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N.º 38 - TOMO 588 - 24 DE OCTUBRE DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

38.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación 

2) Asistencia 

3) y 11) Asuntos entrados 

4) Proyecto presentado

– El señor senador Heber presenta un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al artículo 1.º de la Ley n.º 17690, sobre las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única de cada partido político.

Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

 5) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

6) y 9) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo 

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou, Besozzi y Alonso.

– Quedan convocados los señores senadores Castaingdebat, López Villalba y Álvarez.

7) Teresa Graciela Possamay. Pensión graciable

– Proyecto de ley por el que se le concede.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8), 10) y 12) Sistema de previsión social militar

– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Cooperativa de Lechería de Melo 

– Por moción de los señores senadores Tourné, Amorín, Mieres y Heber, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo de sus trabajadores.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Sistema Nacional de Inteligencia de Estado 

– Proyecto de ley por el que se lo establece y regula.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Postergación del numeral quinto del orden del día 

• Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve postergar su consideración hasta la primera sesión ordinaria del mes de noviembre.

17) Doctoras Eliana Travers Suárez y Valentina Sánchez Osorio. Designación como fiscalas letradas 

– Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedidas.

18) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a tres funcionarios 

• Concedidas.

19) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 23 de octubre de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana miércoles 24 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresa Graciela Possamay Claro.

Carp. n.º 1213/2018 - rep. n.º 751/18 

2.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen modificaciones al sistema de previsión social militar.

Carp. n.º 815/2017 - rep. n.º 752/18 y anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3.º) por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado;

Carp. n.º 1205/2018 - rep. n.º 745/18 y anexo I

4.º) por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, suscritos en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 8 de setiembre de 2017.

Carp. n.º 1163/2018 - rep. n.º 743/18

5.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la Mancomunidad de Australia, a la señora Victoria Francolino Slepak.

Carp. n.º 1172/2018 - rep. n.º 744/18

6.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:

– en calidad de fiscala letrada departamental, escalafón N, a la doctora Eliana Travers Suárez;

Carp. n.º 1162/2018 - rep. n.º 746/18

– en calidad de fiscala letrada suplente departamental, escalafón N, a la doctora Valentina Sánchez Osorio.

Carp. n.º 1185/2018 - rep. n.º 749/18

7.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo:

– a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Coordinación en el Interior. (Plazo constitucional vence el 11 de diciembre de 2018);

Carp. n.º 1165/2018 - rep. n.º 747/18

– a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Coordinación en el Interior. (Plazo constitucional vence el 11 de diciembre de 2018);

Carp. n.º 1167/2018 - rep. n.º 750/18

– a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección General de Secretaría. (Plazo constitucional vence el 26 de diciembre de 2018).

Carp. n.º 1186/2018 - rep. n.º 748/18

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Álvarez, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Carrera, Castaingdebat, Castillo, Coutinho, De León, Draper, Ferreira, Gallicchio, García, Garín, Gomori, Heber, Iturralde, Larrañaga, López Villalba, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Pintado, Saravia y Tourné.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Besozzi, Camy, Cardoso, Delgado, Lacalle Pou, Michelini, Passada, Payssé y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia del Poder Ejecutivo:

• a fin de designar en el cargo de fiscala letrada departamental, escalafón N, a la doctora Eliana Travers Suárez;

• a fin de designar en el cargo de fiscala letrada suplente departamental, escalafón N, a la doctora Valentina Sánchez Osorio;

• a los efectos de destituir de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva los siguientes proyectos de ley:

• por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresa Graciela Possamay Claro;

• por el que se establecen modificaciones al sistema de previsión social militar.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY».

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente). 

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Alberto Heber presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al artículo 1.º de la Ley n.º 17690, de 21 desetiembre de 2003, sobre las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única de cada partido político.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado). 

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5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del 23 de octubre faltó con aviso el señor senador Coutinho.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día 24 de octubre del corriente año, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito ante la Cámara de Senadores licencia reglamentaria, por motivos personales, para el día 24 de octubre del 2018.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) TERESA GRACIELA POSSAMAY. PENSIÓN GRACIABLE

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresa Graciela Possamay Claro. (Carp. n.º 1213/2018 - rep. n.º 751/18

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: estamos considerando una propuesta del Poder Ejecutivo para otorgar una pensión graciable a la señora Teresa Graciela Possamay, quien ha tenido una larga carrera en el ámbito periodístico y cultural del Uruguay.

Su trayectoria como locutora, comunicadora y actriz es muy reconocida en el territorio nacional. Fue su voz, junto a la del inolvidable Rubén Castillo, la que nos convocó al histórico acto del 1.º de Mayo de 1983.

También trabajó en el ámbito cultural, en escenarios de carnaval, en espectáculos de canto popular, algunos de ellos muy recordados. Los primeros años luego de la salida de la Dictadura fueron momentos muy fermentales de la música, de la cultura, del teatro, y la señora Graciela Possamay cumplió en esos ámbitos un rol muy importante. Trabajó en los canales de televisión abierta del país, así como en programas periodísticos y musicales en CX 8, CX 14, CX 16, CX 22, CX 28 y CX 30, entre otros.

Dada esta trayectoria en el ámbito periodístico y cultural, y por el aporte relevante de esta profesional en dichos ámbitos, el Poder Ejecutivo entiende que es de recibo otorgar esta pensión graciable y, por nuestra parte, recomendamos al pleno del Senado de la república votarla favorablemente.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace). 

–Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Teresa Graciela Possamay Claro.

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- Han sufragado veinte integrantes del Cuerpo. Diecinueve lo han hecho por la afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es: Afirmativa.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

8) SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL MILITAR

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen modificaciones al sistema de previsión social militar. (Carp. n.º 815/2017 - rep. n.º 752/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: efectivamente, de la Cámara de Representantes ha regresado con modificaciones el proyecto de ley –al que el Senado había dado media sanción– relativo a la reforma del sistema de previsión social militar. Dicha rama parlamentaria ha hecho algunas rectificaciones, correcciones o agregados, que posicionan a este pleno como tercera cámara y, por ende, a tener una nueva instancia de discusión sobre el tema.

En el repartido que obra en nuestro poder, los señores senadores encontrarán un texto comparativo –elaborado y entregado en el día de ayer por la Secretaría– entre el proyecto de ley aprobado por el Senado y el aprobado por la Cámara de Representantes, con las correspondientes correcciones marcadas en negrita.

Adelantamos que votaremos las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes a algunas de las disposiciones del proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: este es un tema sobre el que debatimos como primera cámara hace ya un mes. En esa oportunidad dejamos sentada nuestra visión contraria a esta reforma planteada por el Poder Ejecutivo y sostuvimos –como lo sostenemos hoy– que su mayor fuente de inspiración es un prejuicio ideológico y político hacia las Fuerzas Armadas.

Ha sido público y notorio que una negociación o diferencia interna dentro del oficialismo produjo modificaciones al proyecto de ley –por eso lo tenemos a consideración en el día de hoy– e, incluso, obligó a la participación del propio señor presidente de la república.

El proyecto de ley que, reitero, estamos considerando como tercera cámara, termina siendo, ya no una reforma de la caja militar, sino un remiendo absoluto, que no logra ninguno de los objetivos que fueron planteados en su inspiración original –aun discrepando con lo que lo motivaba, y así se lo señalamos al Poder Ejecutivo– ni la propia voluntad del Poder Ejecutivo, que es el abatimiento del llamado déficit. Luego de varios meses de discusión y del tercer pasaje por las cámaras, aún no se sabe cómo ni cuándo se va a abatir ni el resultado que tendrá ese pretendido o llamado déficit, que fue analizado aquí hace un mes y sobre el que no voy a reiterar los conceptos vertidos. Después del remiendo que viene hoy al pleno, lo cierto es que los únicos afectados van a ser los soldados. ¡Eso es lo único claro! No es el abatimiento del déficit; lo único que se van a abatir son las jubilaciones de los soldados. Según la propuesta que tenemos a consideración, un soldado que hoy percibe un salario de $ 16.000 o $ 17.000 por todo concepto, va a terminar jubilándose con aproximadamente $ 14.000. Insisto: lo único claro es que se va a abatir la jubilación de los militares.

Señora presidenta: es notorio que la inspiración de este proyecto de ley es un absoluto antimilitarismo infantil que, como dije, es producto de disputas ideológicas en el seno del oficialismo. En ese conflicto, algunos sectores –no creo que sea generalizado– padecen de ese antimilitarismo infantil, por usar un cierto paralelismo con un término que seguramente varios dirigentes del Frente Amplio han estudiado sobre alguno de quienes los han inspirado ideológicamente.

Asimismo, por las modificaciones introducidas, la iniciativa va a generar una consecuencia inevitable, que es el envejecimiento de las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que sucede en cualquier país que tiene un concepto moderno sobre las Fuerzas Armadas y que conoce su dinámica, su funcionamiento y las funciones que cumplen, este proyecto de ley va a llevar a un envejecimiento notorio del personal militar, lo que es absolutamente contradictorio con la función que el Gobierno pide a la institución. Vamos a tener soldados longevos, con todo lo que ello significa, pues en esta disciplina y en este oficio la aptitud física es una variable sustantiva y fundamental. Y también va a generar emigración de nuestros cuadros de las Fuerzas Armadas.

Aquí se da una contradicción muy particular: al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le dan más funciones a las Fuerzas Armadas –en el Senado de la república se acaba de votar la extensión de la jurisdicción militar a los veinte kilómetros tierra adentro de las fronteras del Uruguay–, ampliando su jurisdicción a miles y miles de hectáreas y de superficie en el Uruguay, tomamos la decisión de llevar adelante este remiendo que va a perjudicarlas y que, como señalé, va a tener la consecuencia inevitable del envejecimiento de su plantel, de su personal, así como la emigración ya señalada.

Por eso, señora presidenta, no vamos a acompañar esta modificación que el Senado está tratando como tercera cámara.

Como decíamos, no vamos a votar esta reforma. Hubiéramos deseado que con el mismo talante que desde el propio Banco de Previsión Social se llamó a alcanzar un acuerdo de todos los partidos políticos para analizar la situación de la seguridad social, el Poder Ejecutivo hubiera estudiado las reformas que sí son necesarias en el caso del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en virtud de los cambios demográficos que se están dando en el país.

Reitero que esta reforma no está inspirada en mejorar un sistema que requiere cambios, sino en castigar a una institución respecto de la cual, hasta ahora, el oficialismo, el Gobierno, no ha podido superar los preconceptos y prejuicios ideológicos que tiene. Vuelvo a repetir que solo un antimilitarismo infantil puede sostener que esta reforma que el oficialismo va a votar hoy es beneficiosa para el país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado da la bienvenida a los alumnos de 6.º año del Liceo n.º 1 de la ciudad de Dolores, Soriano.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, para la sesión del día 24 de octubre de 2018, ingresando en mi lugar el suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniella Pena, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf y Adriana Peña han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora María Dolores Álvarez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL MILITAR

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado continúa con la discusión única del proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al sistema de previsión social militar.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que ahora no se pueden introducir cambios en el texto porque somos la tercera cámara que lo trata, así que lamentablemente los aportes que teníamos previsto hacer no van a surtir efecto.

En lo personal, nuevamente se me generan severas dudas respecto a la constitucionalidad de algunos artículos y a la confusión con que han sido redactados. Pido a los integrantes del Cuerpo que traten de entender el artículo 2.º, que define el régimen de solidaridad intergeneracional, y expresa –por medio de una redacción muy rara– lo siguiente: «A los efectos de la presente ley, se entiende por régimen de solidaridad intergeneracional, aquel que establece prestaciones definidas, por el cual los activos y los pasivos, con sus aportaciones, financian las prestaciones de los pasivos juntamente con los aportes patronales conforme lo referido por el literal C) del artículo 5º de la presente ley, así como también otros ingresos legales y la asistencia financiera estatal, si fuere necesaria». Pero en el literal C) del artículo 5.º se alude a los aportes, y se hace referencia a cuatro aportes más. Allí hay una confusión. Si los recursos del régimen están enumerados en los literales A), B), C), D), E), F), G) y H), ¿por qué en el artículo 2.º solo se habla del literal C)? Allí hay una especie de contradicción.

La iniciativa me genera algunas dudas, y confieso que habría que ir más a fondo, en especial en lo que hace al estudio de la jurisprudencia cuando se habla de los aportes de los pasivos. Si uno lee el literal A) del artículo 67 de la Constitución advierte que tiene una redacción que puede parecer medio confusa, pero para mí no lo es, porque dice que las prestaciones se financian con las «contribuciones obreras –o sea, de los trabajadores– y patronales –es decir, de los empleadores– y demás tributos establecidos por ley». Creo que cuando el constituyente habla de las contribuciones obreras y patronales, a contrario sensu, claramente está diciendo «no por las contribuciones de los jubilados» porque, justamente, esas son las contribuciones especiales de la seguridad social. Al decir los «demás tributos», el constituyente está incluyendo otros tributos, como es el caso del IVA, que en determinados puntos se destina obligatoriamente al Banco de Previsión Social.

Entonces, me parece que, tal como está redactado, este artículo y todo este capítulo, lamentablemente es seguro que va a ir de nuevo en camino a la Suprema Corte de Justicia. Creo que estamos legislando de apuro y sin la profundidad y la claridad con que nos parece que hay que hacerlo. No votamos normas cuya constitucionalidad nos plantea dudas y, por ese motivo, no vamos a acompañar este proyecto de ley. No podemos modificar solamente el artículo 5.º y tampoco pedimos a la bancada oficialista que lo haga porque, en realidad, esta norma se aprueba tal como viene o no se aprueba. En ese sentido, creo que habría no sé si una seguridad, pero sí una posible apariencia fundada de inconstitucionalidad de esos dos artículos. De paso, cito al exsenador Isaac Alfie quien, cuando hablan de los déficits de la caja militar y del Banco de Previsión Social, siempre dice que se olvidan de incluir en este último todos los puntos del IVA que expresamente se le destinan. Si hay un impuesto cuyo producto tiene una afectación especial, parece que no se cuenta como aporte al sistema; esto es hacernos trampas al solitario. En ese sentido, el exsenador y exministro de Economía y Finanzas Isaac Alfie se ha expresado en muchas columnas con la claridad y la contundencia que lo caracterizan.

Por lo expuesto, señora presidenta, no vamos a acompañar el proyecto.

11) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme);

por el que se introducen modificaciones al régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

12) SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL MILITAR

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado continúa con la discusión única del proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al sistema de previsión social militar.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Comienzo expresando una constatación: que esta tan trabajada, discutida y resistida reforma del sistema de previsión social militar no es lo que yo quería, señora presidenta. Habíamos introducido unas modificaciones muy generosas en el régimen transicional aquí en el Senado, y esos cambios se volvieron aún más generosos en la Cámara de Representantes. Pero que esta reforma no sea la que yo quería no significa que no la defienda como la gran reforma que es. Sigue siendo una reforma estructural de la caja militar, que transforma casi todo lo que tiene que transformar: los haberes de retiro, los cálculos jubilatorios, la tasa de reemplazo; toca todo lo que tiene que tocar y transforma –reitero– todo lo que tiene que transformar. En ese sentido, por más que el régimen transicional va a hacer que solo se vean los verdaderos efectos de esta reforma dentro de veinte años, la reforma hace lo que tiene que hacer.

La política tiene algo del arte de lo posible: no es la reforma que yo quería, pero es la que pudimos hacer. La política debe dar cuenta de la brecha que hay entre lo que queremos –producto de los intereses, las ideas y principios que defendemos– y lo que podemos hacer con los votos, que son el recurso principal que tenemos en el Parlamento.

Esta reforma ha sido muy mal calificada, y voy a usar alguna calificación de tan cansada que estoy de escucharlas. En general, no me caen bien los juicios de valor; prefiero tener una discusión objetiva sobre las consecuencias objetivas que tienen los proyectos de ley, que hacer juicios de valor como el que acabo de escuchar y al que voy a responder también con un juicio de valor.

Hoy estamos votando la reforma de la caja militar con una modificación y, si bien ya lo aclaró el miembro informante, quiero dejarlo clarito, ¡clarito! ¿Qué modificación tiene el proyecto de ley que votamos en el Senado con relación a lo que se aprobó en la Cámara de Representantes? Esta modificación refiere al régimen de transición para el personal subalterno, que con solo cinco años de servicio ya se acoge al viejo sistema, tal como está especificado en las categorías del artículo 1.º. A mí no me gusta, pero esa es la modificación; no se hizo ninguna otra. Así que no me vengan con parches y arreglos; es la misma reforma que aprobamos en el Senado y creo que la oposición, que tanto habló del personal subalterno, hoy debería estar festejando, porque un soldado que hoy tenga veintitrés o veinticinco años entra en el viejo sistema, ¡entra en el viejo sistema jubilatorio! No voy a decir «festejen uruguayos» porque esa expresión no me pertenece, pero la oposición debería estar acompañando esta reforma. ¿No estaban tan preocupados por el personal subalterno? Acá está: no les toca. ¡No les toca! Están en el viejo régimen aquellos que, más o menos por las edades promedio de ingreso a las Fuerzas Armadas, hoy tienen veinticinco años.

Señora presidenta: cuando en nuestro país se modificó el régimen jubilatorio general –estoy hablando del año 1996–, la reforma se aplicó a todos los que tenían menos de cuarenta años; en ese aspecto, entonces, hay quince años de diferencia entre un ciudadano común y un soldado. ¡Y por favor que no me hablen de las jubilaciones promedio, porque dentro del Estado las hay bastante más menguadas que las que tienen los soldados!

Esta es la modificación de la que hoy estamos hablando. Ese es el tamaño de la diferencia –referido en el artículo 1.º y sus modificativas en el resto del sistema– de lo que hoy estamos votando. Hago esta aclaración para decir exactamente de qué estamos hablando.

La reforma de la caja militar –voy a ser muy breve porque ya discutimos mucho sobre este tema– altera la ecuación básica del régimen jubilatorio heredado de la Ley Orgánica Militar –que también tenemos que cambiar– de 1974, de un decreto ley de la Dictadura. Esta reforma tiene la virtud de crear una norma legal en democracia –no quiero vivir más con decretos de la Dictadura–, que va a alterar los principios de la ecuación básica jubilatoria que son: las edades de retiro obligatorio y voluntario, las tasas de reemplazo o los haberes jubilatorios, el sistema de topes y los privilegios en los ascensos que se concedían hasta hoy, que se eliminan. Hasta hoy los militares no solo se retiraban con el 100 % de sus jubilaciones y no tenían tope ni edad jubilatoria, sino que el personal superior podía jubilarse con un grado más alto que aquel que había tenido. Es como si a mí, teniendo un grado 4 en la Universidad, me dieran un premio y me jubilara, cuando termine mi carrera, con el grado 5.

Quiere decir que estos cuatro pilares de la ecuación previsional de cualquier régimen son los que se alteran con la reforma de la caja militar, y creo que aun con estas modificaciones es un logro votarla porque es una reforma estructural.

Señora presidenta: no voy a permitir que me traten de antimilitarista ingenua porque es un insulto, ya que la democracia uruguaya no precisa esto. La verdad ¡no precisa esto! Somos todos grandes, sabemos de lo que hablamos y, en particular, yo estudio todo aquello de lo que tengo que hablar, así que de irresponsable no tengo nada. También podría decir que hay un promilitarismo irresponsable demagógico con este tema. Lo dejo planteado y, tal como señalé, no me gusta hablar en estos términos, pero si me torean, respondo. ¡Qué voy a hacer!

Este no es solo un problema de dinero; aunque si solo fuera de dinero, también sería un gran problema nacional. Por supuesto que hay quinientos setenta millones de déficit al año, casi equivalente al déficit previsional de todo el sistema de jubilaciones y pensiones de la sociedad uruguaya; es un disparate. Pero ¿por qué digo esto? Porque creo que con todas las modificaciones al régimen transicional ya no estamos hablando de plata, porque las consecuencias que va a tener esta reforma en términos de plata ¡no las vamos a disfrutar nosotros! Se van a beneficiar el Uruguay y el presupuesto público, pero no nosotros. Los impactos de esta reforma se van a ver dentro de veinte años.

Por lo tanto, hoy no estamos votando recursos para las arcas del Estado sino una cuestión de justicia –¡de justicia!–, porque los únicos privilegiados que debe haber en el Uruguay tienen que ser los más infelices, como dijo José Gervasio Artigas. No podemos convivir con sistemas de privilegios. Podemos tener muchísimas diferencias ideológicas entre nosotros sobre perspectivas de país, pero creo que cualquier político que quiera un poquito la democracia sabe que esta no convive con privilegios ni poderes de facto.

No se precisa de ideologías para entender que la democracia es ante todo la eliminación de los privilegios. Hoy, con esta reforma, más allá de las generosidades que se introducen en el régimen transicional –que es la cantidad de gente que va a quedar fuera de la reforma–, estamos haciendo justicia; un pequeño ajuste al sistema de privilegios que todavía campea en el Uruguay y que hace que duela porque sigue siendo un país injusto. Pero esta reforma es justa, es necesaria, y la voto con las dos manos, aunque solo pueda votarla con una.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Gracias, señora presidenta.

No vamos a reiterar los argumentos que se debatieron en oportunidad de la primera discusión. Simplemente queremos ratificar que desde nuestro punto de vista todo el debate del sistema de seguridad social –no solo el de la caja militar, sino el gran tema de la seguridad social– es un asunto pendiente, que lejos está de resolverse con la votación que se hace hoy sobre este subsistema que probablemente también debamos incorporar en un debate más general en los próximos tiempos. Por lo tanto, no entiendo mucho el apuro de aprobar una norma que recién va a tener impacto dentro de muchos años y, sobre todo, invirtiendo el orden racional de la discusión de este tema.

Anteriormente decíamos –y lo ratificamos– que había un orden lógico que el Gobierno había establecido en cuanto a un debate sobre el concepto de defensa: una actualización de los alcances y los cometidos que implica la competencia de la defensa nacional –hay una ley aprobada en el período anterior– y, a partir de ella, establecer con claridad cuáles eran las competencias de las Fuerzas Armadas. Luego debía venir la discusión sobre la Ley Orgánica Militar –que está en la Cámara de Representantes, pero todavía no ha sido objeto de discusión–, que dibujaba la estructura institucional de las Fuerzas Armadas y de cada una de sus armas, en función justamente de qué competencias debería asumir. A partir de ese dibujo, entonces, debía venir el tercer capítulo: la reforma de la caja militar, para propender, alentar y colaborar con ese dibujo esperado porque, en definitiva, las normas de seguridad social alientan y, al mismo tiempo, desalientan conductas y, de alguna forma, prefiguran qué tipo de institución y qué estructura debería tener.

Sin embargo, se han salteado algunos pasos, se ha puesto la carreta delante de los bueyes, y nadie sabe muy bien qué impactos va a tener esta reforma de la caja militar sobre una ley orgánica que todavía no ha sido objeto de modificación. Así pues, se legisla a las corridas, sobre el filo del plazo para una norma que va a tener impactos recién dentro de muchos años y obviando un debate que debió haber sido previo: el de la Ley Orgánica Militar.

Estas son las razones de fondo que nos llevan a nosotros a reiterar nuevamente nuestro voto negativo a este proyecto que está a consideración del Senado en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Voy a ser muy breve, señora presidenta. Sobre este proyecto de reforma debatimos oportunamente en esta cámara; no obstante, estimo conveniente hacer algunas precisiones.

No hubo ninguna animadversión, tampoco ninguna intención de cobrar cuentas cuando nosotros propusimos discutir esta reforma en el Parlamento nacional. Tomar el colectivo militar como un coto de caza electoral es peligroso. Querer instalar que el Gobierno de una fuerza política como el Frente Amplio está contra los militares es irresponsable. Se está caminando por un pretil que creo que no conduce a nada bueno a la hora de debatir estos temas que son relevantes para el futuro del Uruguay.

Pienso que esta reforma es un acto de responsabilidad y, como expresó la compañera Constanza Moreira, un acto de justicia: era imprescindible que el Uruguay discutiera y encontrara un camino para, gradualmente, ir resolviendo los desequilibrios que implican las transferencias de rentas generales al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Cuando se cuestiona el déficit fiscal, cuando se pone en el centro del debate el cuidado de las cuentas públicas, no se puede obviar que este es un tema que hay que discutir y tratar de encontrarle soluciones. Las transferencias al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en 2017 fueron de $ 17:000.000, cifra que supera la de las transferencias a los Gobiernos departamentales, que estuvieron en el entorno de los $ 14:000.000, así como a la de las políticas de protección social a cargo del Mides y del INAU, que se ubican en los $ 16:000.000.

Por lo tanto, señora presidenta, estos son los argumentos que llevaron a que el Frente Amplio propusiera la discusión de este tema. Como lo dijimos cuando se debatió este proyecto de ley, si seguimos sin resolver ni reestructurar un sistema perverso que remunera más a la persona cuando se jubila que cuando está en actividad, la posibilidad de que en algún momento el Uruguay pueda discutir razonablemente la rejerarquización de los salarios de los soldados de nuestro país se hace inviable.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: por supuesto que voy a fundamentar mi voto negativo. Hace dos meses tratamos este proyecto de ley como primera cámara y nosotros no lo votamos.

Me parece lógica la ilación, planteada por el señor senador Mieres, de cómo debió haber sido el tratamiento de toda la temática. Del mismo modo, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha sostenido nuestro compañero de bancada, el señor senador García, pues considero que este no es un proyecto justo. Con toda franqueza, pienso que no puede ser justa una iniciativa que indiscutiblemente va en contra de derechos adquiridos.

En ese marco, sostengo que este proyecto tiene una fragilidad importante desde el punto de vista constitucional. En este punto, vuelvo a coincidir con el señor senador Bordaberry pues, al parecer, se pretende una suerte de asfixia de manera constante en donde se usa el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas como pretexto, porque el déficit previsional es un contexto. Así lo señalaba el entonces ministro de Economía y Finanzas y exsenador de la república, reconocido por mucha gente por su contundencia en materia de números, el economista Isaac Alfie, cuando se refería a la aportación de la cantidad de puntos de IVA al déficit previsional. Este me parece un elemento importante.

Más allá de las calificaciones, más allá de las definiciones y de los adjetivos, es evidente que han votado este proyecto a las corridas y que ha imperado una lógica de aglutinar hacia dentro del oficialismo. Considero que esto es así.

El proyecto de reforma del sistema de previsión social militar mantiene errores graves que perjudicarán al Estado y, por ende, a las Fuerzas Armadas, sobre todo por los artículos 24 y 29, que erróneamente disponen que por toda incapacidad completa o incompleta en servicio o fuera de servicio se otorgará un haber de retiro por incapacidad equivalente al 100 % del haber del retiro del grado inmediato superior para las jerarquías de soldado a general inclusive. Es decir que otorga un beneficio excesivo a quienes no les corresponde la aplicación del concepto de incapacidad fuera del servicio, y sigue desamparando al personal de menor jerarquía, de soldados a sargentos, que ante daños derivados del servicio se les dará un retiro ínfimo que no compensa el sacrificio que exige la función. Me parece que, asimismo, esta norma afectará, en particular, al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el inciso agregado al artículo 8, que buscó dar solución al personal técnico y profesionales especialistas que ingresan a las Fuerzas Armadas con edades mayores a veintiséis años y que no llegaban a configurar causal de retiro, se quedó corto, porque solo se estableció para los que hayan ingresado antes de la promulgación de la ley. Y ¿qué pasa en el futuro? Claramente, da la impresión de que en ese caso queda un vacío.

A su vez, el título III, «Del régimen de transición», está plagado de contradicciones y errores que, en algunos casos, van a dar lugar a reclamos, señora presidenta, con lo que es probable que sigamos perdiendo por vía de los reclamos que se le terminan haciendo al Estado.

En otro orden de cosas, en mi opinión y como dije en la primera discusión, el presidente de la república tiene por disposición constitucional el mando superior de todas las Fuerzas Armadas: es el comandante en jefe. Entonces, decimos que el presidente no está en la buena línea en este tema tampoco. Lo decimos respetuosamente, pero no podemos dejar de indicarlo, porque sabemos que estuvo llamado a laudar por distintas contradicciones y resistencias que se plantearon dentro del oficialismo, que después se zanjaron de una forma que, a mi entender, va a dar lugar a una multiplicidad de interpretaciones, al planteo de recursos sobre inconstitucionalidad de esta norma y a una aplicación que, sin lugar a dudas, va a originar problemas de todo tipo.

Por eso, nos permitimos decir que, si nos corresponde ser el próximo partido de gobierno, buscaremos la conjunción de fuerzas en el Parlamento para revisar esta ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Como los señores senadores saben, se trata de una única votación, ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta o rechaza las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–15 en 26. Afirmativa. 

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: simplemente queríamos ratificar –como lo hicimos cuando discutimos este proyecto de ley como primera cámara– que llevar adelante este tipo de modificaciones al sistema de previsión social militar forma parte de la responsabilidad de gobierno. Lo hacemos con el convencimiento de que esta propuesta no está motivada en revanchismo ni en una búsqueda sesgada de cobrar lo que, por otro lado, no tenemos forma de cobrar, que es devolución de la vida y la dignidad de muchas uruguayas y uruguayos de otros períodos, sino que, justamente, nos mueve la fortaleza y la intención de seguir construyendo un país cada vez con mayor equidad e igualdad.

Es en este sentido que hemos aprobado el proyecto de ley, que sin lugar a dudas –y al igual que otros sistemas– será revisado a futuro. Tampoco negamos la posibilidad de que quienes aspiran a gobernar este país puedan revisar estas y otras normas que, lógicamente, no concuerdan con su visión política, porque en esta democracia existe el respeto por las diferentes concepciones.

Así que, señora presidenta, esto lo hemos hecho con mucha responsabilidad, sin estigmatizar a aquellos sobre quienes recae la norma y convencidos de que avanzamos en un país con mayor construcción de equidad e igualdad.

Gracias.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: en realidad, quiero compartir la fortuna de ser un legislador que está votando una reforma que demoró más de cuatro décadas en ser posible. No queríamos dejar pasar la oportunidad de respaldar el esfuerzo de compañeras y compañeros de nuestra fuerza política que estuvieron trabajando en la construcción de esta solución, bien desde el Poder Ejecutivo, bien desde el Parlamento.

Somos conscientes de que hemos votado un proyecto de ley que es el posible, pero nos sentimos parte de una fuerza política que ya irá construyendo el ideal. Como bien se decía recién, este es un paso, que seguramente vamos a poder mejorar en el futuro porque formamos parte de una fuerza política que siempre va a estar abierta a hacer los cambios que sean necesarios.

Mientras tanto, nos quedamos con la importancia de valorar el enorme aporte que hacemos al aprobar esta reforma de la seguridad social militar que construye equidad, en primera instancia, dentro de las Fuerzas Armadas, recortando privilegios de la oficialidad, y, en segundo término, en el conjunto de la sociedad, recortando, de vuelta, diferencias entre el conjunto de los jubilados y la oficialidad, de los retirados de las Fuerzas Armadas.

Queremos valorar la tarea responsable del Gobierno de administrar el Estado trabajando contra el déficit fiscal, en este caso poniendo énfasis –claramente– en el recorte de privilegios, en los que nuevamente encontramos a los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. A nadie le vamos a dar la derecha de luchar contra el déficit fiscal; nosotros lo hacemos desde el lado de recortar privilegios, para después disponer de los recursos y seguir trabajando en las políticas sociales.

Por último, queremos destacar la fuerza y la convicción con que levantamos la mano para votar afirmativamente esta reforma, y agradecer a las compañeras y compañeros de nuestra fuerza política que durante años acercaron sus aportes e ideas para transitar lo que, en última instancia, es la reforma que hemos aprobado.

Es mi intención compartir esta fortuna con las compañeras y compañeros de mi fuerza política, porque después de cuatro décadas hemos hecho posible esta tan deseada reforma de la seguridad social militar.

Gracias, señora presidenta.

13) COOPERATIVA DE LECHERÍA DE MELO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se trate como urgente el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Lechería de Melo. (Carp. n.º 1217/2018)». (Firman la señora senadora Tourné y los señores senadores Amorín, Mieres y Heber).

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Que se reparta la carpeta correspondiente.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Lechería de Melo. (Carp. n.º 1217/2018 - rep. n.º 753/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: es importante considerar esta iniciativa en virtud de que en este momento el sector lechero transita por dificultades de diverso tipo, fundamentalmente como consecuencia de la situación de los precios internacionales de un producto que Uruguay exporta fuertemente y es con agregado de valor en la cadena productiva.

En el caso particular de esta cooperativa –que es una de las más viejas que tiene el país–, podemos decir que también ha transitado por dificultades propias de una cuenca lechera ubicada en una zona no tradicional del desarrollo tecnológico en la lechería.

Sería muy importante que se aprobara esta iniciativa, pues fruto de la aplicación de los estatutos cooperativos, recientemente ha habido cambios en la integración de la directiva y hay un equipo nuevo trabajando que, lógicamente, viene articulando con el Poder Ejecutivo, con el Inale, con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca las acciones tendientes a recomponer la producción y a sostener este emprendimiento, fuente de trabajo y, sobre todo, de identidad para el núcleo de productores que hoy remiten a Coleme.

De manera que la intención es seguir protegiendo, mediante la extensión del seguro de paro, el trabajo de quienes están en esa condición debido a la caída de la remisión de leche, y cuando la cooperativa está en proceso de reestructurarse y avanzar.

Por todo lo expuesto, entendemos necesario que se vote esta prórroga.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME) en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

14) SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. (Carp. n.º 1205/2018 - rep. n.º 745/18 y anexo I)».  

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la norma que vamos a votar en el día de hoy fue elaborada por la Comisión especial con fines de asesoramiento legislativo sobre inteligencia de Estado, creada por resolución de la Asamblea General de 23 de noviembre del año 2011. Me parece importante citar el informe de dicha comisión, en el que se destaca que «existe un compromiso de todo el sistema político, de todos los partidos con representación parlamentaria, de avanzar en esa Ley marco que atienda a una función como la inteligencia, muy importante, e involucre la necesaria comunicación e información para el proceso de toma de decisiones en lo que tiene que ver con los intereses estratégicos que tiene el país».

La comisión trabajó en el anteproyecto de ley con aportes efectuados desde el Poder Ejecutivo, así como de los partidos políticos con representación parlamentaria. A su vez, el subgrupo de redacción estuvo integrado por los legisladores Ivonne Passada, Jaime Trobo, José Amy, José Bayardi e Iván Posada.

Creo que hay que destacar los antecedentes de esta norma. Con base en esos antecedentes, el 26 de diciembre 2016, el Poder Ejecutivo remitió un anteproyecto de ley que consta de seis títulos.

El título I establece el objeto, el ámbito de competencia, las definiciones y los principios generales que inspiran el concepto del sistema de inteligencia estratégica de Estado como política de Estado; en el título II se detallan los órganos que integran el sistema y sus competencias; en el título III se regula todo lo concerniente a los procedimientos especiales de obtención de información; en el título IV se establecen los controles internos y externos a los que estarán sometidos los órganos que integran el sistema, se dispone que estos estarán basados en los principios de legalidad, eficiencia y demás controles que derivan de la forma republicana de gobierno y, además, se prevé la creación de una comisión parlamentaria bicameral para el control y la supervisión del sistema, lo que es realmente destacable; el título V refiere a la información, clasificación, desclasificación y reclasificación de la información, y el título VI comprende una serie de disposiciones transitorias.

Como dije anteriormente, este proyecto de ley propone la aprobación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que, como señalé, implicó un arduo trabajo legislativo. Además de los antecedentes del año 2011, realizó un gran trabajo la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, donde esta iniciativa fue aprobada por unanimidad, que fue lo mismo que sucedió en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado –luego harán uso de la palabra otros senadores–, aunque se planteó alguna observación.

Señora presidenta: los servicios de inteligencia son áreas fundamentales para la defensa y la seguridad del país, tanto en el interior como en el exterior. Desde hace siglos los Estados han ido desarrollando diferentes reparticiones dedicadas a recolectar información y, a partir de ella, han generado políticas tendientes a fortalecer la seguridad del Estado en sus diferentes niveles. Tradicionalmente los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior tienen reparticiones dedicadas a esta tarea, es decir, a acumular información, sistematizarla y aplicarla. Este es un elemento sustancial en el cumplimiento de sus respectivos cometidos.

No debemos olvidar que el uso de la información y el desarrollo de políticas de inteligencia deben estar siempre al servicio de la democracia para garantizar el bienestar del pueblo. El manejo responsable y adecuado de estos instrumentos fortalece la democracia; pero su uso arbitrario, equivocado y abusivo no hace otra cosa que abrir los caminos hacia el totalitarismo y la vulneración de derechos fundamentales. Por eso resulta muy importante que legislemos en esta materia y pongamos claro sobre oscuro.

En los últimos tiempos ha surgido un cambio fundamental en la percepción de la inteligencia. Esta nueva visión apunta a generar un proceso de acumulación y de procesamiento de la información, que resulta fundamental para su aprovechamiento en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Esa perspectiva, en la que la inteligencia se vuelve un factor determinante para los tomadores de decisiones, permite una mejora cualitativa en las políticas que se desarrollan. Detrás de las actividades de inteligencia existe la anticipación para la toma de decisiones estratégicas relativas a la seguridad y la defensa del Estado. Es bajo esas consignas que se desarrolla este proyecto de ley.

El artículo 1.º crea el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, a través del cual, desde el Poder Ejecutivo se desarrolla una política integral y nacional, permitiendo una mejora sustantiva en la toma de decisiones. Además, este sistema prevé el más estricto cumplimiento de la Constitución de la república y de los principios del régimen republicano de gobierno.

Se prevé que el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado esté integrado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado –órgano que se crea en esta ley– y por los órganos que desarrollan tareas de inteligencia y de contrainteligencia de los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. También estarán presentes otros organismos del Estado que por sus características y peculiaridades puedan contribuir a concretar los objetivos del sistema.

A su vez, se crea la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, cuya misión es producir inteligencia estratégica a fin de apoyar la toma de decisiones.

Sin intención de ser reiterativo, me gustaría hacer algunas puntualizaciones con respecto a aspectos que entiendo que brindan transparencia, control y garantía democrática en esta tarea y en el manejo de la inteligencia.

En ese sentido, resulta más que positivo el título III del proyecto de ley, que refiere a los procedimientos especiales de obtención de información. Se prevé a texto expreso que siempre que se pueda llegar a afectar la libertad y la privacidad de los ciudadanos, deberá existir autorización de la justicia competente. Además, en este mismo título se establece la autorización judicial como requisito fundamental para aquellas actividades que, por sus características, resulten especialmente sensibles.

En el título IV, «Del control del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado», se definen los controles internos y externos de las diferentes reparticiones dedicadas a la tarea de inteligencia, y resulta especialmente destacable la creación de una comisión parlamentaria bicameral con el cometido de controlar y supervisar la actuación de este sistema, y contará con la participación de legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Estas disposiciones son garantistas y hacen a los controles democráticos que siempre deben existir.

Me gustaría destacar especialmente la forma de designación y de cese del director. El artículo 12 dice: «El Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado será designado por el Presidente de la República en acuerdo con los Ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo establecido por el artículo 187 de la Constitución de la República».

Creo que hay que destacar este aspecto, porque de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución se requieren tres quintos de votos para autorizar la venia, y en caso de que no se alcance dicha mayoría, se establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo realice una nueva propuesta, o reitere la anterior, en cuyo caso se requiere el voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes del Senado.

Si bien se podría cuestionar –en la comisión lo estuvimos discutiendo– que la designación del director se realice por una mayoría calificada, creo que se puede compartir la necesidad de arribar a acuerdos políticos importantes, como la sanción de esta norma. Dado que existe la necesidad de que los organismos funcionen efectivamente y que las mayorías circunstanciales no sean un impedimento para ello, creo que la lógica del artículo 187 es muy buena. Por algo nuestro constituyente previó que para la designación en ciertos cargos y en determinadas reparticiones públicas se exija una mayoría especial, pero que si no se logra y se reitera la propuesta, se requiera una mayoría absoluta. En este sentido fue sabio nuestro constituyente, porque la vacancia realmente sería un obstáculo. La salida que propone la norma respecto a la designación del director es muy sabia porque sigue una enseñanza que a lo largo de los años nos han dejado nuestros constituyentes, que es el mecanismo del artículo 187. Debemos tener en cuenta que la Constitución establece un criterio determinado para otorgar una venia, y requiere una mayoría especial, pero la propia norma dispone, a su vez, un criterio subsidiario con mayoría absoluta. Siendo de carácter constitucional, este criterio brinda garantías suficientes.

Por otro lado, el artículo 13 –que figura a continuación del que fija la forma de designación– establece que el presidente de la república, en acuerdo con los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, podrá disponer el cese del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, dando cuenta a la Asamblea General. Entonces, si se concreta una hipótesis de un cambio del Gobierno y se pierde la confianza en ese director, este puede ser cesado.

Considero que el mecanismo propuesto en los artículos 12 y 13 es muy bueno, toma en consideración el know how, es decir, el conocimiento que establecieron los constituyentes en su momento, lo que es de destacar.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: fuimos nosotros quienes planteamos la objeción en la comisión y, lealmente, anunciamos que esta era la disposición que más dudas nos generaba de este proyecto de ley. Todos sabemos que el artículo 187 de la Constitución establece un sistema que requiere, en primera instancia, tres quintos de votos, pero que si no se logran se puede volver a enviar la propuesta, que en ese caso podrá ser aprobada por mayoría simple. Pero este artículo también da la posibilidad –y así lo ha dispuesto el Parlamento nacional en otras leyes– de aplicar otro sistema, por lo que puede quedarse solamente con el requisito de los tres quintos y no llegar a la segunda instancia. Eso está previsto en la Constitución y tenemos la facultad para hacerlo.

Si bien es cierto que el presidente de la república, en acuerdo con los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, puede disponer el cese del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, dando cuenta a la Asamblea General, también lo es que hay algunas normas que hacen un poco de ruido. Estamos de acuerdo con que se está llegando al final del período de este Gobierno –al que le queda poco más de un año– y acá le estamos dando la posibilidad de nombrar a alguien por seis años. Si a este Gobierno le queda un año y el que viene estará cinco años, da la sensación que se quiere nombrar un director de inteligencia para los próximos cinco años. Me parece que este no es un buen mensaje republicano; por más que el nuevo presidente pueda disponer el cese dando cuenta a la Asamblea General y fundadamente, eso llama un poco la atención. Además, se dice que no puede ser designado nuevamente antes de tres años. Esto hay que combinarlo con el artículo 39, que a su vez establece un plazo de 120 días para que este Gobierno, una vez aprobado el proyecto de ley, mande la venia al Parlamento.

Si un sistema de inteligencia, con lo delicado que es, requiere una aprobación especial –el sistema y su director requieren control parlamentario–, sería bueno que naciera de entrada con un apoyo político más allá del correspondiente al propio partido de gobierno; sería bueno que se logre ese apoyo como ha sucedido en otras leyes. Un ejemplo de esto es el proyecto sobre la fiscalía, señora presidenta; en el período pasado nos pusimos de acuerdo para nombrar al fiscal de corte porque no había otra opción.

Esta norma juega para quien hoy está en el Gobierno, pero también va a jugar para quien lo esté mañana, porque quien esté en el Gobierno dentro de seis años va a tener la mayoría para nombrar a alguien por otros seis años. Tenemos que pensar que quien hoy está en el Gobierno, de repente mañana está en la oposición, por lo que requerir una mayoría de tres quintos también es una garantía para quien mañana no tenga la mayoría en el Parlamento. Uno siempre lo visualiza desde ese lado.

Esa es nuestra objeción principal al articulado, y creo que no voy a volver a hacer uso de la palabra porque con el resto de las normas estamos de acuerdo. Se trata de un buen proyecto, que establece el control parlamentario e incluso toma un antecedente del período pasado del exdiputado Amy, que iba por este camino, pero me parece que en estos sistemas de inteligencia es muy bueno que haya un mayor apoyo para que funcionen mejor. Además, cada vez que hemos citado a los ministros de Defensa Nacional o del Interior a las comisiones de seguridad hemos acordado mantener el secreto y se ha logrado, porque todos entendemos, con responsabilidad, que hay asuntos de Estado que no es bueno que se conozcan públicamente porque afectaría el propio trabajo del Estado, aunque sí es importante que estén controlados y que cuenten con el apoyo de todos.

No tengo ánimo de debatir, sino exclusivamente de hacer conocer la forma en que estamos razonando cuando decimos que este artículo no debiera aprobarse solamente de esta forma.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: tampoco tengo el ánimo de debatir, sino de construir una política pública en la materia, y creo que eso es lo que estamos haciendo.

Hace años que el Poder Ejecutivo envió este proyecto de ley. El tema estuvo en la comisión respectiva, se estudió y se hicieron aportes importantes, pero lo interesante es el paso que estamos dando hoy al construir una política pública en materia de inteligencia –necesaria para prevenir los futuros problemas que podamos tener como nación– que sea respetuosa del sistema democrático y republicano.

Creo que esta norma no juega para el Poder Ejecutivo de hoy o del próximo período, sino para el Estado, porque acá se están previendo los mecanismos a través de los cuales se van a interrelacionar dos poderes del Estado que son fundamentales en el desarrollo del sistema: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Me parece que el sistema de control parlamentario que se propone es muy positivo. Luego tendremos el desafío de protocolizar este sistema, porque los legisladores que estén en esa comisión bicameral van a tener que guardar las informaciones que recibirán y tendrán que apoyar la construcción de esta política pública.

Creo que esta es una norma muy positiva y de avanzada. Además, si la comparamos con otras que hay en la región, vemos que es realmente a la uruguaya –por decirlo de alguna manera–, porque respeta la institucionalidad del país y da participación a los diferentes organismos, con controles tanto en lo interno como en lo externo.

Propongo que se vote este proyecto de ley, convencido de que concreta y consolida la necesaria coordinación, intercambio y colaboración de las diferentes áreas del Estado que realizan tareas de inteligencia, y de que representa un enorme avance histórico y estratégico para nuestro país. Estoy convencido de que esta iniciativa es una muy buena norma para avanzar en el sentido correcto.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Si me queda tiempo, con mucho gusto se la concedo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Le queda tiempo, señor senador.

Puede interrumpir la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Muchas gracias, senador; muchas gracias, presidenta.

Valorando que el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado quede bajo la órbita civil y con control parlamentario, quiero hacer dos observaciones para que queden incluidas en la discusión en general, porque luego se va a votar en bloque. La primera tiene que ver con el artículo 33 y la segunda con el capítulo IV del título II, relativo al personal.

El artículo 33 está incluido en el título V, «De la información», y refiere a la desclasificación de documentos. Queremos que quede la constancia en la versión taquigráfica –porque es muy importante que este proyecto de ley se apruebe antes de que venza el plazo constitucional y, por tanto, no podemos introducirle modificaciones– de que la idea es que el plazo máximo de veinticinco años solamente se aplique a documentos de muy alta sensibilidad –quizás este término habría que definirlo más precisamente– y que para el resto se mantenga el plazo de quince años que establece la Ley n.º 18381.

La segunda observación tiene que ver con todo el capítulo IV del título II, «Del personal». Nos parece importante que también quede registrado en la versión taquigráfica –a los efectos de una posterior reglamentación– la necesidad de que se incluya una restricción general referida a personas que hubieran tenido alguna participación en violaciones a los derechos humanos y muy especialmente en delitos de lesa humanidad. Nos parece que tratándose del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, esta restricción debería ser tomada en cuenta, a los efectos prácticos, en la reglamentación.

Hicimos estas dos observaciones porque se supone que en las constancias que se registran en la versión taquigráfica queda reflejado el espíritu de la ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- He terminado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de las Escuelas n.º 39 de Guichón, y n.º 41 de Puntas de Cangüé, ambas del departamento de Paysandú, así como a los alumnos de las Escuelas n.º 40 de Pueblo Fernández, n.º 49 de Guaviyú de Arapey y n.º 20 de Pueblo Quintana, del departamento de Salto, que están alojados en la Colonia de Vacaciones de Malvín.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: como explicaba recién la senadora Moreira, este proyecto se votó a tambor batiente debido al vencimiento de los plazos constitucionales.

Yo estuve en uso de licencia por la representación que tuvimos en la Unión Interparlamentaria y cuando desembarqué ya se estaba votando este proyecto en comisión. Por tanto, ante la duda, no voté muchos de los artículos, pero luego de hablar con los compañeros diputados, que realmente analizaron durante mucho tiempo este tema tan importante y necesario, decidí acompañar algunos de ellos y ratificar la votación contraria de otros, como sucedió en la comisión.

El Sistema Nacional de Inteligencia de Estado es indispensable para un Estado que se proyecta hacia adelante. Nosotros encaramos el tema en forma distinta a lo que parecería que sucede con algunos señores senadores, que lo ven con desconfianza. Para nosotros es necesario que el Estado tenga una estrategia de inteligencia, prescindiendo del síndrome que muchos legisladores parecen tener en cuanto a que este tema tiene que ver con el espionaje que se llevó adelante en la época de la Dictadura a figuras opositoras. Esto existió, incluso hasta hace poco tiempo; tanto es así, que se creó una comisión investigadora en la Cámara de Representantes. Pero no es ese el encare que nosotros tenemos del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Las desconfianzas las tenemos por lo que sucedió, pero el proyecto de ley eleva el punto de mira para diseñar una estrategia de inteligencia que termine con las chacras de inteligencia que existen en el Estado. Hay una inteligencia militar, una inteligencia policial –en la órbita del Ministerio del Interior–, una inteligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y una inteligencia perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo en el Banco Central del Uruguay por el tema del lavado de dinero y el tránsito de capitales que provienen del tráfico de armas y del narcotráfico.

Dada la ausencia de una estrategia de inteligencia y el tiempo en que vivimos, las amenazas que tenemos hoy en día son muy importantes. A modo de ejemplo diré que, para nosotros, es un tema de inteligencia el cuidado del medioambiente; es un tema de inteligencia la utilización del acuífero Guaraní; es un tema de inteligencia la afectación de la proyección de nuestro país como Uruguay Natural –que es parte de la estrategia de nuestro país–; es un tema de inteligencia la apuesta agropecuaria; es un tema de inteligencia las amenazas que tenemos en el comercio internacional.

El Sistema Nacional de Inteligencia de Estado es necesario y lo tienen todos los Estados serios en el mundo. Nosotros no acotamos el tema de la inteligencia al espionaje; ese no es el concepto que tenemos del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que, a nuestro juicio, debe orientar –inteligentemente y con información– hacia dónde conducir el proyecto-país que tenemos, sabiendo cuáles son las amenazas a las que podemos estar expuestos, no solamente referidas a la competencia, sino también en lo que hace a la afirmación de la soberanía nacional. ¡Es un tema bien importante!

Por eso, uno de los cuestionamientos que tenían los diputados de nuestro partido sobre este proyecto era que la función del secretario del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado fuera la de coordinar estos servicios. Nuestros diputados decían –a mi juicio, con razón– que no solamente se trataba de coordinar las diferentes chacras que existen en el Estado, sino de dirigir el sistema, generar la estrategia y hacer que tanto la inteligencia militar, como la policial, la del Ministerio de Economía y Finanzas y la del servicio exterior tuvieran un camino planteado por el Poder Ejecutivo, en su figura mayor, o sea, el presidente de la república y que este tuviera asiento en la Presidencia de la República, pero que se relacionara con el Parlamento por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de modo tal que hubiera posibilidades de que las comisiones parlamentarias, específicas y concretas, pudieran realizar un llamado a responsabilidad política a quienes, en definitiva, están bajo su órbita. Es decir, que funcionara en Presidencia, al lado del presidente, pero con asiento institucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que hubiera mayor nivel de control. Esto lo dijeron los diputados; no lo dije en comisión, pero lo estoy diciendo ahora, en el plenario, producto de que, cuando se votó en comisión, no tuve tiempo para analizar el proyecto junto con los señores diputados que lo elaboraron.

Vuelvo a decir que nosotros estamos de acuerdo, que es un proyecto necesario y que viene bien. Aunque cuestionemos algunos de sus artículos –por eso firmamos con salvedades–, en general, creemos que es necesario. Hace mucho tiempo varios de nuestros diputados vienen señalando la necesidad de establecer esta secretaría y el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Dicho esto, y sabiendo que el tema de la integridad y de la inteligencia del Estado va más allá de la cuestión militar o policial –que es en lo que comúnmente caemos para tener esas prevenciones lógicas, entendibles, aunque no es el concepto de la estrategia de inteligencia que el Estado debe que tener–, si miramos con sentido global y de largo plazo, creemos que este es el inicio de una buena ley. Tiene sus problemas –algunos se han señalado aquí–, pero la iremos modificando de modo tal de tener un sistema nacional de inteligencia eficaz.

Hay dos cuestiones que para nosotros son importantes y que se mencionaban en la discusión que, por la vía de la interrupción, generó el señor senador Bordaberry con el señor senador Carrera, que es el miembro informante, sobre las mayorías parlamentarias.

En la Cámara de Representantes se fue generando el concepto de que el director de la Secretaría del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado debía exceder el período de gobierno, y por eso se establece que es por seis años. Pero a este sistema no se lo ubica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino en la Presidencia de la República, y esa es una de las diferencias que, en lo relativo a lo institucional, nosotros tenemos con este proyecto, porque creemos que tiene que funcionar al lado del presidente, pero que debe tener una responsabilidad política en el Parlamento, y si no está en uno de los ministerios, no la tiene.

Con respecto a la situación de las mayorías necesarias, nosotros reiteramos los cuestionamientos que hicimos en la comisión. Los señores diputados de nuestro partido sostenían que la mayoría de tres quintos fuera la de la Asamblea General, ya que después se establece una comisión bicameral para generar ese contacto y porque el proyecto establece sanciones muy grandes por la violación, por parte de algún legislador, del secreto que necesariamente tiene que existir en una comisión bicameral que maneja, con mucha delicadeza, información que es estratégica y que es del Estado. Se aplica el artículo 115 de la Constitución de la república, que es un compromiso muy grande porque puede llevar a la responsabilidad del señor legislador y, por lo tanto, a su cuestionamiento como tal. Entonces, fijadas esas sanciones y establecida, como establece el proyecto, una comisión bicameral en la Asamblea General, nuestros compañeros diputados entendían que era necesario generar una mayoría de tres quintos en la Asamblea General y no, como dice el artículo 12, por el artículo 187 de la Constitución. En ese caso no era necesario el artículo 13, que señala la posibilidad de que el presidente, actuando en acuerdo con los ministros de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, pueda cesarlo. No es necesaria la destitución cuando se llega a una mayoría tan firme, tan importante como la que implica que en la Asamblea General existan tres quintos de votos para designar a alguien para el servicio de inteligencia.

Entonces, existiendo –como va a existir, porque hay mayoría parlamentaria en el Senado– el artículo 12, que establece que el sistema por el cual se designa al director de la secretaría es el que marca el artículo 187 de la Constitución –esto no estaba en el proyecto original, el del Poder Ejecutivo, sino que se introduce en la Cámara de Representantes por los legisladores del Frente Amplio con el voto en contra de los diputados del Partido Nacional–, estamos de acuerdo con que exista el artículo 13. Nosotros hubiéramos preferido que no existiera ni el artículo 12 ni el 13, que fuera por tres quintos de votos de la Asamblea General porque eso iba a generar un amplio consenso político para la designación. Algún señor senador me dirá que en el Senado, por el artículo 187 de la Constitución, también es necesario llegar a los tres quintos de votos. Es verdad, pero también es cierto que pasados sesenta días se designa por mayoría absoluta de componentes. O sea que hoy el Frente Amplio, con las mayorías que tiene en el Parlamento, perfectamente podría designar a alguien que no tiene el consenso de los tres quintos de componentes vencidos los sesenta días, y es por seis años. También me dirán que no es por seis años porque si mañana cambia el Gobierno, por el artículo 13 tiene la posibilidad de destituirlo. Sí, pero es mucho mejor que sea la Asamblea General la que designe por tres quintos de los votos; es decir, no establecer la posibilidad de la destitución, sino la necesidad de tener los tres quintos de votos de la Asamblea General para un cargo tan importante como es el director de la Secretaría del Sistema Nacional de Inteligencia. Pero esto ya se discutió en la Cámara de Representantes y lo reiteramos acá a modo de constancia. No insistimos en ello; de igual manera, nos parece importante.

No vamos a acompañar el artículo 12, pero como sabemos que hay mayoría para sancionarlo, sí vamos a acompañar el artículo 13, que es el que genera la posibilidad de que, si cambia la Administración, se pueda designar a otro director. De todas formas, se tendrá que recorrer el mismo derrotero; es decir, la nueva Administración tendrá que tener tres quintos de votos, y de no obtenerlos, tendrá que lograr la mayoría absoluta a los sesenta días para la designación. Esto me parece complicado, sobre todo porque no se establece una comisión en el Senado para que después le dé continuidad; la comisión que se establece es bicameral y funciona en la Asamblea General. Entonces, fíjense los señores senadores que el Senado es el que designa, pero la Asamblea General es la que controla a través de una comisión bicameral. Me parece que hubiera sido mejor que fuera, como dijeron los señores diputados, por la otra vía.

Sin perjuicio de eso, creemos que el proyecto es necesario. De manera que lo vamos a acompañar en general y vamos a votar casi todos sus artículos.

Otro de nuestros cuestionamientos es que consideramos que la comisión de la Asamblea General debe tener –y esto será después parte integrante de la instrumentación de la ley– un número reducido de integrantes, por las penalizaciones que deberán recibir los legisladores que allí concurran en el caso de que se viole el secreto que necesariamente debe tener el control de un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, ya que eso puede generar un daño grande a la república.

No cuestionamos el artículo al que se refería la señora senadora Moreira en cuanto a la reserva. Nos parece –y creemos que el artículo así lo establece claramente – que si se mantienen las condiciones que llevaron a que el Estado considerara determinada información como clasificada –y, por lo tanto, reservada o secreta, no pública–, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la república con los ministros, podrá mantener la reserva de la información más allá de los veinticinco años. Nosotros coincidimos con que exista esta posibilidad porque hay temas geopolíticos que llevan décadas en resolverse o que, incluso, son permanentes, y mañana una acción de inteligencia que se haga pública puede perjudicar los intereses nacionales en cuanto a la estrategia del país, que no es de un día para el otro ni dura diez o veinte años, sino que es permanente.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Aclaro que voy a hacer uso de la palabra solamente por esta vía, y agradezco al señor senador por haberme otorgado la interrupción.

En primer lugar, quiero señalar que, como bien decía el senador Heber en nombre del Partido Nacional, nosotros vamos a votar afirmativamente porque este proyecto de ley, en el cual el Partido Nacional ha trabajado mucho a lo largo de estos últimos años, agrega algunos elementos indispensables en la vida de las democracias modernas y de la nuestra en particular. Tanto la concreción del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado como la ley contra el lavado de activos y la que seguramente tendremos que tratar a la brevedad, con la mayor prontitud, como es la ley antiterrorista, forman parte de una trilogía absolutamente indispensable, porque lo que se ha globalizado no solo es el conocimiento sino también el crimen organizado. Por lo tanto, este es un instrumento fundamental.

Sí quisiera agregar una reflexión, a modo de pregunta al miembro informante –se lo comentaba recién al senador Carrera fuera de sala–, sobre algunos artículos en particular.

En primer lugar, tengo dudas sobre el artículo 10, porque me parece que le está faltando alguna palabra o algo que le dé sentido. Concretamente, este artículo dice: «Artículo 10. (Creación).- Créase la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) como órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, actuando el Presidente de la República en acuerdo con los Ministros de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas». No tiene sentido la frase. Debería decir «dentro de ella», «como jerarquías» o algo así, porque, de la manera como está redactado, son dos frases inconexas en un mismo artículo. Seguramente allí está faltando algún término que conecte los dos conceptos, porque el texto dice que se crea la secretaría actuando el presidente. No tiene sentido.

Y la otra cuestión en la que creo que debemos tener particular atención está centrada en el artículo referido a la actuación de los legisladores. Allí hay una figura nueva, es decir, estamos creando una comisión donde actúan legisladores, y la Constitución de la república no prevé inhibiciones que sí prevé la ley. Las únicas inhibiciones que podemos tener los legisladores son las que la Constitución de la república fija a texto expreso. Y esta disposición dice: «Artículo 27. (Obligaciones).- Los legisladores que, en cualquier circunstancia, tomen conocimiento de información clasificada de acuerdo con lo establecido en la Ley
Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008, están obligados a cumplir las normas de seguridad que se establezcan para resguardar su divulgación,…». De manera que aquí tenemos dos temas. Por un lado, se establecen inhibiciones que no prevé la Constitución y, por otro, hay un genérico, porque se dice «que establezcan». ¿Quiénes van a establecer? El Poder Ejecutivo en la reglamentación posterior no puede establecer inhibiciones a la actuación de los legisladores, porque son nuestros fueros. De manera que me parece que va a haber unanimidad en la aprobación general de esta norma, pero en la discusión particular debemos tener la precisión de no establecer una inhibición que no podemos tener, porque la Constitución es muy precisa con respecto a los fueros parlamentarios, y aquí se establece que los legisladores estamos obligados a cumplir normas de seguridad que alguien –que no se sabe quién es, porque se dice «que se establezcan»– en algún momento determinará. ¿Cuáles son las normas de seguridad? ¿Quién las establece? Y si las establece alguien, tengamos claro que se está creando una inhibición que la Constitución no prevé.

Simplemente quería plantear estas dos últimas interrogantes, para que me ayuden a razonar estas dudas que me surgen de la lectura del proyecto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Creo que las preguntas que realiza el señor senador García son de recibo y tienen que ver con la necesidad de votar este proyecto antes del 27 de octubre. Me parece que esto es lo que está llevando a que el Parlamento apruebe ahora este proyecto de ley, que necesariamente va a tener que ser modificado más adelante porque no creo que hoy haya voluntad política de introducir modificaciones.

El tratamiento de este tema ha sido demorado en la Cámara de Representantes y no nos dieron tiempo para poder analizarlo. En este caso hemos actuado en régimen unicameral. Simplemente estamos homologando un proyecto porque el plazo constitucional nos apremia, y ya ha habido observaciones de legisladores de la propia bancada de gobierno en el sentido de que están votando algunos artículos que no los convencen del todo y que, quizá, sean motivo de análisis. Lo que dice el señor senador García sobre quién establece los límites me parece que es de total recibo. Considero que debemos establecerlos nosotros, y no el Poder Ejecutivo.

En definitiva, creo que deberemos tener una instancia de discusión, porque lo que queremos –y en esto coincido con el proyecto– es que haya control parlamentario, pero debe ser garantista en cuanto a que lo que se informe en la comisión no salga de ese ámbito. De lo contrario, estaremos haciéndole un daño al país en cuanto al diseño de una estrategia de inteligencia, que involucra muchos temas que son de alta sensibilidad, como dice el proyecto en algunos de sus artículos.

Entonces, señora presidenta, vamos a acompañar este proyecto de ley porque los legisladores del Partido Nacional, sobre todo en la Cámara de Representantes, han hecho especial hincapié en la necesidad de este Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, con el concepto estratégico nacional. La idea es salir de esta suerte de falta de comunicación y de aporte de datos de reparticiones del Estado que parecería que compitieran entre ellas y no colaboran en el diseño de una estrategia de Estado, que es mucho más importante y que está por encima de las inteligencias puntuales, concretas y específicas que tiene en la actualidad.

Hay un artículo, señora presidenta, que fue señalado por el senador Mieres en comisión, cuya modificación no nos convence. En el proyecto original del Poder Ejecutivo, el literal G) del artículo 11 –que refiere a los cometidos de la secretaría–, decía claramente: «Disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia, con objeto de detectar y enfrentar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, de organizaciones criminales transnacionales, así como de otras amenazas al Estado». Y esto fue modificado. La redacción actual de este literal dice: «Disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia, con objeto de detectar y enfrentar las amenazas definidas por la Política de Defensa Nacional, así como otras amenazas al Estado».

A nosotros, al igual que al presidente de la república, que es quien envía el proyecto de ley, nos parecía mejor que se estableciera concretamente que se trata de enfrentar las acciones de grupos terroristas nacionales e internacionales. Esas son las amenazas. Para eso tenemos las inteligencias. De manera que no entendemos la modificación que se ha establecido en la Cámara de Representantes por los legisladores del Frente Amplio, que no acompañaron la propuesta del Poder Ejecutivo. La verdad es que se ha tratado de darnos una explicación –que, a mi juicio, no es suficiente– en el sentido de que esto estaría comprendido en las políticas de defensa nacional. Pero ¿por qué no decimos claramente que se trata de estas amenazas del terrorismo internacional y nacional, además de las amenazas que tenemos del lavado de dinero que a veces se produce? Tenemos que tener una inteligencia eficaz en ese sentido, que detecte y enfrente muchos de estos movimientos a nivel internacional y nacional. Por lo tanto, para nosotros era importante que se aprobara la redacción que vino del Poder Ejecutivo y no la modificación que se introdujo en la Cámara de Representantes.

Pero, vuelvo a decir, sin perjuicio de esta observación –porque va a haber instancias de modificación de este proyecto de ley–, es bueno que el país tenga este Sistema de Inteligencia Estratégica de Estado. Lo que no nos parece correcto es que al secretario solamente se le encomiende coordinar; creemos que tiene que dirigir la estrategia del Estado. Cada uno dirigirá la especialidad que tenga, pero el secretario tiene que dirigir, no coordinar, porque, si no, simplemente es tratar de pasarse información. No es ese el concepto que tenemos. El secretario de este sistema de inteligencia del Estado es alguien que dirige la inteligencia: la militar, la policial, la económica y la de relaciones exteriores. Es una figura muy importante, pero al encomendarle solamente la coordinación, a nuestro juicio, se disminuyen sus cometidos. Naturalmente, insisto, vamos a tener oportunidades en el futuro de poder modificar este proyecto de ley, porque hemos votado leyes que de alguna manera tratan de defendernos frente a la utilización de nuestro país como plaza financiera para el lavado de dinero de delitos internacionales.

Por eso, señora presidenta, vamos a acompañar este proyecto de ley.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: este proyecto de ley es muy importante, establece y regula el sistema de inteligencia estratégica de Estado y, además, su regulación. Es resultado de un largo proceso de trabajo que viene desde el período de gobierno anterior, cuando se desarrolló una comisión bicameral que estuvo analizando y trabajando en este punto. El señor senador Carrera hizo referencia a los antecedentes.

En lo que refiere al Partido Independiente, el señor diputado Iván Posada trabajó tanto en la comisión bicameral, en el período pasado, como ahora en la comisión de la Cámara de Representantes, que termina aprobando el proyecto que fue luego votado por el plenario de dicha cámara.

Tiene mucha actualidad, obviamente, en el mundo en que vivimos. Ciertamente, es clave para cualquier Estado democrático tener una regulación y un ordenamiento de lo que suponen las tareas de inteligencia de Estado. En todo caso, la Comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar, desde 1985 a la fecha, que funcionó en la Cámara de Representantes hasta hace muy poco tiempo, puso en evidencia la gravedad que implica la ausencia de control, desde el Estado democrático, de las actividades de este tipo, control que implica su ordenamiento, el conocimiento de los contenidos de la inteligencia en todas sus dimensiones y también la certeza de que no hay desviaciones en cuanto a cuáles son sus tareas.

En ese sentido, además, se contó con aportes de catedráticos de Derecho Público de prestigio reconocido, como los doctores Martín Risso Ferrand y Juan Pablo Cajarville.

De manera que nos sentimos muy identificados con este proyecto de ley, y el aporte de nuestro representante en la Cámara de Diputados fue muy relevante para corregir cosas que venían del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y que, a nuestro modo de ver, requerían algunos ajustes, si bien también es bueno reconocer que el Poder Ejecutivo había tomado como base el anteproyecto de ley del período anterior de la comisión bicameral.

Uno de los aspectos que para nosotros era particularmente relevante es que esta dirección del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y la secretaría que se crea no estuvieran en Presidencia de la República. Para nosotros este era un punto absolutamente neurálgico. Creemos que desde hace muchos años hay una práctica indebida, diría que contradictoria con la Constitución de la república, que consiste en ir incrementando las áreas o reparticiones, secretarías, unidades reguladoras, etcétera, en Presidencia de la República, convirtiéndose esta en una especie de superministerio, que además la Constitución no prevé, con el agravante de que todo lo que está en Presidencia de la República, por definición, queda fuera del control parlamentario. Entonces, que la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado quedara en Presidencia de la República y, por tanto, fuera del control parlamentario, era realmente inaceptable.

Ahí se encontró una fórmula, planteada por el señor diputado Posada, que conformó a la mayoría de la comisión –no a todos– y de la Cámara de Representantes. La idea era crear un órgano desconcentrado, dependiente del Poder Ejecutivo, en el que se estableciera una coordinación de los cuatro ministerios que tienen vinculación con las tareas de inteligencia, es decir, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores. De esta forma, la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado queda en un ámbito desconcentrado y a través de cualquiera de estos ministerios puede ser objeto de control parlamentario. De manera que puede ser objeto de convocatoria a sala, cosa que no hubiera ocurrido si hubiera quedado radicada en Presidencia de la República.

Esta creación del órgano desconcentrado, a nuestro modo de ver, cumple debidamente con la necesidad de que el órgano esté radicado y vinculado al Poder Ejecutivo –no a Presidencia de la República, sino al Poder Ejecutivo–, porque el presidente actúa en acuerdo con estos cuatro ministerios. Por lo tanto, el órgano desconcentrado puede ser llamado a responsabilidad por el Parlamento a través de cualquiera de los cuatro ministerios que componen la coordinación con ese órgano desconcentrado.

En segundo lugar, otro de los acuerdos que también generó alguna discusión implica que la función sea de coordinación. Desde nuestro punto de vista, está bien que la función sea de coordinación y no de conducción porque, en realidad, los servicios de inteligencia de cada uno de los ministerios tienen un nivel de funcionamiento que dificulta establecer un órgano jerárquico de conducción, aunque sí puede existir la coordinación en un sentido fuerte del término. Es decir que la tarea de intercambio de información entre los distintos organismos que tienen a su cargo las funciones de inteligencia, se podrá realizar a través del secretario –la figura fuerte– que, más que conducir, deberá coordinar con el conjunto de los organismos encargados de la función de inteligencia.

En tercer término, me voy a referir a la forma de designación. Nos parece que hubo un avance muy significativo en el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes, porque en su origen la propuesta era por designación directa del presidente de la república. Esto fue corregido y se terminaron aprobando los mecanismos que regulan actualmente las venias para las designaciones de los directores de los entes autónomos; esto significa que el Senado, por mayoría de tres quintos, debe otorgar la venia a la propuesta del Poder Ejecutivo, pero si no se llega a esa mayoría, luego de un plazo de treinta días se adopta el criterio de la mayoría absoluta del Cuerpo. Esto se hace para evitar el trancazo y para que, de no llegarse a la mayoría especial, no se produzca una situación de vacío en cuanto al ejercicio del cargo.

A este respecto, me gustaría agregar que es importante que el período no sea coincidente con el período de gobierno –me refiero a una intervención que, por vía de interrupción, hizo el señor senador Bordaberry–, es decir, que sea de seis años. ¿Por qué? Por las características de estas funciones. Nos parece que lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, con el Banco Central del Uruguay. Tiene que haber funciones dentro del Estado que puedan despegarse o desatarse de una gestión o de un período estrictamente gubernamental debido a sus características, a las tareas que se desempeñan y a la autonomía que deben tener, sin perjuicio del control.

De cualquier manera, el presidente de la república tiene la potestad de cesar al secretario, en cuyo caso deberá proponer un nuevo nombre que, a su vez, tendrá que contar con una mayoría especial del Senado o, luego de treinta días, con una mayoría absoluta del Cuerpo.

Creo que en este sentido no existe ningún riesgo por el hecho de que se nombre a un secretario de inteligencia por seis años estando al final de un período; esto no va a determinar una intención o la pretensión de atarlo al próximo período de gobierno. Digo esto, porque el próximo presidente –sea quien sea y pertenezca al partido que pertenezca– simplemente tendrá la posibilidad de cesar a dicho secretario si no le tiene confianza y promover un nuevo nombre alternativo, que sí durará ya no solo para ese período sino, incluso, hasta el comienzo del siguiente, que ocurriría a partir de 2025. En definitiva, esto es algo que no me preocupa; por el contrario, me parece bueno que empecemos a contar con órganos o jerarcas cuyos cargos tengan una duración diferente a la del propio período de gobierno.

Por último, me quiero referir al control parlamentario. Es absolutamente indispensable que exista un control del Parlamento de manera permanente –más allá del llamado a sala, a comisión, etcétera– y una comisión de la Asamblea General, que se crea en este proyecto de ley, encargada de mantener un vínculo permanente con la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, de tal forma que el Poder Legislativo pueda hacer un seguimiento permanente de sus tareas con los consiguientes resguardos, que tienen que ver con la debida reserva a que deben atenerse los legisladores cuando se trata de materias tan delicadas, como son las relacionadas con la inteligencia.

Entiendo la preocupación que planteó el señor senador García con respecto a quién determina esas obligaciones, pero asumo que en realidad las normas de seguridad deberán ser de carácter legislativo, es decir que el propio Parlamento establecerá los resguardos pertinentes, de forma tal que no ocurra una indebida injerencia del Poder Ejecutivo en los legisladores y su derecho a la reserva.

En definitiva, me parece que es un proyecto de ley muy importante que se ha construido sobre la base de un diálogo profundo desarrollado a nivel de la Cámara de Representantes. De todas maneras, lamento que los plazos constitucionales determinaran la dificultad de no haber podido realizar el debate en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado –como debió haber sucedido–, pero los tiempos que estamos manejando refieren a la imposibilidad de crear cargos y erogaciones durante el último año del período de gobierno. Lo cierto es que hemos estado bastante atorados –es un tema para la reflexión de todos–, con leyes que llegan cruzadas y se votan casi a tapas cerradas. Como decía el señor senador Heber, hemos pasado a trabajar con una lógica casi unicameral –la misma queja se debe estar planteando en la Cámara de Representantes– porque se están votando proyectos de ley que fueron discutidos mucho en una cámara y menos en la otra. Nosotros no hemos tenido problemas porque el diálogo mantenido con el señor representante Posada durante todo el proceso de discusión del proyecto de ley en la otra cámara nos permitió llegar al Senado con tranquilidad, pero esa no es la lógica de un funcionamiento bicameral. Tal vez hubiera sido necesaria una previsión mayor, como para saber con más tiempo cuáles eran las leyes que tenían esta deadline del 27 de octubre. De pronto, ello nos hubiera permitido llegar con más aire –esto supone una autocrítica porque también formamos parte de la coordinación en el Senado– para poder discutir con mayor tranquilidad no solo este sino una serie de proyectos de ley que hemos venido considerando.

Por último, quiero dejar establecido que el único punto que el Partido Independiente no va a votar es el literal G) del artículo 11 porque –tal como señalaba el señor senador Heber– se eliminó la referencia que venía en el texto del Poder Ejecutivo –no entendemos por qué la bancada del Frente Amplio estableció eliminarla– con respecto a las amenazas o riesgos que el Estado puede sufrir. Como se decía en dicho literal, esta secretaría en particular debería detectar y enfrentar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales. Me parece que la referencia era más que pertinente y habría sido necesario mantenerla; sin embargo, la bancada del Frente Amplio –ahí sí, en solitario– la eliminó y no entendemos por qué.

En consecuencia, vamos a pedir que se desglose el literal G) del artículo 11 porque tal como está redactado no lo vamos a acompañar.

En síntesis, creo que se trata de un proyecto de ley muy importante que ha sido objeto de un trabajo significativo a nivel legislativo y ha logrado controlar algunas referencias que venían en la iniciativa del Poder Ejecutivo y que podrían haber significado un retaceo del contralor legislativo, que en esta materia es absolutamente sensible e indispensable.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: voy a ser breve.

Quiero decir que este es un buen proyecto porque reconoce el antecedente de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados en el período pasado por el entonces diputado José Amy, de Soriano, que iba en este mismo sentido, sobre el que se trabajó muchísimo y que estuvo a punto de ser aprobado allí. Por lo tanto, creo que es bueno que se apruebe la iniciativa. Sin embargo, no quisiera que las sugerencias de cambio –no las consideremos críticas– opaquen ni por un instante la opinión que tenemos en cuanto a que este es un buen proyecto de ley.

Digo que es un buen proyecto de ley porque creo que moderniza y, sobre todo, plantea a todo el sistema político una forma de trabajar con responsabilidad. Es muy bueno que haya un control parlamentario –pero no cualquier control parlamentario– por el que se informe al Parlamento de determinadas actividades del Poder Ejecutivo vinculadas a la inteligencia. En los hechos, ese control ya empezó a funcionar en este período. Recordarán los señores senadores que integramos la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia que en más de una ocasión vinieron al Parlamento los señores ministros a informarnos, por ejemplo, de las medidas que estaba tomando el Gobierno en materia de prevención de actos que podrían ocurrir en la zona y en el mundo. Obviamente, no era conveniente que esa información se hiciera pública porque, entonces, quienes estaban dispuestos a cometer esos actos estarían prevenidos y podrían tomar medidas. Lo que con mucha responsabilidad se resolvió en coordinación con los señores ministros en esas sesiones de la comisión, fue que fueran secretas, que nos informáramos e hiciéramos sugerencias y que, con base en la promesa que todos hacemos cuando asumimos como senadores, guardáramos la confidencialidad. Todos sabemos que esas cosas no podemos comentarlas a nadie, ni siquiera dentro del partido. Y si nuestros compañeros de partido nos pusieron ahí, tienen que confiar en que vamos a controlar adecuadamente y no se lo vamos a hacer saber a nadie porque así funciona este sistema; pero es mucho mejor que el sistema funcione con el conocimiento de quien está en el Poder Ejecutivo, así como con el conocimiento de quienes estamos en el Poder Legislativo, controlando al primero. Ese es el motivo de mi sugerencia respecto al artículo 12. Si vamos hacia este sistema de control compartido, donde la información la tienen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no sería mejor que quien esté al frente de esta secretaría cuente con el apoyo de los tres quintos de esta cámara? Aunque pienso que sería mejor que tuviera la unanimidad; ese debería ser un buen camino.

Coincido con el señor senador Mieres en que es mejor que trascienda los períodos de gobierno, pero acá se da una rara coincidencia: se establecen seis años, no siete ni tres ni cuatro. Se ponen seis años cuando queda uno y restan los cinco del período que viene. Por más que esté incluida la facultad de removerlo del cargo, todos sabemos que esas remociones, además de tener que ser fundadas y comunicadas a la Asamblea General, no son buenas, siempre son complicadas y problemáticas. De todas formas, por más que la bancada oficialista no lo vaya a cambiar, aunque intente convencerla, sería bueno que hiciéramos un esfuerzo para conseguir esos tres quintos rápidamente, para que quien trabaje en esa tarea durante ese lapso pueda hacerlo con proyección. En ese sentido, me permito hacer una sugerencia respecto de los muy buenos artículos que contiene el proyecto en cuanto a la información. Acá hay una norma que quizás sea fruto de lo que nos cuesta empezar a caminar en esta nueva institucionalidad de los servicios de inteligencia; me refiero al artículo 26.

El artículo 27 dice claramente que los legisladores que integren la comisión de control tendrán la obligación de guardar secreto, de lo contrario, se les aplicará las sanciones del artículo 115 de la Constitución, etcétera. En el inciso 3.º del artículo 26 se establece que el Poder Ejecutivo podrá negar, en algunos supuestos, información a esa comisión parlamentaria y los motivos que se esgrimen son bastante sensatos. Se dice que se podrá negar la información por motivos imperativos de protección a las fuentes o de protección de la identidad de terceros, o en el caso en que se vea afectado el núcleo de actuación esencial por el ejercicio de su responsabilidad ejecutiva, y finalmente se expresa que se deberá fundamentar esta decisión ante la comisión.

Sin embargo, esto es así de claro: o nos tenemos confianza, o no nos tenemos confianza. ¿Por qué quien está en el Poder Ejecutivo puede tener acceso a la información y quien está en el Poder Legislativo no? Todos tenemos la misma responsabilidad. Si vamos a guardar confidencialidad, no debería haber fisuras por donde se pueda colar el no acceso a la información. Es un poco lo que está pasando con la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. Se está volviendo una suerte de costumbre para algunos jerarcas decir: eso es confidencial y por eso no lo doy, entonces, se obliga a ir a los juzgados para que el juez dé la información. Pero acá hay un problema y es que establecemos que hay determinada información que el Poder Ejecutivo puede no dar, alcanza con que fundamente ante la comisión por qué no la da y no existe una vía para exigirla, si es que no está dentro de estas previsiones. Me parece que sería bueno que –al igual que sucede en países como Estados Unidos– quien esté en el Parlamento tenga el mismo acceso que quien esté en el Poder Ejecutivo y actúe con la misma responsabilidad porque hay confianza en el sistema político; en cambio, acá estamos diciendo que se confía, pero hasta ahí nomás.

De todos modos, repito: que estas estas sugerencias no empañen ni por un momento las bondades que tiene este proyecto de ley que vamos a acompañar.

Muchas gracias.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: creo que el informe dado por el miembro informante fue muy bueno y completo, así como lo que plantearon nuestros compañeros de bancada con relación al proyecto de ley.

Quiero hablar en términos políticos de este proyecto de ley. Un sistema nacional de inteligencia tiene que ver con temas de defensa estratégica nacional. Este es un tema de defensa nacional. Cuando uno habla de defensa nacional no solo se refiere al componente militar; la defensa nacional es la inteligencia del Estado en función de la defensa de la nación.

Bienvenido este proyecto de ley que no es un tema nuevo en la discusión de los parlamentarios. La necesidad de crear una comunidad de inteligencia –hablar de un sistema de inteligencia es, precisamente, crear una comunidad de inteligencia–, justamente es para coordinar entre sí los elementos fundamentales de la defensa nacional que no son solo el componente militar o el componente estratégico a él vinculado. Esto se discutió cuando se debatió la Ley Marco de Defensa Nacional en el Parlamento; en todo ese proceso se introdujo la necesidad de crear una comunidad de inteligencia y romper con los compartimentos estancos que existían en el Estado sobre el tema de la inteligencia. Por un lado, teníamos la inteligencia militar; por otro, la inteligencia del Ministerio del Interior que tiene que ver con los crímenes en la sociedad; por otro, la inteligencia que hace el Banco Central del Uruguay y, por otro, la del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y cada uno trabajaba por su lado y hacía lo que entendía que era lo mejor para el país. Por eso, este proyecto de ley es fundamental porque crea el Sistema Nacional de Inteligencia. En función de todos los artículos del proyecto lo que crea es una comunidad de inteligencia con un coordinador de inteligencia y eso es lo que se exige, y se tiene, en el mundo moderno. Incluso, hay países que tienen oficinas centrales de inversión que llevan adelante la inteligencia estratégica. Por ejemplo, en Australia no se habilita ninguna inversión si esa oficina que tiene que ver con la inteligencia estratégica del Estado no avala la inversión.

Cuando viene una inversión extranjera, tiene que hacer un proceso de estudio relacionado con la inteligencia del Estado. Y allí es donde funciona la comunidad de inteligencia. Por un lado, la inteligencia de defensa nacional busca información acerca de la procedencia de los vínculos de esa empresa, así como también lo que tiene que ver con la propia unidad de inteligencia financiera del Banco Central de Australia, que nosotros también tenemos. Me refiero a la UIAF –Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central–, que no solo tiene que ver con el lavado de activos, con el crimen organizado o con los oficiales de cumplimiento que están en los bancos, en los cambios y que pasan información por actividades sospechosas que pueda haber en cuentas bancarias. La unidad de inteligencia financiera también hace cruzamiento de inteligencia con otras unidades del mundo para saber acerca de las inversiones que vienen a hacerse en Uruguay, que registran aquí o que piden ingreso a nuestro país, así como de la procedencia de los montos, cómo operan en otros países y si han beneficiado sus economías. Eso es inteligencia de defensa. Es por esa razón que digo que hablar de defensa es hablar de comunidad de inteligencia y no tiene que ver solo con el componente militar.

En ese sentido, la situación de Uruguay era obsoleta porque tenía compartimentos estancos. Por un lado, tenía una inteligencia y por otro, otra. Creo que este proyecto es muy bueno para el desarrollo del Estado nación. A su vez, también está relacionado con los recursos estratégicos naturales. ¡Por supuesto! Y eso también tiene que ver con la inteligencia.

Y cuando se hace inteligencia, se hace contrainteligencia porque ahí está el componente. Por eso se habla de un coordinador de inteligencia y no de un director, porque de cada unidad debe hacer contrainteligencia. Esa es la única manera de saber si la inteligencia trabaja correctamente. Aclaro que esto no significa espionaje de unos contra otros, ya que podría creerse que uno espía y el otro le hace un contraespionaje. Eso existe en el mundo y va a existir siempre. Se hace en defensa y también en interior para tener conciencia de cómo operan los actores del delito dentro de la sociedad y de qué forma se trabaja en ese aspecto.

Hay que resaltar que esto también se hace en el mundo económico y financiero. No hay una empresa seria en el mundo que se desarrolle como corporación –sobre todo las corporaciones transnacionales que, a veces, tienen mucho más poder que el Estado–, que no haga inteligencia económica, inteligencia financiera, inteligencia y contrainteligencia de todo tipo para saber si la información que se maneja es la correcta. Pero, además, esto se realiza entre compañías.

En el caso de Estados como el nuestro, que es pequeño, de economía pequeña, que está subordinado al movimiento del mundo y que depende de los mercados internacionales, se debe tener una comunidad de inteligencia. Digo esto porque hay empresas que tienen comunidades de inteligencia mucho más poderosas que cualquier Estado y que, incluso, hacen espionaje contra otras empresas por la competencia en determinados temas. Es el caso de las patentes de las semillas, elemento fundamental de inteligencia, o lo que tiene que ver con los recursos naturales estratégicos y las reservas que poseen los países.

Es por esa razón que voy a acompañar con mucho gusto el proyecto de ley, más allá de que algunos señores senadores hayan cuestionado algunos artículos.

La tendencia global en el mundo es que el director o el coordinador de inteligencia trasciendan un período de gobierno. Considero que es correcto que ocupe ese cargo durante seis años. Repito, es correcto. También me parece correcto que haya mayorías parlamentarias que así lo avalen. Así es la tendencia en la legislación comparada de los países a nivel mundial. A su vez, considero correcto que se realice control parlamentario y que haya un coordinador encargado de la comunidad de inteligencia. Por esa razón, reitero, esa comunidad de inteligencia tiene que trabajar en conjunto.

Las unidades de inteligencia financiera del Banco Central hacen un trabajo importante, pero esa información también tiene que cruzarse y coordinarse con lo que pueda hacer Defensa Nacional en materia de amenazas permanentes o emergentes que tiene la sociedad, en materia de riesgo estratégico. El terrorismo internacional no solo es el que uno conoce, con bombas o atentados violentos. Hay otro tipo de terrorismo que tiene que ver con el funcionamiento de las inversiones transnacionales en determinados Estados, que financian otras cosas que no son buenas para los Estados.

Es por eso que compartimos totalmente el proyecto de ley, más allá de algunos artículos cuyo desglose van a solicitar los compañeros que integran la comisión. Compartimos sus cuestionamientos, pero más allá de eso, damos la bienvenida a esta ley después de tanto tiempo. Ya han transcurrido dos períodos parlamentarios y medio en que hablamos de crear una comunidad de inteligencia, con un sistema nacional de inteligencia que trabaje en esta materia y que rompa aquellos viejos compartimientos estancos que funcionaban en el Estado nacional oriental.

Por lo tanto, vamos a acompañar este proyecto de ley, lo compartimos y creemos que es una gran herramienta. Más adelante lo iremos evaluando a medida que vaya funcionando. El Parlamento tendrá las potestades necesarias para corregir lo que no funcione.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Gracias, señora presidenta.

Quiero repasar lo que decían los señores senadores hace unos instantes. El señor senador Saravia manifestaba que esta es una ley fundamental. Por su parte, el señor senador Bordaberry opinaba que el proyecto de ley es muy bueno. Cuando el señor senador Heber hizo uso de la palabra dijo que se trata de un proyecto de ley necesario y que hacía mucho tiempo que el sistema político señalaba la necesidad de esta norma. Por tanto, creo que hay que saludar el hecho de que tengamos una percepción compartida acerca de la necesidad de la norma. Eso es muy bueno.

En cuanto a algunas manifestaciones hechas por algún señor senador o a alguna preocupación señalada en torno de algún artículo, quiero decir que considero que la norma está muy bien. No estoy invitando a que la voten pensando en que ya hay que modificarla. Repito, creo que la norma está muy bien.

El señor senador Mieres señalaba, por ejemplo, que en el literal G) del artículo 11 se suprimió lo referido al terrorismo. Quiero leer lo que establece la norma, señora presidenta. Ese literal establece: «Disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia, con objeto de detectar y enfrentar las amenazas definidas por la Política de Defensa Nacional, así como otras amenazas al Estado».

En primer lugar, considero que la redacción que viene de la Cámara de Representantes es mucho más amplia, más globalizadora y abarca el terrorismo, que es una de las amenazas que están definidas por la política de defensa nacional.

En segundo término, tal como señaló el señor senador García, en este Cuerpo tenemos la ley relativa al terrorismo, sobre la que debemos trabajar. Pero creo que esta redacción es mucho más amplia y nos da garantías a todos.

Con relación al artículo 12, hace unos instantes le contesté al señor senador Bordaberry lo que pienso respecto al tema. Me parece que esta es una solución, con la lógica establecida de acuerdo con nuestra Constitución de la república.

En cuanto a lo que señalaba el señor senador García del artículo 27, hay que dejar claro que el Poder Ejecutivo no va a establecer ningún límite a los legisladores. Este artículo es una remisión al artículo 115 de la Constitución, que es muy claro: cada uno de nosotros es responsable ante la cámara. Quiere decir que los que estamos aquí somos responsables ante el Senado y los diputados lo serán ante la Cámara de Representantes.

Creo que, en principio, no hay que reglamentar y adhiero más a la lógica del señor senador Mieres. Considero que se puede trabajar a través de una ley o de un reglamento específico de cada cámara. Sería muy bueno, entonces, establecer en negro sobre blanco cuáles son nuestras obligaciones.

En principio, aquí, el Poder Ejecutivo no va a establecer ningún límite a los legisladores. Nosotros ya tenemos una serie de derechos y de obligaciones que están establecidos en la Constitución de la república y en los Reglamentos de los respectivos Cuerpos.

Por tanto, me parece que han sido respondidas las preocupaciones planteadas por los señores senadores.

Lo que propongo, señora presidenta –con autorización de nuestra coordinadora–, es que se vote en bloque el proyecto de ley, se suprima la lectura y luego se desglosen los artículos que solicitaron los señores senadores. El señor senador Mieres pidió desglosar el literal G) del artículo 11. También se solicitó desglosar los artículos 12 y 39.

En consecuencia, propongo que se desglose el literal G) del artículo 11, así como los artículos 12 y 39. Luego pasaríamos a votar en bloque. A su vez, solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de 5.º año de la Escuela n.º 96 del departamento de Maldonado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, con excepción del literal G) del artículo 11 y de los artículos 12 y 39.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1.º a 41, con excepción del literal G) del artículo 11 y de los artículos 12 y 39.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el literal G) del artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 39.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

15) CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y SU PROTOCOLO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, suscritos en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 8 de setiembre de 2017. (Carp. n.º 1163/2018 - rep. n.º 743/18).

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: este convenio fue aprobado por la Cámara de Representantes y por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que recomienda al Cuerpo su aprobación.

Se trata de un convenio muy similar a todos los votados desde este punto de vista, que incorpora lo que es la tendencia mundial en materia tributaria –particularmente en lo que refiere a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio– y está orientado a facilitar y favorecer la inversión, así como el comercio internacional.

Las administraciones tributarias de los diferentes países son conscientes de que el comercio internacional puede ser una fuente de evasión y de fraude fiscal toda vez que resulte difícil acceder a los libros y documentos que respaldan determinados negocios y cuando estos se encuentran más allá de las fronteras del domicilio del contribuyente. Por eso, los países han optado por suscribir este tipo de tratados que aspiran, por un lado, a tutelar que las administraciones tributarias de los Estados contratantes tengan acceso a la información requerida para detectar la evasión y los fraudes fiscales que eventualmente se produzcan, en virtud de negocios o de inversiones realizados fuera del domicilio fiscal del contribuyente; y, por otro lado, a tutelar a los contribuyentes para que al realizar negocios o efectuar inversiones en otros países no resulten castigados a través de la doble tributación, esto es, que deban tributar en el país donde se realiza la inversión, además de aquellos tributos que el contribuyente ha de pagar en el país donde se encuentra su domicilio fiscal.

Este instrumento tiene el objetivo de promover la cooperación internacional en esta materia, a través del intercambio de información, y de eliminar los efectos provenientes de la doble imposición, con la finalidad de promover y proteger las relaciones económicas y comerciales.

Nuestro país ha adoptado estándares internacionales en la materia, en el marco de la OCDE, e integra el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales desde que se fundó dicha organización.

Este convenio forma parte de ese compromiso asumido por la república en materia de cooperación fiscal internacional y, como dijimos al principio, se alinea con los tratados vigentes y sigue los estándares en la materia. En ese sentido, contempla el intercambio de información fiscal entre los Estados partes, siendo estrictamente confidencial la información proporcionada, como en todos estos convenios, pero siempre lo destaco porque es relevante.

El contenido estándar refiere, en término generales, a intercambio previo de requerimiento de información fiscal que sea relevante para la administración y aplicación de los tributos del otro Estado parte; a inexistencia de restricciones cuyo fundamento sea el secreto bancario o la falta de interés fiscal para el Estado que deba obtener o proporcionar la información; a disponibilidad de información confiable y de los medios para obtenerla, y al manejo confidencial de la información proporcionada por cada Estado parte.

Este instrumento prevé, además, un conjunto de cláusulas que incorporan los mecanismos necesarios para eliminar los efectos indeseados de la doble imposición.

Para hacer viable su aplicación, se efectúan definiciones en materia de residencia fiscal y se establecen los impuestos que serán objeto de la eliminación de la doble imposición internacional.

El artículo 1.º del convenio define quiénes son las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

Los impuestos que son objeto del tratado para el caso uruguayo se encuentran detallados en el artículo 2 y refieren al impuesto a las rentas de las actividades económicas, el impuesto a las rentas de las personas físicas, el impuesto a las rentas de los no residentes, el impuesto de asistencia a la seguridad social y el impuesto al patrimonio.

Asimismo, se definen los términos que se utilizan en el instrumento, a fin de darles un sentido único y conocer su alcance, y también se establecen los métodos para evitar la doble imposición, el método de solución de controversias y los mecanismos de intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados contratantes.

El acuerdo consta de un preámbulo, siete capítulos que comprenden veintinueve artículos y un protocolo.

Solamente voy a enunciar los títulos de los siete capítulos, porque los artículos simplemente refieren a cada uno de ellos: capítulo I, «Ámbito de aplicación del convenio»; capítulo II, «Definiciones»; capítulo III, «Imposición de las rentas»; capítulo IV, «Imposición del patrimonio»; capítulo V, «Métodos para eliminar la doble imposición»; capítulo VI, «Disposiciones especiales», y capítulo VII, «Disposiciones finales».

Como dije, estos son los siete capítulos –conformados por veitinueve artículos– que tiene este convenio, cuya aprobación por parte del Cuerpo recomienda la unanimidad de la comisión.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota). 

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 8 de setiembre de 2017».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

16) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑORA PRESIDENTE.- Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: solicitamos al Cuerpo que se posponga la consideración de este asunto hasta la primera sesión regular del mes de noviembre –tal como lo acordamos en la Comisión de Asuntos Internacionales–, porque tanto esta venia como el proyecto de ley relativo al Estatuto de los Funcionarios del Servicio Exterior serán informados por la señora senadora Mónica Xavier.

Pido, entonces, que la solicitud de acuerdo para designar a la señora Victoria Francolino Slepak como embajadora se pase a la primera sesión regular del Senado del mes de noviembre.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) DOCTORAS ELIANA TRAVERS SUÁREZ Y VALENTINA SÁNCHEZ OSORIO. DESIGNACIÓN COMO FISCALAS LETRADAS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de designar:

– en calidad de fiscala letrada departamental, escalafón N, a la doctora Eliana Travers Suárez.

Carp. n.º 1162/2018 - rep. n.º 746/18

– en calidad de fiscala letrada suplente departamental, escalafón N, a la doctora Valentina Sánchez Osorio.

Carp. n.º 1185/2018 - rep. n.º 749/18»

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión la carpeta n.º 1162/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar fiscala letrada departamental a la doctora Eliana Travers Suárez.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: si se me permite, aprovecho el uso de la palabra para fundamentar, en simultáneo, la carpeta n.º 1162/2018, correspondiente a la designación de la doctora Eliana Travers Suárez como fiscala letrada departamental, y la carpeta n.º 1185/2018, por la que se designa a la doctora Valentina Sánchez Osorio como fiscala letrada suplente departamental.

Ello se debe a que la Comisión de Asuntos Administrativos recibió la solicitud de venia para promover a estas dos fiscalas, pertenecientes al escalafón N, y comprobó que en ambos casos se verificó el cumplimiento de todas las normas, no encontrando dificultades en el seguimiento de los procedimientos para su designación.

Queremos comentar algo que se ha vuelto una costumbre en la Fiscalía General de la Nación: antes de proponer los ascensos a fiscales se procede a un llamado a concurso de oposición y méritos, y se escoge a los candidatos a promover después de tener los resultados de dichos concursos.

En este caso, la fiscala letrada departamental concursó a fines del año 2017, y la fiscala letrada suplente departamental realizó su concurso este año. Tanto la doctora Traversa como la doctora Sánchez han aprobado las exigencias establecidas en esos concursos y han tenido las correspondientes prelaciones en los fallos.

A la fiscala letrada departamental cuyo nombre se propone obtuvo el lugar quince, pero como los catorce anteriores están ocupados, corresponde su promoción.

En cuanto a la doctora Sánchez, debemos decir que fue la única aspirante que aprobó las exigencias del concurso.

Por lo tanto, tenemos la garantía de que en ambos casos se ha seguido la norma del proceso, con el agregado –insisto– de esta costumbre que lleva adelante la Fiscalía General de la Nación de hacer concursos para promover a los aspirantes, por lo que sugerimos al Senado que proceda a la votación de las designaciones propuestas en ambas carpetas.

Era cuanto quería comentar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.º 1162/2018.

(Se lee). 

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Departamental (Escalafón “N”) a la doctora Eliana Travers Suárez».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.º 1185/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar fiscala letrada suplente departamental, escalafón N, a la doctora Valentina Sánchez Osorio.

A esta carpeta ya se ha referido el miembro informante, señor senador Garín.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrada Suplente Departamental (Escalafón “N”) a la doctora Valentina Sánchez Osorio».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18)SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A TRES FUNCIONARIOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día.

(Así se hace. Son las 12:17).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 12:27). 

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 12:27, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Álvarez, Ayala, Berterreche, Carrera, Castaingdebat, Castillo, De León, Draper, Ferreira, Gallicchio, Garín, Gomori, Heber, López Villalba, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Pintado, Saravia y Tourné). 

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente 

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario   

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos 

Control División Diario de Sesiones del Senado 

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.