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N.º 6 - TOMO 579 - 17 DE ABRIL DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

6.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN

LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y EL SEÑOR LUIS ALBERTO HEBER Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 27) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con datos respecto al tráfico de drogas.

Oportunamente fue tramitado.

5) Exposición escrita

– El señor senador Lacalle Pou solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, relacionada con la posible organización de un encuentro con el presidente de Brasil, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas.

Se procederá de conformidad.

6) Homenaje al contador Samuel Lichtensztejn

– Solicitud del señor senador Mieres para realizar una exposición de treinta minutos sobre el tema en la sesión ordinaria del próximo 9 de mayo.

Concedida.

7) Rectificación de trámite

• A solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación, el Senado resuelve pasar la carpeta n.º 1056/2018 a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

8) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

9) y 26) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou, Mujica, Besozzi, Aviaga y De León.

– Quedan convocados los señores senadores Saravia, Lazo, López Villalba, Asiaín y Carballo.

10) y 12) A 46 años del asalto al Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay

– Manifestaciones del señor senador Castillo.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Partido Comunista del Uruguay, a su Comisión de Derechos Humanos, a la dirección del Seccional 20 del Partido Comunista y a la Comisión Permanente Memoria, Verdad y Justicia, así como al Frente Amplio y al PIT-CNT.

11) El fenómeno del terrorismo

– Manifestaciones del señor senador García.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior y a la Cancillería.

13) Registro público de violadores

– Manifestaciones de la señora senadora Alonso.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

14) Afrosalud

– Manifestaciones de la señora senadora Moreira.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Departamento de Desarrollo Social y a la División Salud de la Intendencia de Montevideo, y muy especialmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

15) Postergación del numeral primero del orden del día

• La presidencia informa que como no se han planteado propuestas, se posterga su consideración.

16) Contratos de seguros

– Proyecto de ley por el que se los regula.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Proyecto presentado

– El señor senador Camy presenta un proyecto de ley relacionado con el Instituto Nacional de Colonización.

Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

18) y 20) Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) y 28) Mozos de cordel

– Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057.

• Por moción del señor senador Castillo, el Senado resuelve que este asunto vuelva a comisión.

21) Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

– Proyecto de ley por el que se la aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Banco Central del Uruguay

– Proyecto de ley por el que se autoriza la acuñación de monedas conmemorativas de uno y de dos pesos uruguayos.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Raúl Never Orgambide

– Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la escuela rural n.º 64 del paraje La Alegría, departamento de Durazno.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Emilio Verdesio

– Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la escuela de educación especial n.º 133 de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Doctor Darío Gastón Burstin Lederfain. Designación como integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

29) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 13 de abril de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 17 de abril, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la república).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se establecen normas a los efectos de regular los contratos de seguros;

Carp. n.º 343/2015 - rep. n.º 626/18 y anexo I

3.º) por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas y suscrito por la república en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2017;

Carp. n.º 1047/2018 - rep. n.º 625/18

4.º) por el que se aprueba la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, acordado por la vigésima octava reunión de las partes, celebrada en Kigali, República de Ruanda, del 10 al 15 de octubre de 2016;

Carp. n.º 1045/2018 - rep. n.º 624/18

5.º) por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de un peso uruguayo y de dos pesos uruguayos;

Carp. n.º 1055/2018 - rep. n.º 621/18

6.º) por el que se designa Raúl Never Orgambide la escuela rural n.º 64 de paraje La Alegría, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

Carp. n.º 1058/2018 - rep. n.º 622/18

7.º) por el que se designa Emilio Verdesio la escuela n.º 133 de educación especial de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1060/2018 - rep. n.º 623/18

8.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de miembro integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain.

Carp. n.º 1061/2018 - rep. n.º 615/18

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Asiaín, Ayala, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Larrañaga, López Villalba, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Saravia, Tourné y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Besozzi, Lacalle Pou y Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifica el régimen de ejecución y prescripción de gastos comunes de propiedad horizontal;

por el que se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste Saint Martin, y su aporte al patrimonio cultural de nuestro país.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

Asimismo, comunica que ha dictado una resolución por la que se prorroga la designación, en forma interina, como vicepresidente en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, al vicepresidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, doctor Leandro Francolino Moyano, hasta la designación definitiva.

–TÉNGASE PRESENTE.

El Ministerio del Interior remite respuesta a la reiteración de un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con la investigación de un hurto acaecido en la localidad de Parque del Plata, departamento de Canelones.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Carlos Camy, relacionado con el suministro e instalación de un angiógrafo digital neurovascular en el hospital Maciel.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CAMY.

La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Amín Niffouri, relacionadas con los recursos del sector vitivinícola.

–A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

Asimismo, remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Alfredo Asti, relacionadas con la Ley Integral contra el Lavado de Activos.

–A LA COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS A PARTIR DE LOS LLAMADOS PAPELES DE PANAMÁ Y JURISDICCIONES SIMILARES, PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO, LA DEFRAUDACIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA TRANSPARENCIA GLOBAL.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia del Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de miembro integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, acordado por la vigésima octava reunión de las partes, celebrada en la ciudad de Kigali, República de Ruanda, del 10 al 15 de octubre de 2016;

por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas y suscrito por la república en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2017.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de un peso uruguayo y de dos pesos uruguayos.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa Raúl Never Orgambide la escuela rural n.º 64 de paraje La Alegría, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

por el que se designa Emilio Verdesio la escuela n.º 133 de educación especial de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas a los efectos de regular los contratos de seguros.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

Asimismo, solicita la rectificación del trámite de la carpeta n.º 1056/2018, relacionada con un proyecto de ley por el que se declara la ciudad de Montevideo Capital Nacional del Cooperativismo en el año 2018, a los efectos de que el citado proyecto pase a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

–SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informada la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de conferir el ascenso correspondiente al grado de capitán de navío, con fecha 1.º de febrero de 2018, por los sistemas de antigüedad y de selección, a varios señores capitanes de fragata.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Suprema Corte de Justicia remite mensaje, conforme a lo establecido por el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la república, por el que solicita la aprobación correspondiente a fin de designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Ricardo Horacio Míguez Isbarbo.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El señor senador Pablo Mieres solicita autorización al Cuerpo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, para hacer uso de la palabra en la sesión ordinaria del día 9 de mayo de 2018, por el término de treinta minutos, en homenaje al contador Samuel Lichtensztejn, con motivo de su fallecimiento.

–SE VA A A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor senador Lacalle Pou solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, relacionada con la posible organización de un encuentro con el presidente de Brasil, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con datos respecto al tráfico de drogas.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite a la Presidencia de la República la exposición escrita presentada por el señor senador Luis Lacalle Pou.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

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6) HOMENAJE AL CONTADOR SAMUEL LICHTENSZTEJN

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar la autorización solicitada por el señor senador Mieres a efectos de realizar una exposición de treinta minutos en la sesión ordinaria del día 9 de mayo de 2018.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) RECTIFICACIÓN DE TRÁMITE

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a rectificar el trámite dado al proyecto de ley por el que se declara la ciudad de Montevideo Capital Nacional del Cooperativismo, que fue derivado originalmente a la Comisión de Constitución y Legislación y que debería haber sido remitido a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del día 10 de abril faltó con aviso el señor senador Heber.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 12 de abril faltó con aviso el señor senador Mieres.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 12 de abril faltó con aviso el señor senador Mieres.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 10 de abril faltó con aviso el señor senador Heber.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del día 9 de abril faltaron con aviso los señores senadores De León y Lacalle Pou.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 11 de abril faltó con aviso el señor senador Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del día 12 de abril faltó con aviso el señor senador Alcorta.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del día 9 de abril faltó con aviso el señor senador Cardoso.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 16 de abril de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día martes 17 de abril, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 16 de abril de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, durante el día 18 de abril de 2018.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Andrés Berterreche ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Lazo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 16 de abril de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito ante la Cámara de Senadores licencia para los días 17 y 18 de abril, por motivos particulares.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi Arocena. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 17 de abril de 2018

Presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi consideración:

De acuerdo con la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia el día de la fecha, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) A 46 AÑOS DEL ASALTO AL SECCIONAL 20 DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: quiero recordar, señores colegas, un episodio terrible de la historia política de este país, del que hoy se cumplen cuarenta y seis años.

En la madrugada del 17 de abril, un día como el de hoy pero de 1972, fue asaltado el Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay, ubicado en el barrio obrero y trabajador de Paso Molino, en el que fueron asesinados ocho obreros comunistas que se encontraban allí. Fue uno de los más terribles y crueles asesinatos políticos de la historia nacional realizados por el terrorismo de Estado. No fue el único, ya que –lamentablemente– hay varios más. En estos días también hace fecha del no menos repudiable hecho conocido como de las Muchachas de Abril, en 1974, en la zona de Brazo Oriental, y ayer fue aniversario del asesinato del doctor Vladimir Roslik, en 1984, en los cuarteles de Fray Bentos.

En la fría y macabra noche de 1972, participaron del asalto más de quinientos efectivos militares, policiales y paramilitares fascistas. Ocho obreros –humildes– comunistas y frenteamplistas fueron asesinados. Todos los años, desde entonces, homenajeamos a Luis Alberto Mendiola, a José Abreu, a Ricardo González, a Ruben López, a Elman Fernández, a Justo Sena, a Raúl Gancio y a Héctor Cervelli.

Se cortó la avenida Agraciada a la altura del viaducto, se emplazaron allí ametralladoras de pie y durante horas se atacó el local, que recibió cientos de impactos de bala. Nuestros compañeros, que estaban adentro desarmados, salieron con las manos en alto y fueron cobardemente ejecutados. Varios de ellos –dicen las denuncias y los testimonios– recibieron un tiro de gracia en la cabeza; otros fueron rematados a punta de bayoneta, y a los que quedaron vivos los dejaron desangrar en la calle impidiendo que funcionarios de la salud pudieran atenderlos.

No fue un hecho aislado, ya que pocos días antes se habían colocado bombas en los domicilios de los senadores Enrique Rodríguez y Zelmar Michelini, se había atentado a balazos contra un local del Partido Comunista ubicado en la zona de Pocitos, y se había asaltado la sede del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay mientras se realizaba un acto de la juventud comunista del que participaban centenares de jóvenes. Varios legisladores, entre los que se encontraban Gutiérrez Ruiz y Wladimir Turiansky, corrieron rápidamente hasta esa sede. La indignación fue enorme y aún continúa siéndolo.

De inmediato se realizó una interpelación en el Parlamento, en la que legisladores de todos los partidos políticos condenaron el asesinato y la mentira que se había construido para justificarlo. No quiero ser injusto y olvidar algún nombre, pero si se revisan las versiones taquigráficas aún hoy conmueven las denuncias de Rodney Arismendi, Jaime Pérez, Juan Pablo Terra, Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate, quien, apenas se enteró, tuvo el enorme gesto de ir hasta el local.

La central sindical –en aquel entonces, la CNT– resolvió de inmediato un paro general de cuarenta y ocho horas. El velatorio y el sepelio se transformaron en enormes manifestaciones populares. El entonces arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, concurrió al velatorio en la casa del Partido Comunista y oró por nuestros compañeros. El general Líber Seregni, presidente del recién nacido Frente Amplio, reclamó «paz para los cambios, cambios para la paz». No realizó ni una sola mención a la venganza, ni una sola palabra de odio. La bronca fue transformada en rebeldía organizada, hasta el día de hoy en que los comunistas seguimos por el mismo camino.

Los comunistas de nuestro pueblo nunca dejamos de homenajear, los 17 de abril, a nuestros mártires de la 20. Aun en la noche más oscura del fascismo y de la represión, el local amanecía siempre con flores rojas colocadas por manos obreras, afrontando la represión para hacerlo. En el año 2014, el Gobierno declaró patrimonio histórico nacional el local del Seccional 20. En el acto de hace dos años, emulando a monseñor Parteli, el actual arzobispo de Montevideo, monseñor Sturla, hizo una oración por la paz en memoria de nuestros compañeros.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Estimados colegas del Senado: este año se colocará una placa recordatoria en memoria de esos mártires, porque ese local no es solo de los comunistas, sino que pertenece al pueblo uruguayo; es un templo laico por la democracia y la libertad. Recordar a los ocho mártires obreros de la 20 es recordar a todas y a todos los desaparecidos, a los asesinados, a los presos, a los torturados y a los perseguidos por el fascismo y el terrorismo de Estado. Recordarlos es denunciar que sus asesinos, cuarenta y seis años después, siguen impunes; recordarlos es renovar nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y por nunca más terrorismo de Estado; recordarlos es renovar nuestra lucha por la democracia y la libertad, y también por la revolución y el socialismo por el que ellos luchaban; recordarlos es dar un gran abrazo a sus familias y a todos los familiares.

Señora presidenta: quiero terminar –si me lo permite– con una estrofa de la canción que don Alfredo Zitarrosa compusiera para los ocho mártires del Seccional 20: «Puede morir, pero quiere cantarle sólo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno, canta pudiendo… Quiere ser flor y se cierra como un puño; que la cuide, eso me pide».

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Señor senador: ¿desea remitir la versión taquigráfica de sus palabras a algún destino?

SEÑOR CASTILLO.- Sí, señora presidenta.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Partido Comunista del Uruguay, a su Comisión de Derechos Humanos, a la dirección del Seccional 20 del Partido Comunista y a la Comisión Permanente Memoria, Verdad y Justicia.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) EL FENÓMENO DEL TERRORISMO

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en el mundo actual, desgraciadamente, nadie puede afirmar que está libre del fenómeno terrorista. Cruzando el río, a media hora de donde estamos nosotros, hace unos años –no muchos– tuvimos dos atentados terroristas. Como todos sabemos, el terrorismo tiene como forma de actuación la sorpresa y el miedo que genera en la sociedad; sus instrumentos pueden ser bien diferentes, pero siempre busca, como su palabra lo define, generar miedo, temor y desesperación en la sociedad.

Este es un fenómeno que tiene, desgraciadamente, una vigencia muy importante, y es tema de todas las reuniones bilaterales que celebra el país. Me consta que en una de las últimas que mantuvo el señor presidente de la república con alguna mandataria de un país grande e importante de Europa fue preguntado por estos temas.

Uruguay tiene una deuda relativa a legislación en la materia. El año pasado hicimos un esfuerzo muy grande para llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se sabe que dentro de esa «campaña» –entre comillas– que se hizo para acceder a ese órgano, se manejó la aprobación a nivel nacional de ciertos instrumentos de lucha contra el terrorismo. Tan así es que en abril de 2017 el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley integral antiterrorista, que es parte de una tríada de normas de lucha contra el terrorismo, también integrada por la ley antilavado, que ya está aprobada; como todos sabemos, el lavado de activos está muy vinculado al financiamiento del terrorismo. Un mes antes, el señor senador Lacalle Pou también presenta una iniciativa vinculada a la misma temática. Quiere decir que el Senado tiene dos proyectos de ley para analizar.

Si no me equivoco, en primera instancia este proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución y Legislación y luego a la Comisión de Asuntos Internacionales, donde duerme desde hace un año; no ha tenido movimiento. Hace quince días, en nombre del Partido Nacional, solicité en la Comisión de Defensa Nacional que el trámite fuera reasignado en virtud de que en esta comisión tenemos una agenda más liviana y podríamos dedicarle mayor tiempo, partiendo de la base de que a todos nos interesan los dos proyectos de ley; incluso, el Poder Ejecutivo es autor de uno de ellos y tiene compromisos internacionales en la materia. No obstante, no logramos que la bancada oficialista aprobara esa reasignación.

Por lo tanto, da la impresión de que no hay una prioridad en la materia. Creo que es un error y que estas son las cosas que más vale prevenir que lamentar. Todos estamos interesados en que el Uruguay tenga instrumentos para prevenir este fenómeno del que, vuelvo a decir, nadie puede afirmar que estamos ajenos; nadie puede asegurar que el Uruguay nunca sea sede de algún atentado terrorista. Ojalá que nunca lo sea, pero nadie puede poner las manos en el fuego por ello.

El año pasado, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto reservado sobre el tema. Creo que se trata del Decreto Ley n.º 180/17. Como reservado que es, no tengo conocimiento de él, pero me consta de su existencia y de que allí luce alguna estrategia. A mi modo de ver, la estrategia contra el terrorismo debe enmarcarse dentro de la política de Estado, y creo que es indispensable que no sea la vía de la reserva de un decreto, de una vía administrativa de la que solo está en conocimiento el Poder Ejecutivo, sino que se trate de algo en el que todo el sistema político uruguayo se comprometa. Por lo tanto, como existe en todos los países del mundo, la vía de la ley debe ser el instrumento adecuado.

Por eso, señora presidenta –y con esto cierro mi intervención–, creo que es imprescindible que reflexionemos sobre la necesidad indispensable de tener una ley antiterrorista y de estudiar los proyectos de ley que están depositados, guardados, «cajoneados» en una comisión.

Desde el Partido Nacional tenemos la mayor voluntad de que esto se trate; creemos que desde la bancada oficialista, donde hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, también. ¡Eso es lo llamativo!

Asimismo, señora presidenta, adelanto que voy a plantear alguna convocatoria, porque es indispensable conocer los alcances del Decreto Ley reservado n.º 180/17 y la posición del Poder Ejecutivo en la materia. Nos consta que el Poder Ejecutivo está comprometido a que este año se apruebe un proyecto de ley, porque el año que viene el Grupo de Acción Financiera de Naciones Unidas va a evaluar al Uruguay sobre esta circunstancia, y no podemos ser sometidos a sanciones a nivel internacional, que son serias, por no dar señales claras en materia de preparación y de lucha contra el terrorismo.

Señora presidenta: si el Senado lo considera oportuno, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior y a la Cancillería.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) A 46 AÑOS DEL ASALTO AL SECCIONAL 20 DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: pido disculpas a los colegas porque omití solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras se enviara también al Frente Amplio y al PIT-CNT.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el agregado que solicita el señor senador Castillo.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) REGISTRO PÚBLICO DE VIOLADORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Alonso.

SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: el lunes 20 de noviembre del año pasado, Brissa González, de doce años, no volvió a su casa. Fue encontrada tres días después, violada, asesinada y atada en un pozo en el departamento de Canelones. El caso de Valentina Walter, de apenas nueve años, ocurrió unos días antes, el 15 de noviembre. El violador, como tantos otros, sintió el deseo de tener relaciones con ella y simplemente lo hizo, con la complicidad de otro varón. Luego, como la niña no estaba dispuesta a callar, la mató a golpes y la ocultó debajo de unas piedras, entre la mugre. Como dije recién, tenía nueve añitos.

Brissa, Valentina y Felipe son nombres que marcan tres historias de vida, violencia, aberración humana, abuso y muerte. Su inocencia y sus vidas fueron interrumpidas por hombres adultos que creyeron que podían hacer lo que querían con ellos.

Cada una de estas historias, señora presidenta, nos sacudió, nos repugnó, y a quienes somos mamás y tenemos hijas todavía niñas, aún nos eriza la piel. Sin embargo, después de los titulares de los primeros días, empezamos a olvidarnos.

El 27 de noviembre de 2017, es decir, unos días después, en Pirarajá, donde sesionó el Consejo de Ministros, el presidente Vázquez se refirió a los casos de abuso sexual y habló del compromiso expreso del Gobierno para buscar soluciones a esta terrible patología que sufre la sociedad uruguaya. Al respecto, se decía lo siguiente: «En este contexto, Vázquez dijo que lo primero que se debe hacer en estos casos es denunciar. Y recomendó a padres, hermanos, tíos, abuelos, vecinos y a cualquier ciudadano que perciba una situación de estas características que presenten la denuncia para evitar que la situación llegue a hechos de mayor gravedad». El presidente agregó algo más. Dijo que estaba de acuerdo con aprobar un registro de pedófilos o delincuentes sexuales que fuera público. Expresó que, si este era el camino, lo iba a estudiar y a tomar en cuenta; que si se necesitaba cualquier tipo de ayuda para superar estos problemas, la iban a estudiar.

¿Por qué traigo este tema hoy, señora presidenta? Porque han pasado cinco meses desde aquel Consejo de Ministros en el que hubo un compromiso expreso de estudiar el registro público de violadores presentado por nuestro partido –en particular por el señor senador Lacalle Pou– en tres oportunidades. El señor senador Carlos Daniel Camy, vicepresidente de la Comisión de Constitución y Legislación, me recordaba en el día de ayer que el proyecto de ley fue ingresado en ese ámbito el 15 de setiembre de 2015, al inicio de la legislatura.

Frente a estos hechos que mencionamos, el Partido Nacional solicitó el tratamiento prioritario el 13 de marzo de este año, pero por ahora no ha pasado nada.

En la misma línea a la que hacía referencia el señor senador García, necesitamos que los proyectos no queden encajonados; necesitamos que se les dé prioridad y, a nuestro entender, a este proyecto de ley habría que dársela.

Esta propuesta que hacemos implica crear un registro público nacional de violadores y abusadores de menores, a cargo del Ministerio del Interior. Por supuesto, habrá que discutirlo y analizarlo, pero lo que nos preguntamos es qué estamos esperando. ¿Que haya otro caso, en cualquier otro momento, para lamentarnos? Sabemos que esta no es la solución definitiva a un problema mucho más complejo, pero es una herramienta más que nuestra sociedad necesita.

Los uruguayos nos demandan más acciones y menos discusiones, y el punto de partida está en nuestras manos. Por eso, insto –a través de la señora presidenta– a que la Comisión de Constitución y Legislación de esta casa trate con premura este proyecto de ley.

Es verdad que no se puede legislar con apuro, atropelladamente ni bajo el impacto de la herida más amarga, pero después de cinco meses es necesario empezar por algo para no lamentarnos más tarde. Individual y colectivamente está en nuestras manos hacer que podamos caminar hacia una sociedad en la que los niños y las niñas de nueve años solo tengan que preocuparse por jugar, por saltar, por aprender las tablas de multiplicar. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea posible.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) AFROSALUD

SEÑORA PRESIDENTE.- Para terminar con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Voy a reflexionar sobre algo que dijo el señor senador Cardoso en la media hora previa de hace algunas semanas. Me refiero al programa Afrosalud lanzado por la Intendencia de Montevideo el 21 de febrero y sobre el cual hubo varios entredichos. Se hicieron acusaciones terribles sobre que el programa estigmatizaba a los negros, sobre que nosotros queríamos crear hospitales para negros, o que poco menos que nos faltaba hacer barrios para negros. Pero las autoridades de la Intendencia comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y expresaron exactamente los alcances del programa y cuál era su intención. Dado que en aquella media hora previa se habló sobre este programa en forma negativa, quería mencionar la evaluación que hicieron las autoridades competentes en el ámbito de esa comisión.

En primer lugar, hay que aclarar que se trata de un programa que integra una red de policlínicas que tiene el Gobierno departamental de Montevideo. Es una red fantástica, que previene y atiende las necesidades sanitarias, sobre todo de las poblaciones más carentes, así que no es un hospital para negros, sino que es un programa que funciona dentro de una policlínica. Obviamente, se ubica en el Barrio Sur y también hubo discusiones sobre por qué está allí y no en la periferia de Montevideo.

Por las críticas que se hacen al programa Afrosalud, creo que se desconoce algo que nosotros llamamos «discriminación positiva» o «medidas de acción afirmativa». Para empezar, se desconoce la existencia de enfermedades de prevalencia étnico-racial, como la anemia falciforme, enfermedad genética que tiene origen en África y que afecta la hemoglobina. De hecho, Japón donó un equipo especial para la detección de esta patología, siendo este uno de los activos más importantes que tiene el programa Afrosalud en la policlínica de la Intendencia ubicada en el Barrio Sur.

También se desconoce que las medidas de acción afirmativa o de discriminación positiva están orientadas a visibilizar una población que hasta hace poco era invisible. El Uruguay se cree blanco, señora presidenta. El Uruguay se cree blanco, pero es resultado del mestizaje, como tantos otros países de América Latina. Recién en el año 2011 tuvimos información al respecto a través de los datos de un censo sobre la población afrodescendiente del Uruguay. Demoramos más de un siglo en hacerlo.

Quiero terminar mi intervención citando las palabras de la directora del Programa de Desarrollo Social, la señora Goyeneche, que dice: «Si las personas afrodescendientes tienen una propensión diferente a padecer determinadas enfermedades, fingir que su diversidad étnica y cultural no existe no hará que gocen de mayor acceso a la salud. El racismo es tan estructural en nuestro país que ha sido históricamente invisibilizado, y en esta negación está la raíz de la privación actual de derechos de las personas afrodescendientes. Las acciones afirmativas son una herramienta legítima, fundada, basada en conocimiento científico y legalmente avalada por la legislación nacional y la legislación interna».

Señora presidenta: nosotros tenemos varias políticas de acción afirmativa hacia la población afrodescendiente, incluyendo la ley de cupos que yo misma informé en este Senado.

Por tanto, realizar afirmaciones tales como que un programa como el que se describe estigmatiza y segrega o compararlo con medidas como el apartheid, francamente está apartado de cualquier reflexión sensata y de cualquier valoración seria de lo que significan las medidas de acción afirmativa para las poblaciones más vulnerables.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Departamento de Desarrollo Social y a la División Salud de la Intendencia de Montevideo y, muy especialmente, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.

Correspondería considerar ahora el primer punto, relativo a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, pero en virtud de que todavía no se han hecho propuestas, queda postergado.

16) CONTRATOS DE SEGUROS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas a los efectos de regular los contratos de seguros (Carpeta n.º 343/2015 - rep. n.º 626/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación queremos solicitar al Cuerpo que autorice a que sea el señor senador Martínez Huelmo quien realice la fundamentación del proyecto de ley de contrato de seguros. Este es un reconocimiento que queremos hacerle por el trabajo que realizó al presidir la subcomisión que estudió este proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar lo solicitado por el señor senador Carrera.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: agradezco a la cámara y, por supuesto, al presidente de la comisión, por confiarme esta responsabilidad.

Este proyecto de ley se trató en la Cámara de Representantes al finalizar la anterior legislatura. Luego vino a la Cámara de Senadores y fue archivado. Cuando asumió el Gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez en el año 2015, se envió un nuevo proyecto de ley ratificando el anterior. La comisión comenzó a trabajar en el tema y se hicieron varias convocatorias.

Como todos sabemos, la Comisión de Constitución y Legislación tenía una sobrecarga, es decir, tenía varios temas muy densos a su consideración –entre ellos, las nuevas disposiciones en materia de judicatura, fiscalía, el Código del Proceso Penal, etcétera– que hacían imposible que se analizaran otros asuntos, sobre todo aquellos tan particulares, especializados y áridos como los contratos de seguros. Por lo tanto, quien entonces presidía la comisión, la senadora Constanza Moreira, hizo muy bien en determinar que un núcleo de miembros de la comisión estudiara el tema y llegara a acuerdos para acelerar su tratamiento ya que el Poder Ejecutivo requería su diligenciamiento por lo menos dentro de los plazos de esta legislatura.

Pues bien, señora presidenta: la subcomisión celebró siete u ocho sesiones en 2017. Pausadamente fue acordando todo el articulado, con algunas diferencias –no profundas, pero diferencias al fin–, y a fines de ese año estaba casi todo laudado, menos 16 artículos que fueron desglosados. Lamentablemente, no nos dio el tiempo de considerarlo antes del 15 de diciembre; entonces, no por el receso, sino porque estábamos con otros temas, como presidente de la subcomisión me pareció sensato que la comisión se expidiera sobre lo acordado a comienzos de este período y, por supuesto, dirimiera las diferencias sobre los artículos desglosados. Esa situación fue resuelta hace menos de una semana y llegamos al texto que hoy tenemos a consideración.

El Poder Ejecutivo hizo una apuesta fuerte con este proyecto de ley porque, como bien se dice –con todo realismo y veracidad– en la exposición de motivos, se disponen modificaciones tendientes a modernizar la normativa vigente contenida en un capítulo del Código de Comercio, que data de 1865. Quiere decir que en el Uruguay los seguros están regidos por una ley que tiene más de ciento cincuenta años y, por ende, hay situaciones que se deben aggiornar y también se deben agregar elementos a esta relación contractual de los seguros.

Por lo tanto, la comisión trabajó en un proyecto de ley que refleja las características actuales de los seguros ofrecidos en el mercado, en consonancia con las recomendaciones internacionales en esta materia. Además, en todo momento se buscó armonizar los derechos y deberes de las distintas partes intervinientes en el contrato de seguros con las disposiciones de la Ley n.º 17250, de relaciones de consumo, de 11 de agosto de 2000. El artículo 1.º de este proyecto de ley establece: «La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las distintas modalidades del contrato de seguros, sin perjuicio de la aplicación de las leyes especiales que rijan seguros específicos, así como de las disposiciones de la Ley n.º 17250, de 11 de agosto de 2000, toda vez que el contrato implique una relación de consumo, en lo no previsto expresamente en la presente ley.

Sin perjuicio de la naturaleza de esta ley, serán válidas las cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado».

Hice esta primera aproximación a los efectos de dar una visión general sobre este proyecto de ley.

Muchas personas contribuyeron con esta iniciativa que, como dijo una experta catedrática, está constituida por dos conjuntos de normas de contenido diverso: por un lado, las referidas al contrato de seguros, que van del capítulo I al V y el XI, que regulan el funcionamiento de esta modalidad contractual en el marco del derecho privado y, por otro, un grupo de disposiciones regulatorias que tienen que ver con la denominación de las empresas de seguros, activos y reservas en materia de obligaciones previsionales, seguro obligatorio de automotores, seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y bases de datos, que son los capítulos que van del VI al X.

Me parece que este proyecto de ley llega a sala con un apoyo importante porque, como dije anteriormente, si bien nos separaron algunos aspectos, ya venía muy trabajado de antemano. Ingresó al Parlamento con un trabajo previo realizado por el Instituto de Finanzas Públicas de la UdelaR y por sus pares de la Universidad de Montevideo y de la Universidad Católica del Uruguay, por Audea –que es la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras– y por el Banco de Seguros del Estado. Es decir que hubo un cúmulo importante de información y de análisis crítico del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y eso, sin lugar a dudas, hizo caudal entre los legisladores que intervinieron en el trabajo de la subcomisión. Por tanto, esta iniciativa está imbuida de las más modernas técnicas en el derecho comparado y me parece que esa es una garantía de la que podemos hacer una sana ostentación.

El proyecto de ley contiene 135 artículos repartidos en doce capítulos.

En el capítulo I, sección I, «Disposiciones generales», el artículo 1.º refiere a la naturaleza y el alcance del contrato de seguros. En el artículo 2.º ya se define qué es un contrato de seguros. Los siguientes artículos tienen que ver con el propio contrato, como el perfeccionamiento, la oferta al público, el objeto, el plazo y todo lo que hace a la estructura de un contrato de seguros.

La segunda sección de este primer capítulo abunda en el riesgo; la tercera habla de la póliza; la cuarta hace alusión a las obligaciones de las partes; la quinta tiene que ver específicamente con el siniestro; la sexta habla del incumplimiento y la séptima, de la prescripción.

El capítulo II refiere a los seguros de daños patrimoniales. La sección II legisla los seguros de incendios; la III, los seguros de responsabilidad civil; la IV, los seguros de hurto, y la V, los seguros de transporte. La sección VI incorpora algo muy novedoso, los seguros de riesgo agrícola –que no estaban incluidos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo–, a raíz de una intervención importante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca más el asesoramiento del Banco de Seguros del Estado y de otros actores. Siempre hubo seguro de riesgo agrícola, pero ahora tiene una nueva modalidad –no vamos a profundizar en esto, pero figura en la versión taquigráfica– y funciona bajo otros parámetros, como la capacitación del productor agrícola sobre la posibilidad de asegurar el rendimiento; es decir que ya no se trata simplemente de lo relacionado con el clima, como un granizo o la lluvia. Este es un agregado importante que se hizo con respecto a la cuestión agrícola, pero queda pendiente para otro tipo de seguros en el sistema agropecuario.

El capítulo III abunda en el seguro de las personas.

El capítulo IV aborda los reaseguros. En general, todas estas materias no son novedad, ya estaban tratadas; ahora se les da un giro nuevo, se las adapta, o sencillamente se conservan los textos antiguos. Quiere decir que es un aggiornamento del sistema de contratos de seguros. Sobre el final, obviamente, se derogan unas cuantas normas del Código de Comercio de 1865, relativas a los seguros, para que este proyecto quede como compendio o un texto ordenado vinculado a los contratos de seguros.

El capítulo VI refiere a la denominación de empresas de seguros; el capítulo VII aborda el tema de activos y reservas en materia de obligaciones previsionales; el capítulo VIII aborda el seguro obligatorio de automotores; el capítulo IX refiere al seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En el capítulo X tenemos un asunto que fue bastante discutido –creo que se llegó a una solución bastante interesante en la comisión; yo no estaba porque ya no soy miembro de ella–, que son las bases de datos de seguros. Esto es algo que el sistema estaba reclamando para dar mayores garantías en lo que es una ecuación económica, porque el contrato de seguro es una ecuación económica. Por lo tanto, se expresó la necesidad de contar con una base de datos sobre el mercado.

Como ya mencioné, el capítulo XI contiene las derogaciones y sustituciones, y el capítulo XII, «Disposiciones transitorias», consta de un solo artículo, el 135.

Sería muy difícil –aunque algún señor senador lo requiriera– entrar a analizar específicamente algún artículo, aunque supongo que lo vamos a hacer en el desarrollo de esta sesión.

En principio, quiero valorar que la subcomisión, más allá de las posiciones subjetivas que pudiéramos tener sobre el articulado, trabajó en muy buena forma. Como senador de la bancada de gobierno destaco que, más allá de que tuvimos algunas diferencias en cuanto a comas, puntos –y también en conceptos–, la oposición tomó nota de la importancia de este proyecto para el país y estuvo al pie del cañón en todas las áridas sesiones de la subcomisión. Cuando digo que la oposición apoyó es porque, incluso, hubo que hacer cuórum; en medio de tantas comisiones que integran los senadores, cuando alguien lleva el hilo conductor de la discusión es importante lograr el cuórum necesario porque si convocamos a un técnico, pero no hay número, la subcomisión –o la comisión– no puede funcionar. Este es un elemento no menor que valoramos a la hora de tener aquí, en sala, el proyecto pronto para intentar su aprobación. Quería resaltar esa situación con respecto a los senadores de la oposición que en todo momento nos apoyaron y dieron su beneplácito para que la subcomisión funcionara a pleno con quienes convocamos.

Quiero hacer una aclaración, señora presidenta –pensaba hacerla más tarde en el debate–, para ir cerrando esta primera intervención. Dado todo el material de que disponíamos, pensamos que el mérito de la subcomisión fue ordenarlo, algo que resulta complicado en el Parlamento porque son tantas las fuentes que abrevan un proyecto y tanta la materia crítica, que a veces es difícil discernir por dónde ir. Eso fue lo que tuvimos al momento de abordar la misión que nos encomendó la presidenta, senadora Moreira, que fue quien impulsó la creación de esta subcomisión.

Como recién señalé, nosotros contábamos con un cúmulo de información proveniente de diversas visiones respecto a los contratos de seguros. Por ejemplo, en los informes que escribieron los técnicos de la UdelaR había varias vetas, así como las había también en los de la Universidad de Montevideo y de la Universidad Católica del Uruguay. A su vez, estaban los privados que manejan este mercado –Audea– y el Banco de Seguros del Estado, que tiene nada más y nada menos que un 70 % del mercado asegurador; el Banco de Seguros del Estado cuenta con una participación total en el mercado de 68,4 % y en el año 2017 pagó siniestros por un valor de USD 264:000.000. Es decir que no estamos hablando de vintenes ni de un contrato que no sea muy importante para la actividad comercial del país, más allá del rubro de que se trate. Hace un rato hablamos del tema del seguro agrícola y ¡vaya si va a ser un elemento renovador y promovedor, a su vez, de esta actividad, y asegurador también de la actividad agrícola!

Entonces, señora presidenta, al momento de hacer la opción –responsabilidad que asumo y que asumí, además, frente a mi bancada– nosotros promovimos la llegada a la comisión de un ente que tiene, sin lugar a dudas, una historia importantísima en el Uruguay, diría desde que se fundó, en 1911, por decisión política de quien en aquel momento era presidente de la república, el ilustre don José Batlle y Ordóñez. Por lo tanto, señora presidenta, tal como consta en la versión taquigráfica –no puedo encontrar lo que dije entre tanto papel que tengo–, establecimos que en cuanto a la defensa de este contrato era necesario intentar ir por la línea del Estado –por más que este ha dejado de tener el monopolio en esta materia– dada la importancia que ha tenido en la historia del contrato de seguros nuestro Banco de Seguros. Esto es sin demérito de otras posiciones, pero también es cierto que había que tomar un hilo conductor en la discusión, es decir, había que decidir qué tomábamos como centro de la discusión. A mi modo de ver no fue una elección desacertada porque quien vino a comisión es una persona que tiene cuarenta años de ejercicio en el tema de los contratos de seguros y desde hace mucho tiempo es jefe de la División Legal del Banco de Seguros del Estado. Me refiero al doctor Ariel Apotheloz, quien además actuó con gran ponderación en la materia, teniendo en su ortodoxia –es un hombre ortodoxo en este tema– la suficiente apertura para escuchar –la propia versión taquigráfica da fe de ello– el sinfín de observaciones que hicieron los legisladores, tanto del Gobierno como de la oposición, y acordar redacciones y enfoques diferentes que, sin perder el hilo de lo que el Poder Ejecutivo había enviado, permitieran llegar a esta solución.

Quiero decir que este proyecto no es de Audea, del Banco de Seguros del Estado o de las universidades; este es un proyecto del Poder Ejecutivo que nace en una iniciativa del Banco Central del Uruguay, que es la entidad reguladora en materia de seguros y de empresas aseguradoras. Hago esta acotación porque quizás pueda haber alguna confusión. Esto nació con la impronta del Banco de Seguros –obviamente, antes del 2015; esa es la historia de este asunto– y el Poder Ejecutivo envía el proyecto en función de la relación que tiene el Banco Central del Uruguay con la materia del contrato de seguros.

He hecho esta introducción general sobre el tema a cuenta de lo que puedan agregar los otros miembros de la subcomisión y de la comisión. En lo personal, me alegra mucho que esta iniciativa haya llegado a esta instancia –sin mengua de algún debate que pueda darse– y que podamos dar a la Cámara de Representantes el tiempo suficiente –quizás un año o año y medio– como para que esto pueda concretarse en esta legislatura, puesto que se trata de algo absolutamente renovador y un logro largamente esperado por un sector que mueve gran parte de la economía nacional.

Es cuanto tengo para decir y agradezco el honor a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: me sumo a las palabras del señor senador Martínez Huelmo, con quien trabajamos durante un año –junto a los señores senadores Camy, Mieres y Michelini– en la subcomisión. A su vez, quiero destacar que contamos con la colaboración del doctor Apotheloz, abogado del Banco de Seguros del Estado.

Creo que, en general, este es un buen proyecto de ley que, sobre todo, señala la posibilidad de lograr consensos y acuerdos. El proyecto tiene 135 artículos y, al final del día, luego de un año de trabajo, solamente desglosamos diez u once, lo que demuestra que pudimos ponernos de acuerdo en algo así como 125 artículos, lo que no es poca cosa. A su vez, de esos diez u once llegamos aquí con solo cinco artículos en los que no estamos de acuerdo; incluso podría decir que son menos porque en dos de ellos no estamos de acuerdo en un inciso. Por lo tanto, esta pequeña discrepancia no tiene que ensombrecer ni por un minuto la posibilidad del acuerdo general.

Entiendo que este proyecto de ley ha tenido importantes avances que se fueron logrando en la comisión y que no estaban incluidos en el propio texto; uno de ellos está vinculado al capítulo de los seguros agrícolas. ¡Vaya si es importante la actividad agrícola en el Uruguay y, sin embargo, inicialmente no estaba regulada en el proyecto! O sea que se incluyó un capítulo sobre seguros agrícolas, que es la principal actividad económica del país que, además, está muy sometida a riesgos, en especial, climáticos. Por lo tanto, me parece que ese es un aspecto a destacar; me refiero a los artículos 89 y siguientes.

Por otro lado, entiendo que hay otras cosas que son muy buenas, como el que se haya aceptado introducir una modificación al literal E) del artículo 33 del proyecto de ley, que tenía un error porque ponía de cargo de los tomadores de seguros determinadas obligaciones que no podían cumplir como, por ejemplo, tener que mantener el riesgo asegurado. Si alguien asegura algo es, precisamente, porque piensa que puede tener un problema, por lo que no se le puede exigir que mantenga el riesgo.

Destaco la parte positiva de todo esto, pero como discrepamos con algunas normas, desde ya solicitamos a la secretaría que tome nota porque vamos a pedir su desglose cuando, como supongo, se solicite la supresión de la lectura y la votación del articulado en bloque. No vamos a acompañar el artículo 9.º, el primer inciso del artículo 12, el artículo 18, el primer inciso del artículo 34, el artículo 121 y el 133. ¿Por qué no lo hacemos? Porque creo que cuando uno discute un proyecto de ley, siempre tiene que ponerse en el lugar de todos los que se verán afectados. ¿A quién afecta una ley de seguros? Sin duda, a las empresas de seguros y de reaseguros –donde reaseguran el riesgo– y a los corredores, es decir, a los que los venden. Pero ¿quién es el más afectado por esta iniciativa? El asegurado, el dueño de un auto que toma un seguro; quien tiene mercadería, la transporta y la asegura. Esta es la perspectiva más importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que el asegurado es quien no tiene quién lo represente.

Lo cierto es que el Banco de Seguros del Estado, empresa mayoritaria de seguros del mercado, no solamente vino a la comisión, sino que mandó a su abogado para que redactara con nosotros el proyecto de ley. Cuando analizamos este proyecto de ley discutimos más con el doctor Apotheloz que con los otros senadores, pero no nos tenemos que olvidar de que él, con todo el conocimiento que tiene del tema, no deja de ser funcionario del Banco de Seguros del Estado y, por ende, vela por sus intereses. Eso en primer lugar.

También vinieron los representantes de las empresas aseguradoras y de los corredores de seguros, pero nunca lo hizo el defensor del consumidor, del que toma los seguros, de todos nosotros. Este proyecto de ley tenía –creo que se modificaron varios artículos– una perspectiva que estaba mayormente centrada en los beneficios de las empresas aseguradoras. Es más, muchas de las normas que estamos analizando llevan a nivel legal prácticas que ya realiza el propio Banco de Seguros del Estado; pudimos cambiar muchas de ellas, pero otras no. Por eso nos parecía que algunos artículos del proyecto, que ponen de cargo del asegurado determinadas obligaciones, no debían acompañarse. Decimos esto sin ánimo de ingresar en la misma polémica que se generó en la comisión, donde lamentablemente no tuve la claridad conceptual como para convencer a los integrantes de la mayoría. Por ejemplo, se pone de cargo del asegurado informar si contrató a varias empresas para asegurar lo mismo. Esto es sensato si uno piensa desde el punto de vista de la empresa; el seguro no es un negocio para ganar plata y cuando ocurre un siniestro no se gana dinero, sino que se resarce el daño producido. Entonces, uno no puede tener cinco o seis seguros y, si nos causan un daño, cobrarlos todos. Eso no se puede hacer y por eso las empresas aseguradoras quieren saber si el asegurado tiene más seguros contratados. ¿Cómo se soluciona esto en el proyecto de ley? Se pone de cargo del asegurado declarar que hay otras empresas aseguradoras y, además, se establece una sanción tremenda porque, si no se les informa, quedan exonerados. Es duro porque puede haber motivos para ello. Por ejemplo, uno puede tener contratado un seguro sobre un auto, pero cuando el contrato está por vencer, uno o dos meses antes contrata un seguro con otra compañía que es más barata. Ahora resulta que si ambos contratos se superponen y no se avisa, de acuerdo con este proyecto se termina el contrato. Me parece que es una sanción demasiado grave; en todo caso, se tendría que establecer que cuando el asegurado actúa de mala fe, la aseguradora queda exonerada de pagar el seguro. Creo que tendríamos que ir por ese lado. Pero hay algo más. Supongamos que el asegurado informó que contrató a varias empresas de seguros. ¿Por qué alguien podría tomar varios seguros? Puede parecer ilógico, pero no lo es. Por ejemplo, si la señora presidenta decidiera asegurar el Palacio Legislativo, ¿en cuánto lo aseguraría? ¿Cuánto costaría levantar este edificio? ¿USD 1.000:000.000? ¿USD 1.500:000.000? No sé si con esa cifra alcanza; el italiano que lo construyó ya falleció, pero supongamos que con ese dinero lo logramos. Ahora, ¿hay alguna empresa de seguros que pueda asegurar el Palacio Legislativo por esa cifra? Creo que una sola no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que contratar muchos seguros, cada uno en una proporción para poder llegar al valor. Pero ¿qué sucede? Resulta que si supera el valor el artículo 9.º prevé que las empresas pagan en proporción, pero el asegurado tiene que ir a cobrar su parte a cada una de ellas. Lo normal sería que las empresas fueran solidarias en el pago, pero, además, si una pagó de más tiene acción de repetición. Por lo tanto, me parece que este es un artículo muy bueno desde el punto de vista de las empresas, pero muy malo para el asegurado.

El artículo 12 establece que el cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado en el plazo de diez días corridos y si en ese plazo no se informa que cambió el titular no hay que pagar la indemnización. Es una sanción durísima: si en diez días no se informa que cambió el titular, ya no se tiene seguro.

Todas estas normas trasladan la responsabilidad de la empresa al ciudadano, algo a lo que lamentablemente venimos asistiendo en los últimos tiempos en el Uruguay. Resulta que la dirección que investiga los delitos del narcotráfico –el lavado de activos– no puede agarrar a los involucrados. Entonces, un día decimos a los bancos que controlen –creo que está bien pedírselo–; otro día se lo decimos a las empresas de crédito –me parece que también está bien–; otro día les exigimos ese control a los escribanos, y después lo extendemos a las inmobiliarias. ¿Por qué sucede eso? Porque no puede hacerlo quien corresponde. Una cosa es acceder a la información, pero estamos trasladando la responsabilidad al ciudadano, siguiendo algo que no es solamente de este Gobierno, porque empezó cuando se creó la figura del agente de retención en materia impositiva. «Mire, usted reténgame el impuesto y viértalo. Usted no tiene que pagarlo». Acá otra vez estamos trasladando al asegurado una obligación que es de una empresa: la de informar dentro de los diez días que cambió el titular y, si no lo hace, cae el seguro. Parece ser un poco mucho.

Lo mismo pasa con el artículo 18 que habla del agravamiento del riesgo. Póngale, señora presidenta, que usted tiene su chacra asegurada, pero resulta que el vecino agarró la motoniveladora, empezó a mover la tierra y a raíz de eso a usted se le empezaron a mover los cimientos. Usted tiene su casa asegurada, pero ¿qué hizo el vecino? Agravó su riesgo porque la casa, que estaba bien asentada, se empezó a mover, por lo que tiene un riesgo mayor que cuando se la aseguraron. Entonces, por ese agravamiento del riesgo usted tiene que salir corriendo inmediatamente a notificarlo. Y si la motoniveladora era suya, se la prestó y agravó la situación, tendría que haber avisado antes de prestarla. Entiendo que las grandes empresas tengan que hacer eso, pero ¿usted? Recuerdo que nos dieron el siguiente ejemplo: si tiene un auto y se le rompen los frenos, tiene que avisar que tiene el auto con los frenos rotos. Me parece que es un riesgo demasiado grande.

Sin embargo, lo increíble es lo que pasa con el artículo 19, que adelanto voy a votar. El artículo 19 establece que cuando hay agravamiento del riesgo, usted avisa y, cuando lo hace, se suspende por quince días la póliza. En ese plazo usted tiene que ponerse de acuerdo en modificar el contrato y, si no lo hace, el contrato renace. Quiere decir que si no avisó, caduca; pero si avisa, tiene que aguantarlo la empresa. Cuando estudiamos el artículo nos pareció que había una contradicción.

No quiero que estas críticas ni por un instante afecten el articulado en general, que es muy bueno y en el que creemos, pero entiendo que hay aspectos que se podrían mejorar. Este proyecto de ley va a ir a la Cámara de Representantes y seguramente allá lo modificarán; sin embargo, nunca es bueno remitir un proyecto para que la otra cámara le tenga que hacer modificaciones. De todos modos, esto se lo comunicaré al diputado Pasquet, que integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración por el Partido Colorado y seguramente él tratará de mejorarlo.

Luego, el inciso primero del artículo 34 refiere a la carga de informar el siniestro. Ocurre un siniestro y el tomador, asegurado o beneficiario, o quien tuviere interés, tiene la carga de informar la ocurrencia del siniestro al asegurador en forma inmediata y, además, la carga de formalizar la denuncia dentro de los cinco días corridos de ocurrido el siniestro. Tengo asegurado mi auto, voy por avenida Italia, me pego una piña y termino en el CTI. Cuando me están llevando, grito: «Che: mirá que dentro de cinco días tenés que hacer la denuncia del accidente porque si no caduca la póliza». ¿Cómo solucionó eso el Banco de Seguros del Estado? Incluyendo en el artículo la expresión: «o quien tuviere interés». Si soy familiar o amigo –y tengo interés en que a mi amigo le vaya bien–, tengo que saber que tenía un seguro y salir corriendo al Banco de Seguros del Estado a denunciar el hecho. ¡No! Parece un poco mucho esa perspectiva desde el interés de la empresa frente a la perspectiva del interés del asegurado porque, en definitiva, si procedió bien, lo que uno siempre tiene que tratar de lograr en estas leyes es que pervivan las obligaciones. Si pagué el seguro, entonces tengo cobertura; no me parece que debería quedarme sin cobertura si en cinco días no salgo corriendo a hacer la denuncia.

Sin embargo, este artículo tiene una cosa buena: las empresas de seguros pueden exonerar a los asegurados de permanecer en el lugar del siniestro. ¡Las empresas de seguros! ¿Qué es lo que vemos nosotros, que andamos por este Montevideo que cada día tiene más tránsito? Si hay un choque –y no le digo nada de lo que ocurre si sucede a las 08:30 o 09:00 por avenida Italia, 8 de Octubre o los accesos–, ¿qué pasa? Que no se puede mover el auto, pero no porque hubo accidentados y está el juez, sino porque las empresas de seguros no lo dejan. Entonces, se paran ahí, tienen que dejar todo quieto y llamar a la empresa de seguros para que mande la camioneta, afectando a miles de personas en la ciudad. Ahora resulta que las empresas de seguros pueden autorizar a retirar el auto; no la Intendencia ni la Policía. Por lo menos es un avance para ver si podemos terminar con eso.

(Ocupa la presidencia el señor Luis Alberto Heber).

–Luego está el artículo 133, que no mencioné en comisión –por lo que pido disculpas– porque lo advertí cuando revisé la ley. Esta disposición deroga unos artículos del Código de Comercio. Creo que una ley posterior deroga todo lo anterior cuando trae soluciones distintas. Entonces, automáticamente todas las normas del Código de Comercio que se oponen a esta ley quedan derogadas, pero como abogado siempre me da un poco de miedo decir que derogo al barrer todo un capítulo del Código de Comercio y también –así, al barrer– otro capítulo del Código de Comercio porque, además, puede haber remisiones de otras partes del mismo código con soluciones similares. No voy a citar el desgraciado caso de la ley de lavado de activos que se votó acá, ni la desgraciada inclusión de la palabra «derógase». Creo que jurídicamente no tiene el alcance que le quieren dar, pero en el peor de los supuestos generamos una duda que podríamos haber evitado. Recuerdo que cuando discutimos esa ley el senador Larrañaga pidió que volviera a comisión porque no estaba pronta, cosa que nosotros apoyamos calurosamente. Entendíamos que debía volver a comisión porque no habíamos podido estudiarla bien. Me da bronca, señor presidente, que se haya votado una ley que vimos que no estaba pronta porque consideramos que el capítulo de las responsabilidades penales estaba mal e incompleto –y lo votamos en contra–, pero nos comimos esa derogación de normas penales creyendo que no votando las nuevas estábamos cumpliendo con lo que teníamos que hacer.

Pues bien, en este caso, el término «derógase» es peligroso. Me pregunto: ¿por qué no dejamos que una ley posterior en el tiempo cumpla su función natural? Si la solución que propone es distinta a la que está vigente, derogará la ley anterior. Eso es así de claro y no me metería en esas honduras.

Reitero mi concepto en cuanto a que se trata de un muy buen proyecto de ley, hubo acuerdo en 125 artículos y destaco especialmente todo lo bien que se trabajó en la subcomisión de seguros. Pienso que este buen trabajo en la subcomisión debería ser motivo para volver a conformar nuevas subcomisiones a efectos de empezar a sacar la cantidad de proyectos de ley que están a consideración de la Comisión de Constitución y Legislación, que son muchísimos. En este sentido, estamos dispuestos a seguir esta metodología de trabajo pues nos parece muy buena.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: en primer lugar, como integrante de la Comisión de Constitución y Legislación y de la Subcomisión para el Estudio del Proyecto de ley de Contratos de Seguros –creada a efectos de acelerar el trabajo sobre un proyecto de ley de tanta importancia–, quiero agradecer el tiempo dispuesto por los senadores de todos los partidos y, de manera especial, a los funcionarios de la comisión, habida cuenta de que llevó un tiempo prudencial de trabajo.

Este proyecto de ley ingresa formalmente a consideración de la comisión en el 2015. El pasado año, la subcomisión se reunió en siete sesiones y ello supuso un tratamiento cronológico bastante importante, en comparación con el estudio de otros proyectos. A este respecto, me interesa mencionar, en particular, el trabajo del señor senador Martínez Huelmo, quien tuvo una dedicación particular como presidente de la subcomisión.

Tal como señaló el senador Bordaberry, en un proyecto de 135 artículos, logramos consensuar casi 130. Además de los artículos referidos por el señor senador, tuvimos y planteamos algunas diferencias sobre otros, por lo que presentaremos a la Mesa tres textos sustitutivos.

Como se ha señalado, el Código de Comercio que rige en la actualidad regula tres tipos de contratos de seguros: agropecuario, contra incendio y de vida. La Ley n.º 16426 desmonopolizó el Banco de Seguros del Estado con relación a la actividad aseguradora, exceptuando lo que refiere a seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El 31 de agosto de 2015 el Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley por el que propone actualizar las normas que regula el mercado asegurador.

El 23 de noviembre de 2015 la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras envió una propuesta de ajustes a dicho proyecto, lo que fue un insumo de trabajo importante.

El 25 de enero de 2016 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remitió también una nota referida al proyecto, fundamentalmente a su artículo 125, lo que también representó un insumo que consideramos.

El 28 de marzo de 2016 la Universidad Católica del Uruguay cursó una nota en el mismo sentido, en la que destacaba algunos aspectos trascendentes y alertaba que no estaba de acuerdo en que la norma fuera de orden público. Destacaba, asimismo, la omisión en el proyecto original del Poder Ejecutivo de regular los seguros agrícolas y, en forma particular, hacía referencia también al artículo 92.

El 14 de abril de 2016 recibimos una nota de la Unasev en la que se incluía una opinión trascendente, en nuestro caso para no votar uno de los artículos e, incluso, proponer uno de los sustitutivos que vamos a alcanzar.

El 21 de abril de 2016 las cátedras de derecho internacional privado de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay dan un informe conjunto, fundamentalmente sobre los artículos 112 y 113, que también constituyó otro insumo de trabajo.

Señor presidente: el Partido Nacional está en condiciones de votar en general el proyecto de ley tal como salió de la comisión, fundamentalmente porque se han contemplado dos grandes carencias que mantenía la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2015. La primera es que se omitía la regulación de los seguros del agro, por lo que en forma acertada la comisión agregó, como se expresó, una sección relativa a seguros agrícolas, que era parte del reclamo que nos hicieron llegar la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, las cátedras de la UdelaR, de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Montevideo y el propio Banco de Seguros del Estado.

Es imprescindible destacar que no solo resultaba incoherente dejar de lado la regulación de este tipo de cobertura porque –como se señaló oportunamente– se encontraba regulado por el viejo Código de Comercio, que es de 1865, sino, además, porque nadie puede discutir la importancia que hoy tiene el sector agrícola en el país. A modo de ejemplo, podemos decir que los cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, o los de verano, como la soja y el maíz, pueden ser cubiertos contra el granizo, el incendio, el viento o las heladas. Naturalmente que estos seguros constituyen una garantía para el trabajador del campo. Por tanto, es más que merecido que se contemplen en este cuerpo normativo.

A continuación, haré referencia a la segunda carencia que presentaba el proyecto de ley. El Banco de Seguros del Estado, mediante una nota que envió el 10 de agosto del año pasado a la comisión, presentó una propuesta intermedia a efectos de subsanar el problema que presentaba el proyecto original del Poder Ejecutivo. Este problema consistía en que quedaba en manos del Parlamento definir si la norma debía ser de orden público –esto es, con palabras simples y menos jurídicas, que no exista posibilidad de evadirla por acuerdo de partes y, si resultara del caso, aplicarla en beneficio de los usuarios– y si este carácter debíamos aplicarlo necesariamente al capítulo IV de la ley, relativo a reaseguros.

Durante varias jornadas se plantearon las dificultades que traería aparejada la aplicación lisa y llana de la condición de orden público a los contratos de reaseguros. Recordemos que los riesgos que se aseguran en nuestro país, suelen reasegurarse, a su vez, en otras aseguradoras de otros países a efectos de dispersar el riesgo. Pensemos, por ejemplo, en las grandes superficies forestales o en las grandes superficies agrícolas cuya cobertura no puede ser soportada por una sola compañía de seguros. Los operadores del sistema nos informaron que, por las dimensiones del mercado asegurador nacional, las empresas extranjeras procedían al reaseguro con condiciones contractuales ya preestablecidas y tendientes a imponer una jurisdicción competente que no siempre es la uruguaya. Por lo tanto, de haber mantenido rígidamente la aplicación del carácter de orden público en los contratos de reaseguros, se corría el riesgo de frustrar algunos contratos de gran porte. Finalmente, la norma será de orden público en garantía de los usuarios del sistema, pero con la posibilidad de que no se aplique para el caso de los contratos de reaseguros.

De esta manera, con la nueva redacción de los artículos 117 y 119 del proyecto de ley se instrumenta una especie de válvula de escape para aquellos negocios de gran porte en los que los reaseguradores imponen la cláusula de jurisdicción aplicable en caso de litigio.

En cuanto a los artículos 18, 19, 20, 33 y 70, que refieren al agravamiento de los riesgos, queremos señalar que entendemos que son muy discutibles y que merecen reflexiones en ambos sentidos. El proyecto de ley viene con la impronta de las empresas aseguradoras, tanto del Banco de Seguros del Estado como de las privadas que participaron de la redacción original, mientras que los usuarios del sistema no participaron formalmente de ninguna instancia. Esto lo señalaba con gran claridad y recurrió a ello el señor senador Bordaberry en varias oportunidades. Por eso, en algunos casos votamos el articulado y en otros vamos a presentar algunos sustitutivos, como ya expresamos.

Respecto a la creación de la base de datos sobre seguros y el registro de póliza de seguros de vida, más allá de los ajustes de redacción que puedan darse, en otras instancias resultan de mucha utilidad y fueron reclamados por los operadores del sistema. Por tanto, celebramos su implementación en este proyecto.

Por último, nos interesa dejar una constancia clara con respecto al desarrollo del mercado asegurador. Tanto en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo como en el que resultó del trabajo final de la comisión se hace una mención tangencial a la tarea de los corredores de seguros. Si bien esta norma no está dedicada a la regulación de la labor de los operadores intermediarios de los seguros, es evidente que el éxito de una buena gestión aseguradora depende de su experiencia y formación. Entiendo que el Parlamento se debe un debate sobre la intermediación de seguros, porque si hay algo que tenemos claro es que no queremos seguros sin un buen asesoramiento previo y para eso es imprescindible la participación de los corredores de seguros.

Señor presidente: para culminar quiero señalar que hemos realizado tres propuestas sustitutivas que no son conceptualmente muy distantes, pero comprenden algunos pequeños detalles que nos alejan del marco de la amplia aprobación que tenemos del proyecto de ley en general. Una de ellas refiere al artículo 12 «Cambio de titularidad» de los seguros, en el que se mantiene la idea central del articulado aprobado en comisión referente al cambio de titularidad de un bien asegurado –ya sea que se produzca por causa de transferencia entre personas vivas, como en el caso de una compraventa, o por herencia–, pero se propone un plazo de veinte días para notificar al asegurador. Este es un plazo intermedio entre los diez días que sugiere el Poder Ejecutivo y los treinta días que propone Aproase.

En el segundo inciso se elimina «debidamente probado por quien lo alega». Esto fue propuesto por el señor senador Bordaberry en la Subcomisión para el Estudio del Proyecto de Ley de Contratos de Seguros porque es imposible que alguien pruebe lo que no hizo o desconoce. A nuestro juicio, se propone descartar esta frase porque resulta abusiva, injustificada y en claro perjuicio del asegurado.

Respecto al literal D) del artículo 33, planteamos un sustitutivo en la misma línea de defensa al asegurado. La propuesta es muy sencilla: transferir al asegurador la responsabilidad de proporcionar un formulario amplio y completo al cliente por ser, de alguna manera, quien redacta el contrato de seguros. Entendemos que obligar al ciudadano común a conocer «todas las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo», resulta excesivo. A nuestro juicio, alcanza con el resto del articulado para imponer condiciones de comunicación al asegurador en caso de agravamiento del riesgo.

Finalmente, en relación con el artículo 126 quiero hacer la siguiente apreciación. En su nota enviada a la comisión, con fecha 14 de abril de 2016, la Unidad Nacional de Seguridad Vial –Unasev–, da cuenta de que no se encuentra en condiciones de actuar como centro de distribución de reclamos. El 10 de agosto de 2017 el Banco de Seguros del Estado también nos remitió un informe sobre la redacción de este artículo, en el que nos hace saber que, más allá de ser una apreciación de mérito, el hecho de trasladar el ya existente centro de distribución a cargo del Banco Central del Uruguay a la Unasev sería recargar a este sistema con una responsabilidad más, que se agregaría a las numerosas competencias que tiene asignadas.

A raíz de varias intervenciones de la subcomisión, surge que la intención manifiesta era mantener la distribución a cargo del Banco Central del Uruguay. Por eso, simplemente hemos mantenido la redacción del proyecto de ley original cambiando la Unasev por el Banco Central del Uruguay, modificando levemente una oración sugerida por el documento aportado en forma conjunta entre Audea y el Banco de Seguros del Estado.

Es cuanto queremos informar respecto a la posición del Partido Nacional sobre esta iniciativa.

Termino mi exposición reiterando que ha sido un trabajo arduo y que agradecemos a todos los miembros de la comisión y de la subcomisión –que supuso trabajar muchísimo–, especialmente, al señor senador Martínez Huelmo que asumió su presidencia, así como a los funcionarios.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Muchas gracias, señor presidente.

Me sumo a las anteriores intervenciones en las que se destaca el trabajo realizado y el resultado francamente consensual en casi todos los aspectos, salvo las excepciones que se acaban de señalar.

En términos generales, esta es una materia muy compleja y, al mismo tiempo, muy importante porque gravita en la vida de los ciudadanos de manera múltiple, variada y, obviamente, con un impacto significativo, pues se trata nada menos que de regular el mecanismo por el cual se atienden los riesgos que las personas tienen en su vida cotidiana, a nivel personal, laboral, etcétera.

Fue un trabajo complejo y escuchamos a todos los actores interesados en la materia, con la única excepción –como ha dicho reiteradamente el señor senador Bordaberry– de los asegurados, que no tienen una organización que los nuclee. Se supone que somos nosotros quienes, como representantes de la ciudadanía, tenemos que hacernos cargo de ese interés general, por lo que, nuestra preocupación se ha centrado en mantener un equilibrio razonable.

Es cierto que debe destacarse el aporte del doctor Apotheloz, quien desde su rol en el Banco de Seguros del Estado fue un asesor permanente en todo el proceso de debate de las distintas disposiciones.

Pensamos que el resultado es ampliamente favorable, por lo que simplemente marcamos tres artículos con cuya redacción actual no estamos de acuerdo. Uno es el artículo 126, que tiene que ver con la atribución a la Unasev de una tarea que es realmente ardua y que la propia unidad señaló que no estaba en condiciones de realizar.

Otro es el artículo 131 que refiere a la base de datos que pueden manejar las empresas aseguradoras, que voy a pedir que se desglose de la votación en general en la medida en que, si bien la redacción final es bastante más cuidadosa de lo que fue la versión original, seguimos teniendo algunas dudas de hasta qué punto este manejo de base de datos no afecta los derechos de los ciudadanos a la privacidad o tiene algún tipo de colisión con las normas más generales que regulan la base de datos.

Finalmente, compartimos la misma preocupación del señor senador Bordaberry en relación con el artículo 133 –para el que tratamos de encontrar una redacción alternativa–, que dispone la derogación de ciertos artículos específicos del Código de Comercio con la precaución de que esas derogaciones específicas puedan afectar de alguna manera los contratos de seguros vigentes y que tengan efectos más allá de lo que el legislador –es decir, nosotros– quiere atribuir.

Salvo los artículos 126, 131 y 133, los demás los hemos votado favorablemente en comisión y, como es obvio, vamos a acompañar en general un trabajo muy arduo. Entiendo que la comisión hizo bien en reconocer al señor Martínez Huelmo otorgándole el carácter de miembro informante, porque fue quien tuvo a su cargo esa tarea durante todo el año pasado.

Muchas gracias.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: hoy estamos aprobando un proyecto que, como bien se dijo, tiene una larga historia en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Este proyecto llevó mucho trabajo y –compartiendo lo que dijeron los integrantes de la comisión– también fue arduo y complejo porque tuvo que convivir con otras obligaciones en ese cuerpo, como ser la aprobación de las normas vinculadas al CPP, que tenían como plazo para su aplicación el 1.º de noviembre del año pasado. Este asunto también convivió con la consideración de muchos proyectos, tal como lo expresó el senador Bordaberry, así como con el impasse que debemos hacer necesariamente –aunque alguna vez lo transgredimos– para el tratamiento del presupuesto y la rendición de cuentas. Sin embargo, la metodología de trabajo en subcomisión, que todos valoramos como más que eficiente, ayudó a que un proyecto que, a mi juicio, es más que importante, pudiera tener el necesario análisis como para que hoy lo estemos aprobando para elevarlo a la Cámara de Representantes.

Voy a transcribir parcialmente la exposición de motivos de este proyecto –que, como se dijo, tiene su iniciativa en el Poder Ejecutivo–, que dice lo siguiente: «El proyecto que se remite tiene por objetivos principales modernizar la normativa vigente sobre contratos de seguros, y fortalecer el marco regulatorio e institucional de los seguros previsionales. Se proponen también, modificaciones tendientes a aumentar la eficiencia y el respaldo del Banco de Seguros del Estado en la actividad de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se incluyen, además, otras modificaciones relacionadas con la creación de una base de datos de seguros y con el funcionamiento del Seguro Obligatorio de Automotores». Hasta acá el acápite de la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, a lo cual quiero agregar, como bien se dijo, la introducción posterior de un capítulo vinculado a los seguros agrícolas que, de alguna manera, todos compartimos que era más que pertinente y necesario.

No se me escapa y quiero señalarlo como bien lo han hecho otros integrantes de la comisión –aclaro que no integré la subcomisión–, el valor del trabajo del senador Martínez Huelmo en la subcomisión creada para el tratamiento de este proyecto, que él presidió. Esta metodología de trabajo es recomendable cuando, en comisiones del Parlamento –en este caso la de Constitución y Legislación–, se tiene una cantidad enorme de proyectos que no pueden abordarse simultáneamente y que necesitan de una atención más focalizada, como el que estamos analizando en el día de hoy. Como bien se expresó, se trata de un proyecto con 133 artículos, que podemos decir que han sido densos y que merecieron y merecen un análisis particular.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–Cuando los proyectos vienen acordados y han sido aprobados por unanimidad, no generan expectativas. Si miramos a la barra, veremos que no hay medios de comunicación. Por tanto, este aspecto también lo quiero remarcar. En el marco de los acuerdos y desacuerdos en este ámbito político por excelencia, me parece que poder abordar y trabajar en un proyecto de esta importancia con un acuerdo básico y sustancial –aspecto que ha sido resaltado por quienes me han precedido en el uso de la palabra– es fundamental porque hace al fortalecimiento del sistema político. Creo que es importante en este momento señalar esta cuestión.

Por otro lado, culminado el trabajo de la subcomisión, la Comisión de Constitución y Legislación se abocó a la votación, como corresponde, del proyecto. Primero se votaron todos los artículos que generaban consenso y luego trabajamos en la comisión los artículos que no habían sido acordados en la subcomisión. Y estos artículos –algunos de los cuales ya fueron mencionados por los senadores que me precedieron en el uso de la palabra–, además, generaron un intercambio que, a mi juicio, también fue trascendente porque no se discutió desde el punto de vista de la posición de cada uno, sino buscando un intercambio que favoreciera un entendimiento, que en algunos casos se concretó y en otros se logró parcialmente. A mi entender, las miradas diferentes que sobre este tema se plantearon en la comisión no hicieron otra cosa que enriquecer el producto final que hoy estamos considerando.

Independientemente de que ya se ha señalado que van a desglosarse algunos artículos por las razones que se expusieron, quiero resaltar en esta breve intervención los conceptos que vertí, vinculados a la importancia de la búsqueda de consensos cuando existe una disposición, no solo al trabajo, sino a escuchar los argumentos esgrimidos, a los efectos de mejorar la redacción de los artículos o, como se planteó, para no generar dudas respecto a lo que pudiera ser la interpretación posterior de lo que estamos aprobando en comisión.

Por lo tanto, mi breve intervención es para remarcar estos aspectos. No dejo de reconocer también el trabajo de la secretaría de la comisión, que es más que importante y, a veces, hasta tedioso, pero que es imprescindible en una comisión que aborda temas de tanta densidad. En consecuencia, es importante contar con ese soporte de los funcionarios de la casa y, también, los asesoramientos que oportunamente tuvimos.

Era cuanto tenía para manifestar. Agradezco la posibilidad de intervenir sin ser integrante de la subcomisión, que trabajó –reitero– de manera muy rigurosa y con mucha dedicación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: el seguro es un producto que se origina en un relacionamiento contractual y, por lo tanto, debe guardar un equilibrio económico –que lo guarda– como también un equilibrio moral. Voy a apuntar a la línea de razonamiento del doctor Apotheloz. Quizás esta ley puede ser exigente, porque sobre el contrato de seguros –es más que conocido– existe la posibilidad del fraude y, por lo tanto, la norma debe prever esta situación. Reitero: la ley debe ser exigente, como lo son esta y las demás normas vinculadas a mantener un equilibrio contractual, económico, financiero, porque hay que recordar que se trata de un negocio. Desde ese punto de vista, me parece que esta ley guarda un importante equilibrio, que es lo que hemos sostenido en todo el periplo del examen de la ley.

Es verdad que los usuarios no participaron, aunque podrían haberlo hecho. Nosotros escuchamos a todos; y quien hubiera querido concurrir a la comisión, así como a la subcomisión, podría haberlo hecho, sobre todo, tratándose de una ley de esta envergadura.

Como curiosidad, me pregunto dónde estaban los asegurados en 1865 o en 1911, cuando Batlle y Ordóñez creó el Banco de Seguros del Estado. Creo que la garantía estaba en el propio sistema porque este no impone nada, sino que el contrato es de libre concurrencia.

Por lo tanto, señora presidenta, el sistema ha ido tomando las garantías suficientes como para ser hoy lo que es: un sistema vigoroso desde todo punto de vista, que seguramente con este proyecto de ley se va a potenciar y mejorar.

También quería decir que la bancada de gobierno va a sostener lo que llegó de comisión. Obviamente, entendemos que los desgloses son una buena manera para que los temas se mantengan en discusión, porque por algo tenemos un sistema bicameral. Por lo tanto, seguramente estas discusiones y estos debates –que son importantes y de fondo– se van a reeditar en la Cámara de Representantes.

Además, con respecto al artículo 133 –cuyo desglose ha solicitado el señor senador Bordaberry–, queríamos decir que recién estábamos conversando con el presidente de la comisión, el doctor Charles Carrera, y con los senadores Pablo Mieres, Carlos Camy, Constanza Moreira, Patricia Ayala y Daniela Payssé –que son miembros de la comisión–, que vamos a usar un sistema –de los varios que hay para derogar– por el cual, en lugar de decir: «Deróganse los artículos 634 al 699, 1327 y 1423 al 1432 del Código de Comercio», se exprese: «Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley». Esto contaría con el consenso de toda la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara y arranca, también, de nuestra asesoría, porque ya lo habíamos previsto.

No quiero introducirme en el tema del lavado de activos, pero está bien tomar algunas prevenciones, sobre todo, para ciertas interpretaciones aviesas de los abogados que, en el legítimo derecho de la defensa de sus clientes, pueden hacer una libre interpretación de los textos legales que emite el Parlamento.

También hay que decir, con respecto al lavado de activos –ya que se introdujo el tema–, que la Justicia ya estaba operando en el sentido que aprobó el Parlamento, porque tanto la jueza Larrieu como el fiscal Pacheco denegaron la ponencia del doctor Salle. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta y hacer la aclaración en este momento porque estamos muy tranquilos, desde todo punto de vista, con respecto al lavado de activos.

Señora presidenta: por ahora no tenemos nada más que decir, excepto que omitimos agradecer a la secretaría de la comisión, que tuvo que manejarse con un sinfín de comparativos. Este fue un proyecto de ley complejo, pero la secretaría siempre estuvo dispuesta a hacer el seguimiento de cada alocución para que coincidiera con los artículos y a brindarnos el máximo apoyo a los efectos de que todos los legisladores pudiéramos llegar a esta instancia con total tranquilidad parlamentaria.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

El señor senador Bordaberry ha propuesto que se suprima la lectura y se vote en bloque el proyecto de ley, menos las disposiciones cuyo desglose ha sugerido: el artículo 9.º, el primer inciso del artículo 12, el artículo 18, el inciso primero del artículo 34 y los artículos 79, 121, 126, 131 y 133.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: estamos de acuerdo con el desglose de todos esos artículos, pero no escuché si se ha incluido el artículo 18.

SEÑORA PRESIDENTE.- Sí, señor senador.

Se va a votar el criterio de aprobación sobre el que estuvimos conversando.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque todo el articulado, menos lo que ha sido desglosado.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

Del artículo 12 solo se ha desglosado su inciso primero, por lo que procederíamos de la siguiente manera: votaríamos todo el artículo, menos su inciso primero y luego haríamos lo propio con ese inciso, si los señores senadores están de acuerdo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 menos su inciso primero.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha llegado a la Mesa un sustitutivo del inciso primero.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado por el tomador al asegurador en el plazo de veinte días corridos. La falta de notificación en plazo liberará al asegurador de su obligación de indemnizar, salvo causa extraña no imputable al tomador».

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador para fundamentar esta propuesta.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: la fundamentación mantiene la idea central del artículo aprobado en comisión, referente al cambio de titularidad de un bien asegurado, ya sea que se produzca por causa de transferencia entre personas vivas –como puede ser una compraventa– o por una herencia. Lo que se propone es que el plazo sea de veinte días para notificar al asegurador, que es un lapso intermedio entre el que propone el Poder Ejecutivo –que es de diez días– y el que sugerí que se aprobara, que es de treinta días.

Asimismo, en el artículo se elimina la parte del inciso que dice «debidamente probado por quien lo alega». Tal como lo manifestó en la subcomisión de contratos de seguros el señor senador Bordaberry, solicitar que alguien pruebe lo que no hizo o lo que desconoce es imposible. Por tanto, a nuestro juicio, se impone descartar esta frase que resulta totalmente abusiva, injustificada y en claro perjuicio del asegurado.

SEÑORA PRESIDENTE.- Hemos votado todos los incisos, menos el primero del artículo 12 y ahora estamos considerando el inciso primero y un sustitutivo propuesto por el señor senador Camy.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: voy a decir algo para ordenar el trabajo.

Estamos sometidos a un régimen bicameral y en esta materia puede haber infinitas situaciones fácticas, no me cabe la menor duda. Fíjese, señora presidenta, que estuvimos discutiendo largo y tendido el artículo 81 que refiere a la venta de productos con seguro de hurto incluido, que es una ventaja para el consumidor, y había quienes querían anularlo. En el seno de la comisión eso se discutió largo y tendido, tanto sobre sus conveniencias como sus inconveniencias.

Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil, señora presidenta, venir a sala y observar las conveniencias e inconveniencias de un sustitutivo del artículo 126 que se presenta en el paquete que acaba de proponer el señor senador Camy por el Partido Nacional.

Como dije, situaciones fácticas en esta materia puede haber infinitas y podríamos pasarnos el día entero analizándolas, como sucedió en comisión.

Por lo tanto, señora presidenta, sin mengua de que no se considere este asunto, me parece lógico sostener que apoyamos el proyecto tal cual vino de la comisión, expedido legítimamente después de un año de examen.

SEÑORA PRESIDENTE.- Para referirse al tema, tiene la palabra el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Quería pedir que se reconsiderara el artículo 12. Como se habían votado algunos incisos, íbamos a pedir que se reconsiderara esa votación para ver si se consideraba esto. Pero ya está.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Nosotros habíamos votado el artículo 12 –como se pidió–, desglosando el primer inciso, que es el que ahora estábamos considerando. El señor senador Camy planteó un sustitutivo, se leyó y ahora tenemos que votar el primer inciso. ¿Hay acuerdo?

SEÑOR BORDABERRY.- Nosotros votamos todo el artículo 12 exceptuando el inciso primero. El señor senador Camy, con la firma de varios senadores, entre los que me incluyo, presentó un sustitutivo de todo el artículo, que incluye lo ya votado. Por lo tanto, ¿cómo podemos considerar el sustitutivo si ya se votó el artículo?

Por eso solicité que se reconsiderara la votación anterior, porque de lo contrario no se va a poder votar el sustitutivo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Para ordenar la discusión, primero vamos a votar si se reconsidera el 12 y después la versión que viene de comisión o la sustitutiva.

Se va a votar la reconsideración del artículo 12.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso primero del artículo 34.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

El resto del artículo ya había sido aprobado.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Para fundar el voto, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- En realidad, para hacer una aclaración. Cuando hicimos la exposición general, ya explicamos –para ahorrar tiempo al Senado– por qué no votábamos estos artículos; por eso no fundamentamos cada vez que se vota.

SEÑORA PRESIDENTE.- De todas maneras yo lo pregunto, porque no quiero cercenar a nadie el uso de la palabra.

En consideración el artículo 79.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: quería pedir que este artículo se votara por incisos.

SEÑORA PRESIDENTE.- En ese caso, hay que reconsiderar el artículo.

Se va a votar la reconsideración del artículo 79.

(Se vota).

28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 79, que tiene 3 incisos.

En consideración el inciso primero.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso segundo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso tercero.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 121.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 126.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Quiero recordar que presentamos un sustitutivo de este artículo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo sustitutivo presentado por varios señores senadores.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 126: Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 18.412, de 17 de noviembre de 2008, por el siguiente:

Artículo 22 (Procesamiento de los reclamos por coberturas especiales). En los casos considerados como COBERTURAS ESPECIALES a los que refiere el artículo 19 de la presente ley, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros será la responsable de la asignación de una entidad aseguradora para procesar este tipo de reclamos, operando a tales efectos como centro de distribución. La adjudicación entre las entidades aseguradoras se hará en proporción a las coberturas de automotores, de acuerdo a cada categoría de automotores, comercializadas anualmente por las entidades aseguradoras que brindan estos servicios. Para determinar la proporción de los reclamos que deberá atender cada aseguradora, estas empresas deberán informar a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros la cantidad de contratos de seguros automotores celebrados durante el ejercicio anterior, los importes pagados por reclamos asignados por el centro de distribución, los casos denegados y los casos en estudio. El plazo para remitir esta información no podrá superar los diez días a contar desde el 31 de diciembre de cada año.

Anualmente el Banco Central comunicará a las entidades aseguradoras las compensaciones recíprocas que deberán realizar para que los montos indemnizados guarden debida relación con los contratos celebrados. Las compensaciones recíprocas serán obligatorias para las entidades aseguradoras.

Si se procediera judicialmente según el artículo 13 de la presente ley, la acción deberá dirigirse contra la misma empresa aseguradora indicada por el centro de distribución».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar el artículo 126 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 131.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 133.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Hay un sustitutivo acordado por las bancadas.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palaba el señor senador Martínez Huelmo para presentar el sustitutivo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: hubo acuerdo entre todos los miembros de la comisión para que el artículo 133 se sustituyera por el siguiente texto: «Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley».

SEÑORA PRESIDENTE.- Vamos a considerar, en primer término, el artículo tal como vino de comisión. Luego pasamos al sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

En consideración el texto sustitutivo, propuesto por el señor senador Martínez Huelmo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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17) PROYECTO PRESENTADO

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con el Instituto Nacional de Colonización.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Antecedentes).

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18) TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas, y suscrito por la república en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2017. (Carp. n.º 1047/2018 - rep. n.º 625/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

19) MOZOS DE CORDEL

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra por una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Gracias, señora presidenta.

Mociono para que se declare urgente y se considere en la presente sesión la carpeta n.º 917/2017, relativa a la Unión de Mozos de Cordel, que fue aprobada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La comisión acordó que el miembro informante fuera el señor senador Otheguy.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se declara urgente y se considera en la presente sesión la carpeta a que se acaba de referir el señor senador Castillo.

(Se vota).

–25 en 28. Afirmativa.

Repártase.

(Así se hace).

20) TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES

SEÑORA PRESIDENTE.- Estábamos en la discusión general del tercer punto del orden del día.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señora presidenta.

En este caso vamos a considerar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Sin duda, se trata de un tema que, en los días que transcurren, nos hace ver la necesidad de ratificar, como Estados partes, estos instrumentos a nivel mundial para asegurar la paz.

Uruguay tuvo mucho interés en el proceso de discusión de este tratado que, efectivamente, constituye una hoja de ruta para un mundo libre de armas nucleares. Como es sabido, nuestro país –que no posee armas nucleares; que es miembro de la primera zona libre de armas nucleares establecida en Tratado de Tlatelolco; que también es miembro de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, Zopacas, y que es parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares– ha estado comprometido con el fortalecimiento del régimen de desarme y no proliferación, y aboga por un mundo libre de armas nucleares.

La política exterior de Uruguay privilegia y promueve la necesidad de seguir avanzando en negociaciones universales y transparentes en las que participen todos los países, independientemente de su tamaño y de su poder, con el fin de alcanzar estos objetivos.

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, del que somos Estado parte, constituye la piedra angular del régimen de desarme y de no proliferación nuclear, y requiere de una aplicación equilibrada de sus tres pilares: el desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear.

Es imprescindible alcanzar la total eliminación y prohibición de las armas nucleares, y la efectiva implementación del artículo 6.º del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que establece el compromiso de celebrar negociaciones de buena fe sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional.

El instrumento jurídicamente vinculante que prohíbe las armas nucleares y conduce a su total eliminación tiene carácter complementario de las disposiciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y, a nuestro juicio –esto fue un debate dado durante la construcción de este tratado–, de ningún modo debilita ese tratado sino que, por el contrario, fortalece el régimen de no proliferación de armas nucleares y desarme, y viene a llenar un vacío existente hasta el presente.

El uso y la amenaza de uso de armas nucleares constituyen un crimen contra la humanidad, una violación del derecho internacional –incluido el derecho internacional humanitario–, así como también una violación a la Carta de Naciones Unidas. La única garantía para el uso y la amenaza del uso de estas armas es su prohibición expresa y su total eliminación.

Las señoras senadoras y los señores senadores tienen un informe escrito sobre cada uno de los artículos del tratado, que son veinte más un preámbulo. Solo vamos a hacer referencia al artículo 4.º –en honor a la brevedad del tiempo de que disponemos–, que refiere al camino a seguir para la eliminación total de las armas nucleares de sus Estados partes. Prevé que sea una autoridad internacional competente –designada por los Estados partes– quien verifique la eliminación irreversible de los programas nacionales de armas nucleares, y extiende los acuerdos de salvaguardas con el Organismo Internacional de Energía Atómica a las potencias nucleares partes del tratado. Se ofrecen garantías de que no se producirá ninguna desviación de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas y que no existen materiales o actividades nucleares no declaradas en el Estado en su conjunto.

En el párrafo segundo de este artículo se especifica que cada Estado parte que tenga en propiedad, posea o controle armas nucleares y otros dispositivos nucleares, los pondrá fuera del estado operativo y los destruirá lo antes posible, de conformidad con un plan jurídicamente vinculante y con plazos concretos para la eliminación.

Con respecto al resto de los artículos –además de tenerlos en el informe escrito–, queremos señalar que son coadyuvantes de este, que es el objetivo central.

Debemos decir que no ha sido sencillo el trámite de este tratado. Se han planteado argumentos de todo tipo; uno de ellos es que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares ya era suficiente. Otros no participaron siquiera en la firma del tratado. Actualmente, llamará la atención cuántos países lo han ratificado, porque lo han hecho solo cinco: Ciudad del Vaticano, Tailandia, Guyana, México y Cuba. Como decíamos al principio, esto no es óbice –todo lo contrario– para que reforcemos la posibilidad de que hoy se sume un nuevo Estado parte, ya que de estas cosas depende, sin duda, la paz mundial.

Seguimos apostando, por tanto, al multilateralismo y a todos los organismos y tratados que nos garanticen que podamos convivir en un mundo en paz. Es por ello que estamos considerando este tratado relativo a la prohibición de las armas nucleares.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Gracias, señora senadora.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares” adoptado el 7 de julio de 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas, y suscrito por la República en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América el 20 de setiembre de 2017».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: este tratado es bastante reciente y resulta paradójico que se firme en la ciudad de Nueva York, ya que, por supuesto, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares no es firmado por Estados Unidos, ni por Rusia, ni por China, ni por Francia, ni por el Reino Unido. Sí quiero destacar que lo están firmando los países de América Latina, aunque solo ha sido ratificado por los que nombró la señora senadora Xavier: Brasil, México, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay.

América Latina está mostrando una señal importante en la firma del tratado y, más allá de que su ratificación parlamentaria aún no se haya procesado, creo que es una señal a un mundo guerrero y belicista donde, para peor, una de sus principales economías está en manos de Trump, precisamente, un guerrero y belicista.

La verdad es que firmar un Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es una buena noticia, porque un día la guerra va a acabar con este planeta. Por lo tanto, aprovecho para mandar mi mensaje pacifista a propósito de este tratado.

Muchas gracias.

SEÑORA ALONSO.- Solicito que se rectifique la votación del artículo único.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo único.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) ENMIENDA DE KIGALI AL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día:

«Proyecto de ley por el que se aprueba la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, acordado por la vigésima octava reunión de las partes, celebrada en Kigali, República de Ruanda, del 10 al 15 de octubre de 2016. (Carp. n.º 1045/2018 - rep. n.º 624/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: efectivamente, queremos dar cuenta de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 12 de marzo de 2018, mediante el cual se aprueba la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Como es sabido, el Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental multilateral que tiene la finalidad de eliminar procesos de producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.

A la fecha, se constata que el Protocolo de Montreal ha logrado que exista una recuperación en la capa de ozono. Asimismo, ha tenido un efecto positivo en la mitigación del cambio climático.

El mencionado protocolo ha sido objeto de varias enmiendas, la última de ellas es la Enmienda de Kigali, que fue aprobada para eliminar los hidrofluorocarbonos –HFC–, que con frecuencia se utilizan como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono, mayormente en el sector de la refrigeración y el acondicionamiento térmico, así como en el caso de algunos aerosoles.

Es de destacar que, si bien los HFC no son sustancias que por sí mismas agoten la capa de ozono, sí son poderosos gases de efecto invernadero.

Corresponde señalar que todos los ajustes y enmiendas anteriores del Protocolo de Montreal cuentan con un amplio consenso mundial; los Estados que primero ratifiquen la Enmienda de Kigali marcarán un camino de liderazgo ambiental que seguirán la gran mayoría de los países.

Con la Enmienda de Kigali se asume la responsabilidad de gestionar los hidrofluorocarbonos en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Con la aprobación del Protocolo de Montreal se ha logrado una recuperación en la capa de ozono y, en ese proceso, se ha mitigado el cambio climático.

En virtud de lo establecido en esta enmienda, las partes se comprometen a reducir la producción y consumo de hidrofluorocarbonos, con lo cual se podría evitar un aumento de hasta 0,5 ºC de la temperatura del planeta para finales de siglo.

Cabe señalar que el objetivo del Acuerdo de París –ratificado por Uruguay mediante la Ley n.º 19439, de 17 de octubre de 2016– es mantener el aumento de la temperatura del planeta en el rango de 2 ºC y, en lo posible, reducirla a 1,5 ºC. Esto permite apreciar la importancia que tendrá la aplicación de esta enmienda.

Como es de conocimiento general, Uruguay es un país proactivo en temas ambientales. Ratificó, entre otros, el Protocolo de Montreal y todas sus enmiendas, y cumplió con todos los compromisos allí asumidos.

En ese sentido, nuestro país cuenta con una política nacional de cambio climático y una de sus líneas de acción apunta a analizar y promover la implementación de la Enmienda de Kigali. Por lo tanto, su ratificación estaría dando cumplimiento a una línea de acción que la mencionada política nacional viene impulsando en materia de cambio climático.

Por lo expuesto, señora presidenta, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó por unanimidad este proyecto de ley y recomienda al pleno que se vote afirmativamente.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, acordado por la vigésima octava reunión de las Partes, celebrada en Kigali, República de Ruanda, del 10 al 15 de octubre de 2016».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

22) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día:

«Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de un peso uruguayo y de dos pesos uruguayos. (Carp. n.º 1055/2018 - rep. n.º 621/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: la Ley n.º 18135, de 11 de junio de 2007, autorizó al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas por diversos valores –a saber: $ 10, $ 5, $ 2, $ 1 y $ 0,50– y a cada valor se le asignaron doscientos millones de piezas.

Por las razones expresadas en el informe de la comisión, ya se ha acuñado la totalidad de las partidas autorizadas para las monedas de $ 1 y $ 2, y por el análisis del circulante y la evolución de stock, el presente proyecto de ley autorizaría al Banco Central del Uruguay, según establece el artículo 2.º, a «acuñar hasta un monto de $ 1.200:000.000 (mil doscientos millones de pesos uruguayos) en piezas con los valores, números de unidades, diámetros y pesos […] A) Monedas de $ 1 (un peso uruguayo). Hasta 400:000.000 (cuatrocientos millones) de piezas de color dorado […] B) Monedas de $ 2 (dos pesos uruguayos). Hasta 400:000.000 (cuatrocientos millones) de piezas de color dorado…».

Señora presidenta: cuando la comisión examinó este asunto, procedió de inmediato a su aprobación y a designar al miembro informante y, por lo tanto, aconseja al Senado se siga idéntico tratamiento.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas, con las características y especificaciones que se determinan en los artículos siguientes, facultándosele para sustituir el requisito de la licitación pública por el llamado a precios entre casas acuñadoras oficiales».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta un monto de $ 1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos uruguayos) en piezas con los valores, números de unidades, diámetros y pesos que, en cada caso, seguidamente se indican, facultándose a optar por metales sólidos o tecnología de electrochapeado, atendiendo en cada caso a razones de costo, oportunidad y conveniencia.

A) Monedas de $ 1 (un peso uruguayo). Hasta 400.000.000 (cuatrocientos millones) de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3,50 gramos (tres gramos con cincuenta centigramos) de peso y 20 mm (veinte milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

B) Monedas de $ 2 (dos pesos uruguayos). Hasta 400.000.000 (cuatrocientos millones) de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 4,50 gramos (cuatro gramos con cincuenta centigramos) de peso y 23 mm (veintitrés milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales que constituirán el anverso y reverso de las monedas».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 4.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 4º.- Todas las monedas serán circulares con canto liso».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

23) RAÚL NEVER ORGAMBIDE

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Raúl Never Orgambide la escuela rural n.º 64 de paraje La Alegría, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1058/2018 - rep. n.º 622/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señora presidenta: en la jornada de hoy damos conclusión a un viejo proyecto que presentamos en su momento, que tiene que ver con la denominación de una escuela del departamento de Durazno. Esta iniciativa la compartimos con el entonces diputado Vidalín –hoy intendente de Durazno– y finalmente se aprobó en la Cámara de Representantes. Si es votada por el Senado, pasaremos a tener una escuela que llevará el recordado nombre de una persona que trabajó allí durante mucho tiempo.

Es una enorme satisfacción, en mi doble condición de maestro y senador de la república, lograr que una escuela recoja el nombre de quien fuera su maestro y su mentor, Never Orgambide, quien durante tantos años estuvo vinculado al centro docente y dedicara buena parte de su vida a fortalecer la institución. Como decía, es para nosotros una enorme satisfacción que el Senado reconozca y haga permanecer el nombre de Never Orgambide en el nomenclátor del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Este será un reconocimiento también para la familia de quien durante tanto tiempo trabajara y dedicara su vida a ese centro educativo.

Por lo tanto, saludamos esta iniciativa, aconsejamos su aprobación y esperamos que prontamente podamos asistir al acto de designación de la escuela.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Raúl Never Orgambide” la Escuela Rural Nº 64, de paraje La Alegría, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

24) EMILIO VERDESIO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Emilio Verdesio la escuela n.º 133 de educación especial de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1060/2018 - rep. n.º 623/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: la Comisión de Educación y Cultura ha aprobado este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, para que la escuela n.º 133 –que es una escuela de educación especial de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia– lleve el nombre del maestro Emilio Verdesio.

Queremos destacar la pertinencia de que esta escuela especial lleve el nombre de Emilio Verdesio por su acción en el plano de la educación, que llevó adelante preocupado por brindar una educación que atendiera las diferencias existentes desde el punto de vista cultural y social de los educandos. Así, tuvo una preocupación central por aquellos que podían tener dislalias, problemas fonéticos o problemas de comprensión desde el punto de vista, inclusive, de la neuropediatría. Trabajó y fue uno de los primeros impulsores en ese tema. Por ese motivo, y con acierto, se quiere designar con su nombre una escuela de educación especial de la ciudad de Rosario.

Por otra parte, quisiera destacar algunos temas que se desconocen. Me consta que los maestros que lo han estudiado encontraron elementos importantes en los libros que Verdesio escribió y en las investigaciones que llevó adelante. Y recordemos que estamos hablando nada más y nada menos que del año 1930. Por ejemplo: muchas de las colonias marítimas –como la de Maldonado y la de la propia Colonia– fueron espacios promovidos desde el Consejo de Educación Primaria cuando él estaba al frente, en esa concepción de dar una educación más integral a los niños.

Así que con mucha alegría la comisión propone –con la aprobación de todos sus miembros– que la escuela n.º 133 de educación especial de Rosario lleve el nombre Emilio Verdesio.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Emilio Verdesio” la Escuela Nº 133 de Educación Especial de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

25) DOCTOR DARÍO GASTÓN BURSTIN LEDERFAIN. DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de miembro integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain. (Carp. n.º 1061/2018 - rep. n.º 615/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: esta venia fue votada por unanimidad en la comisión.

El 4 de abril del corriente el Consejo de Ministros envió una solicitud de venia para designar como director del Banco Hipotecario al doctor Gastón Burstin.

En cuanto a su educación, podemos decir que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, que tiene un diploma en Economía para no Economistas y otro en Economía y Gestión Bancaria.

Con referencia a su experiencia laboral, se ha desempeñado en la Intendencia de Montevideo entre los años 2005 y 2006, y entre los años 2007 y 2009, en el marco del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue seleccionado como consultor en el proyecto de fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera-Banco Central del Uruguay. Desde el año 2009 al presente fue seleccionado por concurso abierto de oposición y méritos para ocupar la función de analista V en el Banco Central del Uruguay, desempeñando funciones en el Departamento de Normas de Regulación Financiera. Posteriormente, en sucesivos concursos, asciende al grado de analista III, regulación y supervisión financiera, y analista II, regulación financiera.

Sus funciones consisten fundamentalmente en asesorar en la redacción de proyectos normativos y en asesorar internamente a los diversos servicios de superintendencia en la aplicación de la normativa vigente en materia de regulación bancaria, aseguradora del mercado de valores y de las administradoras de fondos de ahorro previsional.

Asimismo, a lo largo de su carrera ha recibido premios por algunos trabajos académicos realizados y cuenta con algunas publicaciones.

Finalmente, señora presidenta, la comisión encuentra fundamentos para otorgar la venia al doctor Darío Burstin por considerar que cumple con los méritos necesarios para ocupar el cargo de director en el Banco Hipotecario del Uruguay.

Es cuanto tengo para informar.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de miembro en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 17 de abril de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, del 14 de setiembre de 2004, por razones personales, el día miércoles 18 de abril de 2018.

Sin otro particular, saludo a la señora presidente muy atentamente.

Leonardo de León. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Se comunica que los señores Julio Calzada y Beatriz Ramírez han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Felipe Carballo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

27) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley n.º 18833, de 28 de octubre de 2011, por la que se declara de interés nacional el fomento del deporte.

–A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE».

28) MOZOS DE CORDEL

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 18865, de 23 de diciembre de 2011. (Carp. n.º 917/2017)».

(Antecedentes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: pedimos disculpas a los señores senadores y a la señora presidenta, pero como el proyecto de ley tiene un error en la redacción, vamos a solicitar su pase a la comisión para considerarlo en la próxima sesión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido disculpas por lo avanzado de la hora, pero estuve tratando de estudiar el proyecto de ley que acaban de repartir y, como no integro la comisión, quisiera adelantarme y hacer unas anotaciones.

La primera duda se plantea en relación con el artículo 5.º cuando dice «los Mozos de Cordel que actúan en los Puertos de Carmelo y Nueva Palmira, administrados por la Dirección Nacional de Hidrografía […] pasarán a formar parte de la plantilla que opera en el Puerto de Colonia administrado por la Administración Nacional de Puertos». Creo que se está haciendo referencia a la plantilla de los mozos de cordel, pero tal como está redactado deja la duda de si no está refiriéndose a la plantilla de la Administración Nacional de Puertos. Obviamente, no es un detalle menor porque eso requeriría iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

La segunda duda es si el hecho de que algunos puertos estén gravados por la tasa del 2 % y otros no afecta el principio de igualdad consagrado en la Constitución, en cuyo caso podría tacharse de inconstitucional por las empresas que brindan servicios, por ejemplo, en Montevideo y Colonia. Es decir, se aplica una tasa –que está vigente– a todos los pasajeros que viajan en barco hacia la República Argentina desde los puertos uruguayos y, a la vez, en este proyecto de ley se elimina esa tasa a los que viajan desde Nueva Palmira y Carmelo. Entonces, las empresas concesionarias de servicios en los otros puertos –el Senado sabe bien que no soy defensor del señor López Mena, que es el principal operador en Colonia y en Montevideo; en esta ocasión parecería que lo estoy defendiendo, pero no es así, sino que estoy defendiendo la aplicación de la ley– se verían perjudicadas frente a la ruta desde Nueva Palmira y Carmelo con el mismo destino. Es decir que, eventualmente, esa derogación prevista en el artículo 2.º podría ser tachada de inconstitucional. Sería bueno que se profundizara en ese aspecto.

Esos son los dos aportes que quería hacer después de haber leído rápidamente un proyecto que nos entregaron hace media hora, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa ha hecho una excepción porque, como el proyecto de ley pasará nuevamente a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el señor senador Bordaberry podría concurrir y hacer allí esa aclaración; no obstante, se ha tenido cierta tolerancia.

Ahora corresponde votar el pasaje de este proyecto a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Se va a votar.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

29) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 12:17, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Delgado, Gallicchio, Garín, Heber, López Villalba, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado y Tourné).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.