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N.º 18 - TOMO 582 - 3 DE JULIO DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

18.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y EL SEÑOR JUAN CASTILLO Tercer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– La señora senadora Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el control sobre las bebidas embotelladas.

– El señor senador Cardoso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el estado de salud de los residentes de la sociedad civil Hogar de Ancianos de Chuy.

– El señor senador Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la aprobación de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

con destino al Ministerio de Turismo, relacionado con un proyecto de desarrollo urbanístico-turístico en el departamento de Maldonado;

con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con un proyecto de desarrollo urbanístico-turístico en el departamento de Maldonado.

– El señor senador Mieres solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con el proceso de construcción del Antel Arena;

con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con el régimen de las cooperativas sociales y de trabajo.

Oportunamente fueron tramitados.

5) Exposición escrita

– El señor senador Camy solicita se curse una exposición escrita con destino al señor ministro de Defensa Nacional, al comandante en jefe del Ejército nacional y al comandante de la División de Ejército II, relacionada con la conmemoración del 80.º Aniversario de la creación de la División de Ejército II.

• Se procederá de conformidad.

6), 8), 11) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– Se toma la promesa de estilo al señor Alejandro Draper, luego de lo cual se lo declara investido de su cargo de senador.

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Cardoso, Aviaga, Amorín, Moreira, De León, Alonso y Bianchi.

– Quedan convocados los señores senadores Saravia, Asiaín, Viera, Paternain, Aristimuño, Lafluf, Peña, Matiaude e Iturralde.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

9) 1.º de Mayo de 1983. Reconocimiento

– Manifestaciones del señor senador Pintado.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la Asamblea General, al PIT-CNT, a Fucvam, a la FEUU y al Poder Ejecutivo.

10) Batallón Uruguay IV en la República Democrática del Congo

– Exposición de los señores senadores García y Ayala con motivo de su visita.

• Por moción de la señora senadora Ayala, complementada por la señora senadora Asiaín, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en sala a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, a Naciones Unidas, al Ejército nacional, a la Fuerza Aérea Uruguaya y a la Armada nacional, a OSE, a UTE y a Antel.

12), 14) y 16) Código del Proceso Penal

– Proyecto de ley por el que se lo modifica.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta culminar el tratamiento del tema en consideración.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 30 de junio de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 3 de julio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Exposición de los señores senadores Javier García y Patricia Ayala a fin de informar acerca de la visita al Batallón Uruguay IV, desplegado en la República Democrática del Congo en el marco de la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.

Carp. n.º 1092/2018 - rep. n.º 666/18 y anexo I

3.º) por el que se aprueba la Enmienda al Protocolo de Kioto de conformidad con su artículo 3, párrafo 9 (Enmienda de Doha) adoptada por la Decisión 1/CPM.8, de 8 de diciembre de 2012, de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes en el Protocolo de Kioto.

Carp. n.º 1091/2018 - rep. n.º 660/18

4.º) por el que se designa Eduardo Galeano el Liceo n.º 8 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1104/2018 - rep. n.º 664/18

5.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establece la creación de los Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente.

Carp. n.º 848/2017 - rep. n.º 665/18

6.º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de conferir el ascenso correspondiente al grado de coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2018, por el sistema de antigüedad, aptitudes y suficiencia, a varios señores tenientes coroneles.

Carp. n.º 1087/2018 - rep. n.º 659/18

7.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en calidad de director, al economista Guzmán Elola Curuchaga.

Carp. n.º 1101/2018 - rep. n.º 653/18

8.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de fiscala letrada departamental, escalafón N, a la doctora Tania Magela Vidal Irazoqui.

Carp. n.º 1094/2018 - rep. n.º 661/18

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aristimuño, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carrera, Coutinho, Draper, García, Garín, Lacalle Pou, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Passada, Paternain, Payssé, Pintado, Saravia, Silveira, Tourné, Viera y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Cardoso, De León, Delgado, Heber y Moreira.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:34).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor presidente de la república solicita la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la república para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del día 21 de julio de 2018, con motivo de concurrir a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto Vallarta, Estados Unidos Mexicanos.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas, y suscrito por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2017;

• por el que se faculta al Banco de Previsión Social a extender el régimen de facilidades de pago por concepto de contribuciones especiales de seguridad social recaudadas, incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud;

• por el que se modifica el título 1 del Texto Ordenado 1996, referido a la cancelación de deudas;

• por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, suscrito por la República de Sudáfrica el 2 de agosto de 2017, en la ciudad de Pretoria, y por la República Oriental del Uruguay el 16 de agosto de 2017, en la ciudad de Montevideo;

• por el que se crean normas relativas a la expedición de certificados de defunción;

• por el que se prorroga la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, hasta el 30 de setiembre de 2018;

• por el que se declara el 19 de marzo de cada año Día de la Laicidad.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la República de Chile, al señor Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 30 de setiembre de 2018 la entrada en vigencia del artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

Asimismo, remite aprobado un proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito el 2 de agosto de 2010, en la ciudad de San Juan, República Argentina.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Además, remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Hermes Toledo Antúnez, relacionadas con el 55.º aniversario de la creación de la Comisión mixta uruguayo-brasileña para el desarrollo de la cuenca de la laguna Merín.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa Eduardo Galeano el Liceo n.º 8 de la ciudad de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se declara de interés general la creación de Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente de la República Oriental del Uruguay.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informada una solicitud de venia del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de conferir los ascensos al grado de coronel, con fecha 1.º de febrero de 2018, por el sistema de antigüedad, concurso y selección, a varios señores tenientes coroneles.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Presidencia de la Cámara de Senadores, conforme a las disposiciones reglamentarias y en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Calificaciones y Concursos, comunica la Resolución n.º 248, de fecha 25 de junio de 2018, por la cual se designa en el grado de taquígrafo II, escalafón D, serie Taquigrafía, a partir del día 1.º de julio del corriente, a la señora Tatiana Teigeira.

La Junta Departamental de Colonia remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por varios señores ediles y representantes de las Direcciones Nacional y Departamental del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), con motivo de cumplirse los sesenta años de la fundación de dicho sindicato.

La Junta Departamental de Flores remite, a solicitud del señor edil Claudio Aguilar, copia de la exposición que los alumnos de la Escuela Técnica de Trinidad realizaron sobre el tema “Proyecto para mejorar el agua”.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de una moción presentada por los señores ediles Gabriela Gómez y Javier Pizzorno referente a palmeras que fueron arrancadas de la plaza de deportes José Enrique Rodó.

La Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) remite nota relacionada con la exposición escrita presentada por el señor senador Javier García, referente a la situación del estadio Centenario.

–TÉNGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Rivera remite copias de las siguientes versiones taquigráficas:

• de las palabras pronunciadas por el señor edil Matías Acosta relacionadas con un vertedero de residuos ubicado en el Municipio de Tranqueras.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.

De las palabras pronunciadas por el señor edil José Ramón Montejo relacionadas con un hecho ocurrido en el liceo IAVA.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pedro Bordaberry, relacionado con el contrato entre el Gobierno y Baluma S. A.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR BORDABERRY.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con la promoción y difusión del candombe como expresión creativa, cultural y artística.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con la cobertura de Internet en el departamento de Cerro Largo.

–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR MIERES.

El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al señor ministro de Defensa Nacional, al comandante en jefe del Ejército nacional y al comandante de la División de Ejército II, relacionada con la conmemoración del 80 Aniversario de la creación de la División de Ejército II.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el control sobre las bebidas embotelladas.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Carlos Cardoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el estado de salud de los residentes de la sociedad civil Hogar de Ancianos de Chuy.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la aprobación de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

• con destino al Ministerio de Turismo, relacionado con un proyecto de desarrollo urbanístico-turístico en el departamento de Maldonado;

• con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con un proyecto de desarrollo urbanístico-turístico en el departamento de Maldonado.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con el proceso de construcción del Antel Arena;

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con el régimen de las cooperativas sociales y de trabajo.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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5) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite al señor ministro de Defensa Nacional, al comandante en jefe del Ejército nacional y al comandante de la División de Ejército II, la exposición escrita presentada por el señor senador Camy.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

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6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se comunica que en virtud de la licencia concedida al señor senador Álvaro Delgado por los días 3, 4 y 5 de julio, queda convocado el señor Alejandro Draper, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Alejandro Draper).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor Alejandro Draper: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR DRAPER.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR DRAPER.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de senador.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala y en la barra).

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del día 21 de junio faltaron con aviso los señores senadores Coutinho y Eguiluz.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 14 de junio faltó con aviso la señora senadora Tourné.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del día 25 de junio faltaron con aviso los señores senadores Coutinho y De León.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del día 14 de junio faltó con aviso el señor senador Mujica.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del día 20 de junio faltó con aviso la señora senadora Aviaga.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del día 26 de junio faltaron con aviso los señores senadores Aviaga y Cardoso.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del día 26 de junio faltó con aviso la señora senadora Tourné.

A la sesión de la Comisión especial: partidos políticos. Financiación y publicidad electoral del día 27 de junio faltaron con aviso los señores senadores Camy y Coutinho.

8) SOLICITUDES DE LICENCIAS E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 21 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia por el tiempo comprendido entre el 3 y el 10 de julio de 2018, por motivos personales.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

José Carlos Cardoso. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

De mi mayor consideración:

Con motivo de haber sido invitado a participar, como coordinador del FPH Uruguay, del VI Encuentro de planificación de actividades del Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe, que se realizará los días 12 y 13 de julio del presente año, en la ciudad de Antigua, Guatemala, solicito licencia –conforme a lo establecido en el literal D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827– del 11 al 13 de julio de 2018.

A tales efectos adjunto la invitación correspondiente.

Saludo a usted atentamente.

José Carlos Cardoso. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de junio de 2018

Presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi consideración:

De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia a partir del día 3 y hasta el 17 de julio inclusive, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de julio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Doña Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días 3 y 4 del mes corriente.

Sin otro particular, saludo a la señora presidente muy atentamente.

José Amorín. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Tabaré Viera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de julio de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración.

Por la presente solicito licencia los días 3, 4, 5 y 6 de julio, al amparo del literal A) del artículo 1.ºde la Ley n.º 17827 (adjunto el certificado médico correspondiente).

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de julio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, del 14 de setiembre de 2004, por razones personales, el día martes 3 de julio de 2018.

Sin otro particular, saludo a la señora presidente muy atentamente.

Leonardo de León. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Julio Calzada, Beatriz Ramírez, Felipe Carballo y Cristina Lústemberg han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) 1.º DE MAYO DE 1983. RECONOCIMIENTO

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Gracias, señora presidenta.

Cuando a lo largo de nuestra historia, ya sea en lo político, económico o social, e incluso en lo deportivo, ocurrieron hechos que rompieron o al menos intentaron borrar los trazos que conforman nuestra identidad libertaria, democrática, igualitaria y solidaria, la sociedad uruguaya sufrió mucho. Pero, por suerte, no se quedó en el sufrimiento porque, de una forma u otra, siempre tuvo el coraje –cada uno dio lo mejor de sí y lo puso al servicio del colectivo– para vencer la adversidad. Este es un rasgo que nos identifica en todos los planos.

Hoy, a partir de algunos acontecimientos deportivos relevantes, hay una muestra clara de cómo somos capaces de hacer lo que decía el general Seregni: repensar la adversidad trabajando juntos, y juntar mil miedos para hacer un gran coraje.

Eso fue lo que le ocurrió a la que algunos llamaron «la generación perdida» y, otros, «la generación del silencio», que en los años tristes de la Dictadura se puso al hombro –sin proponerse encabezar, pero lo hizo– la lucha por la recuperación democrática. No lo hizo sola, pero se las ingenió para aprovechar cualquier rendija de libertad o espacio que se pudiera agrandar para que el esfuerzo colectivo fuera abriendo más y más las puertas de la libertad.

Esto es comprobable en todos los campos: en el trabajo, en el estudio, en las cooperativas, en la cultura y, posteriormente, en la política. Hubo destacadas personalidades que integraron esa generación de 1983 que, con gran dinamismo, creatividad y movilización, aportaron muchísimo a la lucha democrática. Sin esa lucha de la sociedad encabezada por esta generación, hoy no estaríamos aquí los que estamos ejerciendo una representación ciudadana. Es más, muchos de quienes integramos esa generación, desde la recuperación democrática hemos ocupado asientos o hemos representado a la ciudadanía aquí, en el Poder Legislativo, o en los Gobiernos sucesivos.

El año 1983 fue determinante –tanto como el plebiscito de 1980 y las elecciones internas de 1982– y relevante por la masividad de las movilizaciones y porque un pueblo volcado a la calle respaldaba, con su movilización, las distintas negociaciones que estaban teniendo lugar en beneficio de la libertad y de la democracia. El puntapié inicial fue el 1.º de Mayo de 1983, cuando los trabajadores organizados realizaron un acto frente al Palacio Legislativo. Después vino la semana del estudiante, la represión del 9 de noviembre y el Río de Libertad en el Obelisco, pero reitero que frente al Palacio Legislativo los trabajadores organizados fueron los primeros y los que fueron a más, porque se animaron a plantear una consigna de libertad, trabajo y salario, y amnistía, de la que muchos no se animaban a hablar.

Frente a este edificio fuimos testigos del silencio más atronador que hemos vivido, porque el silencio se escucha cuando sus protagonistas son cientos de miles.

Por esta razón, en el día de ayer la bancada del Frente Amplio resolvió proponer a la Asamblea General que todo el Parlamento tribute un reconocimiento a esa generación y a esos trabajadores organizados que fueron capaces de realizar ese multitudinario acto, determinante en lo que fue la recuperación de la libertad y de la democracia.

Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la Asamblea General, al PIT-CNT, a Fucvam, a la FEUU y al Poder Ejecutivo.

Era cuanto teníamos para manifestar.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha finalizado la media hora previa, pues nos hace saber el señor senador Otheguy que no hará uso de la palabra.

10) BATALLÓN URUGUAY IV EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Exposición de los señores senadores Javier García y Patricia Ayala a fin de informar acerca de la visita al Batallón Uruguay IV, desplegado en la República Democrática del Congo, en el marco de la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas».

Tiene la palabra el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Buenos días.

Muchas gracias, señora presidenta.

La República Democrática del Congo tiene de todo. Es un país inmenso –tan grande como toda Europa occidental–, bellísimo –la naturaleza lo ha dotado de una riqueza impresionante– y con una población millonaria desde el punto de vista de la cantidad de sus habitantes. Tiene una sola desgracia: es muy rico. Tanto lo es, que sobre el Congo se ha desatado una enorme cacería de riqueza. Y eso no es de ahora. Ese hermoso país ha sufrido todos los males que una nación puede padecer: el colonialismo, la expoliación de sus recursos humanos, la esclavitud, las inestabilidades políticas que van de la mano –muchas veces o casi siempre– de estas riquezas que relatamos, y la ferocidad que poderosos de distintos lados han desatado sobre él para quedarse con su oro, sus minerales, sus diamantes, el coltán, el petróleo o el gas. No le falta absolutamente nada de lo que hace a la riqueza material, pero le falta todo de lo que tiene que ver con aquella riqueza que menos luce, que menos brilla, pero que es la más importante para los seres humanos: la de poder proveer de dignidad la vida de cada uno de los ciudadanos. Tan así es, que sobre este hermoso país es mucho más importante esa riqueza material que cada uno de sus habitantes.

Soportó –y soporta– también las inestabilidades políticas propias de muchos países del continente africano. Para finales de este año están programadas las próximas elecciones por las que se elegirá al futuro presidente. Al respecto, conocimos allí lo que significan las dudas y las interrogantes sobre si este proceso podrá ser llevado adelante, pues ya ha sido postergado en otras circunstancias.

Desde el año 2001 han participado en las misiones en el Congo –a más de 9000 kilómetros de donde estamos ahora– más de veinticinco mil uruguayos a pedido de Naciones Unidas y con la autorización de nuestro Poder Ejecutivo y de este Parlamento. Es un número similar al que tienen hoy las Fuerzas Armadas en su totalidad. Participaron en las diferentes versiones de la misión de paz de la ONU, en la actual Monuc.

Hace un mes aproximadamente, invitados por el comandante en jefe del Ejército, general Manini Ríos, visitamos el lugar con la señora senadora Ayala –ella estuvo con nosotros unos días y retornó para ocupar la presidencia de la república–, como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, y estuvieron también los diputados Novales y Rodríguez, miembros de la comisión homóloga de la Cámara de Representantes. Nos acompañó asimismo una delegación de periodistas, así como una de oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea Uruguaya, comandados por el general Fajardo, jefe de la División de Ejército IV de nuestro país. Participamos en ese proceso de relevo del contingente uruguayo donde, como decía, en el entorno de novecientos compatriotas estaban trabajando allí desde hacía un año y otro tanto llegaba para comenzar su misión en el Congo.

Dado que me llegó la comunicación después de comenzar mi exposición, quiero aprovechar para agradecer muchísimo la presencia en la barra del señor ministro de Defensa Nacional, doctor Menéndez; del señor subsecretario; del comandante en jefe del Ejército; del comandante en jefe de la Armada; del jefe de la Casa Militar de Presidencia de la República, general Feola; del general Montaner; de todos los miembros del cuerpo diplomático; de la representación del Programa de Naciones Unidas en Uruguay; de la Embajada de Brasil, y de los integrantes de la delegación del Ejército y de la Armada –a quienes, por el color de su boina, se los puede identificar como exrepresentantes nuestros en el contingente uruguayo en el Congo–, y del presidente de OSE, Milton Machado, quien también tiene una importante participación proveyendo de técnicos que atienden nuestras unidades potabilizadoras de agua en la República Democrática del Congo.

Decía, señora presidenta, que este contingente uruguayo está compuesto actualmente por novecientos treinta y cinco uruguayos –pero supimos tener una compañía más de ingenieros que hace pocos meses volvió a Uruguay y otro contingente muy importante de la Armada nacional que también estuvo durante mucho tiempo en el Congo prestando su colaboración y trabajo en los lagos– que tienen una misión fundamental y clave. Créame, señora presidenta, que cuando informábamos sobre ella en el Senado o, en el pasado, en la Cámara de Representantes, lo hacíamos de manera puramente teórica, porque por lo menos yo no la comprendí bien –acá no tengo más remedio que hablar en primera persona– hasta que estuve allí.

La misión es una: proteger al pueblo congoleño. Pongámosle el nombre técnico que se quiera en términos diplomáticos, pero la misión es proteger la vida y la integridad de los congoleños. Y puedo asegurar que no hay nadie que comprenda mejor la misión que cumplen nuestros soldados que el pueblo congoleño.

El pueblo del Congo es joven en términos nuestros, pero no en los de ese país, porque desgraciadamente muere a temprana edad. Los uruguayos tenemos una esperanza de vida que supera los setenta y cinco años y que según dicen rondará, dentro de no mucho tiempo, los noventa. En el Congo la esperanza de vida apenas se arrima a los cincuenta años, con mucha suerte. Uno ve gente joven que va a morir joven en términos de lo que significa una vida prolongada hasta la llegada de algún evento biológico que la termine, porque en el Congo la vida termina antes de lo que la biología impone, puesto que está sometida a que más de cien grupos armados con armas muy poderosas, que obviamente no son de origen congolés, disparen contra ellos matando a mujeres, niños y hombres. Muchas veces, antes de matarlos –en esas aldeas de viviendas de barro, con techos de paja, redondas, que uno conocía por la televisión, situadas en montañas muy altas y que hacen que uno se pregunte cómo se hace para vivir allí–, se desata sobre ellos una furia tremenda y se viola a mujeres y a niños. Nuestro Ejército, los muchachos que están en la barra de este Senado y sus colegas son los que ponen su cuerpo y su vida para que eso no suceda.

Puedo asegurarles que cuando tantas veces informaba sobre esto en el Senado –está en la barra, reitero, el ministro Menéndez, que informaba conmigo estos temas cuando éramos diputados, y seguramente a él le pasó lo mismo que a mí, porque estuvo en el Congo–, no comprendía cabalmente el límite al que se vive y lo que hace esta gente. Y esa es su misión fundamental: proteger la vida y la integridad del pueblo congolés.

Aparte, señora presidenta, la participación en las misiones de paz debe ser de las políticas internacionales más importantes –si no la más importante– que tiene el país desde hace muchos años; lo hablábamos con diplomáticos y militares de otros países, allá en el Congo, quienes percibían lo mismo que acabamos de decir: que la presencia de un país en una misión de paz significa, desde el punto de vista de su política internacional, una extensión de su soberanía, una capacidad de vincularse y de relacionarse que abre puertas que ningún diplomático en el mundo puede abrir. Las cosas que se logran desde el punto de vista nacional y geopolítico cuando se está en una misión de paz, no se alcanzan desde otras esferas de la diplomacia.

Hace poco abandonamos nuestro mandato en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde estuvimos, no por nuestro poderío militar o por la grandiosidad territorial, sino por ser el país que tuvo la participación más destacada en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Esa fue la clave de nuestra participación, opiniones al margen de si es bueno o si es malo, aunque creo que fue bueno. No hubo otro argumento para nuestra participación en el Consejo de Seguridad que el prestigio y el «poder» –entre comillas– internacional que tiene Uruguay, dado por la participación en las misiones de paz, que se extiende –al respecto hay una leve discusión sobre la que aprendí en el Congo con algún oficial de nuestro Ejército– desde 1935 a la fecha. No es que estemos participando recién ahora; desde el Chaco Boreal hasta hoy Uruguay ha participado de diferentes formas, por ejemplo, como observadores, y en los últimos veinte años con contingentes muy amplios. Tenemos una larguísima tradición de integración y de respaldo a las políticas de Naciones Unidas; eso en el mundo se valora, y Uruguay es muy valorado en la comunidad internacional por esta realidad.

Como decíamos, señora presidenta, África es un continente con enormes necesidades, pero también con enormes posibilidades. Junto con la señora senadora Ayala y el resto de los uruguayos que fuimos a conocer esa realidad, estuvimos con diversas autoridades, básicamente militares, de Naciones Unidas. No puedo –tampoco corresponde que lo haga– decir de qué hablamos porque se trató de conversaciones no públicas, por llamarlas de alguna manera –si lo hiciera estaría violando esa reserva–, pero puedo garantizarles que las cosas que nos trasmitieron las principales autoridades militares de las Naciones Unidas sobre nuestro contingente, nuestros oficiales y nuestro personal, son de un enorme valor político y militar. Desearía poder trasmitirlo, pero no voy a hacerlo en honor a la reserva que tienen estas conversaciones que tuvieron lugar en reuniones privadas. No obstante, puedo garantizar que valdría la pena conocerlas porque se habló de la profesionalidad y de los límites a los que llega esa consideración. Solo voy a hacer una referencia, que sí puedo relatar. Como mencioné, estábamos en pleno relevo de nuestro contingente, en esa república tan vasta, tan grande, donde las distancias no se miden en kilómetros –porque la infraestructura prácticamente no existe–, sino de acuerdo con el tiempo que lleva cubrirlas. Hay carreteras por las que se marcha a paso de hombre y hacer cien o ciento cincuenta kilómetros puede llevar veinte horas de camión, como las que hicieron los periodistas compatriotas que fueron. También hay que ir con patrullas porque existen milicias que interceptan y matan, no solo a los contingentes de la ONU; los camiones que llevan mercadería de una ciudad a otra necesariamente tienen que ir custodiados por fuerzas armadas para evitar el vandalismo y el asesinato por parte de bandas militares. Mientras estábamos con ese contingente una autoridad militar del Congo nos contó que la noche anterior había recibido una llamada porque se había producido un conflicto militar a unas diez o quince horas de donde estábamos, donde no tiene autoridad ni participa el contingente uruguayo, que es la reserva del force commander, el primer jefe militar de las Naciones Unidas. Las jerarquías de esos otros dos contingentes llamaron al comandante militar para pedirle que enviara al contingente uruguayo dado que era el único que podía arreglar ese problema. El comandante respondió que no iba a ir, entre otras cosas porque estaba en pleno proceso de recambio y tenía menos personal, pero además porque no correspondía. De todos modos, el pedido fue que acudiera nuestro contingente porque solo ellos podían solucionar aquel problema.

Uno se pregunta, señora presidenta –y les puedo asegurar que solo estando allí se puede sopesar la verdadera magnitud del valor profesional que tiene nuestro contingente–, cómo se hace para que un contingente integrado por personas que provienen de los sectores más humildes de Uruguay, de los que tienen más carencias –no digo que sean tantas como las del pueblo congolés, pero mire que no anda lejos porque la necesidad, cuando golpea, solo el que la siente la puede relatar–, pueda olvidarlas, dejarlas de lado, y ofrecer lo que no tiene desde el punto de vista material pero que le sobra desde el punto de vista humano. Por norma, cuando se participa en estas misiones, los contingentes de otros países –y esto es así– cumplen lo que dice el contrato que se firma con Naciones Unidas. Pero las personas que nos acompañan hoy desde las barras, que representan a miles y miles, se destacan porque ofrecen aquello que no está en el contrato. Hay que escuchar las cosas que cuentan los chiquilines, los gurises que están en la puerta del batallón –seguramente la señora senadora Ayala está recordando algún episodio–, que no hablan español, sino «uruguayo». En ese momento algunos vestían camisetas deportivas que no son las de mi agrado –la señora senadora Passada sabe a qué me refiero–, pero lo cierto es que esos chiquilines llegan a sentirse parte de nuestro país. Y eso no lo logramos nosotros desde el Senado, sino los soldados que están allá.

Nos encontramos con unos chiquilines en un barrio de Goma. Nosotros estuvimos en Goma, después en Butembo, donde hay otra base uruguaya; con nuestra fuerza aérea en Bukavu, en el aeropuerto Kavumu, y pasamos por Kinshasa, que es donde se está hoy; puede ser que me olvide de algún lugar, pero fue allí, básicamente, donde estuvimos. Nos encontramos con un chiquilín congolés que relataba su periplo y preguntaba por sus amigos –hablan de sus amigos– uruguayos, concretamente por un coronel que había estado hacía diez años. Él sabía que en ese contingente estaba el hermano de aquel coronel y preguntaba por él: «Me dijeron que está fulano de tal acá, que es hermano de mi amigo, que estuvo hace diez años». Ese chiquilín recorrió todo el Congo a la vez que el contingente uruguayo tomaba una misión en alguna de las ciudades.

Como decía, ver a ese contingente, que al profesionalismo le agrega ese humanismo, para mí tiene una sola conclusión: no hay nada más solidario que la pobreza, no hay nada más solidario que la necesidad. Solo aquel que siente la necesidad es capaz de otorgar lo que no tiene cuando ve a alguien que tiene tanta o más necesidad que él. Hay soldados nuestros que les compran las mochilas a los chiquilines y hasta les pagan la escuela, que no es gratuita. Les compran las camisetas o los equipos deportivos. Uno de los chiquilines me decía: «Ahora soy uruguayo porque el soldado fulano me pagó la escuela». Es obvio que los soldados uruguayos que van allí tienen un beneficio económico; sería una tontería no decir esto. Aquí tendrían que trabajar de cinco a seis años para llegar a lo que allí logran en un año. Hay un soldado del norte de nuestro país que está custodiando la pista de Goma y ya ha ido a diez misiones de paz. Yo le pregunté por qué, porque hay que estar tanto tiempo fuera del país, y me respondió que estaba allí porque su hija quería estudiar medicina y la forma que encontró para que ella cumpliera con su vocación fue esa. Otro soldado me dijo que con tres misiones se hacía su casa, justamente una de las cosas más importantes a las que aspira un ser humano: el techo propio. Para lograr eso muchos tienen la posibilidad de trabajar aquí y otros deben irse varias veces a 9000 kilómetros de distancia. Pero podrían tener exactamente el mismo beneficio si cumplieran estrictamente lo que la letra del contrato estipula; no hace falta que agreguen nada más ni que ayuden a nadie más. Alcanza con que cumplan lo que dice el contrato. Sin embargo, hacen todo eso y agregan lo que está fuera de su mandato.

En la primera reunión que tuvimos, un soldado –que quizás esté aquí presente– nos decía que ellos eran soldados y no pintores. Para mí eso tuvo un significado tremendo porque muchas veces asociamos las Fuerzas Armadas con la tarea subsidiaria: con la pintura de la escuela, con la ayuda en el puente, a la intendencia, al inundado o a levantar la basura, y no nos damos cuenta de que el soldado puede hacer eso, pero antes que eso es soldado, es profesional.

En el Congo, en la ciudad de Goma atienden –circulan algunos videos al respecto– un par de orfanatos. ¡Hay que ver lo que son los orfanatos! Uno se llama Amour y el otro Tulizeni, que en el dialecto suajili quiere decir «tranquilícense». Se trata de un orfanato para niños desnutridos, en situación extremadamente precaria, y para niños y niñas abusados sexualmente. Como dije, los soldados atienden también el orfanato, aunque su tarea es otra: ya no con ese gesto gentil que tienen las mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas, sino con un gesto duro, nuestros soldados atraviesan la selva con un arma en la mano y protegen la aldea para que no maten y violen a congoleños. Son soldados, y debemos asumir –no digo «aprender» porque el término no corresponde– que esa es la profesión; pueden hacer otras cosas y, de hecho, las hacen y muy bien, pero antes que nada son profesionales. Esa profesión es lo que justifica todo lo demás que hacen. Reitero que las tareas incluyen desde la protección hasta construir un puente en la selva para que pueda llegar la salud o se pueda hacer una evacuación aérea –no la presenciamos porque se realizó unos meses antes de nuestra llegada–, como hizo nuestra Fuerza Aérea en Bukavu.

Estos soldados, con esta realidad, al estar un año en el Congo conviven con más de cien grupos de milicianos. Esto me impactó muchísimo. Cuando estuvimos allí dejaba el mando el coronel Berger y lo tomaba el coronel Frachelle y me pareció increíble que hablaran con total naturalidad –mencionándolos con nombre propio– de los cien grupos milicianos. Decían: «Aquí está tal grupo y allí está tal otro». El conocimiento político interno y de las realidades regionales de África que adquieren es increíble. Uno se pregunta por qué el Uruguay desperdicia toda la información política que reúnen estos profesionales, que les hace conocer un país millonario en gente, con una importancia geopolítica clave. ¿Por qué nuestro país no recopila toda esa información? Creo, señora presidenta, que la Cancillería uruguaya debería tener un departamento que permitiera que estos profesionales volcaran toda la información que reúnen durante un año.

Desde la ONU se nos pide otra compañía –aproximadamente 150 hombres– para reforzar nuestra presencia allí y creo que deberíamos avalar esa solicitud cuando se formalice. Me consta que nuestro Gobierno la está evaluando. Es imperioso que así sea, entre otras cosas porque creo que hay que relanzar nuestro liderazgo en materia de misiones de paz, que ha mermado porque han disminuido las misiones pero, además, porque me parece que se ha, no digo bajado los brazos, pero sí atenuado, desde el punto de la decisión política, nuestra presencia en misiones de paz. Considero que es clave relanzar ese liderazgo.

Como decía, en el Congo hay más de mil embajadores pues la tarea que hacen nuestros soldados es la de embajadores del Uruguay. Enviamos un embajador a decenas de países, pero allí mandamos a mil. Por eso creo que el país como tal debe aprovechar esa experiencia y ese conocimiento acumulados. Como se dice habitualmente, nadie es profeta en su tierra, y creo que muchas veces con nuestras Fuerzas Armadas sucede eso: las valoran más afuera de lo que lo hacemos en el país. Créame, señora presidenta, que seguramente es hora de que aquí las valoremos de la misma manera que en los principales países del mundo. Por ejemplo, el principal asesor militar de Naciones Unidas es uruguayo, el general Loitey, y por algo lo es. En definitiva, sería bueno que esa misma consideración que tiene el mundo sobre nuestras Fuerzas Armadas también la tengamos en nuestro país. Estamos en el siglo xxi y ello nos obliga a tener esa mirada hacia adelante y a proteger más a nuestros soldados, en todo sentido. Todos sabemos de lo que estoy hablando y no voy a entrar en temas que no corresponden en esta intervención. Creo que proteger a nuestros soldados es proteger una enorme capacidad humana y el prestigio profesional que ellos tienen.

Tenemos unas Fuerzas Armadas prácticamente desarmadas, con un retraso tecnológico muy importante y obviamente con un poder de fuego muy limitado, pues tienen otra misión, pero tampoco tengo duda alguna de que seguramente, desde el punto de vista profesional y humano, tenemos las mejores Fuerzas Armadas del continente.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la exposición, tiene la palabra la señora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Saludo a todos los presentes: al señor ministro de Defensa Nacional, al señor subsecretario de Defensa Nacional, a los integrantes del Ejército, al cuerpo diplomático, al presidente de OSE, al diputado Carlos Rodríguez y a su secretaria. Agradezco también a Camila y al funcionario de informática, quienes me van a dar el soporte para proyectar algunas fotos y videos.

Me interesa mucho la situación de vida de los uruguayos en el Congo. Y cuando me refiero a los uruguayos estoy hablando de los integrantes del Ejército, del Ministerio de Defensa Nacional presentes allá. Me interesa mucho por qué y para qué estamos allá y, por supuesto, me interesa sobremanera también la situación de vida de la población del Congo.

El Congo tiene más de dos millones de kilómetros cuadrados, más o menos 82 millones de habitantes y una densidad de población de un 34 % o 35 %. Vastos yacimientos conforman una amplia riqueza de recursos naturales; uno de ellos –además de diamantes, cobre, cobalto, oro– es el coltán, que ya mencionó el senador García y que es utilizado para la fabricación de celulares y otros equipos que estamos habituados a utilizar. Tienen alrededor del 80 % de las reservas mundiales de ese mineral, y un kilo cuesta aproximadamente dos vidas en el Congo. Repito: un kilo de coltán equivale a dos vidas en el Congo. Esto se debe –como bien señaló el señor senador García– a la presencia de grupos armados y, por supuesto, al trasfondo y al interés económico que están detrás, porque si no, esto no estaría sucediendo allí.

No me voy a referir tanto a otros datos ya que el señor senador García dio algunos. Sí me gustaría contarles mi experiencia de vida allí y desde acá, desde el vamos, cuando la comisión recibió la invitación, la cual agradezco. No tuve dudas en ir porque desde un primer momento quería ver cómo un país con tanta riqueza como el Congo ocupa uno de los primeros lugares de pobreza en el mundo y sus habitantes viven en condiciones tan precarias. También quería tener información más allá de la habitual y tuve que transitar por el Hospital Militar para darme aproximadamente diez vacunas. Algunas personas me decían: «Estás loca si vas a ir al Congo», mientras que otras –que ya estuvieron– me acercaron algunos informes detallados.

Luego de una espera en el aeropuerto, del atraso del vuelo, del cambio de día, finalmente salimos hacia el Congo. Desde el inicio el coronel Martínez –que está aquí presente– nos brindó toda la información que necesitábamos y nos acompañó en cada paso que debíamos dar, hasta que subimos al avión. Una vez sentados, nos deseó buen viaje. Muchas gracias.

Luego de más de dieciocho horas de viaje y algunas escalas antes de arribar a Kigali, la capital de Ruanda, hasta la frontera con el Congo transitamos por tierra por un país moderno, ordenado, limpio, con carreteras en excelentes condiciones y alumbradas en toda su extensión. Llegamos a la frontera en la mañana del 24 de mayo y solo con el simple hecho de cruzarla –como si cruzáramos una calle, de una vereda a la otra– el cambio fue abismal. Por supuesto que lo sentimos automáticamente con los saltos que dábamos en el vehículo en que íbamos, más allá del cambio visual, que me impactó sobremanera. Allí las carreteras y las vías están en muy mal estado, las condiciones de las casas cambian, la gente es diferente en su aspecto; es todo diferente.

De ahí fuimos directamente a la base. Si no me equivoco, Uruguay está en esa base desde hace aproximadamente diez años y en ese período han construido lo que van a poder ver en algunas fotos que traje.

Una vez que se abrieron los portones y entramos, vimos una fuente recientemente construida, un amplio patio de armas donde a un lado y a otro, bajo techo, están los camiones, y a la derecha hay diferentes construcciones donde el personal tiene la posibilidad de brindar atención en salud.

A los pocos minutos de haber llegado se presenta Alexandra, quien se encargó de que no me faltara nada. Vaya un agradecimiento a ella por su generosa compañía, por decirlo de alguna manera. En general, la atención que nos brindaron fue muy buena y les agradecemos por habernos recibido.

La base en general, desde mi punto de vista, tiene buena estructura, las construcciones son de material liviano, pero brindan las comodidades básicas necesarias para el personal del ministerio allí presente. Hay talleres y los generadores de energía permiten contar con electricidad durante todo el día. La conectividad es cara; el ministerio se encarga de pagarla, pero para mí es cara. Se hace un proceso para potabilizar el agua allí y en los demás lugares donde tenemos presencia, mediante el apoyo de OSE con las UPA y con sus funcionarios, que van también por un año, al igual que los del Ejército. Hace poco tiempo se creó una biblioteca, un cibercafé, una sala de entretenimientos y hay hermosos espacios exteriores. A pesar de que dije que la conectividad es cara, hoy en día resulta absolutamente necesaria para que quien está allá pueda mantener ese contacto permanente con su familia. Hoy sería impensable que no pudiéramos comunicarnos estando allá.

Desde los diferentes lugares de la base se visualiza el volcán, pero no pudimos ver su luz por la nubosidad de esos días.

El coronel Berger y quienes están al mando nos brindaron muy buena información del estado de situación, y el resumen general, tal como lo percibí, es bueno y sin mayores necesidades.

También estuvimos reunidos con el nuevo force commander, el general brasileño Elías Rodríguez, quien nos planteó lo que decía el señor senador García acerca de que solicitaría un nuevo contingente uruguayo. Además, también solicitó que Uruguay vuelva a brindarles la posibilidad de tener un chofer y servicio de seguridad uruguayos. Por supuesto que Uruguay estuvo cumpliendo con esto anteriormente y ahora vuelve a hacerlo. Esto se basa en la confianza depositada en nuestro país y en el Ejército.

El mandato de nuestra presencia en ese país está dado por resoluciones que se renuevan año a año y el Ejército allí tiene prioridades. Algunas de ellas son la protección a los civiles –tal como señaló el señor senador García–, el apoyo a la comunidad, cuatro orfanatos en Goma, uno en Butembo, una escuela, apoyo al proceso electoral –que se viene postergando y que esperamos que la coyuntura social y política de este año permita que se cumplan las elecciones en ese país–, la protección a Naciones Unidas y también el estudio de la estrategia de reducción y de salida.

Algo puntual que me parece muy bueno es que en 2006 Uruguay incorpora a Ana Lucas, una de las primeras mujeres en ocupar un lugar de relevancia como encargada de una unidad. Por mi condición de mujer, me parece que está muy bien que las mujeres estén presentes allí. Uruguay aún no está cumpliendo con el porcentaje de presencia femenina que Naciones Unidos solicita en el lugar, pero estamos tratando de arrimarnos a ese número.

La situación en general es tensa, inestable e impredecible, y eso se da por un conjunto de factores, por ejemplo, la presencia de grupos armados y las diferencias entre grupos étnicos que generan ese clima.

Debido a la violación de derechos humanos hay aproximadamente 4:000.000 de desplazados en el país, 800.000 refugiados de la República Democrática del Congo en otros países y 600.000 de otros países en el Congo.

Uruguay IV es la fuerza de reserva y en cualquier momento se puede desplegar a cualquier parte de la república a través del mandato de la Monusco.

Me preguntaba cómo se generan los contactos y cómo se entera el Ejército de los movimientos a prevenir o a interrumpir. En realidad se conformó un grupo llamado Etnia Alert, compuesto por civiles y militares que reciben información de fuentes locales, que además de los contactos con la Policía del Congo, cuando visitan las diferentes aldeas, si hay riesgo de ataque les avisan, se verifica, se confirma la presencia de grupos armados y rápidamente se acciona el despliegue.

Otra señal que se percibe, debido a la experiencia por haber transitado en ese lugar, es el movimiento en la calle. Cuando hay presencia de grupos armados cambia rotundamente el movimiento; se apacigua, la gente se va a sus casas y la calle empieza a quedar desierta.

Por supuesto que no puedo dejar de mencionar el sistema de información ambulante que son los niños. ¡Es impresionante! Ellos saben todo, saben de dónde venimos y hacia dónde vamos. A los cinco minutos de andar por la calle, uno de ellos se arrima y me dice: «¡Patricia, Patricia!»; inmediatamente me pregunté «¿Cómo sabe mi nombre?», pero ellos se las arreglan para saber todo.

Uruguay cuenta con unidades en Goma –creo que es la más grande, aunque me podrán corregir–, en Butembo, en Kinshasa, en Bukavu. Precisamente, en Bukavu nuestra Fuerza Aérea gestiona la base aérea de ese lugar, pero no pude visitarla porque regresé antes. En Goma, en el exterior de la base –como decía el señor senador García–, los niños merodean permanentemente; aunque ahora se intenta que no estén encima del muro, asimismo alguna cabecita siempre asoma. Lo cierto es que te siguen, te rodean, te piden, te preguntan y te cuentan cosas en un buen español, o en un buen uruguayo, como dijo el señor senador García. Ellos no solo aprenden el idioma español; aprenden toda lengua que para ellos sea necesaria.

Por otro lado, debo decir que me asombró mucho la cantidad de gente que hay en las calles. Es un hormiguero humano y no se sabe si vienen o van; se mezclan las motos, las bicicletas y las tolekas –probablemente se vea alguna en el video–, que son como monopatines de madera que utilizan para cargar. En definitiva, los autos y la gente se mezclan en la calle en ese tránsito. Como todos los que estuvimos allí, quedé muy impresionada por la cantidad de gente que se ve a determinadas horas. También es cierto que utilizan las motos como taxis y por ello preguntamos de dónde eran. Nos dijeron que las motos son de procedencia China –país que está realizando inversiones allí– y les cuestan aproximadamente mil dólares. Según lo que nos contaron, quien tiene un trabajo estable puede comprar una sin mayor problema.

Alrededor de un quinto de la población trabaja en el sector minero, pero también es cierto que una gran fuente laboral es el comercio. La mayor parte de la mercadería proviene de Uganda, la moneda es el franco congolés y el promedio de salario en el comercio es de treinta dólares mensuales. Los mejores salarios se cobran en la Policía y en el Ejército y andan en un promedio de cincuenta dólares por mes.

Cuando hablamos de salud y de educación –temas que van asociados con lo anterior–, que son pagas, cabe destacar, por ejemplo, que la educación mensual cuesta entre cinco y diez dólares por niño. Imaginen que las familias tienen, en promedio, entre cinco y seis hijos, así que no les da el sueldo –de treinta a cincuenta dólares– para pagar la educación de todos; por eso muchas veces deben elegir a qué hijo van a mandar a la escuela. ¡Vaya discriminación que les toca hacer a esos padres para que alguno de sus hijos pueda estudiar! Digo esto porque después de haber visitado ese lugar y de haber hablado con gente del Ejército que está allá, vale la pena destacar cómo se valora nuestro país. Cuando estamos en otro lado lo valoramos mucho porque, por ejemplo, acá no tenemos que elegir a qué gurí vamos a mandar a la escuela porque pueden ir todos.

Con respecto a la salud, pueden acceder a ella siempre que paguen previamente el tratamiento. En algunas instituciones de origen religioso los atienden sin que tengan que abonar antes, pero no pueden salir de allí sin haber pagado el tratamiento. Por lo tanto, muchas veces terminan en una especie de reclusión hasta que pueden pagar.

El segundo día fuimos a Butembo, otra de las bases, y nos llevaron en helicóptero; lo piloteaban tres militares y uno de ellos era artiguense. ¡Me encontré con muchos artiguenses allá! Eso fue una alegría para mí, sobre todo porque a uno de ellos lo conozco desde que era gurí porque forma parte del grupo de amistades de uno de mis hijos. Quiero destacar la belleza del paisaje que, vista desde el helicóptero, es realmente impresionante. Es fantástico ver cómo plantan desde el punto más alto hasta el valle. Me pregunto cómo lo hacen desde esas alturas hasta tan abajo y cómo hacen para construir esas casas allá arriba. Muchas cosas nos pasan por la cabeza y por el corazón.

Las mujeres se encargan de la agricultura, de plantar, de criar, de ir con los gurises, y de cargar la leña, el carbón y el agua, aunque caminan kilómetros para conseguirla. ¡No tienen agua ni luz! A pesar de que el carbón está prohibido en ese país, cuando viajamos en el helicóptero fue inevitable ver las columnas de humo que indican dónde se fabrica el carbón.

Ellos trabajan muy bien la madera; lo cierto es que se ven muy buenos muebles a la venta y todos se hacen allí. Un detalle que me llamó la atención es que dejan la madera, los tablones prontos a la vera del camino y nadie toca nada; allí permanecen hasta que la persona que los cortó y los hizo los viene a buscar. De la misma forma, nadie pasa al cantero del vecino para sacar nada de lo que está plantado.

En Butembo, la base está a cargo del coronel Batista, quien nos brindó amplia información de lo realizado allí. Hace aproximadamente un año que están en esa base y las instalaciones están realmente en muy buenas condiciones; se hicieron baños y se acondicionó la cocina. Allí encontré a otra artiguense –Daiana–, que está encargada de la enfermería.

Por la tarde salimos a hacer una recorrida de varios kilómetros y llegamos a una aldea. Por supuesto que antes de acercarnos ya vimos gente armada, pero igual bajamos y pudimos estar en contacto con los lugareños. Mientras los militares que nos acompañaban conversaban con los integrantes del Ejército congolés, me arrimé a unas chozas a hablar con algunas mujeres, y aunque el idioma no nos ayudó mucho fue buena la comunicación. De todas formas, hubo cierta vergüenza por parte de ellas cuando les pedimos sacarnos unas fotos. Algunas hacían harina, otras habían extendido un paño para poder vender su cosecha y había muchos niños, muchísimos niños por todos lados. Sin embargo, no vi más de tres embarazadas en todo el tiempo que estuve; por ello me pregunto cómo hay tantos niños y tan pocas embarazadas.

Después retornamos a la base por el camino Magoya y esperamos que llegara la caravana que traía a los periodistas. Ellos llegaron cansados, pero también nos contaron sus peripecias, que iban desde la curiosidad por ver tantos monos hasta el asombro de ver a una persona muerta en el camino.

Me queda muy poco tiempo, así que voy a recortar un poco mi relato. Recorrimos Butembo y al retornar al aeropuerto vimos a muchos niños subidos al alambrado que gritaban y saltaban. Estuvimos allí conversando un poco con ellos y los saludamos.

También fuimos a Goma y allí a una feria en el parque Virunga, donde se mezclaban los olores y los colores de manera impresionante. Nos preguntamos, una vez más, cómo en un país tan rico en recursos naturales la mayoría de su gente vive en la precariedad total. Las familias que acceden a la energía eléctrica son muy pocas y durante escasas horas al día.

Como ya se ha mencionado, muchos de los soldados que están allá pagan la mensualidad y compran uniformes y útiles para que algunos de los gurises puedan asistir a la escuela.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Solo voy a destacar dos o tres aspectos que me movilizaron sobremanera.

Por un lado, la situación de las mujeres: cómo trabajan, cómo cargan y cómo, a su corta edad –estoy segura de que no eran mayores que yo y todavía no me considero con mucha edad– ya están totalmente encorvadas debido a ese sacrificio, a esa vida y a la carga permanente que deben llevar.

Un segundo aspecto que llamó mucho mi atención es que ninguna mujer puede firmar nada sin el permiso de su marido.

También quiero mencionar a los niños de los orfanatos, que quedan huérfanos como producto de la alta mortalidad de las mujeres al dar a luz y por las masacres que dejan como resultado la muerte de sus padres en las aldeas. Los más pequeños son llevados a los orfanatos y los demás son reclutados para trabajar después en las minas para satisfacer intereses de otros.

La mayoría de las niñas que están en esos lugares, de entre doce y quince años, fueron víctimas de violación. Se estima que en el Congo, por día, hay 1150 violaciones.

Allí estuve con Noelia. Uruguay brinda apoyo a los orfanatos –en particular al Amour, adonde todos los días lleva agua y comida– porque de no ser así, esos niños no comerían. Además, reciben clases porque hay una maestra que se las brinda honorariamente; y tienen atención médica porque hay un médico –que también fue huérfano– que les brinda esa atención. Los que se encargan de los niños en ese orfanato también vivieron esa situación de orfandad.

No cuentan con agua, no cuentan con luz, no hay baños instalados; sin embargo, el orden y la limpieza los caracteriza a ellos, a los ranchos y a las casas.

Una vez por semana, tanto en el Congo como en Ruanda, salen todos a la calle a limpiar, desde el presidente hasta todos los habitantes.

Dejé para la última parte de mi exposición, la referencia a algunas cosas que sí he realizado desde que llegué al Uruguay nuevamente y que no quería dejar de manifestar.

En primer lugar, me referiré a la solicitud de una nueva unidad en ese lugar. Debo comentar que ya el ministerio recibió informalmente la solicitud de información sobre si estaríamos en condiciones de enviar un nuevo contingente. Sé que desde el ministerio al DPKO ya se contestó que sí, que estamos en condiciones de enviar una nueva compañía con sus medios, probablemente en setiembre de este año.

Por otro lado, en estos días he mantenido reuniones con UTE, Antel y otras instituciones para estudiar la posibilidad de brindar apoyo a las bases uruguayas presentes allí y, en particular, al orfanato, para ver la posibilidad de que cuente con electricidad a través de energía fotovoltaica.

Las consultas con Antel refieren a la posibilidad de dar una mano y un apoyo con respecto a la conectividad en ese lugar, para ver si el costo puede ser un poco más económico que el actual.

Por otra parte, a través de mi secretaría estamos viendo un listado de libros que el Poder Legislativo tiene para donar y que se podrían enviar a la biblioteca que hace poco se conformó en Goma. En ese sentido, el Ejército nos podría arrimar información acerca de su interés sobre este tema.

Nuestro país ha brindado apoyo solidario a muchos países en el tema de la energía y demás, y sé que también hará lo posible en este caso.

Otra idea que estamos estudiando, que capaz es un poco loca –por supuesto que la estamos conversando con UTE–, es la posibilidad de un plan piloto para que alguna aldea pueda contar con energía fotovoltaica. Estoy segura de que eso cambiará la vida a los niños y mujeres de ese lugar.

No me cabe duda de que los soldados allí desplegados, más allá de demostrar sus condiciones técnicas y su formación, dan muestras de su don de gentes a la uruguaya. Por tanto, no tengo dudas de la importancia de nuestra presencia como país y como Fuerzas Armadas. Creo que el hecho de brindar, por lo menos, un poco de tranquilidad a los civiles de ese país, ya es de gran valor. Vale mucho nuestra presencia en ese lugar. Su gente, con alegría y con mucho respeto, realmente nos recibe con una sonrisa en la cara.

Si me permite, señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de nuestras palabras –si así también lo quiere el señor senador García– sea enviada, no solo al Ministerio de Defensa Nacional, sino también al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Naciones Unidas, a OSE, a UTE y a Antel.

Si no es mucho el atrevimiento –y si me permite, señora presidenta–, quisiera usurpar un minuto más de la atención de los señores senadores para terminar esta exposición con el audio de una canción que fue cantada por los chiquilines en uno de los orfanatos. Ellos le cantan a Dios –o como los señores senadores quieran llamarle– para que les ayude a aliviar sus penitas, por la condición en que viven.

SEÑORA PRESIDENTE.- Adelante, señora senadora.

(Se emite audio).

(Aplausos en la sala y en la barra).

–Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora senadora Ayala y por el señor senador García también sea enviada al Ejército nacional, a la Fuerza Aérea Uruguaya y a la Armada nacional.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 02 de julio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De nuestra mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia por motivos personales, para los días 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de julio del corriente.

Sin otro particular, saludamos con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 26. Afirmativa.

Se comunica que para los días 3 al 5 de julio, los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniela Pena, Hebert da Rosa, Jorge Gandini y Ana Lía Peñeyrúa han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Omar Lafluf, y que para los días 9 al 12 de julio, queda convocado el señor Daniel Peña, a quienes ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día:

«Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal. (Carp. n.º 1092/2018 - rep. n.º 666/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Como decía la señora presidenta, el proyecto de ley a consideración del Cuerpo consiste en una serie de reformas parciales y modificaciones al Código del Proceso Penal.

En primer lugar, señora presidenta, me gustaría destacar el compromiso y la diligencia con la cual trabajamos en la Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo.

Se realizaron modificaciones al proyecto de ley original, así como también nuevos aportes, pero en líneas generales –me parece muy importante destacarlo y decirlo– se respetan los elementos inspiradores que en su momento fueron remitidos en el anteproyecto a consideración del Poder Ejecutivo.

Asimismo, señora presidenta, quiero manifestar que considero que estamos realizando un gran aporte, con un conjunto de ajustes necesarios en el nuevo proceso penal.

Al detallar el proyecto de ley en consideración, me gustaría tratar de dividirlo en cuatro dimensiones para que se puedan entender.

La primera dimensión de estas modificaciones que queremos llevar adelante refiere a la relación entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Podríamos denominar esto como una dimensión operativa. En estas modificaciones se busca poner negro sobre blanco respecto a los cometidos y a las competencias de la policía y de los fiscales.

Por ejemplo, en el artículo 1.º que tenemos a estudio se busca dejar en claro que la Policía nacional, la Prefectura Nacional Naval, la Policía Aérea Nacional y otras que cumplen funciones de policía actúan como auxiliares del ministerio público en todo lo relativo a las tareas de investigación que se deben llevar a cabo. Considero que es muy importante dejar claro que si bien estos policías tienen una función administrativa, también tienen otra que es actuar como auxiliares de la Justicia. Por lo tanto, en el artículo 1.º se modifica el artículo 49.1, con esa lógica que señalaba.

Por su parte, en el artículo 2.º se establece claramente que la dirección del ministerio público es a los solos efectos de la investigación criminal y que la policía actúa bajo el rol de auxiliar de dicho ministerio. Anteriormente, este artículo decía que el ministerio público podía establecer directivas generales, pero no quedaba clara esa distinción que debemos hacer cuando la policía actúa en función administrativa o como auxiliar de la Justicia. Por lo tanto, en el artículo 50.1 se agrega lo siguiente: «A los solos efectos de la investigación criminal y en su rol de auxiliares del Ministerio Público», con la intención de dejar claro que los fiscales solo pueden dictar instrucciones en lo relacionado con la investigación criminal y que allí sí son directores de ese proceso.

El artículo 3.º modifica el artículo 53 del Código del Proceso Penal, que refiere a las actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa. Aquí me parece fundamental hacer hincapié en la incorporación del literal a), que dispone que la policía debe cumplir con las fases del accionar policial, que son la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión, según los términos establecidos en la Ley n.º 18315, de Procedimiento Policial. Entiendo que es importante destacarlo y me gustaría mencionarlo, porque en este proyecto de ley que tenemos en consideración se está haciendo una remisión a la Ley de Procedimiento Policial, que en su artículo 3.º habla de las diferentes fases de la actuación policial. Una de ellas es la observación y refiere a todas las tareas que puede desarrollar la policía sin necesidad de una orden previa del ministerio público. La observación es la acción policial de vigilancia pasiva que tiene por finalidad detectar, analizar, procesar y utilizar información sobre situaciones que eventualmente puedan constituir actividades presuntamente ilícitas. La prevención policial es el conjunto de medidas técnico-operativas que permiten incidir en forma temprana sobre los factores que favorecen la violencia interpersonal y social y constituyen delitos. La disuasión es la acción policial de vigilancia activa que ejerce la policía cuando ya se ha instalado una situación que afecta la seguridad ciudadana. La represión es la acción policial que implica el uso de la fuerza física, las armas de fuego o de cualquier otro medio material de forma racional, progresiva y proporcional. Por último, una vez consumada la fase represiva, se dispone que el uso de la fuerza debe cesar de inmediato.

Reitero: considero que es muy importante destacar esto, porque luego de la sanción de esta norma que estamos modificando existían dudas sobre la vigencia o no de la ley de procedimiento policial. Por lo tanto, me parece muy importante este nuevo literal a) del artículo 53, porque remite a la ley mencionada, y deja claro que sigue vigente. Entonces, estos artículos son de suma importancia y representan un gran aporte de parte de la Comisión de Constitución y Legislación.

A su vez, se mejora la redacción del literal e) del artículo 53, que dice: «Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren de acuerdo a lo dispuesto en la ley». También se introduce una modificación en el g) que dice: «Efectuar las actuaciones que dispusiere la Ley nº. 18315, de 5 de julio de 2008 (Ley de Procedimiento Policial) y otras normas legales y reglamentarias». Quiero poner énfasis en esto porque había algunas dudas con respecto a los cometidos de cada una de estas instituciones, y por eso es importante poner negro sobre blanco.

También hay otros artículos que introducen mejoras y marcan cómo debe ser el accionar de la policía cuando se encuentre bajo la orden del ministerio público, durante la investigación. En ese sentido, en el artículo 4.º, a la redacción enviada por el Poder Ejecutivo del artículo 54 de la Ley n.º 19293 se agrega la palabra «inmediata» y en el artículo 5.º se mejora un poco el artículo 59 con relación al registro personal, vestimenta, equipaje y vehículo.

Con respecto al artículo 6.º, que refiere al artículo 61, anuncio que la intención es que se desglose y vuelva a la comisión, posibilidad que manejamos con sus integrantes. Creo que es importante poner negro sobre blanco con relación a cuáles son los cometidos de cada una de las instituciones, dejando clara la distinción entre la función policial administrativa y la de auxiliar de la Justicia.

La segunda dimensión, señora presidenta, apunta al dictado de instrucciones generales en materia de política criminal y, en este sentido, en los artículos 8 y 9, se proponen algunas modificaciones de los artículos 223 y 224 en cuanto a la aplicación de medidas cautelares de privación de libertad. Los artículos 8 y 9 deben ser leídos en su conjunto, puesto que el artículo 9 establece una presunción de riesgo de fuga, ocultamiento, entorpecimiento de la investigación y de riesgo para la seguridad de la víctima o de la sociedad cuando el imputado posea la calidad de reiterante o reincidente, para ciertos delitos de gravedad. Debe quedar claro que no nos estamos refiriendo a cualquier delito, sino a aquellos de gravedad como, por ejemplo, la violación, el abuso sexual, la rapiña, el copamiento, el secuestro, el homicidio en sus diferentes agravantes, los delitos previstos en el Decreto Ley n.º 14294 –ley de narcotráfico–, cuando tuvieran penas mínimas de penitenciaría y los delitos previstos en la ley de lavado de activos, también cuando tengan pena de penitenciaría. Esta modificación también es importante y va en la lógica de lo que solicitaba el Poder Ejecutivo en el sentido de que en ciertas situaciones de gravedad los operadores judiciales, en este caso el fiscal, respetando las lógicas del proceso acusatorio, tenga que solicitar la medida cautelar privativa de libertad.

Dentro de esta lógica del dictado de instrucciones generales en materia de política criminal, en el artículo 10 se hacen algunas modificaciones al proceso abreviado, que es nuevo. Allí diría que las modificaciones centrales están en los artículos 273.4 y 273.7, relativos a la participación de la víctima. Creemos que es sumamente importante que la víctima sea escuchada en el proceso, antes de homologar el acuerdo entre el fiscal y el imputado. Esto se dispone en el artículo 273.4 y, a su vez, el artículo 273.7 refiere a que si la víctima no participó en ese proceso se la notifique para que tenga conocimiento de lo sucedido, como forma de controlar este nuevo instituto de los procesos abreviados.

La otra modificación que se está proponiendo es en el artículo 273.5, que refiere al cumplimiento efectivo de los acuerdos. La lógica del proceso abreviado es por un tema de economía procesal; luego que el imputado reconoce haber cometido el delito, se le abre la posibilidad de que el fiscal pueda ofrecerle una disminución de la pena en base a ese reconocimiento. Lo que estamos proponiendo es que, luego de que ese acuerdo sea celebrado –por eso hablamos de cumplimiento efectivo del acuerdo–, el imputado deba cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la fiscalía. Quiere decir que luego de que se da esta situación, no entran en juego los beneficios de las libertades, tales como la libertad anticipada u otro tipo de libertades.

A su vez, en el artículo 273.6 se propone que, para cierto tipo de delitos, en el caso de que se aplique el proceso abreviado, se cumplan los mínimos previstos en la propia ley. Los delitos mencionados son: violación, abuso sexual –en sus diferentes modalidades–, atentado violento al pudor y el homicidio a título de dolo directo.

Creemos que son aportes muy importantes que se hacen al proceso abreviado, que ha merecido muchísimas críticas por parte de la sociedad en su conjunto.

Finalmente, en los artículos 11 y 12 se propone una serie de limitaciones al instituto de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos de gravedad, así como por la reiteración o la reincidencia de otros.

En este sentido, se pretende que a ciertos imputados que cometen delitos de gravedad o son reincidentes se les aplique el cumplimiento efectivo de la pena, es decir, que cumplan efectivamente la pena con la que fueron condenados.

Luego hay una tercera dimensión del proyecto de ley que apunta a promover ciertos cambios procesales. En este punto, ingresamos en la lógica de los aportes que se realizaron desde la Comisión de Constitución y Legislación. Así pues, se propone una pequeña reforma al procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de las leyes. De esta manera se consagra que la suspensión del procedimiento puede darse solo después de que el tribunal actuante se haya pronunciado sobre la adopción de medidas cautelares. Esta modificación pretende solucionar una serie de problemas ocurridos.

Como todos sabemos, nuestra Constitución prevé que, al momento en que se interpone un recurso de acción de inconstitucionalidad, los procedimientos se suspendan. A partir de una propuesta formulada por los señores senadores Bordaberry y Payssé, se busca establecer que exista la posibilidad de adoptar medidas cautelares para preservar a la víctima y a la sociedad, que no haya riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

Realmente consideramos que este es un gran aporte realizado por la comisión para solucionar un tema que ha sido muy debatido en estos días. Además, esta solución va en consonancia con una sentencia de declaración de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia en la que se establece que existe la posibilidad de adopción de medidas cautelares en un proceso de inconstitucionalidad.

Otro de los aportes introducidos tiene que ver con que el tribunal pueda dictar diligencias para mejor proveer. Dado que ya están previstas para el proceso civil, no nos parecía lógico que no estuvieran previstas también para el ámbito del proceso penal. En el ámbito del proceso civil, donde están en juego los intereses y los derechos privados, el juez puede adoptar diligencias para mejor proveer. Pero, como aquí está en juego el interés y el derecho público, consideramos razonable que el tribunal pueda adoptarlas. Esta propuesta también va en consonancia con la intención de que no vuelvan a ocurrirnos situaciones desgraciadas, como las que sucedieron en estos meses, ya que no pudo cumplirse efectivamente con principios básicos, como la búsqueda de la verdad material y la búsqueda de la justicia en nuestra sociedad.

Además, también se propone una leve modificación al artículo 341 del Código del Proceso Penal, que establece que la designación de apoderado abogado por parte de Estados extranjeros no es una obligación sino una potestad del Estado. Esta modificación se realizó a solicitud del ministro de Relaciones Exteriores ya que en los tratados de extradición vigentes no existe esta obligación, sino que es una potestad. Es por esa razón que se incluye esta modificación.

Por último, señora presidenta, hoy presentamos a la Mesa tres aditivos que son de conocimiento de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación y existe acuerdo al respecto.

El primero de ellos refiere al plazo máximo de privación de libertad en la extradición regida por el nuevo Código del Proceso Penal. Se interpreta que el proceso de extradición en el código que estamos modificando no podría ser superior a ciento veinte días. Y si bien es deseable que el proceso de extradición finalice en ciento veinte días, no se contemplan las diferentes incidencias que podrá tener el proceso de extradición. Con este escenario, siendo la esencia de la extradición la cooperación entre los Estados para precaver la fuga del extraditable, proponemos un artículo sustitutivo para modificar el artículo 339.3 dejando en claro que la persona requerida no podrá estar privada de libertad por un plazo superior a dos años, sin perjuicio de otras medidas cautelares.

Es de hacer notar que la única modificación tiene que ver con pasar de ciento veinte días a dos años, con la lógica del nuevo Código del Proceso Penal en el que se establece que la prisión preventiva no puede ser superior a dos años.

En el caso del segundo aditivo, se quiere dejar en claro la duración de la prisión preventiva y que la lógica establecida en el artículo 235 se dispone para este Código del Proceso Penal y no para el de la Ley n.º 15032. Este aditivo establece que ese plazo de dos años regirá únicamente para el nuevo Código del Proceso Penal, ya que el instituto de la prisión preventiva cumple funciones totalmente diferentes entre este y el código anterior. Por esa razón, proponemos un sustitutivo para el artículo 235.1, que en realidad contiene la misma redacción del artículo anterior, ya que solo se modifica el acápite, que pasa a ser: «En los procesos regidos por este Código, cesará la prisión preventiva cuando:» y luego continúa con todas las hipótesis.

En el tercer artículo aditivo que presentamos, en acuerdo con los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, se propone la creación de una comisión de implementación de la reforma procesal penal. Con este artículo, desde el Parlamento y desde la comisión, procuramos el fortalecimiento y el buen funcionamiento del sistema procesal penal. La idea es la realización de un seguimiento y una evaluación, mediante la acción mancomunada de las tres instituciones.

Si bien esto debería haberse previsto oportunamente, creemos que la creación de esta comisión es un gran aporte realizado por los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación pues, de esta forma, volverá a vehiculizarse el trabajo y la Asamblea General recibirá información cada seis meses para que tengamos conocimiento, de primera mano, de cómo se va desarrollando el nuevo Código del Proceso Penal.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Gracias, señora presidenta; gracias, señor senador.

El miembro informante entró de lleno en la explicación del proyecto de ley, pero a mí me parece importante también contextualizar por qué hoy estamos analizando este proyecto. Lo estamos haciendo porque el sistema político oportunamente se puso de acuerdo y, si bien se había aprobado el nuevo Código del Proceso Penal, no tenía fecha de comienzo de su implementación. Sé que puede haber voces que digan que avisaron que no era el momento oportuno, pero el sistema político, junto con el Poder Ejecutivo, determinó primero la fecha 31 de julio para comenzar a implementarlo. Y luego, también en acuerdo con el sistema político, se decidió la postergación para que su aplicación se iniciara el 1.º de noviembre.

Así fue que se llegó a ese acuerdo, que tuvo una fortaleza importante porque, de hecho, ya no existían más demoras para echar a andar este nuevo proceso que –reitero–, como proceso penal es revolucionario, sobre todo, en comparación con el atraso que tenía el sistema anterior.

Estos acuerdos fueron responsabilidad del Poder Legislativo por cuanto –diría– casi que tuvimos una segunda tanda de modificaciones previa a su aplicación, pero también lo son de todo el sistema y de los operadores que oportunamente estuvieron involucrados en el análisis y en su preparación, a efectos de asumir los cambios propuestos, que, además de la formulación diferente de los juicios, trajo como consecuencia el deber de asumir nuevos roles.

Es responsabilidad de los legisladores y legisladoras no solo ser fábricas de leyes, sino también ser custodios de su aplicación. A nadie escapa que hubo chisporroteos a nivel público e incluso en este ámbito –donde tuvo lugar una reflexión seria y responsable, como no podía ser de otra manera–, lo que nos llevó a convocar a la comisión del Senado a los propios operadores para que nos plantearan sus dificultades. Luego, en aras de la necesidad de realizar un seguimiento al nuevo sistema acusatorio, el Poder Ejecutivo nos hizo llegar una iniciativa que, como ya se explicó, fue trabajada y modificada en la comisión. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak, en su momento había formulado una especie de disculpa pública por lo que podía ser la dificultad de la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal que, seguramente, arrojaría necesidades no solo legislativas relacionadas con alguna modificación, sino también con la adecuación de cada operador a su nuevo rol o responsabilidad.

Pienso que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esta circunstancia. Somos conscientes de que este proyecto de ley puede ser tildado de apresurado, pero, dado que a nivel parlamentario nos comprometimos a hacer una primera evaluación a partir del primer año de su aplicación, consideramos que no lo es, pues, como bien señaló el señor miembro informante, se han detectado algunos puntos que necesitan enmiendas de carácter legislativo. No podemos estar ajenos a ello, como tampoco lo estamos en relación con el necesario ajuste en función de lo que podríamos denominar como chicanas –o no– vinculadas a los recursos de inconstitucionalidad que oportunamente fueron interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia.

Finalizo la interrupción solicitada al señor senador Carrera –no es mi intención pedir otra– diciendo que el marco en el que estamos trabajando, a nuestro juicio, es un marco de responsabilidad legislativa y estas modificaciones que hoy planteamos no apuntan más que a demostrar que asumimos las responsabilidades en algunos temas que van a mejorar. No descartamos, sino, por el contrario, afirmamos, que es imperioso mejorar también la gestión de cada uno de los operadores responsables de llevar adelante esta normativa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: tal como lo hice al comienzo de mi exposición, quiero destacar y agradecer el trabajo realizado en la Comisión de Constitución y Legislación, en la que están representados todos los partidos políticos que integran este Cuerpo, que tomó el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y realizó aportes muy importantes para que exista una buena aplicación del Código del Proceso Penal.

Era cuanto quería informar.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: comparto lo expresado por el señor senador Carrera en el sentido de que se realizó un trabajo muy serio e intenso, que contó con la mejor buena voluntad y diría generosidad de parte de todos para alcanzar las mejores soluciones para este proyecto de ley.

A mi entender, debemos deslindar dos debates que, lamentablemente, se están cruzando a nivel de la opinión pública. Uno de ellos –uno de los telones de fondo– es el incremento espeluznante de la inseguridad motivado por una lluvia de delitos que, en forma paralela al comienzo de la aplicación del Código del Proceso Penal, se instaló en nuestro país. A esta altura, los datos son brutales, tanto en lo que tiene que ver con los homicidios como con las rapiñas. Estamos hablando de un incremento de las rapiñas de un 50 % o más y de un 40 % de los homicidios en el primer semestre de este año. El drama es que el señor ministro del Interior, entre otros operadores, no ha tenido mejor ocurrencia que trasladar la responsabilidad del brutal fracaso de la política de seguridad del Gobierno a la vigencia del Código del Proceso Penal. Por eso yo lo traigo a esta discusión. El propio ministro del Interior ha pretendido lavar culpas o responsabilidades políticas asumiendo que los problemas vinculados con esta brutal y atronadora catarata de delitos están relacionados con el Código del Proceso Penal. Pero no es así, en absoluto lo es; y son dos debates totalmente diferentes. Me parece importante decir esto porque, si no, entramos en una discusión equivocada en la que, en definitiva, la culpa termina siendo de la aprobación del Código del Proceso Penal, aunque los datos lo contradicen con total contundencia.

En primer lugar, si se observan las estadísticas del propio Ministerio del Interior, se advertirá que el aumento de los delitos empieza a producirse antes de la vigencia del Código del Proceso Penal. Ya en setiembre u octubre del año pasado la tendencia que el Ministerio del Interior proclamaba como ineluctable e irreversible empezó a cambiar antes de la vigencia del nuevo código.

En segundo término, el Código del Proceso Penal es un código de procedimiento sobre los hechos delictivos, es decir, de cómo se tratan por parte de los actores del proceso los delitos que ocurren, pero no es un productor de delitos. Cuando el señor ministro fue convocado a la Comisión de Constitución y Legislación pretendió explicar que el hecho de la ausencia de prisión preventiva era lo que determinaba el incremento delictivo. A propósito de ello, nosotros le preguntamos si disponía de datos con respecto a que las personas que delinquen son las que no fueron privadas de libertad por el nuevo código. La respuesta fue que no lo podía decir porque no tenía elementos. Entonces, no se puede atribuir semejante relación causal sin tener datos, cuando es sencillo tenerlos. Si las personas que son liberadas porque no se aplica la prisión preventiva son las que nuevamente comenten delitos, tiene razón el señor ministro, pero él no lo probó. Además, esto no es verdad porque, efectivamente, el problema que tenemos no es que las cárceles se vacíen por un código más «benévolo» como lo expresaron representantes del Ministerio del Interior en estos días. ¡No! Las cárceles no se vacían. Además, ocurre lo que está previsto para determinadas épocas del año, como la visita de cárceles y el otorgamiento de libertades, que no ha sido mayor en comparación con otros años. Por otro lado, tenemos la prisión preventiva, que no se aplica, por lo cual no se vacía una cárcel, sino que, en todo caso, no ingresaron tantas personas como podría haber pasado con el viejo código. Señora presidenta: hay que hacer este ejercicio de razonabilidad porque esa relación de causalidad se establece en el afán de zafar de una situación que se fue de las manos y que, en cualquier país del mundo, debería haber implicado la inmediata renuncia de las autoridades. Si se dice que se van a reducir el 30 % de las rapiñas y ahora se está ante un incremento del 50 %, en cualquier país del mundo el ministro no dura un día. Solamente se mantiene en el cargo, sostenido por una mayoría que ha decidido bancar cualquier cosa. Esa es la verdad, porque lo cierto es que la estrategia de seguridad es responsable del incremento delictivo y no el Código del Proceso Penal, al que –ya que estamos– viene bien pasarle la factura, de una manera absolutamente irracional y carente de fundamentos y evidencias empíricas que lo sostengan.

Además, señora presidenta, ahora parece que este código es huérfano. Nadie se hace cargo o, mejor dicho, hay unos cuantos que empiezan a no hacerse cargo, pero en realidad nunca hubo más legitimidad para la aprobación de una norma que en este caso. Esta norma fue apoyada por todo el Parlamento –es decir, por todo el sistema político–, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, por la Fiscalía General de la Nación, por la academia, por el Colegio de Abogados del Uruguay, por la Asociación de Fiscales, por la Asociación de Defensores, por las cátedras de todas las materias vinculadas, tanto la procesal como la penal. No falta nadie. No hay un solo actor que no haya acompañado este Código del Proceso Penal con todas las modificaciones que después le hicimos, desde su aprobación en el 2014, hasta su efectiva vigencia en el 2017.

Me parece que es muy importante decir estas cosas, porque ahora empezamos con la historia de que la responsabilidad es del código. Hay que discutir qué es lo que ha ocurrido, y este sí es el debate que pretende zanjar este proyecto de ley. El otro debate no tiene vuelta, por más que busquen jugar a echar la culpa a terceros: el otro debate es en torno al fracaso de una estrategia y una política de seguridad que hoy está reventándonos en la cara. Fíjense ustedes: cuarenta y dos cajeros automáticos explotaron en pocos meses. ¡Cuarenta y dos! Es un escándalo. Y no agarran a nadie, o casi nadie. Creo que de los cuarenta y dos cajeros automáticos explotados, se habrá capturado a los responsables en uno o dos casos. En los demás, zafaron todos. En el último, la policía tuvo que batirse en retirada porque parece que era una emboscada. Y uno empieza a preguntarse: ¿qué raro esto, no? La verdad, señora presidenta, es que no hay país del mundo donde esta epidemia de explosiones de cajeros automáticos haya llegado a estos niveles.

Nosotros estamos convocando, a través del señor diputado Iván Posada, al señor ministro del Interior a la comisión de seguridad de la Cámara de Representantes porque esto es escandaloso. ¿Y nadie dice nada? ¡Nadie dice nada! Es un ejemplo más del fracaso de la política de seguridad del Gobierno, que nada tiene que ver con la situación del Código del Proceso Penal.

Nosotros entramos a discutir estas modificaciones al Código del Proceso Penal porque había problemas de implementación que no están directa ni indirectamente vinculados con el incremento delictivo, y el que diga lo contrario es porque está buscando zafar y porque es mucho más fácil decir que es por causa del Código del Proceso Penal. Incluso, un jerarca del Ministerio del Interior ha dicho que la causa es la Ley de Inclusión Financiera. Se ha sostenido que esa ley sacó plata de la calle y por eso el delincuente, para juntar la misma plata que antes obtenía con un solo robo, ahora tiene que hacer varios. Parece que se nos toma por tarados, porque realmente es un razonamiento que no admite el más mínimo sustento.

Pero entrando en el tema del Código del Proceso Penal, nosotros encontramos a comienzos de año que había un cruce de acusaciones públicas entre fiscales, jueces, policías, Ministerio del Interior. Todos estaban en una dinámica de decir: «Yo no tengo la culpa», «el problema fue que la orden de allanamiento llegó tarde», «el fiscal no actuó de la manera que debía», «la policía no pudo actuar por tal motivo». Era escandaloso porque además, en paralelo, veíamos esta explosión delictiva. Y es muy triste que cuando empieza a aplicarse una norma, los operadores judiciales comiencen a pasarse facturas de manera cruzada.

Por eso, en marzo nosotros planteamos ante la Comisión de Constitución y Legislación la convocatoria al Ministerio del Interior, a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para escucharlos y decirles: «Muchachos: bajen la pelota. Veamos dónde están los problemas de aplicación, cuáles son las cosas que no se entienden, cuáles están funcionando mal en la aplicación del código». Y vinieron, porque toda la Comisión de Constitución y Legislación acompañó la idea de que había que escucharlos. Pero cuando vinieron nos encontramos, a partir de esas tres comparecencias, con los siguientes problemas.

En primer lugar, el fiscal general erró el cálculo sobre el número de fiscales que eran necesarios para la nueva operativa del Código del Proceso Penal; pero no erró por dos o por diez, sino por decenas de fiscales. Esa es la verdad, y fue reconocida en la comisión. Cuando nosotros nos aprestábamos a votar la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal, les preguntamos a los operadores judiciales si estaban prontos. Eso lo hicimos: «¿La Suprema Corte de Justicia está pronta para enfrentar el cambio del Código del Proceso Penal; ¿el Poder Judicial está pronto?; ¿la Fiscalía General de la Nación está pronta para aplicar el Código del Proceso Penal?». Los dos nos dijeron: «Estamos prontos», y el fiscal general fue enfático, dijo que tenía todo preparado, que además habían sido entrenados los fiscales y que tenía el número de fiscales suficientes. Para la Suprema Corte de Justicia es mucho más fácil porque, en realidad, en este caso lo que había era una reducción de tareas. En definitiva, los jueces penales ahora tienen menos quehacer que el que tenían antes con el viejo código. La tarea se carga sobre los fiscales. De todas maneras –conviene decirlo–, la Suprema Corte de Justicia hizo un esfuerzo para lograr la separación de jueces, es decir, para que se pudiera cumplir con la garantía de que el juez de la primera etapa, que conoce en los procesos iniciales, no fuera el que luego dictara la sentencia. O sea que hasta lograron ese juego de recursos humanos sin incrementar los recursos. Pero la Fiscalía General de la Nación se equivocó. Ellos dicen que se equivocaron porque el número de denuncias –de noticias delictivas– se incrementó sustancialmente. También es cierto que midieron las noticias criminales en el 2016 o en el 2015 y no en el 2017, que es cuando empezaba el tema. Pero lo cierto es que, por lo que sea, faltan fiscales, se acumulan los casos y las denuncias en las oficinas de los fiscales, y ese es un gran problema, al que no da solución este proyecto de ley. Pero hay que decirlo porque está pendiente y requiere la creación de nuevos cargos de fiscales. De otra manera, vamos a seguir teniendo graves problemas de falta de respuesta del sistema procesal penal a las situaciones delictivas. Esto es un problema, pero no provoca aumento delictivo, sino colapso en el procesamiento de las denuncias, lo que me parece que es muy importante, y queda pendiente.

El segundo punto que apareció en ese debate fue el accionar policial. Se nos dijo que la policía interpretaba que había habido una modificación en las reglas de juego de su actividad y, por lo tanto, se repetía la famosa frase de que la policía está de manos atadas, etcétera. Sin embargo, cuando uno mira el texto del Código del Proceso Penal original ve que en realidad no había cambios, más que el de que, en vez de ser el juez el que conduce la investigación judicial, pasa a ser el fiscal. Pero el Ministerio del Interior dijo que había una serie de elementos que generaban dudas en los policías y que, además –seguramente es así–, hay fiscales que tomaron la conducción de la actividad investigativa con un celo que, de alguna forma, podía interpretarse como un límite a la actividad policial, es decir, exigiendo que toda acción policial tuviera que pasar por una previa autorización.

Entonces, el margen de acción de la policía es uno de los centros de este proyecto de ley, lo que hacen sus primeros artículos es zanjar este tema de una vez por todas. Es decir, acá la policía tiene las potestades de investigación, de indagación, de interrogatorio, etcétera, que tenía antes, sin ningún tipo de cortapisa, y por las dudas ratificamos que la Ley de Procedimiento Policial rige en todo aquello que no haya sido tocado por este Código del Proceso Penal, como cualquier norma.

Creo que esto es muy importante, porque además –como decía bien el señor senador Carrera– se establece con claridad el deslinde entre la función policial en el plano administrativo y la función policial como auxiliar de la Justicia, y en cada uno de ellos se determina con claridad cuáles son sus posibilidades.

Hay una diferencia, que seguramente votaremos hoy. Es un sustitutivo propuesto y firmado por varios señores senadores, que tiene que ver con la siguiente cuestión. ¿Cuándo la policía puede disponer el registro de personas, vehículos y equipajes? Cuando una persona haya cometido delito, cuando haya intentado cometerlo, o –el Poder Ejecutivo en su mensaje agregaba esta tercera opción– cuando se disponga a cometerlo. Esa tercera hipótesis de conducta se elimina en el proyecto de ley que se votó en la comisión. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque la función preventiva de la policía con respecto al delito se cumple, justamente, en el tercer caso. ¿La posibilidad de que un policía pueda registrar a una persona, pedirle documentos, ver si tiene armas, si las guarda en el vehículo, etcétera, se da solo después de que cometió un delito o de que intentó cometerlo? Me parece que no. Lo lógico es que la policía tenga la posibilidad de proceder al registro de personas, vehículos y equipajes cuando vea a alguien en actitud sospechosa, cuando se dispone a cometer un delito. Esto es clave, es muy importante y, lamentablemente, en el proyecto de ley que finalmente se aprobó en la comisión fue eliminado.

Nosotros vamos a promover y a votar un sustitutivo en el sentido de que el disponerse a cometer un delito sea, también, una causal de registro. Aclaro que hablamos de registro, no de detención. Se trata de que si una persona está merodeando en una zona y tiene una actitud sospechosa, la policía pueda controlar si puede, eventualmente, ser un peligro o un riesgo. No hay ningún drama en que se registre, se pidan documentos, se sepa si una persona porta armas o no, y si tiene permiso para ello. Me parece que esto es claro.

En todo lo demás con respecto al accionar policial, tenemos un consenso. Hay una mejora sustancial de algunas redacciones, pero repito: sustantivamente ya el Código del Proceso Penal permitía a la policía seguir trabajando con la misma capacidad. Lo que hacemos es decirles: «Miren que es así. No tengan dudas; no generemos excusas para el accionar policial».

Otro elemento que establecimos en las conclusiones fue limitar los acuerdos previstos en el procedimiento abreviado, a lo que después voy a referirme con mayor detenimiento.

El tercero fue la prisión preventiva para reincidentes y reiterantes, que no fue objeto de consenso ni siquiera por los actores del proceso, pero que vino en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Luego está el tema de las limitaciones a la libertad anticipada.

Y en el debate se agregó algo que había adquirido mucha actualidad, que es lo que podemos llamar las chicanas de los abogados defensores para liberar a sus defendidos por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

Estos son los principales aspectos que tratamos de incorporar y que, en definitiva, incluimos en este proyecto de ley.

Para poder enfrentar estas chicanas, en un artículo se establece que las medidas cautelares permanecen vigentes –o, incluso, se pueden disponer– al franquear el recurso de inconstitucionalidad. Esto está en línea con la Constitución; no supone ninguna violación. Es, efectivamente, evitar que por esta vía los defensores se salgan con la suya para lograr la liberación de personas en los casos en que la gravedad de lo imputado amerita la prisión preventiva. Es el conocido caso de San Carlos, del Buñuelo –para que todos tengamos una idea–, pero hay muchos otros porque se puso de moda que el defensor interponga una acción de inconstitucionalidad en estas situaciones. Esto comenzó con el que amenazó al fiscal de corte, cuando los abogados Viana y Salle presentaron una acción de inconstitucionalidad contra más de cien artículos del Código del Proceso Penal y, por esa vía, lograron que el imputado quedara en libertad. Eso hizo escuela rápidamente y, a partir de ahí, empezaron todos los planteos. Es la misma lógica por la que, en ciertos momentos, algunos abogados defensores interpretaron que como nosotros habíamos derogado las leyes de persecución al narcotráfico, quedaban derogadas todas, como si no estuvieran restablecidas en el mismo acto por una nueva ley. Son las mismas jugadas de interpretación para tratar de zafar. Con este proyecto de ley esto queda zanjado. Ya había habido algunos fallos en ese mismo sentido, pero por las dudas en el proyecto queda establecido que cuando hay medidas cautelares, la acción de inconstitucionalidad no las deja sin efecto, sino que quedan vigentes e, incluso, se pueden disponer en el momento de franquear el recurso, como está previsto en el proyecto de modificación que plantearon simultáneamente la señora senadora Payssé y el señor senador Bordaberry en la comisión y que fue recogido en ese ámbito.

La prisión preventiva es el punto más neurálgico de este debate, porque se nos ha dicho que la prisión preventiva preceptiva, como venía del Poder Ejecutivo así indicada, implicaba una violación constitucional. El propio fiscal de corte lo dejó dicho en su comparecencia, al hacer referencia a un dictamen que, efectivamente, decía eso con respecto a un caso anterior.

No quiero entrar a discutir que durante treinta años el Uruguay vivió con un régimen de prisión preventiva como regla general. Si eso se hubiera tachado de inconstitucionalidad habríamos tenido miles y miles de personas sin prisión. O sea que el país toleró treinta años de prisión preventiva como regla. Ese es, sin duda, un debate jurídico, pero lo cierto es que en la comisión esto se cambió, y la modificación, efectivamente, esquiva la posibilidad de una pretensión de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Primero, porque desaparece la calificación de preceptividad. No hay prisión preventiva preceptiva, lo que hay es una nueva hipótesis que encuadra en las excepciones generales ya establecidas en el Código del Proceso Penal –me refiero a la peligrosidad del imputado, al riesgo de evasión, al riesgo de destrucción de prueba o que sea un peligro para la sociedad– en cuanto a los casos en los que hay reiteración o reincidencia de ciertos delitos graves. Eso es lo que se adiciona en el planteamiento.

No obstante, en la redacción, el único obligado a solicitar la prisión preventiva es el fiscal. El texto dice expresamente «el tribunal podrá establecer la prisión preventiva». Esto indica claramente que no hay preceptividad, el juez puede apartarse de lo mandatado por el fiscal; el fiscal pide la prisión preventiva y está obligado a hacerlo –porque la norma proyectada así lo establece–, pero el tribunal tomará la decisión que corresponda. De ese modo, hay una indicación clara de la ley en el sentido de la aplicación de la prisión preventiva, pero a la vez hay un cuidado de no violar la independencia del tribunal –es decir, del juez–, para determinar si lo aplica o no.

Nadie puede dudar de que hay presión legislativa sobre una decisión de este tipo, pero no hay preceptividad jurídica, que es lo que podría encuadrar el reclamo de inconstitucionalidad, que también es discutible. Pero me parece que lo que vale, en definitiva, es lo que resulta del numeral 1) del artículo 224, que dice «el tribunal podrá». Por lo tanto, no estamos hablando de prisión preventiva preceptiva, sino de una nueva hipótesis conductual, que amerita que el fiscal pida la prisión preventiva. Me parece importante decirlo así porque, si no, vamos a tener un debate equivocado en el que se van a extremar los argumentos, cuando en realidad la decisión a que arribó la comisión es mucho mejor que lo que planteaba el Poder Ejecutivo.

El otro punto son las limitaciones del proceso abreviado. En las comparecencias de la Asociación de Magistrados del Uruguay hemos escuchado decir que esto desnaturaliza la idea del Código del Proceso Penal, porque si se limitan los términos de los acuerdos a fiscales y defensores, va a llevar a que no se aplique el proceso abreviado y se termine yendo al proceso largo, que es mucho más corto que el que teníamos, ya que en unos pocos meses se dicta sentencia. Pero quiero decir una cosa: el proceso abreviado no existía en el Código del Proceso Penal que se votó en 2014. Es importante decirlo, porque ahora resulta que es la panacea y no podemos vivir sin él. En el 2014 no había proceso abreviado y cuando el año pasado se incorporó en el debate de la comisión, a sugerencia de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, se entendió que era una incorporación positiva, que iba a ayudar porque haría mucho más rápida la tarea y se lograrían resultados inmediatos. También se calculaba que se iba a aplicar en el 80 % o 90 % de los casos. Actualmente, se está aplicando en el 98 % de los casos. ¿Saben por qué? Porque los fiscales no dan abasto y el proceso abreviado es una válvula de escape.

SEÑORA PRESIDENTE.- Disculpe, señor senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Muchas gracias, señora presidenta.

El proceso abreviado se está aplicando en el 98 % de los casos. ¿Por qué? Porque en la Fiscalía General de la Nación hay una situación apremiante por el problema que mencionábamos hace un rato: el exceso de asuntos y los pocos fiscales que hay para tantas causas. Entonces, el mecanismo es acordar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Establecer los límites de los acuerdos, porque el riesgo que hay es que sea una presión a favor del defensor y los resultados de los acuerdos pueden terminar –no digo que sea así– como algún caso que ha circulado en la prensa, que ha escandalizado a la gente.

Entonces, ¿cuáles son los dos límites que vamos a votar hoy? Por un lado, que para ciertos delitos graves el acuerdo no pueda establecer una pena por debajo de la mínima prevista para el tipo penal correspondiente. Eso parece de toda lógica, es decir, yo puedo negociar la pena –que es lo que uno ve en las películas norteamericanas, en las que se negocia entre el fiscal y el abogado defensor y uno pide tanto, el otro cuanto, el imputado asume el delito, negocian y asunto arreglado–, pero no se puede acordar por debajo del mínimo del tipo penal, porque ni siquiera se acuerda la pena mínima. Estamos hablando de delitos graves. Por lo tanto, lo que se establece aquí es un límite mínimo.

El otro límite tiene que ver con la libertad anticipada. Lo que se acuerda, se acuerda y se cumple en su totalidad porque, si no, licuamos totalmente la pena. Por un lado, no hay un mínimo y, por otro, además hay libertad anticipada. El resultado es un negocio redondo para el imputado. Pero por ley, desde el Poder Legislativo, hay que decirle al fiscal que puede pactar, pero que no puede salirse de ciertos márgenes. Y esos márgenes son: que lo que se pacta como pena de prisión para delitos graves no tiene descuento, es completo. Eso está dicho implícitamente. Entonces, la segunda modificación que firmamos junto con otros señores senadores, a iniciativa del señor senador Bordaberry, es que se diga expresamente que en estos casos no se aplicará el beneficio de la libertad anticipada. Es obvio, de lo contrario, el proceso abreviado –que hoy se lleva a cabo en el 98 % de los casos– va a generarnos una benignidad muy preocupante en la aplicación del código.

Algunos han dicho que no hay ningún incentivo para que el defensor siga el proceso abreviado y, entonces, lo que va a pedir es el juicio largo. Bueno, que sea así. Al fin y al cabo, repito, si hubiéramos puesto en vigencia el código de 2014 no habría proceso abreviado y a nadie se le hubiera ocurrido que fuera tan vital. Pero ahora resulta que si se toca el proceso abreviado y se marcan límites, se desnaturaliza el nuevo código. Perdónenme, pero no es así y nos parece de toda lógica que marquemos límites a la negociación. Eso es lo que la ley puede hacer y no tiene nada que ver con inconstitucionalidades ni con ninguna otra cuestión; simplemente, se trata de un debate sobre política legislativa, que es definida por el Poder Legislativo.

Finalmente, hemos incluido –es una propuesta nuestra– algo que no estaba en el proceso abreviado, pero sí en el proceso extenso: oír a la víctima. Nos parece que parte de los grandes aportes del nuevo Código del Proceso Penal es que la víctima tenga un papel en el proceso penal. Cuando se incorporó el proceso abreviado el año pasado no se incluyó una disposición que estableciera que el juez, antes de dictar la sentencia que homologa el acuerdo entre las partes, tiene que escuchar a la víctima. Esto, si ella está en el proceso; y si no está, se tendrá que notificar del resultado de la sentencia en un plazo de diez días. Ese es el agregado que se está haciendo y me parece que va en línea con la filosofía del código en general. Entonces, no es solo para el proceso extenso, sino también para el abreviado.

En definitiva, todos recibimos y compartimos estas medidas para mejor proveer, que fueron propuestas por el senador Bordaberry e incorporadas en la discusión en comisión. Está claro que el juez tiene, estrictamente, el papel de dictar el fallo en el proceso acusatorio y, por lo tanto, está muy limitado. Pero está totalmente limitado cuando se dan circunstancias en las que puede, excepcionalmente –ahí aparece la característica de la excepcionalidad que nos da garantía de que no puede tratarse de un mecanismo que use generalmente, sino cuando se producen ciertas circunstancias y sin interrumpir el plazo que tiene para dictar sentencia, o sea sin alargar el proceso– , disponer medidas probatorias que le permitan emitir sentencias con mayor criterio. Esos son los cambios.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: este es un tema al que hizo referencia el señor senador Mieres cuando comenzó su intervención, pero no lo quise interrumpir para que pudiera completar su razonamiento. En realidad, quiero señalar que hay un elemento muy grave en todo esto, y tiene que ver con las cifras que el señor senador ha manejado. Por primera vez en el Uruguay se están manipulando las cifras del Ministerio del Interior y lo cierto es que nunca en nuestro país, independientemente del partido político que estuviera en el Gobierno, se discutieron las cifras estadísticas dadas por un organismo oficial. Esto ha sido un diferencial del Estado uruguayo frente a las realidades de otros países, algunas no muy lejanas, donde todos sabíamos que las cifras oficiales eran maquilladas y manipuladas. En Uruguay eso no sucedió nunca, y han pasado Gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado y actualmente del Frente Amplio; sin embargo, desde el Ministerio del Interior se están manipulando las cifras.

Está ocurriendo algo increíble: el observatorio de criminalidad –que si alguna vez fue cuestionado, lo fue desde adentro del oficialismo y nunca desde la oposición– ya tiene terminadas las cifras del primer semestre de este año. Y nos enteramos de que estaban terminadas porque desde adentro del ministerio fueron comentadas por un jerarca que escribió sobre lo que ellas significaban, pero el Ministerio del Interior no las difunde. Casualmente, esto sucedió cuarenta y ocho horas antes de que se iniciara el campeonato mundial de fútbol. Pocos días después, un medio de prensa uruguayo adelanta la cifra de aumento de las rapiñas, que llegó al 57 %. Entonces, en el Ministerio del Interior tenemos o un infidente o un comentarista. Es obvio que ese funcionario comentó lo que le autorizaron a comentar para preparar una estrategia de prensa en la materia. Después, hubo un medio que reveló las cifras de las rapiñas y otro, las de homicidios. Lo increíble, señora presidenta, es que todavía no están publicadas y las comentan, quebrando una larguísima tradición de seriedad en la materia porque a partir de ahora no lo haremos nosotros, pero puede haber alguien que diga que así como las manipularon en el Ministerio del Interior, pueden manipularlas en otro lugar. Esto, que es de una gravedad absoluta, habla de la voluntad de acomodar cifras para que no tengan el impacto político que todos sabemos que van a tener. Por eso exigimos que el Ministerio del Interior sea transparente en el manejo de la información y dé a conocer las cifras oficiales que ya tiene, pero esconde.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Gracias, señora presidenta.

Quiero decir que, además, acompañaremos tres aditivos que el señor senador Carrera ha presentado en su informe y que están relacionados con la prisión preventiva, con la extradición y con una comisión de seguimiento de la aplicación del código, que me parece razonable que exista.

Finalmente, este proyecto de ley va a cumplir con la función de mejorar sustantivamente la aplicación del Código del Proceso Penal. Pero no va a tener ningún efecto sobre el otro problema de fondo que no está vinculado a estas normas, sino que tiene que ver con otro orden de cosas: la aplicación de una política de seguridad profundamente equivocada y tozudamente reiterada en forma lamentable.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: seremos breves a los efectos de no resultar reiterativos. Coincidimos plenamente con lo que ha señalado el señor senador Mieres, pero antes de ingresar en ese aspecto queremos reconocer el trabajo de la comisión; particularmente, saludamos la disposición y la conducción de su presidente, el señor senador Carrera, que ha sido muy activo, incluso fuera del horario de la comisión. Esto ha implicado un relacionamiento muy fluido entre los miembros que integramos la comisión y también, como es tradicional, con miembros de la cátedra y con agentes que tienen competencia en el sistema de seguridad.

Señalo que lo que estamos analizando en el Senado tiene como antecedente el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que consta de doce artículos y que propone ajustes al Código del Proceso Penal que está vigente desde el 1.º de noviembre de 2017 para su mejor aplicación.

El actual proyecto de ley tiene dieciséis artículos. Fue votado luego de dos sesiones de la comisión que realizó un arduo trabajo; las versiones taquigráficas del 20 y del 26 de junio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado pueden dar fe de ello. Dividiré los artículos en tres grandes grupos: los primeros seis artículos proponen, en síntesis, dotar a la policía de una mayor flexibilidad a la hora de trabajar, con el propósito de volver más eficiente la gestión policial y clarificar, poner en blanco y negro lo que para muchos significaron dudas en la interpretación del proyecto de ley original. Esto queda claro. Como el artículo 5.º no lo votamos –salió 5 votos en 8– vamos a acompañar, y en ese sentido hemos firmado, una propuesta modificativa inspirada en un planteamiento concreto del señor senador Bordaberry.

El segundo grupo de artículos involucra el elenco de delitos por los cuales se establece que el ministerio público debe solicitar la prisión preventiva. Todos los integrantes de la comisión participamos activamente en el análisis de este grupo de disposiciones, particularmente de los artículos 8.º y 9.º. Sabemos que actualmente el Código del Proceso Penal tiene como principio rector que en ningún caso la prisión preventiva será preceptiva y las modificaciones que originalmente se proponían en el proyecto del Poder Ejecutivo de alguna manera cambiaban el eje procesal-penal; eso es verdad. Incluso, teniendo en cuenta las consideraciones que manifestaron algunos de los representantes de las cátedras que concurrieron a la comisión y los diferentes actores del proceso –algunas duras desde el punto de vista de la crítica–, se optó por legislar en el sentido de obligar a los fiscales a solicitar la prisión preventiva para los delitos más graves.

El tercer grupo de artículos propone que se elimine la posibilidad de obtener el beneficio de la libertad anticipada. Concretamente, no vamos a acompañar el artículo 10 que fue votado con la excepción del artículo 273. 5 y, en ese sentido, recomendamos –y también hemos firmado en ese sentido– apoyar el modificativo presentado por el señor senador Bordaberry. Los artículos 11 y 12 proponen la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada a la comisión de determinados delitos graves por reiteración, reincidencia o habitualidad, y nosotros vamos a acompañar el sustitutivo al artículo 11 que agrega los delitos de rapiña.

Hay un cuarto grupo que modifica la actividad probatoria y que, sin duda, es un cambio importante en el CPP por cuanto permite cierta actividad probatoria por parte de los jueces. Si bien se debe ajustar a los antecedentes de las pruebas ya solicitadas por las partes, hay quienes señalan que deja, de alguna manera, una suerte de perforación en el proceso actual en el sentido de que puede retrotraerlo al viejo proceso inquisitivo.

Señalo brevemente –reitero, para no argumentar sobre lo que ya fue expuesto por el señor senador Mieres– que ha habido una votación –si consideramos otros tratamientos incluso en la misma temática– un tanto novedosa, porque en algunos artículos no se logró la unanimidad pese a que dimos nuestro apoyo todos los partidos de la oposición. Por lo tanto, me parece que fue una discusión interesante y rica desde el punto de vista parlamentario porque versó, más que en las fidelidades partidarias, en la convicción que cada uno de los senadores teníamos en un tema que obviamente es de prioridad nacional, de prioridad en la coyuntura cotidiana de la ciudadanía. También recibimos información de catedráticos, así como, por supuesto, del Ministerio del Interior, del fiscal de corte y de la Policía, que aportaron elementos que llevaron a tener distintas visiones.

En concreto, desde el Partido Nacional recomendamos –por eso lo hemos acompañado con la firma– aprobar los tres proyectos modificativos que surgieron de la iniciativa del señor senador Bordaberry. En concreto, en el artículo 5.º, en el que se alude al registro personal, de vestimenta, equipaje y vehículo, respecto de quienes se hallaren legalmente detenidos o de quienes existan indicios de que hayan cometido o intentado cometer delito, se agrega «o que se dispongan a cometerlo».

El artículo 10 refiere a que el acuerdo no puede comprender la libertad anticipada –como se señaló–, y el artículo 11, en el que se establece concretamente la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de determinados delitos que se enumeran expresamente, agrega que la rapiña y la rapiña con privación de libertad no tienen derecho a la libertad anticipada.

Señora presidenta: el señor presidente de la comisión nos ha comunicado hoy tres iniciativas que se van a agregar. Vemos con buenos los ojos las tres, pero no obstante, con el ánimo de ordenar la votación, cinco minutos antes de hacerlo vamos a pedir un cuarto intermedio a los efectos de que algunos integrantes de la bancada que no están en conocimiento del proyecto y que ingresaron en el día de hoy, puedan tener la conformidad –que es lo que todos procuramos– en lo que votemos.

Es cuanto tenía para informar de la actuación de la comisión.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PATERNAIN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PATERNAIN.- Señora presidenta: hace exactamente dos años me tocaba estar en sala para votar las modificaciones al Código Penal y establecer su fecha de entrada en vigencia. Recuerdo que en aquel entonces una de las cosas que señalábamos era que la suerte de esta gran reforma institucional de una de las estructuras fundamentales de un aparato de seguridad iba a depender de la capacidad que tuviéramos de sostener, contra viento y marea, las novedades y el cambio y la alteración de las lógicas que este código suponía.

Era evidente que en algún momento una reforma procesal penal iba a tener su contrarreforma. No es un dato tan extraño en el contexto de América Latina. Lo que no imaginamos es que la contrarreforma llegaría tan rápido. Es evidente que llega rápido porque tenemos una situación seria en materia de seguridad. Es evidente que esta contrarreforma llega rápido porque hay una inercia muy notoria e importante de los actores institucionales involucrados. Nos cuesta mucho, desde la base hasta la cúspide, modificar comportamientos institucionales muy arraigados. Esta contrarreforma llega rápido porque, de alguna manera, todos compartimos el patrón de la cultura inquisitiva, o estamos socializados en él. Tenemos un extraño habituamiento, un extraño consenso punitivo en torno a estos temas y es muy difícil desembarazarse de esas lógicas. Por lo tanto, entendemos que esta contrarreforma llegue con esta celeridad.

Seguramente llega con esta celeridad porque han fallado algunas previsiones. No hemos ensayado la posibilidad de implementar algunas medidas que vayan acompañando la novedad de estos nuevos institutos, anticipando algunas cuestiones francamente decisivas que sabíamos de antemano que iban a ser un cuello de botella, un problema. Entonces, en lugar de anticipar, ahora tenemos que hacer una regresión que en principio podría llegar a comprometer mucho de la lógica nueva de transformación institucional que está en juego.

Señora presidenta: vamos a acompañar este proyecto de ley en general, la gran mayoría de los artículos, sobre todo aquellos vinculados a los ajustes del trabajo entre la policía y los fiscales, las transformaciones que se le van a hacer al mecanismo de los juicios abreviados, pero no acompañaremos todo lo relacionado con la regulación de la prisión preventiva y los cambios, los viejos y los nuevos, que se introducen al instituto de las libertades anticipadas. Salvo que la cola de algún diablo se interponga, no acompañaremos estos artículos porque se supone que alteran sustancialmente la lógica de estos institutos y porque en el fondo tienen la pretensión deliberada, aunque no dicha, de seguir utilizando la cárcel como el primer mecanismo y como un mecanismo incapacitante.

Quiero señalar que no estamos precisamente solos en esta posición, que no es un capricho. En la interna de nuestra bancada hemos dado este debate con mucha sinceridad; también lo hemos hecho a nivel público. No es un capricho. No es simplemente un constante estado de contrariedad. Esta misma posición ha sido señalada, sobre todo en la versión primera del proyecto original del Poder Ejecutivo, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Asociación de Fiscales del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el propio fiscal de corte en algunos aspectos puntuales, la cátedra de Derecho Penal, la cátedra de Derecho Procesal, infinidad de organizaciones sociales como Serpaj, Ielsur, Cotidiano Mujer, los Jóvenes del PIT-CNT, etcétera, y por académicos de distintas disciplinas y procedencias, a lo que habría que sumar el testimonio y la opinión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ricardo Pérez Manrique.

Son argumentos que se han dado –insisto: sobre todo y especialmente argumentos críticos contra el proyecto original del Poder Ejecutivo–, que ya son conocidos y que se han incorporado al debate y que, de hecho, han ayudado en muchas de las modificaciones que se han hecho al proyecto pero que atacan el fondo, las formas y las consecuencias de esta transformación o de esta contrarreforma.

No quiero volver sobre esos argumentos ni tengo la pretensión de repetirlos. Si bien se aplican al proyecto original del Poder Ejecutivo, en parte todavía mantendrían una importante cuota de vigencia para el que hoy estamos poniendo a consideración y que el Senado finalmente aprobará.

Me voy a detener en otro tipo de argumentos que tienen que ver con la lógica del razonamiento que mueve estas transformaciones, en algunos sinsentidos que nosotros interpretamos que están detrás de algunas de las soluciones y en algunas consecuencias prácticas que esto puede tener sobre todo en materia de política criminal. El proyecto finalmente no va a solucionar algunos de los desafíos que tenemos y que tendremos en materia de política criminal, pero me voy a detener, entonces, en esos tres asuntos.

Señora presidenta: tanto para el análisis de la prisión preventiva como del mecanismo de las libertades anticipadas rigen con mucha fuerza dos supuestos, dos hipótesis bastante claras y contundentes, en el primer proyecto de ley y en este con las modificaciones que han sido reseñadas aquí.

El primer supuesto es que los reiterantes y los reincidentes constituyen un factor de riesgo, un potencial peligro para víctimas y para la sociedad toda. En el centro del razonamiento está el factor de riesgo, la hipótesis de la peligrosidad. Esta es una idea, en términos generales, por lo menos incierta. Es muy posible que algunas veces sea verdad y que en otras no se dé. En términos de probabilidades, el problema que tenemos es que no sabemos cuándo la reincidencia o la reiterancia puede constituir un problema objetivo para la víctima y la sociedad, entre otras razones porque en el Uruguay no tenemos –ese es un debe que debería movilizarnos a tener esta clase de herramientas– un mapa de riesgo sobre el fenómeno de la reincidencia delictiva. No lo tenemos; simplemente operamos a golpe del caso o de algunas hipótesis que nos pueden parecer plausibles. Ese es un primer supuesto sobre el cual quiero llamar la atención.

Hay un segundo supuesto, seguramente más problemático que el primero porque a estas hipótesis de peligrosidad nosotros les agregamos, para reforzarlas, tipos penales. Al principio eran muchos más, a tal punto que efectivamente el uso de la prisión preventiva y el quedar asociado a esta cantidad de tipos penales era prácticamente la regla, no la excepción. Luego hubo que restringir algunos de esos tipos penales precisamente para eludir algunos de los problemas de constitucionalidad. Pero aun así, los que llegan, los que están, los que se mantienen son un problema porque, de alguna forma, los tipos penales pueden responder a una variabilidad y heterogeneidad de conductas muy contrastantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional desaconsejan enfáticamente que la prisión preventiva quede regulada mediante el mecanismo de la asociación con tipos penales, justamente para que el operador judicial pueda mantener su discrecionalidad en la aplicación de la prisión preventiva con independencia de los tipos penales.

Estos dos supuestos son los que nos hacen dudar de la solución, de la lógica de política criminal que está detrás de la solución. Si al fin y al cabo todos nos manejamos con estas hipótesis –algunos dicen que, efectivamente, con esto se sortea el problema de la preceptividad y que se empieza a trabajar con hipótesis, lo cual es cierto aunque creo que esto genera una presión sobre los operadores que lo constriñen; no hablamos de preceptividad, pero podríamos hablar de una casi total y absoluta preceptividad–, también yo tengo derecho a manejar mis propios supuestos o a que esto tenga un supuesto que uno, como hipótesis, podría manejar, a riesgo de estar equivocado, tan equivocado como todos los supuestos anteriores. Estoy convencido de que detrás del problema de la regulación de la reincidencia y de los tipos penales se puede esconder también una pretensión de segregación punitiva de los pobres, un mecanismo de regulación de la pobreza. No hablo de la relación no probada y no saldada entre delito y pobreza –eso es otra cosa–, sino de la relación cierta y probadísima entre cárcel y pobreza. Al fin y al cabo controlar, incapacitar, castigar a los sectores más vulnerables es, en general, el fondo de este tipo de iniciativas. Hay una vieja sentencia muy conocida que quiero traer aquí y que dice que el sistema penal, en última instancia, es un perro rabioso que muerde siempre sobre pies descalzos. Me parece que sobreabundan los inoculadores de rabia.

Estos son los supuestos que podrían ser muy discutibles, los que se desprenden del espíritu de las modificaciones y algunos que podríamos atribuir e incorporar, pero quiero detenerme, además, en dos contrasentidos que creo se desprenden de esta iniciativa.

En primer lugar, ¿cómo podemos definir la reincidencia, más allá de las definiciones jurídicas que tienen una enorme complejidad? ¿Cómo podemos medir la reincidencia delictiva? Yo diría que la reincidencia delictiva es el indicador más elocuente del rotundo fracaso de los efectos preventivos de la pena impuesta. Cuando alguien reincide, cuando alguien vuelve a cometer un delito en una proporción equis, está de alguna manera demostrando que la pena que se le impuso en su momento, particularmente la pena de privación de libertad, fracasó. Entonces, para solventar este problema usamos la pena de prisión, en este caso el mecanismo de anticipo de pena –como es el uso abusivo de la prisión preventiva– o la incapacitación que surge de la restricción de las libertades anticipadas en el nivel de ejecución de la pena.

Entonces, queremos contrarrestar los efectos del fracaso de la pena con más pena. ¿Parece absurdo? Sí, pero no lo es porque, de algún modo, no es un problema solo de medidas que se hayan tomado en Uruguay y en muchas partes a lo largo del tiempo, sino que esto también tiene un trasfondo práctico; insisto con esta idea: es utilizar la cárcel como primer recurso incapacitante, como una suerte de depósito incapacitante para controlar el problema del delito.

El segundo contrasentido que detectamos, señora presidenta, tiene que ver con la prioridad de política pública –esto nos preocupa y, seguramente, preocupa a todos los que están en esta sala– y es que con esta ley estamos transformando la reincidencia en un factor de riesgo sin poner el foco en aquellos factores de riesgo que llevan a la reincidencia. Nos preocupamos por una cosa pero no por la otra, que seguramente es la decisiva. Tenemos porcentajes muy altos de reincidencia y no hemos podido determinar cómo aumenta o se reproduce, cuáles son los factores asociados a ella.

En el mundo hay infinidad de estudios y de trabajos que vienen analizando el problema de las carreras criminales, algunos de ellos muy reconocidos y emblemáticos. Desde la década de los treinta del siglo pasado, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se han venido haciendo estudios empíricos en ese sentido –a través de proyectos pioneros de las Universidades de Harvard y de Cambridge–, que ya llevan ochenta años. Se trata de determinar qué pasa con el perfil del criminal a lo largo el tiempo y sobre todo cuál es el perfil o el problema de la reincidencia criminal. Son estudios muy concluyentes que ponen el foco en la edad de comienzo en el delito, en si es una actividad especializada o más bien dispersa, improvisada, en los que delinquen en grupos o en solitario, en el perfil de los delincuentes crónicos o persistentes, que son muy pocos y que explican mucho el problema del delito. También menciono –porque podría ser de mucha utilidad– un famoso antecedente, en Nueva Zelanda, que se ha explicado desde la década de los setenta hasta ahora. En Inglaterra, Estados Unidos y Canadá se han hecho estudios predictivos sobre la probabilidad del riesgo de la reincidencia, que han mostrado muchas cosas, pero uno de los resultados más contundentes es que hay una relación estrechísima entre cárcel y reincidencia. Una vez que hay penas de prisión la reincidencia tiende a multiplicarse. Eso es muy contundente, es muy difícil de revertir y es muy difícil zafar de ese mecanismo.

Pensamos que efectivamente se deberían buscar algunos mecanismos de control y vigilancia alternativos a la utilización de la prisión preventiva, del mismo modo que estamos obligados a desarrollar proyectos ambiciosos en reclusión para incidir sobre los niveles de reincidencia delictiva. Me consta que esta es una preocupación central del comisionado parlamentario y queremos trasladarla también como una preocupación central de parte nuestra. No creo que podamos lograr resultados diferentes en materia de política criminal con iniciativas como las que estamos consagrando en muchas de estas medidas.

Hablé de los supuestos que están detrás de la iniciativa, también sobre algunos contrasentidos que nos obligarían a pensar un poco más con precisión esto, pero finalmente quiero referirme a algunas consecuencias que va a tener esta transformación o contrarreforma.

Como efectivamente estamos haciendo foco en el mundo de la reiteración y de la reincidencia –sobre todo en estos artículos, en los que tenemos más problemas– quiero decir que tenemos mucha reincidencia también en los primarios. Hay un volumen importante de delitos que ocurren con asiduidad e intensidad que no son capturados por el sistema penal. Puede haber un primario absoluto desde el punto de vista legal que sea un reincidente efectivo, real. Entonces, esta medida tampoco va al fondo de la cuestión; golpea sin demasiado impacto. Creo que dada la magnitud de otros desafíos que tenemos, como los que se mencionaron aquí –por ejemplo, la necesidad de tener una coordinación más efectiva en la articulación interinstitucional, el fortalecimiento, la capacidad de gestión–, tengo la sensación de que estamos regresando muy rápidamente al viejo orden sin necesidad. Estamos introduciendo al nuevo código algunas consecuencias no deseadas desde el punto de vista de su funcionamiento sin estricta necesidad, sobre todo porque estamos modificando el mecanismo de la prisión preventiva, haciéndola casi preceptiva en el mismo momento en que los niveles de productividad procesal del nuevo código vienen en aumento. Estamos haciendo, reitero, una modificación cuando la cantidad de formalizaciones –era esperable– viene en crecimiento. Según datos que ha revelado la propia fiscalía de corte, se podría señalar que incluso en algunos delitos –en particular el de rapiña– ya se está teniendo una productividad punitiva mayor que la del sistema anterior, aunque hay que ver si esto efectivamente se concreta o no.

¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos tener más presos, más población carcelaria de la que existe para habilitar una baja en la tasa de delitos? ¿Queremos entorpecer las posibilidades de que siga incrementándose la cantidad de personas con sentencia? Esa es una de las grandes apuestas a la que se afilia este nuevo código, es decir, poder revertir efectivamente la cantidad de personas privadas de libertad con condena frente a la cantidad de personas que están en situación de espera de condena. ¿Queremos entorpecer este mecanismo?

Sigo convencido de que el enorme desafío de una política de seguridad es reducir el delito disminuyendo los niveles de castigo; ese es el quid de la cuestión, porque si llegáramos a decir que necesitamos 20.000, 30.000, 40.000 personas privadas de libertad para poder moderar en algo la tasa de delito, sería una vía un tanto arriesgada o incierta, por no decir suicida. El quid de la cuestión está en que podamos bajar el delito logrando, al mismo tiempo, reducir los niveles de castigo, que también son multiplicadores de delito.

Desde que comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal tenemos algo más de setecientas personas privadas de libertad. En realidad, si vemos los datos de población carcelaria de 2018, en promedio, entre enero y abril –habría que ver qué es lo que pasa con el semestre– son más o menos semejantes a la cantidad de población carcelaria que tuvimos durante casi todo el año 2016: está en el entorno de 10.100 o 10.200 personas privadas de libertad. En aquel contexto algunos delitos venían moderándose. No olvidemos que sobre el final de 2016, quizás también como efecto de la instrumentación de las restricciones de las libertades anticipadas, que se votó en octubre de 2016, la población carcelaria empezó a experimentar un pico que llegó a las 11.300 personas privadas de libertad en abril de 2017, pero luego comenzó a tener un descenso moderado. Por lo tanto, no es plausible que haya una relación directa entre esta disminución de la tasa de población carcelaria y el aumento del delito.

Debemos hilar más fino todos –nosotros también– porque así como se nos dice que estamos haciendo una lectura sesgada de reproche al nuevo Código del Proceso Penal por el aumento del delito, ¿qué cabe entonces para los que señalan que si el delito aumenta la culpa es de la estrategia de seguridad? ¿Cómo saben que la culpa de ese aumento del delito se debe a la estrategia de seguridad? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la evidencia? Nosotros podemos decir que quizás la modificación del Código del Proceso Penal puede incidir, pero no puede incidir tanto, que tenemos que ser más agudos, más analíticos, no tan irresponsables. Ahora bien, lo gracioso del caso es que con datos oficiales, cuyo volumen general de información todavía no hemos podido leer, otros ya atribuyen, en términos directos, que si aumenta el delito es por el fracaso de la política de seguridad. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no?, porque si aumenta el delito, en particular la rapiña, en un 60 %, convengamos que seguramente puede haber factores ajenos a un crecimiento natural del delito en sí mismo. Puede haber factores más asociados al registro o a las nuevas lógicas del registro que a un crecimiento natural y, por lo tanto, explicable por el fracaso de la gestión. Entonces, señora presidenta, creo que tenemos que hilar fino, pero todos. Es muy fácil salir a pegar y después reproducir los mismos argumentos a los que les salimos a pegar: datos que todavía no son oficiales y se le reprocha al ministerio que haga un adelanto. Bueno, sí, es discutible, es política de comunicación, pero nadie se ahorra la posibilidad de comentarlos. ¡Nadie! Nadie se ahorra la posibilidad de darlos por ciertos; los dan como un hecho inconmovible y, además, atribuyen ese aumento a un factor de la gestión política.

Para finalizar quiero decir que la solución punitiva nos deja con más costos que beneficios. Quiero dejar instalada una duda, una pregunta, una inquietud, que es de fondo: ¿hasta qué punto lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo en materia de segregación punitiva no termina reforzando los problemas de la marginalidad, la vulnerabilidad y la reproducción ampliada del delito? ¿Hasta qué punto este tipo de soluciones en realidad no agudiza o refuerza los problemas que queremos evadir? Esto, señora presidenta, no es problema del ministro, no es problema de un Gobierno y ni siquiera es el resultado de una mala o de una buena gestión. El problema es el camino en que estamos embarcados desde hace por lo menos tres décadas, es la ruta en la cual estamos y de la que no podemos salir. Creo que es hora de que nos desviemos un poco si no queremos extraviarnos del todo.

Muchas gracias.

SEÑOR SILVEIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: casi pediría la benevolencia de los señores senadores en cuanto a un hecho que es fácilmente constatable, como nuestra falta de versación en los temas técnicos en materia jurídica. Sin embargo, aquí estamos invistiendo una representación que abarca mucho más que esas cuestiones y por lo menos queremos hacer un razonamiento con respecto al proyecto de ley que estamos discutiendo.

También casi diría, con las disculpas del caso, que el señor senador preopinante me sacó parte del discurso. Él hizo alusión, primero, a las dificultades que tenemos para controlar el delito y a las falencias que aparentemente existen en quienes tienen a su cargo esa tarea, y después mencionó, por lo menos al pasar, algunas de las que visualizamos como las causas últimas de todo esto, es decir, los polvos que trajeron estos lodos. En definitiva, no creo que estas modificaciones sean una contrarreforma –y en algún momento explicaré por qué–, pero el hecho de que hoy podamos incluir algunos postulados en una norma de esta trascendencia me parece importante para la vida del país. Yo también tengo la sensación de que en alguna medida nosotros estamos yendo contra, si no la esencia, por lo menos la idea que llevó a este cambio que se ha dado, pero resulta que también estoy inmerso en una sociedad que vive una situación de tal gravedad que muchas cuestiones –a las que se refirió el señor senador Paternain– relativas a la técnica jurídica y a todo lo que tiene que ver con lo penal se ven distorsionadas. Entonces, es necesario tomar medidas para por lo menos apagar el incendio; después podremos obrar de acuerdo con la técnica con que es necesario operar en estos aspectos. Estoy seguro de que cuando se produce el accidente, los que están abajo tienen mucho más claro el manual de evacuación del avión que los que están adentro; lo tienen muy claro y se preguntan por qué se hicieron algunas cosas si todos los manuales las desaconsejan. Eso por un lado.

Estamos viviendo una situación de enorme preocupación por parte de la ciudadanía, de pánico, señora presidenta; se trasunta en las manifestaciones de quienes tienen a su cargo el control de estas cuestiones y en lo que ha dicho el director de la Policía nacional en el sentido de que nos encaminamos a equipararnos a los mayores niveles de destrucción social y de victimización de la sociedad por parte de los delincuentes. Eso no puede dejar tranquilo a nadie y no se puede pasar por alto, porque esas cosas no se dicen porque sí.

Quiero hacer una pequeña digresión. Yo llegué de Artigas en un taxi, que me llevó a la casa de mi hijo. El taxista se disculpó conmigo porque me tenía que dejar a las seis de la mañana en la vereda de enfrente. Me dijo que me esperaba porque, al ver que estaba con valijas pesadas –además de mi edad–, le pareció que era mucho más propenso a ser una víctima. Pero resulta que el Ministerio del Interior sostiene que lo que se está generando –supongo que lo dice por nosotros, aunque algún señor senador también lo ha dado a entender– es una idea de que el país está viviendo una situación de violencia que no tiene. Señora presidenta: yo sentí que el taxista tenía razón porque hace unos días, a unos sesenta metros, a las diez de la noche un tipo le puso un cuchillo en la barriga a mi nieto, que venía de practicar vóleibol en el Club Bohemios. Como casi me matan al nieto yo sentí miedo y desde luego que lo trasmito. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, que estamos acá adentro, imagínense lo que está pasando allá afuera.

¿Cómo hago para tomar en cuenta y atender todas las cuestiones jurídicas, criminalísticas, que son muy razonables, que son verdad, pero que llevan mucho tiempo? El hecho de que el señor senador que me antecedió en el uso de la palabra me haya dado la posibilidad de decir esto me habilita a decir que en alguna medida nos vemos compelidos a actuar así porque esas circunstancias son las únicas que tenemos –aunque no son como quisiéramos– para integrar algunas de nuestras iniciativas a las normas que se están produciendo. Si no hubiera habido esas diferencias con el oficialismo, la excelente sesión de comisión que tuvimos –donde todos aportamos y donde todos pudimos volcar nuestras propuestas– no se hubiera dado. Aquel clima que se vivió en la comisión y el que se está viviendo acá tienen que ser la constante. Las causas de estos problemas y de estas diferencias que tenemos en materia técnica, jurídica, penal y legal no están, ni siquiera, en el Ministerio del Interior, sino mucho más allá; arrancan en la incapacidad que hemos tenido –o que ha tenido el Gobierno– de atacar los factores que generan esa situación. Me refiero al inicio, a las políticas sociales que debieron disminuir la posibilidad o la necesidad de delinquir y que han terminado en gravísimos errores, con una histórica pérdida de oportunidades y un desgarramiento de nuestra sociedad, hasta llegar a una situación de verdadero caos. No hemos atacado –no han atacado– la centralidad de la cuestión, que es impedir o quitar la necesidad de que la gente delinca de esta manera. De lo contrario, después tenemos que recurrir a parches, porque estamos actuando sobre una situación de emergencia y no de normalidad.

Yo no interpreto como una contrarreforma las medidas que se están tomando. Acá se ha citado a juristas y a instituciones para que den su opinión. Así, por ejemplo, el doctor Chediak, miembro de la Suprema Corte de Justicia, señaló que el código es una norma y que las normas se ajustan. Yo creo que eso tiene lógica. Lo que sí he visto en la comisión, en los períodos en que me tocó actuar, es una cuidadosa actitud de no pasar determinados límites; que estos cambios, estas mejoras –o no, según como se miren–, no constituyan una lesión al todo, sino que sean, simplemente, medidas de acción vinculadas siempre a esa situación grave a la que hacía mención.

Ahora bien, así como hago referencia al doctor Chediak, puedo decir que en el mismo reportaje en el que el doctor Manrique hace algunas observaciones técnicas a estas normas, dice que el Uruguay se ha convertido en una «fábrica de delincuentes». ¡Una fábrica de delincuentes!, señora presidenta. Estamos hablando del mismo jurista al que algunos senadores han recurrido por su condición de técnico. Yo sé que cuando el doctor Manrique habla de esa condición actual del Uruguay como una fábrica de delincuentes no lo hace como técnico, sino como puedo hacerlo yo, y por eso hasta me tomo el atrevimiento de hacer estas precisiones.

Esto no es solo una normativa que se pretende imponer a los efectos de mejorar los procedimientos penales y tampoco es un llamado de atención; es la constatación que deberían afrontar los demás operadores que tienen que ver con la esencia de estos problemas, es el reconocimiento de que el agua nos ha pasado por encima. Insisto: no son deficiencias técnicas de nuestras normas, sino una cuestión que viene de la constitución de nuestra sociedad actual y de las medidas que el Gobierno no ha tomado para encauzarla.

Creo que esta es una buena oportunidad para reiterar que lo que nosotros estamos haciendo acá es representar la voz desesperada de la sociedad –lamentablemente, porque no debería ser así; no se legisla de esta manera, este no debe ser el método– que siente que nadie la respalda. ¡Estamos en pánico! ¡Tenemos miedo! Es en estas circunstancias que la discusión de una cuestión, que hasta diría que es puntual, tiene que convertirse –en la conciencia y en el razonamiento de quienes tienen el poder– en el convencimiento de que las cosas no van bien.

Muchas gracias.

SEÑOR LAFLUF.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SILVEIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- No voy a hablar de los fundamentos jurídicos, pues ya lo hicieron y lo seguirán haciendo mis compañeros de partido; sí me voy a referir a algo de sentido común, en cuanto a lo que he vivido en estos últimos meses.

Creo que esto explota a raíz de las declaraciones públicas del director de la Policía nacional, refrendadas posteriormente por el propio ministro y el subsecretario de la cartera, que manifiestan que el primero no había dicho nada que no fuera cierto. Dijo muchas cosas que todo el mundo conoce. Ahora bien, quiero alertar que toda esta seguidilla de declaraciones públicas de los jerarcas, de las autoridades que tienen a su cargo el control de la seguridad pública, han hecho mucho daño a la población. Esto parece el campeonato uruguayo, donde todos están contra todos y cada uno pretende sacarse el lazo de la responsabilidad que tiene. Creo que eso es lo más grave que nos ha pasado, porque llega a la población. Como es lógico, esta no va a entrar en la discusión que se está teniendo aquí, porque es aquí donde se debe discutir. Pero lo que ve la población es lo que dice el director de la Policía nacional, por ejemplo, o lo que dijo al día siguiente el fiscal de corte, que pensó que estaba claro hasta dónde podía llegar la policía, y agregó que si no lo estaba iba a tratar de aclararlo. El tema es que eso lo dice luego de 180 muertes. Entonces, la gente tiene derecho a cuestionarse si la muerte de su ser querido se produjo porque no se aclaró bien hasta dónde podía llegar cada uno de los que tienen la obligación de mantener su seguridad.

El director de la Policía nacional también habló de las políticas sociales y enseguida se castigó a la oposición diciendo que hablamos de las políticas sociales porque queremos que se les corten a los más humildes. ¡Nunca dijimos eso! ¡Jamás lo hicimos! Sí dijimos que algunas políticas sociales eran ineficientes e ineficaces. Lo dijo el director de la Policía nacional y luego lo reconoció el propio ministerio. Pero en vez de aclarar las cosas, se esconden. Hasta ahora aparece en un canal de televisión la imagen de la ministra Arismendi retirando de la pantalla a la directora del INAU para que no dijera cuánta gente en situación de calle había.

Después el ministro dice que el problema está en la Justicia, e inmediatamente el fiscal de corte le contesta que los fiscales tienen pantalones largos y que ningún ministro, ni de Estado ni de la Suprema Corte de Justicia, va a explicarles lo que hay que hacer. Todo eso llega a la gente, que además de no soportar más la inseguridad, encima tiene que aguantar que quienes tienen la obligación de cuidarla entren públicamente en ese entredicho.

Posteriormente, el subsecretario señala que el problema está en la bancarización –hace algunos años se dijo que para evitar el delito la solución era sacar la plata de la calle–, que lleva a los delincuentes a robar más cosas para poder venderlas.

Más tarde, el presidente de la república se pone al hombro el combate a la inseguridad y va al balneario Salinas a reunirse con los vecinos y a decirles: «Yo soy responsable». Imaginen, señores senadores: si el presidente no tiene respuestas, ¿qué queda cuando uno mira para arriba? No queda más nadie, porque él es la autoridad máxima que hay en el país.

Al día siguiente de plantearse la modificación al Código del Proceso Penal salen la Asociación de Magistrados del Uruguay, los defensores de oficio y los fiscales a decir que lo que se va a hacer es una aberración.

Por último, el señor ministro dice que están presos los que no tienen que estarlo y están sueltos los que deberían estar presos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Estas son reflexiones de sentido común, para que las cosas se manejen como se debe, pero no por la discusión que se pueda dar, sino por respeto a la población y especialmente a los centenares de muertos que ha habido como consecuencia de robos, rapiñas y demás delitos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Silveira.

SEÑOR SILVEIRA.- He terminado, señora presidenta.

13) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el debate del tema que se está considerando y votar el proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: suscribo en un todo las expresiones vertidas por los señores senadores Silveira y Mieres; simplemente, voy a hacer algunas puntualizaciones.

La ley es una creación humana y, como tal, es imperfecta; por eso me parece sabio modificarla. Recuerdo que en el año 2004 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, y ya en 2005 había quienes proponíamos alguna modificación. Un ejemplo es el caso del artículo 222, que preveía la destrucción de los antecedentes una vez que se cumplían los dieciocho años de edad. Entonces, considero oportuno llegar a este ámbito y poder discutir estos temas. No podemos tomar como algo cuasireligioso el hecho de que las leyes, una vez aprobadas, deben mantenerse, como tampoco podemos tomar las leyes como excusa, y más cuando recién se están aplicando.

Cuando consideramos el proyecto de ley concurrieron a esta casa operadores y juristas, y nadie nos alertó acerca de las dificultades. Ahora, todo el mundo se rasga las vestiduras haciendo esa alerta.

Señora presidenta: ¿qué pasa? Nosotros elaboramos una ley –escrita en negro sobre blanco–, pero la cuestión es qué sucede cuando impacta en la realidad. El día que se comenzó a aplicar este código dijimos que nos preocupaba que una ley bienintencionada, que de alguna manera trataba de no vulnerar derechos humanos –como lo hacía el procedimiento anterior–, careciera de recursos humanos, técnicos y económicos para su aplicación. Les dijimos a los nuevos operadores –o a los mismos con cambio de rol– que se hicieran cargo; les tiramos el fardo y les acumulamos un expediente tras otro, tratándose nada más ni nada menos que de la vida de los uruguayos en libertad o de personas recluidas por medio de decisiones muy breves y sin los elementos suficientes. ¡Hay que ponerse en el lugar de un aplicador del derecho en estos procedimientos! ¡Hay que ponerse en el lugar de un fiscal, de un juez o de un defensor!

(Ocupa la presidencia el señor senador Castillo).

–Lo que sucede en el Frente Amplio es contagioso; a veces distinguimos al ministro, a tal o cual dirigente, pero en este caso todo el Frente Amplio fracasó. Hoy algunos tratan de diferenciarse, pero lo cierto es que la política de seguridad pública ha fracasado sistemáticamente, y eso es responsabilidad de todo el Frente Amplio, porque todos los que están acá, o los que ocupan algún cargo, hace más de trece años que están dirigiendo y han apoyado una y otra vez las políticas erráticas del Gobierno.

Es increíble y admirable la capacidad que tiene el Frente Amplio para buscar responsables. Ahora el cartón ligador, el último que encontraron, es el Código del Proceso Penal; entonces, ¡vayamos todos contra el código! Es una excusa, señor presidente, otra excusa más. La primera fue decir: «Yo no fui», o sea, no hacerse responsable, pecado mortal para un gobernante. Hay que ejercer la autoridad y, para eso, lo primero que hay que hacer es responsabilizarse de la situación que se vive en nuestro país.

Ha sido una política equivocada desde el principio. ¿Recuerdan cuál fue la primera ley del Frente Amplio en torno a la seguridad pública, en el año 2005? Aquella que permitió liberar presos. Fue una liberación objetiva de reclusos, pues ya existían la libertad anticipada y la visita de cárceles, pero en este caso no importaba la conducta del recluso –eso ya lo discutimos en este ámbito–, sino que el procedimiento era: tal delito, tanto tiempo, ¡afuera! No importaba si había voluntad de reinserción, ni su conducta; ¡afuera! Y resulta que doce años después el propio Gobierno dice que la liberación de presos está generando una enorme conmoción y por eso aumentan los delitos. ¡No se puede faltar el respeto a la opinión pública! Quienes promocionaron una liberación injusta de reclusos, trece años después terminan responsabilizándolos a ellos.

Ha habido una improvisación constante en materia de seguridad pública. Ha habido un desmantelamiento, así como un despliegue estratégico y táctico de las fuerzas del orden propios de otro mundo. Han despersonalizado la relación entre el guardia civil o el policía con la ciudadanía. Traen modelos no sé de dónde, que tampoco han sido exitosos en nuestro país. ¡Ensayo y error con la vida de la gente, señor presidente! Ensayo y error de gobernantes rodeados de custodias, que ensayaron y se equivocaron con la vida de los individuos, por lo general los más vulnerables, a quienes nadie defiende.

Ahora escucho hablar del sistema carcelario. Sin embargo, no he escuchado a ningún representante del Frente Amplio criticar duramente el sistema carcelario de estos últimos años. Desde el horror de lo sucedido en un penal de Rocha hasta la fecha, las cárceles no solo constituyen la universidad del crimen –allí se delinque y se sigue delinquiendo–, sino que en ellas todos los días se violentan los derechos humanos de los reclusos. ¡Todos los días! Y una y otra vez han dejado al comisionado parlamentario solo en sus reclamos, que van desde la alimentación y la forma de reclusión, a los asesinatos y a las amenazas. ¡Hay que recibir a madres de reclusos que vienen a decirnos que sus hijos son amenazados, un día sí y otro también, y que si no les depositan dinero o no les hacen un mandado fuera de la cárcel los van a lastimar o, inclusive, a matar!

¡Qué fácil que es venir ahora a hablar de lo que está mal hecho, cuando hace trece años que se les viene anunciado que tienen todo el poder y tienen todos los recursos! Sin embargo, hoy no solo la seguridad está en decadencia, sino también la propia reclusión. Ya sea por sensibilidad humana o por egoísmo, todos sabemos que un recluso que entra penado, va a salir, y si no tiene la posibilidad de reinsertarse y de adquirir determinadas costumbres, seguramente su vida en sociedad seguirá hiriendo y lastimando porque habrá pasado de nuevo por la escuela del crimen.

Y hoy llegamos a este código como el último cabeza de turco; a este es al que hay que echarle la culpa. ¡Se va agotando este Gobierno! Pero falta mucho todavía y creo que el Frente Amplio nada le puede ofrecer a la población en materia de seguridad pública. ¡Conceptualmente están equivocados! Les cuesta el ejercicio de la autoridad; les cuesta reconocer el mando de la policía y respetarla. ¡La policía no les cree! Estamos ante una situación institucionalmente muy compleja de la vida de nuestro país. Tenemos un presidente que quién sabe dónde está y haciendo qué. ¡Es muy grave que un presidente de la república no esté al mando del timón en esta tormenta! ¿Alguien sabe en qué está el presidente de la república? ¿Alguien sabe qué está haciendo el presidente de la república con este tema? Un destello tuvo al acudir a San Luis, pero –¡gravísimo error!– asistió a una reunión a puertas cerradas con los vecinos; no se trató de una reunión con las fuerzas vivas, sino a puertas cerradas –reitero– y con vecinos elegidos. ¡Ese día terminó de dañar la cadena de mando! Ese día terminó de hundir al ministro Bonomi, que va a seguir en su cargo porque está abulonado. Ya he dicho aquí que me genera enormes suspicacias que sigan siendo ministro y subsecretario Bonomi y el hermano del presidente de la república. De todas formas, la autoridad no la tienen. Uno ya no la tenía por carencias de legitimación en el ejercicio y por no respetar ni entender a sus subalternos, pero ahora es el propio presidente de la república el que poda su autoridad, el que la corta.

¡Los uruguayos están solos en esta materia! Están solos y en estos tiempos solo van a recibir parches, porque hay una especie de complejo –quizás desde la génesis de estas políticas– ante la represión; es como una mala palabra. No mandar a las fuerzas policiales ni respaldarlas en su acción –me refiero a un respaldo moral, además del jurídico– es el primer síntoma de un fracaso.

El otro gran fracaso de aquellos que llegaron en nombre de la sensibilidad social y terminaron siendo una fuerza economicista que aleja, separa y no habla más de nombres, caras, corazón, barrio y lugar, sino de porcentajes, números y estadísticas, es el de la política social. No tienen ninguna excusa. ¡Ninguna!

Estoy seguro de que hoy todos vimos con cierto sabor amargo la destrucción de alguna vivienda. ¡Esa es la consecuencia de estos años! Estoy seguro de que hace unos años nadie hubiera pensado tirar abajo parte de Los Palomares de Casavalle como acción para proteger la seguridad de los uruguayos. ¡Nadie pensó que esto iba a terminar así! ¡Esa es la foto de la política de seguridad y de inclusión social del Frente Amplio!

Alcanza con leer ciertos dictámenes de la Auditoría Interna de la Nación sobre algunos programas del Mides para ver, no solo la falta de respeto hacia aquellos que pagan impuestos, sino también hacia los que reciben estos recursos, ya que se suponía que iban a generar un desarrollo social sostenido en el tiempo.

Hoy modificamos el código y es algo casi anecdótico, porque el Gobierno no tiene excusas. Si no modificamos ningún texto legal el Gobierno no tiene excusas; las va a seguir buscando. Va a ir rumbo a la campaña electoral y seguirá buscando excusas, sin hacerse responsable. Por eso hoy estamos desandando un camino que parecía lógico. ¿Acaso no nos quejábamos todos acá acerca de que dos tercios de los privados de libertad en nuestro país no tenían condena ni sentencia firme? ¿No era ese el discurso del Frente Amplio? ¿No era el discurso de los operadores del derecho? ¡No era nuestro discurso! Hoy hay un grito de la tribuna que busca desesperada algo de donde prenderse, porque nota que sus gobernantes no tienen una solución para dar. El Gobierno no puede asegurar la paz a los uruguayos. ¡Es gravísimo lo que estamos viviendo!

De alguna manera, hoy intentaremos brindar una herramienta más, aunque no se trata de que no tengan las herramientas principales, sino de que no supieron usarlas. El Gobierno renunció a utilizar las herramientas que tenía.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Allá por 1812, en Cartagena, Simón Bolívar, a los veintinueve años, escribió lo que luego se denominó Manifiesto de Cartagena, uno de los documentos claves cuando se estudia al héroe latinoamericano. En ese documento él criticaba a los que llamaba representantes de las repúblicas aéreas y se expresaba así: «Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se resintió extremamente conmovido».

Había fracasado la primera república –él se había ido a la Nueva Granada; no podía volver a Cartagena– y ya hablaba de esas personas que, bienintencionadamente, construían repúblicas aéreas sin tener en cuenta lo práctico. Hoy nos encontramos con algunas objeciones a los cambios al Código del Proceso Penal. Aunque bienintencionados, vemos que nos critican; algunos hasta hablan de contrarreforma porque modificamos el proceso abreviado, que como bien señaló el señor senador Mieres no estaba en el texto del Código del Proceso Penal aprobado en 2014. Sin embargo no es que lo hayamos dejado de lado, sino que lo limitamos a determinados casos, creo que correctamente.

¿Es una contrarreforma porque el juez debe permanecer en una burbuja mientras todas las pruebas son suministradas por las dos partes: acusado y acusador, fiscal y defensor? Aunque el juez sepa cuál es la que le permitirá alcanzar la verdad, ¿hay que decirle que no puede participar?

Esto quedó de manifiesto en el caso de San Luis, en el que el juez aplicó correctamente el Código del Proceso Penal. Resulta que la policía y el fiscal habían agarrado a la persona que, según decían, había asesinado a la trabajadora; lo agarraron con el revólver y tenían la bala, pero resulta que por una tremenda omisión de la policía y una tremenda omisión de la fiscalía no se hizo la pericia para probar que la bala había salido de esa pistola. Los defensores de la república aérea dicen: «Hay que absolver porque no está esa prueba». El juez no puede decir, por ejemplo: «Agarre la bala y la pistola, y llévelas a hacer el análisis para encontrar la verdad». ¡Es realmente increíble la falta de pragmatismo y de contraste con la realidad que vivimos los uruguayos! Ese es, quizás, el gran tema que está detrás de esto. Esos puristas, esos sofistas, esos filósofos que están detrás de los escritorios y no salen de ahí, sueñan con repúblicas aéreas, alejadas de la realidad. El propio Bolívar ya los criticaba, allá por 1812, en ese Manifiesto de Cartagena.

¿Y cómo llegamos a estos cambios, señor presidente? Vamos a decir la verdad –y puede consultarse la versión taquigráfica–: llegamos a estos cambios porque el Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, faltó al acuerdo político que realizamos todos los partidos. Cuando se aprueba acá el Código del Proceso Penal, todos los partidos –reitero: ¡todos!– fuimos contestes de que los cambios serían complicados. Todos dijimos: vamos a abstenernos de críticas rápidas, vamos a abstenernos de hacer análisis demasiado urgentes, vamos a esperar a que se ponga a funcionar, analicémoslo dentro de un año y luego veamos los ajustes a realizar. ¡Todos sabíamos que íbamos a tener que hacerle ajustes! Era un cambio demasiado grande, señor presidente. Pasar del sistema anterior a este es un cambio demasiado grande como para que no haya que hacer ajustes.

Y todos cumplimos, menos uno. ¿Quién no cumplió? El señor ministro del Interior que, en su larga lista de culpables de la situación de inseguridad, encontró un nuevo acusado: el Código del Proceso Penal.

El señor Bonomi ha hecho la peor gestión de la historia en materia de seguridad pública en el Uruguay. No lo digo yo; lo dicen los números y las estadísticas. Manipuló las estadísticas y mintió respecto a ellas; las ha manipulado en los últimos años, ¡claramente! El señor Bonomi nos dijo en las interpelaciones –y antes– que las rapiñas bajaban 24 %.

Acá me voy a subir al carro de los que dicen que el nuevo código es muy bueno, porque yo también creo que tiene una cosa muy buena. ¿Sabe qué es, señor presidente? Que los números ya no los tiene en exclusividad el Ministerio del Interior. Antes dependíamos de los números del Ministerio del Interior, salvo en el caso de los homicidios, que se conocen todos.

En el año 2014, durante la campaña, el actual presidente de la república, doctor Vázquez, nos dijo: «Vamos a bajar las rapiñas 30 %». Y el señor Bonomi agregó: «Es totalmente posible hacerlo». ¡Otra de las tantas promesas incumplidas!, ¿no? Pero dejemos eso para otra oportunidad, porque ahora viene la rendición de cuentas. Resulta que al año se dio cuenta de que venía mal y dijo: «Esperen; voy a bajarlas, pero no desde cuando lo prometí en 2014, sino desde diciembre de 2015», porque ya habían aumentado. En el 2016 nos dijo que las rapiñas habían bajado; y en el 2017, que habían bajado 24 %. Pero ¿qué pasó? Empezó a funcionar el Código del Proceso Penal y resulta que la información sobre los delitos no solo se debe dar al Ministerio del Interior, sino también a la fiscalía. ¿Con qué nos encontramos cuando la fiscalía empezó a llevar los números? Con que no solo no habían bajado las rapiñas un 24 % –como nos dijeron el señor Bonomi y sus secuaces, manipulando la información y mintiéndonos–, sino que habían subido 57 %. Es decir, nos quedó debiendo 30 % y subió 57 %.

En medio de eso, cuando ya no sabía qué decir, encontró al nuevo Código del Proceso Penal como el culpable. Empezó a hablar y a hacer esos papelones públicos como el de decir: «Zapatero a tus zapatos», «la culpa es de los jueces», «la culpa es de los fiscales». En el caso de Atlántida reveló su absoluta incapacidad jurídica, porque cuando le dijeron que la policía y la fiscalía no habían hecho la prueba de balística, él contestó: «Todo San Luis sabe que ese era el asesino». Mire qué lindo concepto jurídico tiene nuestro ministro del Interior: no hay que llevar pruebas; alcanza con que todo San Luis diga quién es el asesino. ¿Para qué vamos a hacer pruebas? Hagamos una encuesta y metamos preso a quien surja como culpable. ¡Esa fue su respuesta!

En medio de todas estas cosas estamos cambiando el color de las sirenas a las ambulancias. ¡Miren que buena solución! Parece que confunden las ambulancias con patrulleros y las balean; entonces, hagamos lo siguiente: no agarremos a los que balean las ambulancias; cambiémosle el color de las sirenas para que dejen de balearlas, y que sigan tirándoles a los patrulleros. ¡Esto es increíble! Es como cuando decían que no había que andar con dinero, y resulta que ahora el subsecretario nos dice que aumentó el delito porque como ya no hay dinero tienen que robar más cosas para vender. ¡Es realmente increíble!

Hay otro tema que tiene que ver con la defensa del nuevo código y que fue mencionado por el fiscal de corte y procurador general de la nación. El Ministerio del Interior le dijo que ocurrían 220.000 incidencias delictivas por año. ¿Qué hizo el fiscal de corte? Se preparó para 250.000 y tomó fiscales para esa cantidad. ¿Cuántas eran realmente? 360.000. Entonces, hoy nos dice que no da abasto; que se había preparado para 250.000 y es imposible que pueda funcionar frente a 360.000. Pero para el señor Bonomi la culpa es del nuevo código. ¿Nunca mirará para adentro?

Tengo un sobrino nieto que junta las figuritas del mundial, señor presidente, y como a todos, le faltan algunas. Hay un lugar donde se puede ir a canjear, particularmente las doradas, que son las que le faltan a todos. ¿Sabe qué acaban de informar? «El servicio de completo de álbumes se encuentra parcialmente limitado por el faltante de varios números de figuritas. Esta situación se da debido a la alta demanda y al desafortunado episodio del robo de stock de figuritas». ¡Hasta las figuritas del mundial roban! ¡No queda nada ya! Esto es de una tristeza sin igual.

En medio de esto resulta que aparecen los defensores de las repúblicas aéreas diciendo que no se puede tocar el código, ni siquiera para mejorarlo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto. Ya extrañaba su pedido, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: en primer lugar, el robo de las figuritas fue en Argentina.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Puede repetir, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- El señor senador nunca me escucha. Decía que el robo de las figuritas fue en Argentina.

Hay un problema de delincuencia que no podemos atribuir a Bonomi porque sucedió en Argentina, que es el país que abastece a Uruguay. Para que tenga una idea el señor senador, se trata de un robo millonario.

Por otra parte, estar callados no implica que no tengamos cosas para decir. No somos tontos; no somos caprichosos. Nosotros sostenemos una política que podrá tener cierto error, pero no la cambiamos todos los días. No lo haría ninguno de los señores senadores de la oposición que están acá si mañana fueran gobierno, porque no se puede estar cambiando las políticas todos los días.

Se dice que el código nada tiene que ver. Quizás no sean las razones; quizás el ministro esté equivocado, sea un fracaso y todo lo que puedan decir, pero algo tuvo que ver el código. El senador Bordaberry, el senador Mieres y algunos otros dicen que nada tiene que ver, pero si modificamos cosas del código es porque algo tiene que ver. Si vamos a basarnos en eslóganes y nos enamoramos de nuestras palabras, deja de ser un debate. El nuevo código empezó a regir el 1.º de noviembre, pero ya había sido votado. Ahora, cuando se puede instruir a la policía, esta entiende –en el acierto o en el error– que este nuevo código afecta su procedimiento, pero obviamente va a empezar a funcionar con la nueva normativa –que comenzó a regir a partir de esa fecha– y a realizar procedimientos instruidos de acuerdo con ella. Todos dijimos que estaba vigente y hoy volvemos a reafirmarlo, y la policía hizo una interpretación como la que se mencionó. Entonces, algo tiene que ver el nuevo código en esto.

Se dice que aumentaron las rapiñas; por supuesto que sí. Se dice también que es culpa del nuevo código. Quizás el señor ministro no está en el acierto y no todo lo que sucede es culpa del código. Ahora bien, si los jueces recibían 360.000 denuncias y solo pasaban 220.000, pero ahora el código exige que pasen todas, entonces no es que hayan aumentado las rapiñas; estas siguen estando en el mismo nivel, pero con la nueva norma se identifican, se certifican y se procesan.

El problema de la seguridad ciudadana es un tema muy delicado que nos va como Estado. ¡Este código lo modificamos entre todos! ¡Lo podría haber hecho el Frente Amplio con sus dieciséis votos, como hemos hecho con otras leyes! Pero no lo hicimos porque es un tema mucho más delicado que pensar quién está en el Gobierno.

Este código tenía fecha de entrada en vigencia el 1.º de enero de 2016. Sin embargo, quien habla le pidió al entonces vicepresidente de la república, contador Danilo Astori –hoy ministro de Economía y Finanzas– que se postergara porque se entendía que no estaban los recursos para eso. En aquel momento habíamos votado todo lo que había dicho todo el mundo, pero algunos advertimos que faltaban los recursos. Por eso digo que el tema del código es mucho más complejo. ¿Vamos a ir por eslóganes? Perfecto, vayamos por eslóganes. ¿Vamos a discutir ciertas cosas sin la profundidad necesaria? ¿Acá solo se trata de pegarle a Bonomi? ¿Ustedes creen que los policías no quieren hacer su trabajo, que no sienten el orgullo de ser policías y de combatir la delincuencia? Estamos reordenando algunas cosas porque no estaban claras, pero vamos paso a paso. ¡Vamos a tener que reflexionar sobre esto desde una perspectiva de Estado, pero nuestra intención es que estas normas se aprueben hoy! ¡No vamos a rehuir el debate! ¡No lo hará el Frente Amplio ni quien habla! Ustedes saben que yo no lo rehúyo. ¡Tenemos argumentos, fundamentos y, sobre todo, convicción! ¿Que muchas cosas no están saliendo? Sí. ¿Que nos duele en el alma? Sí. ¿Que roban a los trabajadores? Sí. ¿Que eso nos duele más? También. Sin embargo, estamos aquí para aprobar estas modificaciones al código y vamos a aguantar sobre la espalda todo lo que digan. Ya habrá oportunidad de fijar una fecha para discutir esto con mucha fuerza.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: agradezco mucho la información que me ha dado el señor senador Michelini; le voy a avisar a mi sobrino nieto que el robo fue en Argentina. Lo acabo de chequear y efectivamente fue así; de paso le voy a sugerir que se vaya para Argentina porque mientras aquí reordenamos las cosas en materia de seguridad, allá los robos bajaron 7 % y 13 % los homicidios. En Argentina, cada 100.000 habitantes, hay 5,3 homicidios; Uruguay tuvo 8,5 y este año no van a ser menos de 11 o 12. Pero, bueno, acá estamos reordenando las cosas después de trece años en el Gobierno y de ocho años del señor ministro Bonomi al frente de su cartera. ¡No reordenen más, por favor! ¡El Uruguay tenía un promedio de doscientos homicidios por año y en el 2018 vamos a llegar a los cuatrocientos, pero están reordenando! ¡Por favor!

Lo que sí debo destacar es que en este reordenamiento que se está haciendo hoy aquí, se están haciendo cambios al Código del Proceso Penal y me alegro de que el señor senador Michelini acompañe. ¡Esperamos que muchos más senadores, toda la bancada oficialista, también acompañe porque este es el cambio bueno, es dejar a los dogmáticos y teóricos de lado! ¡Si cuando llegaron nos dijeron que la culpa de la delincuencia era de la sociedad y largaron a los presos! Estoy hablando de la ley de suelta de presos del año 2005 del Gobierno de Tabaré Vázquez y del ministerio de José Díaz. ¡Liberaron a los presos y mientras rompían a pedradas los comercios de 18 de Julio y las comisarías, nos decían que no iban a reprimir! Después cambiaron, como lo hicieron en otras cosas, y eso está bien, porque no tenían experiencia de gobierno. En ese cambio y con este reordenamiento, han causado un daño tremendo al Uruguay. ¿O no tenemos inseguridad en el Uruguay de hoy? ¿O lo de la sirena color verde que van a poner a las ambulancias es por casualidad? ¡No!

Quizás hay algo que no se entendió porque las 220.000 incidencias delictivas es lo que el Ministerio del Interior dijo que había antes, pero hubo 360.000. No es que se les informaban 360.000 a los jueces y se anotaban 220.000; es lo que se dijo que había. Reitero que me alegra mucho que varios senadores del oficialismo hoy voten con la oposición, juntos, haciendo lo que hay que hacer: los cambios al Código del Proceso Penal, dejando de lado el purismo dogmático y teórico. ¡Bienvenidos a darse cuenta de que gobernar no es fácil! ¡Bienvenido el cambio! Esperemos que esto sea el anuncio de que el día de mañana otros senadores del oficialismo también se sumarán a estos cambios. ¡Bienvenidos a votar con el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente! ¡Bienvenidos! Es muy bueno que lo hagan, tal como lo han hecho con el agravamiento de penas. Tuvimos catorce proyectos de ley de agravamiento de penas en los últimos ocho años. ¡Bienvenidos los señores senadores que van a levantar la mano con nosotros!

SEÑOR PINTADO.- Ustedes están votando con nosotros.

SEÑOR BORDABERRY.- Siempre es un placer votar con ustedes. Tan así es que voy a pedir que el voto sea nominal, así todos sabemos quiénes nos acompañaron en estas propuestas, en este cambio, en esta nueva coalición que se ha formado para cambiar el Código del Proceso Penal y encontrar las soluciones que el país y la gente requieren. ¡Qué lindo! Podemos gritar toda la tarde, pero al final del día van a levantar la mano y el resultado va a ser afirmativo.

(Interrupciones).

–Quizás los podremos convencer de votar algún cambio más. ¡Qué sensato sería!

Observen los señores senadores que van a votar con nosotros los artículos 2.º, 3.º y 4.º, el cambio que proponemos en el artículo 5.º –que también van a votar–, para que vean lo que son las repúblicas aéreas. Estamos votando que «Respecto de quien se hallare legalmente detenido o de quien existan indicios de que haya cometido o intentado cometer delito […]», la policía podrá registrarlo. Es sensato, ¿no? Se estima que si la persona cometió un delito o intentó cometerlo, entonces se puede registrar. Va de suyo que si intentó cometer un delito, puede tener un arma. Y también puede tener el objeto del delito. Pero hete aquí que no quieren que se pueda registrar a aquel que se dispone a cometer un delito. ¡Cuidado! En esto estamos de acuerdo con la norma que remitió el Poder Ejecutivo. Pero resulta que, en la república aérea, si la policía ve que alguien está por cometer un delito, no puede pararlo y registrarlo para ver si tiene armas. Pensemos en el caso de los mexicanos, que se subieron a una camionetita chiquita –eran catorce en una camioneta para cuatro– y el verano pasado arrancaron para el hotel Enjoy Punta del Este para robarlo. Cuando salieron con los martillos –dicen que uno llevaba un revólver y otras cosas–, la policía no los podía parar porque no habían intentado cometer el delito ni lo habían cometido todavía, por lo que no podían registrarlos. ¿Es sensato esto? ¿Es cierto que este purismo puede llevarnos a que la policía no pueda registrar a quien intenta cometer un delito? ¿No puede hacerlo a pesar de que existan indicios de que intenta cometer un delito? No. Nosotros proponemos el artículo sustitutivo, que parece sensato y, en mi opinión, no cambia mucho.

En cuanto el artículo 8.º, se hace un gran avance, señor presidente. Espero que no pase inadvertido. Se le saca la oración final al artículo 223 del Código del Proceso Penal. Esto ha pasado inadvertido. Ahora, en esta redacción propuesta por el oficialismo, se establece: «En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva». Lo sacan. Pienso que sigue sin ser preceptiva, pero ya no está lo que lo establecía, lo cual representa un mensaje.

Con respecto al artículo 9.º, creo que aquí se realizan los mejores cambios. Nuevamente hablamos del purismo versus el pragmatismo. Resulta, señor presidente, que cuando contra una persona hay semiplena prueba de su participación en un hecho delictivo y, a su vez, existen elementos suficientes como para presumir que se puede ocultar, fugar o entorpecer la investigación, o que puede afectar la seguridad de otros ciudadanos, se puede adoptar una medida de prisión preventiva. Es lógico. ¿Y aquí qué se dice? Que ese riesgo se presume cuando esa persona tiene antecedentes por delitos de violación, abuso sexual, atentado violento al pudor o rapiña. Si se lo acusa de eso, se presume que existe ese riesgo. Además, de acuerdo con la modificación que se ha aprobado en la comisión –que me parece está muy bien–, al fiscal se le impone la obligación de pedir la medida de prisión preventiva.

SEÑOR COUTINHO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor presidente.

¿Qué quiere decir esto? Que el juez no tiene que disponer la medida preventiva, pero hay una presunción. Además, en estos casos el ministerio público sí tiene que pedirla preceptivamente. El juez la dará o no. Con esto se terminaron las objeciones de inconstitucionalidad porque, en realidad, no es preceptiva la prisión, sino que es preceptivo el pedido del fiscal y se establecen unas presunciones. Desde el punto de vista jurídico está perfecto. Y es un avance. ¿O alguien piensa que si una persona con antecedentes viola, rapiña o vuelve a matar no se presume que la sociedad y las posibles víctimas corren riesgo en caso de que esa persona siga en libertad? Creo que es un avance y una buena perfección de lo que tenemos vigente.

Asimismo, hay otra modificación: la de los procesos abreviados. Como bien expresó el señor senador Mieres, los procesos abreviados se han convertido en la regla. Se habla de que solamente entre un 15 % y un 20 % van a procesos comunes, un 60 %, más o menos, van a procesos abreviados, y un 20 % se suspenden. Así es como está funcionando el código hoy. Me pregunto qué es mejor, si el sistema anterior o este. El sistema anterior por lo menos obligaba al juez a instruir, a llevar la prueba y a tener una prueba muy fuerte porque, si procesaba, era con una prueba muy fuerte. Y si disponía el procesamiento con prisión, era por una prueba muy fuerte. Sin embargo, hoy en día ya no es así, pero el 80 % de los casos son procesos abreviados con acuerdo. ¿Qué significa esto? Que el acusado se sienta con el fiscal y el defensor. El fiscal dice: «Voy a pedir diez años, pero si reconocés, te doy dos». ¿Y qué es lo que hace el que está allí? Entonces, sustituimos aquel proceso en el que el juez investigaba y procesaba con prisión –casi que hacía un proceso en ese momento porque después no había sentencia de condena– por un proceso abreviado en el 80 % de los casos, que es bajo presión. «Firmá, o de repente te vas a comer muchos años más». Esa ha sido la regla: el proceso abreviado. Creo que cuando lo aprobamos nadie pensó que el proceso abreviado iba a ser la regla. Nadie lo pensó. Es más, no estaba previsto cuando se aprobó el código en 2014, como hoy muy bien rememoró el señor senador Mieres.

¿Qué decimos nosotros en estos casos, y aquí hay un avance? Decimos que había algo increíble. Se hacía un proceso abreviado que permitía reducir la mínima en un tercio. Con ello el fiscal no tenía que hacer toda la prueba, y además de que se le reducía un tercio la pena mínima, tenía derecho a los beneficios de la libertad anticipada y a otras cosas.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–En el caso del homicidio creo que el mínimo son cuatro años. Si le sacamos el tercio, nos da dos años y pico, casi tres. Si encima le damos libertad anticipada, mató, pero al año y medio está afuera. ¡Y sí: libertad anticipada!

Creo que había que cambiarlo. El oficialismo está aceptando un cambio aquí al establecer que los acuerdos tienen que cumplirse en su totalidad. Sin embargo, aquí hay una pequeña trampita legal y es por eso que estamos proponiendo un texto sustitutivo. El acuerdo tiene que cumplirse. Muy bien. ¿Y cuál es el contenido del acuerdo? ¿El acuerdo puede incluir que el acusado tendrá derecho a la libertad anticipada? ¿No? ¿Dónde dice que no puede? Y si no puede, ¿por qué no lo ponemos a texto expreso? Entonces, si no tiene derecho a la libertad anticipada y tiene que cumplir el acuerdo, establezcamos que el acuerdo se debe cumplir y que este no puede incluir la libertad anticipada. ¿Cuál es la renuencia a establecer que no se puede incluir la libertad anticipada? A mí me hace sospechar; por ende, me parece que hay que incluirlo.

Considero que la propuesta del señor senador Mieres es muy buena. Por fin alguien está pensando en lo que tiene que tener en cuenta el proceso penal. ¿Qué es lo más importante en el proceso penal? ¿Quién es el sujeto más importante? ¿El juez? No. ¿El fiscal? No. ¿El acusado? No. Es la víctima, porque es la afectada en sus derechos primarios. Entonces, la participación de la víctima en estos procesos es esencial, y es bueno que se haya aceptado la propuesta del señor senador Mieres de incluir a la víctima y notificarla en caso de que no lo estuviera.

Nosotros también vamos a proponer un sustitutivo al artículo 11. En esta disposición se establece que la libertad anticipada no será de aplicación para quien cometiere los siguientes delitos: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, secuestro, homicidio agravado, los crímenes de delitos contenidos en la Ley n.º 18026, y aquellos delitos por los que al condenado se le hubiere aplicado medidas de seguridad eliminativas. Creo que aquí debería agregarse la rapiña y la rapiña con violencia. Resulta increíble que quien ejerce la violencia contra otro uruguayo para asaltarlo tenga derecho a la libertad anticipada. ¡Qué mensaje, ¿no?! Qué mensaje estamos dando a las víctimas, a la sociedad y a los delincuentes: «Si vos rapiñás, quedate tranquilo que tenés derecho a la libertad anticipada».

Además, esto guarda coherencia con el artículo siguiente, que dice que el beneficio de la libertad anticipada no será de aplicación en las rapiñas en caso de reiteración. Por lo tanto, en materia de proceso abreviado tampoco debería aplicarse a los casos de rapiña.

Antes de finalizar me gustaría fundamentar algunos aspectos.

En primer lugar –es muy simple–, con respecto a la posibilidad de adoptar medidas cautelares, esta fue una coincidencia que tuvimos con la señora senadora Payssé en la comisión; ambos llegábamos a la misma solución por distintos caminos. Concretamente, me refiero a la situación que se dio con ese delincuente en San Carlos, en la cual se interpuso el recurso de inconstitucionalidad para frenar el proceso y que siguiera en libertad. Ahora esto se ha clarificado. A nuestro juicio no se podía hacer y el juez podía disponer la medida, pero no la había dispuesto y el fiscal la había pedido. Ahora queda claro que si se interpone un recurso de inconstitucionalidad, de todas formas el juez, en el mismo momento y sin violentar el artículo 258 de la Constitución, puede disponer la medida de prisión preventiva si así lo entiende.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: simplemente quiero complementar lo que está diciendo en este momento el señor senador Bordaberry. No solo coincidimos en la propuesta que hicimos, sino en que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que va en la misma dirección, o sea que avala el planteo que coincidentemente hicimos en la Comisión de Constitución y Legislación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Siempre es un placer coincidir con la señora senadora Payssé. No sé si va a usar estas coincidencias conmigo en la próxima campaña electoral; quizás le pueda arrimar algún voto.

Quiero hacer referencia a un tema técnico que no es menor. Se modifica el Código del Proceso Penal, pero también el Código General del Proceso, porque el proceso de inconstitucionalidad no está regulado en el Código del Proceso Penal sino en el Código General del Proceso, y es un proceso independiente, por lo cual si se previera esto exclusivamente para el Código del Proceso Penal podría interpretarse que para los otros códigos y procesos no está establecido. Entonces, se modifica el Código del Proceso Penal pero, sobre todo, se aclara el caso del artículo 514 del Código General del Proceso.

Otro cambio que me parece esencial introducir –me gustaría fundamentarlo porque ha tenido algún tipo de objeción importante– es el de la diligencia para mejor proveer. ¿Qué es una diligencia para mejor proveer? Es una prueba que puede ordenar el juez cuando está por dictar sentencia. El juez escucha a las partes, cada parte aporta su prueba, y antes de dictar sentencia puede considerar que si le hubieran hecho llegar determinada prueba lo hubieran convencido de absolver o de condenar. Entonces, se le otorga al juez, en forma limitada y solamente sobre hechos alegados y controvertidos por las partes, la posibilidad de producir prueba. Este es el caso de la balita y la pistola; el fiscal decía que de ese revólver había salido la bala, pero no lo había probado. Frente a ese caso, el juez puede decir: «Lo voy a probar». Algunos dicen que esto significa que el juez vuelva a su rol anterior, inquisidor, y se sume a la prueba. No es así, porque si la pericia determinaba que la bala no había salido del revólver, lo absolvía. La diligencia para mejor proveer juega para los dos lados: para absolver o condenar. Así funciona tanto en el proceso civil como en el penal. ¿Por qué todavía estamos pensando con el viejo casco del Código del Proceso Penal, en el sentido de que el juez va a actuar para condenar? ¡No! El juez va a averiguar la verdad porque, en definitiva, ese es el fin sustancial de todo proceso. No vamos a privar a los jueces de esta herramienta. Además, la experiencia indica que, en materia civil, la utilizan con muchísimo cuidado. Excepcionalmente se encuentran diligencias para mejor proveer. Este era un caso. Me parece que esto debería ser tomado en cuenta.

Estamos proponiendo también un artículo aditivo al proyecto de ley, porque aquí se planteó la duda de si el Código del Proceso Penal había derogado la Ley de Procedimiento Policial. Aclaro que entiendo que no es así, pero creo que existe una razonable duda al respecto, porque el artículo 404 del Código del Proceso Penal establece que se derogan todas las normas que se le opusieren. Obviamente, el Código del Proceso Penal incluye normas de procedimiento policial, algunas de las cuales se contradicen con la Ley de Procedimiento Policial. En función de ello, algunos intérpretes, especialmente algunos funcionarios policiales, manejaron la tesis de que si en el Código del Proceso Penal se habían dictado nuevas normas de procedimiento policial, se podía interpretar que se había derogado toda la Ley de Procedimiento Policial. Creo que no fue así. ¿Cómo se trata de subsanar esta situación? En algunos artículos del proyecto de ley que estamos considerando deberíamos remitirnos a normas de la Ley de Procedimiento Policial. Pienso que para seguridad jurídica habría que hacer uso del numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la república, que da potestad a la Asamblea General –obviamente, al Senado y a la Cámara de Representantes– de interpretar la Constitución y la ley. Así, se podría dictar una norma interpretativa que establezca que la Ley n.º 19293, Ley de Procedimiento Policial, y sus modificativas no derogaron la Ley n.º 18315, de 5 de julio de 2008. De esta forma terminaríamos con la interpretación de que la Ley de Procedimiento Policial no está vigente. Actualmente, cualquier agente u operador puede decir que esa ley no está vigente y esperar una sentencia judicial en ese sentido. Sería bueno aclarar este aspecto. Por otro lado informo que esto no es necesario para la Prefectura Nacional Naval ni para la Policía Aérea Nacional que, como se sabe, ejercen funciones de policía –la primera se desempeña en la franja costera y en los pasos fluviales y marítimos y la segunda, en los aeropuertos–, pero no tienen una ley de procedimiento policial. Están reguladas por decretos y será cometido del Poder Ejecutivo adecuarlos a la nueva realidad del proceso penal.

Por todos esos motivos, señora presidenta, antes de terminar quiero pedir que se desglosen los artículos para los que hemos presentado sustitutivos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Señor senador: ¿puede repetir los números de los artículos, porque cuando los mencionó yo no estaba en sala?

SEÑOR BORDABERRY.- Se trata del artículo 5.º, donde quisiéramos agregar la posibilidad de registrar a quienes se disponen a cometer un delito; del artículo 10, que es el que agrega que el acuerdo no podrá comprender el beneficio de la libertad anticipada; y del artículo 11, que es el que agrega a los supuestos del artículo 301 bis del Código del Proceso Penal la rapiña y la rapiña con privación de libertad. El otro artículo presentado es un aditivo y, por ende, se va a votar aparte.

Muchas gracias, señora presidenta.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de julio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827 por motivos particulares el día 4 de julio de 2018.

Sin otro particular, saludo a la señora presidente muy atentamente.

Daniel Bianchi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Queda convocada la señora Graciela Matiaude, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Asimismo, se comunica al Cuerpo que en virtud de la licencia concedida a la señora senadora Verónica Alonso desde los días 3 al 5 y desde el 9 al 12 de julio, los señores Omar Lafluf y Adriana Peña han presentado nota de desistimiento para los días 4 y 5 de julio, por lo que queda convocado el señor Pablo Iturralde, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado retoma la consideración del segundo punto del orden del día.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: me alegro de este impasse de licencias, que nos permite bajar la tendencia parlamentaria al stand up que hubo en intervenciones anteriores, porque así podemos retomar un curso razonable de un debate asaz difícil.

Quiero hacer algunas aclaraciones previas. Personalmente, no entiendo como algo bueno en los debates democráticos calificar a nuestros adversarios. No suelo hacerlo, y por lo tanto voy a tomar el camino de dar mi opinión, humildemente, según mi entender, y no por ello subestimo, califico, desprecio o me burlo de opiniones que son diametralmente opuestas a las mías, pero que hacen a la vida democrática del país. Simplemente pretendía metodológicamente aclarar lo que voy a hacer.

Por otra parte, señora presidenta, también voy a dejar como constancia –aunque todos nos conocen– que nosotros, los y las socialistas, siempre hemos opinado con libertad acerca de todos los temas que hacen a la vida política del Frente Amplio. Lo que ocurre es que tenemos una ética y la llevamos con lealtad y profundidad. Debatimos donde debemos debatir y estamos a las resoluciones que nuestra bancada y nuestro partido Frente Amplio toman. Digo esto porque no somos amigos del silencio. Siempre hemos dicho, en el acuerdo y en la discrepancia, lo que nosotros, los y las socialistas, pensamos, y es lo que queremos hacer en esta oportunidad con absoluto respeto.

Nosotros vamos a votar en general el proyecto de ley a consideración en el día de hoy. Debo decir, señora presidenta –con absoluto respeto, reitero–, que lo vamos a hacer con bastante poca convicción, pero nos vamos a someter lealmente a las decisiones que ha tomado nuestra bancada.

Entendemos, señora presidenta, que el cambio que se llevó adelante con el Código del Proceso Penal fue muy favorable, muy bueno, que tiene enormes ventajas con respecto a lo que sucedía en el proceso anterior, en el proceso inquisitivo. Ese proceso estaba plagado de problemas y parece que ahora nos olvidamos. Estaba plagado de errores y de injusticias, y ahora, mágicamente, nos olvidamos. Ahora también los hay porque, al ser aplicado por humanos, siempre los va a haber, pero creo que este cambio tiene muchísimas cosas positivas, y somos grandes defensores del cambio. Es por eso que no nos parece del todo prudente, pertinente y eficaz introducir cambios al corazón del Código del Proceso Penal en este momento. Además, entiendo que no hay nada más aéreo e idealista en este momento que pensar que por reformar, con nuestra vocación legiferante, el Código del Proceso Penal, vamos a atenuar los problemas de delincuencia que tenemos en el país. Francamente le digo que eso sí es idealista, naíf y aéreo.

Evidentemente, el Código del Proceso Penal genera cambios importantísimos. Con algunos de ellos coincido –y se han subrayado acá–, como la transparencia absoluta del proceso, el lugar que la víctima no tenía en el proceso inquisitorio –quedaba totalmente por fuera sin poder hacer absolutamente nada– o la garantía del respeto a los derechos humanos de todos. Eso fue lo que nos llevó unánimemente en esta casa a aprobar el nuevo Código del Proceso Penal, ahora volviéndolo acusatorio. Y evidentemente, tal como se ha dicho acá en sala, el imponer estos cambios grandes iba a generar resistencias en todos, no solo en los jueces y en los fiscales, sino también en la policía.

En ese sentido, como las actitudes a veces tienen un impacto enorme en la ciudadanía, debo recordar el hecho de no habernos dado el tiempo, el espacio de la tarea compartida, para analizar por todos los actores y formular cambios. Habíamos acordado un plazo de más o menos un año para hacerlo, que era lo justo, porque hace apenas unos meses que lo estamos aplicando y, obviamente, las resistencias que los cambios generan se iban a expresar. Eso era absolutamente esperable. Y voy a decir más, señora presidenta: creo que si hubiéramos esperado los plazos, habrían aparecido otras cosas del Código del Proceso Penal actual a mejorar. De eso no tengo ninguna duda. Creo que nos apresuramos y que no vamos a lograr ir al fondo de los problemas de delincuencia que estamos teniendo y que tanto parecen preocuparnos a todos.

Considero que no colaboraron mucho, en cuanto a que la ciudadanía se sienta reconocida por los actores de un proceso tan importante como este de la justicia, los debates públicos acerca de quién tiene más razón que quién. Eso no colabora, no contribuye para que la ciudadanía sienta que, de alguna manera, sus demandas resuenan; podemos discrepar, tal vez, en cómo atenderlas y creo que en eso tenemos profundas discrepancias. Quizás deberíamos abocarnos a discutir realmente y con sinceridad de política criminal –advierto que estoy totalmente de acuerdo con ello–, pero me parece que los debates mediáticos no contribuyen mucho sino que, por el contrario, incrementan, en realidad, un sentimiento de no resonancia de la gente con los actores que deben solucionar problemas muy graves. Y creo que cada uno defendió, a su manera, su zona de confort, lo que estaba acostumbrado a hacer. Hablo de todos: los jueces, los fiscales y la policía.

Estuve mirando con atención –porque uno debe tener la humildad de aprender y de reconocer que hay cosas que no sabe, que es fundamental para poder incidir en los cambios–, algunas cifras de lo que era la aplicación del código del proceso anterior –o sea, del inquisitivo– y noté que aparecen datos bien llamativos a los que deberíamos prestar atención.

Fíjense los señores senadores que, según cifras oficiales, del 100 % de las denuncias que se realizaban bajo el código del proceso anterior se comunicaba a la Justicia solamente el 38 %. O sea que ahí iba quedando un bolsón de más de 60 % de denuncias que no se comunicaba a la Justicia y ese era el campo, la zona de confort, en la que procedía el Ministerio del Interior.

Del 38 % de denuncias que llegaban a conocimiento de la Justicia, al 21,6 % se le daba canal para que se investigara sobre el tema y el resultado era un 4,4 % de imputados. ¿Estamos bien? Me parece que deberíamos reconocer que ahí tenemos que lograr algún cambio para mejorar en algún aspecto en cuanto a cómo investigamos y cómo podemos lograr que a los delincuentes responsables se los condene.

Creo que esto que sucedía –y por eso el cambio es bueno– también generaba en la ciudadanía una cierta sensación de impunidad de algunos actores que se dedican a delinquir.

Entonces, creo que hay que reconocer que sobre este campo hay que operar de alguna manera, que no es a través del cambio legislativo. Por eso insistimos en algunos aspectos a los que nos oponemos y en que el gran desafío está en la gestión de este proceso y en la que se lleva adelante analizando la realidad en los distintos actores.

La resistencia al cambio también la mostraron los fiscales, que tenían una forma de proceder completamente distinta a la que se les exige ahora y ha habido errores. Eso es verdad y lo reconoce el propio ministerio público cuando da sus cifras y dice que en los primeros momentos –enero, febrero– no se logró la formalización. Sin embargo, los números oficiales que se están manejando ahora –se pueden ver si se entra a la página web de la Fiscalía General de la Nación– están alcanzando y, en algunos casos, superando los que se daban por el sistema anterior. Me parece que eso está indicando que era necesario el tiempo de espera para lograr que un cambio cultural tan profundo como el que propone este nuevo sistema del Código del Proceso Penal se hiciera carne en el accionar, en la gestión de los actores y no a través de algunos cambios que son los que nos preocupan, porque se retrae el accionar de la Justicia y de la Policía a pasos anteriores, hacia la visión anterior y se vuelve a apostar –en el fondo, eso es lo que leemos nosotros– a que la principal función del sistema penal es la prisión.

Señora presidenta: cito algunos números solo para ilustrar. En 1999 los reclusos llegaban a 4117. Es verdad que se votaron cantidad de aumentos de pena, tal como lo señalaba el señor senador preopinante, y es verdad también que creció el delito y la violencia. En 2017 los números que tenemos son de más de 11.000 reclusos, o sea que la prisionización en el Uruguay creció extraordinariamente. Hay un aumento de 168^S% en el número de reclusos y mi pregunta es: ¿colaboró la prisionización, el aumento de penas y el encarcelamiento en las condenas y en el mejoramiento del número de delitos que se cometen en el país? Creo que la respuesta es muy clara: no. No logramos bajar los delitos, porque el tema de la seguridad y de la delincuencia es asaz complejo: está lleno de complejidades y problemas.

Insisto –hace mucho tiempo que vengo diciendo lo mismo– en que si colocamos toda la responsabilidad exclusivamente en el Ministerio del Interior como único actor que va a intervenir para la baja de los delitos, estamos errando el bizcochazo. No es el único implicado, todos deberíamos, de alguna manera y desde distintos sectores, apuntalar esto. Y no digo esto porque sepa algo, sino que repito lo que saben otros. Desde mi modesto saber y entender, escucho a otros actores sumamente comprometidos con este problema y que nos están advirtiendo hace tiempo otras cosas; los escucho para tratar de aprender.

Cuando se nos habla de que tenemos este número de reclusos, hay que tener en cuenta que el 60 % de ellos son reincidentes y el 40 %, primarios. Con el anterior proceso teníamos 67 % y más de reclusos sin condena, con todo lo que esto genera.

Además, de esos reclusos –algo se decía hoy de esto– la gran mayoría son varones jóvenes con muy bajo nivel educativo y actualmente casi analfabetos por desuso y no por no haber ido a la escuela. La enorme mayoría de ellos también tiene dificultades derivadas del consumo problemático de sustancias de algún nivel y debemos operar en estas complicaciones. Alguna experiencia se ha hecho en ese sentido, no todo es blanco y negro y tampoco hay que analizar todo en blanco y negro. Hay buenas experiencias que se han desarrollado y ahí es donde tenemos que incidir porque acá no hay pena de muerte ni cadena perpetua. Por lo tanto, esta gente va a volver a salir a hacer lo que sabe, lo que aprendió, lo que la vida le enseñó: a chorear. Va a volver a hacerlo porque no le hemos dado otra oportunidad; es así y hay que incidir, fundamentalmente, en este aspecto.

Ahora bien, es muy difícil incidir con estos números de reclusos y con la actual situación carcelaria, que se viene agravando. Recuerdo las gráficas –creo que deben ser similares hoy– que mostraban que íbamos invirtiendo dinero y construyendo más y más plazas para aliviar la presión del sistema carcelario, pero el número de reclusos iba creciendo en paralelo y hasta por encima. Esta es una carrera casi interminable. Por eso creo que hay que escuchar con un poco más de atención al comisionado parlamentario para el sistema carcelario cuando nos habla.

Aquí otra vez se nos vuelve a tildar de naíf e idealistas a algunos que coincidimos con esa visión, pero no avanzaremos si no hacemos un proceso de formación, de rehabilitación a la interna de las prisiones. Se han hecho grandes esfuerzos y conozco proyectos; no es todo horrible, no es así. Se ha invertido, pero aún no es suficiente. Necesitamos clasificar a las personas para tratar distinto a los que son diferentes. Ese es un enorme esfuerzo que ha hecho este ministerio, que nadie reconoce hasta el momento. Se ha hecho, pero aún falta más por hacer.

Por este motivo, escucharía con más atención cuando el comisionado parlamentario para el sistema carcelario nos dice que debemos apuntar a sistemas de cárceles más pequeñas para poder rehabilitar, si no, es muy difícil. En mi humilde opinión, ahí tenemos uno de los grandes problemas que enfrentamos en el tema de la delincuencia: los altos índices de reincidencia. Ahí hay que operar.

Es por eso que me pregunto si no es momento de ponernos a pensar en cómo con este nuevo Código del Proceso Penal podemos atender con un mayor control a quienes salen de la cárcel, porque el organismo que tenemos hoy para controlar a los reclusos una vez que están afuera es pequeño, no tiene posibilidad de acompañar el proceso de inclusión cuando trabajamos en rehabilitación. Esto será muy idealista, pero sinceramente no encuentro otro camino, porque seguir engordando cárceles no es la solución. La prisión eterna sin observar el caso concreto, es una de mis mayores contradicciones, pensando en cambios relativos a la prisión preventiva.

Por otra parte, me he asesorado y en ningún lado dice que la prisión preventiva está prohibida. Se puede disponer, está resguardada la posibilidad de la prisión preventiva. Por lo tanto, me da la impresión de que lo que está ínsito es que es mucho más fácil meter a la gente en cana y después tratar de arreglar las cosas. Eso es lo que a veces extraña. Ahora hay que procurar otras cosas. Actualmente se conocen los números y es verdad que de las previsiones que se tomaron –en las que hay que reconocer que hay posibilidades de error–, de aproximadamente doscientos cuarenta mil casos pasamos a trescientos ochenta y ocho mil, de acuerdo con las cifras que he obtenido de la propia fiscalía. Por lo tanto, de unos veinte mil casos mensuales pasamos a veintinueve mil. Haciendo mal los cálculos, ahora se desbordó la cosa. Aparecieron una cantidad de casos. Yo no sé si esto habla de un aumento brutal de la delincuencia o de aquel 60^S% que no pasaba por la Justicia, porque el proceso no lo pedía –no es culpa de nadie–, ahora sí tiene que pasar. Entonces aparecen estos desajustes.

Quiero hacer una pregunta honesta –no creo saber más que nadie–, que creo que otros también se lo preguntan y tengo que ser lo suficientemente honesta como para traer estas dudas al Senado, porque los que piensan como yo también deben estar representados. ¿Es con la reforma del Código del Proceso Penal que vamos a arreglar estos problemas graves que emergen? Me pregunto si la actitud de demonizar de todas las formas posibles el Código del Proceso Penal es lo que va a colaborar con que mejoremos los niveles de seguridad de la población uruguaya. La verdad, tengo que decir que creo que no. Considero que inciden mucho más otras cuestiones. Pienso que deberíamos haber hecho un esfuerzo honesto y esperar a que los zapallos se acomodaran en el carro y una vez que pasara el tiempo, formular y apreciar otras reformas, porque estoy segura de que van a venir otras y que las vamos a tener que votar. Me parece que no es justo que se apunte al Código del Proceso Penal, cuando desde mi más profunda convicción el cambio ha sido para mejor.

No me gusta trabajar en la casuística, porque después parece que legislamos por un caso que se hizo mediático, cuando hay que legislar por la realidad, pero se han cometido mil injusticias para un lado y para otro. Sabemos de personas que han sido declaradas culpables cuando no lo eran y de personas culpables que quedaron libres por el otro código. Este código no es la madre de todos los problemas. No es bueno ofrecer excusas a ninguno de los actores del sistema de aplicación de la justicia.

Cuando tuve la brevísima experiencia de pasar por el Ministerio del Interior nos costaba mucho decir a la ciudadanía que no podíamos atender el reclamo, porque no teníamos móviles o nafta. Y debo decir que esa era una respuesta muy frecuente. Tratamos de revertirlo; el ministerio ahora tiene móviles y por suerte le han dado todas las garantías. Después se empezó a hablar de los menores y parecía que eran la causa de todos los problemas de delincuencia. Pero a partir de la opinión de la ciudadanía sobre el tema y de algunos agravamientos de pena que se votaron en el Parlamento eso se opacó un poco y ya no lo escuchamos con tanta fuerza. ¿Y ahora quién emerge? El Código del Proceso Penal.

Como he dicho, dentro de lo posible nos hubiera gustado que la evaluación se hiciera con tiempo y escuchando a todos los actores. Con respecto a la seguridad, se tendría que haber atendido los problemas que se nos han señalado y que para mí cobran bastante mayor relevancia que las normas penales.

SEÑORA PRESIDENTE.- Disculpe, señora senadora, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA TOURNÉ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- De repente no se cuenta con cierta información.

En la Comisión de Constitución y Legislación recibimos a todos los interesados: a la Fiscalía General de la Nación, a las cátedras, a los jueces, etcétera. En realidad, coincidimos en esperar a que transcurriera un año para evaluar el nuevo código. Lo que sucedió fue que la evaluación se aceleró, no porque lo quisiera la comisión, sino porque a iniciativa del señor senador Mieres se citó a los involucrados que estaban siendo acusados públicamente de ser los culpables de la aplicación del Código del Proceso Penal.

Reitero: primero, fue el ministro del Interior quien acusó a la Suprema Corte de Justicia y esta le contestó sensatamente. Luego, acusó a la Fiscalía General de la Nación y esta lo acusó. Finalmente, con mucha sensatez el señor senador Mieres dijo que éramos nosotros los que teníamos que evaluarlo, por lo que convocamos a los involucrados para que nos dijeran qué era lo que estaba pasando. Coincidimos –en un cien por ciento– en que lo mejor hubiera sido esperar el año que nos habíamos fijado –sin duda–, pero el señor ministro del Interior fue el primero en comenzar a decir que el código no servía, que era el culpable de todos los males, y hasta envió un proyecto de ley.

En realidad, siento que el palo no es para nuestro gallinero –sé que no es un palo, pero quizás por estar tan acostumbrado a recibirlos tiendo a pensar que sí–, pero la realidad de la situación es esta: lo mejor hubiera sido esperar el año, porque todos coincidimos en que el problema de la inseguridad viene de mucho antes.

Y permítaseme una segunda aclaración. Sin lugar a dudas, como dice la señora senadora Tourné, el del sistema carcelario constituye uno de los problemas más grandes que tiene el Uruguay en materia de seguridad, junto con la reincidencia, y quizás si recogemos el guante deberíamos acelerar la creación de un instituto nacional de rehabilitación independiente, de la misma forma que se creó el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Inisa. El proyecto de ley está ahí. Cuando se habló del tema de los menores, creo que el resultado fue bastante bueno, pues se terminó sacando a los menores infractores de adentro del INAU, al tiempo que se estableció el mantenimiento de los antecedentes en determinados supuestos y se agravaron las penas hasta diez años para esos casos. Creo que hablar de las cosas y ponerlas arriba de la mesa –tal como estamos haciendo ahora– ayuda a mejorar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Ante todo, digo al señor senador que estoy informada. No pertenezco a la Comisión de Constitución y Legislación ni soy abogada –parece que estas son dos cosas determinantes para que uno no pueda meterse en estos temas–, pero escuché con gran atención a todos los operadores que pasaron por la comisión y se expresaron acerca de estas modificaciones que ahora, por suerte, en algunos casos, mejoraron grandemente su redacción. ¡Todos opinaron en forma contraria a la propuesta! Entonces, el hecho de que la bancada del Frente Amplio haya aceptado modificaciones está indicando que se reflexionó sobre algunos puntos en los que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo tenía errores. ¡Gracias a Dios, Montesquieu vive! ¡Y la separación de poderes existe! ¡Y todos los integrantes del Parlamento –inclusive quienes pertenecen al oficialismo– pueden dar su opinión acerca de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo! ¡Creo que es muy sano que procedamos así! ¡Es muy bueno para este Parlamento y para la democracia! Distinto es cuando pretendemos que el Parlamento o el sector oficialista funcionen de otra manera, como de hecho los vi hacerlo, pues hace muchos años que estoy acá y otros tantos estuve en la Cámara de Diputados, y los vi funcionar como la correa de trasmisión más maravillosa entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. ¡Aquello era una maquinita de relojería! ¡Maravilloso!

Por suerte, acá tenemos un sentido democrático y ético diferente. Doy las discusiones a la interna de mi partido, ¡por supuesto! Acato las mayorías –las respeto–, pero también, como minoría, tengo derecho a expresarme, y mi partido –¡por suerte!–, fundamentalmente democrático –que lo es–, me concede ese derecho. Esa es una base más que clara de lo que la izquierda en este país piensa y también hace, cosa que no vi que hiciera en otros momentos, el Ejecutivo. ¡Para nada! Entonces agradezco humildemente, desde mi posición minoritaria, en algunos artículos, que mi bancada me autorice a ejercer mi derecho como minoría; lo agradezco y es un reconocimiento a la grandeza de mi propio partido, el Frente Amplio.

Para terminar, señora presidenta –pues creo que no es necesario abundar demasiado–, digo que hay que ser respetuoso con las cifras, le vengan bien a uno o no. Hay que manejarse con las cifras oficiales. Entonces, cuando acá se habla tan mal del juicio abreviado, debo decir que a mí me parece muy bueno. Y no es verdad que se aplique en más del 90 % de los casos, como afirmara algún actor de la Suprema Corte de Justicia. ¡No es así! Los números oficiales hablan de un 51,7 % de aplicación. ¿Saben qué olvidan decir cuando denuestan el juicio abreviado? ¡Que, ahora sí, ese 51,7 % tiene condena! ¡Es procesado! Repito: ¡tiene condena! Eso no sucedía con el código anterior pues, como ya venimos de demostrar, había un 67 % de presos que no tenían condena, amontonados en la cárcel. ¡Hoy, el 51,7 % tiene condena! El 25,4 % va a suspensión condicional de la pena; es un acuerdo: se le suspende mientras cumpla con lo que se acuerda. ¡No está mal! ¡No es cierto que a partir de la aplicación del código se tenga la responsabilidad de liberar delincuentes! ¡No es así! Hubo errores, sí; lo reconoce la fiscalía, como deberían reconocerlo otros, pues se han cometido errores en el ajuste de esto.

¿Saben cuál es el porcentaje promedio de juicio oral y público en los países que tienen este régimen, es decir, a nivel internacional? Es de un 10 %. Solo el 10 % llega al juicio oral y público. Sin embargo, en Uruguay, el porcentaje está llegando al 19,9 %, casi un 20 %. Entonces, creo que aprovechando el código del proceso, cada uno le pone la culpa que quiere ponerle.

Es cierto lo que decía algún jurista connotado –uno que acostumbro leer y de quien suelo recibir consejos– en el sentido de que los uruguayos tenemos esa vocación legiferante por la que creemos que aprobamos una ley y solucionamos todos los problemas. ¿Hay problemas? Corregimos los artículos y se arreglan los problemas. ¿Saben lo que más me preocupa de todo esto? El hecho de dar a la ciudadanía un mensaje equivocado, el de que arreglando estos artículos va a estar más segura. Estamos haciendo un intento, pero se necesita colocar la mirada de todos y todas en lugares bastante más difíciles de gestionar.

Miren que acá no podemos hacer un campeonato para saber quién fue el mejor gestor de la seguridad. Si analizamos los contextos y los titulares de los periódicos de la época, veremos que iban y venían los bandazos para todos lados. Acá no hay magísteres en seguridad, no, porque los contextos varían, las situaciones son muy difíciles, en todo momento –lamento no haber traído los titulares, que los tengo, incluso los que se me dedicaron–, y hace años que venimos con el problema. Me parece que sería muy sano que el sistema político, que pretende representar a la ciudadanía desde todos los lugares, abandonara la actitud magisterial de enseñarnos los unos a los otros lo que es mejor hacer y, humildemente, juntos nos abocáramos a conseguir soluciones de consuno para que la gente se sintiera un poquito mejor con lo difícil.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA TOURNÉ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: la señora senadora Tourné hizo referencia a una afirmación que hice en mi intervención respecto al número de procesos abreviados que se habían resuelto durante todo este tiempo. Los datos que manejo son los de la Suprema Corte de Justicia que, entiendo, es un organismo válido para tomar como referencia en materia de estadística, nada menos que de los procesos.

De 3867 procesos, solo 49 –ahí estoy hablando de ese 2 % que mencionaba– fueron por la vía del proceso largo; el resto fueron: proceso abreviado –alrededor del 80 %–, 45 casos de acuerdos reparatorios y 995 de suspensión condicional de la pena. Conclusión: los mecanismos de resolución del conflicto que no van por la vía del proceso ordinario constituyen el 98 %. Ese es un dato que surge de las estadísticas de la División Informática de la Suprema Corte de Justicia y fue lo que nosotros referimos en su momento. Esto prueba que, en realidad, el problema que hemos tenido –del origen que sea– en cuanto al error en el cálculo del número de fiscales que se requerían, está generando este tipo de exageración, es decir, en vez de resolverlo por el camino del proceso en un número razonable de casos se resuelve por la vía abreviada o por la suspensión condicional de la pena, y estamos en un número extremadamente exagerado para lo que tradicionalmente ocurre en otros sistemas judiciales, donde se está en el orden del 20 % o 30 %.

Me parece que este es un problema muy serio, porque cada uno tiene su estadística; las que manejaba la señora senadora Tourné, según creo, provienen de la fiscalía, pero también están las del Ministerio del Interior. A su vez, acá se dijo algo muy grave. La señora senadora Tourné dejó entender –no digo que lo haya dicho ella, pero es lo que se deduce de sus palabras– que hasta que empezó este conteo paralelo de la fiscalía, el Ministerio del Interior no nos decía la verdad. Eso es algo muy grave: no nos decía la verdad. Acá hay dos posibilidades: o aumentaron los delitos de una manera exponencial en los últimos seis meses –es lo que personalmente creo– o el Ministerio del Interior estuvo mintiéndonos durante mucho tiempo, maquillando las cifras, y ahora no puede hacerlo porque hay un conteo paralelo, como decía la señora senadora Tourné. En los dos casos la situación del ministro del Interior es absolutamente insostenible.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: otro de los autores que leo es Lacan, quien dice: «Usted es responsable de sus palabras y no de lo que escucha el otro».

Jamás acusé al ministerio de maquillar cifras. No dije eso. Lo que dije fue que hay un salto desde el cálculo del año 2017, donde se cuentan 247.280 casos, al de 2018, donde hay 388.000. ¡Eso fue lo que dije! Y no dije más nada. Cité los números; nada más.

No voy a ponerme a discutir acá, infantilmente, como preescolar, sobre las cifras. Creo que las cifras de carácter más oficial son las de la fiscalía porque cuenta con todos los elementos, y por eso me remito a ellas; pero, en fin, cada uno busca las cifras y los asesores que quiere. «La libertad es libre».

Ya he dicho todo lo que tenía para decir, señora presidenta, y me alegro de haberlo hecho. Vuelvo a agradecer a mi bancada por ofrecerme la oportunidad de expresarme, como siempre lo he hecho por otra parte. No me corresponde a mí la acusación de silencio de ningún tipo. Nunca lo he tenido.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: tendríamos que apelar al VAR, como en el mundial. Si pudiéramos hacerlo, el lío sería enorme porque estamos discutiendo las modificaciones al Código del Proceso Penal y caben dos puntualizaciones, sin incurrir en grandes exageraciones gestuales para no molestar a la señora senadora preopinante.

SEÑORA TOURNÉ.- Un stand up.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El stand up lo hizo un senador compañero de su partido.

En primer lugar, estamos analizando un proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo. No es una iniciativa de la oposición que salió corriendo a buscar la forma de corregir las deficiencias. Vamos a ser muy claros en el tema: este es un proyecto del Poder Ejecutivo, o sea que todo lo que se ha expresado acá respecto a los apresuramientos, le cabe al Poder Ejecutivo.

En segundo término, ¿por qué ocurrieron? Por una catarata de declaraciones. ¿Hechas por la oposición? ¡No! Lo dijo el senador Lafluf en el día de su cumpleaños, dijo que todas las declaraciones fueron de jerarcas del Poder Ejecutivo, incluyendo al señor presidente de la república.

Quiero hacer algunas consideraciones.

Ante todo, lo que vamos a aprobar no soluciona el problema de la inseguridad. Seamos claros. Estamos considerando este proyecto de ley en medio del campeonato mundial de fútbol y a tres días del partido definitorio de Uruguay-Francia. Que la gente no crea que estas modificaciones van a lograr un cambio mágico porque el problema de la seguridad no está en el CPP, decir eso sería una falacia. El problema está en el Gobierno, en el presidente de la república y en cómo se gestionan las políticas de seguridad. Esa es la realidad. Y esto se suma, también, a algo que fue reconocido por jerarcas del Gobierno: el fracaso de buena parte de las políticas sociales, a lo que cabe agregar los indicadores deficientes en materia de educación.

Ahora bien, miremos hacia atrás. ¿El Gobierno comenzó su gestión hace dos años? ¡No! Llevan ya trece años de gobierno –¡trece años!– y todos los días amanecemos con alguna cortina de humo. ¡Todos los días! No hace mucho, cuando nos despertamos y leímos –muy temprano– el diario con las declaraciones que hacía el director de la Policía nacional, pensamos: «Dura cuatro horas en el cargo; lo que demore en despertarse el presidente y llamarlo para decirle que se vaya». No. Era una cortina. Después vinieron los cruces de acusaciones donde generalmente desde el Ministerio del Interior se pretende diluir las responsabilidades. ¿Cuánto hace que el señor senador Bordaberry interpeló al ministro del Interior? ¿Dos meses? ¿Tres? Y aquí abajo, con gesto de sobriedad, de sabiduría omnipotente y con mirada atónita, poco menos que se nos decía que lo que expresaba la oposición eran todas taradeces o buena parte de disparates. Resulta que no, no era tan así.

La responsabilidad de esta campante inseguridad que castiga a todos los uruguayos es del Gobierno, con una cantidad de aditamentos y concausas que confluyen en esta problemática. Pero no hay que hacerse los distraídos, además, los problemas no nacieron con el Código del Proceso Penal. ¿O nacieron con un instrumento legal que tiene seis meses de aplicación? Desde la fuerza política de gobierno se nos dice aquí que quizás lo mejor hubiese sido esperar un año. ¡Un año! Recordemos que el Poder Ejecutivo se apuró en enviar, con la firma del presidente de la república, este proyecto de ley que hoy estamos tratando.

Voy a ir de lo general a lo particular. En muchas oportunidades coincidimos con la cátedra en procurar mejorar el sistema penal, pero no nos tiembla la voz al decir que en ocasiones podemos discrepar en los modos de llegar a esos objetivos. Respeto enormemente a la cátedra, son juristas de nota, respetables, con juicios ponderados y sensatos. ¡Que no vaya en mis palabras ninguna mengua de ese concepto ni del predicamento de esos juristas! Pero si siempre coincidiéramos con la cátedra, no tendría sentido estar sentados acá. Somos parlamentarios; de lo contrario, tendrían que venir a sentarse los catedráticos para dictar las leyes vinculadas a las áreas de su competencia. Me parece que no es así, porque ante todo somos representantes de la ciudadanía. Si coincidiéramos siempre con la cátedra, tendríamos que eliminar aquellas medidas de seguridad que se quieren retirar y que permitirían no imponer penas de cuarenta y cinco años a quienes, por ejemplo, violaron hace un tiempo a una niña, u otras sanciones delictuales que se quieren derogar.

Tenemos discrepancias con muchos de los especialistas que han hecho pública su posición porque, además de respetar los principios del modelo acusatorio, el principio de congruencia y de oportunidad, hay que respetar la búsqueda de la verdad y el sentido de justicia para que primen en una república por sobre la noción de impunidad que puede darse cuando los delitos no sufren un reproche acorde a lo que significa ese modelo a sancionar. La transición sin escalas que se hizo del modelo inquisitivo al acusatorio, hizo que la ciudadanía percibiera una debilidad del sistema de justicia, no de los fiscales, no de los jueces, ni de la ley. La sensación de mucha gente fue la de sentirse sin justicia.

Señora presidenta: hay cuestiones que rechinan. Hay una suerte de lógica mercantil en el perseguir algunas cosas y no otras, según la lesividad o el hacer economía nada menos que con el principio de justicia. Precisamente, este proyecto de ley busca subsanar eso. Quizás haya situaciones a analizar en un contexto mucho más crítico. Que estemos en un proceso adversarial de partes en igualdad es una cosa, pero que el juez sea poco menos que un espectador, es demasiado. El juez no puede terminar siendo solamente un espectador. En todos los sistemas, en el derecho comparado, hay atenuaciones que mitigan precisamente esos impactos.

Reconozco todos los fundamentos de la cátedra, que no son nuevos porque esta discusión sobre modelos penales tiene larga data, tanto como la propia noción de Estado, que es la base misma de nuestro modelo de sociedad. Si dejamos en manos del Estado la resolución de nuestros conflictos, queremos que esté presente y nos proteja de la mejor manera, y no que se abstenga en base a si tiene o no fiscales. En todo caso, si faltan fiscales, habrá que poner más y no renunciar a juicios, que es un poco lo que ha significado, por ejemplo, el proceso abreviado.

Además, señora presidenta, no hay un solo modelo acusatorio; hay varios. Por ejemplo, en el modelo francés y en el alemán, el juez tiene más facultades que en el modelo que se nos propuso. Con esto empiezo a ir a lo particular, es decir a la prisión preventiva. A veces se discute sobre el alcance de los derechos y está bien, pero debemos tener presente que la Constitución permite limitar, nada más y nada menos que la libertad de una persona, es claro que en caso de infraganti delito o habiendo semiplena prueba de ello. O sea que, aun rigiendo el principio de inocencia, aun sin haber prueba completa contra el indagado, un juez puede dictar prisión. Entonces, cuando se nos dice desde la cátedra que no corresponde la prisión preventiva en caso de reiterantes o reincidentes, no tenemos el gusto de compartir el argumento, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se plantea cuando se dice «fracasó la pena»? Si fracasa la pena, ¿no será que fracasa el individuo o fracasan las políticas de rehabilitación que el Estado tiene que procurar llevar adelante? El proyecto prevé una presunción; no es un indicio, lo que sería un dato o una cuestión concreta. El proyecto prevé una presunción y una presunción es un modo intelectivo, una manera de razonar que llevará luego a concluir o no que las cosas son de un modo y no de otro. Y la presunción es que el reiterante o reincidente cumple las condiciones para el dictado de la prisión preventiva, que –recordemos– figuran en el artículo 224 del Código del Proceso Penal. Concretamente, dice así: «Artículo 224.- (Requisitos para disponer la prisión preventiva). 224.1 Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República)».

¿Acaso un reincidente al que se le imputa violación, rapiña u homicidio no representa un peligro para la sociedad? ¿Tan descabellado es presumir que es un peligro y, por lo tanto, resguardar a la sociedad? Creemos que no, y por eso es necesario que apoyemos estas modificaciones.

Por ejemplo, en Alemania hablan del peligro de reiteración y habilitan la preventiva en varios casos. Frente a los que se oponen a esta modalidad, los catedráticos alemanes sostienen que la opinión de que la causal de peligro de reiteración no es compatible con los principios propios del Estado de derecho es débil debido a su generalidad y presenta el defecto de que el criterio del Estado de derecho es visto de manera aislada, sea desde el punto de vista de una limitación de determinado derecho constitucional, y no en relación con la necesidad de una protección de los derechos constitucionales en su totalidad. Por estas cuestiones acompañamos las modificaciones sobre la prisión preventiva.

Creo, sí, que en el caso del artículo 9.º –y reitero que apoyo las modificaciones propuestas y también las vertidas en sala por el señor senador Bordaberry– de este proyecto de ley, es decir, el que se refiere al numeral 1) del artículo 224, debería habilitarse al juez al que se le solicita el dictado de la prisión preventiva a acceder a la carpeta de investigación del fiscal para que, de ese modo, se pueda configurar la semiplena prueba. Si no se ve el material del fiscal –que no es prueba porque es actividad administrativa– no podrá el juez conformar la semiplena prueba, que es el requisito constitucional.

Otra cuestión que quería abordar tiene que ver con limitar el instituto de la libertad anticipada. Es evidente que el sistema de penas está perforado por un conjunto de institutos liberatorios que generan la sensación de penas de papel, de puerta giratoria donde es fácil entrar y salir. Por eso hemos presentado un proyecto de ley que limita los institutos liberatorios –que también está presente en el proyecto de reforma constitucional que está siendo objeto de recolección de firmas–, porque hay delitos que requieren el cumplimiento efectivo de las penas. ¡No hay vuelta! ¡No puede haber descuentos en determinadas situaciones que son gravísimas! Más allá del fracaso de las penas y de las cárceles, lo que importa es que el delincuente esté privado de su libertad y no suelto, para volver a cometer delitos. ¡Ese es el tema central de todo este asunto! Después entraremos en la falta de rehabilitación de las cárceles en Uruguay, en los modelos carcelarios, en la cantidad de presos que hacen al hacinamiento carcelario, etcétera. Impulsamos la iniciativa de la cárcel de Punta Rieles en el período anterior y se logró transformar el cuartel de Punta Rieles en una cárcel para ochocientos presos. Incluso, el entonces diputado Semproni –hoy lamentablemente fallecido– colaboró también con esa iniciativa. Esa cárcel se hizo efectiva y ahora, nuevamente, tenemos problemas porque ya se van a superar las dos mil locaciones y vamos a entrar en el modelo de cárcel superpoblada.

Hay delitos que requieren un cumplimiento efectivo de las penas y creo que al elenco de delitos que nos propone la comisión hay que agregarle, por ejemplo, la rapiña, como señalaba el señor senador Bordaberry. ¡Me parece que eso está cantado! También le agregaría el delito de trata de personas, señora presidenta, porque estamos hablando de un delito grave. Si a determinado delito no respondemos con un castigo justo, estamos lastimando el sentido de justicia de la sociedad, el orden que impone la norma jurídica. ¡No hay vuelta! La norma jurídica es el mejor sayo, es la mejor forma de llevar adelante el principio de autoridad y el orden conjuntamente con todas las políticas de rehabilitación que sean necesarias, con todas las políticas sociales y con la más importante de ellas que es la educativa. ¡Vaya que también es vital a la hora de concebir un sistema punitivo! Como enseñaba Roxin, «la pena debe imponerse para que la justicia domine en la tierra». Sé que a algunos les causa molestia escuchar esto, pero no podemos desconocer que la pena también tiene, en cierto grado, un sentido kantiano de retribución. No es solo la prevención general y particular, ni la rehabilitación y profilaxis del delito, hay un componente de castigo en la pena. ¡Hay que reconocer que la pena tiene un componente de castigo, de sanción! ¡No hay vuelta! ¡Esto es así desde el comienzo de la humanidad! Hay una retribución negativa por el incumplimiento de una norma penal. Cuando se fija una pena de cinco años por una rapiña, aunque el individuo se rehabilite al otro día de haber entrado en prisión, el sistema no le da la libertad porque hay un componente retributivo y de castigo innegable y esto tiene que ser así; de lo contrario, no hay manera de resolver este lío. La gente no puede percibir que hay una suerte de puerta giratoria que le permite al rapiñero, violador o asesino andar libremente por su barrio al poco tiempo de cometer el delito.

La Constitución habla de reeducar, de profilaxis del delito, de actitud para el trabajo, pero antes habla de asegurar al reo. Esto significa tenerlo recluido porque primero se protege a la sociedad. ¡Ese es el valor jurídico tutelado! ¡No hay vuelta, la busquen por el lado que la busquen; si no, la sociedad fracasa dos veces! Fracasa la pena, fracasa la sociedad y fracasa el Estado que no le traslada a la sociedad la imposición de esa pena.

Apoyaremos estas modificaciones, aunque creemos que debería ampliarse el elenco de delitos y los institutos liberatorios que se restringen porque, si no, estamos en la misma vuelta. Lo que no entra por libertad anticipada viene por la libertad vigilada, la vigilada intensiva o por otras circunstancias que me parece que son equivocadas.

Finalmente, también vamos a acompañar la propuesta del señor senador Bordaberry para que el juez pueda adoptar medidas para mejor proveer; va de suyo. Si bien hay quienes sostienen que cambia el eje del código, debo confesar que entre cuidar coherencia en el código o dar seguridad a la ciudadanía, nos quedamos con la gente –no hay vuelta– porque es el sentimiento de justicia el que debe primar. ¡¿Cómo se le puede negar a un juez una diligencia para mejor proveer?!

Hay que señalar, como lo hacíamos al principio, que Alemania, Italia y Francia tienen modelos acusatorios donde el juez interviene activamente en la generación de prueba. Entonces, ¡no entremos en el absolutismo de pensar que los modelos acusatorios inhiben a los jueces de poder aportar prueba!

En nuestro país, en una discusión doctrinaria muy fuerte sobre el error manifiesto –esto es, aquellos casos en donde el fiscal comete un error en la calificación jurídica y con eso pide una pena ilegal– se discutía, precisamente, si el juez podía corregir esa situación. Había –y hay– una corriente doctrinal que considera que el juez no puede intervenir. Y en esa discusión el doctor Armando Tommasino –estupendo jurista– sostenía textualmente: «… si se pretendiere siempre y en todo caso, aun ante una evidente ilegalidad, que la acusación someta a sus lineamientos la decisión del juez, ello se traduciría en el predominio indebido de una de las partes del juicio sobre la que está llamada a fallar; en la quiebra y el desconocimiento de la ley; y, en definitiva, en el arbitrio acusatorio, a cargo de un órgano ajeno a la Justicia aunque tenga por misión cooperar con ella, lo que en última instancia es un riesgo aún mayor que aquel de la arbitrariedad judicial».

Traigo a colación este comentario de una discusión distinta –puede ser cierto–, pero que considero trasladable en cuanto a que no concibo que haya una limitante al juez en la función republicana de impartir justicia. Que se le pongan al Juez todas las condicionantes, que se establezcan todas las garantías al imputado, pero que también haya garantías para la república de que hay jueces impartiendo justicia. Reitero que si eso cambia el eje del código, ¡que lo cambie! Los principios generales siempre admiten excepciones para una mejor justicia.

En Alemania, en Italia y en Francia existe la oportunidad para que el juez esclarezca los hechos diligenciando ¡prueba de oficio! Para dictar una sentencia justa, el juez debe conocer a plenitud los hechos, y si las partes no le han provisto de todos los medios deberá procurárselos por sí mismo.

El catedrático brasileño Barbosa Moreira sostenía, analizando esta posibilidad, que «no constituye razón suficiente para desechar semejante idea» –la posibilidad del juez de generar prueba– «el temor de que la participación activa del juez ponga en jaque su imparcialidad. Pues si tuviéramos que tachar de parcial al juez que ordena la realización de una prueba, solamente porque el resultado puede beneficiar a uno de los litigantes, lógicamente su eventual abstención merecería la misma crítica, ya que la falta de prueba causaría beneficio al otro litigante (o parte). Por lo tanto, al actuar con miras al descubrimiento de la verdad […] el juez no sustituye a las partes, sino que lleva a cabo una tarea inherente a su propia función. Fallar en efecto significa en último análisis, aplicar una norma jurídica a un hecho, por consiguiente, al juez no le es menos imprescindible la aprehensión del hecho que el conocimiento de la norma».

SEÑORA PRESIDENTE.- Disculpe, señor senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Muchas gracias señora presidenta, y muchas gracias al Cuerpo.

Sobre el texto en sí mismo debo señalar que me preocupa la coherencia entre los nuevos incisos 271.8 y 271.9 en cuanto al plazo de que dispone el juez que solicitó la medida probatoria. Si pide una diligencia como una prueba de ADN o una pericia balística y estos resultados no están en el tiempo de dictar sentencia, el juez igualmente deberá fallar. Creo que sería bueno suspender el plazo, o bien darle uno nuevo que pueda contemplar esas variables. Si es posible, creo que sería oportuno que se analizara esto para generar la perspectiva de que el juez también tenga la oportunidad de obtener esa prueba.

También creo que sería oportuno establecer con claridad el criterio de hasta cuándo puede celebrarse el proceso abreviado. Esto lo he hablado con operadores judiciales, e incluso fue motivo de alguna consideración por parte del profesor Garderes en la comisión. Refiere a lo dispuesto por el inciso 273.1, que deja abierta la puerta a la interpretación que el proceso abreviado pueda plantear durante el tiempo en que se puede pedir el sobreseimiento, es decir, hasta que quede ejecutoriada la sentencia. Sería bueno precisarlo a efectos de que quede claro para los operadores judiciales.

Estas son algunas de las consideraciones que motivaron mi exposición, señora presidenta, entendiendo que quizás el tiempo de apreciación que ha transcurrido para realizar estas modificaciones al Código del Proceso Penal no permita aquilatar debidamente el impacto que esto tiene en la seguridad ciudadana. Esta iniciativa proviene del Poder Ejecutivo, pero nosotros la vamos a respaldar porque creemos que es relevante para aportar a un proceso judicial que tiene complejidades, y que no se agotan aquí los temas que vinculan a la seguridad pública.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Se dijeron muchas cosas hoy aquí, pero yo quiero decir otra. El viernes estuve en una recorrida por Casavalle y pasé por un centro comunal en el que encontré una hermosa movida de jóvenes, de no más de dieciocho años y pertenecientes a diferentes barrios, que estaban participando del final de un concurso literario. Eso fue realizado en el marco del programa socioeducativo Mové tu Barrio, del Municipio D, y los talleristas fueron financiados por el Ministerio de Interior.

Voy a compartir con ustedes uno de los poemas escritos por uno de los chiquilines que participaron. ¿Por qué lo hago? Simplemente para que sepamos que esto también existe.

El poema se llama «Luz», y dice así:

«Qué poesía tan preciosa

ante los ojos de lo superficial

una rosa…

Cuidar y regar

mirar y apreciar

cómo crece, cómo envejece

cómo su pétalo vuela a la nada y desvanece…

El girasol es fiel a su reproche

pues es diferente a las otras flores

exige a la luna por el placer de la paz en la

noche.

Está solo! Por su locura!

Por ser de los que no jura

a través de superar la parte oscura

se hizo su propia armadura

mente impura, alma pura

busca al dolor una cura

a la herida puntos de sutura

que no se generen más rupturas

porque las espinas en el corazón se sitúan

cuidar y regar la rosa que la vida es dura…».

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Queremos solicitar un cuarto intermedio de quince minutos a efectos de ordenar la votación, los aditivos y los sustitutivos propuestos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 15:19).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:42).

–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: recogiendo la idea de los distintos partidos, voy a proponer que se desglosen los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10, 11, 12 y 15, que se suprima la lectura del resto del articulado, con el que estamos de acuerdo, y se vote en bloque.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: estamos de acuerdo con el criterio planteado, pero solicito que se reiteren los números de los artículos desglosados.

SEÑORA PRESIDENTE.- Los artículos desglosados serían los siguientes: 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10, 11, 12 y 15.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el criterio sugerido para la votación en particular.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 1.º a 16 inclusive, con el desglose de los ocho artículos mencionados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 5.º.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: quiero señalar que hay un artículo sustitutivo. No sé si los sustitutivos se votan a continuación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Primero se van a votar los artículos tal como vinieron de comisión; si el resultado fuera negativo, se votará el sustitutivo. ¿De acuerdo?

SEÑOR BORDABERRY.- De acuerdo, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5.º tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

Por lo tanto, el sustitutivo queda descartado.

En consideración el artículo 6.º.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: queremos solicitar que este artículo 6.º, que ya fue desglosado, vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la vuelta a comisión del artículo 6.º.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

SEÑOR PATERNAIN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PATERNAIN.- Señora presidenta: en la Comisión de Constitución y Legislación votamos contrariamente a este artículo por las razones que allí expusimos. Sin perjuicio de ello, en este caso, para respetar los acuerdos de la bancada del Frente Amplio, decidimos acompañarlo con nuestro voto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 31. Afirmativa.

A continuación, vamos a considerar los artículos aditivos.

Léase el primer artículo aditivo propuesto, que figura en la página 1 del material distribuido.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Sustitúyese el artículo 235.1 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:

“235.1 En los procesos regidos por este Código, cesará la prisión preventiva cuando:

a) el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal;

b) el imputado haya agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por sentencia de condena, aún no ejecutoriada;

c) el imputado haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la libertad anticipada;

d) hayan transcurrido más de dos años contados desde el momento efectivo de la privación de libertad y aún no se haya deducido acusación;

e) al concluir el proceso con sentencia de condena ejecutoriada y comenzar a cumplirse la pena privativa de libertad.”». (Firman los señores senadores Carrera, Otheguy, Martínez Huelmo, Payssé, Michelini y Ayala).

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo que figura en la página 2.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Sustitúyese el artículo 339.3 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:

“339.3 La persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término superior a dos años, sin perjuicio de otras medidas cautelares”.».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo que figura en la página 3.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Créase una Comisión para el seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como cometido procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las Instituciones en ella representadas.

La Comisión estará integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia que ésta designe y el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

Corresponderá especialmente a esta Comisión:

1- Realizar, por sí o a través de las instituciones integrantes de la misma, los estudios técnicos y formular las propuestas que faciliten y optimicen la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal.

2- Hacer el seguimiento y evaluación del proceso de implementación de la reforma procesal.

3- Elevar a la Asamblea General un informe semestral, a través del cual se informará el proceso de implementación y se sugerirán posibles reformas legislativas relativas al sistema procesal penal».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo que figura en la página 5.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Interprétase, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución de la República, que la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y sus modificativas no derogaron la Ley Nº 18.315, de 5 de julio de 2008».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–14 en 31. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: consideramos que no es necesario votar este aditivo propuesto por el señor senador Bordaberry porque para nosotros es muy claro que la Ley de Procedimiento Policial no fue derogada. Es más, a partir del trabajo realizado en la comisión con la inclusión de los literales c) y g), no existe ninguna duda. Por lo tanto, no hay necesidad de recalcar la vigencia de una norma que está plenamente vigente.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: en el mismo sentido, queremos manifestar que entendemos que la ley como tal no ha sido derogada. Por supuesto que algunos de los artículos del código pueden, eventualmente, afectarla, pero no hay forma de evitar eso ni siquiera con una interpretación legislativa.

Por lo tanto, para nosotros la ley está vigente, con las modificaciones sucesivas que ocurren con nuevas leyes que se van aprobando.

Por esa razón no acompañamos este artículo aditivo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hemos votado afirmativamente porque creemos que lo que abunda no daña y, sobre todo, porque una de las funciones esenciales de las normas jurídicas, además de la búsqueda de la justicia, es dar certeza y seguridad. Si se ha planteado la discusión acerca de si esta norma fue o no derogada, obviamente hay un tema a interpretar.

Nos queda bien claro que la voluntad del Parlamento fue no derogarla, pero es obvio que una vez aprobada la ley deja de pertenecernos y pasa a integrar el mundo jurídico, donde se le pueden dar varias interpretaciones. Por lo tanto, nos parece que sería bueno dar esa certeza jurídica, precisamente para que los operadores policiales y administrativos que hoy cuestionan si la ley fue o no derogada también tengan esa certeza en su proceder.

Muchas gracias.

SEÑOR SILVEIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: en el mismo sentido de lo que manifestaba el señor senador Bordaberry, queremos decir que apoyamos el agregado porque la modificación que hemos hecho hoy se debió, en gran medida –tal como se manejó acá–, a que era necesaria una precisión en muchas de las disposiciones del código. Lo que hicimos fue precisar el contenido de la norma y complementarlo; esta es, precisamente, la intención del aditivo propuesto por el señor senador Bordaberry.

Evidentemente, si la discusión surgió y se hizo una propuesta al respecto es porque el problema de interpretación existió, y ahora seguramente se mantenga, aunque quizás se vea atenuado por las declaraciones de los señores senadores que dejan asentado en la versión taquigráfica cuál es el espíritu con el que el Parlamento se manejó. De todas formas, habría sido mucho más fácil que quedara asentado en la propia letra de la ley a los efectos de que cuando los técnicos tuvieran alguna duda pudieran recurrir a ella.

Muchas gracias, señora presidenta.

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 15:57, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carrera, Castillo, Coutinho, Draper, Garín, Lacalle Pou, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Passada, Paternain, Payssé, Pintado, Saravia, Silveira, Tourné, Viera y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani

Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.