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N.º 32 - TOMO 586 - 25 DE SETIEMBRE DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

32.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO 

1) Texto de la citación 

2) Asistencia 

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes 

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública relacionado con datos sobre accidentes cerebrovasculares en el Uruguay.

• Oportunamente fue tramitado.

 5) Reiteración de pedido de informes 

• A solicitud del señor senador Camy, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el artículo 6.º de la Ley n.º 19247 y su articulación e instrumentación.

6) Inasistencias anteriores 

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Passada y Lacalle Pou.

– Quedan convocadas las señoras senadoras Lazo y Argimón.

8) Régimen de trabajo 

• El Senado resuelve declarar urgentes y considerar de inmediato los siguientes asuntos: por el que se declara de interés los Centros o Servicios de Referencia en Salud, y por los que se prorroga el subsidio por desempleo a los extrabajadores de Fanapel S. A., Liderliv S. A y Comital S. A., y a los de la Cooperativa Textil Puerto Sauce.

9) Centros o Servicios de Referencia en Salud

– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Fanapel S. A., Liderliv S. A. y Comital S. A. 

– Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo para sus extrabajadores.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Cooperativa Textil Puerto Sauce 

– Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo de sus extrabajadores.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017

– Discusión particular del proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

13) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 24 de setiembre de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana martes 25 de setiembre, en régimen de cuarto intermedio, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Continuar con la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017.

Carp. n.º 1150/2018 - rep. n.º 706/18 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII y LIII.

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alcorta, Amorín, Argimón, Aristimuño, Aviaga, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Camy, Carrera, Castillo, Coutinho, Delgado, Eguiluz, García (Graciela), García (Javier), Heber, Lamorte, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Payssé, Saravia y Xavier; ingresa posteriormente por licencia del titular, el señor senador Gallicchio.

FALTAN: la señora Lucía Topolansky, por encontrarse en ejercicio de la presidencia de la república; con licencia, los señores senadores Alonso, Bordaberry, Cardoso, De León, Garín, Lacalle Pou, Moreira, Pintado y Tourné, y a partir de las 14:00 el señor senador Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:03).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Pablo D. Abdala, con destino a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, relacionada con las interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con los eventos a estudio del Comité de Bioseguridad.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR BESOZZI.

El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el artículo 6.º de la Ley n.º 19247 y su articulación e instrumentación.

–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con datos sobre accidentes cerebrovasculares en el Uruguay.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes). 

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5) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Camy, del que se diera cuenta en los asuntos entrados.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del 24 de setiembre faltó sin aviso el señor senador Lamorte.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, martes 25 de setiembre de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del literal D) –ausencia en virtud de obligaciones notorias– del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, el día 2 de octubre del presente año.

Saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Ivonne Passada. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Zulimar Ferreira ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Sandra Lazo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 25 de setiembre de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día 25 de setiembre del corriente año, por motivos personales.

Sin más, lo saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Armando Castaingdebat ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se traten en forma grave y urgente los siguientes proyectos de ley:

– por el que se dictan normas para la designación y funcionamiento de los Centros o Servicios de Referencia en Salud que garanticen la equidad en el acceso a la atención de calidad de patologías complejas, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. (Carpeta n.º 755/2017);

– por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por un plazo de hasta doce meses el subsidio por desempleo para los extrabajadores de la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel S. A.), Liderliv S. A. y Comital Uruguay S. A. (Carpeta n.º 1174/2018);

– por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por un plazo de hasta doce meses el subsidio por desempleo para los extrabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce. (Carpeta n.º 1176/2018)». (Firma el señor senador Juan Castillo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota). 

–20 en 22. Afirmativa.

Que se repartan.

9) CENTROS O SERVICIOS DE REFERENCIA EN SALUD

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a considerar el primero de los asuntos cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se dictan normas para la designación y funcionamiento de los Centros o Servicios de Referencia en Salud que garanticen la equidad en el acceso a la atención de calidad de patologías complejas, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. (Carpeta n.º 755/2017 - rep. n.º 709/18)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: este proyecto de ley regresa a esta cámara con una sola modificación, que es la incorporación de un representante de los prestadores integrales de salud en la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia en Salud, cuya creación figura en el artículo 15. Hemos conversado con los integrantes de la comisión y con los referentes de cada bancada, y entendemos que podemos votar sobre tablas esta modificación porque, en realidad, estamos todos de acuerdo y no hay ningún otro cambio en el proyecto.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: efectivamente, como dijo la señora senadora Xavier, recién en el día de ayer se coordinó, por lo menos con nosotros –y creo que con todos los partidos–, incluir este tema.

No vamos a dar nuestro voto afirmativo a la modificación en virtud de la votación que tuvimos cuando se trató este proyecto de ley aquí, en el Senado, como primera cámara, y básicamente no lo haremos por dos motivos que constituyen el tema de fondo. Creo que es importante recordarlo, porque justifica que hoy no acompañemos este cambio.

Por un lado, creemos que este proyecto de ley pone en riesgo el Fondo Nacional de Recursos. El país tiene, desde hace muchísimos años, una institución que atiende la cobertura de las enfermedades más complejas para todos los uruguayos, empezando por aquellos a los cuales les sería imposible acceder a una medicina de alta complejidad. El Fondo Nacional de Recursos es una institución reconocida en el mundo entero por ser fuente de equidad en materia de acceso a la salud.

Por otro lado, nos parece que este proyecto de ley acentúa la inequidad en materia de centralismo en el acceso a la salud. Nosotros lo dijimos en comisión, lo reiteramos en sala y lo volvemos a decir hoy cuando se trata esta modificación: la arquitectura del proyecto de ley tiene una consecuencia irremediable, que es la de concentrar más la atención médica en el sur y en el área metropolitana, en detrimento del interior del país.

Naturalmente, la concentración de los recursos tecnológicos, de los recursos humanos y de los centros académicos está aquí, en el sur del país. Desgraciadamente, este proyecto va a hacer más inequitativo el acceso a la salud para los uruguayos que viven en el interior. Cuando se trató este tema en sala, nosotros propusimos que se incluyera la obligación legal de que, por lo menos, la mitad de los centros de referencia tuvieran sede en el interior del país, de forma tal de equiparar el curso lógico que van a tener –para nosotros negativo– de concentración y de centralismo en el sur del país.

Por estos motivos, no acompañamos este proyecto de ley en su oportunidad y, coherentes con esa argumentación, no vamos a dar nuestro voto afirmativo a esta modificación que fue hecha en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como los señores senadores saben, se trata de una única votación ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta o rechaza las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

18 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Este proyecto, que es corto en número de artículos, contiene una apuesta muy importante a la calidad en la atención, cosa que todos estamos deseosos de que se profundice. Con el Sistema Nacional Integrado de Salud hemos podido universalizar la atención y dotarla de mayor equidad, en función de un fondo de salud al cual aportamos. Somos conscientes de que en el cambio de modelo es donde efectivamente se traduce la posibilidad de mejorar la calidad de atención a los usuarios. En un país como el nuestro, de escasas dimensiones, sin mayores accidentes geográficos y con una población estable, sin ningún tipo de situaciones que generen vulnerabilidades particulares –más allá del incremento en años de su población, que sí constituye un peso muy importante en las enfermedades no transmisibles, contra las cuales el país viene dando batalla–, sin lugar a dudas este es un cambio muy significativo no solo en la forma de impartir salud sino también en la capacitación de quienes constituyen el equipo de salud. Esto ha promovido que hace pocas horas el presidente de la república obtuviera el reconocimiento de Héroe de la Salud Pública de las Américas, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud.

Sin duda, estos centros tendrán específicamente la labor de concentrar los mejores profesionales en el equipo de salud para atender las diferentes patologías. En este sentido, apostamos a que se garantice, sin duda, la equidad en un país que ha tenido tanta centralidad en todos los aspectos durante tanto tiempo, cosa que cuesta tanto revertir pero que, sin duda, es un importante objetivo a lograr.

Por todo ello, hemos votado convencidos de que este es un paso significativo en la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Muchas gracias.

10) FANAPEL S. A., LIDERLIV S. A. Y COMITAL S. A.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el segundo asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta doce meses, el subsidio por desempleo para los extrabajadores de la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel S. A.), Liderliv S. A. y Comital S. A. (Carp. n.º 1174/2018 - rep. n.º 710/18».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- También en la jornada de ayer estuvimos coordinando con el resto de las bancadas el rápido tratamiento de esta iniciativa que envía el Poder Ejecutivo, que tiene media sanción de la Cámara de Representantes y que refiere a la situación que viven alrededor de trescientos extrabajadores de Fanapel –luego nos referiremos a la situación similar por la que atraviesan cerca de sesenta extrabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce, también en Juan Lacaze–, para quienes se ha agotado ya la ley especial que habíamos votado oportunamente para la extensión del seguro de paro.

En este momento hay algunos avances, aunque todavía la situación sigue siendo difícil. De todos modos, a través de una serie de iniciativas y de proyectos en los que se viene trabajando junto a las fuerzas vivas y a los Gobiernos nacional y departamental, se han encontrado algunas propuestas mínimas, pequeñas, que todavía no alcanzan para todos. Se ha creado, por ejemplo, una cooperativa de trabajadores metalúrgicos que está funcionando en las instalaciones de la Textil Puerto Sauce. Hay, asimismo, otros proyectos bastante avanzados, que ojalá se logre aprobar más temprano que tarde para que empiecen a caminar lo antes posible. Pero mientras tanto, esta gente está necesitando la aprobación de la extensión del seguro de paro, que caducaría este mes. Es por esa razón que estamos solicitando el tratamiento y la aprobación de esta iniciativa que envía la Cámara de Representantes.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Nosotros también vamos a hablar de los dos proyectos: el que refiere a los extrabajadores de Fanapel y el que hace a los extrabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce, que trataremos más adelante.

Visitamos los dos emprendimientos, y la verdad es que se está ante una situación bien compleja, porque existía la expectativa de algunas soluciones más de fondo, que no vinieron o están demoradas. Los senadores preopinantes hablaban de algunos proyectos incipientes, y hay otros vinculados a la posibilidad de establecer un puerto para transporte de carga con Argentina. Incluso, se está a la espera de la votación por parte de este Parlamento de la iniciativa de parques industriales, que daría lugar a instancias más atractivas para generar alguna inversión, pero mientras tanto esta es la realidad por la que atraviesan tanto los extrabajadores de la Textil Puerto Sauce –que están ocupando el predio que era de Campomar y Soulas– como los extrabajadores de Fanapel. Debo decir que han puesto una voluntad realmente admirable en la búsqueda de soluciones, más allá de lo que ha hecho el Inefop, que ha tratado de impartir algunos cursos.

Toda esta situación ha llevado a que Juan Lacaze esté padeciendo estas complejidades a las que hacíamos alusión, y no sé si este proyecto colabora, pero sí genera un «mientras tanto» que ayuda para tratar de ganar tiempo y buscar soluciones de fondo. Obviamente esta no lo es, pero va a colaborar para ir paliando la situación.

Por los motivos expuestos, vamos a acompañar con nuestro voto esta iniciativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 12 (doce) meses, el subsidio por desempleo de los ex trabajadores de la Fábrica Nacional de Papel S.A. (FANAPEL S.A.), Liderliv S.A., y Comital Uruguay S.A., en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación por desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a quienes aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008).

La referida ampliación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

11) COOPERATIVA TEXTIL PUERTO SAUCE

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el tercer asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta doce meses, el subsidio por desempleo para los extrabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce (Carp. n.º 1176/2018 - rep. n.º 711/18)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Al informarse el asunto que tratamos previamente, ya se hizo referencia a la situación que viven estos extrabajadores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 12 (doce) meses, el subsidio por desempleo de los ex trabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce, en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación por desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a quienes aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008).

La referida ampliación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

–El Senado da la bienvenida a los alumnos de 5.º año de la Escuela n.º 257, 18 de Mayo, de Las Piedras, presentes en la barra.

12) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración de su único punto: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017. (Carp. n.º 1150/2018 - rep. n.º 706/18 y anexos I a LIII)».

(Antecedentes).

(Ver 31.ª SE).

–En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: formulo moción para que se suprima la lectura, vayamos considerando por secciones o por incisos, dejando para el final los artículos 1.º y 2.º. Asimismo, solicitamos votar en bloque en cada sección o inciso todos los artículos cuyo desglose no se haya solicitado. Llegado el caso, cada uno de los señores senadores podrá hacer una reflexión sobre el inciso y no sobre cada disposición.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Solicitamos un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota). 

–24 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Son las 10:23).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:29).

–Se va a votar la propuesta de procedimiento sugerida por el señor senador Michelini.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar la sección II, «Funcionarios», que comprende los artículos 3.º a 11.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose de los artículos 3.º, 6.º y 8.º.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Además de los solicitados por el Partido Nacional, vamos a pedir que se desglosen los artículos 9.º y 11.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, los artículos cuyo desglose ha sido solicitado son los siguientes: 3.º, 6.º, 8.º, 9.º y 11.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque el resto de los artículos de la sección.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

Se pasa a considerar la sección III, «Ordenamiento financiero», que comprende los artículos 12 a 29.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos que se desglosen los artículos 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 29.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Solicitamos el desglose de los artículos 24 y 28.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Solicitamos el desglose del artículo 29, señora presidenta, para pedir que pase a la Comisión de Constitución y Legislación. Ya habíamos conversado al respecto con los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda porque consideramos que debemos discutirlo y estudiarlo más en profundidad.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los no desglosados, que son el 14 y el 27.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Si los señores senadores están de acuerdo, podríamos votar en bloque los artículos cuyo desglose pidió la oposición, y dejar aparte el artículo 29 a fin de enviarlo a comisión.

SEÑOR AMORÍN.- Disculpe, señora presidenta, pero tenemos algunas diferencias. No estamos de acuerdo con todos los artículos que se han desglosado. Nosotros hemos pedido el desglose de los artículos 24 y 28. Aparentemente, el Partido Nacional va a votarlos afirmativamente, y nosotros, negativamente; por tanto, me parece difícil que puedan votarse en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo, señor senador.

Vamos a votarlos de a uno para que queden claras las votaciones.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota). 

–20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 23.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 28.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 29.

Tal como ha solicitado el señor senador Carrera, corresponde poner a votación el pasaje de este artículo a la Comisión de Constitución y Legislación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar la sección IV, «Incisos de la Administración Central».

Comenzamos con el inciso 02, «Presidencia de la República», que comprende los artículos 30 a 42.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose de los artículos 30, 31, 36, 38, 39, 40, 41 y 42.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Vamos a reiterar un comentario sobre este inciso, que ya hemos realizado en la discusión general aunque en forma superficial. Así que ahora aprovechamos para dejar constancia de que algunos de los artículos que estamos aprobando inciden como ampliación presupuestal, pero también estamos votando la rendición de cuentas. Y el inciso correspondiente a la Presidencia de la República –lo sostenía, y lo reafirmo– se ha transformado en un gran ministerio. A las unidades ejecutoras que contenía este inciso, es decir, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Ursea, la Ursec, el Instituto Nacional de Estadística y la Agesic, se le incorporó luego la Secretaría Nacional del Deporte que, en primera instancia, cuando se creó –me parece que en un presupuesto–, dijimos que lo mejor era que se transformara en un ministerio o se fusionara con otra cartera, como se daba antiguamente, porque no veíamos la necesidad de que estuviera formando parte del inciso correspondiente a la Presidencia de la República a no ser que se tratara de una transición hacia un ministerio.

Lo cierto es que la Presidencia de la República se ha transformado en un superministerio. En el artículo 30 se le agrega el cargo de secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y otros cargos de confianza con una estructura ministerial. A nuestro juicio, para eso están los ministerios, y creemos que es una mala práctica que ha utilizado sobre todo esta Administración del Frente Amplio –y también la anterior–, generando un aumento del costo del inciso. Observen, con respecto a las remuneraciones, que en 2004 alcanzaban al 10,29 %, y hoy representan el 76,28 % del gasto del inciso. Los gastos de funcionamiento llegan al 63 % y las inversiones, al 7 %.

Como lo mencioné en la discusión general, el número de funcionarios ha aumentado, actualmente hay 2144 y en 2004 eran 848, y hay 479 vínculos de no funcionarios. O sea que el inciso Presidencia de la República tiene 2623 funcionarios. Antes estaba el Plan Ceibal, pero en la rendición de cuentas de 2016 se transformó en una entidad pública no estatal. Como señalé, este plan antes estaba en el inciso correspondiente a la Presidencia de la República y tenía 377 funcionarios. Actualmente el inciso tiene 2144 funcionarios y 479 funcionarios no públicos, lo que hace un total de aproximadamente 2600, así como 261 arrendamientos de servicios internacionales. También hay 144 no funcionarios, y podemos decir que hay personal proveniente de todos lados. Para dar un ejemplo, hay 30 exfuncionarios de Pluna.

La verdad es que no creemos que sea correcto que ese inciso se esté agrandando de esta manera, y quería dejar constancia de eso. Además, como ya hemos señalado en la discusión general, tiene 477 pases en comisión. Quiere decir que cuenta con casi 3000 funcionarios a su orden por distintas modalidades de vínculos: en comisión, presupuestados o con el carácter de no funcionarios. Repito: no creemos que sea correcto, y la razón por la cual el señor senador Delgado ha pedido el desglose de muchos artículos, en nuestro nombre, es producto de nuestra oposición a crear este gran ministerio en Presidencia de la República que es la que coordina a las demás carteras. En suma, pensamos que muchas de las oficinas que forman parte del inciso deben estar en otro lugar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos que no fueron desglosados.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 30.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 31.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 36.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 38.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 39.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 40.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 41.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 26. Afirmativa.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: el debate tuvo lugar en el día de ayer, pero el señor senador Heber hizo algunas consideraciones que creo que merecen algún comentario.

Hay cierta lógica en que algunas áreas del Estado se coloquen en Presidencia de la República. Cuando es necesario instalar una política nueva, que tenga impacto y logre consolidarse en el país, es razonable que se piense colocarla en ese inciso por la jerarquización que implica y por la transversalidad que permite instalar un área específica que se considera como una prioridad.

Voy a enumerar algunos ejemplos, como el de la Unasev. Uruguay no tenía una política de seguridad vial; entonces, crear esa unidad en Presidencia de la República implicó que se pudiera instalar una política nacional que ha tenido resultados muy positivos a lo largo de estos últimos años. Otro ejemplo es el de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

También es razonable lo que plantea el señor senador Heber en el sentido de que después de un período de maduración de una política, es lógico que se piense luego en incluirla en un ministerio donde, por sus competencias, tendría más razón que estuviera. Un ejemplo de esto es el programa Uruguay Crece Contigo que, en el período pasado, se instaló en la Presidencia de la República porque se quería promover una política fuerte y focalizada para atender a la primera infancia más vulnerable, y después de que se consolidó, se incluyó en el Ministerio de Desarrollo Social.

Simplemente quería hacer este comentario.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde pasar a considerar, dentro de esta sección IV, el inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», que comprende los artículos 43 a 71.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicito que se desglosen los artículos 50, 63 y 68.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en la tarde de ayer, durante la discusión en general, hubo un inicio de debate con respecto a este inciso y no quise participar para poder hacerlo durante el tratamiento en particular.

Voy a realizar solamente algunas reflexiones. Independientemente del articulado, como ya lo hemos debatido, queremos señalar que es el peor momento de Uruguay en materia de defensa. Estamos pasando por una situación realmente crítica en materia de defensa nacional. Es algo que nos debe convocar a todos porque hace a la seguridad del país y de los uruguayos. Hoy en día en el mundo entero el concepto de seguridad está directamente vinculado al de defensa. Esto es así, reitero, independientemente del signo ideológico de los Gobiernos en cada uno de los países porque, notoriamente, la seguridad dentro de fronteras depende, entre otras cosas, de que ellas sean seguras. Después de que pasa el narcotráfico por la frontera, el país pasa a ser inseguro; después de que pasa un terrorista por la frontera, el país pasa a ser inseguro.

Estamos absolutamente regalados en materia de defensa y de combate al narcotráfico. Tenemos fronteras –como ha quedado demostrado en estos últimos días–, ya no porosas sino abiertas. Incluso, desde el propio Gobierno –lo demostré con un documento que presenté en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia el día que vino el ministro del Interior– se ordena no revisar las embarcaciones que vienen por los puertos deportivos.

Estamos absolutamente regalados también en materia de terrorismo. Personalmente, solicité que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo se sume al presentado por el senador Lacalle Pou y se envíe a la Comisión de Defensa Nacional para tratarlo con celeridad y que no permanezca –como lo está– enterrado, sin tratamiento, en la Comisión de Asuntos Internacionales. El terrorismo trasnacional es uno de los problemas más graves que tiene el mundo entero, y está vinculado íntimamente al narcotráfico que, muchas veces, lo financia, como también lo hace el lavado de activos.

Asimismo, estamos regalados –como quedó demostrado– en el tráfico de divisas. A Uruguay se pudo traer millones de dólares producto de la corrupción en Argentina. Ayer se mencionó –no quise participar en ese debate porque lo iba a hacer hoy– que el ministro de Defensa Nacional iba a pedir un refuerzo de diez funcionarios de la Prefectura Nacional Naval para el control de las fronteras. Pero es una medida post facto, es decir después que sucedieron los hechos que todos conocemos.

Agrego, señora presidenta, otro tema que nos preocupa. Hay otro proyecto de ley del Poder Ejecutivo que no se puede tratar por las diferencias internas en el Poder Ejecutivo y en la bancada oficialista y que la oposición quiere votar. Me refiero al proyecto de ley relativo a las fronteras que habilita que las Fuerzas Armadas participen en el control de una franja de veinte kilómetros de la frontera hacia adentro, excepto los centros poblados, y que en materia de seguridad sería muy beneficioso. En ese sentido, hay un proyecto de ley presentado por el senador Mieres, otro presentado en la Cámara de Representantes por el diputado Trobo y otro enviado por el Poder Ejecutivo. Desde la oposición queremos votarlo, pero no podemos hacerlo por las diferencias internas que existen a nivel del Gobierno y de la bancada oficialista. Seguramente, esas iniciativas ayudarían mucho en materia de defensa, de fronteras y de seguridad, áreas directamente vinculadas entre sí.

Estamos realmente mal y se ha procedido a un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Ayer se hablaba de inversiones y de aumentos salariales. Se van a invertir unos cientos de miles de dólares en un barco, y otro poco más en otro. Estamos hablando de que se realizarán parches en embarcaciones de sesenta años. No estamos hablando de infraestructura de defensa, sino de emparchar barcos de cincuenta y sesenta años que constituyen un museo de hierros viejos anclados en el muelle.

Los esmirriados y pobres aumentos salariales que se produjeron fueron a costa de la eliminación de cargos. En el período pasado, señora presidenta, se procedió a eliminar casi 2500 cargos de personal combatiente, perteneciente al escalafón K. Con eso se financió $ 2500, de los cuales $ 500 puso rentas generales y $ 2000 el propio inciso. Luego hubo otro aumento en el año 2012, como bien reconoció el ministro de Defensa Nacional en su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Otro dato significativo es que se ha planteado la discusión pública –no ahora– de eliminar el Liceo Militar General Artigas y su anexo. Nos oponemos fuertemente a ello, ya que queremos totalmente lo contrario, es decir, agregar liceos militares. Es más: creemos que es necesario un nuevo liceo militar en el este del país. Agrego un dato más, señora presidenta, para ver cuáles son las prioridades del Gobierno.

El Poder Ejecutivo –a instancias del presidente de la república, de su entorno o vaya a saber de quién; parece que fue un amigo cercano al presidente o a su entorno– compró un avión presidencial en USD 1:150.000. Dijimos que era presidencial, pero nos dijeron que era sanitario. Elevé un pedido de informes para saber cuántos vuelos había hecho el avión desde marzo –momento en que comenzó a funcionar– hasta agosto, es decir hace unos días atrás. En total, hizo sesenta y siete vuelos. ¿Sabe, señora presidenta, cuántos fueron vuelos sanitarios? Según el informe oficial del Ministerio de Defensa Nacional, hizo siete vuelos sanitarios. De sesenta y siete vuelos, solo siete fueron sanitarios. Es decir que se trasladaron más autoridades –presidente, vicepresidente, canciller– que enfermos. Ese avión costó USD 1:150.000 y fue una prioridad del Gobierno, obviamente no compartida por nosotros.

¿Sabe, señora presidenta, cuánto costó el anexo del Liceo Militar General Artigas en Tacuarembó, que atiende a sesenta gurises de todo el país –hasta de Rocha– y que, seguramente, el año que viene atenderá al doble porque se va a proyectar? Costó exactamente lo mismo: USD 1:150.000. El liceo se construyó con recursos del Comando General del Ejército, a través de fondos vertidos por la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, y el avión se compró con plata de todos. Mientras el liceo atiende a gurises, les da educación de calidad, los contiene, los alimenta y les brinda la posibilidad de hacer deporte, el avión hizo sesenta y siete vuelos, de los cuales solo siete fueron sanitarios. Es decir, cero prioridades.

La pregunta, entonces, es: ¿cuáles son las prioridades del país? ¿El país necesita liceos para los gurises o aviones para el presidente? Se destinó exactamente el mismo dinero –reitero: USD 1:150.000– en la compra de un avión viejo de un amigo de la presidencia o de su entorno, que en la atención de gurises que necesitan que los eduquen, atiendan y protejan.

Esa es la realidad de la situación en la que nos encontramos, y no porque no hayamos planteado soluciones. Recuerdo que en esta misma sala, el 22 de noviembre de 2016, instancia en que concurrió el señor ministro de Defensa Nacional en régimen de comisión general, presentamos propuestas para abordar este tema como una política de Estado. Lamentablemente, hasta el día de hoy no pudimos abordarlo a pesar de nuestra voluntad y la de la oposición, que me consta, aunque solo puedo hablar en nombre del Partido Nacional.

Independientemente de los artículos que están planteados, nos preocupa la absoluta indefensión en que se encuentra el país. Dios quiera que nunca pase nada.

SEÑOR ALCORTA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ALCORTA.- Señora presidenta: siempre me han parecido muy acertadas las apreciaciones del señor senador en cuanto a la materia en que se ha especializado en estos tiempos, es decir el Ministerio de Defensa Nacional. Pero en la rendición de cuentas no hay ningún artículo –al menos que haya visto– que se refiera específicamente a los planteos realizados por el señor senador. Quisiera saber si va a plantear algún artículo vinculado a ese tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Agradezco los conceptos aportados por el senador Alcorta, y –por supuesto– por el respeto que me merece, le voy a contestar directamente. No estoy planteando ningún artículo. No tendría sentido hacerlo, ya que el propio señor senador lo votaría en contra.

El debate en esta sala se origina por lo que dice el articulado y por lo que cada partido político piensa, expresa y documenta sobre este inciso. Lo que se ha expresado, por ejemplo, respecto al Liceo Militar General Artigas y su anexo en Tacuarembó es que los fondos que en esta rendición de cuentas están destinados para su mantenimiento, seguramente desaparecerían en el futuro, elección mediante, si le tocara al mismo partido estar en el Gobierno. Entonces, decimos que si nos tocara a nosotros, no solo no desaparecerían, sino que los aumentaríamos.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Quiero referirme a dos aspectos que acaba de señalar el apreciado senador Javier García. Es verdad que en la Comisión de Defensa Nacional estamos analizando el proyecto de control de fronteras. Eso quiere decir que en la bancada del Frente Amplio todos estamos plenamente informados de la situación, inclusive de la última discusión que tuvimos en comisión. No es un tema en el que haya disenso; simplemente estamos, en concordancia con el ministerio, ajustando algunos aspectos. En realidad, lo que hay que hacer con ese proyecto es perfeccionarlo. Por lo tanto, como bien sabe el señor senador García, no nos oponemos al proyecto de ley en sí, pero creemos que hay que perfeccionar algunos aspectos de técnica jurídica.

En lo que refiere al proyecto de ley integral sobre terrorismo, que está a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales, es verdad que se ha enlentecido. Es un proyecto complejo, que está vinculado al lavado de activos: concretamente, un 40 % de su articulado se refiere a leyes sobre lavado de activos. Tiene aspectos que hay que pulir. Obviamente, como ya hemos hecho en otra oportunidad, vamos a solicitar que se trate y se apruebe antes de fin de año para remitirlo a la Cámara de Representantes.

Esos eran los dos aspectos que quería mencionar sobre temas parlamentarios.

Por otra parte, en el día de ayer hicimos referencia a las palabras del señor ministro cuando acudió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y habló sobre trabajos que atañen a la Armada nacional y que yo considero muy positivos. Por supuesto, reitero que lo deseable sería que gastáramos USD 200:000.000 para que la Armada tuviera tres barcos, pero hasta el último de sus marineros sabe que por el momento eso es imposible.

Era cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queremos dar la bienvenida y los buenos días a los alumnos de 3.er año del Colegio San Luis Hermanos Maristas de Pando.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- En primer lugar quiero decir que me siento un poco tocado porque el señor senador García violenta el artículo 85 del Reglamento del Senado al adjudicar intencionalidad a la discusión. Se dicen defensores de las leyes. Se adjudica intencionalidad al hecho de que no se vote o se aplace el proyecto de ley de fronteras. Debo decir que yo pedí el aplazamiento, y lo hice para dedicarle el estudio necesario que a veces no encontramos del otro lado. Ayer se dijo que no había un solo artículo del Ministerio de Defensa Nacional vinculado al cuidado de las fronteras. Hoy el señor senador García dice que es post facto, pero por lo menos lo leyó. Hemos avanzado. La oposición lee lo que estamos votando.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 43 a 71, desglosando los artículos 50, 63 y 68.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 50.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 63.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 68.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 68.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

Queda aprobado el inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional».

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- En el día de ayer intercambiamos opiniones sobre este inciso, tal como señalaba el señor senador Martínez Huelmo y, como dijo el señor senador Berterreche, en esta rendición de cuentas se hicieron incorporaciones para que el Ministerio de Defensa Nacional tenga un mejor desempeño. Nosotros estamos convencidos de que hay una política de defensa, una política conducida por un Gobierno constitucional y democrático que cumple esa función y, lógicamente, puede tener detractores y personas que no la compartan. Pero no se puede decir que acá hay indefensión, que el país está vulnerado, que no se piensa en su territorio. Ocurre todo lo contrario; justamente, estamos construyendo una mirada distinta.

A su vez, en la discusión de la rendición de cuentas a estudio del Senado increíblemente se incorporan temas que pertenecen al debate interno de una fuerza política porque hasta se trajo a colación una propuesta que está en el programa del Frente Amplio en elaboración. ¡Es increíble! ¡Se incluye cualquier cosa en el debate de la rendición de cuentas con tal de generar dudas y temor en la población! Esos temores son los que están llevando a que, según algunas encuestas, un 30 % de la población piense nuevamente que es necesaria una dictadura en este país. Eso es lo que están generando algunos rumores.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Por otro lado, si no hubiera voluntad de avanzar en la formación, no se hubiera creado un liceo militar en el norte del país, justamente durante un gobierno del Frente Amplio. ¡Qué mejor ejemplo que ese! Creo que los hechos hablan por sí solos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero recordar a los señores senadores que cuando se está fundamentando el voto no se puede hacer alusiones de ningún tipo. Por lo tanto, les pido por favor que sean cautos al fundamentar el voto.

En consideración el inciso 04, «Ministerio del Interior», que comprende los artículos 72 a 100.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Vamos a pedir que se desglosen los artículos 81, 82, 83, 84, 87, 93, 94, 95, 96 y 100.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Quiero referirme brevemente a este inciso. Nosotros no vamos a reiterar confrontaciones que hemos tenido, tanto en comisión como en interpelaciones en el plenario, cuando planteamos nuestros cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno. Incluso en el día de ayer el señor senador Lacalle Pou habló en nuestro nombre y dijo que lamentablemente en Uruguay había aumentado el número de asesinatos, robos y rapiñas. De alguna manera, esto de por sí ya estaría determinando que nuestra posición es de fuerte cuestionamiento a la gestión en materia de seguridad. La novedad es que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda yo me dirigí al señor ministro del Interior –esto consta en la versión taquigráfica–, le dije que no iba a reiterar los enfrentamientos que habíamos tenido y concretamente le pregunté cuál era el ideal de fuerza policial que precisaba para dar batalla a la delincuencia y al narcotráfico, ya que, dado todo lo que estamos viviendo, pensaba que quizá le faltaran funcionarios, armamento, despliegue. En definitiva, quería conocer la opinión de quien desde hace siete u ocho años está al frente del Ministerio del Interior. El ministro me contestó que no precisaba más funcionarios y que estaba bien de armamento y de tecnología. Entonces, si al ministro del Interior no le falta nada, ¿por qué fracasa? ¿Acaso fracasa él? ¡La verdad es que quedé sorprendido! Esperaba que desde el Ministerio del Interior se dijera que, más allá de las limitaciones que tiene el presupuesto, se precisaba mayor patrullaje, más tecnología, más cámaras; no sé si muchos más funcionarios porque, como manifestó ayer el señor senador Lacalle Pou, tenemos la dotación de policías por habitante más alta de América Latina y de muchos países del primer mundo. Realmente quedé preocupado porque había una suerte de confesión de parte. Si no precisa más nada, ¿por qué no ganamos la batalla contra la delincuencia? Si no necesita más armamento, tecnología ni inversiones de este tipo, ¿cuál es el problema?

Señora presidenta: se han hecho algunos comentarios que, por lo menos, generan una luz en el propio Gobierno, y en este sentido quiero ser muy claro. En el transcurso de estos días ha habido comentarios del sociólogo del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, que muestran que, por lo menos, ¡empiezan a reconocer algo! Concretamente, expresó: «Cuidado con tener la ingenuidad de creer que esto se arregla con políticas sociales. Hay cosas que las arreglás con el ejercicio de la autoridad en forma activa, sin miedo, sin complejos, con rigor. Con rigor, sí». El sociólogo Gustavo Leal nos está dando la razón histórica: que nadie niega que existe un problema social y hay que arreglarlo. Nadie está hablando de las causas, y la sociedad uruguaya no puede esperar a que se arreglen. El sociólogo del Ministerio del Interior hace una autocrítica al decir: «Cuidado con tener la ingenuidad de creer que esto se arregla con políticas sociales». ¿A quién le está hablando? ¿A la oposición? No; le está hablando al propio Gobierno, al que claramente le dice: «¡Cuidado! No sean ingenuos al creer que esto se arregla con políticas sociales». Y agrega: «Hay cosas que las arreglás con el ejercicio de la autoridad» –¡esto es lo que venimos diciendo desde hace ocho años, o más!– «en forma activa, sin miedo». ¿Y quién tiene miedo? ¡El Gobierno, que no ejerce la autoridad! Luego dice: «sin complejos». ¿Y quién tiene complejos? ¡El Gobierno! Y termina: «con rigor», y lo vuelve a afirmar: «Con rigor, sí».

Hay otra confesión de parte del propio expresidente Mujica que expresa: «No le puedo pedir a la Policía que arregle el problema de por qué tanta gente joven agarra para el crimen». No lo hemos visto del ministro Bonomi, pero por lo menos hay una confesión de parte que nos da la razón sobre lo que, desde hace mucho tiempo, venimos cuestionando en materia de política de seguridad. La declaración del señor ministro en el sentido de que no precisa nada más, que está bien con los autos, la tecnología, el armamento y los funcionarios que tiene, es la confesión de quien nos está diciendo: «Miren, el problema soy yo. No sé dirigir esta fuerza, que está bien equipada, bien armada y tiene buena tecnología». ¿Cuál es el problema? No hay que tener miedo al ejercicio de la autoridad. No hay que tener la ilusión o la ingenuidad de creer que esto se arregla con políticas sociales.

Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. No tengo nada que probar. Hay confesiones que nos dan la razón sobre nuestros cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno del Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: me da mucha lástima escuchar, en esta casa o fuera de ella, el simplismo que tienen para analizar los temas de seguridad y convivencia. Lamentablemente no existe una percepción compartida del problema. Solo tuvimos una percepción compartida del problema en febrero de 2010, cuando el entonces presidente electo Mujica convocó a toda la oposición, comenzaron a tejerse acuerdos y, en agosto de ese año, se firmó un documento. En aquel momento existía una percepción compartida del problema por el interés de la oposición en sumarse a la gestión de las empresas públicas, a la coparticipación en el Gobierno. Ese documento enseguida se rompió.

Lamentablemente, los temas de seguridad y convivencia hay que analizarlos y conocer sus causas. El análisis de los problemas de seguridad y convivencia pasa por saber dónde nos encontramos –estamos insertos en el continente más violento y desigual del mundo, pues en Latinoamérica se registran 350 homicidios por día– y por reconocer los problemas de la violencia de género, que tanto nos duelen como sociedad. Si tenemos 40.000 denuncias en un año y 300.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde han existido denuncias, realmente tenemos un problema cultural grave.

Consideramos que las políticas que se están aplicando desde nuestro Gobierno nacional son las correctas. Nos duele porque todavía falta y hay problemas. De todas maneras, creemos que vamos por el camino correcto. Se pudo profesionalizar una institución a la que la oposición siempre tuvo el deseo de reformar. A este respecto, existen datos de que cuando el entonces presidente Sanguinetti impulsó las reformas de la Policía y del Instituto Nacional de Rehabilitación, por problemas internos de la fuerza policial no pudo concretarlas; lo mismo sucedió con el entonces presidente Lacalle. Realmente, esta reforma es la querida. Por eso entendemos que las adecuaciones propuestas para el inciso 04 son las apropiadas.

Por último, quiero señalar que nuestro Gobierno nacional no tiene inconveniente alguno en ejercer la autoridad. Cuando asumimos el Gobierno en 2005 teníamos alrededor de 5000 presos, y cuando me retiré del Ministerio del Interior había 11.200. Díganme si eso no es ejercicio de la autoridad.

Realmente me congratula muchísimo que estén de acuerdo con un asesor del señor ministro Bonomi, el sociólogo Gustavo Leal.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde pasar a votar los artículos del inciso 04, «Ministerio del Interior».

En consideración los artículos 72 a 100, excepto los artículos desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 81.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 82.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 83.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 84.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 87.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 93.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 94.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 95.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 96.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 100.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el inciso 04, «Ministerio del Interior».

Se pasa a considerar el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas», que comprende los artículos 101 a 110.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: solicitamos el desglose de los artículos 103, 105 y 109.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: solicitamos el desglose de los artículos 104 y 110.

SEÑORA PRESIDENTA.- En el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas», quedan desglosados los artículos 103, 104, 105, 109 y 110.

En consideración los artículos 101, 102, 106, 107 y 108, que no fueron desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 103.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 104.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 105.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 109.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 110.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

Se pasa a considerar el inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores», que comprende los artículos 111 a 118.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: solicitamos el desglose de los artículos 114, 116, 117 y 118.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 111, 112, 113 y 115, que no fueron desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 114.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 116.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 117.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 118.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa. 

Queda aprobado el inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores».

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no votamos los artículos 116 a 118 porque forman parte de un tema que está estudiando la Comisión de Asuntos Internacionales, que tiene que ver con el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, que se presentó como un proyecto de ley sistemático, ordenado, extenso, en el que se habla de distintos aspectos vinculados a ese estatuto y a los funcionarios. Sin embargo, volvemos a lo de siempre; de repente aparecen estos tres artículos, que son idénticos a tres que forman parte del proyectado estatuto, y se votan por separado. Luego surgen esos líos de armonía legislativa pues tenemos tres artículos en la rendición de cuentas y las disposiciones del estatuto por otro lado.

Realmente no entendemos la lógica de la Cancillería al enviar en el mensaje del Poder Ejecutivo de rendición de cuentas, tres artículos idénticos a otros tres que forman parte del cuerpo de un proyecto de ley que también enviaron ellos.

Creo que así no se legisla bien. Me parece que estamos legislando de manera confusa y entreverada.

Esa es la razón por la que votamos en contra. Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: mis palabras van en el mismo sentido.

En el debate que tuvo lugar en comisión analizamos el artículo 116 –vinculado a las denominaciones con un lenguaje inclusivo– y dijimos que en la Comisión de Asuntos Internacionales se estaba estudiando una reforma del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. Por lo tanto, no tenía sentido avanzar en este tema mediante una rendición de cuentas cuando una comisión tiene a estudio una reforma del mencionado estatuto. Creo que a todas luces esto es poco práctico y además es peligroso andar por carriles separados.

Dijimos además que a partir de la experiencia respecto a la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –es decir, cuando se intentó, a través de una propuesta del Poder Ejecutivo, incorporar el lenguaje inclusivo para algunos de los cargos, o para las viudas, viudos, etcétera–, nos dimos cuenta de que terminábamos afectando otra serie de normas y que si no hacíamos modificaciones en el mismo sentido que las de la norma que estábamos aprobando, posiblemente se generaría una interpretación diferente en su aplicación al quedar a texto expreso un género u otro.

Entonces, sin estar en contra de una denominación más inclusiva de los cargos –así lo manifestamos–, preferimos que este tema volviera a la Comisión de Asuntos Internacionales, que se siguiera trabajando en el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República y que el tema se analizara en forma integral para no generar efectos no deseados que aquí no podemos determinar.

Por eso votamos en contra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», que comprende los artículos 119 a 138.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: solicitamos el desglose de los artículos 121, 122, 123, 124, 137 y 138.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los restantes artículos del inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», que no fueron desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 121.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: para no comentar artículo por artículo, voy a hacer algunas consideraciones generales, tal como habíamos acordado.

Con respecto al artículo 121, el Partido Nacional manifestó en comisión que lo votaba en contra porque entendía que había otro mecanismo de enajenación distinto al del fideicomiso que está previsto en este artículo. Nos parecía que había formas más directas de hacerlo que nosotros preferíamos.

En cuanto al artículo 124, como los señores senadores saben, tuve una posición diferente a la del resto de mis compañeros porque creo que todo lo que tenga que ver con generar promoción de conciencia agropecuaria es positivo. Acá no hay creación de cargos; lo que se busca es generar un programa, que esperamos que sea transversal a varias de las unidades ejecutoras del ministerio. Nos parece que este es un tema importante y todo lo que vaya en ese sentido vamos a acompañarlo.

El último artículo de este inciso, el 138, hace referencia a la información que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, a solicitud del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, deben dar por el tema de los ingresos nominales familiares generados fuera de la explotación, de las personas físicas inscriptas en el Registro de Productores Familiares. Al día de hoy esto se hace a través de declaración jurada y acá se genera un mecanismo diferente. Si bien entendemos que la redacción que modificó el proyecto que venía de la Cámara de Representantes es mejor y más garantista que la original, igual nos parece que sería más conveniente seguir con el mecanismo que está previsto y por lo menos contar con un estudio un poco más profundo y con asesores en derecho tributario, cosa que no llegamos a tener. Obviamente, ante la duda, vamos a votar este artículo en contra.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 121.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 122.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 123.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 124.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 137.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 138.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

De esta manera terminamos el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

Se pasa a considerar el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería», que comprende los artículos 139 a 151.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: solicito el desglose de los artículos 148, 149, 150 y 151. Después voy a pedir la palabra para hacer alguna consideración general sobre el inciso.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consecuencia, pasaríamos a votar los artículos 139 a 147, que no fueron desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 148.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería», hay poca innovación. Hubiéramos preferido, sobre todo por la situación de los sectores industrial y manufacturero, por cómo viene la gráfica en función de la mano de obra aplicada, de la competitividad y el indicador del volumen físico de la industria, generar algunos artículos que intentaran dar una señal en cuanto a la reversión de esta situación. De todas maneras, hay una serie de artículos –del 139 al 147– vinculados a las indicaciones geográficas y de procedencia y a las denominaciones de origen, que nos parecen acertados y que creemos que, además, todos los actores relacionados al tema acompañan.

Por otra parte, no vamos a acompañar los artículos que van del 148 al 151, que tienen que ver con el Consejo de Comunicación Audiovisual por dos o tres razones. La primera es que este es un consejo que el Partido Nacional no votó cuando se trató la ley de medios y vamos a ser consecuentes con nuestra posición. La segunda razón es que cuando se votó la mencionada ley el Consejo de Comunicación Audiovisual –que va a controlar la aplicación de la ley y a sancionar por incumplimiento con una discrecionalidad absoluta– se vinculaba o se asignaba a la Presidencia de la República. Así fue establecido en la ley original y su integración así lo indica: el presidente de la república designa al presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual, que dura hasta el final del mandato, y los cuatro miembros restantes son designados por la Asamblea General por una mayoría especial. Siempre se entendió –reitero que así lo establecía la ley original– que esto dependía de la Presidencia de la República, como la Ursec y la Ursea, y no del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Reconocemos que hubo algunos cambios con respecto a la redacción original. En el proyecto que venía de la Cámara de Representantes, los cargos del Consejo de Comunicación Audiovisual quedaban como de confianza, con lo cual se borraba con el codo todo lo que se había definido en la ley, que además establecía una mayoría especial parlamentaria para designar a sus miembros.

La última consideración que quería hacer refiere al artículo 150 y tiene que ver con la remuneración de los miembros. Acá apelo a la señora senadora Xavier, quien presidió la comisión que estuvo trabajando en este tema para enviar una propuesta de designación a la Asamblea General. Cuando se discutió esta selección de miembros advertimos que se había producido una omisión en la ley vinculada a la remuneración de los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, que originalmente estaba topeada en un 60 % y un 70 % –para los miembros y para el presidente, respectivamente– del sueldo del subsecretario al 2010. Ese no fue el espíritu con que se discutió y se votó en su momento. Hicimos una consulta jurídica, que fue en el mismo sentido de lo que nosotros propusimos, y se acordó que se iba a remediar esta situación a través de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, o en la rendición de cuentas, cosa que –tengo que reconocerlo– se hace acá. Pero, increíblemente, se cambia la referencia y en vez de vincular esa remuneración al sueldo del subsecretario, como determina la ley, se vincula al sueldo nominal de un senador de la república. Nadie nos supo explicar por qué y ante la duda preferimos votar en contra.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: rechazo de plano la referencia a la discrecionalidad hecha por el señor senador Delgado en la fundamentación de estos artículos porque esta es una de las leyes que han sido más recurridas ante la Suprema Corte de Justicia y, por lo tanto, es una de las más estudiadas al derecho y al revés. Podrá no ser del agrado de algunos integrantes de este Cuerpo, pero lo que no se puede decir es que permite una discrecionalidad y que no están absolutamente definidos sus límites. Además, en este Parlamento en su momento también fue sumamente analizada. Lo que tenemos es una concepción diferente. Pienso, además, que es oportuna la referencia en el sentido de que se solucionan algunos temas de la remuneración, para que este Parlamento cumpla con lo que tiene pendiente ante la Asamblea General, que es la votación de los integrantes del consejo. En ese sentido, todos los días reconocemos los excesos que se dan en muchos medios de comunicación, en particular en algo que la mencionada ley protege: que los niños, niñas y adolescentes no estén sometidos a mensajes que no correspondan.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 148.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 149.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 150.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 151.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

Queda aprobado el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería».

Pasamos a analizar el inciso 09, «Ministerio de Turismo», que consta de un solo artículo.

En consideración el artículo 152.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 28. Afirmativa.

Ingresamos al análisis del inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas», que comprende los artículos 153 a 161.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose de los artículos 153, 160 y 161.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: la situación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es de las más insólitas que he experimentado en mi larga vida parlamentaria. Realmente, ha sido insólito. ¿Por qué? Me explico: el Gobierno anuncia una gran inversión en energía, vialidad, infraestructura social, vivienda, telecomunicaciones, agua y saneamiento, puertos, vías ferroviarias y otras; con bombos y platillos el presidente Vázquez comunicó en la presidencia una inversión de USD 12.370:000.000. Después de tres años estamos en el 56 %. O sea, no hay avances como para decir que en lo que resta del período se podrá cumplir con la cifra mencionada. Además, como confesó el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, si bien el plan de inversiones abarcaba otros rubros como energía, infraestructura social, vivienda, telecomunicaciones, en lo que concierne a vialidad, puertos y vías ferroviarias no se va a llegar.

Me alegro de que esté hoy mi amigo, el senador Baráibar, pero lamento que no esté el exministro de Transporte y Obras Públicas, el actual senador Pintado, porque como digo siempre –con todo respeto y sin pretender ofenderlo–, los resultados indican que fue el peor ministro de Transporte y Obras Públicas de la historia del Uruguay.

SEÑOR MICHELINI.- Dígaselo cuando él esté presente, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Como hoy no está presente, pido las disculpas del caso –aunque seguramente le va a llegar la información–, pero el señor senador ha tenido oportunidad de contestarme cada vez que le hecho este planteo.

¿Esto lo dice Heber porque lo dice Heber? No. Un informe del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, publicado el 28 de noviembre de 2014, indica que además de una inversión vial de USD 542:000.000, que era lo que estaba programado, Uruguay debía realizar un shock de inversión adicional de USD 2.572:000.000 con el objetivo de eliminar el rezago de inversión vial acumulada hasta el 2014. O sea, son datos objetivos. No es la oposición la que dice esto, sino el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción en su estudio publicado el 28 de noviembre de 2014, que en su informe habla de un rezago de USD 2.572:000.000, que se sumados a los USD 542:000.000 que estaban presupuestados, indicaban que se debía invertir en vialidad USD 3.000:000.000.

El informe agrega que, no obstante este diagnóstico, respecto a la red vial el Poder Ejecutivo realizó una muy baja inversión en 2015, que fue de USD 197:000.000, mientras que en 2016 fue de USD 244:000.000, lo que agravó la situación de deterioro, llevando a que a principios de 2017 la situación de la red vial nacional, en mal estado de conservación, fuera la peor desde el 2005 al 2016. Entonces, en la rendición de cuentas pasada dije que, en mi opinión, el actual senador Pintado había sido el peor ministro de Transporte y Obras Públicas de la historia, pero que el señor ministro Rossi se le acercaba a pasos agigantados en cuanto a quién tenía la peor gestión.

Debo admitir que la inversión mejoró algo en 2017, pero estamos muy lejos de llegar a los niveles que se piden. ¿Por qué? Porque en materia de vialidad se cumplió solamente con el 46 %, mientras que en vías ferroviarias se llegó a un 30 %.

Le planteé al señor ministro de Transporte y Obras Públicas el tema de las planillas presentadas por el ministro de Economía y Finanzas –esto es lo insólito que también vieron los miembros de la comisión– y lo consulté sobre la cifra de inversión de la que se estaba hablando, de 737:000.000 para el año 2018. ¡Un récord brutal! De repente tenemos 253:000.000; después 299:000.000; luego una mejora sustancial en 2017 ya que la cifra llega a 500:000.000 y, de golpe, la proyección es de 700:000.000. Parecería un acto de magia. Le pregunté al señor ministro cómo se iba a multiplicar la inversión puesto que venía fracasando en el pasado, a lo que me respondió que tenía otra planilla, que no coincidía con la del Ministerio de Economía y Finanzas. Le expresé que se suponían que eran datos oficiales y en su respuesta manifestó que no eran los que él tenía y habló de otras cifras. Me prometió que me alcanzaría otra planilla –la suya–, pero no lo ha hecho. En síntesis, hoy no puedo mostrar la cuarta planilla. Tenemos la del presupuesto; la de ejecución del senador Pintado, que es desastrosa, pues muestra el fracaso de los años anteriores en su gestión como ministro de Transporte y Obras Públicas, y la del ministro de Economía y Finanzas, que dice que va a invertir 737:000.000. Ahora, el ministro de Transporte y Obras Públicas sostiene que va a invertir 500:000.000, según lo que recuerdo, porque, reitero, no me alcanzó la planilla.

Como miembro de la comisión nunca había vivido una instancia en la que dos ministros manejen planillas diferentes; está la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, que dice una cosa, y la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que dice otra. No tengo esta última; es lo que escuché del señor ministro –todos son testigos–, que dijo que esos números son del ministro de Economía y Finanzas, como si hubiera una distancia muy grande entre uno y otro, como si pertenecieran a diferentes partidos, o tuvieran problemas personales. No sé. Lo cierto es que había una distancia y el señor ministro Rossi, al hablar de estos datos, dijo claramente, un poco ofuscado –porque él se ofusca; la palabra no es enojo, sino que, precisamente, él se ofusca–: «¡No son mis números!». Ante esto le pregunté qué había pasado con las PPP porque, en la parte de proyectos de participación público-privada, las planillas del presupuesto indicaban que de los USD 12.370:000.000 iban a disponer de USD 4.270:000.000. O sea que el ministro apostó fuertemente a los proyectos de participación público-privada. Pues bien, no hizo más que dos rutas –¡dos rutas!–: la 21 y la 24; son obras que comenzaron y se están ejecutando. Son 75:000.000. Pero ¿cómo llegamos a 4.270:000.000? Al parecer, de acuerdo con el último informe se adjudicaron provisionalmente a Ciemsa los circuitos 1 y 2; el circuito 3, a Espina-Copasa, y se están evaluando ofertas para llevar a cabo los circuitos 5, 6 y 7. ¡¿Están terminando y evalúan ofertas?! ¡Así no terminaremos estas obras ni en el año 2030! ¿Se harán –como me acota el señor senador García– para el mundial?

Realmente es un fracaso porque el ministro admite que se le cayó una obra, correspondiente a la ruta 26 –proceso que implicaba unos USD 52:000.000–, pero lo demás está para adjudicar o se están evaluando ofertas. Es decir que, de los 4.270:000.000, lo único que se hizo fue por 75:000.000 en obras. ¡El fracaso de las PPP!

Después, el ministro se extendió y habló largamente sobre los problemas e inconvenientes que supone, sobre todo el tema de la financiación para los proyectos de participación público-privada. Pero explicaciones siempre hay; no pienso que el señor ministro no quiera hacer obras. ¿¡Cómo voy a suponer que el ministro tiene voluntad de no hacer!? ¡No creo eso! Me parece que puso esos datos porque creía que iba a hacer las obras, pero fracasó. Ahora bien, ¿venir a explicar el fracaso? ¡No! Porque eso es más rezago; al proceso de Pintado se le suma el rezago que implica el fracaso de las PPP. El señor Rossi no es medalla de oro como peor ministro, pero está muy cerca de Pintado, porque realmente la ejecución que se programó por parte del Gobierno es un desastre y no va a llegar a la meta de los USD 12.370:000.000. ¡Ojalá se pudiera llegar! Lo deseamos para el país, pero no se logrará.

¡Acá están los números! ¡Estas son las planillas! Todo es muy claro y los números no mienten, aunque haya datos del Ministerio de Economía y Finanzas que son distintos a los del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tema insólito que nadie me pudo contestar hasta el día de hoy y por eso lo tengo que mencionar en el plenario.

Muchas gracias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Es muy bueno que el señor senador Heber traiga a colación el aspecto del rezago que tenemos en cuanto a inversiones en infraestructura vial. Si hay algo que hemos tratado de recuperar ha sido, justamente, el atraso que teníamos en inversiones de este tipo.

Recuerdo que durante la discusión del pasado presupuesto el Partido Nacional presentó un aditivo que pedía la construcción de la ruta 30; no lo votamos y por lo tanto no se incorporó al presupuesto. Sin embargo, en el informe se puede apreciar que ahora se están realizando obras en dicha ruta. Quien circule por la ruta 30 podrá apreciar que una gran parte ya se finalizó y que se está comenzando con el tramo Artigas-Bella Unión. Lo mismo sucede con la ruta 4, entre el pueblo Biassini y Artigas, que está casi terminada. ¿De cuántos años era el rezago en este caso? ¡Por lo menos de treinta años! La señora presidenta, como artiguense, lo sabe. ¡Treinta años! ¡Y llevamos trece años del Gobierno del Frente Amplio!

Por otro lado, la ruta 8 entre Treinta y Tres y Melo, ¿desde cuándo no se hacía? Recuerdo que se hizo en el primer Gobierno democrático después de la Dictadura, es decir, en el período 1985-1989. Después no se tocó más, salvo el tramo entre los kilómetros 310 y 285, cerca de la entrada del campo militar Huija, hasta Treinta y Tres. ¡Desde el primer período de democracia que no se tocaba! ¿Cuántos años hace? ¡Treinta años! ¡Claro que había rezago! Pienso que hubo otras cucardas que acá no se entregaron; no se trataba solamente del señor senador Pintado o del ministro Rossi. Hubo otras cucardas para señalar que tal vez tendrían que haber sido mucho más grandes.

Lo que se informó en comisión es que efectivamente tenemos retraso en la inversión con respecto al ferrocarril, pero ¿desde cuándo no funciona decentemente el ferrocarril en este país? ¡Hace más de treinta años! Ahora, justamente, se plantea una inversión de USD 800:000.000 en el que actualmente se llama tramo central, pero eso no se dice.

Además, en la comisión, el ministro Rossi dejó claramente establecido cuánto se invierte, cuánto se ha invertido y cómo se ha avanzado en la inversión. Históricamente, Uruguay invertía alrededor de doscientos o trescientos millones de dólares anuales en carreteras, pero ahora se está superando.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa solicita un poco de silencio para escuchar al señor senador Pardiñas.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Como decía, ahora estamos superando esos valores. El señor ministro dijo que se prevén USD 457:000.000 para 2019 y USD 536:000.000 para 2018. Si se suman estas cifras a los USD 970:000.000 que ya se han ejecutado entre los años 2015 y 2016, se llegará a un total de alrededor de USD 1.970:000.000 ejecutados en obras de infraestructura vial. Quien anda sobre el país lo sabe. Quien recorre las carreteras lo sabe.

En definitiva, nos aproximamos al monto de USD 2.360:000.000 y todavía nos resta el año 2019. Por lo tanto, creo que se va a cumplir medianamente bien con lo previsto. Tal vez queden algunas cosas para atrás, sin lugar a dudas; el propio ministro dijo en comisión –tanto el año pasado como el presente– que el proceso de las PPP no avanza en los plazos o con la celeridad que él quisiera tener como ministro de Transporte y Obras Públicas. De todas formas, son plazos que también deben ser garantistas de lo que fue una ley aprobada en este Parlamento nacional.

Asimismo, se informó que hay USD 75:000.000 en ejecución en el tramo de la ruta 21. Están adjudicadas provisionalmente las rutas 12, 54, 55, 57 y el baipás de la ciudad de Carmelo; también se adjudicaron provisionalmente las rutas 9 y 15, así como su conexión; se adjudicó provisionalmente la ruta 14. En fin, ¿cuántos años hace que no se invierte un peso en las rutas? Por ejemplo, hasta hace unos cinco años, en la ruta 14 había tramos de balasto o de ripia, como se dice a veces. ¡Tramos de balasto en una ruta nacional! Sin embargo, ahora eso ya está adjudicado y prontamente, cuando finalicen los procesos de análisis financiero, se van a ejecutar casi USD 200:000.000. ¡USD 200:000.000! El propio ministro señaló que esas obras van a iniciarse prontamente.

A su vez, otro avance que tenemos en materia de infraestructura con las PPP es que en caso de que muchas de las obras no se inicien van a quedar aprobadas hasta con el financiamiento. Es decir que va a haber una infraestructura aprobada para los próximos años, ya adjudicada. Van a estar resueltas las obras, con perfil de memoria para la construcción, e incluso financiadas. ¿Qué más facilidades se puede pedir en materia de infraestructura para los próximos años que las que va a dejar este Gobierno?

Por nuestra parte, señora presidenta, siempre reclamamos más obras, porque las necesitamos. Este país cada vez más necesita una mejor comunicación, y para ello es imprescindible ayudar a desarrollar el ferrocarril, que es uno de los medios más económicos para el transporte de la producción. Pero es indiscutible que en este período de gobierno ha habido un avance notorio en lo que refiere al compromiso de inversión en infraestructura vial.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 154, 155, 156, 157, 158 y 159.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 153.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 160.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 161.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

Queda así aprobado el inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas».

Se pasa a considerar el inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura», que comprende los artículos 162 a 189.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose de los artículos 165, 168, 169, 170, 180, 181, 186, 188 y 189.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Solicito el desglose del artículo 163.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 162 al 189, con excepción de los artículos 163, 165, 168, 169, 170, 180, 181, 186, 188 y 189.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 163.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 165.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 168.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 169.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 170.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 180.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 181.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 186.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 188.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 189.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura».

Se pasa a considerar el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública», que comprende los artículos 190 a 195.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose del artículo 191.

SEÑORA EGUILUZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA EGUILUZ.- Solicito el desglose del artículo 192.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 190 a 195, con excepción de los artículos 191 y 192.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 191.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- El Partido Nacional no votó este artículo en la comisión. Es un artículo que viola una norma que debería existir siempre en la Administración, que es la de la contraposición de intereses. Aquí se crea una Comisión Técnica Asesora sobre Medicina Altamente Especializada. Esa comisión, que va a asesorar sobre la incorporación o desincorporación de tecnología médica, como dice el artículo, va a estar integrada por organismos que compiten por esa tecnología. Es el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República o eventualmente del Fondo Nacional de Recursos, donde están integrados los propios Institutos de Medicina Altamente Especializada o las instituciones de atención integral, conocidas como mutualistas. Es decir que quienes van a asesorar si una técnica se incorpora o se desincorpora son aquellos que compiten por la incorporación o por la desincorporación de tecnología. En toda la Administración, insisto, debería existir siempre la contraposición de intereses: no pueden decidir sobre fondos públicos quienes compiten por esos fondos públicos. Por eso es que el Partido Nacional no va a acompañar este artículo.

En materia de alta tecnología habría que pensar algún día en una unidad reguladora que, ajena a los intereses económicos que legítimamente ofrecen estas prestaciones, pueda decidir sin estar involucrada en los beneficios o en los perjuicios que genera la incorporación de esta tecnología.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 191.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 192.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Solicitamos que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 192.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública».

Se pasa a considerar el inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», que comprende los artículos 196 a 201.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose de todos los artículos de este inciso.

El Partido Nacional va a votar en contra de estos artículos, porque hay creaciones de cargos y se trabaja poco en un tema que el año pasado estuvo en la rendición de cuentas; me refiero al interés en trabajar en políticas activas de empleo. Sé que me van a decir que hay algunos proyectos en ese sentido, pero dado que hay tantos temas sin materia presupuestal que ingresan a la rendición de cuentas, era el momento de incluir algunos artículos vinculados a estrategias o políticas activas de empleo, teniendo en cuenta cómo viene el desempleo en Uruguay y los 55.000 puestos de trabajo que se han perdido de 2015 a la fecha. Además, hay que tener en cuenta cómo viene evolucionando no solo la tasa de desempleo sino la tasa de empleo. Esto es algo que nos preocupa porque, como decíamos ayer, está afectando particularmente a los jóvenes. En esta franja estamos en niveles de desempleo del 25 % al 30 %, alcanzando este máximo en algunos departamentos en mujeres menores de veinticuatro años.

También nos hubiera gustado que se hiciera alguna referencia al atraso que tiene el Poder Ejecutivo –esto es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– con relación a la formación profesional. Como decíamos ayer, el Inefop adeuda más de USD 40:000.000 al Fondo de Reconversión Laboral. Para nosotros este era y sigue siendo un instrumento válido para generar políticas activas no solo de reconversión laboral para quienes no tienen empleo, sino de recapacitación para aquellos que lo tienen, como forma de asegurarles estabilidad.

Por lo tanto, entendemos que este inciso podría haber generado una gran cantidad de instrumentos. Sin embargo, no lo hace y sus artículos refieren a asuntos internos, como generación y transformación de cargos. Hubiéramos querido que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tuviera una política activa en el desarrollo de generación de empleo.

Por eso vamos a votar en contra los artículos de este inciso, con la excepción de alguna norma que voy a acompañar en forma personal.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: reconocemos que tenemos un problema de empleo y estamos preocupados por ello. El Poder Ejecutivo no presentó una política de empleo en este inciso ni tampoco lo plantearon la bancada oficialista ni la de la oposición, porque tocar el mercado laboral no es fácil. Para eso se necesitan leyes, y seguramente, si se hubieran incluido aquí, nos habrían dicho que había que sacarlas y estudiarlas en forma separada. La preocupación por el empleo, insisto, es de todos, pero construir herramientas legales no es fácil. Se necesita la participación de trabajadores, de empresarios y creo que también de las universidades, porque hay que ver cómo están impactando las nuevas tecnologías, aunque parte de los empleos se perdieron en el sector de la construcción.

Por lo tanto, vamos a votar cada artículo por su contenido y no por lo que no se incluyó, que llegará cuando corresponda.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: quiero reafirmar lo que planteó el señor ministro en la comisión ante esta preocupación que menciona el señor senador Delgado y que, incluso, fue incorporada en el informe en minoría que él realizó. Concretamente, el señor ministro Murro señalaba: «… el Poder Ejecutivo desde comienzos de este año ha definido que una de sus prioridades es el empleo, además de otros temas como la seguridad, la salud y la educación. A partir de eso hemos creado a nivel del Poder Ejecutivo un grupo interministerial, integrado por los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Industria, Energía y Minería y Trabajo y Seguridad Social». De manera que hay un equipo que está trabajando en el tema y que también generó iniciativas legales, algunas de las cuales ya fueron aprobadas en el Parlamento –también lo dijo el ministro Murro en la comisión–, como, por ejemplo, la refinanciación de deudas ante el Banco de Previsión Social. Este instrumento es un aporte a las empresas que, por su situación económica, no estaban cumpliendo en tiempo y forma sobre todo con los aportes obreros, lo que no admite ninguna refinanciación, salvo que se determine por ley. Y por ley, justamente, votamos este instrumento.

A su vez, el ministro señaló en la comisión: «La ley de estímulos al empleo tiene tres centros. Uno tiene que ver con los estímulos al empleo en general donde se destinan USD 15:000.000 a la generación de empleo dependiente de obreros o empleados en empresas privadas y USD 5:000.000 al estímulo de emprendimientos juveniles, es decir, empresas juveniles con titularidad y/o mayoría de trabajadores jóvenes…». Estos son estímulos que están establecidos por ley y que en este momento se están discutiendo en la Cámara de Representantes. El proyecto ya ingresó en el Parlamento.

Es decir que el Poder Ejecutivo optó por otro camino para responder a las dificultades de empleo. No se incluyeron artículos en la rendición de cuentas, pero se enviaron proyectos de ley específicos que buscan dar soluciones a este tema, como lo señaló el propio ministro en la comisión. Además, reitero, este asunto estuvo presente en debates parlamentarios recientes, cuando se aprobó la refinanciación mencionada ante el Banco de Previsión Social.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: en la misma dirección de lo expresado por los señores senadores Michelini y Pardiñas, quiero recordar que en el día de ayer, en el debate en general, este tema estuvo presente, tanto en intervenciones de la oposición como de los integrantes de la bancada de gobierno. Por nuestra parte, hicimos énfasis en el paquete de medidas vinculadas a la inversión y al empleo que el Poder Ejecutivo estaba presentando en el Parlamento en forma paralela a la presentación de la rendición de cuentas. A texto expreso quedó constancia en la versión taquigráfica –lo podrán revisar– que varios integrantes de la bancada de gobierno no solo hicimos referencia a esta estrategia de presentación del paquete de medidas vinculadas al empleo y la inversión en forma separada de la rendición de cuentas, sino que además detallamos las medidas, algunas de las cuales –como decía el señor senador Pardiñas– ya han sido analizadas en la Cámara de Representantes.

En consecuencia, queremos reafirmar la importancia, la trascendencia, la preocupación y la ocupación que tiene el Gobierno respecto a esta circunstancia, lo que se traduce en ese paquete de medidas que, reitero, fueron más que explicitadas en la comparecencia de los señores ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas y en las sucesivas intervenciones que hicimos en el día de ayer, durante el análisis en general de este proyecto de rendición de cuentas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑORA PASSADA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: creo que la lógica está bien planteada y es sacar este tipo de medidas de la rendición de cuentas para hacer un tratamiento fuerte de la modificación de la ley de empleo juvenil, que es la que en este momento se está discutiendo en la Cámara de Representantes. Y creo que después de que se vote rápidamente en ese ámbito, con la voluntad política manifestada aquí en el Senado, podremos aprobarlo también rápidamente porque eso significa la creación de nuevos cargos para los jóvenes que ingresan al mercado laboral con formación, pero también da la posibilidad, junto al Inefop, de implementar una mayor formación. Además, se prevén ciertas exoneraciones sociales a las empresas que ofrezcan estos nuevos puestos de trabajo. Pero también se atiende la situación de aquellas personas mayores de cuarenta y cinco años, que están en una edad compleja para conseguir un empleo. O sea que existe preocupación y los ministerios están involucrados, lo que creo que nos debe llevar a aprobar rápidamente estas normativas, porque la voluntad es que rijan a partir del 1.º de enero de 2019 y que en menos de sesenta días esté vigente la reglamentación. Creo que debemos atender esta situación del trabajo con mayor preocupación, porque el avance de la ciencia y de la tecnología está generando determinadas situaciones complejas que deben colocar este tema permanentemente en la agenda.

En definitiva, no solo está la preocupación ante esto, sino también la respuesta para buscar salidas al problema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 196.

En este artículo hay que hacer una corrección. En lugar de expresarse: «Autorízase en el Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social”», debe decirse: «Autorízase en el Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con la corrección señalada.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 197.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 198.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 199.

En este artículo también hay que hacer una corrección. En el cuadro se expresa: «Médico Laboralista o Toxitólogo», pero debió ponerse: «Médico Laboralista o Toxicólogo».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con esa corrección.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 200.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 201.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 25. Afirmativa.

De esta manera, queda terminada la votación del inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».

Se pasa a considerar el inciso 14, «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente», que comprende los artículos 202 a 221.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: antes de ingresar a considerar este ministerio, solicitamos un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Son las 12:23).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 12:56).

–En consideración el inciso 14, «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente».

¿Algún senador desea hacer algún desglose?

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: nosotros solicitamos que se desglosen los artículos 203, 206, 207, 210, 211 y desde el 213 al 221.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: solicitamos que se desglosen los artículos 203, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, los consideramos todos por separado.

En consideración el artículo 202.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 203.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 204.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 205.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 206.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 207.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 208.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 209.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 210.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 211.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: quisiera hablar de los artículos que se van a poner a consideración a continuación, que se desglosaron.

La idea es que los artículos 211 y 213, que modifican la ley de ordenamiento territorial, puedan pasar a la comisión correspondiente del Senado para ser analizados como corresponde.

Desde el año 2015, en la primera rendición de cuentas que tuvimos, se empezaron a incorporar dentro del presupuesto artículos que nada tienen que ver con la materia presupuestal y que, de una u otra manera, han ido tendiendo a eliminar controles ambientales y territoriales sobre lo que hace o deja de hacer el Poder Ejecutivo en todo el país.

En el año 2015 se eliminó la evaluación ambiental estratégica para todos los proyectos de carácter nacional que se fueran a implementar en el territorio. Esto es algo que está totalmente en contra de lo que implica pensar el territorio en forma ordenada y de la toma de decisiones adecuadas para evitar conflictos territoriales, ambientales y socioeconómicos en todo el país. Nosotros lo alertamos en su momento, pero igualmente el Poder Ejecutivo, mediante el mensaje presupuestal, eliminó la evaluación ambiental estratégica. Es más, si hoy se hubiera realizado, como preveía la ley de ordenamiento territorial, quizás no habría tanto conflicto para ver dónde se instala UMP 2. Pero eso se eliminó en el año 2015.

En el año 2016 el Senado, en el mensaje presupuestal, creó la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Otra vez nosotros alertamos que era una gran equivocación porque, primero que nada, le estábamos sacando el rango ministerial a los temas relacionados con el agua, el medioambiente y el cambio climático. Además, estábamos creando una secretaría en la Presidencia de la República, totalmente alejada de nuestro control, del control parlamentario y del control ciudadano. Igual siguieron adelante, siguieron superponiendo y dejando una responsabilidad difusa sobre el cuidado del agua y del medioambiente en todo el territorio.

El 2017 fue un año en el que se aprobaron directrices nacionales costeras de ordenamiento territorial, la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Eran necesarias? Sí, pero no como las que presentó el Poder Ejecutivo, que están totalmente vacías de contenido. Si hay algo que he ido aprendiendo con el tiempo en lo que se refiere al ordenamiento territorial es que, cuando no hay referencia sobre una determinada actividad en el territorio, se pueda hacer cualquier cosa y de cualquier manera. Es así. Y en estas directrices nacionales que se aprobaron se dio un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que actuara mediante programas en el territorio. Si a esto le agregamos que ya se habían sacado de arriba las evaluaciones ambientales estratégicas, se va allanando cada vez más el camino.

Esto ha sido una constante desde el 2015 a la fecha en materia de legislación, de derechos de las personas en el territorio, que van siendo vulnerados. De esta manera, cuando la gente común y corriente, que no tiene por qué saberlo –porque está en otra, porque está viendo cómo llega a fin de mes, cómo manda a sus hijos a estudiar, cómo hace para que no le roben lo mucho o poco que tiene y que ha conseguido con tanto esfuerzo–, se enfrenta a proyectos y planes de los gobernantes de turno para instalar megabasureros u otras grandes empresas de la mano de grandes corporaciones en el territorio, comienzan a darse cuenta de que han dejado de tener incidencia en lo que pasa donde vive, porque este Parlamento, de a poco, con nuestro voto en contra, le ha ido sacando derechos. Esto es lo que ha pasado del 2015 a la fecha. En el mensaje de hoy vienen artículos que parecen buenos, pero en realidad no tienen que ver con el tema presupuestal y siguen insistiendo en introducirlos aquí a pesar de que, entre otras cosas –pero tendría que ser lo principal–, son inconstitucionales. Cada vez que incluyen artículos de este tipo en el mensaje presupuestal están violando la Constitución, pero siguen insistiendo.

Los artículos 211 y 213, por ejemplo, violan la Constitución porque modifican la Ley n.º 18308, de ordenamiento territorial, por vía presupuestal. Quizás esto podría verse como algo menor, pero el problema no es lo que se dice, sino lo que queda solapado frente a cada artículo de este tipo que viene en el presupuesto sin ir directamente a las comisiones correspondientes del Parlamento para que lo estudien. Los artículos 211 y 213 se refieren a la parte urbana. El artículo 211 tiene que ver con los fraccionamientos lineales y quizás alguien pueda pensar que está bien, pero eso implica un costo muy alto a los Gobiernos departamentales, porque cada vez que se hace un fraccionamiento deben estar instalados los servicios básicos. Entonces, al reformar de esta manera la ley de ordenamiento territorial estamos lesionando la autonomía departamental.

Por su parte, el artículo 213 habilita los amanzanamientos de 20.000 metros cuadrados en las zonas urbanas lo que, sin el estudio correspondiente, puede llegar a traer conflictos de uso urbanístico.

Por eso creemos que estos artículos necesariamente deberían ir a la comisión en la que compartimos el trabajo mucho tiempo con la señora presidenta del Senado.

El artículo 216 se refiere a la gestión de residuos de sustancias tóxicas y peligrosas, por lo que creemos que debería formar parte del proyecto de ley de gestión nacional de residuos que está a estudio de la Comisión de Medio Ambiente y vamos a solicitar que así sea. Esa iniciativa ya la empezamos a trabajar y es muy completa. Entonces, no entendemos por qué en un presupuesto se anexa este artículo que refiere al uso y disposición final de residuos que pueden llegar a ser tóxicos y peligrosos. Su uso y disposición final en el territorio, necesariamente debería contar con las evaluaciones correspondientes realizadas a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, según lo mandata la Constitución y lo dice el sentido común.

Cuando estuvo el director de la Dinama en la comisión, le preguntamos si dentro de estas sustancias tóxicas o peligrosas podían estar, por ejemplo, los lodos residuales de las perforaciones que está haciendo la empresa Petrel –que es la que busca petróleo, allá por el norte del país–, y nos dijo que sí. Personalmente, no me parece adecuado que estos lodos estén incluidos en esta forma de tratamiento para su disposición final. Ya hay un conflicto grave en el norte del país, y los vecinos de Salto, Paysandú y Artigas están muy preocupados y atentos a lo que pasa, entre otras cosas porque cuando estas empresas perforan usan material radioactivo y ya hubo accidentes con estos lodos en los dos pozos que perforaron por encima y a través del acuífero Guaraní. Entonces, nuevamente digo que este artículo 216 –que refiere a gestiones de residuo de sustancias tóxicas y peligrosas– debe tener un tratamiento especial y pido que, por el sentido común que todos debemos tener y el principio precautorio, pase a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para integrarse al estudio del proyecto de ley de gestión de residuos en el que ya estamos trabajando.

Voy a continuar hablando de cada uno de los artículos, así luego los pueden votar en bloque.

El artículo 215 se refiere a las áreas protegidas. En este caso, cuando lo leemos parecería que está bueno porque se tienen en cuenta, pero cuando empezamos a bucear un poco en lo que se quiere decir y en los fundamentos de este artículo, encontramos que se faculta al Poder Ejecutivo a constituir fundaciones con entidades públicas o privadas. ¿Para qué? Para apoyar la gestión de las áreas protegidas. ¿Cuáles? Esteros de Farrapos e islas del río Uruguay, Cabo Polonio, Valle del Lunarejo, los humedales del Santa Lucía y la región este. El artículo autoriza al Poder Ejecutivo a transferir fondos para esas fundaciones que podrá constituir con entidades públicas y privadas. Me pregunto –no por ser desconfiada, sino porque prefiero prevenir a luego tener que ir a llorar al cuartito– con qué fin se crea esto. ¿Por qué se buscan herramientas de este tipo? ¿Es un camino para privatizar la gestión y las áreas protegidas? Me parece que esto debe tener otro análisis, por lo que pido que pase a la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Luego tenemos el artículo 217, que tampoco es un artículo presupuestal, porque habla de la diversidad biológica. Como en los otros casos, en una primera mirada se podría pensar que está bueno –punto Martini para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente–, pero como mi deber es prevenir y venimos resabiados de otros mensajes presupuestales, empezamos a estudiarlo. La justificación del artículo es «el uso sostenible de la diversidad biológica, así como el acceso» –pongo énfasis en el vocablo «acceso» que equivale al «podrá» o «deberá» de otras veces– «a los recursos genéticos y la participación en los beneficios derivados de su utilización». La verdad es que este artículo no me da la seguridad de que efectivamente se lleven a cabo evaluaciones ambientales sobre los impactos que puedan tener los eventos transgénicos en el territorio. Tampoco se ha considerado hacer una planificación en lo que refiere al uso y la localización, lo que pondría en riesgo las áreas protegidas y las zonas de exclusión. Creo, también, que este artículo debería pasar a estudio de alguna comisión donde específicamente podamos informarnos del alcance que pretende el ministerio respecto a esto, a no ser que se le pueda anexar una cláusula que diga lo siguiente: «Quedan excluidos de lo dispuesto en el inciso anterior los recursos genéticos humanos y los recursos fitogenéticos alcanzados por el Anexo I del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobado por la Ley n.º 17942, de 4 de enero de 2006, siempre que sean utilizados para la alimentación o la agricultura».

Los artículos 219, 220 y 221 buscan modificar el Código de Aguas, otra vez. Tratar de modificar el Código de Aguas a través de una ley de presupuesto por lo menos no nos parece que sea oportuno, además de inconstitucional. Hablamos del agua, un bien tan preciado y, a la vez, tan poco cuidado, y vilipendiado en este país. Casi no tenemos ninguna fuente de agua que no esté contaminada de una u otra manera. Nosotros no podemos pensar en modificar el Código de Aguas vía presupuestal sin tener el debido análisis sobre su oportunidad o no. Personalmente, creo que debería hacerse un estudio exhaustivo del Código de Aguas y aggiornar esa normativa a los tiempos que vivimos y a la realidad del Uruguay de hoy pero, repito, no así por la vía presupuestal.

Acá se habla de los humedales, de las zonas inundadas y en ninguno de los tres artículos se hace mención al artículo 47 de la Constitución ni tampoco a la ley de ordenamiento territorial. Señora presidenta: el artículo 47 de la Constitución, votado en 2004, es la herramienta esencial y fundamental para cualquier tipo de política que se intente llevar adelante en materia de aguas.

Si bien hoy el ministerio que tiene competencia en materia de aguas es el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también hay ciertas competencias que son de los Gobiernos departamentales. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier modificación que se quiera hacer en la materia tiene que estar integrada por todas las miradas para que después no se generen conflictos territoriales, y en este caso, señora presidenta, estos artículos adolecen de eso. De votarse por esta vía presupuestal, es imposible que podamos hacer algo coherente, que favorezca a la gente y evite conflictos posteriores.

Por todas estas razones, solicito que estos tres artículos sean enviados a la comisión correspondiente, a fin de hacer un análisis exhaustivo y dar la discusión pertinente.

Le agradezco, señora presidenta, por el tiempo dispensado y, por último, llamo una vez más a la cordura del Parlamento para que discuta lo que sea de materia presupuestal, pero aquello que no lo sea, que lo derive al ámbito que corresponda.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: para intentar colaborar con su tarea, vamos a pedir el desglose de los artículos 210 al 221, con excepción del artículo 214, que el Partido Nacional va a votar en contra. Algunos de esos artículos modifican la ley de ordenamiento territorial, uno tiene que ver con el tratamiento de los residuos –actualmente hay un proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente sobre la gestión integral de los residuos–, y otro modifica el Código de Aguas; en esos casos pedimos que previamente sea votado el pasaje a la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 210 ya fue votado, y están siendo votados uno a uno los artículos.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tienen la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- En primer lugar, se reedita un debate que en parte ya fue dado en el ámbito de la comisión y es bueno que aclaremos, en virtud de la argumentación que acabamos de escuchar, los fundamentos por los cuales el Poder Ejecutivo remite estos artículos.

Previamente quisiera hacer alguna consideración sobre qué tipo de normas se incluyen en las rendiciones de cuentas o en las leyes presupuestales, cuestión de larga data en el debate parlamentario. En muchas instancias, nuestra fuerza política también planteó la duda en cuanto a la inclusión de ciertos artículos en instancias presupuestales. Lo que sí ha quedado claro desde hace varios años –porque ha habido sentencias de la Suprema Corte de Justicia–, es que los artículos que fueron votados en instancias presupuestales no ameritan una declaración de inconstitucionalidad; eso ha sido descartado en más de una oportunidad y por diferentes integraciones de la Suprema Corte de Justicia. Así pues, la discusión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad en lo que tiene que ver con que se incluya en la rendición de cuentas alguna materia que no sea específicamente presupuestal, ya ha sido laudado, no solo en la jurisprudencia de la Suprema Corte sino, también, por las normas, con lo cual se ha seguido la línea de que aquello que se entienda es urgente, el Poder Ejecutivo lo pueda plantear. En otros casos se las incluye porque son modificaciones que no abarcan el contexto de una norma. Inclusive, hoy, cuando discutimos el inciso del Ministerio de Relaciones Exteriores, el propio señor senador Mieres hizo referencia a que tres de los artículos que se votaron están siendo objeto de análisis de un estatuto que ha sido propuesto por la Cancillería. Más aún, la Cancillería fundamentó diciendo que ante la necesidad y en virtud de que se ha postergado la aprobación de esa norma, se adelante y sea aprobada en la rendición de cuentas. Es decir, a veces los intereses y las necesidades normativas obligan a que por los tiempos perentorios que tiene la rendición de cuentas sean incluidas en la misma.

Con respecto a las modificaciones a la ley de ordenamiento territorial, como explicó claramente el ministerio y lo reafirmara el director de la Dinot, han sido en acuerdo con los Gobiernos departamentales. La ley de ordenamiento territorial confiere a los Gobiernos departamentales la determinación de los territorios, especialmente cuando se trata de territorios urbanos. Entonces, este es un trabajo que viene haciendo la Dinot para asesorar y elaborar planes de ordenamiento territorial, departamentales y locales, con todos los Gobiernos departamentales. O sea que esto no va orientado a dejar de lado la potestad que les confiere la ley de ordenamiento territorial que fue iniciativa del primer Gobierno frenteamplista. Justamente, estamos reconociendo la particularidad y la importancia que tiene el rol específico de los Gobiernos departamentales en cuanto a determinar las características del territorio y qué hacer sobre él. Esto lo explicó claramente el arquitecto Freitas cuando dijo que el tema está acordado con los Gobiernos departamentales, lo que ayuda en los procesos de urbanización que hoy están teniendo dificultades. Por ejemplo, lo que se establece en cuanto al amanzanamiento tiene que ver específicamente con las zonas residenciales donde se están planteando problemas que se presentan en función de modalidades de nuevos barrios que requieren amanzanamientos que antes no teníamos. Lo mismo sucede con las transferencias del Fondo Nacional de Vivienda que puede hacer el ministerio y que, en parte, van en la búsqueda de soluciones para la adquisición de terrenos que luego pueden ser urbanizados a través de su adjudicación a las cooperativas. Esto hoy es un impedimento, porque donde se van a asentar esas cooperativas se requiere algo que también está en las normas de última generación; me refiero a que para hacer un fraccionamiento tienen que estar los servicios. Eso se encuentra amparado en la normativa que estamos planteando.

Con respecto a las sustancias químicas, como lo explicó muy claramente el ingeniero Nario, se intenta llenar un hueco en cuanto a aquellas sustancias químicas que no están consideradas en otras normas. Por ejemplo, las sustancias químicas vinculadas a la producción agropecuaria ya tienen normas específicas elaboradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Asimismo, para algunas relacionadas con la industria existen normas a partir del decreto que regula el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En este caso, como él dijo, aquellas que quedan en un vacío, justamente van a ser manejadas a partir de este artículo que se incluye en esta rendición de cuentas.

Por otra parte, ante la consulta de si los lodos iban a estar incluidos, señaló que lo estarían en el caso de que no estuvieran comprendidos por otra normativa. No estamos ante una norma particular sino general y, lógicamente, habrá que ver si la sustancia química de que se trate está referenciada a alguna otra ley; en caso contrario, obviamente, va a estar regulada por esta.

En cuanto al tema de las áreas protegidas, afirmar que habilitar al ministerio a crear una fundación significa privatizar esas áreas supone desconocer cómo funciona el sistema de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de este país funciona con propiedad pública y privada, porque cuando se delimita un área protegida para que forme parte del sistema nacional no se saca la propiedad a los particulares que son sus dueños. La presidenta conocerá muy bien el Valle del Lunarejo, donde los propietarios rurales siguen siendo los dueños de sus predios. Entonces, hacer esa afirmación es desconocer cómo funciona el sistema. Acá estamos habilitando una herramienta con la que se puede estar de acuerdo o no. Por ejemplo, hemos discutido muchas veces en instancias presupuestales si habilitamos o no a la Universidad a crear fundaciones, por el tema de la evasión del derecho administrativo. En definitiva, acá se está creando una herramienta que permite trabajar en un área en la cual las organizaciones sociales están fuertemente presentes y actúan. Hay que tener en cuenta que cuando actúa solo el Estado, es difícil a veces encontrar apoyo de otras organizaciones internacionales, porque el Estado uruguayo hoy está catalogado como de renta media, por lo cual los aportes financieros de organizaciones internacionales se ven limitados. Ahora bien, si hay comparecencia de organizaciones de la sociedad civil interactuando –porque eso es lo que habilita el artículo con una fundación en la cual participa el ministerio– se puede lograr una mejor gestión, pero insisto en que no se trata de subrogar la gestión de nadie. En el gobierno del intendente Gerardo Amaral en Treinta y Tres se firmó un convenio para el mantenimiento, la gestión y la conservación del área protegida de la Quebrada de los Cuervos con una organización civil del departamento. Esas son las cosas que se pueden hacer y que, sin lugar a dudas, van a dar mucho más resultado en algún caso que si la gestiona el propio Estado, porque hay que tener corazón, querer y entender la naturaleza de un área protegida. Entonces, en esto a veces la sociedad civil tiene mejores herramientas que el propio Estado. Eso es lo que habilita este artículo.

Por último, señora presidenta, las normas que tienen que ver con protección del medioambiente o con el Código de Aguas deben estar actualizadas. La ley sobre la protección del medioambiente es de noviembre del 2000 y lo que propone el articulado es una adecuación tendiente a defender con mayor énfasis el interés natural y de protección, así como el rol de la Dinama y el ministerio. En el caso del Código de Aguas sucede lo mismo, porque cuando se establecieron las zonas encharcadas, anegadas o de bañados eran vistas como zonas perjudiciales para la producción y, por lo tanto, había que barrerlas o habilitarlas para que se desecaran. ¡Vaya si tenemos problemas con los bañados de Rocha y con toda la desecación! Sin lugar a dudas se amplió el área de producción agrícola-ganadera y para otros destinos, pero al mismo tiempo se generaron problemas ecológicos fuertes en esa zona. Por lo tanto, acá se está diciendo que no se considera a las zonas de bañados y anegadizas como algo perjudicial porque tienen agua acumulada, sino todo lo contrario, ya que esa característica genera un poder buffer en el ambiente que hay que proteger. Entonces, ¿se está prohibiendo la desecación? No; lo que se está diciendo es que para desecar un bañado o una zona anegadiza hay que consultar a la Dinama, porque es a quien compete determinar si eso se puede hacer y en qué condiciones. Me parece que esto es avanzar en una norma de protección ambiental. Además, estamos incluyendo en una vieja norma, que es muy buena y que tenemos que defender como es el Código de Aguas, una mirada prospectiva de todo lo que implica el trabajo ambiental.

Por todo esto, señora presidenta, queríamos hacer estas puntualizaciones porque con esta iniciativa no se está devastando la potestad de los Gobiernos departamentales ni afectando el medioambiente desregulando todo, sino que se está tratando de generar una normativa de nueva generación para la protección y análisis de las condiciones ambientales.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: en comisión aludimos a los artículos 218, 219, 220 y 221, y fundamentamos especialmente en favor de lo que ya adelantó el senador Delgado en cuanto a pretender que vuelvan a comisión a los efectos de discutirlos con más profundidad. Me estoy refiriendo específicamente a aquellos artículos que modifican parte importante del Código de Aguas. Hay prácticamente un capítulo entero de esta norma de casi cuarenta años que en el marco de esta ley presupuestal sustituimos en lo medular.

Hay dos temas que me preocupan y tengo especial interés en dejarlos planteados en este ámbito. Ambos tienen un sentido de prospección y me parece que es fundamental analizarlos en esta casa, no a corto plazo o adoptando una medida puntual, sino con una mirada de largo o mediano aliento. Uno afecta puntualmente a una zona para mí muy importante del país, del Montevideo rural, que comprende los bañados y los humedales del río Santa Lucía.

Si miramos los censos agropecuarios de los últimos treinta años veremos que desapareció más del 60 % de los productores de lo que llamamos el Montevideo rural Si ingresamos en lo que es Melilla –zona que fue ícono de la producción intensiva hortofrutícola del país, con particularidades que todos conocemos– vemos que hoy, básicamente, está ganada por dos aspectos. Uno de ellos es el cambio sustancial de lo que fue la producción que lo distinguió, ya que ahora hay importantes casas de eventos sociales, a partir de casonas emblemáticas que hicieron a la mejor historia de esa zona y, el otro, son chircales. A simple vista –no se precisa conocer mucho– hay una muestra muy clara de la desaparición de los productores que dieron fisonomía a esa zona. A mi juicio, esto no es culpa de acciones de ningún Gobierno; esto es fruto de una lógica que analizamos en la comisión y tiene que ver con el avance tecnológico que hoy permite producir frutas y hortalizas cada vez con menos mano de obra e, incluso, en áreas más grandes, y ni que hablar en las pequeñas parcelas que distinguieron a esta zona del Montevideo rural. La utilización de los herbicidas ha eliminado el laboreo de la tierra, por supuesto, el trabajo con azada, las viejas disqueras, el arado; hoy hay podadoras neumáticas que han reducido sustancialmente el tiempo de la poda; hay tractoelevadores, zorras transportadoras de bins y los bins propiamente dichos. Todo esto ha simplificado de manera sustancial la cosecha, al tiempo que la utilización del personal se ha reducido en términos muy importantes e, incluso, el riego y la fertilización hoy se canalizan a través de la computadora. Por lo tanto, lo que era la agricultura familiar de Melilla, que también era de punta, se vio notoriamente sustituida. Si vamos a la citricultura –acá hay senadores del litoral del país que conocen muy bien este tema del que hablo– creo que no me equivoco si digo que hay media docena de empresas que concentran el 90 % de la cosecha nacional y el 100 % de la exportación de esta tipología de la producción de nuestro país. Si analizamos la horticultura, que tiene que ver con cultivos anuales y por eso hay otra flexibilidad, podemos decir también que un área de 50 hectáreas de cebollas hoy la maneja una sola persona. Por consiguiente, esa parte de Montevideo inevitablemente está siendo sustituida y no tiene retorno. Estoy absolutamente convencido de ello. Estamos hablando de una zona patrimonial de Montevideo, con una riqueza muy particular, con una fertilidad del suelo muy importante, una zona sobre el río Santa Lucía y sobre la boca de este río contra el Río de la Plata. Ni hablemos de la historia de esta parte del país, que se remonta al propio brigadier general don Manuel Oribe, que hoy tiene la sexta generación de su familia con algo que queda por ahí del rancho que construyó en 1852.

En ese marco lo que se ve es el desempleo que generó esta situación y las tierras invadidas por las chircas y sumidas en el abandono, salvo en lo que respecta a las excepciones de esos nuevos rubros que felizmente han aparecido. Enfrente, del otro lado del río Santa Lucía, está el departamento de San José donde se ven los mismos bañados y, al amparo de una legislación que hoy se deroga, se hicieron emprendimientos como, por ejemplo, la Marina Santa Lucía, que ha generado desarrollo, residencia y trabajo, incluso hasta el día de hoy. Esta norma, a mi juicio, hoy afecta esta zona de Montevideo que es Melilla por la derogación de prácticamente un capítulo entero del Código de Aguas. Esto para nosotros es preocupante y tiene que ver con el ordenamiento territorial –acá hay profesionales en la materia– pues Montevideo rural, en su momento, fue el Prado y lo sustituyeron las casonas del Prado; fueron en su momento Colonia y Lezica; fue en su momento Carrasco, donde los médanos eran extensiones de naturaleza virgen hasta que Alfredo Arocena, en la década de los veinte, hizo el hotel Carrasco y hoy prácticamente Montevideo llega hasta la barra del Solís. Entonces, me parece que este tema es central desde varias perspectivas; después me referiré al concreto, al específico. De hecho, por ejemplo, tengo conocimiento de algunos proyectos de este tipo que después de siete años la Intendencia de Montevideo los aprobó y la Dinama y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no les da la autorización correspondiente. Incluso, no ha dado cumplimiento a algo que está establecido en la ley del sistema de áreas protegidas, decreto reglamentario del 15 de febrero de 2015. En el inciso tres del artículo 15 de la Ley n.º 17234 establece que debe haber una Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas que, en el caso de los humedales del Santa Lucía, no existe. Por supuesto, acá hay una cuestión vinculada con el derecho de propiedad y me consta –he tenido conocimiento de esto porque he ido a la zona y también por algunos vecinos– que hay algún trámite ante la Suprema Corte de Justica por la afectación eventual de los derechos consagrados en los artículos 7.º y 32 de la Constitución sobre el derecho de propiedad. La ley de áreas protegidas estableció que las mismas iban a estar integradas por inmuebles que pertenecen al Estado, recién se hizo referencia a ello, y por los de los particulares que presten su consentimiento. Pero la ley de presupuesto de 2005, n.º 17930, en sus artículos 362 y 365 afecta el requisito del consentimiento del propietario. Este cambio no es menor: es del Estado y es privado, sí, tal como se señaló recién, pero se afectó una parte sustancial que estaba expresamente establecida en el artículo 5.º de la Ley n.º 17234, donde se habla del propietario particular que prestare el consentimiento. Esto se sacó. ¿Se modificó la ley? No; se hizo sí la modificación legislativa correspondiente, a través de dos artículos que iban en la ley de presupuesto de 2005. No es menor el cambio. Entonces, no concuerdo con esa suerte de mecanismo –soy muy respetuoso cuando uso adjetivos– «poco claro» o «camuflado», que incorpora temas que son de resorte de leyes específicas y de códigos, en artículos de una ley presupuestal o de modificación. Quiero decir que poco me importa si lo ha hecho este Gobierno solamente, nosotros los blancos, los colorados, en el siglo pasado, ya que eso es para el que lo hace y no entro en esas cuestiones que ni siquiera vale la pena referir. Pero ahora la rendición de cuentas agrega que el ministerio de vivienda propone modificar el Código de Aguas prohibiendo la desecación, drenaje u otras obras análogas en aquellos terrenos pantanosos o encharcadizos, bañados o lagunas, que sean declarados por el Poder Ejecutivo como humedales de importancia ambiental. Quiero resaltar que se utiliza una nueva expresión, «importancia ambiental», y ya no «de interés general» aunque, obviamente, acá hay abogados calificados de larga data que saben cómo hacer estas cosas en el sistema positivo, pero da lugar a esto. Me parece que este tema requiere, por lo menos, de un análisis más profundo o, mejor dicho, más específico; en realidad no quiero calificarlo de más profundo porque estaría diciendo que fue liviano lo que impulsó esta posición, ya que me genera cierta subjetividad. Yo me pregunto por qué si está la ley del sistema nacional de áreas protegidas se introduce esta derogación de casi todo un capítulo del Código de Aguas en el marco de una ley presupuestal y ni siquiera se analizó allí. Es más, estas modificaciones específicas del Código de Aguas, ¿por qué no las tratamos recientemente, hace unos días, cuando analizamos en este mismo Cuerpo la ley de riego? Entonces, con franqueza me pregunto por qué hacemos estas cosas –siempre bien inspiradas, por lo menos yo lo creo así y quiero que quede constancia, aunque tengamos visiones distintas– que tienen consecuencias prácticas que pueden ser muy importantes. Por supuesto que hay que ser responsables de esto con el voto y siempre todos lo somos porque nadie está sentado acá por no tener claro lo que piensa. Ahora bien, debemos tratar este asunto adecuadamente, consultando a especialistas, sacándonos las dudas de un tema que nos las genera. Me parece que nos merecemos una discusión –y lo digo con absoluta convicción– con un análisis específico sobre estos artículos.

Yo soy vecino de esa zona, del otro lado, de San José. La riqueza del río Santa Lucía en la boca contra el Río de la Plata, en la perspectiva de veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años –pensemos en nuestros hijos y nietos– está signada por decisiones de este tipo.

No sé si alguno de los señores senadores lo sabe, pero la pista de regatas, que aún existe, es una canalización artificial del arroyo Melilla. Se hizo cuando se propuso un plan de desarrollo de la zona en 1925, que fue cuando se construyó el puente de la Barra de Santa Lucía y al mismo tiempo se desarrolló Tigre, en Argentina. Hubo una lógica; no se trató de un emprendimiento particular y ligero, o público.

En 1940 el tránsito fluvial en el río Santa Lucía era diez veces mayor al de hoy. En 1950 la famosa chacra de los Taranco –el señor senador Besozzi lo debe saber– congregaba a mucha gente por el deporte del polo que desde allí se desarrolló y en ella se realizaban jornadas con más de trescientos caballos.

Me parece que hay una visión de largo plazo que, en mi opinión, se verá afectada –para bien, para mal, para mejor, para peor, allí están las visiones o los matices– como para que nosotros estemos derogando un capítulo del Código de Aguas, mediante cuatro artículos de una ley de modificación presupuestal a poco más de un mes de haber generado la ley de riego y habiendo salteado el tema cuando se generó la ley del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Es cuanto quería señalar, señora presidenta. Quería hacer esta fundamentación para votar, como siempre lo hacemos todos, tranquilos, pero pretendiendo que se haga lugar al planteo. Creo que es importante derivarlo a la comisión correspondiente, al igual que se hizo anteriormente –y lo destaco especialmente– con otro artículo a propuesta del señor senador Carrera. Tal vez el pasaje a comisión no cambie nada o tal vez algunos cambien su posición. Eso puede pasar cuando se da una discusión estudiada en profundidad, más desarrollada y específicamente más analizada porque, como dije, hay gente que se va a ver afectada en una zona emblemática y muy importante de Montevideo.

SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Gracias, señora presidenta.

Solamente quería recordar a nuestros compañeros en el Senado que recientemente se aprobó el Plan Nacional de Aguas. Y si la intención era y es reformar el Código de Aguas, es allí, en ese Plan Nacional de Aguas que se debe hacer, o enmarcado en ese gran trabajo realizado a nivel nacional es que debería incorporarse y no en esta instancia presupuestal.

Era simplemente eso, señora presidenta. Quería manifestarlo a fin de que conste nuestra posición en la versión taquigráfica.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- He terminado.

SEÑORA EGUILUZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA EGUILUZ.- Gracias, señora presidenta.

Nosotros también queremos dejar constancia de que nuestro partido no va a votar la derogación de los artículos correspondientes al Código de Aguas. Esa derogación fue propuesta en esta rendición de cuentas, pero el Poder Ejecutivo no supo explicar esa decisión de manera acabada en la comisión. Se hicieron varias preguntas sobre el tema, se cuestionó y se pidieron explicaciones. Sin embargo, los representantes del ministerio apenas mencionaron el cambio de visión. Nos dijeron que hasta ahora se podía hacer tal cosa, pero que en adelante no se podría hacer más. La explicación que se nos dio fue que era un cambio de visión más moderno del país. Y está claro que no fue suficiente cuando estamos tratando temas de esta envergadura. Si bien hay algunos asuntos sobre los que uno podría decir que no deberían estar incluidos en la rendición de cuentas, pero, bueno, es el momento de tratarlos porque hay determinadas circunstancias que hacen que tengan que colocarse en ese lugar, consideramos que no debe procederse de esa forma cuando estamos hablando de temas tan importantes y trascendentales para la vida del país, como este que tiene que ver con el manejo del agua.

No es verdad que aquí no hay una prohibición. Hay una prohibición expresa porque se dice: «Prohíbese la desecación, drenaje u otras obras análogas en aquellos terrenos pantanosos o encharcadizos […]». Por tanto, crean la prohibición en esta rendición de cuentas.

No es verdad que esto no cambia las reglas de juego; va a cambiarlas profundamente. Además de este cambio –que no es solamente jurídico, sino que afecta específicamente el derecho de propiedad– seguramente se va a generar una serie de situaciones de inconstitucionalidad y las personas que se vean afectadas utilizarán los mecanismos que consideren adecuados. Las personas van a ser afectadas por un cambio de reglas de juego mediante un artículo de una rendición de cuentas que modifica el Código de Aguas. Realmente, este cambio que se está haciendo es de gran envergadura, pero no fue explicado. Si hay una nueva visión, podría haberse explicado de otra manera. Es más, tal vez podrían habernos convencido de que era lo mejor, pero no fue así; de hecho, la explicación fue muy breve; fue nada más que un eslogan. Los representantes del ministerio se levantaron y se fueron, comprometiéndose a entregar más información ante las consultas, pero no lo hicieron, y eso también debe quedar establecido. Digo esto porque los planteos que se hicieron fueron responsables y si hubiese habido una visión planteada con seriedad, quizás hasta podrían habernos convencido de algunas cosas; pero no fue lo que ocurrió.

Por otro lado, quiero señalar que se crea una figura jurídica. Así pues, en uno de los artículos que están modificando se establece: «… que sean declarados por el Poder Ejecutivo como humedales de importancia ambiental». Esto no existe, señora presidenta. Se está creando a través de una norma presupuestal. No tenemos un protocolo. No se dice cuáles van a ser las garantías. Por ejemplo, si uno quiere declarar un bien monumento histórico tiene que cumplir con determinadas condiciones, pero aquí se está hablando de crear una figura jurídica de declaración ambiental de los humedales, que no existe, que no se la explica y está como al pasar en un articulado que se crea en una rendición de cuentas. Esto va a tener efectos jurídicos negativos, va a generar reclamos y va a dar una falta de certeza a los propietarios que quieran, simplemente, hacer intervenciones en sus propios predios.

Por lo tanto, entendemos que es imposible acompañar este articulado, esta modificación y, sobre todo, este intento de explicación de un cambio de visión que no tuvo ningún argumento en el Senado de la república.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estaríamos en condiciones de continuar votando el articulado.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: el señor senador Delgado había propuesto pasar a comisión los artículos 210 al 221. Creo que eso es lo primero que tenemos que votar, aunque adelanto que nosotros votaríamos en contra. Luego continuaríamos de la misma forma en que lo hemos hecho hasta ahora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se iba a proceder de esa manera, señor senador.

En realidad, sería del artículo 211 al 221.

SEÑOR DELGADO.- Sería desde el artículo 210 al 221, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 210 ya fue votado, señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Entonces, pido la reconsideración del artículo 210.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 210.

(Se vota).

27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se solicita el pase a comisión de los artículos 210 al 221 inclusive.

SEÑOR DELGADO.- Excluyendo el artículo 214.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el pase a comisión de los artículos 210 al 221, exceptuando el artículo 214.

(Se vota).

–11 en 27. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 210 a 221, excepto el artículo 214.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 214.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Terminamos de votar el inciso 14, «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente».

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: no quise intervenir porque en la discusión de este inciso se puso el acento en el medioambiente, que no es mi especialidad ni integro la comisión que se ocupa de este tema.

Simplemente quería decir a modo de constancia –por eso hago uso del fundamento de voto– que parte de lo que se hizo en comisión lo planteamos en la discusión general cuando debatimos sobre la construcción de viviendas en el país y a ello me remito. Nos parece que hay una buena realización en materia de cooperativas, pero no ocurre lo mismo en cuanto a la construcción de viviendas en los asentamientos.

En esta oportunidad no nos referiremos a la planilla que ayer analizamos con detalle, pero queremos dejar en claro nuestra discrepancia en lo relativo a los niveles de realización y ejecución de la cartera en el tema de la vivienda, que para nosotros deja mucho que desear.

Nada más, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social», que comprende los artículos 222 a 236.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos el desglose de los artículos 225, 226, 227, 228, 232 y 233.

SEÑORA EGUILUZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA EGUILUZ.- Solicitamos el desglose del artículo 234.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Solicitamos el desglose de los artículos 223, 228 y 235.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 222, 224, 229, 230, 231 y 236.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 223.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 225.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 226.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 227.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota). 

–19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 228.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 232.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 233.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 234.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 235.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Terminamos el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social».

Se pasa a considerar la sección V, «Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República».

Corresponde considerar en primer término el inciso 16, «Poder Judicial», que comprende los artículos 237 a 247.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: cuando compareció la delegación de la Suprema Corte de Justicia ante la comisión nos impactó con su exposición. En el mensaje que vino del Poder Ejecutivo y en lo que votó la Cámara de Representantes se puede observar que no se asigna al Poder Judicial ningún aumento en su crédito presupuestal. Perdón, en realidad le asignan una partida de $ 1:500.000 con destino al servicio odontológico para funcionarios judiciales en el interior del país y el resto regula todo el procedimiento de audiencias. Ese es el mensaje del Poder Judicial.

Cuando escuchamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia quedamos muy preocupados, sobre todo por la afectación funcional de este poder independiente del Estado, que administra justicia, nos da garantías a todos, al que además ni siquiera le aprobaron artículos sin costo. Esto se agrava cuando tratamos el tema de la violencia de género. Hace poco el Parlamento aprobó una ley con la unanimidad de los partidos políticos, y el Poder Judicial está reclamando –en la sesión de ayer lo expresamos– no solo partidas presupuestales para adaptarse al nuevo Código del Proceso Penal, sino además para poder implementar correctamente la aplicación de la ley de violencia de género. Pidió cerca de $ 94:000.000, pero solamente se le otorgaron $ 1:500.000. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora María Elena Martínez fue contundente cuando dijo que en estas condiciones el Poder Judicial no puede poner en funcionamiento la aplicación de la ley integral de violencia de género. Reitero, fue terminante: expresó que no hay chance. Obviamente, después el doctor Chediak habló de los problemas que se generaban para poder implementar como corresponde el nuevo Código del Proceso Penal.

¿Qué pasó después? La Suprema Corte de Justicia no logró lo que quería, es decir, la redistribución de partidas presupuestales para tratar de asignarle recursos parecidos a los que envió el organismo en su mensaje. En lo personal –y me remito a lo que dije en comisión– prefiero siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero en el tema de violencia de género la señal que están dando el Parlamento y el Gobierno es muy mala: al Poder Judicial, cero.

Después de discusiones internas y de buscar mecanismos de financiamiento se logró redistribuir algunas partidas y, además de $ 1:500.000 para el servicio odontológico –que era lo único que se le daba; pedían $ 94:000.000–, se llegó a algo más de $ 6:000.000, unos USD 250.000, para la capacitación de funcionarios judiciales en el marco de la aplicación de la ley de violencia de género. Ese presupuesto, que también fue reclamado por la fiscalía para fiscales especializados en violencia de género, se le otorgó al Ministerio del Interior para contratar ciento veinte pasantes para recepcionar las denuncias, y al Ministerio de Desarrollo Social para comprar artefactos electrónicos y tobilleras como medidas cautelares de estas características dispuestas por la Justicia. Al Poder Judicial –que, en este caso, es el que debe aplicar la justicia– se le recepcionan las denuncias, pero después no se pueden implementar porque hoy no cuenta con las condiciones logísticas, estructurales, presupuestales, funcionales ni de formación para poder llevar a cabo la tarea que le encomendó este Parlamento.

Empezamos a dar algunas señales. Por lo menos, se logró un poco más de $ 6:000.000, medio vaso lleno. Hubiera sido horrible terminar esta sesión como terminó la de la Cámara de Representantes, en la que ni siquiera se le daba un mango para aplicar la ley de violencia de género.

Por lo expuesto, vamos a acompañar todos los artículos del inciso 16, «Poder Judicial». Reitero que casi todos ellos refieren al procedimiento de gestión de audiencias. Uno de ellos está vinculado con el tema de la guardería y en otro se le asignan recursos de $ 1:500.000 al servicio odontológico. Además, seguramente tendremos el aditivo vinculado con la redistribución, donde se transfiere al Poder Judicial algo más de $ 6:000.000 para la capacitación de funcionarios en violencia de género.

Esto, señora presidenta, no es nuevo. El año pasado, el anterior y el anterior tuvimos situaciones similares en las que no se atendió el mensaje del Poder Judicial. Creemos que en este sentido hay que dar una alerta.

Aprovecho a dejar constancia –para no hacerlo después– de que el Partido Nacional va a presentar dos aditivos al respecto, por más que se traten después. Uno de ellos tiene que ver con un pedido de la Suprema Corte de Justicia, en reiteración real, para ser autorizada a destruir expedientes judiciales en la forma que reglamentará conforme a derecho. Es una solicitud de la Suprema Corte de Justicia –figura en su mensaje–, con garantías, que no tiene costo, por lo que no entendemos por qué no se puede votar. Hoy le habilitamos la mayoría de sus expedientes que están respaldados; muchos de ellos están siendo, literalmente, destruidos por la humedad y los roedores, además de que ya no se cuenta con más lugar para los archivos y depósitos.

El segundo aditivo que presenta el Partido Nacional tiene que ver con todo lo que se confisque como bienes, productos e instrumentos vinculados, fundamentalmente, al narcotráfico. Hoy es la Junta Nacional de Drogas la que dispone integralmente de los rubros que surgen a partir de la confiscación de esos bienes que quedan a libre disposición con la actuación de la Justicia y, eventualmente, se puede sancionar a los responsables. Entonces, creímos justo que el 50 % de lo producido por la enajenación de dichos bienes pasara al Poder Judicial y el 50 % restante a la Junta Nacional de Drogas.

Esos son los dos aditivos que el Partido Nacional va a presentar, obviamente no tienen costo y nos parecen de estricta justicia. Lo demás es más bien una reflexión general. Reitero que vamos a acompañarlos porque tienen que ver con la reglamentación de procedimientos de audiencia y el tratamiento odontológico. Esperábamos la reasignación de un presupuesto mayor en esta rendición de cuentas –que implica el año que viene y el primero del próximo Gobierno– para poder aplicar integralmente –como debe hacerse– la ley de violencia de género. Lo único que se va a hacer, después de mucho ir y venir, es conseguir unos fondos para la capacitación de funcionarios.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer una corrección: el nombre de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es Elena Martínez y no María Elena.

En segundo término, respecto a la ley de violencia basada en género, quiero señalar que acompañamos la iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo para dotar de recursos respecto al tema de la interinstitucionalidad. Se dotó de recursos –como muy bien decía el señor senador Delgado– al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente porque es lo fundamental en esta etapa para comenzar a lograr cambios culturales en materia de violencia de género en ese proceso en el que está embarcado nuestro país. En esta primera etapa, la iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo fue muy buena.

Respecto al Poder Judicial fue muy importante el trabajo que se hizo en comisión –que fue votado por unanimidad– para reasignar algunos recursos a fin de comenzar a capacitar y lograr un cambio cultural hacia la interna de nuestros jueces. Desgraciadamente, hoy en nuestro país tenemos mejor justicia en temas civiles y en un juicio ejecutivo cambiario, que es cobrar un cheque, que en los temas que nos duelen como sociedad. Pero para eso necesitamos un cambio cultural. Reitero que en el proceso en que está embarcado nuestro país, la iniciativa de dotar de recursos permanentes para la capacitación de nuestros jueces y operadores de justicia en materia de derechos humanos y violencia de género, fue un muy buen paso. Luego vendrán otros temas y la adjudicación de recursos. Pero primero hay que empezar a transformar los juzgados que ya están dedicados a esta materia –tienen que pasar a ser los juzgados multimateria– y luego vendrá la otra etapa. Ojalá este tema se solucionara solo con la asignación de recursos. Este problema se soluciona con cambios culturales y el Estado uruguayo está haciendo un buen proceso.

Muchas gracias.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: no iba a hacer uso de la palabra porque creí que iba a ser suficiente con lo expuesto por el señor senador Delgado respecto al tema. Pero si hay algo que es importante en este tema tan difícil de abordar desde todos los puntos de vista, que ha sido tan invisibilizado por tanto tiempo, y que por suerte ahora se han ido generando herramientas para atacarlo y tratar de actuar en la materia, es que las mujeres o las personas que están en situación de violencia doméstica y de género, tengan herramientas legales a la hora de necesitar amparo. ¿De qué nos vale tener una ley integral como la que se hizo, que le pone el foco a la protección de la persona violentada, si después organismos como el Poder Judicial, por ejemplo, no tienen presupuesto para implementarla? Si hay algo que uno tiene que cuidar en estas épocas es la vida. Estoy de acuerdo en que se vaya generando conciencia, en que se vayan brindando herramientas a través de distintas formas para apoyar todo el tejido social en torno a la persona violentada, pero es fundamental que el Poder Judicial pueda actuar, porque para las personas, para las mujeres que están siendo violentadas, estas son situaciones límite. Reitero, son situaciones límite y necesitamos un Poder Judicial fuerte, con presupuesto para que actúe en la materia, porque las más pobres, las más desgraciadas, son las que después andan deambulando por ahí buscando defensores de oficio o un juzgado que les dé una audiencia y no que se vaya dilatando un proceso que no pueden esperar.

En este Parlamento se trabajó mucho y muy bien en esta ley, pero también se nos dijo –y que esto no le asombre a nadie– que había que destinar presupuesto para que se pudiera implementar. Las leyes quedan muy lindas en el papel, pero si después no hay presupuesto que acompañe, reitero, no se pueden implementar. Eso se trabajó en comisión, sabíamos que realmente iba a significar un cambio, un nuevo paradigma en la atención a la violencia de género, y que ese cambio ameritaba presupuesto y reformas fundamentales. Hace tiempo que votamos esa ley, y ya tendría que estar operativa en su más amplia forma. No puede ser que hoy nos conformemos con que no nos den presupuesto para eso. Creo que el Gobierno y todos nosotros –porque hoy la pelota está en nuestra cancha– tenemos que empezar a ver la lista de prioridades en esta materia. Hay violencia hacia las mujeres. Hay violencia hacia los niños. También hay violencia hacia los hombres. De hecho, un compañero me decía que a veces hay hombres que son violentados en el seno de la familia. Pero no puede ser que porque no se le haya otorgado presupuesto al Poder Judicial no podamos implementar cabalmente esta ley. Lo esencial era crear juzgados competentes. Lo esencial era tener una reforma del Poder Judicial que ayudara a las personas que están siendo violentadas a no pasar por procesos que son eternos y que muchas veces terminan muy mal. Lamento que en el orden de prioridades del presupuesto del Gobierno no haya estado en primera línea esta reforma tan necesaria en el Poder Judicial, para que esta ley se estuviera cumpliendo como se debe.

Muchas gracias.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Quiero intervenir porque hay cosas que no se pueden dejar pasar, y este es el momento para hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, si algo tiene la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género es que, justamente, es integral. Es un marco integral de referencia que modifica todo lo que tiene que ver con las definiciones de violencia, con las políticas públicas dedicadas a atacar la violencia hacia las mujeres basada en género y, además, crea una nueva cultura a nivel general. Cuando se aprueba una ley marco, señora presidenta, se echa a andar un mecanismo de adecuación de todos los ámbitos que van a estar interviniendo en la aplicación de ese marco integral. Entonces, yo no puedo dejar pasar alegremente que acá digan que la ley de violencia de género no se va a poder aprobar porque en esta etapa no se han podido transformar todos los juzgados que deberían ser óptimos en esa área, no en todas las áreas que abarca una ley integral. Lo digo porque además nosotros tenemos un nuevo CPP donde hay otros actores que están involucrados, como la fiscalía, que también interviene en la materia penal. Pero la ley integral habla de algo más que de materia penal, habla de todo lo que es la modificación cultural y estructural de los distintos ámbitos de aplicación de las políticas públicas. Me refiero, por ejemplo, a la salud, a la vivienda, a las políticas sociales, a los ámbitos de defensa. Si vamos a repasar el texto de la ley podremos ver lo abarcativa que es. Por lo tanto, no puedo dejar pasar que se diga que acá estamos en un cruce de caminos donde la ley no se va a poder aplicar, porque eso es una falsedad.

En segundo término, si analizamos esta rendición de cuentas podremos ver que los propios incisos han generado la lógica del trabajo vinculado a un nuevo marco integral en esta materia. Además, estas leyes integrales, estos marcos regulatorios integrales no son herramientas mágicas que el día que son promulgadas por el Poder Ejecutivo es como si se apretara un botón y todo echara a andar. No, no es así. Pero no solo no es así en este país, sino en cualquier lugar del mundo. También quiero recordar que la ley fue iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo. No vino de una galaxia ni fue creada por alguien iluminado, sino que fue producto de un trabajo conjunto de la sociedad civil, de los ámbitos del Gobierno vinculados a estas políticas –que fueron muchos porque la ley es integral– y también de la iniciativa del Consejo de Ministros que oportunamente la envió. Trabajamos muchísimo; algunos con una asistencia cero faltas en la comisión y otros y otras con muchas ausencias, pero cada uno sabrá en qué se involucró.

Por otra parte, también hay que leer o hay que atender cuando organismos como la Suprema Corte de Justicia vienen y nos plantean su dificultad específica en algunas cuestiones, pero también manifiestan –y consta en la versión taquigráfica que podemos leer– que así tuvieran hoy la infraestructura adecuada para poder echar a andar al Poder Judicial con esta nueva realidad marcada por esta nueva ley, no tendrían personal capacitado porque la preparación en esta materia lleva dos años y todavía no se ha terminado el primero. Por lo tanto, también ellos saben –y nos han adelantado– las dificultades o los tiempos en los que hay que ir trabajando toda esa direccionalidad en la aplicación de una nueva ley. Esto no solo sucede con la ley de violencia basada en género, sino que sucedió y sigue sucediendo con la aplicación del nuevo CPP. No aprobamos el nuevo CPP, se apretó el botón mágico y está todo perfecto. No; pero lo importante es echar a andar y generar las condiciones integrales –subrayo integrales– en todos los ámbitos, para que esto sea posible.

Poder seguir aumentando el presupuesto en el Ministerio del Interior para que haya más mecanismos electrónicos; poder tener la certeza de que en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se está trabajando para generar soluciones a las políticas de vivienda, que están incluidas en el proyecto de ley; poder contar, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, con casas de mitad de camino que permitan atender las diversas realidades; y el hecho de tener instrumentada la aplicación de las políticas públicas –reitero: en las diferentes áreas– forman parte de un proceso que echó a andar y no tiene retorno, y esto es lo importante. Este compromiso, esta iniciativa del Gobierno es acompañada, por supuesto, por el sistema político en general, aunque algunos capítulos y artículos de la ley –bien digo: «ley», porque hoy ya lo será– fueron bastante cuestionados por integrantes de esta propia cámara.

Quiero hacer una última reflexión, señora presidenta. Las legisladoras integrantes de la Bancada Bicameral Femenina –no todas, pero varias de nosotras; recuerdo que la señora senadora Argimón estuvo presente–, preocupadas por todos estos temas, solicitamos una entrevista a la Suprema Corte de Justicia. Estuvimos conversando con sus cinco integrantes en un clima de absoluta responsabilidad y compromiso, analizando las circunstancias en que se generaban las mayores dificultades para poder aplicar la ley, en todos sus términos, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, ya no en todos los demás ámbitos –como dije antes– que corresponden a la aplicación de una ley de carácter integral. Reconozco también la buena voluntad puesta de manifiesto en ese momento por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pese a las dificultades que tienen desde todo punto de vista, no solo en materia presupuestal –lo que nadie puede dejar de reconocer–, sino también de capacitación. Por eso, presentamos un artículo aditivo en la comisión –que ahora ya tiene su número de artículo y, por tanto, está a consideración–, que establece algunas partidas para que el Poder Judicial pueda llevar adelante, sin dificultades, la capacitación que reclamaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

A modo de redondeo, planteo lo siguiente. ¿Tenemos que seguir avanzando en un marco integral que todos nos fuimos dando? Sí. ¿Debemos hacerlo unidireccionados solo hacia un ámbito? No. Todo lo vinculado con la violencia basada en género tiene una parte que es fundamental, que aquí no se ha mencionado. Me refiero a la prevención y al cambio de cultura.

Entonces, como principio tienen las cosas, echamos a andar. Estamos comprometidos con esta gran modificación legislativa, que es este marco integral. Nos parecía bien hacer una reflexión –reitero esa palabra, pero es la que corresponde– en el marco de esa integración que deben tener todas las políticas públicas. El ámbito de la justicia, por supuesto, no es solo la Suprema Corte de Justicia, sino también el Ministerio del Interior –como auxiliar de la Justicia– y la fiscalía que, obviamente, ante el recientemente aprobado Código del Proceso Penal, tiene nuevas responsabilidades y nuevos desafíos.

Muchas gracias.

SEÑORA ARGIMÓN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ARGIMÓN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: entiendo que principio tienen las cosas, pero hay urgencias que no se pueden soslayar ni postergar.

En los últimos años la violencia hacia las mujeres ha ido creciendo exponencialmente, y desde 2017 a 2018 la violencia de género hacia niñas y adolescentes creció un 40 %; eso fue lo que expresaron las autoridades del INAU cuando comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Entonces –reitero–: principio tienen las cosas, pero en este caso resulta esencial, para cuidar la vida de quienes queremos preservar con esta ley, tener presupuesto. ¡Es así de simple!

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Argimón.

SEÑORA ARGIMÓN.- Señora presidenta: pedí la palabra a los solos efectos de dejar una constancia.

Como orgullosa participante de las actividades que nuclean a las mujeres políticas de todos los partidos, y reiterando el compromiso con el combate contra este flagelo auténtico presente en la sociedad uruguaya, que venimos denunciando desde hace muchísimos años –especialmente las mujeres organizadas de la sociedad civil y las mujeres políticas de todos los partidos–, también quisiera hacer una reflexión.

Con varias de las compañeras que están hoy aquí, en sala, fuimos autoras de aquella primera ley de violencia doméstica –sobre la que tanto se debatió– que, como pieza legislativa, formó parte de una vanguardia de temas sobre los que muchos no querían debatir porque tenían que ver con lo interno de la vida familiar; seguramente la señora presidenta lo recuerde. Hace más de una década pudimos dar ese debate que llevó a la sanción de aquella primera ley.

Hoy, en esta legislatura se da paso a una nueva ley mucho más abarcativa, con una mirada más acompasada a los tiempos que corren, pues la sociedad avanzó en la comprensión de lo que significa este flagelo. Pero no solo la sociedad avanzó en la comprensión, sino que también avanzaron los distintos organismos involucrados en el tema, asumiendo que es una realidad que requiere un abordaje integral.

Recuerdo que nosotros apoyamos el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Como todos saben, soy senadora suplente, pero mis compañeros quisieron que ingresara a sala el día que se sancionó esa iniciativa, que acompañé con muchísimo gusto y, además, convencida de la importancia de la integralidad.

Ahora bien, señora presidenta, comparto la opinión de que las leyes no cambian la realidad de un día para otro, pero también es cierto que esta ley, que conlleva un gran desafío, no puede incluir previsiones presupuestales solamente para una parte de esa integralidad y no para la otra. Para que esto realmente signifique un avance, la previsión presupuestal debió haber sido hecha también con el criterio de integralidad. Una de las patas fundamentales en todo esto –hemos recibido reiteradas críticas por ello– tiene que ver con lo que pasa en la interna del Poder Judicial, al que muchas veces le hemos reclamado urgencia en la capacitación de sus integrantes; y de esto saben no solo mis compañeras parlamentarias sino, especialmente, las mujeres que desde la sociedad civil tratan estos temas.

Quiero dejar constancia de la gran preocupación que me produce, luego de haber concretado ese texto normativo, que en la práctica haya tanta diferencia en la capacidad de ejecución de los distintos organismos que tienen que abordar este tema en su integralidad y no cuentan con apoyo presupuestario. ¿Saben por qué? Porque quienes están inmersas en el tratamiento de este tema más que nadie, las víctimas de violencia, siguen con mucha expectativa las respuestas, pero difícilmente estas respuestas lleguen después de tanto tiempo, cuando una parte del Estado puede contribuir presupuestalmente con esas soluciones o mecanismos y otra parte –nada más ni nada menos que el Poder Judicial– no puede hacerlo.

Por último, quiero dejar constancia en sala de otra preocupación. Hemos verificado que en las fiscalías está habiendo un retroceso en lo que respecta a la capacitación específica en el tema de violencia de género, para transformarlas en fiscalías de flagrancia, que es en lo que realmente se están capacitando. Para mí esta es una señal de alerta, porque comparando la violencia doméstica con otro tipo de violencia, advertimos que aquella está yendo para atrás en la formación de los cuadros del Poder Judicial: jueces y fiscales.

Por lo tanto, señora presidenta –y ya termino–, lamento que una iniciativa del Poder Ejecutivo, que acompañamos y con la que estamos realmente comprometidos en términos de militancia, no tenga la previsión presupuestaria para poder llevar adelante esa lucha y combate contra ese flagelo presente en la sociedad, con la integralidad que siempre reclamamos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 237 a 247, correspondientes al inciso 16, «Poder Judicial».

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 18, «Corte Electoral», que consta de un único artículo.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: no tratamos el inciso 17, «Tribunal de Cuentas». La verdad es que sus representantes se fueron desahuciados, porque no es la primera vez que sucede algo así. En la rendición de cuentas pasada el Tribunal de Cuentas vino a pedir más presupuesto…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: ya hemos empezado a considerar el inciso 18.

SEÑOR DELGADO.- Ya termino, señora presidenta; concédame unos minutos.

En su momento se le asignaron más funciones al organismo, pero no se le dio presupuesto. Algo parecido está pasando con la Corte Electoral; quizás la situación no sea tan grave, pero es similar. Estos organismos desarrollan tareas sumamente importantes: el Tribunal de Cuentas lleva adelante el control de las cuentas públicas y la Corte Electoral, de las garantías electorales, nada más ni nada menos que en lo que tiene que ver con el sufragio.

Del mensaje original de la Corte Electoral se habilita un solo artículo –uno solo– que refiere a la prórroga de las subrogaciones, al amparo de la Ley n.º 16320. La verdad es que, con excepción de ese artículo, no se le asignan más recursos. A la comparecencia en comisión vinieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministros neutrales y partidarios, y todos ellos fueron contundentes al expresar la necesidad desesperada de conseguir más recursos. Es más, en esta legislatura, en la Asamblea General logramos llegar a un acuerdo para renovar esos dos organismos, tanto el Tribunal de Cuentas como la Corte Electoral. Ese acuerdo era integral, no consistía solo en nombres, sino en tratar de aggiornar sus estructuras, y, entre otras cosas, un respaldo presupuestal para que pudieran funcionar.

Lo cierto es que, más allá de los aditivos que presentó el Partido Nacional –ya deben haber llegado a la Mesa–, tanto en el caso del Tribunal de Cuentas, al que no se le votó ningún artículo, como en el de la Corte Electoral, para la que se aprobó uno solo que es absolutamente lateral, haremos hincapié en la necesidad imperiosa de redistribuir recursos para asignarles, por lo menos, parte del presupuesto que necesitan para poder funcionar y garantizarnos, a los uruguayos y al Parlamento, el control de las cuentas públicas. Además, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas tiene cada vez más funciones: fideicomisos, sociedades anónimas de propiedad estatal, y demás. Por su parte, la Corte Electoral tiene previstos nuevos sistemas que están en peligro de no poder ser implementados.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señora presidenta: solamente quiero dejar constancia de que cuando estuvieron presentes los ministros representantes de la Corte Electoral hicimos referencia al artículo 656 de la Ley n.º 18719, porque desde 2012 se le habilitaron $ 30:000.000 de pesos –con índice de actualización, o sea que hoy ese monto debe estar en alrededor de $ 40:000.000– para la informatización de los registros. Una y otra vez no nos respondían las preguntas que les formulamos, y recién el cuarto ministro intentó dar una explicación al respecto. Se nos contestó que esos $ 40:000.000 se iban en algunas –pocas– mesas móviles que año a año se establecían en el país.

Más allá de los requerimientos de la Corte Electoral y de las necesidades que tiene el organismo, quiero resaltar que en las rendiciones de cuentas también se rinden cuentas. Y la explicación que tuvimos fue que ese dinero, que es bastante con relación a otros organismos del Estado, no fue suficiente, por lo menos para satisfacer las dudas que nos habían quedado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 248.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 18, «Corte Electoral».

Se pasa a considerar el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública», que comprende los artículos 249 a 256.

En consideración los artículos 249 a 256.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

Se pasa a considerar el inciso 26, «Universidad de la República», que comprende los artículos 257 a 261.

En consideración los artículos 257 a 261.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: escuchamos una larga exposición de la Universidad de la República –quizás uno de los grandes perjudicados en esta rendición de cuentas–, que comenzó con las palabras del rector Roberto Markarian, luego intervinieron algunos decanos, y finalizó la directora del Hospital de Clínicas, doctora Graciela Ubach, con muy sentidas manifestaciones.

Para dejar en claro, blanco sobre negro, la Universidad de la República pide $ 9.133:000.000 –unos USD 330:000.000–, y $ 50:000.000 más –USD 1:700.000– correspondientes a partidas que ya habían sido asignadas pero que no fueron imputadas nuevamente en esta rendición de cuentas.

A su vez, pedían USD 19:000.000 adicionales para el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela. Por lo tanto, hablamos de un total de aproximadamente USD 350:000.000, entre lo que iría para el hospital, la partida ya asignada presupuestalmente –que se liberaba este año– y el incremento presupuestal que pedía la Universidad de la República.

Ese fue el mensaje original de la UdelaR. Y ¿qué le asigna el Poder Ejecutivo? $ 430:000.000 de los $ 9.133:000.000; o sea que de los USD 350:000.000 se le asignan USD 14:300.000. Sí se le asigna una partida de $ 50:000.000, que no está en el incremento presupuestal de esta rendición de cuentas porque ya estaba prevista.

Algunos señores senadores preguntamos sobre el perjuicio de esta realidad presupuestal y lo que está implicando esta restricción en la rendición de cuentas, y la verdad es que el rector fue bastante claro al respecto. No obstante, quiero dejar constancia de que el Partido Nacional presentó dos aditivos vinculados a este tema: uno a los efectos de exceptuar a la Universidad de la República de su inclusión en el régimen previsto en el artículo 581 de la Ley n.º 17296 –que tiene que ver con excepciones al régimen de importaciones– para equipararla a otros organismos. Esto le genera un abatimiento de costos internos a la Universidad; el segundo se relaciona con otro reclamo que no implica costo, pero que para la Universidad de la República, en función de su dinámica, es muy importante. Hablamos de la suspensión de la vigencia de los certificados del Banco de Previsión Social. El organismo pedía que esa vigencia recién se suspendiera una vez que quedara ejecutoriada la sentencia jurisdiccional correspondiente o hubiera vencido el plazo para promover las vías jurisdiccionales sin que se haya hecho uso de estas.

Estos son dos pedidos de la Universidad de la República y, como dije, no tienen un costo directo para el Estado. Uno implica practicidad en el funcionamiento y el otro, abatimiento de sus costos internos. También me parece que esta puede ser una señal que podemos dar a la Universidad de la República, más allá de los artículos que se van a aprobar y que vamos a acompañar, porque vamos a apoyarlos todos. Reitero: de $ 9.133:000.000 para la Universidad y de $ 19:000.000 para el Hospital de Clínicas, se le van a dar $ 430:000.000, lo que es menos del 5 %.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos considerando el inciso 26, «Universidad de la República», que abarca los artículos del 257 al 261.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 26, «Universidad de la República».

Se pasa a considerar el inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay», que comprende los artículos 262 a 267.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: vamos a pedir el desglose de los artículos 262, 263 y 264.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consecuencia, vamos a votar los artículos del 265 al 267 en bloque.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 262.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 263.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 264.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 23. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay».

Se pasa a considerar el inciso 29, «Administración de los Servicios de Salud del Estado», que comprende los artículos 268 a 285.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: vamos a pedir el desglose del artículo 274.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: por nuestra parte, vamos a pedir el desglose de los artículos 276 y 284.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consecuencia, vamos a votar en bloque los artículos del 268 al 285, pero exceptuando los artículos 274, 276 y 284.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 274.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 276.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 284.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 29, «Administración de los Servicios de Salud del Estado».

En consideración el inciso 31, «Universidad Tecnológica», que tiene dos artículos: el 286 y el 287.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: para ser muy honestos –ayer lo dije en mi intervención durante el tratamiento en general– queremos felicitar la gestión de la UTEC. Creo que ha sido un buen instrumento, lo respaldamos en su momento y lo seguimos haciendo. Nos parece que es innovador y que la dirección a cargo le ha puesto una fuerza y unas ganas que son dignas de mencionar en esta sala, así que con mucho gusto vamos a acompañar estos artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 31, «Universidad Tecnológica».

En consideración el inciso 32, «Instituto Uruguayo de Meteorología», que tiene un solo artículo, el 288.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 33, «Fiscalía General de la Nación», que comprende los artículos 289 a 298.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: vamos a pedir el desglose de los artículos 289, 290, 291 y 293.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, vamos a votar en bloque los artículos no desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 289.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa. 

En consideración el artículo 290.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 291.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 293.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 33, «Fiscalía General de la Nación».

En consideración el inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública», que comprende los artículos 299 a 303.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: estamos ante otro organismo respecto del cual creo que avanzamos en el Senado; lamentablemente, en la Cámara de Representantes no se le votó ningún artículo, aunque el Partido Nacional presentó algunos aditivos; estos no se aprobaron y así vino el texto.

En el Senado, más allá de la presentación de los integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública, creo que hubo conciencia de parte de todos los senadores en avanzar en algunas líneas de trabajo sobre la base del mensaje que ese organismo había enviado al Parlamento. En comisión se aprobaron cinco artículos que no tienen costo –hablamos de reasignaciones y de algunas autorizaciones y temas de funcionamiento– y que habían sido pedidos en ese mensaje de la Jutep. Hubiéramos preferido avanzar en algunos puntos más y, en ese sentido, el Partido Nacional presentó un aditivo –que ya voy a mencionar– para que la Jutep pueda celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras para la prestación de servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean requeridos. Nos parece importante generar proventos por esta vía, en una tarea que se le demanda cada vez con mayor asiduidad por parte de una cantidad de instituciones, ya sean públicas o privadas, del país o extranjeras. Pensamos que, por esta vía y sin costo para el Estado, le estaríamos dando a la Jutep alguna posibilidad de generar proventos adicionales y por eso presentamos el aditivo correspondiente.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: creo que es una muy buena señal que se hayan incorporado estos artículos que no fueron votados en la Cámara de Representantes. Considero que seguimos teniendo una fuerte deuda con el fortalecimiento institucional de la Jutep, que no solo tiene que ver con estos artículos, sino también con la posibilidad de mayores recursos. En ese sentido creo que sigue habiendo una carencia, como también respecto de sus potestades, de su capacidad de investigación y fortalecimiento para asegurar el control del propio personal político del Estado uruguayo. Me parece que en ese sentido seguimos estando lejos y la Jutep hace lo que puede dentro de un marco jurídico que es muy estrecho y con recursos que son extremadamente limitados. Obviamente, vamos a votar estos artículos, por lo menos para dar una señal positiva, pero que no esconde el déficit que sigue habiendo en esta materia.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- En primer lugar, quiero destacar –como decían los señores senadores Delgado y Mieres– el avance que dimos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, al poner en consideración estos artículos que hoy vamos a votar.

No compartimos el aditivo del Partido Nacional porque consideramos que en esta etapa la Jutep debe abocarse a lo que son sus cometidos principales: trabajar en todo lo que tiene que ver con la transparencia y la ética pública. Creemos que habilitar que pueda celebrar este tipo de convenios sería desvirtuar sus cometidos.

Hemos presentado un sustitutivo para el artículo 300 –que figura en la página 2 S– a los efectos de corregir, desde el punto de vista de la técnica legislativa, e incorporar todas las unidades ejecutoras, como nos señaló la secretaría de la comisión.

Por tanto, la bancada de gobierno va a votar en forma negativa la redacción del artículo 300 que vino de comisión y luego lo haría favorablemente con respecto al sustitutivo propuesto.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: el fundamento de voto del señor senador Delgado naturalmente me representa porque es nuestro coordinador y, además, es la persona que se ocupa, de parte de nuestro partido, de estos temas. Simplemente, quiero reiterar lo que dije en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En el análisis de la Jutep que mencionaba el senador Carrera –que me parece que es correcto, o sea que hay que mirar sus alcances y cometidos– hay un alcance que lo tiene al día de hoy y que está directamente ligado a que el Senado de la república vote un proyecto, presentado por el senador Bordaberry, sobre el enriquecimiento ilícito. Deberíamos comprometernos con ese proyecto ya que hace a este tema y porque, de lo contrario, simplemente sería dejar allí la declaración jurada. ¿Qué sentido tiene que la Jutep solamente reciba las declaraciones juradas y no haga una comparación de ellas para corroborar si mañana aparece un incremento del patrimonio? Si no puede hacer eso y no hay una ley que de alguna manera castigue y sancione el enriquecimiento ilícito, me parece que no le estamos dando el arma esencial. Es decir, le seguimos mandando declaraciones juradas, pero no trabaja sobre ellas. El día de mañana cualquier persona pública que tenga un campo o una casa debe explicar su origen. Y si no lo hace, es un enriquecimiento ilícito, lo cual creo que debe ser castigado por nuestro derecho penal.

Entonces vamos a votar estos artículos que establecen normas mucho más severas de las que ya están, para castigar duramente a aquellos funcionarios que al día de hoy no mandan su declaración jurada –ni siquiera la mandan– y son omisos con respecto a la ley. Nos pareció raro que esto no se votara en la Cámara de Representantes y lo vamos a acompañar para que, por lo menos, se envíe la declaración jurada. Ahora eso se va a lograr a través de estos artículos.

Advierto que sería bueno que nos comprometiéramos –después de sancionada la rendición de cuentas y antes de finalizar el período parlamentario– a votar un proyecto de ley que considero necesario en nuestra legislación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se van a votar todos los artículos del inciso 34 menos el 300.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 300 con la redacción dada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

(Se vota).

–0 en 25. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo que figura en la hoja 2 S para el artículo 300.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública».

Se pasa a considerar el inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente», que comprende los artículos 304 a 311.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Vamos a solicitar que se desglosen los artículos 305 y 311.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Solicito el desglose del artículo 307.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos del inciso 35, con excepción del 305, el 307 y el 311.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 305.

(Se vota).

–19 en 25. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 307.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 311.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

Se pasa a considerar la sección VI, «Otros incisos».

Corresponde considerar en primer término el inciso 21, «Subsidios y Subvenciones», que comprende los artículos 312 a 316.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 312 al 316.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 21.

En consideración el inciso 23, «Partidas a reaplicar», que comprende los artículos 317 a 319. Para este último se ha presentado un texto sustitutivo.

Se van a votar los artículos 317 y 318.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 319.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Nosotros presentamos un sustitutivo del artículo 319 para modificar el primer inciso, por lo que queremos solicitar que se vote negativamente el texto que vino de comisión. La única modificación que proponemos dice: «Las publicaciones normativas de carácter preceptivo en el Diario Oficial que realicen los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional tendrán carácter gratuito».

Ayer estuvieron aquí los funcionarios del IMPO preocupados porque esto pudiera afectar las rentas de la institución y, por ende, sus puestos de trabajo. Les explicamos que íbamos a llevar la iniciativa que ellos nos presentaron, dado que con esta redacción se logra el objetivo que buscábamos en comisión, que era poder reasignar algunos recursos. De esta manera, les dimos tranquilidad en ese sentido.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Vamos a acompañar el artículo sustitutivo que plantea el señor senador Carrera, pero también queremos señalar nuestra sorpresa –esa es la palabra–, porque los funcionarios nos abordaron, con legítimo derecho, para trasladarnos su preocupación porque el director Reboledo les había dicho que iban a quedar todos en la calle. ¡Amenazó a los trabajadores con que iban a quedar en la calle!

Creo que el señor Reboledo es secretario del presidente del Frente Amplio y estaba amenazando a estos funcionarios diciendo que los iba a dejar en la calle o que les iba a bajar el sueldo. Realmente, me dejó bastante preocupado que un jerarca afirmara algo así. No sé si habrá algún tipo de enfrentamiento dentro del propio Frente Amplio porque hablaba en contra del señor senador Carrera, impulsor de esta iniciativa. Naturalmente, nosotros vamos a acompañar este artículo, pero nos llamaron la atención estas amenazas, que generaron incertidumbre y preocupación en los funcionarios. Está claro que ninguno de ellos iba a quedar en la calle –¡nunca!– y menos aún iban a tener rebajas salariales, ¡por favor! No tenía que haber hecho eso para hacernos comprender que precisa más recursos. Naturalmente, los funcionarios no son culpables de esta situación y entendemos su preocupación, producto de que un jerarca les está diciendo que van a echarlos o a rebajarles el salario. ¡Me parece una barbaridad! Quería dejar constancia de ello porque no es de recibo que se juegue con la necesidad de la gente.

Muchas gracias.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Simplemente, quiero referirme a la importancia del IMPO. En verdad, la función que cumple es fundamental porque ayuda a la ciudadanía a conocer sus derechos. Se ha vuelto una vía práctica para que cada ciudadano pueda consultar la legislación vigente y quiero dejar constancia de lo importante que es, para todos nosotros, la función que ellos cumplen.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Realmente no sé si esas palabras fueron expresadas tal como dice el señor senador Heber, pero, de ser así, debo afirmar que no me representan. La única intención que tuvimos al presentar este artículo fue colaborar con ciertos organismos del Estado que no tienen capacidad contributiva; me refiero a los organismos de la Administración central y los correspondientes al artículo 220 de la Constitución. Lo lógico, como dice una regla de política económica, es que a esos organismos no se les cobre.

Reitero que esa fue nuestra intención, pero ¡de ninguna manera perjudicar a los empleados! Si el sociólogo Reboledo dijo lo que afirma el señor senador Heber de esa manera, no nos representa.

SEÑOR HEBER.- ¡Apoyado!

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 319 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

En consideración el artículo sustitutivo que figura en la hoja 3.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 23.

En consideración el inciso 24, «Diversos créditos», que comprende los artículos 320 a 323.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos de este inciso.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el inciso 24.

En consideración la sección VII, «Recursos», que comprende los artículos 324 a 334.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicito el desglose del artículo 332.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Quisiera agregar el desglose de los artículos 333 y 334.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 324 a 331.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 332.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 333.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 334.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Ha quedado aprobada la sección VII.

En consideración la sección VIII, «Disposiciones Varias», que comprende los artículos 335 a 359.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicito el desglose de los artículos 335, 336, 338, 342, 344, 347, 353, 357 y 359.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: tengo que agregar algunos desgloses, pero además quiero referirme en particular a la eliminación de un artículo de esta sección que me parece muy relevante.

En primer lugar, pido el desglose de los artículos 339 y 341 a 346; algunos de ellos ya fueron mencionados por el señor senador Delgado.

Por otro lado, debo decir que estoy muy sorprendido porque en la versión de la rendición de cuentas que se aprobó en la Cámara de Representantes se votó por mayoría el artículo 344, que buscaba solucionar un grave problema que ha afectado a los contribuyentes en función de un manejo arbitrario del Congreso de Intendentes en la determinación de los montos de las patentes y sus reajustes anuales. El señor representante Iván Posada ha planteado este tema de una manera muy firme, muy enérgica y muy justa. Nos hemos encontrado con que, en base a la ley vigente –Ley n.º 18860–, el Congreso de Intendentes aprueba anualmente la actualización del tributo de patente de rodados tomando como referencia el valor dólar que refiere al precio de los autos cero kilómetros. Durante los años 2012 a 2016, de manera permanente, el Congreso de Intendentes tomó la cotización del dólar interbancario comprador al 30 de noviembre del año anterior. ¿Qué ocurrió en 2017? Curiosamente, ese año no se tomó el valor del dólar de noviembre de 2016, sino el de junio. Esto no fue algo casual ni un olvido. En realidad, el dólar de noviembre tenía un valor menor que el del año anterior y entonces se usó el valor de junio, con lo cual se utilizó un criterio absolutamente arbitrario con un único objetivo: incrementar de manera indebida el monto de la patente. Al aumentarla $ 1,60 por cada dólar, el monto imponible de un vehículo promedio se incrementó en $ 26.000, o sea que hubo un incremento de la patente de $ 1180 para cada contribuyente. Quiere decir que, al tomar de manera arbitraria el valor del dólar de junio en lugar del de noviembre –que era menor–, hubo un aumento en la recaudación de USD 1:121.000 a favor de todas las intendencias.

Al año siguiente fue peor. Como en todo el año no había ningún mes en que el valor del dólar hubiera aumentado, se tomó el valor del año anterior, o sea un año y medio para atrás.

Señora presidenta: ¡esto es una vergüenza! Es algo absolutamente arbitrario en favor de recaudar más y castigar al contribuyente en forma indebida. Como no había aumentado el valor del dólar, tampoco se había incrementado el valor del vehículo automotor –que es la base de cálculo de la patente– y las intendencias tendrían que haber aceptado, si somos sensatos, una reducción del valor de la patente, porque el criterio es el monto imponible del vehículo automotor y la alícuota correspondiente.

Dada esta situación que es grave –¡gravísima!–, el señor representante Iván Posada presentó en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Representantes una modificación del artículo 4.º de la Ley n.º 18860, que simplemente agregaba que se estableciera un criterio fijo, de manera que para determinar el valor de la patente se tomara el valor del dólar estadounidense interbancario al 30 de noviembre. Fíjense qué curioso: en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Representantes fue votado por unanimidad; en el plenario lo votamos el partido de gobierno y nosotros, y en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado no tuvo ningún voto, solo lo apoyábamos nosotros. Es muy triste que casi todo el sistema político apañe una situación que es un claro e injusto castigo al contribuyente en favor de los intendentes, sin ningún fundamento de justicia.

Ahora nos encontramos con que ese artículo no está.

Señora presidenta: simplemente hicimos las consultas con el coordinador de la bancada del Frente Amplio para ver si, efectivamente, su bancada estaría dispuesta a mantener en el Senado lo que había votado en la Cámara de Representantes, pero nos encontramos con que no. Por lo tanto, primero se votó por unanimidad, después tuvo el apoyo de menos partidos y ahora quedamos solo nosotros.

Esto es lamentable porque se trata de dar a los ciudadanos la garantía de que no se va a usar el instrumento de la patente de manera arbitraria para recaudar más –insisto, no se va a usar solamente para recaudar más–, tomando un valor exagerado del vehículo automotor y calculando la alícuota sobre un valor que el Congreso de Intendentes define arbitrariamente que sea el que mejor le caiga para incrementar sus ingresos.

Señora presidenta: esas son las cosas que le hacen daño a la imagen del sistema político, que le hacen daño al sentimiento de la gente que busca un acercamiento, la proximidad o tomar distancia de la política.

Muchas gracias.

SEÑORA EGUILUZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA EGUILUZ.- Vamos a hacer referencia al artículo que efectivamente se votó en la Cámara de Representantes y que fue retirado por votación en el Senado.

Luego de realizar el planteo y de hablar con varios señores senadores, creemos que lo que hizo el Senado fue de estricta justicia y constitucionalidad. La Constitución de la república establece que los recursos departamentales de la patente de rodados son para los Gobiernos departamentales.

Los Gobiernos departamentales tienen autonomía departamental. La ley del Sucive es un mecanismo que termina con la guerra de las patentes y mejora el sistema. Es un mecanismo que acordaron todos los intendentes y, cada vez que se plantea el tema de la alícuota y el valor de la patente, se resuelve a través de una comisión. Esto pasa por las juntas departamentales y es votado por los Gobiernos departamentales, que constitucionalmente son los únicos que tienen que ver con la fijación de un tributo departamental.

Por lo tanto, este no es un tema de sentimientos ni de cercanía, sino de la Constitución de la república. Advertido el error que se había dado en la Cámara de Representantes en cuanto a que se avasallaban las autonomías departamentales en el tema de la patente, se salvó en el Senado de la república.

Por eso, en su momento acompañamos el artículo, luego discutimos el tema y entendimos que, por sobre todas las cosas, tenía que primar el criterio constitucional. Así debe ser y así se hizo.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA EGUILUZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MIERES.- O sea que el artículo 4.º de la Ley n.º 18860 también sería inconstitucional porque establece que «una Comisión conformada por delegados de los Intendentes, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas elevará al Congreso de Intendentes –y ahí se salva la inconstitucionalidad– una propuesta de valores de aforo vehiculares». La propuesta del señor representante Iván Posada lo único que hace es agregar: «A los efectos del cálculo del valor de la patente de rodados de cada ejercicio, se deberá considerar la cotización del dólar estadounidense interbancario comprador vigente al último día hábil de noviembre» de cada año.

La decisión es del Congreso de Intendentes y con eso se salva la autonomía. Pero, al mismo tiempo, les mandamos una señal de que no se pueden hacer los vivos y resolver el valor de la patente de cada año como se les cante, porque de ese modo un día van a basarse en el dólar de hace diez años y con eso van a recaudar muchísimo más. Realmente, eso es consagrar la arbitrariedad.

Lamentablemente, en el sistema político a muchos les duelen prendas con las cuestiones de las intendencias y los Gobiernos departamentales. Escudándose en el tema de la autonomía –cuando, en realidad, este artículo y toda la ley le ponen límites al uso y abuso de los Gobiernos departamentales–, se considera que fijar el momento en el que tienen que apreciar el valor del dólar viola la Constitución de la república, pero no todo lo demás. Me parece un poquito exagerado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Eguiluz.

SEÑORA EGUILUZ.- El artículo 4.º de la ley del Sucive establece un mecanismo que se analizó bien en el momento de sancionarse esta ley. Es un mecanismo que no viola las autonomías departamentales. ¿Por qué? Porque funciona con una comisión que asesora al plenario del Congreso de Intendentes, que envía la comunicación a los intendentes, quienes, luego de haber votado, la pasan a votación de la junta departamental. La Junta es el órgano departamental constitucional, electivo y democrático que, junto con el intendente, tiene la responsabilidad de fijar los tributos municipales.

Por lo tanto, con este mecanismo nunca se violan las autonomías municipales. El tema es que hay que saber cómo funciona, y es así: el mencionado artículo 4.º establece el mecanismo y el Congreso hace una parte, pero son los Gobiernos departamentales los que votan.

Es muy importante el tema de la alícuota, y nosotros, como legisladores, no podemos pasar por encima de la autonomía de los intendentes y de los ediles diciéndoles cómo, cuándo y dónde tienen que fijar su patente de rodados, que es su recurso genuino. ¡Esto no lo puede hacer el Gobierno nacional ni el legislativo! De eso se trata la autonomía de los Gobiernos departamentales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 337, 340, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356 y 358.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar los artículos desglosados de esta sección.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: quiero referirme al artículo 338, por el que se declara zona de interés portuario la constituida por el frente marítimo que se extiende entre los balnearios Mar del Plata y La Florida, y forma parte de la zona denominada Entre Cabos, de la costa del océano Atlántico, en el departamento de Rocha.

En primer lugar, quiero decir que esta disposición viola el artículo 47 de la Constitución de la república, la Ley n.º 18308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; la Ley General de Medio Ambiente y la ley del sistema nacional de áreas protegidas; y hasta la directriz nacional –tan protestada por nosotros y que igual se aprobó– estaría siendo violentada por este artículo, en caso de que se apruebe con su redacción actual.

Entendemos que se vulnera una importante zona de la costa oceánica destinada al turismo y que no hay ningún respaldo ni estudio basado en algún instrumento de ordenamiento territorial a la hora de definir este lugar como de interés portuario.

En lo personal, creo –y así lo he trasmitido a mis compañeros de bancada, razón por la cual hemos votado en contra de este artículo en la comisión– que antes que nada hay que decir que este artículo no debería formar parte de la rendición de cuentas porque no es materia presupuestal. Estamos hablando de una zona muy vulnerable y estratégica como para tomar una decisión de estas características dentro de un mensaje presupuestal. Por más que se nos diga que el Poder Ejecutivo hizo estudios sobre la zona, que se han realizado todos los análisis técnicos y científicos en la materia, creemos que como legisladores tenemos el deber de asegurarnos de que sea así. Entendemos que el tratamiento de este artículo tiene que ser realizado en las comisiones parlamentarias correspondientes, y que la decisión de la ubicación de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica no puede quedar librada a un artículo entre tantos otros que se incluyen en el mensaje presupuestal.

En consecuencia, pedimos a la señora presidenta que tenga en cuenta nuestras palabras y que este tema pase a la comisión correspondiente del Senado para ser analizado y evaluado como corresponde.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: voy a hacer referencia a varios artículos para no pedir la palabra cuando se trate cada uno de ellos.

El primero de los artículos desglosados es el 335 –ya hablamos sobre este tema–, que tiene que ver con el tope de deuda y con la regla fiscal fijada por el Gobierno, que una vez más se viola. En el día de ayer decíamos que acá todo el tiempo se corre la línea del arco, ya que al aumentar el déficit fiscal como lo viene haciendo –reitero que estamos en el 4 % y que esto sucede por sexta vez desde el 2005 a la fecha y por segunda vez en esta Administración–, como existe una relación deuda-déficit fiscal y deuda-producto, también se incrementa el tope de endeudamiento.

Tenemos una deuda bruta del 66 % del PIB –unos USD 39.000:000.000–, es decir, 2,1 % más que el año anterior, y una deuda neta –excluidos los encajes, obviamente– que según la cifra del primer trimestre está en 42,3 %, cuando el año pasado se situaba en el 40,9 %. Por lo tanto, no solo aumenta el nivel de endeudamiento, sino que ahora, a raíz de esta situación y de acuerdo con el artículo 335, se habilita a aumentar el tope de endeudamiento en USD 198:000.000 para el 2018 y en USD 66:000.000 para el 2019. Con esto se viola la famosa regla fiscal que se había dicho que se tenía, y que en los hechos no funciona porque cada vez que se corre algunas de las variables lo que se hace es aumentar el endeudamiento en términos brutos y netos.

El artículo 336 tiene que ver con el Fondo de Estabilización Energética. Con respecto a este tema, el Partido Nacional presentó un sustitutivo en la Cámara de Representantes y también en el Senado. Como los señores senadores sabrán, UTE no solo tuvo un resultado extraordinario el año pasado, sino también el anterior, producto de los 1400 megavatios que fueron incorporados al sistema de energías renovables. En el año 2010 hubo un acuerdo multipartidario que por lo menos estableció algunos pisos, que luego se fueron incrementando. Pero los años 2016 y 2017 fueron de gran hidraulicidad, por lo cual el costo del abastecimiento de la demanda bajó bastante. En el 2016 UTE tuvo una utilidad de USD 404:000.000, y en 2017 un poco más de USD 500:000.000; los números de este año son mejores aún, porque terminado el primer semestre estamos superando los USD 300:000.000 de utilidades.

¿Qué es lo que pasó? El Fondo de Estabilización Energética –previsto para situaciones de baja hidraulicidad y sequía, a fin de amortiguar el incremento de los costos de abastecimiento de la demanda para que no pasen a la factura– tuvo un excedente. El Poder Ejecutivo, mediante un decreto, envió este excedente a rentas generales, lo que generó una discusión y fue cuestionado, por lo que decidió mandarlo por ley. Me parece que esa era la lógica y todos asumimos que era así.

Ahora, lo que se hace es dar destino a USD 178:000.000 de excedente del Fondo de Estabilización Energética, imputándolo al proyecto de infraestructura logística de los trenes en el ramal Paso de los Toros-Montevideo.

Obviamente, nosotros hubiéramos preferido que ese excedente del Fondo de Estabilización Energética quedara en la propia UTE para generar inversiones en dos áreas necesarias: la trasmisión y la distribución, particularmente la primera, donde tenemos algún atraso. Se me podrá decir por qué no se hace con la utilidad de la UTE y es por una sencilla razón: tanto en el 2016 como en el 2017 –que hubo excedentes en las utilidades de UTE–, se hicieron pedidos de transferencias extraordinarias a rentas generales para tratar de amortiguar un déficit fiscal, que igual se escapó por fuera de los pronósticos. Esto sucedió tres veces y tenemos las resoluciones que documentan que el Ministerio de Economía y Finanzas pide transferir a rentas generales las utilidades de la empresa UTE.

Reitero que nosotros preferimos –hemos presentado un sustitutivo– que ese excedente del Fondo de Estabilización Energética quede en UTE con este destino, es decir, buscar mecanismos que terminen generando, por vía directa o indirecta, lo que todos queremos, que es un abaratamiento de las tarifas eléctricas. En este sentido coincidimos con la ministra Cosse, quien en estos días también habló de la necesidad de bajar las tarifas eléctricas.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: el miembro informante de nuestra bancada, senador Delgado, está hablando de todos los artículos cuyo desglose solicitamos, pero yo quiero complementar lo que viene diciendo sobre el Fondo de Estabilización Energética. Ya hemos tenido una fuerte discusión con motivo de un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a este respecto. Nosotros sostenemos la imperiosa necesidad de que esto lleve a bajar las tarifas, en lugar de hacer lo que establece el artículo 336. El senador Delgado ha dado varias razones.

Hoy hablábamos de la competitividad en nuestro país, de que había que cuidar los números y de que se iban a disputar terceros mercados. Justamente, me ha llegado ahora la noticia de que China acaba de habilitar veintiocho plantas argentinas –que no estaban habilitadas– para exportar carne. Esto sucede por un tema de precio. Entonces, nosotros hablamos del mercado que estamos perdiendo en la región, de que hay que apostar a China y, en el mismo instante en el que estamos votando, el mercado está siendo afectado por la devaluación argentina, a tal punto que los chinos, que no son ningunos tontos, están habilitando veintiocho plantas, lo que obviamente nos va a afectar.

Nosotros estamos poniendo plata y no bajamos los costos. La energía es un costo muy importante para la producción del país y entendemos que es imperioso bajarlo porque, si no, vamos a perder mucho más. Lo decimos con desesperación, con preocupación, no como reproche –no estoy reprochando nada a nadie–, porque es el momento de actuar, es decir, no hacer esto sino lo otro, lo que está diciendo el senador Delgado, que es bajar costos a la producción. Tendríamos que hacer lo mismo con el combustible. No somos competitivos y nos van a destruir terceros mercados con la devaluación, porque no creemos en este otro camino. Al menos hay que bajar los costos a la producción nacional porque, de lo contrario, tendremos una grave crisis.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: por último me voy a referir al artículo 354 que, en realidad, ya hemos votado a favor. No pedimos su desglose, pero queríamos dejar constancia de que este artículo resuelve una situación que tenemos planteada en la Comisión de Hacienda, vinculada a los intangibles sobre las retribuciones o pasividades. Había un gradiente de porcentaje del que no se podía disponer y el intangible iba aumentando en función de los años, pero ahora volvemos a la situación del 35 % del monto nominal. Obviamente, esto redunda en beneficio de lograr menores tasas para los asalariados y los jubilados. Además, estamos dando un mensaje al movimiento cooperativo de ahorro y crédito, a las asociaciones civiles y a las organizaciones de capital uruguayo, que muchas veces establecen préstamos de nómina.

Nosotros votamos afirmativamente este artículo en comisión y queríamos dejar la constancia aquí en cuanto a que por esta vía laudamos una situación que teníamos planteada en la Comisión de Hacienda.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 335.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 336, tal como vino de comisión, ya que hay un sustitutivo presentado por el Partido Nacional.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

El artículo sustitutivo queda sin efecto.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: el fundamento de este voto tiene que ver con el análisis que realizaba nuestra fuerza política sobre el tema. Ayudar al desarrollo productivo o tratar de generar mejores condiciones de competitividad no solamente se consigue devolviendo dinero a UTE para bajar tarifas.

El Fondo de Estabilización Energética es una herramienta económica que surge por iniciativa del propio gobierno frenteamplista y fue votada por el Parlamento nacional, que ha venido teniendo su utilidad para atender situaciones de contingencia, y que hoy en día, por suerte –en virtud de la transformación de la matriz de generación–, ha logrado tener excedentes. Cuando esos excedentes se destinan, como en este caso, a la educación o a la implementación del ferrocarril –hace un rato discutíamos sobre esto cuando hablábamos de la inversión vial en este país–, creo que se están generando condiciones para una mejor competencia. En lo que tiene que ver con la educación, permite conocimiento, tecnología e innovación, comenzando en la formación de los educandos; y en lo que respecta al sistema ferroviario –al que sin duda es necesario inyectarle recursos–, la vía del Fondo de Estabilización Energética es una alternativa acotada por lo que establece el propio artículo. Se trata de habilitar fondo para cubrir necesidades en aspectos que ayudan al desarrollo del país.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: cuando en mayo de este año votamos la Ley n.º 19620, que fue la que permitió la eventualidad de dedicar este excedente del Fondo de Estabilización Energética para otros fines, se debatió qué iba a pasar con esa plata. Nosotros decíamos que, en una situación de déficit fiscal como la que tenemos, ese excedente debería aplicarse a reducirlo; y en ese momento agregamos que cuando llegara la rendición de cuentas no queríamos enterarnos de que, en realidad, de ahí se sacaría la plata para sustentar una serie de nuevos gastos. Simplemente quería dejar la constancia de que en efecto eso es lo que ha ocurrido.

Quisiera preguntar a la señora presidenta si desde el punto de vista reglamentario es posible aprovechar esta intervención para referirme también al artículo 354, comprendido dentro de esta sección VIII. Me interesa señalar, en un sentido positivo, lo importante que es fijar, desde este punto de vista, el porcentaje de retribuciones salariales y pasividades que son intocables, que se vuelven entonces una referencia significativa para los ciudadanos cuando tienen que enfrentar descuentos en su remuneración.

Me parece que es un artículo valioso, que acompañamos con mucha convicción, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aclarar al Cuerpo que estamos en la fundamentación de voto del artículo 336, que es el último que hemos votado. En todo caso, el fundamento de voto de los siguientes artículos se podrá hacer luego de su consideración.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: con relación al artículo 336, quiero decir que me parece totalmente inadecuada la utilización de este fondo como lo plantea el Poder Ejecutivo, máxime cuando hoy sabemos que hay muchos vecinos en el territorio que están sufriendo cortes de luz por fallas en la infraestructura, debido a diferentes causas. Incluso, desde el propio sindicato de UTE se ha manifestado que no se han hecho las adecuaciones necesarias en infraestructura para asegurar que no se produzcan esas fallas.

Cuando hacemos las cuentas, concluimos que este fondo no fue tan bien creado por UTE como se supone. En otras palabras, si hay fallas en la infraestructura y no es posible proveer adecuadamente de energía eléctrica a cada uruguayo, quizás no sea tan conveniente usarlo para financiar un tren que, como todos sabemos, es para UPM y lo vamos a pagar todos los uruguayos.

La verdad es que sigo sin entender las prioridades de la agenda de este Gobierno; sigo sin entender cómo se aumenta, una y otra vez, la tarifa que cada uruguayo debe pagar a UTE; sigo sin entender cómo es posible que mientras a cada productor, a cada empresario, a cada pequeño y gran comerciante en este país se le hace cuesta arriba pagar sus tarifas, nosotros destinamos un fondo –que dicen que es un excedente– para un tren para UPM.

Eso hace que se agranden las injusticias y se agrande la brecha, en lo que hace al acceso y a las oportunidades, entre los uruguayos y los extranjeros que vienen a invertir, como los de UPM. En verdad, no deja de asombrarme la agenda de prioridades del Gobierno del Frente Amplio.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 338.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 339.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 341.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 342.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 343.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 344.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 345.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 346.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 347.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: quiero dejar una constancia antes de votar el artículo 347, que adelanto que acompañaremos.

En este artículo se disponen ciertas facultades. Dice así: «La Administración de Obras Sanitarias del Estado, los contratistas y las firmas consultoras que intervengan en la ejecución de las obras y suministros para la realización de las obras de tratamiento de efluentes, disposición final de los mismos y redes de saneamiento del Sistema Ciudad del Plata, área metropolitana de Montevideo, tendrán en lo pertinente, el tratamiento tributario establecido por los artículos 490 a 492 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008».

Como dije antes, acompañaremos esta disposición porque estamos a favor de su objetivo que, como se expresa claramente, tiene que ver con una parte del saneamiento en Ciudad del Plata, que integra el área metropolitana de Montevideo –así lo define el artículo– y se ubica en el extremo más austral del departamento de San José, limítrofe con Montevideo, tiene una población de más de 30.000 habitantes, 9 kilómetros de extensión y 17 fraccionamientos muy distintos, carentes de un montón de servicios. Si uno busca en Internet «área metropolitana» –lo hice recién–, encuentra que el buscador Google expresa: «… comprende todas aquellas aglomeraciones urbanas que se encuentran próximas o conurbadas con Montevideo, capital de Uruguay, y que pertenecen tanto al departamento de Montevideo, como a los de Canelones y San José».

En este mismo ámbito, en oportunidad de considerar y sancionar la Ley n.º 19355, Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones correspondiente al ejercicio 2015-2019, se aprobó el artículo 684, que en su momento discutí mucho; tal vez algún senador lo recuerde. Ese artículo asignó una partida anual de $ 285:000.000, a partir del ejercicio 2017 «con el objetivo de contribuir al financiamiento de obras de infraestructura viales, de transporte y de desarrollo logístico destinadas a mejorar el funcionamiento del área metropolitana de los departamentos de Montevideo y de Canelones, así como su interrelación con las infraestructuras de importancia nacional que se realicen en el período». Y a los efectos del financiamiento que autoriza dicha norma, se contará con los recursos en el ministerio. Estamos hablando de aproximadamente USD 10:000.000 a la cotización de ese momento.

Esta partida para las áreas metropolitanas de Montevideo y Canelones –no de San José– fue postergada para el año 2018, pero para formar parte de un fideicomiso que también establecimos en esta misma sala al sancionar la Ley n.º 19438, de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2015. Precisamente, su artículo 157 establece: «Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir la partida asignada en el artículo 684 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015» –a la que hice referencia– «al fideicomiso que constituyan los Gobiernos Departamentales de Montevideo y Canelones, con la finalidad de realizar obras de infraestructura viales, de transporte y de desarrollo logístico. El fideicomiso será constituido en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (CONAFIN AFISA) será la fiduciaria del mismo». Y habilita a la CND a captar más recursos. Muy bien. En esa oportunidad referí al sentido común, pero también a la definición formal –el área metropolitana incluye los tres departamentos–, porque en 2005 se dio institucionalidad al área metropolitana y hasta el día de hoy funciona bajo la égida de Presidencia de la República compuesta por áreas de los tres departamentos. Esta fue una definición que firmó un novel presidente Vázquez con los entonces intendentes Ehrlich, Carámbula y Chiruchi, de Montevideo, Canelones y San José, respectivamente.

Cuando comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda las autoridades de la OPP, señores Álvaro García y Pedro Apesteguía –alguno de sus miembros seguramente lo recuerde–, preguntamos sobre este tema y se nos dijo que parte de lo realizado se pactó en oportunidad de elaborar la redacción de los artículos 651 y 652 de la Ley n.º 19355 y fue producto de un acuerdo que, a propuesta del Congreso de Intendentes, aprobó la Comisión Sectorial de Descentralización. Entonces, lo que personalmente veía como una discriminación hacia San José fue un acuerdo del Congreso de Intendentes, es decir que involucraba al propio Gobierno departamental de San José. Ese acuerdo refiere a los recursos que se distribuyeron en esa norma, que no solamente es este especial y particular, sino todos los recursos que algunos dicen que el Gobierno nacional le da al interior, pero que, en mi opinión, este se lo devuelve de acuerdo con una norma constitucional. Pero este no es tema para discutir ahora.

Lo concreto es que este fideicomiso, por el que se postergó el otorgamiento de la mencionada partida, se conformó con USD 100:000.000. A esta cifra se llegó con los USD 10:000.000 y USD 80:000.000 más que se obtuvieron mediante un préstamo otorgado a la Corporación Nacional para el Desarrollo por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, para financiar parte de estas obras.

Entre otras obras importantes, se realizó el ensanchamiento de distintos tramos de la avenida Luis Alberto de Herrera, entre general Rivera y avenida San Martín; de avenida Italia, entre Gallinal y Barradas, y de la rambla O’Higgins, entre Hansen e Hipólito Irigoyen. ¿Por qué? Porque esa partida de USD 10:000.000 pasó a este fideicomiso, cuya finalidad era administrar los fondos para financiar y contratar la construcción de obras de infraestructura vial, transporte y desarrollo logístico en el área metropolitana, en este caso de Montevideo y Canelones, pero no de San José.

¿Por qué San José no? Según lo explicaron Apesteguía y García, había un acuerdo, avalado por el Congreso de Intendentes, que seguramente suponía otras compensaciones que no recibirían Montevideo y Canelones y sí San José, pese a que pertenecía al área metropolitana. En fin, como se dice comúnmente, «la llevamos».

Ahora bien, resulta que hace un par de meses se firmó un préstamo con el BID, por USD 20:000.000, para hacer el saneamiento de Ciudad del Plata. Nosotros habíamos reclamado este saneamiento en el presupuesto porque había sido una promesa expresa y principal de Tabaré Vázquez en la campaña electoral, que expresó que se iba a hacer el saneamiento de Ciudad del Plata. ¡Por supuesto que fue bienvenido! Luego se dijo que era tan grande el costo que era muy difícil lograrlo y que se iba a hacer el dique del Delta y a contratar una consultora para avanzar. Está bien, no estoy hablando de si va a cumplir o no la promesa, sino de que hay que apoyar el intento de que se cumpla. Entonces, hay USD 20:000.000 del BID para hacer una experiencia piloto inicial de saneamiento en el barrio San Fernando –una pequeña urbanización de Ciudad del Plata–, que es bienvenida. Es para eso que este artículo pide la exoneración tributaria, que vamos a votar. ¿Pero qué impone como contrapartida? Que el Gobierno departamental de San José aporte entre USD 10:000.000 y USD 15:000.000, para lo cual se está discutiendo hacer un fideicomiso a diez años. ¿Para qué es ese dinero? Para la infraestructura vial que va arriba, la misma para la que entre todos aportamos USD 100:000.000 para Montevideo y Canelones. O sea que, del área metropolitana formal, que hasta Google reconoce que está compuesta por tres departamentos, excluimos a San José de los USD 10:000.000 iniciales –supuestamente, porque se compensaba en otro acuerdo–, pero hoy queda afuera de lo que finalmente son USD 100:000.000 para infraestructura de transporte y de obra vial.

No sé si me explico. Voy a acompañar este artículo, pero acá queda claro nuestra argumentación inicial. Si se busca en la versión taquigráfica, se podrá leer que algún técnico, aparentemente entendido en temas de descentralización de recursos, poco menos que señaló que mi vocación de reivindicar la descentralización era fruto de la pertenencia al departamento. La única descentralización que hay es la caja, que hoy está compuesta por USD 100:000.000 que se destinarán a infraestructura vial y de transporte en dos tercios del área metropolitana: Montevideo y Canelones; al área de San José, no. En San José, el dinero lo tiene que poner el Gobierno departamental, y para ello está discutiendo hacer un fideicomiso de endeudamiento a diez años, que seguramente salga, porque el Frente Amplio acordó que lo va a votar y el intendente –y su grupo– probablemente lo acompañe, porque quiere hacer la obra. No sé si lo acompañará todo el Partido Nacional, pero eso no importa. El asunto es el tema de fondo: el próximo Gobierno departamental va a empezar con diez años de endeudamiento por USD 10:000.000 o USD 15:000.000, como contrapartida por exactamente la misma obra que a Montevideo y Canelones se los da el endeudamiento nacional.

Esto se llama «discriminación». Aclaro que me cuido mucho con los adjetivos porque es la forma de generar el respeto que todos nos debemos, pero objetivamente se está discriminando. Tengo la versión taquigráfica, pero no quiero avanzar en ese terreno y tampoco quiero ocupar las cuatro o cinco instancias que tenemos en el quinquenio para discutir los recursos –a las apuradas, incluso a veces discutiendo más en tono político y hasta con enconos circunstanciales con compañeros o colegas–, cuando lo que importa es el hilo conductor. El hilo conductor son los USD 10:000.000 que se postergaron para la rendición de cuentas siguiente, que finalizaron siendo USD 100:000.000 y que se destinaron a dos departamentos de un área metropolitana compuesta por tres. San José no solamente termina afuera, sino que cuando le toca, la contrapartida no la aporta el Gobierno nacional, sino el propio Gobierno departamental.

Esto se llama «discriminación», y lo digo porque oportunamente discutí con los señores de la OPP sobre la distribución objetiva de los recursos, que es todo un tema. Para algunos –como quien habla– descentralizar es transferir facultades y la caja fuerte; para otros es regar con oficinas de los ministerios, como los centros MEC, los centros Mides, etcétera. Creo que no es eso –aunque respecto a los que lo creen–, sino dar los recursos al territorio. Esto no es de este Gobierno; hace doscientos años, el presidente Berro hizo algo y luego la Constitución del 52 dio autonomía financiera. ¡A todos les duele, pero esto es flagrante! ¡Acá se está discriminando a Ciudad del Plata y al área metropolitana de San José! ¡Se está discriminando frente a Canelones y Montevideo!

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 347.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 353.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 357.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 359.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Los señores senadores que integran la comisión saben que hablé algo cuando se votó este artículo y que tuve como respuesta una reflexión poética del señor senador Berterreche, que celebramos. Pero, señora presidenta, creemos que nuevamente estamos ante un artículo de buenos deseos del Frente Amplio en una rendición de cuentas.

Concretamente, este artículo 359 dice: «En caso de verificarse en 2019 mayores ingresos a los previstos en el informe económico financiero…». Es decir que están gastando a cuenta de un sueño. Sueñan que va a haber ingresos y gastan a cuenta. Dicen que estos recursos serán para financiar incrementos salariales para la Administración Nacional de Educación Pública y para la Universidad de la República.

Es raro que un artículo de la rendición de cuentas sea de buenos propósitos y de buenos deseos. Pero, ya que es de buenos deseos, ¿por qué no deseamos más? ¿Por qué los incrementos son solamente para estos funcionarios? ¿Los funcionarios de salud pública no quedan incluidos en esa posibilidad? Además, como el artículo dice solamente «incrementos», nadie puede saber de cuánto van a ser. En caso de verificarse mayores ingresos a los previstos, ¿por qué no ponemos todos los deseos y no unos poquitos? Pongamos cuánto les vamos a aumentar a los funcionarios de salud pública, a los del Mides –¿por qué no?–, a la seguridad pública. Hagamos una lista de deseos, de sueños de ingresos que están muy lejos de la realidad, señora presidenta. ¡Ojalá pudiéramos tener equilibrio! No va a haber mayores ingresos.

No entiendo este tipo de artículos que el Frente Amplio reitera en todas las rendiciones de cuentas. Creo que en la rendición de cuentas pasada había un artículo que decía que aspiraban a llegar a un 6 % del PBI para la educación. Y quedó perdido en la historia como un artículo soñador. Es un sueño hecho artículo. Nunca había visto esto en rendiciones de cuentas hasta ahora. Son sueños reiterados por un Frente Amplio que corona cada una de las rendiciones de cuentas –que a veces son muy irreales– con una aspiración o un sueño, y que en este caso es muy avaro, porque ¿cuál es la razón de que el sueño se limite a los funcionarios de la ANEP y de la Universidad? Para soñar, ¡vamos a soñar bien! Vamos a soñar un aumento generalizado para todos los funcionarios, que se bajen impuestos, que en el país todos seamos sanos y que tengamos tranquilidad económica. Vamos a soñar, pero vamos a soñar bien; no a soñar un poquitito. Para soñar, soñemos en serio.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 359.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobada la sección VIII.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración los artículos aditivos de las hojas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, presentados por el Partido Nacional.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–10 en 27. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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13) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:11, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Alcorta, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Camy, Carrera, Castillo, Coutinho, Delgado, Eguiluz, Gallicchio, García (Graciela), Heber, Martínez Huelmo, Mieres, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Payssé, Saravia y Xavier).

PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

José Pedro Montero  Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.