Retorno a página principal

N.º 42 - TOMO 574 - 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

42.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio y LA SEÑORA MÓNICA XAVIER Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 21) Asuntos entrados

4) y 22) Proyectos presentados

– El señor senador Bianchi presenta un proyecto de minuta de comunicación por el que se modifica el inciso final del literal C) del artículo 35 del Acto Institucional n.º 9, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 15900 y por la Ley n.º 16195, relacionado con los subsidios que se asignan en caso de cese de cargos políticos.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 1.º de la Resolución del Senado de fecha 15 de junio de 2016, relacionado con la cantidad de copias en DVD de la película Destino final, del autor Mateo Gutiérrez, sobre el secuestro y asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo, autorizándose la producción de quinientas en lugar de trescientas copias.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Administrativos.

5) Pedido de informes

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Facultad de Ciencias, relacionado con las licencias otorgadas al personal afectado a tareas de investigación y capacitación en el exterior.

• Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7), 14) y 16) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Delgado, Lacalle Pou, Besozzi, Passada y Michelini.

– Quedan convocados los señores senadores Argimón, Saravia, Gandini, Ferreira y Gallicchio.

8) Ingeniero Eladio Dieste

– Manifestaciones del señor senador Coutinho.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los familiares de Eladio Dieste, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, a las comisiones que se ocupan del patrimonio departamental en los casos de Salto y Artigas, y a las Juntas Departamentales de Salto y de Artigas.

9) Políticas públicas ante daños generados por eventos climáticos ocurridos en Salto

– Manifestaciones del señor senador Garín.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Banco de Seguros del Estado, a la Junta Departamental de Salto y a la prensa especializada en sectores agropecuarios, fundamentalmente la salteña.

10) Escuela Artigas en Asunción del Paraguay

– Manifestaciones del señor senador Larrañaga.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicén, al CEIP, a la Cancillería uruguaya, a las Embajadas de Paraguay en el país y de Uruguay en Paraguay, a la propia escuela Artigas en Paraguay y a los gremios docentes.

11) Primeros egresados de la Universidad Tecnológica del Uruguay

– Manifestaciones de la señora senadora Passada.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la UTEC, a la ANEP y al Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay.

12) Artista plástico Heber Riguetti

– Manifestaciones del señor senador Camy.

13), 15), 18), 20) y 24) Violencia hacia las mujeres basada en género

– Proyecto de ley por el que se establecen normas.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión.

19) y 23) Terremoto ocurrido en Irán. Proyecto de declaración

– Declaración por la que el Senado de la república expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Irán.

• Por moción del señor senador Camy, el Senado resuelve enviar la declaración a la embajada de ese país.

25) Levantamiento de la sesión

• Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve levantar la sesión, dado que estaba prorrogada indefinidamente.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 14 de noviembre de 2017

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 15 de noviembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se establecen normas relacionadas con violencia hacia las mujeres basada en género.

Carp. n.º 521/2016 - rep. n.º 528/17 y anexos I y II

2.º) por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968, sobre el Sistema de Subsidios a la Demanda Habitacional.

Carp. n.º 876/2017 - rep. n.º 537/17

3.º) por el que se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste Saint Martin.

Carp. n.º 937/2017 - rep. n.º 540/17

4.º) por el que se designa Arquitecto Juan Pablo Terra el edificio sede de la Dirección Nacional de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la ciudad de Montevideo.

Carp. n.º 922/2017 - rep. n.º 538/17

5.º) por el que se designa Profesor Lucio Gabino Núñez el liceo de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 901/2017 - rep. n.º 539/17

6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de representante permanente de la república ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur), a la señora Ana Inés Rocanova Rodríguez.

Carp. n.º 926/2017 - rep. n.º 541/17

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

6.º) por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 26 de marzo de 2015.

Carp. n.º 822/2017 - rep. n.º 513/17

7.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en la ciudad de Moscú, Federación de Rusia, el 16 de febrero de 2017.

Carp. n.º 843/2017 - rep. n.º 514/17

8.º) por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y Ucrania sobre relaciones de amistad y cooperación, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 25 de abril de 2012.

Carp. n.º 877/2017 - rep. n.º 542/17

 Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alcorta, Amorín, Argimón, Aviaga, Beramendi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, Da Silva, De León, Gandini, Garín, Heber, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Passada, Payssé, Peña, Pintado, Saravia, Suárez y Tourné; y con posterioridad, los señores senadores Ferreira y Gallicchio.

FALTAN: la presidenta del Cuerpo, señora Lucía Topolansky, por encontrarse en ejercicio de la presidencia de la república; con licencia, los señores senadores Alonso, Besozzi, Carámbula, Delgado, García, Lacalle Pou, Moreira y Mujica. Se retiran con licencia los señores senadores Passada y Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

–Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La Junta Departamental de Salto remite copia de una resolución por la que se declara en situación de emergencia la problemática vivida en el cordón hortofrutícola de

Salto, a causa del fenómeno climático acontecido en dicha zona en el mes de octubre de 2017.

–TÉNGASE PRESENTE».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto de minuta de comunicación presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Daniel Bianchi presenta, con exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se modifica el inciso final del literal C) del artículo 35 del Acto Institucional n.º 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 15900, de 21 de octubre de 1987, y por la Ley n.º 16195, de 16 de julio de 1991, relacionado con los subsidios que se asignan en caso de cese de cargos políticos.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

 

a001.jpg

a002.jpg

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Facultad de Ciencias, relacionado con las licencias otorgadas al personal afectado a tareas de investigación y capacitación en el exterior.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

b001.jpg

b002.jpg

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- En la sesión ordinaria del 14 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Olano.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 14 de noviembre faltó con aviso el señor senador Heber.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 14 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración.

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 15 de noviembre del corriente.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alejandro Draper, Mercedes Antía y Armando Castaingdebat han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 14 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día 4 de diciembre del corriente, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 14 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito ante la Cámara de Senadores licencia reglamentaria, por motivos personales, para el día de mañana, 15 de noviembre de 2017.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi Arocena. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña y Eber da Rosa han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 14 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito ante la Cámara de Senadores licencia por obligaciones notorias (literal D), Ley n.º 17827) para el día 16 de noviembre del corriente año, de acuerdo a invitación adjunta.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi Arocena. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña y Eber da Rosa han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) INGENIERO ELADIO DIESTE

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: en pocas horas se va a declarar de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste Saint Martin.

Salto, como otros departamentos de este país, no queda afuera de la influencia de este destacado ingeniero, reconocido mundialmente, que era oriundo de Artigas –incluso fue candidato, por el Frente Amplio, a la intendencia de ese departamento en 1971, a pedido del arquitecto Juan Pablo Terra– pero de madre salteña, descendiente de franceses: Elisa Saint Martin.

El matrimonio Dieste se estableció primero en Salto, donde nació Ariel, hermano de Eladio –por esto Salto lo siente tan cercano–, y luego, en Artigas, donde nacieron Eladio y Saúl.

Fue en Artigas donde vivió hasta sus dieciséis años, en que partió a Montevideo, a la casa de otra familia salteña amiga de su madre –la de Antonio Grompone–, y realizó sus estudios de ingeniería.

El sello de Eladio Dieste puede verse ya desde la entrada a la ciudad de Salto por la ruta n.º 3, en el paraje Cuatro Bocas, donde encontramos la Puerta de la Sabiduría, uno de los emblemas del escudo de la ciudad y dedicada a homenajearlo, en reconocimiento a todas las obras que realizó en el departamento. Antes había sido una cubierta para surtidores de gasoil de una estación de servicio –Barbieri y Leggire Sociedad Anónima– construida por el ingeniero Eladio Dieste en 1976. Esta estructura, por reformas de la estación de servicio, se trasladó en camión hasta el mencionado lugar a modo de reconocimiento. Está apoyada en un solo pilar, aplicándose la misma técnica que en los volados de las cáscaras autoportantes.

Son muchas las obras suyas que nos deleitan en nuestra ciudad y, como la gran mayoría de sus construcciones, están pensadas para albergar grandes masas de gente. Hablamos de largas estructuras expandidas sin soportes alternados, con utilización efectiva de la luz natural y amplitud de los espacios.

Ejemplos de esto son los siguientes: la Citrícola Salteña, que en su primera etapa fue procesadora de frutas –construida en setiembre de 1971 y octubre de 1972–, y en una segunda etapa fue cámara frigorífica; la vieja Terminal Municipal de Ómnibus, de seis bóvedas autoportantes, que fue construida en setiembre de 1973, donde hoy se encuentran parte de las oficinas de la Intendencia de Salto; el Parador del Ayuí –1976 y 1977–, que está en la rambla Costanera Norte sobre el río Uruguay, y es un hermoso lugar en Salto para fiestas y eventos; Refrescos del Norte Sociedad Anónima, que fue una planta embotelladora de bebidas y, actualmente, es la fábrica de productos porcinos Fénix, construida en 1977, ubicada en la ruta 3, paraje Cuatro Bocas, a pocos metros de la Puerta de La Sabiduría; el tanque de agua que está en la ruta 3 y la ruta 31, que fue construido en el año 1976, y el gimnasio del Club Remeros Salto, donde se construyó, en el año 1979, un área cubierta de quinientos metros cuadrados.

Eladio Dieste fue un profesional de larga e intachable trayectoria, cuya profunda sensibilidad humana y su gran capacidad de proyección hicieron de su obra una perfecta adecuación a las necesidades históricas, sociales y económicas de este país y de su gente.

Supo utilizar con gran ingenio y eficacia un material que se adecuaba a las posibilidades de la industria nacional, como es el ladrillo; tuvo en cuenta su esencia, su significado cultural y su bajo costo, y lo adaptó a la novedosa tecnología.

Fue uno de los más destacados representantes de la arquitectura contemporánea del país, y sus obras también están presentes –y son reconocidas– en otros países, como Brasil.

También dictó conferencias y cursos en todo el mundo; recibió premios; fue docente. Por lo tanto, es un orgullo para todo el país, y también para nuestro Salto, que la ciudad tenga sus obras.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los familiares de Eladio Dieste, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, a las comisiones que se ocupan del patrimonio departamental en los casos de Salto y Artigas, y a las Juntas Departamentales de Salto y de Artigas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) POLÍTICAS PÚBLICAS ANTE DAÑOS GENERADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS OCURRIDOS EN SALTO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Hoy queremos referirnos, brevemente, a un conjunto de eventos climáticos que ocurrieron en Salto y a cómo se ha dado respuesta a esa situación, puesto que ha sido parte de las preocupaciones de esta cámara en sesiones anteriores.

Todos sabemos que entre octubre y noviembre el departamento de Salto se ha enfrentado a eventos climáticos extremos, que han impactado fuertemente en la zona hortofrutícola vecina a la ciudad de Salto y que han determinado importantes pérdidas, especialmente en cultivos y en infraestructura para cultivos bajo cobertura. Estas situaciones siempre tienen un gran impacto sobre el ingreso de los productores afectados y, en este caso en particular, puede llegar a tener además alguna consecuencia en el abastecimiento de algunas frutas y hortalizas, dado que la zona hortofrutícola de Salto y Bella Unión representa cerca del 40 % o 45 % del abastecimiento de hortalizas al área metropolitana de nuestro país.

Cabe aclarar que justo en este momento es la época de zafra, y estas afectaciones en los cultivos han estado generando pequeños inconvenientes en el abastecimiento de algunas hortalizas y frutas, pero afortunadamente poco a poco han comenzado a superarse. A pesar de que esta situación siempre es bastante desgraciada para quienes la sufren, los productores han expresado que se han sentido, en alguna medida, respaldados por el acompañamiento y la efectiva aplicación de políticas públicas a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Vale recordar que las políticas públicas, desde el año 2009, a partir de la creación del Fondo Agropecuario de Emergencia, empiezan a tener dispositivos e instrumentos para atender la recuperación de daños que se producen por eventos climáticos extremos.

En el caso concreto de la hortofruticultura, desde el año 2013 ha empezado a operar un conjunto de políticas públicas orientadas a que los productores tomen seguros agrícolas para sus cultivos. Estos seguros, que han tenido subsidios de entre 40 % y 90 % en el costo de la prima, y que comenzaron a partir del seguro por convenio para la granja –que es financiado por el Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– y el servicio brindado por el Banco de Seguros del Estado, han permitido que hoy en día muchos de estos productores estén cubiertos. En más de una ocasión estos seguros han significado una tranquilidad para los productores, al sentirse acompañados por políticas públicas que les permiten sobrellevar los daños que les generan algunos eventos climáticos extremos.

Actualmente, la producción hortofrutícola del sur del país tiene una cobertura de seguros de casi el 85 %, y la del norte, Salto y Bella Unión, está en el eje del 60 % o 70 %, pero afortunadamente se incrementa en forma continua. Debemos recordar que antes de que existieran estas políticas públicas, la cobertura del cultivo era solamente del 15 %.

Los resultados que han dado estos seguros, como decíamos, han traído tranquilidad a muchos de los productores, y hoy, además, con estos niveles de subsidio, no resulta un problema económico tomar el seguro; así lo dicen los propios dirigentes de las organizaciones de productores. Sin embargo, todavía nos está pasando –es a lo que me quiero referir– que hay que seguir trabajando en la generación de conciencia de que este es un instrumento válido y de que, sin tener limitantes económicas, es conveniente transitar el camino de los seguros.

Por tanto, queremos cuantificar someramente –esto ya se estuvo tratando en esta cámara– lo que han sido los resultados, y seguir alentando, especialmente a los productores hortofrutícolas de todo el país, para que tengan a bien informarse sobre la disponibilidad de estos instrumentos que creemos son muy útiles para respaldar su actividad productiva.

Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Banco de Seguros del Estado, a la Junta Departamental de Salto y a la prensa especializada en sectores agropecuarios, fundamentalmente la salteña.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) Escuela Artigas en Asunción del Paraguay

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: el pasado 21 de octubre, en ocasión de recordar la marcha que hace veinte años hicimos un grupo de jinetes desde Paysandú hasta Asunción del Paraguay en homenaje al general Artigas, estuvimos visitando la escuela que está en el solar donde vivió el prócer.

Es la única escuela pública uruguaya en el exterior del país. Está ubicada donde Artigas vivió sus últimos cinco años de vida, en un solar que le concedió el primer presidente del Paraguay, don Carlos Antonio López, padre de Francisco Solano López. El predio fue donado por el Gobierno paraguayo a nuestro país el 25 de agosto de 1903, como un gesto de gratitud, luego de que Uruguay devolviera a Paraguay los trofeos de guerra que había obtenido en la guerra de la Triple Alianza.

En la escuela Artigas se encuentra todavía el antiguo árbol de ibirapitá, sitio en el que el prócer mantenía largas horas de conversación con niños y jóvenes. La escuela Artigas tiene noventa y tres años; fue inaugurada el 28 de abril de 1924. El edificio en el que se encuentra es un invaluable patrimonio histórico, que se mantiene vivo a través de los doscientos cuarenta alumnos que a diario aprenden y crecen en el centro educativo.

Desde el 19 de junio de 2015, día en el que se celebró el 251 aniversario del natalicio del prócer, la escuela cuenta con el Museo Artigas Karai Guazú, cuyo significado en guaraní es «gran señor».

Esta iniciativa tiene como objetivo difundir la historia de Artigas en su exilio en suelo guaraní, una historia de vida y de hermandad entre los pueblos uruguayo y paraguayo.

Este centro educativo cuenta con maestras y maestros uruguayos que acceden al cargo por concurso de méritos. A ese cuerpo docente se suman maestros paraguayos, encargados de asignaturas específicas como, por ejemplo, la enseñanza del idioma guaraní. La escuela también es parte de la Red Global de Aprendizajes del Plan Ceibal.

Los alumnos, desde el nivel inicial de cuatro años hasta sexto grado, son de nacionalidad paraguaya, y existe un porcentaje de uruguayos residentes. Debo recalcar que es un ejemplo de integración y que merece todo el destaque la labor de los docentes que allí imparten clases.

Hace unos días compartí unos momentos con los alumnos de la escuela. Me vi sorprendido gratamente por la enorme admiración que tienen esos chiquilines por Artigas, y ello obedece al enorme ahínco en la actividad educativa de los docentes. Por ello quiero destacar especialmente su labor y agradecerles particularmente esta suerte de extraterritorialidad educativa de formidables consecuencias.

Como además sostengo que, con más artiguismo y artiguistas, el país, nuestra sociedad y nuestro continente serán mucho mejores, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras de gratitud que he expresado en el Senado de la república sean enviadas al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicén, al CEIP, a la Cancillería uruguaya, a las Embajadas de Paraguay en el país y de Uruguay en Paraguay, a la propia escuela Artigas en Paraguay y a los gremios docentes cuya contribución indudable a una formación educativa no tiene parangón y que, me parece, es ejemplo de gratitud y de reconocimiento a la integración con un pueblo hermano como es el paraguayo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PRIMEROS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Gracias, señora presidenta.

Queremos compartir con los señores senadores el hecho de que en el día de ayer se realizó una actividad importante: tenemos los primeros veintidós egresados de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Luego de cuatro años de aprobada la concreción de la UTEC tenemos, reitero, estos veintidós egresados. Casualmente, el título se les entrega en el predio del ex-Frigorífico Anglo, donde hoy también se encuentra un instituto tecnológico, y se ataron así dos hechos importantes. Creemos que ese es el país que se va modificando y transformando.

La creación de la universidad tuvo su discusión y sus vaivenes, pero hoy muestra sus resultados, y me parece que es bueno que esta casa también los esté evaluando, cuando fue tan debatida la propuesta.

Quiero señalar también que, casualmente, de estos veintidós primeros egresados, el setenta por ciento es la primera generación en sus familias que tiene un título universitario. ¡Eso no es un elemento menor! ¡Hay un sacrificio! Los señores senadores que son del interior del país –también la señora presidenta– saben lo que significa el traslado de los hijos a la capital para que puedan continuar los estudios, pero hoy tenemos una realidad diferente.

Es bueno decir que esos jóvenes estudian y trabajan, que desarrollan la tarea estudiando pero también trabajando en la zona, inclusive con los propios conocimientos que van recibiendo. Se cursan allí tres carreras diferentes.

Una es en la orientación de lechería, que hacen en conjunto con la UTU en la zona de Nueva Helvecia y que tiene una particularidad: la educación y la práctica laboral tienen lugar en el mismo predio, lo que permite ver toda la cadena productiva. Se unificaron aquí los cursos de la Universidad Tecnológica del Uruguay con los de la UTU.

También hubo egresados de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos y de la licenciatura en Análisis Alimentario. Son los primeros egresados de esos bachilleratos que tenía fundamentalmente la Universidad del Trabajo del Uruguay y que había puesto ese objetivo en el bachillerato de tecnólogo cárnico y de tecnólogo químico. Hoy tenemos esos licenciados que egresan de esos bachilleratos de la UTEC.

En los próximos días habrá dieciséis egresados más de la tecnicatura en Tecnologías de la Información, que cursaron en la sede del departamento de Durazno en la modalidad semipresencial. Esa licenciatura –de la que próximamente egresarán dieciséis nuevos técnicos de la UTEC– capacita para más de 32.000 puestos de trabajo que hay en esa área en el Uruguay. O sea que seguimos ampliando el conocimiento, la tecnología, la ciencia y el desarrollo de estos jóvenes que hasta hace un tiempo, si tenían la suerte y la posibilidad de estudiar en la capital, se trasladaban a Montevideo, pero otros quedaban en el camino.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la UTEC, a la ANEP y al Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

12) ARTISTA PLÁSTICO HEBER RIGUETTI

SEÑORA PRESIDENTA.- Finalizando la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: hace un año solicitábamos un tiempo para recordar la partida de un creador en las artes plásticas de nuestro país. Más precisamente, el 17 de noviembre de 2016, nos dejaba para siempre Heber Riguetti.

En aquel momento hicimos hincapié en contar cuál fue su formación, cómo llegó a consolidarse como uno de los destacados artistas visuales de nuestro departamento de San José, enumerando sus premios y sus obras más emblemáticas.

La obra escultórica de Riguetti es mucha y muy variada. Fue un verdadero hurgador de textos, lo que le permitió abrir caminos creativos. La lectura le sirvió como puente para unir caminos que parecían inalcanzables.

Fue un apasionado de la obra de Rodin.

Criticó hasta el hartazgo con sus obras, buscó siempre un lenguaje propio.

Se consideraba un muy mal dibujante, pero podía definir un trazo o un volumen tirando líneas con alambres que daban forma a sus creaciones.

Nada le fue ajeno. Ningún material pasó inadvertido ante los ojos y las manos del creador, dotado de una capacidad intuitiva increíble. Podía encontrar, en una vieja herramienta, en un pedazo de madera o en desperdicios industriales, materia prima para desarrollar sus ideas. Cartón, piedra, madera, cuero, hierro y vidrio seducían al artista. Estos se convertían en materiales complementarios en las manos del hacedor. Materiales de uso corriente eran organizados de forma coherente, para nacer nuevamente con un mensaje poético, social o político, como en el caso del caballo que quiere escapar y está empantanado. Esta obra, que está ubicada en el edificio central del Gobierno departamental de San José, en 1981 fue primer premio del Segundo Salón de Artes Plásticas y Visuales, de San José. En plena dictadura militar, esa obra –realizada en polifón y resina poliéster pintada de negro– fue muy emblemática para el colectivo de artistas del departamento, que conocían muy bien su significado.

De una forma muy lúdica, es el artista el que trasciende; al igual que la música juega, en su recorrido, con los ritmos y los silencios.

Heber tenía la capacidad de devolver a la vida la materia inerte, tarea que compartió con su amigo y pintor, el escultor maestro Hugo Nantes, a quien incluso enseñó cómo unir diferentes materiales con el uso de la fibra de vidrio, técnica que aprendió en su juventud en la República Argentina.

Podríamos destacar cuatro obras emblemáticas de Heber Riguetti, como el monumento al Trabajador Rural –que nos recibe cuando entramos a San José–, en una sorprendente escultura que indica que se está llegando a un espacio donde la comunidad recuerda a sus inmigrantes. La identidad resalta, a través de este monumento al Trabajador Rural, la fuerza y el empeño que los primeros forjadores y fundadores depositaron en la esperanza de un nuevo mundo y en un volver a empezar como espacio de vida y progreso para las futuras generaciones.

Otra de sus obras relevantes es el monumento a Francisco Paco Espínola. Inmortalizar el alma de un creador dicen que solo es posible con la sutileza de otro creador. Riguetti lo ha logrado. Su obra contempla y capta la personalidad de la figura y la obra del escritor, fusionando y plasmando toda la fuerza y la ternura del narrador en volúmenes muy agradables, redimensionando la figura de Paco y destacando, por sobre todo, al hombre que sabía rescatar la humanidad de las cosas.

Es el mismo Riguetti quien pudo poner en valor el momento deportivo de una institución y generar el trabajo ganador que, en el concurso para emplazar el monumento a Pablo Bengoechea y recordar el segundo quinquenio obtenido por Peñarol, se encuentra en Los Aromos.

También es quien conoce el interior profundo y le cuenta su impronta, ya que en 2013 el Gobierno departamental de Tacuarembó inaugura –en el marco de una nueva edición de la Patria Gaucha– el trabajo ganador del concurso internacional para homenajear al caballo criollo. Así aparece nuevamente la mano del escultor para lograr plasmar una obra naturalista que le demandó varios meses de trabajo investigando las características morfológicas de la raza de caballos criollos.

Es así que queremos recordar la personalidad de Riguetti, para rescatar recuerdos y anécdotas que permiten entrelazar el pasado con el presente y el futuro. No es preciso que la gente se muera para saber lo que es, lo que fue o lo que llegó a ser. No es casualidad que mi departamento de San José siga siendo una comunidad en la que existe la extraña capacidad de convivir con la creación en diferentes manifestaciones. Allí sorprenden seres que son capaces de emocionar con sus trabajos y capacidades, aunque hay que ser honestos, quizás, como sociedad: a veces nos cuesta reconocer, y cuando lo hacemos, ya es demasiado tarde.

Señora presidenta: a un año del fallecimiento del escultor Heber Riguetti, expresamos ante el Senado de la república nuestro sentido homenaje a este referente eterno de la cultura de San José y, con él y en él, a una enorme cantidad de hombres y de mujeres nacidos en nuestra tierra que, con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, han dejado su huella como signo distintivo de una comunidad que tiene en su gente, en sus vivencias y en su historia un sello de identidad.

Muchas gracias.

13) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con violencia hacia las mujeres basada en género. (Carp. n.º 521/2016 - rep. n.º 528/17 y anexos I y II)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: en abril de 2016 ingresó a esta cámara el proyecto de ley relativo a las normas relacionadas con la violencia hacia las mujeres basada en género. Desde ese momento se ha desarrollado un intenso trabajo por parte de los integrantes de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión –que es numerosa–, y hemos contado con un apoyo muy significativo tanto de parte de nuestros equipos de trabajo como de los funcionarios que la atienden, y de los taquígrafos en particular.

En el transcurso de este debate y producto de la dolorosa realidad de la muerte de mujeres por su condición de tales, se decide aprobar un proyecto de ley, hoy Ley n.º 19538, por la que se tipifica el femicidio.

Originariamente –si bien ese era un proyecto del Poder Ejecutivo– este segundo proyecto –también con origen en el Poder Ejecutivo– incluía la tipificación. Obviamente, la razón de haber dado curso a la aprobación de la tipificación la excluye –por tanto– del texto que estamos considerando hoy, pero son algunas de las cosas que ocurrieron durante este largo tratamiento que debimos dar a este proyecto de ley.

Ayer decíamos que esta semana es muy importante. En la sesión de ayer se aprobó, en primera cámara, el proyecto de ley sobre la trata de personas, y también se anunciaba la nula repercusión mediática de un tema tan doloroso que, como todos coincidimos, constituye una de las peores formas de esclavitud del siglo XXI.

No creo que suceda lo mismo con este proyecto de ley que vamos a aprobar hoy. La violencia es sumamente democrática, sobre todo la que se ejerce contra las mujeres. No excluye ninguna condición económica, social o cultural. Por lo tanto, cada vez que se trabaja en los marcos legales referentes a esta temática, las repercusiones se hacen oír y surgen temores de estar subvirtiendo órdenes preestablecidos, quebrando pilares del derecho y vulnerando principios de igualdad. En fin, surgen un montón de situaciones que hacen de un gran efecto la discusión de estos proyectos de ley.

En democracia los debates son bienvenidos. Es preferible que tengamos instancias de debate, pero también es muy importante saber –como pretendemos demostrar a lo largo de este informe– que no estamos innovando, que no somos –lamentablemente– de avanzada en el mundo ni en la región con la aprobación de este proyecto de ley, al que daremos la primera sanción en esta cámara en el día de hoy. Hay muchos otros países que han avanzado significativamente –como lo veremos después– desde hace varios años, pero además todas las disposiciones que contiene este proyecto de ley ya existen en los instrumentos jurídicos ratificados por el país, muchas veces sin el mismo debate que se da cuando su aplicación se traduce en un proyecto de ley concreto como el que hoy traemos. Vamos a hacer referencia a todo el marco de convenciones, tratados y protocolos facultativos del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano, que prevén y exigen a los países partes –obviamente, nosotros lo somos– muchas de las cosas que hoy se establecen en este proyecto de ley.

En conjunto el efecto es de un importante cambio en el paradigma de estos temas y, por lo tanto, es fundamental que no caigamos exclusivamente en esto que se ha dado en llamar el «fetichismo jurídico» –es decir, el pensar que con la ley todo va a cambiar–, sino que esta iniciativa tendrá que ir de la mano de un importante cambio cultural que no excluye ningún ámbito de la sociedad.

La violencia basada en género hacia las mujeres constituye una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y sistemática a lo largo de la historia y de las diversas culturas y regiones, y representa uno de los mayores obstáculos para poner fin a la desigualdad y a la discriminación. Esas agresiones impiden a las mujeres de todo el mundo alcanzar su máximo potencial, por lo que su erradicación es esencial para el progreso y la prosperidad. Por tanto, erradicar la violencia basada en género hacia las mujeres es uno de los desafíos más importantes de nuestra época y reclama una transformación radical de las instituciones y estructuras vinculadas a su tratamiento.

Se estima que el 35 % de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y sexual por parte de su pareja, o violencia de parte de una persona distinta a su pareja en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales muestran que en Uruguay hasta el 70 % de las mujeres han experimentado, durante su vida, violencia física o sexual por parte de una pareja. Estos son datos de la primera Encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones del año 2013. Efectivamente, esta encuesta nos mostró una serie de evidencias sobre la profundidad y el alcance que esto tenía entre nosotros, en nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud dice que a nivel internacional el 38 % de las muertes violentas de mujeres fueron cometidas por un compañero íntimo –estamos hablando del 38 %–, frente al 6 % de las muertes de hombres. Muchas veces se dice que en estas leyes se ignora la realidad de violencia hacia los varones. Obviamente, no es así, pero también debemos señalar la importancia de los números, que nos plantean una realidad muy clara y contundente.

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes tiene diversas manifestaciones: física, psíquica, sexual, económica, patrimonial, así como la ubicación en el territorio. En ese sentido, las más comunes son las que se producen en el ámbito doméstico y de la pareja, las que con frecuencia terminan en femicidios.

Otras formas de violencia que se encuentran extendidas son la explotación sexual y la trata, las prácticas perjudiciales, como las mutilaciones genitales –que no se dan en nuestro continente, pero sí en otros de manera muy significativa–, y los matrimonios infantiles. Quiero decir que Uruguay es observado una y otra vez por el tema de la edad del matrimonio y así como en el día de ayer se ratificó el compromiso de avanzar en un proyecto de ley ya presentado al respecto en esta cámara, hoy volvemos a reiterarlo.

A su vez, existen otros grupos de mujeres, niñas y adolescentes que quedan más expuestas a las diversas manifestaciones de violencia debido a múltiples factores de discriminación que se intersecan con el género, como el origen étnico-racial, la situación de discapacidad y la exclusión económica.

Según Unicef, en el año 2014 seis de cada diez niñas, niños o adolescentes fueron sometidos a violencia física por parte de las personas responsables de su cuidado. A su vez, un 25 % de los adolescentes de entre quince y diecinueve años padeció violencia desde los quince años. Unicef informa que el 10 % de las niñas o adolescentes han sido abusados sexualmente en algún momento de su vida y que una de cada tres adolescentes entre quince y diecinueve años ha sido víctima de violencia por parte de su pareja.

El proyecto de ley que estamos considerando tiene como destino las mujeres de todas las edades. Entre las primeras iniciativas internacionales que buscaron erradicar la violencia hacia las mujeres y luego la violencia basada en cuestiones de género encontramos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –Cedaw, por su sigla en inglés–, firmada en 1979. En ella se define la discriminación, lo que es muy importante porque estas convenciones tienen organismos que evalúan los progresos de los diferentes Estados. Entonces, tener incorporada en la legislación la definición de discriminación –que veremos tiene todos sus ingredientes claramente explicitados– es fundamental para luego basar en ella las decisiones judiciales que se deban tomar. En el artículo 1.º de la convención se establece: «La expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera».

La Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, reconoce como derechos humanos el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y declara que los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes forman parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Asimismo, establece como objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional, y la plena erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo.

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujerConvención de Belém do Pará–, adoptada el 9 de julio de 1994 por treinta y uno de los treinta y cuatro Estados que integran la Organización de Estados Americanos, y ratificada en 1996 por Uruguay, es el primer tratado vinculante que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Allí se define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, comprendiendo todas las formas y ámbitos de violencia, ya sea las que ocurren en el ámbito público como en el privado. Es decir, es omnicomprensiva de la violencia intrafamiliar o en el marco de las relaciones interpersonales, las que ocurren en los ámbitos comunitarios, como la violencia en el trabajo, en las instituciones educativas, por terceros desconocidos, y la que es perpetrada por el Estado o sus agentes.

Al inicio hacíamos referencia a que en el marco de las convenciones y los tratados tenemos ya aprobadas muchas de las cosas que hoy plasmamos en este proyecto de ley integral.

Esta convención identifica como causa de la violencia basada en género las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esas relaciones de poder son producto de circunstancias histórico-sociales que legitimaron, tanto en el plano legal como sociocultural, la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas –esto consta en el preámbulo de la convención– y, como consecuencia, esos derechos son vulnerados de manera sistemática por la sociedad y el Estado, ya sea por acción o por omisión. Esto se traduce en una respuesta estatal deficiente frente a la violencia contra las mujeres, estando las intervenciones de las distintas instituciones protagonistas marcadas por patrones socioculturales discriminatorios contra ellas, los que se han reproducido socialmente. Este contexto favorece un continuo de violencia y discriminación contra las mujeres basado en prácticas sociales que tienden a desvirtuar el carácter grave de un acto de violencia basada en género.

Con la ratificación de la Convención de Belém do Pará los Estados partes asumen obligaciones y deberes que se consagran en su artículo 7.º, que dice: «Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención».

En cumplimiento y ajuste a dichas responsabilidades internacionales, los países de la región han ido adecuando su legislación interna para enfrentar esta dolorosa problemática. En la generación de las leyes se destacan tres etapas. La primera, para combatir la violencia contra las mujeres en América Latina, se centró en la violencia intrafamiliar. Por lo general, se tipifica el delito de la violencia intrafamiliar y se regulan las medidas de protección para las víctimas. El sujeto activo de estas leyes puede ser tanto el varón como la mujer. La segunda generación de leyes tuvo un objetivo más concreto: la penalización de la violencia contra la mujer, siendo Costa Rica el primer país que, en 1990, adoptó una norma de estas características. En esta etapa, si bien el sujeto pasivo es necesariamente una mujer, las normas se concentran en la violencia dentro de la relación de pareja.

Ya desde hace muchos años estamos asistiendo a la tercera generación de leyes, que son integrales y que, en mayor o menor medida, incorporan la conceptualización de la perspectiva de género y la transversalizan a todas las áreas del Estado. Contemplan las necesidades de visibilizar y dar respuesta a otras modalidades de violencia contra las mujeres fuera de la esfera doméstica o de la pareja y en los diversos ámbitos en que se manifiesta. Comprenden disposiciones sobre formas de prevención, sobre la organización del aparato estatal y sus agentes, y atribuyen responsabilidades a los poderes y áreas del Estado como la educación, la salud y el trabajo, incluyendo normas procesales y nuevos tipos penales. Asimismo, esta generación de leyes integrales avanza en formas y vías adecuadas y eficaces para la reparación de las víctimas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en destacar que para cumplir con el deber de garantizar los derechos humanos, resulta imprescindible organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifieste el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Esta es la sentencia n.º 29, de julio de 1988. Hago hincapié en las fechas porque nos muestran, como en el día de ayer, cuántos años deben pasar y cuánta experiencia se debe acumular para generar luego un salto en la calidad de nuestras normas legales.

El Manual de legislación sobre violencia contra la mujer, de Naciones Unidas, enfatiza la importancia de adoptar un amplio enfoque legislativo que comprenda no solo la tipificación como delito de todas las formas de violencia contra la mujer y el enjuiciamiento y castigo efectivo del autor del delito, sino también la prevención de la violencia y el empoderamiento, el apoyo y la protección de los supervivientes. Recomienda que la legislación reconozca explícitamente la violencia contra la mujer como forma de discriminación por razón de género y como violación de los derechos humanos de las mujeres.

El Comité de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará expresa la importancia de garantizar un enfoque holístico y eficaz para combatir la violencia contra las mujeres y reconoce que un marco jurídico integral es requisito indispensable para prevenir y encarar los distintos tipos de violencia de los que son víctimas las mujeres, al mismo tiempo que la ley ordena el aparato estatal para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la Justicia y los mecanismos y políticas necesarios para erradicar las causas de discriminación y la violencia.

En la última década ocho países de la región aprobaron este tipo de leyes integrales. La integralidad de la norma se concreta en la medida en que se consagran distintos aspectos mínimos como los que ya hemos explicitado y que están desarrollados en la propuesta que hoy consideramos como, por ejemplo, el establecer directrices a todos los agentes del Estado dentro del ámbito de sus respectivas competencias para la fijación de políticas públicas en la materia.

A efectos ilustrativos, se detallan los países que han incorporado a su derecho interno normas integrales sobre la temática:

–Argentina: Ley n.º 26485, de Protección Integral a las Mujeres. (2009);

–Bolivia: Ley n.º 348, Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. (2013);

–Colombia: Ley n.º 294. Se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penales, de Procedimiento Penal, la Ley n.º 294 de 1996, y se dictan otras disposiciones n.º 1257. (2008);

–El Salvador: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Dto. n.º 520. (2012);

–Guatemala: Ley contra Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Dto. n.º 22. (2008);

–México: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Dto. n.º 218. (2007). (Última reforma 2013).

–Nicaragua: Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley n.º 641 «Código Penal», n.º 779. (2012);

–Venezuela: Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley 38.668. (2006).

Como decíamos, en Uruguay existe un triste privilegio. Según la Cepal, en el año 2012 Uruguay se encontraba entre los primeros países en muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas o exparejas con relación a la cantidad de habitantes. Nuestro país registraba una tasa de 0,62 solo por debajo de República Dominicana con el 1,01 y de Nicaragua con 0,67. Según la Encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, del año 2013, casi siete de cada diez mujeres mayores de quince años manifestaron haber vivido alguna situación de violencia de género, lo que en términos absolutos representa más de 700.000 mujeres y, para una población como la nuestra, muestra el número de casos del que estamos hablando.

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicitamos a todos los senadores el máximo de silencio, por favor.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Muchas gracias, señora presidenta.

De ese total, una de cada tres personas, es decir el 34,2 %, declara haber vivido alguna situación de violencia en su infancia. En 2014 INAU registró un total de 1728 situaciones de maltrato y abuso sexual atendidas por el organismo. Por otra parte, se ha constatado el importante número de denuncias de violencia doméstica. Según datos brindados por el Ministerio del Interior, a través del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, en los últimos diez meses del año 2015 se recibieron ochenta y cinco denuncias por violencia por día, equivalente a una denuncia cada diecisiete minutos. En el año 2016 la cantidad de denuncias por violencia doméstica y delitos asociados ascendió a 34.114. Y, por último, según datos del primer semestre del corriente, las denuncias llegan a 19.370.

A nivel internacional Uruguay ha ratificado, como decíamos, todas las convenciones del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y como eso las hace exigibles a nivel nacional, existen mecanismos de seguimiento que hacen que el Estado uruguayo deba informar periódicamente. No haremos nuevamente referencia a ellas, pero sí diremos que existe un amplio marco de leyes en las que hemos avanzado significativamente en los últimos años, que citamos a continuación:

–Ley 15164 (1981). Ratifica Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, 1979);

–Ley 15737 (1985). Ratifica Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica);

–Ley 16137 (1990). Ratifica Convención sobre Derechos del Niño (CDN, 1989);

–Ley 16735 (1996). Ratifica Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará, 1994);

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia trasnacional (Protocolo de Palermo, 2000);

–Ley 17861 (2005). Ratificación del Protocolo facultativo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y mar;

–Ley 18420 (2008). Ratificación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

–Ley 19430 (2016). Aprueba Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores aprobado en la OEA.

En cuanto a las normas internas vinculadas a la violencia basada en género, podemos citar:

–Ley n.º 17514 (2002). Ley de erradicación de violencia doméstica;

–Ley n.º 17515 (2002). Regulación del «Trabajo sexual»;

–Ley n.º 17707 (2002). Creación de Juzgados de Familia Especializados de Violencia Doméstica;

–Ley n.º 18026. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

–Ley n.º 18250 (2008). Migración;

–Ley n.º 18426 (2008). Salud sexual y reproductiva;

–Ley n.º 18561 (2011). Acoso sexual laboral. Prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno;

–Ley n.º 18987 (2012). Interrupción voluntaria del embarazo.

En cuanto a niñez y adolescencia, cabe destacar la sanción de las siguientes normas:

–Ley n.º 17823 (2004). Código de la Niñez y la Adolescencia;

–Ley n.º 17815 (2004). Violencia sexual, comercial y no comercial contra niños, niñas y adolescentes o incapaces;

–Ley n.º 18214 (2007). Prohibición del castigo físico o humillante hacia niñas, niños y adolescentes por parte de padres o cuidadores;

–Ley n.º 18437. Ley General de la Educación, Art. 74. Derecho de las alumnas en estado de gravidez a continuar sus estudios, acceder y permanecer en el centro educativo;

–Ley n.º 18590 (2009). Adopción modificativa del Código de la Niñez y la Adolescencia;

–Ley 18850 (2011). Reparación a hijas e hijos de personas fallecidas como resultado de la violencia doméstica.

En cuanto a regulaciones vinculadas a adultos y adultas mayores, cabe señalar:

–Ley n.º 18241 (2008). Subsidio otorgado por el Banco de Previsión Social a personas carenciadas;

–Ley n.º 18340 (2008). Administración de las viviendas para jubilados y pensionistas beneficiarios del Banco de Previsión Social;

–Ley n.º 18395 (2008). Flexibilización de causas jubilatorias y cómputo ficto para las madres;

–Ley n.º 18617 (2009). Creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor;

–Ley n.º 19430 (2016). Aprueba Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores aprobado en la OEA.

En lo que tiene que ver a otras discriminaciones agravadas, es del caso citar:

–Ley n.º 17817 (2004). Lucha contra la Xenofobia, el Racismo y la Discriminación;

–Ley n.º 18104 (2007). Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres;

–Ley 18418 (2008), Ratificación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y Ley 18776 (2013), Ratificación de Protocolo Facultativo;

–Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley n.º 19029 (2012);

–Identidad de género, Ley n.º 18620 (2013);

–Matrimonio igualitario, Ley n.º 19075 (2013).

En cuanto a la estructura del proyecto de ley que hoy consideramos, cabe señalar que se compone de siete capítulos.

El capítulo I, «Disposiciones generales», determina el objeto y el alcance de la ley; declaración de orden público e interés general; definición de violencia basada en género hacia las mujeres y sus diversas manifestaciones; derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; principios rectores y directrices, y se determinan reglas específicas para la interpretación e integración de la ley. En este último aspecto se destaca que para la interpretación e integración de la norma se deberán tener en cuenta los valores, fines, principios generales de derecho y la Constitución de la república, así como la normativa consagrada en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificada por el país que aborda la problemática a la que ya nos referimos. Y destacamos: son escasas las veces en que se hace referencia a ellas en los fallos. Por eso es importante que en el articulado se nomine cada uno de esos instrumentos porque esta es una de las formas –quizás no sea la mejor técnica legislativa– en las que ratificamos los conceptos que esos instrumentos plantean.

El capítulo II, «Sistema interinstitucional de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres», básicamente establece la estructura del sistema de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de las políticas públicas para una vida libre de violencia hacia las mujeres, debe ejercer las funciones de promoción, diseño, coordinación, articulación, seguimiento y evaluación, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Se sustituye el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, creado por la Ley n.º 17514, por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, con competencia nacional y funciones análogas al sustituido y con otras específicas de la nueva temática. También se prevé la creación de comisiones departamentales para una vida libre de violencia de género hacia las mujeres por parte del Consejo Nacional Consultivo.

Por último, cabe referir a la creación del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres como órgano interinstitucional de naturaleza mixta, conformado por integrantes de la OPP, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Los cometidos fundamentales asignados son el de monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización permanente de datos e información, así como la difusión de las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras.

El capítulo III, «Directrices para las políticas públicas», establece lineamientos generales de política para enfrentar la violencia basada en género, que son el resultado de un proceso de acuerdos intra- e interinstitucionales entre los organismos en los ámbitos correspondientes: educación, salud, laboral y seguridad social, seguridad, defensa nacional, comunicación, relaciones exteriores.

La norma mandata y obliga específicamente a las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, a adoptar y ejecutar programas y acciones para la erradicación de la violencia basada en género hacia las mujeres, conforme a la legislación aplicable y, en particular, teniendo en cuenta lo previsto en el Plan Nacional contra la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. A título ilustrativo se indican, en los distintos ámbitos, aspectos que merecen su destaque.

En materia de directrices para las políticas educativas, el articulado prevé la obligación para las instituciones educativas de todos los niveles, incluso las no formales, de establecer como requisito de contratación la ausencia de antecedentes administrativos o penales en asuntos de violencia física, psicológica, sexual, doméstica, considerándolos una inhabilitación para la función docente. Esto es de importancia sustantiva porque, sin duda, muchos nos sorprendemos cuando vemos que personas que han tenido este nivel de antecedentes reiteran sus acciones por no haber tenido, desde el Estado y con un marco legal adecuado, la prevención sobre estos aspectos. Nos parece que esto, indudablemente, generará polémica en algunos lugares, pero es de estricto orden y justicia avanzar en este sentido.

En materia de salud se consagra la obligación del Estado, sus agentes y demás prestadores de servicios de salud a desarrollar políticas orientadas para hacer frente a la violencia basada en género como problema de salud pública, difundiendo información sobre los programas y servicios para su prevención. Se determina el deber de los agentes y prestadores de servicios de asegurar la existencia de mecanismos de respuesta inmediata en la atención de todas las mujeres, garantizando la confidencialidad y el respeto por su vida privada en todos los servicios de salud. Los lineamientos promueven, también, la protocolización de las intervenciones respecto de las personas intersexuales.

Quiero aclarar que con relación a algunas de estas políticas públicas hay ya muchos avances que se han venido consolidando, pero lo importante es que hoy quedan en el marco de la ley y, por tanto, no a la voluntad y decisión exclusiva de quienes dirigen circunstancialmente algunas de estas áreas de gobierno.

Con relación a la temática vinculada a las políticas laborales y de seguridad social es muy relevante destacar la directriz de incorporar la perspectiva de género en el ámbito de las correspondientes competencias por parte de los distintos obligados, según programas y servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reglamentando acciones para la prevención, detección, investigación y sanción de la violencia basada en género en el ámbito laboral. En lo referente a lineamientos sobre seguridad, se considera muy importante el mandato legal específico para el Ministerio del Interior y todo otro órgano vinculado a las políticas de seguridad, de aprobar normativas para que la intervención en situaciones de violencia basada en género sea oportuna, de calidad, eficaz, procurando evitar la revictimización y asegurando, por tanto, la protección de las mujeres.

En materia de defensa nacional, entre las directrices para la fijación de las políticas del ministerio correspondiente cabe señalar el mandato de revisar la normativa militar y, en su caso, eliminar o promover la eliminación de toda forma de discriminación de las mujeres en el ingreso o la continuidad en la carrera militar. También se determina la obligación de incluir en el plan de estudios de las escuelas de formación militar la capacitación en derechos humanos de las mujeres y la violencia basada en género.

En materia de políticas de relaciones exteriores, las misiones diplomáticas y consulares deberán adoptar medidas tendientes a facilitar la documentación necesaria para el regreso al país de las mujeres uruguayas víctimas de violencia en el exterior, así como de las personas a su cargo.

En cuanto a lineamientos en materia de fijación de políticas de comunicación, se promueven varias directrices, y en esta área vaya si hay mucho por hacer, fundamentalmente en la promoción de la modificación de patrones socioculturales de conducta basados en la idea de inferioridad o subordinación de las mujeres.

Con relación a organismos con competencia en la rectoría de las políticas para la niñez y la adolescencia, se establecen lineamientos específicos, acordados con ellos, promoviéndose el dictado de procedimientos de denuncia, investigación y sanción de la violencia intrainstitucional que aseguren la inmediata protección y garanticen la no repetición. Se determina el deber para dichos organismos de consagrar como requisito de ingreso y contratación de personal nuevamente la ausencia de antecedentes administrativos o penales en asuntos de violencia, en línea con lo exigido para otros agentes en otros ámbitos.

En el área del adulto mayor se dictan directrices tendientes a transversalizar la perspectiva de género en las acciones de prevención, protección, atención y reparación de la violencia contra las mujeres mayores. En esta temática en la que muchas personas tienen sus derechos vulnerados, nuestro país el año pasado aprobó la Ley n.º 19430, que ratifica la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

En cuanto a directrices sobre discapacidad, se mandata a los obligados en la materia, entre otras, a desarrollar acciones para fortalecer la identidad personal y colectiva de las mujeres y promover la superación de estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas basadas en género.

En el capítulo IV, «Red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género», se determinan los servicios y prestaciones mínimas que los agentes involucrados deben cumplir. Se consigna que la red promoverá servicios de respuesta inmediata, atención psicosocial, en salud y patrocinio jurídico, así como respuestas para la permanencia en el sistema educativo, laboral, habitacional de urgencia y mediano plazo para las mujeres, y servicios de socialización para los hombres que hayan ejercido violencia. Los servicios de atención serán gratuitos y prestados por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, coordinando acciones entre sí y con los servicios involucrados según la materia. Los prestadores de servicios de atención a mujeres en situación de violencia deberán facilitar las respuestas a mujeres del medio rural o con dificultades de desplazamiento, brindando el servicio de respuesta mediante equipos móviles con personal especializado.

En cuanto a la problemática de soluciones habitacionales, el Instituto Nacional de las Mujeres es el encargado, por la norma, de brindar las respuestas pertinentes. Para el caso de retiro del hogar por orden judicial, se prevé la posibilidad de cesión del contrato de comodato o arrendamiento.

Sobre las medidas vinculadas para asegurar la permanencia de las mujeres en el trabajo, se determina el derecho a recibir el pago íntegro de su salario o jornal por el tiempo que conlleve la asistencia a audiencias, pericias u otras instancias administrativas o judiciales, así como a licencia extraordinaria con goce de sueldo por el lapso de veinticuatro horas a partir de la presentación de la denuncia policial o judicial, prorrogables para el caso de que se dispusieran medidas cautelares.

El capítulo V, «Procesos de protección, investigación y penalización de la violencia basada en género contra las mujeres», aborda aspectos administrativos y judiciales.

La sección I contiene normas generales para todos los procesos en relación a los derechos y a la prueba.

Por su parte, la sección II refiere a los procesos que se deben implementar en los ámbitos administrativos públicos y privados para la prevención, investigación, protección y sanción de la violencia basada en género que ocurra en el ámbito intrainstitucional.

La sección III aborda la competencia de los tribunales y las fiscalías. En el artículo 51 se prevén las competencias que se asignan a los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual.

La sección IV regula los procesos de protección en el ámbito judicial, siguiendo el modelo de la Ley n.º 17514 sobre violencia doméstica. Prevé la posibilidad de imposición de medidas en forma inmediata en situaciones de protección urgentes. Se establecen medidas cautelares genéricas y especiales no taxativas.

La sección V refiere a los procesos de familia y se relaciona la violencia basada en género con la causal de divorcio prevista en el numeral 3.º del artículo 148 del Código Civil y establece la pérdida del derecho de la patria potestad prevista en el artículo 284 del Código Civil para el caso de femicidio tentado o consumado.

En la sección VI se regulan los procesos penales, estableciéndose que los que son tramitados ante los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual se regirán por las disposiciones del Código del Proceso Penal. Se concede facultad a la víctima de solicitar que la audiencia no sea pública y de concurrir con acompañante emocional. En materia de prueba, consagra el instituto de la prueba anticipada y, por otra parte, en la medida de lo posible, que el testimonio de la víctima sea filmado para evitar así la reiteración y con ello la reestigmatización. Por otra parte, se dictan nuevas normas respecto a la acción penal y la prescripción de delitos; me refiero a los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis y 274 del Código Penal. En este sentido, se establece la suspensión de la prescripción de la acción penal de dichos delitos mientras la víctima sea menor de edad. Sin duda creemos que esta disposición representa un avance muy importante para que exista justicia en estos temas. En casos de sentencia de condena, además de la pena, se prevé una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, doce salarios mínimos.

En el capítulo VI, «Normas penales», se incorporan nuevos artículos al Código Penal. Se trata de un capítulo de enorme complejidad porque, sin duda, la existencia del debate sobre el Código Penal en la otra cámara, sumamente enlentecido –tal como ocurrió también en la anterior legislatura–, condiciona la necesidad de prever algunas disposiciones para que los tiempos diferentes de las normas y su aprobación no lleven a situaciones no deseadas. Como decíamos, incorpora nuevos artículos: 272 bis, abuso sexual; 272 ter, abuso sexual especialmente agravado y 273 bis, abuso sexual sin contacto corporal. En el articulado se regula la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal para delitos de naturaleza sexual hasta que la persona alcance la mayoría de edad. Se modifican normas vinculadas a la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y se sustituye el artículo 321 del Código Penal, que refiere a la violencia doméstica. La norma proyectada prohíbe conductas de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo o sexual de una persona sin su autorización. Se consagra el delito de grooming, que es el embaucamiento de personas menores de dieciocho años con fines sexuales por medios tecnológicos, como Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de información y comunicación.

En el capítulo VII, «Disposiciones finales», se derogan artículos vinculados al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, creado por la Ley n.º 17514, de 2 de julio de 2002. Se prevén exoneraciones tributarias nacionales o departamentales para los procedimientos administrativos y judiciales previstos en la ley.

Por último, debemos destacar que, dada la importancia y complejidad del asunto, durante el desarrollo del trabajo parlamentario todos estos temas fueron motivo de innumerables consultas para recabar información, opinión y expertise de muchas instituciones y organismos vinculados a la temática, que aportaron insumos de relevante significado y que contribuyeron a la reelaboración de algunos aspectos de este proyecto. En tal sentido, debemos relatar que recibimos a la ministra y a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, y la Suprema Corte de Justicia nos remitió un informe de la comisión asesora en temas de políticas de género. A su vez, participaron el fiscal y procurador general de la nación, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, la directora de la División de Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto del Niño y el Adolescente, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia –Sipiav–, la Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual, el Instituto Uruguayo de Derecho Penal, la Asociación de Magistrados del Uruguay, jueces, defensores de oficio, Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y grupo Intersocial Feminista.

Como dijimos, señora presidenta, este es un proyecto que transforma pautas culturales de toda la historia y, a nuestro juicio, genera mejores condiciones para afrontar esta situación en la que Uruguay tiene el lamentable y triste privilegio de tener una incidencia tan significativa de la violencia hacia las mujeres.

Muchas gracias.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo se me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día de hoy.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Ivonne Passada. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Queda convocada la señora Zulimar Ferreira, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 17827 inciso D, solicito a usted se me conceda licencia desde el día 21 de noviembre al día 27 del mismo mes inclusive, del corriente año.

La misma tiene por objeto corresponder a la invitación de la Secretaría General de la Internacional Socialista, la cual se adjunta, para asistir en calidad de miembro a la reunión del Consejo del Presidium de la Internacional Socialista a celebrarse en la ciudad de Barcelona, España.

Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor cortesía.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con el tratamiento del tema en discusión.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: para mí es un honor participar en la discusión de este proyecto de ley.

En nuestra bancada hemos resuelto repartir las responsabilidades y, puesto que comparto el planteo de la señora senadora Xavier, hago mías sus palabras. Por tanto, no ingresaré en consideraciones generales, sino que, para contextualizar el trabajo que tengo encomendado –no solo por mi bancada, sino por la comisión en general–, voy a hacer dos o tres apreciaciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señora senadora.

Reitero la solicitud de que hagamos el máximo silencio posible en sala para escuchar a los senadores en uso de la palabra.

Muchas gracias.

Puede continuar la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Como decía, voy a hacer dos o tres apreciaciones generales para contextualizar mi intervención.

Para eso, comenzaré por leer un concepto que comparto contenido en la exposición de motivos de este proyecto de ley que, como bien decía la senadora Xavier, ingresa al Parlamento en abril de 2016 para su consideración. Dice así: «La violencia basada en género hacia las mujeres es “uno de los más graves desafíos de nuestra época”. Constituye una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y sistemática a lo largo de la historia y de las diversas culturas y regiones y uno de los mayores obstáculos para poner fin a la desigualdad y a la discriminación».

Como lo mencionó la señora senadora, más adelante se expresa lo siguiente: «Se estima que el 35 % (treinta y cinco por ciento) de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia por parte de una persona distinta a su pareja en algún momento de su vida».

Asimismo, la señora senadora se refirió a la primera, segunda y tercera generación de leyes vinculadas a este tema. Me quiero detener en lo que significa esta tercera generación de leyes integrales porque incorporan una cantidad de elementos que otras normas no habían tenido en cuenta, como muy bien reseñó la senadora Xavier. Cabe destacar que las leyes integrales como la que estamos analizando, abordan con detalle aspectos vinculados a la contextualización de la violencia, de manera de precisar su objeto y organizar la estructura institucional para dar respuesta a la violencia basada en género. Cuando hablo de «estructura institucional», me refiero, por supuesto en primer lugar, al Estado. Pues bien, se incorpora la responsabilidad de los organismos, los servicios de atención, las prestaciones, para la adecuada atención a las víctimas. Asimismo, se establecen procedimientos administrativos ante la violencia intrainstitucional y los procesos judiciales de protección penal y de reparación.

Esto lo detalló la senadora Xavier cuando habló de los siete capítulos de esta ley, que fue introducida en el Parlamento con 103 artículos, de los cuales hoy tenemos 98 en consideración.

El jueves pasado, en ocasión de celebrarse el 30 aniversario de la Casa de la Mujer de la Unión, la socióloga Teresa Herrera habló de la sociología de los cuerpos –así lo llamaba ella– y planteó que el cuerpo de las mujeres es un tema de relaciones de poder. Quiero compartirlo en el Senado, porque realmente es así.

Como muy bien lo expresó la señora senadora Xavier, cuando resolvimos que el artículo 95 de este proyecto de ley, que tipifica el femicidio, sería tratado de manera independiente, no lo hicimos por un criterio frívolo u oportunista, sino por una realidad que se caía ante nuestros ojos. De algún modo, allí estábamos analizando y concluyendo que, aquello de «la maté porque era mía» –que es uno de los denominadores comunes en casos de femicidio– o la terrible expresión del matador de Valeria Sosa delante de sus hijos que dijo, con total desparpajo: «Mamá se portó mal y papá se enojó», lo podemos visualizar, no solo cuando se llega al extremo de matar a una mujer, sino también cuando se ejerce todo tipo de violencia, como señaló muy bien la senadora Xavier. Este concepto se ha incorporado en este proyecto de ley y tiene que ver con el tema planteado por Teresa Herrera: la sociología de los cuerpos y las relaciones de poder vinculadas al cuerpo de las mujeres.

Yendo a lo que me compete en esta intervención, voy a señalar algunas cosas que me parecen de rigor, a los efectos de comprender cómo vamos a transitar el camino de la aprobación del proyecto, independientemente de las consideraciones generales que se puedan incorporar en esta sesión.

Lo primero que quiero señalar es que la reducción de artículos, que de 103 quedaron 98, no se debe a que hayamos querido desactivar algunos de ellos, sino a que hicimos algunas conexiones entre artículos, por ejemplo, para generar uno solo de dos de ellos.

Asimismo, hicimos consideraciones importantes vinculadas al proceso penal. El artículo 82 del proyecto original, que hacía mención a modificaciones de los artículos 96 y 97 del Código del Proceso Penal, lo trasladamos a la Comisión de Constitución y Legislación y, actualmente, esos artículos, modificados en la dirección que estaban en el proyecto original, están incorporados y forman parte de la Ley n.º 19549. Por eso, deberán comprender los señores senadores que la correlación de los artículos del proyecto original no es la misma que el que estamos considerando.

Por la misma causa, el artículo 95, relacionado con el tema del femicidio, que también fuera tratado y aprobado de manera individual en la Comisión de Constitución y Legislación, que –como bien decía la señora senadora Xavier– hoy forma parte de la Ley n.º 19538, tampoco va a estar en este proyecto de ley con esas características.

Así que me voy a limitar a hacer algunas consideraciones vinculadas a las modificaciones que vamos a introducir en el texto, aquí en sala, porque es un mecanismo que se utiliza en el tratamiento de muchas leyes. Por ejemplo, es sabido por todos y todas, que cuando analizamos los presupuestos o las rendiciones de cuentas tenemos sobre la mesa carpetas con artículos sustitutivos y aditivos de todos los senadores y senadoras, también a consideración –porque así se estila– del Senado de la república. No voy a analizar si está bueno, malo o regular, pero es así.

Quiero decir, entonces, que hemos presentado como comisión –firmados por todos sus integrantes– dieciséis artículos sustitutivos, un aditivo y haremos además una corrección verbal vinculada a lo que yo llamaría –entre comillas– el «cepillado fino» del proyecto de ley, una vez que la comisión terminó su trabajo, lo que no significa que haya terminado el trabajo de los integrantes y las integrantes de la comisión. Me interesa que quede claro, señora presidenta, porque ya la semana pasada habíamos acordado –en ese repaso responsable que hicimos todas y todos los integrantes de la comisión y que lo intercambiamos con el Instituto Nacional de las Mujeres– que estas modificaciones lleguen a la Mesa, atendiendo también algunas consideraciones que vinieron de la sociedad civil y que nosotros, de alguna manera, incorporamos.

Paso, entonces, señora presidenta, a hacer una rápida reseña de los artículos que vamos a modificar. La fundamentación, si se quiere, podemos darla en la discusión en particular. En términos generales, vamos a modificar el artículo 2.º, volviendo a su redacción original, porque valoramos que era importante declarar como prioritaria, y dejarla a texto expreso, la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin.

También, en el literal O) del artículo 6.º, por error, omisión o lo que sea, le quitamos la palabra «humanos», pero no debió haberse eliminado. Son derechos humanos –lo dijimos desde siempre– y está en la exposición de motivos.

Además, señora presidenta, incorporamos un nuevo literal, ya que en el repaso final vimos que en ese artículo no se había incluido el tema relativo a la violencia étnico racial.

En el literal I) del artículo 7.º hacemos una modificación de texto vinculada a la ley de interrupción voluntaria del embarazo –Ley n.º 18987, de 22 de octubre de 2012–, con el fin de resolver un problema con las mujeres migrantes que, al no tener un año de residencia en nuestro país, no son nacionales y no tienen derecho a ese servicio, porque así lo dispone la propia ley. En este caso, estamos estableciendo una excepción a esa norma porque nos pareció mejor que fuera una modificación a la ley original que quedara estampada en el texto que estamos modificando.

En cuanto al literal A) del artículo 21, vamos a hacer una modificación verbal puesto que hay que «proteger y reparar» los daños causados por «la violencia contra las mujeres», no la violencia.

En el literal J) del artículo 22) acordamos un texto –que lo trabajamos mucho– vinculado a protocolizar las intervenciones respecto de personas intersexuales, prohibiendo los procedimientos médicos innecesarios en niños, niñas y adolescentes. Lo trabajamos mucho y, además, tuvimos el apoyo y la contribución de la señora senadora Michelle Suárez en este aspecto. La redacción es la que pondremos a consideración oportunamente.

Con respecto al literal E) del artículo 24, también vamos a fundamentar una nueva redacción ya que, a nuestro entender, sería un retroceso en las políticas desarrolladas en los últimos años habida cuenta de que se crearon unidades especializadas en violencia doméstica. Puesto que es una línea de acción que estamos llevando adelante, el texto debe ir en consecuencia o en coordinación con eso.

Si no recuerdo mal –porque no estoy haciendo el seguimiento con el comparativo–, los artículos 37 y 38 referidos por la señora senadora Xavier, que originalmente eran los artículos 40 y 41, tienen que ver con la vivienda y con la cesión de contratos de comodato o arrendamiento, cuya redacción se adecua –no me gusta mucho hablar del espíritu de las leyes, pero en este caso sería el espíritu del proyecto de ley– a la intención o espíritu que se quería plasmar en el texto original.

Con respecto a la valoración de la prueba, en el artículo 46 vamos a introducir modificaciones para que el texto establezca que en todos los casos –debemos agregarlo– se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica, no siendo válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios.

Esto es muy importante porque muchas veces se pone en tela de juicio la credibilidad de lo que dicen niñas, niños y adolescentes.

En cuanto al artículo 62, «La carga de la comparecencia», debo decir que hubo un debate intenso en la comisión, un intercambio riguroso, no frívolo, señora presidenta, ¡riguroso! Este artículo establece que el denunciado está obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser conducido ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública. En este caso, la propuesta es agregar que, sin perjuicio de ello, si no fuere ubicado o no concurriere a la audiencia por cualquier motivo, esta se celebrará de todas formas y se adoptarán las medidas que correspondan. Esta disposición refiere a las medidas cautelares, señora presidenta, no a las medidas de fondo. La idea es que la no comparecencia no implique la imposibilidad de dictar medidas cautelares. Es eso y no otra cosa. Consideramos que este no es un debate sobre temas de constitucionalidad, sino que son, reitero, facultades de naturaleza cautelar. Claramente, no se trata del proceso penal por lo que no estaríamos incurriendo en una situación que estuvimos analizando y que podría ser interpretada de otra forma.

Como los senadores y las senadoras somos seres pensantes y razonamos, reitero que introdujimos estas modificaciones luego del «cepillado final».

A los efectos de un mejor ordenamiento de la parte penal y habida cuenta de que la derogación del artículo 279 del Código Penal estaba en un lugar inapropiado –estaba en el artículo 78– hicimos una nueva ingeniería del articulado, por lo que los artículos 78, 86, 87 y 88 contienen algunas correcciones vinculadas al texto, que leeremos en el momento de la consideración en particular.

También volvemos a utilizar algunos términos que venían en el texto original habida cuenta de que, por ejemplo, en el artículo 87, el verbo que habíamos sugerido –«agredir»– no interpretaba del todo lo que quería plantearse en una lectura completa y compaginada. Por esa razón, tomamos el término original, es decir, «invadir».

En otro orden de cosas, introdujimos un concepto que nos pareció importante. Aquí había un tope de edad de quince años para estas nuevas tipificaciones de delito, pero lo llevamos a dieciocho años, habida cuenta de que esa edad es la que marca la mayoría de edad.

Como he dicho, el artículo 89 está en ese paquete de ordenamiento.

En los artículos 92 y 94 también incorporamos algunas consideraciones –que oportunamente iremos detallando cuando se desglosen los dieciséis artículos en la discusión particular–, a los efectos de sustituir los textos que ya han sido firmados por todos los integrantes de la comisión. También se introducirá un aditivo –que ya he señalado–, vinculado al artículo 6.º, literal R) y una corrección verbal al artículo 21, literal A).

Por último, al igual que en el capítulo que atendía a las modificaciones procesales, en el capítulo VI referido a los procesos penales, tuvimos que hacer un juego para intentar coordinar tiempos en lo que tiene que ver con lo que se estaba tratando en la Comisión de Constitución y Legislación, que era la reforma del Código del Proceso Penal. A su vez, estábamos un poco expectantes sobre lo que estaba pasando en la Cámara de Representantes –como bien decía la señora senadora Xavier–, en cuanto a una deuda que tiene pendiente este Parlamento, que es la modificación del Código Penal, que es vetusto, del año 1934. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Modernización y Humanización del Sistema Carcelario, que creó dos comisiones, dicho código está en un proceso de debate permanente, pero no de conclusiones. Por consiguiente, yo también quiero hacerme cargo de ese debe, porque no es menor el hecho de tener que estar buscando armonizaciones, a los efectos de no generar dudas en lo que puede ser la interpretación judicial de estas nuevas tipificaciones. Más de una vez señalé lo arcaico, lo vetusto, lo anacrónico de algunas tipificaciones de nuestro Código Penal. Nuestro código habla de conjunción carnal, del ultraje violento al pudor –como si el señor pudor fuera el violentado–, o del atentado al pudor, como si el señor pudor fuera alguien a quien podemos estar agrediendo. Las agresiones se cometen contra las personas, se trata de derechos de las personas, aunque nuestro Código Penal siga hablando de derechos del hombre.

En definitiva, a los efectos de no generar ninguna interpretación complicada en este proceso –que aspiramos que se concrete en un nuevo Código Penal que ordene, que elimine los bis, los ter, los quater, los quinquies y todo lo que tenemos que incluir de manera desprolija, porque es necesario seguir introduciendo modificaciones, leyes, etcétera–, la idea es que se pueda transformar en un nuevo código. Mientras tanto, nos aseguramos de que la interpretación judicial no genere algo que pueda ser complicado, por eso de que en el derecho penal se aplica la retroactividad de la ley más benigna. En ese aspecto preferimos la «desprolijidad» –lo digo entre comillas– de seguir utilizando esa terminología y esa tipificación, cohabitando con las nuevas tipificaciones que estamos introduciendo. Reitero: preferimos esa «desprolijidad» a tener a un violador en la calle, por una interpretación judicial que determine que estas tipificaciones son delitos diferentes a los que hoy tenemos con un lenguaje totalmente ridículo –voy a utilizar ese término– en nuestro Código Penal.

Señora presidenta: esta era la responsabilidad que había asumido en la comisión, en acuerdo con todos sus integrantes. Por otra parte, hemos presentado sustitutivos y aditivos –que ya están en la Mesa– y en el momento de comenzar con la discusión particular, en función del acuerdo celebrado en la comisión, solicitaré a la señora presidenta que me dé la palabra para instrumentar los mecanismos de votación correspondientes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Así lo haremos, señora senadora.

SEÑORA ARGIMÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ARGIMÓN.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 11:15).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:49).

–Pido disculpas porque había entendido que los otros miembros informantes no iban a hacer uso de la palabra, pero estaba equivocada.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Como integrante del Partido Colorado y como miembro y presidente de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión quisiera dejar constancia del buen trabajo de los senadores de todos los partidos para llevar adelante este proyecto de ley, que tiene como objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, tema más que sensible para nuestra sociedad en los días que corren, que no podía esperar más para ser aprobado.

Debo expresar mi respaldo a esta iniciativa legislativa que tiende a consolidar el derecho de igualdad entre todos los habitantes de la república, mediante gestiones positivas, tratando de impedir la violencia de género contra todas las mujeres.

Este proyecto de ley se ajusta al derecho internacional vigente en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a las mujeres. Se trata de un compromiso que tiene el Estado con toda su población. Como miembro de nuestro partido y como integrante de esa comisión, celebro que esta necesidad de justicia social haya ingresado en esta agenda pública. Será la aprobación de una ley significativa que, sin duda, irá colaborando paulatinamente para dar respuestas ante esta problemática que debe extirparse. ¡Claro que habrá muchas cosas para mejorar y surgirán otros asuntos en los que trabajar!, pero esta ley será el puntapié inicial de cara al futuro, ya que abarca todo tipo de violencia hacia las mujeres. El próximo 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en cada acto del país se sabrá que este proyecto de ley tendrá por lo menos media sanción del Parlamento lo que, sin dudas, dará mayor entusiasmo a todos en busca de la reivindicación de la equidad de los derechos humanos.

A través de la Prosecretaría Nacional de Políticas de Género, se realizó un muy buen trabajo en el Partido Colorado, promoviendo herramientas para atenuar y eliminar los distintos flagelos sociales a todos los niveles. Estas realidades nos duelen y debemos cambiarla; se trata de un compromiso que nos involucra a todos como sociedad.

No quería dejar de mencionar en este día la creación de la Comisaría de la Mujer, en la órbita del Ministerio del Interior, durante el Gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, así como la aprobación de la Ley n.º 17514 contra la violencia doméstica durante el Gobierno del doctor Jorge Batlle, que fueron las primeras medidas que se tomaron contra este flagelo al que no nos resignamos.

Vamos a votar este proyecto de ley. Hemos trabajado en él y, realmente, queríamos destacar el muy buen trabajo de toda la comisión, que dedicó mucho tiempo y se desempeñó con mucha seriedad y responsabilidad, con actitud y ganas para que las cosas salieran adelante. Nosotros, que integramos esta comisión en forma especial –porque durante este tiempo hemos estado supliendo a nuestra entrañable amiga Martha Montaner, que era la presidenta y un baluarte muy importante al momento de hacer tantos aportes en este sentido al país, al partido y a todos nosotros–, claramente queremos trasmitir que nos hemos sentido identificados en muchos aspectos de este trabajo, porque nos parece que todos los partidos políticos buscamos el mismo camino sobre esta iniciativa y queremos llegar por los mismos motivos a concretar esta herramienta que es un inicio sobre el tema. Quiero destacar una vez más que se trabajó mucho y bien.

Señora presidenta: los senadores del Partido Colorado vamos a votar este proyecto de ley, más allá de que algunos compañeros integrantes de esta bancada van a intercambiar algunas opiniones, para intentar hacer aportes sobre un tema que nos interesa a todos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Aviaga.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: en nombre de quienes trabajamos en la comisión representando al Partido Nacional, queremos expresar nuestro voto a conciencia a favor de este proyecto. Creemos que es una gran herramienta que se le está dando a nuestra sociedad para abordar una problemática que realmente existe en nuestro país y que muchas veces se ve naturalizada y normalizada, como es la violencia hacia las mujeres basada en género. Se trata de una herramienta del cambio cultural; así la hemos visto nosotros. En Uruguay hay una legislación nacional que ha ido incorporando los derechos y garantías reconocidos en las convenciones internacionales, pero es necesario legislar en forma más integral y sistemática para combatir la violencia hacia las mujeres basada en género.

Alrededor de siete de cada diez mujeres mayores de quince años en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia doméstica, violencia laboral o violencia social, en cualquier ámbito donde se desarrollaron. Me gustaría hacer un ejercicio con las mujeres que hoy estamos en sala y veremos que seguramente todas conocemos o hemos vivido algún episodio que tiene que ver con la violencia basada en género.

¿Que son temas difíciles de abordar? ¡Sí! ¡Y de reconocer, más aún! Pero creo que comienzo tienen las cosas y este es un gran paso que se da hacia esa visión integral de la temática y hacia ese abordaje integral que se le tiene que dar.

La condición femenina debe ser reconocida e integrada como tal a las políticas públicas y al diseño y ejecución de esas políticas. En más de una ocasión he reiterado que no me defino como feminista, pero sí como una persona que cree en el derecho a la igualdad de oportunidades que todos debemos tener. Hay gente que a través de las redes sociales nos está enviando algún mensaje y nos dice: «Bueno, sí, pero la violencia de acá y la violencia de allá…», pero en este caso, hoy, estamos hablando de la violencia basada en género hacia la mujer.

En esta temática se trabajó durante más de un año –diría que un año y medio– en forma responsable, tratando de abarcar todas las miradas y buscando las mejores formas para que esto hiciera carne en la gente que vive la problemática, con el fin de convertirla en una herramienta que sirva, a la hora de defender esos derechos, a quienes los tienen que llevar adelante, es decir, los jueces y los fiscales.

Al principio surgieron ciertas dudas al escuchar las distintas objeciones que se le hacían al proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de las formas como de su implementación, porque esto requiere de un cambio, no solo cultural, sino en el hacer desde toda perspectiva.

En verdad, creo que uno no está preparado hasta que empieza a asumir las responsabilidades y comienza a andar el camino. En este caso, si nuestro sistema judicial o fiscal o nuestras instituciones aún no están preparadas para asumir los desafíos o tienen dudas acerca de cómo implementar este proyecto de ley, gracias a esta norma se va a empezar a andar ese camino; gracias a ella y también a la iniciativa de muchísimas mujeres que estuvieron detrás del tema –no solo mujeres, sino ciudadanos de este país–, podremos poner sobre la mesa esta temática angustiante para muchísimas mujeres y empezar a buscar soluciones de fondo. Habrá que ir viendo cómo se va a implementar y si se deben impulsar cambios, o no, para que tenga mayor impacto. De alguna manera, eso se verá sobre la marcha. No obstante, hoy quiero destacar esta herramienta que, a partir de la media sanción lograda en el día de hoy –luego pasará a la Cámara de Representantes–, va marchando, generando un camino para mejorar la calidad de vida de las mujeres y reconociendo que esta problemática existe y debe ser abordada.

Señora presidenta: es con mucho gusto que vamos a votar este proyecto de ley y recomendamos al Cuerpo su aprobación en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑORA SUÁREZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SUÁREZ.- Señora presidenta: en lo particular, al analizar este proyecto de ley –tal como ocurrió ayer cuando se consideró y aprobó el relativo a la trata de personas– se vuelven a ver algunos elementos que resultan repetitivos y otros, algo innovadores.

Hablar de que vivimos en un sistema patriarcal, que tiene enormes contradicciones de género y que eso produce injusticias sociales resulta de Perogrullo. La cuestión es que esto involucra, necesariamente, elementos del estigma y la discriminación.

En este caso, cuando hablamos de mujeres, no nos referimos al estigma y a la discriminación como generalmente se atribuye a minorías, porque en este país las mujeres son más del 50 % de la población. Hablar de estigma y discriminación implica que existen elementos intrínsecos a una persona –como puede ser su género– que se consideran indeseables porque, de alguna manera, la hacen inferior. Por lo general, la discriminación es la puesta en escena del estigma. Son actos de todo tipo que tienden a menoscabar el acceso igualitario a los derechos y libertades fundamentales –en este caso de las mujeres– y traen aparejado el menoscabo de la mayoría de sus derechos a lo largo de sus trayectorias de vida, haciendo que sean ciudadanas de segunda categoría.

Por decirlo de alguna manera, considero algo innovador el hecho de que las barreras constantes que se utilizan al abordar estos temas, en realidad, no son prioritarias, pues existen otras cuestiones que sí lo son por ser coyunturales o porque, en el fondo, subyace la idea de que hay ciertos derechos que son menores o que no tienen la misma importancia que otros. Si bien a nivel del debate internacional hace décadas que se ha saldado el tema acerca de que los derechos humanos son complementarios, indivisibles e interjerárquicos, por lo que no se puede hablar de que hay derechos prioritarios o jerárquicamente superiores, generalmente este es un argumento sumamente efectivo para no visibilizar estas temáticas y no tratarlas.

El hecho de que en este momento se haya atravesado el proceso de creación de un proyecto de ley para ver si se puede aprobar en esta cámara implica, por primera vez, que estos argumentos fueron dejados de lado en forma integral y que lo que generalmente se barre bajo la alfombra –es decir, la responsabilidad del Estado en estas cuestiones– actualmente está siendo asumido como una responsabilidad: legislar en forma integral sobre estas temáticas que, reitero, no son derechos menores. Ahora bien, lo que muchas veces se plantea es que las situaciones que vemos de violencia hacia la mujer generalmente se dan en ámbitos intrafamiliares, para lo cual rige la Ley n.º 17514, de violencia doméstica.

¿Por qué son tan alarmantes las cifras de violencia doméstica que tenemos? Cualquier persona que, en su experiencia forense, trabaje estos temas en los juzgados sabe que hay un aluvión de denuncias y de expedientes para ser tramitados, y hablamos solo de los que llegan al Poder Judicial. Digo esto porque cuando nosotros hablamos de violencia doméstica sabemos que los casos que llegan al Poder Judicial son un mínimo de las situaciones vividas en la realidad social y son, apenas, fotografías de instantes de una larga película. En realidad, la violencia doméstica es un proceso de degradación que implica diversos tipos de violencia combinados, que pueden ser: sexual, moral, psicológica, física o patrimonial, entre otras, que se van dando en un largo proceso de menoscabo. Ahora, ¿por qué es tan alarmante? Si bien no es posible explicar todo proceso complejo por una única causa, porque suelen ser multicausales, lo que sucede es que muchas formas de violencia están naturalizadas y se consideran parte del diario vivir; por lo tanto, muchas veces no nos alarmamos. A su vez, esas causas están «estimuladas» –lo digo entre comillas porque no es la palabra más adecuada– desde una serie de condiciones sociales que muchas veces propenden al ejercicio de la violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres y las niñas. Estas condiciones siempre me hacen acordar a lo que planteaba Stuart Mill en cuanto a que se pretendía decir que cuando las mujeres se desarrollaban mejor en un ámbito que en otro o ejercían ciertas formas de actuar, de pensar o de sentir, o una profesión, más en un ámbito que en otro, se consideraba que eran cuestiones espontáneas, propias de condiciones intrínsecas de la mujer como tal, que tenía mayores habilidades para desarrollar ciertas actividades y carecía de las habilidades innatas –que el hombre sí tenía– para poder desarrollar otras. Él decía: «Yo podría concluir algo así el día que conozca a una mujer natural. Lo que conozco son mujeres que desde su nacimiento hasta su muerte están siendo condicionadas social y culturalmente todo el tiempo, de modo preformático, respecto a cómo deben ser, actuar y sentir». Y es muy difícil, cuando eso es así, cuestionarnos hasta qué punto muchas de las formas de actuar son propias o, en realidad, repeticiones de elementos aprendidos.

Este proyecto de ley se atreve a tratar de tener una visión de la violencia ejercida sobre la mujer, no solo en el lugar de mayor alarma, que es la violencia intrafamiliar, sino en todos los aspectos que socialmente rodean y estimulan situaciones de violencia. Creo que una de las fortalezas que tiene esta iniciativa es que, de alguna manera, recoge la experiencia de la aplicación de la Ley n.º 17514 sobre violencia doméstica, porque jurisdiccionalmente se aplica, en Montevideo, en los juzgados especializados en familia y, en el interior, en todos los juzgados letrados, que en su gran mayoría son multimateria porque prácticamente no existen juzgados especializados en el interior del país. Y lo que recoge son los problemas que tiene la aplicación; más allá de que algunos elementos son interesantes y se pueden tomar como éxitos de esa ley en su aplicación práctica, otros son problemas graves. Esto no lo digo desde las cifras sino desde mi experiencia forense como abogada porque trabajo en los juzgados. Cuando hablamos del acceso a la Justicia, actualmente tenemos mecanismos por los cuales cuando una mujer se encuentra en una situación de emergencia –porque, por ejemplo, es golpeada en su casa o sufre algún otro tipo de violencia, no necesariamente física sino que puede ser sexual, patrimonial, moral o psicológica– y denuncia la situación, las medidas de protección que le pueden salvar la vida a ella y a sus hijos van a depender de lo que el Policía le trasmita telefónicamente al juez de turno. Repito: de lo que el Policía entiende que esta mujer está denunciando, en una situación de absoluta angustia, y de lo que trasmite, va a depender la medida que tome el juez. Se han dado muchas circunstancias donde la trasmisión es tan errónea, que se dice a la mujer: «Guarde la compostura y pórtese bien» y se la manda nuevamente a su casa con su agresor.

Estas son las situaciones que hoy tenemos de acceso a la Justicia. Además, tenemos problemas cuando se establecen las medidas y hay que hacerlas cumplir porque, lamentablemente, hay violaciones sistemáticas de las medidas cautelares y no hay una aplicación estricta del delito de desacato cuando ello sucede. Entonces, no pasa nada y una medida que debería ser de protección absoluta, se termina transformando en un elemento más para que se siga hostigando a esta mujer. Tenemos problemas edilicios para convocar a audiencias porque no hay un lugar donde colocar a la víctima separada del agresor. Traemos a una persona, muchas veces mal asesorada, sola, angustiada, violentada y la sentamos, en una sala de espera, a tres o cuatro metros de su agresor. A su vez, las situaciones de violencia pueden dejar muchísimas huellas, incluso después de que cesa el vínculo con el agresor, porque muchas veces este lo que hace es difamar a la víctima, menoscabarla en su trabajo y levantar injurias de todo tipo, lo que acarrea consecuencias a posteriori y, por lo tanto, no tenemos elementos de reparación.

Este proyecto de ley recoge –o intenta hacerlo de la mejor manera posible– toda esta experiencia forense y da elementos integrales para una verdadera defensa de la mujer que es agredida. Desde ese punto de vista, me parece que es muy digno de felicitar todo el trabajo que se ha hecho y merece la más absoluta aprobación. Ahora bien, tampoco dejo de reconocer que –como sabemos– una ley por sí sola no puede resolver ningún problema social. En realidad, en su aplicación práctica creo que desde todos los elementos institucionales, que van a incluir no solamente al Parlamento, sino también al Poder Judicial, a los operadores jurídicos y al Poder Ejecutivo, se va a tener que pensar en la forma de disponer de elementos fácticos que permitan una aplicación eficiente. ¿Por qué digo esto? Si tomamos algunas cifras de nuestra experiencia forense, podemos confirmar que existe una denuncia por violencia doméstica cada diecisiete minutos. Esto implica que hay once mil cuatrocientos partes anuales de la Policía que llegan a los juzgados, pero si sumamos las denuncias que se hacen en baranda, con abogados particulares y demás, llegamos a una cifra de 42.000 hechos de violencia que llegan a los juzgados. Además, tienen que hacerse, como mínimo, dos audiencias por cada caso, una donde se determinan las medidas y otra evaluatoria, lo que implica que son 84.000 audiencias y tenemos solamente nueve juzgados especializados en Montevideo, en un país donde la mitad de la población está en la capital. En los dieciocho departamentos restantes contamos solamente con sesenta y seis juzgados letrados que atienden la temática y que en realidad son multimateria, o sea que no dedican el tiempo en forma exclusiva a este tema, sino que trabajan en derecho civil, de familia, comercial y contencioso administrativo, es decir, todas las demás materias. Por lo tanto, según el informe del Poder Judicial, este solamente puede dedicar a esta temática el 30 %, es decir que si hacemos el 30 % de sesenta y seis y le sumamos los nueve juzgados especializados en Montevideo tenemos, más o menos, unos veintinueve juzgados que están francamente desbordados, principalmente los de la capital, y les vamos a agregar competencia.

Desde el punto de vista legislativo, es fantástico que se trate de priorizar a la víctima y que se centre en un solo juzgado, no solo la situación de violencia sino todos los procesos derivados: desde lo penal, las situaciones de tenencia, la pensión de los menores, las situaciones que tienen que ver con el divorcio, etcétera. Todos esos elementos priorizan a la víctima y, desde el punto de vista de la ley, implican un avance enorme. Ahora bien, si esta norma recibe la aprobación de ambas cámaras y se convierte en una ley vigente –¡ojalá que así sea!– tendremos que hacer un esfuerzo gigantesco para monitorear adecuadamente su aplicación en la práctica y sortear estos obstáculos fácticos que tiene nuestro Poder Judicial, en tanto –desencajado y a veces funcionando como puede– es el único garante que tenemos del Estado de derecho y por él debemos bregar.

Finalmente, voy a hacer una alusión absolutamente personal; ahora no hablo ni como activista ni como senadora ni como abogada, lo hablo como mujer trans. Realmente me parece sumamente avanzado que, al hablar del ámbito de aplicación de esta norma, se nombre a texto expreso a las mujeres trans y que se sortee cualquier discusión al respecto, lo cual personalmente estaba segura de que iba a darse en lo práctico.

Cualquier mujer trans, en su experiencia de vida –¡si lo podré decir yo!–, sufre violencia callejera, institucional, y de todo tipo, desde que tenemos trece, catorce o quince años hasta el día que partimos de este mundo. Siempre creo que las sociedades pueden cambiar, mejorar y evolucionar, pero sinceramente pensé que los frutos de muchos de los esfuerzos realizados los verían las siguientes generaciones y que yo no iba a estar viva para verlos. Entonces, el hecho de que el Parlamento trate estos temas y busque la aprobación de una norma, francamente de avanzada para nuestro derecho, nos da por lo menos la idea de que se está en un camino esperanzador, de construcción de una sociedad que no es la actual, sino mucho más igualitaria y sinceramente menos discriminadora.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: ¡¿cómo no estar de acuerdo con una ley de este tipo?! ¡¿Cómo no estar de acuerdo con una ley contra la violencia?! ¡¿Cómo no estar de acuerdo con una ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género?! Creo que toda ley que persigue estos objetivos es, obviamente, acompañable, votable y buena para el país.

Hoy aquí se ha hablado mucho sobre este proyecto de ley, pero quiero hacer un alto y alertar sobre algo que a veces sucede con las leyes: nos invade el pensamiento mágico de que su mera aprobación soluciona los problemas, y no es así. La aprobación de una ley es el inicio de una etapa; la aprobación de una ley implica no solamente aplicarla, sino también lograr que todos los efectos que se pretenden con ella efectivamente tengan lugar en la vida cotidiana. A veces, insisto, hay una suerte de pensamiento mágico en ese sentido, en tanto se cree que la ley, por sí sola, va a solucionar todo, y eso provoca un dejarse estar, un «la lucha terminó», «logramos la ley y aquí se terminó todo». Creo que la aprobación de este proyecto de ley no tiene que llevar a eso.

Cuando analizamos esta iniciativa con ojo crítico vemos que, al parecer, le falta ir más al campo de la acción; enuncia una cantidad de derechos con los que estamos de acuerdo, establece determinadas directrices con las que, en principio, también estamos de acuerdo, pero crea esa suerte de suprainstitucionalidad que, a veces, en el fárrago de la burocracia, impide llegar realmente a la efectividad de la defensa de los derechos que queremos proteger. Dicen que es un mal heredado de la legislación colonial española: la profusión de normas que establecen derechos y la falta de normas que hacen efectivos esos derechos.

Por ejemplo, el artículo 23 habla de las directrices para las políticas laborales y de seguridad social y establece: «El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y todo otro órgano y organismo vinculado a las políticas laborales y de seguridad social, en el ámbito de sus competencias, deben:

A) Promover medidas que garanticen el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres, tanto en el sector público como en el privado, en particular el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor». Aquí decimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que debe promover medidas en el ámbito público y privado que garanticen el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por sexo, edad, etcétera, pero no establecemos el derecho. En lugar de aprobar una ley que diga que el ministerio tiene que promover algo, hay que aprobar una norma que establezca que es obligatorio que a igual capacidad, a igual posición, a igual trabajo, igual remuneración. Y no es que tenga que promoverlo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¡lo tiene que hacer cumplir! Y así debe estar establecido en la ley; pero acá no lo está.

Hemos presentado unos artículos aditivos, con la firma de muchos senadores –en este momento los está estudiando la bancada oficialista–, para atender uno de los problemas más graves de discriminación que actualmente hay en el Uruguay: la discriminación en el trabajo, la brecha salarial. Uruguay está segundo en América Latina en brecha salarial. El promedio es del 17 % y nosotros tenemos el 26,3 %. Esto no lo digo yo, sino un informe del BID y del Mides. ¿Lo vamos a solucionar diciendo que el ministerio tiene que promover medidas que garanticen la igualdad? ¡No! Debemos establecer claramente que es un derecho de la mujer a no ser discriminada. Porque si el ministerio lo promueve pero el empleador no cumple, señora presidenta, la mujer discriminada puede reclamar la diferencia, accionar y lograr efectivamente que sus derechos sean reconocidos. Me parece que ese debe ser el camino. Reitero que en este tema, después de Brasil, somos los que estamos en peor situación en América.

Así, hay muchas otras directrices, algunas de dudosa constitucionalidad, como las de la educación. ¿Podemos nosotros, Parlamento, invadir el ámbito constitucional de los organismos autónomos de la educación? Tengo mis dudas, creo que bastante sensatas.

¡¿Queremos que esté incluido en los programas de educación todo lo que hace a la no discriminación de la mujer y a la violencia?! ¡Claro que sí! Soy el primero en levantar la mano para eso, pero hay una Constitución. ¿El camino es una directriz por vía legal, o debemos ir por el camino de conversar con las autoridades de la educación y hacerles saber la importancia que esto tiene? Todos sabemos que, más allá de las medidas penales, del agravamiento de las penas y de las directrices, el gran problema de la discriminación y de la violencia en Uruguay radica, sin lugar a dudas, en la educación, en la formación y en el respeto que como sociedad hemos ido perdiendo, y que quizás en algunos ámbitos nunca tuvimos. De ahí mi advertencia sobre la necesidad de tener normas que efectivicen estos derechos, y de pasar de la enunciación a la concreción.

Creo que hay algunos artículos de esta ley que van en ese sentido. Me refiero a lo relativo a la red de servicios de atención, etcétera, en lo que tanto se ha trabajado y de lo que mucho hablaba con esa persona que tanto extraño y que cuando miro me parece ver aquí: la señora senadora Martha Montaner. Con ella conversamos por mucho tiempo sobre estos temas, por los que tanto trabajó, y la verdad es que cuando veo este proyecto de ley y leo sus artículos, la recuerdo, y cada día más.

Tiene otra cosa buena este proyecto de ley: el aumento de las penas. Creo que en los últimos años se ha dado la buena tendencia de aumentar las penas como solución para que quienes cometen delitos, no lo hagan más. ¡Es muy bueno!

En 2012 aumentamos las penas frente a delitos contra la Administración pública y el narcotráfico; en 2013, aumentamos las penas para los menores que cometen delitos; en 2014, creamos y aumentamos penas por porte, tenencia y tráfico de armas, así como también establecimos y aumentamos penas para aquellos empleadores que no cumplen con las normas en materia de accidentes laborales. En 2013 también se propuso un proyecto de ley sobre el Código de Responsabilidad Infraccional de Adolescentes; ni que hablar de las normas aprobadas después de los acuerdos de seguridad y en materia de proceso penal. Además, se aumentaron las penas en materia del delito de abigeato, e inclusive en el día de ayer estuvimos aumentando penas en el proyecto de ley aprobado en esta misma cámara sobre la trata y el tráfico de personas.

Esta de hoy es una confirmación de esa orientación del oficialismo –que acompañamos– en el sentido de que el aumento de las penas es necesario, no solamente cuando se afecta la libertad de las personas, sino también cuando está en riesgo la vida o se sufre violencia, como ocurre en este caso.

Y es bueno no hacerse los distraídos entre el discurso público y el que hacemos acá; yo nunca lo he hecho. Estoy seguro de que los señores senadores que votan este proyecto de ley lo hacen convencidos de que ese aumento de las penas es algo bueno, quizás cambiando algunos discursos del pasado; pero bueno, no entremos en el mal gusto de recordar discursos del ayer cuando hoy se retoma el camino correcto de enfrentar los problemas que tiene el país.

Lamento que no esté en sala una distinguida señora senadora, no porque esté su suplente, sino porque siempre tenemos…

(Intervención que no se escucha).

–Sí. Pero como no puede contestar no voy ahora a referirme a ella –me dicen que está por ahí, en la barra–, pero quizás en otra sesión podamos seguir conversando de estos temas que le apasionan tanto como a mí, y estoy seguro de que acompaña este aumento de las penas.

¿No se le puede dar la palabra por una alusión, señora presidenta?

(Intervención que no se escucha).

–¿No se puede hacer una excepción, si estamos todos de acuerdo? ¿Que conteste una alusión desde la barra?

Igualmente, todos imaginamos lo que ella estaría diciendo.

En definitiva, está buena esta orientación penalizante del oficialismo.

Hay otro aspecto que nos parece bueno y queremos destacar, señora presidenta, por más que no lo dice la exposición de motivos. Muchas veces nos quejamos de que los proyectos de ley que hemos propuesto no son tratados, porque en este caso los artículos 92, 93 y 94 son casi iguales –con unos pequeños cambios– a proyectos de ley que presentamos, y si bien no entendemos por qué el grooming y los menores figuran en este proyecto de ley, es bueno que hayan sido considerados.

Sin perjuicio de ello, quizás en este proyecto de ley se omitieron algunas cosas que deberían agregarse, para lo cual presentaremos algunos sustitutivos.

Con respecto a la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, en los últimos tiempos lamentablemente la prensa ha dado a conocer una cantidad de noticias sobre esa barbaridad –como el caso de la pobre chica en Rocha y varios más–, relacionada con la pornografía de venganza o de diversión, en la que se obtienen y difunden imágenes sin el consentimiento de quienes las protagonizan. Y no se trata solamente del derecho a la imagen que tiene cada persona –establecido en la Ley n.º 9739 sobre derechos de autor–, sino también el derecho al honor, que tiene rango constitucional, pues está establecido en el artículo 7 de nuestra carta magna.

Prohibir la difusión de imágenes sin el debido consentimiento, parece ser algo necesario en estos tiempos del WhatsApp, Internet, correo electrónico, Facebook, etcétera. Y por más de que muchos de esos sitios –como el propio Facebook, Instagram, etcétera– tengan una suerte de autorregulación sobre lo que se sube, es sabido que hay una cantidad de situaciones que han llevado, incluso, al suicidio. El caso de Tiziana Cantone, por ejemplo, una joven italiana que se había filmado con su novio, y el video fue difundido en toda Italia y hasta se hicieron remeras con sus palabras; tuvo que cambiarse el nombre y mudarse de ciudad, y debido a que la seguían reconociendo, un día se suicidó.

Prevenir esas situaciones y sancionar las conductas de quienes, quizás para divertirse o vaya a saber por qué, empiezan a enviar esas imágenes –tal vez por motivos peores aun–, parece acertado.

Esta iniciativa deja fuera algo que presentamos en el proyecto de ley original, y es la aplicación de una sanción a los administradores de portales, sitios de Internet, etcétera, que notificados de que no tienen el consentimiento de quien está en el video, no los bajan; nos parece que debería incluirse. Si bien la ley penal solamente tiene alcance territorial, la mayoría de estos portales tienen oficinas acá, y algunos están en el país. Por lo tanto, habría que incluirlos por estar incurriendo en un delito. Es más, en el caso de que estén en el exterior, no los bajan y salen aquí. Me gustaría analizar el principio de aplicación de la ley en el territorio, porque el delito lo estarían cometiendo acá en cuanto lo están difundiendo en el territorio, por más que estén afuera. Sería un lindo tema para la cátedra de derecho penal. En todo caso, yo empezaría incluyendo esa obligación. En ese sentido, presentaremos un aditivo que agregue ese inciso al artículo 92.

Quiero hacer una advertencia, además, para que se divulgue bien: de acuerdo con esto, no se está penalizando solo a quien sube a las redes o manda a un amigo, por WhatsApp, las imágenes prohibidas, pues aquí dice «el que difunda», por lo que quien recibe y reenvía el material también va a estar penalizado. Esa es una parte esencial de aquel proyecto de ley que presentamos, porque tan mal está quien sube este tipo de material como quien lo recibe y reenvía, ya que también lo está difundiendo. Y esto es un avance realmente importante, porque cuando alguien reciba en el teléfono, por WhatsApp, un mensaje de este tipo y se vea tentado a reenviarlo, debe saber que al apretar el botón estará cometiendo un delito. Por suerte, hoy la tecnología permite saber quiénes efectivamente han reenviado y quiénes no. Creo que este será un buen punto de partida para empezar a terminar con estas invasiones a la intimidad y –me animo a decir, también– violencias que se dan, sobre todo –ni que hablar–, contra las mujeres.

Si uno va a la historia de este tipo de normas, se encuentra con lo que se llamó la pornografía de venganza: un novio despechado se había filmado con la novia en situaciones íntimas y, en venganza, comenzó a enviar ese material. Es más, fue el novio de Tiziana Cantone –la chica italiana– quien comenzó a difundirlo. Los que cometen el delito son quienes suben este tipo de material, pero también los otros, que lo reenvían.

Por otro lado, señora presidenta, aquí también encontramos la norma relativa al grooming. Trabajamos en el proyecto de ley, lo presentamos y, después, con el señor senador De León nos abocamos –como bien lo recordará él– a la tarea de mejora del texto, pero aquí vemos una nueva norma que, a nuestro criterio, tiene algún problema que podría mejorarse.

Por nuestra parte, habíamos redactado el artículo teniendo en cuenta normas de derecho internacional: la Ley n.º 26904 de la República Argentina, la Ley n.º 20526 de la República de Chile, la Ley n.º 9135 de Costa Rica, el artículo 183 del Código Penal de España, el Malicious Communications Act del Reino Unido, el Criminal Code de Canadá, la ley federal de los Estados Unidos y el Criminal Code Act de Australia. En ese sentido el grooming, en realidad, castiga lo que se llama el delito de peligro, de amenaza. ¿Qué es esto? Los pedófilos, los depravados sexuales, antes de la era de Internet, Facebook y las redes sociales, se escondían detrás de un árbol, en las cercanías de las escuelas y de los liceos, en un parque y en lugares oscuros, a esperar que pasara una mujer o un menor de edad. Hoy en día ya no se esconden detrás de los árboles, sino tras un seudónimo falso en las redes sociales; se ponen una foto bonita y crean un perfil que parece que se trata de una persona espectacular. Así, bajo esos seudónimos falsos, empiezan actos preparatorios para consumar después los predatorios y de violencia sexual.

Entonces, en todas esas legislaciones lo que se castiga son los actos preparatorios en las redes, porque los actos materiales –una vez que se realizan– ya están previstos en el Código Penal. Aquí, en esta norma se agregó –no sé por qué– una parte que dice «siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento». En realidad, no entiendo por qué vamos a exigir que el imputado cometa actos materiales encaminados al acercamiento, si alcanza con que haga lo previsto –con la intención con que va a hacerlo– para penalizarlo. No protejamos a ese depravado, a ese delincuente, exigiendo, para poder penalizarlo, más conductas inapropiadas que las que ya está desarrollando.

También, por nuestra parte, habíamos previsto una pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Aquí se establecen dos años de penitenciaría. A nosotros nos parece que seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría da al juez la posibilidad suficiente, según la gravedad de la conducta, de aplicar la sanción a pedido del fiscal.

Por eso también hemos presentado un proyecto de ley sustitutivo de este, teniendo en cuenta esa legislación internacional, que creo que también está en manos de la bancada del Poder Ejecutivo.

Lo último que quiero decir es lo siguiente –y disculpen que sea otra anotación personal–: la señora presidenta, al igual que este senador, integra la Comisión de Constitución y Legislación junto a varios señores senadores aquí presentes, y si hay algo que no puede decirse es que en esa asesora no trabajamos, porque ¡vaya si tenemos proyectos de ley a estudio y vaya si dedicamos horas y horas a todos los que analizamos! Este año lo hemos dedicado –principalmente en los últimos meses– al nuevo Código del Proceso Penal, a la Fiscalía General de la Nación, etcétera. Y después de haber recibido a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, a la Suprema Corte de Justicia, a la comisión creada para la aplicación de la nueva normativa, etcétera, hicimos los últimos cambios, y hace poco más de dos semanas que está en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal. No obstante, hoy encontramos aquí, en una ley, modificaciones al Código del Proceso Penal, sin mediar consulta a quienes trabajamos en esa materia. No parece ser la mejor forma de legislar que luego de haber trabajado todos con las autoridades, la fiscalía, la comisión, etcétera, en las modificaciones al Código del Proceso Penal, ya empecemos, en cada ley, a establecer modificaciones a ese código fuera de la Comisión de Constitución y Legislación.

Por otra parte, podríamos hablar largo rato sobre las modificaciones al Código Penal, pero estoy seguro de que lo hará algún señor senador, por lo que no voy a ingresar en algo que se me adelantó que se iba a hacer. Evidentemente, seguimos reformando el Código Penal de a poco y no como un todo. Y va de suyo que todo código, en su calidad de tal, debe mantener una estructura. Sin embargo, aquí estamos modificando normas de punibilidad, inclusive me animaría a decir que de casi inimputabilidad –por más que no se les llame así–; estamos cambiando delitos, creando otros y agravando penas. Entonces, así como nos dedicamos al Código del Proceso Penal durante tanto tiempo, creo que debería ser tarea de este Parlamento dedicarse, de una vez por todas, al Código Penal, de modo de tener un verdadero código y no una dispersión de normas.

Además, vale reflexionar sobre alguna forma de trabajar que pudiera ser mejor. Y lo digo porque en algunos momentos en esta ley creamos delitos en nuevos artículos; en otros, agregamos delitos a disposiciones ya vigentes, y en otras instancias sencillamente establecemos delitos sin agregarlos al Código Penal, con lo cual seguimos creando una suerte de legislación por aluvión; entonces, cuando llega el momento de lo más importante –hablando de esto comencé mi intervención–, que es la efectividad de los derechos y la aplicación de las penas, a los operadores se les complica, en los hechos, interpretar esas normas y hacer, en definitiva, que estos derechos sean efectivamente reconocidos y aplicados en la práctica.

Gracias, señora presidenta.

16) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827 de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, durante el día 15 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

17) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

18) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Quiero hacer dos aclaraciones antes de comenzar con el análisis específico del tema que nos convoca.

Cuando en comisión discutimos el capítulo penal, invitamos –siempre– a la Comisión de Constitución y Legislación. Siempre se invitó a esta asesora. Simplemente quería hacer esa precisión.

Por otro lado, sin entrar en una polémica con respecto a la cuestión penal y al aumento de penas –porque no es lo que nos convoca; probablemente, en algunos casos hemos sostenido que sí es pertinente y en otros no–, quiero decir lo siguiente: tener el aumento de penas como paradigma, a mí me da pena, y no es un juego de palabras. En nuestro caso, no lo tenemos, no es una orientación de la bancada oficialista.

No voy a hablar del contenido de la ley porque ya lo han hecho, y de manera muy clara, las compañeras senadoras y los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, pero sí quiero hacer algunas consideraciones generales.

Ante todo, voto este proyecto de ley con convencimiento pero, sobre todo, con compromiso. ¿Por qué con compromiso? Porque somos conscientes –ya que hemos incorporado la prédica de queridas compañeras– de que lo más importante, lo más trascendente cuando discutimos estas cosas, es realmente comenzar a superar patrones culturales que reproducen esta sociedad patriarcal, que nosotros reproducimos. Los progresos de una ley son importantes, pero los progresos y los cambios más trascendentes son esos: que realmente logremos incorporar estos temas y que ello nos permita modificar aquellas pautas culturales que reproducimos cotidianamente. Sin eso, no hay cambio; sin eso, no hay transformación verdadera. Sin duda, debemos seguir bregando por una sociedad superadora de esta, que logre alumbrar hombres y mujeres mejores. Ese es el principal desafío que tenemos. Indudablemente, esto opera en lo micro, en lo cotidiano. Foucault hablaba de la microfísica del poder. Sin duda, ahí opera, por eso es tan complejo y cuesta tanto promover estos cambios.

Sabemos que la lucha ha sido y es muy dura, de las organizaciones, de los que se han puesto al hombro esta causa. Todas las luchas importantes son duras, muy duras. Hay que debatir, hay que convencer, hay que denunciar, pero siempre vamos a proponer que este debate se haga con respeto y poniendo mucha voluntad y tolerancia, si no, tampoco se cambia. Y nosotros, como actores políticos, ¡vaya si tenemos que plantearnos esto! Esto tiene un enorme componente de autocrítica. Cada vez que discutimos temas de importancia hemos colocado arriba de la mesa el no perder la tolerancia, no perder el respeto, porque es lo más importante.

Estas luchas vienen desde hace muchísimo tiempo, desde el fondo de la historia, en otras épocas y otros contextos. Ayer, cuando preparaba este discurso, pensaba que muchos de los conceptos y de las palabras que están contenidos en este proyecto de ley, tiempo atrás eran herejía, eran de mal gusto y provocaban escándalo público. Cosas que muchas mujeres sostienen desde hace muchísimo tiempo, en contextos mucho más adversos que este, hoy forman parte de un proyecto de ley que el Parlamento nacional, el Senado, va a votar. En aquellos tiempos no había instituciones, un Estado, un Gobierno, ni partidos políticos, todos los que hoy, en definitiva, están siendo permeables a dar este debate, a asumir estos problemas colectivamente y a buscar, realmente, caminos que promuevan cambios importantes.

(Ocupa la presidencia la señora Mónica Xavier).

–Entonces, no quería desaprovechar la oportunidad de reconocer, en esa larga lucha, a algunas mujeres que son parte de la historia más rica de este país, no de la historia del feminismo, sino de la historia –reitero– más rica de este país. Quería nombrar a Enriqueta Compte y Riqué, que cumplió un rol fundamental en la enseñanza de nuestro país y que dio al tema de la primera infancia un carácter central, como lo tiene hoy.

Quería nombrar a Paulina Luisi, primera médica y de las más brillantes que tuvo este país. Precisamente ayer, buscando material, encontré un discurso que brindó en el Sindicato Médico del Uruguay, del que extraje un pequeño fragmento que me parece muy enriquecedor. Decía Paulina: «En este país, que sin embargo es el mío, carezco de la autoridad requerida para hablar de asuntos serios, científicos o sociales, porque la pícara naturaleza no me concedió el privilegio de pertenecer al sexo masculino». Esto decía Paulina Luisi hace muchísimo tiempo.

Ayer también leí que el veneno del patriarcado es silenciar a la mujer y que el mejor antídoto es la palabra. Entonces vale recordar, por ejemplo, a Juana de Ibarbourou, porque estoy convencido de que los cambios profundos, las transformaciones radicales no se hacen sin poesía.

Por último, quiero recordar, porque estamos en esta casa, a Julia Arévalo, la primera senadora mujer, una luchadora incansable por las causas sociales más profundas que se han dado en este Uruguay. Quiero recordar en ella a una protagonista de la historia, entre otras cosas, cofundadora del Primer Congreso Mundial de Mujeres celebrado el 26 de noviembre de 1945.

En todas ellas quiero reconocer la lucha que han dado –y siguen dando– las mujeres en nuestro país.

Por eso, para mí, votar este proyecto de ley es un acto de convencimiento, pero también debe ser un acto de profundo compromiso.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- En realidad, las señoras senadoras Xavier, Payssé, Suárez y todas las que han intervenido hasta el momento, así como el senador Otheguy, me representan. Pero hay momentos en los que no se debe hacer silencio, hay que estar presente, y no quisiera dar la idea de que esto es una discusión solamente de mujeres. Me hace acordar a aquellos clubes deportivos que hablaban de la comisión de damas, donde trataban los asuntos de las mujeres como si fueran de una categoría distinta.

Entonces, a todo lo que muy bien se ha señalado voy a agregar que estamos dando otro paso más, muy importante, que se suma a los muchos que ya hemos dado, aunque faltan muchos más todavía. Es verdad que las leyes no tienen un efecto mágico, pero colaboran en el cambio cultural, que es el verdadero cambio. Ninguno de los que estamos acá –hombres y mujeres– pensamos que esto vaya a generar rápidamente un cambio en las conductas inmediatas de la sociedad, pero sabemos que contribuirá a que la sociedad vaya asumiendo como naturales cosas que antes –y hasta no hace mucho– no eran consideradas de ese modo. Lo natural era exactamente lo contrario; lo natural era que la mujer fuera algo propiedad del hombre; lo natural era que hubiera una sola voz en la casa; lo natural era que los hombres pudieran una cosa y las mujeres, otra distinta, y siempre en inferioridad; lo natural era, como se señaló acá, que las mujeres ganaran menos que los hombres, y todavía hay que seguir luchando en ese aspecto. Entonces, reitero que a mi entender esto contribuye al cambio cultural, aun cuando todos aquí reconocemos que está lejos de ser una realidad en la sociedad. Hay resistencia. ¡¿Cómo no va a haberla?! Un cambio cultural genera resistencias explícitas e implícitas.

Pedí una interrupción al señor senador Otheguy para expresar un deseo: me gustaría no tener que interpretar que algunos silencios de difusión masiva son parte de esa resistencia implícita que existe. Ayer me dieron pena los medios. Sé que esto después me trae cosas personales contrarias, pero no voy a dejar de decir lo que pienso. En la sesión de ayer del Senado tratamos un proyecto de ley tremendamente importante relativo al combate a la trata de personas y ¿saben en qué terminó la discusión mediática? –parece que eso es lo que le importa a la gente, porque hay personas que interpretan lo que la opinión pública quiere escuchar–: en el tema del subsidio y en lo que pasó con el intendente Bascou.

Creo que no hacer mención es parte de la resistencia implícita que hay a reconocer los problemas que existen, porque estamos en una sociedad –que integro y soy parte de ella– que a veces barre mucho debajo de la alfombra. El otro día el señor senador Mieres –en ocasión del homenaje a los protagonistas de la tragedia de los Andes– preguntaba por qué algunas cosas no tuvieron la repercusión que debían y pienso que eso tiene que ver con que estamos en una sociedad que barre debajo de la alfombra algunas cosas que no está bueno reconocerlas. Por eso tengo la aspiración de que hoy eso no pase. Esto lo digo sinceramente, de corazón, porque me parece que estamos dando un paso importante hacia ese cambio cultural que Uruguay necesita para tener efectivamente una sociedad entre iguales. Que no sea solamente la igualdad de oportunidades desde la cuna sino durante el transcurso de la vida, siguiendo lo que establece el precepto constitucional de que los que tengan mayor capacidad puedan destacarse sobre los otros. Hablo de la igualdad de oportunidades, que no es solamente económica.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Suscribo totalmente lo señalado por el señor senador Pintado.

Finalmente, agradezco el trabajo de nuestros asesores –creo que hoy no fueron nombrados– porque se pusieron al hombro esta iniciativa, le dedicaron mucho tiempo y no quería dejar de reconocerlo.

Gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no integramos la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, pero hemos tratado de dar seguimiento al trámite de este proyecto de ley.

Estamos convencidos de que se trata de un instrumento legislativo necesario, muy importante y que, además, tiene la virtud de actualizar y ampliar la regulación de esta materia. Esta ley integral de combate a la violencia hacia las mujeres basada en género es un paso trascendente que completa un proceso que comenzó hace bastante tiempo. De alguna manera, esta temática ha ido generando normativas de diferente alcance. Primero surgió una generación de leyes más referida al combate a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Luego se amplió esa preocupación y normativa trascendiendo el ámbito doméstico, y después llega esta tercera generación que es la de leyes integrales de protección, que se construye desde una perspectiva de género, que busca transversalizar las diferentes áreas del Estado y que hace visible y da respuesta a otras modalidades de violencia contra las mujeres.

En nuestro país los antecedentes son bien conocidos. Ya la ley de seguridad ciudadana –a fines de los años noventa– tipificó la violencia doméstica. Fue la Ley n.º 17514, de 2002, y tengo el orgullo de haber participado en su elaboración. En ese momento integraba la Comisión Especial de Género y Equidad de la Cámara de Representantes y en ese ámbito discutimos, redactamos y sometimos a votación aquella ley, junto a las entonces diputadas Beatriz Argimón, Margarita Percovich, Glenda Rondán y Daisy Tourné –hoy senadora– que, sin duda, supuso un paso trascendente aunque obviamente incompleto, según lo que hoy vamos a aprobar, en lo que era, ciertamente, el combate a ese flagelo. Luego se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley que creó los juzgados especializados, las leyes que atacaron los actos de explotación sexual –ayer dimos media sanción a un proyecto de ley mucho más ambicioso sobre trata de personas–, y las leyes contra el acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo. Este es un paso más, trascendente, de un camino en donde efectivamente todos vamos incorporando y haciendo un esfuerzo –como decía el señor senador Otheguy– para que esto no solo sea una cuestión legislativa, sino una transformación cultural.

El proyecto incorpora definiciones compartibles y más precisas sobre cuestiones vinculadas a los distintos tipos de violencia. Se puede observar una ampliación del elenco de las distintas modalidades de violencia contra la mujer que existen hoy en la vida social y se establecen terminologías concretas que abarcan esas distintas modalidades. También define los principios rectores, las directrices que guían la normativa en toda su extensión, al tiempo que aterriza de una forma mucho más concreta en las diferentes formas de violencia. Se incorpora una definición de violencia doméstica más amplia y precisa que la establecida en la ley anterior; se abarcan los diferentes ámbitos en los que se expresa la violencia, incluyendo además los espacios comunitarios e institucionales, y se consagran de una manera más potente los derechos de la mujer víctima de la violencia y de los niños, niñas y adolescentes en los procesos administrativos y judiciales.

Ciertamente hay afirmaciones redundantes que ya están contenidas en normativas anteriores, incluso en la constitucional como, por ejemplo, la no discriminación por razón de género, pero es bueno que se sistematicen y ordenen en un único cuerpo normativo.

En lo que tiene que ver con los objetivos generales de la propuesta legislativa debemos reafirmar que a juicio de nuestro partido es una normativa necesaria, oportuna e imprescindible.

Con respecto al marco institucional, francamente, nos parece que el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres es exageradamente amplio. Creo que hay una costumbre que, a la hora de la verdad, no logra los resultados esperados. Me refiero a la creación de ámbitos donde están todos –en este caso estamos hablando de diecisiete miembros, no me acuerdo si al final hubo un ajuste mayor– y el riesgo que se corre es que termine siendo inoperante; un ámbito burocrático que se reúne tarde, mal o nunca y que a la hora de la verdad no tiene la capacidad de generar resultados. Pero, además, por debajo de ese consejo se crean comisiones departamentales y municipales. Todos esos elementos me dan la impresión de que no son de los que generan los mejores resultados, porque termina habiendo una sobreabundancia de representaciones institucionales.

De cualquier manera, obviamente, vamos a votarlo, pero nos parece que es un camino reiterado. Estamos medio cansados de aprobar leyes donde se crean los tales consejos interinstitucionales. Nos parece que se confunde la necesidad de crear esos ámbitos con la de actuar de manera interinstitucional. Obviamente que es necesaria la participación coordinada de los distintos ministerios y reparticiones del Estado, pero crear esos foros multitudinarios nos parece que no genera el impacto que deberían.

Por otro lado, se crea un Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, a cargo también de una comisión interinstitucional, con cargos rentados que operan bajo la órbita de la OPP. Otra vez, nos parece que debería ser más razonable asignar la tarea de observatorio a organismos que ya existen y no multiplicar instancias colectivas ni seguir creando y multiplicando los cargos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística podría perfectamente cumplir con la función del observatorio o podría también asignarse esta tarea al que ya existe en la órbita del Ministerio del Interior, vinculado a la delincuencia. Creo que de esta forma se está ampliando la burocracia del Estado, por lo que no es el camino más apropiado.

Por el contrario, entiendo que un punto muy fuerte del proyecto es el vinculado a la Red de Servicios de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género. Sus lineamientos de actuación son totalmente compartibles y la red de servicios de atención a las mujeres es un acierto que debemos destacar porque, entre otras cosas, se determinan prestaciones y servicios mínimos que el Estado se obliga a brindar. Me parece que este es un tema muy importante. En particular, subrayo la solución en materia de vivienda porque este ha sido uno de los debes históricos más relevantes ya que luego de la denuncia de violencia, aparece la dificultad de resolver el problema de brindar un hábitat alternativo para las mujeres que enfrentan esa situación tan terrible. En este proyecto de ley se hace un avance significativo en cuanto a dotar de alternativas de vivienda para la mujer y sus hijos en esas situaciones.

También me parece importante la redefinición de las soluciones procesales que tienen que ver con el ámbito judicial y administrativo. Tanto el INAU como la fiscalía destacaron –cosa que comparto– que las soluciones previstas en el proyecto de ley resuelven el problema existente referido al extenso y gravoso periplo que deben recorrer las mujeres cuando denuncian situaciones de violencia; de la comisaría al juzgado penal, de allí al juzgado de familia y, eventualmente, de allí al juzgado civil por reparaciones. La unificación de la competencia judicial para resolver los problemas y aspectos referidos a las situaciones de violencia de género es un gran avance y que exista una resolución sustantiva en una audiencia primaria, también lo es. La determinación del alcance de la competencia de los juzgados y fiscalías especializados nos permitirá incluir en una misma sede las cuestiones procesales previstas a esta materia. Nos parece que está bien que estos asuntos se unifiquen en un único foro o instancia. Ciertamente, estamos ante desafíos innovadores para nuestra estructura procesal, pero necesarios para consagrar la unidad de los hechos y para darles un tratamiento que responda al principio de inmediatez y de congruencia en las soluciones brindadas, de manera coordinada y oportuna.

En lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos, creo que en la norma se pretende un nivel de seguimiento y de respuesta que nos parece que, a la hora de la verdad, será difícil de cumplir aunque lo que se sustenta es básicamente correcto. Nosotros lo acompañamos pero tenemos la sensación de que habrá dificultades para el cumplimiento de muchas de las normativas programáticas.

Por otro lado, tenemos diferencias en la materia penal, no porque no estemos de acuerdo con las soluciones sustantivas, sino porque no nos parece razonable avanzar en una redefinición de principios generales del derecho penal, en modificaciones sobre los tipos delictivos o en sus circunstancias agravantes y atenuantes, sin inscribir esta propuesta dentro de una norma general de reforma del Código Penal. Es cierto que ha habido una demora enorme en la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, pero la verdad es que nosotros tenemos cierto prurito en modificar la normativa penal sin hacer lo que se debe, es decir, aplicar una lógica sistemática que es la que debe tener en cuenta la definición y la tipificación de las conductas con trascendencia penal. Este es un proceso dinámico, hay cambios y creo que muchas de las cosas que aquí se plantean pueden ser de recibo, pero nos hace mucha fuerza la argumentación que presentó en su momento ante la comisión el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La entidad y multiplicidad de críticas, a nuestro juicio, aconsejaban no entrar en este capítulo, para no cometer errores o desequilibrios sistémicos, cosa que particularmente en materia penal entendemos que es muy peligroso. Creo que la cuestión de las modificaciones de la tipificación de ciertos delitos es discutible y, por lo tanto, no vamos a acompañar los artículos 75 al 81, que refieren a modificaciones del proceso penal que acabamos de cambiar y poner en funcionamiento, ni las normas penales que van del artículo 82 al 90. Sí votaremos los artículos que van del 91 al 94, relativas a una modificación del delito de violencia doméstica, puesto que nos parece pertinente el ajuste. Además, vamos a acompañar las normas vinculadas a la divulgación de imágenes, grabaciones o el embaucamiento de personas menores de edad con fines sexuales por medios tecnológicos.

En definitiva, nosotros creemos que este es un proyecto de ley necesario, importante e imprescindible, que implica un avance conceptual y sustantivo en las acciones que una sociedad debe impulsar para un combate efectivo e integral a las graves situaciones de violencia hacia las mujeres basada en género porque es algo que nos sigue afectando y, por lo tanto, el Uruguay debe ponerse al día en esta materia.

En consecuencia, vamos a acompañar la gran mayoría de las normas, salvo aquellas que he mencionado.

19) TERREMOTO OCURRIDO EN IRÁN. PROYECTO DE DECLARACIÓN

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: solicitamos que el Senado declare urgente y considere de inmediato un proyecto de declaración que hemos alcanzado a la mesa, relativo a los trágicos sucesos ocasionados por el terremoto en Irán hace algunas horas.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la urgencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar el proyecto de declaración cuya urgencia fue votada.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La pérdida irreparable de vidas y el daño profundo al patrimonio cultural y material provocado por el terremoto ocurrido recientemente en Irán, son situaciones que nos conmueven.

El Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Irán, manifestando su confianza en que el esfuerzo permitirá superar el impacto y las consecuencias de este doloroso episodio». (Firman los señores senadores Camy, Otheguy, Saravia, De León, Mieres y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

25 en 26. Afirmativa.

20) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Continúa el tratamiento del tema en consideración. Tiene la palabra el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en primer lugar quiero destacar que por suerte existe el Consejo Nacional de Género, ámbito interinstitucional en el que participan diferentes organismos del Estado, la academia y diferentes organizaciones sociales. Este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo aquí es el fruto de ese trabajo y, por lo tanto, creo que hay que destacar la importancia de la interinstitucionalidad.

Hoy aquí votaremos una ley que es necesaria y vamos a empezar a dar respuesta a uno de los grandes debes que tenemos como sociedad, en el sentido de no contar con una ley integral para garantizar una vida libre de violencia basada en género para las mujeres. Estoy convencido de que previniendo y combatiendo la violencia de género vamos a estar trabajando directamente en la erradicación de la violencia en general que existe en nuestra sociedad; combatiendo la violencia de género vamos a erradicar la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, y eso va a tener un impacto positivo en toda la sociedad. Las cifras son alarmantes y nos preocupan; tiene que haber alguna explicación de por qué en nuestra sociedad existe tanta violencia. Realmente estoy convencido –por mi experiencia en el Ministerio del Interior– de que una de las explicaciones es que en este país la violencia la sufren las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, y eso impacta a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, observando las cifras del año pasado constatamos que hubo 34.114 casos de violencia doméstica y delitos asociados.

Si analizamos la violencia por rango etario vemos que de cero a tres años es prácticamente igual entre varones y mujeres, 49 % y 51 % respectivamente, pero cuando empieza el trayecto de vida de la mujer comienza a marcarse la diferencia y se alcanza la cifra alarmante a la que se hacía referencia. De catorce a diecisiete años, sufre violencia el 31 % de los varones y el 69 % de las mujeres; de 18 a 25 años, el 14 % de los varones y el 86 % de las mujeres; de 26 a 35 años, el 18 % de los varones y el 82 % de las mujeres; de 36 a 45 años, el 19 % de los varones y el 81 % de las mujeres; de 46 a 55 años, el 22 % de los varones y el 78 % de las mujeres; de 56 a 65 años, el 29 % de los varones y el 71 % de las mujeres, y de 65 a 100 años, el 30 % de los varones y el 70 % de las mujeres.

Estas cifras son realmente alarmantes y tiene que haber una explicación de por qué tenemos un número elevado de muertos en accidentes de tránsito y de suicidios. Si analizamos los homicidios en nuestro país, vemos que hay 7,6 cada 100.000 habitantes, pero los muertos por accidente de tránsito son prácticamente el doble y los suicidios son el triple. Insisto: tiene que haber una explicación y por eso saludo que uno de los sustitutivos que hoy planteaba la comisión fuese, justamente, el de declarar como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin.

Realmente es muy importante que esto esté comprendido en la ley porque marca una pauta de cómo debe trabajar el Estado y cuál debe ser la prioridad a desarrollar. El Estado debe promover acciones urgentes y profundas que permitan garantizar políticas integrales y este proyecto de ley reposa sobre cuatro pilares que son fundamentales: prevención, protección, investigación y sanción, y reparación.

Necesitamos una ley integral para prevenir la violencia basada en género y que incluya la atención integral a las víctimas en salud, en el ámbito laboral, en el área educativa, en el tema de la vivienda y en el acceso a la Justicia. Este proyecto de ley también contempla lo que tiene que ver con los servicios de reeducación para los varones que ejercen o han ejercido la violencia. Eso es muy importante.

(Ocupa la presidencia la señora Patricia Ayala).

–Otro punto fundamental, que fue destacado por algunas senadoras de mi bancada, tiene que ver con los juzgados multimateria, es decir, aquellos que tengan competencia en resolver lo relativo a los divorcios, pensiones, tenencias y visitas, entre otros objetivos. Eso busca evitar la revictimización de esa mujer, asegurar un real acceso a la Justicia y recibir un abordaje integral de la situación que se está denunciando, evitando lo que desgraciadamente pasa en la actualidad. Me refiero a que muchas veces la mujer tiene que andar con sus hijos de un lado para el otro, ir a la Policía, a los juzgados y a la fiscalía.

Este es un cambio muy positivo que nos va a llevar a cambiar la forma de trabajar, pero por lo menos desde el Parlamento les decimos al Poder Judicial, a la fiscalía y al Poder Ejecutivo que van a tener que establecer protocolos a los efectos de tratar esa problemática en un único lugar porque acá lo central es el damnificado, la víctima y la protección de esa persona.

Quiero resaltar un punto que para mí es una de las principales fortalezas del proyecto de ley: la importancia que se da a la educación como camino privilegiado para el cambio social que necesitamos. El artículo 21 es muy claro en ese sentido; establece directrices en materia de política educativa.

Si vamos a las cifras, vemos que aproximadamente 300.000 niños, niñas y adolescentes viven en familias donde hay reporte de violencia basada en género, lo que representa un tercio del total de la población menor de dieciocho años. Para cambiar esta realidad es necesario prevenir la violencia desde las primeras etapas de la vida a través de la educación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de relaciones de respeto e igualdad de género. La educación formal tiene la privilegiada oportunidad de incidir e impactar positivamente en la etapa humana en que se construyen, adquieren e introyectan valores para la convivencia.

En la estrategia no podemos dejar de incluir a la enseñanza terciaria universitaria; debemos crecer y educarnos desde pequeños con parámetros de relacionamiento libres de violencia. Creo que todos estamos de acuerdo en que esa es la columna vertebral de los cambios.

La Unesco afirma que la educación es la fuerza del futuro porque constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio y propone la reformulación de las políticas y programas educativos para reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible.

Edgar Morin, uno de los pensadores más emblemáticos e importantes de esta época, señala que la educación tiene un rol fundamental para la necesaria comprensión mutua entre personas, cercanas y extrañas, y sostiene que es prioritario el estudio no solo de los síntomas, sino también de las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. Considera que la educación es una de las bases más seguras para alcanzar la paz.

En un mundo diferente donde prime el relacionamiento sin violencia, la educación debe jerarquizarse como base preventiva. Nuestros niños y niñas deben aprender desde muy temprano a reconocer sus sentimientos, nombrarlos e individualizarlos, desarrollar mayores recursos para enfrentar las frustraciones, escuchar y comprender el punto de vista de los demás y tener un desarrollo saludable y crítico en torno a la violencia.

Si hablamos de integralidad debemos incluir elementos para el diseño y la implementación de políticas públicas: implementar una red de servicios de atención y mejorar los procesos de protección, investigación y penalización, los procesos administrativos, los judiciales y las normas penales.

Quisiera recordar, en este momento tan especial, el papel primordial y protagónico que ha tenido la sociedad civil organizada para que se incluya la erradicación de la violencia basada en género como compromiso de Estado. También debemos reconocer que la coyuntura de los últimos años ha permitido que el Estado tome esa consigna y la haga propia. El proyecto de ley que hoy nos convoca –como dije al principio– fue presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo y fue elaborado por las distintas instituciones que participan en el Consejo Nacional de Género, donde tuvo una participación destacada la sociedad civil que la integra.

Por último, considero que no podemos ser ingenuos y debemos estar alerta, pues a partir de los avances que se han logrado en la agenda de derechos, como el matrimonio igualitario, la ley de femicidio, la ley de despenalización del aborto y la discusión de este proyecto de ley que significan cambios muy importantes, debemos estar atentos a la arremetida reaccionaria de algunos sectores que cuestionan el género como una categoría de análisis, vaciándolo de contenido e intentando hablar de la ideología de género. La estrategia de hablar de la ideología de género no le imprime una carga claramente despectiva, sino que apela a explicar con distorsiones lo que significa, tratando de generar miedo y demonizando a quienes en realidad trabajamos por la igualdad, la equidad y un mundo sin violencia. Aunque es esperable, esta arremetida irracional nos duele, pero no nos debilita porque siempre que se comienza a tocar el núcleo duro del problema es cuando se levantan más resistencias. Hoy, antes de entrar a sala, estuve hablando sobre este tema con la señora senadora Beramendi.

Para finalizar, me gustaría hacer mías las palabras del médico forense español Miguel Lorente que refieren a la realidad que recién mencionaba. Concretamente, Lorente dice: «El posmachismo juega con la confusión. La confusión genera duda, la duda genera distancia del problema y eso provoca pasividad. La pasividad hace que todo siga igual. Algunas de las frases que se instalan desde el posmachismo son: “La mayoría de las denuncias de las mujeres son denuncias falsas”, “Lo hacen para quedarse con los niños y la paga de la casa”. Juegan con los mitos de la mujer perversa. Ante la consigna de Ni Una Menos dicen: “Nadie menos, ¿por qué es que la vida de la mujer vale más que la vida del hombre?”. A ningún cardiólogo cuando da una conferencia del corazón le dicen: “Usted del riñón no dijo nada”. Son argumentos que son ilógicos en otros ámbitos». Me pregunto, entonces, ¿por qué si son ilógicos, luego otras personas repiten esos argumentos?

El experto español dice: «Desde el posmachismo se lanzan mensajes aparentemente igualitarios y a la gente impregnada por la cultura machista le resulta más fácil de entender y asumir. Hay una falsa igualdad punto cero que intenta ocultar la desigualdad que viven las mujeres». Eso tiene mucho sentido porque deja en evidencia que aún nos falta mucho camino por andar para lograr los cambios culturales necesarios. Sin embargo hoy, aquí en el Senado, comenzamos a avanzar.

Lo primero que tenemos que hacer al comenzar a andar es dar el primer paso. Saludo los comentarios que hicieron los senadores de las diferentes bancadas que integran esta cámara por estar dando el primer paso. Por lo que pude interpretar, seguramente votaremos esta ley por unanimidad.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- El debate ha transcurrido en perfecta armonía y la totalidad del Cuerpo ha tratado de evitar todo tipo de violencia. El señor senador preopinante empleó algunos calificativos, como «reaccionario» –entre otros–, para gente que puede no estar de acuerdo con algunas cosas, que no me parece que sean adecuados por el tono en el que estamos hablando. Estamos abogando por la erradicación de la violencia de género, pero también se abarca todo tipo de violencia. Por el tono de la discusión, me parece que se está calificando a gente que puede no estar de acuerdo con el señor senador de una manera que no corresponde. Por suerte, toda la gente es diferente. Acá estamos abogando para que en la diferencia haya igualdad. Es tan ser humano el que piensa de una forma como el que piensa de otra. Aclaro que no soy de los que entran en la categoría de los «reaccionarios» que menciona el señor senador Carrera. Me parece que, justo en este momento, deberíamos dejar las anteojeras ideológicas para otro tipo de debate.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: si bien el señor senador Da Silva está en todo su derecho de hacer uso de la palabra, yo también estoy en todo mi derecho de dejar sentada mi opinión cuando estamos discutiendo una ley que considero que es fundamental. Creo que en lo que expresé están representados todos los compañeros de mi bancada.

Muchas gracias.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: este es un día importantísimo en mi vida; reitero, importantísimo.

Llevo veintitrés años en este Parlamento. Yo estuve presente en 1996 cuando se votó la ley de seguridad ciudadana; como pudimos, hicimos entrar un articulito penal que algo tenía que ver con la violencia doméstica. Comparándolo con lo que hemos logrado era malo, pero fue el primero. ¿Sabe cómo lo conseguimos? A lucha de mujeres y derribando las más brutales resistencias. También estuve presente en 2002 cuando se votó el primer proyecto de ley que tiene que ver con la violencia doméstica. Quiero aclarar que en aquel momento no fue maravillosamente fácil: las mujeres morían como moscas y el proyecto de ley sobre violencia doméstica seguía siendo considerado no prioritario por la cámara. ¿Sabe cuándo se consideró prioritario? Cuando mataron a una mujer y las mujeres parlamentarias no aguantamos más, rompimos fronteras, nos sentamos todas juntas en la primera fila de la sala de la Cámara de Representantes y dijimos: ¡hay que votar la ley, señores!

El camino que tuvimos que recorrer no fue fácil porque es verdad que el tema se mete en el riñón más conservador de la sociedad. Esto no es descalificar a nadie, sino reconocer que nos cuesta mucho meternos con las matrices conservadoras que, en mayor o menor grado, todos portamos. Por supuesto que hay exponentes maravillosos al respecto, diría que son casi impecables.

(Murmullos en sala).

–La ley que estamos votando en el día de hoy para mí es un paso gigantesco en lo que refiere a la concepción.

Señora presidenta: ¿me ampara en el uso de la palabra? Escucho voces. No sé si alguien quiere pedir una interrupción. No entiendo bien.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicitamos a los señores senadores que mantengan silencio.

SEÑORA TOURNÉ.- Muchas gracias. Perdón, me confundí, no me solicitaban una interrupción.

Como decía, tuvimos que vencer muchas resistencias para lograr un proyecto de ley que incluyera la diversidad de fenómenos que hay que combatir, corregir y tener presentes para poder revertir realmente las situaciones de violencia que las mujeres vivimos cotidianamente. Como muy bien decía la señora senadora Aviaga cuando fundamentó el proyecto de ley, casi todas las que estamos acá, de una forma u otra, hemos sufrido la violencia.

La única forma de combatirla realmente es reflejar en los artículos de la ley la cotidianidad porque, como feminista, sigo pensando que lo personal es político y, si no está contenido en los artículos de la ley, no revertimos las situaciones. Desde la generalidad no se combaten los sufrimientos personales. Cada uno de estos artículos –no voy a explicarlos porque ya lo hicieron maravillosamente quienes me precedieron en el uso de la palabra– contiene historias de vida, sufrimiento, muertes evitables y una cotidianidad de descalificación e ignorancia.

Cuando se habla acá de las medidas cautelares –para poner un ejemplo especial– y se ordena restituir inmediatamente los objetos personales de la víctima –¡sus hijos!–, ¡es porque miles de mujeres han sufrido, las han dejado en la calle, les han roto la ropa y les han extraviado los documentos! ¡Esa es la crueldad! ¡No quiero dejar afuera la dureza que cada uno de estos artículos conlleva en la vida de las mujeres del mundo, pero particularmente de las uruguayas; en todas esas que murieron, en forma evitable, por esta concepción conservadora que a hombres y mujeres –capaz que mayoritariamente a hombres– nos lleva, una y otra vez, a dañar la dignidad, la libertad de las mujeres y las niñas!

Cuando acá se prevé que hay que disponer el retiro inmediato del agresor del domicilio es porque muchas veces –¡la gran mayoría de las veces!– las mujeres, además de recibir la paliza, el destrato –ella y los hijos–, ¡eran echadas a la calle!, y como no tenían adónde ir, andaban rondando por ahí. Ese dolor es el que se refleja en la especificidad de los artículos. Si no hay especificidad y dejamos las leyes en los marcos generales, ¿saben qué?, ¡son leyes inocuas, que no van al centro de los problemas! Si nosotros no prohibimos la mediación a través de esta ley, después sientan a la víctima con el agresor y les dicen: «A ver: pónganse de acuerdo». Entonces, ¡hay que prohibir la mediación! ¡No puede haber mediación en estos casos!

Si ante la agresión a niños y el femicidio no quitamos la patria potestad, no estamos atacando la crueldad, la realidad brutal. Claro, cuando queda escrito en la norma parece una cosa muy objetiva, pero está llena de subjetividad y yo quiero marcarlo explícitamente, porque a veces no somos conscientes de por qué se escriben las cosas que se escriben en una ley integral. ¿Por qué se habla de procesos interinstitucionales? ¿Por qué el consejo sienta allí, con la mayor jerarquía, a todos esos ministerios y organizaciones? Porque muchas veces, habiendo consejo, mandaban a un secretario de cuarta porque no era importante. ¡Es por eso que están escritas esas cosas! No son inventadas ni me las enseñó ningún jerarca de ninguna fundación internacional que atenta contra la democracia cristiana; ¡no! ¡Están llenas de vida!, llenas de las cosas que las mujeres vivimos a lo largo de los años.

Llegamos a este proyecto, que tal vez todavía tiene cosas que superar o que se dice que son obvias. ¡Obvio no hay nada! No hay nada obvio, porque con las cosas tan obvias hemos sufrido décadas de tratamiento discriminatorio, violento, injusto y descalificativo de todo tipo de cosas.

Entonces, me felicito de estar hoy en esta sesión y de comprobar que hemos podido poner en el cuerpo de la ley la vida cotidiana de las mujeres e imprimir cambios, no solo a nivel del discurso, sino también de la letra chica, de lo cotidiano, de lo personal, de lo que tiene que ver, tal vez, con lo más íntimo de la vida de las personas: su cuerpo. Y eso tiene que estar reflejado en las leyes. ¿Sabe qué, señora presidenta? Lo dije ayer y voy a repetirlo hoy –no me canso de repetirlo–: las leyes de por sí no logran cambios –¡de por sí, no!– si no hay voluntad política de cumplirlas. Y uno de los roles de los y las parlamentarias es vigilar el estricto cumplimiento de las leyes que votamos. Muchas veces nos olvidamos de este rol, que también es fundamental.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA TOURNÉ.- ¡Como no le voy a permitir, señor senador Bordaberry! Adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: siempre son buenas las coincidencias, y coincido con la senadora en cuanto a que nosotros, una vez que se aprueban las leyes, tenemos que controlar su estricto cumplimiento. Creo que esa es la gran llave de todas estas cosas porque, además, es lo que nos permite, cuando después viene la ley de rendición de cuentas o de presupuesto, asignar los recursos.

Tenemos a estudio de la comisión respectiva un proyecto de ley que crea el Instituto Parlamentario de Evaluación, que no implica agregar gastos, sino crear ese instituto para que reciba la propuesta de política que va a aplicar el jerarca, junto con los instrumentos que utilizará para medirlos. Y además de enviar esto al Parlamento al principio de su gestión, a fin de año tiene que enviar un análisis acerca de lo que cumplió o qué no cumplió. Si ese proyecto de ley se aprueba, todos esos organismos y ministerios deberán remitir al Parlamento, una vez al año, cuál es su estrategia para cumplir con esto, cuánto cumplieron y cuánto no.

Voy a hacer llegar ese proyecto a la señora senadora Tourné, señora presidenta, porque creo que es muy importante, justamente para que se haga lo que ella está diciendo en estos momentos que se debe hacer: el seguimiento que debe hacer este Parlamento del cumplimiento estricto de la ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Coincido con la necesidad que plantea el señor senador. ¡Y lo hemos hecho! No está la institucionalidad creada –y no me niego a discutirla; aunque no es este el momento de hacerlo es algo que podemos ver–, pero hay leyes que nos costaron muchísimo, y las mujeres hemos seguido muchas de las que votamos para la agenda de derechos a lo largo de nuestra vinculación con el Parlamento; las hemos vigilado y nos hemos preocupado por que se cumplan y se mejoren. A las pruebas me remito: aceptamos aquella famosa ley de seguridad ciudadana, que era mala, y seguimos remando –¡vamos a seguir remando!– para mejorar las leyes, pero no por las leyes, sino porque queremos mejorar la calidad de vida de la gente, de las y los uruguayos. ¡Me parece muy bien! Es un rol que muchas veces los parlamentarios abandonamos, creyendo que nuestra tarea termina cuando levantamos la mano, y no es así. Debemos procurar seguir.

También quiero recordar que, sin ser del todo completo, a partir de la instalación del Instituto Nacional de las Mujeres en el Mides, año a año, desde el primer Gobierno frenteamplista, se hacen rendiciones de cuenta –debe dar cuenta todo el Estado– de los progresos en estas y en otras materias que hacen a la concepción de género, a la no discriminación y a la equidad.

Para terminar, quiero decir lo siguiente. El Parlamento sabe que soy una militante del desarme, y la verdad es que prever –como se hace en la ley– que deben incautarse las armas que se encuentren en el momento y prohibir al sujeto que las utiliza –cosa que hoy no pasa– la tenencia o el porte de armas, es una medida importante. En los femicidios hay mediciones precisas del impacto de la tenencia irresponsable de armas. Así que lo destaco porque es una de mis fuentes de militancia y me alegro muchísimo de que esté incluido, porque es uno más de los sufrimientos que las mujeres, en nuestra vida cotidiana, hemos impreso en esta nueva ley.

La integralidad, la interinstitucionalidad, el bajar a la vida cotidiana y real de las mujeres de esta ley es una garantía que va a transformarse en una herramienta, junto con las políticas que deban aplicarse, para ir avanzando en la mejora de la calidad de vida de nuestras mujeres.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PINTADO.- ¡Muy bien, señora senadora!

SEÑORA ARGIMÓN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ARGIMÓN.- Señora presidenta: voy a tratar de ser muy breve porque, en verdad, quiero que este proyecto de ley se vote.

La señora senadora Tourné y el señor senador Mieres recordaban lo que fue en este Parlamento la votación de la primera ley de violencia hacia la mujer –luego de un largo recorrido que tuvimos que transitar–, justamente en oportunidad de la muerte de una mujer a manos de su esposo. Todas juntas, con un crespón negro, entramos a sala y reclamamos a nuestros compañeros la necesidad de que ese proyecto, que hasta entonces no era prioridad en el Parlamento, se convirtiera en ley.

Hoy la sociedad ha cambiado –¡ha cambiado!– y nadie duda de que el fenómeno de la violencia en general se ha instalado y se han disparado en las estadísticas –lo muestran los indicadores– los índices de violencia hacia la mujer.

Estamos votando este proyecto de ley el día en que una niña de nueve años aparece muerta en el departamento de Rivera. Desapareció el día de su cumpleaños y hoy aparece muerta a manos de un señor conocido de la familia. ¡Triste coincidencia, señora presidenta!

Digo esto porque, cuando entre nosotros evaluamos –y no coincido, ¡eh!– el exceso de burocracia que puede tener este proyecto de ley –que lo tiene–, nos animamos a decir: «No es la ley que a mí me gustaría votar porque, de alguna manera, quisiera que tuviera herramientas que se pudieran implementar mucho más rápido, por lo que sabemos que significan las demoras en temas como este»; pero también aprendimos que los procesos legislativos desembocan en una interpelación a las estructuras interinstitucionales sobre la necesidad urgente de dar respuesta. Estas leyes, que obviamente no van a terminar con la violencia, motivan a que la institucionalidad que debe tomar cartas en el asunto ¡responda!

¿Qué priorizamos en el momento de votar esta ley? La integralidad. Uno de los defectos que tenía la ley anterior era, precisamente, la falta de integralidad en las respuestas, en un país donde históricamente cuesta mucho coordinar entre lo público. En los hechos, uno de los problemas que tiene la ley vigente es ese. Hoy no existe esa integralidad y, por lo tanto, esa respuesta inmediata que debe darse a una mujer víctima de violencia doméstica –muchas veces con niños a cargo–, no llega en su integralidad, lo que hace que la revictimización siga siendo uno de los episodios que a nosotras nos preocupa. Y digo «nosotras» porque lo hemos conversado muchas veces.

Es verdad, señora presidenta, que hay algunos aspectos de la redacción del proyecto que se podrían ajustar, especialmente en el delito de grooming –que estoy absolutamente consciente de que se trata de un tema que vamos a mejorar–, que tiene que ver, precisamente, con que se cumpla con la tipificación que en el mundo se da de este delito. Anda circulando por ahí una redacción que me parece mejor que la que viene de comisión.

Quiero señalar brevemente algunos aspectos que no me gustaría dejar de lado y que tienen que ver con lo que pasó durante todos estos años. La sociedad cambió y, a raíz de la ley vigente –que, vuelvo a decir, no era la que habíamos presentado, pero fue fruto de esa transacción natural que debe tener un ámbito parlamentario–, cambiaron las instituciones, que se vieron enfrentadas a tener que asumir que este era un problema que señalábamos los legisladores. También cambió la percepción de lo institucional en materia de tener que escuchar a una sociedad civil que no paró de marcar que este era un flagelo. Siguió militando, con la ley vigente, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, el Colectivo Mujeres de Negro, la Casa de la Mujer de la Unión y todos los colectivos que conocemos. ¡No pararon de militar y de mostrar los defectos de las instituciones que, en la operativa –como es lógico–, tardaban en salir a dar respuesta! Pero a eso vino la ley: a enfrentarse con esa realidad a la que debían dar respuesta.

Hay un tema que ha pasado desapercibido y que a mí me gustaría destacar. En aquella ley, y muchas veces en los procesos judiciales, solamente se trataba como víctima a la mujer, y se dejaba de lado que son víctimas primerísimas los niños. ¡Los niños eran actores secundarios en todo el proceso! Esta ley viene a subsanar un gravísimo error que en lo cotidiano se daba al considerar este tema. Por eso me parece importante dejarlo sentado, porque no es menor el abordaje del tema de los niños víctimas de violencia.

Comparto la existencia del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. Nosotros votamos la ley de violencia contra la mujer no existiendo datos estadísticos acabados de lo que significaba tener este flagelo instalado en la sociedad uruguaya. Si mal no recuerdo, tuvimos los primeros datos oficiales cuando la senadora Tourné fue ministra del Interior. Entendimos que era un paso muy importante, aunque estuviera en el Ministerio del Interior, contar con datos verídicos de lo que pasaba en materia de violencia hacia las mujeres. Como ustedes verán, es un corto recorrido –en términos de tiempo– del que tenemos estadísticas reales sobre la violencia hacia las mujeres. No comparto tanto que el observatorio esté en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero vamos a acompañarlo de todos modos.

Me parece muy importante que el proyecto de ley haga referencia a los derechos de las mujeres víctimas de violencia en los procesos.

Otro aspecto que tenemos presente cuando estudiamos estos temas –hablando de las dificultades que tienen las instituciones para encarar el tema de la violencia– es que en los procesos judiciales y administrativos el tema de la violencia todavía no logra entenderse bien. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, el tema de la violencia de género ¡no forma parte del currículo y queda librado a si algún catedrático entiende que este es un tema de derechos humanos! ¡Ni siquiera se da en lo que tiene que ver con el currículo de derechos humanos! Acá hay abogados y abogadas que pueden ratificar lo que estoy diciendo. Es un elemento más que muestra lo que cuesta interpretar –por parte de los jueces y los fiscales, así como en los procesos administrativos– que cuando una víctima de violencia se anima a iniciar un proceso judicial, no está en condiciones psicológicas de poder enfrentar con total naturalidad lo que implica una denuncia de estas características. Por lo tanto, si hay algo que debe tener vigente todo el proceso es el cuidado de que esos derechos se respeten, porque la víctima muchas veces no está en condiciones de hacerlos valer. ¡Gracias que puede enfrentar, precisamente, lo que significa hacer una denuncia de esta situación dramática!

Rescato muchísimo el sistema interinstitucional de respuesta a la violencia basada en género, pues creo que por ahí pasa la integralidad tan reclamada. Eso es clave y si se me permite, señora presidenta, ¡ojalá funcione! ¡Ojalá que la institucionalidad que tiene que responder con rapidez pueda dar ese abordaje integral a la víctima de violencia! De no ser así, esta ley seguirá siendo más de lo mismo y no habrá cumplido con el efecto fundamental que buscamos.

Quiero finalizar mi intervención diciendo que es verdad que un código es una integralidad y que, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las normas que uno va modificando e incluyendo con posterioridad una y otra vez. Sin embargo, hace como tres legislaturas que vengo escuchando que las normas penales se van a modificar. Cuando los miembros de las cátedras han venido a las comisiones parlamentarias –me estoy refiriendo a las cátedras penales y no al Código del Proceso Penal ni al Código del Proceso Civil– nos han dicho que si nosotros creamos nuevas normativas estamos generando un desequilibrio en el cuerpo normativo, ante lo que, humildemente, respondo diciendo que el desequilibrio se produce cuando la normativa penal no acompaña la triste realidad de la gente que está siendo violentada. Entonces, no me vengan a hablar de desequilibrio en materia penal porque, en realidad, hace años que están tratando de ponerse de acuerdo y, mientras tanto, las víctimas de violencia doméstica y las mujeres en general, estamos siendo sometidas a un código penal que nada tiene que ver con nuestra realidad.

Voy a acompañar con gusto este proyecto de ley que, repito, no es en su cabalidad lo que hubiera querido. Cuenta con mucha redacción, mucha aspiración y mucha directriz, pero me parece que no está en la esencia y en la concreción que, a esta altura, para ser sancionado, debería tener un proyecto de ley sobre violencia de género.

De todos modos, bienvenido sea este proyecto, porque es un paso más para que esta realidad sea considerada. Voy a acompañar el capítulo penal porque, reitero, no quiero volver dentro de unos años a tener que considerar una normativa, a la espera de que los especialistas en derecho penal den, de una vez por todas, un viraje a la normativa penal acorde con la sociedad y con los tiempos que corren.

Muchas gracias.

SEÑORA BERAMENDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero manifestar que me gusta mucho decir señora presidenta y ¡ojalá, cada vez más, esto sea extensivo a otros ámbitos de la vida del país! Me congratulo cada vez que en sala se nombra a la señora presidenta porque me parece que esto es parte de la disputa que estamos llevando adelante en cada acto que realizamos y en cada decisión.

Quiero decir, también, que estamos dando un debate, una vez más, marcado por el horror –por el horror que acabamos de compartir con la senadora Argimón– de la aparición de la niña del departamento de Rivera muerta. Una vez más, el debate de la violencia basada en género está permeado por el dolor y por el horror; horror que cuando aparece, surge como una expresión extrema. No conocemos las circunstancias que rodearon este hecho, pero seguramente tenga que ver con palabras no escuchadas, con voces no escuchadas. Y nos animamos a pensar que seguramente tenga que ver –y nos atrevemos a decirlo– con circunstancias de abuso, en la medida en que la persona indagada en estos momentos, está vinculada a la familia.

Esto constituye un núcleo duro del horror que atraviesa la vida cotidiana –como bien dijeron las señoras senadoras que nos precedieron en el uso de la palabra– de las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país. Esto no es ajeno, señora presidenta, a lo que expresa con mucha claridad la antropóloga Rita Segato, que mencioné cuando hablé sobre el femicidio. Con total crudeza ella menciona que lo que está en riesgo es la posibilidad de existir para las mujeres. No estamos hablando de un tema sencillo. Es claro que, cada vez más, todos tenemos noción de lo que implica que esté en riesgo la posibilidad de existir. Cuando hablamos de existencia, señora presidenta, no lo hacemos solo en términos de vida o muerte –aunque también esté expresado en términos de la muerte–, sino en la posibilidad de existir con una palabra validada; en la posibilidad de existir con condiciones y posibilidades de desarrollo de proyectos de vida y en la posibilidad de existir en las representaciones. Todo esto está en juego en el debate que estamos planteando.

En verdad quiero hacer alguna mención de carácter conceptual abonando a lo que ya han dicho los señores senadores y las señoras senadores que me precedieron. Por un lado, creo que la violencia basada en género tiene un componente que puede expresarse de múltiples maneras, pero tiene una raigambre que es estructural. Y en esta caracterización estructural de la violencia basada en género, sin ninguna duda están presentes las cuestiones que hemos mencionado en otros espacios, como aquí también, con relación al eje estructurante de dominación que tiene nuestra sociedad y que es la larga división de los mundos públicos y privados. La ley que mencionamos del año 2002 –que no habrá sido la mejor– fue un avance significativo, como también lo fue la ley de seguridad ciudadana. Aquella ley apuntaba a cortar, de alguna manera, la frontera entre lo público y lo privado. ¿Por qué se corta? Porque se refiere a aquello que en la época en que nosotros éramos niños y niñas –y en algunas casas sigue ocurriendo lo mismo– se consideraban malos humores, rabietas y explosiones que de algún modo se tapaban, porque los trapitos sucios había que lavarlos en casa. Esa brutal barrera que existía entre la frontera de lo público y lo privado, la ley empieza a horadarla. Ese es un componente central para horadarla con todos los déficits que pueda tener, pero establece claramente su importancia. ¿Por qué importa? Porque lo que hay aquí es una violación de los derechos humanos de quienes la sufren.

Todos nos indignamos, cada vez más, en el Uruguay, cuando se violan y violentan los derechos de las mujeres. Y voy a decir algo que, a esta altura, está acuñado en la sociedad uruguaya de una manera muy importante por todos, salvo por quienes perpetraron la violencia desde el terrorismo de estado. Todos nos horrorizamos cuando escuchamos testimonios de mujeres que fueron violentadas en un acto de tortura, pero hoy hay mujeres torturadas sistemáticamente en relaciones asimétricas de poder en sus hogares. Hoy este acto de tortura, de vejación, de cosificación, lo están viviendo niños, niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país en forma sistemática. Y no digo que solo ellas, pero sí que por las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, fundamentalmente sucede con estas últimas. Cuando esto ocurre en el ámbito privado –en la frontera de la privacidad–, las herramientas de derechos humanos que han planteado muy bien las señoras senadoras posibilitan decir que se violentan los derechos humanos también en las casas. Por lo tanto, la perspectiva de los derechos humanos –y lo celebramos– debe ser el marco que alimenta, fortalece y fundamenta este proyecto de ley que hoy estamos considerando.

Tengo un problema –quiero decirlo expresamente– con la palabra integralidad, en este sentido. De alguna manera, la integralidad es una buena pretensión, pero creo que supone un ejercicio permanente de reconocer –lo señaló muy bien la señora senadora preopinante– cuestiones que se vieron a través de la lucha de muchas mujeres que estuvieron siguiendo atentamente las fallas del sistema y que, en su momento, las señalaron. En cada paso que damos en esta integralidad identificamos problemas nuevos y, sin duda, estamos dejando otros en el camino. Hoy también nos pasa eso. Por ello, todas y todos somos conscientes de que esto es un avance sustantivo, pero seguramente habrá otros que lo superen y, en este sentido, también planteo el tema de la integralidad como pretensión. Creo que tiene algo sumamente importante que es el reconocimiento de que hoy, con la legislación actual, se violentan los derechos de las mujeres en la manera en que la legislación resuelve el problema y, por lo tanto, tenemos que superar la legislación vigente por una que permita que se resuelva de una forma más adecuada el ejercicio pleno del derecho de las mujeres.

Me parece un acierto de la ley las directrices en materia de políticas públicas. Aquí me animo a hacer énfasis en algunas de las intervenciones que pusieron esto como declaraciones. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo la política pública como el espacio privilegiado de articulación entre el Estado y la sociedad. Y entiendo que la política pública, por lo menos en la definición que más me gusta, es la que debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esa definición, que es muy amplia, está diciendo que la política pública luego debe ser la herramienta que posibilite hacer efectivo el cumplimiento de la ley, en esa articulación entre Estado y sociedad.

Por lo tanto, celebro que aquí haya una política pública y que desde el proyecto de ley, desde la ley que hoy vamos a alentar para que tenga media sanción, se diga a las instituciones públicas hacia dónde orientar la política pública. Me parece que este es un acierto que, de pronto, en otros proyectos de ley no le encontraría sentido. En este sí, porque todos reconocemos que hay un componente estructural poderoso, fruto de las asimetrías. No en vano, cuando hago mención a un componente estructural poderoso estoy diciendo que cuando una mujer no tiene acceso a los recursos mínimos para su vida, desde el punto de vista económico, está sufriendo una violencia feroz.

Asimismo, podemos ampliar el concepto del daño y de la violencia. Y cuando decimos que es estructural, nos referimos también a esta dimensión de lo socioeconómico, a la dimensión de esa apropiación de la plusvalía que su trabajo cotidiano da cuando ella se hace cargo de las responsabilidades familiares. Todo esto va configurando un terreno abonado a fin de que ella tenga impedimentos reales y cotidianos para transformarse en un sujeto pleno de derecho. Todo esto está en juego en la discriminación y en las relaciones de subordinación que vivimos las mujeres en nuestra sociedad.

También es estructural porque en el componente de la violencia, la representación de los hombres en nuestra sociedad sigue siendo ampliamente mayoritaria, más allá de que en el día de hoy la cámara nos dé el gusto de ver una presencia tan importante de mujeres. Sin embargo, la realidad de nuestro país muestra que los mecanismos de representación siguen siendo poderosamente masculinos y ahí también tenemos un enorme desafío como sociedad. Por tanto, es una clave contribuir a visualizar lo que las mujeres están haciendo en nuestro país. En esto voy a elegir solo un nombre –cuando se hace esto siempre se corre el riesgo de que haya muchas personas que queden afuera– que tiene que ver con razones afectivas y de historia de vida. Quiero nombrar específicamente en esta cámara a la asistente social Nita Samuniski, una feminista comprometida con estos temas desde hace muchísimos años en Uruguay; fue una de las mujeres que trabajó tempranamente, en forma honoraria –como la inmensa mayoría de las organizaciones que trabajan en violencia doméstica–, para atender situaciones de violencia doméstica cuando no había respuestas estatales, cuando no había ningún servicio y era la sociedad civil organizada, sin dinero, la que atendía a las mujeres que sufrían violencia doméstica. Esto era así. Tuve la suerte de compartir un proceso de aprendizaje fuerte con Nita en Mujer Ahora. Ella fue una de esas mujeres que realmente le metió un pienso y un compromiso a esto. Podemos decir que ella es la expresión de una institución de la sociedad civil que hoy está intentando colocar, junto con otras, el debate con relación a la articulación entre el Estado, la sociedad civil, el Gobierno, el Poder Ejecutivo y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. En todo esto también debemos ver los esfuerzos –a veces no nombrados y a veces, anónimos– de mujeres que contribuyeron de gran manera a que muchas de nosotras –a mí también me llegó su esfuerzo– viéramos que este era un tema crucial.

Cuando conocí a Nita Samuniski yo era presidenta de un sindicato, y para mí las determinantes de las transformaciones tenían que ser las transformaciones de clase; todo lo demás era secundario. Gracias a ella y a otras mujeres que contribuyeron, entendí tempranamente que acá hay un ensamble de las discriminaciones que hoy llamamos interseccionalidad de las discriminaciones, que involucra a las mujeres pobres, a las mujeres que pertenecen a minorías étnico-raciales, a las mujeres que están sometidas a distintos estigmas por su orientación, por su identidad de género; son esas minorías de mujeres donde las discriminaciones intersectan y potencian una nueva calidad en términos de discriminación, que crea una situación específica y particular. Hoy todos lo estamos reconociendo en un proyecto de ley. Esto no pasaba antes, señora presidenta, y por momentos lo siento como una maravilla. El Uruguay ha avanzado sustantivamente en reconocerlo y lo ha hecho porque también existen políticas públicas.

Esta ley no llega en el vacío; esta ley llega porque hay políticas públicas que se vienen implementando en el país como resultado de una legislación que también estableció que había que construir un plan. Ese plan, además, fue redactado por las organizaciones sociales, y nosotros también participamos en su redacción junto con Andrea Tuana y Ana Nocetti. Ese plan pasó a ser el plan del consejo consultivo, pero fuimos las organizaciones sociales las que le dimos carnadura.

Con esto también quiero contribuir a algo que me parece central. Hay un pensador noruego, Johan Galtung, que me entusiasma mucho, no solo por su contribución en este tema, sino por su contribución en el mundo en los debates sobre la paz y los conflictos. Quiero mencionarlo porque me parece que es justo hacerlo y porque, además, quiero redondear esta parte con algunas cuestiones que él ha teorizado. Es un hombre que ha contribuido al hablar de las dimensiones presentes en la violencia estructural, en la violencia directa y en la violencia simbólica o cultural, estableciendo claramente una relación entre ellas.

Hay que entender tempranamente que las mujeres trabajadoras más pobres, las más aisladas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras que no tenían legislación que las amparara, eran posibles víctimas mucho más vulnerables que otras; hay que entender tempranamente que cuando en Uruguay una mujer es negra pertenece al colectivo afrodescendiente y tiene muchas más posibilidades de ser violentada. Entender esto es parte de lo que hoy estamos acuñando como sociedad. Vemos que todo esto se expresa y no hay una categoría que supere a la otra. Todas juntas operan y tenemos que trabajar. Entonces, en mi conceptualización de la integralidad, quiero señalar que el enfoque interseccional que tiene esta ley es uno de los mayores aciertos desde el punto de vista conceptual.

Por tanto, felicito el proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo y tuvo un espacio de diálogo con la sociedad civil. Y felicito también a quienes han trabajado para que hoy tenga este nivel de concreción después de un año y medio de trabajo parlamentario.

Reitero que la interseccionalidad me parece un elemento central, aunque no el único. Creo que este proyecto de ley contempla otros aspectos que, realmente, son superadores de concepciones. A mí me pasa algo similar a la señora senadora Suárez, aunque no he sido atravesada por historias de vida como ella. Como dije, me ocurre algo parecido, pero desde otro lugar. Yo soy feminista –todos lo saben– y, además, lo reivindico. El feminismo no tiene nada que ver con el machismo o, en todo caso, no es el opuesto al machismo, como muchas veces se dice para banalizar y denigrar el concepto. No; soy feminista porque creo en la diferencia, pero creo que la diferencia no puede ser razón para instalar la desigualdad. Creo en la diferencia como un principio que enriquece el principio de igualdad. Somos todas distintas y todos distintos. ¡Por suerte! Sería terrible el mundo si fuera de otra manera. Y como somos todas y todos distintos, todos tenemos un aporte peculiar para hacer.

Creo que esto es algo a revalorar y a resignificar. Hay que resignificar el valor de la diferencia entre los que tenemos y estamos mandados a ser iguales, y combatir plenamente la desigualdad como conceptualización. Hablamos del resultado de una conceptualización que tiene mucho que ver con la discriminación, porque es la carga valorativa sobre la diferencia la que genera la desigualdad: esa carga valorativa diferencial. Me parece central el combate a toda forma de discriminación en este proyecto de ley y, entonces, es fundamental que se lo enuncie, que se lo nombre.

Además, creo que ha habido –y hay– un riesgo en tensionar la relación Estado-sociedad civil de modo que, muchas veces, parece que se está ante la disputa de marcar quién fue el primero. Quiero ser supercuidadosa; vengo de militar en el movimiento social de mujeres y en el movimiento amplio de mujeres. Pero ¿saben una cosa? También me sentía parte del movimiento cuando era legisladora; me sentía y era parte del movimiento cuando dirigía el Instituto Nacional de las Mujeres. El movimiento de mujeres no es solo de las organizaciones sociales autónomas, que tienen un valor difícil de transpolar.

Creo que el arte y la clave están en ver cómo buscamos entre todos no olvidarnos de los ejes centrales. Desde cada lugar donde estamos, debemos pensar cómo contribuir efectivamente para esa causa, que nos trasciende. La causa no es mía, no es solo de las feministas –aunque sin lugar a dudas es de las feministas, porque históricamente la levantaron–; es una causa que tiene que pasar a ser parte de todos los legisladores –hombres y mujeres– de todos los partidos políticos. También me enorgullece decir que es una ley que es votada por todos los partidos políticos. Realmente me parece que para Uruguay es una señal tremendamente importante, que debemos acuñar y fortalecer.

Con esto no estoy diciendo que no sea consciente de que tenemos grandes peligros. Por eso creo que esta manera de construir el proceso nos abre un campo de disputa en lo simbólico mucho mejor que si el proceso hubiera sido solo de la bancada de gobierno. En cuanto acto estén los legisladores de todos los partidos, en cuanto lugar público se pronuncien, deben tener una disputa feroz para que este no sea un tema secundario, para que sea un tema clave en la vida de las mujeres uruguayas. Si es clave en la vida de las mujeres uruguayas, es clave para el Uruguay entero.

Entonces, me parece que estamos dando un paso central en cuanto a la disputa en lo cultural y en lo simbólico. Johan Galtung hablaba de tres maneras de violencia: la violencia estructural, la violencia simbólica y la violencia directa. Y se debe entender la violencia directa como la resultante de este conjunto de violencias estructurales y de violencias en la disputa en lo simbólico. Como dije, me parece que hoy estamos dando un paso central en esa dirección.

Por otra parte, quiero decir que en la disputa, en el intento de recuperar el sentido de lo que hacemos, siempre hay procesos de negociación, y creo que no hay negociación que no esté atravesada por el poder. Así como en los actos de violencia de género y de violencia doméstica claramente se deja expresado que no hay lugar para la negociación –porque no podemos poner a negociar a dos asimétricos en cuanto a la apropiación del poder–, en la sociedad estamos atravesados por grandes asimetrías de poder que siguen colocando a las mujeres en lugares de subordinación. Por lo tanto, me parece que es un acierto todo lo que el proyecto de ley abona en tratar de revertir esa situación de asimetría.

En lo personal, lo veo así en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del proceso que viven hoy las mujeres cuando ingresan a la Justicia. En otros tiempos era difícil decir a la mujer que se iba a meter en un proceso judicial que iba a ser muy duro. Era muy difícil que las mujeres siguieran con el proceso si no estaban sostenidas por organizaciones sociales –que la inmensa mayoría trabajaban honorariamente– que las acompañaban y seguían los procesos junto a ellas. Era muy difícil que las mujeres soportaran el periplo del fallo judicial cuando no estaban sostenidas desde otro lado.

Es así que quiero hacer énfasis en algunas experiencias que tienen que ver con investigaciones sobre estos proyectos de ley de tercera generación, y mencionar expresamente una investigación de Nancy Madera, a la que tuve acceso la semana pasada, quien hizo su tesis doctoral analizando cómo son los proyectos de ley en la región en este período. Ella rescata poderosamente el papel que cumplieron las redes internacionales y regionales en toda la región y muestra cómo el entramado de las redes fue clave.

Es muy interesante su tesis doctoral –quizá algún día tendremos la oportunidad de compartirla con más legisladores–, porque abona la teoría de que gran parte de los contenidos de las leyes depende de la densidad de las redes que se creaban en la región, de lo compactas que fueran. En estas redes estaban los mecanismos de género –esto que se ha dado en llamar los MAM, mecanismos para el adelanto de la mujer–, los mecanismos de género en la región, los ministerios de la mujer, y las legisladoras que participaban activamente –lo hemos hecho– en estas redes de América Latina. La presencia de la sociedad civil ha sido constante, pero también estaban mujeres legisladoras, mujeres de los Gobiernos, sin las cuales muchos de los avances conceptuales no se hubieran podido plasmar.

En definitiva, quiero apelar a que de aquí en adelante sepamos todos –en mi caso, no tengo ninguna duda– que las transformaciones culturales deben ser acopio de todas las instituciones públicas. Me parece maravilloso lo que se hace en términos de educación, es decir, que se señalen cuestiones a las que se debe propender en el sistema educativo. Me parece una maravilla, porque hoy tenemos una cantidad de niñas y adolescentes que han acuñado muy poco de esto, que viven creyendo que ya lo superaron, que la violencia es un tema de los viejos. Pero luego, cuando tenemos en cuenta los vínculos afectivos libres de violencia y la publicación que sacó la Administración Nacional de Educación Pública, vemos las trampas feroces a las que niñas y jóvenes –supuestamente más liberadas porque tienen más libertad en el ejercicio de su sexualidad– están expuestas, como la de la negativa del otro a usar un condón, como la de no poner en palabras lo que no desean, como la de entrar en la trampa del amor romántico, del «Te quiero como a nadie», del «Te quiero todo el día conmigo», o la de que les quieran cortar los vínculos con sus amigas.

Actualmente eso está presente en las y los jóvenes de nuestro país, como también lo está en jóvenes de otros países de nuestra América Latina. Hace unos días me tocó terminar de coordinar una investigación sobre las percepciones de los jóvenes sobre la violencia en siete países. ¿Y saben qué arrojó la investigación? Arrojó cuestiones increíbles, porque cuando se preguntó a los jóvenes si estaban a favor de la igualdad, todos respondieron que sí, pero cuando se les empezó a develar en las preguntas los mecanismos con los que se socava esa idea, era impresionantemente impactante constatar las creencias machistas que hoy están presentes en muchísimos jóvenes de América Latina.

Por consiguiente, el desafío es de todos los que estamos aquí; es de las organizaciones sociales, que han sido un motor importantísimo para que el proyecto de ley estuviera cada vez más ajustado a lo que la sociedad entiende y debe reclamar.

También es muy importante el papel que cumplió el Instituto Nacional de las Mujeres y todos los organismos públicos, que están dando cuenta –y vamos a verlo en las actividades del 25 de noviembre– de cosas increíbles.

Apelo asimismo al Ministerio del Interior. Hace unos días presencié en un comercio una situación en la que una mujer relataba un caso de violencia. Llamé a July Zabaleta y obtuve una respuesta inmediata. Y no la tuve porque yo fuera alguien. Me consta que siempre es así, porque me lo han dicho cientos de mujeres que encuentran organismos que funcionan, que van al Instituto Nacional de las Mujeres y tienen a alguien que las escucha y que las acompaña en el proceso. Cabe señalar que esto no ocurría y que ahora ocurre porque hay políticas públicas sostenidas, con recursos, y porque se ha montado un sistema de respuesta.

Además, hay una cuestión clave: a partir de una iniciativa en la que participan el Instituto Nacional de las Mujeres y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hoy el Uruguay está estableciendo una estrategia nacional para la igualdad. ¡Qué detalle! Estamos analizando la ley de violencia y hay un marco a nivel de las políticas públicas que está discutiendo una estrategia nacional para promover una sociedad más igualitaria. Entonces, no estamos cayendo en un terreno que no esté abonado; hay un terreno abonado por políticas sostenidas desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio del Interior y desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Estas políticas permiten sembrar en un terreno que me hace ser optimista, porque sé que hay un rol muy claro en el seguimiento. Me parece un acierto que para el seguimiento, para garantizar el proceso efectivo de cumplimiento, en este observatorio que se crea esté la sociedad civil representada como tal. También me parece un acierto colocarlo en un organismo que de alguna manera tiene competencias en el conjunto de las políticas que tienen que ver con la planificación y el desarrollo. Me parece que se ha dado una fuerte señal al colocar al observatorio en un organismo superior, en el sentido de las competencias en todo el territorio nacional.

Señora presidenta: me gustaría que todos tratáramos de integrar a nuestras vidas cotidianas algunos aspectos sobre los que hemos hablado hoy. En este sentido, me ayuda la intervención de la señora senadora Tourné, como así también las que realizaron las demás legisladoras que han hecho uso de la palabra porque, particularmente en esta dimensión de las vidas personales, la idea es apelar a que las vidas personales de todas y todos los que estamos aquí se parezcan a lo que decimos. Diría que me parece una cuestión audaz de esta legislación la señal que se da de que alguien que ejerce violencia contra las mujeres no puede ocupar un cargo público. Me parece que estamos dando una señal fortísima como sociedad y, empezando por quienes somos representantes, estamos diciendo que no podemos estar representando ni podemos ser portavoces si estamos en una situación de ejercicio de violencia.

Considero que en los tiempos que corren deberíamos rescatar este acercamiento entre la vida pública y la privada como parte de un debate ético pendiente y que este proyecto de ley contribuya a ello de una manera sustantiva. Creo que esto es clave e importante, por cuanto ayuda a aproximar esa distancia –a veces esa zanja enorme– que existe entre lo público y lo privado, alentando a que todos seamos portavoces en nuestras vidas y prácticas cotidianas de esto que hoy estamos impulsando.

La idea es que, en esta política tan devaluada y tan mal vista, empecemos a transformar estas cuestiones que, al acuñarse como valores, contribuyan también a jerarquizar las actividades que todos hacemos en espacios de representación. La representación se tensa cuando se ponen en tela de juicio cuestiones de este tipo. Antes hubiera sido impensable que esto ocurriera. Pero hoy el Uruguay está diciendo que se comenzó a dar señales desde la ética y que debería existir una correspondencia entre el decir y el hacer. Entiendo que este es un elemento clave en un tema como el que estamos abrazando hoy.

Quiero finalizar expresando que, desde el punto de vista legal, penal y simbólico, celebro esta disputa. A la vez, creo que una vez que la norma se apruebe, deberíamos contribuir entre todos a dar más sentido a la actividad que realizamos y a recuperar un sentido impugnador de prácticas y de vidas que efectivamente necesitan ser nombradas y, como dice Rita Segato, tienen derecho a existir de una manera más digna y libre de violencia.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: naturalmente me sumo a la trascendencia del proyecto de ley que estamos considerando, como así también a la importancia que debe tener un tema que la sociedad uruguaya no ha podido resolver con guarismos aceptables; no ha podido parar esta ola de violencia contra la mujer, que tantas manifestaciones ha generado.

Hago mías las palabras que, en nombre de nuestro partido, realizaron las señoras senadoras Carol Aviaga y Beatriz Argimón, pues me siento reflejado en sus conceptos y consideraciones, y también en sus dudas sobre algunas disposiciones.

Para ahorrar al Cuerpo muchas de las discusiones de carácter particular, quiero mencionar algunos capítulos del proyecto de ley que abonan mi posición a favor, pero también algunas dudas sobre la estructura misma de la iniciativa.

Naturalmente, consideramos bienvenidas todas las definiciones que se realizan en los primeros artículos –definición de violencia, formas de violencia, declaración de orden público e interés general, etcétera–, porque creo que hacen al porqué del proyecto de ley.

Para nosotros, el capítulo II es particularmente importante, pues en él se hace referencia al sistema interinstitucional de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres. Para la sociedad uruguaya –ya no digo «las mujeres», porque quienes no somos mujeres no queremos que haya violencia en la sociedad contra la mujer; por lo tanto, no es un tema de género–, para nosotros, es importante la respuesta a la violencia basada en género.

¡Hasta acá vamos muy bien! Lo mencionaba el señor senador Mieres en su exposición, y hago mías muchas de sus palabras. En el artículo 12 del proyecto de ley se habla del «Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres», que me parece central, pero al igual que el señor senador Mieres entiendo que tiene muchos integrantes. Pasa a ser una asamblea con diecisiete o dieciocho miembros, lo que nos provoca el temor de que después no sea convocada con regularidad o no cuente con la asistencia necesaria.

Pero sin perjuicio de esa observación del señor senador, quiero señalar que la misma norma le da recomendaciones, directivas y competencias al Consejo Consultivo. En este sentido establece: «A) Asesorar al Poder Ejecutivo, en la materia de su competencia. B) Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación. C) Diseñar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo el Plan Nacional contra la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres así como otros planes específicos, programas y acciones para la implementación de esta ley. D) Supervisar y monitorear el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres» –el cual debe elaborar– «E) Articular la implementación de políticas sectoriales de lucha contra la violencia basada en género hacia las mujeres. F) Crear, apoyar y fortalecer las Comisiones Departamentales y Municipales…». También me parece de recibo lo señalado por el señor senador Mieres en cuanto a que mañana no se tenga completado el plan en lo municipal –producto de las carencias que a veces se tienen– o la posibilidad de contar con el tipo de estructura como para una comisión municipal. De todas formas, creo que debemos hacer el intento, lo cual me parece bien, y lo voy a acompañar como parte integrante de lo que tenemos.

Más adelante se hace referencia al observatorio, al que asigno tanta o más importancia que al Consejo Consultivo porque, con una constitución mucho menos grande, será el que en definitiva lleve a que se instrumente lo consagrado en el proyecto de ley.

Mi discrepancia estructural es con el capítulo III, por cuanto me parece excesivamente programático y repetitivo en todos sus artículos. No hace a la esencia del proyecto de ley, pero me parece que en un cuerpo legislativo, como técnica legislativa, no está bien dar al Consejo Consultivo las potestades y, a la vez, generarle una suerte de desconfianza. Digo esto porque luego, en forma detallada, se le dan lineamientos –esto se arrastra del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo– o directivas –como se denomina ahora– tales como «Diseñar», «Adoptar medidas», «Incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de género», «Orientar y sensibilizar al personal docente», etcétera. En el proyecto de ley entramos en una suerte de desconfianza del Consejo Consultivo, al punto tal de que a través de los artículos le estamos diciendo hasta dónde debe llegar. Realmente no me parece que tenga que ser de esta manera y con este detalle, a no ser que me convenzan.

El literal G) del artículo 21 dice: «Diseñar, probar, implementar y difundir en los centros educativos públicos y privados, protocolos de actuación…». ¡Sí! Es lo que tiene que hacer como el plan. O sea, el consejo consultivo –que lo integran casi todos los ministerios–, que es observado por el observatorio, tiene que elaborar el plan.

Realmente, tampoco entiendo la norma que establece: «Investigar, sancionar y reparar la violencia basada en género». Es parte del plan. En fin, establecemos el plan por ley con un articulado que no me parece bueno que forme parte de la estructura del proyecto de ley.

Luego se habla de «Capacitar en forma permanente a todo el personal». ¡Es obvio! El señor senador Bordaberry hizo referencia al artículo 23. Debo decir que acompaño su inquietud en cuanto a un proyecto que hace tiempo está radicado en la cámara. En mi opinión, no tiene que ser una directriz, sino una ley que establezca sanciones para quien la incumpla; el empleador público y el privado deberán dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres. ¿Por qué lo establecemos como una directriz para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? No lo entiendo. Me parece que deberíamos aprobar la propuesta de redacción del señor senador Bordaberry, que acompaño con mi firma, al igual que muchos senadores del Partido Nacional, porque nos parece que es la oportunidad para presentarlo como una ley articulada y no como directriz, sugerencia o recomendación. Tiene que ser una ley articulada; por lo tanto, si no se cumple la mujer tiene el derecho de denunciar que ha habido una forma de discriminación, nada más y nada menos, que en el salario cuando cumple las mismas funciones que el hombre, ya sea en la actividad privada o en la pública.

Vale decir: entendemos que las directrices tendrían que ser mucho más generales para dar al consejo consultivo la oportunidad de elaborar el plan, y algunos puntos que no son generales tienen que articularse como cuerpo del proyecto de ley, con una obligatoriedad para toda la sociedad uruguaya, sea en la actividad privada o en la pública, de corregir cuestiones que son inaceptables como, por ejemplo, que frente a un mismo trabajo se perciban remuneraciones distintas. Eso es altamente discriminatorio; por tanto, el camino debe ser otro. Se me dirá: «Este proyecto es sobre violencia». Está bien, pero toca asuntos que si bien no tienen que ver directamente con el tema, no dejan de ser una forma de violencia como, por ejemplo, la discriminación hacia la mujer cuando en definitiva cumple la misma función que el hombre y percibe una remuneración menor. Diría que es más que una violencia simbólica y material y por eso me parece que se debería resolver en esta oportunidad.

Con respecto a las normas penales, estoy de acuerdo con los señores senadores Mieres y Bordaberry cuando se pronunciaron en el sentido de que acabamos de votar el Código del Proceso Penal y, realmente, cambiarlo en esta instancia no ayuda a una mejor implementación. Hoy tenemos dificultades. Si todos los días sacamos normas que cambian el Código del Proceso Penal, no estamos dando una buena señal a quienes tienen que aplicar la justicia en el país. Esa es nuestra responsabilidad; por tanto, no vamos a acompañar esta norma. Sí vamos a acompañar el aumento de las penas porque siempre hemos estado de acuerdo en que para combatir cierto tipo de delito tenemos que endurecer nuestros códigos. Me alegro de que esto se haya elaborado pensando en la mujer porque me parece bien que para castigar al hombre violento aumentemos la pena; que sepa que mañana va a pagar caro el hecho de atentar física e integralmente contra la mujer.

Como señalaba muy bien la señora senadora Argimón, históricamente nos ha pasado que cada vez que venimos con una propuesta de aumentar las penas para castigar determinados delitos que nos parecen un horror en la sociedad uruguaya, hemos chocado con la cátedra, los catedráticos y los grandes profesores que nos dicen que los códigos tienen que guardar una relación. Cuando era diputado tuve la triste experiencia de que en mi departamento, Rivera, un ser, que era un monstruo, asesinara a una niña de cuatro años después de haberla violado y golpeado salvajemente. Por suerte fue capturado en aquella instancia, luego de participar –estaba entre la gente que la buscaba– en la búsqueda. La indignación al ver lo benévolo que era nuestro código respecto a esa violación y asesinato me llevó en aquella instancia, como representante nacional, a presentar artículos que aumentaban la pena a quien era un violador, un asesino, un monstruo, como lo era ese ser que en el año 1993 participó de ese suceso que conmocionó a la sociedad riverense y a nosotros. Cuando vine de mi departamento con la propuesta de aumentar las penas porque me parecía indignante cómo nuestros códigos castigaban en ese entonces esta suerte de monstruosidad, la única opción que tuve en aquella instancia fue la de que se aplicaran las medidas de seguridad eliminativas que establecía nuestro texto normativo.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Termino la anécdota y con mucho gusto le concedo una interrupción.

Las medidas de seguridad eliminativas que establecía nuestro código –que no olvidaré nunca más– eran las que posibilitaban que este ser –si se le puede llamar así– estuviera más tiempo penado porque había generado uno de los mayores horrores que había vivido la sociedad riverense.

Cuando vivimos en una sociedad violenta me afilio, señora presidenta, a que el Estado debe proteger a la ciudadanía en su conjunto mediante el aumento de las penas. ¡Sí, señora presidenta, yo soy partidario de aumentar las penas, sobre todo cuando se atenta contra la vida!

En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la república falta tratar un proyecto, que fuera aprobado en la Torre Ejecutiva cuando fuimos a hablar con el señor presidente en el intento de generar una reacción del sistema político a la violencia que estaba viviendo nuestro país el año pasado –que lamentablemente sigue viviendo–, en el que se propone castigar con mayor severidad a aquel que tiene la intencionalidad de asesinar. Repito: esto fue aprobado en la Torre Ejecutiva, pero no ha sido votado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la república. Estamos esperando a terminar los proyectos que la comisión tiene en carpeta –que son muchos– para abocarnos a este acuerdo político que tenemos entre todas las bancadas y así aumentar la pena para quien asesina con intención. Nosotros somos partidarios de que nuestros códigos nos protejan y sean más duros con quienes atentan contra la vida y golpean a nuestra sociedad con la delincuencia. Realmente, creemos que nuestro Código Penal es benigno por la forma en que trata el combate a la delincuencia. Naturalmente no escapa a estas consideraciones la forma en que nuestro código trata a aquel que ejerce violencia sobre la mujer y a aquel que, además de ser violento, asesina.

Por tanto, voy a votar con total convencimiento las normas que aumentan las penas para castigar de forma ejemplarizante a quien utiliza la violencia, al grado de quitar la vida a una mujer por el solo hecho de ejercer abuso de género. En definitiva, soy coherente en cuanto a tratar de proteger a la sociedad de todos sus males, principalmente de este. Ayer veíamos cómo se asesinó a una mujer discapacitada en Casavalle; se la mató de forma terrible. Realmente, muchas veces asusta escuchar a los señores fiscales hablar sobre el resultado de las penas que el Estado establece para quien delinque en nuestra sociedad. Ellos señalan que, en realidad, nuestra Justicia castiga a un porcentaje muy minoritario de quienes delinquen en nuestra sociedad. Asombra la falta de respuesta por lo que esperamos que este nuevo Código del Proceso Penal sea ágil en la condena y en la persecución que debe haber frente a todo tipo de delitos, en especial el de la violencia contra la mujer.

La señora senadora Payssé me había solicitado una interrupción y con gusto se la concedo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Gracias, señor senador.

Solicité la interrupción porque soy la única senadora que integra la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión y también la de Constitución y Legislación. Por lo tanto, trabajé sobre el Código del Proceso Penal en la Comisión de Constitución y Legislación, pero también en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. En este proyecto de ley, como bien recordará el señor senador, tiene un aterrizaje que motivó que el artículo 82 original –como lo planteé en mi intervención anterior–, que contenía modificaciones a los artículos 96 y 97 del CPP, fuera tratado en la Comisión de Constitución y Legislación y no en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. En la sección VI del capítulo V de este proyecto de ley se habla de los procesos penales; en la mayoría de los artículos se hace referencia al CPP y, en otros, se refuerzan las normas que establecen la reserva y la no comparecencia de manera conjunta de víctima y victimario en el caso de estos delitos. Por lo tanto, es verdad que hubo alguna adecuación, pero también debemos pensar que la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, sufrió sucesivas modificaciones en forma simultánea al tratamiento de este proyecto de ley en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Tal vez puede haber alguna sobreabundancia vinculada a la reserva, a que no sea pública la audiencia, etcétera, etcétera. Recuerde este Cuerpo que acá votamos algunas mejoras o modificaciones al CPP vinculadas a la oralidad –que quedaron a texto expreso–, a que debían ser audiencias públicas y demás, y al mismo tiempo estábamos analizando esta iniciativa en otra comisión del propio Senado. En cierta forma, estábamos viendo dónde largábamos primero la norma.

Hubo modificaciones que consideramos que debían estar en lo que fueron las modificaciones del CPP, y así lo hicimos. Quedaron, sí, algunos artículos con algunas pequeñas modificaciones que, en lo personal –y creo que también en el caso de quienes integran la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión–, no parecía que fueran de tanta preocupación como sí lo eran las modificaciones al Código Penal. Estas últimas las trabajamos, independientemente de lo que estuviera pasando en otro ámbito del Parlamento, habida cuenta de que vimos que los tiempos no se iban a acompasar. Como detalló el senador Bordaberry, era necesario tomar algunas medidas vinculadas a los reproches penales, en este caso referidas a los delitos que estamos tipificando acá y, en otros –como lo mencionó en su reseña–, a otras circunstancias.

Entonces, como comparto la preocupación sobre el Código Penal, quiero bajar un poco los decibeles de la discusión o la preocupación al senador Heber, porque no es tanta la modificación al CPP; son adecuaciones imprescindibles en función de lo que se hizo y refrendó –ya son ley– en este Parlamento, casi de manera simultánea.

Esas fueron las razones por las cuales solicité la interrupción al señor senador. Compartimos la Comisión de Constitución y Legislación, trabajamos juntos en el CPP –¡vaya si lo hemos hecho!– y me parecía bueno hacer estas aclaraciones habida cuenta de que, reitero, soy la única senadora que integra ambas comisiones y tengo una mirada de los dos ámbitos donde algunas normas se estaban considerando de manera casi simultánea.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Vale la aclaración de la señora senadora Payssé, pero me parece que nosotros pusimos mucho tiempo y esfuerzo en el Código del Proceso Penal como para ahora desatender estas cosas. Quizá haya una culpa personal o partidaria en esto, porque no tuvimos el tiempo suficiente en la bancada para analizar con mayor detalle esta situación y votar con más conciencia las normas propuestas. Ahora bien, como esta es la primera instancia de consideración del proyecto de ley en el Parlamento, podremos hacer un seguimiento mayor de algunas disposiciones en la siguiente instancia. Reitero que no integro la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, pero lo cierto es que no hemos tenido la oportunidad de debatir en detalle la iniciativa dentro de nuestro partido para tener una posición más acabada. Sí estamos de acuerdo en aumentar las penas; nos parece bien y cambia sustancialmente la respuesta política que recibimos a muchas de nuestras iniciativas. Solían señalarnos que el aumento de penas no resuelve la inseguridad. Nos han repetido muchas veces esa frase, pero no se demuestra, porque los países donde son severos con sus penas tienen menos delitos. Estoy de acuerdo con aumentar las penas, tanto al hombre violento que pega y que asesina a una mujer, como al violento que asesina en cualquier otra circunstancia. Quien puede lo más, puede lo menos. Sí estoy de acuerdo en aumentar las penas de nuestros códigos que, reitero, me parecen muy benevolentes y no castigan como deberían hacerlo para defender a la gente trabajadora de nuestro país que sufre esta violencia, muchas veces a diario; acá se pusieron ejemplos impresionantes. Y si estamos dispuestos a hacerlo cuando esta violencia se ejerce sobre la mujer, creemos que se tiene que aplicar el mismo criterio cuando se cometen delitos que atentan con violencia contra la vida de las personas, ya que, a mi juicio, los códigos no tienen la contundencia y la severidad necesarias.

Entonces, vamos a acompañar esos artículos y, si tenemos tiempo suficiente, en la discusión particular escucharemos los argumentos sobre los artículos relativos al Código del Proceso Penal, pero en principio no estamos de acuerdo en modificarlo.

En cuanto a las directrices, hicimos especial hincapié en que abarcan una temática muy grande y a nuestro entender no es necesario hacerlo en este cuerpo legislativo que estamos sancionando. Pienso que, en definitiva, lo que se hace es sustituir el plan de cuidado que debe tener el país en cuanto a evitar la violencia de género en nuestra sociedad. Tendremos que darles el tiempo suficiente al Consejo Nacional Consultivo y al Observatorio sobre la Violencia basada en Género hacia las Mujeres –que establece este mismo proyecto– para elaborar un plan que evite la violencia de género en nuestra sociedad, con una labor de fiscalización, de exigencia, de información y de opinión. De esta forma, sabremos si lo que hemos puesto en el articulado en realidad se está cumpliendo en nuestra sociedad. Por eso, señora presidenta, apoyamos algunas cosas y tenemos dudas en otras. Me parece que el proyecto de ley, sobre todo en el capítulo III, es muy programático; a mi juicio, no es de buena técnica legislativa incluir este tipo de artículos. Además, el Cuerpo sabe que no solamente en este caso, sino que cada vez que ha habido artículos programáticos –incluso en la rendición de cuentas–, los he criticado porque nada agregan a nuestra legislación; simplemente son un saludo a la tribuna que, de alguna manera, no se traducen en acciones concretas, obligatorias para el Estado, que tiene que defendernos de una sociedad muy violenta, que lamentablemente es lo que vemos. Supongo que vamos a tener que buscar los orígenes sociológicos del problema para poder explicar los episodios de violencia que estamos viviendo y, como es natural, la mujer no escapa a ello.

Quería dejar esto de manifiesto ahora para evitar intervenir en este punto cuando se traten estos artículos en la discusión particular.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: no formo parte del grupo de legisladores que trabajaron directamente en este proyecto de ley en el ámbito legislativo, pero pertenezco a la bancada y a la fuerza política que estableció que el tema fuera una prioridad. Y es en ese sentido que quiero compartir un par de reflexiones.

Durante los últimos años hemos asistido a una serie de avances en materia legislativa y en materia institucional; por lo tanto, la media sanción de este proyecto de ley, que tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, es un motivo de celebración por el progreso que ha significado en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Por supuesto que saludamos –al igual que lo han hecho otros compañeros del Senado– a las señoras senadoras y a los señores senadores que han trabajado en el proyecto de ley y a sus asesores. Asimismo, se habló de la integridad y de la institucionalidad que contiene este proyecto y no voy a hacer referencia en particular a eso porque ya se ha profundizado bastante en ese aspecto. De alguna manera, quiero celebrar la voluntad política de todo el Cuerpo que hizo que hayamos arribado a un proyecto de ley acorde a las necesidades existentes.

También quiero decir que, obviamente, como legisladores debemos realizar el control estricto del cumplimiento de las leyes; sin embargo, también hay una sociedad que en alguna medida ejerce ese control social y, en ese sentido, quiero destacar el trabajo de todas aquellas organizaciones que desde hace muchos años, con sus principios, con sus convicciones, con sus reivindicaciones históricas, muchas veces desde la empatía y otras desde el dolor, han aportado a este tema. Una cosa somos nosotros como intérpretes y como legisladores, pero muy otro es el lugar de aquellas que sienten en carne propia esta problemática que hoy vamos a intentar resolver aprobando este proyecto de ley. Saludo y brindo en reconocimiento a quienes, desde diferentes lugares, llevan adelante esa lucha, con convicción, con dolor, pero siempre construyendo.

Para finalizar, quiero decir que estoy convencida de que para garantizar los derechos humanos nada resulta un exceso, máxime si estamos hablando de educación. Como muy bien se dijo, más allá de la especificidad del articulado y del proyecto de ley en sí, se trata de seres humanos, en este caso de mujeres y niñas, con diferentes condiciones socioeconómicas y culturales, que sufren este flagelo. Todo lo que se haga desde la sociedad civil y desde el Estado para garantizar esos derechos no se mide por el número de integrantes de las comisiones o de los consejos, sino con acciones y políticas públicas. Insisto: saludo la aprobación de este proyecto; saludo en nombre de aquellas que no tienen voz y también, por qué no, como sobreviviente.

Gracias, señora presidenta.

21) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

relativo a la puesta al día de las normativas referentes al control por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), de bebidas y alimentos importados.

–A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

Por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica y técnica entre la República Oriental del Uruguay y la República Árabe de Egipto, firmado en la ciudad de El Cairo, el 2 de julio de 2015 con la redacción acordada mediante las notas reversales de 3 de mayo de 2016 y de 2 de agosto de 2016;

por el que se aprueba la decisión del Consejo del Mercado Común n.º 21/09, referida a las listas de compromisos específicos de los Estados partes del Mercosur.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Por el que se aprueban modificaciones a artículos desglosados de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2016 y sustitutivos desglosados, referidos al Plan Nacional de Vivienda.

–A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Por el que se aprueba la supresión de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea Ente Autónomo (Pluna E. A.).

–A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

Asimismo, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 15921, de 17 de diciembre de 1987, de zonas francas.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Además, comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio de cooperación en ciencia, tecnología e industria para la defensa nacional entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la defensa nacional de la República Popular China, suscrito en la ciudad de Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016;

por el que se aprueba el Acuerdo entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República de Indonesia en materia de cooperación económica y técnica, suscrito en la ciudad de Yakarta, República de Indonesia, el 11 de octubre de 2016.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE».

22) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Varios señores senadores presentan un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 1.º de la Resolución del Senado de fecha 15 de junio de 2016, relacionado con la cantidad de copias en DVD de la película Destino final, del autor Mateo Gutiérrez, sobre el secuestro y asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo, autorizándose la producción de 500 en lugar de 300 copias.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».

(Texto del proyecto de resolución presentado).

f001.jpg

23) TERREMOTO OCURRIDO EN IRÁN. PROYECTO DE DECLARACIÓN

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: pido disculpas al Cuerpo, pero cuando sugerí el tratamiento del proyecto de declaración sobre el terremoto en Irán omití solicitar que la declaración que votó el Senado sea enviada a la embajada de ese país.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador Camy.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado retoma la consideración del primer punto del orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: voy a proponer que se suprima la lectura y se vote por capítulos, de manera de permitir la solicitud de desglose de los artículos.

(Interrupciones).

–Señora presidenta: retiro mi propuesta para permitir que el planteo lo haga la señora senadora Payssé.

SEÑORA PRESIDENTA.- En ese caso, tiene la palabra la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pensé que alguien iba a pedir la palabra para fundamentar el voto en general y por eso no me adelanté a pedir la palabra justamente para, como integrante de la comisión, ordenar la votación, de manera de ayudar al trabajo que nos queda vinculado a los sustitutivos y a algún aditivo.

Por tanto, voy a sugerir algo que va en la misma línea de lo planteado por el señor senador Bordaberry, que es desglosar los artículos que van a sufrir modificaciones y votar los otros en bloque, por capítulo, suprimiendo su lectura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la propuesta presentada por la señora senadora Payssé.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: del capítulo I solicitamos el desglose de los artículos 2.º, 6.º y 7.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde entonces votar el capítulo I, con el desglose de los artículos 2.º, 6.º y 7.º.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- En el caso de los artículos 6.º y 7.º, solamente hay que modificar uno o dos de los literales. Mi pregunta es: ¿se vota el artículo y desglosamos el literal o es mejor desglosar el artículo?

SEÑORA PRESIDENTA.- Es mejor desglosar el artículo.

SEÑORA PAYSSÉ.- Lo pregunto porque a veces se desglosa nada más que el literal.

SEÑORA PRESIDENTA.- Votamos el capítulo completo, desglosamos los tres artículos, y después se vota artículo por artículo.

SEÑORA PAYSSÉ.- Perfecto, así seguimos la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el capítulo I, «Disposiciones generales».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo exceptuando los artículos desglosados ya referidos.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: el artículo 2.º tiene un sustitutivo en la página 1 y, como dije precedentemente, lo que se hace es volver a la redacción original del proyecto de ley, habida cuenta de que las cifras de delitos vinculados a la materia de esta norma son más que alarmantes y justifican la declaración como prioritaria de la erradicación de la violencia. Por lo tanto, sin más trámite, pediría que se leyera por secretaría el texto del sustitutivo para proceder a la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le pregunto, señora senadora, si el sustitutivo ha sido propuesto por la comisión.

SEÑORA PAYSSÉ.- Todos los sustitutivos, que tenían la firma de todos, ahora tienen la firma de un senador de cada partido que integra la comisión. Estos sustitutivos, excepto uno –que oportunamente, si se presenta, voy a indicar que no viene de la comisión–, son propuestos y acordados por la comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el artículo 2.º sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2.º. (Declaración de orden público e interés general). Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general. Declárase como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Entiendo que, en primer lugar, hay que votar negativamente el artículo 2.º original y luego votar el artículo sustitutivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Justamente hice la consulta porque venía de la comisión como sustitutivo.

SEÑOR MIERES.- No, no vino de la comisión; se presentó en el plenario. De todos modos, no tengo problema. No voy a hacer cuestión; voy a votar igual.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo a que se dio lectura por Secretaría.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Disculpe que me ponga reglamentarista, pero las propuestas deben votarse según el orden en que llegan a la Mesa, y como el artículo de la comisión llegó primero, entonces hay que votar el primero negativamente y después votar el segundo afirmativamente. Creo que ese es el procedimiento reglamentario. No tengo problemas, el resultado va a ser el mismo, pero ya que tenemos un Reglamento, vamos a cumplirlo.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: yo tengo dudas respecto al Reglamento; me parece que puede procederse así, pero si vamos a discutir diez horas sobre la manera de votar en este caso, sin dudas resulta mucho más económico poner a consideración y votar negativamente el artículo que vino de la comisión y luego votar el sustitutivo y punto, dejando para otro día la discusión reglamentaria. De lo contrario, no vamos a terminar más.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 6.º, que tiene un sustitutivo para el literal O).

(Interrupciones).

–El artículo 2.º ya fue votado y el resultado fue: 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Como decía, corresponde pasar a considerar el artículo 6.º.

SEÑORA PAYSSÉ.- El artículo 6.º tiene un aditivo, que es el literal R), que no encuentro ordenado en lo que fue repartido. ¿Puede indicarme, señora presidenta, la página en la que se encuentra?

SEÑORA PRESIDENTA.- Está en la 17 a).

SEÑORA PAYSSÉ.- Está al final, porque es un aditivo. Por tanto, con esas dos consideraciones, propongo votar el artículo 6.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que se propone es votar el artículo 6.º, sin el literal O), luego pasar a votar el sustitutivo del literal O) y más adelante el aditivo.

En consideración el artículo 6.º, sin el literal O).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a considerar el sustitutivo del literal O).

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- El Reglamento dice que hay que votar las propuestas tal como han llegado a la Mesa. Ahora corresponde votar el literal O) tal como vino de comisión y, si sale negativo, votaremos el sustitutivo. Digo esto para cumplir con el Reglamento porque si no, ¿qué hacemos con él? Creo que no cuesta nada cumplir con el Reglamento. Entiendo los motivos de economía, pero el derecho a veces exige que se cumpla con él, y yo quiero cumplirlo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a votar el literal O) tal como vino de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Ahora pasamos a votar el literal O) sustitutivo, presentado por los integrantes de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ahora vamos a considerar el literal R), aditivo al artículo 6.º.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «R) Violencia Étnica Racial. Constituye este tipo de violencia, toda agresión física, moral, verbal o psicológica, tratamiento humillante u ofensivo, ejercido contra una mujer en virtud de su pertenencia étnica o en alusión a la misma; provocando en la víctima sentimientos de intimidación, de vergüenza, menosprecio, de denigración. Sea que este tipo de violencia sea ejercida en público, en privado, o con independencia del ámbito en el que ocurra».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7.º, exceptuando el literal I).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el literal I) del artículo 7.º tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

En consideración el literal I) propuesto por los integrantes de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al capítulo II, «Sistema interinstitucional de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres».

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al capítulo III, «Directrices para las políticas públicas», exceptuando los artículos 22 y 24.

En consideración.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: vamos a solicitar que se tome nota, por secretaría, de una corrección verbal en el literal A) del artículo 21. Casi al final del literal, luego de la frase «prevenir, sancionar, proteger y reparar», hay que agregar «los daños causados por» y continúa el texto como estaba redactado: «la violencia contra las mujeres».

Con esa corrección verbal creo que podríamos votar este artículo en bloque con los demás, es decir, sin desglosarlo; luego tenemos los dos desgloses ya mencionados.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo III, desglosando los artículos 21, 22 y 24.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 21 con la modificación planteada por la señora senadora Payssé.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: para el literal J) del artículo 22 –luego del «cepillado fino» del que hablaba en mi primera intervención– estamos proponiendo una modificación, una redacción sustitutiva que dice, a texto expreso: «J) Protocolizar las intervenciones respecto de personas intersexuales, prohibiendo los procedimientos médicos innecesarios en niñas, niños y adolescentes».

SEÑORA PRESIDENTA.- Tendríamos que votar el artículo 22 con la excepción del literal J).

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el literal J) tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

En consideración el literal J) tal como fue propuesto en sala por los miembros de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 24 exceptuando el literal E).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el literal E) tal como vino de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Ahora se dará lectura al texto sustitutivo del literal E) del artículo 24.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «E) Crear unidades policiales especializadas en violencia basada en género y fortalecer las existentes, asegurando que sean accesibles, incluso para las mujeres rurales y para las mujeres en situación de discapacidad dotándolas de los recursos necesarios para una respuesta de calidad».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

A continuación, pasamos al capítulo IV, «Red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género», desglosando los artículos 37 y 38.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 37 tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Léase el artículo 37 presentado por los integrantes de la comisión.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 37. Los responsables de los programas del Sistema Público de Vivienda preverán las medidas necesarias para garantizar, a las víctimas de violencia basada en género, la permanencia en la vivienda que habitan. En los casos en que esta permanencia implique el pago de una cuota en dinero al programa, la misma se ajustará a las posibilidades económicas de las víctimas. Fuera de estos casos, se tomará en cuenta el objetivo de permanencia establecido en este artículo a los efectos de ajustar las obligaciones previstas para cada modalidad de adjudicación».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Este artículo me genera cierta duda jurídica. Entiendo lo que se persigue: que entre el agresor y la víctima, sea esta la que permanezca en la vivienda. Pero al redactarlo de esta forma tan genérica, ¿cómo va a garantizarse eso, por ejemplo, si ellos no son propietarios y el dueño, legítimamente, les inicia el desalojo por no pago? ¿Cómo el Sistema Público de Vivienda va a garantizar la permanencia en la vivienda? Se me genera esa duda, repito; no sé si los redactores tuvieron en cuenta esto, pero le estaríamos poniendo de cargo una obligación que no siempre van a poder cumplir como, por ejemplo, en ese caso.

No sé si me explico, si soy claro respecto a este artículo. Entiendo que entre el derecho de la víctima y el del agresor, se privilegie y se garantice la permanencia de la víctima en el hogar o en la vivienda; sin embargo, me parece que lo que habría que garantizar a la víctima es que va a tener una vivienda –esa u otra–, pero no que va a permanecer en la que está porque creo que eso va a ser imposible.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA SUÁREZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SUÁREZ.- Los inconvenientes, en realidad, se solucionan a nivel interpretativo con el artículo 38, para el que también hay una propuesta modificativa. En realidad, si la vivienda que compartían el agresor y la víctima se tiene por comodato o por arrendamiento, la solución estaría dada a través de una cesión de contrato porque, si bien hay una propuesta modificativa para ese texto, básicamente se mantiene su esencia.

Me da la sensación de que aunque no se diga en forma específica –advierto, sí, lo que decía el señor senador Bordaberry en cuanto a que, por momentos, hay elementos de difícil interpretación en la propuesta del artículo 37–, se está hablando, más que nada, de cuando una vivienda está siendo adquirida –y de la que todavía no se tiene la totalidad– por el Banco Hipotecario del Uruguay o por alguno de los sistemas de adjudicación de viviendas. Digo esto porque, por ejemplo, al final se habla específicamente de ajustar las obligaciones para la modalidad de adjudicación a que se refiere. Entonces, me da la sensación de que esto tiene que ver con ese sistema. Como esta redacción fue dada por la comisión antes de que quien habla la integrara, de repente se podría aclarar un poco este artículo bajo la historia fidedigna de cómo se lo trabajó. Repito que me da la sensación de que el texto tiene que ver con esto.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Este fue uno de los tantos artículos que analizamos y desglosamos, justamente por lo que está planteando el señor senador Bordaberry. Por eso, si comparan la redacción del artículo 37 con la del 40, verán que hay un agregado que dice: «una cuota en dinero al programa», porque se supone, se quiere, se estimula una política de vivienda para estas situaciones que son bastante complicadas. Cabe recordar que este proyecto viene del Poder Ejecutivo y hay políticas de vivienda que están enunciadas en estos artículos vinculadas, justamente, a la protección de las mujeres. Esa duda que se planteó oportunamente es la que tuvimos muchos en la comisión, y la laudamos de esta forma porque, de alguna manera, el Estado se compromete, en términos generales –como dice el artículo 2.º–, a atender las políticas vinculadas a la violencia de género en todas las áreas y, en este caso, en la de la vivienda. Por eso creo que las dudas quedan zanjadas de esta forma, porque el Estado es el que, en estos casos, se hace cargo a través de un programa –como dice en el artículo– que oportunamente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o la Agencia Nacional de Vivienda –según quien corresponda– tendrá que resolver bajo el mandato de la ley que le está asignando esa responsabilidad. Esta es la explicación que yo puedo dar, señora presidenta, y que fue acordada oportunamente.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo busca marcar que se diseñe o desarrolle una política pública para atender esta problemática, como dice la señora senadora Payssé. Por ejemplo, en el orden del día de hoy, teníamos que votar unas modificaciones a la Ley n.º 13728, que es muy importante porque cambia el sistema de subsidios de la demanda habitacional. Es decir que esa ley, que vamos a votar en la próxima sesión, marca la demanda habitacional, ya que antes los subsidios se veían desde la demanda y ahora se van a ver desde la situación del núcleo familiar. Esto es lo que se busca. Creemos que es una norma importante, es un mandato imperativo y, además, fue la propuesta que vino originariamente del Poder Ejecutivo.

Lo que estamos buscando es que se diseñen programas para atender la problemática, pero, además, cuando se vote –en la próxima sesión– la ley de subsidios que mencioné, será un complemento del proyecto de ley que estamos analizando.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- He escuchado atentamente lo que dicen que quieren y lo comparto, al igual que el objetivo de lo que están persiguiendo, pero lo están escribiendo mal.

Si entendí bien, cuando existe un hogar conyugal, una pareja o lo que sea, y hay una víctima de violencia, se pide al sistema público que privilegie a la víctima frente al agresor. Es lógico, compartible y es así, pero tal como está redactado el artículo, cualquier víctima de violencia basada en género, integre o no el Sistema Público de Vivienda, se puede presentar y decir: «Usted me tiene que garantizar que yo voy a seguir adentro de esta vivienda».

Por tanto, redactar bien este artículo a los efectos de lo que están proponiendo implicaría que, después de donde dice «a las víctimas de violencia basada en género», se agregara «que se encuentren dentro del sistema público referido, la permanencia en la vivienda». Con la otra redacción estamos estableciendo algo que no van a poder cumplir. Es decir, se está votando una norma que no se va a poder cumplir; va a ser una lindísima expresión de deseos que, como otras, no se va a poder cumplir.

Yo cumplo con mi deber, como legislador, de advertir sobre estas cosas para tratar de tener una ley mejor que cumpla con las finalidades que ustedes están buscando. Las mayorías mandan y yo las respeto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 37 sustitutivo.

(Se vota).

17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 38.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 38, tal como vino de comisión.

(Se vota).

0 en 26. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 38.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 38. (Cesión de contratos de comodato o arrendamiento).- Cuando en sede judicial se hubiere dispuesto la medida de retiro de hogar respecto del titular de un contrato de comodato o arrendamiento de un inmueble con destino casa habitación, operará siempre que medie el consentimiento de la víctima y del fiador la cesión legal del contrato en favor de la víctima que cohabitare con aquel, debiendo comunicarlo al arrendador o comodante y en su caso al fiador en un plazo no mayor a sesenta días hábiles.

De manera análoga operará en los términos del inciso anterior aun cuando la víctima se hubiera retirado provisionalmente del hogar, si manifestara su voluntad de reintegro.

De igual forma procederá en favor de las cónyuges o concubinas cotitulares o colaboradoras respecto de los predios en los que se desarrolle un emprendimiento agrario familiar, siempre que residieren en el mismo».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 38 sustitutivo.

(Se vota).

26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al capítulo V, «Procesos de protección, investigación y penalización de la violencia basada en género contra las mujeres».

En consideración la sección I del capítulo V, con excepción del artículo 46.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 46 tal como vino de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

0 en 25. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 46.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 46. (Valoración de la prueba).- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 140 del Código General del Proceso, debe tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual, no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, las dádivas, regalos y otras formas de compensación, serán valorados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes.

En todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. No será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo del artículo 46.

(Se vota).

26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración las secciones II y III del capítulo V, íntegras.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la sección IV del capítulo V, con excepción del artículo 62.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 62 tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

0 en 26. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 62.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 62. (Carga de comparecencia).- El denunciado está obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser conducido ante el Juzgado con auxilio de la fuerza pública. Sin perjuicio de ello, si no fuere ubicado o no concurriere a la audiencia por cualquier motivo, esta se celebrará de todas formas y se adoptarán las medidas que correspondan».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 62 sustitutivo.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a considerar la sección V y la sección VI del capítulo V, exceptuando el artículo 78, que corresponde a esta última.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Solicitamos que la sección VI se vote por separado, porque no acompañaremos su articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la sección V.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración la sección VI.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar, excepto el artículo 78.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 78 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Léase al sustitutivo del artículo 78.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 78. (Acción penal y prescripción).- La acción penal respecto a los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis y 274 del Código Penal es pública, no requiriéndose instancia del ofendido.

La prescripción de la acción penal se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiere ocurrido la muerte de la persona menor de edad, comenzará a correr desde el día en que éste hubiere alcanzado la mayoría de edad».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 78 sustitutivo.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el capítulo VI, «Normas penales».

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: en este caso votaremos solamente los artículos 91 a 94, por cuanto nos gustaría poder manifestar nuestro voto negativo en el caso de los artículos 82 al 90.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quizás sea conveniente votar artículo por artículo, porque hay unos cuantos sustitutivos.

En consideración el artículo 82.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 83.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 84.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 85.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 86 tal como vino de comisión. Adelanto que tenemos un artículo sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 86.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Incorpórase el siguiente artículo al Código Penal:

“ARTÍCULO 272 bis. (Abuso sexual).- El que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona, del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría. La misma pena se aplicará cuando en iguales circunstancias se obligue a una persona a realizar un acto de naturaleza sexual en contra de un tercero.

La violencia se presume cuando el acto de naturaleza sexual se efectúa:

1. Con una persona menor de quince años. Esta presunción no regirá si se tratare de relaciones consensuadas entre personas mayores de doce años y no exista entre ambas una diferencia mayor a diez años.

2. Con descendiente o persona bajo su cuidado o autoridad menor de dieciocho años de edad.

3. Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, se halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de discernimiento o voluntad.

4. Con persona arrestada o detenida, siempre que el imputado resulte ser el encargado de su guarda o custodia.

En los casos previstos en los numerales 1 a 4 precedentes, la pena mínima se elevará a dos años de penitenciaría”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 86 sustitutivo.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: quizás cueste encontrar la diferencia, pero en el numeral 4 estamos cambiando el término «culpable» por «imputado».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 87 tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 87.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 87. Incorpórese el siguiente artículo al Código Penal:

“Art. 272 ter. Abuso Sexual especialmente agravado. Se considerará abuso sexual especialmente agravado cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor, a través de la penetración por insignificante que fuera, vía anal o vaginal, con un órgano sexual, otra parte del cuerpo o un objeto, así como la penetración vía oral con un órgano sexual, castigándose con una pena de dos a doce años de penitenciaría. La pena a aplicar en caso de tentativa nunca será inferior a dos años de penitenciaría”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 87 sustitutivo.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 88 tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 88.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 88.- Incorpórase al Código Penal el siguiente artículo:

“ARTÍCULO 273 bis. (Abuso sexual sin contacto corporal).- El que ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante una persona menor de dieciocho años de edad, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

La misma pena se aplicara en caso que se hiciere practicar dichos actos a una persona menor de dieciocho años de edad o prevaleciéndose de la incapacidad física o intelectual de una víctima mayor de esa edad”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 88 sustitutivo.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 89 tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Solicito que se suprima la lectura del texto sustitutivo, porque el artículo es largo y ya se explicó.

Aquí se trae la derogación del artículo 279 a través de una sustitución, como ya mencionamos en la discusión general. Esto figuraba en el artículo 78 y pasa a este lugar.

Por lo tanto, como es una disposición extensa y todos tenemos el texto, podemos votarlo sin darle lectura.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el sustitutivo del artículo 89, de acuerdo con las aclaraciones planteadas por la señora senadora Payssé.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 89 sustitutivo.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 90.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 91.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 92 tal como viene de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 25. Negativa.

Léase el sustitutivo del artículo 92.

SEÑORA PAYSSÉ.- Solicito que se suprima la lectura.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el sustitutivo del artículo 92.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hay un aditivo para el sustitutivo del artículo 92 que lleva la firma de senadores de todas las bancadas. Por lo tanto, deberíamos votar el artículo sustitutivo tal como fue presentado y luego el aditivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo del artículo 92.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el aditivo presentado por varios senadores al artículo 92 sustitutivo, recientemente votado.

SEÑORA PAYSSÉ.- Solicito que se suprima la lectura.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo al artículo 92 sustitutivo.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 93.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 94, tal como vino de comisión.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: con relación al artículo 94, quiero aclarar que vamos a retirar el sustitutivo de la hoja número 16 y que vamos a acompañar el que figura en la hoja número 20.5, dado que entendemos que tiene una mejor redacción. Por lo tanto, pedimos que no se considere la redacción de la hoja número 16.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 94 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 94, con la redacción de la hoja número 20.5.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo VII, «Disposiciones finales», que comprende los artículos 95, 96, 97 y 98.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los tres artículos aditivos que están en la hoja número 18.A.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: estos son los tres aditivos relacionados con la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres que realicen un mismo trabajo. Esta norma sí es muy importante porque garantiza a las mujeres que reciban efectivamente la misma remuneración que los hombres, y si eso no sucede podrán reclamar. Nos parece que es muy importante consagrarlo, tal como lo han hecho otros países, para de esa forma empezar a cerrar esa brecha del 26 % que existe en nuestro país entre la remuneración de las mujeres y la de los hombres.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: esto es prácticamente un mini proyecto de ley, ya que tiene tres artículos. A su vez, el artículo 2.º nos ofrece ciertos reparos, por lo que necesitaríamos analizarlo. Por lo tanto, no acompañaremos este aditivo. Sin embargo, en caso de que adquiera fuerza de proyecto de ley, nos comprometemos a analizarlo con mayor detenimiento y asesoramiento, para poder aprobar una norma razonable y no atendida a las apuradas como esta. Pensamos que esto podría haberse incorporado en la comisión, en su momento, y haberlo analizado allí.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: por la importancia del tema, la claridad y la idea que tenemos todos con respecto a esto, solicito que se lean los artículos antes de ser votados.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese lectura a los tres artículos aditivos presentados.

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo.- El empleador público y privado deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no debiendo incurrir en ninguna forma de discriminación directa o indirecta. A los efectos de la equidad de tratamiento se comprenderá por remuneración los conceptos de salario, horas extras, aguinaldo, salario vacacional, bonos, seguro de vida, pagos extraordinarios, reembolsos de gastos por viajes, beneficios especiales y demás prestaciones que formen parte de los ingresos que pueda percibir el trabajador.

Artículo.- Excepciones. No serán consideradas arbitrarias, ni discriminatorias, las diferencias objetivas en las remuneraciones laborales que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, debidamente acreditadas.

Artículo.- A los efectos de esta ley, se considerará discriminación directa en materia de retribución laboral por razón de género o sexo: toda situación de trato diferenciado injustificado, expreso o tácito, relacionada con la retribución económica percibida en desarrollo de una relación laboral, cualquiera sea su denominación por razones de género o sexo. Y discriminación indirecta en materia de retribución laboral por razón de género o sexo: toda situación de trata diferenciada injustificada, expresa o tácita, en materia de remuneración laboral que se derive de norma, política, criterio o práctica laboral por razones de género o sexo».

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: de acuerdo con lo que señalaba la señora senadora Payssé, no se trata de un problema de discrepancia conceptual porque aquí nadie está a favor de que los salarios sean diferentes.

Por mi parte, sugiero que estas iniciativas se deriven a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para poder estudiarlas más profundamente. Desde mi punto de vista esto tiene que ver con una cuestión de discriminación en el ámbito laboral, y por eso entiendo que ese es el camino correcto. De lo contrario, lo votaremos negativamente y se discutirá en otro momento.

Así como se nos ha pedido tratar determinados temas en otros ámbitos o que vuelvan a comisión –lo que casi siempre hemos aceptado–, ahora sugerimos esto.

Nos atenemos a lo que resuelva el Senado, pero nos parece que lo más razonable sería que este asunto vaya a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PINTADO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: quiero señalar que no es necesario que estos aditivos pasen a la comisión porque hace dos años que están allí y todavía no se han analizado. No se incluyen en el orden del día. ¡Ese es el gran problema! Están diciendo que los quieren estudiar más profundamente, que para eso hay que pasarlos a una comisión, pero esta ya los tiene –hace ya dos años, reitero– y no los trata. Entonces, ¡no juguemos a las escondidas!: estamos de acuerdo o no lo estamos.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: si el tema está en una comisión, esta lo tratará cuando entienda conveniente.

Ahora bien, en el Uruguay los sindicatos tienen la posibilidad de negociar colectivamente e incorporar esas cláusulas de igualdad en lo que refiere al salario, sin diferenciación entre mujeres y hombres. Esto sucede gracias a la negociación colectiva, amparada por nosotros, y no solo para el sector privado, sino también para el sector público; incluso, hemos incorporado el fuero sindical. ¡No digamos acá quién defiende más a los trabajadores, porque a los hechos me remito! La legislación sindical y laboral ha avanzado muchísimo en nuestros Gobiernos. Esto no quiere decir que ahora tengamos una posición discriminatoria, pero si el asunto ya está en la comisión, esta lo analizará en su momento.

Lo que digo es: no sería muy bueno que terminemos empobreciendo un proyecto de ley tremendamente importante por una cuestión de discriminación salarial que está en el ámbito de una comisión, lo cual habla mucho más a mi favor. Reitero que en todos estos períodos la legislación ha avanzado muchísimo, incluso con la opinión contraria de muchos.

Esa es nuestra posición.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PINTADO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Lo que busca este proyecto de ley es que no sea un tema de negociación colectiva, sino obligatorio. La negociación colectiva no tiene nada que ver; queremos equiparar la situación. No lo hacemos para empobrecer la discusión, sino para enriquecerla. Hemos votado absolutamente todo el proyecto de ley y queremos un poco más.

Una cosa es hablar y otra es hacer. Queremos que quede claro que presentamos esta norma para que este tema se laude por ley y no por acuerdos, es decir, que sea obligatorio para todos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- He finalizado mi intervención, señora presidenta.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: sería una pena perder la oportunidad que hoy tenemos de incorporar en esta ley la posibilidad de dar igualdad en materia laboral respecto al salario o ingresos de las mujeres. Uno de los principios rectores de este proyecto de ley tiene que ver con la violencia laboral; o sea que este tema sí tiene relación con el que nos ocupa. No encuentro cuál es el sentido de no encararlo cuando hay una propuesta con cuya filosofía todos estamos de acuerdo, así como también coincidimos en que es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres.

Varias de las exposiciones que escuchamos hoy van en ese sentido. Una de las grandes desigualdades declarada como violencia hacia la mujer basada en género desde el punto de vista laboral, es que a igual cargo no hay igual remuneración. Entonces me parece que sería de orden incorporar, claramente, esta normativa, y que sea algo que legalmente esté incluido en este proyecto de ley. De esta forma, el día de mañana, cualquier mujer frente a una situación de indefensión o de violencia laboral por estar cobrando menos que un hombre en un mismo puesto, tendría herramientas para defender sus derechos.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AVIAGA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en la misma línea de lo expresado por la señora senadora Aviaga, quiero decir que en este debate hubo dos palabras que fueron las más utilizadas: integralidad y discriminación.

Ante todo, creo que el proyecto de ley es lo suficientemente íntegro y abarca todos los aspectos habidos y por haber e imaginables para atender toda la problemática.

A su vez, el planteo del señor senador Bordaberry apunta a dar un pasito más y a hacer; a dejarse de palabras y empezar a hacer, en algo tan sencillo que constituye un principio rector de una ley que estuvo dos años en discusión y sobre cuya filosofía me imagino –después de lo que escuché durante estas horas– que no debe haber ninguna duda, y mucho menos excusas porque, si no, sería la declarativa y el autobombo de que hoy legislamos y dejamos de hacer.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Aviaga.

SEÑORA AVIAGA.- Gracias, señora presidenta.

Creo que si incluimos este aditivo estaremos dando un gran paso, de verdad, en lo que respecta a los derechos de las mujeres en materia laboral. El principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres va a estar en primera línea si lo incorporamos en este proyecto de ley.

Por lo tanto, exhorto a los compañeros del oficialismo que hoy están en esta sala a que revean su posición y apoyen la propuesta del señor senador Bordaberry que todos nosotros, desde la oposición, estamos acompañando.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Muchas gracias, señora presidenta.

La bancada oficialista, a lo largo de su trayectoria de varios años, ha incorporado normativas que tienen que ver con la equidad en el mundo del trabajo, al igual que lo hicieron otras antes, porque en nuestro país rige la Ley n.º 16045 sobre no discriminación de las mujeres en el trabajo, que nos recuerda a esa maravillosa mujer, muy poco reconocida, que es la señora Alba Cassina. Por lo tanto, en Uruguay existe una normativa laboral en el sentido de la no discriminación de las mujeres. ¿Que deberíamos avanzar? Claro que sí, estamos de acuerdo, pero es una materia compleja, complejísima en sus efectos al mercado de trabajo. Esto suena precioso en la teoría. Ahora bien; quiero discutir despacito este proyecto de ley o las iniciativas que tiendan a reparar en el mundo de la empresa privada –¡privada!– la inequidad salarial; la cuestión no es tan lineal como aparenta.

No tengo ningún problema en discutir este tema en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social; lo priorizaremos cuando sus integrantes lo consideren oportuno y no cuando sus autores lo deseen. Esto se decide en la comisión. Entonces, vamos a esperar.

Sin duda, es un tema relevante y también muy complejo. Si nos atenemos a las declaraciones, la Ley n.º 16045 es maravillosa: desde hace muchos años ha prohibido despedir a las mujeres por razones de embarazo. Sin embargo, en las empresas privadas se las despide hasta el día de hoy. Entonces, no es tan sencillo; no es que se dicta la norma y se arregla todo. Sabemos que no es así. Se necesita –y aclaro que estoy de acuerdo– un abordaje más profundo y más amplio de algo que es mucho más complejo que estos tres artículos que se presentan, abriendo una discusión. Francamente, nunca me saqué cartulina de que soy la promotora de la justicia social ni nada que ver; simplemente contribuyo desde mi lugar. Y a veces me da la impresión de que se introducen determinados artículos para marcar presencia en este ámbito. Es una interpretación grosera por la que, desde ya, me atrevo a pedir disculpas, pero es lo que a veces siento.

No tengo problema –y tampoco lo tienen mis compañeros, quienes han manifestado su disposición explícitamente– en estudiar el tema en su complejidad y tal vez con más artículos que estos tres. La cuestión es cómo lograr, en el mundo del trabajo privado actual, no generar una norma que termine discriminando mujeres. Muchas veces ha pasado que legislaciones de corte de discriminación positiva terminan funcionando como búmeran. El sistema del mundo del trabajo es muy complejo.

Por lo tanto, lo único que pido es que lo meditemos con más tiempo.

¿Y sabe qué, señora presidenta? No me gustaría que –como decía mi padre– me corrieran con el poncho de que no estoy cumpliendo con lo que defiendo. No acepto eso, de ninguna manera.

Gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Quien introdujo el proyecto de ley, que contó con el apoyo de las bancadas de la oposición –con excepción del señor senador Mieres–, fue este senador; por eso me doy por aludido. Quiero aclarar que no solo lo introduje hoy en el Senado, sino también hace dos años. O sea que no pueden hablarme de oportunismo y tampoco pueden calificar de oportunista a mi partido.

En 1906 presentamos el primer proyecto de ley sobre licencia maternal; en 1912, la cuota femenina del 10 % en la Administración pública, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer y la ley de creación de la universidad de la mujer; en 1914, el primer proyecto de ley en América del Sur sobre el derecho al sufragio femenino; en 1916, la primera ley de Uruguay que reprime el proxenetismo; en 1918, la ley de la silla; en 1932, la ley sobre el derecho al sufragio de la mujer; en 1943 acceden al Parlamento las primeras cuatro mujeres, tres de ellas coloradas; en 1946, la ley de derecho civil de la mujer; en 1968 asume la primera ministra mujer de América Latina, la señora Alba Roballo, designada por don Jorge Pacheco Areco; en 1987 se crea el Instituto Nacional de la Mujer y la Familia en el gobierno del doctor Sanguinetti; en 1988, el primer proyecto de ley de cuota, gran obra de doña Alba Cassina de Nogara, apoyada por el doctor Enrique Tarigo; en 1988 se crea la primera comisaría de la mujer en Montevideo; en 1996 se ratifica la convención interamericana de Belém do Pará; en 2012 se aprobó la primera ley de violencia doméstica; en 2004, la ley sobre violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, niñas, adolescentes o incapaces. Hoy el 41 % de nuestros diputados son mujeres.

Podría seguir nombrando una cantidad de proyectos que se han presentado en estos años; uno de ellos es este. Entonces, decir que es oportunismo, me parece que está de más. Como ayer, como hoy y como en el futuro seguiremos, sin alharaca, presentando proyectos que defiendan a la mujer y no la discriminen. Lamentamos que no nos acompañen. Si no están de acuerdo por el artículo 2.º, es muy sencillo, les pedimos que se ponga a votación primero el artículo 1.º, después el artículo 2.º y después el artículo 3.º y no votan el artículo 2.º. Pero decir que no votan el artículo 1.º ni el 3.º por el artículo 2.º, me parece que no es un buen argumento.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: me parece que estamos generando un debate que tiene mucho de artificial en el sentido de que, en realidad, todos tenemos la misma convicción y la misma voluntad.

Reconozco que los tres artículos que se han presentado como aditivos son, en términos generales, muy compartibles, y los votaríamos con mucho gusto. Me da la sensación de que, en rigor, deberían ser objeto de un estudio más detallado en comisión, no para darles un entierro de lujo sino, justamente, para mejorar aspectos que, a primera vista, me parece que requerirían de la convocatoria al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de un análisis más detallado. Incluso, hay algún problemita en la redacción que está planteado concretamente en el texto. Por lo tanto, me parece razonable que ingrese en el orden del día de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para que pueda ser objeto de aprobación.

Comparto sustancialmente que no solo hay que establecer una intención, es decir una cláusula programática, sino que hay que establecer una obligación. En ese sentido, la propuesta va más allá de lo que hemos votado hoy, y creo que sería razonable que se convirtiera en ley.

Muchas gracias.

SEÑORA SUÁREZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SUÁREZ.- Señora presidenta: los tres artículos que se han propuesto –entiendo respetuosamente la preocupación que se trata de plantear– refieren, básicamente, al hecho de que no se puede discriminar en razón del género en los elementos de remuneración, dan un concepto bastante amplio o enunciativo de lo que implica la remuneración laboral, colocan un artículo de excepcionamiento y, posteriormente, hablan de un concepto de discriminación directa o indirecta en el ámbito laboral.

Entonces, estos elementos –la señora senadora Tourné es tan memoriosa como yo– ya fueron saldados en el año 1989 por una ley que actualmente está vigente y que, inclusive, es más severa y tiene previsiones más importantes que las propuestas. Me refiero a la Ley n.º 16045, cuyo artículo 1.º refiere a la prohibición de la discriminación. Concretamente, dice: «Prohíbese toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o ramo de la actividad laboral». El artículo 2.º dice: «La prohibición a que hace referencia el artículo precedente será aplicable también en cuanto a: A) Llamados para provisión de cargos; B) Criterios de selección; C) Reclutamiento y contratación; D) Criterios de evaluación de rendimiento; E) Derecho a la promoción y ascenso; F) Estabilidad laboral; G) Beneficios sociales; H) Suspensión y despido, particularmente en los casos de cambios de estado civil, embarazo o lactancia; l) Posibilidades de formación o reconversión profesionales y técnica; J) Capacitación y actualización; K) Criterio de remuneración». A su vez, el inciso segundo del artículo 3.º dice: «Asimismo, la discriminación de carácter compensatorio –hoy llamadas acciones afirmativas– orientada a promover la igualdad de oportunidades y trato para ambos sexos en situaciones concretas de desigualdad, no se encuentra comprendida en la prohibición a que hace referencia el artículo 1º de la presente Ley». Incluso la norma tiene el cuidado de darle un procedimiento judicial específico, cosa que generalmente las normas no hacen. El artículo 4.º dice: «De las infracciones a las disposiciones de esta ley, conocerán el Juez Letrado del Trabajo de Montevideo o el Juez Letrado de Primera Instancia Departamental. A instancia del trabajador, del perjudicado por la infracción o de quiénes los representan el Juez convocará a las partes a una audiencia con plazo de tres días… ». Incluso, prevé las distintas multas y la reparación que se hace al respecto. Además, establece que la administración tiene posibilidades sancionatorias y plantea, en su artículo 8.º, que es una ley de orden público.

En realidad, estos tres elementos están absolutamente previstos en otra norma y creo que, inclusive, en forma más severa de lo que se está proponiendo, porque la propuesta tiene un artículo 2 de excepcionamiento que, en mi opinión, es demasiado amplio. Quienes hemos pasado por algún juzgado sabemos que cualquier abogado se hace un pícnic con esta cantidad de excepcionamientos para poder ampararse en la no infracción y, por lo tanto, que no se pueda ejecutar.

Entonces, esta norma –se vino diciendo a lo largo de toda la sesión y repito que la señora senadora Tourné ya lo había adelantado en un montón de elementos– existe desde el año 1989, pero la población que debería estar empoderada de la misma no la conoce, la aplicación práctica es inexistente. Y ello tiene que ver con que la norma existe, pero no hay ninguna política pública que promocione su conocimiento y cómo la misma se opera en la práctica. Me parece que esta discusión debería quedar zanjada por un elemento básico: hay una ley vigente que tiene décadas y que ya determinó este elemento. Podemos debatir fuera de lo que se está votando si el Parlamento puede tener algún tipo de actitud proclive a que una norma vigente, que tiene elementos muy interesantes para combatir la discriminación hacia las mujeres dentro del ámbito laboral, sea operativa. Respetuosamente, me parece que la discusión sobre este punto está más que zanjada legalmente.

SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA SUÁREZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Aviaga.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: la señora senadora Suárez –espero haber comprendido bien– nos estaba diciendo que el derecho a la igualdad en materia de remuneración para las mujeres ya está amparado por ley en nuestro país. Obviamente, hay algo que no está funcionando, porque los datos estadísticos muestran una gran desigualdad, creo que del 26 %. Quizás la normativa vigente no sea suficiente. Y el hecho de que dentro de los principios rectores de este proyecto esté específicamente este tema, creo que avala lo que estoy diciendo y convalida la propuesta que ha presentado el señor senador Bordaberry, que nosotros hicimos nuestra. Me parece que es bien simple, llana, sencilla y clara, en el sentido de que da un amparo a las mujeres acerca de la igualdad en materia de remuneraciones y brinda herramientas para que si en el día de mañana hay un conflicto en el que se genera violencia laboral hacia la mujer, esta pueda ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y esté amparada por esta ley. Una de las cosas que se repitió en esta sala a lo largo de todo el debate de este proyecto de ley fue que la sobreabundancia no hace mal y creo que en este caso tampoco. Al contrario: muchas de las cosas que se trabajaron en todo este tiempo en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión fue que en ciertos casos había que ser más específico y no tan general para que los derechos se cumplieran y estuvieran amparados. Creo que en este caso el derecho laboral de las mujeres a tener igual remuneración para igual puesto de trabajo y función no va en contra de que haya una sobreabundancia, sino al contrario. Por más que haya normativas que aparentemente amparen, considero que hay que votar este aditivo e incorporarlo, ya que no vendría mal, sino que, por el contrario, fortalecería las ya existentes. Y quizás ahí sí podamos revertir esos índices que son tan negativos y tan desiguales hacia las mujeres.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Suárez.

SEÑORA SUÁREZ.- Comprendo lo que plantea la senadora, pero también entiendo que hay una diferencia entre que una norma esté vigente, que es el deber ser, y el ser de lo que ocurre en la aplicación práctica. Cuando hay un divorcio hay que revisar qué es lo que está pasando. La cuestión es que la modificación propuesta –reitero, considero que está muy bien intencionada– es más restrictiva que la ley que tenemos. En nuestra legislación tenemos un concepto de discriminación que está aprobado hace muchos años, que es la Ley n.º 17817, que crea toda una institucionalidad; pero el concepto de discriminación transversaliza el derecho. Es un concepto que se toma de las Naciones Unidas, mucho más amplio que la propuesta e, incluso, se puede aplicar en materia laboral debido a que hasta el momento no hay otra norma que defina la discriminación con esa amplitud. Y eso lo complementamos con la Ley n.º 16045 –que es a la que recién hice referencia y leí algunos artículos–, que si bien es una norma poco extensa –tiene seis o siete artículos–, los excepcionamientos que establece son mucho menores que la propuesta que se está haciendo ahora. Entonces, en realidad, lo que nosotros vendríamos a hacer a nivel normativo es restringir lo que ya hay. En vez de ampliarlo o, incluso, buscar nuevas soluciones legislativas que hasta ahora no han sido contempladas y pueden ser discutidas –cómo no–, lo que vendríamos a hacer es cerrar en vez de, repito, ampliar el ámbito. Esta es la razón por la cual no me parece que la intención que se busca –dar mayores herramientas de defensa– se logre con esta propuesta. Repito: en vez de ampliarlo, lo que se está haciendo es cerrarlo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: la ley que se cita, la n.º 16045, aprobada en el año 1989 durante la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, en realidad no va tan lejos como esta; esta lo profundiza. Habla de igualdad de oportunidades de tratos, pero no de lo que versa esta norma. Además de eso, esa primera ley establece un procedimiento para recurrir, aplicar multas, etcétera. Esto va mucho más allá; le asegura a la mujer el derecho a que se le pague lo mismo sin discriminarla y si no, reclama. Eso es lo que se está asegurando en este proyecto. Es decir que profundiza mucho más y avanza mucho más de lo que lo hacía esa ley del año 1989, de la que pasaron veintiocho años. Nosotros queremos avanzar en eso. Nos parece que este proyecto de ley está haciendo eso. Y no se queda en la mera igualdad de trato u oportunidades, sino que garantiza a la mujer el derecho a reclamar y no solamente a pedir que se le cese la medida discriminatoria que se le aplica. No se trata de que la lleven a un juzgado a hacer un juicio para que cese una medida discriminatoria, sino de que pueda reclamar lo que le corresponde si no le fue pago. Ese es el objetivo de esta norma. La Ley n.º 16045 es una más en la lista de leyes aprobadas por el Partido Colorado en beneficio de la mujer.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los aditivos presentados por el senador Bordaberry y otros senadores.

(Se votan).

–9 en 25. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

g001.jpg

g002.jpg

g003.jpg

g004.jpg

g005.jpg

g006.jpg

g007.jpg

g008.jpg

g009.jpg

g010.jpg

g011.jpg

g012.jpg

g013.jpg

g014.jpg

g015.jpg

g016.jpg

g017.jpg

g018.jpg

g019.jpg

g020.jpg

g021.jpg

g022.jpg

g023.jpg

g024.jpg

g025.jpg

g026.jpg

g027.jpg

g028.jpg

g029.jpg

g030.jpg

g031.jpg

g032.jpg

g033.jpg

g034.jpg

g035.jpg

g036.jpg

g037.jpg

g038.jpg

g039.jpg

g040.jpg

g041.jpg

g042.jpg

g043.jpg

g044.jpg

g045.jpg

g046.jpg

g047.jpg

g048.jpg

g049.jpg

25) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: mociono para que se levante la sesión, dado que estaba prorrogada indefinidamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De acuerdo con lo resuelto, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:22, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Alcorta, Amorín, Argimón, Aviaga, Beramendi, Bianchi, Bordaberry, Carrera, Coutinho, Ferreira, Gallicchio, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Otheguy, Payssé, Pintado, Saravia, Suárez, Tourné y Xavier).

Patricia Ayala Presidenta en ejercicio

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.