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N.º 14 - TOMO 581 - 5 DE JUNIO DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

14.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

 Para consultar la presentación exhibida en sala: Senadora Carol Aviaga

 

SUMARIO 

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– La señora senadora Alonso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con el proceso de adopción en nuestro país.

– El señor senador Amorín solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la promoción e implementación de proyectos de fomento artístico-cultural.

– La señora senadora Aviaga solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con el proceso de adjudicación de tierras;

con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y la participación del Congreso de Intendentes;

con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con un acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y UPM con respecto a la instalación de una pastera.

– El señor senador Cardoso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con el trazado de la fibra óptica en el departamento de Rocha.

– El señor senador Da Silva solicita, con fecha 22 de mayo del corriente, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca:

relacionado con la declaratoria de emergencia agropecuaria decretada por dicho ministerio el pasado 28 de febrero del corriente año;

relacionado con el sistema de trazabilidad bovina.

Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyecto presentado

– El señor senador Bordaberry presenta un proyecto de ley por el que se proponen medidas cautelares ordenadas en ocasión de solicitudes de declaración de inconstitucionalidad.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud del señor senador Heber, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el uso del cigarrillo electrónico.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

8) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Alonso, Michelini, Larrañaga y Pintado.

– Quedan convocados los señores senadores Peña, Gallicchio, Lafluf y Baráibar.

9) Bloqueo de usuarios en cuentas oficiales de redes sociales

– Manifestaciones del señor senador Bordaberry.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Presidencia de la República.

10) Poder Judicial

– Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos necesarios para dar cumplimiento a los convenios colectivos.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Día Mundial del Medio Ambiente

– Por moción de la señora senadora Aviaga, el Senado resuelve autorizarla a realizar una intervención por el término de quince minutos con motivo de la celebración de este día.

– Manifestaciones de varios señores senadores.

• Por moción de la señora senadora Aviaga, complementada por el señor senador Michelini, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en sala a la presidencia de las juntas departamentales de todo el país, haciéndola extensiva a todos los ediles; al profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, ingeniero agrónomo Daniel Panario; al Centro Latinoamericano de Ecología Social –Claes–, dirigida al ecologista Eduardo Gudynas; al Movimiento por un Uruguay Sustentable –Movus–, dirigida al periodista Víctor Bacchetta; al profesor doctor Enrique Sayagués; a la cátedra de Derecho Ambiental de la UdelaR y, en ella, al doctor Ricardo Gorosito; a la cátedra de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la UdelaR, dirigida al doctor Pablo Ligrone y a la arquitecta Astrid Sánchez; a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Industria, Energía y Minería; a la Asociación Civil Ambientalistas de Salto; al sindicato de OSE –FFOSE– y a su presidente, Gustavo Ricci.

13) Inversión y desarrollo productivo

– Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Texto Ordenado 1996.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve que las palabras pronunciadas por el señor senador Mieres sobre el punto pasen a la Comisión de Hacienda.

14) Cancelación de deudas

– Proyecto de ley por el que se establecen normas a efectos de reducir los costos.

Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Fundación Promoción Perros de Asistencia (Fundappas)

– Proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo su inclusión en el inciso 21, «Subsidios y subvenciones», del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017.

• Aprobado.

16) y 18) Código Penal

– Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al delito de homicidio.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Xavier, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta culminar el tratamiento del tema en consideración.

19) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 1.º de junio de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 5 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos necesarios a fin de dar cumplimiento a los convenios colectivos celebrados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay;

Carp. n.º 1082/2018 - rep. n.º 646/18

2.º) por el que se modifican disposiciones del Texto Ordenado 1996, sobre inversión y desarrollo productivo;

Carp. n.º 1075/2018 - rep. n.º 650/18 y anexo I

3.º) por el que se establecen normas a los efectos de reducir los costos de cancelación de las deudas de los contribuyentes.

Carp. n.º 1079/2018 - rep. n.º 651/18 y anexo I

4.º) Informe de la Comisión de Hacienda relacionado con un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa correspondiente, a los efectos de incluir a la Fundación Promoción Perros de Asistencia (Fundappas) en el proyecto de ley sobre Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017.

Carp. n.º 1080/2018 - rep. n.º 652/18

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5.º) por el que se modifican normas relacionadas con el delito de homicidio, establecidas en el Código Penal;

Carp. n.º 650/2016 - rep. n.º 649/18

6.º) por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada en el artículo 5.º de la Ley n.º 18865, de 14 de diciembre de 2011, mozos de cordel;

Carp. n.º 917/2017 - rep. n.º 648/18

7.º) por el que se declara el 19 de marzo de cada año Día de la Laicidad.

Carp. n.º 904/2017 - rep. n.º 647/18

8.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Néstor Romano Gariglio.

Carp. n.º 1074/2018 - rep. n.º 645/18

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alcorta, Amorín, Aviaga, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Lafluf, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Peña, Pintado, Tourné, Vellozas y Xavier; y a partir de las 12:30, el señor senador Gallicchio.

FALTAN: con licencia, la señora presidenta del Senado, Lucía Topolansky y los señores senadores Alonso, Castillo y Larrañaga; y a partir de las 12:30, el señor senador Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:37).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite copias de las resoluciones por la que se designan, en calidad de miembros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a la señora Natalia Pereyra en representación de los usuarios y al señor Pablo Cabrera en representación de los trabajadores.

Asimismo, comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se declara Día del Artista de Carnaval el 11 de marzo de cada año;

por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir el monto excedente del Fondo de Estabilización Energética a rentas generales;

por el que se designa Daniel Fernández Crespo la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta nacional n.º 11 José Batlle y Ordóñez, en el trayecto comprendido entre el kilómetro 2 y el kilómetro 28.700, intersección con la ruta nacional n.º 45 Alejandro Zorrilla de San Martín;

por el que se aprueban el Acuerdo para la concesión de un plazo de noventa días a los turistas nacionales de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006, y el acuerdo modificatorio del mismo, suscrito en la ciudad de Paraná, República Argentina, el 16 de diciembre de 2014;

por el que se declara la ciudad de Montevideo Capital Nacional del Cooperativismo en el año 2018;

por el que se aprueba la Convención para el establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas, suscrita en Managua, Nicaragua, el 18 de abril de 2012.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

Además, remite los siguientes mensajes por los que solicita:

la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en calidad de fiscal letrado departamental, escalafón N:

a la doctora Tania Magela Vidal Irazoqui;

a la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu;

la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se aprueba la Convención para el establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

Asimismo, remite copia de una resolución referida al centenario de la fundación de la República de Armenia.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia del Poder Ejecutivo a los efectos de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Néstor Fernando Romano Gariglio.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada en el artículo 5.º de la Ley n.º 18865, de 14 de diciembre de 2011, relativa a mozos de cordel.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al delito de homicidio establecido en el Código Penal.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se declara el 19 de marzo de cada año Día de la Laicidad.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifican disposiciones del Texto Ordenado 1996, sobre inversión y desarrollo productivo;

por el que se establecen normas a los efectos de reducir los costos de cancelación de las deudas de los contribuyentes.

Asimismo, eleva informado un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa correspondiente a los efectos de incluir a la Fundación Promoción Perros de Asistencia (Fundappas) en el inciso 21, “Subsidios y subvenciones”, en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017.

La Comisión de Presupuesto eleva informado un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos necesarios a fin de dar cumplimiento a los convenios colectivos celebrados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el Poder Judicial y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

El Consulado Honorario de la República de Armenia remite nota en la cual expresa su más sincero agradecimiento por la declaración de adhesión realizada por la Cámara de Senadores con motivo de la conmemoración del centenario de la fundación de la República de Armenia.

La Presidencia de la Cámara de Senadores, conforme a las disposiciones reglamentarias y en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Calificaciones y Concursos, comunica la Resolución n.º 239, de fecha 16 de mayo de 2018, por la cual se designa en el grado de jefe de departamento del escalafón C, Secretaría, de la Cámara de Senadores, a partir del 1.º de junio de 2018, a las señoras funcionarias María Cecilia Flores, Cecilia Harksen y María Laura Lombardi.

–TÉNGANSE PRESENTES.

Asimismo, de conformidad con lo establecido por el numeral 15 del artículo 113 del Reglamento del Senado, solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo a un funcionario de la Cámara de Senadores.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Junta Departamental de Rocha remite copia de la moción aprobada por ese legislativo, relacionada con la situación de los representantes del Movimiento de Deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda.

La Junta Departamental de San José remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Susana Gásperi, relacionada con un reclamo de los pobladores de la Colonia Wilson.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Defensa Nacional remite respuestas a los siguientes pedidos de informes solicitados por el señor senador Pablo Mieres:

relacionado con una compra directa ampliada para la adquisición de pintura para vehículos;

relacionado con el arribo de un avión proveniente de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 27 de febrero del corriente año.

El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con el arribo de un avión proveniente de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 27 de febrero del corriente año.

–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR MIERES.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con la determinación del pago de comisiones de los subagentes del interior del país.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR BESOZZI.

El Ministerio del Interior remite respuesta a una exposición escrita presentada por el señor senador Luis Alberto Heber, relacionada con la seguridad en la ciudad de Salto.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR HEBER.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con la participación de nuestro país en la vigésima primera edición de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.

El señor senador Luis Alberto Heber solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública,a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con el uso del cigarrillo electrónico.

–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Verónica Alonso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con el proceso de adopción en nuestro país».

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Amorín, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la promoción e implementación de proyectos de fomento artístico-cultural.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con el proceso de adjudicación de tierras;

con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Ley n.º 19525, de 18 de agosto de 2017, y la participación del Congreso de Intendentes;

con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con un acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y UPM con respecto a la instalación de una pastera.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Carlos Cardoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con el trazado de la fibra óptica en el departamento de Rocha.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Sebastián da Silva, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita, con fecha 22 de mayo del corriente, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca:

relacionado con la declaratoria de emergencia agropecuaria decretada por dicho ministerio el pasado 28 de febrero del corriente año;

relacionado con el sistema de trazabilidad bovina.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se proponen medidas cautelares ordenadas en ocasión de solicitudes de declaración de inconstitucionalidad.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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6) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor Luis Alberto Heber, del que se diera cuenta en los asuntos entrados.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del día 16 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Asiaín y Camy.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 10 de mayo faltó con aviso la señora senadora Moreira, y a la sesión del 31 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Larrañaga y Pintado.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 10 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Besozzi, De León, Larrañaga y Mujica.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 10 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Moreira y Mujica, y a la sesión del 31 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Amorín y Camy.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 14 de mayo faltó con aviso el señor senador Cardoso.

A las sesiones de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de los días 8 y 22 de mayo faltó con aviso el señor senador Cardoso.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 22 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Mieres y Tourné, y a la sesión del 29 de mayo faltó con aviso el señor senador Mieres.

A la sesión de la Comisión Especial: Partidos Políticos, Financiación y Publicidad Electoral del 30 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Camy, Coutinho y Otheguy.

A la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del 22 de mayo faltó con aviso la señora senadora Passada.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 04 de junio de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted licencia, por motivos personales, para el día martes 5 de junio del corriente.

Sin otro particular, saludo con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Queda convocado el señor Daniel Peña, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de junio de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a Ud. se me conceda licencia, por motivos personales, desde el día 5de junio a las 12:30 hasta el día 8 de junio, inclusive, del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 20. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 4 junio de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorgue tres días de licencia a partir del 5 de junio.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Eber da Rosa, Jorge Gandini y Ana Lía Piñeyrúa han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Omar Lafluf, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) BLOQUEO DE USUARIOS EN CUENTAS OFICIALES DE REDES SOCIALES

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: es un placer tenerla como presidenta del Cuerpo. La felicito, además, por haber ocupado días pasados la primera magistratura del país.

Hay otro presidente de la república, el de los Estados Unidos de América, quien el año pasado tuvo una acción un tanto particular hacia una ciudadana que le había hecho un comentario en su perfil de Twitter: la bloqueó; le prohibió tener acceso a su red social.

El Instituto de los Caballeros de la Primera Enmienda de los Estados Unidos –organización académica de la Universidad de Columbia– entendió que eso no estaba permitido; es decir, que el titular de una cuenta, un empleado público –y más, un presidente de la república–, no podía bloquear a ningún usuario. Presentó entonces una demanda ante la Justicia, precisamente para prohibir al presidente de la nación más poderosa –o una de las más poderosas– del mundo que bloqueara a un ciudadano y no le permitiera seguirlo en las redes sociales.

La semana pasada, la jueza Naomi Reice Buchwald –del distrito de Nueva York– determinó que el presidente de los Estados Unidos no puede bloquear a un usuario, y le ordenó levantar el bloqueo. Así lo determinó, porque entendió que se trata de una violación de la libertad de expresión y el legítimo derecho que tiene todo ciudadano de informarse sobre las actividades de su presidente, quien además, como se sabe, hace mucho uso de las redes sociales. Tiene algo así como 52 millones de seguidores en Twitter y lleva escritos 37.600 mensajes; hasta pudo tuitear desde China, pese a que en ese país Twitter está bloqueado.

Todos sabemos lo que significan hoy en día las redes sociales a partir del desarrollo de Internet, y ni que hablar de la telefonía inteligente que utilizan los smartphones. Evidentemente, el hecho de que un empleado público bloquee a un ciudadano afecta principios básicos, principios en los que nuestro derecho constitucional coincide con el norteamericano. Ya hubo un antecedente en Costa Rica: justamente, la presidencia de ese país había bloqueado a Marvin Alexis Schult Ortega, y el Tribunal Constitucional dijo que eso no se podía hacer.

Esto que de repente puede parecer menor ante las urgencias que tiene el país, creo que no lo es, más porque –como enseñaba Justino Jiménez de Aréchaga– la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, y sobre todo porque esto que relatamos es una forma de censura. Podrá discutirse si un funcionario en su cuenta particular puede bloquear o no a alguien, pero no en su cuenta oficial, y menos lo puede hacer una institución pública. En el Uruguay, algunas instituciones públicas han bloqueado a usuarios y, a mi juicio, eso es equivocado.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado tiene a consideración, desde el 7 de febrero de 2017, un proyecto de ley por el cual «se prohíbe el bloqueo de personas usuarios en cuentas oficiales, institucionales y gubernamentales de las redes sociales». Creo que una cuenta oficial no puede bloquear a nadie; tiene que aguantar los comentarios. Y si no se los quiere aguantar, hay otra herramienta que no sé si conocen, que es la de silenciar. Eso permite no escuchar lo que les dicen pero no veda la posibilidad de expresarse. Falta poco para el próximo tiempo electoral, y creo sería una buena ley, defensora de los derechos de la libertad de expresión, la que aprobara esta prohibición de los organismos gubernamentales de bloquear a ciudadanos en las redes sociales.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Presidencia de la República.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) PODER JUDICIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos necesarios a fin de dar cumplimiento a los convenios colectivos celebrados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. (Carp. n.º 1082/2018 - rep. n.º 646/18)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: el presente informe se refiere al proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos necesarios para dar cumplimiento a los convenios colectivos que oportunamente fueron celebrados entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

A modo de apreciación general, podemos decir que este proyecto de ley busca dar cumplimiento al compromiso asumido en los convenios que fueron suscritos el 1.º de febrero de 2018 y a su modificativo del 18 de abril de 2018, convenios que se basan en los principios de negociación colectiva establecidos en la Ley n.º 18508. Como dije, mediante este proyecto de ley se faculta al Poder Ejecutivo a asignar los créditos presupuestales necesarios para su cumplimiento.

Es importante destacar que se pone fin a un diferendo de varios años entre las partes, a través del cobro efectivo de las partidas acordadas por los funcionarios judiciales comprendidos en los convenios colectivos, además de una serie de beneficios adicionales que están contenidos en los artículos 6.º y 7.º.

Pasando lectura al articulado, podemos decir que los artículos 1.º al 5.º del proyecto de ley reflejan las condiciones alcanzadas en el convenio colectivo del 1.º de febrero de 2018, en el cual se establece la categoría de los funcionarios comprendidos, los porcentajes de incremento salarial y la distribución de su pago dependiendo del salario del trabajador, de su condición de funcionario en actividad o jubilado y de la situación de aquellos que, habiendo hecho efectivo el cobro por vía judicial, se acojan a esta ley por eventuales diferencias a percibir, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8.º.

Por tanto, este proyecto de ley comprende a todos los funcionarios de los escalafones II a VII del Poder Judicial, excluyendo a los nombrados en la cláusula primera del convenio del 1.º de febrero de 2018 y a los del escalafón I, que son los jueces, que ya habían acordado previamente con el Poder Ejecutivo.

Se dispone, primero, el pago de una partida equivalente al 14 %, calculada sobre la remuneración total mensual y actualizada por la variación del índice de precios al consumo, en el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, descontando los pagos hechos a cuenta habilitados por la Ley n.º 19310. Dicha partida se pagará en dos cuotas iguales con vigencia al 1.º de enero de 2018 la primera, y al 1.º de enero de 2019 la segunda, ambas actualizadas por el IPC.

Para los funcionarios que cobran menos de nueve BPC –que serían unos $ 34.632, a valor 2018–, la primera cuota será del 75 % y la segunda del 25 %.

Los jubilados al 1.º de enero de 2018 percibirán el 100 % de la partida en una única cuota.

Los funcionarios que hayan cobrado previamente por la vía judicial podrán percibir eventuales diferencias derivadas de este proyecto de ley siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8.º.

Asimismo, se dispone un incremento salarial del 18,8 % sobre el salario de cada cargo previo a la aplicación de la Ley n.º 19310, menos un 7,76 % que resulta del convenio colectivo del 23 de diciembre de 2015, que se pagará en dos instancias: la primera con vigencia al 1.º de enero de 2018 y la segunda con vigencia al 1.º de enero de 2019, un 5 % en cada caso.

Los artículos 6.º y 7.º establecen una serie de beneficios adicionales para los funcionarios judiciales comprendidos: licencia por maternidad –se otorgan catorce semanas–; reducción de media jornada laboral para el cuidado del recién nacido entre seis y doce meses de edad; salas de lactancia –esto surge del compromiso asumido en el convenio colectivo entre la Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial y va en consonancia con la Ley n.º 19530–, y beneficios tales como el de órtesis, prótesis y lentes provistos por el Banco de Previsión Social.

Estos beneficios, según se establece al inicio del artículo 6.º, entrarán en vigencia a los treinta días de cumplidos los requisitos dispuestos en el artículo 8.º del proyecto de ley; es decir que se debe dar el precepto que dispone el inciso segundo del mencionado artículo, que es el de manifestar por escrito la voluntad de culminar con los reclamos relacionados con este diferendo por parte de los funcionarios judiciales.

Asimismo, el artículo 7.º reafirma la voluntad del Poder Ejecutivo de promover que estos funcionarios comprendidos puedan acceder al beneficio del Hospital de Ojos.

En el artículo 8.º –que refiere a requerimientos para el pago de la partida e incrementos mencionados–, se dispone que para llevar adelante el pago y obtener los beneficios establecidos en el artículo 6.º, los funcionarios que adhieran deberán manifestar por escrito su aceptación de la liquidación respectiva, el desistimiento de toda pretensión deducida en acciones judiciales en curso o futuras, o la aceptación de un acuerdo transaccional o conciliatorio, así como la declaración negativa de reclamo alguno. La comunicación del cumplimiento de los requisitos y de los montos para los pagos la realizará la Suprema Corte de Justicia a la Contaduría General de la Nación, la que los habilitará previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

El artículo 9.º del proyecto de ley refiere a los instrumentos y dispone que el Poder Judicial redactará, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, los documentos que deban suscribir los funcionarios para la manifestación fehaciente de su aceptación, así como los escritos que deben presentarse ante las sedes donde haya juicios iniciados por esta causa, a efectos de clausurar los procedimientos que existieran.

Los artículos 10 y 11 de la propuesta refieren a la adhesión. En ambas disposiciones se establecen plazos para adherir a lo dispuesto en este proyecto de ley para aquellos funcionarios que no lo hubieran hecho al convenio correspondiente y que tengan intenciones de efectuarlo, como así también para aquellos que no adhirieron a los convenios referidos en la Ley n.º 19485 y que, estando alcanzados por estos, tengan intenciones de realizarlo. Para ambos casos se otorga un plazo de noventa días.

Finalmente, debe considerarse la cláusula primera del convenio colectivo del 18 de abril del 2018 –que es modificativa de la cláusula cuarta del convenio del 1.º de febrero del 2018– que, además, dispuso que la eficacia del acuerdo quedará sujeta a la ratificación personal por el 70 % de los funcionarios comprendidos en el artículo 1.º de este proyecto de ley.

Cabe resaltar –para que los señores senadores tengan conocimiento– que este proyecto de ley fue votado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y que su costo fiscal estimado para el 2018 sería de USD 23:000.000; para el 2019, USD 28:000.000, y a partir del 2020, USD 10:500.000.

Es cuanto tenía para informar, por el momento.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: seré breve.

Llegamos al final del periplo de una tristísima historia que le ha costado al país millones de dólares por errores que podían haberse evitado y de los que se avisó una y otra vez aquí, en el Senado, al oficialismo. Hubo insistencia en no cumplir después con fallos judiciales cuando eran claros; insistencia en aprobar normas inconstitucionales que fueron declaradas como tales una y otra vez por la Suprema Corte de Justicia. Así que he de celebrar que, finalmente, el Poder Ejecutivo haya escuchado la voz de la sensatez, después de cinco o seis –creo– instancias de leyes aprobadas, y haya encarado el único camino que podía encararse, que es el de cumplir con los fallos judiciales y con la ley, sentarse a la mesa con los funcionarios y llegar a un acuerdo de pago.

Todos recordamos cómo fue este asunto: aquella norma que se aprobó y que estableció un enganche de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, etcétera, con los de los ministros del Poder Ejecutivo y los legisladores. Dicen que fue inadvertencia, pero si se cita la versión taquigráfica aquí se verá que no fue así; nosotros no votamos esa norma.

También hubo inadvertencia en el sentido de que había otras remuneraciones que estaban enganchadas a las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia: las de los ministros de Tribunal de Apelaciones, las de los jueces letrados, los jueces de paz, los actuarios y los funcionarios.

En su momento, en vez de reconocer que había sido un error, se trató de enmendar esto diciendo que no había sido lo que se pretendía que fuera, que era favorecer solamente a los ministros del Poder Ejecutivo. Eso implicaba un doble problema, ya que los ministros del Poder Ejecutivo, por ende, iban a ganar más que los otros ministros.

A nosotros nos tocó estar al frente de más de un ministerio del Poder Ejecutivo, y no nos importaba ganar menos que los legisladores; así lo asumimos. Y cuando alguien le propuso al entonces presidente Batlle ajustar los salarios, este rechazó la propuesta. No corresponde pedir un esfuerzo a los uruguayos y, al mismo tiempo, andar aumentándose los salarios; este aumento a los ministros del Poder Ejecutivo se dio mientras se ponían más impuestos a todos los uruguayos. Se subía el impuesto a las retribuciones de las personas físicas, pero se aumentaban los sueldos a los ministros de Estado. Y después quisieron que los incrementos fueran solamente para los ministros de Estado y no para los funcionarios judiciales.

La primera enmienda –peor que el soneto– que mandaron pretendía aprobar una norma que se suponía que modificaba un texto legal bajo la apariencia de que se modificaba algo numérico, lo que estaba prohibido. Y la segunda pretendía hacerlo a través de una ley interpretativa, que no interpretaba nada sino que creaba una nueva situación y que, obviamente, fue declarada inconstitucional.

Después de eso siguieron insistiendo con normas inconstitucionales para no pagar. La última fue el artículo 15 de la ley de rendición de cuentas pasada, que es lo que pretenden solucionar con este acuerdo; como se iba a declarar inconstitucional, el Poder Ejecutivo no tuvo más remedio que sentarse a negociar este acuerdo.

Así que es bueno que lleguemos al término de esta triste historia y que, finalmente y después de tantos años, el Poder Ejecutivo haya resuelto seguir el único camino que se puede seguir cuando existen leyes claras y sentencias judiciales más claras: cumplir.

Con respecto al proyecto de ley, ya expresamos nuestra opinión en la Comisión de Presupuesto. Estamos de acuerdo con la solución final, que es pagar.

La ley en sí es casi un calco de un acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por ende, no tiene la precisión que una norma legal debería tener siempre. Por ejemplo, el artículo 7.º dice: «El Poder Ejecutivo promoverá que los funcionarios comprendidos en el convenio colectivo del 1º de febrero del 2018 y su modificativo de 18 de abril de 2018, referido en el artículo 1º de la presente ley, puedan acceder a los beneficios del Hospital de Ojos». Así que tenemos que incluir en una ley que el Poder Ejecutivo va a promover algo. En realidad, puede promoverlo con o sin ley, y ¿qué obligación tiene? Ninguna. Está obligado o no lo está, nos parece. ¡Y así todo! Pero bueno, resolvieron votarlo así como llegó y vamos a acompañarlo, aunque creemos que no es bueno que se lleve a rango legal un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esas cosas se pueden pactar por acuerdos y lo que es materia de la ley dejarlo como tal, pero obviamente que no es ilegal.

Es lo que queríamos decir, y nos alegramos de que finalmente el Poder Ejecutivo haya puesto punto final a este triste episodio de incumplimientos y de no respeto por el Estado de derecho.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado, es decir, del artículo 1.º al 11 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

11) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

SEÑORA PRESIDENTA.- Correspondería pasar a considerar el segundo punto del orden del día, pero vamos a dar lectura a una moción llegada a la Mesa.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de junio de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

Por la presente solicito a Ud. tenga a bien someter a consideración del Cuerpo la siguiente moción, por la que solicito realizar una intervención por el término de 15 minutos según el art. 171 del Reglamento, en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente, tema de meridiana trascendencia desde una óptica y consideración de solidaridad intergeneracional.

Carol Aviaga. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Tiene la palabra la señora senadora Aviaga.

SEÑORA AVIAGA.- Muchas gracias, señora presidenta, y también gracias a todo el Cuerpo por acceder a que podamos exponer sobre el tema del ambiente en nuestro país, en este día tan importante para todo el mundo, pero especialmente para las distintas comunidades que trabajan generando conciencia ambiental y ecológica en el Uruguay.

Primero que nada quiero hacer un justo reconocimiento a quienes han sido y son pilares del desarrollo y de la promoción de la conciencia ambiental y de la conciencia ecológica en nuestro país. Me refiero al profesor Daniel Panario, al ecologista Eduardo Gudynas, al periodista Víctor Bacchetta y al doctor Enrique Sayagués.

También, en este Día Mundial del Medio Ambiente –que, creo, merece un análisis de lo que hacemos y de las políticas que llevamos adelante en el territorio–, quiero reconocer, como principales promotores del derecho ambiental y territorial en nuestro país, al doctor Ricardo Gorosito, al doctor Pablo Ligrone y a la arquitecta Astrid Sánchez. En cada rincón del país en donde se genera un conflicto ambiental o territorial –es natural que se generen–, quienes brindan herramientas certeras, científicas y cabales a la hora de analizar la problemática son estos científicos y especialistas en las materias que acabo de mencionar.

En este día también es justo que reconozca a mi compañero, el señor senador Lacalle Pou, porque en verdad, desde hace muchos años, cuando comencé a trabajar en política, fue quien nos introdujo en estos temas ambientales, de cuidado y de conciencia medioambientales. Obviamente, hemos seguido recorriendo un camino y aprendiendo con quienes mencioné anteriormente, y somos un poco más conscientes del desafío que tenemos como país en la materia.

(Se proyectan diapositivas).

–Son muchos los conflictos ambientales y territoriales que hoy tenemos en el país. En la lámina que se está proyectando en la pantalla vemos un mapa que fue publicado ayer por el profesor Eduardo Gudynas –un referente muy importante para mí–, sobre las urgencias ecológicas del Uruguay de hoy: lo que aparece en rojo tiene que ver con la contaminación de nuestras cuencas y la problemática que tenemos ya; lo que aparece en marrón son los problemas y las consecuencias que está generando la agricultura intensiva que se está desarrollando en toda la parte del litoral y del centro del país; y lo que está mapeado en verde tiene que ver con la pérdida de biodiversidad en nuestros sistemas ecológicos.

Como decía, estamos asistiendo a distintos conflictos ambientales y territoriales en el país. En el norte, a grandes rasgos, las comunidades están alertas por la amenaza del fracking, la búsqueda de petróleo y las perforaciones que se están haciendo sobre el acuífero Guaraní. Realmente hay una gran movilización en la sociedad del norte del país, que está muy preocupada y que permanentemente está pidiendo respuestas al Gobierno y a todos nosotros, los tomadores de decisiones en esta casa, sobre esos temas que los acucian y los angustian. En verdad, nos están cuidando a todos.

En el centro del país, las comunidades también están alertas, preocupadas y ocupadas por el proyecto de instalación de UPM, que no solo se debe analizar desde el punto de vista económico y de lo que es más beneficioso o no para el país con respecto a lo que el Gobierno ha acordado con esa empresa, sino que esencialmente es un problema de vida de la cuenca del río Negro y de esas sociedades, porque ¡sin agua no hay vida, no hay comida y no se puede tener un desarrollo sostenible ni sustentable!

En el litoral y en el sur del país, como lo muestra el mapa, el uso de los plaguicidas y la falta de monitoreo de los ecosistemas y, especial y esencialmente, de su impacto sobre la salud humana, hace que las comunidades también estén angustiadas. Si se hiciera un monitoreo real y transparente que permitiera conocer el estado de situación por la acumulación de plaguicidas en el territorio, en el agua y en nuestros organismos, se daría más tranquilidad a la gente y permitiría, a los que desarrollamos políticas en el territorio a nivel nacional y departamental, hacerlo en forma más inteligente y ordenada, intentando minimizar los impactos negativos y cuidando que nuestra población esté expuesta al menor riesgo posible. Pero hoy no tenemos esa información y, entonces, esas comunidades –diría que esto se extiende a todo el país– están muy preocupadas. Lo que se necesita son más respuestas, más transparencia y más monitoreo de lo que se hace en el territorio.

Aclaro que no estoy diciendo que no se puede hacer nada, ¡no!, sino que en el cuidado medioambiental y ecológico se debe tener una visión integral de la productividad en el país y que eso pasa por que nos cuidemos un poco más, por la existencia de más controles del cómo, dónde y cuándo se utilizan los plaguicidas en el territorio.

En el este y en el noreste de nuestro país también tenemos grandes desafíos. La minería metalífera a cielo abierto ha generado una gran angustia en cientos de vecinos que viven en esa zona. Muchos de los emprendimientos mineros que hasta hoy siguen en actividad han afectado y coartado la libertad productiva de cientos y cientos de productores de nuestro país. Aratirí se fue pero ¡quedaron secuelas! No es tan simple decir: «Ah, bueno, no sé, la empresa no lo vio viable: se va», porque deja una estela en nuestro territorio. Hasta el día de hoy se están padeciendo los coletazos de Aratirí. Ahí no ha existido un reconocimiento, por parte del Gobierno, de que se equivocó en las políticas que llevó adelante, y ni siquiera una propuesta de reparación para todos aquellos ciudadanos que, por muchísimos años, estuvieron afectados en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su desarrollo productivo y social en la zona. Todas aquellas comunidades en las que se generaron expectativas y esperanzas desde el Gobierno porque lo veían como algo viable, quedaron destrozadas por los enfrentamientos internos. Hoy ni siquiera hubo un reconocimiento de que se equivocaron y es necesario reparar en algo a esas comunidades.

Otro gran desafío que tenemos en el este de nuestro país es lo vinculado a la afectación de la biodiversidad en nuestras sierras y a la vera de todas nuestras cuencas. ¡Hay estragos en nuestro monte nativo! En el caso de la forestación –que trae gran desarrollo para el país–, a la hora de darse los permisos para forestar –ahora que tenemos mucho conocimiento y experiencia sobre el tema en el país–, hay que empezar a entender que hay corredores biológicos esenciales que se deben cuidar para que después todos los demás ecosistemas existan, se fortalezcan, no desaparezcan y no se contaminen. Esos corredores biológicos están bien definidos, y seguramente la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, si mañana lee lo que estoy diciendo hoy, sabrá de qué estoy hablando porque ellos tienen estudios sobre esas áreas que hay que preservar. A la hora de seguir avanzando en las políticas de fomento de la forestación se debe tener en cuenta que estos corredores biológicos tienen que ser preservados.

La urgencia ecológica mapeada en la lámina proyectada, que fue publicada, reitero, por el profesor Eduardo Gudynas, un ecologista de renombre, habla de la contaminación de nuestras grandes cuencas, pero también está afectado todo nuestro sistema hidrológico e hidrográfico en el país. Hay estudios hechos hace poco tiempo, en los que se tomaron 49 muestras de ríos y arroyos de nuestro país, y el 94 % de los resultados demostró que están eutróficos. Literalmente, cuando un espejo de agua queda eutrófico, la vida empieza a morir, pues cuando hay floración de cianobacterias el oxígeno desaparece y también la vida. Los estudios realizados sobre esas 49 muestras nos están diciendo que el 94 % de esos ríos y arroyos están eutróficos. Tenemos muchos ejemplos, algunos de ellos cercanos a Montevideo. En la cuenca del río Santa Lucía, a unos pocos minutos del Centro de Montevideo, encontramos el Canelón Chico y el Canelón Grande –por citar algunos ejemplos–: ¡están hipertróficos, el agua está verde, se están muriendo! Y parte del agua proveniente de esos cursos se potabiliza para cubrir el suministro de la ciudad de Montevideo. La cuenca del río Uruguay también tiene problemas eutróficos, al igual que la del río Negro y de la laguna Merín. Y nosotros, ¿qué hacemos?

Bueno, creo que hay que empezar a diseñar políticas territoriales que se apeguen especialmente a un desarrollo sostenible y sustentable, que tengan como norte el ordenamiento territorial. Además, hay que pedir a OSE que empiece a cumplir con su principal función, que es la de dar respuestas a los uruguayos a través del artículo 47 de la Constitución. ¡El 60 % del territorio nacional no tiene saneamiento! ¡El 60 % del territorio nacional vuelca sus aguas servidas, cloacales y pluviales en los cauces de nuestros ríos y arroyos! Si hay una afectación importante de carga de fósforo y nitrógeno en el agua, obedece en gran medida a la ineficiencia de nuestra empresa responsable de la calidad del agua, que tendría que darnos seguridad en ese sentido. ¡El 60 % de las aguas cloacales del Uruguay termina en las cuencas del Santa Lucía, del río Uruguay, del río Negro y de la laguna Merín!

Tenemos muchos desafíos y, de una vez por todas, los uruguayos debemos poner estos temas arriba de la mesa, y también debemos hacerlo en esta casa. Debemos pedir al Gobierno, y en este caso a OSE, que invierta donde debe, y no en anuncios publicitarios que nos hablan de pequeñas cosas que se hacen, cuando en realidad todo esto está en el territorio sin hacer.

La mitad del agua que se potabiliza en el país se pierde; del 100 % que se potabiliza, solamente el 50 % de ese gasto, de esa inversión que hacemos todos los uruguayos para limpiar nuestra agua, llega a los hogares.

Tenemos muchos desafíos por delante, pero sobre todo el de la gestión de nuestros recursos en forma integral.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le solicito que vaya redondeando, pues hay otros senadores anotados.

SEÑORA AVIAGA.- Ya termino, señora presidenta.

En esta casa hay muchos proyectos presentados sobre el tema. Los senadores Bordaberry, Larrañaga y quien habla hemos presentado proyectos que están durmiendo en la Comisión de Medio Ambiente, pues no hemos logrado que se traten. También hay otra iniciativa que me interesa mucho destacar y es la de delito ambiental, que fue enviada por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Constitución y Legislación. Haré llegar una moción en el sentido de que ese proyecto sea tratado en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente y se ponga a consideración prontamente en las dos comisiones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: disculpe, pero está bastante excedida del tiempo del que dispone.

SEÑORA AVIAGA.- Finalmente, quiero decir que ya hay casi 250.000 firmas de uruguayos para que se considere la ley de riego que se votó en esta casa. Eso es un ejemplo de cómo estos temas importan a la gente, que quiere que se tengan en cuenta a la hora de discutir.

Los temas ambientales no son para hablar quince minutos en el Senado, sino que son mucho más importantes y creo que merecían haber tenido un día especial de tratamiento en este ámbito.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: la bancada del Partido Colorado me ha pedido que haga uso de la palabra ante la moción de la senadora Aviaga, a quien felicitamos por la iniciativa.

Tenemos muchas coincidencias, pero queremos hacer alguna precisión.

El tema del medioambiente no es nuevo en el país. Desde el Gobierno del doctor Lacalle, en 1990, contamos con un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –cuyo primer ministro fue el señor Raúl Lago–, pero ya desde antes el país se fue dando normas de protección de la fauna, de la flora, del ambiente. Uruguay fue de los primeros países del mundo en establecer la protección de la fauna en forma inversa a lo que se hacía normalmente. Antes se autorizaba la caza de aquellas especies cuya prohibición no estaba expresamente establecida; en 1972 esto cambió y se estableció que toda la caza estaba prohibida, excepto la autorizada. Esto fue un cambio conceptual enorme. Es decir que toda la caza está prohibida, menos la de la paloma, la cotorra y el jabalí –que son plagas–, y la de la perdiz o el pato en determinadas épocas del año.

En cuanto a normas, en 1991 pasamos a contar con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; después tuvimos las normas de la Dinama, de finales de los noventa, durante el Gobierno del doctor Sanguinetti; la reglamentación, actuación y regulación de la Dinama, en 2002, en el Gobierno del doctor Batlle, y la modificación y acentuación de las normas de protección del ambiente durante la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez. O sea que ha habido una política de Estado en esto del cuidado del ambiente. Es cierto que no se avanza a la velocidad que todos quisiéramos, pero es claro que vamos en el camino adecuado.

En el período pasado se aprobó un proyecto de ley de creación del Observatorio Ambiental Nacional, que parece una cosa menor pero es mucho mayor de lo que imaginamos, porque el primer instrumento de gestión ambiental es la información. Si uno no tiene información suficiente, no puede tomar decisiones; y Uruguay no contaba con la información suficiente. Todo esto va evolucionando, y lo que estaba muy bien en 2003 o 2004 hoy ya está atrasado si no seguimos evolucionando con las normas. En el 2003, cuando me tocó ser ministro de Turismo, gran parte de la campaña turística de todo el año estuvo fundada en un informe de las universidades de Yale y de Columbia. En base a normas de la OCDE se hacían unos estudios que colocaban a Uruguay tercero en el mundo en materia de protección del ambiente –detrás de Finlandia y de Austria–, y primero en América. Hay muchos países de América, como Brasil, Costa Rica, Canadá, etcétera, que se dicen grandes defensores del ambiente, pero Uruguay estaba por delante de ellos. Sin embargo, hace tres años Uruguay estaba en el lugar 86 en el mundo. Pasó del lugar 3 al lugar 86. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Porque habíamos dañado más el ambiente? ¡No! Fue porque no teníamos la información suficiente como para poder postular y participar en la mayoría de esos ítems. De ahí que el Observatorio Ambiental Nacional –que rápidamente y muy bien el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha puesto en funcionamiento en este período– se constituye en un instrumento fundamental.

Junto con esto hay otro proyecto de ley que sería bueno que se considerara en la Comisión de Medio Ambiente, que es el de creación del comisionado parlamentario para la protección del medioambiente. Cuando llega al Parlamento una denuncia sobre un tema de medioambiente, todos los legisladores salimos preocupados a tratar de averiguar y nos encontramos con que hay distintas posiciones. Nos pasó en Artigas –su departamento, señora presidenta– en este mismo período, con el caso de ALUR, pues algunos ediles –incluso uno de mi partido– nos pasaron un video en el que se mostraba una laguna de decantación vaciando sobre el río Uruguay. ¡Las imágenes eran impactantes! Nosotros pensamos que si parte del desecho terminaba vertiéndose al río, estábamos atentando contra todo. Invitamos entonces a la Dinama y nos dijeron que ahí no había nada; que los habían llamado antes y les habían preguntado cómo hacer eso, y que ellos monitorearon toda la situación. Aseguraron que no hubo daño al medioambiente.

De ahí la importancia de que haya siempre un comisionado siguiendo estos temas, de la misma forma que lo hace el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que luego informa al Parlamento. Recuerde, señora presidenta, lo que pasaba cuando había un motín o un muerto en una cárcel: salíamos los legisladores a tratar de conocer las diversas versiones –la policía tenía la suya, los jueces otra y los reclusos una diferente– y nunca teníamos la información más certera para tomar decisiones. Hoy es distinto, porque el comisionado parlamentario sigue los temas de cerca y se va informando. Lo mismo debe ocurrir con el ambiente si queremos darle la importancia que debe tener.

Por tanto, hay que tener un comisionado del medio ambiente que esté constantemente estudiando, trabajando con asesores, siguiendo los temas, e informándonos de lo que está pasando, por ejemplo, en la cuenca del río Santa Lucía, o con las bolsas plásticas, que las tortugas comen porque las confunden con aguavivas y luego mueren en la costa. ¿Los legisladores tenemos información de primera mano como para saber qué está pasando? Creo que no. La Dinama se opuso a esto diciendo que la teníamos a ella para brindar la información, y está bien; pero la Dinama es el Poder Ejecutivo y nosotros el Poder Legislativo, y nuestra tarea es controlarlo con información suficiente.

Considero que ha llegado el momento de dejar de lado la política exclusivamente prohibicionista –no es que no haya que prohibir sino solo recurrir a prohibiciones– y empezar a tomar medidas activas como esta.

Hemos aprobado –creo que es un logro muy grande– la prohibición del fracking en Uruguay por cuatro años, con una moratoria. Suponemos que se están haciendo los estudios al respecto. Eso es un avance, porque antes estaba permitido y ahora está prohibido por cuatro años, y hay que hacer los estudios correspondientes para luego evaluar si se sigue con la moratoria o se autoriza este procedimiento. Reitero que es un avance.

También avanzamos con la ley sobre el uso sustentable de bolsas plásticas, a la que observamos que ahora se le introdujeron algunos cambios en la Cámara de Representantes. Entre otras cosas, le pusieron un impuesto, aspecto que habíamos analizado en la comisión con el propio Poder Ejecutivo y habíamos llegado a la conclusión de que no era bueno; sin embargo, en la otra cámara se agrega. Quizás esto debería reverse. Además, se cambió parte del texto sobre algo que también habíamos estudiado y conversado durante dos años en la Comisión de Medio Ambiente, donde acordamos que no se iba a hacer.

Quizás lo más importante es tratar de hacer un clic en cuanto a la denuncia y la prohibición, que nos lleve hacia acciones positivas, hacia acciones que no solo prohíban y regulen. No estoy diciendo que no haya que seguir haciéndolo, que haya que levantar las prohibiciones, sino que hay que dar un paso más e ir por las acciones que no solamente prohíban que se deteriore el medio ambiente, sino que provoquen que se lo mejore. ¿Qué estamos haciendo para mejorarlo? ¿Cuáles son las acciones que estamos tomando para mejorar lo que nos pasa en materia de medio ambiente? Aquí estamos diciendo: «Prohibamos las bolsas» –aclaro que estoy de acuerdo, e incluso fui uno de los proponentes del proyecto de ley–, pero ¿qué hacemos con las que hemos tirado en los últimos años? Con esas que tapan los desagües o se juntan en las cañadas y en los arroyos, ¿qué hacemos?

¿Cómo empezamos a tomar medidas para revertir los efectos del fósforo que se va a las cañadas, a las lagunas y a los ríos? Para ello también hay una propuesta, es decir, un proyecto de ley para promover la mitigación de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. ¿Cómo es la propuesta? Sería algo similar al esquema que se siguió en 1987 con la ley de forestación. Los propietarios de predios ribereños o de zonas afectadas no van a seguir dañando el ambiente, pero ¿qué harán para recuperarlo, para hacerlo mejor luego del daño ya causado? Ahí es donde el Estado debe participar eligiendo zonas en las cuales dar beneficios, o no cobrar impuestos, o incluso subsidiar cuando hay planes de mitigación, como se hizo en su momento con la forestación. El propietario puede querer seguir explotando los predios, pero también puede ocurrir que tenga la voluntad de no seguir haciéndolo y realizar un plan de manejo; sin embargo, si ve que le van a seguir cobrando lo mismo, no va a tener ningún aliento para hacerlo. Si se designan determinadas áreas, se hace un plan de inversión y se aprueba, es lógico que esa mejora tenga algún beneficio; de lo contrario, nadie lo va a hacer porque, en definitiva, en este mundo manda el dinero. Lo otro sería soñar con que el Estado expropie y haga el plan, pero es imposible por su costo.

Entonces, si no planteamos diferentes soluciones para encarar y mejorar el ambiente, no se van a obtener resultados.

¿Qué pasó con la laguna del Diario, en la entrada a Punta del Este, cuando se cerró con la ruta la salida al mar? ¿Qué está empezando a pasar en la laguna Garzón y en tantos otros lugares?

Exigir medidas de mitigación no alcanza; hay que alentar medidas de mitigación por parte de los particulares. De lo contrario, puede pasar que no sigamos deteriorando el ambiente –es cierto–, pero tampoco recuperaremos el daño que hicimos. Es como decir: «Vamos perdiendo 3 a 0; saquemos un delantero y pongamos un volante de marca». De esa forma seguiremos perdiendo 3 a 0. Deberíamos pasar al ataque y ganar 4 a 3, por más que a los uruguayos nos guste mucho jugar a la defensiva.

En definitiva, felicito la iniciativa de la señora senadora y espero que podamos avanzar con el comisionado parlamentario para la protección del medio ambiente, como también con el proyecto de ley de promoción de la mitigación de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

¡Saludo a todos los uruguayos que trabajan por un mejor ambiente todos los días en el Uruguay!

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA VELLOZAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA VELLOZAS.- Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un día para que todos nosotros, los parlamentarios, los políticos y la población en general, nos apropiemos de la naturaleza que nos rodea y participemos activamente en la protección de la tierra.

Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del ambiente es una cuestión fundamental, que afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo, designaron el 5 de junio como este día, convirtiéndose así en un evento global celebrado en miles de comunidades del mundo.

La celebración de este día nos da la oportunidad de ampliar las bases de la opinión pública informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y mejora del medio.

Este día ha ido ganando relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y ahora es una plataforma mundial de divulgación pública.

El ser humano es, a la vez, obra y artífice del medio que lo rodea, le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y económicamente. Sin embargo, los problemas ambientales que ha generado a lo largo de la historia son importantes: producción de gases de efecto invernadero, erosión de los suelos, pérdida de la calidad del agua, contaminación atmosférica y pérdida de la diversidad debido a la concentración de la propiedad de la tierra y de los medios de producción.

El último tiempo ha sido un espacio en que la humanidad ha focalizado sus esfuerzos en la concientización ambiental. Los objetivos son: dar importancia a los temas ambientales; motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de los patrones de producción, consumo y ocupación del territorio, lo que garantizará un futuro más próspero y sostenido.

La política ambiental implica avanzar hacia escenarios de sustentabilidad, concibiendo al ser humano y sus actividades como parte integral del ambiente. Por ello en nuestro país se ha legislado, aprobando la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en 2008; la Política Nacional de Aguas y el Sistema Nacional de Emergencias en 2009; la descentralización en materia departamental y local en 2014, o la reglamentación de la denominada ley sobre reciclaje de envases, entre otras.

Restan desafíos por alcanzar, como ambiente y salud, impulsar la agroecología, el etiquetado de los alimentos, y profundizar la regulación y conservación de espacios costeros y marinos.

Independientemente de la acción política de los países, es la población la principal interesada en respetar y en que se respete el medioambiente. Por tanto, los esfuerzos de este día se centran en motivar a las personas y las comunidades para que se conviertan en agentes activos de desarrollo sostenible y en el cambio de actitud hacia los temas ambientales. Podemos realizar pequeñas acciones que, sumadas, hacen mucho.

Desde el inicio se ha festejado el día con diferentes consignas en distintos países. En 2017, en Canadá, fue: «Conectar a las personas con la naturaleza». Era un día para celebrar y reconectar, para volver a mirar la naturaleza y disfrutarla. Solo si disfrutamos de la naturaleza comprenderemos el peligro de no conservarla.

En la actualidad más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Más allá de lo que esto supone en términos de desequilibrio, contaminación y recursos, una de las consecuencias más importantes es que en las grandes urbes tenemos poco contacto con la naturaleza. En Montevideo esto no ocurre debido al privilegio de su costa y a sus parques y espacios públicos, además del sistema de gestión ambiental de playas por las normas ISO 14000 desde 2004. Mediante el proceso de mejora continua orientado a la prevención de contaminación y al desarrollo sostenido, se ha realizado regeneración de dunas, plantaciones apropiadas y limpieza diaria. Y en los otros departamentos costeros existe el manejo integral costero.

Este día proporciona una importante oportunidad para identificar soluciones, regenerar nuestra cultura de consumidores y crear una sociedad más sostenible donde todo el mundo tenga alimentos para vivir, porque es la población más vulnerable la que más sufre los problemas ambientales y la que menos responsabilidad tiene en provocarlos.

Este año, 2018, se celebra en la India, con la consigna «Un planeta sin contaminación por plástico». La campaña insta a los Gobiernos, la industria, las comunidades y las personas a unirse para reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables, que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina, amenazan la vida humana y destruyen los ecosistemas.

No debemos olvidar la frase de Evo Morales: «Lo que la humanidad debe saber es que los seres humanos no pueden vivir sin la Madre Tierra, pero el planeta puede vivir sin los humanos».

La contaminación por plástico es una emergencia global que afecta todos los aspectos de nuestras vidas, el agua que bebemos y la comida que comemos. Está destruyendo nuestras playas y océanos.

En América Latina y el Caribe las celebraciones tendrán su capital regional en Perú.

Hay que profundizar las campañas de concientización acompañadas de medidas que promuevan o premien las conductas del consumidor que se orienten a los productos naturales, biodegradables o reutilizables, y facilitar su acceso.

El Estado tiene el rol y la responsabilidad de conducir, de legislar, de ejecutar y de controlar el cumplimiento de las normas y políticas que se impulsen con el fin de preservar el medioambiente. Por ello también requiere, y es nuestro llamado en este día, del compromiso e involucramiento de los liderazgos de los partidos políticos y las organizaciones sociales, más allá de las ideologías, con el fin común de preservar el mundo como un lugar mejor donde vivir.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA VELLOZAS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: en este día recordemos la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1972, en la Conferencia de Estocolmo, y recordemos a Olof Palme, quien aprovechó esta conferencia para criticar el American way of life y sus consecuencias ambientales, subrayando –ya entonces– la tensión entre producción y sustentabilidad.

Si recorro a qué se ha dedicado el Día Mundial del Medio Ambiente desde 1974 hasta ahora, puedo subrayar algunas cosas que hoy siguen tan vigentes como entonces, a pesar de que tienen unos cuantos años. Por ejemplo, en 1974 el lema fue «Solo tenemos un planeta»; en 1977, «Desgaste de la capa de ozono»; en 1978, «Desarrollo sin destrucción»; en 1983, «Residuos tóxicos»; en 1984, «Desertificación»; en 1989, «Alerta mundial, la Tierra se calienta». En 1991 ya apareció el cambio climático. En 2003 el lema fue «Agua: ¡Dos mil millones sufren sin ella!». En 2009 se volvió a insistir con el cambio climático; 2010 se dedicó a la desaparición de las especies; 2012, a algo que ahora nos es muy habitual, pero que no estaba tan presente en aquellos tiempos: la economía verde; 2014, al aumento del nivel del mar; y 2018, a la contaminación por plástico.

Es decir que desde 1974 hasta ahora subsisten los grandes problemas del medioambiente, más allá de la declaración del Día del Medio Ambiente.

Todos recordamos la Río+20, donde la participación de Uruguay fue muy destacada. También recordamos la cumbre de Kioto, que nos deja un sabor agridulce. Ha habido avances discursivos, pero una gran dificultad para implementar medidas por el escaso compromiso de las naciones más ricas, especialmente Estados Unidos, ese país que dio origen a la preocupación de Olof Palme por el American way of life: el superconsumo de unos pocos y la superproducción. Esos son los grandes contaminantes, no los países pobres; de la misma manera que, como dijo la señora senadora Vellozas, los grandes contaminantes no son las personas, sino las grandes empresas. Por eso, cuando se aconseja a la gente cerrar el agua de la canilla, yo digo: vamos a aconsejar a las empresas que cierren el agua de la canilla, porque la inmensa mayoría del agua de este país se gasta en la agricultura.

Los últimos cincuenta años han sido absolutamente devastadores en el planeta. Como dijo mi compañera, si uno no quiere hacer referencia al capitalismo puede hablar, simplemente, del modo de acumulación y del modo de producción, que sobrevaloran el intercambio por sobre la producción y generan los problemas ambientales que tenemos.

Pero hay buenas noticias para Uruguay, que ha sido bastante criticado en esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La primera de ellas es que Uruguay lidera el mundo en el proceso de energía verde. Un 70 % de la capacidad de generación de energía que se sumó en todo el mundo en 2017 correspondió a energías renovables. En este contexto, Uruguay se destaca como segundo país a nivel global con mayor proporción de producción eléctrica de fuente eólica y solar sobre el total anual. El año pasado casi la mitad de los días la demanda de electricidad se cubrió 100 % con energías renovables, y casi el 30 % de la generación total de energía vino de fuente eólica y solar.

Otra buena noticia es el proyecto de ley sobre uso sustentable de bolsas de plástico, que desestimula su utilización. Dicho proyecto –que es algo específico dentro de un gran proyecto sobre residuos que deberá ser discutido en globalidad– está a estudio en la Cámara de Representantes y, aunque hay una discusión al respecto, creo que va a ser aprobado este año.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–En este sentido, recuerdo que se consumen 1200 millones de bolsas por año en Uruguay. Justamente venía escuchando un programa en Radio Uruguay en el que se decía que hay más micropartículas de plástico en los océanos que estrellas en la galaxia.

Termino con las palabras de Yayo Herrero, ecofeminista –sí, hay una cosa que se llama «ecofeminismo»–, que se pregunta: «¿Qué sostiene materialmente la vida? En primer lugar, la naturaleza. Sin duda, existimos, respiramos, nos alimentamos porque los recursos que usamos para ello son recursos naturales. La vida de las personas es inconcebible sin la vida de la naturaleza, porque somos naturaleza. Pero la naturaleza tiene límites. Somos un planeta limitado, donde los minerales de la corteza terrestre no se reproducen, y el agua tampoco, a la velocidad que desearía el sistema económico. Los límites de la naturaleza son una condición de la existencia humana». Y aquí hago mías todas las teorías sobre el decrecimiento. «Que decrezca la esfera material de la economía no es una opción; es una imposición de los límites del planeta. Podemos hacerlo» –dice Yayo Herrero– «planificadamente o de la otra manera. Quien tenga poder económico, político y militar seguirá sosteniendo su estilo de vida a costa de que quede cada vez más gente afuera».

La discusión acerca del medioambiente es sobre la sustentabilidad de la vida, es un cuestionamiento al modelo de acumulación y es una crítica enorme a la forma injusta en que se distribuyen los bienes en el mundo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Vellozas.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA VELLOZAS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le recuerdo a la señora senadora Vellozas que solo le restan dos minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo olvidé en su momento, pero creo que sería injusto que no recordáramos en este momento el trabajo que se está haciendo en la Cámara de Senadores.

Aquí hay un plan de gestión de residuos, que tiene su origen en una propuesta de una funcionaria de Comunicaciones y Repartidos, Daniela Duarte. Ella fue quien planteó en su momento la necesidad de que hubiera una mejor gestión de los residuos generados. Por resolución de la Presidencia del Senado de 19 de febrero de 2016 se dio comienzo al plan y empezó a trabajar muy seriamente un grupo coordinador, en el que participan Taquigrafía, el Área Financiero Contable, la directora-contadora, Recursos Humanos, el director general, el secretario relator, Afucase, Intendencia, etcétera. Se trajo a GEA Consultores –Aramis Latchinian es un gran profesional en esta área–, y se han tomado medidas que creo que son muy buenas. Cada uno de nosotros tenemos en nuestros despachos cestas de cartón para depositar determinados residuos. También se está trabajando para reciclar pilas y baterías de botón, plástico y residuos húmedos.

Creo que esto es de destacar –muchas veces nos olvidamos de hacerlo–, porque estas cosas son mucho más importantes de lo que nos imaginamos. También es importante la forma en que se hizo, es decir, que la idea haya surgido de una funcionaria, que haya sido escuchada, que se haya creado la comisión y que todos estemos adhiriendo a ese plan.

No quería dejar pasar este día sin mencionar lo que se ha hecho en el Senado.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: por supuesto que desde el Partido Independiente nos sumamos a esta celebración que, como se ha venido diciendo, es sobre todo la reafirmación de un compromiso, porque celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente es plantearnos todo lo que nos queda por delante para lograr que el mundo y cada sociedad tenga un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, en sintonía y en armonía con el ambiente que la rodea.

Creo que uno de los grandes legados del siglo xx es el cuestionamiento a un modelo de desarrollo y de crecimiento sustentado exclusivamente en la mirada económica, en la mirada de eficiencia desde el punto de vista de las reglas de la economía. La aparición de una segunda dimensión, la ambiental –esencial a esta altura–, junto con la equidad de género –quizás esté siendo injusto con alguna otra cosa–, son los grandes legados construidos en el siglo xx. Por un lado tenemos la idea de la igualdad de género, los cambios en los roles de género y, por otro, la preocupación por el modelo de desarrollo. Por supuesto que no hay que ser ingenuo; no es una mera convocatoria al cuidado ambiental, sino que esto implica una enorme cantidad de elementos complejos que suponen el equilibrio entre el crecimiento, la mejora de las condiciones de vida de la gente, en sintonía y en armonía con la preocupación ambiental.

Por eso, no es casual que 1972 haya sido el punto de inflexión en el desarrollo de las políticas medioambientales a nivel internacional. La señora senadora Moreira mencionó nada menos que a una gran figura de la política mundial, Olof Palme, impulsor de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, o Conferencia de Estocolmo, que fue la que generó la preocupación en las Naciones Unidas. A partir de allí, ese mismo año, se definió el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Es así que desde entonces a la fecha se viene celebrando de esa manera.

Desde la primera celebración, en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado a Naciones Unidas y a los países que la integran a tomar conciencia y a crear presión política para abordar preocupaciones crecientes como la reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos, la desertificación, el calentamiento global y tantos otros temas que se han ido sumando.

El Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una gran plataforma mundial para tomar medidas sobre cuestiones ambientales. A lo largo de los años, además, participan millones de personas para promover el cambio en nuestros hábitos de consumo, así como las políticas nacionales e internacionales.

Los temas ambientales de cambio climático; el calentamiento global; la degradación de los ecosistemas; la pérdida de la diversidad biológica; la contaminación de la atmósfera, océanos y suelos; la crisis energética y alimentaria; los residuos del consumo y los desechos peligrosos; la disminución de la capa de ozono, son, entre otros, los temas que van apareciendo constantemente en la agenda de los organismos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación internacionales, y también de los Gobiernos, así como en la vida cotidiana de los ciudadanos; ello hace que estos problemas tengan alcance global, pero también local, y que se traten tanto a nivel local, como nacional, regional o mundial. Incluso, en todo el desarrollo de la concepción de la responsabilidad social empresarial se ha incorporado la dimensión ambiental como uno de los temas relevantes. En ese sentido, es muy importante que cada país vaya estableciendo, de manera creciente, firme y enérgica, normativas que controlen y que de alguna forma logren ese equilibrio tan complejo entre la actividad económica y la sustentabilidad ambiental.

En particular en nuestro país, donde hemos convertido la idea de «Uruguay, país natural» en una idea fuerza, esto implica un desafío y un compromiso más relevante aún, porque hay que ser consistentes con eso. Esta es una muestra cabal de la significación y la importancia que el tema del medioambiente y su preservación implican para el desarrollo del país. Nuestra propuesta de atracción hacia el mundo tiene que ver con el valor de lo natural y, por lo tanto, es un reclamo y un desafío hacia nosotros mismos lograr consistencia entre el eslogan y lo que somos. En ese sentido, obviamente tenemos desafíos aún no resueltos, y diría que unos cuantos. En algunos de ellos el país ha avanzado. Tenemos el tema de las energías renovables, que es motivo de orgullo de todos los uruguayos, pero también hay otros problemas que están pendientes y nos impactan permanentemente. Por ejemplo, no está generalizada la clasificación de residuos en los distintos departamentos del país; unos lo hacen y otros, no. Hemos tenido avances y retrocesos en ese sentido, y sin duda es una asignatura pendiente.

El tema de este año, «Sin contaminación por plástico», es un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta sin ese problema. Cada año se vierten en los océanos ocho millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales. Sabemos que hay una enorme isla de desechos flotando en el océano Pacífico, donde el plástico es uno de los componentes principales. El objetivo es tomar conciencia sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestras aguas, particularmente en nuestros océanos. La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que nosotros mismos podemos cambiar hábitos para reducir la pesada carga de la contaminación de plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra vida silvestre y en nuestra propia salud.

Si bien es cierto que tiene diversos usos muy valiosos, dependemos demasiado del plástico de un solo uso, descartable, y eso tiene graves consecuencias medioambientales. Tal como se ha dicho, estamos trabajando en un proyecto de ley de uso sustentable de bolsas plásticas, que intenta atacar una parte de este grave problema de la presencia de residuos plásticos en el ambiente. Esta norma apunta a minimizar la generación de estos residuos y a reducir el uso de las bolsas plásticas de un solo uso. A esos efectos, se establece la obligatoriedad de la elaboración de bolsas con materiales compostables y biodegradables.

Sin duda que resta afrontar muchas otras aristas en materia de reducción de contaminación por plásticos e, incluso, el mismo proyecto podría tener una mayor profundidad medioambiental. Aunque es un primer paso, bienvenido sea, pero señalamos también que compartimos la preocupación del senador Bordaberry por algunos cambios que se han hecho durante el debate parlamentario en la segunda cámara, que esperamos que se puedan corregir.

Finalmente, señora presidenta, puesto que todavía estamos en debe, sería muy importante potenciar de manera sustantiva la presencia de la Dinama –Dirección Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente– para que pueda desarrollar sus responsabilidades de gestión y control, tal como le encomienda la ley, de forma responsable, seria, efectiva, eficiente y creciente. En esto aún tenemos asignaturas pendientes. No podemos negar que ha habido avances en el fortalecimiento institucional de la Dinama en lo que refiere al efectivo control en materia medioambiental, pero estamos lejos de sentirnos orgullosos del grado de control institucional que el Uruguay posee.

Comparto –termino, señora presidenta– la necesidad de saludar el trabajo de los funcionarios del Senado. Tal como expresó el señor senador Bordaberry, es bien pertinente reconocerlo y destacarlo, porque la cosa empieza por casa y en cada uno de los ámbitos.

Señora presidenta: sé que –tal como se indicó– disponemos de una intervención por partido, pero con mucho gusto concedo dos interrupciones que me han solicitado el señor senador Cardoso y la señora senadora Xavier.

SEÑORA PRESIDENTA.- En realidad, señor senador, le restan cinco minutos, por tanto, el señor senador Cardoso y la señora senadora Xavier tendrán que repartir el tiempo.

Puede interrumpir el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Muchas gracias, señor senador Mieres; muchas gracias, señora presidenta.

Mi interrupción será muy breve. Quiero recordar un episodio que transformé en campaña electoral en la pasada elección municipal en mi departamento. En esa oportunidad invité a Guillermo Sicardi, un hombre de Montevideo, para que presentara ante los ciudadanos de Rocha la posibilidad de transformar plásticos en combustible. Realmente, fue una idea revolucionaria. Para la demostración, que hizo en la plaza Independencia de Rocha, utilizó un motor, transformó plástico en combustible y terminó encendiendo el motor.

Me interesaba recordar este episodio, en mi opinión muy relevante, que lamentablemente en Rocha no se utilizó, pero habrá un momento oportuno para hacerlo.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, senador Mieres.

Simplemente es para recordar que hoy estamos a un año del lanzamiento del Observatorio Ambiental Nacional, que funciona en el ámbito de la Dinama. Pienso que, a veces, no nos apropiamos de los instrumentos que constituyen un enorme avance, como en este caso, pues se trata de una plataforma de acceso libre, que pone a disposición veinticinco indicadores, doscientas capas de información geográfica e imágenes satelitales con más de 2:500.000 de datos abiertos. Además, tiene un espacio para el aporte ciudadano, lo que es una gran ventaja.

Como bien se ha dicho, podemos tener las mejores leyes, las mejores políticas públicas, pero si ellas no incorporan la conciencia ciudadana para hacerlas realmente efectivas es difícil avanzar en este sentido.

Independientemente de que es discutible si debe existir un observatorio en otro espacio, este, que funciona desde el 5 de junio del año pasado –desde hace exactamente un año–, constituye un avance del que tenemos que apropiarnos porque no solo los alumnos pueden hacer trabajos con sus datos, sino también quienes tomamos decisiones políticas, pues allí tenemos un cúmulo de información importante. No hay política que pueda ser efectiva si no se basa en la evidencia, en los datos de la realidad.

Por eso me parece que trabajar con indicadores –en este caso, indicadores medioambientales– es una construcción que se ha sumado a los otros marcos legales y a las otras políticas públicas, constituyendo un avance. La idea es estimular y estimularnos a nosotros mismos a utilizarlo porque, realmente, da un giro en la forma en que podemos encarar estas decisiones.

Gracias, señor senador Mieres; gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR LAFLUF.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- En realidad, he terminado, pero con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Primero que nada, agradezco al senador Mieres.

Brevemente, señora presidenta, pienso que cuando se habla del medioambiente y de adherirnos hoy a la celebración del día mundial, debemos ser bien sinceros y despojarnos de algunas cosas que quedan bien para la tribuna. Es evidente que hay que cuidar el medioambiente, pero también debemos ser realistas. El Gobierno festeja que hoy producimos tres millones de toneladas de soja y ayer el ministro Astori decía que este año van a entrar USD 500:000.000 menos.

Por supuesto que hay que cuidar el medioambiente y hacer las cosas bien, pero también hay que aprovechar algunas oportunidades, porque acá se empezó a hablar y se catapultó el tema del medioambiente cuando vino UPM –ex-Botnia–, pero es necesario que se sepa que una de las peores contaminaciones del río Uruguay no es, ni cerca, producida por UPM, sino por el vertido de los efluentes cloacales de todas las ciudades en el litoral del río Uruguay y que, paradójicamente, la única que tiene planta de tratamiento es la ciudad de Gualeguaychú.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Tenemos que ser honestos también con nosotros mismos. Quien habla se opuso radicalmente a la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que funcionaría en la órbita de la Presidencia de la República. Era una cosa absolutamente inútil y superpuesta. Pero más me enojó el hecho de que esa secretaría, hace seis meses, autorizara cuatro eventos transgénicos en contra de la opinión de la Dinama. Por lo tanto, tenemos que actuar correctamente y decir las cosas como son, porque los tres millones de toneladas de soja que se producen en el país se llevaron puestos unos cuantos miles de colmenas, por ejemplo.

En consecuencia, tenemos que acompasar el desarrollo del país, el empleo, el trabajo, la exportación y la importación con el cuidado del medioambiente, porque es algo que se puede hacer. En mi departamento, actualmente, gracias a todo lo que pasó, disponemos de dieciséis estaciones de monitoreo en el río Uruguay, dos torres de control de aire, el LATU con siete programas de investigación y ocho laboratorios, un laboratorio de OSE de primer nivel y una ordenanza medioambiental del departamento. Creo que tenemos un gran trabajo por delante y, por eso, debemos hablar de estas cosas con la claridad necesaria.

Gracias, señora presidenta; gracias, señor senador Mieres.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en mi exposición se envíe a la presidencia de las juntas departamentales de todo el país, para que se hagan extensivas a todos los ediles; al profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, ingeniero agrónomo Daniel Panario; al Centro Latinoamericano de Ecología Social –Claes–, dirigida al ecologista Eduardo Gudynas; al Movimiento por un Uruguay Sustentable –Movus–, dirigida al periodista Víctor Bacchetta; al profesor doctor Enrique Sayagués; a la cátedra de Derecho Ambiental de la UdelaR y, en ella, al doctor Ricardo Gorosito; a la cátedra de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la UdelaR, dirigida al doctor Pablo Ligrone y a la arquitecta Astrid Sánchez; a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Industria, Energía y Minería; a la Asociación Civil Ambientalistas de Salto; al sindicato de OSE –FFOSE– y a su presidente, Gustavo Ricci.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que a todo lo expresado sobre este punto se le dé el trámite solicitado por la señora senadora Aviaga.

SEÑORA AVIAGA.- Tiene razón el señor senador: que se envíe la versión taquigráfica de todo lo expresado en sala sobre este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de junio de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia el día jueves 7 del corriente mes y año, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Enrique Manuel Pintado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Queda convocado el señor Carlos Baráibar, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) INVERSIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Texto Ordenado 1996, sobre inversión y desarrollo productivo. (Carp. n.º 1075/2018 - rep. n.º 650/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la Comisión de Hacienda me ha dado el honor de informar este proyecto de ley denominado «Inversión y desarrollo productivo», al que se debió agregar «de empresas de bajo porte». ¿Por qué? Porque apunta a empresas de menor porte.

Como no nos dio el tiempo de adjuntar el informe a la carpeta, pasaré a leerlo porque es una temática muy técnica y es bueno que quede constancia en la versión taquigráfica.

Agrego que esta iniciativa, que se votó en la Comisión de Hacienda por la unanimidad de sus miembros, refiere a mejoras y a estímulos a la inversión y el desarrollo productivo de empresas de menor porte.

En virtud de que los textos de los artículos difieren, realizaré el informe de los cinco, artículo por artículo, pues el último es de trámite.

El artículo 1.º refiere a la deducción proporcional de gastos en la liquidación del IRAE. Esta norma es necesaria y, a su vez, complementaria del siguiente artículo.

La regla de deducción que se dispone en la mencionada disposición establece que los gastos son deducibles en la misma proporción en que la contraparte esté sujeta al IRPF y al IRNR.

De esta forma, se puede deducir en proporción a lo no exonerable de la otra empresa.

El artículo 2.º tiene que ver con la adecuación de la normativa relativa a la industria del software. Esto ha sido muy pedido por quienes se dedican a esta materia y con ellos se ha trabajado en conjunto. El artículo 247 de la Ley n.º 19535 efectúa una serie de ajustes al régimen que otorga exoneraciones en materia de IRAE para las actividades relativas a la prestación de servicios vinculados al software. Después de que se estuvo trabajando en el tema se advirtieron algunas imperfecciones, por lo que el propósito de los ajustes referidos ha sido efectuar una adecuación al estándar internacional en materia de incentivos tributarios, de modo de evitar la utilización de prácticas fiscales nocivas.

Al momento de proyectar la reglamentación de la norma con relación a los trabajos realizados junto con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información –CUTI– surgieron una serie de detalles, que fueron contemplados en los artículos 1.º y 2.º del presente proyecto de ley.

El artículo 3.º apunta a incrementar los beneficios automáticos por inversiones para empresas de menor porte. El beneficio automático vigente consiste en permitir, al liquidar el IRAE, la deducción de un porcentaje de ciertas inversiones. Actualmente, dichos porcentajes varían entre 20 % para inversiones en obra civil y 40 % para inversiones en bienes muebles, maquinaria, instalaciones, etcétera, y la deducción solo pueden aplicarla las empresas que facturen más de diez millones de unidades indexadas en el ejercicio. La propuesta rige para empresas de menor porte, es decir, para aquellas cuyos ingresos anuales no superen los cinco millones de unidades indexadas. En este caso, los porcentajes de deducción se incrementan a un 30 % para inversiones en obra civil y a 60 % para inversiones en bienes muebles.

El artículo 4.º establece un régimen de determinación simplificada del patrimonio fiscal, para contribuyentes que no están obligados a tributar el IRAE en régimen de contabilidad suficiente. Esto es muy bueno porque resulta complejo para quienes no están obligados a tributar el IRAE. La propuesta consiste en facilitar la liquidación de impuestos a las empresas de menor porte y alinear su determinación simplificada, tanto en materia de IRAE como de impuesto al patrimonio. Se trata de una facultad otorgada al Poder Ejecutivo para el diseño de un régimen de naturaleza opcional para los contribuyentes. O sea que los asesores o los propios empresarios de menor porte podrán optar por el régimen actual o el que prevé este proyecto de ley.

El artículo 5.º plantea equilibrar las condiciones competitivas para la industria nacional de importación de maquinaria agrícola. Actualmente existe una discriminación negativa para la industria nacional de máquinas agrícolas, ya que la importación de insumos para la fabricación, partes, accesorios y equipos debe pagar todos los impuestos correspondientes a cualquier importación de bienes, incluyendo el IVA.

En cambio, las maquinarias agrícolas importadas, por tratarse de bienes de capital, ingresan bajo otro régimen. Supongamos que yo armo la maquinaria: cuando la vendo no tengo impuestos, por lo que compite igual que la importada; ahora bien, si al armar la maquinaria traigo insumos del exterior, eso sí tiene impuestos y es lo que a través de este proyecto de ley estamos desgravando.

La propuesta consiste en exonerar de todo recargo y, en general, de todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación, incluido el IVA, a los referidos bienes destinados a integrar el costo de maquinarias y equipos para uso agrícola y sus accesorios.

Esta iniciativa, que apunta en general a las empresas de pequeño porte –incluido el software, que también es de pequeño porte si se lo compara con otras empresas–, fue votada por unanimidad de la Comisión de Hacienda y esperamos que el Senado se expida en el mismo sentido.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: como bien señaló el miembro informante, este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y el Partido Nacional procederá de la misma manera en esta oportunidad.

La iniciativa establece algunos mecanismos de cálculo, el detalle de exoneraciones por inversiones en ciertos sectores y de bonificación o desgravación para importación de determinados insumos destinados a la fabricación de maquinaria agrícola nacional, en otros.

Obviamente, la norma tiende a incrementar, con relación al IRAE, los beneficios a las inversiones hechas por empresas cuyos ingresos anuales no superen los cinco millones de unidades indexadas.

Otro aspecto interesante es el régimen de liquidación simplificada del impuesto al patrimonio para contribuyentes que no están obligados a llevar determinado tipo de contabilidad. Me parece que esto permitirá que las pequeñas y medianas empresas cuenten con un mecanismo mucho más ágil a la hora de proceder a la liquidación del impuesto al patrimonio.

Por otro lado, se busca equilibrar las condiciones competitivas con relación a la producción de maquinaria agrícola en el país, teniendo en cuenta la distinción que hacía el miembro informante, señor senador Michelini, entre los que importan maquinaria agrícola y los que importan partes de ella para ensamblarlas y fabricarla aquí. En realidad, las diferencias pasan por los aspectos tributarios y los recargos de importación, desde el impuesto aduanero único a la importación, la tasa de movilización de bultos, la tasa consular y el impuesto al valor agregado. Por tanto, señora presidenta, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Obviamente, cuando preguntamos cuál era el impacto económico estimado de este proyecto de ley, nos dijeron que era imposible preverlo ahora, porque se incluyen una serie de modificaciones tributarias o beneficios a las importaciones que hoy no están previstos. Todos tendemos a pensar que la facilitación de trámites y el beneficio en cuanto a las deducciones y a los recargos de importación van en el sentido positivo de generar mejores condiciones de competitividad y una mayor simplicidad, sobre todo para aquellos sectores de impacto productivo en el Uruguay.

Ese es el argumento que nos lleva a acompañar este proyecto de ley, esperando que tenga los resultados que deseamos y que sea el camino que nos lleve a revisar todo ese tipo de trabas que existen en cada una de las áreas que, a veces sin darnos cuenta, terminan impactando mucho más de lo que podemos prever.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Nosotros no integramos la Comisión de Hacienda y, por tanto, no hemos participado en la discusión de este proyecto de ley que, obviamente, vamos a acompañar.

De todas maneras, vamos a dejar planteada una duda que, si no es posible evacuarla hoy, creo que deberá ser motivo de análisis en la otra cámara. Me refiero al alcance de las exoneraciones planteadas en el artículo 2.º, que sustituye el literal S) del artículo 52 del Texto Ordenado 1006, en la redacción dada por el artículo 247 de la Ley n.º 19535. Concretamente, en el literal b) del numeral 2) se dice: «Estarán incluidas en el alcance subjetivo de la exoneración a que refiere el presente literal, exclusivamente las entidades comprendidas en el literal A) del artículo 3.º del presente Título, con excepción de las sociedades de hecho y civiles a que refiere el numeral 8) del mismo».

Se me informa que, de este modo, las sociedades unipersonales del sector del software, de las tecnologías de la información, estarían en inferioridad de condiciones y no se verían beneficiadas por esta exoneración. En la medida en que no tienen una forma jurídica de sociedad comercial –son meramente sociedades unipersonales–, no tendrían el beneficio de la exoneración a las ventas realizadas dentro del país. Nos parece que eso es injusto, además, porque genera una diferencia de tratamiento entre las propias empresas del sector.

Repito que solamente trasmito esta preocupación y no pretendo que se responda en este momento, pero si efectivamente es así, se estaría generando una discriminación que no debería ocurrir. En todo caso, deberá ser objeto de análisis más detallado en la Cámara de Representantes.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Para no demorar el tratamiento del proyecto de ley, propongo que se vote tal como viene de la comisión, aunque debo decir que ahora se me genera la duda.

Esto fue trabajado con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información –CUTI– que nuclea a las empresas del software, pero no con las unipersonales. Por lo tanto, una vez que el proyecto sea aprobado, voy a pedir que las palabras del señor senador Mieres sean enviadas a la Comisión de Hacienda a modo de información. De este modo, no frenamos estos beneficios que se están pidiendo y, llegado el caso, si entendemos que es tal como lo plantea el señor senador, podemos agregarlo a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo o en la rendición de cuentas.

Reitero que esto me genera duda porque el proyecto fue analizado con la CUTI, que nuclea empresas. De todas maneras, la Comisión de Hacienda tiene la intención de apoyar el tema del software.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿El señor senador Michelini está proponiendo que las palabras del señor senador Mieres sean enviadas a la Comisión de Hacienda o que se adjunten al proyecto de ley y sea remitido a la Cámara de Representantes?

SEÑOR MICHELINI.- No; propongo que votemos el proyecto de ley y luego formulo la moción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para otra moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que las palabras del señor senador Mieres referidas a ese punto pasen a la Comisión de Hacienda.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

14) CANCELACIÓN DE DEUDAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas a los efectos de reducir los costos de cancelación de las deudas de los contribuyentes. (Carp. n.º 1079/2018 - rep. n.º 651/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo remitió este proyecto de ley de cancelación de deudas que, a su vez, contempla algunos derechos que tienen los contribuyentes.

En su momento, se quiso acoplar otro proyecto relativo a prórrogas para los contribuyentes del BPS, pero, lamentablemente, fue enviado a la Cámara de Representantes. Es toda una discusión que daremos en su oportunidad, porque son proyectos diferentes.

Esto tiene una serie de materias, algunos artículos se corresponden y otros no, pero se votó por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

En el artículo 1.º se proponen modificaciones al régimen de la clausura tributaria y, de ahora en adelante, esta facultad que tenía la Dirección General Impositiva la va a tener solo el Poder Judicial. Es un cambio importante que se había pedido muchas veces. En la búsqueda de generar equilibrios, el Poder Ejecutivo podrá proponer la clausura, a través de la Dirección General Impositiva, pero será el Poder Judicial el que la determinará.

En el artículo 2.º se propone la modificación del régimen de capitalización de los recargos por mora de una manera más favorable para el contribuyente. Si bien el artículo 94 del Código Tributario establece que es el Poder Ejecutivo quien lo fija, por este artículo también se lo faculta a que modifique el régimen de capitalización de los recargos por mora –lo va a hacer si lo autorizamos– en los casos en que, por las características de los tributos a los que acceda, resulte procedente la aplicación de la tasa lineal sin que se vulneren derechos adquiridos de los contribuyentes.

Quiero decir, señora presidenta, que esta propuesta no se hace solamente desde una perspectiva benévola, a veces los recargos no permiten que los contribuyentes puedan cumplir. Por lo tanto, se da esta facultad de tal manera que, una vez logrados los acuerdos correspondientes, el contribuyente pueda cumplir sin que los recargos por mora hagan que la deuda sea impagable.

El artículo 3.º establece la derogación de la facultad de suspender el certificado de vigencia anual por medidas cautelares. Esa facultad, que podía utilizarse pasados los noventa días corridos de decretadas las medidas cautelares por el Poder Judicial, fue introducida por el artículo referido con la finalidad de fortalecer a la Administración tributaria.

Todos sabemos que la DGI tiene la facultad de no otorgar el certificado de vigencia anual, lo que puede llevar a que la empresa no exporte más, que no trabaje más. Esto provoca que se pierda un núcleo de actividad y la posibilidad de cobrar. Es por eso que se propone esta derogación.

El artículo 4.º deroga el artículo 368 de la Ley n.º 19149, de 24 de octubre de 2013, que incluye en el elenco de actos no procesables por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, previstos en el artículo 27 del Decreto Ley n.º 15524, de 9 de enero de 1984, el acto por el cual se dispone presentar la denuncia penal por el delito de defraudación tributaria. Esto se incluye en el artículo 110 del Código Tributario.

El artículo 5.º establece la preceptividad de la notificación personal del acta final de inspección, a los efectos de la interrupción del plazo de prescripción. Dicha acta es de gran relevancia: contiene el resumen de lo actuado en la inspección, por lo que, con la finalidad de asegurar la debida defensa del contribuyente –que incluye el conocimiento oportuno de los actos de la Administración–, se propone incluir la previsión expresa de la notificación en el artículo 5.º. Supone el reconocimiento de otra garantía más.

El artículo 6.º establece que, en los casos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anule total o parcialmente los actos de determinación dictados por la Dirección General Impositiva, la generación de recargos por mora se suspenderá desde el mismo momento en que se produjo el vicio que motivara la anulación hasta la notificación del nuevo acto de determinación que deviniera de la recomposición. Es decir, la DGI dicta un acto, se presenta el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y este lo anula. Entonces, en ese período no puede haber recargos de ningún tipo. En todo caso, cuando se dicte otro acto –que se recurrirá o no– empezarán los recargos de nuevo.

En el artículo 7.º se ajusta el plazo que vence el 30 de junio de 2018, establecido por el artículo 42 de la Ley n.º 19484 del 5 de enero de 2017, extendiéndolo en algunos casos.

Repito: este proyecto de ley fue votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- De la misma manera que en el proyecto de ley anterior, el Partido Nacional va a acompañar en sala lo que votó en comisión. Nos parece que este proyecto de ley de cancelación de deudas y reducción de costos también va en el sentido de facilitar al contribuyente, sobre todo a las empresas.

En primer lugar, la norma cambia el régimen de clausuras –obviamente, da garantías de la intervención, en este caso preceptiva, del Poder Judicial– y, en segundo término, genera un nuevo régimen de recargos por mora que nos parece mucho más beneficioso que el actual.

El artículo 2.º dice que el Poder Ejecutivo podrá establecer la aplicación de la tasa correspondiente en forma lineal a partir de los cinco años de la exigibilidad de la deuda, en atención a las características del tributo al que accedan los recargos, es decir que es una facultad que se otorga al Poder Ejecutivo. En comisión dijimos que nos hubiera gustado evitar la discrecionalidad y que la norma fuera taxativa, es decir que este fuera el criterio que el Poder Ejecutivo deba aplicar en todos los casos y no en función de la interpretación que haga o de la casuística.

Asimismo, la norma refiere a la exigibilidad de los certificados y, en ese sentido, me parece que flexibiliza el régimen, lo que también compartimos. Realmente, algunas empresas han estado en situaciones difíciles durante el contencioso administrativo cuando la Dirección General Impositiva no les expide el certificado anual vigente. Me parece que de este modo se facilita la situación, ya que permite mantener la actividad económica. A su vez, el acta de inspección genera un mecanismo más garantista que el que se exige hoy con respecto al contribuyente auditado.

Hay una medida que fue reclamada, pero que no está totalmente proyectada. Me refiero a que, cuando un contribuyente no comparte el adeudo determinado y quiere recurrir y, eventualmente, iniciar acción de nulidad ante el TCA, no puede suscribir un convenio de pago para que, en caso de perder su pretensión, la cifra reclamada no siga generando recargos. De esta manera, muchas veces el contribuyente con posibilidad económica de cancelación contado puede pagar bajo protesta y continuar con su reclamo.

Esta ha sido una de las diferentes inquietudes que a lo largo y ancho del país nos han hecho llegar muchos contribuyentes de la DGI. Es más, dejamos esta constancia en la Comisión de Hacienda cuando vino el subsecretario Pablo Ferreri. Ellos quedaron en estudiarlo y quizás, en el caso de que compartan este mecanismo, incorporarlo en la próxima rendición de cuentas.

Con estas consideraciones y porque creemos que esto flexibiliza, mejora, agiliza y es más garantista para los contribuyentes a la DGI que la situación actual, vamos a acompañar este proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar todo el articulado.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

15) FUNDACIÓN PROMOCIÓN PERROS DE ASISTENCIA (FUNDAPPAS)

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa correspondiente a los efectos de incluir a la Fundación Promoción Perros de Asistencia (Fundappas) en el proyecto de ley sobre Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017. (Carp. n.º 1080/2018 - rep. n.º 652/18)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Esta es una iniciativa muy importante.

Varios legisladores plantearon la necesidad de hacer una minuta de comunicación respecto a esta fundación de perros de asistencia. No estamos hablando de todos los perros, sino de los que, en general, guían a las personas no videntes.

Estos perros cuestan mucho dinero debido a su entrenamiento, ya que no todos sirven ni tampoco todas las razas. En general, estos perros se reproducen en camadas y son entrenados por expertos. De esta forma, sobre todo las personas no videntes, luego de familiarizarse con ellos, pueden tenerlos como guía.

Este no es un elemento menor porque, si bien la persona no vidente usa bastón, este no le evita todos los peligros con los que se puede encontrar cuando se traslada o se mueve en nuestra ciudad. Quizás, en el seno familiar es más fácil, porque recuerda dónde están los objetos y los obstáculos, pero en una ciudad es bastante más difícil.

Lamentablemente, preparar un perro y adiestrarlo no es fácil –cuesta mucho dinero– y la Fundación Promoción Perros de Asistencia lo hace a pulmón. Por eso, varios integrantes de la bancada de gobierno plantearon esta minuta de comunicación.

En la Comisión de Hacienda se vio que la idea de que estuviera atada a una fuente de financiamiento iba a restringir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo buscara alguna otra financiación por la vía de subvenciones o subsidios en la propia rendición de cuentas.

Nótese que, en general, de las subvenciones y de los subsidios nos ocupamos en el Senado o en la Cámara de Representantes, según el caso. En esta oportunidad, estamos hablando de una minuta de comunicación para que esto venga incluido en la rendición de cuentas. Es decir que le estamos dando un valor superior, que no estará atado a la financiación que se proponía porque eso complicaría lo que tiene que ver con una serie de hospitales y que está vinculado a la recaudación de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Desde que recuerdo, esta es una de las pocas minutas de comunicación que se le solicita al Poder Ejecutivo de antemano –antes de que venga la rendición de cuentas– para que destine los recursos necesarios; es decir que estamos haciendo algo excepcional. Esto se puede hacer en el Parlamento, pero que vengan recursos proyectados desde el Poder Ejecutivo nos facilitaría la tarea. Estamos seguros de que Fundappas no se arregla con los volúmenes de recursos que, en general, tenemos para subsidios y subvenciones.

Por todo lo mencionado, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, eleva la minuta de comunicación para que esta iniciativa sea incluida en la rendición de cuentas, pero le abre las manos al Poder Ejecutivo para que encuentre la financiación correspondiente. De esta manera Fundappas no estaría vinculada a una única fuente de financiamiento.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: entiendo el esfuerzo que el miembro informante hace por tratar de justificar una minuta de comunicación. No estamos diciendo que no sea justa y, de hecho, la acompañamos en comisión para que la votación no saliera dividida y porque conocemos esta institución y creemos que merece este tipo de consideraciones especiales mediante subsidios y subvenciones. Sin embargo, no creemos que sea lo mejor enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo cuando en la rendición de cuentas va a estar previsto un capítulo destinado a subsidios y subvenciones y el Parlamento, como bien se dijo, va a tener la discrecionalidad –como todos los años– de recibir en la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a las delegaciones que aspiran a que se traten estos temas, y luego redistribuir en función de prioridades. Me parece que estamos sentando un precedente, y cada vez que algún señor senador tenga una sensibilidad especial por una causa justa que crea necesario apoyar, se generará una minuta de comunicación. Me imagino que, a partir de ahora, todas las minutas de comunicación vinculadas a subsidios o subvenciones que algún señor senador quiera solicitar que el Poder Ejecutivo incluya en la rendición de cuentas se votarán por unanimidad. Me parece que sería correcto que así pasara, aunque no es la mejor forma de avanzar en esto.

Quiero que quede bien claro que no estoy discutiendo la justicia del planteo ni la de que esta institución –que conozco– tenga subsidios y subvenciones previstas en la rendición de cuentas. Sin embargo, establecer preventivamente minutas de comunicación para que el Poder Ejecutivo incluya los planteos en el proyecto original, sería abrir la puerta a una discusión mucho más amplia. Varios señores senadores podemos tener interés en tratar de promover, ayudar o subvencionar algunas instituciones que luchan por causas tan justas como esta.

No voy a hablar del proyecto original de financiamiento que quedó por el camino, que creo que hubiera agregado más problemas a esta situación. De todas maneras, más allá de las consideraciones previas y de la justicia sobre esta minuta de comunicación –que compartimos– reitero que me parece que estamos sentando un precedente en materia de técnica legislativa que no es del todo positivo. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. A modo de ejemplo, una cantidad de instituciones han solicitado al señor senador Heber –que recorre mucho el país, como varios de nosotros– subsidios y subvenciones a ser incluidas en la rendición de cuentas. Seguramente presentemos minutas de comunicación en el mismo sentido y esperamos contar con una sensibilidad del Cuerpo como la que nosotros tenemos para con una iniciativa del partido de gobierno.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero aclarar que no he hecho un esfuerzo por fundamentar la minuta de comunicación porque se fundamenta sola. Hice el esfuerzo por darle el carácter de excepcionalidad que tiene, por dos razones. Por un lado, porque corresponde, y en los años en que estoy en el Parlamento –el señor senador Heber lo podrá ratificar o rectificar– no he visto una minuta de comunicación de estas características. Por otro lado, porque si empezáramos a usar siempre este recurso, perdería valor. Si todos los meses votáramos tres o cuatro minutas de comunicación, el Poder Ejecutivo no les daría valor alguno. Esta es una excepción que se da en mucho tiempo, y el señor senador Heber me podrá decir si es así o no.

Como decía, mi esfuerzo se centró en darle un carácter excepcional. Y ¿por qué es excepcional? Por una simple razón: porque esto no se arregla como una más de las subvenciones que otorgamos, pues el día que esta fundación cierre, recuperar adiestradores de perros para ciegos y para niños con trastornos autistas va a ser muy difícil.

Por eso quiero hacer hincapié en el carácter excepcional y pedir que continuemos con la política de no utilizar reiteradamente este tipo de minutas.

Gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: simplemente quiero decir que hay minutas y minutas. En el caso de los no videntes, el Estado hace todo lo que puede por mejorar su calidad de vida, y un perro con estas características multiplica las capacidades de los no videntes y de los niños a los que refiere el proyecto de ley. Por eso digo que hay minutas y minutas.

Cuando se dice que esto tiene un alto costo, hablamos aproximadamente de USD 14.000. Según Fundappas, ese es el costo de un perro de esta naturaleza, seleccionado y entrenado, obviamente. No son dos pesos, pero ese valor tiene que ver con la crianza, la socialización y el entrenamiento de un perro guía, algo tan necesario para las personas no videntes –para que puedan trabajar e incorporarse a la vida cotidiana– y, por supuesto, para los niños con trastornos del espectro autista.

Estoy seguro de que otros señores senadores plantearán otras necesidades, pero nosotros, como legisladores, tenemos la capacidad de presentar este tipo de soluciones para que el Poder Ejecutivo las considere. Nos pareció que el proyecto que presentó la señora senadora Payssé y que luego hizo suyo un núcleo de señores senadores del Frente Amplio era más que atendible en función de lo que he venido diciendo y de lo que surge de la exposición de motivos de esta minuta de comunicación. Por eso, vamos a votarla.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de minuta de comunicación.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo, tenga a bien tomar la iniciativa a fin de incluir a la FUNDACIÓN PROMOCIÓN PERROS DE ASISTENCIA (FUNDAPPAS), en el Inciso 21 - Subsidios y subvenciones, en el próximo proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) CÓDIGO PENAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican normas relacionadas con el delito de homicidio, establecidas en el Código Penal. (Carp. n.º 650/2016 - rep. n.º 649/18)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: este proyecto de ley establece una serie de modificaciones al delito de homicidio.

La iniciativa surgió de los acuerdos a los que se arribó en la comisión multipartidaria convocada por el presidente de la república, que sesionó en la Torre Ejecutiva, allá por el año 2016. Si bien este proyecto de ley tuvo algunos cambios en la Comisión de Constitución y Legislación, quiero destacar que fue el resultado de la elaboración y trabajo de un conjunto de técnicos que integraron la referida comisión en representación de todos los partidos políticos que integran el Parlamento. A su vez, las modificaciones que se realizaron en la Comisión de Constitución y Legislación responden a las consultas que se hicieron a las diferentes cátedras, que volcaron sus aportes a la comisión.

El proyecto de ley original del Poder Ejecutivo constaba de cuatro artículos y establecía modificaciones parciales al delito de homicidio en alguna de sus modalidades. Además, proponía hacer una diferenciación entre los distintos tipos de homicidio de carácter intencional. Desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia, el dolo puede subdividirse en directo y eventual. Ambas figuras están abarcadas por el concepto de intencionalidad. En definitiva, cuando nos referimos al dolo directo estamos hablando de aquel resultado que se quiso y se previó, mientras que el dolo eventual sería el resultado que no se quiso, pero que se previó.

A través de este proyecto, fruto del acuerdo multipartidario, lo que se buscaba era castigar con mayor severidad los homicidios a título de dolo directo, es decir, cuando se tenía la intención de obtener como resultado el dañar al otro. En el proyecto de ley original se entendió que era necesario diferenciar ambas situaciones con penas diferentes, fijando una mayor, de dos años de penitenciaría, para el dolo directo, y dejando veinte meses de prisión como pena mínima para el dolo eventual y lo que denominamos legítima defensa incompleta. De esta manera quedó plasmado el texto que remitió oportunamente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.

Luego de las discusiones y los argumentos que se esgrimieron en la Comisión de Constitución y Legislación, todos los partidos políticos que la integramos resolvimos realizar algunas modificaciones y adecuaciones a esa iniciativa original en virtud de que en 2016 se sancionó el proyecto de ley relativo al nuevo Código del Proceso Penal, que también había sido acordado en la Torre Ejecutiva. Así llegamos al proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado.

El artículo 1.º busca sustituir el artículo 310 del Código Penal, elevando a dos años de penitenciaría la pena mínima para el homicidio. Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente manera: «El que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona, será castigado con dos a doce años de penitenciaría».

Luego, el artículo 2.º establece una agravante muy especial cuando se diera muerte a un funcionario policial, un juez o un fiscal, siempre que el delito se cometa a raíz o en razón de esa calidad. Sobre este punto debemos destacar que estos auxiliares de la Justicia tienen un nivel mayor de exposición ante la delincuencia y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, la que queda de manifiesto cuando el ataque lo reciben en razón de su calidad de tales. Por eso, en el artículo 2.º se propone incorporar un numeral 9.º al artículo 312 del Código Penal que establece: «9º. Cuando se diere muerte a una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal». Aquí la pena es de quince a treinta años.

Finalmente, el artículo 3.º deroga el artículo 310 bis del Código Penal, que establecía una agravante para el homicidio del funcionario policial, pero se castigaba con una pena menor.

Por ahora es todo cuanto tengo para informar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: creo importante destacar la intención y el empuje del presidente de la comisión –el señor senador Carrera– para que este y otros proyectos tuvieran una rápida sanción. Lamentablemente, ya pasaron dos años desde que este proyecto de ley fuera acordado en la Torre Ejecutiva, en un acuerdo multipartidario, y recién ahora llega esta iniciativa –fuera del Código del Proceso Penal, que nos llevó casi todo el año pasado–, que esperemos tenga una rápida sanción en la Cámara de Representantes.

Fuimos al acuerdo multipartidario con veintiocho proyectos de ley, de los que solo este y otro más –me podrán corregir– fueron de recibo por parte del Poder Ejecutivo; es decir, muy pocos. Como se suele decir, esa montaña parió un ratón que demoró dos años en salir. Este, señora presidenta, es para nosotros un tema que está en la tapa del libro.

Entendemos la diferenciación que hace el presidente de la comisión –lo explicó muy bien– entre dolo directo y dolo eventual. Acá se habla del dolo directo. ¡¿Cómo podía ser que, en nuestro Código Penal, alguien que hubiera tenido la intención de matar, que hubiera previsto la situación con intención –como dice el propio código–, tuviera una pena menor a dos años, y que fuera excarcelable!? ¡Es algo que no entendemos! Por suerte, cuando lo planteamos en la Torre Ejecutiva, junto con los senadores Besozzi y García, se nos dio la razón con respecto a la benignidad y la contemplación que tiene nuestro código, que no condice con la filosofía y el criterio que establece la pena de muerte. Personalmente estoy de acuerdo con que en nuestro país no exista la pena de muerte. Pero resulta que sí existe pena de muerte y sí pueden matar algunos ciudadanos, que lo hacen con intención y previsión, y hay comprensión por parte del Estado, a tal punto que ese delito era excarcelable, con menos de dos años de pena mínima. Esto, señora presidenta, no se ata con la protección de la vida que nuestro código establece, ya que no le otorga derecho al Estado para matar a otra persona. Me parece bien, no me gusta y estoy en contra de la pena de muerte, pero muchas veces los ciudadanos, con razón, nos dicen: «El Estado no mata, y está bien; pero cuando una persona tiene intención y previsión de matar, el Estado no lo castiga con la severidad que merece quien le quita la vida a otra persona».

La sociedad de hoy, señora presidenta, está viviendo una ola de asesinatos que nos tiene realmente asombrados. Siempre aparece la tesis de que esto no va a arreglar el tema. ¿Qué es lo que no va a arreglar? Dicen: «La gente va a seguir matando», «No van a dejar de matar porque en el Código Penal se establezcan más años de mínima y se aumente la máxima». No. Seguramente quien mata no tendrá presente el tema del Código Penal, pero sí es cierto que el Estado actúa, penaliza y erradica a quien, en sociedad, se da el derecho de matar a otra persona, que muchas veces es un trabajador. No voy a ser melodramático, pero ha habido asesinatos de trabajadoras –como el que sucedió la semana pasada– por $ 100. ¡La persona que cometió ese asesinato debe ser erradicada de la sociedad, porque no valora el cuidado de la vida! Ojalá que los institutos carcelarios puedan rehabilitarlo y enseñarle el valor de la vida humana. Reitero que la trabajadora fue asesinada por $ 100. En definitiva, estamos frente a una situación de alarma pública que hace necesario que el Estado uruguayo reaccione y diga: «Miren que vamos a ser muy duros en esto».

Después aparecen en la comisión –como seguramente lo hicieron– grandes juristas y penalistas que nos hablan de los equilibrios de la pena. Ellos plantean argumentos tales como que en el Código Penal la rapiña es más castigada que el homicidio, por lo que sugieren, ante mi asombro –aunque, por supuesto, yo no tengo formación jurídica y no soy un hombre de derecho, sino un ciudadano que tiene que representar a la sociedad–, que como hay penas más graves cuando se atenta contra el derecho a la propiedad que cuando se atenta contra el derecho a la propia vida, hay que bajar aquellas y no subir la que el Código Penal establece con respecto a la protección de la vida. He escuchado estos argumentos reiteradas veces por parte de personas que conocen mucho de derecho pero que, a mi juicio –y lo digo con todo respeto– viven en una suerte de campana de cristal donde la discusión de estos temas vuelve a ser, quizás, un torneo jurídico de filosofía del derecho que muchas veces no representa la realidad que vive la gente.

A eso se suma, señora presidenta, que en la Comisión de Constitución y Legislación estamos estudiando la reforma del Código del Proceso Penal, que seguramente consideraremos la próxima semana. Desde ya adelantamos nuestro acuerdo, porque muchas de las disposiciones sobre el proceso abreviado y la prisión preventiva se aplican para delitos que son realmente horrores que pasan en nuestra sociedad y deben ser duramente castigados. Esperamos y confiamos en la celeridad y el dinamismo del propio presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, para que el martes lo votemos en comisión y el miércoles en el plenario, de modo tal que logremos endurecer el código. A ver si soy claro: ¡endurecer el código! La reacción ciudadana debe ser dura con quienes cometen ciertos tipos de delito en nuestra sociedad. Quien mata tiene que pagar una dura pena porque está demostrando que no valora la vida humana, la vida de los trabajadores a los que mata en la calle. Por lo tanto, la sociedad tiene que reaccionar y, a nuestro juicio, en gran parte de estos temas hay mucho más para hacer.

El segundo artículo habla de los funcionarios policiales, de los jueces y de los fiscales. Como bien lo recordarán los señores senadores Mieres y García y la señora senadora Payssé –que estuvieron con nosotros cuando el Partido Nacional planteó tratar el tema de la protección del policía–, fue el propio presidente de la república quien sugirió la posibilidad de incluir a los jueces y a los fiscales. Estos temas fueron de recibo en la comisión –tengo que decirlo–, donde también se plantearon otros ejemplos de personas que arriesgan la vida; precisamente, el senador Bordaberry presentó una serie de casos. Pero el acuerdo político en la Torre Ejecutiva fue, en primera instancia, para policías, incluyendo luego las figuras del juez y del fiscal a sugerencia del presidente de la república. Hay otras personas que cumplen funciones policiales, como es el caso de los funcionarios de la prefectura, que es uno de los ejemplos que presentó el senador Bordaberry y me parece de recibo.

Ahora bien, los acuerdos están para ser cumplidos por todos. Cuando estuvimos en la Torre Ejecutiva creo que fue el senador García quien preguntó si esta iniciativa tendría votos, ante lo que el presidente de la república respondió que sí, que los votos estarían. Esperemos que estén todos los votos de los senadores y de los diputados del Frente Amplio, tal como se acordó con el presidente de la república. Los votos que representan al Partido Nacional van a estar todos, íntegros; el cien por ciento de nuestros votos va a acompañar este proyecto, porque los acuerdos se cumplen. Para nosotros, como me acota el señor senador García, hay lealtad institucional, y eso implica que si mañana vamos a una instancia de acuerdo multipartidario, nos guste más o menos, se cumplirá lo acordado. En este caso, incluso, hubo discusiones en mi partido sobre si era conveniente participar del acuerdo, y finalmente lo hicimos, aunque lamentablemente algunos pronósticos de que esto no iba a dar un gran resultado se confirmaron. De todos modos, los pocos resultados que se lograron se tienen que cumplir, porque para algo se acuerda. Seguramente hay modificaciones que pueden mejorar este texto, pero como nosotros cumplimos con lo acordado vamos a votar tal cual está, con las modificaciones lógicas e inteligentes que ha presentado el presidente de la comisión, señor senador Carrera.

En síntesis, para nosotros es necesario votar este proyecto.

Hay otras iniciativas que quiero recordar, señora presidenta, a modo de constancia.

Para nosotros, el Partido Nacional, el tema del registro de violadores es importante, ¡muy importante!, y la comisión se va a dedicar a él la semana que viene. Hay instituciones en nuestro país que deben tener el derecho a acceder a los antecedentes de gente que son violadores de menores. Para nosotros es fundamental en lo que respecta a seguridad cuando la gente trabaja con menores en nuestro país.

También es necesario, señora presidenta, que demos otra señal: la defensa del policía en la calle, que es la legítima defensa presunta. No se trata del gatillo fácil. ¡Que no se nos pongan motes ni etiquetas para no analizar si la policía realmente puede actuar! Después, si no puede hacerlo, buscaremos otro tipo de soluciones. Yo quiero que la policía actúe y que lo haga con confianza, no con la duda de si puede sacar o no el arma, de si es o no el momento de hacerlo, aunque su persona se vea amenazada, señora presidenta. Creemos que por sí o por no, en este tiempo, en este año, se tiene que dar una respuesta política acerca de si vamos a respaldar la acción de la policía en la calle, cuando a veces tiene que enfrentar, incluso, armamento muy fuerte, muy poderoso, como el que tiene la delincuencia. Caemos, señora presidenta, en esa situación: a veces hay que enfrentar a la delincuencia con armas, y el que tiene que defender a la sociedad no puede estar en duda, sino que debe tener la confianza de que está defendiendo a la sociedad, de que eso es una legítima defensa presunta. Naturalmente, la investigación después determinará si actuó bien o mal en la represión de delitos.

Todos los días estamos viendo videos en las redes y en los canales –que repiten los de las redes– de gente trabajadora que muere asesinada de una forma increíble, horrorosa, diría, y a veces no vemos a la policía –que tiene mejor armamento, y a la que le hemos dado presupuesto para que pueda defender–, porque tiene dudas acerca de si puede reprimir, o si va a terminar con más complicaciones que el propio delincuente. Parece que les dimos armas buenas para que las miren; nosotros queremos que las usen, y no matando sin ton ni son. No acepto el calificativo «gatillo fácil»; hoy el gatillo fácil lo tiene la delincuencia, mientras la policía no puede sacar sus armas. Esa es la realidad que vive el policía.

Por lo tanto, señora presidenta, damos la bienvenida a este primer paso y esperamos que se den los otros.

Para nosotros, defender es llevar esa pena de quince a treinta años. Por más que muchos eruditos jurídicos vinieron a decirnos que no era lógico establecer esta diferencia, no hay funcionario en el Estado que esté arriesgando todos los días la vida en la calle –por el sueldo que tiene, además–, como el policía y, por lo tanto, señora presidenta, creemos que hay que defenderlo. Hoy se mata al policía, incluso, para robarle el arma. No solamente no puede darnos seguridad, sino que es blanco de ataques de la delincuencia en procura de robarle el arma que tiene y que, además, no puede usar.

Por eso, señora presidenta, vamos a acompañar este proyecto de ley, esperando que sea sancionado rápidamente por la Cámara de Representantes y que también rápidamente sea parte de nuestro derecho positivo.

A su vez, esperamos con ansiedad las correcciones que están siendo estudiadas en la Comisión de Constitución y Legislación sobre la modificación del Código del Proceso Penal, porque corrigen muchos errores que son lógicos de cometer cuando se cambia de un sistema a otro. Esto estuvo motivado por una iniciativa que presentó el señor senador Pablo Mieres en la comisión, a la que invitamos a representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio del Interior y de la fiscalía, porque la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal planteaba, incluso, situaciones de distinta interpretación entre fiscales y policías respecto a cómo proceder en la calle.

Entonces, este proyecto de ley –que, vuelvo a decir, votaremos con las dos manos– corrige una situación de incertidumbre y de polémica pública que no es conveniente para el país, en la que unos y otros se echan las culpas. La policía dice que no puede actuar si no es por mandato de los fiscales, mientras estos alegan que sí puede hacerlo; todo ello en función de interpretaciones de normas que no son claras. La aclaración que hace ese proyecto de ley tiene que estar rápidamente arriba de nuestras mesas para que se pueda sancionar prestamente.

Llegará el momento en el que abundaremos en el tema de la prisión preventiva, de los juicios abreviados, en fin.

Esperemos que estos detalles y artículos cuenten con todos los votos, que se aprueben por unanimidad aquí, en el Senado, para que rápidamente sean sancionados en la Cámara de Representantes.

Es cuanto teníamos para decir sobre este proyecto de ley.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: seré breve y solo haré referencia a un par de cosas que se han dicho.

La primera es mi total coincidencia con el señor senador Heber en cuanto a que, por fin, este es el camino que el oficialismo está siguiendo, por más que creo que ya ha aprobado catorce o quince normas agravando penas de a poquito. Lo bueno es que ha perdido el miedo a hacerlo y sigue haciéndolo. Así que es bueno que, desde el oficialismo, el Frente Amplio esté agravando penas como lo está haciendo en este momento, al elevar de dos a doce años de penitenciaría la pena por homicidio, que hasta ahora era de veinte meses. De esa forma se quitan determinados beneficios. De a poquito –y no en forma contundente– lo va haciendo. Es como cuando a uno le van a dar una inyección y parecería que hay que hacerlo de a poco; yo creo que a veces es mejor tomar el jarabe todo de golpe y modificar todas las normas, como proponemos nosotros, pero de a poco se va haciendo y eso hay que destacarlo. Evidentemente, es bueno que se agraven las penas y más en este tipo de delitos tan graves, como el homicidio.

No obstante, vamos a presentar un sustitutivo del artículo 2.º, como adelantamos en la propia comisión. Me permito destacar esto porque me parece que es una cuestión, no solo de justicia, sino de coincidencia con lo que se pactó, que fue que cuando se dé muerte a una persona que reviste la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito sea cometido a raíz o en razón de su calidad de tal, esto pase a ser una agravante de los previstos en el artículo 312. En realidad, lo que está haciendo esto es derogar el artículo 310 bis vigente, y lo está colocando como una agravante, lo que es una prolijidad. Pero, además, está agregando a la calidad de funcionario policial, la de juez o fiscal, lo cual también es muy positivo.

Sin embargo, creo que hay que destacar que los funcionarios policiales no son los únicos que prestan tareas de policía en el Uruguay. Esto es algo de lo que quizás no nos damos cuenta, pero prestan funciones iguales a las del policía, por ejemplo, los funcionarios de la Prefectura Nacional Naval que, en su jurisdicción –vamos a decirlo claramente–, son policías. La policía no interviene en las playas, sino que lo hace la Prefectura Nacional Naval con el fiscal, dando cuentas al juez, etcétera.

Entonces, hablar de un funcionario policial que por estar combatiendo a los delincuentes lo asesinan, o directamente lo van a buscar a su casa por su condición de tal, y no referirnos al funcionario de la Prefectura Nacional Naval que, cumpliendo las mismas tareas también es asesinado por su condición de tal –es decir, por llevar a cabo tareas de policía–, sería establecer soluciones distintas. Ambos prestan tareas de policías. Esto no es cambiar lo que se acordó, sino mejorar el texto.

Lo mismo pasa con los funcionarios de la Fuerza Aérea que desempeñan tareas de la Policía aeronáutica.

Y, a mi juicio, también debería extenderse a los militares que desarrollan tareas de seguridad en las cárceles, porque ¡vaya si pueden ser amenazados y eventualmente atacados por estar custodiando a delincuentes en las cárceles!

En realidad, estamos estableciendo un estatus para quienes ejercen tareas de policía en un lugar y no para quienes las ejercen en otro. Parece de Perogrullo o de sentido común incluirlos.

Pero por si esto no fuera suficiente, hay un argumento más, y es que en el proyecto de ley del nuevo Código del Proceso Penal, que estamos tratando en comisión, los cambios planteados en los primeros cinco artículos que aprobamos afectan a los funcionarios policiales, a los funcionarios de Prefectura Nacional Naval que desempeñan tareas de policía, y a los funcionarios de la Policía Aérea Nacional que también desempeñan tareas de policía. Es decir que los artículos que ya aprobamos en comisión del proyecto de ley que va a venir al plenario equiparan la situación. Entonces, si vamos a equiparar en otro proyecto de ley, ¿por qué no vamos a equiparar en este? Parece una cuestión de sensatez.

Obviamente, cuando se hizo el acuerdo no se tuvieron en cuenta situaciones particulares, pero el espíritu era considerar como agravante el que un delincuente mate a alguien que cumple funciones de policía, sea funcionario de prefectura o de la Policía aeronáutica.

No parece justo, pero veo que mis argumentos no conmueven.

SEÑOR HEBER.- A mí sí, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Para terminar, suscribo totalmente las palabras del señor senador Heber con respecto a la legítima defensa. Vamos a tener que hablar de eso en algún momento. Obviamente, ir a la legítima defensa presunta no es ir al «gatillo fácil», sino atender una situación de la realidad. Toda legítima defensa, aun la presunta, admite prueba en contrario pero, en definitiva, el Estado está del lado de quienes aplican la ley y no del lado de quienes la violan. Hace un tiempo se presentó un proyecto de ley en tal sentido en la comisión y debería analizarse, porque creo que está planteado de forma bastante equilibrada.

Por eso, señora presidenta, cuando se vote vamos a pedir que se tenga en cuenta que hay un texto sustitutivo del artículo 2.º, presentado por mí y por los señores senadores Mieres y Heber.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: obviamente, nosotros apoyamos este proyecto de ley, que es parte de los acuerdos de la Torre Ejecutiva y que llega muy demorado, pues han transcurrido dos años para aprobar algo que fue acordado entre todos y con el apoyo del Poder Ejecutivo. Pero ¡más vale tarde que nunca!

Me parece que es una modificación muy razonable. Resultaba poco entendible que un homicidio intencional fuera un delito excarcelable en el caso de la pena mínima. Lo que se pretende es elevar la pena mínima para ubicarla en una pena de penitenciaría, a fin de convertirlo en inexcarcelable.

Además, se proponen agravantes muy especiales que ya se han mencionado, por lo que no voy a ahondar al respecto.

Simplemente quiero decir que en el caso de la agravante muy especial parece de orden extender la referencia subjetiva a quienes también son policías aunque no revistan en el Ministerio del Interior, ya que también cumplen tareas de policía. Me refiero a los funcionarios de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional. En consecuencia, nos parece más que razonable que se incorpore esto.

Quiero dejar una constancia adicional en el sentido de que estas modificaciones en la penalización de los delitos las vamos realizando porque desde hace décadas tenemos pendiente la actualización del Código Penal. En realidad, lo razonable sería que todo esto fuera un sistema, en lugar de estar modificando las penas de un delito acá y otro allá en función de los avatares de la vida en sociedad. Precisamente, los códigos son códigos porque son sistemáticos y, de alguna manera, hacen una evaluación general de lo que en la jerga técnica se denomina «dosimetría penal».

De todos modos, es indiscutible que este proyecto de ley debió haber sido votado antes, pues la situación que estamos viviendo es realmente gravísima. La inseguridad que está viviendo esta sociedad está superando todos los límites. Hay una sensación creciente de incapacidad de control de lo que está pasando. Acaba de conocerse la noticia de que en la noche de ayer la Guardia Republicana fue enfrentada a tiros en un barrio de Salto. Incluso hubo un muerto y varios heridos, entre ellos, un funcionario policial. Estamos viviendo una situación realmente muy grave. Lo que se puede hacer desde el Parlamento no es demasiado, pero es algo, y ese es el mensaje que hay que dar.

No voy a extenderme ni voy a abrir un debate sobre la política de seguridad. Creo que tenemos graves deficiencias que están motivando las situaciones que estamos viviendo, pero no quiero entreverar los tantos. Lo que tenemos que hacer hoy es votar este proyecto de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: como dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, este proyecto de ley tiene su origen en los acuerdos alcanzados en la Torre Ejecutiva. Cuando se habla de «los acuerdos de la Torre» parece que estos emanaran de una cúpula de dioses y que los simples mortales solo tuviéramos que ratificarlos sin más. Esa no es mi idea de la política, señora presidenta, para nada; no es mi idea de la división de poderes, ni es mi idea de la consideración exhaustiva, racional, desapasionada y sistémica que tienen que hacer los legisladores, especialmente cuando se trata de la ley penal.

En mi opinión, usar la ley penal para dar señales a la población es un gran error, un grave error que se viene cometiendo sistemáticamente. La ley penal es la última ratio, es el último recurso para cuando falla todo lo demás, porque si no, señora presidenta, un día vamos a volver a la ley del talión. Usarla como primer recurso cuando hay un problema de inseguridad no solo es desaconsejado por la doctrina, sino también desaconsejable políticamente a la luz de los resultados que ha tenido, por lo menos en el Uruguay.

En alguna intervención anterior escuché hablar de «los doctos» de la academia; pero si todas las cátedras de Derecho Penal de las distintas universidades que existen en el país están de acuerdo en el carácter negativo que tienen estos dos artículos del proyecto de ley, es porque hay algo de la «ciencia jurídica» –y lo digo entre comillas– que nos está desaconsejando repetidamente, insistentemente, que votemos este tipo de proyectos. No es la primera ni será la última iniciativa que la doctrina uruguaya desaconseja vivamente.

Señora presidenta: voté en contra de este proyecto de ley en la comisión –aunque debo reconocer que se le hicieron algunas mejoras– y haría objeción de conciencia si no tuviera grandes prevenciones contra la objeción de conciencia.

Voy a empezar citando las palabras de alguien insospechado de pertenecer a las filas de la izquierda, muy respetado por varios señores senadores que están hoy aquí. Me refiero al profesor Langón, quien el 10 de noviembre de 2016 envió una carta a la Comisión de Constitución y Legislación –es cierto que el proyecto de ley relativo al homicidio agravado está en la Torre Ejecutiva desde ese año–, que dice lo siguiente: «El homicidio es una figura tradicional que integra lo que llamamos el “derecho penal nuclear”, por lo que cualquier modificación que se plantee al respecto, debe ser tomada con mucho cuidado y consideración». Quiere decir que estamos en las antípodas de un proyecto de ley que deba ser aprobado rápidamente y con urgencias.

Continúa diciendo: «La regla sería no innovar, ni modificar este tipo de delitos ya asentados en doctrina y jurisprudencia, debiendo decirse por otra parte, que en general somos contrarios a cualquier reforma parcial del Código Penal, como las que se han realizado profusamente en las últimas décadas, porque terminan alterando la unidad del sistema» y, obviamente, la llamada dosimetría de las penas. No quiero volver a escuchar aquí llantos y quejas de por qué estamos aprobando y no reformamos todo el Código Penal. ¡No sigamos reformando parcialmente el Código Penal! ¡Seamos congruentes y coherentes con nosotros mismos; aprobemos de una vez por todas el Código Penal que está a estudio en la Cámara de Representantes! ¿De qué vale lamentarnos porque otra vez estamos modificando el Código Penal en lugar de modificarlo como sistema, si cada vez vamos a volver a hacer lo mismo? ¡Coherencia! ¡No lo hagamos más! Yo no lo quiero hacer más.

Dejo al profesor Langón y paso a la Universidad de la República. Tengo discrepancia absoluta y radical con los dos artículos del proyecto de ley. En primer lugar, la figura del homicidio pasa a castigarse, de acuerdo con la modificación propuesta –cito el informe de la UdelaR–, con una pena mínima que se eleva de veinte meses de prisión –que es la que existe actualmente– a dos años de penitenciaría. Sin duda, se pretende constituirla en inexcarcelable, de acuerdo con los parámetros que rigen hoy y que impiden la excarcelación cuando el delito tiene pena de penitenciaría en el mínimo –este es el objetivo, advierte el informe de la Universidad de la República; no de la cátedra de Derecho Penal–, pero no a los que regirán a partir de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, en el cual no habrá, en principio, delitos inexcarcelables. Entonces, ya que hablaron tanto algunos señores senadores sobre el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal que está a consideración de la Comisión de Constitución y Legislación, insisto en que no borremos con el codo lo que muchas veces escribimos con la mano, durante tantos años. A este país le llevó muchos años poder aprobar el Código del Proceso Penal y pasaron muchos proyectos de ley, artículos y discusiones que hoy queremos empezar a borrar con el codo. ¿Estamos arrepentidos de lo que hicimos? Yo no me arrepiento, sigo subrayando detrás de cada cosa que votamos –salvo algunas– vinculadas con el Código del Proceso Penal.

A su vez, la Universidad de la República ha dicho que tenemos otro problema con este artículo: impedir que los jueces evalúen las circunstancias concurrentes a efectos de prever la excarcelabilidad por imputación de homicidio con mayor libertad de las ataduras que propone la redacción proyectada. Ese es el segundo vicio de eBrief –un orgullo legislativo– que estamos introduciendo con este proyecto de ley y lo vamos a seguir haciendo: atarles las manos, atarles la mente y el poder de decisión a los operadores del sistema judicial para que no puedan prever circunstancias atenuantes o agravantes. Les vamos a dar escrito, por ley, todo lo que tienen que hacer. Es el sueño del legislador: decirles a los jueces exactamente lo que tienen que hacer.

Se pretende aherrojar el criterio judicial de determinación de atenuantes, limitando las hipótesis de pena privilegiada con olvido de todos los atenuantes que podrían incidir en el establecimiento de una pena mínima. Así que cuando vino a la comisión la defensora pública y pidió que les tuviéramos confianza, se refería a esto, a que en la legislación vamos rigidizando el sistema y limitando el margen de acción que tienen los operadores judiciales porque no confiamos en ellos.

Vuelvo al profesor Langón, que dijo: «Se pretende aumentar el mínimo de la pena del delito de homicidio […] Esto debe responder a la crítica habitual que se hace a la falta de “dosimetría” que existe en el Código y leyes penales especiales […] La morigeración aparente de la ley vigente (pena de prisión) se debe a que puede haber homicidios muy especialmente atenuados como, por ejemplo en los casos de causas de legitimación incompletas o de estados de defecto que no llegan a la inimputabilidad u otros, como por ejemplo casos de homicidios piadosos donde el juez decide no perdonar, etc. No soy partidario de aumentar la pena del mínimo del homicidio simple, creo que sería un error hacerlo. Es desconocer la naturaleza humana, e impedir que el juez determine la sanción dentro de los amplios parámetros de los 20 meses a los 12 años», que le da la legislación vigente.

En consecuencia, no estamos de acuerdo con el aumento de penas, ni con hacer del homicidio un delito inexcarcelable –violando el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal– ni tampoco con limitar la actuación de los jueces y fiscales. No estamos de acuerdo con ninguna de las tres cosas que están incluidas en ese artículo.

Por otra parte, tenemos la agravante para jueces, policías y fiscales. Vuelvo al informe de la Universidad de la República porque quiero ser precisa en lo que digo. El proyecto innova, aparentemente, a través de la incorporación de una nueva agravante al capítulo de circunstancias agravantes muy especiales contenido en el artículo 312 del Código Penal. En todos los casos previstos en esta disposición los homicidios se castigan con quince a treinta años de penitenciaría. Primero que nada, quiero decir que la cátedra de Derecho Penal dice que el texto no está claro, que las palabras «a raíz o en razón» de la calidad de funcionarios podrían entenderse como sinónimos, que la exposición de motivos no aporta consideraciones adicionales y que una redacción más exacta habría sido diseñar la agravante de acuerdo con lo que aparece en el artículo 310 bis actual, cuya existencia el proyecto parece ignorar.

Dicen los catedráticos de Derecho Penal de la Universidad de la República que la incorporación de la agravante es desaconsejable y que no parece aceptable una circunstancia que extrema la pena al máximo admitido en el derecho penal nacional cuando, llegado el caso, el intérprete carece de la delimitación necesaria de los alcances de la protección de la víctima. ¿Es tan solo en su calidad de policía, fiscal o juez, o es exigible algún requisito adicional, como lo es el ejercicio del cargo o el haberlo ejercido? Además, se insiste con algo que rompe los ojos y por eso viene la modificación del señor senador Bordaberry, con la que tampoco estoy de acuerdo. Dice este informe: «En efecto y ante todo, la protección especial frente al delito de homicidio de determinadas personas, a través de la acentuación de penas, no hace honor al principio de igualdad». Entonces, como no hace honor a este principio, lo que quiere el señor senador Bordaberry es meter más gente adentro, para ver si lo volvemos más igual. No, no lo volvemos más igual porque lo hagamos más inclusivo, porque hoy son los de la prefectura y mañana, quizás, los docentes de primaria. Reitero: el hecho de hacerlo más inclusivo no lo hace más igual; nada lo va a hacer más igual.

La cátedra de Derecho Penal también dice que la selectividad es innecesaria porque las situaciones agravantes que se postulan como innovación ya están introducidas en otras hipótesis, como el impulso de brutal ferocidad, etcétera.

Voy a mencionar especialmente al titular de la cátedra, el doctor Germán Aller, que va un poquito más allá. Hace una larguísima exposición en la comisión, pero le da a un punto ciego de esta carrera de la punibilidad, que Dios sabe cómo va a terminar porque han aumentado las penas sistemáticamente en el Uruguay desde los años noventa y, francamente, el delito ha continuado aumentando también. Así que si yo soy científico –ya no de la ciencia de lo jurídico, sino de lo social–, no tengo una correlación positiva para usar términos sociológicamente significativos, no existe una correlación entre aumentar penas y disminuir el delito. ¡No existe! Lo que sí existe es la pretensión moral de que la severidad con el delito nos hará ejemplares a los ojos de una sociedad fragmentada, violenta y desigual. A mi juicio, solo eso existe: pretensiones de autoridad moral de los legisladores.

Dice Aller –dando al punto ciego–, de nuestra carrera por la punibilidad, que se dispara a partir de las penas de rapiña y copamiento. Es claro, cuando aumentan las penas de rapiña y copamiento –ahora, por el tema de la dosimetría–, hay que aumentar la pena por homicidio, porque si aumentamos las penas por el daño a la propiedad privada, ¡¿cómo no vamos a aumentar las penas que protegen la seguridad de la vida?! ¡Qué manera de razonar! No parece de seres humanos racionales. Habría que razonar como Aller: Uruguay no necesita aumentar penas.

Dice Aller: «Hace un rato el profesor Montano» –también de la Universidad– «planteaba la dicotomía aparente y, quizás, real […] sobre el tema de la rapiña […]. Desde que era estudiante, […] siempre pensé lo mismo; el tope mínimo de Uruguay, de cuatro años, por la rapiña es una locura». Esto es lo que hay que decir en voz muy alta y muy clara: ¡es una locura que la rapiña no sea excarcelable! ¿Tiene que decirlo el grado 5 de la Universidad de la República para que se escuche alto y fuerte? Pero, claro, como nosotros tenemos un mínimo de cuatro, razonamos de ahí para arriba. Y ahí vamos corriendo en una carrera ciega hacia adelante, diciéndoselo a la población, pensando en que damos señales a una opinión pública que ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona. Lo digo, señora presidenta, porque dediqué varios años de mi vida a estudiarla. La opinión pública no es lo que dicen las encuestas; nadie sabe muy bien cómo funciona. Pero usar la ley penal para dar señales a la opinión pública es un error garrafal, es un error jurídico y es un error político.

Y termino con las palabras de Aller: «… el tope mínimo de Uruguay de cuatro años por la rapiña es una locura. La rapiña tendría que equivalerse, en el viejo sistema, a tener una rapiña también excarcelable. Claro, siempre vamos a tener el problema de cómo explicar esto a la población por la presión mediática y tantas otras deformaciones,…». Me gusta la palabra «deformaciones». ¿Por qué? Porque detrás de ella está la palabra «formación», y lo que hace la presión mediática es formar a la opinión pública para que en la próxima encuesta el 54 % pida pena de muerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir contra la Constitución? Porque en ese caso ya, directamente, iríamos contra la Constitución. Y sigue diciendo Aller: «… pero no podemos ampararnos o excusarnos en el qué dirán para no legislar de manera mejor…».

Entonces, ¿qué puedo decir, señora presidenta? Una vez más, como la gota que horada la piedra, estoy en este Parlamento protestando y luchando por las mismas cosas, por recoger lo que creí que era una tradición de mi país, que era la benignidad penal. Pero, claro, la benignidad penal a veces se aplica cuando tenemos en discusión la irretroactividad de los crímenes de lesa humanidad, pero brilla por su ausencia cuando estamos discutiendo esto. Votarlo es un error; nos lo han advertido todos los integrantes del coro de esta tragedia y nosotros vamos, con los ojos vendados, hacia el abismo. Es un error que lamento denunciar otra vez y creo que el camino que seguimos con la reforma de la Justicia, que tantos años llevó, empezamos a desandarlo con la aprobación de este tipo de proyectos.

Gracias, señora presidenta.

17) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: en función de que son prácticamente las 13:00 y de que nos queda media hora de sesión, mociono en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta la aprobación del punto que estamos considerando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se prorroga la hora de finalización de la sesión hasta culminar con el tratamiento de este punto del orden del día.

18) CÓDIGO PENAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: lamento que se haya ido de sala la senadora Moreira, pero luego leerá la versión taquigráfica.

Lamento no lograr consensos con ella, creí que íbamos a hacerlo. La senadora incurre en un error jurídico conceptual muy grave, que evidentemente deriva de su falta de formación jurídica. Cuando ella dice que se viola el principio de igualdad al establecerse agravantes, echa por tierra el concepto de la agravante. Las agravantes son, justamente, determinadas circunstancias, y para quienes incurren en ellas es que se establece como agravante la comisión de un delito en contra de quien revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal. Tan así es, que ella coincidirá en que el mismo artículo 312, al que le estamos agregando el numeral 9), establece algo para personas distintas. Por ejemplo, es una agravante el femicidio. Entonces, con el razonamiento de la señora senadora en cuanto a que no se pueden establecer cosas desiguales, sería equivocado establecer, como agravante, el femicidio, ¿no? Es decir, su propio razonamiento lleva a mostrar el error que comete. Así que creo que no debería hacerse lugar a su argumentación.

Lo otro que quiero decir es que el principio de igualdad no significa –y esto es otro concepto jurídico básico– tratar a todos por igual, sino tratar de la misma forma a los que se encuentran en la misma situación. Entonces, si los jueces, fiscales y policías están en una situación riesgosa porque representan la primera línea de lucha contra los delincuentes, es lógico que establezcamos una norma que atienda esa situación de riesgo y que estos ciudadanos, que hoy son héroes por el trabajo que están haciendo, tengan una protección. Ahora bien, siguiendo el mismo razonamiento en cuanto a que otros ciudadanos están en la misma situación que los policías, de trato y de combate con los delincuentes, es decir, los de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional y, por ende, hay que equipararlos, digo que esto no es lineal, hay que estudiarlo.

Por otro lado, entiendo que se cite a la Universidad de la República y a sus técnicos. Hay que valorar su opinión, pero la teoría siempre debe contrastarse con la realidad. ¡Hay muchos teóricos que no van a la realidad y, desde la comodidad de sus despachos y cargos bien pagos, no piensan en los ciudadanos que hoy son rapiñados, matados y violados! Entonces, desde esa comodidad dicen que la cárcel no es solución; el agravamiento de penas no es solución. ¿Y cuál es la solución que proponen? ¿Volver a largar 1200 presos a la calle? ¿Esa es la solución? ¿Bajar las penas? ¡No! Que se sepa bien claro –como dijo la senadora, sobre la gota que horada la piedra–, que sepa la opinión pública –esa que se deforma, según nos dice– que acá se dice, citando a un profesor de la facultad, que es una locura que la rapiña no sea excarcelable. En estos momentos de auge absoluto, de triplicación de las rapiñas, tenemos a alguien que dice que el delito de rapiña debe ser excarcelable y quien lo comete no tiene que ir a la cárcel. Bien, son posiciones con las cuales yo discrepo. A veces, cuando la teoría se aplica en la práctica, fracasa y lleva a que deba ser nuevamente planteada.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en esto se aplica aquello de que más vale tarde que nunca. Este proyecto, que fue fruto –como se informó– de las reuniones en la Torre Ejecutiva, entró al Parlamento el 24 de agosto de 2016. Es decir que ya tiene más de un año.

El compromiso que asumió el presidente de la república en nombre de su partido político fue que esto iba a tener el respaldo de toda su bancada. Lo asumimos como de quien viene, es decir, del presidente de la república, con el valor político que, por tanto, eso tiene. Ya comenté una vez aquí –hay varios testigos– que cuando formulamos la pregunta al señor presidente de la república acerca de si tenía el respaldo parlamentario de lo que allí se acordara, él se tomó una semana para contestar. A la semana siguiente, señalando que iba a contestar una pregunta de mi parte que había quedado pendiente –no era personal, sino que la hice en nombre de mi partido–, dijo que se había reunido con la bancada de legisladores del Frente Amplio y que, entonces sí, estaba autorizado para afirmar que contaba con el respaldo de su partido político. Por aquello que decía el senador Heber, en esto corresponde la lealtad institucional. La palabra del presidente de la república comprometiendo a su partido político tiene el mismo valor que la palabra de quienes fuimos allí comprometiendo el respaldo de nuestros partidos políticos: nosotros vamos a cumplir del primero al último de los puntos allí acordados.

Que estamos tratando este tema en un clima de absoluta emergencia en materia de seguridad, no requiere explicaciones. Vivimos en un país con miedo, aterrado, en donde los uruguayos sentimos que aquí reina la ley de la selva, donde nadie sabe, cuando sale de su casa temprano, si va a volver de noche a su hogar. Esta es la realidad de hoy y negarla es vivir en otro país.

Hace unos días escuché decir a un jerarca departamental del Frente Amplio, ante la muerte de una vecina, que estaba consternado y que eran ellos contra nosotros. A nosotros nos consternan todos los homicidios: los de la gente que conocemos y los de la que no conocemos. No reaccionamos frente al conocimiento de la víctima, sino frente al hecho.

Por ello, este proyecto de ley –demorado, pero que vamos a votar– intenta terminar con algo que reina en el Uruguay: el clima de impunidad. En nuestro país reina la impunidad, y los delincuentes, como saben que eso es así y que tienen piedra libre, actúan de la manera que actúan. La mitad de los homicidios en el Uruguay quedan impunes. Matar en el Uruguay, en la mitad de los casos es gratis. ¡Es gratis! Se mata y no pasa nada en la mitad de los casos. No llegan al 10 % las noticias criminales que terminan en procesamientos. Si eso no es impunidad, ¡¿qué es impunidad?! Que se previera que el homicidio intencional es excarcelable es una barbaridad. No sé qué dicen los técnicos que saben, pero la opinión de los ciudadanos es que eso es una barbaridad.

Con este proyecto de ley, que nos comprometimos a votar –lo haremos de muy buena gana, con absoluto convencimiento–, queremos dar un grito muy claro: estamos para defender a quienes nos defienden. Sociedad que no defiende a los que nos defienden, es una sociedad entregada a los delincuentes. ¿Por qué? Por algo muy sencillo: porque la Constitución da el poder de coacción del Estado a la policía. Si no, como ya dije, sería la ley de la selva. Si cada uno puede andar con un revólver en el cinto y a los tiros por ahí, y el monopolio no estuviera en manos de la ley, esto sería cualquier cosa, menos un país civilizado. Y como le decimos a un funcionario policial que él va a ejercer, dentro del Estado de derecho, el monopolio de la fuerza y que será nuestro primer escudo frente a los delincuentes, él está en una situación diferente a la nuestra. Lo expresaba recién, con claridad, el senador Bordaberry. Es una simpleza –por no usar otro calificativo– decir que acá se establecen clasificaciones de personas diferentes porque no todos llevamos un revolver en el cinto y no estamos legalmente autorizados a utilizarlo para defender a la sociedad. La Constitución y la ley le dijeron a la Policía: vayan y defiéndannos, les damos estos instrumentos. Y les dijimos a los jueces y fiscales: ustedes son los encargados de hacer cumplir la ley y de aplicar las normas cuando alguien no las cumple.

Por eso digo que esto no es una señal, sino una práctica: vamos a defender a los que nos defienden y vamos a terminar con aquello de que meterse con aquel que ejerce el primer escudo para defender a la sociedad no vale nada. ¡El que las hace, las paga! Y el que se mete con aquel a quien la ley le dio el deber de defendernos, ¡la paga más!

Hay otro elemento que está surgiendo en las últimas semanas y que está directamente vinculado a esto: hay una decisión del crimen organizado de ir contra la policía. ¿O qué fue la ejecución de un policía en Progreso, hace un mes atrás? Esto no es una novedad. Mejor dicho: es una novedad en Uruguay, pero no en otros lugares.

El crimen organizado avanza, primero conquistando espacios, territorios, y luego lo hace con una señal muy fuerte, que es la de decir: nosotros vamos contra las instituciones armadas, en este caso, la Policía.

El día de la interpelación al ministro Bonomi, en un ómnibus de UCOT fue rapiñado un agente, le sustrajeron la pistola. En esos días asesinaron en Progreso a un policía; no lo rapiñaron porque le dejaron la mochila, el celular, sus pocas pertenencias quedaron junto a su cadáver. ¿Por qué? Porque era policía.

Esa es una señal de que esto no se puede dejar pasar por alto. El crimen organizado va por la policía y, como en otros países, los que siguen en la lista desgraciadamente son aquellos que, junto con la policía, tienen que defendernos: jueces y fiscales, es decir, la Justicia. No es novedad el funcionamiento del crimen organizado.

Por eso, si en algún lugar hay que recuperar Estado, es en este territorio.

Esto participa de la física: si el Estado se retira, el lugar lo ocupan quienes se aprovechan de esos espacios liberados. Por eso es que el Estado debe avanzar y defender a aquellos que, por orden de la ley, avanzan para reconquistar esos espacios para la población: el Estado que les pertenece, el territorio que les pertenece. Lo hace la gente de bien o lo hacen los pocos malandros que hay en la vuelta. Es una decisión que debemos tomar.

Que hay una decisión de aumentar penas, señora presidenta, no es novedoso. Le voy a relatar, desde los años 2012 y 2013 hasta el presente, algunas de las leyes donde se aumentaron penas con el voto unánime del Parlamento. Por ejemplo, la Ley n.º 19007 aumentó las penas en los delitos contra la Administración pública y el narcotráfico; la Ley n.º 19055 aumentó las penas en el caso de los menores que cometieron delitos graves. Agrego que el defensor de oficio, el doctor Sayagués, razonó que, luego de esta ley que aumentó las penas, disminuyeron un 15 % los delitos cometidos por menores entre los años 2012 y 2013.

Continúo con la enumeración y voy a mencionar la Ley n.º 19247, en el caso de la tenencia, el porte y el tráfico de armas; la Ley n.º 19196, relativa a la responsabilidad penal empresarial. Recién se mencionó el caso del femicidio y puedo agregar otro caso más –en Uruguay tenemos esa capacidad creativa tan desplegada– porque, de acuerdo con los especialistas en el área jurídica, inventamos el delito de copamiento. Con la ley de seguridad ciudadana se inventó este delito y se le puso una pena mayor que a la rapiña. Cuando se votó la ley relativa a la seguridad ciudadana –no traje los números, pero los tengo en el despacho– se superaban ampliamente los cien copamientos al año. El último registro, de hace dos años, no llegaba a quince en el primer semestre. Recuerdo que en aquel momento yo ya era legislador y las cátedras opinaban en contra de esta decisión.

En consecuencia, es lógico que recorramos un camino que, probadamente, ha dado resultados. Se decía que no había comprobación científica. Mejor dicho, no se leyó, porque la hay; solo hay que leerla. No vale aquello de que voto aumento de penas si es para uno, y no lo hago si es para proteger a los policías, a los jueces y a los fiscales.

Es por eso, señora presidenta, que nosotros vamos a votar este proyecto de ley. Advertimos que quizás esta no sea la última vez que propongamos esto, porque ha demostrado eficacia. A su vez, hay una prueba en contrario: alguien tendrá que demostrar que si no se hubieran aumentado las penas, algunos delitos no habrían aumentado en el grado en el que lo hicieron.

Así, señora presidenta, cumpliendo con el compromiso que asumimos, vamos a votar. Hubiéramos deseado hacerlo de la forma en que corresponde a los acuerdos políticos: con el cumplimiento de la palabra, pero vale que, aunque sea tarde y por mayoría, se vote.

Agrego al señor senador Bordaberry, quien tuvo el protagonismo en la presentación del artículo sustitutivo, que también hay que recordar que estamos discutiendo el proyecto de ley por el que se da jurisdicción militar a las fronteras. Seguramente ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, lo estamos analizando en la Comisión de Defensa Nacional del Senado y es probable que, con alguna modificación, lo aprobemos. En ese caso va a haber efectivos, funcionarios del Estado –en este caso de las Fuerzas Armadas–, que van a llevar adelante procedimientos que son de típico corte policial y, por lo tanto, debería extenderse esta consideración a ellos también.

Por todas estas consideraciones, señora presidenta, vamos a votar el proyecto de ley en cuestión.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Gracias, señora presidenta.

Solicito que se voten en bloque los artículos 1.º y 3.º, y luego, en forma particular, el artículo 2.º, para el que vamos a proponer una pequeña modificación.

SEÑORA PRESIDENTA.- En la Mesa también tenemos un artículo sustitutivo del artículo 2.º.

Se va a votar, entonces, el procedimiento propuesto por el señor senador Carrera.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, pues, los artículos 1.º y 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º, para el que tenemos una corrección que vino de comisión y un artículo sustitutivo.

¿Podría hacerle la corrección al artículo que vino de comisión, señor senador Carrera?

SEÑOR CARRERA.- Sí, señora presidenta.

En el acápite del artículo 312 del Código Penal ya existe una referencia que establece: «Se aplicará la pena de penitenciaría de quince a treinta años, cuando el homicidio fuera cometido:». Por lo tanto, en el artículo 2.º que estamos votando habría que suprimir la expresión «Cuando se diere muerte a» y sustituirla por la palabra «Contra».

En definitiva, quedaría redactado de la siguiente manera: «9.º. Contra una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal».

Esta propuesta de modificación responde a un tema de técnica legislativa, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el artículo 2.º con la modificación propuesta por el señor senador Carrera, tal cual vino de la comisión.

SEÑOR PINTADO.- Disculpe, señora presidenta, ¿podrían repetir la modificación, ya que no la entendí muy bien?

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Como en el acápite del artículo 312 del Código Penal ya existe una referencia que reiteraría el concepto de «Cuando se diere muerte a», con la modificación propuesta estaríamos suprimiendo esa expresión para sustituirla por la palabra «Contra».

De esa forma, quedaría redactado de la siguiente manera: «9.º. Contra una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal».

SEÑOR PINTADO.- Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Si me permite, señora presidenta, es por un tema de procedimiento.

Ya hemos aceptado la modificación que, por técnica legislativa, hace el señor presidente de la comisión, pero queremos señalar que hay un artículo sustitutivo sobre el que, según entiendo, hay acuerdo de todas las bancadas…

SEÑORA PAYSSÉ.- No, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Pensé que lo había. Si no lo hay, de todas formas pediríamos que primero se leyera el artículo sustitutivo.

Si el artículo se vota tal como vino de la comisión, nos gustaría que también contara con nuestro voto. No votamos en primera instancia para poder votar el sustitutivo, pero si el sustitutivo no tiene mayoría, pediría la reconsideración del que vino de comisión –aunque haya tenido mayoría– para poder votarlo nuevamente. No sé si me explico en cuanto al procedimiento.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Ante la solicitud realizada, se va a dar lectura al artículo sustitutivo presentado por algunos senadores.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los senadores abajo firmantes proponemos el siguiente artículo sustitutivo del artículo 2.º del proyecto de ley.

Artículo 2.º.- Agrégase al artículo 312 del Código Penal, el numeral 9.º, que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.º: Contra una persona que revista la calidad de funcionario policial, funcionario de Prefectura Nacional Naval (Policía Marítima), funcionario de Policía Aeronáutica, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal». (Firman: los señores senadores Mieres, Heber y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa considera que primero corresponde votar el artículo tal como vino de comisión, con la modificación planteada por el señor senador Carrera.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–14 en 28. Empate.

Se va a leer el artículo 101 del Reglamento, que es el que contempla este caso.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 101.- Si se produjera empate en las votaciones que requieran mayoría de la mitad más uno, se abrirá de nuevo la discusión y si volviendo a votar se repitiese el empate, se reputará negativa la decisión».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se reabre la discusión.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Si se llega a reiterar la situación, ¿se vota el sustitutivo?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo tal como vino de comisión, con la modificación sugerida.

(Se vota).

–15 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente el artículo.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: hemos votado este proyecto de ley porque integraba el acuerdo que el señor presidente de la república definió en la Torre Ejecutiva. En las sesiones de la Comisión de Constitución y Legislación abundan los argumentos en el sentido de que este no es un proyecto de ley que anime a votarlo en estas circunstancias, pero lo hemos hecho en razón de los argumentos antes expuestos.

Muchas gracias.

19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:22, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Alcorta, Amorín, Aviaga, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Lafluf, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Tourné, Vellozas y Xavier).

PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

Hebert Paguas Secretario

José Pedro Montero Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.