiendo que no corresponde que plantee mi posición en medio de una sesión a la que vienen personalidades a dar su opinión; no es así como se trabaja en las comisiones. Allí primero se recaba todo el material y la información, y luego se dictamina y se legisla.

Por lo tanto, me parece muy injusto este pedido porque el tema sigue en trámite. Tenemos tiempo para tratarlo, aunque sea en régimen extraordinario, hasta el 14 de febrero de 2020, antes de que finalice la legislatura. No nos apuremos, no emitamos juicios apresurados porque, obviamente, puede haber modificaciones al proyecto de ley, aunque también es posible que salga como entró. Pido que nos demos el tiempo suficiente porque han ingresado proyectos importantísimos que han permanecido cinco años, ya sea acá como en la otra cámara. ¡Cinco años! Es decir que es relativo si entró en febrero, en marzo o en junio.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Mi planteo va en la misma línea. Nos parece que no solamente no es injusto, sino que se equivocó en el procedimiento. Este proyecto de ley está en discusión en comisión –justamente, su presidente, senador Camy, se encuentra en sala– y los miembros de nuestra bancada que la integran están abocados a su estudio. ¡Por algo el otro día se citó a las autoridades del MEC, precisamente en busca de todos los elementos para lograr la máxima protección para los trabajadores de la cultura! Así que, señora presidenta, no voy a permitir ni a admitir las cosas que se han dicho con relación a la posición de nuestra bancada respecto a la cultura.

Por otro lado, miembros que hoy no están presentes fueron muy claros en la discusión de este artículo y acerca de los inconvenientes que se tenían respecto al plazo de cincuenta años y a la propuesta de llevarlo a setenta. No quisimos avanzar, no porque no estuviéramos de acuerdo, señora presidenta, sino porque estamos juntando todos los elementos. Es más: nuestro colega, el señor senador Amorín –quien hoy no está presente–, fue uno de los que hizo mayor énfasis en la necesidad de que el artículo 7.º de la Ley n.º 17616 quedara con una mejor interpretación. Tan así es –estamos trabajando en el tema–, que todos los miembros de la Comisión de Educación y Cultura hicimos como un acuerdo a efectos de pedir al Ministerio de Educación y Cultura que nos enviara una propuesta modificativa o interpretativa de ese artículo para que el intérprete tenga sus derechos realmente protegidos. En la ley –lo dice el artículo– hay un problema de interpretación.

Ya que hablamos del artista Rada, de acuerdo con el artículo sigue cobrando; esto se manifestó en la comisión. Yo invito a todos los colegas a que lean la versión taquigráfica de la sesión del miércoles pasado. Además, la comisión va a seguir trabajando en el día de hoy y en reuniones extraordinarias para continuar con el estudio de este proyecto de ley y de otro que tenemos en carpeta, que refiere a la Universidad de la Educación, tema tan importante –sobre el que también estamos esperando respuestas–para maestros y profesores de nuestro país.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- En realidad, vamos a empezar repitiendo lo que hemos argumentado en otras oportunidades. Si creyéramos que efectivamente con una ley, con un decreto o con una resolución del Gobierno se termina con todas las injusticias, sería mucho más fácil porque sería cuestión de sentarnos sin límites de tiempo, acordar y terminar con todas las injusticias que existen, también en el caso que estamos debatiendo.

Hemos escuchado argumentos a favor y en contra, pero una cosa es que se defiendan las ideas con pasión –y está bien que sea así– y otra es adjudicarse para sí, o adjudicar al que piensa distinto, cuestiones que no están en debate y que no vamos a admitir. Por lo tanto, queremos fundamentar el voto.

Desde que este proyecto de ley se colocó sobre la mesa de debate, este año, esta comisión ha estado trabajando con una suerte de comprensión por parte de todos sus integrantes, encabezada por su propio presidente. Parece que ahora hubieran descubierto América con el tema de los derechos de autor, pero esto, que se viene discutiendo desde hace muchos años, ingresó hace algunos meses a comisión y se viene trabajando al respecto. Es más, cuando alguien argumenta la necesidad de invitar a algún actor que está directamente involucrado, la presidencia de la comisión lo hace. Los escuchamos, les preguntamos y tratamos de sacar apuntes para aprender; y si hay que corregir algo, lo hacemos, tratando de tener las menores equivocaciones posibles en adelante. Esto es lo que viene ocurriendo. Convengamos que la discusión no ha terminado y que ningún debate puede concluir con una moción de urgente consideración. ¡Ninguno! Eso no resuelve nada.

Señora presidenta: desde la bancada oficialista, la bancada del Frente Amplio, estamos totalmente de acuerdo con analizar y discutir esta iniciativa. Entonces, si están tan apurados, tan urgidos, tan sensibles con el tema de los derechos de autor y de intérprete, vamos a levantar la mano a fin de convocar e interrumpir el receso posterior a la campaña electoral para venir a debatir hasta encontrar una solución, porque el problema no se termina hoy, mañana ni con las elecciones, sin importar quién resulte ganador.

(Parte de esta exposición ha sido eliminada en aplicación del inciso final del artículo 105 del Reglamento del Cuerpo).

–Nosotros estamos totalmente de acuerdo con debatir el tema; estamos de acuerdo con analizar e investigar las propuestas que se están haciendo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Tenemos visiones encontradas y distintas entre quienes han participado en la comisión cada vez que los hemos convocado, pero estamos dispuestos –lo dejamos estampado en las versiones taquigráficas– a que si hay voluntad política –de verdad y no de discurso– de querer solucionar el tema, están los votos del Frente Amplio para levantar el receso y tratarlo cuando tengamos los elementos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo recordar –quizás la Secretaría pueda ilustrarme– que en el fundamento de voto no se pueden hacer alusiones políticas. Creo recordarlo, así que voy a tratar de cumplir con el Reglamento y no empezar a hacer alusiones políticas.

He votado afirmativamente.

Ortega y Gasset, en un recordado estudio, decía que al analizar las conductas de algunas tribus de indios de Norteamérica había encontrado que se castigaba el robo de canciones y no el de cosas materiales. Cuando alguien se ponía a cantar una canción que era de otro sin el permiso de esa persona, esas tribus de indios de Norteamérica lo penaban gravemente, no así el robo de cosas materiales. Ortega y Gasset observaba que parte de la riqueza de los Estados Unidos, justamente, es la protección de los derechos de autor: Disney, Pixel, películas, etcétera. Repito: es muy fuerte la protección en este sentido.

También recuerdo algo más oriental: La Cumparsita, de Becho Matos Rodríguez, quien siendo muy joven vendió sus derechos a la firma Breyer, sin saber el éxito que iba a tener. Cuando se dio cuenta del éxito, de que le ponían letra y la cantaban Gardel, Contursi y Canaro, fue a ver al doctor Calatayud, quien advirtió que Matos Rodríguez había vendido los derechos siendo menor de edad. Entonces, hizo un juicio y recuperó sus derechos. Pero después se embarcó en un juicio tremendo con todos los autores de las letras, porque sostenía que todos los derechos eran para él.

Lo cierto es que esta es una norma sencilla: pasa de cincuenta a setenta años. No sé qué tenemos que discutir acá; esa es la verdad. Yo estoy dispuesto a votar porque es tan sencillo como decir que de cincuenta años de protección, pasa a setenta. ¡Son tantos los proyectos de ley que en los últimos días nos han estado llegando de apuro y en los que hemos estado trabajando también de apuro, y este es el más sencillo de estudiar! Podríamos dar un buen mensaje y evitar que los artistas tuvieran que recurrir al doctor Calatayud –o a la violencia, como recurrían los indios sioux en las planicies norteamericanas– para hacer valer los derechos sobre su autoría.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Respecto a las alusiones políticas, haremos la revisión de la versión taquigráfica.

14) PUBLICIDAD OFICIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del primer punto del orden del día.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señora presidenta: vemos con malos ojos el proyecto de ley en discusión, sencillamente porque es de oportunidad. Es absolutamente inoportuno que cuando faltan cuarenta y cinco días para las elecciones nacionales nos pongamos a discutir cómo se administra la publicidad oficial. ¿Queremos discutir el tema? Por supuesto que sí. ¿Queremos fijar reglas? Por supuesto que sí, pero en el inicio del período legislativo, no cuando faltan cuarenta y cinco días para las elecciones. No queremos que sobre la raya discutamos si la presidencia puede o no hacer publicidad; ese es un manejo inapropiado. Me parece que el Frente Amplio se aprovecha –quizás de una urgencia– de que las radios del interior no reciben publicidad oficial para resolver este proyecto de ley, ¡en su favor! ¡En plena campaña electoral lo resuelven a su favor! Intervienen en la campaña electoral haciendo que el Frente Amplio se financie con recursos públicos. Eso nos lleva a que votemos totalmente en contra este proyecto de ley, más allá de que comparto algunas de las normas contenidas, como, por ejemplo, las relativas a los medios del interior. Entonces, aunque las comparto, me parece que tenemos que discutirlas y aprobarlas cuando se inicie el período legislativo, no a cuarenta y cinco días de las elecciones. En ese aspecto considero que el proyecto es absolutamente inconveniente.

Finalmente, creo que cerrado el período legislativo es tiempo de que terminemos de aprobar y de discutir proyectos de ley en el Parlamento, porque ahora es tiempo de campaña electoral.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: voy a pedir excusas porque no integro la comisión. El señor senador Amorín, quien sí la integra, se tuvo que ausentar por el fallecimiento de un familiar. Es por esa razón que no está acá.

Hemos hecho una rápida lectura del proyecto de ley y nos gustaría llamar la atención sobre un par de hechos que nos parecen importantes. En primer lugar, el proyecto de ley no distingue la publicidad en el país y en el exterior. En ese sentido, traigo mi experiencia como ministro de Turismo, de haber trabajado con Uruguay xxi. Si bien nada impide que se recurra a estudios de mercado –y siempre que se puede se hace–, todos sabemos que en mercados grandes –donde participan, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Carnes o Uruguay xxi– son siempre muy costosos. En realidad, en ese caso se recurre a estudios que ya se han hecho, se compran o incluso, en algunos casos, se trata de acceder a los medios de mayor tiraje. Esto pasa con la República Argentina –donde el Ministerio de Turismo aplica gran parte de sus fondos– y con Brasil; pasa también con los avisos que se publican en España, en Alemania, en la feria de turismo de Berlín, en Estados Unidos, etcétera. Ahora bien: no encuentro en este proyecto de ley una norma, que sí está prevista en la Ley n.º 17904, que establece que queda excluida la publicidad que se realice en medios del exterior. Advierto que vamos a tener una temporada de turismo complicada –todos sabemos por qué– y si esta ley entra en vigencia ahora, al Ministerio de Turismo le vamos a estar agregando una cantidad de temas complicados a la hora de aplicar los recursos promocionales, por lo cual al final deberíamos incluir un artículo, muy sencillo, que establezca que queda excluida de esta ley la publicidad que se realice en medios del exterior.

Además de eso, para los que van a los medios y programas en los que se va a pautar, la norma prevé que tienen que cumplir determinados requisitos. ¡Vaya uno a pedir a los medios de Argentina, a los de Brasil o a los de España que se presenten a licitación, pero que antes se inscriban! Me permito señalar eso. Debiera ser necesario dejar fuera de esta normativa la contratación de los medios del exterior, como está previsto en la ley citada; esa es mi primera observación. Si hubiera voluntad de aprobar un artículo de este tipo, lo podemos redactar rápidamente y presentar como aditivo. Advierto al oficialismo que no he encontrado que se deje fuera de esto a las contrataciones de medios en el exterior y creo que eso puede ser un problema. En esto voy a defender a la señora ministra Liliam Kechichián, que es quien va tener que contratar, y es precisamente en esta época cuando se empiezan a contratar los medios de publicidad en el exterior.

La segunda advertencia que deseo realizar es acerca de la constitucionalidad de este proyecto de ley. Me parece que, al menos, los artículos 1.º, 12 y 20 deben requerir una mayoría especial.

El inciso segundo del artículo 1.º establece que las disposiciones de esta ley obligan a todas las personas públicas, estatales y no estatales, nacionales, departamentales y municipales. Quizás aquí esté el primer posible problema, porque por ley nos vamos a meter en cómo deben proceder en sus contrataciones los Gobiernos departamentales. Al respecto creo que hay jurisprudencia bastante importante –y mucha–, que surgió principalmente cuando se discutió la aplicación del Código Tributario a los Gobiernos departamentales. Algunos departamentos lo aplican, pero porque lo aprobaron como ley dentro de su jurisdicción, pero no se puede aplicar el Código Tributario si la junta departamental no lo aprueba. Entonces, incluir en el segundo inciso la expresión «departamentales» me parece que es un error; a su vez, la incorporación de la palabra «municipales» es un error doble porque, como señaló la Ursec, los municipios no son personas públicas, sino que son parte de las personas públicas Gobiernos departamentales. Por ende, acá hay un doble error; nos lo señaló la Ursec dentro de sus observaciones, y ese es uno de los motivos por los cuales pedí que se distribuyera a todos el comparativo que contiene lo que la Ursec nos dijo que no debía hacerse. Pese a que la Ursec nos está diciendo que es un error, se sigue incluyendo la palabra «municipales».

Este error de regular lo departamental se repite en el artículo 12, creo que de una forma todavía más grave e inconstitucional. ¿Por qué? Porque se dice que el 3 % de lo que asigne cada intendencia para publicidad oficial deberá destinarlo al fondo que administrará el Consejo de Comunicación Audiovisual. ¿A qué título es esto? ¿Podemos nosotros decir a la intendencia que del dinero que va a gastar le tiene que pasar una parte al fondo del Consejo de Comunicación Audiovisual? ¿Qué es? ¿Es una exacción? ¿Es un tributo? No sabemos qué es, aunque parecería ser una tasa porque con ese fondo el Consejo de Comunicación Audiovisual tiene que realizar determinados estudios. Entonces, se estaría fijando una tasa con una contraprestación para realizar esos estudios, pero no sabemos el costo que tienen, y nadie lo va a saber porque depende del monto que se destine al presupuesto.

Además –después vamos a verlo–, el artículo 11 tiene una redacción medio tramposa; no es el 30 % del monto de la publicidad oficial lo que se va a destinar.

Observo que el artículo 20 también incurre en esta posible inconstitucionalidad, porque ya no es suficiente con obligar, de manera inconstitucional, a los Gobiernos departamentales con el 3 % de lo que invierten, sino que se suma un 1 %, pero para darnos la razón, porque en este artículo está la buena tesis. Esta disposición establece el 1 % para todos, menos para los Gobiernos departamentales. Entonces, uno no entiende por qué al redactarse el inciso segundo del artículo 20 se dejan fuera los Gobiernos departamentales –acertadamente–, pero se los incluye en los artículos 1.º y 12. La tesis correcta es la del artículo 20 –que en un principio me pareció inconstitucional– y no la del inciso segundo del artículo 1.º ni la del artículo 12.

Sé que este es un tema técnico, y les pido disculpas, pero me parece que lo que va a suceder con esto es que va a haber una catarata de recursos de inconstitucionalidad por parte de los Gobiernos departamentales contra esta ley para no tener que destinar sus recursos. Y, de vuelta: ¿quién va a ganar, señora presidenta? Los abogados, que somos los que vamos ante la corte a presentar los juicios y «De enero a enero, la plata es del banquero».

Entonces, al final del día quizá se podría proponer un artículo sustitutivo para dejar fuera del artículo 1.º a los Gobiernos departamentales y municipales. En el caso del artículo 12 se hace referencia a «los sujetos alcanzados por las disposiciones de la presente ley», por lo que mediante un texto sustitutivo del artículo 1.º quedarían automáticamente fuera los Gobiernos departamentales y municipales.

Esas son las dos primeras apreciaciones que hacemos. Reitero que hay un par de inconstitucionalidades y, además, nos parece que debiera preverse –y no aprobarlo así, a la carrera– el tema de que esto no aplique para la contratación en el exterior. Ahí sí nos ponemos, todos, la camiseta celeste.

Con respecto al resto del proyecto, como toda ley tiene artículos muy buenos, que aplaudimos. Es más, no se hace otra cosa que seguir adelante con lo que normalmente se lleva a cabo en los ministerios –por lo menos, era así cuando a mí me tocó integrarlos–: antes de hacer una contratación, se llama a un planificador de medios que realiza un estudio de mercado sobre cuáles son los medios de mayor tiraje. Pero no solo se trata de eso y quizás aquí haya una omisión. Esos estudios de mercado tienen que hacer referencia no solo al medio y a cuánta gente le llega, sino también a la calidad con que llega a aquellas personas a las cuales está destinada la publicidad. Les pongo un ejemplo. Cuando uno quería promover los destinos del interior del Uruguay en Semana Santa, obviamente tenía dos públicos distintos: el de Montevideo que se trasladaba al interior, y el del interior que se trasladaba dentro del interior o a Montevideo. Entonces, el estudio tiene que tener en cuenta el alcance del medio, pero también al sujeto que va a ser alcanzado. Si no, quizás uno alcanza a un público de mayores de setenta años cuando, en realidad, quiere vender pañales para niños, y no es necesariamente ese público al que uno va a querer llegar. Entonces hay que tratar de tener también estudios en ese sentido, pero va en la buena orientación.

Me permito hacer una pregunta –no está ahora en sala el senador, pero de repente alguno lo ayudará– porque no termino de entender el literal D) del artículo 4.º «Prohibiciones». Dice así: «Quedan prohibidas las donaciones de cualquier especie que realicen los organismos públicos a los medios de comunicación u otros sujetos que reciban publicidad oficial o participen del proceso de contratación o distribución de la misma». Me cuesta imaginar que los organismos públicos realicen donaciones a los medios de comunicación, ¿no? Yo no tengo noticias, por ejemplo, de que el ministerio de industria les done a los canales 4, 10 y 12. No termino de imaginarme cuál es el supuesto para prohibir donaciones que haga el Estado a los medios de comunicación; normalmente, es a la inversa. Quizá lo que se quiera hacer es exactamente lo contrario: que los medios de comunicación no puedan realizar donaciones a los organismos públicos. Creo que es la única explicación que podría encontrar. Reitero que no entiendo esa prohibición de que el Estado haga donaciones a los medios públicos. Yo creo que el Estado no puede hacer donaciones a nadie, salvo por motivos fundados y por ley; ya está prohibido. Parecería ser que el texto está mal redactado o hay algo que está mal en la redacción. Agradezco a los señores senadores que han trabajado en este proyecto de ley que me lo aclaren, aunque con seguridad debo ser yo quien no entiende.

Coincido, sí, con algo que se ha dicho acá: esta es una ley muy buena para evitar lo que estamos viviendo –¡y que nadie se enoje!–, porque todos vimos la publicidad sobre el programa de cuidados donde un exdiputado del Frente Amplio, que estaba al frente del programa, salía todos los días hablando; era de notorio conocimiento que todos los días él –y, perdón, muchos más– aparecía hablando. Entonces, creo que la prohibición de este literal F) del artículo 4.º es muy buena.

Quiero recordar y reconocer –ya que hace un ratito estuvimos hablando de derechos de autor– un proyecto de ley del señor senador Mieres que hace referencia al literal G) de este artículo al que me estoy refiriendo. Aclaro que me gustaba más el proyecto del senador Mieres antes que esta norma tímida que se establece acá. El proyecto del señor senador Mires prohibía publicidad oficial dos meses antes de la elección, en lugar de treinta días. No solamente prohibía toda la publicidad sino que también prohibía los servicios o productos que se prestan en régimen de competencia. Todos hemos sufrido en las últimas elecciones el escándalo de las empresas públicas. ¿Se acuerdan de Ancap, no en la última elección, sino en la anterior, cuando habían inventado aquellos avisos de los girasoles que crecían que, aparte, duraban tres minutos y nos bombardearon en toda la campaña electoral? Después nos enteramos en la comisión investigadora de que la publicidad había pasado de dos millones a quince millones de dólares, o no recuerdo cuánto, pero que se acrecentaba en el año electoral. Nos acordábamos la elección pasada de aquella publicidad que era una copia de la de Johnny Walker: un hombre que caminaba y terminaba en el teatro Solís. Coincidía que era en la época electoral y, justamente, el candidato a la vicepresidencia del Frente Amplio había sido presidente de Ancap. ¡Era muy grosero! Al final el aviso terminaba diciendo: «El Uruguay entre todos», que era el eslogan que ellos usaban. ¡Una grosería! Todavía me da bronca cada vez que pienso en el tema. ¡Una grosería, realmente! El candidato a vicepresidente había sido presidente de Ancap, que justo salía a hacer la publicidad del hombre caminando que terminaba con las palabras que usaba su grupo. Incluso salió en las internas –vamos a cuidar a los que competían con él– con las palabras que usaba su grupo. ¡Fue un escándalo! A su vez, después nos enteramos en la investigadora de Ancap de que otro que también aumentaba la publicidad era ALUR, que en ese entonces había cuadruplicado ese monto.

Entonces, reitero que está bien ese literal, pero quizá haya que ser un poquito más estricto, como en el proyecto del señor senador Mieres, para que vea que sigo y leo al senador y a todos los colegas acá, dentro de lo posible. Recuerdo que ese proyecto me llamó la atención.

Hay algunos artículos que son buenos y otros de difícil implementación. El artículo bueno, sin duda, es el 11, que refiere a la distribución en medios locales del interior. Todos sabemos que, quizá más por comodidad que por otra cosa, los medios oficiales por lo general pautan en el gran medio nacional, porque como en la zona metropolitana vive el 60 % o 70 % de los uruguayos, tiene más alcance que los otros. Acá tenemos un tema no solamente con los medios del interior, que están postergados, sino sobre todo con los ciudadanos del interior, porque cuando el Estado emite un mensaje los está dejando de lado. En realidad, esto no lo hago para proteger a los medios y radios del interior –aunque vaya un saludo a los amigos de la radio de Durazno, si me están escuchando–, sino pensando en el ciudadano que tiene derecho a recibir el mensaje del Gobierno central. Entonces, pensando en eso creo que está bueno, pero aclaro que no se recibe el 30 %, sino el 30 % del 80 %, que es un poco menos.

Creo que en esto nos vamos a meter en un lío, aunque está bueno que se hagan estudios porque, también citando el caso de Ancap, los señores senadores que estaban en la comisión investigadora recordarán el caso de la radio de Quebracho. Se pautó en una radio que no funcionaba para que se compraran unos aparatos para que empezara a funcionar. Bueno, esta ley va a prevenir eso, quizá un poco tarde, pero es bueno que se haga, en especial ahora que viene un cambio de gobierno porque, como dice el refrán, «hacemos las reglas para los demás y las excepciones para uno». Pero ya estamos al final de este Gobierno, se viene un cambio, va a empezar un Gobierno nuevo el 1.º de marzo y está bueno que se hable de esto para que no se repitan cosas como las de Ancap y las contrataciones de la radio de Quebracho.

Me asusta un poco volver a duplicar los controles. Parece que no alcanza con el control del Tribunal de Cuentas y a eso le sumamos que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado va a evaluar el debido cumplimiento, por parte de los sujetos obligados, de los principios y criterios exigidos por la presente ley. Va a ser complicado cuando se empiecen a evaluar los principios, porque ¿cómo hacemos para evaluarlos?, porque siempre tienen una generalidad importante. Y, encima, ya no será el Tribunal de Cuentas –que nos da garantías a todos como organismo constitucional– sino la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, que funciona ¿dónde? En el Poder Ejecutivo. Entonces, le vamos a dar ese control, en la norma inconstitucional, sobre los Gobiernos departamentales, además, lo que es absolutamente violatorio de la autonomía departamental. No solo se los obliga respecto a la forma de contratar y se les hace una exacción que no se sabe a qué título es, sino que además se les pone un organismo en la presidencia para controlarles los principios. Que el Partido Nacional no lo tome a mal ya que no estoy haciendo una alusión, pero creo que ayer o anteayer hizo fecha de la batalla de Masoller. Me acota el senador Camy que la fecha es hoy. Saludamos, entonces, a la colectividad, nunca enemiga sino adversaria, por la conmemoración de ese hito. Creo que, más allá de los recursos, uno de los motivos de la guerra de 1904 fue la participación del interior, la autonomía y los derechos, entre otros. No quiero levantar al Partido Nacional contra este proyecto de ley. Nosotros estábamos del otro lado del muro, pero comparto la autonomía que se logró en la paz.

(Dialogados).

–Uno ¿de qué es partidario? De la paz posterior, que trajo esa solución de autonomía que se ha mantenido en nuestras constituciones. De a poco, quizás en el período pasado, cuando se comenzó con el tema de los recursos que se transferían al Gobierno central, yo advertí que eso se iba perdiendo. Y aquí ya hay un avance tremendo, ¿no?

¿La señora presidenta se va a postular nuevamente a la Intendencia de Artigas? Me hace un gesto de que aún no lo sabe. Bueno, si lo hiciera, la van a estar regulando y también le van a estar sacando un 3 % de la publicidad sin su consentimiento ni el de la junta departamental. En ese punto es en el que a uno le surgen esas dudas.

Algo positivo a destacar es lo que expresa el artículo 18 respecto a las sanciones. Está bueno que se avance en el cumplimiento del artículo 25 de la Constitución de la república en la medida en que los funcionarios que violan la norma y causan daños y perjuicios tienen que responder. Creo que hay algún candidato a la presidencia –no de mi partido, pero no voy a seguir mencionando a las otras colectividades para no generar más lío– que en los últimos tiempos ha estado insistiendo con este tema. Me parece que es bueno que así sea.

Por último, donde tampoco es del todo claro este proyecto es en el inciso tercero del artículo 20. Esta disposición crea un «Fondo para la Promoción de la Diversidad de Medios de Comunicación Audiovisual con el fin de fomentar y promover la diversidad de servicios de comunicación audiovisual». ¿Qué significa «la diversidad de servicios de comunicación audiovisual»? En el inciso segundo se establece que el fondo se financiará con el 1 % del monto total presupuestado para publicidad oficial y se deja afuera a los Gobiernos departamentales. Por su parte, el inciso tercero establece que se va a destinar un 50 % a servicios de comunicación audiovisual comunitarios y un 50 % a servicios de comunicación audiovisual comerciales locales, entendiendo por tales a las emisoras de radio y televisión comerciales de alcances barriales o ubicados en localidades ubicadas fuera del área metropolitana. Es decir que aquí tenemos dos previsiones, ya que, por un lado decimos que hay radios que son audiovisuales –no sé si las radios son audiovisuales; me hace ruido que una radio sea audiovisual ya que debe ser más audio que visual, pero dejemos de lado ese detalle que es más propio para la Real Academia Española que para mi desconocimiento– y, por otro, definimos los audiovisuales comerciales y no los comunitarios. Además, separamos los audiovisuales comerciales locales de los que no lo son. Y decimos «estará destinado», pero luego se expresa que se van a asignar los recursos mediante concursos públicos, abiertos, transparentes y nos discriminatorios. ¿Y cuáles son los criterios para asignar esos recursos? No se dice cuáles son los criterios: la cantidad de gente a que se llega, el proyecto en sí, el proyecto de interés comunitario o de interés social, entre otras cosas. Uno pensaría que debería haber algún tipo de criterio ahí, pero no hay.

SEÑOR SARAVIA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: para culminar quiero mencionar las observaciones realizadas por la Ursec.

En cuanto a la inclusión de los municipios en el artículo 1.º, creo que el tema está claro.

A su vez, se quieren dejar fuera las campañas de bien público, cosa con la que no estoy de acuerdo. Las campañas de bien público se han transformado en campañas publicitarias de la presidencia, del partido de gobierno, sin duda. Me vienen a la memoria los avisos que están apareciendo en la prohibición de la veda en la que aparecen algunos candidatos hablando de su propuesta y, con letra chiquita, abajo, aparece información de que tal día hay un acto en tal lado. No sé cómo no lo controlamos.

En cuanto al literal D) del artículo 4.º, se propone una excepción que diga que quedan exceptuadas las donaciones de trasmisores u otra infraestructura de emisión que realicen el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, así como la donación de montos fruto de fondos concursables y destinados a capacitación de integrantes del sector de telecomunicaciones. Esta prohibición de donación me hace mucho ruido. ¿Qué pasa si un medio de comunicación resuelve donar dinero cuando hay una catástrofe como la de Dolores? ¿Le vamos a decir que no se lo podemos aceptar? ¿Qué sucede si resuelven donar minutos al Estado para ese tipo de cosas? ¿O si hacen campañas de donación, recaudan y luego hacen entrega de lo recibido a quienes sufrieron las inundaciones? Me hace ruido que eso no se pueda hacer.

No coincido con el cambio que se propone al final del artículo 6.º, ya que quieren dejar afuera algunas cosas.

La Ursec reclama ser ella la administradora del fondo y no el Consejo de Comunicación Audiovisual. También pretende sustituirla en una cantidad de tareas.

En definitiva, al momento de votar el proyecto de ley –si llega a votarse en bloque– vamos a acompañar una gran cantidad de artículos, pero no algunos otros por los motivos ya expuestos.

Muchas gracias.

15) SOLICITUDES DE LICENCIAS E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales por los días 11 y 12 de setiembre del corriente.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el suplente respectivo, señor Alejandro Draper, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004 –por razones particulares– para el día miércoles 11 de setiembre.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Pablo Mieres. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Iván Posada, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) PUBLICIDAD OFICIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del primer punto del orden del día.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: estamos escuchando con mucha atención los argumentos aquí expuestos, que han sido escasos, a efectos de poder clarificar muchos de estos artículos. En la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado nos representa el senador Delgado, quien por distintos motivos no se encontraba en sala –aunque acaba de llegar–, y por esa razón habíamos pedido un cuarto intermedio para analizar muchos de estos artículos. Quizás molestemos al Senado con un nuevo cuarto intermedio para poder fijar una posición definitiva respecto a este proyecto. De todas maneras, queremos aprovechar esta instancia en el plenario para despejar las dudas que tenemos en la bancada. Repito: quizás muchas de ellas ahora podremos despejarlas con la presencia del senador Delgado. Lo importante es que quede constancia en la versión taquigráfica de cómo nos acercamos a este proyecto, que nos genera muchas dudas.

En primer lugar, por lo que sabemos el proyecto estuvo mucho tiempo en comisión y de golpe se plantea su aprobación como una necesidad urgente. Lo cierto es que se trata de temas delicados, porque podemos estar haciendo una macana en cuanto a la instrumentación de algo que queremos desde hace mucho tiempo. El tema es que al final del último período –creo que definitivo– del Frente Amplio se llega a este proyecto de ley cuando no ha regido nada al respecto durante quince años de administración frenteamplista. Es bastante raro el apuro.

En segundo término, acá sobrevuela la ley de medios, porque hay instrumentos que se nombran en la iniciativa con los que estamos frontalmente en contra. Hemos estado en contra en la votación, e incluso con los organismos que, a nuestro juicio, no ayudan a que el Uruguay tenga una buena ley de medios como se merece, a tal punto que el Consejo de Comunicación Audiovisual, que se reitera en mucho de estos artículos, no está constituido ni va a estarlo. Por consiguiente, tengo que hacer este razonamiento: ¿por qué el apuro para aprobar un proyecto de ley –que es necesario para el país– que hace tanta referencia al Consejo de Comunicación Audiovisual cuando tenemos un fuerte enfrentamiento sobre la ley de medios? ¿A razón de qué el Gobierno y la bancada oficialista apuran este proyecto de ley –que tiene aspectos positivos que voy a mencionar– cuando en realidad se trata de letra muerta, de un trabajo y un esfuerzo que estamos haciendo al santo botón, porque no tiene posibilidades de instrumentarse? Sería lógico pensar que este proyecto podría quedar como un compromiso partidario para el comienzo de la próxima legislatura, porque esta termina en cuatro días.

Más allá del tema del Consejo de Comunicación Audiovisual, estamos en contra de toda la ley de medios, como ya lo ha reiterado el senador Delgado en distintas oportunidades, y si fuera el caso que tuviéramos la suerte de gobernar el país, ¡la vamos a derogar! Esa será una de las primeras leyes que vamos a derogar, pero con la actitud de hacer las cosas con tranquilidad, sin imponer la opinión de la mitad del país sobre la otra. Ese es el pecado original de la ley de medios: la imposición. Esto hace a nuestra convivencia, a la discusión política, a las garantías de libertad que debemos tener. O sea que no se trata de un tema menor.

La derogación no va a ser para ponernos en contra de lo hecho, sino para negociar algo que exceda las mayorías circunstanciales que se puedan tener en el futuro Parlamento y para que todos estemos seguros de que hay continuidad, porque lo peor que le puede pasar a una norma de este tipo es que no tenga continuidad en el tiempo. En estos temas nos tenemos que poner de acuerdo todos los partidos políticos y ese es el criterio con el que debemos abordar una ley de medios, pero los preconceptos y las suspicacias nos han llevado a estar en la vereda de enfrente. En ese contexto llega este proyecto y lo primero que dice –y coincidimos en esto con el senador Bordaberry– es que la disposición de la ley obliga a todas las personas públicas estatales y no estatales, nacionales, departamentales y municipales.

En fin, hay un informe, una observación de la Ursec que dice que los municipios no son personas públicas, sino que son parte de la persona pública Gobierno departamental. Creo que complica que se incluya a los Gobiernos departamentales, y más si se habla de personas públicas que no son personas públicas, sino parte integrante de los Gobiernos departamentales. Por lo tanto, a lo largo de estos artículos hay referencias al Gobierno central, pero como se busca que el proyecto sea tan abarcador, se generan complicaciones porque, como recién señalaba el señor senador Bordaberry, en algunos artículos se elimina la mención a los Gobiernos departamentales, pero en otros se los incluye. De alguna manera podríamos establecer un criterio diferente para tener las mayorías especiales que se precisan, porque de lo contrario se está lesionando la autonomía departamental.

El artículo 2.º tiene como nomen iuris «Definición» y dice: «La publicidad oficial es un medio a emplear por los sujetos indicados en el artículo 1.º de la presente ley para cumplir sus cometidos, informar a la población y facilitar el acceso a la información a los interesados en obtenerla». Y a continuación hay una frase muy difícil de definir, que dice: «La información que trasmita la publicidad oficial debe ser veraz […]». ¿Quién determina la veracidad de la información? ¿A juicio de quién? De quien la da. Continúa diciendo: «objetiva […]». ¡Ah!, tiene que ser objetiva. ¿Y quién establece la objetividad de la información en este caso? Luego dice: «clara, transparente […]». ¿Después me podrán explicar qué quiere decir «información transparente»? Continúa diciendo: «necesaria […]». ¿Quién juzga si es necesaria o no? Para mí no es necesaria toda la publicidad que está haciendo el Gobierno en la actualidad. Ahora, ¡andá a quejarte al cuartito!, porque ¿cuál es el medio por el que nosotros podemos controlar esta situación? También establece que debe ser «oportuna y relevante para aquellos a quienes se dirige». Entonces, señora presidenta, entramos en un campo de generalidades en el que nada se dice y nada se concreta, ¡y estos son artículos de una ley!

¿Qué pasa mañana si nosotros, desde esta banca, creemos que la publicidad oficial no es veraz? ¿Quién establece la veracidad de una publicidad? Además, esto no puede escapar a la necesidad de que el Estado comunique a la población temas que son de interés general, como por ejemplo una futura campaña de vacunación. Pero el límite no está definido porque no es una campaña; y más adelante se dice lo que es publicidad de una campaña. También cuestionamos por qué entes autónomos y empresas del Estado que son monopólicas, ¡que no tienen competencia!, gastan en publicidad. ¡¿Cuál es la razón?! Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de discutirlo; quizás haya alguna razón que nosotros no advertimos. ¡No tienen competencia! y generan una cantidad de gastos, como vimos hasta el cansancio en la comisión investigadora sobre Ancap. ¡Hasta le dieron una radio a un compañero del Frente Amplio en Quebracho como colaboración anticipada por publicidad para que comprara los equipos porque no tenía la plata para comprarlos! Eso ahora está en la Justicia. ¡Y también vimos todo el escándalo que se vivió en esta sala producto de la selección de la empresa de publicidad de Ancap, sin antecedentes y cuestionada por todas las empresas de publicidad del país! Entonces, señora presidenta, eso no lo entendemos.

Después, en el capítulo «Principios y Transparencia», el proyecto habla de los principios. El artículo 5.º, «Principios», dice: «La contratación de publicidad oficial se regirá por los principios de interés general, veracidad, imparcialidad, objetividad, claridad en el mensaje, profesionalidad, libre acceso a la información, transparencia, publicidad de los actos de gobierno, eficiencia» –y acá está la palabra que redondea todo esto– «y austeridad...». ¡¿Cómo, señora presidenta?! Llama la atención e, incluso, genera risa. Todo este gasto ¡enorme! en publicidad que ha hecho el Estado frenteamplista, el Gobierno de izquierda, que a lo largo de quince años ha derrochado plata sin tasa ni medida, termina con un artículo que habla de eficiencia y ¡austeridad! ¿Me están tomando el pelo con el proyecto de ley? ¿Me están tomando por tonto? ¡Hemos cuestionado duramente estos gastos de publicidad oficial! Una de las medidas de austeridad que tomó el ministro de Economía y Finanzas cuando se le dispararon los números una vez más y no podía controlar el déficit fue cortar la publicidad de las empresas públicas. O sea, la medida para ahorrar que tomó el ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, fue cortar la publicidad de las empresas del Estado, y acá me dicen que es por austeridad. Es increíble, ¿no?

El artículo 10 no lo entiendo, quizás alguien me lo pueda explicar, porque vuelvo a decir que vamos a pedir un cuarto intermedio para ver qué fue lo que se nos dijo y analizar cómo podemos votar, algo que en algunos casos no parece posible. Este artículo, «Asesoramiento», dice: «Para asegurar la profesionalidad en la contratación de la publicidad oficial, en aquellos casos en los que se requiera el procedimiento de la licitación pública, los sujetos obligados por esta ley» –que son todos– «que la realicen recabarán el asesoramiento para la creación y el diseño de los mensajes publicitarios y el de la planificación de medios necesaria para su difusión». ¿Es necesario establecer esto en un artículo? Cuando uno contrata una empresa de publicidad por licitación, ¿no viene el análisis, la creación y el diseño de los mensajes publicitarios y la planificación de los medios? ¡¿Lo tiene que hacer antes otro profesional?! ¡¿Eso es para seguir siendo austeros?! O sea, se requiere el asesoramiento profesional para poder contratar y después el de la empresa publicitaria.

El artículo 11 es el que más nos gusta porque ha sido reivindicador para nosotros. Permanentemente, desde hace muchos años, en esta casa y en la Cámara de Representantes, los legisladores del Partido Nacional hemos insistido hasta el cansancio sobre la necesidad de que la publicidad oficial sea equitativa con respecto a la utilización de los medios de comunicación del interior. O sea que miramos con buenos ojos que este artículo establezca: «… deberá destinarse al menos un 30 % (treinta por ciento) del monto de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación u otras localidades del interior del país». Después hay un inciso, que refiere a si estos medios tienen la planta de emisión en el interior o en la capital, que no tiene mucho sentido. Y finalmente establece: «La asignación del 30 % (treinta por ciento) de la publicidad precedentemente indicado, deberá realizarse de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 9.º de la presente ley».

La pregunta que me hago al leer este artículo –por lo menos yo; quizás esté equivocado, pero la hago en sala para ver si me ayudan a razonar– es la siguiente. Al incluir a los Gobiernos departamentales en el artículo 1.º, si mañana la Intendencia de Montevideo hace una propaganda para los montevideanos y para esa publicidad oficial usa medios de alcance nacional, ¿debe poner el 30 % en el interior? Si el ingeniero Martínez mañana fuera reelecto como intendente de Montevideo y quisiera transmitir un mensaje a los montevideanos, como para ello debería usar los medios nacionales, de acuerdo con este proyecto de ley ¡¿tendría que disponer del 30 % de lo que destinaría a esos medios para distribuir también en Artigas los dineros de los montevideanos?!

Quizás yo esté equivocado, señora presidenta, pero este proyecto es tan liviano, tan falto de estudio, tan falto de tiempo, tan poco dedicado, que seguramente estemos cometiendo errores. Y mire que yo estoy de acuerdo con el artículo 11, ¡pero no con incluir a los Gobiernos departamentales! ¡Deberíamos hablar solo del Gobierno nacional!, porque este proyecto habla de la propaganda oficial de alcance nacional, pero no distingue si es de Ancap, del Ministerio de Educación y Cultura o del Gobierno de Canelones. No está distinguiendo el origen de los fondos, sino que establece que la propaganda oficial de alcance nacional deberá destinar ese 30 %. Si no estuvieran incluidos los Gobiernos departamentales en el artículo 1.º, no habría problema, señora presidenta; pero como lo están, uno tiene que preguntarse lo siguiente: si mañana la Intendencia de Tacuarembó quiere promover a nivel nacional algún evento, como puede ser la Fiesta de la Patria Gaucha, y utiliza los medios de comunicación de alcance nacional, ¿tiene que dar a otros medios el 30 % de lo que va a gastar?

¡Hay muchas dudas! Espero tener alguna respuesta de esto porque se trata de tener claro lo que se va a votar.

El artículo 12 establece que el 3 % del monto total del presupuesto de la publicidad oficial irá a un fondo –lo ha cuestionado el señor senador Bordaberry y coincido con él– cuya administración corresponderá al Consejo de Comunicación Audiovisual. ¡Es mucha plata que va a ir a un organismo que no existe y no va a existir! ¡Un 3 % del presupuesto quedará en un espacio virtual porque no existe el destino!

El artículo 17 indica que: «El Consejo de Comunicación Audiovisual, en atención al artículo 11 de la presente ley, tendrá los siguientes cometidos:

[…]

1) Encuestas anuales de alcance nacional, departamental y municipal sobre lectorías, cobertura y penetración de los medios gráficos.

2) Encuestas anuales de alcance nacional, departamental y municipal sobre cobertura…».

¿Estos gastos en encuestas son para ser austeros?

En fin, señora presidenta, esto se suma al artículo 20, que el Partido Nacional no acompañó en la Cámara de Representantes. Si no me equivoco, no acompañamos los artículos 7.º, 13 y 20. Por supuesto, respeto el sistema bicameral; me llevo mucho por lo que han hecho los compañeros en la Cámara de Representantes y trato de votar en consecuencia, coordinadamente, pero tengo muchas más dudas sobre este proyecto de ley, por lo que antes de la votación en general voy a pedir un pequeño cuarto intermedio para poder analizar las respuestas que seguramente voy a tener a todas las dudas que he planteado.

El único artículo que me convence –lo digo en forma personal– es el 11. De los veintiún artículos del proyecto, el único que me convence es el 11, que es el que nos ha llevado a mirar esto con otros ojos, porque es histórica la reivindicación que el Partido Nacional ha hecho respecto a que la comunicación de carácter oficial no se haga con criterios montevideanos, pues muchos medios, sobre todo los alejados de la capital, merecen y deben tener una propaganda oficial para poder difundir las campañas de interés general que hace el Estado en distintos rubros. Pero en este artículo hay que sacar la referencia a los Gobiernos departamentales o redactar un artículo diferente para ellos.

Señora presidenta: con estas dudas vamos a ir terminando nuestra intervención. Seguramente vamos a escuchar algún comentario que nos pueda aclarar, quizás, que es una mala interpretación la que hemos hecho hoy sobre el alcance a los medios del interior y la obligación con los medios de prensa de alcance nacional, pero es una duda muy grande que tenemos y creemos que votarlo así sería un error.

Espero que este proyecto de ley no sea simplemente tribunero. ¿Qué quiero decir con esto? Cumplir con la tribuna: «Miren: votamos un proyecto de ley que busca dar el 30 % de la publicidad oficial a la prensa del interior», ¡al fin del período! Luego de quince años de desatenderla, en el último año, a cuarenta y ocho días de la elección nacional, votamos un proyecto de ley que otorga a las radios y medios de prensa del interior lo que han reclamado desde hace treinta años. ¡Se lo damos al fin del período! ¡A cuarenta y ocho días de una elección! Esto lo señalaba el señor senador José Carlos Cardoso cuando hizo uso de la palabra.

¡No es conveniente el momento en que lo estamos haciendo! Los apuros no son convenientes, como tampoco es conveniente la imposición con respecto a la ley de medios, que es una ley que no se va a poder poner en práctica –¡ojalá así sea, como producto de que en las urnas se puedan cambiar las mayorías y el propio Gobierno!–, y no es conveniente hacer un proyecto de ley simplemente para cumplir con la tribuna, cuando en realidad no se puede instrumentar porque el Consejo de Comunicación Audiovisual no está vigente ni hay voluntad de la Asamblea General de generar las mayorías necesarias para que pueda ser nombrado. Es pour la galerie; es para la tribuna. Espero que no sea un proyecto de ley tribunero para cumplir, cuarenta y ocho días antes de la elección, con los medios del interior que claman y reclaman, con derecho y con razón, que la publicidad oficial también alcance a los medios locales del interior.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Quiero solicitar un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 12:12).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 12:29).

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: vamos a proponer que este proyecto vuelva a comisión, y haremos algunas puntualizaciones para fundamentar la moción.

Este proyecto de ley llegó a la Cámara de Senadores con media sanción y fue aprobado por unanimidad, aunque con algunas salvedades. Nosotros entendemos que se hizo todo un trabajo previo –intentamos puntualizarlo en el informe inicial– con organizaciones sociales y se lograron ciertos consensos respecto al fondo de la cuestión, que es lo que nos compete; me refiero a la regulación de la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial. Además, consideramos que está bien que esto cuente con un amplio consenso desde el punto de vista político y social.

Por otra parte, como bancada del Frente Amplio creemos –y así lo expresamos en el informe– que esos matices que fueron planteados por organismos del Estado y por otras organizaciones debían ser contemplados. Esto se podría haber hecho a través de la reglamentación, pero en este caso entendimos que muchas de esas puntualizaciones debían ser tenidas en cuenta para contar con el consenso tan necesario en relación con un tema tan relevante y de tanta sensibilidad, compartida por todos los integrantes de la comisión.

Debo decir que los tiempos que corren menguaron la participación en la comisión, pero varios de los colegas que la integran conocen muy de cerca la situación de los medios –en especial los del interior– en relación con este tema, que durante muchos años se manejó sin regulación alguna. En realidad, todos estamos de acuerdo con la regulación y por eso hemos resuelto proponer que se pueda volver a trabajar sobre este asunto en la comisión. Creo que podemos y debemos hacerlo, en atención a muchos de los argumentos de fondo que aquí se plantearon y que tienen que ver con la necesidad de regular la asignación de la publicidad.

En consecuencia, como bancada estamos de acuerdo y planteamos que el asunto vuelva a comisión, siempre que nos comprometamos, más allá del tiempo electoral, a trabajar para lograr los consensos necesarios y aprobar una buena ley, que contemple todas las puntualizaciones.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción de orden presentada por la señora senadora Lazo.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, el proyecto vuelve a comisión.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: obviamente, como pedí la palabra para fundamentar el voto, el tiempo es escaso; por eso vamos a hablar sobre lo que nos une. No sé si lo han escuchado, pero para nosotros es importante hablar sobre lo que nos une, que en este caso tiene que ver con el objetivo de este tema, que va en la dirección correcta en cuanto a disponer el reparto de la publicidad estatal –con el sustento correspondiente– entre los medios del interior del país, atendiendo a un tema de equidad y justicia. En eso estamos de acuerdo y así lo dijimos en la comisión. El proyecto de ley se votó con salvedades –al menos el Partido Nacional así lo hizo–, pero por la vinculación con otros artículos que, como dijeron otros señores senadores de la oposición, a nuestro juicio son inconstitucionales. Incluso, hay algunos que tienen una redacción absolutamente impracticable, que desvirtúa el objetivo inicial y, es más, complican su concreción. Obviamente, la ayuda a los medios de comunicación, que es parte esencial de la democracia, no solo tiene que ver con el tema de la publicidad oficial –que hay que determinar si es en monto o en pauta, porque no siempre es lo mismo, y no queda claro en el proyecto aunque fue uno de los puntos discutidos–, sino también con los instrumentos que el Estado da para que esos medios, que cada vez tienen menos recursos, puedan funcionar. Y acá ingresa a la discusión el tema de la ley de medios, porque hay una comunicación que se hace por una vía lateral –como la digital, entre otras– que no podemos regular.

La reforma tributaria del 2007 exoneró de aportes patronales a los diarios; la Intendencia de Montevideo quitó la exoneración de los impuestos departamentales a los diarios de Montevideo, pero todas las intendencias del interior la mantuvieron para los diarios del interior. Esto –que no es solo un tema de publicidad– tiene que ver con una política de apoyo integral a la sustentación de los medios de comunicación nacionales, tanto de Montevideo –de alcance nacional–, como del interior –con alcance local o regional–, lo que para nosotros es imprescindible.

Creo que es muy sabia la propuesta de la señora senadora Lazo, presidenta de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, en cuanto a que este tema vuelva a comisión, por lo que la compartimos y acompañamos. En realidad, a fin de que este proyecto de ley logre una mejor redacción y podamos llegar a un consenso en cuanto al objetivo buscado, que apoyamos, considero que lo mejor sería proceder tal como lo hicimos en el caso de la ley de medios y procurar que en diciembre, una vez pasado el período electoral, podamos trabajar para aprobar una ley que cuente con todo el apoyo de los partidos políticos en una nueva realidad nacional.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: quiero destacar como una medida digna de respaldar la que se ha propuesto en el sentido de enviar este proyecto de ley nuevamente a comisión. Y lo digo al amparo de lo que pensaba expresar en la discusión del tema.

En la sesión del 4 de junio de 2003 –cuya versión taquigráfica leí–, el señor senador Larrañaga realizó en este Cuerpo una exposición de treinta minutos referida a los medios de comunicación. Aquella exposición se titulaba: «Los medios de comunicación social uruguayos: la crisis menos comunicada». En esa oportunidad no solo hizo uso de la palabra el senador Larrañaga, sino también los entonces senadores Singer, Millor y Korzeniak, entre otros. Incluso, el senador Korzeniak aludía en ese momento a la actual senadora Xavier, que en la hora previa de una sesión anterior había señalado la oportunidad de trasladar el tema a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. En la mencionada sesión del 2003 se presentó la propuesta de crear una comisión especial, compuesta por nueve miembros, a efectos de estudiar el tema, y esto fue respaldado por todos los partidos políticos. Sin embargo, es evidente que esa propuesta no tuvo ningún resultado, porque más de quince años después volvemos a plantearlo.

Me animaría a decir que hay un interés general de reconocimiento de una situación muy difícil que viven 370 medios de comunicación de todo el país –que involucran a 3000 trabajadores–, que llegan a más de la mitad de la población. A mi juicio, esto tiene que ver, fundamentalmente, ya no con un desafío puntual como el que hoy se plantea, sino estructural, vinculado a un tema conceptual. El interior tiene sus características, pero no es exacto referirse a «el interior» como si fuera una unidad idéntica en todos los departamentos, porque cada región tiene sus elementos referenciales propios, con tradiciones e identidades propias, y lo mismo sucede en cada uno de los departamentos, en sus capitales, en sus pueblos, en sus villas. A mi entender, más que un desafío tenemos por delante un riesgo, pues de mantenerse este rumbo de vorágine avasallante de la tecnología –que es parte del mundo y es difícil revertirlo–, es casi inevitable la desaparición de un importante número de estaciones de radio y televisión, así como de medios escritos, con la consiguiente pérdida, no solamente de los puestos de trabajo, sino también de cultura, lo que sería gravísimo.

Por lo tanto, pensamos que el tema conceptual que encierra la propuesta amerita un trabajo mucho más profundo, que sume lo planteado por el señor senador Delgado en cuanto a la técnica legislativa, pero también los aspectos de constitucionalidad que claramente –con la elocuencia que lo caracteriza– advertía el señor senador Bordaberry al inicio de la discusión. Pero, además, se debe tener presente la situación a la que he hecho referencia, que en el 2003 fue un desafío compartido por senadores de distintas bancadas y que hoy es un tema de una gravedad estructural que requiere de la pertinente participación de todos.

Simplemente, entonces, quiero decir que con beneplácito apoyo la propuesta planteada por la señora senadora en cuanto a que este tema vuelva a comisión.

17) EJERCICIO TANQUE 2019

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1406/2019: proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea argentina, con la finalidad de realizar el ejercicio Tanque 2019, entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019)». (Firman los señores senadores Castillo, Bordaberry y Saravia).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea argentina, con la finalidad de realizar el ejercicio Tanque 2019, entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019). (Carp. n.º 1406/2019 - rep. n.º 950/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: por medio de las leyes n.OS 18178, 18351, 18575, 18675, 18799, 18887 y 19209, el Parlamento ya ha autorizado estos ejercicios –que son habituales– entre la Fuerza Aérea uruguaya y la Fuerza Aérea argentina.

Este proyecto de ley autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personas pertenecientes al personal superior y una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea de la República Argentina, a fin de realizar el ejercicio Tanque 2019 entre las fuerzas aéreas de ambos países, entre el 14 y el 18 de octubre del año 2019 –con una fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre del corriente año–, en el área de la terminal de Durazno.

El referido ejercicio consiste en calificar y rehabilitar tripulaciones en reabastecimiento de combustible en vuelo, con el empleo combinado de aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea argentina y la Fuerza Aérea uruguaya. Dado que nuestra fuerza no cuenta con una aeronave que reúna las características específicas para este tipo de maniobras de recarga en vuelo, resulta indispensable la presencia de una aeronave de la Fuerza Aérea argentina que cumpla con los requisitos necesarios para efectuarlas.

Entre los objetivos del ejercicio Tanque 2019 –como sabe el Parlamento nacional– se destacan: calificar y entrenar tripulaciones uruguayas en operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo; establecer los procedimientos operacionales, tácticas y técnicas comunes necesarias para la ejecución de este tipo de operaciones combinadas y adiestrar al personal del Comando Aéreo de Operaciones de la Fuerza Aérea uruguaya y del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea argentina en actividades de planeamiento de operaciones aéreas combinadas.

Lamentablemente, esta iniciativa no pasó por la Comisión de Defensa Nacional pero, obviamente, los señores senadores comprenderán que estando tan próximos al domingo 15 de setiembre –que es el inicio del receso parlamentario–, fue necesario recurrir a esta vía para que hoy o mañana la Cámara de Representantes la pueda sancionar y así permitir la realización de estas operaciones, que son muy importantes. Recuerdo que en un sinfín de oportunidades el Parlamento procedió de este modo: aprobando.

Por lo tanto, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, en atención al tiempo que resta para el inicio del receso parlamentario.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizar el ingreso al territorio nacional de hasta tres (3) Personal Superior y una (1) aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de realizar el Ejercicio “TANQUE 2019”, entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

18) JUAN PABLO TERRA

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1408/2019: Proyecto de ley por el que se designa Juan Pablo Terra la sala n.º 16 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo». (Firman los senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se designa Juan Pablo Terra la sala n.º 16 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo. (Carp. n.º 1408/2019 - rep. n.º 951/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase “Juan Pablo Terra” la Sala Nº 16 del Edificio “General José Artigas” del Poder Legislativo».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

19) CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA ITALIANA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, Y SU PROTOCOLO

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Solicito que se altere el orden del día y se pase a considerar de inmediato la carpeta n.º 1355/2019, que figura en octavo término, por el que se aprueba un convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, tema que informará el senador Baráibar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, y su protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1.° de marzo de 2019. (Carp. n.º 1355/2019 - rep. n.º 944/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Gracias, señora presidenta.

Quisiera comenzar diciendo algo muy breve. Inmerso en este contexto, el CDI con Italia se puede definir como un tratado de última generación, que involucra todas las medidas tendientes a hacerlo totalmente compatible con los principios sostenidos por el país, con sus intereses políticos y económicos, y con los compromisos asumidos con la comunidad internacional.

Esta es la valorización global del presente convenio, pero detrás de él hay una larga historia con relación a los tratados que intentan evitar la doble tributación y permiten el intercambio de información.

El Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal es uno de los cuarenta y tres convenios que Uruguay ha celebrado desde 1991.

Informo a los señores senadores que en la comisión presenté un informe por escrito –que está incorporado al repartido que todos tienen en su poder–, que es una reseña global de toda esta materia. Incluso, para dar una idea de la importancia que tiene, en la página 57 de este material hay una tabla que sintetiza una información que cuesta mucho obtener, pero que hice el gran esfuerzo de conseguir, contando con la colaboración de la DGI para lograr un muy buen trabajo. Quisiera destacar la valiosa ayuda del contador Pablo Cabrera, asesor de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas; del contador Leonardo Bruzzone, asesor de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva, y del contador Fernando Serra, director de la Asesoría Tributaria del ministerio. Con ellos pudimos trabajar –ya lo habíamos hecho hace siete años, cuando tratamos el convenio con Argentina–, y a quien le interese el tema le recomiendo guardar esta síntesis. Este cuadro resume todo lo que se ha hecho desde 1990 a la fecha; si observan, verá que bajo el título Aplicable a impuestos desde, el primero dice 1991. Si bien algunos comenzaron antes, por ejemplo en 1987, la mayoría lo hizo en 1991. Me pareció importante que este informe –que, reitero, sintetiza toda la evolución del tema desde 1980 a 1991– estuviera en este convenio.

El tratado celebrado con Argentina en 2012 marcó una etapa muy importante. La primera parte del tratado la incorporé al informe y va desde la página 15 hasta la 35. Allí se describe la historia de todo lo que ha sido la evolución de la economía internacional, la globalización, las consecuencias que ha tenido la tributación y por qué se ha debido tomar iniciativas para aumentar el intercambio de información y evitar la evasión fiscal, fruto de los distintos tratados.

Luego, en la página 35 se hace una referencia a los Papeles de Panamá, que fue una investigación periodística que se basó en la filtración de 11,5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca que significó, de una vez por todas, la demostración de que este tema tenía una entidad y una significación sumamente importante.

A raíz de esta investigación se comprobó que durante la crisis de 2008 los bancos del primer mundo, de la OCDE y del G20, tuvieron que aportar dinero a otros bancos para reflotarlos y evitar su caída. Se trataba, precisamente, de bancos cuya tributación era mínima, ya que trasladaban sus impuestos a los paraísos fiscales. Eso provocó un cambio muy importante del que nuestro país ha estado participando activamente.

En la página 37 figura el plan de acción de BEPS lanzado por OCDE para combatir la doble imposición (erosión de la base imponible y traslados de beneficios). Se constató que las normas impuestas no eran eficientes, porque permitían que las empresas multinacionales, que están en la parte emisora y receptora, establecieran normas que les permitieran seguir tributando mínimamente.

El propósito de la convención multilateral –remitida por el Poder Ejecutivo en 2018– fue modificar los convenios para evitar la doble imposición suscritos por la república siempre que las contrapartes así lo deseen, adoptando los estándares mínimos dirigidos a contrarrestar el abuso de convenios y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos, y a su vez permitir a los Estados fortalecer sus convenios con otras medidas de carácter convencional adoptadas en el seno del marco inclusivo BEPS.

Este convenio establece normas muy precisas con relación a otras normas.

Entre tanto, nuestro país ratifica por la Ley n.º 19428, del 29 de agosto de 2016, una convención que establece el intercambio de información automática entre los Estados, que hasta ese entonces constituía un proceso trabajoso de habilitar. Así, pues, este convenio que Uruguay suscribe con Italia recoge esta información.

Ya mencioné que la comisión recibió el asesoramiento de los técnicos de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la página 49 del repartido se establece: «ASESORÍA TRIBUTARIA

Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Asunto: Antecedentes, contexto y medidas tributarias domésticas e internacionales de destaque, desde la fecha de entrada en vigor del AIIT con Argentina, hasta la firma del CDI con Italia».

Este convenio es el resultado de muchos años de trabajo, llevado adelante, fundamentalmente, por los contadores Fernando Serra, director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas; Pablo Cabrera, asesor de la Asesoría Tributaria del MEF, y Leonardo Bruzzone, asesor de la Asesoría Tributaria de la DGI.

Entre las páginas 49 y 56 de este informe se sintetiza todo el proceso que rápidamente acabo de describir, el cual termina con una enumeración de los convenios que se han suscrito hasta la fecha.

Básicamente, este es el informe que presenté en la Comisión de Asuntos Internacionales, que aprobó por unanimidad el proyecto de ley que hoy remite al Cuerpo con la recomendación de su aprobación, según la resolución del artículo único.

Era cuanto quería informar, señora presidenta y quedo sujeto a preguntas o comentarios que les merezcan a los señores senadores. De este tema podría hablar fácilmente durante dos horas…

(Interrupciones de varios señores senadores).

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor senador. Muy amable.

SEÑOR BARÁIBAR.- Dije que podría hablar, no que lo haría. Hablé durante quince minutos por respeto al Parlamento, a la última sesión y a los colegas parlamentarios. ¡Eso fue lo que dije!

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Apruébanse el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1º de marzo de 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

20) CASINOS EN CRUCEROS ATRACADOS EN AGUAS TERRITORIALES URUGUAYAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se extiende la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley n.º 13921, de 30 de noviembre de 1970, modificativas y concordantes, a los casinos que funcionan a bordo de los cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas que lleguen a puertos nacionales. (Carp. n.º 767/2017 - rep. n.º 939/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: el proyecto de ley a discusión del pleno es una iniciativa de la Administración Nacional de Puertos, y fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión, quienes me encomendaron su informe.

En primer lugar, cabe mencionar que la comisión recibió la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una nota enviada por el señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori; además, contó con la presencia del presidente y del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, señores Alberto Díaz y Juan José Domínguez, respectivamente, y del señor subsecretario del Ministerio de Turismo, licenciado Benjamín Liberoff.

Así como lo expresa el señor ministro de Economía y Finanzas en la nota enviada a la comisión, la importancia que tiene el crecimiento de la actividad turística para la economía nacional impone un permanente cuidado de las demandas y requerimientos que la industria del turismo supone.

Es de destacar –y es opinión de dicha secretaría de Estado– que los juegos de azar, particularmente en su modalidad de casino, son monopolio del Estado. Vale decir que, de acuerdo con la normativa vigente, cuando un crucero ingresa en aguas territoriales de nuestro país no puede mantener el servicio de casinos abierto. Los múltiples beneficios asociados a la prolongación del tiempo que estos cruceros puedan permanecer en Uruguay, entre ellos –y, principalmente– el potencial beneficio económico, determinan el planteo del proyecto de ley.

Hay dos circuitos diferentes de cruceros que nos comprenden: uno es Brasil-Argentina-Uruguay, y el otro es Argentina-Uruguay-Chile, aunque son las mismas empresas navieras de cruceros las que nos visitan. No hay demasiada competencia en los puertos, como puede darse en el caso de la carga. Son bienvenidos para todos, y las navieras quieren visitar más puertos, es decir que no hay competencia como existe en otros ámbitos. El objetivo es lograr un atractivo para que los barcos permanezcan más tiempo en Uruguay. Pensamos que una solución para esto –tanto en Montevideo como para los fondeados en Punta del Este– es permitir que los casinos estén abiertos, obviamente solo para los turistas que son pasajeros, no para el público en general.

Eso nos dejaría en igualdad con respecto a lo que recientemente aprobó, por ejemplo, Chile y una diferencia con los puertos argentinos.

Cuando uno analiza lo que hacen los cruceros, se da cuenta de que, obviamente, intentan rentabilizar al máximo su negocio y, entre otras cosas, se van rápido para hacer funcionar los casinos a bordo.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos manifestó en comisión que resultaba oportuno propiciar esta idea –teniendo en cuenta lo que se menciona en distintos foros–, para que los barcos atracados en Montevideo y los que fondean entre la isla Gorriti y la playa tengan la posibilidad de mantener sus casinos abiertos. En el momento en que realizó la propuesta se refería exclusivamente a Montevideo porque ese era su ámbito de competencia, pero cuando el tema pasó al ministerio se entendió bueno que no solo comprendiera a los barcos atracados en Montevideo, sino también a los fondeados.

Con este proyecto de ley se pretende, entre otras cosas, que los cruceros recojan pasajeros acá. En ese caso, el barco permanecería un día entero, lo que tendría un efecto mayor porque la gente vendría en avión y se quedaría en un hotel para esperar; es decir, se alargaría la estadía del crucerista donde tenga que abordar el crucero. Si bien se apuesta a eso y a tener una terminal de cruceros –entre otras cosas–, el objetivo es ampliar las horas de estadía del crucero.

Se trata de una operación estratégica. La inauguración, hace cinco años, de la terminal aérea de Carrasco permitió llevar adelante una acción con las compañías para que Montevideo se transforme en un puerto de recambio de cabinas.

Normalmente los cruceros arriban a las ocho o nueve de la mañana, y se van a las dos de la tarde y aproximadamente a las cuatro de la tarde. El recambio implica que se pueda vender precrucero y poscrucero. Por eso muchas veces en Asunción, en Porto Alegre, en Córdoba –más allá de nuestro propio mercado–, donde se venden los recambios de cabina, algunas empresas realizan alrededor de once o doce paradas en Montevideo y sus naves cuentan con una capacidad de entre 3000 y 3200 pasajeros, por lo que tienen entre 280 y 350 cabinas por parada, que recambian en Montevideo. Esto ha sido muy importante, a tal punto de iniciarse el proceso de mudanza por parte del ministerio para cambiar la sede. El puerto está bastante tensionado y por esa razón se procede a hacer la mudanza en este momento. Esto reafirma que el tema de los cruceros es estratégico para el Uruguay, y no implica simplemente un tránsito de pasajeros.

En síntesis, a través de este proyecto de ley se pretende lograr una estadía más larga de los cruceros en nuestro territorio –llegando, en algún caso, a las veinticuatro horas–, para que los turistas puedan realizar otro tipo de paseos y ver diferentes espectáculos culturales; en definitiva, se trata de difundir mejor a Uruguay y, a su vez, de mejorar los ingresos indirectos de la actividad de cruceros.

A esos efectos, la Administración Nacional de Puertos sugiere permitir que los casinos de a bordo abran con un horario prestablecido para mejorar los indicadores de ingresos del buque y de las empresas directas por la estadía, además de los ingresos indirectos por el gasto en tierra. Los ministerios de Turismo y de Economía y Finanzas son contestes en lo propuesto.

Por último, el proyecto de ley consta de un solo artículo que extiende la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley n.º 13921.

Por lo anteriormente expuesto, recomendamos al Cuerpo su aprobación.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 1.º.- Extiéndese la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley Nº 13.921 de 30 de noviembre de 1970, modificativas y concordantes, a los casinos que funcionan a bordo de los cruceros oceánicos atracados en aguas territoriales uruguayas que lleguen a puertos nacionales.

El Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad precedente, estableciendo un horario restringido para el funcionamiento de los casinos de a bordo exclusivamente destinados a sus pasajeros».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

21) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala


De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales por el día 10 de setiembre.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alejandro Draper, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

22) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: formulo moción para que se prorrogue por treinta minutos la hora de finalización de la sesión a los efectos de considerar otros proyectos de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

23) LUIS EDUARDO RAMOS DE LUCÍA. PENSIÓN GRACIABLE

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Laborales relacionado con un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa correspondiente a los efectos de otorgar una pensión graciable al señor Luis Eduardo Ramos de Lucía. (Carp. n.º 1378/2019 - rep. n.º 935/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.-En discusión.

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Gracias, señora presidenta.

La Comisión de Asuntos Laborales, por unanimidad, aprobó una minuta presentada por el señor senador Heber a los efectos de contemplar el planteo –por sobre todas las cosas, con un hondo contenido humano– de otorgar una pensión graciable al exfutbolista Luis Eduardo Ramos de Lucía, que está por cumplir ochenta años de edad, que en los últimos tiempos ha sufrido algunos golpes familiares y ha vivido una serie de hechos que hacen que merezca esta pensión graciable. Por ende, de acuerdo con lo considerado por el señor senador, y con el análisis y coincidencia de la propia comisión, efectivamente nos sumamos al planteo. Esa es la línea argumental que nosotros compartimos plenamente.

Obviamente, muchas personas tienen historias de vida, pero lo que se plantea aquí como base argumental, tanto por parte del señor senador Heber como de la propia comisión, nos hace aconsejar al pleno la aprobación de esta pensión graciable.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la minuta de comunicación.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Se solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien tomar la iniciativa correspondiente, de acuerdo a lo que dispone el artículo 86 y numeral 3) del artículo 168 de la Constitución de la República, sobre el proyecto de minuta de comunicación presentado por el señor Senador Luis A. Heber, para que se otorgue una Pensión Graciable al señor Luis Eduardo Ramos de Lucía.

Se remite copia del proyecto mencionado, a los efectos que entienda pertinentes».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- De forma breve, quiero simplemente agradecer al Senado y a la comisión que hayan acompañado esta solicitud.

Es un tema humano. Estamos hablando de una persona que ha sido mundialista, un jugador de fútbol, un hombre que ha tenido una vida dura. Ojalá que el Poder Ejecutivo lo apruebe y rápidamente nos mande la pensión graciable para hacer justicia con alguien que le dio tanto al deporte nacional.

Agradezco al Senado, a la comisión y, por supuesto, al miembro informante por las palabras que ha expresado sobre el caso.

Muchas gracias.

24) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra por una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: solicitamos que el asunto que figura en el numeral quinto, que será informado por el señor senador Martínez Huelmo, sea tratado a continuación, y posteriormente que los asuntos que figuran en sexto y undécimo término sean informados por el señor senador Baráibar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada por el señor senador Castillo.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

25) ACUERDO RELATIVO A LA TASA CONSULAR Y A LOS COMPROMISOS REFERIDOS A LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE CHILE

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo relativo a la tasa consular y a los compromisos referidos a la certificación de origen digital entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, suscrito mediante notas reversales el 1.° de agosto de 2018. (Carp. n.º 1392/2019 - rep. n.º 945/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- El presente proyecto de ley, que consideramos muy importante, persigue la aprobación del Acuerdo relativo a la tasa consular y a los compromisos referidos a la certificación de origen digital, entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, suscrito mediante notas reversales el 1.º de agosto de 2018.

Las partes disponen que la nota del Gobierno uruguayo y la nota de confirmación por parte del Gobierno de la República de Chile constituyen un acuerdo entre ambos Gobiernos.

El acuerdo alcanzado presenta dos aspectos que es menester distinguir. Por un lado, refiere a la tasa consular regulada por nutrida legislación en Uruguay, y por otro, en materia de facilitación de comercio, refiere a la certificación de origen digital tratada en el marco del acuerdo de libre comercio entre ambas partes.

Con respecto a la tasa consular, la nota de nuestro país define: «La República Oriental del Uruguay aplicará a los bienes importados de origen o de procedencia chilena el mismo tratamiento otorgado a los productos amparados en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica n.º 18, suscrito el 29 de noviembre de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay».

Los antecedentes de este proyecto de ley se remiten a la Ley n.º 17296, de 21 de febrero de 2001, que reimplanta la tasa consular derogada por el artículo 473 de la Ley n.º 16226, de 29 de octubre de 1991. Luego, el artículo 236 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015, determina que será rentas generales el destino de lo recaudado por concepto de tasa consular, a aplicarse a las importaciones, y cuya cuantía será de hasta 2 %, calculada sobre el valor de aduana de los bienes importados.

La última disposición legal en esa materia es el artículo 265 de la Ley n.º 19535 de 25 de diciembre de 2017 donde se eleva a 5 % la cuantía a ser aplicada sobre el valor de aduana de los bienes importados en régimen general. Se fija como destino del mismo rentas generales y se debe asegurar –leo a continuación textualmente– «que se cubran los costos de implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio», que en Uruguay corresponde a la Ley n.º 19414, de 17 de octubre de 2013.

El mencionado artículo 265 de la Ley n.º 19535 también dispone la aplicación de la tasa a las importaciones de productos, amparadas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica n.º 18 –Mercosur– por una cuantía del 3 % calculado sobre el valor en aduana de los bienes importados.

Al mismo tiempo, se establece exceptuar la introducción de bienes al territorio nacional en régimen de admisión temporaria al petróleo crudo, a la importación de bienes de capital de uso exclusivo en la industria, en la agropecuaria y en la pesca.

Este artículo 265 de la Ley n.º 19535, de 25 de diciembre de 2017, en su último inciso dictamina: «A partir del 1° de enero de 2020, una vez culminada la implementación de los compromisos internacionales asumidos por el país, se faculta al Poder Ejecutivo a implementar para esta tasa una reducción de hasta 0,5 % (cero con cinco por ciento) por año hasta alcanzar una cuantía de 2 % (dos por ciento) para las importaciones en régimen general y hasta su eliminación para las importaciones en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 (MERCOSUR)».

Es menester señalar que las citadas notas reversales se sitúan como complemento del Acuerdo de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, establecido en la Ley n.º 19646, de 31 de julio de 2018. Estos instrumentos profundizan los vínculos económicos y comerciales entre ambos países. Por esa razón, nuestro país acordó aplicar a los bienes de origen chileno una tasa consular igual a la que aplique a sus socios del Mercosur en el marco del Acuerdo de Complementación Económica n.º 18. Por lo tanto, los productos de Chile que actualmente abonan 5 % en lo que refiere a la aplicación de la tasa consular en régimen general, pasarán a abonar 3 % en aplicación al Mercosur. La renuncia fiscal que ello implica está detallada en el cuadro ubicado en la página 18 del presente repartido, lo cual se traduce de la siguiente manera: si todas las importaciones que en el 2018 se realizaron por el Acuerdo de Complementación Económica n.º 35, entre Uruguay y Chile, pasaran a realizarse por el nuevo Acuerdo de Libre Comercio, el efecto de aplicar la tasa consular del Mercosur a Chile implicaría una renuncia fiscal de 1,8 millones de dólares.

En cuanto a la certificación de origen digital, las notas reversales que estamos tratando, de manera complementaria reconocen la plena validez y eficacia de la certificación digital de origen y, por lo tanto, los mismos efectos jurídicos que la certificación en formato papel con la firma autógrafa. Chile y Uruguay se comprometen a iniciar un plan piloto y a implementar el certificado de origen digital, a más tardar, un año después de suscribir estas notas.

Tal como nos informa el Ministerio de Economía y Finanzas desde su Dirección General de Secretaría y la Asesoría Política Comercial, por medio del certificado de origen digital se busca profundizar en los vínculos comerciales y facilitar el comercio entre Uruguay y Chile.

En el caso de Uruguay, el certificado de origen digital ya se encuentra en funcionamiento con Argentina y Brasil y ha producido una reducción de costos y tiempos para los exportadores e importadores. Sin embargo, como aún no se ha cumplido un año desde la vigencia del certificado de origen digital con los mencionados países, no se puede hacer una evaluación cuantitativa completa, pero vale destacar que una encuesta realizada por la ventanilla única de comercio exterior a operadores que utilizan el citado certificado de origen digital, ha detectado muchos beneficios.

A continuación, sintetizamos algunos de ellos. El certificado digital es casi automático. Una vez habilitado, se envía a destino cuyo tiempo de tardanza es de una o dos horas. El certificado base en papel necesita veinticuatro horas para llegar a frontera, pero para llegar a manos del importador puede demorar de seis a siete días, dado que acompaña la mercadería. Por donde se lo mire, son indiscutibles los beneficios para el comercio exterior que no admite demoras que incrementan los costos y, por ende, la posibilidad de malograr negocios.

Tal como lo define el Ministerio de Economía y Finanzas, la aplicación del certificado de origen digital tiene grandes ahorros en tiempo y costos, y eso facilita el comercio en tiempo real, tal como busca la normativa internacional que tantas veces hemos aprobado en el Senado de la república.

En consecuencia y ante los antecedentes, se entiende altamente conveniente aprobar el acuerdo mediante el mecanismo de notas reversales entre Chile y Uruguay, relativo a la tasa consular y a los compromisos referidos a la certificación de origen digital, en atención a los beneficios evidentes que signan los países interesados.

Para finalizar, señora presidenta, quiero agregar que lo relativo a las tasas consulares está en el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, es decir entre el continente europeo y América. De hecho, el otro día en la Comisión de Asuntos Internacionales decíamos que el acuerdo establece la eliminación del cobro de la tasa consular uruguaya y la tasa estadística argentina, luego de un período de gracia de tres años contados a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, que seguramente será tratado en la próxima legislatura. Me refiero al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En lo que tiene que ver con el acuerdo relativo a la tasa consular y a los compromisos sobre la certificación de origen digital entre Uruguay y Chile, la comisión por unanimidad recomienda su aprobación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo relativo a la Tasa Consular y a los compromisos referidos a la Certificación de Origen Digital, entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, suscrito mediante Notas Reversales, de fecha 1° de agosto de 2018».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

26) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS RELACIONADOS CON LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo oportunamente votado, se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, suscrito en Beijing, República Popular China, el 10 de setiembre de 2010. (Carp. n.º 1254/2018 - rep. n.º 946/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: efectivamente, el punto sexto del orden del día es el relativo a la aprobación del Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional.

En la exposición de motivos de este proyecto de ley se expresa que los cambios que se han producido en el último tiempo con la intensificación de actos ilícitos contra la aviación civil en todo el mundo hacen que sea de gran interés la adhesión a este convenio.

Por lo anteriormente mencionado, la comunidad internacional emprendió negociaciones para modernizar el marco legal en materia de seguridad aérea civil, ya que se considera necesario concretar esfuerzos para desarrollar políticas de cooperación como consecuencia del advenimiento de nuevos tipos de amenaza.

En consecuencia, tuvo lugar en Beijing durante el año 2010 la Conferencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por la que se adoptó este instrumento, que amplía y fortalece el marco antiterrorismo de la aviación civil mundial mediante la introducción de mejoras en la seguridad de la aviación, la criminalización de los actos delictivos de tipo terrorista y la promoción de la colaboración entre los países en materia de prevención.

Teniendo en cuenta el recrudecimiento de los actos terroristas indiscriminados en distintas partes del mundo por grupos radicales internacionales, así como el ingreso de nuestro país en el Consejo de Seguridad –esto está referido al año en que se aprobó el tratado–, se acentúa la importancia de avanzar en la codificación de los delitos asociados al terrorismo y a la incorporación de los instrumentos internacionales en la materia.

Este convenio consta de un preámbulo y veinticinco artículos.

El artículo 1 está destinado a las definiciones de diversas conductas delictivas contrarias a la seguridad de las aeronaves, a su integridad y capacidad de vuelo.

El artículo 2 tiene que ver con las definiciones de términos o frases empleadas en el convenio.

El artículo 3 refiere a que los Estados se obligan a establecer penas severas para los delitos previstos en el artículo 1.

El artículo 4 prevé la responsabilidad que cada Estado parte pueda establecer a una entidad jurídica ubicada en territorio de un Estado parte o con arreglo a su jurisdicción, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito previsto en el artículo 1.

El artículo 5 estipula que el convenio se aplica solo a las aeronaves civiles.

El artículo 6 se refiere a que rigen para los Estados partes, el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho humanitario, o sea que las normas van a tener en cuenta esto.

También se tienen en cuenta una serie de tratados: el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, hecho en Londres, Moscú y Washington el 1 de julio de 1968, la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, hecho en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril de 1972, y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, hecho en París el 13 de enero de 1993. Es muy importante señalar que se respetan estos tratados, suscritos hace muchos años, sobre temas de gran trascendencia.

El artículo 8 prevé que las partes se obligan a establecer su jurisdicción en las hipótesis que cita.

El artículo 9 refiere a que si el responsable o probable responsable fuera hallado en territorio de un Estado parte, este procederá a su detención o asegurará por otros medios su presencia, debiendo proceder a la investigación preliminar de los hechos, comunicando esto a los demás Estados partes.

El artículo 10 prevé la obligación de enjuiciamiento o extradición en las mismas condiciones que cuando se trata de delitos comunes.

El artículo 11 estipula el trato equitativo del imputado.

El artículo 12 prevé que las figuras delictivas deberán constar en todo tratado futuro sobre extradición que celebren los Estados partes.

El artículo 13 estipula que ninguno de los delitos previstos en el artículo 1 se considerará, para los fines de la extradición o de asistencia judicial recíproca, como delito político.

El artículo 14 prevé la no obligación de extraditar, en caso de persecución por motivos prohibidos por el derecho internacional.

El artículo 15 refiere a los Estados partes que constituyan organizaciones de explotación común del transporte aéreo que utilicen aeronaves que sean objeto de una matrícula común.

El artículo 16 menciona que los Estados partes procurarán tomar todas las medidas que sean factibles para impedir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1.

Los artículos 17, 18 y 19 prevén la obligación de asistencia mutua.

El artículo 20 refiere a las controversias que surjan y a la forma de resolverlas.

El artículo 21 refiere a que este convenio estará abierto para la firma de aquellos que no lo hubieran suscrito en el momento inicial.

El artículo 22 prevé su entrada en vigor, y el artículo 23, su denuncia.

El artículo 24 dispone que este convenio prevalecerá sobre el Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de setiembre de 1971.

El artículo 25 –y último– establece la obligación del depositario de notificar sin demora a todos los Estados partes y a todos los Estados signatarios o que adhieran al convenio, la fecha de cada firma.

Este proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo, y en la comisión fue aprobado por unanimidad, por lo que se sugiere su aprobación en función de estas normas. Felizmente, en Uruguay no tenemos estas situaciones; la mayoría –casi la totalidad– no son corrientes en nuestro país ni en la región, pero sí, lamentablemente, son cuestiones que se dan en el plano internacional. Esta convención responde a esa necesidad, por lo que Uruguay no puede estar ausente.

Por tal motivo, solicitamos su aprobación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional, suscrito en Beijing, República Popular China, el 10 de setiembre de 2010».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

27) SEÑORA PAMELA VIVAS AYUB. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADORA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de El Salvador a la señora Pamela Vivas Ayub. (Carp. n.º 1395/2019 - rep. n.º 937/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: este asunto refiere a la designación, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de El Salvador, de la señora Pamela Vivas Ayub.

La señora Pamela Vivas Ayub compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales, donde presentó un excelente informe, muy actual y referido a hechos muy cercanos, del que –por supuesto– los miembros de la comisión pueden disponer, así como también todo aquel a quien le interese la situación de El Salvador, para informarse de una manera muy completa sobre la situación de ese país y las relaciones con Uruguay.

La señora Pamela Vivas ingresó a la función pública en el año 1979 por concurso de oposición y méritos y en 1986 ingresó al escalafón diplomático.

Entre 1989 y 1994 estuvo como segunda secretaria en la Embajada de Costa Rica y, entre 1997 y 2001 fue primera secretaria en la Representación Permanente de la república ante los organismos internacionales en Ginebra.

Del 2003 al 2009 estuvo en la Embajada de la República Federativa de Brasil y del 2011 al 2016, se desempeñó como segunda de misión en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

En definitiva, demuestra, a través de su currículo, una formación en Derecho y en Diplomacia. Ha hecho cursos de especialización en el exterior y en Uruguay y estudios de distinta naturaleza –humanística, fundamentalmente–, así como también ha participado en distintas misiones oficiales encomendadas por el Poder Ejecutivo.

En resumen, podemos decir que es una persona que demuestra una enorme experiencia en materia de gestión diplomática, por lo que ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo para su designación como embajadora en El Salvador. La capacidad y eficiencia que la señora Pamela Vivas Ayub ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional –según currículum que se adjunta– constituyen, a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la república se propone asignarle como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante la República de El Salvador.

En resumidas cuentas, la Comisión de Asuntos Internacionales –que recibió en su momento, como dije, a la señora embajadora Pamela Vivas– sugiere al Cuerpo, por unanimidad, la aprobación de esta misión diplomática.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Gobierno de la República de El Salvador a la señora Pamela Vivas Ayub».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: solicito que, a continuación, se trate el asunto que figura en duodécimo término –carpeta n.º 1386, que será informada por el señor senador Martínez Huelmo– y, luego, si disponemos de tiempo, el que figura en séptimo término, carpeta n.º 1255, que será informado por la señora senadora Xavier.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

29) SEÑOR BERALDO ROQUE NICOLA FLÁNIGUEN. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Polonia al señor Beraldo Roque Nicola Flániguen. (Carp. n.º 1386/2019 - rep. n.º 936/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo solicita la conformidad de la Cámara de Senadores para acreditar al doctor Beraldo Roque Nicola Flániguen en calidad de embajador del Uruguay ante la República de Polonia.

Como es de estilo, para sumar elementos a lo que se denomina capacidad y eficiencia del personal a designar en estas tareas, el Poder Ejecutivo nos adjunta su currículum, en el que se pone de manifiesto las actividades desarrolladas por el doctor Beraldo Nicola a lo largo de su carrera profesional. Obviamente, queremos decir que posee una formación muy calificada desde el punto de vista profesional, que ha respaldado sus actividades diplomáticas durante toda su vida. La educación que ha recibido incluye una maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, en el año 1997; cursos para graduados en Derecho Internacional Público y Derecho Administrativo, realizado en la Universidad de la República en 1988 y 1989, y al mismo tiempo, un doctorado en Leyes, finalizado en 1987. Posee amplio dominio de idiomas, como español, inglés, portugués y ruso.

Entonces, cuenta con estos elementos tan importantes para la actividad de un diplomático y, asimismo, registra una larga experiencia profesional –casi treinta años– en la Cancillería, lo que respalda esta propuesta del Poder Ejecutivo.

Como es de orden, el embajador Nicola Flániguen presentó su plan de acción ante la Comisión de Asuntos Internacionales, para desempeñar el cargo que le encomienda la república. Se trató de un informe enjundioso –que obviamente está al alcance de los señores senadores–, que será de utilidad al Parlamento para contar con la necesaria información que debe tener, en particular, de un país como Polonia, que es miembro de la Unión Europea y que en poco tiempo será un socio profundo, desde el punto de vista comercial, de nuestro país a través del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Podemos confiar, sin ningún lugar a dudas, en las condiciones del embajador Nicola Flániguen. En virtud de sus antecedentes, se asegura una gestión acorde a lo que deben ser las relaciones entre Uruguay y Polonia, país con el que, señora presidenta –tal como se expresó en la Comisión de Asuntos Internacionales–, se cumplirán cien años de vínculos diplomáticos a partir del 2020.

Por lo tanto, en esta alta misión que le asigna la república al doctor Nicola Flániguen, creemos que hacemos bien en seguir el criterio adoptado por la Comisión de Asuntos Internacionales, de aprobar por unanimidad su designación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Polonia al señor Beraldo Roque Nicola Flániguen».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

30) ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo oportunamente votado, se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de sede entre la República Oriental del Uruguay y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de junio de 2018. (Carp. n.º 1255/2018 - rep. n.º 943/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señora presidenta.

Me referiré al Acuerdo de sede entre la República Oriental del Uruguay y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en Montevideo, el 12 de junio de 2018. El mensaje remitido por el Poder Ejecutivo destaca que la Corte Permanente de Arbitraje es el organismo intergubernamental más antiguo en materia de solución pacífica de las controversias internacionales. Fue establecida en 1899 a través de la Convención de La Haya para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales.

Posteriormente, su rol fue foco de discusión en la Conferencia de La Haya de 1907, cuando se debatió la posibilidad de que este organismo administrase arbitrajes de carácter obligatorio. Durante dicha conferencia, Uruguay mantuvo una postura sumamente firme en relación con el arbitraje, como mecanismo esencial y obligatorio para dirimir conflictos entre Estados.

La Corte Permanente de Arbitraje cuenta con 121 Estados miembros, incluyendo 22 países de América Latina. No es una corte en el sentido tradicional, sino un organismo permanente, en cuyo marco se constituyen tribunales arbitrales para la resolución de cada una de las disputas planteadas.

De acuerdo con el informe anual de 2016, ese año la corte administró un total de 141 arbitrajes, de los que 85 refirieron a controversias entre Estados e inversores. Además, un 20 % de estos arbitrajes involucran a una o más partes provenientes de América Latina o tienen algún tipo de conexión con el continente.

Por lo tanto, se indica que se ha convertido en uno de los foros más importantes para la solución de controversias entre Estados e inversores, siendo uno de los medios alternativos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La Corte tuvo su primera experiencia en el arbitraje de una controversia de inversiones en América Latina en 2007 y en la actualidad es uno de los foros preferidos para la solución de controversias entre Estados e inversores. Esto se ve traducido en la celebración de acuerdos de sede, como el firmado por Uruguay en la fecha anteriormente indicada, por el que se crea el marco jurídico que permite que cualquier procedimiento arbitral administrado por la corte pueda efectuarse en el territorio del Estado anfitrión, acercando los servicios del organismo a la región, sin necesidad de que la misma tenga presencia física en la república.

El acuerdo consta de un preámbulo y de dieciséis artículos, pero realizaré una reseña de lo más importante. Sin dudas, este es un proyecto de ley sumamente trascendente para Uruguay y las eventuales controversias que se puedan plantear de aquí en adelante, pero como consta un informe escrito –que los señores senadores tienen en su poder–, abreviaré algunos conceptos sobre los elementos más destacados.

Particularmente, el artículo 3.º establece que Uruguay será país sede de la corte y su deber será esforzarse por facilitar el trabajo de esta en la resolución pacífica de controversias internacionales, por medio del arbitraje, la mediación, la conciliación y las comisiones de investigación, o sea, los medios no jurisdiccionales de solución pacífica de controversias internacionales. También se prevé que el Estado uruguayo pondrá a disposición de la corte –sin costo alguno para esta– las oficinas, salas de reunión, medios de comunicación, servicios administrativos, etcétera, que se consideren necesarios por el secretario general y otros funcionarios del organismo, para llevar a cabo los procedimientos y reuniones a desarrollarse en el Estado anfitrión.

Por otra parte, en los artículos 5.º al 10 se hace referencia a una serie de disposiciones de tipo diplomático, relativas a privilegios e inmunidades, que no detallaremos aquí.

El artículo 12 regula aspectos de entrada al país sede y facilitación de viajes. Entre otras cosas, establece que la República Oriental del Uruguay deberá tomar todas las medidas necesarias para facilitar y permitir la entrada y la permanencia en el territorio del Estado anfitrión de las personas que no sean residentes o nacionales de dicho Estado, y que ingresen como árbitros de la corte o miembros de sus familias; funcionarios de la corte o miembros de sus familias; participantes en los procedimientos, y otras personas que asistan a las reuniones de la referida corte.

A su vez, establece la obligación del Estado uruguayo de tomar todas las medidas razonables para asegurar que los visados que sean necesarios para cualquiera de las personas indicadas en este artículo sean emitidos tan pronto como sea posible y sin cargo alguno.

Por su parte, el artículo 13 refiere a la cooperación regional. Uruguay reconoce la importancia de la cooperación regional para la solución efectiva de las controversias internacionales y regionales.

Se establece el deber del Estado uruguayo de comunicar la existencia de las instalaciones designadas en virtud del presente acuerdo a los funcionarios competentes de otros países de la misma región y fomentar su uso para los procedimientos de la Corte Permanente de Arbitraje.

El artículo 15 termina de redondear el informe al afirmar que regula aspectos relativos a la solución de controversias. Así, toda controversia que surja entre las partes del presente acuerdo respecto a su interpretación o aplicación y que no pueda solucionarse mediante negociaciones, se resolverá mediante arbitraje definitivo y vinculante, de conformidad con el Reglamento Facultativo de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje para el Arbitraje, comprendiendo organizaciones internacionales y Estados. Todo esto quedará vigente en la fecha de la firma del presente acuerdo.

Asimismo, se indica que el número de árbitros será uno y que la autoridad nominadora será el presidente de la Corte Internacional de Justicia.

Es cuanto queríamos decir, señora presidenta. Sugerimos al pleno su aprobación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 12 de junio de 2018».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

31) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A DOS FUNCIONARIAS

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: quiero solicitar que los asuntos que figuran en los numerales trece y catorce sean tratados a continuación.

En el primero de ellos –carpeta 1375/2019–, el miembro informante será el señor senador Carrera y, en el segundo –carpeta 1361/2019–, el señor senador Bordaberry.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada por el señor senador Castillo.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en decimotercer y decimocuarto término del orden del día.

(Así se hace. Son las 13:48).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 13:53).

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

32) POSTERGACIÓN DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE NO FUERON TRATADOS

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: solicito que los tres asuntos del orden del día de la sesión de hoy que no han sido tratados se incluyan en el orden del día de la sesión de mañana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se trata de cuatro asuntos, ya que el punto 14 también quedó para mañana.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador Castillo.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

33) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo resuelto, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:54, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Baráibar, Besozzi, Bordaberry, Carrera, Castillo, Draper, Gallicchio, Garín, Heber, Iturralde, Laguarda, Lazo, Martínez Huelmo, Meléndez, Otheguy, Passada, Paternain, Pesce, Saravia, Vassallo y Xavier).

PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.