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N.º 16 - TOMO 581 - 12 DE JUNIO DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

16.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– La señora senadora Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con los resultados del análisis de agua potable en todo el país y con los planes de obra y funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua en los departamentos de Maldonado y Soriano.

– El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la desafectación de tres padrones pertenecientes a la Intendencia de Rocha, ubicados sobre la costa de La Paloma, departamento de Rocha.

– El señor senador Cardoso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la compra de un inmueble por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional destinado a ser la nueva sede del organismo.

– El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la participación de nuestro país en el 48.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

– El señor senador García solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con una campaña publicitaria sobre el nuevo Código del Proceso Penal.

Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyectos presentados

– El señor senador Cardoso presenta un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al artículo 5.º de la Ley n.º 15900, relacionada con subsidios para cargos políticos y de particular confianza.

– Los señores senadores Camy y Delgado presentan un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 116 de la Ley n.º 19535, y se modifica el artículo 3.º de la Ley n.º 19578, relacionado con el régimen laboral de los trabajadores de las empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios, extraportuarios, muelles y explanadas.

• Pasan a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

6) Reiteración de pedidos de informes

• A solicitud del señor senador Mieres, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la promoción y difusión del candombe como expresión creativa, cultural y artística;

al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con las obras de reparación y acondicionamiento vial de la ruta 43, en el tramo comprendido entre Blanquillo, departamento de Durazno, y San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó;

al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionado con el conflicto entre el directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado y el sindicato de la Unión Ferroviaria.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

8), 14) y 22) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou, Delgado, Heber, Moreira, Michelini y Bordaberry.

– Quedan convocados los señores senadores Saravia, Argimón, Silveira, Paternain, Baráibar y Eguiluz.

9) Falta de respuesta a los pedidos de informes. Acciones tomadas por la ANEP ante actividad realizada por un liceo

– Manifestaciones del señor senador Mieres.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las autoridades de la ANEP, al Codicén, al Consejo de Educación Secundaria, al Ministerio de Educación y Cultura, y al liceo n.º 1 de Salto.

10) XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018

– Manifestaciones del señor senador Martínez Huelmo.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior, de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, y de Defensa Nacional, así como al Comité Olímpico Uruguayo, a las federaciones involucradas, a los deportistas de la delegación de Odesur, al cuerpo técnico de Odesur 2018, a las Juntas Departamentales, a la Comisión Especial de Deporte y a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, así como a sus homólogas de la Cámara de Representantes, y a la Secretaría Nacional del Deporte.

11) Bandas criminales

– Manifestaciones del señor senador García.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República.

12) Situación de la ruta 27 de Rivera

– Manifestaciones del señor senador Heber.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Junta Departamental de Rivera.

13) Respuesta de las instituciones públicas a demandas de la sociedad organizada

– Manifestaciones de la señora senadora Ayala.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los medios de prensa del departamento de Artigas.

15) 100 años del Automóvil Club del Uruguay

– Exposición del señor senador Camy por el término de veinte minutos.

– Manifestaciones de varios señores senadores.

• Por moción del señor senador Camy, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en sala a la Comisión Directiva del Automóvil Club del Uruguay, a la Comisión Directiva de la Federación Uruguaya del Automovilismo Deportivo y a la Federación Internacional del Automóvil.

16) Deudores del Banco de Previsión Social

– Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se extiende el régimen de facilidades de pago previsto por los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 17963.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) y 19) Inmuebles urbanos vacíos y degradados

– Proyecto de ley por el que se establecen normas.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta agotar el orden del día.

20) Decisión del Consejo del Mercado Común n.º 21/09, referida a las listas de compromisos específicos de los Estados partes del Mercosur

– Proyecto de ley por el que se la aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Suspensión de la sesión ordinaria del día 13 de junio

• Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve suspenderla.

23) Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Acuerdo de servicios aéreos entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 8 de junio de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 12 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Exposición del señor senador Carlos Camy, por el término de veinte minutos, sobre los 100 años del Automóvil Club del Uruguay.

Carp. n.º 1030/2018

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se establecen normas relacionadas con los inmuebles urbanos vacíos y degradados;

Carp. n.º 1002/2018 - rep. n.º 656/18 y anexo I

3.º) por el que se aprueba la Decisión del Consejo del Mercado Común n.º 21/09, referida a las listas de compromisos específicos de los Estados partes del Mercosur, suscrita en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7 de diciembre de 2009;

Carp. n.º 952/2017 - rep. n.º 655/18

4.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, suscrito por la República de Sudáfrica el 2 de agosto de 2017, en la ciudad de Pretoria, y por la República Oriental del Uruguay el 16 de agosto de 2017, en la ciudad de Montevideo;

Carp. n.º 1077/2018 - rep. n.º 657/18

5.º) por el que se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Montevideo el 12 de diciembre de 2016.

Carp. n.º 1081/2018 - rep. n.º 654/18

 Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Argimón, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, García, Garín, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Saravia, Tourné y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Delgado y Lacalle Pou, y, a partir de la hora 13:25, el señor senador Bordaberry; y, con aviso, las señoras senadoras Aviaga y Eguiluz.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:33).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se designa Eduardo Galeano el liceo n.º 8 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes mensajes:

por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de coronel, con fecha 1.º de febrero de 2018, por el sistema de antigüedad, concurso y selección, a varios señores tenientes coroneles.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

Por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 3.º de la Ley n.º 18716, de 24 de diciembre de 2010, la venia correspondiente a los efectos de designar en calidad de director en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al economista Guzmán Elola Curuchaga.

–HA SIDO REPARTIDO POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos necesarios a fin de dar cumplimiento a los convenios colectivos celebrados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con los inmuebles urbanos vacíos y degradados.

La Comisión de Asuntos internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba la Decisión del Consejo del Mercado Común n.º 21/09, referida a las listas de compromisos específicos de los Estados partes del Mercosur, suscrita en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7 de diciembre de 2009;

por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, suscrito por la República de Sudáfrica el 2 de agosto de 2017, en la ciudad de Pretoria, y por la República Oriental del Uruguay el 16 de agosto de 2017, en la ciudad de Montevideo;

por el que se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Montevideo el 12 de diciembre de 2016.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de conferir el ascenso al grado de coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2018, por el sistema de antigüedad, aptitud y suficiencia, de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, a varios señores tenientes coroneles.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se faculta al Banco de Previsión Social a extender el régimen de facilidades de pago previsto por los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 17963, de 19 de mayo de 2006, por deudas devengadas al 30 de abril de 2018 por concepto de contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el transporte para personas con discapacidad motriz en el territorio nacional.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

solicitado por los señores senadores Javier García y Luis Lacalle Pou, relacionado con la existencia de un proyecto pesquero a radicarse en el puerto de La Paloma.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES GARCÍA Y LACALLE POU.

Solicitado por el señor senador Juan Castillo, relacionado con la escala de jubilaciones, pensiones y demás prestaciones que sirve el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CASTILLO.

El señor senador Pablo Mieres solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, las siguientes reiteraciones de pedidos de informes, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyo:

con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la promoción y difusión del candombe como expresión creativa, cultural y artística;

con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con las obras de reparación y acondicionamiento vial de la ruta 43, en el tramo comprendido entre Blanquillo, departamento de Durazno, y San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó;

con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionado con el conflicto entre el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado y el sindicato de la Unión Ferroviaria.

–SE VAN A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con los resultados del análisis de agua potable en todo el país y con los planes de obra y funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua en los departamentos de Maldonado y Soriano.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la desafectación de tres padrones pertenecientes a la Intendencia de Rocha, ubicados sobre la costa de La Paloma, departamento de Rocha.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Carlos Cardoso solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la compra de un inmueble por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional destinado a ser la nueva sede del organismo.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la participación de nuestro país en el 48.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Javier García solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con una campaña publicitaria sobre el nuevo Código del Proceso Penal.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Carlos Cardoso presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al artículo 5.º de la Ley n.º 15900, de 21 de octubre de 1987, relacionada con subsidios para cargos políticos y de particular confianza.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores senadores Carlos Camy y Álvaro Delgado presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 116 de la Ley n.º 19535, de 25 de setiembre de 2017, y se modifica el artículo 3.º de la Ley n.º 19578, de 22 de diciembre de 2017, relacionado con el régimen laboral de los trabajadores de las empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios, extraportuarios, muelles y explanadas.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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6) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos de informes solicitados por el señor Pablo Mieres, de los que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 6 de junio no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 7 de junio faltó con aviso el señor senador Lafluf.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 7 de junio faltó con aviso el señor senador Camy.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 4 de junio faltaron con aviso los señores senadores Alcorta y De León.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 4 de junio faltaron con aviso los señores senadores Alcorta y Alonso.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 5 de junio faltó con aviso el señor senador Cardoso, y a la del 6 de junio faltaron con aviso los señores senadores Aviaga y Gallicchio.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 8 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia los días 12, 13 y 14 de junio del corriente año, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atte.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 12 de junio.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Alejandro Draper, Mercedes Antía y Armando Castaingdebat han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días 13 y 14 de junio.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Alejandro Draper, Mercedes Antía y Armando Castaingdebat han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de junio de 2018

Señora Lucía Topolansky

Presidente de la

Cámara de Senadores

Tenemos el gusto de dirigirnos a la señora presidenta con el fin de solicitar al Cuerpo que preside licencia desde el 26 de junio hasta al 16 de julio, por razones personales.

Sin otro particular, saludamos a la señora presidenta muy atentamente.

Luis A. Heber. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Julio Silveira, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia entre el lunes 25 y el viernes 29 de junio de 2018, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) FALTA DE RESPUESTA A LOS PEDIDOS DE INFORMES. ACCIONES TOMADAS POR LA ANEP ANTE ACTIVIDAD REALIZADA POR UN LICEO

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Gracias, señora presidenta.

Hace pocos minutos el Senado votó la reiteración de varios pedidos de informes, lo que pone de manifiesto una situación que vivimos desde hace bastante tiempo y que tiene que ver con cierto descaecimiento de las capacidades o potestades que tiene el Parlamento de controlar a la Administración. Las respuestas a los pedidos de informes siguen siendo tardías; llegan demoradas y pasados todos los plazos previstos, de manera tal que muchos de nosotros, en varias oportunidades, hemos optado por el pedido de acceso a la información pública.

Hemos presentado un proyecto de ley sobre la necesidad de articular o armonizar la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública con la que regula los pedidos de informes. Lamentablemente, no hubo consenso acerca de las características que debería tener, cuando el objetivo de tal iniciativa era, al menos, equiparar las potestades del parlamentario con las del ciudadano en cuanto a la celeridad con que se debe responder a los pedidos de informes.

Si a esto agregamos la multiplicación de negativas de ciudadanos de diversas características a comparecer ante las comisiones investigadoras –lo que se encuentra en un momento realmente crítico–, vemos que estamos asistiendo a una crisis de la capacidad del Parlamento para ejercer una de las funciones principales, que es la de controlar el funcionamiento de la Administración.

En tal sentido, señora presidenta, solicitamos hablar en la media hora previa para referirnos a un pedido de informes en particular, del que incluso pedimos la reiteración, y cuyo plazo de respuesta venció hace muchísimo tiempo. Este pedido de informes data del 12 de julio del año pasado –por lo que ya lleva once meses de presentado sin que haya respuesta alguna–, estaba dirigido al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la ANEP, y refería a ciertas acciones que esta Administración tomó, de manera inmediata e intempestiva, ante una actividad realizada en el liceo n.º 1 de la ciudad de Salto, que implicaba una supuesta violación de la laicidad, ya que la directora de dicho centro había permitido la realización de una actividad vinculada con el tema del aborto.

En aquel entonces –hace ya un año–, hacíamos las siguientes preguntas:

¿Cuántas denuncias de violación a la laicidad han recibido o han tomado conocimiento, por haberse hecho públicas, las autoridades de la ANEP o alguno de sus consejos desconcentrados en los últimos cinco años?

¿Qué iniciativas han tomado las autoridades de ANEP o de los consejos desconcentrados ante las denuncias presentadas en los últimos cinco años?

¿Qué investigaciones administrativas han dispuesto las autoridades de la ANEP ante denuncias presentadas por diferentes legisladores en 2016 y en 2015?

¿Existe algún antecedente en el que la ANEP o alguno de los consejos desconcentrados hayan dispuesto la medida preventiva, previa a la investigación administrativa, de apartar a un funcionario de su cargo con la sanción de descuento de la mitad del sueldo por seis meses con motivo de una denuncia de violación de la laicidad?

¿Cuáles fueron los fundamentos que motivaron la decisión tomada por el Consejo de Educación Secundaria con respecto a lo ocurrido en el liceo n.º 1 de Salto de investigar una eventual violación de la laicidad?

Desde el punto de vista de la dosimetría en la definición de las sanciones administrativas, ¿qué criterio se adoptó para tomar una medida preventiva de tal gravedad?

¿Cuál es el concepto de laicidad que guía el accionar de las autoridades de la educación pública y cómo se aplicó este concepto en el caso concreto?

Es una demostración más, pero tenemos la esperanza de que a partir de este planteo –que vamos a pedir que sea trasladado a las autoridades de la ANEP, al Codicén, al Consejo de Educación Secundaria, al Ministerio de Educación y Cultura, y al liceo n.º 1 de Salto– se nos dé una respuesta para saber cuál es el criterio que utilizan las autoridades de la educación para medir ciertas denuncias sobre supuestas violaciones a la laicidad y algunas otras –pues en unas parece que no pasa nada y en otras se actúa a priori sin siquiera investigar administrativamente–, porque llevamos un año sin tener una respuesta.

Era cuanto quería manifestar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA 2018

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: nos ha llenado de orgullo y de admiración el nivel deportivo y técnico de la delegación uruguaya en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, llevados a cabo por la Organización Deportiva Suramericana –Odesur–, que reúne a los comités olímpicos de todo el continente.

Nuestros deportistas han traído muchas medallas, por lo que podemos inferir que en idénticas oportunidades han estado en el pedestal de los triunfadores y, por lo tanto, junto al pabellón nacional. Uruguay, señora presidenta, siempre ha competido con gallardía, pero de un tiempo a esta parte diferentes federaciones y deportistas en particular han venido recibiendo el apoyo del Estado de manera efectiva de modo de sumar certezas en la búsqueda de superación y, por lo tanto, de éxitos que alienten realmente a la juventud deportiva y a las instituciones que se dedican a ello.

Nuestro país, por distintas vías, viene haciendo realidad lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el Ministerio del Interior apoya a esa gran atleta de alta competencia que es la joven Déborah Rodríguez, que nuevamente fue medalla de oro en los ochocientos metros de la competencia de Odesur en Cochabamba 2018. También es oportuno señalar otro esfuerzo que hace el Estado: la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, que como programa viene realizando una destacada actividad promocionando el derecho al deporte. De esa forma el Ministerio de Defensa Nacional ha celebrado convenios de apoyo y de ayuda con el Comité Olímpico Uruguayo y con diferentes federaciones deportivas nacionales e instituciones deportivas de relevancia. Quiero nombrarlas porque es importante conocer la dimensión de este programa del Ministerio de Defensa Nacional, que tiene acuerdos con las federaciones de taekwondo, de yudo, de esgrima, de natación, de gimnasia, de tiro con arco, pentatlón, vóleibol, básquetbol, pesas y levantamiento olímpico, ciclismo, remo, canotaje, patín, hockey, el Programa Knock Out a las Drogas, etcétera.

En cumplimiento de esos convenios de ayuda al movimiento deportivo nacional, el Ministerio de Defensa Nacional da su apoyo para garantizar a las y los jóvenes uruguayos el derecho al deporte y a representar dignamente al país. Desde esa unidad se han coordinado diferentes acciones, de las que queremos destacar algunos aspectos que son importantes para abrir un poco la cabeza en este asunto. Por ejemplo, la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar colabora con la preparación de equipos y de selecciones nacionales, así como de integrantes individuales en unidades militares brindando toda la logística. También realiza un encomiable apoyo en recursos de salud a integrantes de selecciones y a deportistas federados a través de los servicios de sanidad.

Hay un punto que es muy importante: el apoyo al alto rendimiento, es decir, a este tipo de deportistas tipificados como de alto rendimiento. Desde 2014 se ha establecido el sistema modélico de vacantes deportivas militares por el cual deportistas de alto rendimiento, representantes con proyección internacional y olímpica de nuestra bandera, han accedido a un sueldo que dignifica sus esfuerzos y trabajos, basado en el marco jurídico del que daremos cuenta, pero que básicamente radica en el Decreto n.º 259 del año 2014 y en otras normas. Se trata de un procedimiento ajustado a derecho en el que participan federaciones deportivas, el Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional del Deporte. Se elige a ciertos deportistas con los que se hace un contrato militar a término, como se realiza con los músicos y los cocineros. De este modo Uruguay reproduce sistemas que los principales países del mundo tienen desde hace años, como el Programa de Vacantes Deportivas Militares, del que al día de hoy han participado más de veinte atletas en deportes como ciclismo, natación, remo, taekwondo, vóleibol, tenis de mesa, atletismo, karate, gimnasia, vela, y así sucesivamente.

Por supuesto que la unidad tiene otras actividades que certifican el apoyo notorio a las federaciones deportivas nacionales y a otras instituciones que practican estos deportes y que lo necesitan, evidentemente, para presentarse en Odesur o en competencias olímpicas. Sin el apoyo estatal sería imposible concretar todos estos éxitos que hemos obtenido en Odesur, obviamente con Déborah Rodríguez a la cabeza, tan vilipendiada en los últimos tiempos en las redes sociales y aquí mismo en esta casa. Diría que el Estado debe ser el primer interesado en el fomento del deporte. El Estado uruguayo siempre debe estar presente en instancias en las que pueda demostrar su existencia frente a los demás países en el concierto internacional, su realidad y su decorum, es decir, su pretexto y su dignidad por existir como tal.

En el pasado el Estado también avaló e introdujo en sus administraciones a grandes del deporte como José Nasazzi, Dogomar Martínez y Óscar Moglia. Es decir, el Estado nunca fue ajeno a invertir o a buscar salvoconductos para poder sostener a los deportistas que tanto prestigio le han dado al país y a su sociedad. Por supuesto, señora presidenta, también hay que decir que el deportista en sí –hay que comprenderlo desde estas bancas– ayuda a la cohesión social del país y a la cohesión moral de la sociedad uruguaya. Por esos motivos son tan importantes las medallas que nos han traído Déborah Rodríguez, Emiliano Lasa, Lola Moreira y María Pía Fernández. Todos ellos son deportistas solventados por la unidad mencionada.

Para finalizar, quiero decir que estamos satisfechos y que la Asamblea General en algún momento debería emitir un diploma de honor a estos grandes deportistas que nos representan en el mundo. Por supuesto, estoy seguro de que el Senado hará suyas estas palabras para enviar el reconocimiento de esta casa a estos insignes deportistas que tanto prestigio le dan a la república.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior, de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, y de Defensa Nacional, así como al Comité Olímpico Uruguayo, a las federaciones involucradas, a los deportistas de la delegación de Odesur, al cuerpo técnico de Odesur 2018, a las Juntas Departamentales, a la Comisión Especial de Deporte y a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, así como a sus homólogas de la Cámara de Representantes, y a la Secretaría Nacional del Deporte.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queremos dar la bienvenida al 6.º año de la escuela n.º 120 Manuel Belgrano, de Montevideo.

11) BANDAS CRIMINALES

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en el día de ayer hubo dos episodios, distantes geográficamente, que si bien son distintos hay que analizarlos en contexto. Uno de ellos fue el asalto o robo a una dependencia policial en la ciudad de Rocha, desde donde se informa que aparentemente se habría hurtado algún armamento o munición; el segundo fue la noticia –de la que tomamos cuenta en la tarde de ayer– de que en la ciudad de Toledo algunos vecinos habían decidido organizar un sistema de patrullaje ciudadano, por llamarlo de alguna manera.

Con respecto al primer episodio, del robo o asalto a una dependencia policial, señora presidenta, hay que tener en cuenta que no es el primero, incluso en Rocha, pues ya han existido otros. No hay que analizarlo como un hecho aislado. El atentado, la violencia, el delito contra la Policía es algo que empezó a ser frecuente en el Uruguay, llegando a lo más trágico, como ocurrió hace un mes con la ejecución de un policía en Progreso. El policía, que iba con su señora, fue asesinado delante de su pareja; no hubo robo del celular, de la mochila, ¡nada! El objetivo era matarlo. Hubo otros asesinatos de policías en las semanas y los meses previos. A ello se suma lo que relatamos sobre el día de ayer, a lo que hay que agregar varios asaltos a otras dependencias.

Las bandas criminales tienen un accionar que no es muy novedoso en otras partes del mundo y que creemos que empieza a aparecer en el Uruguay. Primero se apropian de territorios –hoy aparece en la prensa cómo en un barrio, ubicado a diez minutos de esta casa, narcotraficantes desalojan a familias de sus casas y se apropian de los domicilios– y después van por los integrantes de las instituciones que defienden a la sociedad: policías, jueces y fiscales. Por lo tanto, esto que está sucediendo en el Uruguay es un llamado de atención que no se puede dejar pasar sin subrayarlo y sin tomar medidas severas. Por eso en el día de hoy vamos a presentar un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer cuáles son las medidas que va a tomar para reforzar la seguridad de la Policía y de las dependencias policiales, a fin de que no suceda lo que en otros lugares ha ocurrido y que es parte, si se quiere, hasta del protocolo de las bandas criminales. También queremos saber cómo analiza todo esto el Ministerio del Interior.

El segundo fenómeno tiene que ver con el anuncio de que va a haber patrullajes ciudadanos en la ciudad de Toledo. Señora presidenta: esto es la consecuencia negativa del vacío de autoridad; es la consecuencia negativa y peligrosa del vacío de poder. ¡No es culpa de los vecinos! Cuando la gente, hastiada y aterrada, siente que quienes tienen que defenderla –a quienes la Constitución y la ley les dan el monopolio de la defensa y de la seguridad pública– no lo hacen, puede reaccionar como lo hizo, yo creo que equivocadamente porque entre esto y el paso siguiente, que es la justicia por mano propia, hay muy poca distancia, y es el límite del Estado de derecho.

Por lo tanto, en lugar de criticar y de analizar, el Gobierno tiene que tomar medidas, ganar nuevamente territorio y defender a la gente; tiene que apropiarse de los espacios ciudadanos para que la población pueda vivir en libertad y sin temor porque, de lo contrario, empiezan a generalizarse estos fenómenos, como el patrullaje todo el fin de semana. El pasado fin de semana y el anterior vimos reclamos por el estilo.

En consecuencia, señora presidenta, reclamamos que el Ministerio del Interior, el Estado, el Gobierno, retomen el principio de autoridad y llenen este vacío que han dejado y que empieza a gestar fenómenos que no son positivos, sino negativos, y que van en contra de una vida pacífica, tranquila y dentro del marco de la ley.

Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SITUACIÓN DE LA RUTA 27 DE RIVERA

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: hoy voy a distraer la atención del Senado porque han llegado a mi despacho intervenciones de dos señores ediles en la sesión de la Junta Departamental de Rivera.

Una de ellas tiene que ver con la seguridad, tema que es muy recurrente en todo el país. En otra oportunidad me voy a explayar sobre lo que denuncia el edil Ramón Taroco, porque hoy voy a referirme a lo que plantea otro edil, que no es de mi partido, el señor José Montejo, sobre la situación desastrosa de la ruta 27, que es la columna vertebral del departamento de Rivera. En el tramo Batoví-Paso Ataques esa ruta está totalmente deshecha: no pueden transitar autos, y menos camiones; no existe posibilidad de sacar la producción, y no hay reacción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No podemos esperar hasta la instancia de la rendición de cuentas para preguntar al señor ministro qué va a hacer el año que viene. ¡Ya tiene que actuar el ministro! ¡No se puede salir! ¡Solamente se puede hacerlo con tractor! No se puede llegar a la mitad, al oeste del departamento, porque ese tramo lo imposibilita. ¡No se están haciendo fletes! Además, la ruta 6 –que es por la que se puede llegar a la zona de Vichadero, a las secciones 7.ª y 8.ª, y a Paso Pereira– y muchas otras están deshechas.

Entonces, llamo la atención del Cuerpo en esta oportunidad –después me voy a referir a lo que plantea el señor edil Ramón Taroco sobre el tema de la inseguridad– para resaltar lo que plantea el señor edil Montejo sobre el corte de ruta por la inacción del Estado. O sea, ¡no se puede pasar! ¡No puedo creer que el señor ministro de Transporte y Obras Públicas no haya previsto por lo menos un arreglo, algo, para que puedan pasar! No estoy diciendo que se ponga la ruta 27 en las condiciones en las que debería estar, con un buen asfalto. ¡Ojalá pudiéramos tener mejores materiales como los que han usado muchas empresas! Se habla de incumplimiento de la empresa, pero si hay una empresa que no cumple un llamado del señor ministro, no solamente tiene que ser penalizada, sino también denunciada por incumplimiento.

El departamento de Rivera está desesperado. Pido especial atención al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien vamos a ver en la instancia de la rendición de cuentas.

Por último, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Junta Departamental de Rivera, porque todos sus oficios llegan a mi despacho. Estas dos posiciones –aunque me haya referido solo a una de ellas– aluden a situaciones que angustian a la población de Rivera, aíslan a mucha gente y es necesario solucionarlas. Pido una rápida respuesta del señor ministro de Transporte y Obras Públicas para saber cuándo va a atender esta situación desesperada de la gente de Rivera.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS A DEMANDAS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA

SEÑORA PRESIDENTE.- Terminando la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: desde 2012 diferentes organismos del Estado vienen trabajando en el Programa Uruguay Todos con Luz, que otorga a las familias subsidios que están en el entorno del 40 % al 45 %. Restan aún 1500 familias en el país, de las cuales seiscientas ya se han comunicado con el programa para solucionar el tema de la electrificación, por lo que solo faltarían aproximadamente novecientas familias para que el 100 % de los hogares del país cuenten con energía eléctrica.

El pasado viernes 8 de junio se inauguró en Cerro Amarillo –departamento de Artigas– una obra de electrificación rural demandada por los vecinos durante casi treinta años. Muchos compartimos esta inauguración. Con esta obra se llega al 99,7 % de electrificación en todo el territorio nacional, completando de esta manera el anillo de electrificación en el país y permitiendo mejorar ampliamente la calidad de vida en el medio rural.

También estuvimos compartiendo una actividad de Mevir en pueblo Sequeira. Allí, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través del Programa Atención a la Precariedad Habitacional, en convenio con Mevir, completará este año treinta soluciones habitacionales. Sequeira está situado en la ruta 4, a ochenta kilómetros de la ciudad de Artigas, tiene aproximadamente 750 hectáreas de extensión y está habitado –según el censo del año 2011– por 1149 personas.

La intención no es solamente que Mevir desarrolle sus planes –concretamente ha llevado adelante dos en los últimos períodos de gobierno–, sino también que a través del convenio con este programa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se puedan generar soluciones habitacionales en las que se brinde a las familias un subsidio que está entre el 70 % y el 100 % del costo de las viviendas. Además, en este programa se ha trabajado en coordinación con otras instituciones como, por ejemplo, el Mides –a través del Programa Uruguay Crece Contigo–, OSE, UTE y ASSE. Sequeira es un pueblo muy particular de mi departamento –por lo menos, en lo personal, así lo creo– donde la gente, a través de la organización y la demanda, ha logrado que se instale un liceo y un CAIF, que se brinde atención ciudadana, que exista una radio comunitaria y otros servicios más que mejoran la calidad de vida de la población.

Para terminar, simplemente quiero comentar algo que me parece sumamente importante. Los dos temas que abordé hoy tienen algo relevante. Por un lado tenemos a la población que se organiza y demanda sus necesidades pero, por otro lado también está la voluntad de las instituciones públicas para dar respuesta a la necesidad de la gente en diferentes lugares. Acá se juntan las personas organizadas y la voluntad política para llevar adelante y desarrollar los diferentes programas que se reflejan realmente en una mejor calidad de vida de nuestra gente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los medios de prensa del departamento de Artigas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de junio de 2018

Presidente de la

Cámara de Senadores

Sra. Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley n.º 17827 inciso D, solicito a usted se me conceda licencia desde el día 25 de junio hasta el día 29 de junio inclusive, del corriente año.

La misma tiene por objeto asistir, en mi carácter de vicepresidente, a la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra.

Adjunto agenda y programa de la misma, y sin otro particular, saludo a usted con mi mayor cortesía.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Se comunica que los señores Felipe Michelini y Antonio Gallicchio y la señora Elizabeth Villalba han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Carlos Baráibar, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) 100 AÑOS DEL AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Exposición del señor senador Carlos Camy, por el término de veinte minutos, sobre los 100 años del Automóvil Club del Uruguay. (Carp. n.º 1030/2018)».

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: agradecemos al Senado de la república que haya aprobado nuestra moción para referirnos a los 100 años del Automóvil Club del Uruguay, que precisamente se cumplen en el día de hoy. Agradecemos que se permita hacer un alto en el trabajo de esta cámara para que hagamos referencia a un tema que nos parece importante.

En un país joven, como es Uruguay, que una organización social, deportiva y cultural cumpla cien años de por sí constituye un hecho trascendente. Creemos que el solo hecho de ser, desde ese ámbito, testigo de gran parte del proceso histórico del país y también protagonista, a mi juicio lo hace meritorio de que esta casa, que representa al país, se refiera a esta circunstancia importante.

Debemos destacar la trayectoria, el prestigio y el peso institucional de esta organización, que nació con el propósito de fomentar el automovilismo en todos sus aspectos y también para promover la construcción de carreteras y caminos para facilitar el tránsito de más vehículos en todo el territorio nacional.

Vamos a hablar escuetamente sobre el tema. El propósito es homenajear y reconocer la historia de esta institución en tres aspectos: en el devenir histórico –breves circunstancias que pautan el peso que ha tenido en la sociedad el plano deportivo que está bajo su fomento y fiscalización–, a partir de la delegación a la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo; el significado que esto tiene, que tal vez no esté tan presente en todos; y el peso, el rol y el protagonismo que tiene en el Uruguay contemporáneo.

Fue precisamente hace cien años –como señalé anteriormente–, el 12 de junio de 1918, cuando se celebró la asamblea general constitutiva de la sociedad Automóvil Club del Uruguay en el hotel La Alhambra, ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Bartolomé Mitre en la ciudad de Montevideo. La primera comisión directiva fue presidida por don Roberto Pietracaprina, tal vez conocido en la sociedad montevideana porque vivió hasta la década de los cuarenta en la mansión, sita en Bulevar Artigas, que hoy ocupa la Embajada de Brasil. En lo personal tengo bastante conocimiento de su actividad porque su establecimiento agropecuario El Montijo –del que actualmente se conserva el casco principal– se encontraba ubicado en las proximidades del pueblo Mal Abrigo, en la 4.ª sección del departamento de San José. Se señala que don Roberto Pietracaprina y el ingeniero Enrique Abal –que fue el primer vicepresidente– tuvieron la idea de crear un club de automovilismo. Este último, se recibió de ingeniero en París y, por aquel entonces en la vieja Europa proliferaban este tipo de instituciones. Cuando uno mira la comisión directiva e indaga sobre aquellos hombres –de dónde provenían y qué hacían– descubre que eran personas con inventiva, que generaban cosas para el país, desde la legítima aspiración en la actividad privada hasta el vuelco en la actividad social desde lo profesional.

Mientras en 1918 Europa todavía estaba en guerra –que daba sus últimos coletazos sobre Francia– y se tenía la expectativa puesta en Estados Unidos y en los países aliados –se había producido la Revolución rusa de 1917–, en Uruguay había convulsión por la lucha de ideas. Aquí gobernaba el batllismo, que intentaba consolidar la idea de que en un país pequeño debían regir los monopolios en las áreas más importantes y fue así que se fundaron las empresas públicas. Inclusive estábamos próximos a ingresar a una década en la que Uruguay se iba a posicionar como principal país del deporte mundial, cuando fue campeón olímpico dos veces consecutivas –en 1924 y 1928–, ganó el mundial de fútbol, construyó rápidamente el estadio Centenario y también la rambla de Montevideo. En ese Uruguay también se crea, como protagonista y testigo de esa época, esta institución que hoy celebra sus cien años.

Obviamente, en cien años el Automóvil Club del Uruguay tuvo una evolución notoria, de la que no solo fueron partícipes sus socios, que en la actualidad son setenta y tres mil; también fue el primer club en América del Sur en afiliarse a la FIA, Federación Internacional del Automóvil.

Como he dicho, en estos cien años ha ido evolucionando. Su sede, por ejemplo, se ha ido trasladando sucesivamente. En mayo de 1920 se mudó desde plaza Independencia 735 a la avenida 18 de Julio 878; en 1929 inauguró su nueva sede en el primer piso del edificio ubicado en plaza Cagancha esquina 18 de Julio, y finalmente, el 12 de junio de 1955 –día en que cumplía treinta y siete años– se inauguró la actual sede social, ubicada en avenida del Libertador, que aún hoy se expresa como un ícono de la arquitectura urbanística. De alguna manera es un referente, un mojón en la ciudad de Montevideo.

Como expresé antes, la institución ha ido evolucionando. En 1927 se construyeron los primeros talleres; en 1922 surgió el principio del servicio de auxilio y en 1924 comenzó una labor muy importante –que hoy se mantiene–, como el apoyo a la reglamentación del tránsito en Montevideo. En ese sentido se hicieron aportes muy concretos que quedaron –como todos los buenos aportes– para siempre. El artículo 30 del reglamento –que fue iniciativa del Automóvil Club del Uruguay– expresaba que la preferencia en el cruce de las esquinas debía ser de los peatones. El artículo 127 establecía la obligación de tener bocina –no sirena– y utilizarla al aproximarse a las bocacalles. Asimismo, en las décadas de los veinte y de los treinta la institución tuvo una particular incidencia –diría, con sentido de vanguardia, por lo que he leído– en lo que tiene que ver con el impulso y el desarrollo del turismo en el país, con la edición de algunos libros en los cuales se incluían cartas con mapas específicos, que no solo indicaban las primeras carreteras sino también las ubicaciones de los hoteles, de las estaciones de servicio, de los paradores, etcétera. Una anécdota interesante se tiene de cuando se produjo el cambio de mano. El 2 de setiembre de 1945, a las cuatro de la madrugada, se resolvió que en Uruguay –que desde el año 1903 utilizaba la senda izquierda para circular– se pasara a circular por la derecha, tal como sucede en la actualidad. En ese momento, finalizada la Segunda Guerra Mundial, solamente en Inglaterra, sus colonias, Japón y algún otro país se circulaba por la izquierda; en la gran mayoría del mundo se circulaba por la derecha. Y Uruguay, por muchos motivos –estuve leyendo alguno de ellos–, tomó la decisión –no viene al caso mencionarlo– de empezar a transitar por la derecha. Fue central el asesoramiento y el trabajo en esa materia del Automóvil Club del Uruguay.

El proceso histórico del país fue evidenciando la evolución del automovilismo y del tránsito. Los semáforos de la avenida 18 de Julio se extendieron recién en 1972 y en 1974 se instalaron los primeros en la avenida 8 de Octubre. En ese momento había 66.647 autos en Montevideo; en 1978, cuatro años después, había 71.732; en 1988 había 225.000 y hoy sabemos cómo ha irrumpido la plaza automotriz en todo el país. Recién en 1987 se comenzó a exigir el cinturón de seguridad. Es decir que en estos cien años se ha ido construyendo algo que hoy tenemos asumido y que es muy importante, y en el que ha tenido un protagonismo relevante el Automóvil Club del Uruguay. Surgió la estación de Maldonado como un ícono importante para prestar servicios en una zona fundamental para el país por todo lo que conocemos; se creó la flota de auxilio, con las características que la definen, y la escuela de conducción a partir del 17 de junio de 1992. Son cien años de una actividad intensa, de una institución que presta servicios de toda índole a setenta y tres mil uruguayos, tanto en el Uruguay como fuera de él, en el Mercosur.

Hay un aspecto central que tiene que ver con la salida de la Dictadura. Julio Maglione, que presidía la Comisión Nacional de Educación Física, convocó a las cuatro principales instituciones del automovilismo deportivo: el Automóvil Club del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Volantes, el Club Uruguayo de Rally y el Club Uruguayo de Pilotos de Autocross. El 6 de noviembre de 1986 se dispuso la creación de la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo, que por delegación del Automóvil Club del Uruguay es la institución que rige el automovilismo uruguayo y por resolución n.º 44.457 de la Comisión Nacional de Educación Física está facultada a establecer y aplicar los reglamentos de las competencias automovilísticas deportivas de carácter nacional. ¿Y cuál era el objetivo? Lograr la seguridad en el automovilismo y un desempeño lo más profesional posible de los pilotos, de los directivos, de las instituciones, de las autoridades deportivas, en definitiva, de todos quienes rigen el deporte automotor.

Desde muy niño he estado cerca del automovilismo por el vínculo que tuvo mi padre, que competía. Ayrton Senna da Silva estuvo en mi propia casa porque con diecisiete años fue campeón por primera vez en el kartódromo Luis Pedro Serra, de San José. Por lo tanto, creo comprender el alcance que tiene el automovilismo, que tal vez a veces no se considera con cabal dimensión. Este deporte involucra a automovilistas, pilotos, mecánicos, escuderías, talleres, representantes y autoridades deportivas; da trabajo y desencadena una particular movilidad en el interior del país cuando hay una competencia como, por ejemplo, la llegada del rally a un departamento del interior y a los pagos más profundos de un departamento. Es la única competencia que llega a los lugares más escondidos y sin entrada.

Quiero nombrar, asimismo, la competencia de más alta velocidad, que no solo tiene su máxima expresión en la capital del país, en el autódromo de El Pinar, que es propiedad de AUVO –uno de los primeros clubes que tuvo un autódromo privado y de los pocos que aún quedan en América del Sur–, sino también en locaciones más descentralizadas y modernas como, por ejemplo, las de Rivera y Mercedes. Precisamente, está presente el señor senador Besozzi, cuya gestión contribuyó a que desde 2010 exista el autódromo en la ciudad de Mercedes, donde se llevan a cabo competencias nacionales e internacionales. ¡Cuánto inciden en la microeconomía local, con su «efecto derrame», las competencias de este tipo!

En este homenaje que rendimos en el Senado de la república a los cien años de la entidad rectora del automovilismo como deporte a nivel nacional quiero nombrar y reconocer a algunas instituciones.

Para empezar, menciono a AUVO –Asociación Uruguaya de Volantes–, que nació el 27 de julio de 1940 y en 1956 inauguró el autódromo de El Pinar, que lleva como nombre Víctor Borrat Fabini por quien fuera uno de sus más entusiastas impulsores. Como señalábamos, AUVO se convirtió en una de las pocas instituciones privadas que en la actualidad tienen un autódromo de estas características en América del Sur. Fue reformado en 2016, pero cuando se inauguró, el 14 de octubre de 1956, vino a correr el legendario Juan Manuel Fangio, que ya había ganado cuatro campeonatos del mundo –en 1951, 1954, 1955 y 1956– y ganó uno más con posterioridad. Pero ese año, luego de ganar en Fórmula 1, vino de Europa a inaugurar el autódromo de El Pinar.

Continúo con el Club Uruguayo de Rally, fundado el 9 de junio de 1964, que fue el mentor –ni más ni menos– del legendario Gran Premio 19 Capitales, que se largó por primera vez el 11 de enero de 1968, por lo que acaban de cumplirse cincuenta años de su primera edición.

Me alcanza la emoción, porque el binomio Ernst-Camy de San José, en un FT 1500 armado en nuestro departamento, en Pérez y Marín, ganó tres ediciones; ese Camy era mi padre.

El Club Uruguayo de Rally marcó, sin dudas, la época de oro del automovilismo nacional. Me viene a la memoria el «promedio impuesto», la «velocidad libre» y la «velocidad pura» que creo que empezó a partir de 1974.

Quiero saludar especialmente la presencia de don Jorge Tomasi, actual presidente del Automóvil Club del Uruguay, que desde siempre ha estado ligado al rally nacional. También está presente el gran campeón de karting y especializado periodista –que particularmente aprecio–, Flavio Bonavena.

Por su parte, la Federación Uruguaya de Karting se fundó en 1962, siendo su cuna San José, donde se corrió la primera carrera de karting de América del Sur en 1961. Luis Pedro Serra, el famoso ciclista campeón olímpico, trajo de Europa el go-kart con el que se corría en Europa y en Estados Unidos. Esto se impone en San José, donde en 1966 se crea el primer kartódromo, que se reforma en 1977 y hoy lleva el nombre Luis Pedro Serra.

Luis Modesto Soler también fue central en la incursión de esto que es el automovilismo escuela.

Debo nombrar, asimismo, el Montevideo Classic Car Club; el Club Uruguayo de Automóviles Sport –CUAS–, organizador de las 1000 Millas; y el Club Tarariras. Cuando se ingresa a esa ciudad, en el departamento de Colonia, hay un monolito que dice Capital tuerca del Uruguay y allí se corre desde 1984 la llamada Limitada 31. Cuatro departamentos –Soriano, Flores, San José y Colonia– tienen en esa zona los circuitos de tierra de automovilismo chacarero.

El Salto Automóvil Club –el señor senador Coutinho lo sabe– es uno de los clubes más viejos, ya que data de 1938. Tiene pendiente el proyecto de hacer el gran autódromo de Salto, y compite en dos categorías: el Turismo Pista SAC y la Fórmula SAC.

El Club Atlético Esparta, de Colonia Valdense, es una institución de la década de los veinte –más precisamente, de 1923–, que tiene dos fórmulas chacareras: la Fórmula Volkswagen 1800 y el Turismo Tierra.

La Asociación de Volantes de Tacuarembó tiene su propio autódromo, Héctor Supicci Sedes –de poco más de 1000 metros–, ubicado en el Parque Batlle y tiene una categoría, la superchevettes, en la que compiten pilotos de Rivera, Salto, Durazno y del sur de Brasil.

Como antes mencioné, Mercedes y Rivera son la expresión de las más nuevas y modernas inversiones en automovilismo.

También cabe mencionar el Rally del Lago, el Rally del Atlántico y el Rally 19 Capitales Histórico como continuidad del viejo Rally 19 Capitales.

El automovilismo ha evolucionado en la historia desde el primer autódromo, del que solo queda la denominación del nombre del barrio, Autódromo, en el kilómetro 27 de la ruta nacional n.º 1. Los nombres de sus calles son marcas de autos de distintas épocas. Este autódromo fue el más largo, con 6000 metros. Después vino el autódromo de Punta Fría –en Piriápolis–, a impulso de don Héctor Morás, que hoy, lamentablemente, no está en condiciones.

Podríamos continuar homenajeando al automovilismo, pero culmino, señora presidenta, mencionando a pilotos legendarios como Luis Etchegoyen, Albérico Passadore, Domingo de Vitta, José Pedro Passadore, Jorge Soler, el gran Gonchi Rodríguez, Gustavo Trelles, Federico West, y hoy tenemos a Santiago Urrutia triunfando en lo máximo del automovilismo mundial, concretamente, en Estados Unidos.

También destaco la Fórmula E como carreras del futuro, que tiene uno de sus circuitos mundiales en Punta del Este.

Es difícil hacerlo en tan poco tiempo, pero queríamos referirnos así a los cien años de historia activa, protagonista y llena de contenido de esta institución señera del país, que brindó importantes aportes en el plano social y en el plano de la cultura del automovilismo, de la educación vial y de la seguridad vial, y a la que le solicitamos que continúe trabajando –como lo está haciendo–, junto con las instituciones nacionales y departamentales competentes, para enfrentar el flagelo de la siniestralidad vial. ¡Cuánto hay que dar a las nuevas generaciones en la cultura de la seguridad vial!

Dentro de pocos días vamos a conocer la trascendencia de esta institución, porque entre el 22 y el 26 de julio se va a desarrollar un evento muy importante en el Uruguay, a tal punto que incluso van a concurrir el presidente del BID y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil. Se trata del evento de la FIA, el XX Congreso Americano, Movilidad y Deporte, donde van a estar presentes setenta países, con más de quinientos delegados, y que ha sido declarado de interés por la Presidencia de la República y por el Congreso de Intendentes, y de interés ministerial por cinco ministerios. Durante tres días se va a incursionar en el concepto de movilidad segura, que es el nuevo concepto completo que abarca esta materia.

En nuestra humilde opinión, nos parecía que esta actividad merecía que el Senado de la república hiciera un alto en su trabajo para reconocer cien años de gestión seria de esta institución del país. Desde esta representación institucional queremos reconocer a todos los que han pasado por esta institución y, de manera particular, a la actual comisión directiva que –como señalamos– trabaja en seguridad vial y en responsabilidad social empresarial. En ese sentido, en el marco de la carrera 19 Capitales Histórico y junto con el Rotary Club –que en 2018 también cumple cien años– estimulan el otorgamiento de becas de estudio para carreras universitarias y para carreras técnicas, así como programas de asistencia solidaria en todo el interior, donde precisamente, en su edición número catorce, distribuyó quinientas computadoras recicladas, con el apoyo de Antel.

En síntesis, se trata de una institución antigua pero moderna; con un ayer esplendoroso, pero con un presente sin duda vigoroso, que permite avizorar un mejor futuro.

Muchas gracias al Senado de la república por permitirnos realizar este homenaje.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: nosotros nos sumamos a esta celebración. Como decía el señor senador Camy, justo hoy, martes 12 de junio, es la fecha en la que se conmemoran cien años de la fundación de esta institución.

El Automóvil Club del Uruguay ha organizado actividades muy variadas: actividades institucionales; un programa completo sobre seguridad vial; actividades internacionales con presencia de las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil. Es más, el presidente del Automóvil Club del Uruguay es integrante de esa federación y tiene un cargo de primera responsabilidad –lo que es un reconocimiento para nuestro país– en la figura de Jorge Tomasi, que nos acompaña hoy desde la barra, junto con otras autoridades, a quienes saludamos. Cabe agregar que esta institución también lleva adelante actividades deportivas y en favor del medioambiente.

Por lo tanto, es muy oportuna la iniciativa del señor senador Camy de proponer un reconocimiento y que el Senado dedique un tiempo para homenajear a esta institución que cumple cien años. Cien años es mucho tiempo y habla de una enorme capacidad de adaptación, particularmente en el rubro en que el Automóvil Club del Uruguay se mueve, que es de un dinamismo brutal.

Nosotros tomábamos nota de un artículo del señor Carlos Cipriani López, publicado en un medio de prensa en estos días. El primer auto llegado al Uruguay es de octubre de 1900. Seis años después había ciento nueve vehículos, y en 1912, setecientos cuatro.

El Automóvil Club del Uruguay se funda en 1918, o sea, en los albores del surgimiento del automóvil como medio de transporte, con todo lo que representa desde el punto de vista simbólico, de la sociedad moderna, de la modernización del mundo, del desarrollo de los distintos medios de transporte y de comunicación. El Automóvil Club del Uruguay nace, prácticamente, junto con el automóvil, y acompaña todo ese proceso de transformación brutal y vertiginosa que provocó en el transporte y la comunicación. Es un ejemplo de respuesta ante las transformaciones que exigían –y exigen cada vez más– la capacidad de ver la realidad y adaptarse a ella.

En el devenir de esta institución, allá por el año 1941 se inauguró el edificio de la esquina de Colonia y Yi que es, diría, un referente de la figura urbana del centro de Montevideo. Viví hasta los veintipico de años en Mercedes y Yi, o sea que tuve una vinculación muy directa con lo que representaba el Automóvil Club del Uruguay, con su imagen y su presencia, para el desarrollo del automóvil en el país. Luego, en 1955, se inaugura su sede social en avenida del Libertador, entre Uruguay y Paysandú, un edificio de varios pisos.

Es interesante ver cómo desarrolla el Automóvil Club del Uruguay otras áreas que no son directamente las de origen, como el servicio de auxilio mecánico y reparación en talleres; también desarrolla el turismo, el deporte sobre ruedas y la educación vial, a lo que el señor senador Camy hizo una referencia muy directa por su aporte a la sociedad. En el año 1992 crea la Escuela de Conducción y, en el campo de la promoción del automóvil como medio de transporte, en 1962 organizó, en el Cilindro Municipal, el Gran Salón del Automóvil.

En el marco de las competencias deportivas merece particular destaque, tal como lo señalaba el señor senador Camy, la instalación del Gran Premio 19 Capitales, que integraba a la sociedad de todo el país. Ese fue el gran asunto: el Gran Premio 19 Capitales era un rally que recorría todo el territorio nacional, generando una función integradora que iba mucho más allá de la carrera en sí misma. Se trata de una fiesta deportiva, como lo es la Vuelta Ciclista del Uruguay. En el campo del automovilismo cumple hoy la misma función porque, a iniciativa de Jorge Tomasi, a partir del año 2007 se reitera el 19 Capitales Histórico, que es el que hoy vincula a gente de una docena de países, que ya tiene catorce ediciones y que, de alguna forma, retoma esa idea de ser un hilo conductor que relaciona a los ciudadanos de distintos pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país. Además, cumple una función social con el Programa Ruedas Solidarias, que junto con el Rotary Club brinda asistencia a hospitales, policlínicas, comedores y hogares de ancianos, y entrega becas universitarias a jóvenes.

Lo que me interesa destacar, señora presidenta, aparte de todas las referencias que muy bien desarrolló el señor senador Camy sobre la historia del Automóvil Club del Uruguay, es el hecho de que esta es una institución orientada por valores muy significativos. Hace unos años, a solicitud de la Comisión Directiva del Automóvil Club del Uruguay, tuve la suerte de trabajar en un estudio sobre la responsabilidad social empresarial de esta institución. Me tocó estudiar en qué medida el Automóvil Club del Uruguay aplicaba los principios de responsabilidad social empresarial, y la verdad es que fue un gusto porque encontramos una institución con profundos valores, que no solo desarrolla sus actividades, sino que lo hace de determinada forma, cumpliendo con principios éticos, con valores que están relacionados con su vocación de servicio, su sentido de pertenencia, el concepto de competitividad organizacional y el trabajo en equipo.

El Automóvil Club del Uruguay plantea la búsqueda de la plena satisfacción de sus socios, adelantándose a cumplir sus requerimientos a través del ofrecimiento de servicios de calidad, de procesos eficientes y eficaces basados en la mejora continua, en una constante capacitación del personal, en el uso de tecnología, de herramientas y de infraestructura que garanticen la satisfacción de sus socios y clientes, cumpliendo con el marco legal y promoviendo el compromiso con el cuidado del medioambiente. Como todos sabemos, este rubro tiene una relación directa con la necesidad de llevar adelante medidas que propendan al cuidado del medioambiente, por eso me parece particularmente relevante resaltar el compromiso del Automóvil Club del Uruguay con una gestión responsable y adecuada de sus residuos. En ese marco, esta institución tiene implementado un programa de reutilización del papel, convirtiendo el papel usado de oficinas en cuadernos para las escuelas públicas; los residuos neumáticos, que son altamente contaminantes, son reutilizados luego en mezclas asfálticas, en relleno de canchas de césped artificial, en pistas de atletismo, en pisos para parques infantiles y polideportivos; o en lo que respecta a residuos de hidrocarburos –que, como todos sabemos, causan problemas al medioambiente–, se hace un tratamiento primario en una planta de procesamiento, realizando análisis periódicos de la calidad de sus efluentes para mantenerlos dentro de parámetros aceptables e incorporando tecnologías que permitan disminuirlos cada año.

Además de eso, tiene un largo programa –que no voy a reseñar acá– de calidad de vida laboral, es decir, de acciones y compromisos con sus empleados, con las personas que trabajan en el Automóvil Club del Uruguay. También desarrolla acciones con la comunidad, de preservación del medioambiente, con conceptos de gobierno corporativo, que la hacen ser una institución de la cual los uruguayos debemos estar orgullosos.

Por lo tanto, esta celebración de un centenario nos alegra; nos da garantías de que esta institución tiene una larga historia, una enorme y rica historia, tal como fue reseñado por el señor senador que me precedió en el uso de la palabra. También tiene un presente muy fuerte, pues dentro de la Federación Internacional de Automovilismo se destaca por su valor primordial y es reconocida por instituciones similares de otros países del mundo. Además, tiene un gran futuro por delante.

Señora presidenta: nos sumamos muy contentos a esta celebración y felicitamos a la directiva del Automóvil Club del Uruguay por sus cien años de vida.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: queremos felicitar al señor senador Camy por la propuesta, pues me parece muy positivo que el Senado haga este tipo de homenajes.

En el día de hoy estamos homenajeando a una institución uruguaya que cumple cien años. Cuando hacemos estas cosas imagino lo que estarían pensando aquellos fundadores que, bajo la presidencia de don Roberto Pietracaprina, se reunían en un hotel de la Ciudad Vieja para fundar una institución.

¿Qué pasó en estos cien años? Lo dijeron claramente los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra. En aquel entonces había muy pocos autos, pero seguramente los fundadores eran propietarios de automóviles que estaban preocupados por todo lo que se venía. Durante estos cien años Uruguay cambió mucho, muchísimo; cambió todo el sistema del automóvil –diría que cambió mucho en los últimos años– y el Automóvil Club del Uruguay tuvo una fenomenal y extraordinaria capacidad de adaptación, siendo hoy una de las instituciones importantes que tiene el Uruguay. Cien años después no se encuentra languideciendo, sino que con sus cien años está más fuerte que nunca y es parte de nuestra vida, sin duda de la vida de los montevideanos, pero también de todos los uruguayos.

El servicio de auxilio. ¡Cuántas veces, en noches de lluvia, esperamos que llegaran los jeeps o los camioncitos colorados del Automóvil Club del Uruguay! ¡Cuántas veces, recorriendo el país, abrimos el mapa del Automóvil Club para ver adónde nos llevaba el camino!

Como bien señaló el señor senador Mieres, el Automóvil Club del Uruguay es parte de la realidad urbana de Montevideo y, como dije, parte de todos los uruguayos. Todos hemos vivido anécdotas con el Automóvil Club del Uruguay en distintos lugares, incluso del mundo. Recuerdo que siendo recién casado salía en auto a recorrer e íbamos con la tarjetita del Automóvil Club del Uruguay a un hotel en Córdoba, un lindísimo hotel, y nos salía mucho más barato. ¡En todos lados nos pasaba eso!

Señora presidenta: voy a hacer una confesión. Siendo muy joven –aún no tenía veinte años– vendí una cantidad de cosas que tenía y me fui a ver el mundial de Alemania, en 1974. Recuerdo que entré a una carrera de Fórmula 1, en Holanda –en un autódromo en el que no se corre más, llamado Zandvoort–, con la tarjetita del Automóvil Club diciendo: «Soy del Automóvil Club del Uruguay»; la gente no entendía nada, pero me dejaba pasar. Finalmente, llegué al patio de boxes y estuve conversando con todos los pilotos. Reitero: eso fue en 1974; ¡no hace un millón de años!

SEÑOR MICHELINI.- ¡Que quede constancia de ello en la versión taquigráfica!

SEÑOR AMORÍN.- Si uno quisiera entrar hoy, tendría que pedir autorización dos años antes. En aquel momento íbamos a conversar con Carlos Reutemann, Graham Hill y todos los pilotos de la época con la tarjetita del Automóvil Club del Uruguay.

El Automóvil Club del Uruguay tiene un presente fenomenal, con gente que quiere al automovilismo, y muchos están hoy aquí. Uno de ellos, su presidente, el señor Jorge Tomasi, fue campeón de regularidad y, según me he enterado de forma bastante directa, se entrenaba en su trabajo. El señor Tomasi, que era funcionario del laboratorio Roemmers y llegó a ocupar su máximo nivel, tenía que recorrer el país. Yo me pregunto cómo hace uno para recorrer el país manejando, haciendo miles de kilómetros, sin aburrirse. Una de las fórmulas fue decir: «Vamos a ver cuánto demoro de este kilómetro a aquel» y tomarse el tiempo. Ese entretenimiento para pasar las horas le sirvió como entrenamiento para ser tantas veces campeón de regularidad en Uruguay.

Esto es el Automóvil Club del Uruguay: parte de nuestra vida. Hace cien años que es parte de la vida de los uruguayos y seguramente lo será durante mucho tiempo más, pues ha tenido al frente a gente con enorme capacidad de adaptación y la seguirá teniendo.

Por lo tanto, celebramos con alegría estos cien años.

¡Felicitaciones al Automóvil Club del Uruguay!

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: considero que la convocatoria por este tema es muy oportuna; por lo tanto, felicitamos al apreciado colega, señor senador Camy, que ha realizado una exposición que compartimos totalmente.

En nombre de la bancada del Frente Amplio adherimos al centenario del Automóvil Club del Uruguay pues, como se ha señalado, se trata de una institución señera del automovilismo en el Uruguay.

Quiero aprovechar la oportunidad para referirme a un dato reciente que, a mi juicio, ha sido omitido. El Automóvil Club del Uruguay ha remitido al Parlamento nacional una publicación muy hermosa que, a través de artículos y fotografías, muestra esa centenaria trayectoria de vida en el país. Corresponde señalar que esa publicación, producto de un gran esfuerzo editorial de recopilación de material y de recurrir a la memoria de muchos, nos ha permitido introducirnos en parte de la historia del Uruguay, porque el automovilismo también es parte de la historia del Uruguay. La obra que ha acercado el Automóvil Club del Uruguay a los legisladores –y que mucho agradecemos, pues sus páginas sintetizan y sustancian este centenario– arranca cuando pasamos del caballo a los primeros automóviles, y nos permite tomar una perspectiva sumaria pero real de la gran vitalidad y desarrollo institucional, todo lo cual ha sido descrito aquí con palabras muy hermosas, que indican que seguirá proyectándose. Digo esto porque sus directivas han tratado de aggiornarse para estar así en el liderazgo del automovilismo, todo lo cual ha quedado muy bien demostrado en sala.

SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Desde la bancada del Frente Amplio felicitamos a la comisión directiva y a la masa social del Automóvil Club del Uruguay –que son miles de personas en todo el país– por su centenario.

Con mucho gusto concedo la interrupción que me solicita el señor senador Mujica.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MUJICA.- Señora presidenta: a este merecido homenaje a una institución que tiene cien años, que es mucho tiempo para la historia del Uruguay –tal vez sea nada para la historia de China, pero para nosotros es mucho–, quiero sumar un nombre que quedó por el camino de las glorias del automovilismo. Me refiero a Héctor Supicci Sedes.

Quiero recordar un evento ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En un raid en el que participaba gente del Automóvil Club del Uruguay, la escasez de combustible obligó a la inventiva del gasógeno. En esos años muy duros se hizo un raid para difundir la tecnología del gasógeno. Partía desde Paso de la Arena e intentaba llegar a Río Negro. Allí, gente del Automóvil Club del Uruguay impulsaba en todo lo posible la difusión de esta tecnología que era, nada más ni nada menos que la adaptación de los coches de la época para que funcionaran con un gigantesco brasero atrás y un sistema de filtros, a fin de sustituir el combustible –hasta donde se podía– y paliar la situación de escasez.

Sé que casi toda la gente que hay en este Senado es nuevita, pero los viejos –que en aquella época éramos niños– tenemos que acordarnos de lo que ocurrió, porque fue un momento dramático para el automóvil y para el transporte en el Uruguay. En aquel tiempo, la gente de esta institución trató de difundir e impulsar todo lo que podía aquellas salidas alternativas. Por eso es más que justificado este homenaje.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicito que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en sala sobre este tema sea enviada a la Comisión Directiva del Automóvil Club del Uruguay, a la Comisión Directiva de la Federación Uruguaya del Automovilismo Deportivo y a la Federación Internacional del Automóvil.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa saluda a la Comisión Directiva del Automóvil Club del Uruguay.

16) DEUDORES DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- En el día de ayer, en la Comisión de Hacienda –y tengo entendido que también en la reunión de coordinación de bancadas– se acordó tratar en esta sesión el proyecto relativo a los deudores del Banco de Previsión Social, contenido en la carpeta n.º 1099/2018, repartido n.º 658.

Por lo tanto, mociono para que se declare urgente y se considere de inmediato.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se va a repartir la carpeta correspondiente.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se extiende el régimen de facilidades de pago previsto por los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 17963, de 19 de mayo de 2006. (Carp. n.º 1099/2018 - rep. n.º 658/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la Comisión de Hacienda me ha hecho el honor de nombrarme informante de este proyecto, que es muy breve –tiene un solo artículo– y fue votado por unanimidad.

Se trata de facultar al Banco de Previsión Social a extender el régimen de facilidades de pago previsto por los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 17963, de 19 de mayo de 2006, que ya tuvo una ampliación en el año 2013. Quiero destacar que en ambos casos el Parlamento uruguayo lo votó por unanimidad.

¿De qué trata este proyecto? Como saben los señores senadores, hace poco se votó una serie de facilidades para los contribuyentes de la Dirección General Impositiva; era nuestra voluntad agregar un artículo sobre los deudores del Banco de Previsión Social, pero no pudimos hacerlo porque esa propuesta necesitaba iniciativa del Poder Ejecutivo, que vino luego como artículo separado. Reitero que ya en sesiones anteriores habíamos votado las prerrogativas para los contribuyentes de la Dirección General Impositiva.

En este caso, la propuesta consiste en facilidades, sobre todo, para los aportantes que han retenido los descuentos de la seguridad social de sus trabajadores. Como todos sabemos, el régimen de pago de los contribuyentes al Banco de Previsión Social es diferente cuando se trata de aportes patronales –que son deudas propias y, por tanto, tienen un régimen de pago de mayor facilidad–, que cuando corresponden a quienes actuaron como agentes de retención por los salarios. Todos sabemos que ahí hay un doble daño: por un lado, porque no se vuelcan los aportes de los salarios al Banco de Previsión Social y, por otro, porque la cuota parte que corresponde a las AFAP que no entre en tiempo y forma, pierde los intereses y las ganancias sobre inversiones que estas hacen.

En este caso, lo que estamos haciendo es dar facilidades para efectuar los aportes correspondientes a los trabajadores –y hablamos de hasta tres años–, para que estos no se vean perjudicados, ya sea en lo que respecta al Banco de Previsión Social, como a las AFAP.

Además, las multas y recargos se convierten a unidades reajustables, se les aplica la rentabilidad de las AFAP, y se pueden pagar en hasta seis años. Cuando el dueño de la empresa haga esos aportes, van a ir directamente a las cuentas de los trabajadores de las AFAP, que no van a perder la rentabilidad ni los aportes en la medida en que estarán en unidades reajustables.

Esta iniciativa del Poder Ejecutivo fue votada por unanimidad en la Comisión de Hacienda –reunida en forma extraordinaria–, que aconseja al Senado que la acompañe.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Facúltase al Banco de Previsión Social a extender el régimen de facilidades de pago previsto por los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, por deudas devengadas al 30 de abril de 2018, por concepto de contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 11:08).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:40).

17) INMUEBLES URBANOS VACÍOS Y DEGRADADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con los inmuebles urbanos vacíos y degradados. (Carp. n.º 1002/2018 - rep. n.º 656/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley busca implementar una serie de políticas públicas destinadas a promover la preservación y el cuidado de aquellos inmuebles urbanos que se encuentran vacíos y degradados. Esta propuesta nace de la preocupación real que existe en ciertas zonas urbanas en donde hay un gran número de inmuebles que se encuentran visiblemente vacíos, sin uso y, en algunos casos, degradados. Detrás de cada inmueble deteriorado y vacío existe una fuerte inversión económica realizada, pero, por diferentes causas, no solo se ha deteriorado, sino que tampoco está siendo aprovechado de la manera más adecuada.

El efecto que generan los inmuebles urbanos que se encuentran vacíos, sin uso y degradados afecta, además, el entorno urbano, deteriorando la convivencia social y perjudicando los inmuebles linderos. Entre los riesgos podríamos enumerar afectaciones a la seguridad física de las personas, problemas de salubridad y de habitabilidad y en las relaciones de vecindad y convivencia, así como la desvalorización de las propiedades.

Este proyecto de ley toma la base de los derechos y las obligaciones que habían sido consagrados en la Ley n.º 18308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y los instrumenta al amparo de la política que comenzó a desarrollarse a partir de su aprobación.

Esta problemática es responsabilidad de todos. Están involucrados: el Poder Ejecutivo, en su rol de gestor de políticas públicas en materia de vivienda y ordenamiento territorial; el Parlamento, que debe aprobar las leyes necesarias para generar políticas que permitan ir superando los problemas; y el Poder Judicial, que debe llevar adelante los procesos necesarios para garantizar los derechos de las personas. A su vez, no menos importante es la participación del Gobierno municipal a través de las intendencias y los municipios.

Hago mías las palabras expresadas por el alcalde del Municipio CH de Montevideo, quien destacó la necesidad de que los distintos niveles de gobierno articulen políticas públicas en el territorio. En este sentido, me parece destacable el nivel de consenso al que se arribó en la comisión, especialmente a la hora de escuchar y de tomar inquietudes planteadas por los alcaldes de los Municipios B y CH de Montevideo. Según expresó el alcalde del Municipio CH, este proyecto brinda nuevas herramientas para continuar con un proceso de recuperación de fincas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestros barrios. A su vez, quiero mencionar que comparto sus valoraciones cuando expresó, ante la comisión, que el derecho a la propiedad está protegido en el artículo 7.º de la Constitución, pero que esa disposición también hace referencia a los límites que puede tener por razones de interés general.

Señora presidenta: ese interés general está directamente relacionado con el derecho que tienen las personas de desarrollar su vida cotidiana en un entorno saludable y sano, el que se ve afectado por la situación en que se encuentran las fincas abandonadas y deterioradas en diferentes zonas de la ciudad.

Por otro lado, este proyecto de ley no hace otra cosa que instrumentar y regular deberes que, como dije, ya fueron consagrados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Recordemos que su artículo 37 determinó una serie de obligaciones para los propietarios, quienes, en definitiva, deben contribuir tomando los recaudos del caso para no afectar los derechos de otras personas.

Justamente, el artículo 37 de la Ley n.º 18308 establece los deberes generales relativos a la propiedad inmueble. En primer lugar, menciona el «Deber de usar», conforme a lo previsto en los instrumentos de ordenamiento territorial. En segundo término, menciona el «Deber de conservar» y, al respecto, dice: «Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público». En tercer lugar, se hace referencia al «Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad». En cuarto término, habla del «Deber de cuidar», es decir de vigilar los inmuebles y protegerlos de intrusos. En quinto término, habla del «Deber de rehabilitar y restituir». Recuerdo a los señores senadores que esta ley es del año 2008.

Un aspecto que se trabajó en la comisión y significó un gran aporte al proyecto –a partir de las valoraciones de los alcaldes de los Municipios B y CH– fue la incorporación del terreno baldío como inmueble degradado. En este sentido, se agregó al proyecto de ley la definición de terreno baldío y se la incorporó al régimen jurídico como inmueble degradado, permitiendo de esta manera abarcar otras situaciones igualmente graves que no estaban incluidas en la propuesta original.

Pasando revista al articulado, podemos decir que el artículo 1.º del proyecto de ley declara de interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana, en los términos previstos en el proyecto de ley.

El artículo 2.º establece que la ley «tiene por objeto promover el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble, de forma de evitar y revertir los procesos que conjugan el vacío y la degradación de inmuebles urbanos».

El artículo 3.º consagra su ámbito de aplicación: «los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados» y establece, como excepciones, los inmuebles nacionales de uso público y los inmuebles ubicados en suelo urbano, cuando este último no sea de categoría urbana consolidado.

El artículo 4.º define el inmueble vacío como aquel que se encuentre desocupado por un plazo no menor a veinticuatro meses continuos y, además, establece un plazo de cómputo desde la fecha de la diligencia preparatoria que determine el estado de ocupación del inmueble hacia atrás. El mismo plazo –veinticuatro meses– se tomará en consideración para el tiempo de ocupación precaria.

Resulta fundamental aclarar que el 4.º no establece ninguna retroactividad, sino solo un plazo durante el cual el inmueble debe estar vacío para que opere la ley, extremo que debe probar el actor mediante la presunción del artículo 18 o por cualquier otro medio de prueba.

Los artículos 33 y 34 establecen las dos retroactividades del proyecto y solo operan durante los primeros veinticuatro meses después de sancionada la ley. Sin embargo, la ley otorga efecto a estados –los inmuebles vacíos o la paralización de la obra– configurados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Pasados esos veinticuatro meses desaparece toda retroactividad. Además, nótese que el proyecto solo considera la situación de vacío o la edificación paralizada ocurrida en los dieciocho meses previos a la entrada en vigencia de la ley.

Otro aspecto que debe aclararse es que este proyecto tampoco crea la ficción de que el inmueble estuvo vacío los veinticuatro meses previos a la diligencia. La diligencia, que es la inspección judicial, constata el vacío actual y deberá probarse durante el proceso.

El artículo 5.º define el inmueble degradado como el que se encuentre en «situación de ruina, deterioro o tenga una edificación paralizada o esté en situación de baldío».

El artículo 6.º define al inmueble en situación de ruina; el artículo 7.º, al inmueble deteriorado; y el artículo 8.º, al inmueble con edificación paralizada. A su vez, el 9.º define al inmueble en situación de baldío como «aquel que no contenga edificaciones de clase alguna o las mismas fueren insignificantes y por tanto, sea susceptible de ser ocupado».

Los artículos 10 a 12 establecen los procesos previos a la declaración judicial como inmueble urbano vacío y degradado y, entre otros aspectos, prevén «la inspección judicial del mismo, con la finalidad de constatar su estado de conservación y ocupación, con identificación de eventuales ocupantes, así como la existencia de edificaciones paralizadas u otras circunstancias relevantes». Además, se prevé que la intendencia deba informar técnicamente aspectos fundamentales relativos al inmueble.

Concretamente, el artículo 12 establece: «Cuando el informe técnico de la Intendencia Departamental establezca que el inmueble se ubica en suelo urbano consolidado y se encuentra degradado, previo a la presentación de la demanda, quien haya solicitado la diligencia preparatoria deberá intimar judicialmente a los titulares registrales del derecho de propiedad, a que en un plazo de veinte días presenten, y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación del inmueble que permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente». Más adelante dice: «El proyecto de rehabilitación del inmueble será sometido a consideración técnica de la Intendencia Departamental, la que se deberá expedir en un plazo máximo de treinta días».

Los artículos 13 a 21 regulan el proceso de declaración judicial de inmueble urbano vacío y degradado.

La legitimación activa para iniciar este proceso la tienen el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Vivienda.

En cuanto a la estructura procesal, se prevé que la declaración judicial del inmueble vacío y degradado se tramitará por el proceso ordinario. La sentencia judicial deberá determinar si el inmueble se ubica en suelo urbano consolidado y si se encuentra vacío y degradado.

Para el caso en que se declare un inmueble urbano vacío y degradado, se condena a los titulares registrales del derecho de propiedad a rehabilitarlo, otorgándoles un plazo de veinte días para que presenten y luego ejecuten en un plazo perentorio de un año un proyecto de rehabilitación del inmueble que permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente, bajo apercibimiento de procederse a la venta judicial del inmueble.

La reglamentación establecerá las condiciones técnicas y de plazos de inicio y ejecución de obras que deberán contemplar los proyectos.

El proyecto de rehabilitación del inmueble será sometido a consideración técnica de la intendencia, la que se deberá expedir en un plazo máximo de treinta días.

Los artículos 22 a 32 establecen aspectos relativos a la venta judicial del inmueble.

Aquí quiero hacer mención a los artículos 24 y 27 del proyecto, que son más garantistas para el propietario del inmueble que el actual Código General del Proceso. A partir de la Ley n.º 19090, que modificó el Código General del Proceso, en las ventas judiciales no hay tasación, por lo que se vende al mejor postor sin base. En cambio, el proyecto que tenemos a estudio toma la solución de la ley vigente –la n.º 18125, que está prevista para la ejecución del crédito de vivienda que se aplica al Banco Hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda–, según la cual el remate se realiza sobre la base del 75 % del valor de tasación, que es el valor de mercado, y luego se propone bajar la base al 50 %, porque a veces no hay presentaciones. El valor de tasación es el valor de mercado del inmueble fijado por la Dirección Nacional de Catastro y el valor real que está establecido en el artículo 26 es el asignado por la cédula catastral a efectos del pago de los impuestos.

Finalmente, los artículos 33 a 35 establecen una serie de disposiciones transitorias.

Por el momento, señora presidenta, es cuanto tenía para informar.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero señalar que este es un proyecto bienintencionado, o sea que coincidimos con su intención. Existen inmuebles vacíos y degradados y torres paralizadas que, obviamente, son un problema para el país, por lo que es bueno que se encare el tema. Por tanto, en la intención estamos de acuerdo.

Por otro lado, nos permitimos señalar que existen algunas inconsistencias respecto a los instrumentos a través de los cuales se quiere solucionar estas situaciones, y me parece que esto no se va a lograr, por lo menos, en el corto plazo.

Se está estableciendo el proceso ordinario. Todos sabemos que en el Código General del Proceso hay, a grandes rasgos, dos procesos: el de conocimiento ordinario y el monitorio. También están los extraordinarios, pero creo que no vienen al caso.

En el proceso monitorio se requiere una prueba muy fuerte, se toma una decisión, se excepciona o no –en un proceso muy breve– y recién entonces se dicta la sentencia. El proceso ordinario –que se establece en el proyecto– implica: demanda, contestación, prueba, alegatos, sentencia, apelación y casación. Entonces, quien redactó esta ley, con la mejor intención, optó por el camino más largo, pero de una forma que debilita o diluye la exigencia de prueba. De esta forma, creo que logra un híbrido que no acorta los plazos porque cualquiera de estos procesos va a demorar cuatro o cinco años, pero sí debilita el derecho de propiedad y la prueba, lo cual es grave. Lo que hizo fue diluir la necesidad de la prueba mediante algunos instrumentos de dudosa constitucionalidad para facilitar una sentencia favorable, pero yendo por el proceso más largo.

Sugiero que todos los partidos –y en esto me comprometo personalmente– aportemos un abogado para formar una subcomisión en la que se plantee un proceso monitorio con mayores exigencias en materia de prueba, haciendo mucho más breve el proceso. Además, creo que este proyecto de ley adolece de un problema en cuanto a tiempos parlamentarios. Acaba de ingresar al Senado un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados sobre desalojos colectivos y modificación de la prescripción, que también afecta esto. Entonces, parecería que no hay una coordinación entre lo que viene de la Cámara de Diputados y lo que hoy estamos discutiendo en el Senado, por lo que se podría decir que se está trabajando de forma no coordinada en las dos cámaras. Esta sería nuestra propuesta.

En cuanto al proyecto de ley en sí mismo, hay cosas en las que estamos de acuerdo, por ejemplo, en que declare de interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana, en los términos previstos en la ley. Sí; estamos de acuerdo. Está consagrado en la Constitución de la república el derecho a la propiedad como un derecho que no es absoluto. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, apenas se empieza a estudiar el proyecto, nos encontramos con algunos problemas muy serios.

El primer problema está en el inciso segundo del artículo 4.º, que contradice lo dispuesto en el artículo 18 al decir que se va a considerar inmueble vacío, desde la fecha en que se realice la inspección ocular, veinticuatro meses hacia atrás. Se puede estar creando una ficción. ¿Qué pasa si el inmueble se desocupó la semana pasada y se hace la diligencia esta semana? El inciso primero del artículo 4.º dice: «Se considera inmueble vacío, al que se encuentre desocupado por un plazo no menor a veinticuatro meses continuos», lo que me parece sensato, pero acto seguido establece que el plazo de veinticuatro meses se cuenta desde la fecha de la diligencia prevista en el artículo 10, hacia el pasado. Insisto en que se está creando una ficción sobre algo que puede que no sea cierto; con seguridad no lo sea. No entendemos cuál es la necesidad de computar el plazo hacia el pasado. Creo que este inciso no debería aprobarse. Además, contradice al artículo 18, que dice: «Se presumirá que el inmueble estuvo desocupado durante el plazo de veinticuatro meses previos a la fecha de la diligencia preparatoria, cuando durante dicho período no se registre en el inmueble, conexión o consumo de agua potable o energía eléctrica, en las condiciones y con las excepciones que establezca la reglamentación». Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se cuenta veinticuatro meses para atrás o se presume que está desocupado porque no tiene estas conexiones? Lo otro establece una regla general, pero aquí se establece una regla específica. Aquí hay una contradicción; entonces, ¿cuál es la que vale? ¿Vale la norma del artículo 18 o la norma del inciso segundo del artículo 4.º? Vale una de las dos, y parecería ser que es la del artículo 18, que en su inciso final dice: «La presunción prevista en este artículo admite prueba en contrario». Supongamos que se prueba que la presunción no era cierta, entonces, el actor puede decir que rige el inciso segundo del artículo 4.º. La contradicción es tan grande, que me lleva a pensar que este proyecto de ley fue redactado por un abogado de alguna oficina o repartición pública –y lo digo con todo respeto– al que le dijeron: «vas a tener que hacer estos desalojos», y entonces se armó este proyecto ley mediante el cual él piensa que se va a asegurar que va a ganar el juicio. Esta es una contradicción enorme, así como también lo es el artículo 9.º. Repasemos: el proyecto de ley requiere que el inmueble esté vacío y degradado, o sea, no alcanza solo con que esté vacío, tiene que estar vacío y degradado. Y se entiende que hay degradación cuando se dan tres hipótesis: cuando está en situación de ruina (artículo 6.º); cuando está en situación de deterioro (artículo 7.º) y cuando está la edificación paralizada (artículo 8.º). Por tanto, se exige que el inmueble esté vacío y que se dé alguna de estas tres hipótesis.

En el caso del inmueble vacío, obviamente, se está refiriendo al que está en situación de baldío. El artículo 9.º dice: «Se considera inmueble en situación de baldío aquel que no contenga edificaciones de clase alguna o las mismas fueren insignificantes y por tanto, sea susceptible de ser ocupado», pero parecería ser una norma innecesaria. Insisto en que se dice: «sea susceptible de ser ocupado», pero ¿por quién? Supongo que por su propietario, porque no se va a estar alentando ocupaciones, aunque no se dice.

Por otra parte, para ser ocupado ¿es necesario que sea baldío? ¿Es necesario que no tenga edificaciones? No; puede tenerlas o no, con edificaciones o sin ellas el propietario puede ocuparlo. No entendemos la última parte que dice: «sea susceptible de ser ocupado», salvo que se esté previendo la posibilidad de que lo ocupen terceros en forma precaria y, coincidentemente, junto al proyecto de ley que acaba de entrar de la Cámara de Diputados, se establezca que a los cinco años prescribe. En ese otro proyecto de ley se están bajando los plazos de prescripción del Código Civil de 20 años con justo título y 30 años sin justo título, a cinco años. Increíblemente, en el período pasado se aprobó otro proyecto de ley que estableció que la ocupación de un inmueble es un delito. Entonces, hay una cantidad de contradicciones. Ocupar un inmueble es delito, pero si se ocupa por cinco años se premia con la propiedad, o sea que quien comete por cinco años un delito recibiría el premio de ser propietario. Aclaro que estamos tocando normas del Código Civil.

Después hay otras cosas que pueden parecer menores, pero que podrían mejorarse. El artículo 10. 2 establece que la diligencia de inspección ocular se tramitará en forma unilateral, esto es, sin notificar al propietario, que es la contraparte. A continuación dice que si el propietario no tomó conocimiento de la medida en forma concreta se le va a notificar la medida. Entonces, ¿es unilateral o lo notificamos? ¿Se entera o no se entera? Acá parece haber un problema de redacción. Cuesta creer lo que establece el artículo 10.3, porque sí que es inconstitucional. En ese artículo se establece que para determinar el estado de conservación del inmueble, el tribunal dispondrá la concurrencia de un técnico que será designado por la intendencia, quien no podrá excusarse. ¿Cómo que no puede excusarse? ¿Y si es el demandado, o si trabaja para el actor o si, sencillamente, no quiere hacer el trabajo porque no tiene tiempo? Y si no le van a pagar, ¿tampoco puede excusarse? ¿Tiene que ir, igualmente? ¿Qué estamos estableciendo? ¿Cómo que no puede excusarse? Me pregunto si estamos estableciendo, por ley, el trabajo forzado sin remuneración. No encuentro una explicación para esta norma. Además, en la norma se dice que se le podrán requerir las explicaciones técnicas del caso. ¡Agárrense! La intendencia nombra un arquitecto o un ingeniero, lo comunica al juzgado y éste le dice: «¡Venga!». Y si el profesional dice que no puede o argumenta que no le van a pagar, no importa, se le dice que igual debe ir a hacer el trabajo, y gratis. Me parece que esto no es lo que se ha querido, sino que fue una omisión en la redacción.

Si vamos al artículo 15, veremos que allí se establece el proceso ordinario como estructura procesal. Tal vez no haya conocimiento del proceso ordinario, así que me permito señalar que estamos estableciendo en la ley la obligatoriedad de recorrer el camino más largo del Código General del Proceso. Como verán, antes de iniciarse el proceso se empieza con una medida preparatoria, que es una inspección ocular; después establecemos el proceso ordinario –demanda, contestación, prueba, audiencia de alegatos, sentencia, apelación y posible recurso de casación– y al final decimos que obligatoriamente se debe ir al proceso de ejecución. Basta con tener un poco de experiencia en los tribunales para darse cuenta de que todo esto llevará –aun siendo generoso– tres o cuatro años. No quiero criticar la abogacía del Estado, pero –¡vamos a decir la verdad!– no se destaca por su celeridad; por lo general, el jerarca del Estado no está tan encima de los abogados como lo hacen los clientes particulares. En consecuencia, esto que normalmente lleva de tres a cinco años, será llevado a cabo por la abogacía del Estado. ¡No veo que se pueda lograr lo que se pretende con este proyecto de ley!

Una vez lograda la sentencia, después de haber apelado y todo lo demás, vamos a la venta judicial, y acá encontramos algo que, a mi juicio, es inédito en el derecho uruguayo. Lamentablemente no hay ningún escribano en sala –recién estaba la escribana Argimón– que me pueda corregir, pero lo que impone el artículo 24 nunca lo vi. Allí se dice: «En esta ejecución no se realizará la agregación, el estudio, ni la aprobación de los títulos.

En la presente venta judicial, el título traslativo de dominio será considerado autónomo y perfecto, dando inicio a un nuevo proceso dominial».

Para aquellos que no han pasado por la Facultad de Derecho –como me ha tocado a mí–, me gustaría explicar algo: cuando se llega a la sentencia y se va a rematar el inmueble hay que traer los títulos de propiedad, tal como sucede cuando cualquiera de nosotros va a comprar una casa y le dice al escribano: «Estudiame los títulos de propiedad para que estén bien y que quien me está vendiendo sea el propietario, que no haya una promesa de compraventa inscripta, que no haya una hipoteca o que el bien no esté embargado». Sin embargo, acá se dice que no se va a estudiar nada; directamente se va al remate sin pedir el título ni estudiar para atrás. ¿Cómo se soluciona lo que no se estudia? Se dice: «Borrón y cuenta nueva. Todo lo que quedó en el registro, toda la historia del inmueble ya no existe más. Se inicia desde ahora un nuevo proceso dominial desde cero».

¡Con esta norma estamos atentando contra ciento cincuenta años de seguridad registral en el Uruguay! Cada inmueble en Uruguay tiene un número de padrón y cuando uno va al registro puede saber quiénes fueron sus anteriores propietarios y controlar si se vendió bien. Ahora, con esta ley, eso no va a pasar más. Esa seguridad jurídica es muy destacada en Uruguay. Por ejemplo, hoy en día, en muchos lugares de Paraguay sucede que no hay catastro, es decir que cuando se compra un inmueble no se dice: «el plano de fulano que lo delimita»; por el contrario, se afirma que va «hasta la cuchilla Tal y el arroyo Cual». ¿Qué seguridad jurídica es esa? Porque puede suceder que después la cuchilla sea otra o se haya corrido el mojón para otro lado. Nosotros contamos con esa seguridad jurídica y es una de las virtudes que brinda Uruguay; sin embargo, aquí se está estableciendo un nuevo sistema.

Además, no se pide la agregación del estudio de títulos al momento de rematarse el inmueble, pero después, cuando se reparta el dinero hay que tener en cuenta al propietario, a los acreedores, etcétera. O sea que después habrá que hacer un estudio de títulos para saber quién era el propietario anterior. En este sentido, cuando consultamos al doctor Biurrun –distinguido procesalista de quien tuve el honor de ser compañero de clase– en ocasión de su visita a la comisión, dijo: «Bueno, usted sabe lo difícil que es conseguir los títulos de propiedad». Me parece que es algo muy sencillo: se intima al propietario y si no los entrega, se va al escribano y se expide una segunda copia.

No olvidemos que se trata de un proceso de cinco años, así que alcanzaría con que al momento de hacer la diligencia, se intimara al propietario a traer los títulos. De esta manera, mientras transcurre el proceso ordinario también corre el plazo para que el propietario entregue los títulos –por si se llega a esa instancia–, diga dónde están o se los pueda caucionar. ¡Pero no!

Esto afecta algo muy básico, no ya del derecho de propiedad sino la seguridad y certeza jurídica sobre la propiedad en Uruguay, y es algo nuevo.

En definitiva, nuestra propuesta es hacer una ley que efectivamente logre su cometido y que sea algo rápido. Si alguien está pensando en que con esta ley van a terminar con las estructuras sin construir –por ejemplo de los edificios en el Este y demás–, eso no será así porque lo primero que va a pasar será que se irá por el proceso ordinario y, en segundo término, se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. Lo cierto es que pasarán siete u ocho años antes de que la abogacía del Estado pueda lograr el objetivo que se está planteando.

En realidad, pido disculpas porque no integro la comisión –aunque fui cuando asistieron los técnicos–, y como nuestro partido no tiene miembro titular allí, no hemos hecho propuestas. Estaríamos dispuestos a votar en general este proyecto de ley, con muchas dudas, pero no votaríamos una cantidad de artículos que no nos parecen adecuados.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: el Partido Nacional solicitó el cuarto intermedio para analizar algunos de estos artículos porque, si bien muchos de ellos fueron votados por nuestros legisladores en la comisión, han surgido algunas dudas a raíz del intercambio de opiniones que hemos tenido en la reunión de bancada.

Volvemos a decir lo mismo: vamos a acompañar el proyecto de ley en términos generales, pero tenemos muchas dudas en lo que refiere al articulado. Por esta razón, vamos a solicitar que no se vote en bloque porque hay algunos artículos que nos generan incertidumbre. Entiendo que es un procedimiento que puede ahorrar tiempo, pero en este caso iría en desmedro de la calidad legislativa y de las certezas que debemos tener.

Para nosotros hay dos temas que debemos combinar. El primero de ellos es en la Administración pública –hablo del Estado en su concepción mayor, o sea, el Estado y las intendencias–, donde se está generando un problema como consecuencia de que tanto en la capital como en las ciudades del interior hay obras inconclusas que irritan –por lo menos a mí me irritan–, lo que ocasiona que haya edificios sin terminar desde hace muchos años. Esta situación es proclive a que esos edificios abandonados sean ocupados por personas, muchas de las cuales –no digo todas– montan operativos para delinquir, y hay varios ejemplos en ese sentido. Con esto no quiero decir que todos los que ocupan edificios abandonados delinquen, pero muchas veces hemos visto que la falta de certeza o de seguridad jurídica por parte de la Administración lleva a que no se pueda actuar.

También hemos visto casas en muchos barrios –céntricos o no– que han sido abandonadas por sus dueños y que el Estado –que muchas veces está desesperado por tener tierras para edificar– podría desarrollar una labor que serviría de cobijo a familias que no pueden acceder a una vivienda.

Nos parece lógico y compartible que la Administración cuente con herramientas jurídicas para poder actuar frente a estas situaciones que se generan cotidianamente.

Por otro lado, hemos visto situaciones que nos han alarmado. En lo personal, he tenido oportunidad de visitar muchos municipios en todo el país y tengo muy presente cuando en el período pasado visité al alcalde de Salinas
–que pertenecía a la coalición de gobierno; no sé si continúa como alcalde–, quien me señaló que su gran preocupación era la industria ocupacional que se estaba desarrollando en ese balneario, donde mucha gente asociada a inmobiliarias y abogados ocupaban sistemáticamente terrenos de quienes lograban comprarlos luego de mucho esfuerzo para hacerse una casita el día de mañana. Eso había generado una industria conformada por abogados y reclamos que llevaba a que mucha gente perdiera su terreno debido a una corriente ocupacional, lo que no solo preocupaba a quienes vivían en Salinas sino también en otras zonas de la Costa de Oro.

Entonces, hemos visto situaciones que realmente nos preocupan, y no me refiero a aquella persona que sin tener posibilidades, en la desesperación o como fruto de ella, ocupa un lugar abandonado porque en algún lado tiene que vivir y el Estado no tiene una cartera de tierras para poder asentarla en un lugar, como debería estar. No; lo que me preocupa es la industria de la ocupación, la industria para delinquir. Acá les dicen: «Ocupá este terreno porque sabemos que el dueño está de viaje, o paga sus impuestos pero no está y no tiene posibilidades de fiscalizar y reclamar cuando le ocupan su terreno». Quizás, para el dueño represente una caja de ahorros y lo esté pagando en muchas cuotas para algún día poder edificar o dejárselo a sus hijos. En nuestro país es elemental y muy común que mucha gente trabajadora, con un gran esfuerzo, pueda concretar el sueño de su casa en un balneario.

Esta situación que hemos visto en muchos lugares ha generado nuestra preocupación, y por eso queremos analizar con detenimiento, seguridad y seriedad estos artículos junto con el miembro informante, señor senador Carrera, para que él nos asegure que, en el afán de ayudar a la Administración a que pueda hacerse de viviendas desocupadas y terrenos abandonados –iniciativa que compartimos–, que muchas veces son nido de ratas, no estemos siendo permisivos y de alguna manera generando esta situación de delincuencia en la que mucha gente ocupa terrenos a sabiendas de que no están abandonados ni son terrenos baldíos, sino que lo hace para tener una propiedad, que no ha obtenido con derecho propio sino ocupándola.

Señora presidenta: vamos a acompañar el proyecto de ley en general porque compartimos el principio que busca la Administración, pero vamos a ser muy celosos a la hora de considerar cada uno de los artículos, de modo tal de tener las garantías de que muchas de estas disposiciones legales no brinden herramientas a quienes las usan, en forma indebida, para adueñarse de un terreno que no les corresponde porque su dueño con mucho esfuerzo lo ha ido pagando a lo largo de su vida, hasta con el pensamiento de irse a vivir allí después de su retiro laboral.

De manera que vamos a escuchar con mucha atención la discusión de los artículos que nos generan muchos reparos o no son claros para proponer que se clarifique la redacción porque, de lo contrario, no contarán con nuestro voto. Queremos tener la tranquilidad de que no estamos siendo instrumentos para quienes delinquen con este tipo de normas, sino que estamos tratando de ayudar a la Administración a que pueda hacerse de inmuebles que han sido realmente abandonados, inmuebles que hoy están en notorio desuso y hasta rompen la propia urbanidad de la ciudad, del pueblo del interior o de la propia capital montevideana donde están ubicados.

SEÑOR SARAVIA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Muchas gracias.

En la misma línea, quiero decir que me tocó participar en la comisión por algún compañero y allí planteé que si bien compartimos el espíritu de este proyecto de ley, algunos artículos nos generan serias dudas porque, a nuestro entender, violan normas y leyes procesales. Nosotros esperamos a que fueran modificados –este proyecto de ley volvió a comisión y ahora está nuevamente en consideración del Cuerpo– pero eso no se dio, de modo que hoy aspiramos a que puedan corregirse algunos aspectos. Por lo tanto, vamos a pedir el desglose de esos artículos.

Nos gustaría, además –y este es uno de los temas que habíamos planteado–, que el señor miembro informante se refiera a las fallas jurídicas que tiene este instrumento. Creo que el espíritu del instrumento es muy bueno, pero tiene fallas jurídicas –algunas ya fueron mencionadas por los señores senadores–, como por ejemplo, el artículo 26, que elimina totalmente la ley que declara el concurso, al decir: «ni la situación concursal del propietario, impedirá el inicio o la prosecución de cualquiera de los procesos previstos en esta ley», etcétera. Imaginen qué pasaría si una empresa entra en concurso y el juez a cargo de la ejecución es eliminado del medio. Si el único bien que le queda a la empresa es una propiedad que está en esta situación, los trabajadores que reclaman no podrían cobrar.

Tengo esas dudas. Por eso creo que este artículo –al igual que otros– va debilitando este instrumento, que podría ser mucho mejor y resultar eficiente para lo que todos queremos, porque en definitiva todos estamos de acuerdo en que debemos solucionar este tema. Todos conocemos un famoso edificio cerca de acá que supuestamente pertenecía al crimen organizado y al narcotráfico, que hace años se encuentra abandonado y ocupado, y así hay otro montón de propiedades. Incluso, ha habido reclamos de alcaldes y de los intendentes de todos los departamentos en los que hay este tipo de problemas.

En definitiva, creo que este instrumento adolece de los elementos necesarios para constituirse en una herramienta adecuada para solucionar este tema.

Por lo tanto, luego pediré el desglose de algunos artículos, tal como mencionó el señor senador Heber.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: más que interrumpir al señor senador, quiero pensar en voz alta, quizás para poder razonar juntos.

En el inciso segundo del artículo 3.º se establece: «Quedan exceptuados los inmuebles nacionales de uso público», o sea que quedan alcanzados los bienes de propiedad nacional cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes y son bienes privados del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debería accionar, para empezar, contra AFE –que vaya si tiene galpones en el país–, y luego tendría que seguir contra muchos otros. Acá estamos incluyendo, también, bienes del Estado. Quiere decir que el Estado rematará al Estado. Es una cosa novedosa; repito: el Estado le rematará al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 477 del Código Civil.

Lo que señalaba el señor senador Saravia es importante, en especial para los acreedores laborales y los concursales, y sobre todo en estas épocas en que estamos con los fondos de garantía para el cobro y todas las cosas. La última ley de concursos aprobada –no en este período ni en el anterior, sino en el primer período de gobierno del Frente Amplio– estableció un cambio radical en cuanto a la ejecución de los bienes del concursado: en lugar de rematarse o venderse por partes, se vende el fondo de comercio, el establecimiento comercial. Ese es un gran cambio porque, obviamente, se establecen todos los activos para que pueda seguir funcionando o lo que sea.

Aquí estamos admitiendo –aún en los casos de concurso, tal como lo dice este proyecto de ley a texto expreso– que se puede rematar individualmente. Quiere decir que estaríamos retrocediendo frente al principio y al espíritu de esa ley concursal –que justamente pretendía que se mantuviera el conjunto de los bienes para lograr mayor valor– y volviendo a la vieja tesis de que se vaya rematando de a uno, lo que hace perder valor.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Creo que las dos intervenciones anteriores son de recibo.

El señor senador Saravia trae una duda muy legítima, en la que nos gustaría profundizar durante la discusión particular de este artículo, como para poder acompañarlo si se nos convence de lo contrario. Acá no hay una visión partidista; no la tenemos, señora presidenta. Queremos que sea un buen instrumento y no algo que sea mal usado por parte de quienes siempre están mirando un lugar donde ampararse para obtener beneficios propios y no los que busca la sociedad en su conjunto.

También es bienvenida la observación realizada por el señor senador Bordaberry al artículo 3.º, que establece que quedan exceptuados los inmuebles nacionales de uso público. Como no me queda claro el texto de este artículo, también pediré su desglose.

A lo largo de mi vida política –de unos cuantos años–, recorriendo el país, he visto que muchas veces el Estado abandona terrenos de su propiedad y no entiendo por qué tiene esas propiedades perdidas, en algunos casos en el medio de la nada. Esto sucede, por ejemplo, con el Ministerio del Interior alrededor de las comisarías de campaña, porque en la vieja concepción de recorrer a caballo, reunió varias hectáreas que a veces generaron no solo un terreno baldío en el medio del pueblo sino un lugar que se dio al abandono. También se da en el caso de algunas policlínicas en los pueblos del interior –no sé si en algún momento se pensó que ciertos pueblos tendrían un desarrollo muy grande y se construiría allí un hospital–, donde a veces en una manzana tienen abandonado el resto del espacio, lo que genera no solamente una mala imagen sino también suciedad en el medio del pueblo y sensación de abandono. Por su parte, hay muchos terrenos de AFE que atraviesan los pueblos y que están en situación de abandono cuando podrían ser usados para construir viviendas.

Por lo tanto, cuando llegue el momento de considerar el artículo 3.º, nos gustaría que el señor miembro informante nos ayudara a entender el porqué de la excepción de los inmuebles nacionales de uso público. No queremos que el Estado remate al propio Estado, pero sí que tengamos una cartera de tierras, que son públicas y están abandonadas, para que puedan ser usadas con el bien superior que nuestra sociedad persigue, que es dar vivienda a la gente que la precisa, en el medio de nuestro país y de las ciudades.

Tengo muchos otros ejemplos para citar, pero llegado el momento, señora presidenta, profundizaremos en este tema durante la discusión particular como para saber si estamos haciendo lo mejor para nuestro país y nuestra sociedad.

El fin y el objetivo los compartimos, pero tenemos dudas en cuanto a los caminos tomados.

Es cuanto tenía para decir.

SEÑORA PRESIDENTE.- Como no hay más señores senadores anotados, tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: está bueno, en definitiva, que el sistema político tenga una apreciación compartida de la problemática. Solo quiero aclarar que se abrirá una nueva instancia en la Cámara de Representantes donde se podrá trabajar en algunas valoraciones realizadas, entre otros, por los señores senadores Bordaberry y Heber.

Para nosotros este instrumento es realmente novedoso y necesario, y tal como dije hoy, parte de la premisa de que hay obligaciones preexistentes.

En el artículo 37 de la Ley n.º 18308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de 18 de junio de 2008 –ya lo cité, pero lo vuelvo a leer porque considero que es bueno recordarlo–, se establecen deberes generales para los propietarios de inmuebles, y dice: «a) Deber de usar. Los propietarios de inmuebles no podrán destinarlos a usos contrarios a los previstos por los instrumentos de ordenamiento territorial conforme a la presente ley y las determinaciones que se establezcan conforme a los mismos durante su aplicación.

b) Deber de conservar. Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el Gobierno Departamental competente.

c) Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad […].

d) Deber de proteger el patrimonio cultural […].

e) Deber de cuidar. Los propietarios de inmuebles deberán vigilarlos y protegerlos frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de negligencia de las acciones que estos puedan ejercer en contravención a lo dispuesto por los instrumentos de ordenamiento territorial […].

f) Deber de rehabilitar y restituir […]».

Es decir, esta norma que estamos estudiando parte de la premisa de que hay obligaciones preexistentes.

Voy a referirme ahora a otras cosas que se dijeron.

Por un lado, la Administración no busca hacerse de bienes, sino que procura tener un instrumento para el caso de que si un propietario no cumple con sus obligaciones, pueda intimarlo, y si sigue sin cumplir con sus obligaciones luego de la intimación, pueda llevar la propiedad a remate. Con relación al dinero que se recaude, en principio va a quedar a la orden en una cuenta del Banco República y, luego de transcurrido cierto tiempo, pasará a rentas generales e irá al Fondo Nacional de Vivienda. Quiero que quede claro que acá no se busca hacerse de bienes, sino tener un procedimiento adecuado para trabajar sobre una situación que enfrentan los alcaldes del Municipio B, Carlos Varela, y del Municipio CH, Andrés Abt, por lo que ellos lo ven con muy buenos ojos. Reitero que lo que busca la Administración es poder contar con un instrumento para que no haya bienes abandonados, vacíos y degradados en suelo urbanizable, es decir, para que exista una política de ordenamiento territorial. Me parece que esto debe quedar claro.

No es cierto que este proyecto viole leyes procesales. Lo que busca es establecer normas procesales diferentes, que son, como dije, en algunos casos más garantistas que las que están en el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque como es un proyecto de ley nuevo, innovador, el Poder Ejecutivo quiso dar todas las garantías a nuestros ciudadanos, en la medida en que, en definitiva, se está legislando en torno al derecho de propiedad. A este respecto, como muy bien señalaron el doctor Correa Freitas y el señor senador Bordaberry en la comisión, este derecho no es absoluto. A partir de la Constitución de 1934 se le da una función social al derecho de propiedad y se permite que por razones de interés general se lo pueda limitar.

Este proyecto de ley no busca incentivar las ocupaciones. A pedido de los alcaldes se incorporaron los terrenos baldíos porque son un problema para la convivencia y la salubridad en los diferentes municipios. Eso debe quedar claro.

Quiero hacer algunas precisiones también.

No es cierto que el proceso ordinario sea el más engorroso o el más largo. Todo depende. El proceso ordinario, sí, en mi opinión, es el más garantista. Y si no hay contradicción, es decir, si no hay alguien que se oponga, es rápido. Lo mismo se puede decir del proceso monitorio, que es el más corto: si hay contradicción, se puede alargar. Entonces, no es una verdad absoluta que el proceso ordinario no sea de utilidad en este caso.

También es importante destacar que en la comisión recibimos muchos aportes de constitucionalistas y de profesores de Derecho Procesal, que fueron de gran utilidad.

Otra aclaración está vinculada al proyecto de ley de desalojos colectivos y de prescripciones cortas, que ingresó a esta cámara en diciembre del año pasado. Nosotros ahora nos estamos proponiendo estudiarlo en la comisión. Y no es cierto que a través de ese proyecto de ley estemos modificando el plazo de la prescripción. Ya en la ley de 2008 se establecía una prescripción corta, de cinco años, para ciertas situaciones. Lo que estamos reviendo en ese proyecto de ley, que está a estudio en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial –e invitamos a todos los miembros del Cuerpo que quieran participar a que se acerquen, porque a partir de hoy vamos a comenzar a tratarlo–, es el procedimiento. Pero reitero que no se está acortando ningún plazo de prescripción. Es algo que ya existe desde hace diez años. Dentro de unos días, el 18 de junio, esta ley va a tener diez años.

La intención de la bancada de gobierno es que empecemos a votar hoy y luego se abrirá una instancia en la Cámara de Representantes en la que todos los partidos políticos podrán hacer aportes. Realmente creemos que este es un buen instrumento, es novedoso, y nos cuesta porque estamos innovando. Pero reitero que la Administración no busca hacerse de ningún bien. Primero intima a que se cumplan las obligaciones. Si se da el caso de algún concurso, se le va a intimar al síndico, que tiene obligaciones y luego tendrá responsabilidades. Si no cumple, se inicia ese proceso ordinario y luego se puede llegar a la venta judicial. Nos cuesta entenderlo porque tenemos esas formas tristes de razonar; lo digo con todo respeto. Creo que es bueno innovar en el tema de la escritura, porque cuando se va a hacer una ejecución forzosa o cuando se va a un remate, todos sabemos cómo les cuesta a los profesionales que están interviniendo hacerse cargo de toda esa documentación. En definitiva, es algo innovador y la Constitución habilita a establecer procedimientos especiales para el artículo 12.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Sigo sumando dudas, pero quizás la claridad del señor senador pueda iluminar mi oscuridad.

El señor senador Carrera citó el artículo 32 de la Constitución y coincido con él en cuanto a que el derecho de propiedad está sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Sin embargo, ese mismo artículo tiene otra parte que quizás estamos obviando, porque dice: «Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda». La segunda frase, que dice: «Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación», es la que me lleva a tener dudas sobre este proyecto de ley. Estoy de acuerdo en que esta iniciativa puede ser catalogada de interés general y obviamente se está estableciendo una necesidad de utilidad pública, que es que los inmuebles no estén vacíos y degradados. Pero la segunda parte exige una previa y justa compensación, por lo que uno diría que estamos estableciendo un procedimiento por el cual no se va a privar a nadie de un inmueble hasta tanto se remate. Podríamos decir que es algo que se le parece, pero cuando llegamos a los artículos 27, 28 y 29, nos encontramos con que el Estado se puede quedar, por ejemplo, en el caso de que no haya interesados, con el inmueble por la mitad del valor de tasación. Quiere decir que el Estado estaría quedándose con un inmueble por la mitad de su valor de tasación cuando la Constitución establece que tiene que dar una justa y previa compensación. Entonces, aquí es donde me surgen las dudas en cuanto a la constitucionalidad de la norma, porque el artículo 32 es muy claro, y es la Constitución. Y además de eso, establece después que el Estado tiene preferencia para adquirir el inmueble.

Por otra parte, si vamos al artículo 31, le expropiamos la compensación. Si no se retira en determinado plazo, se la damos al Estado. Me parece que eso debe ser inconstitucional.

No es que esta normativa esté mal, reitero; no quiero que se malinterprete. Creo que a este proyecto de ley le falta tiempo de trabajo. Considero que hay que analizarlo un poco más a fondo porque, a la luz del artículo 32, aquí ya cité tres o cuatro normas que, a mi juicio, son inconstitucionales por violar el artículo que acaba de citar el señor senador, a quien respeto mucho y creo que ha hecho una buena defensa de la mayoría de las disposiciones, pero no de estas.

Además –y este es un tema al barrer–, nosotros estamos aprobando el proyecto de ley casi como lo mandó el Poder Ejecutivo, y tiene una enormidad de errores de redacción, señora presidenta. Son errores de redacción que, normalmente, en el Senado nos tomamos el tiempo para corregir: se repiten palabras, se ponen comas donde no tienen que estar, etcétera. Creo que deberíamos darnos un tiempo mayor para aprobar una mejor ley y lograr los objetivos que se persiguen. Si no, me parece que no se van a lograr.

Muchas gracias, señor senador, por la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- No quiero iluminar al señor senador. Nosotros tenemos miradas diferentes sobre el problema. Creo que esta norma fue estudiada, vino de nuestro Poder Ejecutivo y hace tiempo que se viene trabajando en este tema. Gran parte de este proyecto de ley, en mi mirada, cuando se llegue a la venta judicial se va a aplicar a los bienes que están abandonados. En otras situaciones, es un instrumento para ser utilizado con aquellos propietarios que no cumplen con las obligaciones establecidas en la ley de ordenamiento territorial. En esos casos, el Gobierno nacional y el municipal tendrán esta herramienta. Pero en todo caso, como dije anteriormente, luego habrá una oportunidad en la Cámara de Representantes para analizar algún otro aspecto que considere el sistema político.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Consulto a los señores senadores si quieren hacer alguna sugerencia acerca de cómo proceder.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Solicito que votemos por capítulos, señora presidenta, desglosando los artículos en los que tenemos dudas, y que se suprima la lectura, quizás no de los artículos desglosados, pero sí de los que vayamos a votar en bloque. Por ejemplo, en el capítulo I nosotros quisiéramos desglosar solamente el artículo 3.º.

SEÑORA PRESIDENTE.- La propuesta es, entonces, votar por capítulos, desglosar en cada uno de ellos los artículos que se soliciten y leer solamente el texto de los artículos desglosados.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Estamos de acuerdo con la propuesta y ya adelantamos lo que vamos a hacer: vamos a votar solamente el artículo 1.º y no vamos a acompañar el resto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el criterio propuesto.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

En consideración el capítulo I.

En este caso se ha solicitado el desglose de los artículos 1.º y 3.º.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Sobre el artículo 2.º tengo una consulta de redacción.

SEÑORA PRESIDENTE.- Vamos a ir por orden y enseguida le doy la palabra, señor senador.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- No entiendo el alcance del verbo «conjugar» en este caso. El artículo dice: «[…] revertir los procesos que conjugan el vacío y la degradación de inmuebles urbanos». No me parece el verbo apropiado. ¿Cuál es el sentido de conjugar el vacío y la degradación de inmuebles urbanos?

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Lo que se busca es evitar y revertir la situación de aquellos inmuebles que estén vacíos y degradados. Para que se aplique la ley tienen que cumplirse los tres requisitos, es decir, que los inmuebles estén vacíos, degradados y que estén en suelos urbanizables.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Creo que en este artículo, en vez del verbo «conjugar», debería utilizarse «configurar».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Propongo que se vote el artículo tal cual vino de comisión.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Estoy realizando el planteamiento en el afán de lograr una redacción más apropiada, porque «conjugar» no es adecuado a lo que se pretende decir.

Lo que plantea el señor senador Carrera es que lo que se pretende decir es que implique las dos situaciones conjuntamente. Entonces, propongo la siguiente redacción: «[…] los procesos en los que se combinen las situaciones de vacío y degradación de inmuebles urbanos».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Aceptamos la propuesta del señor senador Mieres.

SEÑORA PRESIDENTE.- Solicito al señor senador Mieres, entonces, que lea su propuesta para esta parte del artículo.

SEÑOR MIERES.- Diría lo siguiente: «[…] revertir los procesos en los que se combinen las situaciones de vacío y degradación de inmuebles urbanos».

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo 2.º del proyecto de ley tal como quedaría redactado.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 2º. (Objeto de la ley).- La presente ley tiene por objeto promover el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble, de forma de evitar y revertir los procesos en los que se combinen las situaciones de vacío y degradación de inmuebles urbanos».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2.º con la redacción que se acaba de leer.

(Se vota).

–21 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: en la discusión general hice alguna mención a por qué quedan excluidos los inmuebles nacionales de uso público. Si bien coincido con el senador Bordaberry en cuanto a que el Estado no tenga que rematar al propio Estado, es decir que no tenga que llegarse a ese extremo en la instrumentación, me parece que los inmuebles nacionales de uso público son los primeros que se dejan abandonados.

Me gustaría que el señor senador Carrera hiciera algún comentario respecto a ese tema porque estamos obligando a los propietarios, pero me parece que hay que predicar con el ejemplo. Y el Estado tiene muchos terrenos, a veces en condiciones de abandono. Entonces, me gustaría que hiciera un comentario, por lo menos en la consideración del artículo 3.º, con respecto a la obligatoriedad de que el Estado no sea el que degrade y abandone, lo que lleva a la expresión «¡Eso es fiscal!», utilizada en campaña para referirse a un campo o a un terreno que está abandonado. Los paisanos dicen «¡Eso es fiscal!» cuando un terreno está abandonado, no es de nadie.

Insisto: me gustaría escuchar un comentario del señor miembro informante a ese respecto, no con el ánimo de incluirlo en el artículo 3.º, sino a los efectos de identificar un problema cuando el Estado no predica con el ejemplo de lo que está exigiendo.

Gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: el artículo 3.º busca excluir los bienes de propiedad nacional o de uso público. El artículo 477 del Código Civil dice: «Los bienes de propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos los habitantes del Estado, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos del Estado.

Los bienes de propiedad nacional cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes privados del Estado o bienes fiscales. (Artículos 1193, 1194 y 1668)». Es decir que este proyecto excluye los bienes de uso público que pertenecen a todos los ciudadanos. Para los bienes de uso privado se podría aplicar este mecanismo previsto en la ley. Por lo tanto, no estamos haciendo una distinción entre unos y otros.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º.

(Se vota).

–21 en 24. Afirmativa.

En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 4.º a 9.º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: solicitamos que se desglosen los artículos 4.º, 5.º, 8.º y 9.º.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos del presente capítulo, con los desgloses solicitados por el senador Heber.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: el artículo 4.º ya se discutió y no vemos la posibilidad de que se elimine el inciso segundo. Asimismo, el plazo de veinticuatro meses continuos es, a nuestro juicio, demasiado corto.

Simplemente, queremos dejar esa constancia y adelantamos que no vamos a acompañar el artículo 4.º.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.º.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 5.º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: quiero hacer una consulta al miembro informante porque en el texto remitido por el Poder Ejecutivo no incluía la frase «o esté en situación de baldío», pues hablaba del caso de un inmueble degradado y, sobre todo, del «incumplimiento de su propietario del deber de conservar […] al que se encuentre en situación de ruina, deteriorado o tenga una edificación paralizada». Me parece que la redacción del Poder Ejecutivo apuntaba al abandono por parte de empresas que empiezan con una obra y después dejan esqueletos que quedan en la ruina total, pero no incluía «o esté en situación de baldío».

Simplemente me gustaría que se explicara por qué se agregó esa expresión, porque me parecía que era más concreta y más votable la redacción que venía del Poder Ejecutivo que la que se aprobó en comisión con esa modificación. Tal vez la explicación del miembro informante me convenza de que es necesaria.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en realidad, si uno parte de una premisa básica, el baldío estaría dentro de la definición del inmueble, porque un baldío es un bien inmueble. En su visita a la comisión, los alcaldes de los Municipios B y CH manifestaron sus dudas respecto a si esta norma se aplicaba a los baldíos, porque dijeron que en sus municipios hay bienes que están degradados y querían tener la seguridad de que se aplicaría porque sería una buena herramienta. Entonces, en la comisión se buscó incorporar en la definición de bienes degradados también a los inmuebles baldíos, porque puede haber situaciones de basurales, entre otras, que quedarían comprendidas.

Básicamente, es eso lo que se busca.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5.º.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

16 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 23. Afirmativa.

En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 10 a 12.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Solicitamos el desglose del artículo 10.

SEÑORA PRESIDENTE.- Queda, entonces, desglosado el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 11 y 12.

(Se votan).

–22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: sobre la base de las observaciones realizadas por el senador Bordaberry con relación a los numerales 10.2 y 10.3, nos gustaría saber si el miembro informante tiene alguna modificación al respecto.

Se trata de un artículo muy largo y tanto el numeral 10.2 como el 10.3 han merecido dos observaciones serias.

Según el numeral 10.2, la medida se tramitará en forma unilateral; luego se habla de la notificación. Si se hace en forma unilateral, ¿cuál es el motivo de la notificación, y viceversa? No sé si el señor miembro informante lo explicó, pero me gustaría, al menos, tener la tranquilidad de que nos convenciera de que es correcto.

En el numeral 10.3 se dice que el técnico designado no podrá excusarse.

Las dos observaciones que hizo el señor senador Bordaberry son de recibo y me gustaría escuchar una explicación más puntual y concreta por parte del miembro informante.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: por lo general, las diligencias preparatorias son unilaterales, es decir, tiene que haber una iniciativa.

En realidad, los representantes del Partido Nacional en la comisión jamás observaron estos artículos, sino otros. Me parece que no soy yo quien tiene que convencer al senador Heber, sino los miembros de su partido que integran la comisión, como la senadora Aviaga que, justamente, la presidió cuando nuestra colega, la senadora Ayala, ocupó la primera magistratura y la presidencia de la Cámara de Senadores.

Como dije, creo que este es un instrumento nuevo. Me gustaría que todos los senadores hubieran podido leer la versión taquigráfica de la intervención del alcalde del Municipio CH, que hizo una fuerte defensa de este instrumento.

Sería importante –y estaría de acuerdo– eliminar del numeral 10.3 la expresión «no podrá excusarse». No es que haya trabajo forzoso, no es esa la intención. Quizás haya situaciones en las que el técnico del Gobierno departamental, por ciertas razones, se tenga que excusar, por lo que habría que quitar esa expresión del numeral 10.3. En definitiva, me parece que podría quedar redactado de la siguiente manera: «A efectos de determinar el estado de conservación del inmueble, el tribunal dispondrá la concurrencia a la diligencia de un técnico designado por la Intendencia Departamental respectiva», eliminando el resto del artículo.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Apoyado.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10, teniendo en cuenta la modificación propuesta, en el sentido de que en el numeral 10.3, luego de «Intendencia Departamental respectiva», se elimina todo lo que sigue.

(Se vota).

–21 en 24. Afirmativa.

18) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el orden del día.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

19) INMUEBLES URBANOS VACÍOS Y DEGRADADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundamentar el voto del artículo 10.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: no quería apartarme del Reglamento y, como ya había hecho uso de la palabra y no pude hablar sobre el mismo artículo, voy a fundar mi posición.

Es verdad que el Partido Nacional tiene dos representantes que integran la comisión, pero también es verdad que cuando tratamos los temas en la reunión de bancada pueden surgir dudas que no se plantearon en aquel ámbito, como sucede usualmente en el Senado. No es novedad que un senador pueda no haber advertido un error en la comisión y que luego, en reunión de bancada, resulte evidente.

Tampoco me parece de recibo el hecho de que alcaldes –incluso pertenecientes a nuestro sector– quieran este tipo de instrumentos, pero no necesariamente pueden establecer lo que se dice en el numeral 10.2, respecto a lo que tenemos dudas. Celebro la actitud abierta del señor miembro informante en cuanto a aceptar algunas modificaciones en torno a las excusas que pueda dar el técnico de la intendencia. Me parece que el numeral 10.2 está mal redactado y no es de recibo, pues persiste una contradicción o falta de claridad, pero como no es un tema sustancial hemos acompañado su votación. Repito que no es de recibo el hecho de tener representantes en la comisión porque las reuniones de bancada se hacen para ver si hay alguna situación que no ha sido advertida en su momento en ese ámbito y, naturalmente, la posición de los compañeros en el plenario puede variar respecto a cómo votaron en la comisión. Esto ha sucedido y seguirá sucediendo, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el capítulo IV, que va del artículo 13 al 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo IV.

(Se vota).

21 en 22. Afirmativa.

En consideración el capítulo V, que va del artículo 22 al 32.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Solicito el desglose de los artículos 24 y 26.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Solicito el desglose del artículo 31.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo V, excepto los artículos 24, 26 y 31, que quedan desglosados.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: brevemente, quiero decir que el artículo 24 establece que no se realizará la agregación, el estudio ni la aprobación de los títulos y que se dará inicio a un nuevo proceso dominial. Eso nos genera una duda jurídica y una contradicción, ya que se elimina todo el proceso de estudio de los títulos.

Por su parte, en el caso del artículo 26, que refiere a la situación concursal del propietario, si bien el miembro informante nos dio una explicación, persiste la duda porque, en definitiva, en el concurso se desglosan los bienes y se debilita la propiedad con la liquidación del concurso, eliminando la actuación del juez concursal.

Ese es el planteo. Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24.

(Se vota).

–16 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 31.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

En consideración el capítulo VI «Disposiciones transitorias», que contiene los artículos 33 a 35.

Si no hay desglose votaríamos el capítulo VI en bloque.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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20) DECISIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN N.º 21/09, REFERIDA A LAS LISTAS DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley que por el que se aprueba la Decisión del Consejo del Mercado Común n.º 21/09, referida a las listas de compromisos específicos de los Estados partes del Mercosur, suscrita en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7 de diciembre de 2009. (Carp. n.º 952/2017 - rep. n.º 655/18».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: no vamos a sobreabundar en el informe que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales porque los señores senadores lo tienen sobre sus bancas.

Quiero decir que para introducirnos en este proyecto de ley tuvimos que abrevar en el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, aprobado en el año 1997, que rige en el Mercosur desde el año 2004. Ese protocolo constituye el instrumento internacional del bloque que consagra normas y principios con el objeto de promover el libre comercio de servicios en el Mercosur. En ese instrumento se acordó la total liberación del comercio de servicios a diez años contados a partir de la entrada en vigor del protocolo, lo que acaeció en diciembre del año 2005.

Tal como establece el artículo 19 del protocolo, esa liberalización se llevaría a cabo en sucesivas rondas, por medio de negociaciones orientadas al aumento del nivel de compromisos específicos asumidos por los Estados partes en sus listas respectivas.

Señora presidenta: este informe es idéntico al presentado en la Cámara de Representantes cuando se aprobó por unanimidad. En él expresamos que los compromisos asumidos en las Rondas I a V no fueron remitidos a los Parlamentos en virtud de que el acuerdo no estaba vigente. Hay que recordar que el Protocolo de Montevideo fue signado en 1997, se aprobó en el 2004 pero entró en vigor en el año 2005. Quiere decir que las rondas previas estuvieron trabajando pero no fueron internalizadas en los Estados, hasta que en 2006 culminó la sexta ronda.

Las disposiciones del Protocolo de Montevideo están basadas en las soluciones establecidas por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –AGCS–, que es uno de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, cubiertas por el Acta Final suscrita en Marrakech, en junio del año 1994 y que Uruguay asumió por la Ley n.º 16671 de ese mismo año.

Como bien expresa el Poder Ejecutivo en su mensaje, en la ronda del año 2006 se aprobaron las listas que contienen los compromisos asumidos en todas las rondas anteriores. En ese sentido, el Consejo del Mercado Común, a través de la Decisión n.º 1/06, al dar por concluida la sexta ronda de negociación, aprobó las listas de compromisos específicos de todos los Estados partes del Mercosur que, para su entrada en vigor –como ya mencioné–, requieren de aprobación parlamentaria.

Estos compromisos consolidan mejoras en el acceso a los mercados y al trato nacional.

Todos los temas de comercio tienen su historia y, finalmente, en diciembre del año 2009, la Decisión n.º 21/09 aprobó la Séptima Ronda de Negocios Específicos que contiene todos los compromisos nuevos, así como los compromisos asumidos por los distintos Estados partes en las rondas anteriores. Quiere decir que con este instrumento ponemos al día el sector servicios, al internalizar en nuestro país todas las disposiciones del comercio de servicios. Esto es importante para garantizar las exportaciones de servicios nacionales a los demás Estados del bloque.

Por todo lo antes mencionado, una vez examinado este asunto, la Comisión de Asuntos Internacionales entendió que era importante que fuera aprobado y me encomendó informar y recomendar al plenario que siga el mismo criterio.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Apruébase la Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 21/09 suscrita en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7 de diciembre de 2009, que aprobó las Listas de Compromisos Específicos de los Estados Partes del MERCOSUR –que constan en Anexo– resultantes de la Séptima Ronda de Negociaciones de Compromisos Específicos en Materia de Servicios, que sustituyen las Listas de Compromisos Específicos del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, suscrito el 15 de diciembre de 1997 y aprobado por Ley Nº 17.855, de 20 de diciembre de 2004, que entraran en vigor según lo dispuesto en el artículo 27 de dicho Protocolo».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

21) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE JUNIO

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- En acuerdo con todas las bancadas vamos a proponer la suspensión de la sesión de mañana con motivo de la reunión interpartidaria.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 12 de junio de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Sra. Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Queda convocada la señora Cecilia Eguiluz, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

23) ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE ASISTENCIA MUTUA ENTRE SUS ADMINISTRACIONES ADUANERAS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, suscrito por la República de Sudáfrica el 2 de agosto de 2017, en la ciudad de Pretoria, y por la República Oriental del Uruguay el 16 de agosto de 2017, en la ciudad de Montevideo. (Carp. n.º 1077/2018 - rep. n.º 657/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Este proyecto de ley viene aprobado por la Comisión de Asuntos Internacionales, que lo recibió de la Cámara de Representantes.

Quisiera hacer una aclaración y es que la brevedad con la que voy a hacer el informe es inversamente proporcional a su importancia. Estamos hablando de disposiciones que se encuentran alineadas con las recomendaciones e instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas.

Se trata de un acuerdo con Sudáfrica, que es un país que posee una relevancia superlativa por el peso que tiene en el continente africano, tanto desde el punto de vista político como económico. Además, la ubicación geográfica de Sudáfrica hace resaltar su dimensión estratégica. Entonces, todo acuerdo que apunte a un fortalecimiento de relaciones bilaterales y de cooperación, incrementa la capacidad de cada uno de los Gobiernos en las materias de que se trate, en este caso en el tema aduanero.

El acuerdo consta de un preámbulo y veintidós artículos, y no es muy distinto de los acuerdos que habitualmente votamos en esta materia.

En las disposiciones se definen los términos empleados en el acuerdo; se establece su ámbito de aplicación; hay un artículo referido a la proporción de información de una administración aduanera a la otra, y otro en el que se estipula, previa solicitud, la notificación a la persona residente o establecida en el territorio de la parte requerida, de cualquier decisión formal relativa a esa persona tomada por la administración requirente en cumplimiento de la legislación aduanera.

También se establece en el articulado el intercambio de información entre administraciones aduaneras por mutuo consentimiento, y se habla del intercambio anticipado de información específica, de la asistencia técnica, de la vigilancia especial y de la comparecencia –previa solicitud– de funcionarios de la administración requerida como expertos o testigos ante una corte o tribunal en el territorio de la otra parte en asuntos vinculados a un ilícito aduanero. Se estipula, asimismo, la forma de las solicitudes de asistencia y los medios de obtención de la información solicitada que tendrá la administración requerida en caso de que esta no tuviera dicha información.

Al mismo tiempo, se dispone la posibilidad de que funcionarios designados especialmente por la administración requirente puedan estar presentes en el territorio de la otra parte a los efectos de investigar ilícitos aduaneros.

En otro artículo se dice que cuando funcionarios de la administración aduanera de cualquiera de las partes estén presentes en el territorio de la otra parte, deberán en todo momento ser capaces de probar su investidura oficial.

Además, se prevé que los funcionarios estén presentes únicamente en calidad de asesores; no podrán ejercer los poderes conferidos a los funcionarios de la administración requerida por la legislación interna en vigor en el país de la parte requerida.

Por otro lado, se expresa que, mientras se encuentren en el país de la otra parte, los funcionarios gozarán de la protección que poseen los funcionarios aduaneros de esa parte y serán responsables por cualquier ilícito que pudieran cometer.

En el articulado también se establece la confidencialidad de la información y las excepciones a la obligación de prestar asistencia; se hace referencia a los gastos en que se incurra en el incumplimiento del acuerdo, a su implementación y aplicación, a la solución de controversias, a la posibilidad de enmienda del instrumento por mutuo consentimiento de las partes, a la aplicación territorial y, por último, a la entrada en vigor, a la duración y a la denuncia del presente acuerdo.

Todos estos conceptos están contenidos en el preámbulo y en los veintidós artículos.

Por las razones expuestas –que figuran en el informe escrito que hemos entregado–recomendamos al pleno del Senado la votación del presente acuerdo.

Es cuanto tengo para decir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, suscrito por la República de Sudáfrica el 2 de agosto de 2017, en la ciudad de Pretoria, y por la República Oriental del Uruguay el 16 de agosto de 2017, en la ciudad de Montevideo».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

24) ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Montevideo, el 12 de diciembre de 2016. (Carp. n.º 1081/2018 - rep. n.º 654/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: a partir del momento en que las naciones comenzaron a optar por un cambio en las políticas de navegación aérea y a pasar paulatinamente de los cielos cerrados a los abiertos, se empezó a producir una cantidad de convenios bilaterales y multilaterales que tienen como propósito mejorar la conectividad en el mundo. En ese sentido hubo un cambio de paradigma, porque antes se consideraba que la soberanía y la conectividad se aseguraban a través de empresas aéreas estatales, y ahora se entiende que ello se logra a través del libre tráfico y lo que se ha denominado política de cielos abiertos o de mayor apertura. Este acuerdo es de ese tipo, que tiene como referencia el Convenio de Chicago de 1944.

Este instrumento permite ejercer derechos de tráfico comercial, y no solo de terceras y cuartas libertades. Es amplio en materia de libertades aéreas, dado que permite a una aerolínea ejercer el derecho de transportar personas y objetos entre dos puntos de un Estado parte, en vuelos no iniciados en el país de origen de la aerolínea.

El acuerdo consta de un preámbulo, veinticuatro artículos y un anexo en el que se establece el cuadro de rutas.

En los artículos se definen –como es común– los términos a ser empleados en el acuerdo, lo que es importante para establecer el alcance que estos puedan tener; se estipula la concesión de derecho de las partes a sobrevolar su territorio sin aterrizar, el derecho a hacer escalas para fines no comerciales y, mientras opere un servicio acordado en una ruta especificada, se prevé el derecho a hacer escalas en su territorio con el fin de embarcar o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje, carga y correo, conjunta o separadamente. Por otra parte, se estipula el derecho de ejercer los derechos de tráfico comercial desde la quinta a la novena libertad.

En todo caso, incorporaremos a la versión taquigráfica cuáles son y cómo se describen estas libertades, que van de la primera a la novena. La novena es la mayor de las libertades; es el permiso referido a las aerolíneas de un Estado para operar en régimen de séptima libertad a partir de un tercer Estado más allá de su territorio. Quiere decir que es un acuerdo muy amplio. Voy a dejar a los legisladores a qué se hace referencia con esto, porque ya tuvimos y tendremos más acuerdos de este tipo.

El artículo 3.º tiene que ver con el derecho de las partes a designar una o más aerolíneas para que en las rutas que se especifican en el anexo puedan operar los servicios aéreos internacionales y puedan sustituir por otra una línea aérea previamente designada. Esto es así a partir de unos requisitos que se establecen en el mismo artículo.

El artículo 4.º prevé los casos en que puede tener lugar el retiro, la revocación, la suspensión o la limitación de una autorización de las operativas de una línea aérea designada por la otra parte.

El artículo 5.º expresa que los precios no estarán sujetos a la aprobación de ninguna de las partes, con lo cual estamos hablando de la libertad de fijarlos. Se dice allí que solamente se limitarán a intervenir para impedir que los precios impliquen una conducta anticompetitiva, a efectos de perjudicar a un competidor o excluirlo de una ruta. También establece que se puede intervenir para proteger a los consumidores de precios exorbitantes o de condiciones restrictivas debido al abuso de una posición dominante, y que se podrá proteger a las líneas aéreas designadas de precios artificialmente bajos. Una práctica muy común de grandes aerolíneas para destrozar a las chicas consiste en fijar una política de pérdida constante para sacarlas del mercado. Esto es lo que se quiere evitar con el artículo 5.º.

El artículo 6.º refiere a las actividades comerciales.

El artículo 7.º prevé que las aerolíneas no tendrán limitación para cambiar el tipo o número de la aeronave utilizada.

El artículo 8.º estipula la competencia leal que debe haber entre las líneas aéreas.

El artículo 9.º refiere a las exenciones según el principio de reciprocidad de todos los derechos aduaneros, tasas, etcétera.

El artículo 10 establece que los cargos a los usuarios deben ser justos y razonables, no deben discriminar y tienen que ser repartidos equitativamente entre las distintas categorías de usuarios.

El artículo 11 regula la doble imposición, a los efectos de evitarla.

El artículo 12 prevé el derecho de las aerolíneas designadas a transferir desde el territorio de venta a su propio territorio nacional, los excedentes de los ingresos sobre los gastos en el territorio de venta.

El artículo 13 refiere a la aplicación de leyes, reglamentos y procedimientos que tienen que cumplir las partes contratantes.

El artículo 14 prevé el reconocimiento de certificados de aeronavegabilidad y de aptitud, así como las licencias expedidas o entregadas recíprocamente por una parte contratante, que deberán ser reconocidas como válidas por la otra.

El artículo 15 refiere al sistema de consultas sobre las normas de seguridad adoptadas por cada parte.

El artículo 16 prevé las disposiciones relativas a la seguridad de la aviación, en las que se reafirman sus obligaciones recíprocas.

El artículo 17 establece la potestad de exigir la presentación de horarios y programas de servicios aéreos no planificados.

El artículo 18 dispone las consultas entre las autoridades aeronáuticas.

El artículo 19 estipula cómo se resuelven posibles controversias.

El artículo 20 refiere a la potestad que tienen las partes contratantes para dar término al instrumento del que estamos hablando.

El artículo 21 prevé el registro de este acuerdo en la Organización de Aviación Civil Internacional.

El artículo 22 estipula que al acuerdo le serán aplicables las disposiciones del convenio y cuándo entra en vigor.

El artículo 23 refiere al ámbito territorial de aplicación.

El artículo 24, por último, refiere al momento en que entra en vigencia el acuerdo.

Asimismo, tal como he expresado, el anexo refiere al cuadro de ruta.

El informe está escrito –hice una apretadísima síntesis para no hacer perder tiempo al Senado–, por lo que sugerimos a los señores senadores su aprobación.

Para finalizar, cabe aclarar que debemos hacer una modificación en la redacción del proyecto de ley. Después de «suscrito en Montevideo», se debe agregar «República Oriental del Uruguay», tal como se estila en este tipo de acuerdos.

Es cuanto tenemos para decir.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de diciembre de 2016».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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25) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:37, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Ayala, Besozzi, Cardoso, Carrera, Castillo, De León, Garín, Heber, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Saravia, Tourné y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Patricia Carissimi Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.