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N.º 19 - TOMO 597 - 17 DE JULIO DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

19.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y EL SEÑOR CHARLES CARRERA Primer vicepresidente

 ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

Para consultar la presentación exhibida en sala: senador Pedro Bordaberry

SUMARIO

1) Texto de la citación 

2) Asistencia 

3), 8) y 11) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores 

– Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a las anteriores convocatorias.

 5) y 18) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo 

– El Senado concede las licencias solicitadas por el señor senador Lacalle Pou.

– Queda convocado el señor senador Saravia.

6) Daniel Mario Bianchi Salomón 

– Por secretaría se da cuenta de que corresponde su restitución al Cuerpo.

7) y 9) Productos embutidos con carne fresca

– Proyecto de ley por el que se autoriza su elaboración en las carnicerías de corte en todo el territorio nacional.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

10), 12) y 14) Instituto Nacional de Colonización

– Proyecto de ley por el que se establece la cotitularidad en la adjudicación de tierras.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta culminar el tratamiento del orden del día.

15) Designación de varios fiscales letrados adscriptos

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

16) Señor Carlos María Irigaray Santana. Designación como embajador

– Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Paraguay.

• Concedida.

17) y 19) Señor coronel (Av.) en situación de retiro Fredy Prieto González. Designación como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

20) Levantamiento de la sesión 

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 16 de julio de 2019

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 17 de julio, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se autoriza a las carnicerías de corte en todo el territorio nacional la elaboración de productos embutidos con carne fresca.

Carp. n.º 1134/2018 - rep. n.º 888/2019 y anexo I 

2.º) por el que se establecen normas relacionadas con la adjudicación de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.

Carp. n.º 1279/2019 - rep. n.º 891/19

3.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a varios señores doctores.

Carp. n.º 1352/2019 - rep. n.º 886/19

4.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Paraguay al señor Carlos María Irigaray Santana.

Carp. n.º 1354/2019 - rep. n.º 885/19 

5.º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia al señor coronel (Av.) en situación de retiro Fredy Prieto González.

Carp. n.º 1342/2019 - rep. n.º 889/19 

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Delgado, García, Garín, Heber, Iturralde, Lafluf, Larrañaga, Lazo, Lustemberg, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Moreira, Pardiñas, Passada, Pesce, Ribero, Saravia, Vassallo, Vellozas y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Besozzi, Castillo, Coutinho, De León, Lacalle Pou, Michelini, Otheguy y Tourné.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la adjudicación de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.

HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social.

REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila María del Rosario Borges, relacionada con la contaminación del agua de ríos, de lagunas y del océano Atlántico con cianobacterias.

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes realizado por la señora senadora Graciela Matiaude, de fecha 11 de abril de 2019, relacionado con la creación de un seguro de emergencia médico-móvil de propiedad de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.

OPORTUNAMENTE SERÁ REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA MATIAUDE».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 16 de julio no se registraron inasistencias.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 16 de julio de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia el día miércoles 17 del presente, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–13 en 15. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

6) DANIEL MARIO BIANCHI SALOMÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- Visto el oficio del Juzgado de Paz Departamental de Segundo Turno de Maldonado por el que se comunica que ha sido cumplida la condena impuesta por sentencia definitiva n.º 23/2019 al señor Daniel Mario Bianchi Salomón, corresponde se levante la suspensión para el ejercicio de sus funciones y estas se restablezcan a partir del día de hoy, quedando por lo tanto incorporado al Cuerpo.

SEÑORA MATIAUDE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- No puedo darle la palabra porque a partir de este momento, en virtud de la resolución a que se dio lectura, la señora Matiaude ya no integra el Cuerpo.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: agradezco que lea nuevamente lo resuelto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Visto el oficio del Juzgado de Paz Departamental de Segundo Turno de Maldonado por el que se comunica que ha sido cumplida la condena impuesta por sentencia definitiva n.º 23/2019 al señor Daniel Mario Bianchi Salomón, corresponde se levante la suspensión para el ejercicio de sus funciones y estas se restablezcan a partir del día de hoy, quedando por lo tanto incorporado al Cuerpo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Quisiera dejar una constancia.

La Comisión de Constitución y Legislación tomó una resolución expresa sobre el reintegro del senador Bianchi, que es coherente con lo que había decidido la Cámara de Senadores cuando envió el tema para que fuera analizado por la comisión, y también con los tres informes jurídicos que figuran en el expediente, es decir, el del doctor Correa Freitas, el del doctor Korzeniak y el de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo. Mediante lo que se acaba de leer se está desconociendo, no solo lo dispuesto por el propio Cuerpo cuando envió el asunto a la Comisión de Constitución y Legislación para asesorarse, sino también una resolución que fue votada en la comisión y hay que acatarla –aunque yo la haya votado negativamente–, además de los informes jurídicos, entre ellos, reitero, el de la propia Dirección Jurídica.

Simplemente quería dejar esa constancia, ya que entiendo que por sí y ante sí se está tomando esta resolución.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- La Comisión de Constitución y Legislación se reunió la semana pasada para dialogar sobre el oficio del Juzgado de Paz de Maldonado en el que se deja constancia del cumplimiento de la sentencia por parte del senador Bianchi. En esa ocasión los integrantes de la comisión tuvimos una discusión y llegamos a la conclusión de que había que reintegrarlo, conforme a lo votado el pasado 2 de abril. De todos modos, como no nos pusimos de acuerdo acerca del contenido, elevamos el asunto al plenario ad referendum de la coordinación de partidos. Durante la coordinación, todos los partidos políticos presentes –el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Frente Amplio se pusieron de acuerdo en la metodología, que es la aplicada ahora por la Mesa.

Quería dejar constancia, entonces, de que cumplimos con dar la discusión en la Comisión de Constitución y Legislación y entendemos que el Cuerpo actuó bien, porque el pasado 2 de abril levantamos los fueros del senador Bianchi para que cumpliera con el procedimiento judicial y luego se reintegrara.

Por lo tanto, entiendo que la Mesa actuó correctamente.

SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa quiere dejar constancia de que actuó de acuerdo con las indicaciones de la Comisión de Constitución y Legislación luego de que esto fuera discutido en la coordinación de partidos.

SEÑOR BORDABERRY.- Aclaro, señora presidenta, que desde mi punto de vista no fue así.

7) PRODUCTOS EMBUTIDOS CON CARNE FRESCA

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se autoriza a las carnicerías de corte en todo el territorio nacional la elaboración de productos embutidos con carne fresca. (Carp. n.º 1134/2018 - rep. n.º 888/2019 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Gracias, señora presidenta.

En nombre de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca vamos a informar la carpeta n.º 1134/2018, referida a productos embutidos con carne fresca, cuyos artículos fueron aprobados por unanimidad. No obstante ello, tuvimos algunas diferencias políticas en cuanto al momento oportuno para abordar el tema, y finalmente la comisión decidió, por mayoría, elevarlo para que estuviera incluido en el orden del día de la fecha.

Quiero enmarcar, en primera instancia, cómo surge este proyecto de ley. Se trata de una iniciativa de colectivos de carniceros del interior del país, especialmente de la zona litoral, que desde hace bastante tiempo venían buscando el respaldo de iniciativas que les permitieran incorporar la elaboración de chorizos en sus carnicerías como una actividad legal, a la vez que se resguardaba la garantía de calidad de los productos que ellos procesan en sus comercios.

Estos colectivos de carniceros aportaron un conjunto de ideas orientadas a la elaboración de cantidades delimitadas de chorizos en las carnicerías del interior, con fórmulas preestablecidas, con manipulación en los propios locales comerciales y a la vista del público, resguardando aspectos de higiene y sanidad que debían ser controlables –se expresaba a título concreto que esto pudiera ser así– y que, en su defecto, ante incumplimientos severos, pudieran existir sanciones.

Estas ideas que, reitero, fueron aportadas por un conjunto de carniceros, posteriormente se convirtieron en un proyecto de ley que presentara el diputado Alfredo Fratti en la Cámara de Representantes, donde se aprobó por unanimidad.

Vale decir que el tratamiento en esa cámara dejó claro que se hacía referencia a chorizos elaborados en las carnicerías del interior, porque la intención principal era resolver la problemática de esa elaboración que hasta el presente se realizaba en forma ilegal, lo que esperemos se pueda revertir con la aprobación del proyecto que estamos considerando. Y, precisamente por estar referida al interior, se preveían, entre otras cosas, criterios para que esa elaboración fuera de alta calidad desde el punto de vista higiénico y sanitario, de manera de no vulnerar la inocuidad de los alimentos. Además, no debía competir con la industria cárnica que elabora otro tipo de chorizos.

Este proyecto de ley que, como dijimos, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes, abrió nuevas instancias de análisis buscando alcanzar a todas las carnicerías del país. Fue necesario, entonces, convocar a una serie de personas, instituciones e, incluso, organizaciones de comerciantes, para recibir opiniones sobre la eventualidad de mejorar el proyecto aprobado. Fue así que recibimos a varias delegaciones, como la Unión de Vendedores de Carne, las gremiales de productores agropecuarios, el Congreso de Intendentes y a reconocidos juristas, como los doctores Ricardo Gorosito, Martín Risso, Eduardo Esteva y Diego Gamarra, que ayudaron a la interpretación del alcance del proyecto de ley. También se sumaron las comparecencias del Instituto Nacional de Carnes y de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Interior, este último representado por la Policía nacional en la persona del comisario Luis Mendoza, quien vino a hablar sobre el posible vínculo entre la autorización para la elaboración de los chorizos carniceros y el abigeato. Este tema lo abordaremos más adelante porque representa una de las más importantes diferencias políticas.

Quiero decir que, en general, todas estas visitas que tuvimos en la comisión encontraron aceptable el proyecto de ley, sin perjuicio de que hubo aportes puntuales que iremos comentando, más allá de dos que quiero citar ahora.

El contador Ríos, de la Unión de Vendedores de Carnes, manifestó que consideraba muy bueno el proyecto de ley porque permitiría regular y controlar una situación extremadamente irregular e ilegal que se da por la vía de los hechos, como es la elaboración de chorizos en las carnicerías.

Por otro lado, la presidenta del Congreso de Intendentes, Adriana Peña, ponderó que se abordaran estos temas y se refirió a revertir esta situación de ilegalidad, antes que nada, por un tema de salubridad.

A pesar de que estas intervenciones, junto a las de otras visitas, tuvieron matices, quedó muy clara la pertinencia de contar con nuevas disposiciones legales para abordar una problemática persistente en nuestro país, tratando de resolver definitivamente la problemática de la ilegalidad de esta actividad y, al mismo tiempo, estableciendo disposiciones que reduzcan los riesgos de perder la inocuidad de los alimentos que se elaboran y comercializan en las carnicerías. Este es un dato bien importante porque la aprobación de la ley incorporará mecanismos para evitar amenazas a la salud pública y, lo más importante a nuestro juicio, establecerá un criterio de igualdad para toda la población del país respecto al acceso a alimentos con las suficientes garantías de resguardo de su inocuidad. A nuestro modo de ver, esta es una importante contribución hacia el logro pleno de la garantía del derecho a la alimentación que tienen los conciudadanos, que hasta el momento puede verse en cierto modo amenazado por estas actividades de elaboración en las carnicerías.

Como este proyecto de ley está muy vinculado con el tema de la inocuidad, me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis para comentar que la inocuidad es un atributo de la cadena de producción y comercialización. En los tiempos modernos, en las cadenas de producción de alimentos intervienen muchas empresas de producción, distribución y comercialización, y cada una tiene que asumir las responsabilidades de no romper el proceso de inocuidad. Cuando hablamos de alimentación, toda la cadena de producción y comercialización debe cuidar el proceso de inocuidad; bajo ningún concepto se puede concebir como un atributo que se pueda lograr puntualmente en algún eslabón de la cadena. En última instancia –como estamos hablando de las carnicerías de corte, que podrán elaborar chorizos en sus instalaciones– debemos recordar que para que la carnicería pueda seguir contribuyendo al proceso de inocuidad tiene que haber recibido materias primas –carnes en este caso– que vengan con un buen resguardo del proceso de inocuidad de las etapas anteriores. Quería dejar este comentario porque refiere a un aspecto general que sobrevuela el conjunto del proyecto de ley; creemos que es importante que quede subrayado porque la carnicería forma parte de una cadena de producción y comercialización de productos cárnicos y derivados y, por ende, es esencial que reciba carnes inocuas.

Continuando con el análisis del proyecto de ley vamos a hablar sobre dos aspectos adicionales que valen la pena comentar. La iniciativa incorpora nuevas disposiciones legales para salvaguardar los procesos de inocuidad que hemos mencionado anteriormente, como ser que las carnicerías que elaboren los chorizos en sus propios locales deberán cumplir con esas normas que se han incluido como novedad y mediante las cuales se exige que las materias primas cárnicas utilizadas tengan origen conocido y provengan de lugares donde se apliquen normas higiénico-sanitarias habilitadas por las autoridades competentes. Esto, sumado a las disposiciones técnicas que deberán seguir las propias carnicerías al manipular las carnes para producir los chorizos, asegurará que el consumidor final va a adquirir chorizos carniceros artesanales con las debidas condiciones de higiene y sanidad.

Queremos aclarar que hacemos referencia a los chorizos carniceros –hablamos de chorizos carniceros artesanales porque es el nombre que los señores senadores observarán en los documentos distribuidos–, que son en última instancia aquellos que se elaboran con carne fresca en las carnicerías. Optamos por una denominación específica porque nos parece que es muy importante diferenciarlos de los chorizos frescos, que son las facturas embutidas que se elaboran en las chacinerías y están reguladas por el código bromatológico nacional. También se los diferencia de los chorizos caseros, que no son productos que se vendan en las carnicerías ya que son elaboraciones propias para el consumo de quienes los manufacturan, sin perjuicio de que genéricamente y a nivel popular se diga que se venden en las carnicerías. Insisto en que no se comercializan chorizos caseros en las carnicerías; estos comercios venderán –y el proyecto de ley lo establece a título expreso– chorizos carniceros.

Seguramente este tema deberá incorporarse a la forma cotidiana de clasificar los diferentes chorizos, pero como se trata de una norma legal es muy importante establecer que lo que se produce en la carnicería tiene un nombre propio. Además, a ese nombre propio se le ha incorporado la palabra «artesanal» A nivel popular la palabra «artesanal» muchas veces es una denominación genérica. Debo recordar que cuando en el plenario de la Cámara de Representantes se discutió este proyecto de ley, según quien interviniera se denominaba al producto de diferente manera: unos hablaban de chorizos de rosca, otros de chorizos caseros y otros de chorizos artesanales. Esa discusión que se dio en la Cámara de Representantes mostró una fuerte indefinición del producto que se quería regular y por eso ahora el proyecto de ley incorpora las denominaciones específicas de «carnicero» y «artesanal».

Con respecto al término «artesanal», nos parece muy importante remarcar un aspecto que, incluso, estaba expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley original. La opción de incluir el término «artesanal» era para incorporar esa dimensión que en nuestra legislación refiere a los productos que tienen ese tipo de elaboración. En nuestra legislación esto está respaldado por la Ley n.º 17554, relativa a productos artesanales, la que en su artículo 2.º establece que las actividades productivas artesanales deberán incorporar a la producción un valor diferencial, de signo positivo respecto a sus homólogos industriales, imprimiendo al objeto artesanal un sello estético, creativo y artístico que tienda a preservar y desarrollar nuestra identidad cultural. Por eso, cuando en este proyecto de ley se habla de chorizo carnicero artesanal estamos pensando en incorporarle esa valorización diferencial que puede ser alcanzada por las definiciones genéricas de producto artesanal.

Nos parece que ese es un aspecto importante a resaltar porque se estaría dando la posibilidad de que en la carnicería de una pequeña localidad se pudiera valorizar un producto, sin perjuicio de que dicho comercio pudiera estar aportando una valoración propia, o eventualmente la expresión de valores de una comunidad en la que esta se encuentra. Por tanto, creemos que es una puerta abierta para la valorización de los productos que se elaboran en nuestro país. A partir de la aprobación de este proyecto de ley, con el producto chorizo carnicero artesanal las carnicerías tendrán la oportunidad de incorporar valor por la diferenciación.

El proyecto de ley cuenta con otro aspecto que es importante mencionar y que refiere a las soluciones que se pueden plantear con estas nuevas disposiciones que dan oportunidades a las carnicerías. En ocasión de asistir a la comisión la Unión de Vendedores de Carne, sus representantes dijeron textualmente: «Este proyecto de ley podría ser un elemento que podrá contribuir a la sustentabilidad de estos negocios». En realidad, la reflexión que nos dejó la Unión de Vendedores de Carne fue que las carnicerías podrán aprovechar demandas de sus clientes, la mayoría de ellas asociadas a que los productos cárnicos son más funcionales respecto a los hábitos de consumo y de elaboración de alimentos en el hogar. Además, el hecho de habilitar la elaboración de los chorizos carniceros podría contribuir a satisfacer demandas de los consumidores. Como ya lo señalamos en más de una oportunidad, la carnicería estaría realizando esto como una actividad legal, agregando valor, pero sin poner en riesgo la inocuidad de los alimentos elaborados.

Por otra parte, esa habilitación permitirá a las carnicerías tener algunos beneficios desde el punto de vista comercial ya que el hecho de poder elaborar y valorizar sus carnes puede ser una forma de mejorar la competencia con las grandes empresas de la industria cárnica. Además, al establecerse normas que regulan esta actividad podrán mejorar sensiblemente su competencia con lo que hoy, por la vía de los hechos, es una red informal de comercialización de productos cárnicos en el país.

Para que esto fuera posible tuvimos una discusión importante en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde recibimos el asesoramiento de varios juristas. Allí se nos señaló que debíamos pensar en la posibilidad de cambiar lo decidido en la Cámara de Representantes en cuanto a que esta habilitación fuera solamente para las carnicerías del interior. Finalmente –es lo que está reflejado en el proyecto de ley que traemos al plenario–, se resolvió que esta habilitación sería posible para todas las carnicerías del país. De esta manera, el beneficio al que hemos hecho referencia no quedará restringido –como estaba previsto originalmente en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes– a las carnicerías del interior, sino que, en la medida en que aprobemos este proyecto y se convierta en ley, llegará a todas las carnicerías del país. De esta forma, desde el punto de vista comercial establecemos condiciones de igualdad para todas las carnicerías habilitadas a lo largo y ancho de nuestro país.

Quiero mencionar un último aspecto que está incluido en el proyecto de ley y que quizás sea en el que tenemos diferencias políticas: cómo el proyecto de ley que estamos tratando impactará sobre el abigeato. Para reflexionar sobre esto se invitó a la comisión al Ministerio del Interior y concurrió el comisario general retirado Luis Mendoza –de la Policía nacional–, que es quien está a cargo de la estrategia de combate del abigeato a nivel del país. Fue muy ilustrativo en la descripción de muchas anécdotas, algunas muy impactantes, sobre cómo se dan los procesos de desaparición de ganado en el interior. También dejó muy claro que la Policía nacional hoy tiene identificadas dos circunstancias distintas ante la desaparición de ganado: el abigeato y la faena clandestina. Recomendamos a todos los señores senadores que lean un informe –está disponible– que nos dejó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, en mayo de 2019, sobre los números de denuncias de animales desaparecidos, que la policía clasifica como abigeato –que es cuando existe la denuncia y se puede verificar que los animales desaparecieron en virtud de una actividad delictiva–, o como faltantes –la otra categoría que la Policía nacional maneja para la desaparición de ganado–, que son animales que han sido denunciados como desaparecidos pero que la policía no ha podido verificar que ello se derive de acciones de abigeato. Estos faltantes muchas veces están asociados a la faena clandestina y también a diferencias en las existencias de ganado en las empresas ganaderas. En su comparecencia el comisario Mendoza fue muy enfático en que estas son dos circunstancias –la del abigeato y la de la faena clandestina– diferentes que se sustentan en el mismo hecho: la existencia de un mercado de colocación de la carne.

No obstante, la policía está trabajando muy fuertemente en el combate al abigeato. Recordemos que nuestra legislación ha sido recientemente ajustada en cuanto al delito del abigeato, más concretamente por la Ley n.º 19418, de 6 de julio de 2016, que modificó algunos artículos del Código Rural referidos a los delitos de abigeato y sus agravantes. Todo esto está enmarcado en una política que tiene el Gobierno nacional de combate del abigeato y como parte de esa lucha se han hecho estas recientes adecuaciones.

Un dato importante que hemos recogido con relación a la lucha contra el abigeato es que, por lo general, la carne producto del abigeato se encuentra en vehículos u otros lugares de almacenamiento diversos, pero casi nunca en carnicerías. Y esto lo quiero enfatizar a título expreso: la información que nos han brindado es que los lugares donde se han encontrado productos del abigeato casi nunca se corresponden con carnicerías. De todas maneras, el propio Ministerio del Interior planteó que una solución que podría contribuir a que la elaboración de chorizos carniceros artesanales no fuera un escenario para la reducción de carne del abigeato era establecer el origen de las carnes que se utilizan en las carnicerías. Por eso se resolvió la inclusión del literal E) en el artículo 3 –pueden verlo en el comparativo–, que permitirá saber el origen de las carnes. La acción conjunta de verificar el cumplimiento de esta ley, una vez aprobada, más la mejora de los controles por parte del INAC –proyecto que aprobamos la semana pasada en esta misma cámara–, seguramente contribuirá enormemente a impedir que las carnes del abigeato sean reducidas en las carnicerías. Nos parece que la inclusión de este literal mejora la gestión de riesgo hacia la reducción del abigeato y la faena clandestina. En virtud de esto y de los resultados que se vienen teniendo de las campañas que el Gobierno realiza de lucha contra el abigeato, entendimos que no era el momento de pensar en la incorporación, en este proyecto de ley, de modificaciones a los delitos penales que, como dije, han sido recientemente actualizados en la Ley n.º 19418 del año 2016.

Señora presidenta: creo que este es un proyecto de ley orientado a la promoción y al fomento de las carnicerías, que nace para las del interior, pero que lo extendemos a todas las del país, donde el tema central es incorporar exigencias para la habilitación de las carnicerías de manera de agregar valor a las carnes, que garanticen la aplicación de protocolos técnicos a cumplir durante la producción, almacenamiento y comercialización de chorizos carniceros artesanales, condiciones que ayudarán a preservar los procesos de inocuidad y a favorecer la promoción de prácticas hacia la mejora de la calidad de los productos –me refiero a los chorizos carniceros artesanales– que se comercializan en las carnicerías.

Estas disposiciones también han sido bien ponderadas porque legalizan actividades que hasta hoy regularmente realizan las carnicerías y que, tras la aprobación de esta norma, pasarán a ser claramente legales, contribuyendo así a un abastecimiento seguro de alimentos saludables a la población. Además, ni que hablar que, de esa manera, estará contribuyendo a la salud pública.

También creemos que este proyecto tiene algunos efectos asociados que queremos comentar porque son muy buenos. Tiene el efecto de promoción de la agricultura familiar, por cuanto incorpora el concepto de artesanal, así como de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las carnicerías de corte, que podrán agregar más valor a los productos que comercializan. De esta manera se legitimará la valoración de productos cárnicos de forma de satisfacer nuevas demandas del consumo, al tiempo de mantener y crear empleo –muchas veces a nivel local, pero quizás también de modo general– a partir de la incorporación de factores ambientales y sociales en las cadenas cárnicas y subproductos en el mercado interno, ya sean los destinados a consumidores nacionales como a consumidores extranjeros que llegan al país en épocas de afluencia de turistas. En última instancia, esta será una forma de seguir expandiendo el sello Uruguay Natural.

Por último, debo decir que el proyecto establece herramientas que me parecen efectivas en cuanto a reducir los riesgos de la colocación de carnes de origen ilegal, o provenientes de actividades delictivas.

En definitiva, el proyecto de ley está constituido por cinco artículos y relataré brevemente lo esencial de sus contenidos.

El primero de ellos refiere a la autorización a las carnicerías de corte de todo el territorio nacional a elaborar embutidos con carne fresca, bajo el nombre de chorizo carnicero artesanal. En ese mismo artículo se establece que el Poder Ejecutivo, con asesoramiento del INAC, debe redactar los protocolos a seguir para la elaboración, habilitación e inspección de los locales de las carnicerías que hagan este tipo de productos. Además, se establecen condiciones específicas de prohibiciones de comercialización al por mayor, de distribución y de exportación. Claramente, la finalidad de esto es dar oportunidad a las carnicerías, pero limitando la comercialización de sus productos solo a sus propios clientes.

El segundo artículo define qué es el chorizo artesanal y su forma de elaboración.

Por su parte, el tercer artículo define un conjunto de disposiciones a los procesos de elaboración, que deberán ser resguardados, tanto para la elaboración como para la comercialización; deben enfocarse en garantizar la inocuidad del producto, además de preservar esa inocuidad durante el almacenamiento y la comercialización, sin perjuicio de que también se establecen condiciones para el etiquetado de los alimentos. Como ya hemos comentado anteriormente, en este artículo también se expresa que se debe utilizar carne de origen conocido, con las debidas certificaciones higiénico-sanitarias de la autoridad competente.

El cuarto artículo prevé disposiciones para que el LATU pueda ayudar a la mejora de los procesos de elaboración y a elevar los niveles de calidad de los productos que se manufacturarán en las carnicerías bajo la denominación de chorizo carnicero artesanal.

Por último, el quinto artículo establece que esta normativa se adiciona a las obligaciones vigentes para las carnicerías de corte, que están reguladas por otro conjunto de disposiciones.

Creemos que la aprobación de este proyecto y su rápida implementación ayudarán a crear nuevas condiciones en el mercado de los productos cárnicos, ya que las carnicerías podrán elaborar en forma legal chorizos carniceros artesanales, sin que ello signifique perjuicios para los temas de inocuidad alimentaria y salud. En última instancia, se estará contribuyendo para seguir avanzando en las garantías de igualdad hacia el acceso de alimentos inocuos por el conjunto de la población de todo el país.

Finalmente, queremos comentar que esperamos que el proyecto de ley consiga la adhesión de los integrantes del plenario a fin de que quede aprobado en el día de hoy.

Era cuanto teníamos para informar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Nos visitan los alumnos de 5.o año de la Escuela n.º 102, del barrio Ituzaingó de Montevideo. Sean bienvenidos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que este proyecto de ley se ha mejorado. Cuando llegan los proyectos de ley a estudio del Parlamento, lo primero que hacemos es ver sus posibles inconstitucionalidades, y debo decir que esta iniciativa tenía en su artículo 1.º dos groseras inconstitucionalidades que se corrigieron. La primera de ellas era que se decía que la ley la debía reglamentar el INAC, pero lo cierto es que este instituto no tiene potestades constitucionales para reglamentar una ley con vocación nacional. Es más, cuando el propio INAC asistió a la comisión, manifestó que por ese motivo ya había tenido varias sentencias contrarias que había perdido. Por lo tanto, solicitamos la corrección de este punto, cosa que se hizo y pensamos que es bueno.

La segunda inconstitucionalidad consistía en que se violentaba el principio de igualdad establecido en la Constitución, al decir que la autorización era exclusivamente para las carnicerías del interior. Esto se quiso arreglar, en primera instancia, diciendo que era para lo que estaba por fuera de la zona metropolitana, pero esa corrección tampoco solucionaba la inconstitucionalidad. Por suerte se entendió que no se podía hacer esa discriminación y se corrigió.

Sin embargo, existe alguna duda sobre la constitucionalidad de esto, que pervive a mi juicio en materia de salud. El país tiene, por suerte, normas sanitarias, de inocuidad y de exigencia en la industria frigorífica y en la exportación, de primer nivel mundial; pero las normas sanitarias son, justamente, para evitar que la población que consume alimentos se encuentre en una situación de riesgo de salud. Ahora bien, si se bajan los requisitos de inocuidad y de sanidad para algún tipo de producto y no para la exportación, o para aquel que puede comprar en la industria frigorífica, obviamente se pueden llegar a afectar el derecho a la salud y la protección de la salud, que constituyen un derecho constitucional. Aclaro que yo no innovo en esta materia, pues ya hay un informe elaborado por el catedrático doctor Delpiazzo, para el Instituto Nacional de Carnes, que así lo establece.

Hechas estas consideraciones, que creo salvan todo lo que hace referencia a la constitucionalidad de la ley, considero que es necesario ubicar este proyecto de ley a partir de lo que nos dijeron los propios visitantes que tuvimos en la comisión. Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fijó, entre los principales objetivos para este quinquenio, la inocuidad alimentaria y el combate al abigeato. Por su parte, el Instituto Nacional de Carnes manifestó en la comisión que el instituto no reglamentaba, pero también dijo que podía haber un riesgo de salud para la población si no se hacían las cosas bien. A su vez, había una propuesta en cuanto a que las plantas pudieran habilitar a las carnicerías, o que los habilitados pudieran habilitar a otros; al respecto, el INAC dijo que eso era, obviamente, inconstitucional.

La Unión de Vendedores de Carne del Uruguay, que compareció ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, nos dijo que pretendía más control del INAC y que no querían diferencias entre Montevideo y el interior, algo que por suerte se escuchó. A su vez, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca nos manifestó que quería más control por parte del INAC e igualdad de exigencias para todos. En esa instancia se hizo referencia a una situación que se daba en el departamento de Soriano, donde chacinerías e industrias habían tenido que cerrar por la competencia desleal que les hacían quienes no cumplían con los requisitos; eso quedó bien claro cuando se dijo que no había que permitir la venta al por mayor. En esa ocasión, el entonces senador Berterreche señaló que lo que más le preocupaba era el control que esta actividad iba a tener.

Recibimos una cantidad de informes de la División Estudios Legislativos del Senado, que coincidió en que era inconstitucional decir que esta ley iba a ser reglamentada por el INAC y que no iba a regir en todo el país.

El doctor Gorosito, asesor del Congreso de Intendentes, opinó claramente que aquí había que cuidar un derecho humano fundamental, como es la salud de la población. A su vez, recibimos informes no solo del doctor Martín Risso y del catedrático Esteva Gallicchio acerca de la constitucionalidad, sino también, por escrito, del propio INAC.

Asimismo, recibimos a las gremiales agropecuarias; citamos a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural y a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Las Cooperativas Agrarias Federadas y la Asociación Rural del Uruguay enviaron un informe que hace referencia, muy especialmente, a la necesidad de tener mucho cuidado con la inocuidad, particularmente porque hoy en día está surgiendo una competencia terrible para uno de nuestros principales productos de exportación, que es la carne elaborada mediante métodos de laboratorio –una producción alternativa que se llama «carne»–; a pesar de que esto puede otorgar –o no– inocuidad, nos tiene que hacer extremar la preservación de las características de nuestras carnes como productos que contribuyen a una alimentación saludable. Estas instituciones plantearon especialmente la necesidad de inocuidad de los alimentos como condición que garantice la salud del consumidor y dijeron que debe ser igual para la exportación y para el mercado interno, porque si surge noticia de algún problema con nuestras carnes en el mercado interno, ¡nos empiezan a cerrar los mercados en el mundo! Asimismo, destacaron, obviamente, la necesidad de control por parte del INAC y también –algo que recalcó incluso el Ministerio del Interior– el problema que podría traer un proyecto de este tipo sobre uno de los flagelos más grandes que existen hoy en la actividad agropecuaria: el abigeato.

Revisé las versiones taquigráficas y noté que fui claro en cuanto a que es lógico que no todas las carnicerías, ni la mayoría de ellas, participan en abigeato; dejé constancia de ello. Sin embargo, como en todas las actividades, sí existe la posibilidad de que haya personas que se desvíen porque, según nos dijo el Ministerio del Interior, el abigeato hoy no es para comer. Reitero: actualmente el abigeato en el país no es para comer; para los que tienen estas necesidades hay planes como los del Mides, entre otros. El abigeato hoy es para robar, vender y hacer dinero; alcanza con tener un poco de experiencia, ver la campaña y darse cuenta de que es así. Esa no es solo nuestra opinión, sino que también es la del inspector Mendoza, actual jefe de policía del departamento de Paysandú y encargado de la lucha contra el abigeato en todo el país. La comparecencia del inspector Mendoza fue muy ilustrativa sobre los riesgos de un proyecto de este tipo. Nadie ha dicho que no hay que hacerlo, pero sí se hacen las advertencias porque, obviamente, un proyecto de ley como este puede traer un aumento del abigeato. Entonces, cuando se aprueban estas normas, a su vez hay que aprobar otras que adecuen la situación nueva que se está planteando.

Dice el inspector Mendoza: «Si hay abigeato es porque hay un mercado; o sea, hay gente a la que se destina esa mercadería. Aquella concepción tradicional de que se carneaba para comer, hoy prácticamente no existe, pues esos casos son muy pocos». También destaca algo que dijeron todos y es la falta de normas por parte del INAC para controlar: «Si los organismos –llámese INAC o las intendencias, en su caso– no controlan a las carnicerías, esta carne será una boca más para el abigeato. Esto es lo que pensamos desde el punto de vista policial». Así consta en la página 13 de la versión taquigráfica. Reitero: «Si los organismos –llámese INAC o las intendencias, en su caso– no controlan a las carnicerías, esta carne será una boca más para el abigeato. Esto es lo que pensamos desde el punto de vista policial».

Luego, el inspector Mendoza nos habló del problema que existe hoy con el chorizo artesanal porque se carnean vacunos, lanares –en mayor cantidad–, caballos y perros. Uno de los problemas para dar con el ADN del animal carneado es que le meten carne de perro; sacan las muestras del animal faenado en el campo, pero cuando le hacen el análisis al producto final resulta que también hay ADN de perro y no coincide. ¡Vaya si es un gran problema desde el punto de vista sanitario esta situación! Reitero que no es mi opinión, sino lo que dijo el inspector Mendoza, actualmente en el cargo, designado por el ministro del Interior. En definitiva, afirma que, desde el punto de vista policial, para que este proyecto de ley funcione debe haber un muy fuerte control.

Elegí unas pocas diapositivas del informe que nos entregó el inspector Mendoza y voy a pedir que se proyecten en la pantalla.

(Se proyecta presentación en PowerPoint proporcionada por el señor senador Bordaberry).

–En la primera diapositiva se pueden ver las estadísticas de denuncia de abigeato, desde el mes de abril del año 2018 al 2019. La línea de color celeste –la de más arriba– representa a 2018; se puede apreciar que a fines de ese año hubo una baja, después de haber tenido un alta muy grande. Esto por lo general es estacional, pero este año ya está superando el anterior. La línea más oscura es la que marca la tendencia de este año, que está por encima de la del año pasado.

En la segunda diapositiva se pueden observar las denuncias de abigeato por departamento. Quizás, si uno tiene una visión muy montevideana no se da cuenta del problema porque entre enero y abril de 2019, en Montevideo, solo se hicieron tres denuncias de abigeato, pero en Canelones se presentaron ochenta y una, en Salto cincuenta y seis, en Artigas cuarenta y tres, en Soriano treinta y cinco y en Durazno treinta y cuatro. Así, podemos seguir. Obviamente, en Flores se hicieron solo diez denuncias, pero eso se debe a su tamaño. El inspector Mendoza dijo que este es un problema muy serio.

En la siguiente diapositiva se puede ver la georreferenciación. ¿Dónde hay más abigeato? En Canelones. Aquí pueden ver un mapa de calor, en el que aparecen, en color rojo, Canelones, Florida, Durazno y Rocha; en amarillo, Soriano, Artigas y Salto, y en un tono más claro, Lavalleja y Cerro Largo. Estos son los departamentos que tienen problemas más grandes en materia de abigeato.

A continuación, se puede ver el informe que se hizo con respecto a las denuncias de abigeato, con una discriminación entre vacunos, lanares, equinos y porcinos, dejando afuera a los perros porque no se recibió ninguna denuncia.

Señora presidenta: por esas razones y dado lo que está sucediendo, nos pareció que primero había que aprobar el proyecto de ley que da facultades al INAC para controlar esta actividad. Insistimos mucho en que fuera algo conjunto y que se incluyeran esas normas dentro de este proyecto de ley, porque no podemos aprobar la elaboración de chorizo casero si el INAC, o cualquier otra institución u organismo, no tiene las facultades para controlarlo. Parece de Perogrullo, pero no se entendió así. De todas formas, sí se entendió que era bueno aprobar previamente el proyecto de ley relativo a los controles. Lo votamos la semana pasada y pasó a la Cámara de Representantes. Según pude averiguar, esta iniciativa ingresó en la tarde de ayer, pero como la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se reúne los martes a las 12:00, no lo va a poder tratar hasta el mes de agosto. Supongo que a este proyecto de ley con modificaciones se le dará ingreso en el mes de agosto. Crucemos los dedos para que primero se apruebe la norma que otorga facultades de control al INAC y recién después, la que autoriza la elaboración porque, de lo contrario, tendríamos una actividad sin control, lo que puede incrementar el abigeato en el país, según dicen las autoridades del Ministerio del Interior. Desde ya, comprometemos los votos de la bancada del Partido Colorado a favor de ese proyecto de ley. Lamentablemente, no tenemos miembros titulares en la comisión, sino delegados sectoriales.

Resta referirme a la otra parte de lo que nos han dicho. ¿Qué es? El derecho a la salud y la necesidad de adecuar las normas penales a esta nueva realidad que emerge en el Uruguay.

Por nuestra parte, estamos presentando –no sé si está firmado, lo pasamos a algunas otras bancadas– una serie de artículos aditivos, el primero de los cuales tiene que ver con las normas de protección de la salud.

Este primer aditivo agrega un literal al artículo 3.º de este proyecto de ley, que establece que las carnicerías habilitadas deberán «cumplir con los mismos requisitos de inocuidad alimentaria, elaboración, protección de la salud y demás normas vigentes para la industria frigorífica». Esas normas están establecidas para garantizar un producto que no afecte la salud en los mercados de exportación o en quienes puedan comprarlo. Si a quien tiene la posibilidad de comprarlo le estamos garantizando ese mínimo, creemos que también debemos garantizárselo a todos porque no podemos tener ciudadanos que consumen productos de primera y otros que, en la misma materia, consumen productos de segunda categoría.

Hemos hecho una corrección, porque cuando lo propusimos en la comisión nos señalaron, con acierto, que la propuesta tenía un error y, con muchas dudas, dejamos fuera el tratamiento tributario. En nuestra opinión, debería tener el mismo tratamiento tributario la elaboración de estos productos en una carnicería que en un frigorífico. De todos modos, nos pareció que plantear ese tema sería algo complicado y lo dejamos de lado.

Este es el primer aditivo que presentamos y entendemos que es básico garantizar el derecho constitucional a la salud.

El segundo aditivo es de sentido común. Nosotros proponemos agregar al artículo 259 del Código Rural una agravante, a partir de que se autoriza a las carnicerías a elaborar estos productos. Estoy seguro de que nos van a acompañar porque la amplia mayoría de las carnicerías actúan en la ilegalidad y ninguna bancada va a estar en desacuerdo con sancionar a quien se desvía, al que es titular de una habilitación de una carnicería y comete abigeato. Eso sería defender al que delinque y estoy seguro de que nos van a acompañar.

¿Qué dice el artículo 259? Establece agravantes muy especiales y dice que la primera de ellas es ser jefe o promotor del delito. La segunda, es poseer la calidad de hacendado o productor agropecuario, ¡y vaya si es bueno que sobre el hacendado o productor agropecuario que comete el delito de abigeato penda una agravante muy especial! ¡Que tenga la vara más alta! Está muy bien que quien cometa abigeato –son los menos, no son todos– sea especialmente sancionado, tal como establece el actual Código Rural.

La tercera agravante es poseer la calidad de funcionario público. Si quien participa en el abigeato es funcionario policial o alguien que tiene que controlar mercadería, es lógico que sea una agravante muy especial.

Nosotros proponemos agregar una cuarta agravante muy especial, en caso de «ser titular de un comercio, carnicería o empresa autorizada para elaborar productos embutidos con carne fresca (chorizo carnicero artesanal)». ¿Por qué vamos a dar coronita a aquel a quien el Estado habilita a producir algo, frente al productor agropecuario o al funcionario policial, que sí son sancionados? Parecería lógico, si estamos modificando el régimen legal, autorizando a elaborar productos de este tipo, que quienes decidan hacerlo sepan que tienen la vara más alta y que si incurren en esta conducta, será considerada una agravante muy especial. Estoy seguro de que esto también lo van a acompañar porque, además, en este período hemos votado tantos aumentos de penas, que uno más no hace la diferencia.

Este es otro artículo que también queremos adecuar. Hemos hecho algunas modificaciones a la propuesta de aditivo. En la actualidad, está vigente el artículo 259 bis del Código Rural y cuando se produce abigeato «el juez actuante dispondrá el comiso y remate de todo elemento que directa o indirectamente fuere empleado en la comisión de los delitos tipificados en los artículos 258 y 259». ¿Qué implica esto? Cuando agarran a quien está cometiendo abigeato, faenando y echando lanares arriba de un camión, le comisan el camión y la mercadería. Lo mismo sucede en la Aduana y eso está vigente. Si vamos a autorizar a alguien a hacer chorizo casero y comete el delito de abigeato, los elementos que utiliza para cometer el delito deberían seguir esa misma línea. Acá decimos: siempre que en sentencia definitiva el juez dictamine que una persona participó en el abigeato, hay que decomisar los bienes de la carnicería, el establecimiento comercial y, obviamente, embargarlos y rematarlos. ¿Por qué? Porque es lógico que así sea. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Si a quien anda en un camioncito o en una camioneta faenando animales y tirándolos para arriba, le sacan los animales, pero continúa con la camioneta, en realidad, le estamos dando los elementos para que siga cometiendo el delito. Pero, además, el mensaje es muy malo, porque si el titular de una carnicería comete el delito de abigeato –son los menos, repito–, la carnicería no puede seguir abierta. Va de suyo que la carnicería no debería seguir abierta, justamente, en defensa de los propios carniceros que son honestos. Entonces, se dice que en la sentencia el juez hará lo mismo que sucede hoy en día por el Código Rural.

En el artículo 9.º proponemos algo que el propio ministro del Interior ya ha dicho, que es esto de las libertades vigiladas y todas esas cosas que han provocado los desastres que ya sabemos. Se dice que no pueden acceder a estos beneficios previstos en la Ley n.º 19446 –que el ministro del Interior dice que no deberían estar vigentes– quienes cometan el delito de abigeato.

Señora presidenta: por último, proponemos declarar a los efectos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 100.1 de la Ley n.º 19293 del Código del Proceso Penal, que los delitos de abigeato comprometen gravemente el interés público. ¿Qué dice este artículo? Dice que cuando el fiscal entienda que los delitos no comprometen el interés público, puede no perseguirlos. Y esto es algo que sucede normalmente. Ante el delito de abigeato normalmente algunos fiscales dicen que no es demasiado importante, que pasó el tiempo y lo dejan por ahí, y sigue la impunidad. Entonces, se le dice al fiscal que esto compromete el interés público –lo dijo el inspector Mendoza– y proponemos que ya no tenga la opción de decir: esto sí o esto no. Si hay un delito hay que perseguirlo; y en este caso sí, lo hay.

En definitiva, esos son los aditivos que estamos presentando, y espero que los acompañen.

A su vez, me permito señalar que no sé si este proyecto de ley es el más importante en este momento; me parece que no. Entiendo que en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y en el Senado deberíamos estar discutiendo qué hacemos para levantar el sector de la lechería, qué hacemos para solucionar el problema de los tambos que cierran por el alza de los costos. Esos temas son los que realmente nos deberían preocupar en relación con la ganadería, la agricultura y la actividad económica del país, porque aprobando estos proyectos de ley seguro que no vamos a levantar los déficits fiscales ni a mejorar la situación en la que nos encontramos. Pero ¡bueno! La señora presidenta se habrá dado cuenta de que hemos cumplido en estudiarlo a fondo. Se han logrado algunos cambios y esperamos que, si acompañan con su voto los aditivos presentados, se apruebe un mejor proyecto de ley.

Muchas gracias.

8) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se promociona el desarrollo y amparo del teatro independiente como impulsor del desarrollo cultural del país.

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Asimismo, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se prevén medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

9) PRODUCTOS EMBUTIDOS CON CARNE FRESCA

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: queremos decir que nos genera muchas dudas si este proyecto de ley –que ha sido mejorado muchísimo en los aspectos que hacen a la constitucionalidad– es una herramienta para el tema del abigeato. Nosotros acompañamos el proyecto de ley –estábamos en sala– cuando se trataron las modificaciones a la ley del INAC y mejoraba notoriamente.

La inocuidad alimentaria es un tema que hace mucho tiempo Uruguay viene trabajando desde los ámbitos público, privado y empresarial, y desde la propia industria exportadora, sobre todo en lo que tiene que ver con las exigencias de los mercados internacionales. En realidad, los mercados internacionales han obligado a nuestro país y a otros países que producen alimentos a utilizar procesos que tienen que ver con la inocuidad alimentaria y con el tratamiento de los animales. Incluso, esas exigencias han permitido que Uruguay avanzara muchísimo. Si consideramos los países que han avanzado en el mundo, está a la cabeza.

La incorporación de la trazabilidad, las exigencias que establece INAC a todo el mercado de la carne de nuestro país son herramientas que apuntan a la inocuidad alimentaria que, lógicamente, está vinculada al tratamiento que se da a los animales o al bienestar animal, como se llama generalmente. Así, se ha avanzado en la producción.

Es más, si consideramos las exigencias sobre los temas que se están tratando, como el famoso chorizo artesanal, vemos como que va en regresión respecto al avance que hubo. Más allá de que podamos acompañar este proyecto de ley –porque acompañamos el de INAC, y creemos que mejora– si hay una cosa en la que el país avanzó y en la que el INAC mejoró es en la producción de carne y en la inocuidad alimentaria, sobre todo en el interior donde había una desregulación total. ¿A qué me refiero? Los propios costos que hacían que cada día avanzara la inocuidad alimentaria llevaron a que, en definitiva, en los pueblos del interior desapareciera una herramienta de control contra el abigeato, como los abastos locales. Los abastos locales fueron desapareciendo por las exigencias impuestas. Hoy, en la mayoría de las carnicerías del interior del país, realmente la carne proviene de la industria frigorífica, salvo que alguna carnicería esté involucrada en el negocio clandestino del abigeato. En general, las carnicerías reciben carne de la industria frigorífica, que tiene sus costos de producción y, además, las carnicerías pagan un costo adicional por recibir esa carne, lo que no sucedía cuando existían los abastos locales controlados por el INAC, por CADA y por los municipios. Son muy pocos los abastos municipales que hoy existen a nivel de las cabezas de departamento, controlados por el propio intendente. En realidad, ya no existen. Eso se hacía, justamente, para controlar la elaboración de productos como el chorizo y la realización de la faena en los pueblos del interior.

Se avanzó en una línea que me parece muy buena porque, en definitiva, esa herramienta que significó el abasto en el interior del país se fue transformando en una dirección que agregó costos al carnicero y al establecimiento rural. Por lo tanto, avanzamos; la exigencia al productor rural fue cada día mayor con relación al tratamiento de los animales. Hay todo un protocolo para cargar ganado en una majada y llevarlo al frigorífico. Todo el mundo sabe que en Montevideo la gente rechaza la carne ovina por los olores. Justamente, eso tiene que ver con una toxina que libera el animal cuando está cansado o cuando se carga en los camiones para llevarlos al frigorífico. Hay todo un protocolo para ese manejo, que tiene que ver con el hecho de cómo llega la carne a su destino.

Entonces, si vamos por ese camino, me parece que, de llegar a un proceso de este tipo, habilitar las carnicerías es un tema realmente muy delicado. Creo que es una herramienta que ayuda al carnicero; las carnicerías la han reclamado porque hay un montón de recortes de carne que –se dice– pueden aprovechar y no descartar, pero nos genera la duda de si, en realidad, no estamos abriendo un espacio que después no se pueda controlar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que, en definitiva, el tema del abigeato, al que apuntarían las modificaciones de la ley del INAC –que ya votamos en sala– y este proyecto de ley, hoy no ha tenido solución. No es cierto que se haya controlado el abigeato en el Uruguay ni que exista una respuesta eficiente. Las cifras, que trajo y mostró el inspector Mendoza, de denuncias en Montevideo se deben a que la gente ni denuncia, pero yo vivo en una zona rural del departamento y puedo decir que eso, acá, es masivo. ¡La gente se queja por cómo se roban y carnean caballos para hacer chorizos, en Canelones y en todos lados! Y si se piensa en analizar el ADN del animal para averiguar si es robado, ya sabemos que en el chorizo clandestino no hay manera de encontrar el ADN porque en algunos pueblos del interior se lo puede elaborar hasta con carne de avestruz, como sucede. Uno conoce y sabe cómo se mueven algunas zonas del país. Hablamos de nueve mil o diez mil ovejas carneadas clandestinamente, en los últimos tiempos, en el norte del país. ¡Son miles! Son negocios montados.

En las fronteras, en donde hubiera sido una herramienta importante el despliegue militar para hacer controles, no se ha logrado. La frontera es totalmente permeable. El que conoce el interior del país, quienes nos hemos criado en el interior del país podemos hablar de seccionales enteras en las que no existe ni un policía controlando. ¡Cuándo va a dar la respuesta la Bepra, si no tiene ni un policía para informar qué pasa en las comisarías del interior! Ahí se carnea de todo, como se carnean diariamente también, en Canelones, terneros y vaquillonas de los tambos.

Por lo tanto, ¡no hay una respuesta! ¡No hay una respuesta real del Ministerio del Interior! El propio inspector Mendoza –el jefe de la Bepra– sabe bien que es así. La Bepra hace lo que puede porque son equipos mínimos en cada departamento que dan respuesta a denuncias, ya reincidentes, de zonas en las que se carnea clandestinamente.

Parto, entonces, de la realidad de que, en general, la mayoría de los carniceros, como decía el señor senador Bordaberry, están en la total legalidad, pero ¿y el que no lo está? ¿Cómo se controla la venta de chorizos y que no se mezclen los chorizos de los barrios, hechos con animales carneados en el suelo, colgados debajo de un árbol o en el medio de los campos, cuando arrancan sus cuartos y los hacen chorizos mezclados con cualquier cosa, hasta con jabalí? ¡Nadie controla! ¡El problema es el control! ¿De dónde va a venir el control? ¿Del INAC? No; porque el INAC tiene un control exhaustivo –y muy bueno, sí– sobre los establecimientos inscriptos –sí, hay una muy buena respuesta y la ley la mejora, claro que sí; ahí vamos a tener un control exhaustivo–, y quien tiene que controlar esto –reitero: el problema está en el control– es el Ministerio del Interior, la Policía nacional, pero no puede hacerlo, no puede dar respuesta. Eso no se ha dado en décadas y menos se va a dar ahora, cuando se ha montado un negocio sobre el abigeato en todo el territorio nacional. Hay miles y miles de animales faenados y muchos ya ni denuncian porque, en definitiva, cuando llega la Bepra a dar una respuesta ya sucedieron determinados hechos de faenas clandestinas permanentemente.

Entonces, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Creo que no es malo y que puede ayudar en determinados aspectos de la faena clandestina en un establecimiento constituido, como es la carnicería. También puede ayudar a los carniceros para que no terminen desechando determinada materia prima en cualquier lado o un chorizo en un boliche de barrio –porque se hizo clandestinamente– para no perder los recortes. Por ahí sí, ¡bárbaro!, pero si vamos a focalizar esto como una gran cosa para controlar el abigeato, ¡cuidado! ¡Esto no!; solo puede ayudar a lo que estamos mencionando.

Comparto, incluso, los aditivos –que firmé– del señor senador Bordaberry porque creo que tiene que haber una agravante. Si hay agravante para el productor e, incluso, para el funcionario público que está vinculado al delito de abigeato, tiene que haberla para quien tenga responsabilidad en esto, e incluso, que se atenga al decomiso y al remate de todo, al cierre de la carnicería. Sin lugar a dudas, se debe aplicar todo el peso de la ley. Pero tengamos en cuenta que el tema del abigeato es mucho más complejo que una ley sobre chorizo artesanal o que las modificaciones a la ley del INAC. Estas modificaciones van a ayudar a mejorar cada día más la imagen que tiene el Uruguay en el mercado internacional respecto al tema de la inocuidad alimentaria y el buen trato animal. Eso es lo fundamental y en donde, por la trazabilidad total, desde las cajas negras hasta la trazabilidad en el campo a nivel de todos los productores y de toda la industria frigorífica, el Uruguay ha avanzado notoriamente en los mercados internacionales, pero creo que el tema del abigeato amerita otra estrategia nacional que no es la que se está llevando a cabo ni tampoco la que se aplicó en otros tiempos. Este tema no es solo de estos Gobiernos, sino que históricamente el abigeato ha sido un grave problema. Si hay un flagelo y un costo terrible para el sector productivo nacional –sobre todo ovino– es el avance de los jabalíes y los caranchos, la faena clandestina por negocio, el abigeato, y las perradas, las jaurías, que son terribles en todo el interior del país, sobre todo en zonas aledañas a los pueblos.

El abigeato es terrible, pero si se carnea una oveja para comer y luego se la deja colgada en el alambrado –como históricamente prevé el Código Rural–, se considera que es para alimentarse y no se procesa a nadie. En los pueblos del interior se da muy poco que algún paisano pase por el costado de alguna majada y se lleve una oveja para comer. En general, acá son negocios montados que derivan en la venta de carne clandestina. Los que son del interior saben bien que en los barrios de los pueblos se vende carne clandestina, cuya procedencia no se conoce exactamente. La propia Policía tampoco tiene capacidad de respuesta porque cuando la carne llega al barrio y se vende, muchas veces está dirigida –y anotado– a quien la pidió o, directamente, a quien la faenó. Por lo tanto, se entrega directamente en la casa y eso lo sabe todo el que vive en el interior. La propia Policía lo sabe y, por eso, Mendoza advierte que no hay una capacidad de respuesta ni de control sobre el abigeato.

Con estos comentarios y aportes vamos a apoyar el proyecto de ley. Creo que ha mejorado notoriamente en lo que es el aspecto constitucional y vamos a acompañar, sin lugar a duda, las modificaciones y aditivos que el señor senador Bordaberry plantea porque tienen que ver, también, con el endurecimiento en la persecución del delito de abigeato. En definitiva, si entiende que no hay una situación de alarma o de afectación pública, el fiscal –con el enorme problema que tiene hoy con los delincuentes– no persigue el delito pues, para él, no genera eso. Creo que hay que agregarlo porque me parece que ayudaría a que la Justicia tenga una herramienta para perseguir un flagelo que afecta cada día más a la producción nacional y a todos los productores en el territorio nacional.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, creo que hay algo en lo que generalmente caemos y es que cuando discutimos un proyecto de ley tratamos de ver si soluciona un problema, pero para enfocarlo empezamos a agregar otros, subsidiarios o emergentes, que pueden tener o no relación con lo que estamos analizando en particular. Y creo que eso, en cierta manera, hace difícil poder pensar en que un proyecto de ley pueda terminar siendo favorable para el desarrollo de la situación que enfrentamos. Me refiero a esto porque aquí hay una propuesta de autorización de elaboración controlada de chorizos en las carnicerías, pero ya se agrega que esto agranda el abigeato, que va a condicionar la posibilidad de que la gente coma productos de calidad o no, es decir, un montón de cosas, un montón de condimentos. Lógicamente, el que lo escucha duda de si con esta ley realmente estamos favoreciendo el proceso de comercialización de carnes en este país, sobre todo, el abastecimiento de ciertos productos en condiciones que facilitan el desempeño y desenvolvimiento de las propias carnicerías. Y es lógico que, con todo este condimento, tengamos esas dudas.

Creo que, en primer lugar, debemos considerar que estamos buscando una alternativa para que el negocio de la carnicería hoy tenga una herramienta más que la haga viable en la situación económica a que se enfrenta. Es decir, es un recurso cuyo consumo afronta transformaciones porque, desde el punto de vista sanitario o de la salud humana, hoy se hace un fuerte hincapié en el consumo de carnes magras y se aconseja no comer grasa, pero el animal produce carne mezclada con grasa. Entonces, si quien va a abastecer al consumidor hace un proceso de limpieza, de eliminación de esa grasa para que no se la consuma, asume que va a tener que tirarla en grandes cantidades, a pérdida. Eso es lo que daña el negocio del pequeño comerciante carnicero. Por eso me parece que hay que tratar de encontrar alternativas para que, en la necesidad de dar satisfacción a sus consumidores, tenga la posibilidad de darle otra utilidad a lo que debe desechar del corte que va a vender.

Es por eso que hago hincapié en que el literal E) del artículo 3.º de este proyecto de ley establece claramente: «Las carnes utilizadas deberán tener origen conocido y contar con habilitación higiénico sanitaria de la autoridad competente». Este es un elemento sustantivo para establecer qué es lo que se habilita: se habilita a hacer embutido con carne de origen conocido. Por lo tanto, si es de abigeato, no es de origen conocido. ¿Cómo se frena el abigeato? Y bueno, los carniceros tendrán que asumir que, para vender chorizos, deben tener carne habilitada. Por lo tanto, no van a comprar del abigeato.

Lo que a mí también me preocupa es que acá se diga que hay que conocer el interior y que se lo pinte de una manera realmente nefasta. Parecería que en el interior todos roban, todos venden carne clandestina, todos venden carne procedente del abigeato, ¡y no es así, señora presidenta! ¡No es así! ¿Que hay abigeato? Es cierto. ¿Que hace más de cincuenta o cien años que hay abigeato en el país? Es verdad; lo hay desde que se introdujo la ganadería. Antes ni siquiera se controlaba de quién era el ganado que se faenaba.

Entonces, estamos de acuerdo en que avancemos en normas para proteger no solamente a los empresarios, carniceros y pequeñas y medianas empresas, sino también a los productores rurales, pero los mecanismos tienen que ser tales. No podemos incluir en una ley del chorizo –como se ha dicho en el Parlamento jocosamente– normas penales para el abigeato. Creo que eso no es lo correcto ni me parece que sea sano para el debate de este proyecto de ley.

Es por eso, señora presidenta, que concordamos, sí, y el otro día tomamos una determinación muy importante al aprobar y derivar a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que va en la línea con lo que expresa el literal E) del artículo 3.º. Eso es, que las inspecciones que realice el INAC como autoridad competente establezcan cuál es el origen de la carne en todos los lugares donde se comercialice, porque fiscalizando el origen de las carnes, estamos controlando el abigeato.

Pero a veces el principal problema para garantizar la sanidad e inocuidad alimentaria respecto de nuestros consumidores es que muchas veces las carnes provienen de la faena clandestina y no directamente del abigeato. Ese también es otro recurso de mucha gente: la forma de no pagar diez vacas, o una vaca y media a los consignatarios o rematadores que están en el medio de la cadena, es faenarlas en su establecimiento y venderlas directamente. ¡Es así! ¿Vamos a salir a reglamentar, a bajar los costos de la comercialización? ¿Vamos a poner topes para que la Asociación de Consignatarios de Ganado en este país no cobre las tarifas que cobra a los productores, quedándose con un 10 % o más de lo que comercializa en una transacción? No. No vamos a discutir eso al considerarse la ley del chorizo carnicero. También tenemos que discutir cómo la cadena productiva se adecua para el mejor funcionamiento. A veces hay cosas que está bueno que se regulen, pero hay otras que nosotros, mediante la ley, no podemos regular y está bueno que lo haga la propia sociedad en su funcionamiento– quienes producen y venden y quienes comercializan– para tratar de llegar a los mejores acuerdos posibles.

Creo, señora presidenta, que esto es un avance para generar otra herramienta de venta de productos donde, reitero, se conozca el origen de la carne y pueda, en cierta manera, también brindarse un producto que muchas veces se busca. ¿Por qué se busca este producto ante el producto industrial? Porque muchas veces es picado a mano, porque la proporción de grasa y carne varía, porque hay carniceros que tienen un conocimiento de las especias y lo condimentan, porque tiene morrón y queso, etcétera. ¡Esas son las cuestiones, señora presidenta! No se piensa, con esto, habilitar a que se siga robando y carneando más porque, si no, en primer lugar, estaríamos transformando en sospechosos a los carniceros habilitados de este país. ¡Precisamente, a quienes tenemos que fortalecer! Si no, quienes van a sustituir a esas pequeñas empresas en el interior del país, fundamentalmente, van a ser las grandes superficies, ¡que tienen al fondo un despacho de carne de la cadena frigorífica! Entonces, creo que esto es lo que buscamos como alternativa para mejorar la comercialización y el funcionamiento de estas pequeñas empresas.

¿Con esto solucionamos todo? ¡No! Es un avance. Todavía tenemos que seguir mejorando en el abastecimiento de carne. Sin lugar a duda, un problema que hay es que las actuales exigencias de inocuidad tienen que garantizar mejores condiciones de faena cada vez, y eso limita dónde se puede hacer. El propio INAC, cuando estuvo en la comisión, también relevó cosas que no eran tan lamentables como podíamos pensar. El INAC dijo que en el año 2016, mediante un estudio que había hecho para ver cómo llegaba la carne a poblaciones con más de quinientos habitantes, encontró que realmente había abastecimiento y que, seguramente, hay problemas en muchas de las doscientas localidades con menos de quinientos habitantes –unas veinticinco mil personas estiman ellos– que falta relevar.

Estas son las cuestiones que tenemos que seguir estudiando para ver cómo se soluciona que la población más dispersa que tiene este país pueda tener acceso a carne de calidad, de origen conocido y, sobre todo, cuya inocuidad esté garantizada desde el punto de vista sanitario.

Así que, señora presidenta, sin pensar en que esto sea la gran panacea para el salvataje de la cadena cárnica en este país, vamos a votar este proyecto de ley porque es una medida que, creemos, va a ayudar al desempeño de pequeñas empresas que abastecen a los consumidores.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: el señor senador Pardiñas hizo algunas afirmaciones genéricas, que nunca son buenas –sería bueno que fuera más concreto–, al sostener que acá estamos diciendo que en el interior son todos delincuentes. Yo me siento del interior, paso mucho tiempo allí, y no me siento un delincuente, y no creo que nadie me haya acusado de esto acá. Es más, lamento que no haya prestado atención a mis palabras porque fui muy claro cuando dije que, como en todas las actividades, hay una minoría que incurre en estas conductas. Además, no sé si el señor senador Pardiñas estaba presente en la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 11 de abril de 2019, pero allí dije: «… sé que hay muchas carnicerías que no incurren en estas conductas […]. Unos pocos carniceros –no la mayoría– comercializan en forma de milanesas o chorizos caseros la carne que se obtiene por abigeato. Por lo tanto, no eludamos el tema de fondo…». No sé hasta cuándo hay que seguir aclarando porque acá se hacen acusaciones al voleo. Y lo peor de todo, señora presidenta –lo que uno no entiende–, es que este es el proyecto legislativo prioritario del Frente Amplio en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. El país tiene problemas en la educación, y lo que nos interesa es el proyecto del chorizo carnicero. El país tiene problemas con el déficit fiscal, ¿y qué es lo que nos interesa?: el proyecto del chorizo carnicero. El país tiene problemas con la seguridad pública, y lo que nos interesa es el proyecto del chorizo carnicero. Esas son las muestras más claras de cómo se ha perdido el rumbo, tratando, durante meses y meses, este proyecto de ley porque, ¡vaya a saber quién está atrás de este proyecto y qué compromisos políticos tiene que cumplir, para sacar esto para los amigos de turno! ¿De eso quiere hablar? ¡Hablemos! ¡No tengo problema! Pero no acuse al voleo, afirmando que nosotros decimos que en el interior son todos delincuentes; todo lo contrario, a mucha honra, me siento del interior, soy del interior, y no soy delincuente.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: en primer lugar, no aludí directamente al señor senador Bordaberry al decir que él expresaba generalidades. Lo que dije fue que con el cúmulo de cosas que estaban agregándose en las distintas argumentaciones, se estaba dando una visión que, insisto, no corresponde a lo que ocurre en el interior.

Ahora bien, creo que el señor senador Bordaberry, al decir que este es el principal proyecto de ley promovido por nuestra fuerza política, está haciendo una mala lectura de la realidad política. Si hay que discutir la ley del chorizo carnicero, ¿por el hecho de que importe menos que el déficit fiscal, no vamos a discutirla?

En el siguiente punto del orden del día, señora presidenta, está la carpeta n.º 1279/2019, que contiene un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la adjudicación de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización. Y este sí es un tema prioritario para el Gobierno, precisamente porque establece la cotitularidad para hombres y mujeres en la tenencia y el uso de la tierra y, además, porque es desde que está el Gobierno del Frente Amplio que el Instituto Nacional de Colonización empezó a comprar tierras. Capaz que sí, se podría haber reducido en algún punto el déficit fiscal si no se hubiera comprado tierras, pero para quien no puede acceder a la tierra en el mercado es prioritario lo que hace el Instituto Nacional de Colonización. Es más: habríamos querido que este proyecto de ley se hubiera aprobado antes por el Parlamento nacional.

También es prioritario que se haya discutido en el día de ayer la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; sin embargo, algunos dijeron que había que seguir discutiendo, que había que dejar pasar más tiempo. Creo que entre ellos estaban los que hoy critican que estemos discutiendo la ley del chorizo carnicero.

Muchas gracias.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Gracias, señora presidenta.

Por este tema he participado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y también en las dos últimas sesiones de la comisión respectiva de la Cámara de Senadores.

Realmente, me alegra que se legisle sobre el tema y se asuman algunos riesgos, precisamente, autorizando a través de este proyecto de ley. Si uno mira, en los últimos años ha sido muy común prohibir cuando no se puede controlar, y me parece que eso es un error. Tenemos problemas –por mencionar algunos ejemplos– con la tarjeta corporativa y, entonces, decidimos prohibirla. Tenemos problemas para controlar la estafa del Fonasa, y creamos el corralito mutual cuando, en realidad, hay que crear una ley que permita hacer cosas e instrumentar los controles necesarios para llevarlas adelante.

Acá separo los tantos, aunque entiendo que hay puntos en común, y por eso vamos a acompañar los aditivos presentados por el señor senador Bordaberry, especialmente el del artículo 259 que considera como agravante el comercializar carne proveniente del abigeato.

De todos modos, el abigeato no se va a solucionar con este proyecto de ley; de ninguna manera. El primer problema que tenemos es que se liquidaron los abastos en todo el país. En Río Negro no hay un solo abasto. No es cierto que no los haya en poblaciones menores, porque tampoco hay en Young que tiene diecisiete mil habitantes, ni hay en Fray Bentos, que es la capital del departamento y tiene veinticinco mil habitantes. Entonces, hoy el abastecimiento de carne está en manos de los frigoríficos, que no llegan a todos lados porque los camiones refrigerados no van a ir a pueblo Grecco a llevar carne.

A su vez, el peor problema con el abigeato es que quedan pocas comisarías en campaña. Muchas se cerraron y las que quedan tienen un policía; o tienen un policía y no tienen camioneta; y si tienen camioneta, no tienen cubiertas; y si no tienen camioneta, tampoco tienen moto; y en algunos casos no tienen ni caballos. Esto no es sarcasmo, es la realidad. Entonces, cuando pasa un hecho de abigeato es imposible que la policía actúe: primero, porque para que el policía vaya tiene que cerrar la comisaría; segundo, no llega y, tercero, llega tarde. La tarea que tienen que hacer es titánica, pero no pueden hacer más. Entonces, no entreveremos los temas; exijamos algunas cosas que ayuden a esto, pero algún día habrá que abordar el otro problema, que tiene muchos componentes; uno de ellos es la presencia de la policía en el medio rural y, a veces, no solo en el medio rural, ya que hay lugares como San Javier o Nuevo Berlín en donde hay muy poca participación o presencia policial.

En otro orden de cosas, nosotros aprobamos el proyecto de ley que el señor senador Bordaberry dice que será aprobado recién en agosto en la Cámara de Representantes, que es el que otorga mayores potestades al INAC en el control del proceso de la comercialización. Evidentemente, en el poco tiempo en que he estado acá, he visto votar algunos proyectos de ley que luego no cuentan con recursos. El más grave –digo esto, porque participé en la discusión de la rendición de cuentas– fue cuando se crearon los juzgados letrados especializados en violencia basada en género. Vinieron la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el fiscal de corte y la Suprema Corte de Justicia a pedir cien y se les dio diez, lo que llevó a que no se pudiera implementar el sistema en su totalidad.

Podrán decir que se adelantó; es verdad, pero hay veces en que, si las cosas no se hacen bien, van al fracaso.

Fue por eso que nosotros pretendimos que se votara primero el proyecto de ley por el que se otorgan más atribuciones al INAC, pero al mismo tiempo se le tienen que dar recursos para que pueda controlar la inocuidad alimentaria. Hicimos ese planteo en la comisión, pero no tuvimos suerte; había que votar el proyecto de ley y así se hizo. Esperemos que el control del INAC salga antes de que este proyecto de ley sea aprobado porque, si no, va a ser realmente muy complicado.

Aquí se dijo, además, que unas de las peores competencias que hay en la comercialización de carnes es la relacionada con las carnes artificiales.

Simplemente quiero decir acá –para que retumbe un poco en el Senado– que la semana pasada recibimos dos veces a los apicultores en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ellos se están fundiendo; están desapareciendo. Pero la situación es mucho más grave porque está desapareciendo la abeja, lo que es mucho más grave para la vida.

En este sentido, quiero señalar que uno de los peores problemas que tiene la comercialización de miel es la adulteración que se está realizando en el mundo. Actualmente hay países que dicen estar vendiendo miel, pero en realidad venden solamente el título. Lo que venden no es miel. Aquí se hizo referencia a este asunto, que también debería preocuparnos.

Quería hacer estas apreciaciones, señora presidenta, al igual que lo hice en la comisión. Nosotros vamos a acompañar el proyecto de ley y también los aditivos que se van a presentar.

Gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Este es un proyecto de ley que tiene historia. Esta es la segunda cámara en la que se trata. El asunto fue aprobado en la Cámara de Representantes con una amplia –amplísima– mayoría, lo que obviamente también condiciona. Más allá de quien lo presentó, este proyecto de ley fue impulsado por legisladores de todos los partidos de varios departamentos del interior del país, tratando de legalizar una realidad. Esa es la verdad. Hay cosas que sabemos que ocurren y, más allá de lo que decía el señor senador Lafluf con quien coincidimos: al haberse eliminado los abastos es muy difícil llevar a cabo el control general. Hoy las carnicerías deberían –y lo expreso de esta manera– estar surtidas como proveedores de carnes de frigoríficos o de distribuidoras, pero no de otra forma. Sin embargo, la realidad nos muestra que en ellas se hacen chorizos caseros. Eso es así, nos guste o no. Y como las leyes no pueden ir contra la realidad, vamos a tratar de encauzarla, legalizando un proceso y tratando de generar las mejores condiciones para que ocurra. Me refiero a las condiciones de inocuidad alimentaria y a las relacionadas con la provisión de los insumos que se necesitan para generarla.

Más allá de que todavía tengo dudas acerca de si este asunto necesita la aprobación de una ley, en el entendido de que sí lo requiera, creo que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado hizo un proceso interesante no solo de modificación del proyecto de ley, sino también de mejora y de rediscusión.

Recordemos que el cometido de este proyecto de ley era la habilitación para la elaboración de chorizos caseros en las carnicerías del interior del país. Allí comenzamos la primera discusión, es decir, si puede zonificarse la aplicación de una ley en Uruguay. En este sentido, tuvimos varios insumos desde la academia y también desde la jurídica, todos contestes en que deberíamos sancionar una ley que comprenda a todo el país y tenga aplicación nacional. Incluso, se pensó en la posibilidad de que abarque el área metropolitana, pero iba en el mismo sentido. Finalmente, el proyecto de ley quedó como debía, es decir, como un tema de aplicación nacional. Quiere decir que aplica –o debería aplicar– a todas las carnicerías.

En ese sentido, nosotros teníamos la prevención de algunos recursos que ya se habían anunciado si este proyecto de ley se aprobaba tal como venía de la Cámara de Representantes, pero ese asunto se subsanó.

El otro aspecto que se subsanó fue la utilización del concepto «chorizo» o «embutido» porque daba una amplia interpretación al tema, a la que debíamos ponerle un fin o, por lo menos, ser específicos en cuanto a cuál es el marco de aplicación de este proyecto de ley. Debíamos establecer claramente qué productos se habilitaban y cuáles no. Se discutió mucho al respecto. Si bien se establece que se autoriza la «elaboración de productos embutidos con carne fresca», al final de la oración se realiza una aclaración. De esa manera, se deja afuera una cantidad de interpretaciones que, legítima y lógicamente, podían realizarse.

El tercer aspecto tiene que ver con las competencias sobre el control en el tema de las carnicerías. En este sentido, vimos que el INAC –que era un actor recurrente en este asunto– no tenía competencia. Es lógico que la tuviera, el INAC deseaba tenerla, pero no la tenía. Entre otros, sí la tenían las intendencias, es decir, los Gobiernos departamentales a través de Bromatología. Por lo tanto, hubo que citar al Congreso de Intendentes para tratar también de congeniar este proyecto de ley con el aspecto bromatológico a nivel departamental.

Por último, como bien lo decían algunos señores senadores, se hace referencia al origen de los insumos, de la carne y de la grasa. Ellos deben tener un origen legal, que es lo más difícil de controlar en virtud de que, como todos sabemos, actualmente el abigeato es un drama nacional, de difícil control y que, además, las herramientas de control son escasas.

Como decía el señor senador Saravia, vino el inspector Mendoza, hoy jefe de Policía de Paysandú, quien ha dirigido –no sé si continúa en ese cargo– la Bepra a nivel nacional. Se han obtenido diferentes resultados en todos los departamentos. Todos los que recorremos el país sabemos que en algunos lugares funciona mejor que en otros. En realidad, los instrumentos y las armas que tienen para poder hacer los controles exigidos por la ley y por el ministerio, como bien sabemos, son muy escasos. Ellos vinieron a advertir que la sanción de este proyecto de ley no debería convertirse en una vía de legalización de un proceso no legal, es decir que no pase a ser un blanqueo de carne –vamos a decirlo en estos términos–, de carne mal habida y que ahora estemos abriendo la posibilidad de blanquearla legalmente en el final del proceso. Antes podía decirse que no había norma, se actuaba medio por el costado y se vendía. Pero ahora que habilitamos el proceso debemos tener la garantía de que los productos que se usan para su elaboración tengan el mismo marco o habilitación legal que el proceso final que se genera con los productos que tienen esa procedencia.

En ese punto surgieron las dudas –nos surgieron para todos– sobre cómo atar estos dos temas, es decir, el abigeato y la habilitación de la generación de chorizos caseros artesanales hechos con carne fresca en las carnicerías.

Una vez más, vino un proyecto de ley del INAC por el que sí se otorgan competencias. Creo que, en general, el proyecto de ley de inocuidad y competencia del INAC ayuda a enmarcar esta iniciativa. En lo personal, considero que ambos proyectos de ley deberían ir juntos porque, de lo contrario, este proceso queda muy rengo. Ojalá la Cámara de Representantes pueda votarlo rápidamente.

En ese sentido, todos los partidos políticos que integramos la comisión nos comprometimos a hablar con los señores diputados –dicho sea de paso, para avanzar más rápido se invitó a los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes a algunas de las sesiones de la comisión en las que se trató este tema– para que traten de avanzar paralelamente en la consideración de las modificaciones –ahora sí, como tercera cámara– que el Senado hace al proyecto de ley que viene con media sanción y con amplio grado de acuerdo.

Nos comprometemos a no dejar este proyecto de ley sin el otro porque, de otra forma, entraremos en una zona de riesgo espantosa. De hecho, tenemos la responsabilidad de crear un marco legal para una cosa, pero si no le damos a INAC las armas correspondientes para actuar, no generaremos las condiciones para la otra. Quiero advertir esto porque todos los sectores y partidos políticos aquí representados tenemos nuestro correlato en la Cámara de Representantes, y que esta se comprometa a aprobar el proyecto de ley que sancionó el Senado la sesión pasada, relativo a la competencia del INAC, es clave para poder aplicar el que estamos tratando ahora. De no ser así, reitero, entraremos en una zona de mucho riesgo y, la verdad, creo que la enmienda podría llegar a ser peor que el soneto.

Como señaló el señor senador Saravia, vamos a acompañar el proyecto de ley con la serie de modificaciones que se hicieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado –que, sin duda, lo mejoran–, pero con la advertencia de que este proyecto de ley debería ir acollarado –si se me permite el uso de esta expresión, y más allá de que hubiéramos querido que fuera parte de un todo– al que le otorga al INAC la competencia para controlar a las carnicerías.

Por último, el señor senador Bordaberry hizo una serie de propuestas para incluir algunos artículos aditivos. Uno de ellos tiene que ver con la inocuidad y el resto con la aplicación de penas para aquellos carniceros que, sabiendo, utilizan carne proveniente del abigeato o forman parte de un proceso vinculado al mismo, produciendo chorizos artesanales con carne mal habida; son parte del mismo sistema. Creo que esto es una agravante notoria y ahí sí cortamos, y cortamos bien. Después habrá que controlar; pero, por lo menos, creamos el marco jurídico para aplicar la agravante y la sanción correspondiente. Como dije, si no reforzamos los controles en el suministro de los insumos, al legalizar el producto final corremos el enorme riesgo de habilitar una vía para legalizar el abigeato.

Francamente, no quiero poner la excepción como una regla, pero que las hay, las hay, por lo que deberemos trabajar para corregir las deficiencias o patologías que se puedan presentar. Al principio señalé que la ley no puede ir en contra de la realidad; bueno, esta es una realidad que se ha ido agravando a lo largo del tiempo.

Por los motivos expuestos, adelanto que vamos a acompañar los aditivos vinculados a la reforma del Código Rural que propuso el señor senador Bordaberry, porque consideramos que cierran, blindan y coronan positivamente este proyecto de ley. Por un lado, se legaliza el producto final y, por otro, se generan las agravantes para aquellos que lo producen con materia prima mal habida, algo que hoy no está previsto.

Si entre todos logramos el compromiso de que las modificaciones que hoy se van a votar acá sean acompañadas en la Cámara de Representantes, que además deberá aprobar el proyecto de ley que otorga competencias al INAC –oportunamente votado por el Senado–, podremos generar un marco normativo con más controles. Esto nos permitirá, a su vez, habilitar la producción legal de un producto que hoy se realiza de manera ilegal, así como controlar el suministro de los insumos que se utilizan para su elaboración.

En ese sentido y con ese espíritu –a pesar de las dudas que planteamos al inicio de la exposición con respecto a si en este tema se necesita o no un proyecto de ley–, vamos a acompañar este proyecto con las modificaciones que vienen de la comisión que, debo decirlo, fueron producto de un largo trabajo y de muchas consultas. También vamos a acompañar la moción que plantea el señor senador Bordaberry, relativa a agregar una serie de aditivos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Nos visitan los alumnos de 6.º año de la Woodlands School, de Montevideo. ¡Sean bienvenidos!

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Comparto in totum lo que dijeron los señores senadores Garín y Pardiñas, pero quiero aportar algo a la discusión.

En primer lugar, y tal como lo señaló el señor senador Pardiñas, lamentablemente algunas veces se desvirtúa el objeto del proyecto de ley, que está muy claro en el artículo 1.º cuando establece: «Autorízase a las carnicerías de corte en todo el territorio nacional la elaboración de productos embutidos con carne fresca». Entonces, tratemos de no desvirtuar el objeto.

La verdad es que este es un proyecto de ley muy importante. En lo personal, lo calificaría como una norma de promoción, porque promueve una actividad que antes se consideraba ilícita, promueve el comercio de pequeños y medianos productores y agrega valor a su actividad.

He conversado con muchas autoridades policiales respecto a este proyecto de ley, quienes me dijeron que están de acuerdo con él porque ayuda a prevenir el abigeato. Ahora bien, recuerdo que cuando se abordó el tema del abigeato se desvirtuó la discusión, porque parecería que el abigeato no está castigado en nuestro país, cosa que no es cierta; siempre se castiga la comercialización del producto del abigeato.

Este tema preocupa a la bancada de gobierno y al Gobierno nacional. Por eso, en 2016, el Poder Legislativo actualizó el delito de abigeato y, tal como lo señaló el señor senador Bordaberry, le agregó la dimensión de crimen organizado. En el artículo 259 del Código Rural ya se contempla esta dimensión y se lo castiga con una pena que va de dos a ocho años, sin perjuicio de las agravantes que puedan existir. Y el artículo 259-BIS otorga al juez la potestad del comiso y remate de los elementos del delito.

A modo de conclusión –es importante que esto quede claro, porque desde aquí les hablamos a los habitantes de nuestro país–, quiero decir que el delito de abigeato ya está penado; hay una sanción prevista para el caso de que se comercialice el producto del abigeato.

Comparto que quizás haya que analizar los aditivos propuestos por el señor senador Bordaberry, pero hay que hacerlo en la comisión correspondiente. Y, si bien yo no la integro, los compañeros que sí lo hacen me dijeron que hay un compromiso al respecto. Nosotros, como bancada de gobierno, estamos comprometidos a analizar los aditivos, pero hay que hacerlo con los datos objetivos, desde el año 2016 a la fecha, para ver qué resultados obtuvo la modificación legislativa que realizamos. También hay que analizar qué resultados obtuvo la creación de la Bepra. Planteo esto porque no podemos ser tan ilusos de pensar que una comisaría rural, con un solo policía, va a poder luchar contra el abigeato.

En los próximos días se va a inaugurar en el norte del país, concretamente en Salto, una base de la Guardia Republicana, en donde se va a disponer hasta de un helicóptero. Es decir que nuestro compromiso es el de luchar contra el abigeato con todas nuestras fuerzas. Además, tenemos que reconocer –y lo hacemos– que somos un país agroexportador; por lo tanto, tenemos que cuidar los activos que tiene el país.

Ya existe el compromiso de los compañeros de la bancada oficialista que integran la comisión de analizar los aditivos que propone el señor senador Bordaberry.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Enseguida se la concedo, señora senadora; estoy terminando.

Lo más correcto sería que mocionáramos –no lo quiero hacer yo, pero lógicamente estoy de acuerdo– para que esos aditivos pasen a la comisión correspondiente. La idea es que en ese ámbito se analicen bien las cifras, en base a la incidencia que tuvo la modificación de la ley de 2016, porque el delito de abigeato en nuestro país ya está penado con la dimensión de crimen organizado, y la comercialización del producto del abigeato se pena con mayor severidad.

Ahora sí le concedo la interrupción a la señora senadora Xavier.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señora presidenta.

Me parece que deben quedar meridianamente claras dos cosas. Una es que la comisión ya adquirió un compromiso. Era muy importante que hiciéramos los cambios pertinentes con tiempo, como para poder juntar todos los elementos y ver si las modificaciones que trae el proyecto de ley guardan relación con la dosimetría que deben tener las normas. No nos parecía correcto que el Código Rural se modificara a través de este proyecto de ley; lo lógico era estudiar el asunto y juntar todos los antecedentes.

Como bien dice el señor senador Carrera, también debemos ver qué ha pasado con las disposiciones que sobre este tema hemos adoptado en el último tiempo.

Es cierto que el señor senador Bordaberry dijo que de todas formas iba a presentar aditivos en la sesión plenaria; eso no lo podemos impedir. Lo que tiene que quedar muy claro es que no hay que mocionar el compromiso de la comisión porque ya está establecido. Los artículos están a estudio en la comisión y la bancada oficialista ha dicho que serán considerados inmediatamente después de la definición del proyecto de ley que hoy estamos tratando y del que aprobamos en la sesión pasada. Para que no nos enredemos, aclaro que esa es la situación. La comisión procederá a discutir este asunto una vez que retome su actuación ordinaria.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- He terminado, señora presidenta.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: en el día de ayer tuvimos un debate entre casi todos los que estamos aquí presentes y la gran crítica que se nos hacía era que queríamos aprobar un proyecto de ley de manera muy apurada y que había que tomarse más tiempo para considerarlo. Hoy –de un día para otro– estamos exactamente al revés: estamos muy lentos en el tratamiento de un proyecto de ley que ya tendría que haberse aprobado. Desde luego, todo depende del cristal con que se mire. No podemos dejarnos llevar por una cosa ni por la otra.

Asumí la presidencia de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en abril y, como los señores senadores saben –porque seguramente muchos han presidido comisiones en algún momento–, durante el estudio de un tema en comisión, las presidencias tienen cierta capacidad de adelantar trabajo, siempre contando con el apoyo muy decidido de la secretaría –aquí presente–, que es una colaboradora permanente en los vaivenes del tema. En ese momento nos encontramos con un proyecto de ley que había sido aprobado en la Cámara de Representantes con el apoyo de todos los partidos –aunque no fue unánime–, referido a la comercialización de embutidos elaborados con carne fresca –según el nombre técnico que se dio–, sobre el que escuchamos distintas opiniones. Algunos decían que estaba bien, otros opinaban que estaba mal, que esto aumentaba el abigeato, que no se controlaba, etcétera. Escuchamos de todo, y ¿qué hicimos? Convocar a todos los sectores involucrados. Efectivamente, nos tomamos un tiempo; fueron dos meses, que tampoco es tanto para tratar un proyecto de ley que ya había estado mucho tiempo a estudio en la Cámara de Representantes. Recibimos al jefe de Policía y a otros actores.

Debo aclarar, además, que yo estuve presente en el Congreso de la Federación Rural celebrado en Paso de los Toros, al cual fui invitado como presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. En dicho evento, durante la mañana, funcionó la Comisión Nacional de Seguridad Rural y allí estuvieron presentes dieciocho de los diecinueve jefes de Policía de todo el país; entre ellos, el inspector Mendoza, jefe de Policía de Paysandú, quien ya había estado en la comisión. Destaco que había un ambiente favorable –no quiero poner nada en boca de personas que no están en condiciones de corregirme– a este proyecto de ley, pero con la condición de que se establecieran medidas severas para controlar el abigeato. ¡Esa fue la condición que pusieron! ¡Y tenemos claro que ese tema está contemplado!

Tengo en mi poder el informe del Ministerio del Interior, Policía nacional, Seguridad Rural, de mayo de 2019, que incluye todos los datos sobre abigeato. Por lo tanto, conocemos perfectamente el estado de situación y sabemos que hay que encararlo decididamente.

Ahora bien, ¿qué sucedió? El proyecto de ley que venía de la Cámara de Representantes tenía objeciones severas en cuanto a su constitucionalidad, las cuales ya fueron explicadas claramente por los señores senadores Bordaberry y Delgado, así como por el señor miembro informante. Además, se introdujeron modificaciones importantes. Al artículo 3.º se le hicieron muchos agregados que apuntan a establecer condiciones más severas en cuanto al control y a la forma en que se comercializan los productos. Por ejemplo, su literal B) expresa: «Implementar los resguardos necesarios para garantizar la inocuidad del producto de acuerdo a la normativa vigente». Ese fue uno de los temas que incluimos, y nos preocupamos de que el proyecto de ley sobre inocuidad, que se aprobó por unanimidad en esta cámara hace unos días –y en términos de funcionamiento parlamentario sabemos que unos días son, prácticamente, instantes– ya estuviera a consideración de la Cámara de Representantes, que probablemente lo resuelva en el mes de agosto, pues todos conocemos las normas con las que se cumplen los períodos legislativos.

Insisto: sobre este proyecto de ley todo el mundo ha opinado. Destaco un tema no menor: conseguimos que concurrieran a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca todos los directamente involucrados en el tema, y en las versiones taquigráficas correspondientes constan sus posiciones. Hubo casos bastante excepcionales –estuve integrando la comisión durante diez años, así que no estoy hablando como un recién llegado–: concurrieron dos presidentes de la Asociación Rural del Uruguay que, si no me equivoco, nunca habían concurrido antes. También estuvo presente la señora presidenta del Congreso de Intendentes –intendenta de Lavalleja–, a la cual se había citado en varias ocasiones y no había concurrido. En fin, estuvieron presentes todos los sectores involucrados.

Como dije, con el apoyo de la secretaría, semana a semana se fueron enviando a los distintos sectores interesados en el tema los avances que íbamos logrando en la comisión, en procura de dos cosas: del mayor acuerdo posible y de la mayor información para aquellos sectores –que no son parlamentarios– interesados en la actividad. Así llegamos a aprobar el proyecto de ley.

Luego se le dijo al señor senador Bordaberry que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca no era el lugar apropiado para presentar las modificaciones que él quería incluir. No se trata de que sean importantes o no; habrá instancias y momentos para todo. Esperamos que el señor senador Bordaberry presente sus modificaciones en la Comisión de Constitución y Legislación, a la cual debe estar destinado el proyecto de ley, y esta lo considere rápidamente.

Tengo en mi poder la versión taquigráfica de la discusión de la ley relativa al delito de abigeato, de 2016, que ya se modificó. Ese proyecto de ley anduvo de un lado al otro: pasó de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a la Comisión de Constitución y Legislación. Recuerdo que cuando el proyecto se presentó en el pleno del Senado –también lo tengo acá; fue aprobado en su momento–, hubo tres informes en minoría. ¿Por qué? Porque las normas legales que incluye este proyecto son complejas: se toma en cuenta el Código Penal, el Código Rural y su interpretación práctica. Se estudió la compatibilidad entre las normas del Código Penal y del Código Rural, aplicándolas a este tema, porque la proporcionalidad de las normas es un factor importante. ¡Hubo tres informes! Y el proyecto que se aprobó ni siquiera fue el que envió el Poder Ejecutivo.

Con el tiempo, cuando la Comisión de Constitución y Legislación estudie este tema, se establecerá si son pertinentes estas ideas. ¿Que puede haber urgencia? ¡A mí no me discutan sobre ese tema! ¡No me vengan a correr con el poncho hablando del abigeato! Ya lo sé, porque fui a Paso de los Toros, estuve con todos los jefes de Policía y constaté que hay una gran preocupación por el tema. Tengo todas las estadísticas acá. Pero también sé que sería poner una piedra en el cuello al proyecto de ley sobre productos embutidos artesanales incluir las normas que tienen que ver con la modificación del Código Penal o del Código Rural. Hacer eso es liquidarlo, porque es un tema que va a dar lugar a una discusión interminable cuando vaya a la Cámara de Representantes. Por eso, como presidente actué con firmeza y dije que no era posible modificar el Código Rural o el Código Penal en un proyecto de ley referido a productos embutidos con carne fresca, porque el tema es de mucha importancia y complejidad y no puede ser incluido en una iniciativa de una naturaleza totalmente distinta, como lo es esta.

En consecuencia, vamos a aprobar el proyecto de ley. Al señor senador Bordaberry se lo dijimos en la comisión y se lo decimos de nuevo ahora: nos parece que es una jugarreta política. Escuché su intervención cuando pidió una interrupción y prácticamente pareció estar haciendo el discurso que va a presentar en la campaña electoral, en la que va a querer pasarnos factura de que no estamos combatiendo el abigeato. ¡No es cierto! Estamos preocupados por el tema; fuimos a Paso de los Toros y estuvimos con los representantes de la Federación Rural y con los jefes de Policía. Hemos defendido la necesidad de legislar sobre este tema en la comisión. Pero debemos seguir los procedimientos adecuados para que, en definitiva, el proyecto de ley se aplique.

En resumen, insisto, vamos a votar el proyecto de ley, que creo que es muy bueno y que va a volver a la Cámara de Representantes. Y si se quiere presentar la otra propuesta en la Comisión de Constitución y Legislación, que es donde corresponde hacerlo, que se presente para su consideración. Creo que en términos generales el Frente Amplio está dispuesto a considerarla y a analizar sus aspectos técnicos para aprobarla si se puede.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- A veces me pregunto si tengo la claridad suficiente para expresar las cosas que quiero y lograr que se entiendan. Acá no queremos hacer una nueva redacción del delito de abigeato; nadie lo ha propuesto. Lo que estamos diciendo es que si estamos modificando la realidad de algo que puede afectar el abigeato, es lógico que se adecue dicha figura. Parece que esto no se quiere entender.

Con todo respeto, creo que el señor senador Baráibar –por quien tengo un gran aprecio personal, y él lo sabe– está equivocado. Está protegiendo el abigeato porque no se anima a votar normas contra él.

SEÑOR BARÁIBAR.- ¡No es cierto!

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Es así!

Ampáreme en el uso de la palabra, señora presidenta.

Creo que es claro. Si se habilita cierta actividad que no estaba habilitada y existe la posibilidad –según nos dice el propio Ministerio del Interior, representado por una persona designada por el oficialismo– de que ello pueda aumentar el abigeato, lo lógico es que adecuemos las normas penales a esa nueva realidad. Es tan sencillo como eso. Si la condición de hacendado, funcionario público, jefe o promotor se considera una agravante, tener una habilitación como la que estamos estableciendo en este proyecto de ley también se tendría que considerar una agravante. No es tan difícil. No estamos modificando el Código Penal y el Código Rural en su totalidad; estamos planteando algo coherente, sencillo y simple.

Lo que sí me lleva a dudar mucho es esta energía que está poniendo el oficialismo cuando dice que no quieren aprobar normas de este tipo por si las carnicerías incurren en esta conducta. Estamos hablando de las menos de las carnicerías; lo aclaro nuevamente.

Me parece que podemos hacer lo que queramos desde el punto de vista del esfuerzo dialéctico, pero esta es la realidad. Y si quieren enterrar un asunto, la mejor forma de hacerlo es decirnos que lo presentemos en la comisión. Juan Domingo Perón, el expresidente argentino, decía que si se quiere terminar con algo, lo mejor es nombrar una comisión. Y también se preguntaba: «¿Qué es un camello?», y respondía: «Un camello es un caballo hecho por una comisión».

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–En definitiva, todos sabemos que si esto no sale ahora, no va a salir. No nos hagamos trampas al solitario.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Quiero decir aquí, ante el Senado de la república, como presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estamos dispuestos a tratar este asunto. Quedamos sin temas en el orden del día al aprobar estos dos proyectos. Creo que la propuesta tiene que ir a la Comisión de Constitución y Legislación, pero podemos empezar a tratarla ahora, rápidamente, para ver si logramos acuerdos; ir haciendo las consultas del caso, y en algún momento hacer las consultas con la Comisión de Constitución y Legislación. Repito: queremos tratar el tema del abigeato porque nos preocupa, y estamos dispuestos a impulsar la mejora de las penas luego de hechas las consultas apropiadas, en las condiciones adecuadas.

SEÑORA PRESIDENTE.- Para finalizar el tratamiento del tema, tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARÍN.- Gracias, señora presidenta.

Quiero hacer cuatro breves comentarios.

Uno de ellos es para compartir con el plenario y con quienes siguen esta discusión. Hoy se presentaron diapositivas con animales víctimas de abigeato y a partir de ahí se ha centrado bastante la discusión en ese tema. Quiero informar que en su comparecencia, el comisario Mendoza dejó planteado otro tipo de desaparición de animales: los animales víctimas de faltantes. Me hubiera gustado que se hubieran podido mostrar estos datos, pero yo se los voy a relatar rápidamente. Por cada animal confirmado como víctima de abigeato, hay dos animales que son víctimas de faltante. Y respecto a estas últimas víctimas, nadie ha desmentido que no sean, entre otras cosas, producto de la faena clandestina. O sea, para decirlo en términos groseros, tenemos un problema de abigeato, pero el problema más grande lo tenemos con los animales faltantes. Y el Ministerio del Interior ha entendido, como lo señaló el señor senador Pardiñas, que el establecimiento del origen de las carnes nos va a dar certeza respecto al lugar de donde provienen. De manera que estaremos combatiendo dos elementos: una actividad delictiva como el abigeato, y una actividad ilícita como la faena clandestina, que aparece atrás de estas víctimas de faltante.

Me parece que este es un tema importante y que hoy tiene que quedar claro, a efectos de que no quede el gran titular de que el problema de este proyecto de ley es que ampara la colocación de carnes producto del abigeato, cuando el problema más grande es el de las víctimas de faltantes, que es casi del doble de tamaño.

El segundo comentario que quiero hacer rápidamente es el siguiente. Varios compañeros de bancada –la señora senadora Xavier lo expresó de una manera meridianamente clara– y algunos de la oposición ya han señalado que todos los aditivos presentados estuvieron a consideración de la comisión; incluso, algunos fueron puestos a votación y no consiguieron adhesiones. Es el caso concreto del primer aditivo, referido al literal F) del artículo 3.º. Ese aditivo fue votado en la comisión, pero no consiguió ser incorporado. Los otros están en la comisión y el señor senador Baráibar acaba de comentar que ya se expresó la voluntad de analizarlos. Por lo tanto, evidentemente hay una intención política al traerlos como aditivos.

El tercer comentario que quiero hacer es una reflexión general. Aquí se ha hablado bastante del tema de que al establecerse la obligación de que las carnes sean de origen conocido, una dificultad que tenemos son los locales de faena. Es cierto que hace diez o quince años en el Uruguay hubo que hacer un gran esfuerzo para cerrar los abastos. Debo recordar que los abastos se cerraron, entre otras cosas, para mantener nuestros mercados externos. Tuvimos que cumplir con esa exigencia porque muchas veces trabajaban en condiciones de precariedad absoluta, lo que generaba una situación de vulnerabilidad para el mantenimiento de nuestros mercados externos. Esa fue una de las razones por las que cerraron muchos de los abastos. Quiero recordarlo porque se trata de una decisión política que tomó nuestro Gobierno a partir del año 2005, para seguir conservando y expandiendo la colocación de carnes –nuestro preciado producto de exportación– en los mercados internacionales más exigentes.

Quizás este sea un buen momento –e incluso podríamos hacerlo en el ámbito de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca– para reflexionar en cuanto a la posibilidad de volver a habilitar algún tipo de local de faena que sea compatible con aquellos que están permitidos en algunos de los mercados en donde colocamos nuestras carnes. Voy a poner un ejemplo concreto. El INAC hizo el esfuerzo de adquirir una planta de faena móvil que ha tenido dificultades operativas. Esa planta se compró para tratar de cubrir las exigencias más altas de la Unión Europea, que fue uno de los motivos que nos llevaron a cerrar los abastos. Entonces, quizá tenemos que dar la discusión sobre la posibilidad de habilitar alguno de estos instrumentos, de tal manera que en los lugares más remotos de nuestro territorio rural tengamos la posibilidad de ofrecer carne de destino conocido, que sea producto de faena en locales con habilitación higiénico-sanitaria.

El cuarto y último tema que quiero comentar es el siguiente. Me parece que hoy la gran noticia es que, ante la iniciativa de un conjunto de carniceros del litoral de nuestro país, se elaboró el proyecto de ley que estamos analizando y que nos lleva, con retraso, a permitir que las carnicerías puedan elaborar chorizos legalmente. Y, además de eso, vamos a establecer una serie de exigencias para que en el conjunto de la población que va a adquirir chorizos en esos lugares no quede ninguna sospecha en cuanto a su inocuidad. En mi opinión, esa es la gran novedad de este proyecto: la promoción de una actividad que durante años se realizó en forma ilegal y ahora va a ser legal. Al mismo tiempo, insisto, quienes llevan a cabo esta actividad, que son los carniceros, a través del cumplimiento de las exigencias de esta ley, van a poder brindar a la población certezas de inocuidad y de disminución de los riesgos de salud. ¡Vaya si esto será importante! Creo que, en última instancia, es el gran paso que resolvemos dar y es una muy buena novedad, que debería trascender en el día de hoy.

Dicho esto, señora presidenta, deberíamos proceder a la votación del proyecto de ley.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Hay una queja de que no se mostró toda la presentación del Ministerio del Interior. En realidad, no lo hice, en primer lugar, para no aburrir, y, en segundo lugar, porque es lo que nos dijo el inspector Mendoza cuando vino. Si se hubiera leído lo que dijo en vez de empezar a sacar conclusiones apresuradas, y se hubiera prestado atención, no se habrían hecho las afirmaciones que se acaban de hacer. El inspector Mendoza nos aclaró que dejaba afuera de la presentación de abigeato los faltantes porque entiende que, si bien muchas veces los faltantes se denuncian como abigeato, no lo son. Por eso, nos hizo una presentación separada. Por un lado, nos presentó el abigeato, y por otro, los faltantes, con números distintos, porque dijo –y lo cito– que para él el abigeato no es lo mismo que el faltante de ganado.

Si yo hubiera procedido mal, habría considerado también el faltante de ganado como abigeato, pero actuando lealmente frente al Cuerpo dejé lo que quizás algunos consideran abigeato, pero es faltante de ganado y presenté solamente lo que el inspector Mendoza considera que sí lo es.

Me parece que hubo un cierto apresuramiento del miembro informante o quizás –aunque no lo creo, porque sé que es muy estudioso– no leyó lo que dijo el inspector Mendoza. Está muy claro en la página 18 del distribuido n.º 2406, cuando dice por qué no incluye el faltante como abigeato. Yo hice lo que él dijo que había que hacer.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, corresponde pasar a considerar cinco aditivos propuestos.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Formulo moción en el sentido de que se suprima su lectura y se voten en bloque.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los aditivos presentados.

(Se vota).

–12 en 28. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Quiero consultar a la Mesa qué sucede cuando no se leen los aditivos propuestos por los señores senadores. ¿Quedan igualmente incluidos en la versión taquigráfica?

SEÑORA PRESIDENTE.- Según me informan, sí quedan.

A modo de fundamento de voto, quiero realizar dos precisiones.

En primer lugar, el INAC tiene recursos propios; no se le votan por presupuesto. De manera que tiene recursos para las operativas de la otra ley.

La segunda precisión es que en el Uruguay existen varios productos de origen artesanal. Son los que en Francia se denominan productos de origen y tienen mucho valor. Es el caso de los quesos, dulces, cervezas, etcétera.

(Texto de los artículos aditivos presentados).

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10) INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la adjudicación de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización. (Carp. n.º 1279/2019 - rep. n.º 891/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que este es otro proyecto que mejora al original.

El Instituto Nacional de Colonización, a través del Poder Ejecutivo, envió un proyecto de ley que establecía que en el caso de que los dos titulares de una colonia fueran marido y mujer, pareja, unión concubinaria, etcétera, el instituto podía considerar la adjudicación del arrendamiento a ambos. En la comisión se trabajó en ese proyecto, creo que en forma adecuada, principalmente compartiendo el objetivo perseguido por el Instituto Nacional de Colonización, que era no perjudicar a la cónyuge. Y hablo de «la» cónyuge porque era lo que se pretendía que quedara establecido, dado que la mayoría de las veces era el hombre el que resultaba titular, y aunque se consideraba a la mujer, no era obligatorio.

Se propuso al instituto hacer algunas modificaciones a su proyecto, porque en caso de que fueran pareja se requería que ambos titulares tuvieran el perfil de colonos –además de otras características–, lo que dejaba fuera la adjudicación individual. Muchas veces, el colono o la colona pueden tener el perfil, pero su pareja no, porque es maestra rural o policía o porque realiza alguna otra actividad. Entonces, en realidad, no solo no se conseguía lo que se quería lograr, sino que se estaba perjudicando. Además, quedaba en una especie de limbo la adjudicación individual de algunos colonos en lo relativo a los derechos gananciales y demás.

Por eso, de común acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización, se decidió dejar que perviva el literal A) del numeral 3) del artículo 7.º de la Ley n.º 11029 –es decir, que el instituto puede seguir otorgando predios en forma individual cuando el cónyuge no tiene el perfil de colono y el trabajo que se aporta en mejoras, etcétera, beneficia a la comunidad ganancial de la pareja– y se estableció un nuevo literal que contempla lo que ellos querían, que era la titularidad conjunta. Y para la titularidad conjunta se exigen los dos perfiles de colonos y las otras características, es decir, que dedique la mayor parte de su tiempo al trabajo en el hogar y a la explotación productiva directa y que esa sea la principal fuente de ingresos de la pareja.

Si el proyecto se hubiera aprobado como venía, no solo no se hubiera logrado el objetivo, sino que se hubieran cercenado derechos, en este caso, los de la mujer, que es lo que le preocupaba al Instituto Nacional de Colonización. Aclaro que cuando vinieron a la comisión estuvieron de acuerdo con realizar ese cambio.

Por otro lado, el instituto solo buscaba beneficiar a mujeres en los casos de arrendamiento, que hoy son la casi totalidad de las adjudicaciones, pero en realidad el artículo 7.º de la ley prevé casos de arrendamiento, de enfiteusis, de aparcería o, incluso, de compraventa o promesa de compraventa. Si bien no es habitual que se usen, también entendimos que era bueno que esa situación se extendiera a todos los casos. Después de mucho trabajo, arribamos a un consenso con el instituto y llegamos a esta redacción que creemos contempla de mejor forma el objetivo que todos compartimos y, sobre todo, la protección del cónyuge, en especial de la cónyuge mujer, que en estos casos muchas veces es la perjudicada.

Por todo esto, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recomienda aprobar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: más allá de las modificaciones que pudieron haberse hecho en comisión, es una satisfacción estar votando este proyecto de ley que, en lo conceptual y general, da un paso más en la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la tierra, con todo lo que ello conlleva, más que nada en cuanto al desarrollo social en lo rural.

Este ha sido un compromiso de Estado en los últimos años, que hoy se plasma en este ámbito con el proyecto de cotitularidad. De hecho, históricamente las mujeres han sido relegadas y solo podían acceder a la titularidad en aquellos casos en que los varones se jubilaban. En el año 2014, el Instituto Nacional de Colonización resuelve, por unanimidad –resolución n.º 29 de noviembre de ese año–, comenzar a trabajar con este carácter de cotitularidad en el acceso a la tierra.

Durante muchos años hubo reivindicaciones de diferentes organismos, tanto del Consejo Nacional de Género como de otras instituciones que también refieren al tema. Además, Uruguay fue observado por la Cedaw por compromisos asumidos y refrendados por nuestro país que, en realidad, no habían sido atendidos en este sentido, teniendo como eje fundamental o mira la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Creo que con este proyecto se está logrando hoy un derecho histórico, ya que se da la posibilidad de ser cotitulares a todas las parejas que están estipuladas en la normativa legal de este país, ya sea matrimonio o unión concubinaria del tipo que fuera.

Por otro lado, también se resarce una injusticia que ha habido a lo largo de la historia. Me refiero a mujeres que durante toda su vida apoyaron y trabajaron codo a codo con su pareja en las fracciones de tierra y cuando por algún motivo se separaron no tuvieron oportunidad de reclamar sus derechos en el instituto porque no figuraban como titulares.

Este proyecto también deja la puerta abierta –de hecho ya se abrió, porque esto está sucediendo desde el 2014– a que las mujeres puedan presentarse a diferentes programas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como a otros del ámbito rural, para solicitar créditos y registrar en titularidad conjunta la tenencia de animales.

Reitero que para mí es una alegría y una satisfacción que esté sucediendo esto hoy en sala.

Saludo el trabajo realizado por el instituto y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que refiere al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo pero, fundamentalmente, saludo a toda la sociedad involucrada en el devenir del tiempo reivindicando estos derechos que hoy se plasman en este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: también quiero dejar constancia de la satisfacción que siento por el hecho de que estemos tratando este proyecto en el día de hoy, cuando somos once legisladoras integrando el Cuerpo, nueve pertenecientes a nuestra bancada, por lo que conformamos la mayoría de nuestra representación.

El Instituto Nacional de Colonización ha trabajado en forma conjunta con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y con varias instituciones, porque se ha generado una institucionalidad que pretende lograr una política transversal en materia de género en todo el Estado. En este proyecto de ley nuevamente se ve ese esfuerzo y la posibilidad de concretarlo. Obviamente, nada de esto hubiera sido posible si no hubiera tenido, además, el sustento de las organizaciones sociales y de todo tipo de organizaciones de mujeres rurales que han estado coadyuvando en este tema desde siempre.

Quiero decir que la concreción de este proyecto de ley, además, viene a atender un reclamo que Uruguay tiene como Estado parte de la Convención de derechos para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW– desde hace mucho tiempo. En el capítulo sobre mujeres rurales, el comité recomendó redoblar los esfuerzos para promover oportunidades de generación de ingreso para las mujeres rurales y fomentar el emprendimiento de estas mujeres, así como velar por que las mujeres rurales tengan acceso a la tierra en pie de igualdad con los hombres mediante campañas de sensibilización acerca de la importancia del acceso a la tierra como un factor de desarrollo. Además, recomienda que se garantice que las mujeres rurales disfruten de igualdad de acceso a los servicios básicos y a la protección social.

Sin duda, cuando este proyecto se vote en la Cámara de Representantes y se convierta en ley, se dará satisfacción a un reclamo de largo tiempo. Si bien se ha avanzado –como se reconoce en la propia exposición de motivos del proyecto de ley– en la autonomía de las mujeres –en particular, en cuanto al vínculo con la tierra–, aún faltaban muchos de estos elementos, pero por suerte hoy estamos dando un paso significativo.

Algunas de las recomendaciones que realizó el comité se lograron con satisfacción, pero nos preocupa no culminar con los avances. Por ejemplo, se señala en primer lugar la baja tasa de empleo de las mujeres rurales. Solo el 37 % de la fuerza de trabajo rural está representado por mujeres y todos sabemos que esto supone una invisibilidad del trabajo que efectivamente hacen como parte de la «colaboración en el hogar» –entre comillas–, ya que son un factor fundamental en el establecimiento.

Otro reclamo de la Cedaw es el acceso limitado de las mujeres rurales al título de propiedad de las tierras –solo el 11,6 % de todas las mujeres son propietarias de tierra– y su falta de participación en los procesos de adopción de decisiones sobre el uso de la tierra y los medios de producción. Además, señala con preocupación las lagunas que existen en la protección social que afecta a la mujer rural, especialmente en la esfera de la educación, la atención sanitaria, las condiciones de vida y la seguridad social.

(Ocupa la presidencia el señor Charles Carrera).

–Sin duda, este es un tema que está en el centro de las preocupaciones de muchos organismos. Tenemos muy claro que, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, el tema de 2018 fue: «Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales». El mundo sufre la migración del campo a las ciudades y, muchas veces, a su periferia. Particularmente para un país como el nuestro, es muy importante que los núcleos familiares sigan estando radicados en el interior profundo y esto viene a dar cuenta de una insuficiencia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Por esta razón, nos alegramos de que el Instituto Nacional de Colonización haya implementado la titularidad compartida, según resolución de directorio n.º 29, contenida en el acta n.º 523, de 11 de noviembre de 2014, y hoy estemos dando este avance legislativo.

Para nosotros el hecho de que el contrato de arrendamiento esté a nombre de los dos integrantes de la familia y pueda tener este carácter de cotitularidad es un cambio sustancial, y representa un avance en materia de reconocimiento de los derechos de todas y todos.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señor presidente: mi exposición va en el mismo sentido que las de las dos senadoras que me precedieron en el uso de la palabra.

Quiero hacer un reconocimiento a esta incorporación de la perspectiva de género que inició el Instituto Nacional de Colonización, organización que tiene un fuerte impacto en la política pública de acceso a la tierra. Creo que es un inicio de camino muy comprometido con los derechos de las mujeres rurales, y tiene que ver con los compromisos asumidos por el Estado en materia de género, que han sido sostenidos a través de políticas públicas en cuanto a relaciones sociales y económicas y, por qué no, también a la justicia social.

Aquí se hizo referencia a lo que fue el trabajo interinstitucional, ya que no solamente participaron el Instituto Nacional de Colonización, el Ministerio de Desarrollo Social y las diferentes Mesas de Desarrollo Rural en todo el territorio nacional, sino también las organizaciones sociales y de mujeres rurales, que a lo largo y ancho del interior profundo trabajan permanentemente en materia de derechos.

Esto se enmarca en las definiciones políticas del Gobierno y en los compromisos del país en relación con la temática de género, y tiene que ver con ese trabajo al que se hacía referencia como parte del compromiso del Instituto Nacional de Colonización.

Es muy importante destacar el rol del instituto en la creación, coordinación y participación en el espacio interinstitucional de diálogo de mujeres rurales. Se trata de una política de colonización enfocada a beneficiar a las familias rurales.

Además, con este proyecto se viene a reparar una inequidad existente con respecto a la cotitularidad. Legislar en ese sentido resulta un avance en la política pública de acceso a la tierra y el desarrollo rural. Se logra la incorporación de la perspectiva de género y, además, se da un impulso importante para profundizar la reducción de esa brecha de desigualdades de género en un tema tan sensible desde el punto de vista social y económico como es el acceso a la tierra. Eso realmente nos llena de beneplácito.

El trabajo que llevó adelante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca fue con armonía, pero atendiendo a una inequidad existente. Por tanto, quiero felicitar a la comisión y al Instituto Nacional de Colonización por el trabajo realizado para acortar estas inequidades.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR VASSALLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VASSALLO.- Señor presidente: efectivamente, en la práctica el Instituto Nacional de Colonización, desde el comienzo de esta última Administración, ha ido aplicando una política de cotitularidad en los predios que va administrando y asignando en este período, de forma de mejorar y resolver uno de los temas principales en términos de inequidad de género en el medio rural. Esta iniciativa, que por supuesto vamos a votar y que seguramente será acompañada por todos los señores senadores, avanza y formaliza esa política que se ha generado porque le da un instrumento mucho más fuerte que no solamente radica en la voluntad de quienes administran el instituto.

Debo decir que esta política de género ha sido fundamentada y explicada extensamente, con argumentos muy claros y contundentes por las señoras senadoras que me precedieron en el uso de la palabra. De todos modos, vale la pena explicar brevemente, al menos, que esta política de cotitularidad se encuadra en una política mucho más general del Instituto Nacional de Colonización en el campo del desarrollo rural. Este enfoque del desarrollo rural se constituye en el eje de la actividad política del instituto desde el año 2005, cuando el Gobierno del Frente Amplio comenzó a modificar lo que fueron las tradicionales políticas que se aplicaron en el Instituto Nacional de Colonización. En el año 2005 el instituto era un organismo inerte y prácticamente sin vitalidad. De allí para acá comenzó a adquirir tierras y a distribuirlas, particularmente a pequeños productores y trabajadores rurales sin tierra; volvió a dar vida al concepto y a la filosofía que lo generaron en el año 1948. El instituto ofreció tierra y oportunidad de trabajo a los productores familiares, específicamente a los trabajadores rurales, quienes no tienen la capacidad económica de adquirir o arrendar tierras en un mercado que tiene precios que no están al alcance de un trabajador. En ese sentido, se ha definido claramente el perfil del colono y se busca que quienes ingresen y mantengan la tierra vivan en ella, trabajen y produzcan directamente con el esfuerzo personal y familiar. Ese es un concepto que ha desarrollado el instituto en estos períodos y ha permitido generar importantes procesos de transformación agraria que incluyen la cotitularidad, la organización en cooperativas, así como diversos mecanismos de apoyo y desarrollo a quienes ingresan al trabajo rural y que, por cierto, no tienen el capital de explotación de un empresario.

Como se dijo, el instituto no ha actuado solo; lo ha hecho con diversos organismos, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Plan Agropecuario, el SUL, otros organismos del Estado y, por supuesto, entidades privadas. Se han estimulado proyectos de desarrollo en diversas colonias; inclusive, se han incorporado establecimientos de bioseguridad ovina para la exportación a mercados calificados, como Estados Unidos, lo que quiere decir que el instituto está jugando un rol extremadamente importante. Esto nos demuestra que estamos frente a un organismo público con vitalidad y con una política dinámica que ha permitido resolver una serie de problemas sociales que enfrenta nuestro medio rural. Por cierto, no es suficiente y habrá que seguir haciendo mucho más, pero también es verdad que se ha cambiado sustantivamente el enfoque de políticas, que incluyen ir subsanando un conjunto de inequidades que existían en el medio rural y que hoy se expresan en una política de género, pero que están en el marco de una política más global que pretende resolver o mejorar algunas de estas situaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Gracias, señor presidente.

Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto de ley en el que se trabajó muy rápidamente en la comisión, pero antes quiero hacer algunas referencias.

No comparto en absoluto lo planteado por el señor senador Vassallo porque parecería que el Instituto Nacional de Colonización nació en el año 2005, pues se dice que hasta ese momento era una institución inerte y que a partir de ese año se terminaron las tradicionales políticas del instituto. Parecería que prácticamente se comenzó en el 2005 a comprar tierras para dar a pequeños productores familiares. Rechazo totalmente eso. El Instituto Nacional de Colonización, desde su fundación en el cuarenta y pico, ha tenido una actividad importante en el país, ha desarrollado políticas muy estables, con aciertos y con errores, como también debe haber ocurrido desde 2005 en adelante; en ese sentido, en el instituto hubo errores muy gruesos hace muy poco tiempo. No olvidemos que hubo proyectos que fueron apalancados por esa institución en el rubro ovino, como se dijo aquí; el primer proyecto de cordero pesado –y el señor senador Garín debe recordarlo– se inició en predios del Instituto Nacional de Colonización en convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Con relación a la cotitularidad que se prevé en el proyecto de ley, en comisión se realizaron varias preguntas a la presidencia del instituto, especialmente cómo postula una pareja a un predio. Quedó claro que el perfil de colono lo deben tener ambos. Ese es un elemento importante que tiene que quedar claro: los dos deben tener el perfil de colono; eso es imprescindible. Eso no quiere decir que uno de los dos no pueda tener un trabajo afuera, porque no es indispensable que destinen el cien por ciento del tiempo a vivir y trabajar en el predio.

El segundo aspecto es que es voluntario, y eso no se expresa en el momento de postular, sino en el proceso de adjudicación. Si en ese momento uno de los dos integrantes de la pareja decide no participar en la cotitularidad, tiene que expresarlo por escrito y dejarlo fundado en el instituto.

También preguntamos por el tamaño de los predios en la medida en que se postulan dos personas, integrantes de una pareja, y quedó claro que el instituto no se fija en la cantidad de gente, sino en el tamaño viable de producción. Creo que hay mucho para trabajar respecto del tamaño de los predios en base a un área mínima rentable y productiva. Estamos felices de dar la posibilidad de que sea la pareja –el hombre y la mujer– la que puede participar en la cotitularidad.

También se nombró a las mujeres rurales y hace muchísimos años que sobre ellas hay una inequidad tremenda porque no es solamente dar el predio y la tierra para producir, y la señora senadora Ayala se acordará de la cantidad de veces que hablamos de esto en el Congreso de Intendentes. No sé si todos saben, pero el grupo de mujeres rurales que funciona a nivel del país produce diferentes cosas, pero no puede vender fuera de sus departamentos. ¿Por qué? Porque las habilitaciones bromatológicas de los diecinueve departamentos son todas distintas; por lo tanto, la que produce en Río Negro no puede vender en Montevideo. Entonces, el mercado al cual tienen acceso es chiquitito. Recuerdo que para que pudieran venir a la Rural del Prado, en el Congreso de Intendentes hubo que hacer un acuerdo con el intendente Ehrlich para que vinieran con la habilitación bromatológica de Montevideo de forma excepcional.

Hay muchos temas para seguir trabajando, pero este es un muy buen proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señor presidente: quiero hacer dos comentarios muy breves.

En el año 2005 el Instituto Nacional de Colonización tenía un cartel que decía «En venta», pero a partir de ese año ese cartel pasó a decir: «Lugar de desarrollo rural», con inclusión e igualdad. Eso fue posible porque se implementaron políticas públicas que tomaron un instrumento –que estaba en venta– y cambiaron la orientación de su utilización. Como decía, el instituto pasó a ser una herramienta de desarrollo, con inclusión e igualdad, y para ello se hicieron grandes esfuerzos. Primero, se destinaron recursos a comprar tierras, pues en momentos en que las tierras subían, se incorporaron casi 150.000 hectáreas a la cartera; creo que este tema no es nada menor. Es más, no me olvido de que, además de esos esfuerzos, se aprobaron leyes para financiar el Instituto Nacional de Colonización. Sin ir más lejos, la parte que no fue declarada inconstitucional del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales –ICIR–, hasta el día de hoy sigue financiando fondos para que el instituto adquiera tierras. Sobre ese impuesto tuvimos bastantes diferencias y finalmente una parte importante fue declarada inconstitucional. Entonces, aquí se tomaron decisiones políticas del más alto nivel.

Reivindico que la política pública hacia el instituto a partir de los Gobiernos del Frente Amplio hizo que pasara a ser un lugar de desarrollo. Además, digo que es de inclusión y de igualdad porque hasta 2005 eran bastante pocos los antecedentes de acceso a las fracciones en forma asociativa. No tengo constancia de que algún sindicato de peones rurales haya recibido tierras del instituto antes de 2005. Y ni que hablar de la posibilidad de incorporar lo que empezó siendo una decisión de interpretación de la ley –me refiero al acceso en cotitularidad–, porque recordemos que la cotitularidad hoy ya se practica mediante la interpretación que se hace del artículo 7 de la ley de colonización. Ahora, con muy buena orientación, se da respaldo legal a un aspecto de igualdad, pues estamos hablando nada más ni nada menos que de la posibilidad de que las parejas puedan acceder en cotitularidad. Y aclaro que cuando hablo de parejas me estoy refiriendo a todas las parejas que hoy son consideradas legítimas desde la agenda de derechos vigente en nuestro país.

En definitiva, me alegro mucho de que estemos analizando este proyecto de ley y de que hayamos conseguido la unanimidad desde el punto de vista político para acompañarlo, ya que consagra un aspecto de estricta justicia, que es la cotitularidad de acceso a las fracciones del instituto. Además, sin lugar a duda esto tiene una enorme repercusión en la igualdad de derechos de las mujeres, quienes durante mucho tiempo no pudieron acceder a las fracciones del instituto. No olvidemos que hasta hace muy poco tiempo, según la modalidad de acceso, las parcelas individuales solo podían adjudicarse a hombres. Sin embargo, ahora se adjudica a ambos géneros y se refuerza con la titularidad conjunta.

Quería dejar sentados estos comentarios y decir que me alegro mucho de que hoy estemos considerando este proyecto de ley.

SEÑOR VASSALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR VASSALLO.- Señor presidente: anteriormente había solicitado la palabra para responder una alusión

del senador Lafluf, pero tal vez no lo hice enfáticamente o lo hice muy tarde y la Mesa no lo registró, así que aprovecho ahora la oportunidad.

Sin querer entrar en un debate con el senador Lafluf –que naturalmente puede tener una perspectiva distinta a la nuestra en el tema colonización–, quiero hacer un par de comentarios.

En más de setenta años del Instituto Nacional de Colonización, obviamente se pasó por etapas muy diferentes. Es reconocido por todos los que hemos analizado este tema que durante los diez primeros años, es decir de 1948 a 1958, el instituto tuvo una dinámica enorme, pero luego vinieron otras etapas. Justamente escribí sobre esto en un libro que refiere a este tema. Pero también quiero decir que desde la dictadura hasta el año 2005 el instituto fue cayendo en una situación de anomia tal que no tenía ni siquiera para resolver su propio presupuesto, y vendió más de cien mil hectáreas para poder sostenerlo. Sin embargo, de 2005 a la actualidad el instituto ha comprado más de cien mil hectáreas, en un mercado de tierras mucho más caro que el que había en las décadas anteriores, más allá de todas las inversiones que se han estado haciendo en tambos, en casas –donde por supuesto participa Mevir–, en mejoramiento de infraestructura, etcétera. No voy a desarrollar este tema ni a comenzar una polémica, porque obviamente no es el mejor camino para aportar más información, pero podemos hablar largamente sobre esto.

Quería aclarar al menos que lo que dije en mi anterior intervención tiene un sustento claro. El atraso tecnológico que tenía el instituto en el 2005 hacía que colgara de un piolín, y lo puedo explicar con detalle. En 2019 y en 2020, cuando termine esta Administración, el instituto quedará como uno de los entes públicos más modernos y eficientes en términos de tecnología, porque se ha invertido e incorporado muchísima tecnología para la gestión y la administración.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede continuar el señor senador Garín.

SEÑORA PASSADA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Señor presidente: en la misma línea del colega Vassallo, quiero decir que uno realmente se sorprende al escuchar algunas cosas. Es cierto que desde 2005 a la fecha se adquirieron más de ciento veinte mil hectáreas por parte del Instituto Nacional de Colonización. Entre 2005 y 2010 se obtuvo el 25 % de hectáreas que estaban sin atender y eso significó que más de mil quinientas familias pudieran tener su tierra. Hoy hablamos de tres mil doscientas familias que arriendan. Entonces, creo que no reconocer que hay un cambio en la política de la distribución y del Instituto Nacional de Colonización no nos hace bien como nación; hay un proyecto distinto en cuanto a la mirada del instituto. Quizás dejamos de utilizar –como se hizo muchas veces– la tarjetita de recomendación que se llevaba al Instituto Nacional de Colonización para adquirir algunas hectáreas y transformarse en colono. Creo que a eso hacían referencia nuestros colegas. La política del Instituto Nacional de Colonización ha cambiado y tanto es así que también ha colocado la visibilidad de las mujeres rurales, lo que es muy importante ya que la trabajadora rural siempre ha sido dejada de lado. En esa lógica, el hecho de incorporar la mirada de la cotitularidad o titularidad compartida da la posibilidad de tener esa visibilidad, que también es un derecho. Se podrá estar o no de acuerdo con la voluntad y el contenido de la mirada del Instituto Nacional de Colonización, pero evidentemente este proceso ha cambiado desde 2005 a la fecha. No se trata de que el Instituto Nacional de Colonización haya comenzado en esa fecha, pero sí es cierto que ha cambiado su política de orientación.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador Lafluf.

SEÑOR LAFLUF.- Señor presidente: quiero aclarar que me refería a lo que se ha dicho acerca de que prácticamente el Instituto Nacional de Colonización inicia una actividad en el año 2005. Se dijo que era un instituto inerte, cuando en realidad hay colonias que permanecen desde hace setenta años, y prácticamente toda la vida hubo trasiegos, cambios, compras, ventas y arrendamientos.

Evidentemente, lo que pasó a partir del año 2005 fue que hubo una oferta muchísimo mayor de campos en venta, que aumentaron de precio tres o cuatro veces debido al bum de la soja. Como existe la obligación de ofrecer las tierras en primer lugar al Instituto Nacional de Colonización, hubo un incremento en la compra de tierras.

Hasta hace muy poco tiempo se decía que el período de gobierno en el que se había comprado más tierra fue el de Pacheco Areco –no sé si eso es cierto y si hoy se mantiene o no–, aunque puede ser que en estos años se haya comprado bastante más.

Asimismo, se ha hablado de proyectos asociativos, y debo decir que el único que conozco es un tambo de unas tres mil hectáreas cerca de la ciudad de Mercedes –se pagó una gran cantidad de dinero por esa tierra–, donde se hicieron cuatro tambos, pero –dicho por el presidente del instituto– no ha dado buenos resultados porque no hay una convivencia ni una tarea conjunta entre las cuatro familias que trabajan allí.

Por último, aclaro que en ningún momento dije que lo que se hace esté mal; cada Gobierno le da el enfoque que cree más conveniente. Lo que sí digo es que no se puede afirmar –este no es el primer tema en el que se plantea algo así– que el país arrancó en el año 2005; sin embargo, sistemáticamente se señala eso. Este tema lo conozco porque he pasado toda mi vida trabajando en las colonias; toda mi vida vi cómo sufrían los colonos con el precio de la renta, de la canasta, de la deuda y de las refinanciaciones, y todos los Gobiernos han hecho algo –unos lo harán mejor y otros peor–, pero no se puede ser tan tajante en algunas definiciones.

Muchas gracias.

11) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET).

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

12) INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Continúa la discusión general del segundo punto del orden del día.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Saludamos y acompañaremos esta propuesta legal que introduce la cotitularidad en la adjudicación de tierras en los términos que se han analizado en sala. Lo hacemos en el marco de nuestro expreso respaldo y reconocimiento a una de las piezas legales, a una de las normas del derecho positivo nacional que a mí, como uruguayo, más me enorgullecen; ¡creo que es una ley fenomenal!

La Ley n.º 11029, del 12 de enero de 1948, que crea el Instituto Nacional de Colonización posibilitó, a mi entender, que el Uruguay procesara silenciosamente, sin estridencias –otros países en el marco regional no pudieron hacerlo–, una verdadera reforma agraria. Gracias a esta ley se han colonizado quinientas mil hectáreas en el país.

Tuve el inmenso honor de haber sido vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización desde mayo del año 2001 a octubre de 2004 y conocí las ciento noventa y tres colonias que había en ese momento. Estuve físicamente en todas ellas y las puedo nombrar una por una; podría mencionar las de tipificación lechera, las de colonización dirigida, las de colonización libre, etcétera. Es un gran instrumento legal que se dio en el Uruguay, que ha sido estudiado en otras partes del mundo y creo que tiene plena vigencia.

En ese momento existían aproximadamente cuatro mil ochocientos colonos entre arrendatarios, promitentes compradores y propietarios. Cabe destacar que a estos últimos la ley les modifica la plenitud de la titularidad en el uso de la tierra por estar sujeta a la consideración del propio Directorio del Instituto Nacional de Colonización cuando a cualquier título pretendan enajenar la fracción que ya adquirieron y, por ende, de la que ya son titulares. Este es, incluso, uno de los aspectos en los que, de acuerdo con la Ley n.º 11029, se requieren cuatro votos, es decir, una mayoría calificada específicamente; pero también se necesitan cinco votos en cinco cuando se trata de habilitar el cambio de titularidad de toda una colonia, no de una fracción.

Como decía, se trata de una ley formidable que debemos cuidar y mejorar. Por lo tanto, toda instancia que sirva para ello va a contar siempre con nuestro respaldo.

Si honor tuve, fue en el ejercicio de mi primera suplencia –una estadía muy corta– en este Cuerpo, al ocupar la banca del exsenador Abreu y acompañar con mi firma una iniciativa que impulsamos junto con el senador Larrañaga. Me refiero al proyecto de ley de repoblamiento de la campaña, que se aprobó por unanimidad. Recuerdo especialmente al expresidente Mujica, con quien muchas veces hablamos, porque a los dos nos interesan mucho estos temas. A veces también teníamos algún debate, con algún matiz, con el exsenador Agazzi; por ejemplo, alguna discusión sobre la titularidad y sobre cuál es el sistema ideal de tenencia de la tierra: la propiedad o el arrendamiento. Ahí era donde teníamos matices, pero no en la defensa acérrima, no solo del instituto sino, más que nada, de la Ley n.º 11029, con lo que implica el proceso de colonización y con lo que quiere decir «colonizar». Se trata de un proceso productivo, social y económico de una racional subdivisión de la tierra. Ese concepto, expresado en los primeros artículos de la ley, a mi juicio tiene una dimensión diferente en este siglo que en 1948.

Creo que queda pendiente la modificación de algunos aspectos para mejorar esta ley; ¡queda pendiente! Aquí están presentes algunos señores senadores con los que comparto la condición de exdirectores del Instituto Nacional de Colonización y, en ese sentido, para mí hay un aspecto que es importante. Presenté un proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación, y aspiro a que los señores senadores comprendan la ansiedad que tengo de que se sancione. Es adjetivo para el instituto, pero es profundamente simbólico para quienes vivimos en el interior y somos de ahí.

El Instituto Nacional de Colonización tiene más de ciento noventa y tres colonias diseminadas en dieciocho departamentos de la república, porque Montevideo tuvo una y se enajenó; no está en el amparo de la ley. A su vez, el instituto tiene casi cinco mil colonos en todas las condiciones posibles de serlo, diseminados en dieciocho departamentos de la república, menos en Montevideo. Asimismo, tenía catorce regionales –creo que cambiaron algunas–, todas también en el interior de la república, pero el artículo 2.º de la Ley n.º 11029, de 1948, establece que la sede central del Instituto Nacional de Colonización deberá estar en Montevideo. El proyecto de ley que presentamos es muy simple; establece que sea el directorio el que defina dónde debe estar la sede, y tal vez tiene que ser Montevideo. Esta situación habla del centralismo con que se formó el instituto, que aún existe en este país. Aspiro a que nos acompañen en esa normativa.

¿Cuál fue el proyecto de ley del senador Larrañaga que acompañé con mi firma, presentamos en este Senado y se aprobó? La ley de repoblamiento de la campaña, y eso fue después de 2005. ¿Qué planteaba este texto, que después fue mejorado por otra ley que tuvo iniciativa en el Gobierno y también acompañamos? Entre otras cosas, que el impuesto a las trasmisiones patrimoniales –ITP– en las compraventas de los inmuebles rurales, que antes iba a rentas generales, pasara directo al Instituto Nacional de Colonización. ¿Eso qué posibilitó? Que hubiera más caja para comprar tierra. ¡Eso también hay que decirlo! ¿Se compraron ciento veinte mil hectáreas? Sí. ¿Con qué? Con plata, que en parte salió del destino que la ley de repoblamiento de la campaña dio al ITP, más otras formas de canalización de recursos por voluntad política de estos Gobiernos.

Entonces, estamos totalmente de acuerdo con que hay que respaldar al instituto y a la ley. Como le dije en algún momento al estimado senador Garín, creo que estos son los debates que tiene que dar el Senado, porque aquí hay gente calificada –en realidad, somos todos calificados– a la que le interesan estos temas de manera especial. Creo que hay que animarse a dar un debate sobre cuál es el sistema ideal de tenencia de la tierra. Me pregunto si el Instituto Nacional de Colonización no tiene que transformarse –sin dejar de lado el régimen de arrendatario en los primeros años de ingreso– en una suerte de banco de desarrollo y de fomento para facilitar el acceso a la tierra como propietario, en lugar de ser una inmobiliaria rural arrendataria de tierra. No hay mejor situación de tenencia de la tierra que el régimen de propiedad, y seguramente este formidable instrumento nos puede dar la capacidad de hacer al colono propietario de la tierra. Si analizamos cualquiera de las colonias del Uruguay –la Wilson Ferreira Aldunate, en Cerro Largo; la Treinta y Tres Orientales, en Florida; la J.F. Kennedy, la Luis Alberto de Herrera o la San Javier, en Río Negro; las colonias Ros de Oger, Santa Blanca o Santa Kilda, en Paysandú; las colonias José Artigas, El Chiflero o Dr. Emilio Frugoni, en Artigas; la Antonio Rubio, en Salto; la Tiburcio Cachón, en Flores; la Benito Nardone, en Maldonado y las colonias Galland, Ing. Agr. L. Carriquiry, Italia, Dr. Fernández Crespo, H. Franco Maglio o C. Mc. Meekan, en San José– veremos que es formidable su incidencia en el desarrollo y la promoción de nuestros departamentos y regiones. Como decía con gran acierto el senador Lafluf –que conoce del tema–, hay colonias de setenta años. En cualquiera de estas colonias lecheras, que hace setenta años fueron fraccionadas con cuarenta hectáreas, con cuatro tarros de leche en la portera se podían criar cuatro hijos, pero hoy ya no es así. Tal vez hay que detenerse en la consolidación del colono que pasa por el sistema asociativo, que no es algo nuevo. Puedo citar el caso de los campos de recría, donde de las catorce experiencias que había, doce eran del Instituto Nacional de Colonización y las dos restantes fueron llevadas adelante por el exintendente de Paysandú, hoy senador Jorge Larrañaga, y el exintendente Burgueño en Maldonado. Paysandú y Maldonado tenían campos de recría municipales y los otros doce fueron impulsados por el Instituto Nacional de Colonización. El primero fue en el paraje Paso de los Ahogados, en Flores, por el año 1979, y hasta hoy lo administra la Asociación Nacional de Productores de Leche de San José, a pesar de estar en ese otro departamento.

Entonces, digo sí a los emprendimientos asociativos. Se promovieron mucho en estos Gobiernos de izquierda, algunos con buen suceso, y otros no. De todas formas, creo que es una herramienta positiva –fui a ver la colonia Raúl Sendic, en el entorno de Bella Unión–, conozco estas cosas y no me cuesta reconocer los buenos logros.

Me tocó administrar el instituto en 2001, cuando el expresidente Batlle, con un criterio por lo menos de racionalidad, se refirió al tema. Recuerdo como si fuera el día de hoy que estaba recorriendo la colonia Agraciada, ubicada en Nueva Palmira, cerca de Soriano, y me llamó el senador Larrañaga para decirme que por cadena de radio el presidente Batlle anunciaba –creo que dentro de una ley de urgencia– la evaluación de la situación del Instituto Nacional de Colonización, casi que para el cierre. Pero ¿cuál era la razón? No creo que un Batlle quisiera cerrar el Instituto Nacional de Colonización, que es del año 1948. La razón era que hacía doce años que lo bancaba rentas generales; tenía más de un millón de dólares de déficit.

En 2004 lo entregamos con los números bien. ¿Hubo que desprenderse de parte del patrimonio? Sí. ¿También ayudó la modificación cambiaria? Sí. ¿Hubo austeridad? Sí; rematamos los autos. Personalmente, como vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización no cobré un solo viático, no cobré el celular y conocí las ciento noventa y tres colonias; hacía diez mil u once mil kilómetros por mes. ¿Es para que lo hagan todos? No; en este caso las circunstancias ameritaban que se hiciera, porque tampoco los funcionarios tenían los premios correspondientes.

En definitiva, se mejoró lo que se mejoró y está bien que así sea, pero hay que decir todo. En parte, la nueva caja que posibilitó la distribución de recursos para colonización tuvo que ver con la ley de repoblamiento de la campaña, que firmamos con el senador Larrañaga y se votó por unanimidad. Por lo tanto, no caigamos –y esto no va para nadie en particular– en la chiquita de dividir esto, una vez más, en buenos y malos. ¿Vamos a analizar nuevamente los criterios refundacionales de nuestro país para ver en qué fecha se fundó el Uruguay? ¡No, señor! Esto es un proceso, que tuvo luces y sombras. Es verdad que con la ley que volcó lo del ITP y lo que agregó la izquierda se compraron cien mil hectáreas nuevas, pero en el tiempo que más se compró tierra fue en el Gobierno de Pacheco. ¡Fue así! En ese momento había plata y después no hubo.

(Interrupciones del señor senador Vassallo).

–No me interrumpa, señor senador. Creo que hay que tener un buen debate, porque hay senadores que conocen del tema.

Eso es lo que queríamos señalar.

Vamos a acompañar esta iniciativa y queremos solicitar a los compañeros con quienes tan bien nos llevamos y compartimos muchas cosas de la Comisión de Constitución y Legislación, que aprobemos el proyecto de ley que está pendiente para que la capital de la república no sea obligatoriamente sede central de este organismo que, por sus características, tiene la única razón de ser y de existir en el interior de la república.

También damos nuestro reconocimiento a las cosas buenas que se hicieron desde 2005 a la fecha con respecto al Instituto Nacional de Colonización; eso no nos pesa. De todas formas, con ciertos aspectos discrepamos; por ejemplo, con algunas ocupaciones de tierra, como la de la colonia Galland. Debemos hacernos cargo de las cosas buenas y de las que no salieron tan bien. Además, en el proceso desde el 2005 debemos acordarnos de incluir la ley de repoblamiento de la campaña, que fue iniciativa del senador Larrañaga y que simplemente acompañé porque estaba de paso acá, haciendo una suplencia. Después también acompañamos la otra ley de repoblamiento de la campaña –no recuerdo su número–, que fue iniciativa del Frente Amplio.

Perdonen la pasión y la convicción, pero son dos cosas que tengo, además de la honestidad intelectual. Debemos reconocer lo que se hizo bien y lo que no, y dentro de lo que se hizo bien, las iniciativas que hubo de este lado del hemiciclo.

Muchas gracias.

13) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el orden del día, dado que es la última sesión ordinaria del mes.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Continúa la discusión general del segundo punto del orden del día.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: en momentos en que estamos tratando un proyecto de ley que lo que plantea, en definitiva, es buscar la igualdad de derechos y la equidad de género, se discuten largamente otras cuestiones. Quiere decir que una vez más el interés de promover políticas de género queda enmascarado con otros asuntos. Eso es lo que realmente nos preocupa porque justamente se está realizando un intercambio sobre aspectos que no hacen a la centralidad del proyecto de ley que tenemos que considerar. Simplemente, quería rescatar esto porque se trata de una iniciativa que, desde la política pública, busca fortalecer el compromiso de generar más inclusión y equidad de género. Dado que me había anotado para hacer uso de la palabra, aprovecho la oportunidad para referirme a algunas imprecisiones que se han dicho.

En primer lugar, hay que recordar que la ley que dota de recursos al Instituto Nacional de Colonización, a partir de los destinos del ITP, no fue la de repoblamiento de la campaña; son leyes apartes. Es cierto que las dos tenían el mismo cometido, y tal como lo planteó muy eufóricamente el señor senador Camy, fue una iniciativa que tuvo en el Parlamento la primera instancia.

En segundo término, quiero decir que el Instituto Nacional de Colonización adquiere tierras porque tiene recursos y no porque se ofrezcan, ya que el artículo 35 está vigente desde el año 1948 y, además, el artículo 45 –también vigente desde 1948– lo habilita a realizar expropiaciones, proceso que muchas veces se utiliza para la adquisición de tierras que no le son ofertadas. Esto también debemos tenerlo en cuenta.

Por último, ¿por qué entendemos que justamente hoy es necesario avanzar en la aprobación de este proyecto de ley? Porque nuestro país está comprometido a llevar adelante acciones que redunden en mayor equidad de género en las políticas públicas y también porque es parte de los desafíos que tenemos a la hora de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Por lo tanto, creo que la aprobación de esta iniciativa implica un avance sustantivo en la constitución de políticas de equidad. Entiendo que el trabajo realizado en comisión mejoró notoriamente una iniciativa que responde a una preocupación del Instituto Nacional de Colonización. Más allá de que hoy esto sea una práctica constante en su accionar en materia de adjudicaciones, la aprobación de esta iniciativa lo consagra como una mejora y una profundización de las políticas modernas en relación con el texto de la Ley n.º 11029.

En consecuencia, señor presidente, rescato que nos centremos en que la importancia de esto está en generar políticas públicas de inclusión y alternativas para la conquista de la equidad de género.

Gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Inicialmente este proyecto de ley tenía dos artículos, pero luego quedó con uno único y la verdad es que ha dado lugar a un debate muy interesante.

En mi opinión, se han planteado dos perspectivas. La primera de ellas está vinculada a la importancia del Instituto Nacional de Colonización y al empuje que se le puede haber dado. Desde esta bancada no puedo dejar de recordar que este instituto es obra de un visionario de mi partido, don Tomás Berreta, agricultor, tropero, jefe de Policía, diputado y presidente de la república. Él fue el visionario del Instituto Nacional de Colonización y quien plantó el árbol cuya sombra hoy todos se disputan, ¡como tantas cosas más! Él tuvo esa visión, la impulsó, y lamentablemente falleció antes de que se aprobara. Tomás Berreta fue un presidente excepcional y me interesa destacar que en una de sus primeras misiones al exterior fue a Estados Unidos, donde le ofrecieron tanques, camiones y material de guerra que había sobrado de la Segunda Guerra Mundial, pero él pidió tractores. ¡Tractores pidió!, para desarrollar el campo.

Por lo tanto, creo que más que pelearnos por quién hizo más o menos, lo importante es reconocer que el Uruguay se ha construido por aluvión, con el aporte de todos, y que sobre las sólidas raíces de ese árbol que plantó Tomás Berreta, algunos han logrado hacer crecer las ramas y que surjan las hojas. Me parece que siempre es bueno que recordemos estas cosas. Esto es en primer lugar.

En segundo término, me permito señalar que estamos consagrando un derecho que ya existía. Aquí se han cometido algunos errores de análisis jurídico bastante grandes porque de acuerdo con las normas vigentes en la república, la cónyuge –la perspectiva de género o como quieran llamarlo– ya tenía y gozaba del derecho, cuando existía una adjudicación, aun a título individual. En realidad, lo que se hace es especificar un derecho que ya existe si se recurre al Código Civil, y lo paradójico de esto es que quienes tomaron la decisión de especificar el derecho e ir más allá –lo que acompañamos, aplaudimos y estamos de acuerdo– con el proyecto de ley que nos presentaron iban a lograr exactamente lo contrario. Si los señores senadores analizan ese proyecto de ley, podrán ver que se lograba lo inverso porque se suprimía la posibilidad de que existiera lo individual, lo acotaban a que fuera conjunto, pero exigiendo que ambos cónyuges tuvieron el perfil de colono. De esta forma, dejaban afuera y perjudicaban a esa mujer que está casada con un colono y es maestra de escuela o tiene un trabajo afuera y que con el régimen actual no estaba alcanzada por prohibición alguna.

Por lo tanto, me parece que es bueno que por un instante nos demos cuenta de la importancia que tiene lo jurídico para que lo político se pueda cumplir. Digo esto porque la forma jurídica que se nos planteaba perjudicaba el objetivo político y eso hubo que corregirlo. Pero hay más; esta concesión conjunta se limitaba exclusivamente al arrendamiento en fracciones, dejando afuera la enfiteusis, la aparcería y la compraventa. Quiere decir que quienes querían consagrar derechos para la mujer desde el punto de vista de género, estaban perjudicándola. De ahí la importancia que tiene –y lo reitero– prestar atención a lo que en algún momento aquí se denominó como formalidad jurídica, que no lo es, porque es una condición esencial en un Estado de derecho y hay que estudiarla.

En síntesis, este artículo que estamos agregando, que no hace más que especificar un derecho que ya existe y deja a salvo los derechos de las cónyuges y los cónyuges que ya tienen una concesión, creo que es bueno. También me parece bueno que se hayan escuchado las objeciones que se hicieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y que hayan aceptado los cambios de redacción para que, al igual que ayer todos los que disfrutaban de la sombra del árbol de Tomás Berreta, hoy disfruten de una buena discusión en la comisión para lograr el objetivo que persiguen.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Agréguese al artículo 7º, numeral 3° de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, el siguiente literal: “D) Titularidad conjunta, cuando los integrantes de la pareja constituida en uniones de hecho, civiles o matrimoniales tengan perfil colono, ambos dediquen la mayor parte de su tiempo de trabajo al hogar, a la explotación productiva directa y la principal fuente de ingresos de la pareja provenga de la explotación productiva directa. En este caso, se deberá adjudicar el predio en régimen de titularidad conjunta.”».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

15) DESIGNACIÓN DE VARIOS FISCALES LETRADOS ADSCRIPTOS

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a varios señores doctores. (Carp. n.º 1352/2019 - rep. n.º 886/19)».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Voy a realizar el informe de la Comisión de Asuntos Administrativos para designar como fiscales letrados adscriptos del escalafón N.

La comisión procedió a revisar los antecedentes respecto a la solicitud del Poder Ejecutivo y se encontró con que se había cumplido cabalmente la normativa vigente y el marco jurídico imperante. Vale la pena decir que los nombres que voy a mencionar más adelante corresponden a la promoción de las personas que, en un concurso de oposición y méritos que se realizó en 2016, ocuparon los lugares cincuenta a cincuenta y cinco en el orden de prelación del concurso referido. No obstante, vale la pena explicitar al Cuerpo que quienes ocuparon los lugares uno al cuarenta y nueve ya han sido designados en sucesivas promociones y, por lo tanto, ahora corresponde promover a las personas que ocuparon los lugares cincuenta a cincuenta y cinco.

Dado que toda la información brindada está en forma y además cuenta con el respaldo pormenorizado en la carpeta, ponemos a consideración del Cuerpo la designación como fiscales letrados adscriptos, escalafón N, de la doctora María José Brisco, el doctor Rodrigo Javier Carámbula, la doctora Ana Inés Iriarte, la doctora Cecilia Ivonne Saavedra, la doctora Adriana Karina Colman y la doctora Anaclara Ramírez.

Es cuanto queríamos informar, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en los cargos de Fiscales Letrados Adscriptos (Escalafón “N”) a las doctoras María José Brisco Malli, Ana Inés Iriarte Barbosa, Cecilia Ivonne Saavedra Papadópulos, Adriana Karina Colman Arostegui y Anaclara Ramírez Berois y al doctor Rodrigo Javier Carámbula Luna».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) SEÑOR CARLOS MARÍA IRIGARAY SANTANA. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Paraguay al señor Carlos María Irigaray Santana. (Carp. n.º 1354/2019 - rep. n.º 885/19)».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor presidente: voy a ser breve.

En aras de que esta es la última sesión del mes, sería bueno que esta venia fuera aprobada en el día de hoy.

A los efectos de designar al embajador Carlos María Irigaray Santana vamos a resumir un informe muy rico en cuanto a su contenido.

Nació en 1950, el mismo año en que Uruguay salió campeón en Maracaná. En 1982 ingresó por concurso de oposición y méritos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre 1982 y 1984 desempeñó funciones en la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales y entre 1984 y 1985 pasó a desempeñar funciones en la Dirección de Ceremonial y Protocolo.

En 1988 –y hasta 1993– fue designado con el rango protocolar de secretario de primera en la Embajada de la República en los Estados Unidos de América.

En 1993 fue promovido al cargo presupuestal de consejero. En 1995 fue designado para desempeñar funciones en la Embajada de la República en Chile y tuvo a su cargo los asuntos del Mercosur y las relaciones económico-comerciales bilaterales, oficiando de nexo con la Cepal.

En 1999 fue promovido por concurso al cargo presupuestal de ministro consejero.

En el año 2001 fue designado director adjunto de Programación Comercial de la Cancillería y coordinador nacional por Uruguay en la Reunión Especializada de Promoción Comercial Conjunta del Mercosur.

En 2003 fue designado cónsul general en Shangái, República Popular China.

En 2011 fue designado embajador de la república ante la República Socialista de Vietnam.

En 2018 ejerce como director de la Regional Asia, África y Oceanía de la Cancillería.

El señor embajador Irigaray compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales y presentó un excelente estudio –me animo a decirlo porque he estado presente en varios informes de embajadores, estudiándolos y conociéndolos– sobre las tareas que tiene previstas. Entre ellas –voy a ser breve– destaco: la búsqueda de nichos de mercado para empresas uruguayas; ofrecer mayor facilidad para que los operadores paraguayos accedan a la logística de nuestro país; una sostenida y cada vez más diversificada radicación de inversiones uruguayas en Paraguay; la atracción de inversiones paraguayas a nuestro país; el apoyo a los trabajos en el seno del Mercosur; el desarrollo de la relación cultural; la cooperación bilateral, y la relación consular, teniendo muy presente la atención a nuestros compatriotas.

Este es un resumen del informe que inicialmente presentó el señor Carlos María Irigaray Santana y que adjuntó a un excelente documento. A quienes realmente les interese conocer la realidad del Paraguay, tanto en el orden político, económico, empresarial, etcétera, les recomiendo que lean este informe que es extraordinariamente minucioso y esclarecedor. Allí hace una exposición sobre el perfil del país, sus características generales, su situación y sistema políticos. También reseña brevemente los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores, y la política exterior.

Luego profundiza aún más en el perfil económico y comercial de las relaciones entre Uruguay y Paraguay. Este documento refiere a los indicadores económicos de ese país, menciona aspectos económicos y comerciales de Paraguay y habla sobre las relaciones bilaterales Uruguay-Paraguay. También refiere a la competencia con los principales productos exportados por Uruguay a Paraguay y a la búsqueda de oportunidades para incrementar la venta en aquel mercado. Más adelante, habla de las inversiones. Hay un anexo I, muy valioso –precisamente para quien le interese estudiar el tema–, sobre los instrumentos jurídicos en materia económico-comercial y un cuadro de comercio bilateral. Adjunta un documento muy interesante, elaborado por Uruguay XXI, sobre las estrategias de negociación y todos los aspectos vinculados a las inversiones en Paraguay.

Señor presidente: brevemente quiero decir que el mensaje del Poder Ejecutivo está firmado por el presidente de la república, doctor Tabaré Vázquez, y habla de la capacidad y eficiencia que el señor Carlos María Irigaray Santana ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional. El currículo que se adjunta constituye a juicio del Poder Ejecutivo un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la república se propone asignar como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República del Paraguay.

Un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay expresa en uno de sus párrafos: «Al respecto, se cumple en comunicar que el Gobierno de la República del Paraguay ha concedido el Beneplácito correspondiente para la designación del señor Carlos María Irigaray Santana, en el carácter mencionado».

Como dije antes, podría explayarme porque el informe que presentó el señor embajador es extraordinariamente útil para quien le interese conocer en profundidad las relaciones que mantenemos con Paraguay.

El señor embajador fue recibido por la comisión, la que por unanimidad aconseja al Cuerpo que apruebe la venia para su designación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República del Paraguay al señor Carlos María Irigaray Santana».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) SEÑOR CORONEL (AV.) EN SITUACIÓN DE RETIRO FREDY PRIETO GONZÁLEZ. DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTE MILITAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia, al señor coronel (Av.) en situación de retiro Fredy Prieto González. (Carp n.º 1342/2019 - rep. n.º 889/19)».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- En discusión.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señor presidente: por los mismos motivos que esgrimió el señor senador Baráibar, vamos a resumir esta presentación.

El Poder Ejecutivo se dirige a este Cuerpo para solicitar la venia correspondiente para la designación del señor coronel aviador en situación de retiro, don Fredy Prieto González, como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia. Se nos ha adjuntado un extenso currículo que acredita no solamente su formación sino los destinos que le fueran asignados. Por ese motivo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Penal Militar, esa designación debe hacerla el Poder Ejecutivo con venia de este Cuerpo –o de la Comisión Permanente, en su caso– y tiene una vigencia de cinco años.

Reiteramos: se adjuntó el currículo del mencionado coronel, que acredita su formación, por lo que la Comisión de Defensa Nacional recomienda aprobar la venia para esta designación.

Gracias, señor presidente.

18) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 17 de julio de 2019

Señora presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día martes 23 del presente, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

19) SEÑOR CORONEL (AV.) EN SITUACIÓN DE RETIRO FREDY PRIETO GONZÁLEZ. DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTE MILITAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- El Senado retoma el tratamiento del quinto punto del orden del día.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar al señor Coronel (Av.) en situación de retiro Fredy Prieto González, como Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia, a los efectos previstos por el artículo 508 del Código Penal Militar, en la redacción dada por el artículo 3° de la Ley N° 14.099 de 22 de diciembre de 1972».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:33, presidiendo el señor Charles Carrera y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bianchi, Bordaberry,Camy, Garín, Heber, Lafluf, Lazo, Lustemberg, Martínez Huelmo, Moreira, Pardiñas, Passada, Pesce, Ribero, Saravia, Vassallo, Vellozas y Xavier). 

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Patricia Carissimi Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado 

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.