N.º 17 - TOMO 597 - 10 DE JULIO DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

17.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de una inasistencia registrada en la anterior convocatoria.

5) Expansión de la educación en el Uruguay

– Manifestaciones de la señora senadora Passada.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente y al Frente Amplio.

6) Incorporación de paso Centurión y sierra de Ríos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas

– Manifestaciones del señor senador Pardiñas.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Dinama, a la Dinot, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Cerro Largo.

7) Ejercicio Acrux IX

– Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de los buques de la Armada nacional ROU 21 Sirius y ROU 11 Río Negro, así como sus respectivas plana mayor y tripulación, la aeronave marítima 02 SKI MASTER, una lancha de patrulla veintisiete pies, un pelotón de Infantería de Marina y un pelotón de Fuerzas especiales.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8) Consejo Asesor y Consultivo (CAC) del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)

– Proyecto de ley por el que se lo crea.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

9) Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

– Proyecto de ley por el que se la modifica.

• Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve incluirlo como primer punto en el orden del día de la sesión del martes 16 de julio del corriente.

10) Rectificación de trámite

• Por moción de varios señores senadores, el Senado resuelve que la carpeta n.º 751/2017 pase a estudio de la Comisión de Medio Ambiente.

11) Solicitud de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede la licencia solicitada por el señor senador Martínez Huelmo.

– Queda convocada la señora senadora García (Graciela).

12) Rincón del Bonete

– Proyecto de ley por el que se modifica el nombre de la represa hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Comercialización de carnes

– Proyecto de ley por el que se establecen normas.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 9 de julio de 2019

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 10 de julio, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se autoriza la salida del país de los buques de la Armada nacional ROU 21 Sirius y ROU 11 Río Negro, así como sus respectivas plana mayor y tripulación, la aeronave marítima 02 SKI MASTER, una lancha de patrulla veintisiete pies, un pelotón de Infantería de Marina y un pelotón de Fuerzas especiales, a efectos de participar en el ejercicio Acrux IX, con escalas en las ciudades de Formosa, Corrientes, La Paz, Rosario y Zárate, República Argentina, y posterior navegación hasta la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 15 de octubre de 2019;

Carp. n.º 1356/2019 - rep. n.º 880/19

2.º) por el que se crea el Consejo Asesor y Consultivo (CAC), como órgano asesor del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU);

Carp. n.º 1348/2019 - rep. n.º 881/19

3.º) por el que se modifica el nombre de la represa hidroeléctrica actualmente denominada Dr. Gabriel Terra por el de Rincón del Bonete;

Carp. n.º 1240/2019 - rep. n.º 882/19

4.º) por el que se establecen normas a fin de promover y controlar la inocuidad y la transparencia comercial de carnes y derivados en todo el territorio nacional.

Carp. n.º 1318/2019 - rep. n.º 883/19

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Asiaín, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, Da Silva, De León, Draper, García (Graciela), Garín, Iturralde, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia, Silveira, Vassallo y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Besozzi, Camy, Delgado, García (Javier), Heber, Lacalle Pou, Lazo y Tourné.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se deroga el inciso segundo del artículo único de la Ley n.° 19154, de 24 de octubre de 2013, relacionado con el desempeño de actividades artísticas.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

• Por el que se designa Gerardo Hernán Matos Rodríguez el tramo de la ruta nacional n.° 1 (vieja) comprendido entre las progresivas, kilómetros 22 y 26.200 en la localidad de Rincón de la Bolsa, departamento de San José.

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el nombre de la represa hidroeléctrica actualmente denominada Dr. Gabriel Terra por el de Rincón del Bonete.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley relacionado con la inocuidad y transparencia en la comercialización de carnes.

HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Presidencia de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo presenta, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución de la república, 5.º de la Ley n.º 16821, de 23 de abril de 1997, y 9.º del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa 2015-2019, de 22 de diciembre de 2015, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa, correspondiente al ejercicio 2018 y, asimismo, remite con exposición de motivos la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2018 de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta del Banco de Previsión Social a un pedido de informes solicitado por el señor senador Álvaro Delgado, relacionado con el beneficio de precio diferencial en las recargas de supergás otorgado a jubilados y pensionistas.

OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DELGADO».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del día 9 de julio faltó con aviso la señora senadora Tourné.

5) EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra la señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: hoy queremos hacer referencia a la expansión educativa que estamos teniendo, así como a la transformación que se está dando en lo que tiene que ver con la cobertura de la educación inicial, y fundamentalmente con la de la educación tecnológica.

Se construyeron 131 edificios nuevos y se realizaron 464 remodelaciones-ampliaciones; actualmente, en este marco, se están llevando a cabo más de cien obras anuales. Casi diríamos, señora presidenta, que se realizan dos por semana, alguna de ellas con el sistema de participación público-privada (PPP). Se prevé que al final de esta gestión se terminen más de 160 obras. Se construyeron 74 centros nuevos de educación media, disponiéndose en la actualidad de 478 centros para ese nivel educativo, y se proyectan, por el sistema de PPP, 44 liceos, 14 locales de UTU y 9 polos tecnológicos.

Disponer de plazas reales va a permitir dar universalidad al acceso a la educación media, que era una de las propuestas de nuestro Gobierno.

Se han creado 275 nuevos jardines y escuelas. Pero creo que también es importante destacar la cobertura, durante todo este proceso, de la educación inicial, con un incremento de 7400 niños de tres años. O sea que tenemos más de 35.000 niños que asisten en la modalidad de tiempo completo o en la de tiempo extendido. Además, creo que es bueno destacar, respecto de lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que la educación tecnológica, la que dicta la UTU, se ha incrementado en 30.000 estudiantes nuevos. Es decir que de 70.000 estudiantes que están dentro del sistema de la educación tecnológica, se pasó, en este proceso de los últimos años, a 100.000.

También creemos importante destacar que el egreso en la educación media superior, en la enseñanza secundaria –muchas veces se manejan determinadas cifras, quizá por desconocimiento–, pasó de 6709 a 9719. En UTU, pasó de 3196 –y fíjese, señora presidenta, la cifra que hoy se está manejando– a 9256 egresados de este sistema.

Asimismo, en ese proceso de descentralización que tiene el sistema educativo, podemos decir que a nivel de UTU tenemos cinco campus educativos, y siete regiones en el Consejo de Educación Secundaria. Esto, entonces, va apuntando a la descentralización dentro de las regiones.

Nos parece que otro punto importante –quizás hoy no nos dé el tiempo para analizarlo– es el que tiene que ver con las trayectorias educativas. Desde el año 2016 hay un estudio que refiere a la trayectoria de todos los estudiantes, lo que permite detectar alertas en forma temprana y atenderlas específicamente.

Podemos observar, entonces, que vamos a un marco curricular de referencia nacional, que permite dar coherencia y coexistencia a este sistema en el que tenemos claros perfiles de egreso.

También, en su oportunidad –porque ayer escuchábamos algunas manifestaciones al respecto–, haremos hincapié en los cursos binacionales que se vienen desarrollando en todo el país, con un contenido y una capacitación técnica que precisan nuestros estudiantes en el marco de la transformación de la ciencia y la tecnología.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente y al Frente Amplio.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

6) INCORPORACIÓN DE PASO CENTURIÓN Y SIERRA DE RÍOS AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: hoy quisiéramos rescatar y remarcar lo que fue la reciente promulgación del Decreto 198/19 del Consejo de Ministros, el pasado lunes, por el que se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas la zona del departamento de Cerro Largo conocida como paso Centurión y sierra de Ríos. Lo queremos hacer, señora presidenta, reafirmando el largo proceso que ha llevado el tratamiento de este tema en el territorio y en diversas instituciones que corresponden al Estado, pero también en instituciones de la sociedad civil, en que estuvieron enfrentados conflictos de intereses dentro de las comunidades avecinadas en esa zona: conflictos de intereses de las instituciones y conflictos de intereses de las políticas.

Lo primero que queremos remarcar es que esta es una medida a favor de la humanidad; es una medida a favor de nuestra nación, de nuestro país, y de la rica naturaleza que se encuentra en esa zona de nuestro departamento.

Entre las cosas que queremos destacar, diremos que este proceso, iniciado desde el punto de vista del conocimiento y la identificación de especies, y de la descripción de las características naturales, tuvo su inicio con el Probides –Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este–, que instaló allí, en esa zona y en otras de la cuenca de la laguna Merín y de las serranías adyacentes, el análisis y la caracterización natural de esas zonas porque era un compromiso que Uruguay tenía, dentro de los contratos existentes con otras naciones y con otros países, para preservar recursos naturales.

Con posterioridad a la acción del Probides, siguieron otras desde el propio Gobierno departamental. Una de las primeras definiciones que hubo en torno a esa zona fue la que surge de un decreto del Gobierno departamental del año 2010 en el cual, por una medida precautoria que habilita la Ley n.º 18308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, el Gobierno departamental determinó, en esa zona, un área en la cual prohibió la realización de lo que en aquel momento era incipiente en ella y había generado preocupación en los pobladores: la forestación con especies exóticas. Posteriormente, vinieron las directrices departamentales que, justamente, determinan que esta área corresponde a suelo natural protegido y, por ende, hay alrededor de 60.000 hectáreas caracterizadas allí. De esa porción, una menor, de alrededor de 26.500 hectáreas, es la que mediante el decreto antes mencionado pasa a integrarse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la tipificación de paisaje protegido. Inclusive, es muy clara la definición de esta figura porque incorpora lo material e inmaterial, la cultura presente de la producción de la zona, los modos de vivencia que tienen sus pobladores y, sin ningún lugar a dudas, genera también restricciones –a efectos, por ejemplo, de la minería o la forestación– que pueden agravar situaciones de especies, tanto de la flora como de la fauna, que se encuentran agredidas y en vías de extinción.

Queríamos destacar esto, porque va en favor de las cuestiones que hoy tenemos la obligación de atender para defender nuestro ambiente natural y el potencial de esta zona que tiene el país para abrir oportunidades y expectativas. Para ello va a ser necesaria, justamente, la implementación del plan de gestión del área, para lo cual el compromiso del Gobierno, a través de la Dinama y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está presente. También va a estar integrado el compromiso del Gobierno departamental y, sin lugar a dudas, el de las organizaciones de la sociedad civil, que siempre son muy sensibles a estas cuestiones.

Queríamos remarcar este tema porque fue producto de un largo proceso en el que se respetaron las normativas y se realizaron las consultas necesarias. Por tal razón felicitamos a todos los que hicieron posible la finalización de todo este proceso.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Dinama, a la Dinot, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Cerro Largo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) EJERCICIO ACRUX IX

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de los buques de la Armada nacional ROU 21 Sirius y ROU 11 Río Negro, así como sus respectivas plana mayor y tripulación, la aeronave marítima 02 SKI MASTER, una lancha de patrulla veintisiete pies, un pelotón de Infantería de Marina y un pelotón de Fuerzas especiales, a efectos de participar en el ejercicio Acrux IX, con escalas en las ciudades de Formosa, Corrientes, La Paz, Rosario y Zárate, República Argentina, y posterior navegación hasta la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 15 de octubre de 2019. (Carp. n.º 1356/2019 - rep. n.º 880/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en la exposición de motivos se explica muy claramente y con abundante información el objetivo que persigue la operación Acrux IX.

Este ejercicio combinado fue establecido por Acta de Acuerdo de 14 de octubre de 1999, firmada por los representantes de las Armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en la ciudad de Zárate, República Argentina.

Todos los años, desde la fecha indicada, es una misión que está en conocimiento de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento. Sin ningún lugar a dudas, se trata de un ejercicio estratégico que en este caso se realiza en el corazón de la hidrovía regional. Como bien lo mencionó la señora presidenta en el informe previo, se realizará a lo largo del río Paraná llegando, inclusive, a la ciudad de Rosario, Zárate, y al puerto de Asunción, República del Paraguay.

Se trata de prácticas que realiza anualmente nuestra Armada y, obviamente, no solo son beneficiosas para todos los cuadros que intervienen en la operación Acrux, sino que, por supuesto, lo son para los de los restantes países que intervienen en este ejercicio de integración regional en materia de defensa.

Como hemos manifestado al comienzo, es un asunto que figura cotidianamente en la carpeta de la Comisión de Defensa Nacional, al igual que otros ejercicios de las Fuerzas Armadas, según su especialidad. Por esta razón, la comisión lo trató rápidamente y con beneplácito por toda la información que aportó el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional para su pronta aprobación.

La Comisión de Defensa Nacional aprobó el proyecto de ley por unanimidad y recomienda a la Cámara de Senadores que adopte el mismo criterio.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Autorízase la salida del país de los buques de la Armada Nacional ROU 21 “SIRIUS” y ROU 11 “RÍO NEGRO”, así como sus respectivas Plana Mayor y Tripulación, la aeronave marítima 02 SKI MASTER, una lancha de patrulla 27 pies (vigilant), un pelotón de Infantería de Marina y un pelotón de Fuerzas Especiales, a efectos de participar con un total de hasta 104 efectivos en el Ejercicio “ACRUX IX”, con escalas en las ciudades de Formosa, Corrientes, La Paz, Rosario y Zárate (República Argentina) y posterior navegación hasta la ciudad de Asunción (República del Paraguay), en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 15 de octubre de 2019».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

8) CONSEJO ASESOR Y CONSULTIVO (CAC) DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea el Consejo Asesor y Consultivo (CAC), como órgano asesor del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). (Carp. n.º 1348/2019 - rep. n.º 881/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión propone la aprobación de este proyecto de ley que fue votado en forma unánime y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, por lo que está en condiciones de ser consolidado como ley.

Queremos recordar lo que fue la reciente declaración de la Asamblea General de nuestro Poder Legislativo que, en el marco de la conmemoración de los treinta años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño –estuvieron presentes las autoridades del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay pero, sobre todo, adolescentes involucrados en el proceso de las políticas públicas para los niños, niñas y adolescentes, que hicieron sus planteos al cuerpo legislativo–, en su primer punto establece: «1- Su compromiso de continuar en el cumplimiento y el abordaje de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia y la adolescencia.

2 - Su voluntad de garantizar y promover los derechos de las y los niños y adolescentes y generar las condiciones necesarias para que se cumpla;

3 - Profundizar los avances realizados hasta el presente, porque el desafío del futuro está en nuestros niños, el derecho a la educación debe seguir siendo una obligación del Estado, para que contribuya al desarrollo de sus potencialidades…».

En esta declaración teníamos también un cuarto y un quinto punto.

Queremos justamente con ese marco reafirmar esto, porque hay un compromiso de nuestro país, avalado por la signatura, en primer lugar, de la convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero a su vez también ratificado en varias instancias internacionales en las que Uruguay ha participado, como por ejemplo el XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes - OEA). En ese ámbito se reafirmaron recomendaciones que emanan de los artículos 12, 13 y 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese mandato que establece la participación de niños, niñas y adolescentes, entendida como la libertad de buscar y recibir información, formarse un juicio propio, emitir una opinión y ser tenidos en cuenta en los asuntos que los afectan es un derecho y principio rector guía consagrado en la convención.

Entonces, poniendo en práctica estos compromisos que nuestro país ha signado en el desarrollo de políticas hacia los niños, niñas y adolescentes, el Directorio del INAU, por resolución n.º 2743/2009, creó un consejo consultivo, conformado por adolescentes –un titular y un suplente por cada departamento– de entre trece y diecisiete años. Este consejo ha funcionado en el marco del Programa de Participación Infantil y Adolescente del INAU, conocido como Propia. Como se señala en la exposición de motivos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, la forma de elección y funcionamiento del consejo fue elaborada y votada en el II Congreso Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Propia. Ello ha permitido instancias que se han venido realizando año a año, así como el abordaje, por parte de quienes integran este consejo consultivo –que son, reitero, adolescentes de entre trece y diecisiete años–, de temáticas de enorme trascendencia para la construcción de las políticas que tiene el INAU entre sus cometidos. Algunas de esas temáticas son: derecho a la familia, falta de oportunidades en general, cuidado del medioambiente, falta de ofertas educativas en el interior del país, baja de la edad de imputabilidad, consumo problemático de alcohol, trabajo y educación, y derecho a la ciudad y acceso a espacios públicos y bienes culturales. Son diferentes temáticas que están en el centro de las políticas que tiene que instrumentar el instituto. En ese sentido, sin lugar a dudas, la mirada, los reclamos o las reivindicaciones que se plantean desde los propios destinatarios de las políticas, que son los niños, niñas y adolescentes, constituyen un insumo importante a la hora de que el INAU tiene que tomar determinaciones y decisiones.

Por eso se propone, mediante este proyecto de ley –que, reitero, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que fue votado por unanimidad en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado–, la institucionalización de este consejo adolescente consultivo.

El proyecto de ley tiene siete artículos muy sencillos.

El artículo 1.º define la creación del Consejo Asesor y Consultivo.

El artículo 2.º fija los cometidos que tendrá este consejo.

El artículo 3.º determina el número de sesiones mínimas que deben realizarse cada año.

El artículo 4.º establece que estos cargos no serán renovables y que la duración de cada miembro en ellos será de dos años.

El artículo 5.° establece que la participación como miembro del consejo consultivo es de carácter honorario y por tanto no genera derecho a remuneración, compensación o indemnización de naturaleza alguna.

El artículo 6.° le comete al INAU la reglamentación del funcionamiento de este consejo, incluyendo el mecanismo de convocatoria y elección de sus integrantes. Tengamos presente que ya se han elegido integrantes del consejo bajo resolución del INAU y esto se ha hecho mediante elecciones secretas realizadas por los propios participantes.

Por último, el artículo 7.° crea un consejo consultivo en cada departamento para que asesore también a las direcciones departamentales del INAU.

Creemos que con este proyecto estamos dando un marco normativo que profundiza la construcción de políticas hacia la niñez y la adolescencia, que han estado en el centro de la atención de las políticas generadas por nuestro país en estos últimos años y que en este Parlamento en varias oportunidades se han discutido. Incluso, como mencioné al principio, recientemente, en el ámbito de la Asamblea General, se tuvo nuevamente presente el tema en el marco de los treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es por estos motivos, señora presidenta, que entendemos que hoy debemos sancionar este proyecto de ley.

Es cuanto teníamos para informar.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero hacer una consulta al miembro informante.

Por lo que veo, menores de edad de entre trece y diecisiete años van a integrar este consejo. Y el artículo 6.º marca cómo se los elige, pero en realidad no marca nada, porque dice que la forma en que se los elige la establece el INAU, y punto. Obviamente que esto nunca es bueno. Se crea un consejo consultivo asesor, pero no se establecen criterios para elegir sus miembros. Debería haber algún criterio de representatividad, etcétera, que garantice que no haya participación política, por ejemplo.

Por otro lado, el artículo 7.º crea, a su vez, Consejos Asesores y Consultivos de las direcciones departamentales, pero no dice cómo se eligen sus miembros. La norma anterior, el artículo 6.º, dice: «El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) reglamentará la presente ley, en especial los mecanismos de convocatoria, integración, funcionamiento del Consejo…», es decir, del Consejo Asesor y Consultivo. Pero el artículo 7.º, que dice que a su vez va a haber Consejos Asesores y Consultivos en los departamentos, no dice cómo se eligen sus miembros. Entonces, parece haber una omisión. Creo que debería aclararse cómo se eligen los miembros de los consejos departamentales o establecerse que el INAU también designará los de los consejos departamentales. De lo contrario, quedaría un vacío aún mayor. Insisto: en el artículo 6.º se dice que los elige el INAU; por mi parte creo que debería establecerse determinado criterio de representatividad, convocatoria o consulta. Pero en el artículo 7.º ni siquiera se establece cómo se eligen. Sería bueno saber si está previsto cómo solucionar este tema.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: el planteo del señor senador Bordaberry ha sido uno de los temas que ha estado presente en el intercambio sobre este proyecto de ley, sobre todo en su instancia en la Cámara de Representantes.

En primer lugar, quiero aclarar que el artículo 6.º no dice que los elige el INAU, sino que este tendrá la obligación de reglamentar la forma de elección. Se entendió –e incluso se ha conversado en varias instancias al respecto con el Directorio del INAU– que en virtud de la evolución que tienen estos procesos, el instituto tiene la posibilidad de hacerlo ajustado a la realidad. Además, reitero –está en los antecedentes– ya ha habido procesos de elección de integrantes del Consejo Asesor Consultivo y han sido independientes de toda injerencia externa a los intereses de los propios niños y adolescentes. Se han realizado en el marco del Propia y han participado de ellos organizaciones juveniles y estudiantiles de diferentes ámbitos. Como todo esto es muy dinámico, en virtud de la potencialidad de desarrollo que cada uno tiene en su territorio, desde el INAU se ha defendido que la forma de elección sea definida por la reglamentación, garantizando ese principio, que se ha practicado hasta el presente, de que la elección sea secreta y realizada por los propios involucrados.

En lo que refiere a los Consejos Asesores y Consultivos de las direcciones departamentales, sin lugar a dudas ha habido una omisión, porque no quedó expresado en el proyecto de ley, pero está claro que tendrán el mismo proceso de elección que el consejo nacional. Es decir que habrá que determinar en la reglamentación del INAU para cada departamento quiénes van a participar y cómo lo harán.

En definitiva, nosotros entendimos que, como una forma de ir avanzando en la institucionalización de un compromiso que nuestro país tiene en el plano internacional, este es un primer paso, y que, a partir del trabajo continuado de esta experiencia realizada por el INAU, tal vez luego podamos avanzar en introducir modificaciones a la ley si es necesario, para que quede claro en el propio texto cuáles son los mecanismos electores y quiénes participan. Pero en esta instancia, en virtud del intercambio que se ha tenido con el Consejo Directivo del INAU, se entendió que la forma de facilitar o consolidar la implementación del sistema es mantener un mecanismo abierto, tal como se plantea en el proyecto de ley.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer una precisión en cuanto a la redacción del artículo 4.º del proyecto de ley, que dice: «Los cargos no serán renovables y en ningún caso la duración de cada miembro en el mismo no podrá extenderse más de dos años». Evidentemente, hay un «no» que está de más. La negación está duplicada, con lo cual quedaría anulado. Supongo que se quiso decir «en ningún caso la duración de cada miembro en el mismo podrá extenderse más de dos años».

Por otra parte, el informe en minoría reitera alguna de las inquietudes planteadas por el señor senador Bordaberry en cuanto a la premura en aprobar este proyecto de ley, y realiza algunas observaciones. Por ejemplo, se plantea que se está creando un órgano al que se denomina asesor, que es distinto de un órgano consultor, porque en este último caso simplemente se emite una opinión, mientras que el asesoramiento implica una formación. Entonces, el informe en minoría cuestiona si a estos integrantes se les va a exigir, como requisito para integrar este órgano, estar insertos en el sistema educativo formal. Es decir, se plantea que hay una serie de imprecisiones al crear este órgano asesor.

También me surge la inquietud de qué estatuto jurídico va a regir a estos niños, niñas y adolescentes. No se les puede aplicar el del funcionario público, porque tienen la ciudadanía suspendida por ser menores de dieciocho años. De manera que entiendo que habría precisiones que hacer a este respecto.

A su vez, siguiendo el razonamiento del señor senador Bordaberry, al no estar establecido en el proyecto de ley cómo acceden los integrantes de este consejo a sus cargos y dejarlo librado a la reglamentación, no está acreditada la representatividad de los miembros de este órgano asesor.

Esas son las inquietudes que quería plantear.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: en primer lugar adelantamos que tenemos voluntad de acompañar este proyecto de ley; es decir, compartimos la iniciativa y nos parece buena la participación y muy positivo escuchar la voz de menores en temas vinculados a ellos. Eso está fuera de discusión, y así lo expresó quien integra la comisión en representación nuestra. Pero sí me parece, después de la aclaración que hizo el miembro informante, que no cuesta nada mejorar la redacción de los artículos 6.º y 7.º.

Por un lado, el artículo 6.º debería establecer determinados criterios y parámetros para la reglamentación de la forma en que se va a elegir a quienes van a representar a los menores en el consejo. Me parece que no cuesta nada establecer cómo debe ser el mecanismo. ¿Debe guardar determinada equidad entre Montevideo y el interior, por ejemplo? Parecería ser que en eso estaríamos de acuerdo. ¿Debiera guardar alguna equidad de género? ¿Van a ser todas mujeres o todos hombres? ¿Más mujeres que hombres? ¿Tendría que ser paritario? ¿No debiéramos establecer determinados criterios y no dejarlos librados exclusivamente al INAU?

Además, esto sería útil para prevenir problemas. Recordemos los problemas que tenemos con los representantes de los usuarios y de los gremios en ASSE. Hasta hoy no tenemos una elección de usuarios en ASSE que los represente. Parecería ser necesario establecer el mecanismo de designación, hasta como garantía para todos los ciudadanos y todos los partidos. Yo creo que no tiene que ser una representación político-partidaria. Entonces, aclarémoslo. Pero no me parece que corresponda decirle al INAU, cuyo directorio está designado por el poder político, en estos momentos con una mayoría de un partido, que va a reglamentar cómo se van a elegir los menores que van a integrar el consejo consultivo. Sé que no los va a elegir, pero va a reglamentar cómo elegirlos. Me parece que la ley debiera ser más precisa en eso.

Y el artículo 7.º es peor, porque ni siquiera decimos que los elige el INAU, y lo va a reglamentar. Es decir que, en realidad, no hay forma de elegir a los miembros, y si los elige, va a ser ilegal. Eso se soluciona exclusivamente modificando el artículo 7.º y estableciendo que los consejos también se elegirán en la forma que está prevista en el artículo 6.º. Parece de lógica.

Reitero: compartimos el espíritu. Nos parece que deberíamos –y esto es una moción, señora presidenta– devolver a comisión este proyecto de ley y profundizar rápidamente estos dos artículos, para aprobarlos, esperemos que por unanimidad, en la próxima sesión del Senado.

Muchas gracias.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Quiero señalar algo con respecto a lo que se está discutiendo, a modo de información.

En noviembre o diciembre del año pasado se llevó a cabo uno de los tantos encuentros nacionales que hacen los jóvenes, los adolescentes y los niños de este país, vinculado a los consejos consultivos a nivel nacional. De hecho, a nivel departamental y nacional estos consejos vienen funcionando desde 2008, y hasta ahora están funcionando muy bien con la reglamentación que hizo el INAU, mediante la cual cada uno de los consejos viene eligiendo a sus representantes. De todos modos, entiendo lo que dicen algunos señores senadores en sala.

Este proyecto de ley fue presentado por los chiquilines en la Asamblea General que celebramos para recibirlos y escucharlos, y es de su interés que se apruebe.

Creo que en este momento en Treinta y Tres se está definiendo el comité departamental de jóvenes. Desde el 2008, cada dos años, se viene eligiendo a los nuevos representantes en cada uno de los departamentos, sin volver a repetirlos, a efectos de luego reunirse anualmente a nivel nacional.

Quería aclarar esto porque, en realidad, lo que hace el proyecto de ley es refrendar lo que ya se está haciendo desde el 2008, más allá de los colores políticos, como se dijo acá. Los colores políticos no interfirieron en el actuar de los gurises desde el 2008 hasta ahora; de hecho, hay gurises de todas las familias uruguayas en los consejos, y ellos se dieron su forma y su modalidad, y creo que nosotros debemos respetar eso.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Tengo la percepción de que estamos queriendo generar una ley de algo que aparentemente funciona bien y que, por hacerlo legal, puede ser muy peligroso para el futuro. Tengamos en cuenta que después las leyes son difíciles de modificar.

En el artículo 2.º, referido al Consejo Asesor y Consultivo, se establece que los gurises van a ser representantes y portavoces de las inquietudes de los niños, las niñas y los adolescentes de todos los departamentos del país. No es poca cosa que por ley se establezca que van a ser los portavoces –estamos hablando de gurises de entre trece y diecisiete años– de las inquietudes de la gurisada de todos los departamentos del país.

Como padre, señalo que no quiero que mi hija tenga portavoz alguno; prefiero tener la patria potestad y tratar de criarla de acuerdo con mis valores, sin tener un organismo legal por el cual se trasladen sus inquietudes. Yo no quiero que haya un consejo que a mis hijos adolescentes –ni a los hijos adolescentes de nadie– les baje línea sobre cuáles son las realidades o las sensibilidades que se pueden tener por ley, más en este momento en el que en el mundo basta con que haya una tendencia en las redes sociales para que quede bien claro qué es lo que está pensando la gurisada; además, tengamos en cuenta que tienen un dinamismo que, como padre, me asombra: un año piensan una cosa y otro año piensan otra. No es lo mismo una gurisa de diecisiete años, que una de catorce o de trece años.

No quiero que haya otro organismo estatal, legal, que le baje línea al hijo de un guasquero en Salto, como si ese fuera el relato oficial de las cosas que le pasan a las actuales generaciones de adolescentes y de gurises. Y mucho menos quiero esto si no queda claro de qué forma van a ser electos estos representantes.

En el Uruguay –y lo digo por mi experiencia personal, ya que tuve mucha vocación política participativa desde muy gurí; estuve en cuanta organización social y estudiantil pude estar– están los que se involucran y están aquellos a los que nada les importa. Pero a la hora de legislar todos tienen los mismos derechos, todos son uruguayos: lo es el más cabecilla de los sindicalistas estudiantiles –quien hoy quizás esté pensando en ocupar un liceo–, como el individuo a quien nada le importa más que tratar de salvar el examen de turno. En mi concepción todos tienen los mismos derechos. No quiero que por la ventana, por esas reglamentaciones que después se nos van de las manos y terminan consolidando circunstancias que no quiero para mis hijos, termine teniendo más derecho aquel que participa, que estudia en un liceo y que tiene una natural vocación por lo social, que alguien que está estudiando robótica y a quien nada le importa menos que tratar de estar en un ámbito como este.

La minoridad, señora presidenta, es un tema delicado. Se ha discutido hasta el cansancio hasta dónde llega la patria potestad y dónde empieza la emancipación de los adolescentes.

No tengo dudas a la hora de declararme chapado a la antigua, conservador, padre responsable de mis hijos hasta los dieciocho años. Quizá por esta visión, por este prejuicio, es que prefiero no levantar la mano para designar a una gurisada de entre trece y diecisiete años que se diga ser representante y portavoz, por ley, de las inquietudes de las niñas, los niños y los adolescentes de todos los departamentos del país. Todos sabemos que hay Parlamento juvenil, Parlatino juvenil, organismos y ámbitos con participación; ninguno de ellos, señora presidenta, es legal. Ninguna de esas participaciones que uno promueve –es precioso ver cómo vienen los gurises de todas partes del país a expresar sus ideas– tiene una consolidación legal. Establecer por ley una circunstancia de estas nos puede generar algunos problemas en el futuro; no quiero asentar algunas realidades que prefiero que sigan siendo así y que no sean legales. No es necesaria una ley, como se dijo acá, para que algunas cosas funcionen bien, más o menos, o mal. Las cosas funcionan, y no necesariamente por ley; establecerlas por ley tal vez generaría más problemas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Tenemos un director en el INAU y conocemos muy bien cómo funciona este Consejo Asesor y Consultivo desde hace muchos años. Hace poco estuvieron presentes sus integrantes en una sesión especial de la Asamblea General. Esta iniciativa está en línea con las orientaciones normativas internacionales vinculadas a la necesidad de que en los organismos que definen políticas referidas a la infancia haya una presencia de actores que de alguna manera exprese la realidad de los propios gurises. Hemos tenido reuniones respecto a este tema y tenemos una buena opinión de cómo está funcionando este Consejo Asesor y Consultivo.

Si bien vamos a acompañar este proyecto de ley, estoy de acuerdo con que hay un par de problemas formales que deberían ser subsanados. El primer problema está en el artículo 4.º, con la doble negación que señalaba la señora senadora Asiaín; hay un «no» que no debe estar y debería corregirse. Luego, hay una omisión en lo que tiene que ver con la reglamentación de los Consejos Asesores y Consultivos de las direcciones departamentales, en la medida en que el artículo 6.º –como decía el señor senador Bordaberry– solo refiere al consejo, cuando también debería referirse a los consejos que funcionarán en la órbita de las direcciones departamentales. De otro modo, quedaría un vacío legal sobre la reglamentación de los Consejos Asesores y Consultivos de las direcciones departamentales. Estas son cuestiones estrictamente formales. En términos generales, me parece un paso positivo para la institucionalización de un ámbito que no tiene otra función que la de asesorar, proponer y dialogar, y que de hecho ya existe y está funcionando desde hace mucho tiempo; lo que se está dando es una señal jurídica en el sentido de darle creación institucional.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Voy a ser muy breve. Creo que en términos generales estamos todos contestes en el sentido de que es un muy buen proyecto de ley. Incluso, participamos de la asamblea cuando los jóvenes plantearon este proyecto de ley, pero también hemos actuado en otras instancias. Realmente, este consejo consultivo está funcionando muy bien en la actividad que está realizando, y creo que la participación de los jóvenes en las políticas públicas que tienen que ver con ellos personalmente es fundamental para el desarrollo futuro de esas políticas. En definitiva, nosotros compartimos el proyecto de ley. En general nos parece muy bueno, pero como mencionaban la señora senadora Asiaín y los señores senadores Bordaberry y Mieres, hay aspectos que deberían ser corregidos o, por lo menos, incorporados para mejorar el proyecto de ley. Reitero: es muy buen proyecto de ley. Nosotros vamos a acompañarlo con nuestro voto, pero nos gustaría plantear a los miembros de la comisión la necesidad de que se hagan las correcciones pertinentes. Podemos pedir que vuelva a comisión y se le hagan las correcciones necesarias o, si hay alguna propuesta al respecto, que se corrija ahora rápidamente. Si hacemos un cuarto intermedio, podemos incorporar las modificaciones planteadas por el señor senador Bordaberry y otros senadores preopinantes.

Brevemente, este es el planteo que quería hacer. Compartimos el proyecto de ley y creemos que le hace muy bien al funcionamiento del consejo consultivo.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de diez minutos.

(Así se hace. Son las 10:22).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:36).

–Los coordinadores han conversado respecto a las modificaciones y observaciones realizadas, y si bien no es bueno legislar en sala, estamos en el último período legislativo, que termina el 15 de setiembre, y no nos sobra tiempo.

Por lo tanto, propongo que antes de votar en general se lea el texto de los artículos que se modificaron, tal como quedaron redactados, para que todos los tengan presentes, y luego, si están de acuerdo, procederemos a la votación.

Léanse las modificaciones propuestas.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 4º.- Los cargos no serán renovables y en ningún caso la duración de cada miembro en el mismo podrá extenderse más de dos años».

«Artículo 6º.- El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) reglamentará la presente ley, en especial los mecanismos de convocatoria, integración, funcionamiento del Consejo y de los Consejos Departamentales y de consulta realizadas por otros organismos del Estado y sociedad civil de conformidad con lo dispuesto precedentemente.

La reglamentación deberá prever el llamado público a quienes deseen participar, y criterios de inclusión así como las garantías para postulación de candidatos y elección de los mismos».

SEÑORA PRESIDENTE.- Además, el artículo 7.º pasa a ser 6.º, y el 6.º pasa a ser 7.º; de esta manera queda en un orden lógico.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Gracias, señora presidenta.

Vamos a proponer que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, puesto que las modificaciones que hicimos ya han sido leídas, y que luego votemos la alteración de los números de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado con las modificaciones que se leyeron por secretaría.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, corresponde ahora votar la alteración del orden de los artículos que se ha mencionado.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señora presidenta.

Me congratulo de haber votado este proyecto de ley, porque no es habitual que sean los propios adolescentes quienes reclamen la garantía legal de continuar con lo que vienen haciendo de manera extraordinaria desde hace tantos años y que han expuesto en cada instancia en que los hemos recibido en este Parlamento. Creo que esta iniciativa es efectivamente el ejercicio de lo que son nuestros niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho que hacen valer, en este caso, una práctica que les ha permitido en estos años expresarse y lograr entre ellos los consensos de una representación que, como tuvimos oportunidad de ver, no necesitó de la legislación o de la reglamentación previa. Vinieron representando equitativamente al territorio y también desde el punto de vista de género, y lo que querían con esta ley era garantizar que pudieran seguir haciéndolo con las definiciones que ellos mismos pueden darse.

Muchas gracias.

SEÑORA AYALA- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Hago mías las palabras de la señora senadora Xavier.

También aprovecho para saludar a los adolescentes que nos siguen por YouTube, y quiero mencionar que el pasaje a la Cámara de Representantes es simplemente a los efectos de refrendar los cambios que hemos hecho aquí.

Nada más y muchas gracias.

9) LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de julio de 2019

Señora presidenta:

Mocionamos para que el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas se incluya como primer punto en el orden del día de la sesión del martes 16 de julio del corriente. (Carpeta n.º 1335/2017)». (Firma la señora senadora Constanza Moreira).

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción.

(Se vota).

–29 en 31. Afirmativa.

10) RECTIFICACIÓN DE TRÁMITE

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de julio de 2019

Los abajo firmantes mocionamos para que se rectifique el trámite de la carpeta n.º 751/2017, proyecto de ley que incorpora el título XIV al Libro II del Código Penal, DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, que se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación y que pase a estudio de la Comisión de Medio Ambiente». (Firman los señores senadores De León y Garín, y las señoras senadoras Xavier, Asiaín y Matiaude).

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción.

(Se vota).

–29 en 31. Afirmativa.

11) SOLICITUD DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de julio de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

De mi consideración:

Por este medio tengo a bien solicitar licencia los días lunes 15 y martes 16 de julio del corriente año, por razones personales y de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley n.º 17827.

Saludo a usted atentamente.

Rubén Martínez Huelmo. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

Se comunica que el señor Lauro Meléndez ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) RINCÓN DEL BONETE

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el nombre de la represa hidroeléctrica actualmente denominada Dr. Gabriel Terra por el de Rincón del Bonete. (Carp. n.º 1240/2018 - rep. n.º 882/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Hace unos meses, el compañero del Frente Amplio Dari Mendiondo me comentó que a mucha gente le parecía una vergüenza que la represa hidroeléctrica, actualmente denominada Dr. Gabriel Terra, mantuviera ese nombre. En consecuencia, lo planteé en la bancada de mi partido, pero luego esa idea se fue transmitiendo a otros legisladores de este Cuerpo que compartían el mismo espíritu.

No hay que olvidar que esa represa lleva su nombre por un decreto del exdictador Juan María Bordaberry, de 26 de julio de 1973, es decir, un mes después de la disolución de las cámaras. Seguramente, en ningún momento el Parlamento uruguayo habría votado el nombre del dictador Gabriel Terra para denominar un monumento, una calle, carretera o represa, como ocurrió en este caso.

El nombre convivió con nosotros, pero hace a la memoria y hiere el sentido republicano y democrático de nuestra sociedad.

Nosotros elegimos un nombre y lo propusimos. A su vez, creo que con cierta sabiduría, otros legisladores nos plantearon dividir esta instancia en dos etapas. Esto es, sacar el nombre Gabriel Terra, dejar la denominación Rincón del Bonete y luego será el Parlamento –este, el próximo o el que le siga– el que determinará una figura que genere los consensos adecuados para encontrar el nombre más apropiado.

Si bien habíamos propuesto el nombre de una víctima de la dictadura de Terra, Julio César Grauert, también es cierto que se manejaron otros nombres, tan o más importantes que ese. Es sabio, es bueno y ponderado separar los dos actos: uno, que la represa deje de llamarse Gabriel Terra –quien violó la Constitución y las leyes– y recupere el nombre natural del lugar, es decir, Rincón del Bonete. Luego, vendrán otras instancias con otros Parlamentos que, si lo creen adecuado, pondrán el nombre de alguna personalidad o figura que esté vinculada a la represa.

Es por esas razones que en la comisión correspondiente, y luego de diferentes conversaciones, nos avinimos a separar este tema en dos actos y nos abocamos al primero: sacar el nombre Gabriel Terra y recuperar el nombre de Rincón del Bonete. A esos efectos, estamos presentando el proyecto de ley y solicitamos al Senado que lo acompañe.

En la comisión, la propuesta de llamarle Rincón del Bonete obtuvo la unanimidad, aunque hubo otras opciones, porque sabemos que estos pasos hay que darlos con el respaldo de un buen consenso político.

Reitero que en la comisión se votó por unanimidad, y estamos de acuerdo en recuperar el nombre Rincón del Bonete para la represa hidroeléctrica de ese lugar.

Era cuanto tenía para decir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Nos visitan los alumnos de 6.º año de la Escuela n.º 123 de Maroñas. Sean bienvenidos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único: Modifícase el nombre de la Represa Hidroeléctrica actualmente denominada “Dr. Gabriel Terra”, por el de “Rincón del Bonete”».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Nosotros somos firmantes de la primera propuesta, es decir, la que pasaba a denominar a la represa hidroeléctrica con el nombre Dr. Julio César Grauert.

Queremos decir que, aun como firmantes de esa proposición, aceptamos plenamente los argumentos del señor senador Michelini para que pasara a denominarse Rincón del Bonete.

Sin mengua de ello, quiero dejar constancia de mi apoyo a la idea original que, sencillamente, intentaba rubricar un homenaje a quien considero un héroe civil de la república, como sin duda lo fue Julio César Grauert.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Quisiera hacer una reflexión de carácter personal, señora presidenta.

Cuando leí el orden del día de la sesión de hoy –que incluía el cambio de nombre de la represa hidroeléctrica– sentí alegría porque trata de restablecer alguna diferencia, propia de mi formación herrerista, con este nombre.

Debo decir que siempre me hizo ruido que el doctor Luis Alberto de Herrera apoyara la dictadura de Terra. Soy profundamente herrerista, pero nunca compartí esa parte de su accionar político. Son cosas pequeñas para el mundo, pero grandes para mí y considero que haber votado este proyecto de ley limpia bastante la conciencia de mi más profunda concepción herrerista.

Gracias.

13) COMERCIALIZACIÓN DE CARNES

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas a fin de promover y controlar la inocuidad y la transparencia comercial de carnes y derivados en todo el territorio nacional. (Carp. n.º 1318/2019 - rep. n.º 883/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Venimos a informar al plenario sobre un proyecto de ley relativo a la comercialización de carnes –carpeta n.º 1318/2019– por el que se promueve la inocuidad y la transparencia, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y vale la pena comentar que lo hicimos a tapas cerradas. Nos parece importante enmarcar este proyecto de ley, que claramente está orientado a modificar competencias del INAC, en algunos comentarios generales, antes de entrar al abordaje particular del articulado y sugerir su aprobación.

El proyecto surgió como una necesidad, en el marco de la discusión que hemos estado dando sobre otro proyecto que esperamos estar considerando la semana próxima: el referido a embutidos artesanales. La regulación de este tipo de embutidos trajo como consecuencia la necesidad de buscar mejoras en la inocuidad del procesamiento de estos derivados cárnicos y, también, de tener algunos mecanismos de control y de sanción para que esa regulación se haga firme. Este comentario general se complementa con lo siguiente. El INAC tiene una restricción histórica, porque no tiene competencia en partes del territorio para cumplir con sus funciones de sanción y control de los productos cárnicos y sus derivados en algunas fases de la comercialización y del comercio minorista. Tampoco puede hacerlo en algunos lugares de procesamiento, lo que sí está previsto en el caso concreto de las carnicerías.

Por otra parte, vale la pena comentar –esto también se enmarca en los comentarios generales– que nos parece muy oportuno que estemos tratando este proyecto de ley en la Cámara de Senadores, en el Parlamento, ya que la mejora de las disposiciones normativas y legales, y con ellas las capacidades de inspección del INAC, va a contribuir a seguir fortaleciendo los procesos de inocuidad en las cadenas alimenticias.

Debo recordar, aunque creo que todos somos conscientes de ello, que la evolución que han tenido las cadenas de producción de alimentos –muchas de ellas se han transnacionalizado y abarcan a muchos actores, desde la producción hasta la industrialización y la distribución– ha traído como consecuencia la necesidad de que cada uno de los actores que participan en ellas, en cada momento, tenga la obligación de cumplir con normas que preserven la inocuidad de los alimentos. De esta manera, se estará contribuyendo a un bien mayor, que es el de la salud pública.

Por eso nos parece importante este proyecto de ley, que aborda mejoras en la implementación y en el control de la aplicación de procesos de inocuidad alimentaria, ya que va a estar favoreciendo, sin ningún lugar a dudas, la mejora de ese bien que es la salud pública. Pero también creemos que va a ser una contribución al comercio, por cuanto –esto es conocido por todos y nuestro país tiene que estar atendiéndolo en forma permanente– un factor demandado, especialmente por los mercados más exigentes y que pagan más los alimentos, son los criterios de inocuidad. Además, muchas veces exigen que esos criterios de inocuidad requeridos para los alimentos que exportamos también se cumplan en el mercado interno. Dicho esto, no solo estaríamos mejorando cuestiones de salud pública, sino también aspectos comerciales, por este factor de competitividad relativo a poder demostrar iguales niveles de control y de cuidado de la inocuidad alimentaria en la cadena para el abastecimiento del mercado interno y del mercado exterior. Así podremos seguir ampliando la colocación de productos en mercados muy competitivos y de alto valor.

Todo esto llevó a analizar la ley de creación del INAC. Hasta el momento, el INAC se maneja con esta ley, que es de hace treinta y cinco años, como marco legal. Sus cometidos de salvaguardar inocuidad y transparencia comercial a lo largo de toda la cadena del abasto, tanto para carnes como para sus derivados, están en su ley de creación; no obstante, en esta ley quedan restringidas sus competencias de control a alguna parte del territorio. O sea, el INAC, que es el instituto especializado en la carne, en algunas regiones del territorio actualmente no tiene competencias de control y sanción. Este proyecto de ley –como veremos más adelante– aborda esa restricción.

Por otra parte, vale la pena mencionar que esta situación en primera instancia genera una diferenciación respecto a cómo se controla la inocuidad por el INAC, en virtud de que tiene dos comportamientos según la parte del territorio nacional de la que se trate. Las diferencias se amplían porque, por el artículo 35 de la Ley n.º 9515, que es la ley de autonomía de los Gobiernos departamentales, estos tienen competencias para agregar criterios y regulaciones respecto a higiene y sanidad dentro de su territorio. Los Gobiernos departamentales han estado ejerciendo este derecho legal, lo que muchas veces ha significado la proliferación de diferentes criterios en la fijación de exigencias para la inocuidad alimentaria y de distintos mecanismos de contralor.

La resultante final de la acción del INAC con las limitaciones actuales de los Gobiernos departamentales es que en ciertas partes del territorio haya criterios de inocuidad diferentes. En virtud de estas diferencias –aquella debilidad que comentábamos de que, aun cumpliendo con las normas legales, podría estar vulnerándose la inocuidad, por los diferentes criterios de aplicación de los procesos dentro del territorio nacional–, esto podría ser un obstáculo para la expansión comercial.

Por eso, como decía, en el marco de la discusión que hemos dado los últimos meses en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca asociada a la inspección y el control, a lo largo y ancho del país, de las carnes y sus derivados, el INAC aprovechó la oportunidad para hacer una propuesta a través del Poder Ejecutivo –este proyecto de ley viene del Poder Ejecutivo– en la que plantea la incorporación de una importante cantidad de adecuaciones de la norma legal que lo regula, orientadas esencialmente a fortalecer los criterios de inocuidad alimentaria y de transparencia comercial.

Esas modificaciones podemos clasificarlas, rápidamente a los efectos de explicarlas en este recinto, en cuatro ejes. El primero está referido a establecer exigencias de infraestructura en los lugares en los que se manipula carnes y sus derivados. Este es un criterio que ya contiene la norma actual; en la modificación se reiteran algunas adecuaciones en ese sentido. Los otros tres ejes que se incorporan podríamos decir que son bastante innovadores respecto a la norma vigente. Uno de ellos es la promoción de la asistencia, en los lugares donde se maneja carne y derivados, de personal con capacitación y formación acorde a las exigencias de los procesos de inocuidad. Otro eje innovador es que se trata de promover la homogénea aplicación de procesos de inocuidad a lo largo de la cadena, esto es: producción, industrialización, comercialización, lugares de almacenamiento. Por último, el cuarto eje –que nos parece que es una de las innovaciones que merece comentarios más alentadores– es la adecuación de las competencias del INAC, que pasa a tener una cobertura nacional. Además, se establece un mecanismo –que ha recogido una muy buena opinión, especialmente de los Gobiernos departamentales– para que la expansión de estas competencias se haga de manera coordinada con los Gobiernos departamentales. Es decir que los Gobiernos departamentales y el INAC mantienen sus competencias, pero, además, las acciones de control y sanción se harán de forma articulada y coordinada, a partir de la aplicación de ciertos protocolos –a los que haremos mención más adelante– que se encuentran en el proyecto de ley que estamos analizando.

Luego de estos comentarios generales y de la presentación de los cuatro ejes de acción que orientan las adecuaciones del proyecto de ley que estamos analizando –que, como dije, aprobamos por unanimidad en la comisión–, paso a describir rápidamente el contenido de los ocho artículos que lo integran.

El artículo 1.º establece el interés de la promoción y el contralor de la inocuidad y la transparencia comercial que debe existir entre las empresas que comercializan carnes, subproductos y productos cárnicos en todo el territorio nacional; además, establece cuáles son esas carnes que regula –es muy amplio–, dejando exceptuadas las actividades en cuyo control tenga competencia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en lo referente a las bases de producción e industrialización.

El artículo 2.º fija, claramente, que el ámbito de aplicación de este proyecto de ley abarcará las actividades de comercialización, transporte, almacenamiento de carnes y derivados, así como su transformación en los puntos de venta al público. Esto significa que la transformación de los productos cárnicos también queda comprendida en la cadena.

El artículo 3.º establece que, sin perjuicio de que las competencias del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos departamentales en materia de inocuidad y transparencia comercial entre las empresas, no quedarán afectadas, se asegurará una aplicación uniforme de la reglamentación vigente en todo el territorio nacional. Más adelante veremos cómo se resuelve la problemática de la coordinación de las competencias para asegurar la aplicación uniforme de la reglamentación.

El artículo 4.º establece que el Instituto Nacional de Carnes tendrá competencias inspectivas y sancionatorias en todo el territorio nacional, y este es uno de los temas centrales de la modificación del proyecto de ley original. Además, se agrega que tendrá la capacidad de suspender temporariamente a las empresas si constata incumplimientos graves que afecten la inocuidad y la transparencia comercial. Se trata de una potestad que otorga la ley en forma expresa y el INAC entiende que es una de las herramientas más eficaces para resguardar los procesos de inocuidad, porque para los locales en los que se comercializa carne es más importante la suspensión transitoria que toda la infraestructura de multas que tiene prevista la ley. Para llevar adelante esta suspensión temporaria, que tiene gran impacto sobre quien en última instancia resulta afectado o sancionado, este artículo 4.º establece los criterios principales que la fundamentan, que son: la puesta en peligro o daño de la salud pública, la inobservancia de las indicaciones técnicas de los organismos competentes y el comportamiento infraccional reincidente. Estos son los tres criterios que fundamentan la aplicación de las sanciones temporarias. Insisto en que, dada la dimensión de la sanción, se ha entendido que se lograrían respuestas más eficaces de adecuación.

El artículo 5. º crea el Registro Nacional de Carnicerías en el ámbito legal y este es un hecho novedoso. Este registro existe y funciona, pero está amparado en el Decreto n.º 110/995 –esta es la forma en que el instituto conoce cuáles son las carnicerías habilitadas– y ahora el artículo 5.º le otorga rango legal. Allí se establecen algunos criterios principales que determinan cómo deberá funcionar, especificando que se deberán incluir en ese registro las habilitaciones, modificaciones, suspensiones y clausuras de los locales que se dedican a las actividades habilitadas por el INAC o los Gobiernos departamentales. Además, establece que el ingreso al Registro Nacional de Carnicerías será condición necesaria para iniciar o mantener la habilitación de las operaciones de los locales de carnicería.

Señora presidenta: el artículo 6.º reitera algunos aspectos vinculados a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley n.º 15605 y faculta al INAC a efectivizar la suspensión temporaria de todas las actividades u operaciones. Entonces, el instituto fija las sanciones, pero también debe tener la posibilidad de hacerlas cumplir. Por eso, el artículo 6.º, reitero, le otorga esa facultad.

El artículo 7.º del proyecto de ley a estudio establece que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los Gobiernos departamentales con competencia en la habilitación de los locales de carnicería que comercializan carnes, menudencias, subproductos y productos cárnicos, entre otros, y el Instituto Nacional de Carnes deberán coordinar actividades para facilitar la implementación de la norma. Recordemos que este es un mecanismo que armoniza lo referente a la concesión y control de habilitaciones, que son concedidas por tres categorías de organismos: el INAC, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –ya lo mencionamos en el artículo 1.º– y los Gobiernos departamentales, como lo expresamos en reiteradas ocasiones.

A los efectos de hacer más efectiva esa coordinación, el proyecto de ley establece, en el artículo 7.º, la creación de un grupo de coordinación que estará integrado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Congreso de Intendentes y el Instituto Nacional de Carnes.

El artículo 8.º –último de este proyecto de ley– encomienda al Poder Ejecutivo, en un plazo de ciento ochenta días, la redacción de los protocolos técnicos a seguir por los órganos competentes en materia de habilitación y operación de los locales de carnicería, elaboración de productos cárnicos y transporte de carnes y derivados. Este es el artículo donde claramente se establece la necesidad de contar con protocolos técnicos, que harán que la búsqueda de esa coordinación se realice con eficacia y eficiencia en cuanto a lo que la regulación determina; regulación que se ampliará una vez sea aprobado este proyecto de ley.

Señora presidenta: esta iniciativa, que viene del Poder Ejecutivo y que trata de subsanar una restricción importante que tenía el Instituto Nacional de Carnes, ha recogido la opinión favorable de muchas gremiales de productores agropecuarios que asistieron a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sus representantes se expresaron a título expreso, saludaron la iniciativa y realizaron comentarios muy alentadores sobre la pertinencia del proyecto de ley, por cuanto tiene grandes implicancias. Insistimos mucho en el tema de la inocuidad como camino hacia la salud pública, pero también favorece la expansión comercial, por lo que ha sido ponderado.

También ha tenido muy buena receptividad en el Congreso de Intendentes. Vale la pena mencionar que en ocasión de asistir a la comisión por una invitación que hicimos al Congreso de Intendentes, su presidenta en ejercicio, la doctora Adriana Peña, nos comentó que este proyecto de ley había sido aprobado por aclamación en el marco del funcionamiento del Congreso de Intendentes por cuanto había logrado una muy buena solución para mejorar los mecanismos de inspección, control y, eventualmente, sanción, sin haber tenido la necesidad de invadir competencias. Asimismo, había encontrado una fórmula de contar con una plataforma institucional que resguarde las competencias a los efectos de hacer más eficaz y eficiente su aplicación.

Y –ni que hablar– ha recogido la opinión favorable de los propios integrantes de la comisión, quienes desde el primer día lo vimos como un aporte muy significativo a nuestro marco legal, especialmente orientado a seguir mejorando las condiciones de inocuidad alimentaria en nuestras cadenas productivas.

Señora presidenta: me parece que aquí está la parte central de lo que ha significado el tratamiento –bastante rápido, a nuestro modo de ver, pero muy significativo– que le hemos dado al proyecto de ley en el marco de la comisión.

En los comentarios que uno hace fuera de la comisión con otros legisladores, en general hemos encontrado –reitero– una apreciación muy favorable respecto a este proyecto de ley, por lo cual lo presentamos creyendo que es importante que el plenario lo apruebe tal cual ha sido informado.

Era cuanto teníamos para informar, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señora presidenta.

Creo que conviene hacer un poco de historia para ver cómo llegamos a este proyecto de ley, que es importante.

En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se encuentra desde hace un tiempo una iniciativa sobre la que tenemos severas dudas: el proyecto de ley del chorizo casero. Si bien le cambiamos el nombre, inicialmente era del chorizo casero y ahora es del embutido artesanal, el nombre no hace a la cosa en sí. Cuando vino ese proyecto de ley, la preocupación que tuvimos fue ver cómo afectaba dos temas importantes. En primer lugar, los controles, ya que por ese proyecto de ley se va a habilitar a las carnicerías –inicialmente, las del interior, pero como eso era inconstitucional se cambió– a elaborar chorizo casero, lo que obviamente puede repercutir en el delito de abigeato. Alcanza con andar por el interior para darse cuenta de que la gente no roba, no mata, no carnea, es decir, no comete abigeato para comer, sino para ganar dinero; son delincuentes. Es más: así lo ratificó el inspector Luis Mendoza, jefe de Policía de Paysandú y director de la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato, cuando vino a la comisión.

Por ese motivo se citó a la comisión al Instituto Nacional de Carnes –INAC–, que obviamente tiene una gran responsabilidad en esto, y nos dijo que hoy no tenía facultades suficientes como para controlar las carnicerías y que, si se aprobaba ese proyecto de ley del chorizo casero como venía, no iba a ser posible controlar. En esa instancia –que fue muy productiva; creo que todos los que integramos la comisión estamos tratando de aportar para que este proyecto no genere problemas–, el INAC se comprometió a enviar este proyecto de ley que estamos tratando hoy, por lo que consideramos muy bueno que se esté aprobando. Nos parece que fue oportuno haber invitado al INAC y que este nos mandara el proyecto de ley que estamos considerando y que, en los hechos, le da facultades mucho mayores para sancionar y controlar las carnicerías del interior.

Aquí nos encontramos con esa situación tan complicada en la que hay varios organismos con potestades de control, pero ninguno las ejerce. Las carnicerías son habilitadas por las intendencias, pero el incumplimiento se da con respecto a normas del INAC. Por ende, cuando viene el INAC le dicen que es un tema de la intendencia y cuando viene la intendencia le dicen que es un tema del INAC. En los hechos, lo que sucede es que nadie controla. Si a esta situación de falta de control le agregamos que van a poder elaborar chorizo casero –con toda la implicancia que eso tiene para la salud humana–, resulta obvio que este proyecto de ley es necesario.

Creemos que es bueno, que es oportuno y que debe aprobarse, pero aquí surge un problema, señora presidenta, que lo hemos adelantado en comisión. Nosotros entendemos que el orden de aprobación de los proyectos de ley debe ser el siguiente: primero se aprueban las normas de control y, después, las relativas a la autorización. O mejor: deben ser por lo menos concomitantes. Si uno va a aprobar la autorización para que las carnicerías elaboren chorizo casero, concomitantemente tiene que aprobar los controles para que esa autorización no sea mal utilizada y se cumplan las normas de inocuidad alimentaria, de sanidad y, obviamente, de rastreo del origen de la carne, de la mercadería con la cual se hacen los chorizos. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando vino el inspector Mendoza nos hizo un informe tremendo acerca del abigeato y de la materia prima con la que se elaboran los chorizos caseros. En las gráficas que expuso pudimos ver que se utiliza carne vacuna, carne ovina, carne porcina –menos– y mucha carne equina. También se usa mucho la carne de perro, lo que dificulta el estudio de ADN en caso de abigeato, porque se toma la muestra de ADN en el campo, pero cuando luego se analiza, se saca la parte del perro o del caballo y no coincide.

Este es un tema muy delicado. A nuestro juicio, lo mejor sería aprobar estas normas dentro del proyecto de ley del chorizo casero. ¿Por qué, señora presidenta? Porque ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, ahora está en el Senado y cuando vuelva a dicha cámara no le podrá introducir modificaciones porque es tercera cámara. En cambio, este proyecto es inicial, lo vamos a aprobar hoy, va a ir a estudio de la Cámara de Representantes –que lo aprobará o no, lo modificará o no– y tendrá que volver –con el escaso tiempo que tenemos antes de que comience el receso parlamentario– el 15 de setiembre. En cambio, si aprobamos el otro proyecto de ley, la Cámara de Representantes va a ser tercera cámara y lo va a aprobar rápidamente. Creo que corremos el riesgo, señora presidenta, de que quede aprobada la norma sobre elaboración de chorizos caseros sin que estén aprobadas las facultades del INAC para ejercer el control. No sé si queda claro. Más que un tema jurídico, es un tema de tiempos parlamentarios. Antes de aprobar el otro proyecto sería necesario que primero esté aprobado este, porque, si no se va a poder controlar, más vale no aprobarlo.

Queremos anticipar este tema y comentar que, generosamente, la bancada del Frente Amplio, a través del presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la sesión de ayer, honrando las tradiciones parlamentarias, aceptó tratar hoy este proyecto de ley y considerar el otro en su próxima sesión del jueves. Consideramos necesario que esto esté aprobado antes de aprobar el otro proyecto, junto con otras normas que hemos planteado y que están relacionadas con la adaptación del Código Rural y las normas penales sobre abigeato a esta nueva realidad.

Si las carnicerías habilitadas por el Estado van a poder elaborar chorizo casero, parece lógico adaptar las normas penales del Código Rural sobre abigeato, para que quien esté habilitado para producir chorizo casero e incurra en conducta de abigeato –o reciba la mercadería, etcétera– tenga los agravantes correspondientes, porque no es cualquier actor. Eso lo vamos a discutir después; no quiero adelantar la discusión.

Nuestra advertencia radica en que nos parece necesario tener este proyecto de ley aprobado antes de aprobar el otro, para que, cuando se apruebe el otro, estén vigentes las facultades otorgadas al Instituto Nacional de Carnes para entrar en acción y controlar esto, que va a ser una novedad en el interior del país.

El inspector Mendoza nos decía que en las semanas previas a la celebración de fiestas gauchas tradicionales aumenta el abigeato en las zonas aledañas, y todos sabemos por qué.

Como tratamos de contemplar equilibradamente el interés de los carniceros y el obvio interés público de que no se cometan delitos ni se afecte a los productores, creemos que hay que aprobar este proyecto de ley. Una vez aprobado tanto por esta cámara como por la otra, recién será conveniente aprobar el proyecto que vendrá detrás.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta.

Mi opinión está en la misma línea que la del señor miembro informante y la del señor senador Bordaberry. Si uno tuviera que destacar las leyes aprobadas en el día de hoy, diría que esta transforma gran parte de la realidad del interior del país. Es así por varios motivos: los microcomerciantes en pueblos chicos no van a poder rebuscarse vendiendo chorizos caseros; se va a transformar la realidad de algunos carniceros que tienen carnicerías habilitadas, porque serán homologadas a normas más modernas y, quizás, ello signifique que tengan que hacer una inversión para reacomodar sus carnicerías; da sentido común al INAC en su potestad de fiscalizar el interior del país, que antes no tenía; da lógica a los compartimientos estancos que hay en nuestra legislación, en nuestro Estado porque, como se decía acá, uno hace las leyes, el otro controla pero, en realidad, nadie hace nada, y nos da una herramienta nueva para controlar el abigeato que, junto con la bichera y las jaurías de perros, es una de las mayores plagas que hoy sufre la ganadería uruguaya, sobre todo la producción de ovejas.

La presencia de los fiscales, de los inspectores, hará que ya no pasen más determinadas cosas.

Nos creemos conocedores del interior del país –no de las ciudades, sino de los pueblos– y somos conscientes de que en muchas carnicerías de pueblos chicos se vende carne de capón. Lo sabemos todos. Probablemente con esta norma se siga vendiendo carne de capón, pero quizá la presencia de algún inspector del INAC haga que esa venta no sea tan libre. Por lo menos, las carnicerías deberán tener claramente identificada la procedencia de la carne que se va a vender –la media res–, para no tener que llegar a la clausura del local –ya lo mencionó el señor senador Garín– o a su cierre. Considero que esto es muy importante porque en las localidades chicas es una situación muy vergonzante. Los cierres pueden deberse a falta de inocuidad o de sanidad, pero también por detectarse un origen extraño de la mercadería que se vende.

Si no están las guías, no están las facturas o no está todo acreditado –como pasa hoy en Montevideo–, el INAC puede tomar alguna decisión. También puede darse alguna situación por una cuestión de higiene.

Creo, señora presidenta, que el proyecto de ley referido al chorizo casero es la quintaesencia del uruguayismo traído al Parlamento. Desde que ingresó el ganado en este país se produce chorizo casero; yo no conozco casos de epidemia de apestados por intoxicación con chorizo casero, pero si alguien quiere legislar al respecto, podemos hacerlo. No creo que tenga demasiado sentido dar un marco jurídico para regular los ingredientes de los chorizos caseros. Me parece que la mano invisible del mercado en el interior del país detecta quién hace buenos chorizos y quién no; así ocurre en cada una de las localidades del Uruguay.

Esta es una herramienta clara que va a ayudar en algo que consideramos muy importante: el control y la erradicación de una plaga denominada abigeato, que campea a lo largo y ancho del Uruguay sin demasiada solución. Los abigeatos y las jaurías de perros sueltos son los enemigos del pequeño productor uruguayo.

Habrá que pensar en cómo poner en blanco y negro el tema de las perradas dando vueltas por los caminos de la patria, porque ya es algo que nos tiene cansados y, realmente, no se sabe qué hacer. Con este proyecto de ley y con la ley que retipifica el delito de abigeato, podemos lograr circunstancias un poco más acordes.

Creemos mucho en la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra), señora presidenta. La verdad es que son gente con vocación, que está atrás de las cosas, de las situaciones y que conoce, porque para esto hay que conocer al malandra de cada pueblo y hacerle un seguimiento para tratar de agarrarlo con algún capón en la caja de su camioneta. Sabemos de situaciones en que la Bepra ha generado un cambio sustantivo. En la frontera en Cerro Largo –cerca de Río Branco– hubo una brigada, a pedido de los productores, que generó cambios sustantivos y la gente estaba contenta. ¿Y qué pasó, señora presidenta? Los malandras, que se vieron acosados por estos policías honestos, empezaron con los leruleru de los maltratos policiales y no sé qué cosa más. Como resultado, hubo traslados en la Seccional 13 de Cerro Largo –quizás el señor senador Pardiñas me pueda corregir– y aquella zona donde había habido un cambio sustantivo en la cantidad de robos de ovejas se alteró radicalmente. ¿Por qué? Porque el malandrinaje empezó a aducir maltrato.

Somos de los que creemos en un país rural, en un país con ruralidad profunda, orgulloso de sus productores rurales y bien apartado de los mármoles de este Parlamento, y queremos que cuando se vea la arruga y la cicatriz de un paisano se lo mire con orgullo.

Estas cosas no son urbanamente lógicas, son ruralmente lógicas. Ese concepto de ruralidad, que va desde el chorizo casero –el que es bueno y el que es malo– hasta el derecho que tiene un perro que anda suelto por los caminos y que le mata la majada a gente que se desloma trabajando, también hay que ponerlo arriba de la mesa.

Terminando, señora presidenta, quiero decir que vamos a votar contentos, con las dos manos, este proyecto de ley, sabiendo que, como dije al inicio, va a cambiar muchas realidades; sí. Cierro los ojos y veo, al entrar en almacenes o microalmacenes de cualquier pueblo del interior, un pizarrón que dice: «Se vende chorizo a $ 70». A partir de esta iniciativa, ese señor va a estar infringiendo –ya lo estaba haciendo– la ley y va a estar sometido a un fiscal que le dirá que no puede vender porque solo se venderá carnes y derivados –y, por tanto, chorizos– en las carnicerías habilitadas. Los inspectores del INAC –que son bastante más ágiles y baqueanos que las bromatologías municipales– van a proceder así y eso no nos va a dejar sin resolver algunos problemas, porque las realidades hay que verlas.

En Capilla del Sauce, Florida –hay una amiga de allí que nos está honrando con su presencia–, por ejemplo, hay tres o cuatro almacenes que venden chorizos. Tienen pizarrón en el que anuncian esos chorizos a $ 70, y hoy esos comerciantes –que son igual de uruguayos que cualquiera– van a ver modificada su estructura de negocio y esto también queríamos dejarlo señalado en la versión taquigráfica.

Por tanto, aplaudo la aprobación de este proyecto de ley y quiero reconocer el aporte del gremialismo anónimo. Quien me explicó esta iniciativa hace cuatro meses se llama Emilio Mangarelli, que es uno de tantos que han venido al Senado a tratar de cinchar tanto por esta ley como por la del chorizo casero. Es de esa gente a la que, en algunos momentos, los prejuicios han tildado de oligarca sin darse cuenta de que es la defensa de su derecho a trabajar, a producir y a generar riqueza, para distribuirla, lo que lo mueve.

Así que, señora presidenta, reitero que vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley y agradezco al Cuerpo estos minutos que me ha dispensado.

SEÑOR SILVEIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: más allá de coincidir absolutamente sobre la importancia del proyecto de ley que se está tratando –y del otro que se mencionó–, me permito tener un matiz sobre la forma como se están observando o manejando los dos conceptos. Entiendo, señora presidenta, que una cosa es la producción de chorizo en las carnicerías –negocios habilitados, controlados, inspeccionados y sometidos a una normativa que ya existe– y otra es la producción de esa misma factura en otros lugares que no son aquellos que están bajo el control del Estado. Son dos cosas diferentes; cuando se presentan los carniceros –o sea, los propietarios de negocios que están autorizados a vender carne y otros subproductos–, lo hacen en función de una cuestión comercial. Tan controladas y normatizadas están las carnicerías, que en el interior tenemos un gran problema –que también se relaciona con este proyecto de ley que estamos tratando–, que es el de la venta de carne en los pueblos. ¡Tenemos un gran problema! ¿Por qué? Porque no se pueden instalar carnicerías, en regla, en los pueblos ya que la normativa lo impide porque los costos son muy altos y los requerimientos son, también, muy altos en materia de arquitectura del local y de traslado de la carne.

Tenemos un gran problema con esto. La gente lleva y trae carne en las camionetas. ¡Hay que vender carne en Yacaré o en Sequeira!, y me refiero a Artigas por ser la realidad que conozco. ¿Por qué pasa esto? Porque en Yacaré o en Sequeira no se puede instalar una carnicería con todas las de la ley, como se dice y, entonces, ¿qué pasa? Con esto estoy diciendo que las carnicerías que están instaladas en las ciudades y que tienen la capacidad de producir industrialmente ese chorizo no son el problema, no son un riesgo. Lo que quieren –o lo que podrían hacer–, entre otras cosas, es impedir parte de las cuestiones que se derivan o que se reflejan en este proyecto de ley porque esas carnicerías que están habilitadas y que compraron la carne que tiene un sello azul –cuando el INAC entra a la cámara y constata que no tiene el sello azul se les complica la vida–, tienen sobras, recortes y carnes muy mal presentadas que no pueden vender al público y, como no pueden hacer chorizos con ella, se la venden al boliche del barrio, que es el que sí hace chorizos en las condiciones que aquí se mencionan.

Entonces, repito, se trata de dos cosas, señora presidenta.

Está bien; comprendo y comparto lo que se ha dicho –y también agradezco la buena voluntad de los otros partidos de haber hecho lugar a este planteo–, pero lo que me interesa es que esto se apruebe, que se aprueben las dos iniciativas y ahora hago referencia a este proyecto de ley, que sí va en el sentido de proteger la salud de la población, de combatir el abigeato –o, por lo menos, enfrentarlo– y de generar una situación diferente a la que tenemos hoy; el otro no. Lo que hace el otro proyecto es ampliar en un rubro lo que ya existe porque, ¿qué pasa? La carnicería va al frigorífico o a la intendencia, compra mil kilos de carne y tiene que venderla. Entonces, si el día que vienen los del INAC preguntan dónde están los mil kilos que se compraron, se contestará: «Miren, vendí 850 kilos al mostrador –acá están todos los tiques– y vendí 150 kilos que se convirtieron en chorizo», y ya está. El otro proyecto de ley implica eso. Este proyecto de ley controla qué hizo usted con los doscientos kilos de recorte que le compró a la carnicería, porque tiene un almacén y figura que anduvo comprando carne.

El problema que mencionaba el señor senador Bordaberry en cuanto a los perros y demás, jamás se va a dar en una carnicería, esto es, en un negocio habilitado para vender carne y que está sometido a los controles del Estado hoy, cuando todavía no está vigente este proyecto ni el otro. Estoy hablando de lo que se menciona acá, que son los boliches que están en los alrededores de los pueblos, donde en la parte de atrás, en una mesa cualquiera al lado del baño, al costado de la letrina –pido disculpas por la grosería de los términos, pero quiero significar lo que estoy manifestando– se pone un animal carneado o un novillo que se quebró al subir al camión, y junto con él vienen los perros y todo lo demás.

Así que voy a señalar dos aspectos. Acompaño los dos proyectos de ley –aunque al otro no voy a poder votarlo–, pero quería dejar marcadas mis diferencias, por lo menos, con esta cuestión conceptual. Este proyecto sí es un aporte para solucionar problemas económicos muy serios –por todo lo que tiene que ver con el abigeato y sus derivaciones– y de salud pública, porque la finalidad que persigue es mitigar el riesgo para la población.

Ahora, tengo la convicción de que estas normas –lo digo al pasar– contribuyen a mantener esa imagen que nuestro país tiene a nivel internacional en materia de sanidad y de control de la producción agropecuaria. También digo, señora presidenta –y todos lo sabemos–, que si este proyecto de ley no se dota de los medios necesarios para que se cumpla lo que aquí está establecido, será otra ley muy linda que se convertirá en un tomo más en alguna biblioteca. En los hechos hay que proceder a dotar a los organismos que correspondan de los medios necesarios para llevar a cabo esta muy buena norma que vamos a votar hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Gracias, señora presidenta.

En el mismo sentido de los argumentos presentados, evidentemente, nadie puede discutir un proyecto de ley de este tipo. También trabajé en la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que autoriza la elaboración de los chorizos artesanales, y nadie puede discutir los aspectos de control y de preservación de la inocuidad alimentaria.

Simplemente, voy a hacer algunas reflexiones a tener en cuenta en la aplicación de este proyecto de ley.

Acá se habló de los pueblos de campaña. En los pueblos de campaña prácticamente no se vende carne, eso no existe, y si existe, es algo clandestino. Más allá de eso, lo que tiene que preocuparnos –algo que además debe dejarnos muy tristes– es que antes la forma de agasajar a un trabajador del campo cuando iba al pueblo era darle un plato de pasta porque estaba aburrido de comer carne; ahora, la forma de agasajarlo cuando viene al pueblo es hacerle un asado porque no come carne, porque no hay venta de carne.

Hace algunos años se cerraron los abastos locales que había en todos los pueblos, los que tenían una función muy grande. Allí, en la feria del pueblo, era donde podía vender quien tenía dos novillos o una vaca. Y está bien, como no se podía cumplir con la reglamentación, se clausuraron todos los abastos y junto con eso se terminaron las ferias. Los que conocen, saben lo que movía la feria de ganado en un pueblo; era algo imponente. Ahora los abastos fueron sustituidos por los frigoríficos que entran a las ciudades con los camiones refrigerados. Por ejemplo, en Young, que si bien no es un pueblo muy grande, tampoco es muy chico, no hay más abastos. Valía la pena tenerlos, pero no podían cumplir con la reglamentación y con las exigencias que se pedían. Además, estaba la discusión del abasto tipo A o B y al final, se terminó todo. El frigorífico no va a los pueblos de campaña, ni se mueve para ir a vender allí. Y por eso quiero poner en antecedente esta situación, aunque vamos a votar este proyecto de ley, por supuesto.

El otro aspecto es que no se trata solamente del pueblo de campaña. Creo que con esto no se soluciona el abigeato; el abigeato es algo absolutamente distinto, entonces, que no se piense que se va a solucionar con esta ley. Además, en las ciudades hay que ver de qué forma se va a aplicar.

Hace quince o veinte años, cuando aparecían los inspectores del INAC en un pueblo –por ejemplo el mío–, al rato todas las carnicerías estaban cerradas por balance. ¿Por qué? Porque no podían cumplir cuando un tecnócrata iba y les decía: «Este pedacito está mal», y los clausuraba.

Simplemente, quiero alertar sobre la aplicación de esta norma. Sé que no se le puede poner sentido común y decir que se va a actuar de una forma o de otra; no sé si en la reglamentación se preverá que las carnicerías tengan determinado plazo para adaptarse a la posibilidad del trabajo y demás.

Por último, está el tema de los recursos porque sé lo que pasa. Lo que sucede es que después el INAC no tiene recursos para controlar, como ocurrió cuando se sancionó la ley de violencia basada en género, que no hubo recursos para crear los juzgados.

Quise hacer estos aportes porque todo ha cambiado. Como saben, trabajo mucho para la Teletón y el año pasado no pudimos hacer asado con cuero y chorizos para vender –como hacíamos todos los años– porque no se nos permitió. Era para un beneficio, pero, está bien, si no se puede, no se puede.

Señora presidenta: lo que quise fue poner arriba de la mesa aportes para la implementación de una ley que, si bien se puede aprobar, hay que asegurarse de que se pueda implementar.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Propongo que se suprima la lectura de los artículos y que se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el criterio propuesto por el señor senador Garín.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

14) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 11:54, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Cardoso, Carrera, Castillo, Da Silva, De León, Draper, García (Graciela), Garín, Lafluf, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia, Silveira, Vassallo y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.