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N.º 44 - TOMO 575 - 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

44.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

y

LA SEÑORA MÓNICA XAVIER Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LOS PROSECRETARIOS, SILVANA CHARLONE Y LUIS CALABRIA

Concurren: los señores ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas; de Trabajo y Seguridad Social, y sus respectivos subsecretarios.

 SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– La señora senadora Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la fumigación y utilización de fertilizantes fosfatados.

• Oportunamente fue tramitado.

5) y 13) Proyectos presentados

– El señor senador Martínez Huelmo presenta un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo declare de interés cultural la Asociación Coral Guarda e Passa.

Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

– El señor senador Larrañaga presenta los siguientes proyectos de ley:

• por el que se crea una Agencia de Monitoreo Ambiental.

Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.

• por el que se modifica la Ley n.º 18566, Sistema de Negociación Colectiva.

Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

6) Exposición escrita

– El señor senador Larrañaga solicita se curse una exposición escrita con destino al señor presidente de la república; a los señores ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Salud Pública, de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; al señor intendente de Montevideo; a los ediles de la Junta Departamental de Montevideo y al alcalde y concejales del Municipio F, relacionada con la situación del barrio Nueva España.

Se procederá de conformidad.

7) Reiteración de pedidos de informes

– A solicitud del señor senador Camy, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, además, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, relacionado con la concesión de permisos de pesca a embarcaciones de pesca artesanal;

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la implementación del Fondo de Vivienda dentro del citado ministerio, la aplicación de la normativa relacionada al trabajo nocturno y la distribución de uniformes a los efectivos policiales;

• con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el personal afectado a las misiones de paz realizadas por las Fuerzas Armadas al servicio de Naciones Unidas, y con los ingresos obtenidos por nuestro país a partir de las diferentes misiones realizadas en el exterior;

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con la situación edilicia de la escuela n.º 106 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José;

• con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la actividad que ha realizado dicho instituto al amparo de la Ley n.º 18187, sobre colonización de tierras.

8) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias.

9) y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Mujica, Besozzi, García (Javier) y Bianchi.

– Quedan convocados los señores senadores García (Graciela), Lafluf, Saravia y Matiaude.

10), 12) y 14) Llamado a sala a los señores ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas, y de Trabajo y Seguridad Social

– De acuerdo con lo resuelto oportunamente, el Senado los recibe en régimen de comisión general.

– Exposición del señor senador Lacalle Pou, manifestaciones de los señores ministros, e intervenciones de varios señores senadores.

• Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los ministros que comparecieron en la sesión de hoy.

15) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 24 de noviembre de 2017

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de comisión general, el próximo martes 28 de noviembre, a las 09:30, a fin de recibir a los señores ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de informar acerca del proyecto y las negociaciones relacionadas con la instalación de la nueva planta de la empresa finlandesa UPM en nuestro país.

 José Pedro Montero Secretario - Hebert Paguas Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, García (Graciela), García (Javier), Garín, Heber, Lacalle Pou, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé y Pintado. A las 17:00 ingresa el señor senador Saravia.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Besozzi, Mujica y Tourné. Y a partir de las 17:00 se retira con licencia el señor senador Javier García.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:31).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18591, de 18 de setiembre de 2009, por la que se regula el Colegio Médico del Uruguay.

–A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que solicita, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para destituir de su cargo:

a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Asimismo, comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de cooperación en ciencia, tecnología e industria para la defensa nacional entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de la República Popular China, suscrito en la ciudad de Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

El Ministerio de Educación y Cultura remite las siguientes respuestas:

de la Facultad de Ciencias a un pedido de informes solicitado por el señor senador Jorge Larrañaga, relacionado con estudios referentes a los ríos Negro, Uruguay y Santa Lucía y sus respectivas cuencas.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LARRAÑAGA.

De la Administración Nacional de Educación Pública, a un pedido de informes solicitado por el señor senador Jorge Saravia, de fecha 5 de julio de 2017, relacionado con transferencias de padrones rurales a esa institución.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SARAVIA.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuestas de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland a los siguientes pedidos de informes:

solicitado por el señor senador Jorge Larrañaga, relacionado con la evaluación del sistema de distribución de combustibles líquidos.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LARRAÑAGA.

Solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con la reestructura gerencial del ente.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR MIERES.

Solicitado por el señor senador Sebastián da Silva, con fecha 15 de junio de 2016, relacionado con la adquisición y destino de los vehículos oficiales del ente.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DA SILVA.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el acceso y calidad del agua potable en los centros de enseñanza rural.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

La Presidencia del Senado comunica al Cuerpo que a partir del 1.º de enero de 2018 el señor senador Charles Carrera pasará a integrar la Comisión de Constitución y Legislación en lugar del señor senador Rubén Martínez Huelmo y, asimismo, el señor senador Rubén Martínez Huelmo pasará a integrar la Comisión de Educación y Cultura en lugar del señor senador Charles Carrera.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 15921, de 17 de diciembre de 1987, sobre zonas francas;

por el que se faculta a la Cooperativa de Consumo de los Socios de Coopace (CCONCOOPACE) a retener un porcentaje del salario y de la pasividad de sus socios.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo:

a fin de designar para ocupar el cargo de fiscal letrado departamental (escalafón N), a la doctora María Lucía Nogueira D’Argenio;

a fin de designar en el cargo de presidente en el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, al economista Daniel Oscar Dominioni Ghiggia;

a fin de destituir a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional;

a fin de destituir a una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, eleva informado un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 1.° de la Resolución del Senado de fecha 15 de junio de 2016, en relación con la cantidad de copias en DVD de la película D. F. (Destino final), del autor Mateo Gutiérrez, sobre el secuestro y asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa Perimetral Ingeniero Eladio Dieste el baipás de tránsito de la ruta nacional n.º 30 Brigadier General Eugenio Garzón en la ciudad de Artigas, que conecta su tramo Artigas-ruta nacional n.º 5 Brigadier General Fructuoso Rivera con la Avenida Telmo García da Rosa de esa ciudad;

por el que se suprime el ente autónomo Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna).

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El señor senador Jorge Larrañaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al señor presidente de la república, a los señores ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Salud Pública, de Transporte y Obras Públicas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; al señor intendente de Montevideo; a los ediles de la Junta Departamental de Montevideo, y al alcalde y concejales del Municipio F, relacionada con la situación del barrio Nueva España.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de junio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, además, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, relacionado con la concesión de permisos de pesca a embarcaciones de pesca artesanal;

con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la implementación del Fondo de Vivienda dentro del citado ministerio, la aplicación de la normativa relacionada al trabajo nocturno y la distribución de uniformes a los efectivos policiales;

con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el personal afectado a las misiones de paz realizadas por las Fuerzas Armadas al servicio de Naciones Unidas y los ingresos obtenidos por nuestro país a partir de las diferentes misiones realizadas en el exterior;

con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con la situación edilicia de la escuela n.º 106 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José;

con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la actividad que ha realizado dicho instituto al amparo de la Ley n.º 18187, de 2 de noviembre de 2007, sobre colonización de tierras.

–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Rivera remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Soledad Tavares, relacionadas con la Convención interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

–A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Leonardo Delgado, relacionadas con la Ley n.º 18381, de 17 de octubre de 2008, por la que se regula el derecho de acceso a la información pública.

La Junta Departamental de Rocha remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Sebastián Pintos, relacionadas con las tarifas de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de una moción presentada por la señora edila Gabriela Gómez, relacionada con la destrucción de ejemplares de palmeras yatay.

Asimismo, remite copia de una moción presentada por varios señores ediles, relacionada con la baja de categoría de la sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay en la localidad Guichón.

–TÉNGANSE PRESENTES».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la fumigación y utilización de fertilizantes fosfatados.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de minuta de comunicación presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Rubén Martínez Huelmo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés cultural la Asociación Coral Guarda e Passa.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de minuta de comunicación presentado).

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6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite a los destinos allí indicados la exposición escrita presentada por el señor senador Larrañaga.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

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7) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera los pedidos de informes solicitados por el señor senador Camy, de los que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del 22 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Coutinho.

A la sesión de la Subcomisión para el estudio del proyecto de ley Contrato de Seguros del 27 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Camy, Gallicchio y Mieres.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de noviembre de 2017

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º, literal A), de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, desde el 28 hasta el 29 de noviembre de 2017.

Saludo a usted atentamente

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Se comunica que los señores Andrés Berterreche, Sandra Lazo, Lucía Etcheverry, Zulimar Ferreira, Susana Pereyra y Lauro Meléndez han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de noviembre de 2017

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito ante la Cámara de Senadores licencia reglamentaria, por motivos personales, para el día de mañana, 28 de noviembre de 2017.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Queda convocado el señor Omar Lafluf, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) LLAMADO A SALA A LOS SEÑORES MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS; DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA; DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE; DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del único asunto del orden del día: «Recibir, en régimen de comisión general, a los señores ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas, y de Trabajo y SeguridadSocial, a los efectos de que informen acerca del proyecto y las negociaciones relacionadas con la instalación de la nueva planta de la empresa finlandesa UPM en nuestro país».

Se invita al señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori; a la señora ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cosse; al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro; al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi, y a la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Eneida de León, a ingresar a sala.

(Ingresan a sala los señores ministros).

–Les damos los buenos días.

Damos comienzo al asunto motivo de esta convocatoria.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: hoy es un día al que asigno mucha importancia en la vida política de nuestro país, y es bueno saber cuál ha sido el camino recorrido por los que estamos aquí presentes y cómo se ha llegado al desarrollo de esta actividad productiva industrial.

No es malo, entonces, hacer un poco de historia –reciente, por lo menos, desde la vuelta a la democracia– y recordar de qué lado del mostrador ha estado cada uno en las distintas instancias.

La ley forestal, la de zonas francas y el tratado de protección de inversiones con Finlandia nos tuvo a muchos de un solo lado del mostrador.

¿Por qué le asigno importancia política –entre otras cosas– al día de hoy? Fíjese, señora presidenta, que comunistas, tupamaros, socialistas, radicales, moderados –todo el Frente Amplio–, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional hoy estamos todos del mismo lado del mostrador, y creo que es una buena cosa. Se terminaron aquellos discursos que escuchamos durante tanto tiempo. Claro que algunos tuvieron que estar en la Administración o llegar al Gobierno para cambiar el discurso y rápidamente olvidarse del relato histórico.

Hay una imagen que me quedó grabada de la transición que se dio a finales de 2004 y principios de 2005, cuando se reunieron los gerentes de Botnia y Ence con el presidente electo, Tabaré Vázquez, y a la salida la prensa les requirió su opinión. Recuerdo que dijeron –casi podría entrecomillarlo–: Está todo arreglado. Rápidamente, en ese momento, hubo un cambio de discurso del presidente electo, que repercutió, como un efecto dominó, en todo el Frente Amplio. Por eso me parece bueno estar hoy aquí, y que todos estemos del mismo lado del mostrador.

Entonces, lo que nos trae hoy a este Senado es una visión positiva de la actividad política. No venimos a oponernos a un emprendimiento; es más, apoyamos esta inversión y creemos en la cadena forestal. El motivo de este llamado a sala a los señores ministros es el mismo que cuando se les solicitó que se hicieran presentes en la sesión del 2 de mayo de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. En aquel momento los invitamos para conversar, porque aún no se había firmado el acuerdo y pretendíamos enterarnos –de antemano– en qué estaba el Gobierno. No quisieron venir; ninguno de los que hoy están aquí quiso venir, o no se lo permitieron. El Gobierno decidió una vez más por el secretismo, que es una práctica constante y reincidente.

En estos días me vino a la mente un proyecto de ley que fue bandera del Frente Amplio durante mucho tiempo: las sociedades anónimas al portador en el campo. ¿Se acuerdan de toda la discusión que hubo por ese tema? El día que se votó ese proyecto de ley –en ese momento yo integraba la Cámara de Diputados– se abrió una excepción
–una enorme excepción que beneficia a territorios de actividad forestal–, pues se estableció que el Gobierno, por sí y ante sí, podía autorizar que algunas sociedades anónimas continuaran al portador. Me dije: «¡Qué extraño que una bandera se arríe después de tanto tiempo con esa facilidad!». Propusimos que se explicara a la Asamblea General por qué se daba esa excepción, por qué el Poder Ejecutivo por sí y ante sí otorgaba esa excepción. ¿Saben qué votó el Frente Amplio? Muchos de ustedes lo recuerdan porque lo votaron siendo diputados o senadores; votó que no quería dar información, que no quería explicar por qué otorgaba esas excepciones. Quiere decir que el secretismo con el cual ha actuado este Gobierno no es nada nuevo. Pero lo peor es que el señor presidente de la república se pierde otra preciosa oportunidad de continuar una política nacional, porque –si han tenido acceso al acuerdo y a lo que se ha dado a conocer en los medios de prensa, todos ustedes lo sabrán– este emprendimiento va a durar muchas administraciones; es más: va a comenzar después de que termine este período, por el propio atraso e ineficiencia del Gobierno y de los ministros, que no pudieron cumplir con el cronograma inicial establecido entre el Gobierno y la empresa.

Ahora bien, cuando tomamos conocimiento del acuerdo, nos dimos cuenta –por lo menos yo me di cuenta– del porqué del secretismo. Era casi de Perogrullo, porque lo que firmó el Gobierno seguramente no lo podría haber hecho si lo hubieran conocido el sistema político y la ciudadanía. De haber habido un conocimiento con anterioridad a la firma, esta no habría existido. Es más: hoy está claro y se sabe quiénes se sentaron a negociar el acuerdo. Por una parte, se sentó el Gobierno y, por otra, UPM. Obviamente, los representantes de UPM defendieron a la empresa, pero todavía estoy por saber quién defendió a los uruguayos porque en ocasión del acuerdo nadie se sentó allí a defenderlos.

La intención que teníamos de conocer el acuerdo de antemano partió también de una profunda desconfianza frente a la ineficiencia y a la gestión del Gobierno en lo que refiere a los grandes proyectos, algo así como Mi pasado me condena.

No quiero aburrirlos, pero no puedo dejar de recordar algunos grandes emprendimientos que después resultaron grandes fracasos, y algunos de los señores ministros aquí presentes fueron protagonistas de esos «éxitos». Al azar, podría elegir a Pluna; podría elegir la frase «lo que empieza bien, termina bien», que decía el señor ministro Astori.

Podría seguir con Aratirí. ¿Se acuerdan de Aratirí? ¿Recuerdan los anuncios y el proyecto de ley que dividieron a la sociedad entera? ¡Hay que ir a la zona de Cerro Chato y Valentines y ver familias divididas por la instalación de un emprendimiento! Y allí quedó el tema: murió; dejó a la sociedad dividida, e inclusive hoy el Estado puede afrontar juicios en su contra.

Puerto de aguas profundas: este es otro capítulo sobre el cual el Gobierno habló, gastó y luego enterró. A propósito, puedo citar una frase que el señor ministro Rossi dijo en el año 2007 con respecto al puerto de aguas profundas y que hace poco tiempo se la recordé en una comisión –¡otra joyita!–: «Esto no va a ser verso como siempre ha sido; esto es en serio». Cambiaron cuatro veces la ubicación, congelaron las inversiones privadas y se terminó esfumando. Tan así es que hace poco tiempo el Estado, mediante un decreto, desistió del proceso expropiatorio.

Regasificadora: tan grave y tan fracaso fue, que se formó una comisión investigadora en el Parlamento para estudiar justamente las razones de ese fracaso y para analizar las sospechas que despierta el proceso, que tiene vinculaciones nacionales e internacionales.

Petróleo: no sabemos cuántos anuncios más van a hacer; ya fueron cuatro o cinco en distintos lugares del país. Cada vez que el Gobierno tiene una debilidad, resulta que hay indicios de yacimientos petrolíferos.

El desprolijo anuncio del señor presidente de la república el año pasado en China diciendo que iba a firmar un tratado de libre comercio en el 2018 con esa gran potencia: todos sabemos que esa imprudencia no va a terminar en un tratado de libre comercio en el 2018.

Por eso, cuando nos aproximamos a la firma de este acuerdo, lo hacemos con una gran desconfianza. Entre otras, queríamos dar a conocer esa razón, claro está, cada uno en su nivel. La competencia ejecutiva la tiene el Gobierno del Frente Amplio, y nosotros, desde el Parlamento, queríamos informarnos, participar y –¿sabe qué, señora presidenta?– ayudar. Parece raro, pero para algunos no lo es; queríamos ayudar. Entiendo que el Frente Amplio muchas veces no comprende lo que es ayudar desde la oposición, pero es lo que queríamos hacer. Y, de repente, después de varios anuncios, de idas y vueltas, de contradicciones entre ministros y el señor presidente, sale a la luz este documento. ¿Sabe qué, señora presidenta? Me entró una curiosidad histórica y quise ver qué había firmado el entonces presidente Batlle. Y había firmado un decreto de dos carillas. ¡Fíjense, señores senadores! Este es el acuerdo firmado por el entonces presidente Batlle y este es el del señor presidente Tabaré Vázquez. Obviamente, la diferencia es notoria en cuanto al volumen, pero también lo es en lo que refiere a los compromisos y a las actitudes del Gobierno de aquel momento.

A raíz de la generosidad del señor senador Bordaberry, tuve oportunidad de tomar contacto con gente que participó en las negociaciones, pues quería enterarme de primera mano de lo que había acontecido. No voy a aburrirlos, pero advierto que acá –en el acuerdo que tengo en esta mano– hay garantías, obligaciones, plazos, montos, cifras. Y todas esas garantías, montos y plazos son exigencias del Gobierno uruguayo a la empresa. ¡Y están escritas en dos carillas! Sin embargo, no hay nada de eso en este mamotreto que tengo en la otra mano.

En todo este proceso que hemos vivido tuvimos oportunidad de hablar con los actores involucrados, a quienes les dijimos que el señor presidente de la república iba a entregar todo, que el señor presidente se iba a comprometer a todo, a cualquier cosa. Y ¿saben por qué? Porque están jugados a UPM. Aunque parezca una ironía que el Gobierno del Frente Amplio esté jugado a UPM, lo está, porque piensa que es casi lo único que va a poder exhibir.

Y así fue: entregamos todo y un poco más; nos comprometimos a todo, y un poco más.

Según registros nacionales e internacionales, en Uruguay se está viviendo un proceso de deterioro en el clima de las inversiones, y no estoy hablando solo de las grandes ni de las extranjeras, sino de las que realiza el pequeño y mediano empresario nacional, aquel al que le hubiera encantado recibir todo lo que se promete a UPM para tener viabilidad. Hoy, a las empresas uruguayas –pequeñas, medianas y algunas grandes– se les hace muy difícil mantenerse en actividad.

Lo que hace el Gobierno es, básicamente, encarecer la vida económica y productiva a los uruguayos –vía tarifas, combustibles e impuestos– y abaratar la de UPM. Es más: si hay algo positivo en todo este proceso, es que UPM vino a desnudar –quizás ni siquiera a desnudar sino a confirmar– lo difícil que es emprender en nuestro país. Después de tantos años de bonanza económica, es muy difícil comercializar, producir, industrializar, crear.

Obviamente, en este tema quizás tengamos una diferencia filosófica: algunos piensan que el país debe vivir para el Estado, y nosotros pensamos que el Estado debería vivir para el país, y tal vez ese punto de vista sea irreconciliable.

Entrando propiamente en el acuerdo –en el cual decíamos que Uruguay no estuvo representado o, mejor dicho, no estuvo bien representado–, debo decir que llaman la atención varios compromisos.

Uno de los más llamativos es el que tiene que ver con la infraestructura. Recuerdo que en 2015 el señor ministro Rossi –creo que en abril o en un mes cercano– concurrió a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, donde habló de los emprendimientos de participación público-privada. Se trataba de seis emprendimientos que podían llegar a ocho, y que suponían una inversión del entorno de los USD 640:000.000. A pesar de que para nosotros faltaban algunas rutas, apoyamos esos emprendimientos pero, al mismo tiempo, consideramos que se perdía la gran posibilidad de construir la ruta 6 desde el arroyo Agua Sucia –unos metros antes de Sarandí del Yí– hasta el límite de la frontera con Brasil–, que el Ejército se había comprometido a construir a un 60 % del precio.

Básicamente, estábamos de acuerdo con estos emprendimientos PPP, y recuerdo haber preguntado al señor ministro si había un plan B en caso de no conseguirse inversores. Y el señor ministro dijo: «No; no hay plan B». Luego pasó lo que pasó. Creo que el Gobierno lo expresó muy gráficamente al decir que no se había podido mover una carretilla, aunque creo que hace poco tiempo se movió una.

¿Cuál es el tema? Que no hemos podido cumplir con la infraestructura que los uruguayos necesitan. El que anda en la vuelta y no muy lejos de Montevideo ya sabe cuáles son las dificultades que existen para trasladar bienes o para trasladarse a sí mismo por nuestras rutas.

En definitiva, no hemos conseguido USD 640:000.000 y ahora nos obligamos a conseguir ¡USD 1.000:000.000 más!

Señora presidenta: no parece posible que podamos cumplir con los dos objetivos. No parece posible, por lo cual asumo que el Gobierno tomó una decisión: dejar de lado el interés del resto de los uruguayos, salvo que hoy se me diga que se cumplirá con los dos compromisos, es decir, el que se dijo a la ciudadanía y el que ahora se establece con UPM. Quiero pensar que los impuestos que posteriormente pague UPM no van a ser los que se van a utilizar para el pago de esta PPP; quiero pensar que rentas generales tendrá sus obligaciones y las cumplirá en su orden.

Llama la atención también el compromiso de comprar energía durante un par de décadas a un precio prestablecido. No digo que eso estuviera mal en otro momento de la historia nacional, pero no parece, a todas luces, que Uruguay tenga un déficit en la generación de energía. Es al revés: ¿no andamos por el mundo jactándonos de que tenemos superávit y de que estamos tratando de colocar energía en Argentina y en Brasil? No logramos bajar la tarifa, pero tenemos excedente de energía. No parece lógico comprometerse por veinte años a esta compra y a ese precio estipulado, sobre todo cuando todo indica que la energía bajará y que tendremos suficiente energía firme.

Llama la atención, asimismo, la liviandad con la que el señor presidente de la república habla de la cuantía de esta inversión: cuatro mil millones; aunque de un plumazo nos enteramos de que era la mitad: dos mil millones. No digo esto para indicar el error de cálculo –tremendo error de cálculo– del presidente de la república, sino porque es necesario saber cuál es la ecuación económica. ¿Hay una ecuación económica? ¿Se sabe cuánto invertirá el país, cuánto habrá de renuncia fiscal? ¿Se sabe cuánto representa la obra que debe realizar UTE? ¿Se sabe cuánto nos cuesta mantener el nivel del curso de agua, aguas abajo de la represa? Insisto: ¿se sabe cuánto significa? Lógicamente, hay una relación costo-beneficio. Si bajamos de cuatro mil millones a dos mil millones y solo sabemos una cifra, la de mil millones –sin contar las renuncias fiscales y lo que mencioné anteriormente–, deberíamos revisar esos cálculos.

Realmente, señora presidenta, nos preocupa el exceso de compromisos que asume el Gobierno y que trasladará a las futuras administraciones. Nos preocupa porque son excesivos y por la imposibilidad de poder cumplirlos.

Quizás lo más grave sean las obligaciones recíprocas de las partes contrayentes, del Gobierno y de UPM, por el notorio desbalance, muy notorio desbalance. En realidad, todas las cosas que UPM dice que hará son para su beneficio, y es lógico. No vine aquí a criticar a una empresa sino a criticar cómo negocia mi Gobierno con una empresa, y a hablar de la indefensión de los uruguayos.

Ahora bien, es notorio el desbalance que hay entre las obligaciones recíprocas, pero lo más trágico de todo esto es que nosotros tenemos que hacer todo –¡todo, todo, todo!–, y después, recién ahí, se va a analizar el proceso de decisión de realizar la inversión.

Me gustaría saber, señora presidenta, si algunos de los señores ministros acá presentes procederían así en su vida personal, por ejemplo, ante el alquiler de una casa, la compra de un inmueble o la firma de un negocio. ¡¿Alguno firmaría esto?! Estoy preguntando en serio: ¿alguno de los señores ministros firmaría esto? ¡Claro que no lo firmarían! ¡Es obvio que no lo harían!

El tema laboral es bien interesante. Creo que en este acuerdo hay dos patas, y hay compromisos excesivos, porque como la empresa vio que íbamos a entregar todo, se subió al carro. Insisto: el tema laboral es bien interesante. Me imagino la presión que deben sentir quienes están representando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque históricamente tuvieron un discurso que rápidamente debieron empaquetar y cambiar.

Luego entendí qué había ido a hacer el Gobierno a Finlandia. Porque el partido se estaba jugando acá, en Uruguay, y el Gobierno zarpó para Finlandia; entonces, nadie entendía nada. Cuando el partido era acá y había que hacer las cosas acá, ¿por qué se iban a Finlandia? Pero ¡claro!, al observar la delegación y ver que se llevaba a representantes de la central sindical, no costaba mucho imaginarse a qué había ido el Gobierno. El Gobierno fue a decir: «Quédense tranquilos que con ustedes no va a pasar nada; acá traigo a la delegación del PIT-CNT que les va a decir que no va a pasar nada». Obviamente, no tengo elementos de prueba, pero no me cabe la menor duda que fue así porque en el propio acuerdo se dice que vamos a generar instrumentos para solucionar los conflictos. Aparte de haber firmado un acuerdo marco multipartito, único, ¿saben hacia dónde vamos? ¡Díganlo! Sé que les cae muy mal y que han tenido que entregar banderas históricas, pero ¡díganlo! Vamos hacia un instrumento jurídico –lo exigió UPM y el Gobierno dijo que sí–, para hacerle caso a la OIT, que es decir que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Se va a eso. En realidad, tengo una suspicacia: lo firmaron y le van a dejar la pelota al próximo Gobierno para que cumpla con esta parte del acuerdo, pues no parece lógico un estatus jurídico para una empresa.

En definitiva, el Gobierno tenía tres opciones. La primera de ellas ya la desechó; era pararse firme frente a UPM y expresar su pensamiento con respecto a las ocupaciones, decir que desde hace mucho tiempo sostiene eso y que de ahí no se va a mover. Pero, bueno, eso ya lo entregaron. Otra opción era que siguieran corriendo las ocupaciones para todo el mundo, salvo para UPM, que es una zona franca; entonces, sería una zona franca de ocupaciones. Y la otra opción, que tendrán que afrontar porque es a la que se comprometieron –los finlandeses no se arreglan con la palabra, quieren un acto jurídico porque no desean que les pase lo mismo que a Montes del Plata–, es la concreción de un instrumento jurídico, seguramente, un decreto, aunque también podría ser una ley.

Creo que ya han sido repartidas las preguntas a los señores ministros, pero antes de pasar a leerlas –y pedirles paciencia, porque son 67–, quiero dejar bien en claro que aun estando a favor del emprendimiento –no solo ahora, sino desde siempre–, este acuerdo, en estas condiciones, no me representa; yo no pongo la firma al pie de este acuerdo. Y estoy seguro de que tampoco representa a la gran cantidad de uruguayos. Por eso, tranquilamente, podemos afirmar que el Gobierno falló en la representación de los uruguayos.

Ahora voy a pasar a leer las preguntas y pido –aun sabiendo que este pedido puede pasar inadvertido– que sean contestadas; me encantaría que lo fueran porque esta convocatoria –que antes fue rechazada en comisión– tiene un interés y es que se nos informe.

Estas son las preguntas generales, señora presidenta.

1. ¿Firmó el Gobierno un acuerdo de confidencialidad con UPM? ¿Sobre qué base constitucional y/o legal se apoya el Gobierno para hacerlo?

2. ¿Tiene el Gobierno pensado habilitar la recalificación de tierras para aquellos predios comprados, explotados o a explotar cuyo destino sea forestación para abastecimiento de la planta industrial?

3. ¿Por qué se extiende el plazo de la zona franca de la planta de Fray Bentos en el acuerdo para la segunda planta?

4. ¿Por qué no se estableció que en caso de que Uruguay cumpliera con todas las condiciones la empresa se instalaría efectivamente en el país o, en su defecto, debería cumplir las penalidades que son habituales en esta clase de acuerdo?

Las preguntas para el Ministerio de Industria, Energía y Minería son las siguientes.

5. El Gobierno anunció que empleará USD 173 millones del Fondo de Estabilización Energética –FEE– de UTE en obras de infraestructura. ¿Cuál es la base legal? Sabemos que esto se discutió en la rendición de cuentas, obviamente. ¿Sigue en pie esa idea?

6. ¿Cuál es el beneficio para el país del compromiso establecido en el anexo 6 que obliga al Estado a comprar una cantidad muy importante de energía generada por UPM a un precio de 72,5 dólares MWh, en un mercado que se encuentra saturado y con precios que tienden a la baja?

7. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno que fundamenten la necesidad de comprar esa energía en 2024? Los precios de las energías renovables vienen bajando rápidamente, a la vez que en Uruguay ya existe respaldo térmico importante y ocioso. Además, se esperan soluciones de almacenamiento para acumular energía variable. En ese contexto, ¿son razonables estos precios para la generación con biomasa de UPM a tantos años? ¿Cuál es el estudio que los fundamenta? ¿Tiene la firma de las gerencias de UTE? Lo preguntamos, porque tenemos entendido que, básicamente, esto fue casi impuesto al organismo.

8. Existe una restricción nueva a la gestión del agua en el embalse de Rincón del Bonete a partir del acuerdo con UPM, que es asegurar caudales mínimos para evitar que los efluentes contaminen. Estamos ante una concesión de derecho del uso de agua, y el Código de Aguas establece que las concesiones se tramitarán mediante un proceso competitivo de audiencia pública, en la que podrán presentar oposiciones o solicitudes concurrentes quienes tengan derecho de uso. ¿El Poder Ejecutivo tiene previsto aplicar este artículo del Código de Aguas o se propone modificarlo?

9. Sobre el mismo tema anterior, ¿existe un estudio que analice cómo afectaría a UTE, especialmente en un año seco, el cumplimiento de este compromiso asumido ante UPM? En el caso de que existan, ¿podría el Gobierno remitir esos estudios?

10. ¿Qué política de precios seguirá Ancap en el abastecimiento de combustible al nuevo emprendimiento?

11. La Cláusula 3.1.1 (a) (1) habla de «... otras industrias y servicios relacionados con la industrialización de la madera y la producción de insumos [...] incluyendo una isla química». ¿Cuáles serán las otras industrias y servicios relacionados? ¿A qué se refiere la isla química?

Para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las preguntas son las siguientes.

12. ¿A cuánto asciende el total de las inversiones que debe realizar el Gobierno a solicitud de UPM?

13. ¿El Gobierno ha estudiado si esa inversión en infraestructura se justifica solo por la demanda propia y exclusiva del nuevo proyecto de planta de celulosa, o solo alcanzaría una tasa de uso aceptable si se sumara una demanda de otros sectores productivos? ¿Podría el Gobierno remitir los estudios realizados al respecto?

Habrán visto que más de una vez pido estudios realizados porque me suena que hay demasiada improvisación y no estudios fundamentados en muchos de los compromisos asumidos por el Gobierno.

14. En el caso de que UPM decida no avanzar con el proyecto una vez finalizadas las obras que debería realizar la República Oriental del Uruguay, ¿entiende el Gobierno que esas obras realizadas atenderían demandas prioritarias para el propio país?

15. Según la cláusula 4.1, el anexo 2 denominado «cronograma» contiene una lista no taxativa de las condiciones necesarias para que UPM adopte una decisión final de inversión. ¿Comprende el Gobierno que esta cláusula lo deja expuesto a un esquema de requisitos móviles que UPM podría ir cambiando o agregando a lo largo del tiempo?

16. ¿Por qué motivo se acordó que UPM puede renunciar a cualquier condición necesaria sin ningún tipo de responsabilidad?

17. ¿Quiénes son los terceros que impulsarían el «Proyecto químico»? ¿A qué se apunta con ese proyecto, además de los químicos necesarios para fabricar la celulosa?

18. Surge del final de la descripción del ítem (b), «Operaciones forestales», que el proyecto de UPM abarca no solo la fabricación de celulosa, sino también «productos de madera». ¿Se podría aclarar a qué se está apuntando cuando se hace esa referencia?

Con respecto al ferrocarril formulamos las siguientes preguntas.

19. Frente a que la modalidad de ejecución del proyecto ferroviario será a través de PPP y que el artículo 16 de la Ley n.º 18786 de PPP exige realizar la evaluación previa de viabilidad y conveniencia, se consulta: ¿esos estudios ya han sido realizados? En caso afirmativo, ¿cuál es el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto respecto a estos estudios?

20. ¿Se hizo un estudio de factibilidad del ferrocarril central para el caso de que no se construya la planta de celulosa?

21. El cronograma acordado para la línea férrea indica que la adjudicación definitiva finalizará en octubre de 2018. ¿Cómo estima el Poder Ejecutivo que cumplirá con ese plazo cuando quedan a lo sumo diez meses, aún no se ha realizado el llamado público y tampoco parece que se haya finalizado con todos los pasos que exige la evaluación previa de viabilidad y conveniencia exigida por el artículo 16 de la Ley n.º 18786, conocida como la ley de PPP?

22. Se suma a lo anterior el tema de las expropiaciones y eventuales relocalizaciones. ¿Cuántas expropiaciones serán necesarias? ¿Cuánto costarán las expropiaciones? Dicho sea de paso, esto también tiene que estar en la ecuación costo-beneficio entre Uruguay y la empresa. ¿Qué plazos llevarán? ¿Se realizarán las licitaciones de obras férreas y cruces sin tener resueltas las expropiaciones?

23. ¿El nuevo trazado de vía férrea dentro del recinto portuario seccionará el área prevista por Lobraus para las edificaciones a que se comprometió por contrato ya firmado con la Administración Nacional de Puertos? Si este fuera el caso, ¿se han estudiado y analizado alternativas que no afecten el contrato ya firmado entre la Administración Nacional de Puertos y Lobraus? En caso afirmativo, ¿cuáles son las alternativas y qué tiempos se manejan para ello?

24. Es factible que las obras de reconstrucción del tramo de vía entre la estación Sayago y el puerto de Montevideo inhiban, durante el tiempo de obra, el acceso de las cargas de todas las líneas de ferrocarril al puerto de Montevideo; ¿cuáles son las medidas que se están considerando ante esa eventualidad?

25. El tramo de línea férrea involucrada en el proyecto de la nueva planta de celulosa es solo una parte de la línea Montevideo-Rivera. El borrador del pliego de la licitación presenta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas como un «Administrador de infraestructura» encargado de gestionarlo. Esa disposición contradice la ley de 2011, promulgada por el presidente José Mujica, que le asigna a la Administración de Ferrocarriles del Estado la gestión y el mantenimiento de la totalidad de la red operativa, de 1600 km de extensión. ¿Qué se piensa hacer ante esta colisión con una disposición legal? ¿Existirán dos regímenes de construcción, mantenimiento y operación diferentes, uno para el tramo Montevideo-Paso de los Toros y otro para el tramo Paso de los Toros-Rivera? ¿Se pagarán dos cánones diferentes? ¿Cuál será el rol de AFE en cada uno de esos dos tramos de la línea férrea Montevideo-Rivera? ¿No se corre el riesgo de crear una estructura paralela a AFE, para cumplir las mismas funciones, que genere confusión y mayores costos?

26. ¿La licitación por la modalidad PPP de la vía férrea que realizará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se efectúa con pliegos basados en los estudios, anteproyectos y especificaciones técnicas que UPM ha elaborado a través de los referidos «Servicios Externos» mencionados en el contrato?

27. ¿En el proceso de la contratación y ejecución de los referidos «Servicios Externos», el Ministerio de Transporte y Obras Públicas participa o es del ámbito exclusivo de UPM? ¿Qué empresas han sido contratadas para realizar los servicios externos y qué antecedentes tienen? ¿Dichas empresas estarán inhibidas de participar en la licitación de PPP de la vía férrea?

28. Dado que la licitación por modalidad PPP para la vía férrea incluye pliegos basados en estudios, anteproyectos y especificaciones técnicas que UPM ha elaborado y solventado a través de los referidos servicios externos, lo que prácticamente implica una obra hecha a la medida de las necesidades de la empresa, ¿por qué razón el Poder Ejecutivo exime de cualquier responsabilidad a UPM y sus asesores, frente a posibles problemas generados en el proceso de una obra que se basará en las especificaciones presentadas por la empresa y aceptadas por el Gobierno uruguayo?

29. Los puntos 3.3.12 (i) y (j) establecen valores máximos para las tarifas por uso de la vía, pero no se indica el valor de la tarifa a pagar por UPM. ¿Cuál será, concretamente, el valor de la tarifa que pagará UPM? ¿Se ha establecido un valor real de la tarifa que UPM deberá pagar por el uso de la vía férrea?

30. En función de lo anterior, ¿cómo se van a solventar los costos fijos de servicio y operación de los sistemas de señalización y control de tráfico? ¿Habrá un subsidio de parte del Estado uruguayo?

Con respecto al viaducto, las preguntas son las siguientes.

31. ¿La obra del viaducto se realizará por la modalidad PPP? Si esta fuera la modalidad de ejecución, ¿ya se ha realizado la evaluación previa de viabilidad y conveniencia que el artículo 16 de la Ley n.º 18786 –de PPP– exige?

32. ¿Cuál será el monto de inversión que implicará el viaducto sobre la rambla Edison y Sud América? ¿Quién se hará cargo de la inversión del viaducto: la Administración Nacional de Puertos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o ambos?

33. ¿Cuándo se realizará el llamado a construcción del viaducto? ¿Se esperará a tener construido el nuevo acceso al puerto desde la rambla Edison recientemente contratado por la Administración Nacional de Puertos, de manera que la obra del viaducto no impida la entrada al puerto? ¿Cuál es la fecha de finalización de la obra del nuevo acceso ya contratado por la Administración Nacional de Puertos? ¿Dicha obra de nuevo acceso ya tiene aprobación de la Dinama, o está en trámite? ¿Cuál es el monto de inversión del nuevo acceso en el norte del recinto portuario que la Administración Nacional de Puertos ya ha contratado?

Ahora paso a las preguntas viales.

34. ¿Qué longitudes de rutas nacionales y caminos departamentales están involucradas en el proyecto vial del contrato con UPM? ¿Qué número de puentes deben ser reforzados para los tipos de camiones y cargas que se consideran en el contrato? ¿Algún circuito de PPP ya licitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cae dentro del conjunto de rutas nacionales involucradas? ¿Cuál es la longitud del mismo y qué rutas incluye?

35. ¿Cuál es el monto total de inversión vial, ya sea en rutas nacionales o en caminos departamentales, que el Poder Ejecutivo se ha comprometido a realizar, y en qué plazo? ¿Existirán nuevas partidas de recursos o las inversiones viales necesarias se realizarán reasignando recursos ya asignados a otros gastos u inversiones? ¿Podría informar acerca de estas eventuales reasignaciones presupuestales?

36. ¿Las restantes obras viales anunciadas por el Gobierno bajo la modalidad de PPP seguirán adelante o se priorizarán las obras exigidas por UPM en el contrato?

En relación con el puerto, las preguntas son las siguientes.

37. Frente al compromiso asumido por la República Oriental del Uruguay de que la terminal portuaria será especializada y exclusiva para celulosa durante cincuenta años, ¿considera el Poder Ejecutivo factible lograr un proceso de concesión competitivo entre varias empresas o resultará un proceso en el que el único participante será UPM?

38. ¿Qué monto de inversión significará la terminal portuaria de celulosa a construir? ¿Qué superficie de explanada adicional al área actual de 55.000 m2 se construirá? ¿Cuál será el área total de explanada de la terminal portuaria de celulosa? ¿Qué longitud de muelles se construirá? ¿Los muelles C y D serán parte de la terminal portuaria de celulosa, o quedarán excluidos de ella?

39. ¿Será necesario trasladar actividades portuarias que actualmente se desarrollan en la zona donde se emplazará la terminal portuaria de celulosa? ¿Cuáles actividades se estima que será necesario trasladar? ¿Se dispone actualmente de los lugares alternativos para trasladar las mencionadas actividades? ¿Qué tiempos se manejan para los referidos traslados?

40. En relación con la tarifa de USD 2,83 por tonelada, ¿cómo fundamenta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas este valor? ¿Cuánto se cobra a las dos terminales TCP y Obrinel S. A. por ese concepto?

41. Dado que el concesionario debe asegurar la viabilidad económica de su propuesta con los ingresos definidos por tarifas preestablecidas, ¿el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha analizado si los valores indicados posibilitarán que el proyecto de inversión de la terminal portuaria sea rentable para una empresa diferente a UPM?

42. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan para el inicio de la construcción de la terminal portuaria para UPM?

43. ¿Tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la ANP un monto estimado de lo que costaría llevar el calado a 12,5 metros y luego a 13 metros?

Paso ahora a las preguntas que formulamos al Ministerio de Economía y Finanzas.

44. ¿Por qué se establece que los proyectos a que se compromete Uruguay se llevarán a cabo con independencia del proyecto UPM? ¿El Gobierno dispone de algún estudio que demuestre, rubro a rubro, que los costos en los que incurrirá el país –incluyendo los costos de oportunidad– serán compensados por los beneficios que se pueden esperar? En otras palabras, ¿el Gobierno tiene argumentos sólidos para sostener que estas inversiones serán beneficiosas para el país, aun en el caso de que UPM no instale su nueva planta?

45. ¿Cómo se llega a los USD 120:000.000 de recaudación que Uruguay estima obtendrá del proyecto UPM?

46. ¿Cómo se llega a la conclusión de que el producto bruto interno per cápita de la zona comprendida por los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó aumentará entre un 10 % y un 15 %?

47. Según la cláusula 3.1.1 (f) la inversión de la planta de celulosa será de aproximadamente € 2.000:000.000. ¿A qué se refería la cifra manejada públicamente por el Gobierno de USD 4.000:000.000? ¿Cuál cifra se tuvo en cuenta a la hora de otorgar los beneficios al proyecto?

48. ¿Qué porcentaje del total representan las inversiones fuera de la zona franca de la planta de celulosa? O sea, de los € 2.000:000.000 del proyecto, ¿qué monto se invertirá fuera de la zona franca? ¿En qué plazo se estima que UPM realizará las inversiones fuera de la zona franca?

49. ¿Se cuenta con una estimación de la resignación fiscal por las exoneraciones y privilegios otorgados?

50. En caso de que no sea posible obtener inversores privados para realizar las obras de infraestructura que UPM le demanda al Gobierno, ¿cómo tiene pensado el Ministerio de Economía y Finanzas financiar esas obras?

51. ¿Cómo impactan esas obras en el déficit fiscal?

52. ¿Cuáles son los estudios que ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de medir los impactos de la inversión? A modo de ejemplo: línea base, mejora de los niveles salariales, integración con otras actividades productivas, etcétera.

53. ¿Cuáles procedimientos e instancias se utilizarán para incorporar las previsiones de esos nuevos recursos públicos a los presupuestos de los distintos organismos públicos, de manera que quede habilitada legalmente su utilización?

54. ¿Qué porcentaje del total a invertir sería con préstamos de organismos internacionales de crédito?

55. De preverse el uso de rentas generales para el financiamiento parcial de las nuevas inversiones públicas en infraestructura de transporte, ¿se reducirán los montos de esa fuente que ya estaban asignados para otras inversiones o gastos? ¿El Gobierno estima que se verificarán reducciones y/o restricciones presupuestales de gastos e inversiones públicos futuros? Esta pregunta es casi espejo de la que hicimos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues nos interesa saber la visión de las dos carteras.

56. ¿Cuál será el porcentaje del total a invertir que se ejecutará y financiará a través de esta modalidad de PPP?

A continuación paso a leer las preguntas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

57. ¿Ha realizado el ministerio un estudio sobre el impacto ambiental que pueda generar la instalación de UPM en el río Negro?

58. La empresa UPM ha licitado un estudio de impacto ambiental. ¿El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente utilizará ese estudio o hará uno propio?

59. ¿Además del análisis de impacto ambiental de las aguas del río Negro, ha realizado o tiene previsto realizar estudios de impacto ambiental y urbano sobre el nuevo sistema de ferrocarril que unirá UPM con el puerto de Montevideo?

60. ¿Qué otros estudios de impacto ambiental tiene previstos realizar el ministerio y en qué momento?

61. ¿Tiene el ministerio un plan de reestructura de la Dinama a los efectos de cumplir con los requisitos exigidos por UPM? ¿En qué consiste el plan y cuánto dinero implicaría en materia presupuestal?

Este capítulo habilitaría toda una discusión, ¿no? Ya sabemos de las complicaciones que tiene la Dinama para cumplir con los textos legales de calificación y posterior análisis del estudio de impacto ambiental. Ahora bien, Uruguay se compromete, en tantas de las entregas que hizo en este acuerdo, casi casi que a asignar específicamente personal de la dirección para Dinama. Es por eso que formulo la pregunta número 61.

62. La normativa de estudios de impacto ambiental establece la posibilidad de que los proyectos sean clasificados como B o C, lo que implica procesos de puesta de manifiesto y/o audiencia pública. Según la experiencia en el país, los proyectos clasificados como B o C exceden, en su mayoría, los doce meses. ¿El Poder Ejecutivo entiende que los tiempos estipulados en el contrato son factibles de lograr?

Ahora paso a las preguntas que realizo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

63. ¿Se realizó algún estudio que verifique que la cantidad de puestos de trabajo directos que tendrá UPM, una vez que empiece a funcionar, será de 4000?

64. En al artículo 7 se invocan varias causas extrañas no imputables, que exoneran de responsabilidad a las partes. Algunas de las causas invocadas son muy poco probables, como tsunamis y terremotos. Sin embargo, y a diferencia de lo que es usual, no se incluyen huelgas ni conflictos laborales que afecten a terceros. ¿Cuál es la razón de haber excluido esta causa? ¿El Gobierno es consciente de que en estas condiciones queda expuesto a riesgos que difícilmente podrá controlar?

65. ¿Qué medidas tomará el Gobierno para asegurar que no se repitan los conflictos que se sucedieron en Montes del Plata?

66. Esta es la frutilla de la torta que mencionábamos más temprano: ¿Qué implica el punto 3.6.10 literal C, que establece que la República Oriental del Uruguay deberá incorporar al derecho positivo uruguayo los acuerdos laborales alcanzados? ¿Se pretende establecer normas de derecho laboral independientes de las del resto del país con rango legal o por decreto?

67. ¿Cómo evalúa el Gobierno el compromiso de adaptar los programas educativos de UTU (punto 3.6.4) a los requisitos de UPM? ¿La firma de ese compromiso por parte del Poder Ejecutivo no implica violar la autonomía de la ANEP?

Señora presidenta: esto constituye un resumen de las preguntas que queríamos hacer a los ministros; reunimos las que nos parecieron más importantes. Quizás formulemos algún pedido de informes.

A su vez, estas preguntas que hacemos justificaban que participáramos anteriormente, pues tenemos muchas dudas en lo que respecta a las posibles respuestas.

Así que vamos a escuchar atenta y ansiosamente lo que tiene para decir el Gobierno que, insisto, lamentablemente falló en la representación de los uruguayos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con el debate, tiene la palabra la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Para empezar, quiero expresar un agradecimiento al señor senador Lafluf porque hace unas pocas semanas realizó una exposición con motivo de los diez años de UMP en Uruguay. Y el agradecimiento lo expreso, fundamentalmente, por algunos pocos e importantes motivos: el primero, es que nos trajo a todos el recuerdo de Wilson Ferreira Aldunate, un demócrata de fuste; el segundo, es que entiendo que trajo un reconocimiento y una reafirmación de la importancia de trabajar coordinadamente alrededor de políticas de Estado; y, por último, creo que trajo, también, un reconocimiento a las personas de todo el país y en todas las posiciones que, en forma coordinada y con mucho compromiso, trabajaron para cimentar uno de los aspectos del desarrollo del Uruguay.

Vamos a desarrollar nuestra presentación tratando de responder a todas las preguntas formuladas en este ámbito pero, fundamentalmente, queremos expresar el marco general en el que el Gobierno ha encarado la negociación de este proyecto. Eso tiene que ver con una política de desarrollo llevada adelante, pero también con quién estamos negociando y además, por supuesto, en ese marco, con cuáles son las consecuencias para la economía del país de ir afianzando paso a paso las etapas de este proyecto.

El proyecto está totalmente alineado con los objetivos de desarrollo productivo sostenible de nuestro país, ya que es innovador y hemos negociado condiciones de sustentabilidad, de equidad social y de equilibrio ambiental y territorial.

El país lleva adelante una política de atracción de inversiones y la idea es que estas contribuyan sustantivamente a la creación de empleo de calidad, a la incorporación de tecnología de punta y al fortalecimiento de las capacidades nacionales para la expansión de actividades con mayores niveles de valor agregado y de conocimiento en nuestro país. Esto lo realizamos promoviendo un contexto de descentralización de las actividades productivas.

En la negociación que llevamos adelante en este proyecto de inversión planteamos desde el inicio que era una condición necesaria incluir un conjunto de acciones específicas para asegurar que los beneficios potenciales, en todas las dimensiones que he mencionado, se concretaran en la realidad. Es por eso que hemos incluido en la negociación temas de desarrollo de cada uno de los grupos de trabajo y, además, se constituyó un grupo de trabajo específico para incluir otros temas de desarrollo y poder tener una visión integral de la materia. Este aspecto es fundamental y diferencia este proyecto –como la tercera planta de celulosa– de los anteriores. Esto es así porque, en la acumulación de trabajo, de experiencia y de políticas de Estado, Uruguay, el Gobierno, ha aprendido, y por eso para esta negociación tuvimos mejores herramientas y una visión histórica, integral y con proyección de futuro.

La negociación atendió la generación de las condiciones para que la empresa pueda concretar la instalación de una planta en el centro de nuestro país pero también, al mismo tiempo, los intereses del desarrollo nacional.

Las dimensiones que hacen a este proyecto tienen una contribución sustantiva para el desarrollo de capacidades de los trabajadores y de los empresarios, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, de la protección del medioambiente, del desarrollo regional, de la diversificación de la matriz productiva, del posicionamiento internacional del Uruguay y de la inserción internacional competitiva.

¿Con quién estábamos negociando? ¿Cuáles son las características de este inversor y qué antecedentes tiene en nuestro país y en el mundo? Como saben, UPM es una de las firmas líderes de la industria forestal global; tiene presencia en el mercado internacional de la pasta de celulosa y sus derivados, así como también en otras líneas de negocios de punta en el ámbito de la bioeconomía y de las energías renovables. Es una empresa con muy buena imagen y con una muy buena reputación internacional. Está orientada a la innovación y, a partir de actividades de innovación y de desarrollo, genera nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, se desempeña en el rubro de etiquetas, nuevos materiales de alto valor y biocombustibles.

Tiene presencia en nuestro país desde hace más de dos décadas y se ha constituido en uno de los principales inversores externos. Ha generado un denso entramado de relaciones comerciales que involucra a más de quinientas pequeñas y medianas empresas nacionales. A su vez, ha establecido una relación fluida con el Sistema Nacional de Innovación en sus actividades de investigación, desarrollo y mejoramiento genético, y ha contribuido a la mejora de las capacidades y empleabilidad de las personas en el interior del país.

Con el nuevo proyecto, Uruguay pasaría a ser el principal receptor de inversiones de la empresa, situación que no se repite en otros casos, lo que puede traducirse en un mayor potencial para recibir nuevas inversiones que desarrollen y diversifiquen las cadenas.

Hay algunos aspectos macrocuantitativos del proyecto que quisiéramos recalcar y que tienen un impacto ineludible en la economía del país.

Este proyecto incrementaría de forma permanente el producto bruto interno en más de dos puntos porcentuales y aumentaría las exportaciones en más de USD 1.000:000.000 anuales, llevando a Uruguay a ubicarse entre los dos primeros exportadores del producto en el mundo.

El proyecto también generaría una recaudación adicional de tributos de aproximadamente USD 120:000.0000 anuales. Este monto no incluye cuestiones tales como el canon de la nueva zona franca, los peajes, el IRPF o el pago por el uso de la vía que excede las necesidades de mantenimiento, pero incluye el impuesto al patrimonio, el IRAE, el IVA, el Imesi, los aportes patronales, el Fonasa y otros impuestos menores.

No todas las inversiones deben ser plenamente asignadas al proyecto, ya que al menos parte de ellas también se harían en un escenario sin proyecto. El proyecto por sí solo aseguraría un nivel de utilización de la infraestructura ferroviaria de al menos el cincuenta por ciento de su capacidad.

Comprende la mayor inversión privada en la historia del país, con los consiguientes efectos positivos de señalización que confirman los atributos del Uruguay, tanto institucionales como productivos, para la localización de proyectos de gran porte orientados al abastecimiento del mercado mundial, cumpliendo con los más altos estándares internacionales.

El voto de confianza del inversor externo en un proyecto de esta magnitud tendría un impacto positivo en la calificación crediticia del país, lo que redundaría en menores costos de financiamiento del Gobierno central.

Además, la perspectiva de un crecimiento más acelerado, junto con la fuerte entrada de inversión extranjera directa en los próximos años, sienta las bases para un mayor interés de los inversores por deuda en moneda local.

Por otro lado, es importante destacar, en base a la política de Estado que ha llevado adelante Uruguay, la relevancia de la cadena forestal maderera en el desarrollo nacional y su potencial. Se ha constituido en uno de los principales complejos agroindustriales nacionales, impulsores del crecimiento, con un papel determinante en la dinamización y diversificación de las exportaciones, lo que ha llevado a la generación de empleo de calidad en el interior del país y la incorporación de conocimiento en las actividades productivas. Ha tenido un papel importante en la descentralización de las actividades productivas –una proporción mayoritaria de la actividad forestal, es importante recordarlo, se concentra en los departamentos ubicados al norte del río Negro–; ha tenido un importante rol en la diversificación productiva, consolidando una fase industrial, y muestra, también, una mayor intensidad relativa entre las cadenas agroindustriales en términos de empleo, valor agregado generado y recaudación tributaria por hectárea ocupada. Hay una presencia significativa de pequeñas y medianas empresas en la cadena y tiene un elevado potencial para incrementar la contribución al desarrollo nacional, consolidando un conglomerado de la madera en el noreste del país: industrias, instituciones de formación y de investigación, intensificación de la incorporación de I+D+I –o sea, investigación más desarrollo más innovación– a partir de la institucionalización de un centro tecnológico forestal maderero, la intensificación de otros usos de la madera –como, por ejemplo, la vivienda– y el desarrollo de nuevos productos, así como de nuevos materiales. Además, tiene un papel determinante en la concreción de diversas iniciativas para el crecimiento y el desarrollo de la cadena y sus derrames.

Señora presidenta: he traído una pequeña presentación –con algunas imágenes– sobre un estudio realizado por la OPP, que me gustaría compartir en este ámbito.

(Se proyecta la presentación sobre el estudio realizado por la OPP).

–En la imagen que se está proyectando se pueden observar dos fotos de Uruguay, una de 2006 y la otra de 2016, que reflejan, de acuerdo con estudios realizados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el porcentaje de personas pobres según el territorio. Los valores más bajos están representados por los colores más claros. Quiere decir que, en Uruguay, en 2006 –como muestra la transparencia en color bordó– había más de un 30 % de personas pobres en esos territorios; la región de color más claro tenía de un 20 % a un 30 % y, por último, Maldonado, entre un 10 % y un 20 %. Vemos que ha habido un cambio importante en la lucha contra la pobreza que llevó a que, en 2016, una gran parte del país tenga menos del 10 % –la parte más clara, a la derecha–, aunque el sector noreste sigue teniendo entre un 10 % y un 20 % de personas pobres.

Este proyecto generaría más de 3000 puestos de trabajo, con picos de 5000 durante la construcción de la planta de celulosa, a lo que habría que agregar los empleos derivados de la construcción de otras infraestructuras asociadas al proyecto como es, en particular, la infraestructura de transporte. Durante la fase de operación el proyecto produciría unos 4000 puestos de trabajo directos e indirectos, entre los que están los contratados por la empresa y los contratados por los proveedores directamente vinculados a la operativa de UPM. Hay estudios que indican que habrá entre 3500 y 4000 puestos de trabajo inducidos, que son los generados en diversos sectores de la economía por la mayor demanda de bienes y servicios resultantes de lo anterior.

Estos números han sido convalidados por diversos estudios, como los realizados por la Sociedad de Productores Forestales y por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que más o menos confirman el entorno de puestos de trabajo. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo en una región donde tienen un papel significativo como parte de la política de lucha contra la pobreza. La creación de empleo tiene como correlato remuneraciones adicionales que están en el entorno de los USD 200:000.000. Dicha estimación tiene como base evaluaciones previas con relación a la primera planta de UPM realizadas por privados y por nuestros equipos de trabajo.

A continuación, en la lámina que estamos viendo compartimos la distribución del ingreso per cápita según el territorio. Aquí también los valores más altos son los colores más oscuros, con lo cual en este caso tener un mapa más oscuro es una buena noticia. En cuanto al año 2006 se puede ver un color gris en el noreste del país y en el resto un color verde claro; en 2016, lo que era verde claro se ha vuelto un poquito más oscuro y el resto se ha oscurecido.

En este marco, una vez más los invito a mirar la zona de Tacuarembó y Durazno. En la negociación llevada adelante hemos incorporado el aspecto del desarrollo territorial como un elemento fundamental. Tenemos una situación de partida que, a pesar de haber avanzado mucho desde 2006 hasta 2016, sigue con baja densidad de población en grandes áreas, con vacíos demográficos y con una población en proceso de envejecimiento. Esperamos algunos efectos y vamos a trabajar para lograrlos.

Según la estimación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el total de inmigrantes hacia la zona, bajo el supuesto de radicación de familias, será de 10.000 personas: 400 para el área industrial y el resto al área forestal. El mismo estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas por encargo de la OPP arrojó que habrá un incremento del PBI per cápita en la zona de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó de entre un 10 % y un 15 %, únicamente teniendo en cuenta la creación de 4000 puestos de trabajo directos e indirectos, sin considerar los inducidos. También esperamos nuevas actividades productivas en el área de influencia de la vía férrea.

Por consiguiente, en este acuerdo de inversión hemos incorporado capítulos específicos para la planificación regional.

El Gobierno nacional, junto con los Gobiernos departamentales, en base a los estudios que involucran a las partes interesadas en los territorios, construirá un sistema de localidades dentro de las áreas geográficas impactadas por las operaciones forestales, principalmente para los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida y Cerro Largo, con el objeto de planificar el desarrollo local, de modo de maximizar los beneficios y mitigar los efectos adversos. Nuestro país, junto con UPM, cooperará para promover el afincamiento de los trabajadores y sus familias en este sistema de localidades y se proporcionará crédito con y sin subsidio para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con ingresos permanentes, así como servicios públicos apropiados: salud, educación pública, sistema de cuidados y conectividad a Internet. UPM será responsable de proporcionar a los trabajadores hospedaje temporal durante la fase de construcción de la planta cuando no puedan ubicarse en los alojamientos existentes, de acuerdo a la planificación territorial de Paso de los Toros y pueblo Centenario, así como a las normas de calidad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Una vez concluida dicha fase, UPM transferirá a nuestro país el título de por lo menos sesenta casas.

En la próxima lámina se grafica la tasa de desempleo en 2006 y en 2016. Nuevamente, los valores más oscuros son los más altos; aquí la buena noticia es que el mapa se aclare. En 2006 se observa un panorama de desempleo color violeta oscuro y en 2016 se advierte que el país ha avanzado, bajando la tasa de desempleo a nivel territorial.

Invito a los señores senadores a que observen la situación de Durazno y de Tacuarembó. Hemos considerado aspectos que tienen que ver con el desarrollo empresarial y con el capital humano. Este proyecto es una oportunidad para desarrollar proveedores nacionales de bienes y servicios en la cadena de valor bajo estándares internacionales, tanto en relación con la fase de construcción como de operación de la planta. También el aumento de la demanda en la región de referencia, a partir del incremento de población, de los salarios y del ingreso disponible, significa una oportunidad para el desarrollo competitivo de micro-, pequeñas y medianas empresas –de pequeños negocios– y la densificación de la trama empresarial con el consiguiente impacto en términos de formalización y de empleo.

Por otro lado, este proyecto contribuirá a la consolidación de la transformación de la matriz energética en tanto incrementará aproximadamente en un 10 % la producción de energía renovable, en este caso en base a biomasa. Una de las ventajas de la generación con biomasa es que tiene mayor gestionabilidad con respecto a otras fuentes de energía y, además, presenta potencia firme, con lo cual una de las consecuencias podría ser la mejora de los precios y condiciones contractuales con países vecinos para la exportación, esto es, generar mejores contratos de exportación de energía. Como sabrán los señores senadores, Uruguay ya hoy se ha consolidado como un exportador de energía eléctrica multiplicando por más de diez la cifra en comparación con el 2015. De esta forma, a través de la contribución en potencia firme se van a generar mejores condiciones para el sistema eléctrico.

La siguiente gráfica refiere a un estudio territorial según la cantidad de años de estudio promedio de la población mayor de veinticinco años, en este caso no para el período 2006-2016, sino 2010-2016. Una vez más, los valores más oscuros son los mayores por lo que la buena noticia sería que el mapa se oscureciera. Podemos observar un avance de 2010 a 2016, con un promedio de 8 a 9 años de estudio en casi todo el país y de 9 a 10, o más años, en algunas regiones.

De nuevo: los invito a mirar el centro y el noreste del país, que es donde se ubicará este proyecto. Para potenciar la cantidad promedio de años de estudio de nuestra población, en este acuerdo de inversión hemos incluido cláusulas para fortalecer las universidades técnicas relacionadas con las disciplinas mecánicas, principalmente en Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó. Este proceso de fortalecimiento está en marcha. Por ejemplo, hace pocos días se llevó a cabo la inauguración del Centro de Mecatrónica de la UTEC en Durazno, que forma parte de la política que se viene llevando adelante y que continuará; por eso este proyecto es un maravilloso pretexto para seguir adelante.

También fortaleceremos las disciplinas de instrumentación y de eléctrica y se implementarán programas para apoyar a personas de la región a fin de que completen los estudios educativos básicos. Por su parte, UPM financiará durante tres años un programa de becas para estudiantes de la región de referencia en las disciplinas de mecánicas, instrumentación, químicas y eléctricas. El Gobierno de Uruguay y UPM cooperarán en el desarrollo del título de tecnólogo de Control de Procesos que será ofrecido por la UTEC. También UPM, en acuerdo con el Inefop, va a desarrollar un plan de capacitación y asesoramiento profesional para la fase de construcción de la planta con foco en competencias con demanda a largo plazo en Uruguay, para el que realizará un aporte financiero por el mismo monto que realice Uruguay, de hasta USD 1:500.000.

La siguiente lámina presenta el máximo nivel educativo alcanzado –educación terciaria o superior– en el período 2010-2016. Aquí también el oscurecimiento de los colores es una buena noticia, porque refiere a los máximos niveles educativos alcanzados. Nuevamente vemos la necesidad de que nuestro Gobierno continúe trabajando en el área de Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo. Por eso, en este acuerdo de inversión también hemos incluido un capítulo destinado a la innovación, la investigación y el desarrollo. El Gobierno de Uruguay y UPM cooperarán en la promoción de las capacidades humanas y empresariales en relación con la tecnología, la innovación y la protección del medioambiente para incorporar valor agregado nacional y para potenciar los beneficios que pueda tener el proyecto. Se constituirá un fondo de innovación sectorial que contribuirá al financiamiento de los siguientes instrumentos: Centro Tecnológico Forestal Maderero en Tacuarembó y Centro Tecnológico en Bioeconomía, que desarrollará como áreas prioritarias actividades de I+D+I, capacitación, servicios de tecnología especializada, servicios orientados a la mejora de la competitividad de la cadena y economía circular. UPM se compromete a apoyar el establecimiento de vínculos estrechos entre estos centros de desarrollo e instituciones referentes en Finlandia para generar así trabajos colaborativos. Se desarrollarán proyectos de I+D+I y programas de formación que estén vinculados con operaciones forestales, transformación química y física de la madera, productos derivados y nuevas líneas de negocio. Se cooperará con el Centro de Desarrollo Empresarial, donde se brindará asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de mipymes en el territorio. Habrá un programa de desarrollo de proveedores nacionales que pretende identificar, desarrollar e integrar proveedores nacionales y locales a la cadena de valor del proyecto. Ya se han relevado las capacidades nacionales que podrán proveer en la fase de construcción y de operación, y se va a seguir trabajando en conjunto con los actores de la actividad privada en este sentido. Como corresponde, UPM diseñará sus procesos competitivos de modo de considerar características y escalas de las empresas nacionales y tomará en consideración el registro de empresas interesadas que se abrirá oportunamente. Asimismo, promoverá entre sus contratistas y subcontratistas la colaboración con este programa de desarrollo de proveedores. Anualmente y durante veintitrés años, UPM aportará al Fondo para el Desarrollo, con destino a innovadores, USD 1:500.000 y apoyará en la implementación de los instrumentos necesarios. Por su parte, los representantes de la República Oriental del Uruguay en dicho fondo definirán la distribución de los recursos.

Solo para dar una idea general, quiero señalar que el marco normativo en el que se ha llevado adelante el acuerdo de inversión está sustentado en el artículo 16 de la Ley n.º 16906, ley de inversiones, que prevé el otorgamiento de beneficios especiales a las inversiones que signifiquen un aporte importante al proceso de descentralización geográfica de la actividad económica o que superen determinado monto. El Decreto n.º 477/008 reglamenta la norma mencionada y establece los procedimientos para los procesos de negociación con inversores en proyectos de gran significación económica. Este decreto prevé la posibilidad de suscribir acuerdos entre el Estado y los potenciales inversores en los que se recojan los resultados de dicho proceso de negociación en los siguientes términos: conformar una comisión integrada por los ministerios relacionados con las actividades que el proyecto involucra; llevar adelante las negociaciones y elaborar un proyecto de contrato de inversión a ser elevado al Poder Ejecutivo para su consideración; el proyecto del contrato debe definir este marco legal aplicable a este proyecto de inversión; obligaciones de las partes; eventuales contrapartidas especiales; plazos para su cumplimiento y el avance de los beneficios especiales a otorgar, entre otros. Según esta reglamentación, el Poder Ejecutivo debe aprobar el proyecto de contrato y designar a quien lo suscribirá en nombre y representación del Estado. Este contrato de inversión, tanto en su proceso de negociación como en sus contenidos, ha sido celebrado en el marco del Decreto n.º 477/008, reglamentario de la ley de inversiones.

Por otra parte, hay algunos aspectos jurídicos que nos gustaría resaltar y voy a tratar de resumir. La decisión final de inversión queda sujeta a la discreción de UPM. En este sentido, la identificación por parte de la empresa de las condiciones necesarias es al solo efecto de poder tomar una decisión final de inversión cabal e informada. En consecuencia, las condiciones necesarias carecen de efecto vinculante. Ninguna parte incurre en responsabilidad alguna antes de la fecha para la toma de la decisión final de inversión. El contrato de inversión se dará por terminado si la decisión final de inversión no ocurre antes del 15 de febrero de 2020. Como ya comenté, cualquier parte puede dar por terminado el contrato antes de la decisión final de inversión a su sola discreción y sin incurrir en responsabilidades. Se negociará un contrato complementario a efectos de acordar respecto de: 1) las afiliadas a UPM adicionales y su papel en el proyecto; 2) el plazo de contrato de inversión; 3) la terminación después de la decisión final de inversión; 4) el régimen de compensaciones ante incumplimientos posteriores a la decisión final de inversión, y 5) los aspectos de estabilidad jurídica, entre otros.

Durante la negociación se encararon los temas económicos como un paquete. Asimismo, en el marco del trabajo de equipo de negociación que el Gobierno llevó adelante, se estableció un equipo multidisciplinario integrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los Ministerios de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas y de Industria, Energía y Minería para tratar en conjunto los temas de índole fiscal, de energía y de infraestructuras, así como los relacionados con el desarrollo innovador al que hice referencia hace unos minutos. Entre ellos se encuentra la autorización de explotación de la zona franca para la producción de pasta de celulosa por un período de treinta años, de acuerdo con la Ley n.º 15921, de zonas francas. Está justificada en una inversión en la zona de al menos € 2.000:000.000, además de otras inversiones asociadas. También se prevé la extensión de la autorización de la explotación en la zona franca de Fray Bentos, de modo que coincida con el plazo de la nueva zona y siempre que se concrete la nueva planta de celulosa y se acuerde con nuestro país un plan de inversiones adicionales en la zona franca de Fray Bentos. Este es un tratamiento análogo al que están recibiendo otras zonas francas a efectos de otorgar ampliaciones en el plazo de su autorización.

Destacamos que el nuevo canon de esta zona franca sería aproximadamente el triple del vigente. El canon anual de la zona franca para una producción mayor o igual a 2:000.000 de toneladas al año –que es el escenario más probable– será de USD 7:000.000 anuales durante los primeros veinte años y USD 3:500.000 anuales durante los diez años siguientes. El primero de estos montos equivale aproximadamente a diez veces el canon que paga actualmente cada una de las zonas francas especializadas en pasta de celulosa. No se otorgó exoneración total o parcial del impuesto al patrimonio.

Los temas relativos al proyecto ferroviario también fueron trabajados en este equipo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, autorizado por AFE, propietario de la infraestructura, constituirá y mantendrá el ferrocarril central que une el puerto de Montevideo con Paso de los Toros, de acuerdo con las especificaciones y el plazo previstos en el contrato. A estos efectos se llamará a una licitación pública internacional para que lo ejecute mediante un contrato de participación público-privada en los términos de la normativa aplicable. Se proporcionará regularmente a UPM información completa y actualizada con relación al proyecto ferroviario. Esto se otorga en tanto el ferrocarril es condición necesaria para la operación de una planta de celulosa en el centro del país. Esta se construiría en paralelo a las obras del ferrocarril. Se completará el desarrollo de la normativa aplicable al transporte ferroviario, incluyendo el marco operativo y regulatorio que regirá a los usuarios de la vía férrea, según lo dispuesto por la ley de creación de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, modificada en la última ley de rendición de cuentas. Se habilitará un operador ferroviario que cumpla con las disposiciones de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, propuesto por UPM. El operador tendrá su propio material rodante, se le otorgará acceso prioritario a la vía férrea para siete recorridos diarios en ambos sentidos y su desempeño será auditado cada tres años. Se establece el canon que deberá pagar UPM o su operador ferroviario por el uso de la vía férrea. A partir del sexto año se prevé el pago de un complemento por un buen desempeño equivalente al 25 % de la tarifa básica. El proyecto ferroviario se complementa con un viaducto en la rambla para dar acceso a los trenes al puerto de Montevideo. El viaducto en la rambla portuaria es un proyecto preexistente. El proyecto del ferrocarril central será llevado adelante en cualquier escenario respecto de la planta de celulosa.

También se trabajaron y se incluyeron en el contrato los aspectos relativos a los proyectos viales y portuarios. Esto se trató en el grupo que consideró los temas económicos.

En cuanto a los proyectos viales, nuestro país renovará rutas, reforzará puentes y llevará a cabo el mantenimiento, lo que permitirá la circulación de camiones semirremolque de 48 toneladas y camiones tritrén, de acuerdo con las especificaciones, estándares y cronogramas previstos en el contrato. Se deja previsto el pago del peaje que determine el Poder Ejecutivo en forma general para todos los vehículos de carga, y en forma proporcional a las toneladas brutas que se transporten.

En lo que tiene que ver con el proyecto portuario, se realizará un proceso competitivo de acuerdo con la legislación nacional aplicable, para otorgar una concesión portuaria por cincuenta años a cambio de la construcción, operación y mantenimiento de una terminal portuaria especializada en celulosa y derivados, sus insumos y otros productos forestales en el puerto de Montevideo. UPM presentará iniciativa privada al amparo de la normativa correspondiente.

Se establecen tarifas generales de mercadería y uso del puerto, además de un canon de concesión por uso del suelo que el concesionario deberá pagar a la Administración Nacional de Puertos. Se estima que la inversión a realizar por parte del concesionario superará los USD 200:000.000.

En cuanto a la energía eléctrica, simultáneamente al contrato de inversión, se suscribió un memorando de entendimiento de energía eléctrica entre el Ministerio de Industria y Energía, UTE y UPM, cuyos contenidos principales son los siguientes. UPM realizará a su propio costo la obra de conexión y transmisión para la fase de construcción de la planta; la construcción de la línea de conexión de 150 kilovoltios desde la planta al Rincón del Bonete; la construcción de una subestación en la planta y la ampliación necesaria en Rincón del Bonete. UTE realizará la operación y mantenimiento y UPM cubrirá los costos respectivos. UTE procurará armonizar y optimizar el plan de expansión del sistema de transmisión para asegurar suficiente capacidad para tomar la energía eléctrica a ser vendida por la planta. UPM aportaría a UTE USD 2:000.000 anuales por un período de cinco años a partir de la decisión de inversión con el propósito de cofinanciar las obras de infraestructura eléctrica que corresponden a UTE. En buena medida estas obras deberán ser encaradas en el mediano plazo en cualquier escenario, con o sin proyecto, en virtud del incremento en la generación de energía renovable en el área. El Poder Ejecutivo promoverá la celebración de un contrato de compraventa de energía entre UTE y UPM que incorporará la planta de Fray Bentos cuando finalice el contrato vigente, que tendrá las siguientes características. Se comprará el 100 % del excedente de energía eléctrica generada por la planta por veinte años por hasta un teravatio/hora por año a un precio de USD 72,5 por megavatio/hora. Este precio es inferior al promedio de los generadores privados en la actualidad y resultó también del conjunto de los aspectos económicos vinculados al proyecto. Como dije al inicio, los temas económicos fueron vistos en su conjunto. Por encima de ese volumen la energía excedente que tenga UPM podrá ser vendida al mercado doméstico en modalidad spot o exportada en el marco normativo vigente.

En cuanto a los aspectos ambientales que fueron incorporados al acuerdo de inversión, todas las autorizaciones se van a realizar en el marco de la normativa ambiental vigente en el país considerando –como en los demás aspectos– la experiencia generada por las autorizaciones ambientales de las dos plantas existentes. Además, se plantearán condiciones especiales teniendo en cuenta las características y la situación actual de nuestro río Negro. Los plazos para evaluar estas solicitudes se establecen en el acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en la normativa aplicable. La selección de la tecnología para la operación de la planta de celulosa se realizará de acuerdo a las mejores tecnologías disponibles y las conclusiones de la evaluación del impacto ambiental que realizará, como corresponde, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, considerando la mejora continua en el desempeño ambiental. UPM aportará apoyo técnico y financiero para fortalecer los planes nacionales y mejorar la calidad del agua del río Negro, incluyendo el apoyo financiero para el saneamiento de Paso de los Toros y Centenario, y un monto de las compensaciones ambientales, que ascenderá a USD 10:500.000.

En lo referente al parámetro fósforo, además de cumplir con los estándares de vertido previstos en la normativa aplicable, se establecerán límites adicionales a ajustar con los estudios de impacto ambiental. Los niveles de emisiones al ambiente, las compensaciones y otros aspectos de esta materia, referidos en el contrato, quedan sujetos a las correspondientes evaluaciones técnicas y conclusiones que resulten de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se presenten.

En los ámbitos laborales y de capital humano que no he nombrado aún, el contrato incorpora la firma, en setiembre, de un acuerdo marco entre el Gobierno, el PIT-CNT, UPM y las cámaras empresariales de la construcción y la metalúrgica, con el objetivo de determinar normas y pautas para establecer relaciones laborales estables y predecibles con relación a la fase de la construcción de la planta, incluyendo el desarrollo de protocolos laborales sobre seguridad, bienestar, servicios y capacitación del trabajador. La cuota de trabajadores extranjeros en la fase de construcción no tiene excepción al tope de 25 % de la ley de zonas francas, el que se va a medir sobre la totalidad de los trabajadores que ingresen diariamente y como promedio a lo largo de toda la fase. El Gobierno convocará a un ámbito de negociación conjunta entre el PIT-CNT, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para acordar la implementación de procedimientos de prevención y solución de conflictos, y la regulación de piquetes y ocupaciones, promoviendo la inclusión de las cámaras empresariales y tomando como base la propuesta que presentó nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los interlocutores sociales sobre estas materias en marzo de 2017.

Este proyecto está completamente alineado con los objetivos de desarrollo productivo sostenible de Uruguay y aporta a la descentralización de las actividades productivas, con especial énfasis en los departamentos que están al norte del río Negro, que es donde se realiza la mayor parte de la actividad forestal.

El proyecto tiene el potencial para el desarrollo de un conglomerado de madera en el noreste del país, incluyendo actividades industriales, tecnológicas y de investigación.

La empresa con la que hemos negociado está orientada a la innovación a partir de sus actividades de investigación y desarrollo, por lo que puede servir como tractor de la innovación en Uruguay. A eso se orienta el acuerdo alcanzado.

Con el nuevo proyecto, Uruguay pasaría a ser el principal receptor de inversiones de UPM en el mundo. El proyecto es la mayor inversión privada en la historia del país e incrementaría en forma permanente el producto interno bruto de Uruguay en dos puntos porcentuales. Nuestro país pasaría a ser el segundo exportador del mundo de pasta de celulosa. Además, el proyecto generaría un promedio de 3000 puestos de trabajo con picos de 5000 durante la construcción de la planta. Durante la fase de operación generaría 4000 puestos de trabajo directos e indirectos, más una estimación de 3500 a 4000 puestos de trabajo inducidos. Se espera una migración de aproximadamente 10.000 personas hacia la zona, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El producto interno bruto per cápita de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó crecería entre un 10 % y un 15 %. Los puestos de trabajo generados son de calidad, requieren capacitación permanente y esto se reflejará en remuneraciones sensiblemente superiores al promedio. En el escenario más probable, UPM pagará durante los primeros veinte años USD 7:000.000 anuales de canon, diez veces más del que pagan hoy las demás plantas en zonas francas.

UPM deberá cumplir absolutamente todos los requisitos y procedimientos ambientales establecidos en la normativa uruguaya y dará apoyo técnico y financiero de USD 10:500.000 destinado a mejorar la calidad del agua del río Negro.

El proyecto del ferrocarril central será llevado a cabo por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, independientemente de la puesta en marcha de la planta de celulosa, a través de una licitación pública internacional.

Para el proyecto portuario, UPM presentará una iniciativa privada con una inversión estimada de USD 200:000.000.

El Gobierno y UPM cooperarán en el desarrollo del título de tecnólogo de Control de Procesos, a ser ofrecido por UTEC en la zona de la planta. UPM y el Gobierno realizarán un aporte de USD 1:500.000, a partes iguales, para un plan de capacitación y asesoramiento profesional.

Uruguay facilitará las condiciones de acceso a la vivienda en la zona de influencia, y a los servicios públicos. UPM será responsable de proporcionar viviendas –al menos sesenta casas– las que, finalizado el proceso, serán transferidas al Gobierno uruguayo.

UPM realizará, a su propio costo, la línea de conexión de 150 kilovoltios, desde la planta de celulosa de Rincón del Bonete, así como la subestación asociada. Además, aportaría USD 2:000.000 anuales, por un período de cinco años, para cofinanciar las obras de infraestructura eléctrica generales.

UTE comprará a UPM su excedente de energía eléctrica por veinte años a un precio de USD 72,5 por megavatio/hora por hasta un teravatio/hora anual. Este precio es inferior al promedio de los generadores privados; inferior al promedio de biomasa actual; inferior al precio de biomasa en la región, e inferior al precio que representaría un sobrecosto cero en el costo de abastecimiento de la demanda de UTE de aquí a veinte años.

UPM aportará USD 1:500.000 anuales durante veintitrés años, destinados a instrumentos de investigación y desarrollo, programas de formación y desarrollo de empresas y proveedores nacionales, que serán gestionados en conjunto en un fondo de innovación sectorial.

Se crearán centros tecnológicos en la zona de la planta, uno forestal maderero y otro en bioeconomía, buscando la generación de actividades de investigación, desarrollo e innovación conjuntas entre UPM e instituciones uruguayas y finlandesas.

Para nosotros es muy importante hacer un reconocimiento en este ámbito –lo haré en las personas del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, y del secretario y del prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Miguel Toma y Juan Andrés Roballo, respectivamente– a la enorme cantidad de funcionarios que, a lo largo de esta negociación, han trabajado junto a todos los ministerios con ahínco, compromiso y sin descanso para lograr las mejores condiciones para nuestro país.

A título personal –pero estoy segura de que mis compañeros del Gobierno estarán de acuerdo conmigo–, me gustaría tomar una frase del ministro Murro quien, durante las varias evaluaciones que el Gobierno ha llevado adelante a lo largo de esta negociación, y preparándonos para las etapas que vienen, una y otra vez ha comentado: «Esta es una muy buena noticia para el Uruguay y está muy bien lograda». Yo estoy de acuerdo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Señora ministra: ¿cede el uso de la palabra a alguno de los otros ministros?

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Antes de pasar a contestar las preguntas, solicito un cuarto intermedio para poder organizarnos.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: el cuarto intermedio debe ser solicitado por un legislador y no por un ministro, salvo que por una nueva norma puedan hacerlo.

SEÑORA PRESIDENTE.- La formalidad será cumplida por el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Está muy bien; hay que cumplir las formalidades y tiene razón.

Solicito un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 11:27).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:50).

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Solicitamos un nuevo cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por otros quince minutos.

(Así se hace. Son las 11:50).

(Vueltos a sala).

Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 12:12).

–Se va a pasar a dar respuesta a las preguntas formuladas por el señor senador convocante.

Tiene la palabra la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Voy a contestar la pregunta 1.

El artículo 10 de la Constitución de la república establece el principio respecto al proceder de los particulares y, naturalmente, también de la Administración. La Administración tiene atribuciones, competencias y poderes, y en este marco toma sus decisiones. A su vez, los organismos tienen poderes explícitos e implícitos con el fin de cumplir sus cometidos. Evidentemente, sería posible prever todas las situaciones, así como se impone la necesidad de acompañar la realidad y su dinámica. Como se comprenderá, en un proceso de negociación en el que están implicados los derechos, en este caso, de particulares, la posición del inversor frente a sus competidores debe ser contemplada. Tan así es que en la Ley n.º 18381, que refiere al derecho de acceso a la información pública, se establece la posibilidad de confidencialidad en el artículo 10. Más precisamente, en el literal B) se incluyen como materia de confidencialidad «hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor». A su vez, como corresponde, la confidencialidad –por estar involucrada la cosa pública– tuvo un límite temporal, que fue la firma del contrato; inmediatamente, la Administración procedió a su publicación. El contrato es público y se puede acceder a él a través de la página web.

Finalmente, la práctica comercial internacional de los Estados con inversores conlleva ineludiblemente una etapa de confidencialidad que es reconocida pacíficamente por la jurisdicción internacional y los tratados que nuestro país ha celebrado. Se trabajó en el marco de un tratado de protección de inversiones donde el inversor tiene el derecho y el Estado la prerrogativa de establecer la confidencialidad en determinada parte del proceso de la negociación. Refiere a ciertas partes de este proceso, en cumplimiento de normas supranacionales, que garantizan la posición del Estado y del inversor. No reconocer este punto sería dar un paso, a nuestro juicio riesgoso, y cerrarnos a las inversiones sin aplicar la inteligencia de negocios y el know how.

De esta manera damos respuesta a la pregunta 1.

Para responder a la pregunta 2 pediría que se cediera el uso de la palabra a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Eneida de León.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Se pregunta si el Gobierno tiene pensado habilitar la recalificación de tierras para los predios que esta empresa haya comprado o vaya a explotar destinados a la forestación. Quiero aclarar que la recalificación de los grupos Coneat con prioridad forestal está en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuando nuestro ministerio recibe una solicitud, la Dinama evalúa el impacto ambiental considerando la aptitud natural del suelo, es decir, su índice Coneat; los suelos muy aptos para la agricultura no son autorizados y los de baja productividad se clasifican como A y se incorporan al análisis de todos los proyectos forestales variables de biodiversidad y saturación de cuencas, entre otros.

Como los señores senadores saben, la recalificación de los suelos rurales, urbanos y suburbanos es una prerrogativa de las intendencias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Solicito que se ceda el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas para responder la pregunta 3.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Muy buenos días para todos. Agradezco la oportunidad de participar en esta sesión. Coincido con el señor senador Lacalle Pou en la importancia de que tengamos la posibilidad de satisfacer las legítimas aspiraciones de conocer información que se han planteado.

La pregunta tiene que ver con extender el plazo de la zona franca de UPM 1, es decir, la de Fray Bentos. Antes que nada hay que aclarar que, en caso de que ocurra, esta extensión operaría a partir del año 2034 y se nivelaría con la extensión del plazo de la zona franca que se concedería a UPM 2 en caso de que se instale.

Me parece que hay un argumento empresarial lógico. Una empresa que se instala en un país con dos plantas aspira a tener similares condiciones de funcionamiento en ambas de modo de facilitar las decisiones en materia de inversión, de gestión de la empresa y de operaciones a futuro. Para esa empresa sería muy difícil trabajar eficientemente si tiene plantas que están operando en condiciones diferentes. Este es el fundamento esencial.

Nosotros estamos dispuestos a extender este plazo siempre que UPM 1, Fray Bentos, realice ciertas inversiones adicionales a las ya concretadas. Estas inversiones aún no han sido decididas, son a negociar, pero en caso de que no se realicen, el plazo no se va a extender. Desde ese punto de vista, hay una condición sine qua non a esos efectos. Quiero señalar que, en caso de concederse la extensión, se va a triplicar el canon que hoy está pagando UMP 1, que a partir del año 2034 pasará a pagar un canon anual de USD 2:100.000.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Como comentaba en la presentación inicial, el contrato de inversión prevé explícitamente que se negociará un régimen de compensaciones que regirá con posterioridad a que se adopte la decisión final de inversión. Esa es la respuesta a la pregunta 4.

A continuación, voy a responder las preguntas dirigidas al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Con respecto a la pregunta 5 me gustaría aclarar que el Fondo de Estabilización Energética fue creado por el artículo 773 de la Ley n.º 18719 y reglamentado por el Decreto n.º 442 de 2011, que fue complementado con el Decreto n.º 139 de 2017, donde se establece que el Poder Ejecutivo en consulta con UTE puede devolverle los excedentes del fondo. Sin perjuicio de esto, la Ley n.º 16170, en su artículo 643, prevé la trasposición de rubros a rentas generales. El fondo tenía inicialmente USD 300:000.000 y quedará en USD 125:000.000, que es una vez y media el valor de cobertura que estima ADME, Administración del Mercado Eléctrico. Dado el cambio de la matriz, este monto cubre el mismo riesgo que cuando fue creado y es importante destacar que no es la única variable para financiar las obras de infraestructura. Existen múltiples mecanismos ya utilizados, como las PPP, el fideicomiso, el leasing y diferentes instrumentos financieros. Para cada tipo de obra se utilizará el mecanismo más adecuado desde el punto de vista jurídico y económico.

Adicionalmente –me acotan mis compañeros–, hay un proyecto de ley enviado al Parlamento que permitiría la utilización de estos fondos para financiar una parte de la infraestructura.

Con respecto a la pregunta 6, que refiere al precio de la energía preacordado con UPM, es bueno destacar varios conceptos. El primero es que el proceso energético sigue en expansión. La demanda de energía eléctrica tiene un crecimiento anual estimado de 2,3 % y los precios promedio en nuestro país de las diferentes fuentes energéticas son: para biomasa –de la que hay contratados 160 megavatios–, USD 90,6; para eólica, USD 68,2 y para solar fotovoltaica, USD 92,2. En comparación con las fuentes renovables, el precio preacordado con UPM es menor al precio promedio por potencia instalada al día de hoy.

También quiero destacar que los costos variables operativos, considerando la energía térmica, están todos por encima de USD 78, por lo que en todos los casos superan, obviamente, los USD 72,5 preacordados con UPM.

Hay un tema conceptual que es importante: por múltiples motivos no es razonable comparar fuentes de energía, ya que son absolutamente diferentes y tienen distinto rendimiento. Por ejemplo, la fuente eólica tiene un rendimiento de 40 %. Si hiciéramos una comparación, veríamos que el precio de la energía eólica es de menos de la mitad del precio del de biomasa porque el rendimiento de esta última es de 90 % o más. O sea que para comparar un precio de USD 72,5 de algo que tiene un rendimiento de 90 % con otro precio de algo que tiene un rendimiento de
40 %, habría que dividirlo a la mitad. Así que no es correcto comparar con otra fuente sin hacer ninguna operación.

Adicionalmente, la planta de UPM no introduce sobrecostos al sistema, según el modelo de simulación que hemos utilizado, que es el software SimSEE, un programa libre y utilizado usualmente para simulación en los sistemas eléctricos. Se estimó, a veinte años y poniendo un sobrecosto cero en el costo de abastecimiento de la demanda, cuál sería el precio de la adquisición necesaria. Ese precio nos dio USD 83,3 por megavatio/hora. Quiere decir que, si adquiriéramos la energía a UPM a USD 83,3 por megavatio/hora, a partir de 2022 y por veinte años nos daría un sobrecosto cero con premisas muy conservadoras.

Hemos considerado solo una demanda tendencial de energía de un 2,3 %; hemos introducido la pauta de que el resto de las fuentes energéticas o de la generación energética se va a expandir de forma óptima, según el software WasP; tomamos la evolución del precio del petróleo obtenida de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos en su escenario de referencia; pusimos las variables de potencia instalada por planta de UPM 2
–en los primeros dos años de 100 megavatios y, en el resto, de 150 megavatios–; consideramos que Uruguay exportaría cero –es un escenario muy conservador– y trabajamos con precios reales –sin indexación y con inflación– y con una hidraulicidad para cada cuenca a fin de agregar precisión en el modelo. Esto dio como resultado que, para tener un sobrecosto cero en el costo de abastecimiento de la demanda, el precio podría ser de USD 83,3. Por lo tanto, estamos por debajo de ese precio.

Además, quisiera resaltar nuevamente –ya lo comenté al principio– que la fuente de biomasa, por tener un rendimiento tan alto, ofrece estabilidad, es gestionable y tiene potencia firme, por lo que mejora las oportunidades de exportación con la región. Esto permite a UTE generar precios de exportación mucho mejores –aún más que los que está gestionando ahora– porque tiene una componente firme en su energía.

Con respecto a la pregunta 7, ya la contesté. Efectivamente, he contestado las preguntas 6 y 7 en las que se hace referencia a otras fuentes y se comparan los precios de la biomasa con los de otras fuentes.

Ya comenté los supuestos del modelo. Quiero reafirmar que comparar una licitación de energía eólica con una de biomasa es, obviamente, un grave error. Quisiera destacar también que, respecto a la comparación con la región, las últimas licitaciones de biomasa en la región dan precios bastante más altos que los que hemos negociado. Por último, señalo que UTE participó en todo este proceso.

Ahora me gustaría que se cediera el uso de la palabra a la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para responder la pregunta 8.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Voy a tratar de interrumpir poco, pero quiero que se aclare la última frase de la señora ministra, cuando dijo que UTE participó. Tengo entendido que a UTE se le comunicó y decidió, pero no participó. Los servicios técnicos de UTE no participan de esta fundamentación. Una cosa es participar porque le llevaron el paquete y votó y otra es que surja de los servicios técnicos de UTE la necesidad de este tipo de cosas. En lo personal, manejo números distintos a los de la señora ministra y más adelante los esgrimiré, pero ahora me gustaría saber cómo define la palabra «participó» en este caso, refiriéndose a UTE.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Ese es el trabajo usual de la Dirección Nacional de Energía con autoridades de UTE y también lo usual en el marco de la Administración del Mercado Eléctrico, dentro de la confidencialidad de que estamos hablando. Ese es el trabajo de consulta usual que se desarrolla, por ejemplo, en las simulaciones, en los modelos y demás.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para contestar la pregunta número 8.

SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Señora presidenta: con respecto a la pregunta número 8, relativa a si existe una nueva restricción a la gestión del agua en el embalse de Rincón del Bonete, a partir del acuerdo con UPM, que asegure caudales mínimos para evitar que los efluentes contaminen, debo decir que hay una nueva restricción para la operación del embalse que deberá asegurar un caudal de operación mínimo. El tema está a estudio y la reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo, en el marco de la gestión integrada de las aguas, establecida en el Plan Nacional de Aguas que se aprobó este año. Para el río Negro en particular, deberá establecerse según los estudios que correspondan. En este caso, contamos con estudios a partir del año 2006; por lo tanto, tenemos una buena línea de base.

Por otra parte, la empresa UPM deberá solicitar los permisos de uso de agua, de acuerdo a la normativa vigente, como establece el texto del contrato. En ese caso, se otorgará el derecho de uso mediante concesión o permiso, de acuerdo con el artículo 177 del Código de Aguas, con los procedimientos ya establecidos. En el caso de tratarse de una concesión, deberá convocarse una audiencia pública en la que otros usuarios del curso de agua podrán presentar oposición.

Actualmente, la normativa establece la restricción para el otorgamiento de uso en la cuenca y hasta 1000 hectómetros cúbicos de embalse y 16.850 litros por segundo de toma directa, lo que aún no se ha alcanzado y permite aumentar el caudal de toma solicitado.

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- La pregunta número 9 refiere a si existe un estudio que analice cómo afectaría a UTE, especialmente en un año seco, el cumplimiento de este compromiso asumido ante UPM.

UTE, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se encuentran trabajando en la definición del caudal mínimo ambiental para el río Negro. Una vez que el caudal mínimo ambiental se haya definido, podremos ver cuál será la brecha entre este y las restricciones técnicas ambientales que surgirán, obviamente, luego del estudio de impacto ambiental. Recién ahí se verá la diferencia entre el caudal mínimo y el caudal ambiental.

Respecto a la pregunta 10, sobre qué política de precios seguirá Ancap en el abastecimiento de combustible al nuevo emprendimiento, debemos decir que la política de precios con Ancap se basará en el régimen general. Hasta ahora, no ha habido negociaciones específicas ni condiciones diferentes.

La pregunta 11 refiere a cuáles son las otras industrias y servicios relacionados con la industrialización de la madera y la producción de insumos, incluyendo una isla química. Cabe aclarar que aquí se hace referencia a la cláusula 3.1.1 (a) (1) del contrato entre la República Oriental del Uruguay y UPM, vinculada a los temas fiscales de zona franca. Concretamente dice: «Esta autorización tendrá el siguiente ámbito de aplicación: la producción y venta de pulpa de celulosa y papel; otras industrias y servicios relacionados con la industrialización de la madera y la producción de insumos para la producción de pulpa de celulosa o papel, incluyendo una isla química para la producción de productos químicos; el almacenamiento y la comercialización de materias primas e insumos…». Aclaro que la autorización abarca todas las actividades necesarias que son claves para la actividad de la producción de pasta de celulosa. Un ejemplo de los servicios vinculados a la industrialización de la madera podrían ser los logísticos o los servicios de transporte necesarios para desempeñar la tarea, el mantenimiento de las instalaciones y algunos servicios específicos de ingeniería o de eficiencia energética. En lo que tiene que ver con la producción de insumos, en particular la isla química refiere a la producción de Kemira, del mismo grupo que produce peróxido de hidrógeno, hidróxido de sodio, clorato de sodio y cloruro de polialuminio. Esa es la isla química a la que se hace referencia. Podría ser que UPM hiciera lo mismo en esta segunda planta. En la zona franca actual está instalada Praxair Uruguay que produce, por ejemplo, aire comprimido. Con esto terminaría de responder la pregunta número 11.

Me gustaría que se le otorgara el uso de la palabra al señor ministro de Transporte y Obras Públicas para que conteste la pregunta número 12.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor ministro de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Señora presidenta: la pregunta 12 refiere a cuánto asciende el total de las inversiones que debe realizar el Gobierno a solicitud de UPM.

En realidad, se están manejando estimaciones. Desde el primer día se maneja la cifra de alrededor de cuatro mil millones por parte de la empresa privada, y mil millones es lo que tenemos como referencia respecto de las obras que el Gobierno tiene que asumir. El número final y preciso será la consecuencia de procesos de licitación, algunos de los cuales están siendo preparados para ser puestos en curso. Estimamos que esos son los valores con los que debemos manejarnos, lo cual es fundamental para las evaluaciones y previsiones que debe ir haciendo el país.

Con respecto a la pregunta número 13, sobre si el Gobierno ha estudiado la inversión en infraestructura necesaria y cuáles son las exigencias que para el país significa esto, debemos decir que lo ha estudiado a partir de una necesidad, de un déficit en materia de infraestructura que ha sido ampliamente comentado, discutido y promovido en la sociedad uruguaya. Además, esto es consecuencia del convencimiento de que la infraestructura siempre debe ir por delante de las propias necesidades y exigencias. Entonces, avanzar en infraestructura posiciona mejor al Uruguay en cualquier circunstancia y frente a cualquier posibilidad de desarrollo de sus diversos negocios y oportunidades.

Generalmente, nos lamentamos y nos quejamos de lo que no tenemos. En este caso, se han hecho estudios para evaluar qué posibilidades de desarrollo se generaban junto con algunos de los esfuerzos para tratar de concretar infraestructuras que hasta el momento no habíamos tenido la oportunidad de llevar a cabo. Se ha trabajado, muy especialmente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cuanto a la evaluación de las distintas zonas productivas, su potencialidad y la incidencia que los transportes y los fletes tienen en el desarrollo de dichas producciones. En esa dirección, el propio senador hacía referencia a determinadas áreas de la república cuya potencialidad productiva muchas veces está afectada por la distancia que esa producción tiene de los mercados y por el costo del flete.

Hemos discutido este tema con los intendentes de los departamentos que, de alguna manera, están llamados por esta oportunidad. Hemos conversado con cada uno de ellos y profundizado en la estrategia que es viable en cada departamento. En algunos casos, a través de los mismos intendentes, nos hemos conectado con determinados representantes del sector productivo y empresarial. Por ejemplo, nos contactamos con los que manejan volúmenes de carga importantes en materia de granos y que, de algún modo, han tenido mucho interés en aportar al análisis y también en ser tenidos en cuenta en el desarrollo de este proyecto.

En cuanto a la pregunta 14, en ella se consulta qué debería realizar el Gobierno en caso de que UPM decida no avanzar con el proyecto, una vez finalizadas las obras.

La principal inversión, que es la realizada en la línea del ferrocarril central, la hemos decidido –y lo hemos hecho saber– con independencia de la decisión de UPM porque, como consecuencia de esos estudios de la potencialidad del mercado y de las necesidades que el país tiene, hemos llegado al convencimiento de que es una excelente oportunidad para, justamente, reconstruir, reactivar el modo ferroviario en el país. Entonces, si no existiera la posibilidad de esta segunda planta de UPM, la verdad es que en caso de querer reconstituir el modo ferroviario en el país, nos encontraríamos con que esta era una decisión imprescindible. Digo esto, porque hasta ahora hemos hecho muchos esfuerzos; los hicieron el Gobierno actual, el anterior y también el otro, pero lo cierto es que se vienen realizando aun desde períodos anteriores a estos. Sin embargo, el proceso siempre ha sido de decaimiento. Los esfuerzos e inversiones que se han hecho para tratar de mejorar una infraestructura que, indudablemente, ha decaído –y en algunos tramos ha colapsado– estaban muy lejos de las exigencias que realmente plantea la recuperación del modo.

En este último período hemos recibido un trabajo que se viene realizando en el ramal Paso de los Toros-Rivera y, al respecto, podemos decir que está terminado. Se ha modificado y se ha elevado el estándar de este ramal. Pero, claro, es solo un ramal, un tramo del ramal central del Uruguay, y hay que resolver lo que hace a otros ramales imprescindibles. En ese sentido, actualmente estamos trabajando por el Focem II –Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur–, con financiamiento de ese fondo, en la rehabilitación de vías férreas, en los tramos de Piedra Sola-Tres Árboles-Algorta-Paysandú y Queguay-Salto-Salto Grande. Pero consideramos que ese mejoramiento no va a ser suficiente si no logramos la reactivación del conjunto del modo. No nos olvidamos de que tenemos pendiente el ramal a Fray Bentos. Hicimos un esfuerzo a través de un proyecto de participación público-privada, pero hubo dificultades
–el llamado lo realizó la Administración de Ferrocarriles del Estado– para poder cerrar el financiamiento de ese proyecto.

El puerto de Fray Bentos –que aparte del de Montevideo es uno de los pocos puertos que cuenta con ferrocarril– todavía no tiene ese servicio. Nosotros consideramos que es una materia pendiente y que tenemos que hacer esfuerzos por llegar.

(Ocupa la presidencia la señora senadora Xavier).

–Asimismo, tenemos todos los ramales que salen de esa línea central que va a Paso de los Toros, como es el caso de la línea a Minas o de la línea a Río Branco, que también necesitan obras de mejoramiento. Entonces, el tramo que llega a Paso de los Toros es de doscientos setenta kilómetros que consideramos fundamentales, centrales, porque de allí salen todas las derivaciones y porque en ese tramo puede concentrarse un volumen de carga suficiente para asegurar el funcionamiento del modo ferroviario aun sin la existencia de UPM. Es más, ya estaba previsto que con el financiamiento del Focem I el tramo que se está terminando de Paso de los Toros-Rivera llegara hasta Estación Pintado. Pero, justamente, se suspendió la realización de este tramo de obra para intentar ir a más, es decir, dar un paso no solo mayor en cuanto a que completaría la conexión con el puerto de Montevideo, sino también por presentar un estándar superior. Ese ferrocarril, que históricamente se llamó «central» –no es algo de ahora–, por alguna razón tenía ese nombre, y la razón es que nutre al conjunto del sistema ferroviario del país.

La pregunta 15, que hace referencia a un cronograma que está en el anexo 2, dice: «¿Comprende el Gobierno que esta cláusula lo deja expuesto a un esquema de requisitos móviles, que UPM podría ir cambiando o agregando a lo largo del tiempo?».

No es así. La señora ministra de Industria, Energía y Minería ya hizo referencia al asunto y, por cierto, está muy claro que hay otra cláusula –la 4.5– que, en realidad, en caso de generarse esa situación, implica que cada uno seguiría por su lado a partir de allí, sin que puedan concretarse los temores que se expresan en esta pregunta.

La pregunta 16 establece: «¿Por qué motivo se acordó que UPM puede renunciar a cualquier condición necesaria sin ningún tipo de responsabilidad?». Es por la misma razón que acabo de comentar: porque no hay consecuencias desde el punto de vista jurídico. Las consecuencias son que las inversiones previas, preparatorias, que puedan haberse efectuado de una y otra parte, serán inversiones de las que cada una de las partes tendrá que hacerse cargo. Y desde el punto de vista del Uruguay, por los motivos que recién expuse, no significan riesgos sino que, por el contrario, representan avances, oportunidades.

Solicito a la señora presidenta que para responder las preguntas 17 y 18 se autorice a hacer uso de la palabra a la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar la señora ministra de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- En realidad, señora presidenta, estas preguntas ya fueron respondidas cuando contesté la pregunta número 11. Era cuanto quería aclarar.

Solicito autorización a la señora presidenta para que el señor ministro de Transporte y Obras Públicas continúe en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor ministro de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Allí hay un proceso de búsqueda de la optimización del rendimiento de producción de la celulosa y de los derivados que esa producción genera, así como también de su colocación. Pero no me voy a meter en camisa de once varas.

Continúo con la pregunta 19, señora presidenta, que refiere al ferrocarril. Concretamente, se pregunta si, en virtud de que la modalidad de ejecución del proyecto ferroviario se hará a través del mecanismo de PPP, se tiene en cuenta que la Ley 18786 exige realizar evaluaciones de viabilidad y conveniencia o rentabilidad social y, en ese caso, cuál es el dictamen del MEF y la OPP respecto a esos estudios. Debo decir que sí, que se tiene en cuenta ese aspecto. El procedimiento se va a hacer de acuerdo con la ley de participación público-privada. Hemos trabajado desde el equipo que integró el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la preparación de los insumos necesarios que hemos hecho llegar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, según tengo entendido, esa oficina ya nos envió la respuesta correspondiente. También hemos enviado estos insumos al Ministerio de Economía y Finanzas, y esa respuesta es una de las condiciones que nos está faltando para poder hacer público el llamado a licitación. Por tanto, podemos decir que tenemos bien en cuenta esos detalles y estamos trabajando en eso.

La pregunta 20 dice: «¿Se hizo un estudio de factibilidad del Ferrocarril Central para el caso de que no se construya la planta de celulosa?».

Hace unos minutos expliqué esto. Se pueden agregar comentarios, pero creo que ha sido suficiente.

Efectivamente, se tuvo en cuenta el estudio de factibilidad e insistimos en considerar que es una oportunidad y que la decisión tomada por el Gobierno apunta, justamente, a procurar aprovecharla.

La pregunta 21 dice: «El cronograma acordado para la línea férrea indica que la adjudicación definitiva finalizará en octubre de 2018. ¿Cómo estima el PE que cumplirá con ese plazo, cuando quedan a lo sumo 10 meses, aún no se ha realizado el llamado público ni tampoco parece que se haya finalizado con todos los pasos que exige la evaluación previa de viabilidad y conveniencia exigida por el artículo 16 de la ley 18786, de PPP?».

Hemos fijado como meta la fecha del 1.º de noviembre de 2018, lo que significa que en octubre deberíamos estar tomando la decisión de adjudicación definitiva.

Por otra parte, es cierto que los plazos son cortos. El cronograma que nos hemos propuesto tiene esa exigencia, y ello por un lado presenta un gran desafío pero, por otro, es una gran ayuda porque nos obliga a luchar contra nosotros mismos y contra nuestra tendencia a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. En este caso, los tiempos nos obligan a avanzar.

Creemos que el trabajo que se ha venido realizando en estos últimos meses de intercambio permanente con los distintos consorcios, empresas, en algunos casos asesores y en otros proveedores interesados en el proyecto anunciado de este tramo de reconstrucción ferroviaria, nos está ayudando mucho. En la última instancia, cuando convocamos a las empresas para que nos ayudaran a perfeccionar un borrador de pliego, recibimos un importante número de respuestas, muchas de ellas muy fundadas y muy estudiadas. Y esto nos está ayudando a perfeccionar un pliego en el que está buena parte de la posibilidad de cumplir con el desafío del plazo.

La pregunta 22 dice: «Se suma a lo anterior el tema de las expropiaciones y eventuales relocalizaciones. ¿Cuántas expropiaciones serán necesarias? ¿Cuánto costarán las expropiaciones? ¿Qué plazos llevarán? ¿Se realizarán las licitaciones de obras férreas y cruces sin tener resueltas las expropiaciones?».

Las expropiaciones serán alrededor de doscientas cincuenta y son un punto crítico del proyecto.

En cuanto al monto, aún no lo sabemos con exactitud, porque será producto del intercambio que la ley tiene previsto y, en última instancia, será el Poder Judicial el que deberá resolver.

Con relación a los tiempos, si bien se han perfeccionado instrumentos para procurar realizar trámites de manera más rápida, hace bastante que estamos jugando con los tiempos.

Sin embargo, quiero decir también que estos doscientos cincuenta expedientes no incluyen enormes áreas. Son muchos, pero de áreas pequeñas y muy pequeñas. En algunos casos, estos predios representan solo la medida que hay que tomar para que en el caso de que la realización de la obra se vea complicada por algún muro lindero o por alguna pequeña franja de área de fondo de vivienda, se pueda tener el instrumento y el derecho de poder actuar sin pérdida de tiempo. Hay algunos casos –no son muchos– en los que se afectan viviendas, y estos, por cierto, implican otro tipo de solución y de tratamiento. En el área rural, saliendo de Las Piedras, hay muchos predios que se van a utilizar para la rectificación de curvas y para mejorar el trazado de la vía férrea. Por lo tanto, el corrimiento de determinada cantidad de metros en una u otra dirección, en muchos casos se compensa o puede llegar a compensarse con las áreas liberadas.

Quiero agregar que se ha hecho un trabajo importante y que además está prevista una labor muy intensa, en la que le damos mucha importancia a la comunicación con los vecinos antes de avanzar en el trámite propiamente dicho. Es decir que se hacen las designaciones, pero después eso tendrá éxito si se logra un fuerte número de padrones que pueda acordarse con los vecinos.

La pregunta 23 dice: «El nuevo trazado de vía férrea dentro del recinto portuario ¿seccionará el área prevista por Lobraus para las edificaciones a que se comprometió por contrato ya firmado con la ANP? Si este fuera el caso, ¿se han estudiado y analizado alternativas que no afecten el contrato ya firmado entre ANP y Lobraus? En caso afirmativo, ¿cuáles son las alternativas y qué tiempos se manejan para ello?».

El ingreso al puerto de Montevideo, justamente por razones de por dónde ingresar sin generar otro tipo de perjuicios, por las características que deben tener las curvas y por la instalación de una subestación muy importante de UTE ubicada en el trayecto, nos obliga a realizar un trazado que pasa por encima de un área que estaba reservada en concesión por un operador portuario. Afortunadamente –o no, no lo tengo claro–, esa concesión tenía una situación particular: presentaba algunas dificultades, ya que se habían generado ciertos retrasos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones comprometidas, lo que permitió que se estableciera un diálogo con la empresa, que en principio aceptó una alternativa de reubicación para ceder el predio necesario para la construcción del ramal ferroviario dentro del área portuaria.

La pregunta 24 dice: «Es factible que las obras de reconstrucción del tramo de vía entre la estación Sayago y el puerto de Montevideo inhiba, durante el tiempo de obra, el acceso de las cargas de todas las líneas de ferrocarril al puerto de Montevideo. ¿Cuáles son las medidas que se están considerando ante esa eventualidad?».

Sí, eso se ha previsto y, desde ya, se está procurando hacer coordinaciones con parte de los operadores ferroviarios actuales y con los dueños de la carga que hoy se transporta para, en algunos casos, buscar soluciones alternativas y, en otros, preparar alguna modalidad de transporte durante el lapso de la obra. Es cierto que, conscientes del efecto que se produce en el tramo mencionado, lo hemos priorizado para concentrar todo el esfuerzo en las obras necesarias, a fin de poder realizarlas en el menor plazo posible.

La pregunta 25 dice: «El tramo de línea férrea involucrada en el proyecto de la nueva planta de celulosa es solo una parte de la línea Montevideo-Rivera. El borrador del pliego de la licitación presenta al MTOP como un “Administrador de infraestructura” encargado de gestionar», etcétera. «Esa disposición contradice la ley de 2011, promulgada por el presidente José Mujica, que le asigna a la Administración de Ferrocarriles del Estado la gestión y mantenimiento de la totalidad de la red operativa de 1600 km de extensión. ¿Qué se piensa hacer ante esta colisión con una disposición legal? ¿Existirán dos regímenes de construcción, mantenimiento y operación diferentes, uno para el tramo Montevideo-Paso de los Toros y otro para el tramo Paso de los Toros-Rivera? ¿Se pagarán dos cánones diferentes? ¿Cuál será el rol de AFE en cada uno de esos dos tramos de la línea férrea Montevideo-Rivera? ¿No se corre el riesgo de crear una estructura paralela a AFE, para cumplir las mismas funciones, que genere confusión y mayores costos?».

En cuanto a la pregunta que dice qué se piensa hacer ante la colisión con una disposición legal, debo decir que no existe tal colisión.

El asunto es que –creo que con lo que voy a decir se van a aclarar todas las preguntas– la propia ley que dispone esto, también prevé que pueda existir un convenio que puede solicitar AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas –o eventualmente a alguna otra institución– para hacerse cargo de la realización de las obras y su mantenimiento en los tramos que sea necesario. En este caso ni siquiera estamos sacando una resolución expresa para ese tramo; lo que estamos haciendo es ampliando una disposición que ya está vigente y que se estableció al autorizar que se hiciera, a través de la Corporación Ferroviaria del Uruguay, la recuperación del tramo Pintado-Rivera, pasando por Paso de los Toros. Ya se cumplió el primer tramo con financiamiento del Focem I. Recién dije que cuando esto se nos vino encima, se suspendió lo que refiere a Paso de los Toros, y ahora agregamos el tramo Pintado- Montevideo, que no estaba incluido en aquel acuerdo.

Cabe aclarar que este convenio efectivamente se resolvió con el Directorio de AFE, y ahora se prolongó el recorrido.

A su vez, le da competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que durante este período se encargue de los trámites, del esfuerzo y del desarrollo necesario para la reconstrucción y el mantenimiento de la obra. Como verán más adelante, lo que hará en realidad nuestra cartera es el llamado, que incluye las obras de reconstrucción y el mantenimiento por determinados años, en función del convenio; la propiedad de las vías férreas en todo este tramo sigue siendo de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

La pregunta número 26 dice: «¿La licitación por la modalidad PPP de la vía férrea que realizará el MTOP, se efectúa con pliegos basados en los estudios, anteproyectos y especificaciones técnicas que UPM ha elaborado a través de los referidos “Servicios Externos” mencionados en el contrato?».

No es así. Hemos formado un equipo que al día de hoy –el camino es largo todavía– me parece excelente; en realidad, se ha formado en nuestro ministerio, pero lo integran funcionarios de distintos organismos, lo que nos ha permitido abordar un proyecto que tiene un gran componente técnico y otros capítulos muy importantes, entre los cuales está el económico-financiero. Sin ese elemento sería muy difícil llevar adelante el proyecto técnico.

Estamos conscientes de que en Uruguay nunca se había hecho un ferrocarril del siglo xxi –tenemos la experiencia derivada del modo ferroviario que hemos heredado y hemos ido emparchando; a veces, mal emparchando–, así que pedimos ayuda para poder preparar un trabajo que estuviera a la altura del desafío que estamos anunciando. En primer lugar pedimos esa ayuda a quienes, de algún modo, vinieron a incitar la inquietud de realizar este tramo. Reitero que nunca hicimos un ferrocarril sobre la base de la norma europea de referencia, ni sabemos hacerlo; por eso había que preguntarle a quien sí lo hizo. La empresa UPM ofreció contratar un consultor con este tipo de experiencia, se hizo un llamado, se realizó una serie de estudios y varias consultas, lo que permanentemente nos suministra elementos útiles para tomar decisiones. A este propósito debo afirmar que las decisiones las toma el equipo técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y somos responsables por ello. VR Track, equipo consultor contratado, no es quien toma las decisiones, y alguna vez lo hemos podido demostrar ante quienes han estado trabajando con nosotros, pero ya habrá tiempo para ver quién es el responsable del proyecto.

Ahora bien, por la misma razón que recién aludí, no sabemos hacer un trazado con los requerimientos necesarios y, por lo tanto, no solo recibimos recomendaciones técnicas de VR Track sino que, a su vez, contratamos por otra vía otro tipo de asesoramiento que tuviera que ver con algunos proyectos de trabajo que se han realizado –me refiero a consultoras que ya han actuado en el país– y, por otro lado, también contratamos a Ineco, que es la empresa del Ministerio de Fomento de España, que es quien respalda nuestro trabajo técnico. Esa es la contrapartida que tenemos para la toma de decisiones que resultan imprescindibles.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, somos conscientes de que todavía no tenemos el conocimiento específico, aunque nuestros técnicos están creciendo y aprendiendo, pero aún no es suficiente; recibimos las propuestas y decidimos con el asesoramiento de las consultoras que he mencionado.

La pregunta número 27 refiere al mismo tema sobre el que acabo de responder.

Por su parte, la pregunta número 28 dice: «Dado que la licitación por modalidad PPP para la vía férrea incluye pliegos basados en estudios, anteproyectos y especificaciones técnicas que UPM ha elaborado y solventado a través de los referidos “Servicios Externos”, lo que prácticamente implica una obra hecha a la medida de las necesidades de la empresa, ¿por qué razón el Poder Ejecutivo exime de cualquier responsabilidad a UPM y sus asesores, frente a posibles problemas generados en el proceso de una obra que se basará en las especificaciones presentadas por la empresa y aceptadas por el gobierno uruguayo?».

Creo que ya hablamos de este tema. Los pliegos son nuestra decisión y nuestra responsabilidad, pero en la ejecución hay que agregar un elemento. Al tratarse de un llamado por la modalidad de participación público-privada, si bien el llamado y el pliego son decisión nuestra, van a aparecer las empresas interesadas, y la que resulte designada como ganadora de la licitación pasará a ser la responsable de la realización, cumpliendo con los requerimientos técnicos exigidos o haciendo propuestas que los mejoren, llevando a cabo el mantenimiento por la cantidad de años que se disponga en el documento que se apruebe y que tendrá relación con las obligaciones de pago por disponibilidad que el Gobierno uruguayo realice.

Quiere decir que en ese caso la responsabilidad, que siempre parte del Gobierno uruguayo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en buena medida, será asumida por una empresa que de acuerdo al mecanismo de financiamiento por el que se ha optado, tendrá la obligación de realizar bien y en tiempo –lo que se obligue a realizar–, porque de lo contrario no cobrará. Esto es así porque sencillamente recién se transferirán las partidas de disponibilidad cuando la obra se entregue terminada. Eventualmente, cuando se decida el tramo de obra –a lo mejor podría ser una estrategia–y la misma esté pronta, recién empezará a cobrar. Luego tendrá que asegurar el mantenimiento por los años que corresponda.

Al leer la pregunta 29 observo una confusión, porque se manejan allí dos elementos que son diferentes. Por un lado está la tarifa, el precio, el costo de trasladar una mercadería de un lado a otro, lo que implica un problema que seguramente se resolverá a través de un acuerdo entre dos empresas privadas. Será UPM –o a quien esta responsabilice del transporte de su carga– y el operador ferroviario que, en determinadas condiciones, se hará cargo del transporte de esa mercadería y cobrará un precio. Esa es la tarifa.

Por otro lado, está el canon por uso de la vía. Eso sí lo cobrará el Estado uruguayo, la Administración de Ferrocarriles del Estado, de acuerdo con un valor por toneladas y kilómetros de transporte. Una vez que se concrete la participación de un operador privado, nosotros procuraremos que ese canon se fije uniformemente para todos los que hagan uso de las vías férreas en el país, no solo de este tramo a Paso de los Toros, sino del conjunto de los ramales que estén habilitados para la circulación de carga.

La pregunta número 31 al comienzo dice: «¿La obra del viaducto se realizará por la modalidad PPP?»; luego se establecen una serie de conclusiones. No; la obra del viaducto es preexistente –creo que así figura en algún documento– porque ya estaba planificada desde hace bastante tiempo en el Uruguay, para ver si podíamos regular o mejorar la relación entre la ciudad de Montevideo y el puerto de Montevideo. Eso tenía mucho que ver con un viejo proyecto portuario que está en desarrollo: el acceso norte al puerto de Montevideo.

En el último período de gobierno se contrató la empresa consultora Iceacsa, que realizó una serie de estudios sobre distintos puntos del país, particularmente sobre esta zona de relacionamiento entre el puerto de Montevideo y la ciudad de Montevideo. Finalmente recibimos los estudios de esa empresa, que incluían algunas ideas que tampoco eran novedosas, porque ya antes otros promovieron la posibilidad de un viaducto que salvara ese nudo a la altura de Tajes, el cruce ferroviario y la zona de la calle Colombia, y que pudiera despejar la circulación por la rambla portuaria, sin afectar el funcionamiento del puerto de Montevideo.

Con el informe de Iceacsa, a comienzos de nuestra gestión hicimos un llamado a la Cámara de la Construcción del Uruguay, a todas sus empresas afiliadas y a la prensa, y presentamos el viaducto. Dijimos que si había empresas que, por iniciativa privada, tenían la posibilidad de agregar opciones de financiamiento, nosotros estábamos dispuestos a analizar las propuestas. Algunas empresas se interesaron y se presentaron. La que se presentó primero realizó un estudio que fue considerado de interés, pero cuando estábamos en ese trámite, llegó la posibilidad de profundizar en el tema de UPM y aparece entonces la necesidad de estudiar, especialmente, los cruces ferroviarios a la rambla.

Por lo tanto, hablamos con los dueños de la iniciativa y les dijimos: «¿Están dispuestos a esperar, para ver si podemos desatar este nudo?». Se resolvió el tema y ahora estamos recorriendo el camino que falta para realizar la última instancia antes del llamado público, que determinará quién llevará adelante estas obras, a las que se agregaron –aparte de perfeccionar el viaducto y prever los tramos– algunos trabajos adicionales financiados por la Administración Nacional de Puertos y que tienen que ver con la reorganización de la circulación interna del puerto de Montevideo. Dentro de ese proyecto estaba la colocación de las balanzas, etcétera. Esto será financiado, reitero, por la ANP.

En alguna de estas preguntas se menciona que habría otra obra. Sí, hay otras obras. Alguna de ellas las realiza la propia Administración Nacional de Puertos actualmente, mientras que otras las están haciendo algunos concesionarios de la Administración Nacional de Puertos en su predio de concesión, y tienen que ver con entradas y con soluciones logísticas. Ahora bien, este proyecto del viaducto incluirá y coordinará todos los proyectos que hay en marcha. En el puerto hay muchas actividades, pero este es el proyecto que terminará de atar todos estos problemas y esperemos que los resuelva para bien.

La pregunta 32 consulta sobre cuál será el monto de la inversión. Todavía no se hizo el concurso público, y siempre me niego a dar cifras cuando no se hace una licitación porque de esa manera se marca el precio para el oferente; de todos modos, se ha estimado en cerca de 100:000.000 el viaducto y 30:000.000 las obras de reorganización portuaria.

La pregunta número 34, dice: «¿Qué longitudes de rutas nacionales y caminos departamentales están involucrados en el Proyecto Vial del contrato con UPM?». También se pregunta sobre el número de puentes, etcétera.

Acá tenemos algunos anexos donde se detallan las obras –corredor por corredor, ruta por ruta y puente por puente–, pero la verdad es que solo contamos con cifras gruesas. ¿Por qué? Porque muchas obras están incluidas en el anunciado sistema nacional de infraestructura, en el capítulo vial. Entonces, hay una serie de rutas, refuerzo de puentes, rehabilitación de corredores, cuyas obras en esas rutas ya estaban previstas. Y, si bien coinciden, a lo sumo hay que ir, por ejemplo, al reforzamiento de algún puente para asegurar una mayor resistencia a la carga, pero no cambia sustancialmente. Son nuevos, efectivamente, 394 kilómetros que incluyen la ruta 43, 108 km; la ruta 59, 40 km; la ruta 42, 68 km; los caminos departamentales Cuadrado y Cerro Arbolito, 78 km; el camino En Rivera entre las rutas 5 y 28 –que son unos 35 kilómetros–, y un tramo de las rutas 7 y 41, que son alrededor de 65 kilómetros. Reitero, estoy hablando de 394 kilómetros, con una inversión estimada de USD 300:000.000. Hay que agregar el tema del puente sobre el río Negro que une las rutas 42 y 43, que sustituiría la balsa que actualmente funciona cerca de San Gregorio.

Es cierto que para prepararnos y estar a tono en materia vial necesitamos acelerar determinados proyectos u obras. Por ejemplo, ya se viene realizando un fortalecimiento de la ruta 5 y de algunos puentes allí ubicados, que históricamente eran angostos, y otros que no estaban acordes con lo que es el tránsito de carga del momento. Entonces, no solo vamos a tener que reforzar esos puentes, sino que habrá que prever zonas donde se extiendan las terceras vías. Sobre la ruta 5 había un proyecto de doble vía que estaba estudiado hasta cerca de la ciudad de Florida, ni que hablar hasta Canelones, pero ahora creo que de concretarse estas iniciativas, tendremos que acelerar el proceso y ahí se nos van a presentar obras nuevas. Por ejemplo, los puentes sobre el río Negro o el río Yí, tal vez haya que ensancharlos. Esto es posible técnicamente, hay estudios al respecto y, seguramente, no serán obras baratas, pero se deberán promover como consecuencia de esta nueva realidad que está en marcha.

La pregunta 36 es la siguiente: «¿Las restantes obras viales anunciadas por el Gobierno bajo la modalidad de PPP seguirán adelante, o se priorizarán las obras exigidas por UPM en el contrato?». La respuesta es sí y, sinceramente, deberán seguir adelante más que nunca porque es parte, justamente, de este sistema de infraestructura del cual tanto hemos hablado y que es tan demandado; es necesario preparar todo para el Uruguay de hoy pero, sobre todo, para el del futuro. Entonces, tenemos la PPP 0, que es de las rutas 21 y 24 y el acceso a Nueva Palmira, donde ya están construyendo el puente sobre el arroyo Sauce. Además, están trabajando en la otra punta, en la ruta 24 sobre la ruta 3. Incluso, nos llegan las quejas –justas quejas– de los vecinos por el polverío que hay en esa zona donde se está trabajando intensamente. Esas rutas van a convertirse en rutas con un estándar capaz de soportar las cargas de las que estamos hablando, como sucede actualmente con el tramo sur de la ruta 24 –que valdría la pena recorrer–, con una modalidad que ha dado mucho resultado. Por tanto, vamos a tener que reforzar algunos puentes y rutas.

También tenemos las PPP 1, 2 y 3, que están en el proceso del cierre financiero. Las 1 y 2 tienen que ver con una serie de rutas en Colonia y el puente nuevo sobre Carmelo, como también con la ruta 9 de Rocha al Chuy y la ruta 15 hasta Lascano. Pero lo que más me importa destacar es que la PPP 3 –que es la de la ruta 14, de Mercedes a Sarandí del Yí, que incluye el puente sobre el río Yí, Sarandí del Yí, en la ruta 14; las rutas 14 y 6 se van a hacer comunes– tiene que ver con una ruta que será muy demandada por este emprendimiento, por lo que está previsto su arreglo. Como dije, están realizando el cierre financiero y esperamos que con éxito se pongan en marcha las obras correspondientes.

También tenemos algunas otras PPP. Para el segundo tramo de la ruta 14, que cierra el circuito con Rocha y la 15 en Lascano, hasta el 22 de enero se reciben las ofertas. Hay algunas empresas interesadas, por lo que esperamos que se pueda avanzar al respecto. Todavía tenemos pendientes dos PPP más, pero todas se van a seguir llevando adelante, de modo de ver si podemos recuperar algo del tiempo que se nos ha escapado; es verdad que el tiempo que hemos demorado en instrumentarlas es mucho más del que nosotros teníamos planificado.

Viene al caso expresar que también se mantienen los montos –no se están recortando las PPP–, que van a rondar los USD 600:000.000.

En cuanto al puerto se hace la siguiente consulta: «Frente al compromiso asumido por la República Oriental del Uruguay de que la terminal portuaria será especializada y exclusiva para celulosa durante 50 años, ¿considera el Poder Ejecutivo factible lograr un proceso de concesión competitivo entre varias empresas, o resultará un proceso en que el único participante será UPM?».

La ley de puertos prevé que en el desarrollo del puerto de Montevideo pueden existir dos formas de terminales. Por un lado, tenemos las especializadas. En función de la ley de puertos es que hoy en el puerto de Montevideo existe una terminal especializada de contenedores y otra de granos. Queremos que exista también una terminal especializada pesquera. Además, es absolutamente posible que también exista una terminal especializada de celulosa y derivados forestales. Pero claro, tienen que aparecer los interesados. La verdad es que a mí no me consta, más allá de lo que se ha conversado en las negociaciones con UPM, que se haya tomado ninguna iniciativa en este sentido. Hay instrumentos legales para poder presentar estas iniciativas, como también antecedentes en esa materia. Por lo tanto, de presentarse la iniciativa, vamos a proceder, como ya se ha hecho en otras oportunidades, para hacer los llamados públicos y a través de ellos designaremos a quien corresponda. En consecuencia, ahora no tengo otra respuesta.

La siguiente pregunta es la siguiente: «¿Qué monto de inversión significará la terminal portuaria de celulosa a construir?». Depende de lo que se quiera hacer. Por ahí se manejó una cifra; creo que en el documento hay una referencia. Por consiguiente, cada uno pone la estimación que quiera. Sinceramente, me parece que es una cifra mínima de inversión en el puerto por las obras que después se plantean.

Se pregunta: «¿Qué superficie de explanada adicional al área actual de 55.000 metros cuadrados se construirá?». Efectivamente, UPM nos ha trasmitido que tienen interés en contar con una explanada de esas características.

En cuanto al lugar en que se instalará, tendremos que esperar que venga la iniciativa para saberlo. Tal vez, en la propia iniciativa ya esté definido el lugar. El puerto tiene alternativas y cuenta con más de una locación.

La pregunta relativa a la longitud de los muelles no la puedo contestar porque no conozco el proyecto, pero sé que tendrán que operar barcos de 260 metros, porque ese es el tamaño de las embarcaciones aconsejado para realizar una operación especializada en celulosa a Asia. Esto quiere decir que los muelles tendrán que tener aproximadamente trescientos metros.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–«¿Los muelles C y D serán parte de la terminal portuaria de celulosa?». No, estos muelles serán multipropósito porque parte de la estrategia del puerto de Montevideo es seguir desarrollando estas tareas y a las terminales especializadas las acompañan terminales multipropósito que son operadas por los que necesiten utilizarlas. Con respecto a esto me veo tentado de hablar de otras cosas.

«¿Será necesario trasladar las actividades portuarias que actualmente se desarrollan en la zona donde se emplazará la terminal?». Seguramente es posible porque, si bien existen zonas donde se puede mejorar mucho más la intensidad del trabajo, siempre hay algo, y de concretarse una iniciativa de este tipo y volumen tendremos que reordenar el funcionamiento de algunas áreas del puerto.

«¿Qué tiempo se maneja para los referidos traslados?» Creo que esto dependerá de las iniciativas y recién estará definiéndose al final del año 2018, que es lo que se ha estado manejando.

«En relación a la tarifa de USD 2,83 por tonelada ¿cómo fundamenta el MTOP este valor? ¿Cuánto se cobra a las dos terminales TCP y Obrinel por ese concepto?». Exactamente lo mismo; esa es la tarifa de la Administración Nacional de Puertos para todos los operadores, sean concesionarios o no. Esa es una linda discusión que de tanto en tanto aparece porque permanentemente la Administración Nacional de Puertos está siendo presionada para que se aparte de esta política o para que haga un tratamiento diferenciado entre los distintos actores. Las cifras que se están manejando son exactamente las mismas que pagan los demás operadores y concesionarios del puerto de Montevideo.

«Dado que el concesionario debe asegurar la viabilidad económica de su propuesta con los ingresos definidos por tarifas preestablecidas, ¿el MTOP ha analizado si los valores indicados posibilitarán que el proyecto de inversión de la terminal portuaria sea rentable para una empresa diferente a UPM?». En ese sentido no puedo decir si es o no conveniente. Simplemente esa es la tarifa y si otros operadores trabajan y son exitosos con ese tarifario pienso que el que quiera instalarse en el puerto de Montevideo va a poder hacerlo.

«¿Cuáles son los tiempos que se manejan para el inicio de la construcción de la terminal portuaria para UPM?». No sé cuáles son exactamente los tiempos, pero la definición tiene que estar pronta antes de fin del año 2018, como expresé anteriormente.

«¿Tiene el MTOP o la ANP un monto estimado de lo que costaría llevar el calado a 12,5 metros y luego a 13,0 metros?». La Administración Nacional de Puertos tiene previsto y calculado el platal que cuesta dragar el puerto de Montevideo y tiene asumido que esta operación es absolutamente imprescindible no solo para el puerto, sino para el Uruguay, a los efectos de seguir manteniendo un puerto competitivo. Por eso nos gustaría, en este ámbito, algún día poder discutir sobre el puerto de aguas profundas –más allá de cualquier especulación o subjetivismo–, sobre por qué es un objetivo estratégico y no tiene que ser tomado como plataforma de diferenciación sino, por el contrario, debe ser considerado como un objetivo estratégico para garantizar que el rol que hoy juega Uruguay en la región, fruto del puerto de Montevideo y el sistema portuario nacional, en el futuro lo va a poder seguir jugando independientemente de quién esté en el Gobierno, de quién corte la cinta, de quién tenga la satisfacción de poder inaugurar ese emprendimiento.

Este emprendimiento tiene un valor estratégico para la región, como muchas veces se ha dicho, pero fundamentalmente lo tiene para el Uruguay y los uruguayos, y si no entendemos que hay cosas que están más allá de nuestras opiniones particulares y merece que lo llevemos adelante con el esfuerzo de todos, no nos va a ir bien. Ya que se hizo mención a eso, digo que vale la pena y estamos dispuestos a ello. Hemos avanzado en los estudios del puerto de aguas profundas, conocemos más sobre nuestra costa y es un tema que no se va a definir en este período, no lo decidirá este Gobierno, no se va a hacer en el período próximo, pero es un tema que inexorablemente está presente en el futuro del país. Pero, mientras no tenemos puerto de aguas profundas tenemos sí la necesidad de mantenernos muy atentos con el dragado del puerto de Montevideo. Por eso el plan director que está en discusión en la comunidad portuaria del país –y ya nos hemos referido a este tema en más de una oportunidad– tiene previsto para el año 2030 alcanzar los menos catorce metros en el puerto de Montevideo, sabiendo que sale mucho dinero, pero que es necesario que se llegue a esa marca en la fecha referida porque no vale decirle al barco: «Esperen que voy a dragar». Se debe contar con los muelles y el dragado. Por eso también tenemos planteado que para el año 2020 el puerto de Montevideo debe llegar a menos 13 metros. Aunque UPM nunca hubiese pasado por acá tenemos que llegar a este número. Actualmente, estamos en menos 12 metros y tenemos que avanzar a menos 12,50 metros para poder ir cumpliendo las etapas.

Me gustaría repasar exactamente las fechas para no dar una versión que no coincida. En este momento, reitero, tenemos menos 12 metros en el canal de acceso, llegamos a menos 12,50 metros, tenemos que avanzar para llegar a menos 13 metros, nuestra intención es ir preparándonos para hacerlo a partir del año 2020 y tenemos el objetivo de menos 14 metros para el año 2030.

Es todo cuanto tenía para decir.

SEÑORA PRESIDENTE.- Gracias, señor ministro.

Se pasa a la pregunta n.º 44, correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que tiene la palabra el señor ministro de la cartera.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: para el área de Economía y Finanzas han llegado trece preguntas, que recorren diversos temas de interés vinculados con el proyecto, algunos fueron abordados en una primera aproximación por la señora ministra de Industria, Energía y Minería en su alocución inicial. No obstante, volveremos sobre ellos para agregar algún elemento adicional.

Sobre la pregunta 44, es evidente que tanto el ferrocarril como el viaducto son obras necesarias, independientemente de la instalación de la planta de UPM 2. Por un lado, porque la disponibilidad del ferrocarril central en ese tramo de 273 kilómetros, entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo, puede asegurar la competitividad de producciones que hoy no se realizan por falta de condiciones logísticas, hasta –a través del viaducto que llegará al puerto de Montevideo– permitir la evidente potencialidad de multiplicación de operaciones portuarias que existen, precisamente, en el Uruguay y, en particular, en el puerto de Montevideo. Esto es así se construya o no la planta de UPM. Desde el punto de vista de las producciones que adquirirían competitividad con la existencia del ferrocarril, contesto –porque es una parte de la pregunta– afirmativamente que hemos venido realizando estudios al respecto, obviamente dirigidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hemos llegado a la conclusión de que con la instalación del ferrocarril, dependiendo de los precios –que pueden ser altos, convenientes o bajos y poco competitivos–, podríamos estar aumentando las producciones agregadas de soja y arroz entre 600.000 toneladas y 1:200.000 toneladas. Eso es lo que arrojan nuestros estudios.

No tenemos una cifra acerca del impacto que el viaducto tendría sobre la operativa del puerto, pero estoy seguro de que los señores senadores comprenderán que ese viaducto, ese acceso volado al puerto de Montevideo, va a contribuir a multiplicar la cantidad de operaciones que podemos realizar y, también, su calidad. Estos son los fundamentos esenciales por los cuales, ya avanzada la negociación con UPM, el Gobierno resolvió hacer estas obras aunque no se instale la firma en el Uruguay. Creemos que el único proyecto que se llevará adelante, que es el del ferrocarril central, constituye una muestra más de una experiencia que tiene apoyo mundial. No es sencillo asegurar para este tipo de inversiones, de instalaciones, un financiamiento que no exija una contribución relevante de los Estados. Pasa en todos los ferrocarriles del mundo.

Hago esta referencia porque el tema está mencionado explícitamente en la pregunta, y eso habrá que tenerlo en cuenta, obviamente, cuando se definan las tarifas correspondientes. Hoy no podemos hacer un balance fino, exacto, de costos e ingresos, pero en todo caso estamos absolutamente seguros de que esto contribuirá tanto desde el punto de vista de producciones agropecuarias como las que mencioné a título de ejemplo. Entre paréntesis, no mencioné la ganadería, pero esta también tiene posibilidades de crecimiento en esta zona involucrada por la planta de UPM.

En definitiva, estos son los fundamentos por los cuales el Gobierno –a mi juicio correctamente– decidió independizar estas inversiones de la instalación de la segunda planta de UPM.

La pregunta 45 tiene que ver con la estimación del incremento en la recaudación de impuestos. Esto se inició con un dato que aportó UPM, basado en el trabajo de firmas consultoras privadas que estimaron en aproximadamente USD 136:000.000 anuales la recaudación incremental anual de impuestos, algo que luego corregimos a la baja –por razones que no vienen al caso detallar– en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nos pareció que era un tanto exagerada. Es por eso que llegamos a la conclusión –en nuestro ministerio– de que esa recaudación llegaría, o no sobrepasaría, los USD 120:000.000 anuales. ¿Qué comprende esto? Impuestos en la fase directa de la experiencia, que es la que protagonizan UPM y Forestal Oriental, la firma que se ocupa de las operaciones forestales; en la fase indirecta, como proveedores y contratistas; y efectos inducidos, de segundo orden. Para fundamentar esta afirmación pido al Senado que tenga en cuenta que estamos considerando no estrictamente la planta de celulosa que se instalaría en caso de que se tome la decisión, sino la cadena productiva, que tiene antecedentes y proyecciones hacia el final de la misma en lo que tiene que ver con la parte productiva. Los antecedentes, precisamente, tienen que ver directamente con lo que aquí llamamos proveedores y contratistas, y pido al Senado que tenga en cuenta que estamos hablando de centenares de empresas, que pueden llegar a quinientas o seiscientas, en una gran mayoría de tamaño pequeño y mediano. Luego está la fase posterior, que es la salida de la producción y todos los servicios y actividades logísticas que genera. Teniendo en cuenta toda la cadena, llegamos a las cifras que acabamos de mencionar. ¿Qué impuestos están comprendidos? El impuesto al patrimonio, a la renta empresarial, a la renta de las personas físicas, los aportes patronales a la seguridad social, el impuesto al valor agregado y la contribución del gasoil con destino al fideicomiso para el transporte suburbano.

Con respecto a la pregunta 46, ya lo adelantaba la señora ministra Cosse y yo simplemente lo recuerdo. Esa afirmación está basada en una estimación que se realizó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, con la actuación de reconocidos demógrafos, como los profesionales Calvo y Macadar, que a partir de la estimación de la masa salarial generada por los nuevos empleos directos e indirectos, sin inducidos –acá no se están teniendo en cuenta los empleos inducidos–, llegan a la conclusión que hemos establecido en nuestro informe.

La pregunta 47 responde a un tema al que, en alguna medida, refirió el ministro Rossi en su exposición. Desde que comenzaron las conversaciones con UPM, hubo una suerte de identificación con algunos números base. Esta es una inversión de USD 5.000:000.000, de los cuales USD 4.000:000.000 son de la empresa y USD 1.000:000.000 del Estado uruguayo. Entonces, la pregunta que refiere a estas cifras se responde señalando que los USD 4.000:000.000, que es la inversión total de la que hablábamos recién, refieren al ciclo completo de la cadena productiva, incluyendo en particular, obviamente, las inversiones que corresponden a la firma y no las que en la cadena realizarán inversores nacionales, que también los habrá. En el precontrato firmado tenemos una referencia de una inversión de € 2.000:000.000, cuyo equivalente en dólares, al cambio de hoy, es de USD 2.450:000.000, y luego los complementos que realizará la propia UPM para llegar a los USD 4.000:000.000, que son los del puerto –aproximadamente unos USD 250:000.000–, viveros y otras actividades relacionadas –que no están estimadas rigurosamente, por lo que no quiero dar la cifra–, tierras por USD 300:000.000 e inversiones de largo plazo por USD 700:000.000. Me consta –y le constará a todos los senadores– que la inversión en tierras no es inversión del país –la inversión neta es igual a cero–, pero es inversión de UPM; es decir que cuando UPM adquiere tierras por USD 300:000.000 está realizando inversión en el país. Esta es la respuesta a la pregunta 47.

Con relación a la pregunta 48 debo señalar que los € 2.000:000.000, es decir, los USD 2.450:000.000 –casi USD 2.500:000.000–, tienen que ver con inversiones que se realizan dentro de la zona franca. En cuanto al resto de las inversiones que acabo de mencionar, como vivero, plantaciones, tierras, etcétera, algunas son necesarias para operar –como el puerto y material rodante– y otras se seguirán ejecutando a lo largo de la vida del proyecto.

A continuación, me voy a referir a la pregunta 49. Antes que nada, quiero señalar que no podemos hablar de renuncia fiscal en el caso de la zona franca, pues no es aplicable el concepto ya que hay renuncia fiscal cuando tenemos la alternativa de hacer la inversión con zona franca o sin zona franca. Comparándolas, llegaríamos a que la diferencia es la renuncia fiscal, suponiendo que utilizáramos este concepto. El problema es que la alternativa no existe, pues no se instala ninguna planta de celulosa en el país si no es en zona franca. Por lo tanto, en el supuesto de que no se instale UPM 2 en el Uruguay –ojalá no sea así–, tampoco estaríamos recaudando absolutamente nada, por lo que no hay renuncia fiscal entre esas dos alternativas. De todas maneras, estaríamos hablando de los impuestos que suele pagar cualquier empresa, como el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio; solamente con esos dos impuestos ya estaríamos cubriendo buena parte de este tema. Reitero: el concepto de renuncia fiscal no es aplicable en este caso porque la alternativa no existe, no hay opciones comparativas que nos lleven a decir: la diferencia es lo que renunciamos, porque si no se instala la planta no recaudamos absolutamente nada por este concepto.

La pregunta 50 refiere a cómo tiene pensado el ministerio financiar estas obras en caso de que no sea posible obtener inversores privados para realizar las obras de UPM. Debo decir que tenemos casi la convicción contraria en cuanto a que, desde este punto de vista, el país no va a tener problemas. Durante el proceso de estructuración del proyecto hemos podido comprobar, con muy fuertes indicios, que hay un interés muy importante de parte de inversores privados, tanto de origen nacional como extranjero. En este sentido, se han llevado adelante tres instancias de relevancia para contribuir con la difusión y transparencia del proceso. Las voy a mencionar muy sintéticamente. En primer lugar, se ha realizado un evento inicial, de lanzamiento del proyecto, con mucha convocatoria –me tocó estar presente y sé de lo que estoy hablando–, donde se contó con la participación de casi ciento cincuenta empresas de diversas regiones del mundo. En segundo lugar, se ha llevado adelante una instancia de intercambio bilateral con aquellas empresas que así lo han requerido. En total, se han realizado veinticinco reuniones bilaterales entre el Gobierno y las empresas interesadas. En tercer lugar, y de acuerdo con las buenas prácticas recomendadas en la materia –que hemos tratado de seguir al pie de la letra– recientemente hemos llevado adelante un proceso de consulta pública para tener mejores indicios al respecto. En ese marco, recibimos informes de veintiséis empresas, instituciones financieras, con comentarios sobre los documentos que pusimos en consulta pública. Estas tres instancias, en su conjunto, constituyen para nosotros un indicio muy fuerte de un interés pronunciado de parte de inversores nacionales y extranjeros para participar en este proceso. Por eso, creemos que no entraña un problema, en absoluto, esta realidad a la que alude la pregunta.

La pregunta 51 es: ¿Cómo impactarán estas obras en el déficit fiscal? Quiero señalar que todo el proyecto –no solo estas obras– plantea una dificultad muy importante para sintetizar en una sola cifra el impacto en las cuentas fiscales, es decir, en el balance entre ingresos y gastos públicos. Como habrán comprobado, de la lectura del contrato o a través de las exposiciones de los señores ministros que me precedieron, el proyecto contiene acciones muy importantes que son difíciles de traducir en números, pero que sugieren, en todos los casos, impactos fiscales positivos. Me refiero, por ejemplo, a acciones en investigación, desarrollo e incorporación de tecnología, que seguramente promoverán cambios en la estructura productiva y en el crecimiento del país, que esperamos sea entera y permanentemente de dos puntos del producto. Esto conduce a un incremento de los ingresos públicos. Luego, hay evidentes efectos indirectos en el marco de la cadena productiva que ya señalamos, e inducidos, especialmente teniendo en cuenta el gran vacío y la depresión que hoy existe –según mostraba la señora ministra Cosse en las últimas imágenes de su exposición– en esta zona en la que va a operar la cadena productiva de UPM. Hay una especie de efecto muy negativo de lo que ha sido el desplazamiento demográfico y productivo del Uruguay hacia las fronteras y hacia el sur. Ese centro del país que está muy deprimido es el que obtendrá mayores beneficios e impactos –con impacto fiscal positivo–, en caso de que se instale la segunda planta de UPM.

Además, el hecho de que una firma como UPM, de gran renombre internacional y prestigio, que viene por su segunda planta, realice la mayor inversión de su historia aquí, con los impactos y efectos que ello tiene en el país, a nuestro juicio, significa un enorme voto de confianza en el Uruguay. Y este enorme voto de confianza en el Uruguay se agrega a otros que, por fortuna, el país ha venido recibiendo últimamente, sobre todo en materia de manejo, administración y gestión de su deuda. Por consiguiente, esta es una inversión que, si se realiza, va a traer emulaciones y a reiterar el hecho de que Uruguay es un país internacionalmente confiable. Por lo tanto, esto no puede tener otra consecuencia que un impacto fiscal favorable porque, desde este punto de vista, los nuevos inversores que han llegado y seguirán viniendo al país están disminuyendo los costos del financiamiento nacional que tienen un impacto fiscal muy importante, en este caso a favor, y por otra parte, estimula inversiones por deuda en moneda local, que Uruguay ha ensayado con éxito y en forma excepcional entre los llamados países emergentes. Así, se completa un panorama que si bien no puedo resumir en un número –no debo hacerlo porque no sería riguroso de mi parte–, me permite afirmar, sin la menor duda, que el impacto fiscal es favorable. Por eso, a pesar de no poder resumirlo en un número, contesto positivamente la pregunta que responde a ese balance fiscal, por los fundamentos que acabo de exponer.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Gracias, señora presidenta y señor ministro.

Con respecto a la pregunta 51, referida al impacto de las obras en el déficit fiscal –quizá no fui muy preciso– aprovecho para abonarla con la respuesta del señor ministro de Transporte y Obras Públicas. Partamos de la base que va a ser como él dice y que su afirmación se va a trasladar a la realidad, cosa que desconfío; pero supongamos que es así. Según la respuesta del señor ministro, no se va a optar por dejar de lado las PPP originales –que son alrededor de seis u ocho– que significaban un entorno de USD 640:000.000. Pero si hacemos la suma, las obras que el Estado tiene que realizar ascienden largamente los USD 1.000:000.000. De a poquito nos aproximamos al mano a mano entre lo que va a invertir UPM y lo que vamos a invertir nosotros, cosa que será fruto de una evaluación posterior.

Lo que quiero preguntar es, señora presidenta –obviamente–, si esto significa obras financiadas. El Frente Amplio no recurrió a las PPP por esencia de su pensamiento; al revés, yo creo que como la necesidad tiene cara de hereje recurre a la participación público-privada; si no, lo hubiera financiado con dinero propio que, dicho sea de paso, es mucho más lógico. Si yo tengo dinero en las arcas del Estado aprovecho para hacer obra pública, que me cuesta más barato porque no tengo que financiarla. No voy a explicar esto al señor ministro porque él se dedica a estos temas.

Entonces, si no abandonamos las PPP, seguimos adelante –supongamos que hay interesados y movemos varias carretillas, como dice el señor ministro de Transporte y Obras Públicas– y le sumamos estos gastos, tenemos una erogación muy grande de financiamiento que significa el pago de construcción y el pago a las empresas concesionarias. Como cada vez que el Estado tiene que salir a buscar un peso rasca la lata, el ministro tuvo que rascar la lata para conseguir USD 120:000.000 en la rendición de cuentas. No hay previsibilidad; no hay dinero de sobra para pagar las PPP. A eso apunta la pregunta 51, a saber cuánto significará de costo anual en un déficit de 3,6 que es insostenible. Por tal razón, hoy dije –y aprovecho para relacionarlo con esta pregunta– que suponía que estas obras no se iban a pagar con el direccionamiento de los impuestos que va a pagar UPM –con esos supuestamente USD 120:000.000–, porque no se puede priorizar el pago de las obligaciones del Estado. No es un impuesto dirigido el que va a pagar UPM para satisfacer las necesidades de infraestructura.

Espero que haya quedado clara cuál era la razón del impacto del déficit fiscal que se va a comprometer por la construcción de infraestructura.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Está absolutamente claro, como para mí estaba clara la pregunta. Ahora me estoy refiriendo a la interrupción y quiero decir que no estoy de acuerdo con que se esté llegando al mano a mano, porque invierte mucho más UPM que el Estado uruguayo.

Señora presidenta: pido disculpas al señor senador Lacalle Pou por el hecho de tener que reiterar los argumentos anteriormente dados; todos esos argumentos son de impacto fiscal favorable para el país. Por lo tanto, si bien no me atrevo a sintetizarlos en un número, este proyecto, considerando los efectos directos, indirectos e inducidos y como cadena productiva, va a arrojar un impacto fiscal favorable para el país, lo que es positivo.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Discúlpeme, señor senador, pero voy a continuar con mi exposición.

Con respecto a la pregunta 52, en respuestas anteriores fueron mencionados los estudios realizados en materia de impacto incremental en el producto por habitante de la zona de referencia de la nueva planta. Por lo tanto, esta respuesta se va a enfocar en un tema mencionado en la pregunta, que es muy importante, relativo a la integración con otras actividades productivas. El contrato de inversión prevé, expresamente, la implementación de un programa de proveedores nacionales, tanto en la fase de construcción como de operación de la planta. A estos efectos, se han desarrollado algunos estudios preliminares respecto del potencial de abastecimiento nacional al proyecto de UPM. A modo de ejemplo, se destacan los insumos químicos, plásticos, metalúrgicos, siderúrgicos y, adicionalmente, se estima que algo más del 8 % de la inversión en la planta podría ser realizada con insumos nacionales. Estamos pensando en establecer incentivos especiales para firmas que incluyan la fabricación nacional de durmientes de hormigón para la instalación del ferrocarril central, cuyo costo alcanzaría los USD 65:000.000.

A la pregunta 53 contestamos que las erogaciones necesarias desde el punto de vista presupuestal serán incluidas en las próximas instancias: en las rendiciones de cuentas y, eventualmente, si fuera necesario, en el presupuesto del próximo período, de acuerdo con lo previsto en la ley; esto es, vamos a seguir los caminos institucionales para presupuestar la utilización de recursos del Estado.

La pregunta 54, «¿Qué porcentaje del total a invertir sería con préstamos de organismos internacionales de crédito?», tiene una respuesta clara: un porcentaje de muy poca significación. Son apenas USD 50:000.000, que van a contribuir al 50 % del financiamiento del viaducto; el otro 50 % será financiado con recursos presupuestales de la Administración Nacional de Puertos. ¿Cuál es el organismo internacional? Fonplata –fondo heredero de Urupabol–, integrado por Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. Esa institución ya ha ofrecido –en principio, hay una aceptación de nuestra parte; simplemente falta formalizar los compromisos– realizar la mitad del financiamiento de esta obra.

Con respecto a la pregunta 55 –que ya mereció alguna referencia, incluso de parte del senador Lacalle Pou–, el Gobierno no tiene previsto modificar el presupuesto asignado a otras obras de infraestructura identificadas como prioritarias, por lo que no se realizarán recortes de inversiones y gastos. Esa es la definición política que ha tomado el Gobierno al respecto. Esto ya fue mencionado; simplemente lo estoy reiterando.

En cuanto a la última pregunta, «¿Cuál será el porcentaje del total a invertir que se ejecutará y financiará a través de esta modalidad de PPP?», tal como se comentó antes, se ha definido que, por ahora, únicamente el ferrocarril central sea financiado mediante la modalidad PPP. El financiamiento del resto de las obras –y aquí viene la explicación del «por ahora»– se decidirá cuando sea el momento adecuado, tomando en cuenta los requerimientos de cada proyecto y las condiciones financieras imperantes. Pero hoy, antes de comenzar la segunda etapa del proyecto –que es aquella que hemos iniciado después de la firma del preacuerdo–, estamos financiando solo el ferrocarril central, además del viaducto, por supuesto, que se financia –como dije recién– con Fonplata y con recursos de la Administración Nacional de Puertos mediante la modalidad de participación público-privada.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicito un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 14:14).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:41).

–Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Sobre la pregunta 57, «¿Ha realizado el MVOTMA un estudio sobre el impacto ambiental que pueda generar la instalación de UPM en el río Negro?», informamos que nuestro ministerio no puede realizar ese estudio sobre impacto ambiental ni tampoco el análisis correspondiente porque no cuenta con el proyecto que se va a implantar. De acuerdo con la norma nacional, los estudios tienen que ser de un sitio específico y debe entregarlos la empresa. No obstante, la Dinama cuenta con quince estaciones de monitoreo en el río Negro desde el año 2009 y se monitorean cuarenta y tres variables con una frecuencia trimestral –una vez por estación del año–, de manera que se tiene un alto conocimiento de la dinámica del río. A la vez, Uruguay tiene amplia experiencia en el análisis y control de este tipo de emprendimientos, lo que constituye una fortaleza país. Sí hemos trasmitido a la empresa que la situación del río Negro es especial y eso se ha tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental, estableciendo la necesidad de compensación a través de la adecuación de las plantas de tratamiento Paso de los Toros y Centenario para remover fósforo y del aporte al plan de trabajo que el Gobierno está elaborando para el río Negro.

Con respecto a la pregunta 58, «La empresa UPM ha licitado un estudio de impacto ambiental. ¿El MVOTMA utilizará ese estudio o hará uno propio?», la Ley n.º 16466 y su Decreto reglamentario, n.º 349/2005, establecen la metodología de evaluación del impacto que se basa en un estudio realizado por la empresa, que es analizado y aprobado por los técnicos de la Dinama en un marco de participación pública. Para los casos de alta complejidad –como lo es este– la Dinama establece, en el marco de la comunicación de proyectos, los términos de referencia sobre qué es lo que espera que se estudie, o sea, qué es lo que espera que entregue la empresa como estudio de impacto ambiental.

Con relación a la pregunta 59, «Además del análisis de impacto ambiental en las aguas del río Negro, ¿ha realizado o tiene previsto realizar estudios de impacto ambiental y urbano sobre el nuevo sistema de ferrocarril que unirá UPM con el puerto de Montevideo?», para todos los componentes del proyecto que sean alcanzados por el artículo 2.º del Decreto n.º 349/2005 deberán realizarse estudios de impacto ambiental, y esto incluye el proyecto ferroviario, entre otros. En el marco del estudio de impacto ambiental se verifica lo dispuesto por los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, tanto nacionales como departamentales. Dado que se pregunta específicamente por el impacto urbano, también se hace un análisis porque, de acuerdo con la reglamentación que tiene la Dinama, se estudian todos los aspectos antrópicos de los proyectos que se presenten.

En cuanto a la pregunta 60, «¿Qué otros estudios de impacto ambiental tiene previstos realizar el MVOTMA y en qué momento?», cumpliendo con lo que dice el decreto al que hicimos referencia, deben estudiarse y aprobarse los proyectos de ley sobre la terminal portuaria, plantaciones forestales, zonas francas, carreteras, puentes, extracción de áridos y tendidos de líneas de alta tensión.

Con respecto a la pregunta 61, «¿Tiene el MVOTMA un plan de reestructura de la Dinama a los efectos de cumplir con los requisitos exigidos por UPM? ¿En qué consiste el plan y cuánto dinero implicaría en materia presupuestal?», sí tenemos un plan de reestructura de la Dinama para responder a estos requerimientos.

Recién estábamos recordando lo que fue la Dinama con la primera instalación de la planta de celulosa: tenía siete funcionarios, y hoy, entre presupuestados y programas especiales, llega a casi doscientos. En realidad, no es necesaria una reestructura de la Dinama para abordar estos permisos, aunque sí tenemos que prestar especial atención al fortalecimiento de aquello en lo cual nuestros funcionarios no están especializados; es algo similar a lo que pasa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Por ejemplo, en el tema del ferrocarril no existe experiencia ni hay especialistas en la Dinama que puedan estudiarlo. Pero para asuntos sobre los que no tenemos experiencia nacional contamos con apoyo de un proyecto BID. Aclaro que esto se aplica para el caso del ferrocarril, no así para el puerto, donde tenemos ciertas fortalezas propias.

Estamos convencidos de que con el transcurso del tiempo se van a analizar cuáles son las necesidades, para ser más eficientes. La idea es no precipitarnos a contratar personal que puede resultar ineficaz en el futuro.

La última pregunta refiere a la normativa de estudios de impacto ambiental, que establece la posibilidad de que los proyectos sean clasificados B o C, etcétera, según los plazos que se establecen en este contrato de iniciativa de inversión. Esos plazos fueron determinados en conjunto con la empresa, de acuerdo con una metodología de trabajo que incluye referentes de ambas partes, reuniones, comisiones de seguimiento, etcétera. Esta metodología ya ha sido aplicada exitosamente en proyectos tales como el de Montes del Plata o la prospección de petróleo en ultramar.

De todas maneras, en el contrato se establece que si la calidad de los trabajos presentados por la empresa no es la requerida y la Dinama solicita ampliación de información o nuevos estudios, los plazos se suspenden. Esta es la eficiencia que le exige UPM a la Dinama; pero también nosotros establecimos plazos, que se suspenderán si la empresa no contesta en tiempo y forma a los requerimientos de la Dinama.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con las preguntas, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Muchas gracias, señora presidenta; agradecemos también la oportunidad de poder conversar sobre estos temas.

Ante todo –dado que no conozco el procedimiento parlamentario–, me gustaría hacer una consulta. El señor senador Lacalle Pou hacía referencia a una norma del doctor Batlle y quisiera acceder a ella o que el señor senador especificara cuál es.

SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa pregunta al señor senador Lacalle Pou si puede aclarar la inquietud del señor ministro.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: no solo no conoce el señor ministro la forma, sino que ahora me está interpelando a mí.

(Dialogados).

–¡No se pongan nerviosos; es un chiste! ¡No sean tan susceptibles!

(Dialogados).

–Están muy nerviosos; aflojen un poco.

(Dialogados).

–Entiendo que a veces se pongan nerviosos; yo también lo estaría.

Este es un decreto del 15/10/04, titulado «Autorización a Botnia Fray Bentos S. A. a explotar una zona franca privada en el inmueble sito en la 1.ª Sección Catastral del departamento de Río Negro». Puede encontrar la resolución en la página de Presidencia de la República o en la web. Es un decreto que tiene diecisiete puntos de resolución, y reitero que refiere a la autorización de instalación de lo que en aquel momento era Botnia, así como de explotación de una zona franca.

SEÑORA PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.

Puede continuar el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Muchas gracias, señor senador.

Estamos hablando de una resolución del señor presidente de la república y no de un decreto. Y esa resolución del presidente de la república no es comparable con el acuerdo que hicimos el 7 de noviembre, ya que aquella es la resolución de autorización a Botnia para explotar la zona franca. Si no me falla la memoria –quizá el señor senador Lafluf pueda ayudarme–, la zona franca comenzó su construcción en febrero de 2005, o sea que esta es una autorización otorgada cuatro meses antes de que comenzara la construcción. Por lo tanto, reitero, no es comparable con el documento que hicimos público el 12 de setiembre –relativo al acuerdo laboral marco con el PIT-CNT, la Cámara Metalúrgica del Uruguay, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la empresa UPM– ni con el contrato, que también hicimos público el 7 de noviembre, esto es, dieciocho o veinticuatro meses antes del comienzo de las obras.

Señalo esto porque, a nuestro juicio, no son cosas comparables.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Muchas gracias, señora presidenta y señor ministro.

Creo que los temas son comparables. ¿Cuál es la diferencia de aquello con esto? ¿Cuál es la diferencia?

Hoy, el Estado, el Uruguay, negociando a través de su Gobierno –de los cinco ministros que están acá–, le dicen a la empresa UPM: «Empezamos a hacer obras dos años antes. Invertimos USD 1.000:000.000 para ver qué hacen ustedes». ¡Eso no se hizo antes! Antes, se conversó, hablaron los ministros, y los temas de energía los trató UTE, no el ministerio. Cada cual hizo lo que tenía que hacer, se acordó y se instaló; por eso no hubo que hacer un precompromiso dos años antes. Hoy, lo que hay previo a la instalación es esta autorización, y por eso pienso que es comparable. En este caso los documentos que hay antes de la instalación son el que vimos, pleno de obligaciones del Estado uruguayo –¡pleno de obligaciones del Estado uruguayo!–, sin obligaciones de la contraparte –solamente la posibilidad de decir «entro»– y, el otro, que es la autorización para la instalación de una zona franca. ¡Me parece que son comparables! Son los dos documentos previos a la instalación, que en un caso era segura y en el otro es absolutamente incierta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Voy a discrepar con mi estimado colega, el señor senador Amorín. ¡Son incomparables! Estoy de acuerdo con el señor ministro en que son incomparables. Con el papel que tengo en la mano es incomparable, porque aquí hay una concesión, hay obligaciones, hay condiciones resolutorias y en el otro no había absolutamente nada. Acá hay una entrega totalmente condicionada, sin garantías reales y sin multa. Por tanto, voy a discrepar con el señor senador Amorín. Realmente, lo que hizo el Gobierno de su partido y lo que hizo este Gobierno es incomparable.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Simplemente, nosotros tratábamos de señalar que eran dos documentos distintos. Yo no hice ningún cuestionamiento a la resolución presidencial del 15 de octubre de 2014; solo señalé que eran documentos distintos porque, en su momento, hasta se habló del tamaño de uno y de otro y se llegó a mostrar esa diferencia de tamaño. Lo único que estoy diciendo es que en nuestro Gobierno estamos actuando previamente, publicando los documentos y trabajando con anticipación para llegar de la mejor manera posible a esta muy buena inversión para el país.

La pregunta 63 refiere a los estudios sobre la cantidad de puestos de trabajo. Al respecto quiero decir que se hicieron diversos estudios y hay varios antecedentes. Realizaron estudios la propia Unidad de Estadística del ministerio, Uruguay XXI, distintos ministerios y diferentes consultoras, como Deloitte y CPA Ferrere; también está la experiencia real de las dos plantas anteriores –Botnia o UMP 1 y Montes del Plata– en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que generaron.

Me voy a permitir citar algunas expresiones del señor senador Lafluf en una muy buena exposición que hiciera el día 7 de noviembre en la Cámara de Representantes, en ocasión de cumplirse los diez años de la primera planta. Él destacaba la importancia del trabajo que se concretó en la primera planta y decía que la cadena de valor de UPM generó 7000 puestos de trabajo y una masa salarial de USD 183:000.000. Adicionalmente, las actividades desarrolladas a lo largo de la cadena de valor generaron impuestos por UDS 90:000.000. Cuando se habla de puestos de trabajo, la distribución fue de 560 puestos directos, 3681 indirectos y 2236 inducidos. Si se habla de la cadena de producción o de valor, significa 235 empresas contratistas y 580 proveedores. También hay 18 empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y el mejoramiento genético en los viveros; 77 empresas en los trabajos de plantación, seguimiento y cosecha; 48 empresas de transporte, con 270 camiones que realizan 315 viajes de madera por día a la planta, con una plantilla de 640 choferes. En 2012, Río Negro tenía 80 empresas que no existían en el departamento en 2004.

O sea que no solamente hay estudios de los impactos que va a generar esta nueva planta, sino que los antecedentes de las plantas anteriores generan ejemplos concretos de lo que ya ha sucedido. Y esta planta, que es mucho mayor, generará lo que ya se ha destacado en los informes que hemos dado públicamente y lo que han expresado en el día de hoy los distintos ministros que me precedieron en el uso de la palabra.

La pregunta 64 dice que en el artículo 7 se invocan las llamadas «Causas Extrañas no Imputables» que exoneran de responsabilidad a las partes. El señor senador convocante pregunta por qué entre ellas no se incluyen las huelgas y los conflictos laborales. Yo creo que no es comparable un fenómeno climático con el derecho constitucional a la huelga que existe en nuestro país. En Uruguay, el artículo 57 de la Constitución consagra ese derecho, que no es una causa extraña sino un derecho humano y un principio fundamental. Creemos que el acuerdo marco que firmamos el 12 de setiembre y el acuerdo de inversión del 7 de noviembre son instrumentos muy importantes a este respecto.

En la pregunta 65 se dice: «¿Qué medidas tomará el Gobierno para asegurar que no se repitan los conflictos que se sucedieron en Montes del Plata?». Como dijo la señora ministra de Industria, Energía y Minería, queremos destacar que la experiencia que hemos recogido con la primera planta, Botnia-UPM, así como con la segunda, Montes del Plata, nos ha servido para generar conocimiento y trabajo con relación a esto. En la parte laboral, la evolución histórica fue distinta en ambas plantas. Por ejemplo, cuando era presidente del Banco de Previsión Social me tocó aplicar sanciones a Montes del Plata porque había traído al país trabajadores extranjeros que no cumplían con los requisitos que Uruguay exigía, y tuvieron que irse.

Se pregunta qué medidas se van a tomar para que no se repitan los conflictos. Eso está explicado, particularmente, en el Acuerdo Marco Área Laboral del 12 de setiembre y en el contrato que firmamos el 7 de noviembre, en el capítulo 3.6, relativo a la parte laboral.

Creemos que esto se vincula con la pregunta 66, cuando en ella se supone que se podría estar creando para esta empresa un derecho laboral independiente de la totalidad del país. A ese respecto queremos destacar que, en este corto período, primero se firma un preacuerdo con el PIT-CNT, la Cámara Metalúrgica del Uruguay, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la empresa UPM, y una semana después –el 12 de setiembre– se transforma en un acuerdo laboral marco. Creo que este es un instrumento fundamental, en el mismo sentido que hablábamos al principio de nuestra exposición.

Este Acuerdo Marco Área Laboral, contrariamente a lo que se ha manifestado en lo que tiene que ver con una misión a Finlandia, no se firma solo con el PIT-CNT, sino también, como dije, con la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Cámara Metalúrgica del Uruguay –filial de la Cámara de Industrias del Uruguay–, además de la empresa UPM y el Gobierno. Allí se establece un marco general de relaciones laborales para concretar la construcción e instalación de la nueva planta dentro de los plazos previstos.

En este acuerdo marco del 12 de setiembre se afianza la negociación colectiva de buena fe como el instrumento más adecuado para el logro de los objetivos. Quiero destacarlo porque estamos ante la inversión más grande de la historia del Uruguay hasta el momento, y en esa inversión la empresa, el Gobierno, la central sindical y las cámaras empresariales dicen –contrariamente a lo que afirman algunos dirigentes empresariales y otros dirigentes del país– que la negociación colectiva de buena fe es el instrumento más adecuado para el logro de los objetivos de este acuerdo marco. Creo que es muy importante, porque aquí se está ratificando la negociación colectiva –un instrumento fundamental de este Gobierno, ¡un instrumento sustancial de política de este Gobierno!– como instrumento fundamental.

Y, por si fuera poco, en el objetivo 5 de este acuerdo marco se dice que es fundamental «Ratificar que el trabajo decente y productivo, el respeto de los principios fundamentales en el trabajo y de los derechos de los trabajadores y de los empleadores, la seguridad y salud en el trabajo, la formación profesional, el rendimiento eficiente del personal, el cuidado y la mejora continua de la calidad, el incremento de la productividad, la incorporación de nuevas tecnologías y una gestión eficiente, son condiciones esenciales para la viabilidad y desarrollo del Proyecto, así como para la competitividad y sostenibilidad de las empresas y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los trabajadores, todo ello en consonancia con los principios y objetivos de la cultura del trabajo para el desarrollo».

Entre otros objetivos concretos, se plantea «cero accidente de trabajo de gravedad» y lograr menores índices de siniestralidad.

Con relación a la formación y capacitación, se considera la importancia de la «capacitación especializada para el trabajo y en la consolidación de la mano de obra uruguaya calificada, para tener posibilidad de vincularse directa o indirectamente en el Proyecto de UPM o en otros emprendimientos productivos, mejorando de ese modo las condiciones de empleabilidad y acceso al empleo de los trabajadores uruguayos».

En ese acuerdo marco se define que el ámbito de aplicación subjetivo y territorial es la nueva zona franca; se define, también, algo muy importante, que es la centralidad de la responsabilidad de UPM en este proyecto, y que esto va a abarcar a todo el personal obrero uruguayo dependiente –tanto sea de empresas contratistas como subcontratistas, uruguayas o extranjeras– y a trabajadores uruguayos o extranjeros. Me parece que es muy relevante que se trate en este acuerdo, previamente a todo lo que se vaya a desarrollar.

Al mismo tiempo, se abren las posibilidades para que, a futuro, sean exactamente determinadas y precisadas las condiciones de trabajo en «Protocolos de Actuación y Convenios Colectivos específicos que se celebren» con las respectivas cámaras, sindicatos, etcétera.

Entre las actividades a realizar, nuevamente se fortalece la negociación colectiva –algo que para este Gobierno, reitero, es fundamental–, así como desarrollar, negociar y acordar protocolos de actuación, particularmente en tres temas: salud y seguridad ocupacional, capacitación de mano de obra, y transporte, alimentación y vivienda.

Como se podrá apreciar, no solamente se habla de los temas específicos y más tradicionales de las condiciones de trabajo, sino también de asuntos de mucha mayor amplitud, como el transporte, la alimentación y la vivienda de los trabajadores, sin perjuicio de que se podrán agregar, negociar y acordar otros temas.

En este acuerdo marco también se conviene conformar un grupo coordinador integrado por cuatro representantes: del Gobierno, de UPM, de las cámaras empresariales y del PIT-CNT. Vuelvo a reiterarlo porque esto significa la máxima participación para la negociación de muchos de los aspectos, todos ellos fundamentales. Aquí no vamos a imponer cosas por decreto ni a trabajar con imposiciones, sino que vamos a buscar, a través del diálogo y la negociación, avanzar de la mejor manera posible y con la mayor eficiencia en todo este proceso.

Así, además del grupo coordinador que mencionamos recién, funcionarán equipos de trabajo técnicos, también con integración de todas las partes, para ocuparse de los contenidos de todos los protocolos de actuación –comenzando a partir de la celebración del acuerdo de inversión del pasado 7 de noviembre–, que deberán quedar finalizados antes de la decisión final de inversión.

En este aspecto creemos, además, en la importancia de destacar lo que decíamos antes: que esto no es solamente para la empresa matriz UPM, sino que también incluye a todas las empresas contratadas y subcontratadas.

El punto 5 de este capítulo, que aparece en la página 6 del acuerdo laboral marco, dice: «Una vez acordados y ratificados por el Grupo Coordinador, los protocolos de actuación se comunicarán por parte de UPM a todas las empresas contratistas o subcontratistas, uruguayas o extranjeras». Y en el punto 6 se habla de «Controlar y exigir el debido cumplimiento de los protocolos de actuación».

También se establece en ese Acuerdo Marco Área Laboral «Definir la creación y el funcionamiento de una Comisión Tripartita de Seguridad e Higiene Laboral para el Proyecto, integrada por delegados de las partes y con personal jerárquico de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», «Acordar un marco de seguimiento y sistema de reuniones periódicas», «Definir el modelo de servicio para la contratación y funcionamiento de servicios de emergencia médica y de Bomberos en obra […], la instalación en una localidad cercana a la obra de una oficina del MTSS, con Inspectores de Trabajo disponibles en forma permanente».

Al mismo tiempo se definen: cursos de capacitación que se darán para «trabajadores de la zona de influencia geográfica»; temas como, por ejemplo, «oficios o especialidades de montaje, según estándares internacionales»; «práctica en relaciones laborales y la normativa laboral»; «mejora de la productividad y cultura del trabajo» y se involucra –respetando las autonomías correspondientes– a los institutos de formación correspondientes.

También se establecen las competencias de las empresas –no solo de UPM, sino también de las contratistas y subcontratistas– en la contratación, así como los mecanismos de prueba de admisión para los trabajadores. Pero, además, aparece en este acuerdo marco otro hecho muy importante que queremos destacar: para la convocatoria de los trabajadores habrá una «Convocatoria pública y Registro abierto de trabajadores, a través de la base nacional de datos del MTSS (Vía Trabajo), como forma de conocer la oferta de mano de obra uruguaya especializada y obtener una fuente de reclutamiento no obligatorio de trabajadores postulantes», que dé garantías y transparencia para la selección del personal.

En lo que tiene que ver con transporte, alimentación y vivienda, se establece: «Servicios de transporte y alimentación en Obra coordinados en la forma que se determine, que garanticen buenas condiciones de vida, recreación, esparcimiento y servicios para los trabajadores»; «Facilidades de alojamiento multimodal y desconcentrado, según disponibilidad, en diversos lugares de la región o localidades más próximas, de los trabajadores trasladados o contratados a pie de obra que no se encuentren radicados en los Departamentos de Tacuarembó y Durazno»; «Prever actividades de formación complementaria, culturales, de esparcimiento, higiene, salud y prevención de enfermedades comunes»; y, como ya dijimos, servicios de transporte y otras actividades complementarias.

Por último, en este acuerdo marco se establecen las bases de lo que luego será el acuerdo de inversión del 7 de noviembre con relación al «Desarrollo de instancias de diálogo y negociación específicas», al «Funcionamiento de diversos ámbitos bipartitos o tripartitos […], ordenados, escalonados y sucesivos, con fines preventivos, con procedimientos y plazos en cada ámbito, que contribuyan efectivamente a lograr la mejor solución de los problemas y evitar el desencadenamiento de conflictos».

Al mismo tiempo, en este Acuerdo Marco Área Laboral del 12 de setiembre se establece la «No adopción de medidas por las partes […] antes de haber finalizado total y formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas».

Por otra parte, en lo que es el contrato de inversión del 7 de noviembre se avanza específicamente en estos aspectos. Allí hay un capítulo que tiene que ver con una de las preguntas que realiza el señor senador, precisamente a la que nos estábamos refiriendo: la número 66. Me gustaría leer textualmente lo que se señala en el acuerdo de inversión del 7 de noviembre en el punto 3.6.10, página 43. Dice: «(a) Convocar a un ámbito de negociación conjunta entre el PIT-CNT, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de acordar la implementación de Procedimientos de Prevención y Solución de Conflictos, así como la regulación de Piquetes y Ocupaciones. La convocatoria a negociar deberá promover la inclusión de las Cámaras Empresariales, en su calidad de importantes actores involucrados en la temática a tratar, y se efectuará una vez firmado este Contrato.

(b) Trabajar en la regulación de los temas objeto de la negociación tomando como base los aspectos fundamentales contenidos en la propuesta del MTSS presentada a los interlocutores sociales en marzo de 2017, relativa a la regulación de procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como a las ocupaciones y piquetes, con los ajustes y adaptaciones que las partes consideren necesarios, y teniendo en cuenta el Acuerdo Marco en el Área Laboral firmado el 12 de setiembre de 2017. También se podrán considerar como elementos de referencia en la negociación normas convencionales sobre la materia acordadas a nivel de ramas o sectores de actividad» –esto refiere, por ejemplo, a los convenios que hoy ya existen en el sector de la construcción y en el metalúrgico– «(c) Incorporar al Derecho Positivo Uruguayo –bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo–, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación, así como los mecanismos aplicables para asegurar su observancia. Tratándose de normas generales, la incorporación se realizará con la participación de los actores correspondientes y respetando la autonomía parlamentaria.» –¡obviamente!– «A estos efectos, se establece como plazo máximo el mes de diciembre de 2019,…». Eso es, casi textualmente –el texto está publicado desde el mismo 7 de noviembre–, lo que establece el acuerdo de inversión.

Y acá queremos destacar dos o tres cosas. En primer lugar, la importancia que se da en este acuerdo a la negociación colectiva como instrumento fundamental para el desarrollo. Eso, para nosotros, para este Gobierno y creemos que para este país, es fundamental. En segundo lugar, que la elaboración de normas debe ser con diálogo y participación, y podrá culminar en una ley –en ese caso, pasará a consideración del Parlamento–, en un decreto del Poder Ejecutivo o en un convenio. Según cómo sea lo que se acuerde, eso será lo que luego podrá transformarse en un instrumento normativo.

Por lo tanto, acá se está reafirmando la negociación colectiva y el diálogo; se está respetando las potestades de cada uno de los poderes del Estado; se está reafirmando el derecho de huelga y el derecho a la ocupación y los piquetes. De lo que se habla es de la regulación; se dice que se analizará la regulación que puede tener. Esto para nosotros también es un aspecto sustancial.

Se dice que se tomará como base la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de marzo de 2017. Queremos recordar que este ministerio ha hecho propuestas en diciembre de 2015, en setiembre de 2016, y la última en marzo de 2017. Esas propuestas que hicimos a las cámaras empresariales y que estas, lamentablemente, rechazaron en marzo, acá figuran como bases que pueden ser tenidas en cuenta para un posible acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que esto no se hizo para UPM, sino que estuvo hecho mucho antes. Reitero que fueron presentadas a los dirigentes de las cámaras empresariales y al PIT-CNT, algunas en diciembre de 2015, otras en setiembre de 2016 y, más recientemente, en marzo de 2017. Además de eso, fueron publicadas en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 21 de junio. Es decir, todas estas propuestas, previamente conversadas con las cámaras empresariales y el PIT-CNT a través de sus máximas autoridades, fueron publicadas el 21 de junio, ¡mucho antes de todo esto! Por lo tanto, no fueron hechas para esto, sino pensando en todo el país y en que, fruto de lo que puede ser la negociación, luego tomarán la forma jurídica que corresponda, ya sea a través de un convenio, un decreto o una ley.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: estoy siguiendo atentamente la exposición del señor ministro y quiero saber si entendí bien.

El señor ministro dijo que se iban a regular la ocupación y los piquetes. O sea que la ocupación y los piquetes van a estar permitidos, pero regulados en este caso. ¿Eso fue lo que dijo? Me gustaría saber si lo entendí bien porque, obviamente, este va a ser uno de los puntos –o lo fue, en el caso de Montes del Plata– más problemáticos.

Reitero: me gustaría que se me aclarara si entendí bien que van a estar permitidos, en el caso de las obras y de la inversión de UPM, los piquetes y las ocupaciones. Al estar regulados, entiendo que estarán permitidos, pero me gustaría que me lo ratificara para saber si comprendí bien.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Señora presidenta: sobre este tema, luego de conversaciones que tuvimos con los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y del PIT-CNT, el ministerio publicó propuestas –que están a las órdenes– en diciembre de 2015, setiembre de 2016 y marzo de 2017 –generales y antes de UPM, reitero– para que, a través de un mecanismo de prevención de conflictos, con determinadas etapas y determinados pasos, si hay un acuerdo tripartito, se pueda llegar a su regulación. Eso está planteado, no para este caso, sino en general, y es muy anterior a la situación de la que estamos hablando, del acuerdo del 7 de noviembre.

No sé si con esto he dado respuesta a la consulta del señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite otra interrupción, señor ministro?

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Con mucho gusto, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- La pregunta es: si no se logra ese acuerdo tripartito sobre la regulación de las ocupaciones y los piquetes, ¿efectivamente se van a regular o no y cómo se va a proceder?

Sé que el señor ministro va a hacer todo lo posible para lograrlo, pero debemos tener en cuenta que UPM incluyó una cláusula muy dura respecto a este punto, que dice así: «UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del proyecto de UPM, podrá constituir una causal para que UPM no tome una decisión final de inversión positiva». Esto representa una amenaza tremenda, como pocas veces se ve.

Además –el señor ministro es una persona de hablar con franqueza y quien habla también–, digámoslo claramente: se ha dicho que el Gobierno va a asegurar a UPM que no va a haber piquetes ni ocupaciones. Estamos acá para hablar claramente. Nos gustaría saber qué se va a hacer en el caso de que no se llegue a un acuerdo tripartito. Obviamente que cada uno tiene su posición acerca de si la ocupación es una extensión o no del derecho de huelga. La huelga es un derecho gremial reconocido por la Constitución, pero no se habla de la ocupación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Creemos que ya hemos dado las explicaciones al respecto, señor senador, en el sentido de que este es un Gobierno que apuesta al diálogo, apuesta a la negociación, apuesta a la búsqueda de acuerdos tripartitos. Reforzando este concepto, justamente, la Organización Internacional del Trabajo, en las recomendaciones que hace pocos días nos hizo llegar sobre temas similares, insiste en que el camino sea el tripartismo. Ese es el camino fundamental que este Gobierno quiere seguir. Entre tanto, cuando suceden otras cosas, actuamos de acuerdo con la normativa vigente en el país. Hasta podría señalar como ejemplo una situación acaecida en el frigorífico Solís, a donde nos dirigimos personalmente para tratar de destrabar la situación.

Por lo tanto, estamos trabajando para que sean el diálogo y la negociación los que generen fuentes de derecho sólidas para el país y que no rija el camino de las imposiciones o de los decretos. Esa es la modalidad que estamos tratando de llevar adelante.

A continuación voy a referirme a la primera parte de la pregunta número 67: «¿Cómo evalúa el Gobierno el compromiso de adaptar los programas educativos de UTU a los requisitos de UPM?». En este sentido, considero que es muy importante visualizar el conjunto de nuestra propuesta. Estamos planteándonos seguir avanzando en la educación; seguir avanzando en la formación; seguir avanzando en el desarrollo de la UTU –que ha duplicado su matrícula–; seguir avanzando, como muy bien lo explicaban el ministro Astori y la ministra Cosse, en el progreso de las zonas del país que tienen menor desarrollo relativo con respecto al crecimiento que en general ha tenido el Uruguay en estos años, en particular las zonas centro y noreste del país. Por eso estamos planteándonos el fortalecimiento de las escuelas de UTU cercanas a la zona donde se va a instalar –ojalá que así sea– este tercer emprendimiento. Me consta que esta iniciativa cuenta con el apoyo de las autoridades de la educación, no solamente del Codicén, sino también de la UTEC. Es más, en estas horas hemos sabido que, por ejemplo, los próximos 7 y 8 de diciembre autoridades de la enseñanza y de las intendencias departamentales de Tacuarembó y de Durazno estarán recorriendo el área para detectar con más precisión las necesidades y las posibilidades de avanzar en el desarrollo educativo de la zona.

Al respecto, cabe destacar que el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, habló de la importancia que tiene la Universidad Tecnológica para ese departamento, señalando que hay un antes y un después de su instalación. En otra entrevista realizada en estos días, señaló también la importancia que tiene el trabajo que ya se está haciendo con el Inefop –Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional–, así como todas las áreas de formación de UTU para la zona. Asimismo, se refirió a la influencia que esto puede tener en distintos poblados, como pueden ser Carlos Reyles, Baygorria, Rincón del Bonete, La Paloma, Blanquillo, Villa del Carmen, Sarandí del Yí, Cerro Chato y Arévalo.

Estas manifestaciones son las que nos impulsan a pensar que estamos en el buen camino –el camino del diálogo, el camino de la negociación, el camino de la preparación con anticipación– para llegar, de la mejor manera posible, a que la mayor inversión en la historia del país sea un ejemplo de cómo estamos haciendo las cosas en este país y en este Gobierno: con toda transparencia, porque los documentos fueron inmediatamente publicados y, más aún, en su firma participaron empresarios y trabajadores.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Gracias, señor ministro.

Han sido respondidas las sesenta y siete preguntas, por lo que ofrecemos la palabra al miembro convocante, señor senador Lacalle Pou. Posteriormente, abriríamos la lista de oradores.

SEÑOR LACALLE POU.- Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de no quitar mucho tiempo al resto de los señores senadores.

En primer término, quiero agradecer que se hayan tomado en cuenta las preguntas, aunque no se contestaron las 67, y aunque algunas se respondieron, tampoco se lo hizo de forma acabada, por lo que nos quedan algunas dudas.

Suscribimos lo que dijimos al principio. Estuvimos hablando largo rato y muchas veces los ministros que hacían uso de la palabra parecían hablar en nombre de la empresa o de lo que le convenía a la empresa. Varias veces escuchamos aquí hablar de «interés empresarial», «lo que le sirve a la empresa», «el negocio». Todo el tiempo hablamos de las obligaciones de nuestro país. Abunda lo que nosotros decíamos: el Uruguay se compromete muchísimo.

El punto más álgido, que no tiene explicación porque no era una de las 67 preguntas, pero estuvo en la exposición inicial, es que ninguno de los ministros aquí presentes firmaría un negocio personal de este estilo. Piensen en el negocio que sea; por ejemplo, si alguien les dice que les va alquilar una casa, pero exige que primero la pinten, arreglen los baños, corten el pasto, instalen rejas y reparen la estufa para, después de todo eso, resolver si la alquila, ninguno lo aceptaría. ¡Ninguno! Sin embargo, lo hacemos con el erario, con los recursos del país. Queda claro, entonces, que hay una entrega del Gobierno del Uruguay respecto a la empresa.

Al principio de la exposición, en la pregunta número 3 se plantea por qué se extiende el plazo de la zona franca de la planta de Fray Bentos. En la respuesta se usa un argumento empresarial y se dice que se debe a las inversiones adicionales en el contrato. Me gustaría que se aclarase un poco más por qué necesariamente se debe atar la segunda planta con la primera. Entiendo que son dos negocios separados; son dos ecuaciones económicas separadas por más que la empresa sea la misma.

En otro orden, se nos hizo llegar el proyecto de ley relativo al Fondo de Estabilización Energética. No sabíamos que ya había ingresado; todavía no está en comisión, pero suponemos que oportunamente será repartido.

La señora ministra de Industria, Energía y Minería se refirió a los costos de UTE, pero no terminé de comprender si el ente había tenido participación en ello. Me parece que a la UTE le dijeron: «Tomá, tenés que hacer esto». De arriba hacia abajo y no desde los servicios técnicos al Directorio de UTE y después al Gobierno. En realidad es: nosotros nos comprometimos con esto y ni siquiera hicimos una evaluación de costos. ¡Porque hay costos! ¡Hay costos!

Como bien decía la señora ministra, no se conoce el valor que desde el Poder Ejecutivo se impondría como exigencia ambiental –estoy hablando del mantenimiento del caudal del cauce y del lago–, pero lo cierto es que hay un costo para UTE. Los servicios técnicos de UTE lo conocen y, dependiendo del parámetro establecido, puede ascender de USD 45:000.000 a USD 160:000.000. O sea que hay un costo; no es verdad que esto no tenga un costo. Que no escucharon a los servicios técnicos de la UTE porque ya estaba todo el pescado vendido, sería una respuesta más razonable. UTE no participó en la generación de este proyecto, sino que se le impuso, del mismo modo que el año pasado –y aparentemente este también– se le impuso el aumento de las tarifas. Es público y notorio que UTE manifestó que se podían bajar las tarifas y que el Gobierno dijo que no solo no iban a bajar, sino que iban a subir. O sea que no sería la primera vez que se desoyen los criterios del ente.

El señor ministro de Transporte y Obras Públicas mencionó un tema que luego repitió el señor ministro de Economía y Finanzas y necesito una prueba en contrario para que se rebata la afirmación que hicimos. Es claro, ahora la cosa viene de decir que estas inversiones eran sí o sí, que UPM es un accidente en la planificación de la inversión nacional. Ahora, ¡nunca se habló de estos temas! ¿Por qué no se habló de esto con anticipación, en la instancia del presupuesto, cuando se habló de los PPP? Por qué no se dijo que se iba a hacer el ramal de la vía férrea hasta Paso de los Toros? ¿Por qué no se dijo? No estaba en los cálculos y ahora resulta que es inevitable. Estoy seguro de que de no existir UPM no sería prioritario; si no estaba en los planes. ¡Cuesta creerlo! Ante todo esto, más depende la instalación de esta empresa.

Doscientos cincuenta expropiaciones no son poca cosa: son doscientos cincuenta expropiaciones, muchas de ellas en zona metropolitana, con un metro cuadrado que uno puede imaginar cuánto cuesta. Esto hace a la ecuación económica, aunque el señor ministro de Economía y Finanzas no sabía decir cuánto era a lo que cada uno se comprometía, cuando yo afirmaba que tenía que haber un equilibrio entre lo que el Estado iba a poner y lo que iba a invertir UPM.

También me preocupa el tema de los plazos a los que el Estado se obligó y por eso en mi intervención decía que el Estado no solo se obligó mucho, sino mal, porque los plazos son de muy difícil cumplimiento. ¿Van a hacer una licitación de la vía sin tener previamente expropiado el territorio? Me parece que es como poner la carreta delante de los bueyes. Ahí tenemos más meses todavía, y deberíamos saber el monto, señora presidenta. Con el tiempo que tuvieron para esos análisis, para firmar el contrato, con las idas y vueltas, si es cierta toda la seriedad que aquí se aduce tendríamos que saberlo. Del mismo modo, deberíamos saber cómo será la readecuación portuaria. Muchos de los senadores conocen el puerto. Tuve la curiosidad de conocer el puerto no solo desde la tierra, sino también desde el agua, e ir por cada recoveco del puerto, desde los barcos pesqueros amarrados afuera hasta los esqueletos de barcos y las terminales nuevas, y no es cierto que al puerto de Montevideo le sobre espacio. Al revés, hay una lucha enorme por el espacio. Deberíamos conocer la reorganización: a quién va a perjudicar y a quién va a favorecer.

También deberíamos celebrar acuerdos formales. No puede venir algo así nomás. Sé que la instalación del emprendimiento Lobraus está en tela de juicio; lo tengo claro. No podemos discutirlo acá, pero no podemos estar diciendo que accedería o que no accedería. Deberíamos disponer de algo firmado donde conste que a esta empresa se la va a trasladar o se va a modificar la adjudicación, nos guste o no nos guste.

Respecto a las vías férreas, primero se dice que no es así, que no van a hacer caso o que no van a considerar como principal insumo el estudio que hizo UPM. En realidad, lo van a tener en cuenta y no solo esto –me referí a este punto en mi exposición inicial y no está en las preguntas porque iba a hacer un pedido de informes–, sino que acá tenemos un inspector de UPM. ¿Lo sabían, señores senadores? Hay una nueva clase de inspectores en el país, que están fuera de la plantilla de empleados públicos: el inspector de UPM. Es una delegación de atribuciones extrañísima. ¡El Gobierno del Frente Amplio delega una atribución en una empresa privada para que controle la construcción y el avance de la vía férrea! ¡Es de Hollywood! ¿Por qué el Estado va a tener un inspector privado? Porque antes fue el que hizo el plan y dijo cómo querían que lo construyeran.

Otra cosa que obvié en la exposición inicial es que tendrá total prioridad para hacer uso de las vías.

Con relación a la obra del viaducto, hay decenas de iniciativas; hay gente que se le ocurre hacer una cosa u otra. Hoy hablamos de varias iniciativas de este Gobierno que fracasaron; gastamos miles y miles de dólares, y fracasaron. Por ahí debe haber alguna iniciativa de viaducto, pero formalmente no está previsto.

El señor ministro de Transporte y Obras Públicas tampoco puede decir, como lo hizo hoy aquí, que se niega a hacer estimaciones. Dijo que se negaba a dar cifras –en realidad, debería brindarlas– y luego más o menos mencionó que se trataba de 100:000.000, más otros 30:000.000 del viaducto y 30:000.000 dentro del recinto portuario, lo que confirma lo que decía el señor ministro de Economía y Finanzas en cuanto a que USD 50:000.000 los va a poner Fonplata y los otros USD 50:000.000 la ANP. Ahí surge la próxima pregunta: ¿el presupuesto de la ANP es lo suficientemente voluminoso como para destinar USD 45:000.000? Mejor aún: ¿es una obra prioritaria para la ANP el reacondicionamiento de la zona portuaria como para destinar USD 50:000.000? Eso es aparte de las vías porque, o entendí mal, o hay una contradicción entre el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Transporte y Obras Públicas. El primero dijo que lo único que va a haber de PPP son las vías férreas, pero el ministro de Transporte y Obras Públicas expresó que va a haber 394 kilómetros que estarán afectados a este emprendimiento. Es cierto que algunos de esos kilómetros –no todos– ya estaban planificados en las seis PPP. O sea que hay obra vial fuera de la ferroviaria, a la que hay que sumarle más recursos para esto.

Me gustaría saber –considero que el ministro de Transporte y Obras Públicas lo debería conocer porque yo con un llamado ya lo supe– cuánto cuesta el dragado, porque hay que seguir sumando en la cuenta nacional.

También hay algo que me llama poderosamente la atención porque se han comprometido a llegar a los trece metros de profundidad para el año 2022, pero después dijeron que iban a llegar a los catorce metros para el 2030. Es un poco temerario asegurar que para el 2030 van a llegar a catorce metros. Es muy difícil asegurarlo; nadie sabe dónde va a estar en el 2030. En definitiva, si no saben contestarme cuánto cuesta dragar a doce metros y medio, les comunico que la suma que tenemos es de aproximadamente USD 30:000.000. El señor ministro y sus asesores me podrán corregir si me equivoco.

Tangencialmente, el ministro de Transporte y Obras Públicas volvió a hablar de un tema que fracasó con total éxito. Ha dicho que se va a hacer el puerto de aguas profundas, que alguien lo tiene que hacer porque es estratégico. Sí, ¡pero vamos a terminar con esa cantarola, porque nos costó mucha plata! Se le da seriedad al discurso pero no se le da seriedad a la acción. El Gobierno del Frente Amplio cambió cuatro veces la ubicación del puerto. En el 2007 compró cincuenta hectáreas en La Paloma. Algunos me podrán decir que no compró, sino que las cambió por contribución inmobiliaria. Bueno: ¡compró! ¡Cincuenta hectáreas! Luego vinieron La Esmeralda y El Palenque. Congeló inversiones.

También les recuerdo –y esta es la base de la desconfianza que tenemos– que fueron a la Cámara de Representantes con el famoso Cipap, que en teoría era un programa acabado que reunía a los mejores técnicos del país, que decía que la viabilidad del proyecto portuario debía tener entre 55 y 62 millones de toneladas anuales para subsistir. ¿Y saben cuántas toneladas podían asegurar? Si digo 0 falto a la verdad; 0,5 millones de toneladas, que podían extenderse a 1,5 millones si le agregábamos la producción forestal del este. Entonces, cuando se me habla de estratégico y de seriedad, lo cierto es que los últimos hechos dejan mucho que desear.

Quiero decir también –porque el ministro de Economía y Finanzas ingresó al tema infraestructura– que no creo que el viaducto necesariamente asegure una mejor operativa. Todos hemos pasado por el puerto y por esa parte de la rambla. Lo que va a hacer el viaducto es tener otro medio de transporte arriba, pero no necesariamente va a arreglar el tema de los camiones. Es más, desde mi punto de vista, con la reorganización portuaria vamos a tener menos lugar para los camiones dentro del puerto y se va a demorar más.

Hay una pregunta que para mí es muy importante y que el ministro de Economía y Finanzas no contestó. Puede ser que resulte muy difícil arriesgar una cifra, pero los que son contadores y economistas y están en la tarea quizá puedan asesorarlo. Si tenemos que pagar en el entorno de los seiscientos millones de dólares de PPP más mil y pico millones de dólares de nuevas PPP, hay que saber cuánto se paga por año y ahí sabríamos cuánto incide en el déficit fiscal, si tenemos la ecuación económica. Sin embargo, lo que se hace es licuar el tema del déficit fiscal y se dice que esto genera un efecto emulación. Lamento decir al señor ministro que esto no genera ningún efecto emulación; sí puede generar un efecto contagio, es decir, que distintos inversores quieran la mismas prerrogativas que UPM. Cabe destacar que, entre otras cosas, esta empresa viene al país porque hizo una inversión previa, porque estamos entre determinados paralelos, porque tenemos cierta inversión forestal, porque contamos con algunos beneficios históricos. Es así que viene una empresa especial a instalarse, que va a gozar de muchas prerrogativas y exoneraciones tributarias. Entonces, me cuesta creer que una industria metalúrgica o de calzado, por ejemplo, se sienta atraída por este caso. En definitiva, no creo que incida; me parece muy traído de los pelos el razonamiento de que el efecto emulación va a incidir positivamente sobre el déficit fiscal o sobre el producto bruto interno, como quieran llamarlo.

No tengo el conocimiento acabado, pero cuando se dice que UPM va a significar dos puntos del PIB, si no me han informado mal, ello será por única vez, como sucedió con Montes del Plata. Insisto en que me gustaría que se me contestase este punto porque no es mi tema.

Con respecto al estudio de impacto ambiental, se hace referencia a que hay idoneidad y a que están bastante tecnificados y aggiornados. También se menciona que en el 2006 se hizo el estudio. ¡Hace once años! Quizás entendí mal, pero si el último registro que tenemos es del 2006, no creo que sea el Uruguay, por lo menos en lo que hace a la producción agrícola y a la contaminación, sobre el que tengamos que trabajar.

Voy a dejar por aquí, señora presidenta, para que los demás senadores puedan hacer uso de la palabra. Para finalizar, vuelvo a lo del principio: creo que el Gobierno uruguayo negoció muy mal y entregó mucho. Todavía no sabemos cuánto significa la ecuación económica, cuánto es el costo y cuánto es el beneficio. Nos comprometimos a mucho en plazos muy breves, que seguramente no se van a cumplir. Este acuerdo, además, tiene algo muy particular, y es lo que nos preocupa: un Gobierno va a comprometer cosas que se deberán hacer o terminar cuando ya se haya ido. Por este motivo, una vez más insistimos en que tiene que haber políticas nacionales y se debe tener la humildad suficiente para integrar, no solo a las fuerzas vivas, sino también a los partidos que no están en el Gobierno porque entre todos –y en este caso los partidos de la oposición– podemos ayudar a que el país esté mejor.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: creo que esta es una instancia importante y es una verdad de Perogrullo que el Gobierno es el Gobierno y la oposición es la oposición. Precisamente, a la oposición se le confiere el legítimo derecho a discrepar cuando entiende que es necesario, aunque en muchas ocasiones hemos resuelto dar nuestro apoyo, y me parece importante subrayarlo. ¡Qué contrapunto tan excepcional se daría si se pudieran releer las sesiones de este Parlamento cuando se ratificó el tratado de protección de inversiones con Finlandia para confrontarlas con las exposiciones que hacen hoy los representantes de un Gobierno cuya fuerza política no votó aquel tratado! ¡Las cosas que escuchamos acá! ¡Lo que se dijo en ambas cámaras con respecto al tratado de protección de inversiones con Finlandia! ¡Y lo que se ha dicho ahora, después de seis horas y veinte minutos, cuando la mayor parte de ese tiempo la ocupó el Gobierno para responder las preguntas del señor senador Lacalle Pou y defender –de la forma en que se lo está haciendo– la instalación de esta planta! Esto demuestra que todos tenemos derecho a cambiar de opinión…

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTE.- ¡Por favor, señores senadores! Vamos a escuchar la exposición del señor senador Larrañaga.

Puede continuar el señor senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me parece que el Gobierno ha equivocado el camino porque ha confundido una negociación de Estado con una negociación de gobierno y hay asuntos que exceden los Gobiernos. Nadie pretende desconocer el rol del Gobierno de la república; todos sabemos que la confidencialidad fue requerida por la empresa, pero también estamos seguros de que si se hubiera solicitado esa confidencialidad a los representantes de la oposición –por ejemplo, mediante la firma de un documento–, perfectamente hubieran podido participar, por lo menos para escuchar. Sin embargo, el Gobierno no eligió ese camino y obró en un esquema de absoluta reserva hasta que esto se destapó. Por eso hoy nos encontramos frente a un contrato de adhesión. ¡Acá hay un contrato de adhesión donde el Gobierno de la república adhiere a las cláusulas impuestas por la empresa UPM! ¡Claramente es así! Tanto adhiere a esas cláusulas que tiene veinticinco meses –días más, días menos–, hasta febrero de 2020, para aprobar el acuerdo definitivo. ¡Febrero de 2020!

Evidentemente, este no es un contrato que resguarde el sinalagma funcional; no es un contrato con obligaciones iguales para las dos partes. El primer punto que quiero señalar tiene que ver con la falta de equivalencia entre las obligaciones asumidas por las partes. Ya se ha dicho acá que el Gobierno ha negociado desde la necesidad, e incluso la ha incorporado al texto del documento. ¡Es algo insólito! Por ejemplo, la cláusula 2.3.2 establece: «En este sentido, se destaca que el Proyecto UPM comprende la mayor inversión privada en la historia del Uruguay, con los consiguientes efectos positivos de señalización, que confirman los atributos del país, tanto institucionales como productivos, para la localización de proyectos de gran porte orientados al abastecimiento del mercado mundial en cumplimiento de los más altos estándares internacionales». ¿A razón de qué se establece esto en el contrato? ¿Es necesario decir a la contraparte que estamos necesitados de una inversión de esta naturaleza?

SEÑOR MICHELINI.- ¡Porque no se dan cuenta!

SEÑOR LARRAÑAGA.- Seguramente, esto lo van a utilizar las escuelas de negociación para dictar normas en un tema de estas características.

¿Cuál es el resultado de todo esto? Que Uruguay cargue con una serie de obligaciones, pero UPM, no. De este primer acuerdo no surgen obligaciones para UPM. ¡Las hay para Uruguay, pero no para la empresa inversora!

Aclaro que soy consecuente con lo que he expresado; voté el tratado de protección de inversiones con Finlandia, no me sumé a los piquetes kirchneristas cuando estaba la inversión en Fray Bentos que supuso cinco años de puentes cortados entre Argentina y Uruguay, apoyé la planta de Montes del Plata y también respaldé una inversión de estas características, pero lo que critico es la forma en que se ha negociado por las consecuencias que acarreará para el país. ¡Esa es nuestra preocupación!

Se trata de un contrato de adhesión porque la decisión final de inversión es absolutamente discrecional en favor de UPM y será tomada y comunicada finalmente el 15 de febrero de 2020. ¡Hasta esa fecha no hay garantías de nada! Incluso se deja a salvo cualquier tipo de responsabilidad en caso de que UPM tome la decisión de no invertir a pesar de que Uruguay haya cumplido con todo lo necesario. Esto se desprende de las propias cláusulas del contrato. Precisamente, la cláusula 4.3 dice: «Las Partes reconocen y acuerdan que la Decisión Final de Inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las Condiciones Necesarias hayan sido satisfechas y el Contrato Complementario haya sido suscrito». ¡Esto es textual! ¡Es lo que firmaron!

Por su parte, la cláusula 4.5 señala: «Ninguna de las Partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza bajo o en relación con este Contrato antes de la Fecha DFI (inclusive con respecto a cualquier incumplimiento de obligaciones)». O sea que aun cumpliendo con todas sus obligaciones, Uruguay puede quedarse sin esta inversión, pero sí con las deudas que demanden las obras y las inversiones realizadas en ocasión de una instalación futura, a raíz de un contrato que se firmará a futuro.

Además, esta realidad contractual nos lleva a hacer una pregunta clave, por lo menos en lo que a mí respecta: ¿esto es todo lo que se le terminará dando a UPM o habrá más noticias para este boletín? ¿Habrá nuevas exigencias sobre la marcha? Lo pregunto en función de que tenemos un plazo exiguo frente a todo lo que hay que cumplir. Creo que se deja abierta la puerta para que eso pueda suceder, porque cuando se hayan invertido miles de millones en infraestructura y venga esta u otra empresa a pedir más, tendrán que reabrir la negociación. Digo «esta u otra empresa» porque también existe la posibilidad de ceder la posición, claro que con el consentimiento de Uruguay, pero la cláusula 9.3 del contrato dice: «El consentimiento de ROU no podrá negarse en caso de que la persona física o jurídica sea una “Persona Aceptable”». Por lo tanto, ninguno de los cinco ministros que hoy están aquí puede asegurar que esto sea todo lo que la empresa inversora termine reclamando. ¡Este es el piso de lo que se le terminará dando a UPM!

Téngase presente lo que establece la cláusula 2.1, Descripción del Proyecto de ROU: «El “Proyecto de ROU” incluye: (a) el Proyecto Ferroviario; (b) el Proyecto de Viaducto sobre la Rambla; (c) los Proyectos Viales; (d) los trabajos de dragado de ANP; (e) los trabajos de electricidad; y (f) cualquier otro proyecto, trabajo o actividad acordada a ser llevada a cabo por ROU de conformidad con este Contrato».

La siguiente cláusula dice: «ROU reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el Proyecto de ROU independientemente del Proyecto UPM», como aquí también se ha señalado. Se trata de un hecho que ¡sucedió cuando la cosa se complicó!, cuando se enredaron las negociaciones. Me parece que esto también es evidente.

El incremento del producto en un 2 %, el aumento de exportaciones de mil millones, la recaudación de tributos de ciento veinte millones de dólares y los puestos de trabajo están –¡ojalá que no!– bastante relativizados.

Una de las cláusulas establece que los beneficios son simplemente indicativos y no constituyen ninguna obligación para la empresa. Por lo tanto, los beneficios deberían tenerse por no escritos en el contrato.

En todo el contrato se insiste con la idea de una «posible inversión»; insisto: posible inversión. En varias partes del contrato se utiliza dicha expresión.

Todo este contrato, señora presidenta, marca un cambio importante en la fuerza del Gobierno y del país. Me parece que es un preacuerdo desde la resignación de que la inversión debía terminar anunciándose.

Obviamente, el contrato definitivo se firmará entre la terminación de un Gobierno y el comienzo de otro, con toda la complejidad que eso implica.

Recuerdo que en 2004 la fuerza política que hoy gobierna hizo la campaña electoral prometiéndole, bajo cuerda, al Gobierno del presidente Kirchner que la inversión no se llevaría adelante.

(Intervención del señor senador Michelini que no se escucha).

–¡Basta mirar todos los antecedentes y eso fue así! Eso fue así, al punto que en marzo el presidente Vázquez convocó a todos los referentes de la oposición para expresarles que tenía un informe de una consultora sueca que avalaba la inversión.

Me parece que no les quedó nada por otorgar. Desde lo tributario le dieron a UPM muchos instrumentos que, obviamente, no tiene buena parte de las empresas y emprendimientos locales. En cuanto a aquello de la inversión nacional y la extranjera, entramos en un proceso de cierta relativización. Si viene una empresa nacional y pide un porcentaje de lo que le dieron a UPM, seguramente no se lo van a dar.

Antes les gustaba criticar a la inversión extranjera, pero resulta que ahora no hay problema en firmar un documento de estas características, que merece observaciones porque es en el aire. ¡Es en el aire! Ni aun cuando podamos concretar todos los compromisos que el país asumió podemos asegurar que la inversión termine radicándose con todos los objetivos que se han señalado y que el país tendrá que reorganizar después de la decisión final de inversión, para financiar la mejora de las universidades técnicas en función de lo que se ha expresado.

Por otra parte, hay un problema que percibí en la exposición de todos los ministros. El señor senador que pidió esta sesión en régimen de comisión general obviamente circunscribió, en las 67 preguntas formuladas, un escenario donde los ministros debían contestar. Ahora bien, la respuesta de los cinco ministros da la idea de que estamos en el año 2024 o 2025; se sitúan en esos años como si ya se hubiera generado todo el proceso previo a la inversión, esta se hubiera concretado y firmado, y la empresa hubiera empezado la obra, estuviera funcionando y produciendo celulosa. Eso fue lo que escuchamos hoy.

Ojalá UPM hubiera pedido más, por ejemplo, mejorar la educación para todo el país, que buena falta nos hace. Ojalá se hubiera ido a Finlandia –cuando fue el presidente– para buscar un esquema de convenios que permitieran mejorar la educación pública en el Uruguay. ¡Ojalá!

Voy a saltear algunos puntos porque quiero aprovechar el poco tiempo de que dispongo para referirme al ámbito laboral, establecido en la cláusula 3.6.10, Mecanismos de Prevención y Solución de Conflictos, que dice: «Atendiendo las necesidades del proyecto de normas claras en toda la temática relativa a las relaciones laborales y la relevancia que les otorga a los mecanismos ordenados de prevención y solución de conflictos, así como a las situaciones de hecho problemáticas que puedan generarse por eventuales piquetes u ocupaciones, ROU asume el firme compromiso de: (a) Convocar a un ámbito de negociación conjunta entre el PIT-CNT, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de acordar la implementación de Procedimientos de Prevención y Solución de Conflictos». Ahí se van a regular las ocupaciones. Escuchamos al ministro Murro hacer referencia a la negociación colectiva, que apoyamos, pero todos sabemos que la empresa reclama convenio colectivo, decreto o ley.

SEÑORA PRESIDENTE.- Disculpe, señor senador, pero tendría que ir redondeando su intervención.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voy a terminar porque va a pedir la palabra el señor senador Camy y voy a solicitarle una interrupción.

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 28 de noviembre de 2017

Presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia por motivos personales a la sesión de la Cámara de Senadores, a partir de las 17 horas del día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Javier García Duchini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Sebastián da Silva, Martín Laventure y Cristina Reyes han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 28 de noviembre de 2017

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 29 de noviembre de 2017.

Sin otro motivo, saludo a la señora presidente muy atentamente.

Daniel Bianchi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Queda convocada la señora Graciela Matiaude, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) LLAMADO A SALA A LOS SEÑORES MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS; DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA; DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE; DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Solicito un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 20 minutos.

(Así se hace. Son las 16:17).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 16:51).

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: en el corto tiempo que queda, quiero creer que no puede haber un marco laboral exclusivamente para UPM. Por eso hoy presentamos, con exposición de motivos, un proyecto de ley que recoge lo que el Gobierno acordó con UPM y establece que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Así todos estarán en situación de igualdad, es decir, el Estado, para el cual no se aplica el criterio de extensión, la empresa UPM y también el resto del país, en virtud de una legislación nacional.

Otro tema que nos quedó en el tintero tiene que ver con la situación del río Negro, el cual, como recurso natural, no tiene precio, y su protección desde el punto de vista del medioambiente debe estar garantizada. ¿Cuál es la situación del río hoy? Los científicos Luis Aubriot y Guillermo Chalar, de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, advierten que se encuentra en una situación ambiental crítica. Hay que tener en cuenta que este río tiene un caudal diez veces inferior al del río Uruguay y que, además, presenta la característica de embalsamiento –todos lo sabemos– como consecuencia de la represa de Rincón del Bonete, situación que se ve agravada por los efectos negativos que generan, además, las plantas de Baygorria y Palmar. En la prensa se ha recogido la opinión de Guillermo Chalar quien sostiene –en base a un estudio realizado mediante un convenio de UTE con la Facultad de Ciencias– que hay registros de mortandad de ganado por tomar agua en la orilla. Concretamente, indicó que en el embalse de Baygorria hay casos de animales muertos por determinada toxina en la sangre. Y se debe tener cuidado con esta nueva planta porque va a generar un aumento promedio de entre un 4 % y un 8 % del fósforo del río. Creemos que este es un problema importante, que da cuenta de una situación que debemos tener presente, vinculada con el estado de contaminación que presenta el río Negro. Estos científicos advirtieron sobre la presencia de algas altamente tóxicas –particularmente en el embalse que va a recibir todos los efluentes, que es Palmar– cuyo impacto puede ser de un volumen muy significativo.

Hemos hablado con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, nuestra compañera de bancada, la señora senadora Aviaga, para que se convoque a estos científicos a efectos de que nos informen sobre sus investigaciones acerca del estado del río Negro.

Además, nos parece que habría que crear –y lo planteamos desde ya, como una propuesta– una agencia de monitoreo ambiental independiente, con plena autonomía técnica y también con fondos de financiamiento, para que ayude en el monitoreo ambiental del río. Nos parece que esto es absolutamente prioritario.

También creemos que debe haber una mesa de seguimiento de esta obra, integrando a los Gobiernos departamentales involucrados, al Parlamento –a través de alguna comisión–, así como a la academia, por intermedio de la Facultad de Ciencias. Consideramos que este tema es fundamental y con ese mismo concepto hace algunos años presentamos también la creación de la figura del defensor del medioambiente y de juzgados letrados ambientales, para tomar en cuenta los controles que un emprendimiento de estas características debe realizar.

El ordenamiento territorial es básico y, en caso de concretarse esta obra, es fundamental devolver al interior del país parte de los recursos económicos que el Estado va a recibir, para buscar un mejor desarrollo económico, social y humano.

Agradezco al señor senador por haberme concedido esta interrupción.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: saludamos a los señores ministros, así como también a los subsecretarios y asesores, una delegación cuya presencia honra esta sesión.

Voy a ser muy breve, señora presidenta, porque son varios los oradores anotados y hay riesgo, aun tempranamente –pues todavía muchos no han hablado– de caer en reiteraciones.

A mí me comprenden las sesenta y siete preguntas realizadas por el señor senador Lacalle Pou, porque interrogan en sentido amplio y abarcativo sobre lo que implica la propuesta que hoy nos convoca.

Además, estoy particularmente de acuerdo con lo que ha expresado, de manera enfática, el señor senador Larrañaga –a ello me afilio plenamente–, así como con lo que va a señalar el señor senador Lafluf, quien ha estudiado en forma pormenorizada este tema que, como la propia señora ministra lo ha señalado, lo comprende en su calidad de exintendente del departamento de Río Negro, por haber sido protagonista de una etapa que fue la primera similar a esta en el país.

El Partido Nacional tuvo la misma visión cuando se estudiaron la ley forestal, la ley de zonas francas y la de protección de inversiones, por lo que no tenemos que explicar lo que pensamos sobre este tema. Estamos de acuerdo con inversiones importantes como esta, que suponen espacios de negociación complejos y determinadas definiciones. En este sentido, con mucha humildad y respetando la formación del ministro Astori, su experiencia e intelecto, me permito señalar un matiz: creo que hay renuncia fiscal. Y a mí me parece que no está mal que se asuman renuncias fiscales cuando se apuesta a determinados emprendimientos o grados de inversión, señalando simplemente que se renuncia a ingresos fiscales, pero seguramente podrán ingresar recursos por otras vías. También es bastante lógico que el porte de determinadas definiciones de inversión, sean extranjeras o no, suponga que se plantee la posibilidad de renuncia fiscal. Que quien va a realizar la inversión pueda decidir no hacerla si no está esa renuncia fiscal, es válido y legítimo. Tampoco sé si asumiría la renuncia que a ellos les podría implicar hacer la inversión necesaria para sacar la madera si no se tienen determinadas condiciones. Por tanto, me parece que en estos casos la renuncia fiscal es parte lógica del planteamiento. Al menos en lo personal, así lo pienso.

No quiero reiterar comentarios, señora presidenta, sobre preguntas que ya fueron realizadas y contestadas –a mi juicio, parcialmente en algunos casos– y tampoco sobre los señalamientos conceptuales, políticos y concretos acerca del proyecto, que expresó el senador Larrañaga. Voy a aprovechar estos pocos minutos de que dispongo para establecer, tal vez en una visión generacional, mi opinión en cuanto al tema conceptual de fondo, más allá de que hemos tomado nota, cuidadosamente, de todo lo que implica este proyecto desde el punto de vista del país. Me refiero a los compromisos que se asumen en esta instancia, relacionados con el proyecto ferroviario, el proyecto del viaducto sobre la rambla de acceso a Montevideo, los proyectos viales, los trabajos de dragado de la Administración Nacional de Puertos, las posibles ventas de excedente de la generación eléctrica y cualquier otro proyecto o actividad que se haya acordado llevar adelante en esta propuesta. También hemos considerado con cuidado los detalles del emprendimiento planta de celulosa, con el proyecto químico incluido, con la infraestructura requerida para las zonas francas, con otras instalaciones, estructuras y equipos necesarios para la propia planta, así como las operaciones forestales y el proyecto portuario puntualmente.

Ahora bien, más allá de todo eso, quiero señalar que aquí estamos en un proceso de definición que todos esperamos resulte en beneficio del país. Creo que en eso estamos todos. A su vez, estamos ante un cruce de caminos, según la definición que va a implicar –más allá de que tengamos matices o de que técnicamente mi impresión no sea la correcta– renuncia fiscal o política activa. O apuesta el país a decir: ¡señores, que se concrete esta inversión! ¡Creo que eso está bien! Pero me pregunto, a modo de ejemplo, acerca de un sector de la economía que particularmente me preocupa, y sé que al ministro Astori también: la lechería nacional, que en números es más que una UPM.

Tengo en mi poder el diario Primera Hora, de San José, correspondiente al día de ayer, en el que figura un reportaje con declaraciones del ministro Astori, quien –en el acierto o no, con la solidez que lo caracteriza– decía que el Gobierno siente un compromiso muy grande con la lechería, que la considera un área absolutamente estratégica de la producción nacional, como muy pocas, y que valora muy profunda y estrictamente esta relevancia. Coincido plenamente en esto.

Si asumimos las estadísticas relacionadas con el sector, vemos que en seis rubros del año 2014, 2015 y 2016 –cifras oficiales, estadísticas del Banco Central del Uruguay, Inale, etcétera– la remisión a industrias cayó un 12 %; las exportaciones, un 30 %; el número de productores remitentes, un 8 % –237 tambos cerrados en ese plazo–; el número de trabajadores de la industria, un 18 %; el de trabajadores en los tambos –más de mil–, un 8 %. Solo creció la deuda del sector productivo de los tamberos, en un 43 % –en millones de dólares–, y la de la industria aún más, un 62 %. Entonces, pregunto: el concepto de la renuncia fiscal –o no–, el de la política activa, el de favorecer la inversión –salida con la que creo que no podemos discrepar–, ¿va a correr también para estos sectores? Sabemos que la frazada es corta. Y entre las preguntas que realizó el senador Lacalle Pou –y que fue contestada por el ministro Astori– figuraba la de si esta renuncia a la que el Gobierno se está comprometiendo ahora implicaba o no una renuncia a generar otro tipo de inversión en infraestructura nacional. Bueno, ojalá que se renuncie a lo menos posible, pero parece obvio que los recursos son finitos.

Queríamos dejar expresado este concepto: estamos a favor de la apuesta a la inversión de este proyecto finlandés, en el marco de las consideraciones que se han realizado en función de ciertas dudas. Repito: estamos a favor. Al menos en mi opinión, Uruguay no puede tener en diez años dos posiciones distintas sobre cosas parecidas.

Quedó claro que se ha negociado de manera diferente. Pero en el concepto creo que no se puede actuar con chicana. Por eso me atreví a hablar en términos de generación, es decir, pensando un poco más allá, para ver si podemos empezar a tener posiciones que en diez o veinte años no cambien, sin importar quién gobierne. En ese ánimo, lo que sí señalo conceptualmente es que hay sectores del país que también representan inversión, inversión nacional y social, y que se juega mucho en decisiones que tomemos al respecto, tanto por parte de este Gobierno, como por nosotros, quienes estamos acá y votamos las leyes o nos oponemos a las propuestas. Y, seguramente, queda muy poco tiempo para que tomemos decisiones relevantes.

Quiero señalar esto porque el mismo espíritu que voy a tener para reclamar, proponer y actuar en otras medidas es el que me va a animar, aún con discrepancias, en esta oportunidad. Me parecía importante señalarlo. Inclusive, con respecto a otros sectores, me alegró mucho que el ministro Astori haya realizado ciertas afirmaciones, como cuando habló de que iban a crecer el del arroz y el de la soja, en virtud de la inversión del ferrocarril que comprendería 273 kilómetros, de Paso de los Toros al puerto de Montevideo –el ferrocarril central, como lo señaló textualmente y anoté–, y también me pareció positivo que incluyera en ese crecimiento a la ganadería. ¡Ojalá así sea! Porque si con alguien compite la tierra, la forestación, es con la ganadería de cría, y a mi juicio también se le va a pegar un guascazo. Esto independientemente de lo que suceda en el norte, que aparentemente se va a ver favorecido con esta propuesta.

Muchas gracias, señora presidenta.

13) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Jorge Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea una Agencia de Monitoreo Ambiental.

–A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Jorge Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18566, de 11 de setiembre de 2009, Sistema de Negociación Colectiva.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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14) LLAMADO A SALA A LOS SEÑORES MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS; DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA; DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE; DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuamos con el debate.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Señora presidenta: ante todo, doy la bienvenida a los señores ministros y a los equipos que los acompañan.

Lo primero que tengo que aclarar es que todo lo que dije el día 7 de noviembre en la Cámara de Representantes es absolutamente cierto, de punta a punta, con todas las cosas que destaqué, las que cuestioné y las que observé, señalando que podían hacerse mejor. Pero hay algo que dije de manera muy clara, aunque lamentablemente llegué tarde: creo que podíamos haber hecho esta reunión hace algunos meses, para aportar a la negociación.

A mí me tocó lidiar con esta empresa. Es una empresa que viene a hacer una inversión, y quien viene a hacer una inversión no viene a solucionar el problema del desempleo ni a tratar de que aumentemos nuestro bienestar, viene a hacer un negocio. Acá no hay negociación tibia, sino que es negocio tras negocio. Y esto que está pasando hoy es el inicio. Va a ser una negociación permanente, si Dios quiere, hasta el 2020 o el 2022, cuando se inicie la planta.

Cuando expliqué por qué UPM venía a Uruguay, dije que, ante todo, era porque había habido una política de Estado para la promoción de la forestación, desde el año 1986 en adelante. También dije que en la década de los sesenta Wilson Ferreira Aldunate ya hablaba de la producción forestal para celulosa, que los sucesivos Gobiernos mantuvieron eso y que se declararon de prioridad forestal tres millones de hectáreas. La gente piensa que la prioridad forestal era para forestar solamente pero, en realidad, era para recibir el subsidio que se daba y que se cortó en el año 2005. Lo cierto es que a raíz de eso se desarrollaron 1:300.000 hectáreas de eucaliptus, y el país debía definir si lo quería sacar en rolos, en chips o en celulosa. Decidió apostar a la industria de celulosa, lo que no es ningún invento, porque no hay forma de sacar 1:300.000 hectáreas de eucaliptus en muebles. Por lo tanto, había que apostar a eso y lo hicimos. Así, tuvimos dos plantas de celulosa. Ahora bien, ¿por qué viene UPM? Viene por eso, pero también porque tiene beneficios, de los cuales va a aprovechar hasta el último. Además, va a reclamar todo lo que pueda. Y de este otro lado estará la virtud de negociar. En Río Negro negociamos y quedaron USD 15:000.000 en viviendas, en la UTEC, y no había ningún contrato, es decir que fue todo a base de negociación pura y firme. Recuerdo que dije que UPM –no por gratitud, porque en los negocios no hay gratitud–, tenía que poner en la balanza y valorar lo que Uruguay le dio para tener la primera planta de celulosa. Todos se acuerdan del corte de los puentes y recordarán que se decía ¡lo que nos costó el corte de los puentes! Sin embargo, el corte de los puentes fue lo de menos. Por el conflicto con Argentina –y aquí tengo que agradecer el informe del doctor Sergio Abreu y del doctor José María Gamio–, entre otros tantos perjuicios, tuvimos dificultades y detención del dragado del canal Martín García a 36 pies; se congeló el aumento del peaje por la utilización del canal Martín García; se pusieron trabas a los barcos que esperaban en las islas argentinas para entrar al puerto de Nueva Palmira, trabas a la participación de Uruguay en el proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay pese al acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, y trabas a la salida de turistas argentinos hacia nuestro país; hubo demoras en las licencias no automáticas para ingresar productos uruguayos a Argentina, y trabas a la salida de productos argentinos por puertos uruguayos. No estoy tomando en cuenta el costo de la defensa de Uruguay en la Corte Internacional de La Haya porque lo desconozco. Además, nos quedará la duda de si nos denunciaron en la OCDE como paraíso fiscal. Y si voy más cerca, en mi departamento perdimos la instalación de la planta de Ence, cuyo traslado fue anunciado por su presidente desde la Casa Rosada, estando acompañado por el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández.

En el año 2013 la intendencia compró el predio de M’Bopicuá para la instalación de empresas y una planta de producción, Alimentos Fray Bentos, que produce leche en polvo específica para niños recién nacidos.

Pasamos dos años discutiendo con la CARU argentina a fin de que se permitiera que el efluente fuera al río Uruguay y no se lo permitió, por lo que la empresa tuvo que gastar USD 4:000.000 más en la planta de tratamiento. A esto no agrego lo que fueron los beneficios que, por ley, obtuvieron, desde la exoneración de contribución rural, de impuesto al patrimonio, de impuesto de primaria y de todo lo demás.

¿Por qué digo –y decía– todo esto? Para explicar que, a pesar de todos estos perjuicios económicos y sociales que hemos tenido, el país nunca dio un paso atrás. Campeamos el temporal para que la empresa tuviera su primera planta; discutimos con los de afuera y con los de adentro para dar el respaldo necesario y cumplir con el compromiso país. Entonces, por todo esto, creo que es este –y no otro– el país que merece que UPM tenga su segunda planta, con las condiciones y los beneficios que Uruguay puede darle en leyes votadas por este Parlamento. Y ni un milímetro más. Como dije en su momento, hay que imaginar dos platos en la balanza: por un lado, la inversión y la rentabilidad del negocio y, por otro, el país receptor. También manifesté mi convicción más absoluta de que en el segundo plato estaría muy presente el tremendo esfuerzo y perjuicio económico y social agregado que recibió este país y que supo sobrellevar para que fuera realidad la primera planta de UPM en Uruguay. Como consecuencia de ello, hoy estamos hablando de la instalación de la segunda. Llegué tarde con estos conceptos, porque esa misma tarde, a la hora, se firmó el acuerdo, a pesar de que hice una disertación de cuarenta minutos en la que detallé punto por punto los beneficios de esto. Nadie puede dudar de que defiendo esto, pero lo hago en las condiciones en que creo hay que defenderlo.

Apunté una cantidad de preguntas –pues hace días que estoy estudiando el tema–, pero muchas ya se hicieron. De todos modos, señalo que a mí no me termina de entrar en la cabeza por qué en todo el contrato se habla de decisión final de la inversión y nunca se dice que de cumplir el Uruguay con esto, esto y esto, la planta se hace. Uruguay va a invertir mucho en estos años y la empresa, hasta el 15 de febrero de 2020, por sí y ante sí, sin ninguna multa ni perjuicio, puede decidir no construir.

En el punto 2.5.4 del contrato con UPM se dice que en caso de que se cumpla por parte de Uruguay el cronograma aprobado en infraestructura y otros asuntos, UPM comenzará el análisis de la posible inversión y considerará entre otros el mercado global de la celulosa. Al respecto, quiero entender que cuando se habla de «mercado global de la celulosa» no corremos el mismo riesgo que con Aratirí, que porque se cayó el mercado del hierro en buena parte, se perdió la inversión. Quiero creer que no se trata de que si existe una caída del mercado de la celulosa, la planta no se hace.

Esta será la segunda planta más grande del mundo; hasta hace poco iba a ser la primera. Tendrá una producción máxima de 2:400.000 toneladas; la de Fray Bentos produce 1:250.000 después de la ampliación durante el Gobierno del entonces presidente Mujica. Pero lo más complicado es que el efluente va a un río que no tiene nada que ver con el río Uruguay, puesto que el río Uruguay tiene un caudal de 6500 metros cúbicos por segundo y el río Negro, 650 metros cúbicos por segundo. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer? No; se puede hacer, pero la ministra y el equipo de la Dinama tendrán un trabajo muchísimo más grande.

La resolución sobre la autorización ambiental previa para el proyecto de celulosa tiene un plazo no mayor a doce meses, lo que me preocupa; la autorización ambiental previa del proyecto ferroviario tiene un plazo no mayor a ocho meses y la correspondiente autorización para el proyecto portuario tiene un plazo de doce meses. En ese sentido, preguntamos si el plazo de un mes para la autorización ambiental operacional no es muy breve. Planteo esto simplemente porque conozco a la empresa, conozco a los finlandeses y sé que no les gusta esperar cuando les toca recibir la respuesta a ellos; entonces, me preocupa el tema.

En el punto 3.2.11 del contrato, se dice que la concentración diaria máxima permitida de fósforo en la descarga será de 2 mg/l. Luego se agrega que dicho estándar no podrá superarse durante un cierto porcentaje del tiempo considerado en base anual superior al 10 %. Y al final se establece que en ningún caso podrá ser superado el estándar de concentración máxima permitida de 5 mg/l. Pregunto si eso es anual, mensual o diario, porque manejar las concentraciones diarias es muy difícil, y tenemos los informes de la Dinama al respecto. Ese no es el valor máximo permitido en Fray Bentos, pero quisiera saber si se puede llevar el efluente de Fray Bentos a esta misma concentración de 2 mg/l. Lo pregunto porque Fray Bentos tiene observaciones de Dinama por picos en los que se ha sobrepasado el nivel diario, no promedio.

En el punto 3.2.9 se dice que UPM iniciará las gestiones ante el Gobierno departamental de Durazno para que este apruebe la categoría de suelo en los padrones en los que se instalará la planta. Yo creo que esto debería estar condicionado a la instalación de la planta, porque se puede conseguir el cambio de categoría de suelos, pero después no hacer la planta y, por tanto, pasar simplemente a ser un negocio inmobiliario.

Por lo que dice el contrato, la adjudicación del proyecto ferroviario se hará en 2018 y la obra en 2022. Pregunto, en este caso, por los tiempos de las expropiaciones, pero el ministro ya lo explicó. También quisiera saber si esta inversión tiene garantía soberana. Me preocupa mucho saber qué va a pasar si en el 2020 la empresa dice que no va a hacer la planta. Además, quisiera saber qué carga alternativa tiene esta línea ferroviaria. El señor ministro dijo que había carga para transportar y, si bien tengo mis dudas, confío en que debe ser así. De pique, si no se hace la planta, hay 2:400.000 toneladas que no van a estar. El señor ministro dice que eso se va a hacer, sí o sí, y que se pensaba hacer mucho antes, independientemente de la planta, porque hace a la competitividad de la producción, y yo lo tengo meridianamente claro. Por eso, las dos cosas que pide UPM son el tren y el puerto. Con el tren ahorra el 40 % y con el puerto puede salir con barcos de 60.000 toneladas. Nosotros pensábamos que podían salir por Fray Bentos, pero de allí pueden salir con 25.000 toneladas y eso a la empresa no le sirve.

Con respecto a la competitividad, quiero decir al señor ministro que hay un gran malestar a nivel del país, de los productores y de la producción, y por eso es importante aclarar estas cosas. Cuando escuchan todo esto los lecheros, por ejemplo, no entienden que para darles un fondo de garantía –no un préstamo– hubo que aumentar $ 2 el litro de leche al consumo. Entonces la gente, mal o bien, con o sin razón, compara, y hay que atajar esas cuestiones para que la gente no se predisponga en contra de esto.

Recuerdo que cuando los finlandeses decían que iban a construir, cerca de la planta, casas desmontables, desarmables, siempre les dijimos que no, que ellos tenían que integrarse a la comunidad, porque así como Gualeguaychú decía que no iba a darnos la paz social, tampoco se la iba a dar el propio pueblo de Fray Bentos. La gente tiene que ver que donde se instala la planta se vive mejor; de lo contrario, no hay forma de que apoye este tipo de cosas.

En el punto 3.3.12 del contrato, la República Oriental del Uruguay habilita a discreción de UPM a esta o al operador ferroviario de UPM, el acceso no restringido las veinticuatro horas del día, los 365 días del año. En este caso, pregunto cómo hace una empresa para programar embarques de su producción a mediano o a largo plazo, si se tiene la duda de si UPM necesitará el ramal ferroviario o no. Además, se fija un canon anual por tonelada transportada y un canon mensual. En este tema me parece que se es demasiado exigente –me llama la atención el detalle– porque si hay cinco trenes de UPM que se retrasan quince minutos en un mes, UPM no pagará el canon mensual. Por otro lado, parece restrictivo, porque si Uruguay celebra un contrato de transporte con un tercero y este es de menor valor que el que está pagando UPM, la empresa tiene el derecho de pedir el cambio al canon más barato. En el literal m) del punto 3.3.12 se dice que UPM o el operador ferroviario no deberán pagar otros costos o aranceles no descritos expresamente en las cláusulas anteriores, lo que me lleva a preguntar si esto es por los treinta años de la concesión.

Con respecto a los proyectos viales, el financiamiento es responsabilidad exclusiva de Uruguay, lo que incluye el Programa Piloto de Tritrenes con cargas de hasta 74 toneladas; esto se hará en acuerdo con los Gobiernos departamentales, debiendo estar pronto en agosto de 2018. La pregunta es si esto puede llevar a que se cambie el cronograma previsto en el presupuesto quinquenal de obras viales, aunque el señor ministro ya ha dicho que no.

A manera de aporte, digo lo siguiente. Dado que en este momento se está construyendo la ruta n.º 20, con acceso a la ruta n.º 4 y salida a la ruta n.º 5 –esta es una de las principales rutas que después toma la n.º 24 y termina en Nueva Palmira, y por la ruta n.º 5 termina en la nueva planta– quisiera saber si se está pensando en dejarla habilitada, tanto para el transporte de los tritrenes como para que exista la posibilidad de que por el puerto de Fray Bentos llegue parte del equipamiento de la nueva planta de celulosa.

En cuanto al proyecto portuario, ¿el embarque de la celulosa de Fray Bentos seguirá saliendo por Orión en Nueva Palmira o puede pensarse en barcos que vayan de Fray Bentos a Montevideo?

En el tema laboral y de capital humano se hace referencia al acuerdo marco del 12 de setiembre, que el señor ministro ya explicó. También se hizo referencia a la incorporación de las normas al derecho positivo.

El punto 3.6.10 expresa la necesidad de tener mecanismos de prevención y solución de conflictos, que también fueron explicados. Sin embargo, me preocupa mucho el final del punto que dice: «UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del Proyecto de UPM, podrá constituir una causal para que UPM no tome una Decisión Final de Inversión positiva».

Quiero hacer otro aporte. No manejen cifras de 5000, 8000 o 10.000 trabajadores, porque después no entran todos a trabajar y la gente se siente defraudada. Hay que explicar bien cómo se da la curva de demanda de mano de obra. En la primera curva, en hormigón y hierro, trabaja todo el mundo; en la siguiente, trabaja menos gente y después viene el montaje y la puesta en funcionamiento. Reitero que digo esto a modo de aporte, nada más.

En cuanto al tema del agua, Uruguay se obliga a mantener un flujo mínimo en el río Negro aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete, y el contrato deja establecido que UPM no está obligada a realizar ninguna compensación por esto. Hoy se mencionó el costo que tenía. Entonces pregunto: ¿en base a qué parámetros se fijará el flujo o caudal mínimo y cómo se verá afectado su funcionamiento para dar el caudal mínimo en la cota abajo de la represa?

En cuanto a los permisos de forestación, quisiera saber si la autorización previa para proyectos forestales –sé que le corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– sigue teniendo el mismo tope de hectárea que hasta ahora o se puede seguir agrandando. A su vez, ¿cuántas hectáreas consumirá por año la nueva planta, traducidas en metros cúbicos, partiendo de la base de que la planta de Fray Bentos consume 15.000 hectáreas por año? Para las dos plantas de UPM y por el total de años de producción, ¿cuántas hectáreas más se necesita plantar? En este sentido, quiero decir que cuando hablo de casi 7900 trabajadores en Fray Bentos, es todo, donde está la gente que planta, pero la gente que planta en esta etapa no se va duplicar porque es la misma que está plantando en diferentes lugares.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Por otro lado, en la fase de construcción y operativa, ¿dónde está prevista la participación de los Gobiernos departamentales que tienen que integrar un equipo de trabajo permanente con los ministros o con quien definan los intendentes, los alcaldes, para que no haya sorpresas?

No vi en el contrato ninguna cláusula que establezca beneficios a la contratación de empresas uruguayas como proveedoras de UPM. Brevemente, recuerdo que cuando en UPM 1 la licitación de hormigón premoldeado fue ganada por una empresa argentina, el Gobierno de ese país llamó a la empresa y le dijo que si le vendía a UPM dejaba de ser proveedora del Estado argentino. Entonces, en ese momento, los finlandeses trajeron sus técnicos y armaron una empresa, cuyo nombre no voy a decir, que actualmente es una de las más importantes que se dedica al hormigón premoldeado en Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTE.- Vaya redondeando, señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Por último, en una comparecencia ante la cámara la señora ministra Cosse había dicho que no iba a ser necesario realizar más contratos de compra de energías alternativas.

En fin, me quedan varios puntos, pero voy a dejar por acá.

Únicamente agrego que me preocupaban los puntos 9.1 y 9.2 porque parecen contradictorios. El punto 9.1 dice: «Ninguna disposición del presente Contrato impedirá que UPM venda, ceda, transfiera o disponga de algún modo, de su participación en el Proyecto UPM (o alguna parte de él) en cualquier momento sin el consentimiento de ROU». Y, el punto 9.2, expresa: «Sin perjuicio de sus derechos bajo la cláusula 9.1, si UPM desea transferir o ceder cualquiera de los derechos u obligaciones bajo este Contrato a cualquier persona física o jurídica deberá recabar el consentimiento previo y debidamente informado de ROU». La parte primera es la misma. No sé cómo se interpreta eso. Además, en un artículo anterior se dice que en caso de que sucediera esto, estarían exonerados del pago de los impuestos necesarios ante una transacción, venta o fusión.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: como es bien sabido, el Partido Independiente tiene una tradición de posturas favorables a este tipo de inversiones en nuestro país. Nosotros, desde el inicio, mantuvimos una postura favorable a la inversión de lo que en un principio era Botnia y luego se transformó en UPM. Es más, nuestros votos en el Parlamento fueron definitorios para que se aprobara el convenio de inversión con Finlandia porque, por esas cosas de las circunstancias parlamentarias, los partidos Nacional y Colorado no juntaban los votos requeridos a pesar de que, teóricamente, tenían mayoría propia en la Cámara de Representantes, y, por lo tanto, los tres votos del Partido Independiente resultaron decisivos, en aquel 2004, para que se aprobara el convenio que luego hizo posible la inversión. O sea que, sin duda, tenemos una predisposición positiva a este emprendimiento; es más, tenemos una opinión muy positiva de la contraparte. UPM es una empresa seria, de alto nivel y prestigio a nivel internacional, con una historia positiva en el país. La primera papelera es un éxito y, además, hay que reconocerle que ha cumplido en forma permanente con los estándares ambientales exigentes que se mantuvieron durante todos estos años.

Sin embargo, lamentablemente, el Gobierno cometió un error grave que, además, era evitable: el de mantener todo este proceso de negociación en una situación de confidencialidad a solicitud de la empresa, pero lamentablemente –como decía bien el senador Larrañaga– no la extendió a quienes podrían haber mantenido también la confidencialidad, que son los representantes del sistema político. Ninguno de los partidos –tampoco el partido de gobierno– tuvieron acceso a la negociación que, en términos confidenciales, mantuvo el Gobierno, quebrando una tradición que el propio Frente Amplio había construido porque en las épocas difíciles del conflicto con Gualeguaychú y con Argentina el presidente Vázquez convocó –no una sino muchas veces– a todos los partidos, nos brindó información confidencial y, por cierto, mantuvimos la reserva que correspondía en momentos de mucha tensión. Así ha sido cada vez que hubo un emprendimiento de esta magnitud. Cuando se manejó la posibilidad de que Aratirí invirtiera, se creó una comisión multipartidaria para discutir un marco legislativo con respecto a la minería de gran porte, y cuando se habló de la posibilidad de hallazgos petroleros, también se invitó a todos los partidos y tuvimos acceso a contratos confidenciales con las empresas que realizaban exploraciones en la plataforma continental. Los partidos mantuvimos con seriedad esa confidencialidad, pero en esta oportunidad no sucedió eso. Se optó por mantener un nivel de silencio y de secretismo que fue muy negativo y creó un clima que se agravó cuando –digámoslo porque no se habló del tema en toda la sesión– un jerarca relevante del Ministerio de Economía y Finanzas dio un paso al costado y dejó en evidencia que estas negociaciones tenían algo que ver con esa decisión. Esto generó una luz amarilla porque, además, no es cualquiera, es una persona que nos merece particular respeto y preocupación pues lo reconocemos como una figura de importancia en la gestión de la macroeconomía del país de los últimos años.

(Ocupa la presidencia la señora Mónica Xavier).

–La firma del contrato y su publicación confirmaron, lamentablemente, todas nuestras preocupaciones. El contrato no tiene dos lecturas. Uno podrá inventarle los mecanismos que sean, pero hay una asimetría brutal entre las obligaciones que asume el Estado uruguayo y la ausencia total de obligaciones que asume la empresa UPM; esa es una realidad. Después de leer el contrato, nadie puede negar que UPM no tiene ninguna obligación, ¡ninguna! Es un contrato muy raro, porque ni siquiera tiene la obligación obvia: que si nosotros cumplimos con todas las cosas a las que nos comprometemos, UPM se obliga a construir la planta; ni siquiera eso. Sí tiene un montón de derechos y prerrogativas que –como se decía bien hace un rato– son una suerte de supervisión sobre las obligaciones que tiene que cumplir quien sí se obliga: el Estado uruguayo. La verdad es que nosotros vemos –y lo conversamos con el representante Iván Posada y opinó igual– que esto se parece mucho a una carta de intención, de esas que ha firmado el país con los organismos internacionales. Es mucho más parecido a esas cartas de intención que firmaba el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional y que tanto denostó el Frente Amplio. Hoy estamos en presencia de una documentación de ese tipo, solo que la firmamos con una empresa trasnacional y no con un organismo internacional. En este caso, se trata de una empresa muy digna, muy respetable, que nosotros consideramos confiable pero, en definitiva, estamos firmando una cantidad de obligaciones, una tras otra, de un monto muy significativo, que ubica al Gobierno y, por lo tanto, al Estado uruguayo, en una posición de subordinación con respecto a una empresa trasnacional que busca su propio interés. El contrato está concebido de tal modo, que si el país incumple sus obligaciones, probablemente la empresa no realice la inversión, pero si las cumple, tampoco obliga a UPM a hacerlo y eso está dicho expresamente en la cláusula 4.3 del contrato, que ya fue nombrada varias veces. Allí se expresa, concretamente, que la construcción de la planta estará sujeta a su sola discreción y, mientras tanto, nuestro país se obliga, con plazos estrictos, a cumplir una serie de obligaciones en dos años. Es más, la cláusula 4.5 establece que cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato en cualquier momento antes de la decisión final. Esto se ha dicho muchas veces a lo largo de la jornada –no voy a repetirlo– y no puede ser rebatido ni por cinco ni por diez ministros ni por el presidente de la república, porque es la verdad, lisa y llanamente es una realidad. Acá no hay una contraprestación de parte de la empresa y eso no es digno, ni siquiera en un contrato con la mejor empresa del mundo. ¡No es digno de un Estado firmar un contrato con estas características! El núcleo del acuerdo es que Uruguay debe ejecutar puntualmente las obras comprometidas y, con independencia de ello, la empresa verá si hace lo suyo. El acuerdo era aceptable si se establecía –como es lógico– que, como contrapartida necesaria, UPM se comprometía a construir la planta, incluyendo –obviamente– las penalizaciones correspondientes si no cumple con su contraprestación. Es más –y se ha dicho también acá, pero es insólito–, si UPM quiere, puede ceder el contrato a un tercero y el Uruguay solo podrá oponerse si esa persona jurídica, esa empresa sustituta, fuera inaceptable. ¡Lo que es inaceptable es que se plantee esto y que lo hayamos firmado!

Quiero entrar, además, en el análisis de algunos asuntos específicos de la inversión. Hay preguntas que siguen en el aire y no han sido respondidas, porque no hay un documento que lo avale y no se puede decir al voleo: «Calculamos o pensamos que puede ser tanto». ¡No! Acá se necesita un documento de viabilidad económica que nos diga que esto es un resultado posible o es con pérdida para el país. Incluso, si hubiera pérdida, quiero conocer su magnitud. ¿Cuánto se está comprometiendo el país a invertir y cuánto va a recibir a través de impuestos y cánones? Se ha hablado genéricamente de ello, pero no hay un documento técnico, expreso, desarrollado, claro, que nos diga cuál es la ecuación económica final de la inversión, y eso sí es fundamental. Obviamente, estamos predispuestos favorablemente, pero no a cualquier precio o resultado. Por ahí hay gente –no de nuestro partido– que opina que esto va a generar costos muy importantes al país. ¿Por qué los acuerdos en materia de relaciones laborales todavía están pendientes? Se firmó un acuerdo marco, pero ¿sabe el Gobierno si la empresa, en el caso de que ciertas condiciones laborales no se acuerden normativamente –es decir por decreto o por ley–, va a seguir adelante con su inversión? ¿Hoy el Gobierno puede responder responsablemente y garantizar a la empresa que ciertas cosas que pasaron en la inversión de Montes del Plata no van a ocurrir en esta oportunidad? ¿No está arriba de la mesa, sobrevolando, la idea de que si no hay garantías de estabilidad en las condiciones laborales y de control de la conflictividad, esta inversión no está asegurada?

Este es el momento de discutir todas estas cuestiones, y si el Gobierno está dispuesto a otorgar un trato especial a UPM en materia de relaciones laborales, ¿no lo va a hacer con el resto de las empresas del país? ¿Vamos a tener una isla laboral con reglas de juego especiales para que no se nos vuele el emprendimiento? Quiero tener respuestas con respecto a estos puntos, porque no las hubo. El ministro de trabajo habló mucho del acuerdo marco, pero no nos dijo si, efectivamente, el Gobierno va a firmar acuerdos, en materia de regulaciones laborales, que le den garantías a UPM de que no va a tener interrupciones en el proceso de construcción de la planta ni luego, en el tránsito del ferrocarril, cuando salga la producción. ¿Esos puntos están arriba de la mesa? Sí, lo están, pero no están resueltos.

Con respecto al proyecto ferroviario, hay aspectos que llaman la atención. Encontramos dos casos de cláusulas que fueron modificadas por decreto el día antes de la firma del contrato, y no son menores, fueron decisiones específicas. Concretamente, el literal a) del numeral 2 de la cláusula 332 establece un cronograma ferroviario donde es necesario que, a partir de noviembre de 2018, se lleven a cabo tres fases: cierre financiero, diseño ejecutivo y obras civiles. Sin embargo, el artículo 34 del Decreto 17/2012 establecía que el cierre financiero es una condición necesaria para la firma del contrato. Por lo tanto, no era posible realizar la obra ni el proyecto ejecutivo sin que existiera previamente el cierre financiero. ¿Qué pasó? El 6 de noviembre el Poder Ejecutivo –el día antes de la firma del contrato–, cambió el artículo 34 del Decreto 17/2012 y estableció la eliminación de ese requisito para poder, de ese modo, adjudicar definitivamente y firmar el contrato sin la existencia del cierre financiero. Eso el Gobierno lo sabe, no es un invento mío, se puede constatar en la normativa. Es decir, corregimos un decreto para hacerlo a imagen y semejanza de los intereses del proyecto de inversión.

También hay otro caso, más adelante, en donde se modifica el plazo de las licencias otorgadas para la operación ferroviaria –que de acuerdo al decreto vigente hasta el 6 de noviembre, era de dos años– para extenderlo a un mínimo de veinte años porque UPM necesitaba tener esas garantías de plazo. En definitiva, se cambió el decreto por el 312/2017, donde se establece que el plazo de duración es de veinte años. ¿Es serio estar modificando decretos el día antes de la firma del contrato para calzarlos de acuerdo al interés de la inversión? Creo que estos temas son muy preocupantes.

Se ha dicho acá que el proyecto portuario debe tener ciertas características que son propias de un contrato de PPP, sin embargo, la cláusula 3.5.4 establece que el progreso competitivo no va a ser una PPP, sino que se va a regular por la Ley n.º 17555 sobre concesiones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que respecto a los contratos de PPP el Ministerio de Economía y Finanzas tiene control y seguimiento, pero por la ley de concesiones esa facultad desaparece. ¿Por qué se elige el marco de la ley de concesiones? Por las características que tiene esta construcción portuaria, es claro que tiene nombre y apellido. Es más, el ministro de Economía y Finanzas le puso nombre y apellido y, hoy, cuando calculó cuánto invertiría la empresa UPM, sumó el puerto. Es decir que ya lo adjudicó, y si no, revisen la versión taquigráfica. Cuando hizo la suma, agregó el costo de la construcción del proyecto portuario. Más clarito, échenle agua.

SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Le quedan cuatro minutos, señor senador.

SEÑOR MIERES.- Le pido disculpas señor ministro, pero no puedo concederle la interrupción porque me quedan cuatro minutos y no puedo terminar mi exposición.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- De todas maneras, después puede hablar, señor ministro.

SEÑOR MIERES.- Quiero decir un par de cosas que me parecen fundamentales, trascendentales. En primer lugar, necesitamos conocer lo que se conoce en la jerga como el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el análisis de viabilidad del proyecto. El ministro de Transporte y Obras Públicas dijo, en su intervención, que presentó un documento introductorio al Ministerio de Economía y Finanzas que pretende ser el informe de factibilidad y rentabilidad social del proyecto ferroviario. ¿Saben cuántas páginas tiene el proyecto de factibilidad y rentabilidad social? ¡Tres páginas! ¿Es serio esto? En general, los informes de este tipo tienen por lo menos trescientas páginas. Es así, el documento lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para su consideración. En fin, necesito tener un informe profundo, serio y acabado de la ecuación económica de la inversión. ¿Cuánto le sale al país y qué da al final? Estoy dispuesto a aceptar que haya un costo, que no nos dé un resultado perfecto, pero quiero saber a cuánto asciende esa diferencia entre lo que el Estado va a poner y lo que después va a ser el resultado de la inversión.

En segundo término, señora presidenta: acá se está endeudando el país. ¿No va a haber autorización parlamentaria? ¿Este Gobierno va a seguir adelante sin pasar por ninguna instancia de aprobación legislativa? ¿No se está incorporando endeudamiento público con las decisiones que se están tomando? ¿No va a haber una iniciativa que cuente con el aval del Parlamento? Nosotros seguimos dispuestos, pero no bajo cualquier condición, a acompañar una inversión de este tipo, pero necesitamos, repito, en primer lugar, un documento económico que ponga negro sobre blanco cuál es el resultado operativo de las inversiones que va a hacer el Estado contra las que va a hacer la empresa y el saldo final de esta operación, y en segundo lugar, tiene que pasar por el Parlamento algún tipo de autorización. Estas cosas no se pueden hacer de manera administrativa, sin siquiera alguna autorización parlamentaria.

Muchas gracias señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Está anotado el señor senador Michelini para hacer uso de la palabra, consulto al señor ministro si desea intervenir ahora o al final.

SEÑOR MICHELINI.- En lo personal, preferiría no conceder interrupciones. Puede intervenir ahora para hacer una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor ministro de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Señora presidenta: tengo claro que, de ser necesario, tendremos la oportunidad de precisar, asunto por asunto, aquellos puntos que –entendemos– merezcan desarrollarse.

Cuando solicité una interrupción al señor senador Mieres fue porque, según mi impresión, él estaba realmente confundido respecto al procedimiento que se debe poner en marcha para el desarrollo de la eventual terminal portuaria que tendrá que gestionar UPM. Consideramos que el mecanismo en ningún caso puede ser de participación público-privada, porque es una iniciativa del privado y también la inversión tendrá tal carácter.

Simplemente, quería hacer esa precisión porque me pareció entender que el señor senador se había confundido en ese aspecto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: en primer lugar, anuncio que no concederé interrupciones porque el tiempo de que dispongo es muy corto.

En segundo lugar, quiero decir que varios de los ministros que nos visitan hoy me han pedido, una y otra vez, que insista en que está en el espíritu del Gobierno, a partir de la publicación del contrato, evacuar todas las inquietudes que se han planteado como, por ejemplo, las del señor senador Lafluf. En todo caso, podremos mandar la versión taquigráfica.

Voy a comenzar por un tema absolutamente menor, pero para dejar una constancia porque el miembro convocante arrancó haciendo la enumeración de los no logros o de aquellas cosas que generaban entusiasmo en el Gobierno y que después no se concretaron. Por su parte, yo podría hacer la enumeración de todos los logros, desde la conectividad, el Plan Ceibal, el tema de la política energética, el manejo de la deuda o la política macroeconómica y, así, estaríamos poniendo una lista contra otra. Pero a mi favor está el hecho de que todos los legisladores de este recinto que fueron intendentes o ministros saben que no todas las cosas que un gobernante empuja después terminan saliendo. Diría que son platos que se ponen a girar, y algunas de esas inversiones se concretan mucho tiempo después –incluso, después del mandato– o las expectativas se modifican. Ello no hace a la propuesta ni al llamado del convocante; como dije, es un hecho menor, pero dejo la constancia de que, a mi juicio, no le agregó nada a su relato.

Quiero trasmitir algunas cosas porque, según el razonamiento que hacemos, me parece que hay una falta de sentido común. Empiezo por lo que podría ser la frase final de una conversación mantenida con algunos intendentes del Gobierno, en la que se dice que la oposición está de acuerdo con el proyecto, pero no con el contrato. No se dan cuenta de que sin contrato no hay proyecto. Daría la impresión de que esto que parece de Perogrullo, de sentido común, no está arriba de la mesa.

Sin ánimo de utilizar todo el tiempo de que dispongo, quiero plantear algunos temas como, por ejemplo, el de la Dinama. En el río Negro tiene más de quince estaciones. ¡No es que estemos desprovistos o indefensos y no sepamos cómo hacer las cosas! A nivel del río hay un monitoreo permanente y variables de todo tipo. Aclaro que pedí esta información porque me preocupa el tema del medioambiente.

Se ha trasmitido a la empresa que la situación del río Negro es especial y nosotros sabemos que su flujo no es el del río Uruguay y que tenemos que hacer una planta de tratamiento que incluya, también, Paso de los Toros y Centenario. Este tema ya fue explicado por la señora ministra De León y, si bien podría profundizar más en él, quiero decir que no nos estamos rifando el medioambiente. Digo esto, porque en la sociedad uruguaya –en todos los partidos políticos– hay una gran desconfianza de todo. ¡Eso es así! En el siglo xx nos fue muy bien en los primeros cincuenta años y nos fue muy mal en sus últimos cincuenta años; incluso, en esta última etapa hasta perdimos la democracia, un logro inmenso de la sociedad uruguaya. En los primeros años de este siglo, vivimos una crisis económica que terminó con los bancos cerrados por quince días. Y muchos uruguayos desconfían de que nos pueda ir bien. Hay un escepticismo natural y legítimo, que lleva a preguntarse: «¿Nos irá bien?». Cuando en 1987 se votó la ley forestal por unanimidad –más allá de que se ha dicho que fue votada por unos y no por otros–, ¿alguien podía pronosticar que, de construirse esta planta, por primera vez en la historia, el principal elemento de exportación no iba a ser la carne, la leche ni los cueros, sino un producto que no estaba en la agenda? En ese Uruguay en el que pensamos que no se puede, sí se puede, y en eso estamos trabajando.

Un ejemplo de por qué el apuro por realizar esta convocatoria –cuando todo esto que se reclama se podía haber hablado en el ámbito de la propia comisión, en reunión con los ministros– es el tema eléctrico. ¡Vamos al tema eléctrico! ¿Dónde está el cangrejo debajo de la piedra? ¡Vamos a eso!

Tengo en mi poder el acuerdo que firmaron todos los partidos en 2010, en el que se plantea subir a 200 megavatios la biomasa. Desde ese momento hasta ahora, se otorgaron 80 megavatios correspondientes a Montes del Plata y 120 megavatios no se otorgaron. ¿Por qué? Porque cada vez que se hicieron licitaciones el precio era muy alto y las licitaciones se declararon desiertas. Ahora serán alrededor de 120 megavatios/hora. De esta forma se completarían los 200 megavatios; o sea que está dentro de lo planificado.

Nos podrán decir que se adjudicó más energía eólica de la que se debía. Sé que de este tema conozco y que sobre otros puntos, como el del contrato, debería estar preguntando, pero ante el planteamiento que alguien pueda hacer sobre la adjudicación de más energía eólica de la que se debía adjudicar, no sé si necesitamos tanta biomasa. Si uno cree que en los próximos cuatro o cinco años el país va a necesitar 200 megavatios más y la energía segura, firme, la electricidad que tenemos los uruguayos –que nos permite obtenerla con solo prender la llave– son 1300 o 1400 megavatios, de un pico de 2000, o sea, un 60 %. Entonces, parecería lógico que de esos 200 megavatios más que necesitamos, 120 megavatios fueran de energía firme.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–Entonces, ¡no estamos tan mal! Se hizo el acuerdo multipartidario, se necesitaba la energía biomasa, licitamos, no la conseguimos, pero ahora sí. ¿Y el precio? ¡Ahí está el cangrejo! Vamos a ver el precio. A Montes del Plata, en 2011 o 2012, se le otorgó a USD 84,50; hoy está a USD 91. Ahora bien, no hay que realizar la comparación con los USD 72,50 de 2022 o 2023, sino al valor de hoy o, si no, analizar los USD 91 de hoy, de Montes del Plata y ver a cuánto estará en 2023. Hoy los USD 72,50 son USD 66 el megavatio. Díganme dónde consiguen 120 megavatios a USD 66 hoy en día y firmamos. Seguro que el presidente de UTE empieza a firmar lo que sea. Pero vayamos a más y digamos que nos ponemos firmes y que UPM vaya a ver adónde lleva la electricidad. Una empresa de energía eólica que le vende a Argentina acaba de firmar. Argentina está licitando a USD 90 o a USD 100 el megavatio. Si hoy está a USD 66 –equivalentes a los USD 72,50 de 2023– y pongámosle USD 8 o USD 9 de peaje–, ¿dónde consiguen a USD 75? Si es así, Argentina firma, se lleva la energía para allá y después nos la vende a nosotros si un día necesitamos electricidad firme. Uno es conocedor, pero no especialista, y cualquier asesor de media tabla les hubiera dicho que no se metieran en el tema energético porque, en todo caso, es opinable. Si es opinable, podríamos no comprarla y, en ese caso, se la llevaría Argentina, no tengan duda. Porque si hay una cosa que es verdad es que los argentinos no son tontos. Entre pagar USD 90 o USD 100 y pagar USD 75, pagarían USD 75. ¿Por qué doy este ejemplo, señora presidenta? Por la simple razón de que hay un cangrejo debajo de la piedra y es este documento. Cuando Batlle firmó una hoja, era un capo; cuando el ministro de Transporte y Obras Públicas pasa tres hojas, es un desastre; cuando nosotros firmamos este contrato, no vale. ¡No entiendo! No entiendo cómo se razona.

Las cosas están claras, por eso quiero ser breve. Las respuestas las dieron los ministros. Las cosas ahora están claras: el Gobierno firmó este contrato y va para adelante. Y si estas cláusulas se dan, nosotros seguimos adelante, y lo que haga la empresa se verá. Pero no lo arreglan diciendo que van a agregar una multa de USD 200:000.000. Ha habido alguna empresa que se echó para atrás y pagó cash. Esto no se arregla con multas, es una cuestión de buena fe. Tan así es, que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Si cualquiera de nosotros tuviera una empresa y quisiera sacar la celulosa, se tendría que preguntar por qué vía lo haría. ¿Por tren? ¿Cómo está el tren? No es un orgullo para los uruguayos y tal como está, la celulosa no sale, y por el puerto tampoco.

¿Por qué en el contrato no se exige la conectividad de Internet? Porque ya existe, si no, se hubiera incluido un acceso a Internet en debidas condiciones. ¿Por qué no figura? Porque eso ya existe. Lo que se le exige a Uruguay es de sentido común: si quiero armar una empresa y sacar tal volumen de celulosa, tiene que salir por algún lado. Si no hubiera conectividad a Internet, nos la estarían pidiendo porque no puede haber empresas que no estén conectadas al mundo. Por supuesto que generar ese sentido de parte de la sociedad uruguaya merece el aplauso. Al final de cuentas, los uruguayos son inteligentes.

Para finalizar, señora presidenta, quiero decir que los ministros contestaron las preguntas. Ahora las cosas están claras: el Gobierno va para un lado y el líder de la oposición –o uno de los líderes, para que nadie se ofenda– dice que él no habría firmado. Dice que el Gobierno representó mal a los uruguayos. Yo supongo que si lo representó mal no fue por un sentido antipatriótico, será porque no habrá tenido capacidad, no habrá tenido posibilidades de negociación o lo que sea. Supongo que no estará en juego el amor a la patria de todos los que estamos en este recinto. Si eso es así –como lo supongo–, ahora está claro: el Gobierno va en un sentido y el líder del Partido Nacional va en otro. Hablo de un líder porque el Partido Nacional en las últimas tres elecciones fue uno de los dos partidos más votados. Dos elecciones atrás fue a balotaje y en la última, el senador convocante, Lacalle Pou, fue a la segunda vuelta. Es una persona de prestigio, en la que muchos uruguayos depositaron sus esperanzas; pocas veces interviene, pero cuando lo hace, lo hace con ponderación. Entonces, que él diga que no firma, que no se sintió representado o que el Gobierno no representó a los uruguayos es claro, pero la pregunta es la otra, la tercera, la que él no contesta y el señor senador Lafluf sí. Creo que todos tendríamos que contestar esa pregunta.

Señora presidenta: a la izquierda de este país se le critican muchas cosas sobre su discurso y su práctica, desde antes de asumir el Gobierno en el año 2005. Decían que estaba en contra de tal cosa y de tal otra, pero la izquierda subió y le hizo honor a la historia uruguaya y a los compromisos. No tiró todo para atrás generando incertidumbre jurídica de órdago. La izquierda uruguaya cumplió, incluso, sabiendo que tiene más mérito porque en algunas cosas no estaba de acuerdo; sin embargo, ante la firma de proyectos del Gobierno anterior, honró los compromisos. Esa es la pregunta que le voy a hacer al líder de la oposición: ¿Va a honrar los compromisos? Esa es la clave. Esa es la pregunta que se van a hacer todos los uruguayos de aquí a la campaña electoral, salvo que él diga: «No estoy de acuerdo, no habría firmado, pero voy a honrar los compromisos», y ahí se acaba el problema. ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Va a contestar esa pregunta? ¿Van a honrar los compromisos? La izquierda los honró. Eso es clave porque el factor de inversiones futuras depende de que los compromisos se cumplan, gane quien gane. El señor senador Lacalle Pou tiene todo el derecho de que no le guste el acuerdo; puede decir que no hubiera firmado, tiene todo el derecho; puede decir que el Gobierno no lo representó, que siente que no representó a todos los uruguayos o que no estuvo a la altura de las circunstancias. Puede decir lo que quiera, pero la pregunta es si va a cumplir, porque el Gobierno va en ese sentido. El Gobierno quiere que esta gran inversión, la máxima en la historia de la empresa y en la historia del Uruguay, quede en el país. El Gobierno no quiere perder puestos de trabajo, quiere crearlos. Eso lleva horas, horas y horas de sudor de su gente para llevarlo adelante. Más de una vez, las ministras o los ministros se habrán preguntado si lo estarían haciendo bien y más de una vez habrán dicho que esa era la zona más paupérrima del Uruguay, con menos empleo, con menos oportunidades y posibilidades de progreso, es una zona que manda a sus hijos a otras tierras –son zonas donde no nos votan, no son nuestros esos departamentos–, entonces, siguen y van a seguir defendiendo patrióticamente, como ellos sienten lo que es este contrato, pero sobre todo porque saben que si la inversión se concreta, Uruguay cambia de estatus y genera un valor adicional.

Las grandes inversiones pueden venir al Uruguay; estamos lejos del mundo, pero pueden venir al Uruguay.

La izquierda ya ha contestado, señora presidenta –y con esto termino–, que honró los compromisos, y creo que ha generado un nivel de espiral positivo en la inversión como nunca ha ocurrido. Esperemos que otros estén a la altura de las circunstancias.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para contestar una alusión, que ha sido en reiteración real.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: quiero decir dos cosas. La primera es bien breve: el señor senador Michelini no leyó todo el contrato porque el punto 3.9.2 dice que la República Oriental del Uruguay «acepta que deberá brindar conectividad a Internet con un mínimo de tecnología LTE en el área principal de influencia de las operaciones forestales que puede, en algunos lugares, ampliarse más allá del sistema de localidades». Convengamos que no lo leyó todo, se rifó algún tema. Estoy seguro de que se rifó muchos temas pero no pareció así; igualmente en esa pregunta perdió.

Voy a lo segundo que quería decir. Justamente comentaba con el señor senador Heber acerca de que creo que es muy inteligente el planteo que ha hecho el señor senador Michelini o, por lo menos, pícaro. A este Gobierno le falta mucho tiempo, está por verse quién es el líder de cada partido y las internas, y no hay que ponerse el sayo que a uno no le cabe pero, obviamente, cuando uno está en la actividad política, tiene vocación de servicio y aspira a poder dirigir el país en el día de mañana, se hace esos planteos.

Recuerdo que ya en la campaña pasada, el día que largué la candidatura fui muy criticado por una frase con la que empecé el discurso, que decía que había que continuar haciendo lo que se hizo bien, cambiar lo que se hizo mal y hacer lo que nunca se hizo, porque no tenemos complejos refundacionales. Uno a su país, a su patria y a su historia la quiere con lo bueno y acepta también lo malo.

Pero voy a contar una intimidad, ¡que no salga de acá! Tengo por práctica en la vida decir las cosas primero a los interesados, antes que a la opinión pública. Como muchos de los que estamos aquí, nos reunimos con la empresa para obtener información; primero lo hicimos para que se nos brindara información y, después, para obtener más. Sin aclarar a quién se lo había dicho, en la reunión con la empresa expresé que la diferencia era que el presidente Vázquez va a entregar todo, se va a comprometer a todo pero no va a cumplir todo. Expresé que eso era porque UPM para el presidente Vázquez es el bronce, y para nosotros es de interés nacional y que en una negociación lo que vamos a hacer es defender el interés del país y no el de una empresa con la que, seguramente, tengamos puntos de contacto; entonces, si esto nos hubiera tocado a nosotros hubiéramos comprometido mucho menos, pero hubiéramos cumplido todo.

Este contrato tan extraño es como cuando uno juega un amistoso: no hay penalidades, no hay puntos en juego. UPM puede cumplir o no, pero Uruguay tiene que cumplir porque UPM se puede ir, se puede rescindir el acuerdo en cualquier momento y se ponen fechas que se van a estirar.

Hagamos un ejercicio futurista, que seguro no es el que desea el señor senador Michelini y sí muchos de quienes estamos en la oposición: que el Frente Amplio no vuelva a gobernar y que alguna responsabilidad le quepa a quien está hablando. Si es así y quedan algunos cabos sueltos o cosas para renegociar, ¡no quepa la menor duda de que vamos a renegociar!

Ahora bien; lo que haya comprometido y entregado este Gobierno inoportunamente –esto motivó parte de este llamado y por eso empezamos– lo vamos a cumplir, obviamente.

El Gobierno ha tenido una gran facilidad porque compromete cosas que no tiene que cumplir y eso es una irresponsabilidad. El Gobierno del Frente Amplio compromete cosas que van a pasar después del 1.º de marzo del 2020 y muchos vamos a hacer lo imposible para que no gobierne más.

Hay otra picardía más, que reitera la historia de fines del 2004 y principios del 2005 y que, en realidad, beneficia a la empresa. Me refiero a aprovechar la transición porque, de hecho, jurídicamente hay un Gobierno pero conviven administraciones que van coordinando diversos aspectos; ahí es cuando la empresa va a pedir que se firmen muchas cosas: con el Frente Amplio que ojalá se esté yendo y con otros a quienes ojalá nos toque la responsabilidad de gobernar.

Así que puede quedarse tranquilo el señor senador Michelini porque este ya ni siquiera es un tema de voluntad de Luis Lacalle Pou sino del Partido Nacional, que es mucho más importante.

Muchas gracias.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Señora presidenta: simplemente voy a hablar, muy brevemente, porque es cierto que hice una referencia y el señor senador Michelini la rescató.

Quiero decir que nosotros venimos aquí a aportar y con el ánimo fervoroso de poder sacar adelante esta inversión, que nos interesa a todos, al Partido Nacional entero. No es cuestión del líder 1 o del líder 2; no, es del partido.

Además, soy wilsonista y nadie va a poder decirme que este partido, con Wilson en el corazón, no ha dado muestras de que considera que primero está el país, porque él fue capaz de quedarse preso para que Uruguay saliera a la democracia y, después, tributó con su vida defendiendo una ley que no tenía ninguna obligación de defender.

Eso es lo que nos enseñaron, este partido está para eso: para ayudar y para hacer que las cosas se hagan, ¡pero que se hagan bien! Ahora, si no podemos hacer un cuestionamiento a algunas cosas, entonces el funcionamiento de este órgano no tiene sentido.

Muchas gracias.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR AVIAGA.- Señora presidenta: en verdad me afilio a las preguntas que hizo, en su momento, el señor senador Lacalle Pou, a la intervención del señor senador Larrañaga, a las preguntas que el señor senador Lafluf formuló hace un rato –que eran las que quedaban en el tintero, según lo que me parecía– y a lo expresado por el señor senador Mieres.

Hay algo que quiero agregar y que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Treinta años han pasado desde que se votó la ley de la forestación, que trajo este cambio de la matriz productiva y esta actividad que no podemos negar y que reconocemos que genera un engranaje productivo en todo el país. Pero también es cierto que hay externalidades y que, a lo largo de treinta años, debemos reconocer las ventajas y desventajas que ha traído este cambio de la matriz productiva en todo el país.

Es justo que en este momento que estamos analizando, ahondemos más en el tema porque tenemos un poder de gestión y ya sabemos dónde estamos parados, a qué nos enfrentamos, el estado de situación de cómo funcionan las plantas de celulosa y cómo se desarrolla el tema de la forestación en el país. Creo que estamos en condiciones de hacer un análisis más profundo y de considerar territorialmente –y también en profundidad– si es necesario una nueva planta de UPM en el país y dónde, cuándo y cómo.

Era de sentido común contar con una evaluación ambiental estratégica pero, lamentablemente, no se llevó a cabo. ¿Por qué hablamos de una evaluación ambiental estratégica? Porque hay índices sociales, económicos, territoriales y científicos que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones que para nosotros son básicos e importantes.

Todo lo que ha rondado en torno a esta temática en el último año tiene que ver –a la hora de calificar lo sucedido con adjetivos– con el secretismo, la falta de transparencia y la entrega de soberanía. Eso lo escuchamos a lo largo y ancho de todo el país, no solo de los representantes políticos sino también de distintos actores sociales preocupados y ocupados por la temática. ¿Por qué digo esto? Porque en este ámbito se han escuchado los distintos argumentos que llevan a que esto se haya generado.

Este contrato firmado –si se puede decir así– limita a los tres poderes del Estado. Antes que nada, al Poder Legislativo, limita nuestra función; el Poder Legislativo queda condicionado a la voluntad de la empresa. Un claro ejemplo es el congelamiento en el derecho ambiental. En el contrato hay un ítem que refiere a que la normativa ambiental queda atada a la normativa europea de 2014.

Por otro lado, el Poder Judicial queda impedido de juzgar e intervenir en las relaciones entre el Estado y la empresa porque el contrato está sujeto a cortes internacionales en Estados Unidos.

Por último, el Poder Ejecutivo queda sometido a la fiscalización de UPM, queda sometido a la fiscalización de la empresa finlandesa; compromete una enorme inversión pública, pero los beneficios que debería tener el país no son obligatorios para la empresa. Increíblemente, nuestro Estado, nuestro Gobierno –cuando digo Estado me refiero a todos nosotros– deberá rendir cuentas periódicamente a UPM. La empresa asume un papel fiscalizador y el Estado asume el papel de la parte contratada que debe obedecer y ser fiscalizada. Sumisión es la palabra adecuada para definir este acuerdo, este contrato o lo que parezca ser.

Este ya no es un problema económico, ambiental o social; es un tema de soberanía nacional; es un tema que va mucho más allá de la discusión sobre si es viable o no instalar la planta sobre el río Negro, cosa que ya es grave. No hay ninguna normativa que habilite al Poder Ejecutivo a firmar este contrato. Es más, quisiera saber cuál fue la resolución del presidente Vázquez –¿dónde está?, quisiera verla, si es que existe– que autoriza a que firmen este contrato en nombre de él. La Constitución no habla de contratos y tratados con empresas trasnacionales. El país puede hacer contratos y tratados internacionales con otros estados, pero no con empresas privadas y trasnacionales.

Hoy pensaba qué hubiera pasado en este recinto porque, de entrada, escuché mencionar a Wilson Ferreira Aldunate; también me puse a pensar en Luis Alberto de Herrera. En la década de los sesenta, Wilson se opuso al proyecto de inversores japoneses para explotar hierro en Valentines, básica y especialmente porque el contrato determinaba que serían cortes internacionales las que iban a dirimir si había algún litigio entre el Estado y los inversores japoneses. Se opuso férreamente y ese proyecto no salió. Estoy segura de que Wilson se opondría a este contrato redactado de esta forma. ¿Y qué diría Luis Alberto de Herrera? Recordé el tema de las bases norteamericanas en la década de los cuarenta. Seguro que hoy Herrera estaría defendiendo la soberanía nacional frente a esta nueva forma de bases ya no militares, pero sí trasnacionales y económicas que nos quieren neocolonizar.

Señora presidenta: para nosotros esto no es un contrato. Aquí solo nosotros arriesgamos; aquí solo nosotros somos los sometidos; aquí solo UPM está sin obligaciones, y aquí solo nosotros deberemos rendir cuentas periódicamente a los señores finlandeses. Por lo tanto, creo firmemente que si no se revé por parte del Gobierno la visión de la oposición en su conjunto –con matices, estamos todos diciendo lo mismo–, este contrato tendría que ser nulo.

Muchas gracias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: para nosotros –y creo que también para gran parte del país– es realmente significativa e importante la instancia en la que estamos considerando este proyecto.

En primer lugar, porque creo que se trata de un aprendizaje común. Este debate implica, para nosotros, un aprendizaje como fuerza política de izquierda con posiciones ya comprometidas a lo largo de la historia en la construcción de nuestro país. Y en segundo término, más allá de no querer asumir los roles que le compete a los partidos de la oposición, implica un aprendizaje para ellos. Me retrotraigo solamente a un ejemplo: en 2002 el Poder Ejecutivo firma el tratado de protección del tratado de inversiones con Finlandia y en 2004 se termina de ratificar ese convenio como ley en la Cámara de Representantes. Algunos de quienes hoy están presentes fueron legisladores, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes. Todos sabemos que el debate sobre el acuerdo de protección de inversiones con Finlandia tenía un objetivo: la inversión que iba a hacerse por Botnia y también por Stora Enso. Pero en todo ese tiempo nadie cuestionó qué tipo de acuerdo estaba desarrollando nuestro país para que pudieran establecerse esas inversiones. Simplemente, se discutió sobre el tratado de protección de inversiones.

Creo que el hecho de que hoy estemos discutiendo en torno a este tema refleja otro ámbito, un ámbito de transparencia, un ámbito de apertura de roles y, por supuesto, de las condiciones en las que vamos a enfrentar este proceso.

Varias de las intervenciones que se han hecho indican que este acuerdo, en cierta medida, al único que compromete es a nuestro país, que la empresa no asume compromisos y que, por ende, podemos quedar en malas condiciones o mal parados.

Se ha dicho que Uruguay asume el compromiso de vía férrea, vial, viaducto, puerto, que nos comprometemos con eso y que si la empresa no realiza la inversión de la planta, todo eso –y pido perdón por la expresión vulgar– lo hicimos al cohete. Entonces, realmente me pregunto en forma distinta, señora presidenta, si nosotros cumplimos con lo que está establecido en el contrato y como Estado hacemos esa inversión, avanzamos en el desarrollo de esa infraestructura, ¿quién gana? ¿Quién gana y quién pierde? Ah, yo creo que gana el país; yo creo que gana nuestra gente.

Y si esto, sobre lo que se está discutiendo, se generó a la luz de que se presentó la oportunidad de hacer esa inversión –aunque a veces me hierva la sangre cuando dialogo con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas acerca de resoluciones de algunos temas de rutas para el interior–, si esto sirvió como desafío para que se invierta en infraestructura en el interior, lo aplaudo. Estoy realmente satisfecho porque el Gobierno está asumiendo un desafío importante cuyo único beneficiario va a ser el país, su gente, la gente que vive en el interior.

Entonces, acá el asunto no es que nosotros nos comprometemos, hacemos y perdemos. ¡No! ¡Nosotros nos comprometemos, hacemos y ganamos! Gana el país, gana la gente del interior, ganan los departamentos que –tal como la señora ministra informó al inicio– tienen más retraso en desarrollo humano.

¿Y si no se hace la inversión? Y, bueno, tendremos que ver que esa infraestructura sirva para seguir construyendo ese país más equitativo, no solamente en lo económico sino también en lo social y, sobre todo, en capacidad de desarrollo, señora presidenta. ¡Para eso, la inversión en infraestructura es fundamental, es más que necesaria para lograr ese desarrollo equitativo! Por esa razón, no me preocupa el grado en el cual nos hemos comprometido.

Yo creo que le erran cuando desde la oposición le apuntan a nuestros cinco ministros diciendo: «Ustedes se entregaron y se comprometieron a hacer muchas cosas». ¡Bienvenido ese compromiso! La gente tiene que estar satisfecha y aplaudiendo ese compromiso porque, en definitiva, esto es desarrollo para nuestro país.

Es a partir de eso, señora presidenta, que me paro en el análisis y en la discusión de este proyecto, de este convenio, de este compromiso, de este contrato. Es a partir de eso.

Vuelvo a recordar experiencias que ha vivido nuestro país. Se quiso comparar esto con lo que ocurrió en los años 2003 y 2004. Craso error. ¡Craso error!, sobre todo por decir que una resolución es un decreto, aunque eso puede ser producto de un error de interpretación. Pero decir que este compromiso que ha asumido el país, que este tránsito de trabajo que hemos realizado durante este tiempo es igual a una resolución presidencial –¡vamos!– que otorga una zona franca, no es lo mismo.

Señora presidenta: a modo de ejemplo, voy a leer las descripciones de los proyectos –aunque los ministros ya han profundizado en ellas–: «Los proyectos de ROU y UPM. Descripción del proyecto de ROU. El “proyecto de ROU” incluye: el proyecto ferroviario; el proyecto de viaducto sobre la rambla; los proyectos viales; los trabajos de dragado de ANP; los trabajos de electricidad; y cualquier otro proyecto, trabajo o actividad acordada a ser llevada a cabo por ROU de conformidad con este contrato.

Descripción del proyecto UPM. El “proyecto UPM” incluye:» y menciona: proyecto de planta de celulosa –una planta cautiva de generación de energía eléctrica, una planta química, la infraestructura requerida en relación con la zona franca, otras instalaciones, estructuras y equipos–, operaciones forestales y proyecto portuario.

¡A ver! Si eso es lo mismo que tomar una resolución para otorgar una zona franca, yo estoy interpretando equivocadamente, ¡muy equivocadamente! No es comparable, como bien señaló el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. ¡No es comparable!

Lo que pasa es que, como en los actos anteriores la que decidía era la mayoría, era el Gobierno, entonces, no se discutía porque eran parte. Pero ahora no son parte y, como dice el tango, la miran con la ñata contra el vidrio, y molesta. Sin lugar a dudas, debe molestar. ¡Y más molesta cuando siempre estuvieron del lado del poder, cuando siempre estuvieron del lado de los que tomaban decisiones! Ahora no las toman. ¡Pero no las toman porque la gente no los eligió! ¡Por eso no pueden firmarlo! Porque la gente dijo: «Mire, usted no va a ser presidente. Por lo tanto, si no es presidente, no va a tener que firmar ningún decreto ni ningún contrato en representación del país». ¡¿Quién lo asume?! El doctor Tabaré Vázquez, que es nuestro presidente. Así de sencillo. Más claro, echale agua.

Entonces, estas son las cuestiones que también están en debate. Y, como bien señalaba el señor senador Michelini, nuestro Gobierno asumió las consecuencias que emanaban de aquel compromiso laxo. Sin lugar a dudas, laxo. Y lo construimos. Eso nos ha dado la fortaleza para enfrentar hoy cualquier desafío que tiene nuestro país, primero con los temas ambientales, sin lugar a dudas, señora presidenta.

Nuestro país fue a una corte internacional a una disputa sobre temas ambientales con la representación que nos demandaba la hermana nación argentina. Y salió airoso con el asesoramiento, los trabajos y la formulación de fundamentos que elaboraron nuestros técnicos.

A su vez, nuestro país fue a un litigio internacional con una de las empresas más importantes del mundo, como es la Philip Morris, por un tema sanitario, de salud, de construcción humana –porque consideramos que si hay salud, hay construcción humana–, y salimos airosos gracias al asesoramiento de nuestros técnicos y también de otros técnicos calificados, contratados en el exterior del país, que nos acompañaron.

El Uruguay ha trabajado en serio, y en este asunto vamos a trabajar en serio. Lo ha demostrado la propia conformación del debate, la propia formulación del contrato y las exigencias y compromisos que de este emanan.

Por lo tanto, acordar que dentro del marco de la normativa nacional nos comprometemos a exigir niveles de emisiones al ambiente en el rango de «las mejores tecnologías disponibles de acuerdo con el documento BAT de IPPC (2014)», para nosotros no es ir a menos. Para Uruguay tener estas exigencias ambientales es ir a más, es ser exigentes en los controles y exigentes en los niveles de emisión y de contaminación que se puedan volcar a las aguas. Entonces, no hay duda de que estamos ante un desafío importante. ¡No hay duda!

También se ha dicho que no se entiende por qué, si el contrato establece un determinado precio de tarifa ferroviaria y hay un precio menor, UPM tiene eso a favor. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Saben por qué? Porque el punto 1 del artículo 3 del acuerdo de promoción y protección de inversiones con Finlandia, que votaron los integrantes de los partidos que conforman la oposición –lógicamente, nosotros no lo votamos, no precisamente por tener una posición adversa; luego voy a hablar de eso– refiere a las inversiones realizadas por los inversores de una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante, y dice que corresponde la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. ¡Ya en aquel momento estaban consagrando que hoy, en un proceso de desarrollo económico, tenemos que bajarle el precio a UPM! Es por la aplicación de ese tratado, que nuestra bancada no votó, y no por un problema ideológico, sino justamente porque se pidió que se discutiera y no se nos dio tiempo.

En ese entonces, cuando se discutió el tratado, el señor senador Pintado era el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, y en parte de su intervención dijo que, más allá del voto negativo en esa oportunidad –como lo hicieron constar el presidente y muchos colegas de la Cámara de Representantes– su ánimo era el de colaborar y facilitar, con todas las garantías, la aprobación de ese trascendente convenio, que iba a implicar una inversión importante para el Uruguay. Tan así era que quería dejar sentado en la versión taquigráfica de esa sesión que, a los efectos de facilitar la mayoría necesaria para que el convenio pasara al plenario, se ausentaron momentáneamente de sala en el momento de la votación. Es decir que el Frente Amplio colaboró para que en la comisión hubiera mayoría y pudieran informar el tratado.

Estas cuestiones también están en este proceso y son las que importan. Como lo que planteó en ese momento el diputado por el Frente Amplio, compañero Carlos Pita, quien dijo que una vez asentadas en la versión taquigráfica de la comisión esas salvedades, tendría las garantías para dar su voto –no el de la mayoría– desde esa bancada al proyecto en cuestión. Porque es cierto que en el Frente Amplio había miradas encontradas –como las tenemos en muchos temas– en torno a esta votación.

SEÑOR HEBER.- ¡En torno a todo!

SEÑOR PARDIÑAS.- Sí, a todo, tal vez, como la tienen los partidos que construimos la democracia, ¿verdad? ¿Verdad, señor senador Heber? Pudo haberse sentido aludido.

Señora presidenta: estamos ante un hecho que no es menor. Algunos señores senadores preguntaban por qué, según las cláusulas, nos estamos entregando y estamos reconociendo que esta es la mayor inversión del país. ¿Eso no es una realidad? ¿Reconocer no es parte de la lógica de poder acordar? Antes nadie venía a invertir a nuestro país; aun teniendo la llamada ley de promoción de inversiones, nadie venía porque no se generaban las condiciones mínimas de seguridad, de crecimiento económico, de atención a los reclamos populares, salariales y de los demás sectores de la población. Entonces, ¡claro que no había estas discusiones! Por más ley de promoción o de protección de inversiones que tuviéramos, nadie venía a invertir. Ahora sí se dan estas discusiones. ¿Por qué? Porque somos un país atractivo y tenemos el compromiso de seguir generando un estímulo para las inversiones, que son necesarias para la generación de empleos y el desarrollo de las capacidades, para el desafío como país y para construir la equidad territorial, que hoy nos está costando mucho.

Señora presidenta: aplaudo este debate. Creo que, como nunca, el Gobierno se ha plantado con transparencia y ha volcado la información. Quien no quiera reconocerlo, ¡que no lo haga! Lo importante es que la gente reconozca que lo que estamos haciendo es por nuestro país, por su gente, por el desarrollo pero, sobre todo, para que ese desarrollo llegue a una zona que históricamente ha estado en aislamiento o poco provista de políticas públicas para su crecimiento.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: la verdad es que la exposición que hemos escuchado me recuerda a un famoso practicante de la esgrima, el doctor Petit Muñoz, con quien nadie podía porque, si bien no tenía estilo, entraba y empezaba a rebolear la espada; como no seguía las reglas de la fina esgrima, desacomodaba a todo el mundo.

He escuchado las barbaridades más grandes, como hace tiempo no escuchaba; lo digo desde el punto de vista jurídico. Fue realmente impresionante.

Uruguay ha tenido tres instancias de negociación con distintas empresas para instalar plantas de celulosa: la de UPM 1, que empezó en 2003; la instancia de Montes del Plata, que se dio en el período de gobierno pasado; y esta. Las tres fueron muy distintas. La primera estuvo liderada por el doctor Jorge Batlle Ibáñez, un gran republicano. Cuando llegaron los representantes de UPM, los primeros dos funcionarios del Gobierno que los recibieron y luego cenaron con ellos, fueron el economista Alfie y quien habla. Al día siguiente se entrevistaban con el presidente. Las instrucciones eran: dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. No hay nada secreto; todo es público. ¡Y así fue! No hubo ni contrato confidencial, ni fase uno, fase dos o fase tres; ¡hubo republicanismo y transparencia! Y se hizo dentro de la ley; lo único que hubo que hacer fue aprobar el acuerdo relativo a la promoción y protección de inversiones entre Finlandia y nuestro país, que no existía, a cuyos efectos se remitió un proyecto de ley. Del resto, nada. ¿Regulaciones laborales? No. No nos pidieron y tampoco se las habríamos dado; les habríamos dicho: «Vaya y preséntese; la ley está aprobada». ¿Inversión de mil millones de dólares en infraestructura? ¡No! En los años 2002 y 2003 estábamos en crisis. No hubo nada; ¡nada! ¿Contrapartida de mil millones de dólares? No. ¿Zona franca? Sí. ¿Existe la posibilidad legal de darla? Sí, entonces. Recuerdo que solicitaron no pagar el canon y les dijimos: «No. Tienen que pagar el canon, como todos los que trabajan en régimen de zona franca». Es decir, oculto no hubo nada.

Ese fue el primer contrato que celebró el país.

El segundo fue el del período pasado con Montes del Plata, que lo tengo aquí. Ese fue confidencial hasta después de firmado.

El que estamos negociando hoy es un avance, y lo digo en el buen sentido. Está bien, es mejor; no como el del 2003, pero mejor que el del período pasado.

Quiero ir por la positiva, por los caramelos La positiva, el dulce. Quiero señalar el acierto del señor senador Lacalle Pou al convocar a los ministros para que nos informen, porque como no nos informaron del contrato con Montes del Plata, les dieron cosas que hoy por suerte no les están dando. ¿Los señores senadores saben que en el contrato con Montes del Plata se comprometieron a llevar las plantaciones que estaban lejos a un radio de doscientos kilómetros de la planta? ¿Saben que la Dinama se comprometió a categorizar como A toda plantación a doscientos kilómetros de la planta, ya fuera en Colonia, como en San José y Soriano? Está en el contrato. Eso sí que era grave, confidencial y secreto. ¿Los señores senadores saben que se estableció una cláusula por la cual se comprometieron a que el Instituto Nacional de Colonización no iba a hacer uso del derecho que tiene de igualar el precio para quedarse con los predios que comprara Montes del Plata? ¡A ver! Todo eso lo hicieron en forma confidencial. Por eso estamos pidiendo que nos informen para que no vayan a hacer la misma macana.

¿Saben qué más? Aquí está el señor senador Saravia, que estaba con aquel proyecto de ley de que los extranjeros no pueden ser propietarios de tierras a veinte kilómetros de la frontera. ¡En ese contrato confidencial el Frente Amplio se comprometió a que, si salía una ley, lo iban a compensar o no iba a ser alcanzado por ella! ¡Se comprometieron a algo que tenía que hacer el Parlamento! ¿No es lógico que el señor senador Lacalle Pou solicitara que vinieran a informarnos? Les estoy señalando algunas cosas buenas, porque en esta instancia de negociación, por ejemplo, no los están exonerando del impuesto al patrimonio, como lo hicieron con Montes del Plata, que es el mayor propietario de tierras en el Uruguay. Tiene doscientas cincuenta mil hectáreas y lo exoneraron del impuesto al patrimonio, a UPM no. ¡Bien! Eso es bueno.

Por otra parte, quiero hacer un reconocimiento al doctor Jorge Batlle, porque en aquel Uruguay de la salida de la crisis de 2002-2003, ¡vaya si logró que viniera una inversión importante, mucho más grande que esta, si comparamos el PBI de entonces y el monto de la inversión con el PBI de hoy y el monto de esta inversión! ¿Y saben por qué no le pedían todas estas cláusulas que piden hoy? Porque el doctor Batlle había dicho que no al default y que iba a cumplir. ¿Y saben por qué le piden todo esto al Frente Amplio? Porque el Frente Amplio pidió que Uruguay fuera al default. El que genera las dudas es el Frente Amplio, no nosotros, porque en el momento más importante dijimos que no íbamos al default y que íbamos a cumplir con nuestra palabra. ¡Es así! Nosotros no tuvimos que dar seguridades; no tuvimos que pasar por la fase uno, la fase dos y la fase tres, porque vinieron e invirtieron. Esa fue la realidad. No nos pidieron todas estas cosas. Batlle no solo le dijo que no al default, sino que trajo a UPM y apostó al agro. Sentó las bases del éxito económico posterior: la ley de forestación, el turismo –siempre me decía que el turismo y las vacas nos iban a sacar de la crisis, que teníamos que apostar a eso–, el tratado de libre comercio con México. ¡Tantas cosas! Se dejaron las rutas en forma con la Corporación Vial del Uruguay, el aeropuerto de Carrasco, el puerto de Montevideo con la terminal Cuenca del Plata. Eso es lo que han disfrutado. Y lo hizo, como decía el gran José Martí, sabiendo que el árbol no iba a dar sombra a aquel que lo planta. Y hoy es bueno reconocer a quien plantó ese árbol, porque esto de UPM –el acuerdo de protección de inversiones– fue fruto de esa visión de un gran uruguayo no reconocido en su momento, pero sí después, cuando todos estamos disfrutando de la sombra del árbol que plantó ese gran hombre.

Hay otras cosas muy buenas en este contrato, que quiero destacar. La cláusula 11.2 lleva las controversias al arbitraje del Ciadi. Cuando el Frente Amplio no votó en el Senado el acuerdo de inversiones con Finlandia –tengo la suerte y el honor de que el proyecto enviado al Parlamento lleve mi firma como ministro de Industria, Energía y Minería– fue porque los exsenadores Korzeniak y Gargano dijeron que no había que darle la jurisdicción a una corte arbitral. Esa era la posición oficial del Frente Amplio, que no lo votó en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Algún diputado de aquel entonces y hoy senador se ausentó de la comisión para permitir que fuera al Plenario. Tuvo un gran gesto: votó en contra, pero por lo menos se fue de la comisión para que pudiera ir al Plenario. Tengo aquí la versión taquigráfica de lo que dijo ese exdiputado y hoy senador; si quieren la leemos, pero me parece que no viene al caso.

De todos modos, es muy bueno que hayan cambiado y es muy buena la ubicación. Seamos realistas: nos mostraron que quieren llevar el proyecto al centro del Uruguay por la situación de desempleo, etcétera. ¿UPM no dijo nada acerca de a dónde iba a ir? ¡Vamos! ¡Somos todos grandes! Fue UPM quien eligió ese lugar por muchos motivos. Pero es muy bueno que esté ahí y no –que me disculpe el senador Lafluf– en Fray Bentos porque, ¿saben qué? Hablando de homenajes, por suerte, como está ahí, el doctor Vázquez esta vez no va a tener que pedir ayuda a Donald Trump como la otra vez, cuando nos iban a invadir los argentinos y pidió ayuda a Condoleezza Rice y a George W. Bush. ¿Se acuerdan cuando les fue a pedir ayuda a Bush y a Condoleezza Rice porque nos iban a invadir los argentinos? ¡Miren si tenemos que ir a pedirle ayuda a Donald Trump! Me parece que sería un poco jorobado. Bush, vaya y pase porque era republicano, pero Trump, que también lo es, creo que no lo va a hacer. Pero más allá de eso, le pidieron ayuda –lo dijo el doctor Vázquez– porque nos invadían los compañeros progresistas, de izquierda, Kirchner, desde la Argentina.

Lo mejor de todo esto –y de lo que uno se congratula– es la evolución que han tenido. Lo bueno es ver hoy al Frente Amplio defendiendo a una multinacional, defendiendo las exoneraciones tributarias, defendiendo las regulaciones laborales para que venga UPM. ¡Es espectacular! ¿Dónde quedó el discurso de «No al imperialismo»? ¿Dónde quedó el discurso de «No a las multinacionales»? ¡Espectacular! ¡Y los felicito! Felicito ese cambio en su pensamiento porque sé que es muy difícil. Quienes pelearon y lucharon políticamente y querían la nacionalización de todo, de ILPE, de SOYP, del Frigorífico Nacional; la nacionalización y estatización de todos los medios de producción, hoy defienden la privatización de la energía eléctrica. Esto es algo muy positivo del proyecto de ley: profundizan la privatización de la generación de energía eléctrica.

Cuando fui ministro de Industria, Energía y Minería tenía un proyecto que consistía en separar la UTE generación de la UTE distribución porque eran dos negocios distintos. Imagínense todo lo que nos dijeron los sindicatos y las compañías. Y el Frente Amplio no solo los separó, sino que también los privatizó. Privatizó la generación eólica, privatizó la biomasa, privatizó la energía solar fotovoltaica. ¡Es espectacular! Fueron más allá de lo que nosotros nos animábamos a ir, porque escuchábamos ese discurso tercermundista, sesentista, y creíamos que no lo íbamos a poder lograr. Y hoy, ¿dónde han quedado aquellas banderas de la estatización? ¿Dónde han quedado? En la defensa de la multinacional, en la defensa de la privatización de la generación de energía eléctrica. ¡Espectacular!

Queda el tren, y tengo mis dudas –voy a ser bastante claro–, pero no por lo que el señor ministro pueda hacer porque creo que está haciendo un gran esfuerzo con muy pocos recursos y lo veo trabajando duramente, sino por el último antecedente del Frente Amplio en materia de trenes, que realmente es jorobado. ¿Saben cuál fue? El Tren de los Pueblos Libres, tal como me acota el señor senador Lacalle Pou. ¿Se acuerdan de este tren? Fueron a Salto y los recibió el entonces intendente Coutinho. ¿Saben quiénes más estaban? Estaban De Vido, López, Cristina Kirchner –creo que también estaba el señor senador Pintado–, el entonces ministro Lorenzo y el entonces ministro Mujica, entre otros. Resulta que el tren llegó a destino y hubo un gran discurso, la entonces presidenta Kirchner confundió la bandera del Frente Amplio con la de Artigas y sellamos el pacto de estos países que estarían unidos para siempre a través del Tren de los Pueblos Libres. El tren siguió hacia Paysandú, paró y, como llevaba cuatro pasajeros, les contrataron un remise para que los llevara a Paso de los Toros y nunca más anduvo. ¡Nunca más circuló! Disculpe, señor ministro, ¡pero no vaya a tomar el ejemplo del Tren de los Pueblos Libres para aplicar en este caso porque –como dicen los muchachos– «estamos en el horno»! ¡Absolutamente!

Nos dicen que otorgar una zona franca no es renuncia fiscal, porque de lo contrario no se instalarían. En realidad, es muy difícil saber si se instalarían o no, pero por supuesto que si se ubican en una zona franca no pagarán determinados impuestos. ¡Aceptar que no los van a pagar es renunciar a cobrarlos! Ergo, es una renuncia fiscal, según creo.

No quería hablar de estas cosas, pero también está el tema del contrato de la UTE con respecto a la biomasa. Uno dice, por ejemplo, «Es el mejor precio con respecto a la biomasa», y es cierto. El mejor precio es hoy 86, pero en el contrato tenemos 72. Claro, cuando hablamos de 86 nos estamos refiriendo a un contrato que no es de ahora sino de hace algunos años, pero este contrato se firmará en 2022. En realidad, el contrato de biomasa por un precio de 86 es de 2010 y por doce años, mientras que el de 2022 se hará por veinte años. Además, todos sabemos que la generación de energía –en especial las renovables– está bajando en su precio por muchos motivos, entre otras cosas por el avance de la tecnología. Los molinos de energía eólica que hoy se instalan son más eficientes que los que se instalaban hace seis o siete años y, por ende, la inversión es menor y son más rentables. Creo que el precio de la biomasa a 72 hoy no estaría mal, pero a 2022 sí; de todas formas, creo que hay que analizar si el país lo necesita. Se dice que estamos exportando energía y que multiplicamos por diez lo que exportábamos en 2015. Es cierto, pero ¿saben qué pasó en ese año? Exportamos energía eléctrica a Argentina por USD 7:000.000. ¿Saben cuánto nos costó en la privatización esa energía que vendimos a USD 7:000.000? ¿Alguien tiene idea? ¡Si nos pagaron siete, por lo menos debería valer siete! Sin embargo, costó USD 130:000.000. ¡USD 130:000.000 en contratos firmes lo que vendimos a USD 7:000.000! ¡Vamos a vender rápido!

Además, tengo una mala noticia: estamos topeados en la venta de energía porque en lo que respecta a Brasil tenemos plantas conversoras –la de Rivera y la de Melo– y también tenemos problemas con la Aduana en esa frontera. Por ende, no podremos vender mucho más –y menos en 2022–, por lo cual –pretendo hacer un aporte– quizás sería bueno tratar algún proyecto de ley que anda por acá a fin de que Uruguay pueda tener rápidamente autos eléctricos, tal como sucede, por ejemplo, en Noruega, Francia y otros países. Deberíamos contar con autos, tractores y camiones eléctricos y ahí sí poder invertir. Tampoco se me escapa que la biomasa es energía firme.

Para terminar con este asunto les puedo decir lo que ha pagado Uruguay durante los últimos cinco años –2013 a 2017, por generación de energía aunque este año no terminó todavía–; en promedio hemos pagado USD 36. Lo más caro fue en el año 2013, cuando pagamos USD 58; este año, que es excepcional, pagamos USD 16,50. Como decía, en promedio hemos pagado USD 36 y vamos a agregar un contrato de USD 72.

Por último, creo que lo más importante de lo que hoy está pasando acá es lo que nos está diciendo; nos está diciendo que Uruguay no es viable si no atacamos estos cuatro problemas que UPM nos exige. Uruguay no es viable con esta presión impositiva y tenemos que lograr bajarla, pero no solo para UPM sino para todos. Uruguay no es viable con esta infraestructura y tenemos que mejorarla, para UPM y para todos. Uruguay no es viable con estas regulaciones laborales y tenemos que mejorar la forma de solucionar los conflictos sin afectar los derechos, para UPM y para todos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Uruguay no es viable con esta educación que hoy tenemos y hay que mejorarla, para UPM y para todos.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- En realidad no iba a hacer uso de la palabra porque creo que en buena medida se han contestado las interrogantes que legítimamente la oposición había planteado. Sin embargo, se reiteran alusiones directas a nuestra fuerza política, el Frente Amplio, que en definitiva nos obligan a hacer algunas puntualizaciones.

Sin duda que sobre algunos temas esta fuerza política no tiene la misma posición que hace veinte o veinticinco años. ¡No la tenemos! Decir que uno piensa igual que hace veinte o treinta años sería desconocer que el mundo cambia, y está claro que el pensamiento de cualquier organización política evoluciona, se transforma, muta, cambia. ¡Es así!

También es cierto que el hecho de estar en el Gobierno cambia la perspectiva sobre muchos temas. ¡Es cierto! No tenemos ningún prurito en reconocerlo. ¡Es así! Ahora bien, es cierto que también cambian los otros, la oposición. No creo que en un futuro inmediato, en Uruguay, rediscutamos la ley de ocho horas para los trabajadores rurales, la ley de responsabilidad penal empresarial, la negociación colectiva o la privatización de las empresas públicas. ¡No me lo imagino! Por lo menos, al día de hoy, nadie plantea esa agenda política en nuestro país y eso también habla de una evolución de la oposición.

En un horizonte corto no imagino que en este Parlamento haya legisladores pidiendo medidas prontas de seguridad porque los trabajadores reclaman sus derechos laborales. ¡No me lo imagino! Esto también habla de una evolución del pensamiento de los partidos políticos de la oposición. Me reconforta que así sea y no pasaría cuenta de esas cosas.

Sin duda que en algunos aspectos podemos estar del otro lado del mostrador. Ahora, cuando se trató de defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los más desprotegidos de este país, siempre estuvimos del mismo lado. ¡Esta fuerza política siempre estuvo del mismo lado, defendiendo los derechos de aquellos que históricamente han sido los más desprotegidos en este país! Si hacemos un repaso, otros no pueden decir lo mismo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Muy buenas tardes.

Luego de una larga jornada –donde muchos decimos estar de acuerdo con determinadas cosas, pero a su vez las dinamitamos de alguna manera–, me pregunto, desde afuera de este ámbito, cómo ve esto la gente en los pueblos, en la calle. Entonces, no puedo dejar de dar acá mi mirada de mujer del interior, de un departamento que ha tenido las carencias a lo largo de la historia. Hoy vemos que Artigas ha venido cambiando su color, porque ha venido mejorando en cierta forma, si bien le falta mucho aún.

Tampoco puedo dejar de decir que cuando recorremos el país y visitamos el departamento de mi excolega, el exintendente Lafluf –con quien hoy compartimos este recinto–, al conversar con la gente nos comenta cómo cambió y cómo impactaron en su lugar de residencia esa inversión y ese desarrollo. ¡Cuántos de acá quisiéramos –más quienes ocupamos el cargo de intendente de nuestros departamentos– que este tipo de inversiones llegara en algún momento a nuestros lugares!

En este caso particular no puedo dejar de reconocer que la inversión se hará –y espero que sea una certeza– en una zona del país que realmente no tiene los mejores privilegios porque, quizás –y sin temor a equivocarme–, es de las de menor desarrollo en este país. En este sentido, solo a modo de resumen de todo lo que se dijo hoy aquí y de lo cada uno de los ministros manifestó, me quiero referir a cómo va a impactar esta inversión en el PBI de esa zona. Se dijo que aumentaría entre un 10 % y un 14 %. Los que no somos de esa zona, ¿nos imaginamos lo que puede llegar a pasar o qué envergadura tendrá allí el aumento del PBI?

El otro día hablábamos con un compañero sobre cómo va a impactar esa inversión en el PBI a nivel nacional –pido al señor ministro Astori que me corrija si estoy diciendo un disparate– y se manejaba que sería de alrededor de un 2 %.

Se habla de los puestos de trabajo; por ahí no son seis mil, ocho mil o diez mil, sino mil o un poco menos. Escuché a Lafluf en un programa de radio o de televisión –creo que En Perspectiva–, y hablaba de cuántos eran los puestos directos de trabajo. ¡Quinientos puestos de trabajo, en un lugar de estos del interior, es un mundo! ¡Cien es un mundo! Imagínense algo más de cien y de quinientos. Si no tomamos conciencia de eso es porque no conocemos nuestro país. Y lamento que estemos acá si no lo conocemos.

Cuando hablamos de lo que refiere a la innovación, al desarrollo y a la investigación, ¡todos sabemos cómo viene impactando el desarrollo de la educación o de los ámbitos educativos en el interior del país! El exintendente de Salto aquí presente puede decir cómo impacta la Universidad de la República en ese departamento. ¡Cómo ha impactado la Universidad de la República en Rivera, en Tacuarembó y en otros departamentos! ¡Cómo ha impactado la UTEC! Qué mejor que esto se pueda traducir también en estos centros de estudios –ya sea la UTU, la UTEC o el que haya en esa zona–, en el desarrollo –con la conformación de un fondo de innovación sectorial– de lo que necesita la empresa en el lugar. ¡Cómo va a impactar en la zona que la gente, que la gurisada pueda seguir estudiando, no solo con dicho fondo, sino también a través de Inefop, como aquí también se dijo!

Por otro lado, todo esto se debe hacer con el cuidado del ambiente, porque también hay un rubro que va a fortalecerlo el cuidado de las aguas del río Negro; no olvidemos lo que también está establecido en este marco de convenio sobre la inversión en saneamiento en dos pueblos del interior, que también las impactan con sus efluentes. ¡Todos nosotros, con nuestros efluentes, impactamos en nuestras aguas! Hay dos pueblos que se van a ver beneficiados con el saneamiento, como es el caso de Paso de los Toros y Centenario.

Cuando hablamos de la parte energética, es verdad que se privatizaron algunos emprendimientos, como la energía eólica y la biomasa, entre otras. ¡Por suerte no privatizamos UTE –que es el ente rector de todo esto– y otras empresas públicas!

Con respecto al Acuerdo Marco Área Laboral, no puedo dejar de reconocer que hay un ámbito más que tripartito y que, como se dijo, esto recién comienza. Estos acuerdos se tendrán que seguir dando a lo largo del tiempo en la medida en que esto se vaya desarrollando.

Cuando se habla de la inversión en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, ¡qué lindo es escuchar al ministro decir que, independientemente de que la empresa se radique en este país o no, la inversión ferroviaria y vial va a estar y que la portuaria es necesaria!

SEÑOR DELGADO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Discúlpeme, pero difícilmente hablo en este ámbito y hoy me envalentoné para hacerlo.

(Hilaridad).

–Entonces, vuelvo a decir que, para el interior y para esa zona, el ferrocarril, completando la línea Rivera-Montevideo –porque se va a hacer con el refuerzo necesario, de Paso de los Toros hasta acá, para ese emprendimiento y para toda la parte productiva del país–, va a impactar en toda el área productiva del país. También sucede eso con lo portuario.

El otro día me enteré en una reunión –voy a compartirlo con ustedes acá porque sé que puedo hacerlo– de que se va a trabajar en la hidrovía del río Uruguay intentando hacer navegable el río represa arriba, buscando una alternativa. ¡Yo estoy feliz porque Artigas va a tener la posibilidad de que barcazas puedan bajar hasta el puerto! Y no solamente Artigas, sino también parte del sur de Brasil.

Más allá de lo que se dice sobre cuánto se deja de ganar porque es zona franca, hay que pensar en cuánto ganamos con el impacto por el desarrollo de ese territorio y en toda aquella zona enmarcada en lo que van a ser las mejoras de infraestructura.

No puedo dejar de decir que esto de lo que hemos estado hablando acá hoy se encuadra siempre en el marco de lo legal y de lo constitucional.

Es fantástico para mí –que soy una mujer del interior y que fui intendenta del departamento más norteño de este país, Artigas– que una inversión de este tipo pueda llegar a donde va a llegar, instalarse donde se va a instalar, permitiendo el desarrollo de este país y, por otro lado, generando mejor ordenamiento territorial. ¡Es algo fantástico que tengamos esta posibilidad en el país! Lamentablemente, más de la mitad de la población de Uruguay vive en la zona metropolitana. Entonces, querer que parte de la población migre a ese territorio es empezar a descentralizar de una vez por todas: la educación, las inversiones, la infraestructura.

No quería dejar de remarcar esto después de un día largo como el de hoy, porque no podía irme sin hacer un resumen medianamente positivo de todo lo que se dijo acá, en lugar de quedarme con esa sensación de agobio, de que todo está mal.

Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias señores ministros por todo lo que han vertido hoy en esta sala.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: nosotros no íbamos a hablar, pero como pedimos una pequeña interrupción a la senadora Ayala y se envalentonó en el día de hoy, nos impidió hacerla y por eso solicitamos el uso de la palabra.

No voy a hablar sobre el contrato ni la negociación. Creo que el senador Lacalle Pou ha sido más que elocuente en el desmenuzamiento del contrato y en el planteo de las 67 preguntas. En definitiva, más allá de las opiniones que cada uno tenga sobre el resultado de la negociación, creo que fue una jornada de intercambio, ¡evitable! Lo primero que hay que decir es que esta sesión, extensa, fue producto de una situación no querida.

Es más, el 2 de mayo se hizo la primera convocatoria a algunos ministros, por parte del senador Lacalle Pou, a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios para que se informara sobre este tema. ¡Era público e inminente este preacuerdo de inversión! ¡Recordemos que es un preacuerdo de inversión por el que, si Uruguay cumple una cantidad de requisitos, la empresa comienza a definir si toma la decisión de invertir! Y estamos diciendo que tienen, como plazo, febrero de 2020 para hacerlo. Pero en aquel momento, cuando el senador Lacalle Pou hizo la propuesta de convocar a varios ministros a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, era inminente un acuerdo en junio. Después se corrió para julio, para agosto, para octubre y terminó siendo en noviembre.

Para decir toda la verdad, hay que recordar que luego se realizaron otras convocatorias en la Cámara de Representantes y en el Senado. Recuerdo al senador Amorín convocando a la Comisión de Hacienda del Senado; al diputado Olaizola haciendo lo propio con la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes; al diputado Gandini pidiendo la concurrencia a la Comisión de Hacienda, también de esa cámara. Intentamos –¡intentamos!– generar un ámbito único; lo hicimos en la reunión de coordinación. Tratamos de generar un ámbito único, razonable, para hablar de este tema.

Estamos hablando –es claro, en términos relativos, como bien lo decía el senador Bordaberry– de una de las inversiones más importantes en la historia del Uruguay, pero también de una de las contrapartidas más importantes en la historia del país para que la inversión se dé. Y nos parecía no solo necesario sino una obligación poder tener datos e información sobre cuál era el proyecto y lo que se estaba negociando en él.

Es más, llegamos a fijar una fecha para que los ministros pudieran concurrir a la comisión. Con quince días de anticipación coordinamos una fecha. El día antes nos llegó una comunicación del propio Poder Ejecutivo diciendo que la reunión quedaba postergada. Obviamente, había una decisión –no nos engañemos– de no venir al Parlamento a informar antes de firmar el preacuerdo de inversión. Creo que ahí, más que equivocarse, el Gobierno perdió una oportunidad, y lo digo con este tono y con este respeto. Uruguay es un país muy pequeño –casi en el extremo sur del planeta– y no es fácil conseguir inversiones en el país. No es fácil conseguir inversiones de esta magnitud. Estamos hablando del segundo o tercer jugador mundial en materia de pasta de celulosa. Y, obviamente, para conseguirlas hay que hacer concesiones, a nadie le extraña que se deban hacer concesiones. Todos los que queremos ser Gobierno lo tenemos claro y tenemos que hacerlo seriamente. Parte de los activos que Uruguay presenta es la seguridad jurídica. Varias veces hemos escuchado discursos en el exterior presentando al país como centro de inversiones para tratar de captar alguna de ellas y se habla, entre otras cosas, de la seguridad jurídica.

Creo que también hay un elemento muy importante y es un activo trascendente del país: la estabilidad política del Uruguay, que cada vez es más importante en la toma de decisiones de inversión. Y creo que el Gobierno la desaprovechó, porque estamos hablando de inversiones que van a tener efecto, obviamente, en lo productivo, en lo logístico, en lo laboral, en lo ambiental, en la infraestructura y en el desarrollo. ¡Vaya si impacta –decía la senadora preopinante– en algunas zonas, en forma muy importante! Hace pocos días, con los senadores Lacalle Pou, Larrañaga y Camy, nos reunimos con los intendentes Carmelo Vidalín –de Durazno– y Eber da Rosa –de Tacuarembó–, así como con el alcalde de Paso de los Toros, el señor Juan José López, y hablamos del impacto y de las expectativas que este tema generó. Mucha gente –que está esperando que esto sea una solución para varios problemas– está pensando que esto es para pasado mañana. Nos decía el gerente del Correo, en Paso de los Toros, que están llegando una o dos cartas por semana con currículos, destinados a «señores de UPM», ofreciéndose para trabajar. ¡Eso es expectativa! ¡Quizás eso sea la parte positiva de todo esto! La parte negativa es que, en realidad, esto está muy lejos de la realidad en los tiempos de la gente porque el efecto negativo –el senador Lafluf lo debe saber de sobra– que estos emprendimientos traen aparejado –como siempre ocurre– es el aumento del costo de vida. ¡Ya aumentaron los alquileres en Paso de los Toros!

Entonces, tenemos que ser muy cautos y responsables con el manejo de la información y con la expectativa de la gente.

Estamos hablando de un proyecto que va a impactar en los próximos cuatro, cinco o seis Gobiernos para adelante. ¡Treinta años! Y, obviamente, tenemos que mirar este tipo de decisiones con luces largas y no con luces cortas.

Por eso me parece que el Gobierno, a nuestro juicio, perdió una gran oportunidad de armar, en este tema, una política nacional que le diera no solo estabilidad jurídica –como le da garantías el Uruguay–, sino también estabilidad política en cuanto a lo que se va a hacer para adelante en materia de política de inversiones y que sirva para esta, pero ojalá también para muchas otras más.

Reclamamos ámbitos en Presidencia de la República con los partidos políticos y comparecencias de los ministros para brindar algunos datos, sobre todo para dar señales, ¡no para decir lo que no se podía decir! –somos todos grandes–, pero sí para dar algunas señales respecto a por dónde iba el asunto. Quizás, si se hubiera generado un ámbito de política de Estado con todos los partidos políticos, el Gobierno hubiera ganado la posibilidad de tener para negociar algunas cosas de manera diferente. Creo que lamentablemente se perdió esa oportunidad. Hoy estamos ante un hecho consumado. Hubiéramos valorado que vinieran antes de firmar. Venir después de hacerlo es una obligación; venir antes hubiera sido un gesto que me parece que el Uruguay, los partidos políticos, pero sobre todo quienes de afuera nos miran –no estos, sino otros inversores– habrían valorado en forma por demás trascendente.

Por eso, entre todas las opciones que había para generar información, preferimos esta: en régimen de comisión general y no en una interpelación porque se podría dar una señal diferente, cuestionante, con declaraciones finales votadas en mayoría y en minoría. ¡No; nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo! Somos críticos con algunas cosas, pero positivos en cuanto al desarrollo de la inversión. Además, quisimos que fuera una jornada de debate –obviamente– intenso, de opiniones políticas, pero sobre todo de información.

SEÑOR LAFLUF.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Señora presidenta: simplemente quiero señalar que me quedaron pendientes tres preguntas que me interesa que se adjunten a la versión taquigráfica de esta sesión, pero me han informado que eso requiere la aprobación del Cuerpo.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Cómo no lo vamos a aprobar, señor senador!

SEÑORA PRESIDENTE.- Si los señores senadores están de acuerdo, podemos tomar la decisión de que se adjunten a la versión taquigráfica y luego remitirlas a los ministros.

En todo caso, cuando termine su intervención el señor senador Delgado, pasaremos a votar ese trámite.

Puede continuar el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: termino diciendo, simplemente: ¡ojalá esta instancia hubiera contado con capítulos anteriores! Pero no fue así. Se reclamaron, pero no se dieron; se reclamaron desde un punto de vista positivo y no se dieron; y muchas veces se reclamaron para ayudar y tampoco se dieron.

Quizás la historia de la negociación hubiera sido diferente. Seguramente lo que no hubiera sido diferente es el hecho de estar en este proceso de instalación, que ojalá termine con un derrame positivo de este emprendimiento productivo, que sirva al Uruguay.

Para todos: para los que son Gobierno y para los que aspiramos a serlo, ¡ojalá que esto sirva de aprendizaje para que en temas tan trascendentes en la historia del Uruguay –por lo menos, proyectándonos hacia adelante en el tiempo–, podamos tener la madurez y la responsabilidad de generar, además de seguridad política, seguridad jurídica, y un blindaje que genere políticas de Estado con luces largas en materia de política de inversiones y de generación de empleo!

El Gobierno, reitero, perdió esa oportunidad y esta fue la instancia que quedó. Obviamente, haremos un seguimiento del tema. Seguramente, si todos los partidos políticos hubiéramos tenido la posibilidad de generar instancias de discusión, algunas cosas se podrían haber negociado diferente; y cuando digo «diferente» quiero decir que se podrían haber negociado mejor.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la incorporación a la versión taquigráfica de las preguntas que el señor senador Lafluf acercó a la Mesa.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de las preguntas presentadas por el señor senador Lafluf).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora ministra de Industria, Energía y Minería para ir culminando la sesión.

SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Señora presidenta: nos hemos presentado, después de un largo, arduo y mancomunado trabajo del Gobierno, para referirnos a la concreción de esta primera etapa de negociación de un acuerdo de inversión. Se trata de una etapa significativa, como lo hemos explicado en la presentación inicial. Luego, mis compañeros de Gobierno –los señores ministros y las señoras ministras– han respondido a un conjunto de sesenta y siete preguntas que fueron presentadas.

Posteriormente, hemos escuchado opiniones –la gran mayoría– y evaluaciones, pero vemos que hay mucha confusión y, en algunos casos, manejos erróneos de ciertos conceptos. Por tal razón, quiero ofrecer la posibilidad de que nos hagan llegar la versión taquigráfica de la sesión, y con mucho gusto remitiremos un documento con las respuestas a las inquietudes presentadas hasta el momento.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: me parece una muy buena idea la de la señora ministra Cosse, porque pienso que realmente aportaría mucho. Todo lo que no hicieron antes de firmar el contrato, lo van a hacer ahora, y podremos tener este ida y vuelta de opiniones, lo que me parece muy buena cosa. Quizás, hasta se podría repreguntar sobre eso. Si el diálogo se diera de esa forma, las cosas para Uruguay serían mucho más fáciles. Pero, bueno, ¡más vale tarde que nunca!

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si los señores senadores están de acuerdo, enviaríamos la versión taquigráfica a los ministros que comparecieron en la sesión de hoy y después nos harían llegar la correspondiente devolución.

(Apoyados).

15) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 19:35, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Amorín, Aviaga, Ayala, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, García (Graciela), Garín, Lacalle Pou, Lafluf, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Pintado, Saravia y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.