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N.º 39 - TOMO 573 - 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

39.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– El señor senador Delgado solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con el hallazgo de hidrocarburos en el departamento de Paysandú.

Oportunamente fue tramitado.

 5) Homenaje a la señora Susana Sienra de Ferreira

– Solicitud del señor senador Martínez Huelmo para realizar una exposición de quince minutos en la sesión del 5 de diciembre, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

• Concedida.

6) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) y 13) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Tourné, De León, Carámbula, Moreira, Xavier y Michelini.

– Quedan convocados los señores senadores Pardiñas, Carballo, Lorier, Suárez, Beramendi y Gallicchio.

8) Consecuencias de los fenómenos climáticos sobre la producción hortofrutícola del departamento de Salto

– Manifestaciones del señor senador Coutinho.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Seguros del Estado, al Banco República y a la Presidencia de la República.

9) Consecuencias de los fenómenos climáticos sobre la producción hortofrutícola del departamento de Salto

– Manifestaciones del señor senador Delgado.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Intendencia de Salto, a la Junta Departamental de Salto y a la Junta Nacional de la Granja.

10), 12) y 15) Partidos Políticos

– Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, sobre Partidos Políticos, normas complementarias y concordantes.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Proyecto presentado

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste San Martín.

• Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

14) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta agotar la discusión del proyecto de ley en consideración.

16) Llamado a sala a los señores ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas, y de Trabajo y Seguridad Social

• La presidenta del Cuerpo informa que han confirmado la comparecencia para el día 28 de noviembre, a las 09:30.

17) Postergación del numeral tercero del orden del día

• Por moción del señor senador Coutinho, el Senado resuelve que el tema que figura en tercer lugar sea incluido en el orden del día de la sesión del miércoles 15 de noviembre.

18) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 3 de noviembre de 2017

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 7 de noviembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Continuar con la discusión particular de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, de 11 de mayo de 2009, sobre Partidos Políticos, normas complementarias y concordantes.

Carp. n.º 865/2017 - rep. n.º 532/17 y anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los padrones n.os 6177 y 7751, ubicados en el predio con frente a la rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como Predio Mauá, con el fin de construir una terminal fluviomarítima;

Carp. n.º 754/2017 - rep. n.º 493/17

3.º) por el que se establecen normas relacionadas con violencia hacia las mujeres basada en género;

Carp. n.º 521/2016 - rep. n.º 528/17 y anexos I y II

4.º) por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 26 de marzo de 2015;

Carp. n.º 822/2017 - rep. n.º 513/17

5.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en la ciudad de Moscú, Federación de Rusia, el 16 de febrero de 2017.

Carp. n.º 843/2017 - rep. n.º 514/17

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Cardoso, Carrera, Coutinho, Delgado, Gandini, García (Javier), Garín, Heber, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier. Y a partir de la hora 13:04, el señor senador Gallicchio.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, De León y Larrañaga. A partir de la hora 13:02, se retira con licencia el señor senador Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:37).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 18256, de 6 de marzo de 2008, relacionada con el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco.

–A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se transforma una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad;

por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1.º de abril de 2016;

por el que se desafectan varios padrones del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se afectan a la Intendencia de Salto, con la finalidad de dar cumplimiento al PMB (ex-PIAI)-Barrio Artigas;

por el que se aprueba el Convenio internacional del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa de 2015, firmado el 9 de octubre de 2015 en Ginebra, Confederación Suiza, y suscrito por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 18 de octubre de 2016;

por el que se modifica la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, y otras normas para adecuarlas al nuevo Código del Proceso Penal.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a un pedido de informes solicitado por la señora Walkiria Olano el 11 de julio del corriente, relacionado con el Servicio Nacional de Sangre y el Hemocentro de Maldonado.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA OLANO.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

por el que se promueve la participación paritaria de personas de ambos sexos en la integración de los diversos cargos de representación política nacional, departamental y municipal, y en los órganos de los partidos políticos;

por el que se designa Maestro Olegario Villalba la escuela n.º 97 de Villa Serrana, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 01 Uruguay, su plana mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, a los efectos de realizar la Operación Esnal II, entre el 12 y el 22 de diciembre de 2017, efectuando escala en el puerto Itajaí, República Federativa del Brasil;

por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 General Artigas, su plana mayor y tripulación, con la finalidad de realizar la campaña antártica Operación Antarkos XXXIV, entre el 15 de noviembre de 2017 y el 30 de marzo de 2018, efectuando escala en el puerto de Punta Arenas, República de Chile.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El señor senador Rubén Martínez Huelmo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita autorización al Cuerpo para la realización de una exposición verbal, por el término de quince minutos, para la sesión del día 5 de diciembre, en homenaje a la señora Susana Sienra de Ferreira, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Rocha remite copia de una moción aprobada, relacionada con la decisión de las autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay de transformar en microbanca la sucursal de la ciudad de Castillos, departamento de Rocha.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de una nota presentada por los señores ediles Washington Martínez y Walter Plada, relacionada con la fiscalización de la pesca artesanal en la zona comprendida entre la laguna Garzón y la laguna José Ignacio.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Álvaro Delgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con el hallazgo de hidrocarburos en el departamento de Paysandú.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) HOMENAJE A LA SEÑORA SUSANA SIENRA DE FERREIRA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar la autorización solicitada por el señor senador Martínez Huelmo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado, a los efectos de realizar una exposición de quince minutos en la sesión del día 5 de diciembre.

(Se vota).

16 en 17. Afirmativa.

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- A la sesión ordinaria del 1.º de noviembre faltó con aviso la señora senadora Alonso.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 23 de octubre faltó con aviso la señora senadora Ayala. Y a la sesión del 31 de octubre, faltó con aviso el señor senador Coutinho.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 24 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Bianchi.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 25 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Peña.

A la sesión de la Comisión especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo del 30 de octubre faltó con aviso la señora senadora Aviaga.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 31 de octubre faltó con aviso el señor senador Carámbula.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 6 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia del 22 al 25 de noviembre inclusive, de conformidad con la Ley n.º 17827, artículo 1.º, literal C), misión oficial.

Motiva la solicitud mi participación en la XXXIV Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se realizará los días 23 y 24 de noviembre en la sede permanente del organismo en la ciudad de Panamá, y en el Foro Regional sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción (adjunto copia de la invitación).

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Daisy Tourné. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 6 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por razones personales, el día 7 de noviembre de 2017.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Leonardo de León. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Julio Calzada y Beatriz Ramírez han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Felipe Carballo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 6 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi consideración:

Por este medio, solicito al Cuerpo me conceda licencia sin goce de sueldo, al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, los días 9, 13 y 14 del corriente.

Sin más, saludo atentamente.

Marcos Carámbula. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Se comunica que para el día 9 de noviembre, el señor Juan Castillo ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Lorier, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo. Y para los días 13 y 14 de noviembre, han presentado nota de desistimiento los señores Juan Castillo y Eduardo Lorier, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Michelle Suárez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 7 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia el día miércoles 8 de noviembre de 2017, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Rafael Paternain, Virginia Cardozo y Federico Preve han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Beramendi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 6 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del lit. D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, para los días 9 y 10 del corriente. Motiva esta solicitud mi participación en la Conferencia de la Alianza Progresista, a desarrollarse en San José de Costa Rica. Se adjunta invitación.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Mónica Xavier. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango y Viviana Piñeiro han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) CONSECUENCIAS DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE SALTO

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: como ha sido de pública notoriedad, en el mes de octubre pasado las localidades del cordón hortofrutícola de Salto se enfrentaron a dos grandes granizadas que ocurrieron con un intervalo menor a veinte días, siendo esta una situación climática excepcional que dejó a los productores y vecinos severamente afectados. Se estima que el perjuicio llegó a un 70 % del área productiva en general y hasta a un 90 % en lo que tiene que ver con el daño en los techos de los invernáculos.

Las pérdidas son millonarias. Si se considerara únicamente las estructuras de protección de los cultivos, se estaría hablando de unos USD 5:000.000, y esto sin tener en cuenta los números finales de lo que se perdió o se perderá de rendimiento en los cultivos sin protección –como es el caso de la cebolla, por ejemplo–, que fueron los más afectados.

De los 380 productores que viven con sus familias en los predios, alrededor de 300 fueron dañados de uno u otro modo, es decir, ya sea en producción o en infraestructura. Las afectaciones en las estructuras de invernáculos fueron, principalmente, por roturas del techo –es decir, por la perforación del nailon causada por el granizo–, lo que le hace perder su función, debiendo ser necesario, en la mayoría de los casos, su reemplazo antes de los próximos cultivos de invierno, lo que implica un costo más que significativo.

A nivel país, el cordón hortofrutícola de Salto –ubicado al noreste del departamento– representa el 35 % de la producción nacional en kilos, pero tiene un peso mucho más importante en contraestación, donde aumenta al 70 % de lo comercializado en el mercado nacional entre los meses de mayo y noviembre.

Este es un sector con un alto nivel de tecnificación, en el que se logran altos rendimientos por hectárea, y es la mayor área protegida en todo el Uruguay. Comprende 400 hectáreas bajo techo, de invernáculos, microtúneles y macrotúneles, en los que se producen tomates, morrones, zapallitos, berenjenas, frutillas, melones, pepinos y chauchas, entre otros cultivos. Además, hay entre 2500 y 2700 hectáreas de cultivo de campo, con boniato, zanahoria, cebolla, zapallo, papa y maíz dulce.

Solo tomando en cuenta la mano de obra, estamos hablando de unas 6500 personas que dependen de este trabajo, sin incluir en esa región a los trabajadores de la citricultura y de los arándanos.

Si bien, señora presidenta, desde el año 2013 existe una línea de subsidios para seguros contra este tipo de fenómenos, que otorga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en convenio con el Banco de Seguros del Estado, no todos los productores están cubiertos con este beneficio por cuanto se exigen ciertas condiciones para obtenerlo y no todos están en condiciones de cumplirlas.

Este subsidio, claramente, es una herramienta importante, pero para quienes no poseen ese respaldo no se aguardan ayudas especiales, puesto que el Gobierno entiende que para evitar esas adversidades ya está contribuyendo de ese modo.

Los daños se dieron no solo en la fruta que estaba esperando ser cosechada, sino también en plantas, ya que el tamaño de las piedras de granizo generó severas quebraduras de ramas; vecinos de muchos años hablan de que nunca vieron un granizo de esta magnitud.

En conclusión, la granizada hizo que se perdieran inversiones de muchos miles, se comprometiera la fuente de producción y de trabajo también de muchos miles, y es posible, además, que esta merma en el rendimiento del cultivo de campo se vea reflejada en un aumento de precios en los productos del mercado interno.

En la noche de ayer, la Junta Departamental del Salto resolvió, por unanimidad, declarar la emergencia de la problemática vivida en el cordón hortofrutícola de Salto a causa del fenómeno climático acontecido en dos oportunidades en el mes de octubre de este año con dieciocho días de diferencia.

Pedimos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Seguros del Estado, al Banco República y a la Presidencia de la República.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) CONSECUENCIAS DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE SALTO

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en esta media hora previa haré referencia al mismo tema que mencionó el señor senador preopinante. Es bueno coincidir sobre la dimensión de los daños causados por algunos fenómenos climáticos que afectaron a los productores de Salto.

El pasado 27 de octubre tuvimos diferentes reuniones en Salto con algunos productores que sufrieron la catástrofe climática del 18 de octubre, de dimensiones pocas veces vistas por los vecinos de la zona; es más: los más veteranos no tenían recuerdo de algún suceso climático tan impactante que se diera en tan poco tiempo.

Los productores con los que nos reunimos están organizados en el programa Salto Hortícola, organización que nuclea a siete gremiales granjeras de ese departamento, a mucha gente que actualmente enfoca sus acciones en la concreción de una central hortícola que se ubicará en el Parque Agroindustrial de Salto. Actualmente, ese programa nuclea a alrededor de cuatrocientos productores y genera unos diez mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Sin embargo, el 18 de octubre pasado, y después con otras reiteraciones, los productores de la ciudad de Salto y alrededores –donde se encuentra el cinturón hortícola– sufrieron un durísimo revés al ser víctimas de una terrible granizada.

Es bueno recordar que los productores de esa zona del país utilizan mucho los invernáculos como forma de producción constante. Desde la carretera, entre las rutas 3 y 31, se pueden observar todas las estructuras, por lo cual no es difícil imaginar la magnitud del destrozo y del daño provocado por esa granizada. Realmente, los daños son innumerables, y las pérdidas, millonarias. Se calcula que simplemente en estructura de polietileno la pérdida es de USD 5:000.000, monto que no incluye el daño provocado a los cultivos que se encuentran bajo el área protegida, como tampoco los cultivos de campo.

Obviamente, esta problemática no culmina en los daños materiales, sino que tanto productores como trabajadores verán reducida drásticamente su jornada laboral debido a la pérdida de las cosechas. Rubros como la citricultura, arándanos, duraznos y cultivos de campo fueron seriamente dañados, y hubo casos puntuales de chacras de arándanos en los cuales las pérdidas fueron casi totales.

Señora presidenta: como bien se decía, este colectivo representa el 35 % de la producción hortofrutícola del país, muy tecnificada y que tiene un alto rendimiento por hectárea. Su principal fortaleza es la producción de invierno, o sea, contraestación. Entre los meses de mayo y noviembre aporta el 70 % de la producción del mercado nacional. Estamos hablando de cuatrocientas hectáreas bajo invernáculo de polietileno, entre invernaderos, microtúneles y macrotúneles. Es la mayor área protegida del país, en la que, bajo un mismo sistema, se producen tomates, morrones, zapallitos, berenjenas, frutillas, melones y pepinos, entre otros. También abarca alrededor de 2700 hectáreas de cultivo de campo, donde se producen boniatos, zanahorias, cebollas, zapallos, papas y maíz dulce; involucra a 6500 personas en forma directa, permanente y zafral; y emplea, directa e indirectamente, a 10.000 personas. En definitiva, son casi cuatrocientos productores y sus familias que viven de esta actividad.

Este granizo afectó un 70 % del área de producción general, llegando al 90 % en el caso del polietileno. Se dice que son alrededor de trescientos los productores que fueron afectados por la granizada. Si bien los seguros existentes ayudan, no colman las expectativas, además de que no todos cuentan con esa herramienta. Se reconoce –creo que es bueno decirlo– que las políticas de seguros han ido mejorando, pero la catástrofe fue de tal magnitud que solo con esa herramienta será muy difícil volver a producir como hasta ahora.

Finalmente, creemos que deberían activarse fondos previstos para este tipo de catástrofes, donde está en juego la continuidad de muchos productores ya que, debido a la reinversión que deberán afrontar, muchos de ellos no podrán seguir adelante.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Estamos tratando de ver de qué manera puede colaborar el Estado –ya culmino señora presidenta–, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para paliar esta situación y no solo aportar subsidios o líneas de crédito. Asimismo, estamos viendo la posibilidad de que organismos como UTE, el Instituto Nacional de Colonización y Mevir puedan contribuir en la generación de una solución para los afectados, así como el Banco de Previsión Social buscando algún tipo de situación especial para las zafras que están por delante.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Intendencia de Salto, a la Junta Departamental de Salto y a la Junta Nacional de la Granja.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, de 11 de mayo de 2009, sobre Partidos Políticos, normas complementarias y concordantes. (Carp. n.º 865/2017 - rep. n.º 532/17 y anexo I)».

(Antecedentes).

(Ver 38.ª S. O.).

–Continúa la discusión particular.

Corresponde considerar los artículos 6.º, 7.º, 9.º,13 y 18, que habían quedado desglosados.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: habíamos desglosado algunos artículos.

Al respecto, queremos comunicar al Cuerpo que hemos estado revisándolos y vamos a mantener, en la mayoría de ellos, la votación inicial del proyecto de ley que viene de comisión, excepto en el artículo 7.º, que modifica el artículo 31 de la Ley n.º 18485, donde proponemos un texto para el inciso primero. Ello se debe a una pregunta que hizo el señor senador Heber en la sesión pasada, en la que pedía más claridad respecto del límite de la donación de las personas físicas en las campañas electorales. Y como es nuestra voluntad que el límite esté en lo que puede donar cada persona, independientemente de a quién lo done, hemos traído una redacción alternativa que arroja más claridad sobre ese inciso primero del artículo 31, que es modificado por el artículo 7.º. Proponemos que la redacción sea la siguiente: «Artículo 31. Cada persona física podrá donar, en dinero o en especie, hasta el equivalente en pesos uruguayos de 300.000 UI –trescientas mil unidades indexadas– durante cada una de las campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales». Ese sería el límite que proponemos que las personas tengan para donar en cada una de las campañas; después, cómo distribuye esas 300.000 unidades indexadas, es un tema de la persona.

En el caso del artículo 13, el senador Bordaberry señalaba –con absoluta razón– que en los incisos correspondientes a la distribución de la publicidad –dentro del artículo 143, que estamos modificando– habíamos puesto «para los nuevos partidos». La observación del senador Bordaberry es de recibo porque no son los nuevos partidos sino los restantes partidos. Por lo tanto, ese 5 % que se distribuye entre los partidos que no tienen representación parlamentaria no es para los nuevos, sino para los restantes, porque pudieron haber competido antes y no haber llegado al Parlamento.

Entonces –reitero–, la observación del señor senador Bordaberry es de recibo y proponemos cambiar «nuevos» por «restantes».

Por otra parte, el senador Heber preguntaba –creo que también lo hizo el senador Bordaberry– por qué en el inciso final del artículo 13 poníamos que «la distribución de los espacios entre los lemas será efectuada por el Consejo de Comunicación Audiovisual» si era la Corte Electoral la que compraba los minutos. En realidad, seguimos con el viejo chip, pero ahora aggiornamos el artículo. Es el Consejo de Comunicación Audiovisual el que reparte la publicidad gratuita, y ahora le agregamos la práctica que hoy día se lleva adelante. Proponemos, entonces, que el último inciso quede redactado de la siguiente manera: «La distribución de los espacios gratuitos entre los lemas será efectuada por el Consejo de Comunicación Audiovisual mediante sorteo a los efectos de determinar el orden». Eso es lo que hoy se hace en la práctica, que ahora lo estamos incorporando en la ley.

Esas son las dos modificaciones que, atendiendo a lo sugerido en el debate, planteamos al Cuerpo.

En el caso de los restantes artículos desglosados, luego de un pormenorizado análisis, debemos decir que mantenemos las posiciones iniciales. No obstante, hay una segunda cámara que va a analizar los textos, y si allí se encuentra una fórmula mejor para la adquisición de minutos, podremos luego debatirla. En todo caso, señora presidenta, daremos nuestras opiniones respecto de cada artículo en particular, pero ahora estamos informando al Cuerpo acerca de las modificaciones que traemos respecto de los artículos 7.º y 13.

Era cuanto tenía para decir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Agradeceríamos al señor senador que alcanzara las modificaciones por escrito a la Mesa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: no escuché que el señor miembro informante hiciera algún comentario sobre un tema que en la discusión general quedó a las claras: el de la compra de los minutos de televisión por parte de la Corte Electoral.

En lo personal –y para nuestro partido–, este es un concepto muy montevideano del tema –aclaro que lo digo con todo respeto y no en sentido peyorativo–, porque la redacción de la norma parte de la base de que la compra de los minutos se hace en los canales de aire nacionales, que están en Montevideo. El punto es definir si la Corte Electoral tiene capacidad para negociar con todos los canales del interior del país. Nosotros ya acordamos dar recursos a ese organismo –lo tendremos que hacer en la próxima rendición de cuentas– para cumplir con la tarea de hacer auditorías a los partidos políticos, tanto de los gastos permanentes como de los que realicen para las campañas electorales, puesto que hoy dice que para eso no tiene recursos, ni humanos ni económicos. Está bien, pero –reitero– eso vamos a poder resolverlo en la instancia de la rendición de cuentas, y creo que con el acuerdo de todos los partidos políticos, a fin de darle los instrumentos para que pueda cumplir con la misión que le encarga este proyecto de ley. Pero, además, le decimos a la Corte Electoral que tiene que contratar y negociar los minutos de televisión en todo el país. En lo personal –lo digo sinceramente, como lo he hecho en comisión, apoyando una iniciativa que presentó el señor senador Mieres, que no fue de recibo–, me parece que no existe capacidad en la Corte Electoral como para negociar esos minutos. ¿Qué se procura al incluirla? Que no haya diferencia de precios en los minutos que contrata un partido u otro.

En la «solución Mieres» –la nombro así porque es justo hacerlo–, eso se garantiza. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los contratos que hacen los partidos políticos con los medios sean necesariamente comunicados a la Corte Electoral y que el canal esté obligado a cobrar el mismo precio a los demás partidos. De esta forma se procura instaurar algo que en la práctica es muy lógico, pues si mañana el candidato a diputado por Melo contrata minutos con el canal 12 de esa ciudad, no tendrá que esperar a la negociación de la Corte Electoral, sino que generará ese contrato y el canal ya sabe que debe hacer un contrato idéntico y cobrar el mismo precio a los demás candidatos de todos los partidos. Así salvamos la preocupación lógica del Frente Amplio en el sentido de que no existan situaciones de privilegio para algunos partidos al cobrarles precios diferenciales.

No pude asistir a la última sesión de la comisión pues estaba participando de una misión oficial de la Unión Interparlamentaria pero, según me dijo el señor senador Mieres, no hubo una respuesta clara de por qué no se seguía esta solución, aun cuando es materialmente imposible que la Corte Electoral haga esta negociación canal por canal en todo el interior.

Sin perjuicio de que no nos hemos puesto de acuerdo con respecto a los artículos 6.º y 9.º, parecería que se aclara la situación del artículo 7.º –según mencionó el señor senador Pintado–, y en el artículo 13 se incluye esta misión que se encarga a la Corte Electoral. Adelanto que cuando vayamos a considerar el artículo 13 voy a pedir un pequeño cuarto intermedio porque tengo que consultar a los compañeros de mi bancada sobre ciertos juicios de inconstitucionalidad que nos han hecho llegar sobre esta disposición, pues me gustaría que pudiéramos fijar una posición a este respecto. Pero dentro del artículo 13 está este tema. Entonces, pregunto si existe voluntad para que en ese cuarto intermedio podamos generar la posibilidad de un entendimiento que otorgue las garantías que quiere el Frente Amplio de que no haya hijos y entenados a la hora de comprar minutos en televisión, para que se cobre un precio igualitario y que no tengamos que depender de la negociación de la Corte Electoral, que –reitero– no me parece que tenga capacidad de negociar con los medios de comunicación de todo el interior del país; sí la tendría –como se propone en el proyecto de ley– con los tres canales principales, pero ese no es el universo de propaganda televisiva que tenemos en las instancias de campaña electoral. Varios canales locales tienen mucha influencia en las localidades y, por lo tanto, para nosotros, sobre todo para nuestro partido, es muy importante que esto quede facilitado y que no se generen trabas ni dificultades para el acceso a la propaganda paga que contraten los candidatos a intendentes, a diputados, a senadores o a presidentes en esas campañas del interior del país.

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Muy brevemente, quiero decir que esta es la primera cámara que trata la iniciativa y que siempre hay espacio para mejorar un texto y seguir trabajando en él, más allá de los acuerdos que se han ido consolidando en todo este proceso de trabajo que hemos tenido en comisión.

La Corte Electoral es el organismo rector del funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos. Por tanto, insistimos en que –claramente– es la Corte Electoral la que tiene que cumplir un rol en esto; no hay otro organismo asimilable a ella en lo que hace a la regulación y al control del funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos.

Creo que hay otro componente a incorporar en este debate: estamos reflexionando en función de lo que pasaba, y creo que tenemos que pensar teniendo en cuenta lo que queremos construir y consolidar. Las negociaciones eran propias de la dinámica que teníamos, en la que había que negociar con cada medio y los precios eran distintos. Pero ahora estamos tratando de construir una estandarización con relación a esto. Entonces, no veo un escenario en el que la Corte Electoral tenga que negociar con todos los canales y señales de cable del interior del país, sino que trato de pensar en que esto puede contribuir a generar algo mucho más estandarizado en los medios y una tarifa pública clara, que nos abarque a todos. Por lo tanto, no me imagino, en un escenario hacia adelante, que la Corte Electoral tenga que negociar con cada medio, lo que podría ser realmente complejo. Eso es lo que estamos tratando de instalar con esta clase de norma; me refiero a desterrar ciertas prácticas que eran poco transparentes e inequitativas y tratar de construir hacia adelante relaciones distintas, más transparentes y estandarizadas. Esta es, en definitiva, una apuesta.

Otro tema es el de la Corte Electoral y el de los recursos que va a necesitar para cumplir eficientemente los roles que la ley le asigna, que va a ser discutido en otra oportunidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Entiendo el planteo del señor senador Otheguy porque ese fue el espíritu que hubo en comisión. O sea, la intención es esa, pero no se logra. ¿Por qué? Porque la estandarización también es injusta, pues es un precio determinado el que pueden tener los canales de televisión nacionales, que son montevideanos. Otro precio naturalmente no se puede estandarizar; por ejemplo, pensemos lo que puede ser la audiencia de un canal de Bella Unión. Entonces, ¡es muy difícil! Además, decir que todos los canales del interior tienen un precio tampoco es fácil, porque hay canales en las capitales de los departamentos que tienen una penetración distinta que otros canales en los pueblos chicos. O sea, ¡es un tema complejo!

¡Comprendo lo que dice el señor senador Otheguy en cuanto a la intención! La intención es estandarizar y transparentar. Creo que la solución del señor senador Mieres estandariza para cada caso. Por ejemplo, el canal de Rosario debe fijar el mismo precio al Partido Nacional, al Frente Amplio, al Partido Colorado y al Partido Independiente. ¿Quién establece eso? La primera negociación, que necesariamente debe ir a la Corte Electoral, y como esa comunicación va a la corte, esta sabe que hay un contrato que establece el precio de los minutos y cuántos minutos compró tal partido. Además, el Consejo de Comunicación Audiovisual va a controlar que efectivamente se pasen esos minutos y no más; es decir que va a hacer el seguimiento de los minutos que compró tal partido en tal canal del interior. ¡También es una menuda tarea, ¿no?! Quiero ver cómo logra hacer eso el Consejo de Comunicación Audiovisual.

Sin perjuicio de eso, señora presidenta, facilitamos el tema por el hecho de la comunicación. Si el Frente Amplio contrata con el Canal 8 de Rosario, debe comunicarlo a la Corte Electoral, y ese será el precio para todos los partidos políticos, que es lo que en realidad nos preocupa. Ahora bien, decir que hay un precio estándar, por ejemplo de un canal de Canelones con respecto a uno de Bella Unión, es no caer en la realidad de lo que se cobra en los canales del interior en función de la penetración y de la audiencia que puedan tener.

Por eso, sin perjuicio de que este proyecto de ley va a pasar a la otra cámara, donde se podrán corregir esas cosas –como se anuncia por parte de los senadores oficialistas–, me parece correcto que votemos a conciencia en el Senado y que logremos la aproximación más cercana posible a la realidad a la que nos enfrentamos a la hora de la realización de las campañas electorales y su financiación. Nos preocupa sobre todo el gasto por concepto de publicidad en la televisión –en los canales nacionales montevideanos y en los del interior del país, sobre todo en los canales por cable, que tienen una señal local, como lo establece la ley–, en donde podemos difundir las ideas de cada uno de los partidos.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Gracias, señora presidenta.

Aclaro –a los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica– que, sin querer, el señor senador se dirigió a mí como diputado. Fue una responsabilidad que asumí con mucho orgullo, pero lo aclaro porque no sea cosa que se declare inconstitucional la ley porque hubo un problema de conformación del Cuerpo. A veces eso puede suceder, cuando no está bien conformado el Cuerpo, y no estamos libres de todas las tretas que pueda haber.

Olvidé señalar que en el artículo 9.º, después de «Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 18.485, de 11 de mayo de 2009, por el siguiente:», debe incluirse «ARTÍCULO 45».

Continuando con el tema, quiero señalar que si bien estamos abiertos a encontrar una solución en la Cámara de Representantes, eso no comprende la totalidad de los temas que queremos resolver. ¡No se trata solo de fijar el mismo precio! Creo que hay cosas que no se están advirtiendo, y me resisto al argumento de que la Corte Electoral no tiene capacidad, porque esta se puede adquirir. El Consejo de Comunicación Audiovisual podría decir lo mismo: «No tengo capacidad para controlar a todo el país». A ver, ¿cuánto tiempo se necesita para negociar en todo el país? No es de recibo decir que elaboramos el proyecto de ley con cabeza montevideana, ante todo porque no representamos solo a Montevideo, sino a todo el país, y la votación así lo demuestra. ¿Cuánto tiempo se precisa? Los medios de comunicación no son infinitos para una negociación; se puede delegar. Hay mil formas por las que la Corte Electoral puede establecer esa negociación, como por ejemplo convenios con instituciones, entre otras.

Ahora bien, lo del mismo precio resuelve una parte, pero hay otra que no se está advirtiendo: ¡que un partido con dinero pueda comprar la totalidad de la publicidad!

SEÑORA ALONSO.- ¡No puede!

SEÑOR PINTADO.- El espacio comercial general que queda para contratar son quince minutos por hora, antes de las 18:00 y después de las 23:00.

Un partido arregla con un canal y le compra la totalidad de la publicidad. ¡Eso funciona de acuerdo con las leyes del mercado! ¡No está prohibido! Se me podrá decir: «¡Ah, los canales no lo van a hacer!». Bueno, no lo van a hacer, pero, por ejemplo, si pago un millón de dólares el segundo –estoy diciendo cifras locas–, no sé si no lo van a hacer.

Entonces, hay que garantizar el mismo precio y que todas las voces puedan hacerse escuchar. Esa es la cuestión. Y eso no lo resuelve la propuesta del señor senador Mieres. ¡No resuelve que un partido pueda comprar con dinero todos los minutos! ¡No lo resuelve!

Por eso digo: ¡dejemos que el debate se dé en el Senado! No estamos enamorados de la Corte Electoral, sino que queremos que no solo no haya diferencias en el precio, sino que además nadie pueda comprar monopólicamente. ¡Por esa razón se habla del principio de equidad y de igualdad para todos los partidos –de parte de la Corte Electoral– en la compra de los minutos! No es porque desconozcamos que en Vichadero el minuto de televisión es mucho más barato que en un canal nacional. ¡Por favor! No nos subestimen. Ganamos algunas elecciones en los departamentos y hemos contratado publicidad.

SEÑOR HEBER.- Y en el interior.

SEÑOR PINTADO.- ¡En el interior también! ¡Y en octubre no es lo mismo que en mayo! ¡¿En cuántos departamentos tuvimos mayoría en octubre y después minoría en mayo?! Pero no se trata de eso, sino de las garantías que queremos ofrecer. ¿Cuál es el concepto central de esta ley? ¡Que en la campaña no intervenga dinero sucio! ¡Hay que evitar las deformaciones que hoy no existen pero que mañana, con nuevos actores, no sabemos si pueden existir!

Entonces, estamos abiertos. Esta es la mejor fórmula que encontramos, pero la planteada por el señor senador Mieres, desde nuestro punto de vista, tiene insuficiencias. Sigamos trabajándola en la otra cámara, pero este es el bien a proteger.

Para terminar, quiero decir que para mí la igualdad es cero. Con eso resolvemos todos los problemas. En un país como el nuestro, precisar de la televisión para hacer una campaña electoral, para mí es un exceso, pero esa sería otra discusión.

Gracias, señor senador Heber.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber, a quien le restan dos minutos.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- La señora senadora Moreira y los señores senadores Mieres y Bordaberry me están solicitando una interrupción. Si bien no quiero sustituir a la Mesa, generosamente doy mis dos últimos minutos a la señora Moreira –quiero que se evalúe y se valore el gesto– para que plantee su interrupción y después se podrán anotar los otros compañeros.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Muchas gracias. Ojalá siempre tuviéramos estos acuerdos con el senador Heber, especialmente con respecto a este tema.

Quiero hacer dos aclaraciones rápidas. ¿Por qué la Corte Electoral? Porque necesitamos un tercero neutral entre los partidos y los medios de comunicación, siempre aclarando que la radio, Internet y los diarios están fuera de la reglamentación. ¡Nos van a quedar una cantidad de medios en los que se va a poder comprar! Si se quiere comprar páginas enteras de un diario, se va a poder seguir haciendo. Hago esta aclaración, porque esto solo afecta a la televisión.

La idea es tener un órgano neutral. Personalmente, creo que va a ser más fácil para la Corte Electoral comprar y distribuir que controlar las negociaciones entre los medios y los partidos. ¡Me parece que eso va a ser imposible! En cambio, si compro y distribuyo, es algo simple: compro y distribuyo. Además, con eso nos aseguramos dos cosas.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

–Ya termino.

La primera es impedir la concentración, que es algo a lo que se refirió el senador Pintado y sobre lo que esta ley no es muy precisa. La ley no impide que un partido compre todos los minutos pagos de un canal, y por tal motivo eso debería pasar por una reglamentación de la Corte Electoral. Pero solo quería decir al senador Heber que es obvio que los minutos y los segundos van a valer distinto en un canal de televisión por cable del interior que en Montevideo, y también en la campaña de las internas que en las de las elecciones nacionales. ¡Lo importante es que los minutos valgan igual para los partidos que los tienen que comprar! Justamente, se comprobó que la donación encubierta de campaña más importante que se hace es a través de la diferencia de las tarifas en la televisión. ¡Esa es una donación gigante que están haciendo los medios de comunicación diferencialmente a los partidos! Entonces, eso es lo que se quiere evitar, porque es uno de los agujeros más importantes que se encontró sobre financiamiento indirecto de campañas.

Gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: voy a empezar otra vez por destacar el medio vaso lleno y, en este caso, es que este proyecto de ley se envía a la otra cámara. Espero que estas cosas que hoy se van a votar se corrijan en la segunda cámara, porque la verdad es que se están dando pasos equivocados y con cierto apuro que no entendemos.

El segundo aspecto positivo es que se corrige bien –por parte de la bancada de gobierno–, en el artículo 7.º, algo que era un error, porque dejaba abierta la posibilidad de donaciones que esquivaban el tope, pero el problema está dado por las cosas que todavía generan diferencias. Voy a retomar este último tema, porque debemos leer lo que va a votar la bancada de gobierno: no va a votar nada que impida que un partido compre toda la tanda. El texto dice estrictamente que la Corte Electoral va a comprar –¡es insólito!– la cantidad solicitada por cada partido político.

En conclusión, acá no hay ningún control. ¡Bueno sería que en la publicidad paga se controlara cuánto compra cada uno! ¡Estamos entrando en un nivel de búsqueda de tapar el sol con los dedos! ¡Es imposible! Lo que sí es posible es controlar el precio y que sea equitativo, que es lo que importa. Pero lo que diferencia lo que se está votando, de la fórmula que presentamos con tiempo a la Comisión Especial de Partidos Políticos, Financiación y Publicidad Electoral y que fue rechazada, creo yo, sin análisis de parte de la bancada de gobierno –pues formalmente nunca se nos explicó por qué no era de recibo–, es que la nuestra incluye el control de emisión. De nada sirve controlar el precio si después se emite distinto. Yo compro cinco minutos y me pasan siete minutos, pero la Corte Electoral sabe que se compraron cinco. El tema es quién controla la emisión. El tema son las dos cosas: que la factura diga efectivamente que el pago coincide con el número de minutos y que luego la emisión se corresponda con el número de minutos que compré. Todos sabemos que los canales hacen bonificaciones. Entonces, si no hay control de emisión, no sabemos en realidad cuánto bonificó cada canal a cada persona. Pero, además, pensar que un canal va a aceptar vender los quince minutos de la tanda de cada hora a un mismo partido es subestimar mucho la concepción comercial de un canal. ¡Un canal se suicida si le vende a un mismo partido, cada hora, los quince minutos de tanda! ¡Ningún canal con criterio comercial va a vender toda la tanda a un solo partido político, entre otras cosas porque la gente no lo mira! ¿Ustedes se imaginan lo que sería? El canal sabe más que nosotros sobre política comercial y que en un sistema político la gente tiene distintas opiniones y preferencias.

La verdad es que estamos llegando al razonamiento por el ridículo en el afán del hipercontrol. Ya tenemos un paso que es la publicidad gratuita, y en eso tenemos un gran problema que es la inconstitucionalidad. La verdad es que eso es parte de un debate que hay que dar porque, si no, vamos a tener una sorpresa ingrata, más allá de que las distribuciones que acordamos en la comisión eran razonables: cincuenta y cincuenta, para hablar de manera rápida. El problema es que hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dice que eso es inconstitucional y, por lo tanto, cualquier partido que entienda que está afectado en su interés puede ir contra ese artículo. ¡Y va a ganar, porque la Suprema Corte de Justicia tiene esa concepción de que lo único constitucional es el reparto equitativo! Pero más allá de lo que se busca por el lado de la publicidad televisiva gratuita, queda la libertad de la contratación. Controlar la contratación también es inconstitucional. Lo que nos importa es que no haya trampas a favor de ningún partido. Y el mecanismo más sencillo es que cada partido compre al medio de comunicación y que este esté obligado a enviar, en un plazo perentorio, la factura en la que figure cuánto pagó el partido y cuántos minutos compró. De esa manera, el Consejo de Comunicación Audiovisual podrá cotejar las facturas y determinar si hubo o no un precio diferencial. Si lo hubo, se aplicarán las sanciones correspondientes; si no lo hubo, habremos cumplido con el objetivo, es decir, se vendió a un precio similar para cada uno; y son distintos precios, porque también todos sabemos que el precio que cuesta un minuto de televisión en los canales de Montevideo de circulación nacional es bien distinto que el de los canales del interior, y que dentro del interior, en cada departamento también es diferente. Todos sabemos asimismo que las audiencias son distintas pues hay canales que se ven más y otros que se ven menos. El tema es que cada medio ponga el mismo precio a todos los partidos. Eso se logra mucho mejor por un mecanismo en el que el partido compra. Además, el cálculo de que la Corte Electoral se encargue de esto es un verdadero disparate. ¡La Corte Electoral no tiene la función ni el cometido de ser una central de compras! ¡Porque al final es eso! Estamos diciendo que la Corte Electoral se convierta en una central de compras. Los partidos van y le dan la orden de compra y le dicen: «A mí me compra tantos minutos en el canal tal, tantos minutos en el canal cual», y la Corte Electoral va y compra. ¡Es eso! ¡Es lo que dice el texto de la ley, no otra cosa! Según el texto del proyecto de ley, cada partido le dice cuánto quiere comprar y la corte va y compra, acordando con los medios un precio. ¿Esa es la función de la Corte Electoral? ¡Por favor! ¡Es un verdadero desvarío ir a esa solución! Pero, además, la corte ya ha dicho que no puede hacerlo. ¡Va a sufrirlo de una manera absolutamente insensata!

Entonces, el objetivo es evitar la ventaja indebida a favor de cualquier partido, y eso se cumple controlando la facturación. Además, nosotros estamos controlando las contribuciones, los gastos; es decir, tenemos la obligación de hacer todo vía bancaria. El medio entrega la factura y el Consejo de Comunicación Audiovisual no solo chequea contablemente que los números sean similares para todos los partidos, sino que además controla la emisión, que es lo que se le va a pedir para hacer el control de la veda. De nuevo, de acuerdo con la ley de medios que votamos, el Consejo de Comunicación Audiovisual tiene que controlar que se cumpla la veda. Esto significa que, a diferencia de la Corte Electoral –que siempre ha manifestado que no puede castigar al que viola la veda porque, como no tiene el control de emisión, no sabe si puede haber otros que hayan violado esa norma–, el Consejo de Comunicación Audiovisual va a controlar que nadie viole la veda y va a castigar al medio, lo que es algo novedoso porque hasta ahora no había ningún castigo para el medio que violaba la veda. De ese modo, se construye un sistema de control; pues bien, ese mismo sistema de control es el que tenemos que tener para el precio, y punto. No es necesario hacer nada más. No vayamos a un esquema en el que, por tratar de controlarlo todo, al final terminemos construyendo un adefesio que no tiene ningún fundamento y que va a salir mal.

Por eso, tengo la esperanza –a esta altura ya no en esta cámara, donde, obviamente, votaremos en contra– de que prevalezca la sensatez y haya una solución razonable para el tema de la publicidad televisiva paga en las campañas electorales.

La publicidad gratuita tiene ese problema. La Suprema Corte de Justicia fue categórica: el único mecanismo constitucional que no viola el derecho de igualdad es la distribución pareja entre todos los partidos, viejos y nuevos, grandes y chicos. Ese es el argumento de la Suprema Corte de Justicia que determinó el fallo del año 2016.

Pienso que esta norma se expone a una vulnerabilidad importante: que se presente un reclamo por inconstitucionalidad y caiga el mecanismo de publicidad electoral gratuita. O sea, cualquier fallo de inconstitucionalidad dejaría sin efecto la distribución, que es lo que sucede actualmente. Hoy tenemos vigente un fallo que determina que el artículo de la ley de medios relativo a la comunicación audiovisual no pueda aplicarse a ninguno de los partidos, pues, como dije antes, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad. Entonces, no volvamos a cometer el mismo error.

A nosotros nos parecía razonable que, al igual que en otras partes del mundo –si no me equivoco lo comentó la señora senadora Moreira–, se pudieran aplicar dos principios que conviven en la mayor parte de los sistemas de financiamiento de partidos: el principio de la proporcionalidad de los votos y el principio de la equidad, los cuales se combinan.

Ahora bien, esto tiene un origen: el abuso, el abuso del partido de gobierno que, en la euforia del triunfo, en diciembre de 2014 votó a tambor batiente una distribución vergonzosa, vergonzosa para cualquier criterio democrático, ya que los porcentajes propuestos eran el 80 % en función de los votos anteriores y el 20 % en función de la equidad. ¡Una barbaridad que no tiene parangón en toda América Latina! ¡No, no tiene parangón en toda América Latina! No se ría senadora; es verdad. ¡Lea! ¡Estudie!

SEÑORA PRESIDENTE.- Señor senador: lo exhortamos a que se dirija a la Mesa.

Puede continuar.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no hago más alusiones, pero que la señora senadora Moreira no se ría.

Llegado a este punto, quiero señalar que hay un libro de hace unos años que establece el análisis de todo el sistema de financiamiento de los partidos y no hay un país de América Latina que distribuya 80 % y 20 %. El más desigual es 70 % y 30 %. El Frente Amplio quiso romper el récord y planteó la peor distribución: 80 % y 20 %. Por eso nos presentamos ante la Suprema Corte de Justicia y esta lo declaró inconstitucional. Ahora tenemos ese tema establecido porque a partir de esa sentencia, cualquier distribución distinta de la paridad va a ser objeto de reclamación por inconstitucionalidad. Es el resultado al que se llega por exceso de abusos.

Señora presidenta: queremos anunciar que vamos a acompañar algunos aditivos redactados por la bancada del Partido Colorado porque nos parece que van en la línea de buscar condiciones de equidad. Además, nos reservamos para hacer una argumentación en oportunidad de la consideración del artículo 18, que votaremos –en soledad– en contra por los mismos argumentos que se han señalado con respecto al problema que tiene la Corte Electoral para controlar. En este caso, se podría decir que hay un doble rasero y que es insólito: para el análisis de los estados contables anuales de los partidos hay un sistema de contralor, que consiste en el visado en el Tribunal de Cuentas, el registro en la Auditoría Interna de la Nación y el depósito en la Corte Electoral. Sin embargo, para la rendición de cuentas de campañas, el único sistema es el que ya existe y que ha probado no ser eficaz: la entrega a la Corte Electoral de la documentación para que esta la estudie.

En mi opinión, es una manera de esquivar un estudio en profundidad de las rendiciones de cuentas de las campañas. Si no, que alguien me explique por qué los estados contables anuales tienen que tener un procedimiento de control y las rendiciones de cuentas de las campañas tienen que tener otro, mucho menos exigente. No lo entiendo. Si hay alguna bancada que ha hecho gárgaras con la palabra transparencia, no entiendo por qué para la rendición de campañas no se dispone la misma exigencia que para el análisis de los estados contables anuales. Parecería que hay un problema, que es seguir con la ley de 2009 que, como todos sabemos, no ha servido para nada porque, ¿qué hace la Corte Electoral? ¿O queremos que este organismo expanda, además, un aparato similar al Tribunal de Cuentas –que ya tenemos– para que investigue y estudie en serio las rendiciones de cuentas de las campañas? Creo que es mucho más razonable que, así como se presentan los estados contables anuales al Tribunal de Cuentas, se le entregue también la rendición de cuentas de la campaña y que la Corte Electoral luego haga lo que tiene que hacer, o sea, depositar y hacer públicas las rendiciones de cuentas.

Hoy por hoy, todos sabemos que el control que ejerce la Corte Electoral es débil y, más aún, diría inadecuado, porque no tiene cómo hacer otro control. Entonces, lo único que hace es publicar las rendiciones de cuentas. ¿Por qué no cambiamos esto ahora? Es una pregunta que hasta ahora no ha tenido una respuesta, lo único que he escuchado es que se va a dotar a la corte de recursos para que tenga un equipo de gente que haga el contralor. Vuelvo a la pregunta del principio: ¿por qué los estados contables anuales sí van al Tribunal de Cuentas? Si la Corte Electoral va a tener un equipo capaz de analizar las rendiciones de cuentas de las campañas, entonces ¿por qué no se hace lo propio con los estados contables? Parecería que hay una trampa al solitario. Pero, a mi entender, se debe ser exigente en las dos cosas y para ello el control lo debe ejercer el Tribunal de Cuentas.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador. Advierto al señor senador Mieres que le restan cinco minutos de su tiempo.

SEÑOR PINTADO.- En realidad, no me gustaría que quedara la idea de que tenemos algo turbio en las campañas electorales y que no queremos controlar. Es un tema técnico. Un balance no es igual a una rendición de cuentas. ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal de Cuentas? Quiero que se entienda y para derribar mitos voy a explicar lo siguiente. Cuando los partidos presentemos los balances en el Tribunal de Cuentas, este va a visarlos. ¿Qué quiere decir visar? Que corrobora que está técnicamente bien elaborado, pero no se va a pronunciar sobre su contenido. El contenido del balance lo va a tener que controlar la Corte Electoral. Ahora bien, un balance no es lo mismo que una rendición de cuentas; cualquier contador lo sabe, eso no es igual. Por lo tanto, no hay un modelo de presentación de rendición de cuentas. Esas cosas las tiene que hacer la Corte Electoral. ¡Cuidado con decir que la corte no tiene capacidad para nada! ¡Si no, vamos a terminar concluyendo que hasta las elecciones están en peligro porque la corte no puede cumplir esa función! ¡Se tendrá que adaptar! Para el control de las rendiciones de cuentas –en este punto coincidimos con el Partido Nacional– se puede establecer una auditoría dentro de la corte que se especialice en ese tema. Pensemos en que algún día se va a implementar el voto electrónico. Llegado el momento, ¿qué vamos a hacer con el rubro 0 que se destina al personal que se dedica a recibir y controlar las credenciales en papel cuando uno va a votar? Ese sistema algún día se va a modificar. Países con mucho más atraso que nosotros votan electrónicamente con garantías en el sufragio. ¿Qué vamos a hacer con todos esos recursos? Tendremos que ir adaptando y modernizando las instituciones. Esta es una ley, si no dispone de los recursos, después discutiremos sobre los recursos y respecto a qué cosas tiene que hacer, pero no me digan que no se puede. ¿Cuál es el principio? Bueno, aquí el otro organismo puede ser la Auditoría Interna de la Nación, y se puso el grito en el cielo: «¿Cómo nos va a controlar la Auditoría Interna de la Nación, que pertenece al Poder Ejecutivo?». El principio es que a los partidos los controla la Corte Electoral; de eso estamos hablando.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres. Le aviso que le restan tres minutos.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: muy brevemente quiero decir que, obviamente, no hay una atribución de intención a quienes votan de una manera este artículo; creo que el señor senador Pintado asumió más de lo que he dicho. Sí digo que, desde nuestro punto de vista, es ciertamente equivocado establecer dos regímenes distintos de contralor, uno para los estados contables anuales y otro para rendiciones de cuentas de campaña, que no es un balance, pero sí una rendición de cuentas de un montón de gastos probablemente mucho más importantes que los propios balances anuales de los partidos, por lo que, con más razón, tendrían que tener mayores formalidades. Esto es lo que vamos a sostener y por eso vamos a votar en contra el artículo 18 de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: antes de comenzar con mi exposición, quisiera hacer una consulta sobre el desarrollo de la discusión del proyecto de ley, puesto que se está dando una especie de debate previo y no sé si luego debatiremos sobre cada artículo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Quiero aclarar que es probable que la Mesa haya cometido un error, ya que el primer orador habló globalmente de los artículos y como eso no fue advertido, permití que los siguientes oradores hicieran lo mismo y ahora actuaré en consecuencia respecto de los demás senadores que ya están anotados.

Posteriormente, si se desea hablar nuevamente sobre cada artículo en particular, agradeceremos que se economice el tiempo. Reitero que cometí un error puesto que comencé la sesión en forma rutinaria y no me di cuenta de que debíamos ingresar en la consideración particular de los artículos.

Tiene la palabra el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: le agradezco porque seguramente no me alcance el tiempo para el desarrollo de algunos artículos.

Haciendo un análisis global, en primer lugar, me permito reiterar que creo que este proyecto de ley debería volver a comisión porque no es una buena técnica legislativa aprobar iniciativas que sabemos que están mal en función de que –decimos– serán corregidas luego por la segunda cámara. Si después no las corrige bien, cuando llegan aquí, las votamos igual porque de otra forma no podríamos modificar el proyecto de ley en general ya que no está permitido y, si no lo aprobamos, el proyecto queda rechazado. Esto nos pasó más de una vez, por ejemplo, ante el apuro de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal y de la ley de femicidio. Por lo tanto, entiendo que sería bueno hacer bien el trabajo.

En segundo término, quiero señalar que el señor senador Mieres tiene razón en cuanto a que habría que regular de otra manera el procedimiento por el que la Corte Electoral adquiere la publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay otro error. Pongamos el caso de que un partido pide veinte minutos y otro pide cien, pero el canal solamente tiene sesenta minutos disponibles, ¿cómo hace la Corte Electoral para distribuir esos minutos? ¿Teniendo en cuenta quién los pidió primero? No. ¿Lo distribuye proporcionalmente a lo que pidió cada uno, y al que pidió cien le da más y al que pidió veinte, menos? ¿Le da veinte a los dos y lo que resta al otro? No está establecido. ¿Cuál es el criterio de equidad? Creo que se debería establecer profundizando lo que señalaba acertadamente el señor senador Mieres, con quien coincido.

Por otro lado, creo que, a grandes rasgos, hoy se está discutiendo principalmente la financiación de los partidos políticos, los aportes de las empresas y la inconstitucionalidad del artículo 13, cuando modifica el artículo 143 de la ley de medios. Digo esto, porque el otro día todos los partidos votamos la profundización de los controles y la transparencia respecto a este tema. Así lo entendí cuando lo voté y creo que por unanimidad estuvimos de acuerdo en aprobar más controles. Destaco esto, porque algún señor senador ha dicho públicamente que los partidos de la oposición nos negamos a votar los controles y eso no es así; los votamos y sería bueno que si lo dicen acá, lo reiteren afuera porque nosotros votamos todos los controles y reiteramos afuera lo que hablamos acá con nuestros colegas.

En cuanto al artículo 6.º –voy a intentar que me alcance el tiempo para no tener que hacer uso de la palabra más adelante–, me parece que hay un error importante de enfoque. El oficialismo, que evidentemente quiere cargar sobre los medios de comunicación, habla sobre ellos y los regula, estableciendo la publicidad gratuita y otra serie de cosas. Sin embargo, me pregunto: ¿no es donación encubierta lo que hacen varias empresas de transporte en las campañas? Resulta que miran para otro lado cuando el señor de Buquebus les pone pasajes a disposición. ¿Eso no es donación encubierta y no se está usufructuando un servicio público –que lo es, de acuerdo al derecho administrativo– que hemos dado en concesión, para trasladar a las personas de un punto a otro?

Voy a mencionar otra anécdota. En la campaña pasada teníamos un acto e intentamos alquilar algunos ómnibus a una conocida empresa de transporte urbano de Montevideo. Se nos dijo que no, que no había precio, pero luego el Frente Amplio hizo un acto en San Luis y la misma empresa le dio todos los ómnibus. ¿Cómo puede ser? ¿Eso no es una donación encubierta de un prestador de un servicio público de transporte? ¿Eso no lo regulamos? Che, ¿no vamos a regular eso? Veo que hay silencio, y eso es bueno porque me parece que nosotros no deberíamos permitir que los prestatarios de servicios públicos de transporte, como Cutcsa, Buquebus y otras empresas, den servicios gratis a algunos y a otros ni siquiera les permitan pagar por ellos. ¿No vamos a regular eso? Además, luego terminan como asesores en el edificio de presidencia. ¡Asesores! ¿Qué pasó? Disculpen la franqueza. ¿Hay algunos empresarios buenos y otros malos? Ahora resulta que al otro le vamos a dar una concesión por cincuenta años y también los inmuebles para que construya rascacielos en la rambla de Montevideo, y obtenga de esa forma una terminal de pasajeros. El «voto Buquebus». Evidentemente, cada uno negocia con cada empresario de la mejor forma que puede. ¿No le vamos a pedir a la Corte Electoral que negocie los pasajes para que nuestros compatriotas puedan venir a votar desde Buenos Aires? ¿Que ponga una central de compra? ¿No le vamos a pedir que negocie el alquiler de los ómnibus para trasladar a la gente? ¿Por qué solamente se quiere regular una cosa y no todo lo demás? No sé si es ilógico lo que digo. Luego podemos seguir con otras cosas, pero me parece que esto está rengo y que hay una mirada hemipléjica, olvidándonos de lo otro: de los empresarios amigos del poder de turno. Porque son amigos; lo dicen públicamente, lo declaran y los ayudan.

En mi opinión, no deberíamos mirar para el costado.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: creo que todos estamos haciendo un esfuerzo para que las campañas sean más transparentes y equitativas. En ellas cada uno recurre, dentro del marco de la ley, a los esfuerzos y recursos de que pueda disponer, y si hay algo ilegal, que se presente ante la Justicia. Si hay cosas que a todos nos parecen que son incorrectas, estamos tratando de arreglarlas. Ahora bien, que se nos venga a acusar de haber hecho tal o cual cosa, sin decir lo que ellos hicieron, no me parece adecuado. No creo que ningún partido esté exento de haber contado, en algún momento de su historia, con la ayuda de tal o cual donante. Esto da para conversar.

Ahora, si el planteo es: nosotros somos los puros y quien está en el Gobierno es impuro, no vamos a ponernos de acuerdo; seguramente, no termina saliendo nada y, además, es mentira. Podemos mencionar una cantidad de situaciones de cuando el Partido Colorado y el Partido Nacional fueron Gobierno. ¿Eso ayuda? Incluso, cuando el Frente Amplio fue Gobierno. ¿Ayuda? Estamos hablando de situaciones dentro de la legalidad, porque si fueran ilegales las estaríamos denunciando.

¿Se golpean el pecho diciendo que ningún empresario ayudó en algún momento a sectores del Partido Nacional o del Partido Colorado? ¿Tienen la túnica blanca? ¿Eso es verdad? ¿La gente les cree? Creemos que ese no es el debate; el debate es ver cómo hacemos para que las reglas de la política sean cada vez más transparentes.

Cuando se redactó el proyecto de ley trabajamos mucho en él, al igual que otros compañeros que pusieron mucho esfuerzo, y trasmitimos –no solo yo, sino también colegas de otros partidos que integran este Senado– que estas eran leyes que se iban sucediendo unas a otras porque había que generar una cultura de la transparencia. Salíamos de una situación poco transparente en la que estábamos todos, para pasar a otra de mayor transparencia, y eso es lo que estamos haciendo. No va a haber una única ley, y la siguiente que se apruebe en la próxima legislatura va a ser mejor que esta. Quisimos establecer que las empresas no donen, y ahí está, lo votaron todos. Hubo una discusión en comisión, sesgada, y por supuesto que cada uno es libre de ir por el camino que quiera, pero plantear el mundo desde la óptica de que ellos son los puros y el Frente Amplio, el partido de gobierno, el impuro, nos parece que no conduce a ningún lado y, además, ningún ciudadano se lo cree.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- No sé de cuánto tiempo dispongo, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Le restan nueve minutos, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Entonces, voy a conceder una interrupción al señor senador Pintado.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Gracias, señora presidenta y gracias, señor senador Bordaberry.

El artículo 6.º es muy claro y voy a leerlo porque no me gusta discutir con fantasmas. Allí se establece: «Los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos solo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones, sea en dinero o en especie, de personas físicas debidamente identificadas». Todo lo que no sea persona física debidamente identificada está prohibido por la ley; eso es lo que dice el artículo 6.º. Esto incluye: empresas de transporte, de pintura, de nailon, etcétera, así que no nos quedamos solo con las empresas de transporte.

Por otro lado, para evitar ese fenómeno de «voto ferri», «voto Buquebus» o lo que sea, sería bueno que entre todos aprobáramos el voto de los uruguayos en el exterior. Eso sería fantástico porque nos evitaríamos otro gasto de campaña y los compatriotas seguirían formando parte de la patria peregrina. De esa forma, no solo tendrían derecho las personas que tienen dinero para costearse el pasaje, vengan de donde vengan, sino todos los uruguayos que estén en el exterior. Sin embargo, esa es otra discusión, pero lo mencionamos al pasar porque estamos preocupados por esa participación.

Insistimos en que el artículo 6.º es claro: para atrás es una cosa y para adelante, otra y eso es así.

Gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- A veces me cuestiono si realmente comunico adecuadamente y se entiende lo que digo. A veces me lo cuestiono porque, de pronto, no se entiende.

Es cierto lo que dice el señor senador Pintado con respecto al artículo 6.º, pero lo que manifesté es que no se les puede hacer –por ejemplo en el caso del amigo del ómnibus o del barco– descuentos a algunos y a otros no, y eso no está regulado. Eso, increíblemente, en este proyecto de ley fue dejado de lado, pero lo regularon en el caso de los titulares de medios de comunicación –si se va a la ley se puede observar– cuando son personas físicas. Ahí dijeron que no podían hacer remisión de deuda alguna, pero cuando vamos a esto, no dicen nada. Es muy sencillo, y de vuelta nos va a pasar lo mismo. Vamos a ir a comprar pasajes y mientras que a nosotros nos va a costar la tarifa, a ustedes solo les va a significar el 20 %. ¡Va a ser así! Eso no está regulado, entonces, si están de acuerdo con esto, pónganlo. ¿O es que están mirando para otro lado y pensando en seguir teniendo ese beneficio? Están dejando abierta la brecha para que el señor del ferri les dé los descuentos que les viene otorgando en las últimas tres elecciones. ¡Sí; es así! Que se establezca que no se puede dar un descuento a unos y a otros no. Que se establezca que no se puede alquilar ómnibus a unos y a otros no. Estamos hablando de los titulares de los servicios públicos, porque así como los medios de comunicación lo son, también lo es el transporte.

No nos golpeamos el pecho con el tema de la transparencia, todo lo contrario, estamos acompañando estas normas. Nos parece que no es correcto que se nos diga «como cuando su partido estaba en el Gobierno se hacían estas cosas, ahora yo puedo hacerlas». ¿Cómo? ¡Si estamos regulando para que eso no suceda! ¿Me tengo que callar? ¿Me tengo que hacer responsable de lo que hicieron otros –no de lo que hice yo– en mi partido? No; me parece que eso es un poco mucho.

Quieren el voto en el exterior y está bien, entonces, hagamos un comité de base en cada embajada y salgan a buscar, por carta, los votos para que les firmen sin ningún tipo de garantía, como lo propusieron en la última reforma constitucional, pero no se la agarren conmigo, sino con el pueblo uruguayo, que votó y les dijo: no. No se enojen. Vienen a quejarse acá, pero este no es el lugar donde tienen que hacerlo. Pregúntenle de vuelta al pueblo uruguayo, que ya les dijo que no. Esto que están planteando ya lo votamos y reitero que los uruguayos contestaron: «No, señor, no lo traigan». Es así, por lo menos así lo creo.

Señora presidenta: voy a hablar nuevamente cuando se considere el artículo 13 para tratar de dejar clara su inconstitucionalidad, si es necesario hacerlo, aunque me parece que es muy claro. Como, de pronto, no escuchan, les traje una presentación en PowerPoint para ver en palabras lo que dijo la Suprema Corte de Justicia.

A los que me siguen en Twitter –algunos senadores oficialistas– les anuncio que la presentación ya está en mi cuenta personal por si quieren ir leyéndola, para no esperar a que la presente. Sé que me siguen atentamente porque, a veces, ponen comentarios que mucho les agradezco, pero me comentan allá y no lo hacen acá. De repente, los ciento cuarenta caracteres, facilitan los debates.

La señora senadora Payssé me pide una interrupción y me quedan tres minutos; entonces, con más generosidad que el señor senador Heber que le concedió dos minutos a la señora senadora Moreira, voy a darle tres a la señora senadora Payssé.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: algunas afirmaciones realizadas por el señor senador Bordaberry respecto al voto en el exterior me motivaron a pedir la interrupción, porque parecería ser que parte de la base de que las personas que voten en el exterior lo harían por el Frente Amplio, por los comentarios vinculados con los comités de base.

En primer lugar, los uruguayos que hoy viven en el exterior tienen sus preferencias o inclinaciones políticas que no están descubiertas y, a nuestro juicio, tienen el derecho a ejercerlas.

En segundo término, el pueblo uruguayo le dijo no al voto epistolar; no le dijo no al voto en el exterior. En casi todos los países del mundo el voto de los ciudadanos en el exterior es algo que favorece y fortalece las democracias, no las bastardiza.

Por lo tanto, llegado el momento podremos discutir sobre la pertinencia o no del derecho a votar que asiste a nuestros compatriotas en el exterior, como lo hacen muchos ciudadanos, desde el Uruguay, en sus respectivos países con el beneplácito, incluso, del partido del señor senador Bordaberry.

Por último, quería precisar que el artículo 6.º –habida cuenta de la nueva lectura que hizo el señor senador Pintado– aclara las limitaciones de eso que le preocupa tanto al señor senador Bordaberry, que es el voto del señor de los ferris y demás. Creo que no necesito decir más nada para que se entienda lo que quiero decir. Considero que es claro y, además, seguir avanzando en el futuro en estas normas de transparencia incluye poder comprender lo que abarca la redacción clarísima del artículo 6.º, que no voy a leer de nuevo porque creo que en la versión taquigráfica quedó varias veces registrado su texto.

En Twitter el señor senador Bordaberry hace apreciaciones, y cuando consideramos que no se ajustan exactamente a lo que sucede le contestamos con respeto y altura, porque es un mecanismo que utilizamos el senador y algunos de nosotros para comentar lo que, de forma más extensa y no con 140 caracteres, manifestamos en esta sala.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: voy a seguir la fundamentación cuando discutamos el artículo 13.

Quiero aprovechar para agradecer a la señora senadora Payssé porque es una de mis más distinguidas seguidoras de lo que escribo en Twitter.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Ha sido una alusión bastante clara. Las leyes intentan ser generales, no llevan nombre ni apellido, y el senador lo sabe perfectamente. Si en la discusión sobre un proyecto de ley voy a hacer referencia a todas las personas, sean empresarios o no, con los cuales mi fuerza política o yo hemos tenido problemas, no terminaríamos más el debate. Me parece que empezar a hacer un listado de aquellas personas con las cuales un sector político ha tenido algún tipo de inconveniente no es la manera de discutir estos temas acá. Nosotros tendríamos una larga lista de empresas, medios, etcétera, que durante mucho tiempo discriminaron abiertamente a nuestra fuerza política en cuanto a los precios, los tiempos, etcétera, pero no vamos a hacer en sala un relato de aquellas personas con las cuales podemos haber tenido algún inconveniente o nos hayamos peleado. Creo que el proyecto de ley que se está votando establece que las donaciones en especie también deben ser sancionadas. Estamos abiertos a buscar una redacción lo más precisa que se quiera para evitar cualquier tipo de discriminación. No tenemos ningún inconveniente en hacerlo porque, como lo hemos sufrido durante mucho tiempo, no lo queremos para nadie.

Por otro lado, tanto los uruguayos que están en el exterior como los que están en el país son muy inteligentes y votan libremente. A aquellos que vienen de Buenos Aires y de algún otro lugar de la Argentina no se les secuestra la credencial ni se les exige el voto por un partido político. Son uruguayos que vienen al país y votan al partido político que quieren, con todas las garantías que la democracia y el sistema electoral uruguayo les brinda. No está bien subestimar a los uruguayos y dar un relato que no responde a la realidad de nuestro sistema político. Si algún empresario –como acá se nombró–, supuestamente, tiene un cargo en la presidencia –o no sé en qué organismo del Estado–, hay que dejar en claro que es honorario; no es ningún cargo rentado en la estructura del Estado, y lo explico porque acá también se hizo referencia a eso.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Voy a tratar de fundamentar los artículos en la discusión general, siguiendo su consejo, señora presidenta.

Empiezo con lo muy discutido sobre el control de la Corte Electoral. Nosotros queremos controlar antes –no después– la forma en que se distribuyen los minutos. Dejar que los medios de comunicación y los partidos políticos hagan sus negocios y después alguien controle, induce a creer que el control ex post es posible o más fácil, y por eso queremos controlar antes. La verdad es que la solución de que la Corte Electoral haga el control fue una recomendación de los politólogos; puede que disparaten mucho, pero son los que han acumulado más conocimientos y han dado mejores consejos sobre este tema. No es un disparate que la Corte Electoral lo haga; hay que ver cómo se hace, pero ese es un problema de la implementación, de la reglamentación y de los recursos de la ley. Por cierto, son saberes y destrezas que la Corte Electoral debe adquirir, pues no los tiene, pensando en que el futuro se aventura bastante más complicado de lo que ha sido el pasado para nuestra democracia y las latinoamericanas.

Alguien tiene que adquirir esos minutos, alguien tiene que controlar esa distribución y alguien tiene que determinar cómo se hace. El doctor Juan Pablo Pío hace esta recomendación en concreto en su libro Financiamiento de partidos políticos en Uruguay. Sin embargo, creo que a esto le está faltando algo, además de controlar que el precio de los minutos sea igualitario para todos los partidos –que es el objetivo principal, independientemente de cuál sea el precio–, y es el arancelamiento que, obviamente, me encantaría que existiera.

Creo que cuando tratamos el tema de la distribución paga de minutos, fuimos muy blandos porque, en realidad, lo que buscábamos era un acuerdo –que no estamos consiguiendo– y entonces renunciamos a poner un tope a los minutos pagos. Casi todos los países de América Latina tienen tope a los minutos pagos. Asimismo, renunciamos a que, además de controlar los minutos, alguien controlara cómo se hace esa distribución, a los efectos de impedir que uno o dos compraran todo. El problema no es que uno compre todo –no sabemos cómo funcionan los medios, o si dos o tres pueden controlar todo– sino lo que queda afuera, porque nada debe quedar afuera. Esa es la idea de una ley sobre financiamiento de partidos políticos. Todos los partidos y los candidatos deben tener el mismo derecho e igual acceso a los medios para difundir sus mensajes. Quiero aclarar que solo Uruguay y Paraguay no tienen límites de tiempo para la propaganda paga.

Creo que este punto debería ser examinado –ya que el proyecto va a ser estudiado por la otra cámara– porque, repito, entiendo que debe haber topes en términos de tiempo o la ley debe contener un principio de distribución de los minutos pagos. Aclaro que me estoy refiriendo a la distribución paga.

Sobre la distribución proporcional, no le voy a decir al señor senador Mieres que lea, porque creo que en su vida ha leído bastante y no quiero insultarlo; yo también he leído bastante en la vida y no quiero que nadie me recomiende que lea. En todo caso, de vez en cuando puedo recomendar alguna bibliografía, pero la verdad es que la disputa política nunca puede transformarse en descalificación personal porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando?

Ahora bien: ¿por qué le hice que no con la cabeza? Porque hay un caso muy cercano, de una democracia que muchos admiran, que es la chilena. En Chile la propaganda presidencial –me estoy refiriendo a la propaganda gratuita– es igualitaria para los candidatos presidenciales, pero es estrictamente proporcional para la elección del congreso, de acuerdo con los votos de la elección anterior. La de México es 70 % y 30 %, mientras que la de Brasil es un tercio igualitaria y dos tercios proporcional. Es decir que tanto México como Brasil tienen legislaciones en las que la proporcionalidad es muy superior a la que se está planteando en este proyecto de ley, que es del 50 %. En Brasil es del 66 % y en México del 70 %. Perú, que tiene 50 y 50, no solo regula la televisión, sino también la radio, cosa que nosotros tampoco quisimos incorporar porque queríamos llegar a un acuerdo; podríamos haber involucrado a la radio, pero no lo hicimos. Paraguay, que tiene 50 y 50, no solo regula la televisión, sino también los diarios. O sea que si tengo distribución igualitaria pero incluyo a todos los medios de comunicación, entonces se trata de otra discusión. Bolivia tiene distribución igualitaria, pero también regula la radio. Brasil y Chile solo tienen propaganda electoral gratuita; no tienen propaganda paga, que es lo que buscamos desde el principio: eliminar la propaganda paga y dejar solamente la gratuita, ¡pero eso parecía inconstitucional! Ah, sí: ¡inconstitucional! ¿Y cómo Chile y Brasil hicieron que fuera constitucional? Eso es inconstitucional o de un autoritarismo total, pero Brasil y Chile lo tienen y son de los países con una legislación más de avanzada en estos temas. Estos son simplemente algunos datos.

Con respecto a la inconstitucionalidad, creo que la Suprema Corte de Justicia comete un gran error, como también creo que lo cometió en la última sentencia con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¡Creo que comete un gran error! Por suerte en el Uruguay la Suprema Corte de Justicia no vela sobre la constitucionalidad de las leyes de tal manera que su sentencia se transforme en firme para derogar la ley. En general, lo que hace el Gobierno es tomar en cuenta la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero aclaro que vale para el caso.

¿Por qué creo que la Suprema Corte de Justicia comete un error? Porque hay un principio que interpreta erróneamente: el de la equidad. El principio de la equidad mezcla los dos principios: el de igualdad y el de proporcionalidad. Por eso hablamos de equidad. Por lo tanto, no solamente desconoce el principio de equidad, sino toda la Constitución, que está armada sobre el principio de proporcionalidad. Si hay algo por lo que el Uruguay se ha destacado en el mundo es por ser un país superproporcional, mientras el mundo es bastante desproporcional en su sistema de asignación de bancas, por diversas razones. En general, los sistemas políticos federales son desproporcionales porque el Senado asigna un número igual de bancas por circunscripción, mientras que la Cámara de Representantes –que es la cámara popular– asigna en términos de proporción poblacional. Por otra parte, los sistemas de América Latina han tenido que corregir su proporcionalidad muchas veces porque son superdesproporcionales. Como he dicho, Uruguay es superproporcional y siempre lo ha sido. Incluso, ha sido reconocido mundialmente por su proporcionalidad. Toda la Constitución está montada sobre el principio de proporcionalidad, que es con el que se asignan bancas, con el que se da el dinero y hasta vale para los organismos de contralor. ¿No vale entonces para la distribución de la publicidad electoral? ¿Cómo? ¿Qué análisis constitucional es ese? ¡Ese no es el espíritu de nuestra Constitución! Ese no es el espíritu con el que la Constitución habla sobre el sistema de partidos, porque esto es sobre el sistema de partidos y no sobre otra cosa.

Por otro lado –y se supone que no debemos atribuir intencionalidades, pero yo las encuentro todo el tiempo en esta discusión–, se dice que el partido de gobierno se quiere favorecer a sí mismo. ¡No señora! No quiere favorecerse a sí mismo porque en 1999 el Frente Amplio hubiera tenido la mayoría de los minutos en virtud de haber obtenido el 40 % de los votos. Y si mañana el Frente Amplio saca el 45 % de los votos y el Gobierno queda en manos de una coalición de la oposición, ¡seguiría teniendo la mayor parte de los minutos porque tiene más votos! ¡El problema son los votos, no el poder! Y los votos, señora presidenta, son los que regulan la democracia, son los que regulan el principio de representatividad del sistema y son los que regulan la constitución de todas nuestras instituciones, por el principio de la proporcionalidad.

Entonces, volvamos al dinero y la política. No solo hay que transparentar; creo que el tema de las donaciones de las empresas es parte de la transparencia. Debe ser el empresario, Juan Pérez, quien, como ciudadano, diga que va a poner plata en determinado partido. Pero no solo hay que transparentar, también hay que regular. ¿Qué hay que regular? ¿Dónde está la discusión? Está en la relación entre los medios y la política. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, tiene un viejo texto –pero que continúa vigente– que denuncia la enorme concentración económica que se da en los medios de comunicación de Uruguay, es decir, los conglomerados económicos que constituyen los medios de comunicación en nuestro país. Y esa concentración de los medios de comunicación –la concentración económica en la propiedad de los medios de comunicación– tiene que ser regulada a través de las leyes, especialmente cuando lo que está en juego es la libertad de los ciudadanos para informarse y decidir, nada más ni nada menos que sobre cómo formar gobierno. Así que no hay que transparentar; hay que regular, hay que controlar y hay que desconcentrar poder y dinero. Ese es el espíritu del proyecto de ley.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: coincido totalmente con lo planteado por la señora senadora Moreira en cuanto a que este proyecto de ley no se ha elaborado para beneficiar al Gobierno, pero incluyo otra cuestión más: no es cierto que en el Uruguay todos los partidos tienen el mismo espacio, porque si el partido no supera los quinientos votos en la elección interna no puede presentarse. ¡E igualmente es un partido! Eso ha pasado; hay partidos que no han logrado la cantidad de votos para tener los convencionales mínimos que se exige. Hay una barrera a la entrada; es mínima, pero la hay. Por lo tanto, el principio de que hay que dar a todos por igual se rompe.

Creo que estamos encontrando un equilibrio entre la proporcionalidad, que implica que la representación ciudadana hasta el momento tenga un reflejo, y la oportunidad que deben tener los desafiantes. ¡Ese es el equilibrio que hay que tener! Y creo que no importa lo que nos cuestionó la Suprema Corte de Justicia, porque si no vamos a llegar a la conclusión de que lo mejor es nada, puesto que cero es igual para todo el mundo, ya sea propaganda gratuita o paga. ¡Cero! ¡Y se acabó la discusión! Le evitamos problemas a la Corte Electoral –que no va a tener que negociar con nadie y se va a ahorrar todo el problema– y también el gasto excesivo en campaña. Ese es el tema. El ciclo es muy claro: los partidos juntan dinero para que termine en la televisión, que luego cuestiona a los partidos. ¡Es un círculo tenebroso! ¡Fíjense todos los líos que hay en el vecindario!

Por lo tanto, creo que hay unanimidad y lo que estamos teniendo son matices respecto a cómo controlar. Queda claro que queremos control y evitar las deformaciones, pero tengamos cuidado con exagerar nuestro excesivo celo y terminar de nuevo en lo que no queremos.

Entonces, creo que estamos encontrando un camino. No es el mismo proyecto de ley que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional; aquí hay otro reparto. Además, hay ejemplos de cómo varía la opinión de la Suprema Corte de Justicia respecto a la constitucionalidad; la ley de impunidad es un ejemplo de cómo varía. Entonces, cuidado con anticipar que va a declararse inconstitucional. ¡Veamos! Cuando alguien recurra porque se siente perjudicado, veremos. Pero este no es el mismo texto que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional; es otro, e incorpora un nuevo equilibrio. Eso es lo que creemos nosotros. Quizás no lo logramos; entonces tendremos que pensar en una hipótesis igualitaria extrema que nos ahorre problemas a todos –a la Corte Electoral, a los medios de comunicación, al consejo, a todo el mundo–, y volver al viejo sistema de ir al contacto directo exclusivo con los ciudadanos. Punto.

Gracias, señora senadora Moreira.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Moreira, a quien le restan seis minutos.

SEÑORA MOREIRA.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Veo que la señora senadora Moreira ha encontrado en Twitter mi presentación, pero todavía no la expuse. Entonces, si quiere puede esperar para debatir sobre ella un poco más adelante. Es lo que tienen las redes sociales. Siempre quiero brindar un buen servicio a mis seguidoras, y una de mis buenas seguidoras es la señora senadora Moreira. Le estamos adelantando el debate para que podamos tener un buen intercambio.

Quiero señalar una coincidencia con la senadora Moreira, señora presidenta, que siempre es bueno tenerla. Estoy de acuerdo con ella en cuanto a que hay que evitar la concentración del poder y, también, la influencia de esa concentración en las etapas electorales y cuando va a emitirse el voto. Y esa concentración se da, obviamente, en los canales de televisión, porque en Uruguay son pocos. Pero esa concentración y la participación del dinero también se dan en las empresas de transporte público de pasajeros. Es concentración de poder tanto en un caso como en el otro. Es una sola empresa que tiene la exclusividad del transporte entre Montevideo y Buenos Aires, donde viven seiscientos mil uruguayos, señora presidenta. También hay una empresa que tiene el 65 % del transporte urbano de Montevideo, y sigue creciendo. Y está avanzando en la zona metropolitana, mientras que las otras empresas están cerrando. ¿Eso no es concentración? ¿No vamos a regularlo?

Estoy seguro de que como la señora senadora Moreira –al igual que yo– está en contra de esa concentración, va a votar el primer artículo que acabamos de presentar como aditivo. En él se establece que las empresas de transporte colectivo de pasajeros, nacional o internacional, cualquiera sea su modalidad, durante los doce meses previos a la elección nacional o departamental no podrán otorgar descuentos especiales ni precios preferenciales a partidos políticos, donar pasajes ni poner sus medios de transporte a disposición en forma gratuita. Me parece sensato aprobar esto, sobre todo si vamos a evitar la concentración y los grandes medios.

También, con seguridad, la señora senadora podrá acompañar la obligatoriedad de los debates públicos para los candidatos a presidente. Si el interés máximo que ella está persiguiendo es que el elector se informe, ¿qué mejor que debatan todos los que son candidatos? ¿No es así? También acaba de presentarse esa iniciativa. En definitiva, vamos en la misma línea de transparencia, comunicación y defensa del elector que ella está pregonando. Nos acompañará con ese artículo también. Y con su voto ya alcanza para que se apruebe, porque con un voto más llegamos a la mayoría.

Por último, quiero señalar que aquí hay otra apropiación indebida. Cuando llega la época electoral, algunos partidos se apropian de las fachadas de los edificios públicos, de las paradas. Hay pintadas por todos lados. Alcanza con venir al Palacio Legislativo. ¿Está bien que algún partido político se apropie de los edificios públicos y de las paradas? ¿Está bien que ensuciemos las ciudades y los bienes públicos con pintadas que dicen: «Votá a fulano» o «Votá esto otro», señora presidenta? Si vamos a ver qué pasa en otros países, tomemos los buenos ejemplos: no ensuciemos la ciudad y votemos la prohibición de pintadas o pegada de carteles en muros, fachadas, frentes, etcétera, de todos los bienes públicos. Sería bueno acompañar esta iniciativa.

Ya están los tres proyectos de ley presentados, firmados por varios señores senadores, no solamente por los integrantes de mi partido, sino también por los del Partido Independiente y del Partido Nacional. Estoy seguro de que van a contar con el apoyo de quien quiere terminar con la concentración económica de algunos empresarios en el Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Moreira a quien le quedan dos minutos.

SEÑORA MOREIRA.- Iba a decirle al señor senador Bordaberry que presente un proyecto de ley. Después veremos si cuenta con los votos, los benditos votos, para que se apruebe.

En cuanto a los votos anteriores, ya vi que hay amenazas de inconstitucionalidad, a pesar de que ni siquiera terminó de votarse el proyecto de ley en la otra cámara. Por suerte, ahora las amenazas son de inconstitucionalidad, porque antes había otras más terribles. Estamos mucho más civilizados.

En todo caso, señora presidenta, el predictor más importante de los votos es la votación anterior en este país. El sistema de partidos políticos uruguayos es increíblemente estable y, salvo en 2004 –momento en que el Partido Colorado colapsó como resultado de la crisis–, en general los partidos aumentan 5 % o caen 5 %. Quiere decir que el voto anterior es mucho mejor predictor que cualquier encuesta.

En cuanto a pintar las calles, quiero señalar que esa es la política de los pobres. Vamos a tratar de no limitar esa política, que es pintar. Y se pinta en los lugares donde se puede. Pero, repito, esa es la política de los pobres. Yo diría que, si queremos igualdad, la propaganda de los pobres es, justamente, lo que menos tenemos que limitar. Podemos limitar otras cosas. Por ejemplo, podemos limitar las grandes carteleras iluminadas. Podemos eliminar los cartones que se colocan en las columnas. Pero ¡¿justo agarrársela con la pintura política que dice «Viva el Frente Amplio»?! Esa ha sido la propaganda política más plebeya, más popular y gratuita que tienen a su alcance los políticos pobres.

Termino diciendo que hasta ahora, señora presidenta, la desigualdad era absoluta, pero ahora protestan por esta desigualdad que se generaría a partir de la proporcionalidad. ¿Dónde estaban las protestas antes? Se presentaron diez proyectos de ley, que nunca pudieron aprobarse, para regular la enorme desigualdad que hay en el acceso a los medios de comunicación en este país para partidos políticos y candidatos. Hasta ahora fue gigante. Capaz que este proyecto de ley contiene algún principio de desigualdad que no les gusta, pero con relación a lo que había, es una maravilla, señora presidenta.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: yo había señalado a la señora senadora Moreira que leyera porque considero que ella ha leído mucho y estaba muy sorprendido puesto que no entendía cómo podía cuestionar lo que nosotros habíamos dicho. Efectivamente, como no podía ser de otra manera, ella había leído. Todas las referencias que hizo fueron a los mismos materiales que nosotros habíamos leído. Pero la prueba del nueve es que, según ese material, con la ley de 2014 Uruguay había pasado a tener el récord mundial de desigualdad en la distribución de publicidad electoral gratuita, porque no había nada igual en América Latina. El único caso que la señora senadora presenta como de mayor desigualdad lo contradice el propio enunciado: en el caso de Chile la distribución es igualitaria en la elección presidencial. ¿Igualitaria? La distribución de la publicidad gratuita en Chile es equitativa para la propaganda de la candidatura presidencial, en uno de los presidencialismos más fuertes, y solo es proporcional para las elecciones parlamentarias. Ciertamente, el que le seguía era México –setenta y treinta– y luego Brasil, con dos tercios y un tercio. Uruguay, con ochenta y veinte, se puso al tope de la distribución más abiertamente desigual. Esta situación era, realmente, motivo de preocupación, porque se daba en un país como el nuestro, que tiene prestigio. Además, hay muchos países en América Latina que tienen la equidad. No los nombraron, pero hay varios países donde la regla es la equidad.

Y con respecto a la constitucionalidad, por supuesto que en algunos países no son inconstitucionales algunas cosas que aquí sí lo son. Quiero destacar que la constitucionalidad no es una regla universal y refiere a cada Constitución; en la nuestra, este tipo de cosas ameritan la declaración de inconstitucionalidad. Y cuando se aplica la declaración de inconstitucionalidad, inevitablemente se cae el sistema porque, aplicada a uno de los partidos, resulta inaplicable para el resto. Por lo tanto, la declaración de inconstitucionalidad establecida por la Suprema Corte de Justicia hace un año y medio determina que hoy no exista publicidad gratuita porque no se puede aplicar el artículo, en la medida en que los partidos que reclamaron y los que se adhirieron están amparados en la inconstitucionalidad que se estableció.

Por último: cinco años es la pequeña diferencia entre la distribución proporcional del dinero por voto y la que se pretende para la publicidad electoral gratuita. La distribución del financiamiento electoral por voto se hace con los votos que se obtuvieron en ese mismo momento, e incluso tiene riesgos para los partidos –y muchos candidatos lo saben muy bien– porque tienen que calcular bien cuántos votos van a sacar, en la medida en que el Banco República paga en función de lo que se obtuvo en ese momento; incluso, se adelanta en ese momento. Acá lo que se pretende es que lo que se obtuvo hace cinco años valga como una ventaja para una campaña electoral que ocurre cinco años después. ¡Pavada de diferencia, señora presidenta!

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: quiero dejar una constancia. Aquí se habla de un artículo sobre la proporción de votos de la elección anterior. Ese artículo entró en vigencia a posteriori de la elección, y había un acuerdo en el sentido de que se iba a revisar después –como ha ocurrido, aunque no estemos de acuerdo en el texto– porque no había tiempo para discutirlo en ese momento y porque podíamos estar perdiendo el tiempo político para aprobar otros artículos. Entonces, contemos la historia tal cual es. Se había llegado a ciertos acuerdos con determinadas mayorías, pero como en ese artículo no había acuerdo, se le puso una fecha de entrada en vigencia a posteriori de la elección y además se dijo que se iba a conversar ese tema después de la elección, tal como se hizo, aunque no se esté de acuerdo con los resultados a los que lleguemos. De manera que esas proporciones no se aplicaron en esa elección.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: yo estoy aquí casi accidentalmente, ocupando la banca del señor senador Larrañaga. Lo hago con mucho gusto, pero me toca ser protagonista de la aprobación de un proyecto de ley complejo, de cuyo debate anterior no participé. Sin embargo, me afecta en tanto dirigente político y en tanto diputado.

En mi caso no voté el proyecto de ley en general ni los artículos que se aprobaron, ni tampoco voy a votar los que siguen porque no quiero condicionar mi voto en el Senado con el debate que voy a dar en la Cámara de Representantes. Y ese va a ser el debate, porque este proyecto de ley tiene un enfoque cupular. Lo digo con todo respeto: los votos los juntan las listas a diputados. Son las que tienen el número, y llevan arriba la lista al Senado pero, como se dice en el lenguaje del barrio, las que changan y juntan los votos son las listas a diputados. Y este es un debate que la Cámara de Representantes va a tener que dar desde su propia óptica, porque este es un proyecto de ley tremendamente cupular. Está pensado para consolidar el poder interno en los partidos políticos, y el poder hoy está muy vinculado al manejo de la economía. Buena parte de los artículos que aquí se establecen distribuyen las formas de acceder a la publicidad electoral, tanto sea por los ingresos y los egresos, como por los espacios gratuitos, desde lo que aquí se denomina «el partido». Y ¿qué es «el partido»? ¿Es su directorio?

Quiero recordar que toda nuestra legislación electoral en materia de responsabilidades hoy reposa, no en el partido, sino en el primer titular de la lista, que es el que va a acceder al financiamiento que da el Banco República y es el que se hace cargo, cuando no le alcanzó el dinero que le adelantó el banco, de pagarlo con sus propios bienes. Soy testigo de eso porque me pasó. Me tuve que endeudar con el Banco República –no el partido, sino yo– porque se me hizo un adelanto tomando en cuenta los votos que había sacado en la pasada elección. A la siguiente saqué la mitad y quedé debiendo; no fue mi partido, sino yo. El primer responsable ante la Corte Electoral y ante la Justicia, eventualmente, es el primer titular de la lista. Y acá cambia la referencia, porque se le adjudica al partido político el manejo de los recursos y de los minutos de televisión. Según dice el artículo 13, el señor senador Heber va a contratar los minutos de la 250. Y yo me voy a pelear con otros del partido, porque después de que nos tiran veinte minutos, ¡a cuchillo será adentro! ¡Es así! Además, le atribuye a la cúpula partidaria el poder de decidir a quién se le da más y a quién menos y elimina radicalmente la renovación en los partidos, porque al final cada uno usará el pedacito de poder que tiene para obtener una porción de la torta. El presidente del directorio o el directorio tendrá una visión, cada compañero que sea diputado y tenga una banca tendrá un pedacito más para pelearla, y el que no la tenga y pelee por la banca del que ya la tiene tendrá menos. Y esto no es solo para mi partido. Hoy está establecido para todos los partidos.

Este proyecto de ley no miró la realidad. Parece una ficción, de verdad. Cuando habla de la publicidad, habría que establecer que queda prohibido usar los controles remotos y que es obligatorio mirar televisión nacional, sea abierta o por abonados, porque de lo contrario, con veinte minutos de tanda por hora, la gente va a apretar un botón y se va a ir. Nos vamos a matar por los minutos de algo que nadie va a ver, porque también se van los otros avisadores. Vamos a tener maravillosas tandas políticas que van a hartar a todo el mundo. Me parece que hemos armado una ficción para autocontrolarnos sin ver la realidad. Muchos países que han hecho esfuerzos enormes por la transparencia han tenido terribles experiencias de corrupción en las campañas electorales. Son los peores. En algunos países que usaron este mecanismo –por ejemplo, Brasil–, como son los partidos los que tienen el dinero, lo que han logrado es atomizarlos, porque para tener acceso hay que irse y armar un partido. Y esa atomización le ha hecho mucho mal al sistema.

Los ingleses dicen que no hay que cambiar lo que anda bien. Nuestro sistema tiene cosas para mejorar; no todas andan bien. Pero tampoco vayamos a creer que somos los peores del mundo. Estaremos con algunos problemas, pero no con los peores. Ahora bien, con este proyecto de ley le vamos a introducir al sistema un debate por el poder económico –y sobre todo en los espacios de comunicación–, que va a establecer reglas nuevas. Creo que no se ha pensado todavía desde otra óptica, que es con la que vamos a pensar en la Cámara de Representantes. Por eso no voy a votar aquí, pero voy a tratar de que se debata desde esa óptica, dentro de mi partido y en los demás.

Me parece que a nadie se le puede ocurrir que en la Cámara de Diputados, entre las sesiones del 1.º de diciembre y antes de que empiece el receso, va a discutirse y aprobarse este proyecto de ley. El Senado ha pasado meses discutiendo el tema, a pesar de que son 31 integrantes y es fácil encontrar los movimientos a los que pertenecen. En la Cámara de Representantes somos 99, debe haber ochenta corrientes electorales, dentro de todos los partidos políticos, y seguramente no lo vamos a discutir en dos semanas. Este va a ser un debate largo. Y es un debate de poder. No es verdad que sea un debate de transparencia. Es un debate sobre cómo se ordena y se organiza el poder dentro de las organizaciones políticas, quién lo tiene, cómo se maneja, quién es dependiente, quién manda y quién obedece, quién recibe y quién reparte.

De manera que no voy a votar esto porque quiero dar un debate mucho más de fondo, desde el origen –no lo hemos dado en la Cámara de Representantes–, y me reservo para ese momento.

Hay, además, una cuestión que no está resuelta aquí, y es que hay que distribuir antes de tener el dinero. ¿Se dieron cuenta de eso? Hoy, cada uno va a un canal de televisión, a una imprenta, a una radio, a una fábrica de pinturas o a una empresa que vende pasacalles, mete sus cheques, echa p’adelante y después paga como puede. La vida real es esa. Me gustaría saber cómo se haría a partir de la vigencia de esta ley. Vamos a la Corte Electoral y ¿qué hacemos? ¿Quién da los cheques? ¿Cómo funciona esto? Pero además le estamos dando un poder maravilloso a los canales de televisión, porque si piden USD 3000 por el minuto, ese es el precio. Y ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo opera esto en la realidad? Lo digo porque yo pongo mis cheques, y gano y pierdo. A veces pasan años y sigo pagando la campaña anterior, y me la banco. Y lo tengo que incluir en mi declaración jurada.

¿Cómo va a funcionar ahora? ¿Me comprometo con el partido y este contrata por mí? ¿Me endosa los cheques? ¿Negocia por mí? ¿Negocia los espacios? Miren que hoy no es lo mismo un minuto en MasterChef que en la comedia que le sigue, aunque ambos estén en la franja entre las 18:00 y las 23:00. Actualmente, eso lo negocio con los canales y, obviamente, me lo cobran. Está bien, hay otros que tienen más facilidades, pero no voy a delegar esa negociación. ¿Ahora voy a poder hacerla?

¿Qué pasa cuando lo abrimos a todo el país? ¿Los canales de Montevideo no se ven en el interior? ¿Cómo pesa el tema de los cables locales y las televisiones abiertas en el interior? ¿Quién maneja todo eso? ¿Lo va a hacer el partido, sin preferencias? ¿Matamos toda esa cuestión creativa, donde todo el mundo trata de buscar como puede? Miren, hay una cosa que no tiene vuelta: las campañas van a seguir saliendo muy caras y con esta ley no hay manera de financiarlas; se cierran todos los mecanismos. Y la conclusión no es que se van a hacer campañas más chicas o más baratas. Que cada uno saque su conclusión, pero creo que este es el problema: estamos empujando a la ilegalidad en lugar de controlarla. Y me parece que el Uruguay no está mal controlado en este punto. Ahora las campañas igualmente van a salir caras, pero nadie va a poder donar, todo va a estar controlado y le vamos a tener que dar poder a alguien para que nos vigile. Vamos a poner el foco de las campañas electorales en la patología y no en la frescura que tienen para el Uruguay.

Considero que nos estamos equivocando en el camino que estamos eligiendo, pero, como dije, quiero dar este debate en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

11) PROYECTO PRESENTADO

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «Los señores senadores Verónica Alonso, José Amorín, Patricia Ayala, Pedro Bordaberry, Marcos Carámbula, Charles Carrera, Germán Coutinho, Leonardo de León, Álvaro Delgado, Daniel Garín, Luis Alberto Heber, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, Pablo Mieres, Constanza Moreira, José Mujica, Marcos Otheguy, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Enrique Pintado, Daisy Tourné y Mónica Xavier presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste San Martín.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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12) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa la discusión.

Léase el artículo 6.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 6.°.- Los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos solo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones, sea en dinero o en especie, de personas físicas debidamente identificadas».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 30. Negativa.

SEÑOR PINTADO.- Solicito que se reconsidere la votación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: en oportunidad de evacuar una consulta que se hiciera en 2007 a la cátedra de Derecho Constitucional, que yo integraba, sobre el proyecto de ley de partidos políticos de aquel entonces, ya nos habíamos pronunciado recordando que el numeral 11) del artículo 77 de la Constitución de la república valora a los partidos políticos y, además, pone un deber de cargo del Estado, le encomienda una determinada conducta: la de velar por asegurarles la más amplia libertad.

Por lo tanto, toda norma que tienda a asegurar la más amplia libertad, la transparencia, a hacer posible que se dé publicidad a sus cartas orgánicas para que el ciudadano pueda ejercer de forma consciente su derecho al voto por los canales previstos, es bienvenida. Ahora bien, el principio es «la máxima libertad y las mínimas restricciones». Entonces, siendo que el financiamiento es la esencia de los partidos políticos y condiciona hasta su propia existencia, deben tomarse con mucho cuidado las restricciones que se establezcan porque se está cuidando no solo al emisor del pensamiento o de la propuesta política, sino también al receptor. Para que la propuesta llegue al receptor, es necesario un financiamiento que no tenga restricciones para los partidos políticos.

Estamos, al decir de Cassinelli Muñoz, ante asociaciones –los partidos políticos– favorecidas por el constituyente. Por lo tanto, reitero, el Estado debe velar para asegurarles la más amplia libertad. Las limitaciones al financiamiento son posibles obstáculos a la existencia misma de los partidos políticos, a su supervivencia, y lo mismo se puede decir en cuanto a los topes o restricciones a la publicidad. Las consideraciones que se pueden hacer desde la ciencia política pueden ser atendibles, pero no con esta Constitución. Aquí es el principio representativo el que está en juego.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 7.º, sobre el que se ha presentado una modificación que ya fue repartida.

Si los señores senadores están de acuerdo, pasaríamos a leer el artículo 7.º original y, luego, la propuesta alternativa.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: creo que habría que votar negativamente la redacción que vino de comisión y luego leer la propuesta alternativa o, de lo contrario, pasar directamente a votar la redacción alternativa, que es lo que queremos que se ponga a consideración. Entonces, sugiero que se lea el cambio y no lo que está en el proyecto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, ¿el señor senador está sugiriendo que se suprima la lectura y que, cuando se vaya a votar la propuesta alternativa, se lea solamente la parte modificada?

SEÑOR PINTADO.- Exactamente.

SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, se va a votar en primer lugar la supresión de la lectura.

(Se vota).

–28 en 31. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7.º tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

Léase el acápite del artículo 31 de la Ley n.º 18485, contenido en el artículo 7.º del proyecto, que es lo que se cambia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 31. Cada persona física podrá donar, en dinero o en especie, hasta el equivalente en pesos uruguayos de 300.000 UI (trescientas mil unidades indexadas) durante cada una de las campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7.º con la modificación propuesta.

(Se vota).

–27 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: nosotros habíamos propuesto que a continuación de «Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 18.485, de 11 de mayo de 2009, por el siguiente:» se incorpore «Artículo 45».

Por lo que tengo entendido, las diferencias están en los literales C) y G). Por tanto, si los demás señores senadores no tienen inconveniente, propongo que se suprima la lectura, se incluya la expresión «Artículo 45» a continuación de «Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 18.485, de 11 de mayo de 2009, por el siguiente:» y se desglosen los literales C) y G) para que se voten por separado.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el criterio propuesto por el senador Pintado.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Entonces, corresponde votar el artículo 9.º con el agregado de la expresión «Artículo 45», sugerido por el senador Pintado, y desglosando los literales C) y G).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los literales C) y G) del artículo 9.º.

(Se votan).

–17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: voy a solicitar que se me habilite la presentación en PowerPoint para que pueda hacer la exposición.

(Se proyecta presentación en PowerPoint).

–Voy a tomar unos minutos del Senado, aunque no muchos.

Acá se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia se equivocó cuando dictó su sentencia. Con seguridad, un juez, un magistrado, un tribunal o un juez de fútbol se debe equivocar y también acertar, pero en definitiva la opinión válida es la de la Suprema Corte de Justicia. Para mí acertó, más allá de que alguno legítimamente puede decir que se equivocó, pero no hay ninguna duda de que el único autorizado para pronunciarse en cuanto a la constitucionalidad, para fallar y determinar si una ley es constitucional o no, es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y no nosotros, los legisladores. Eso es un concepto básico del derecho y supongo que todos lo compartimos.

También se ha dicho que en otros países esto se hace en proporciones de 70 a 30, 60 a 40, etcétera, y está muy bien. Yo no conozco el ordenamiento constitucional de otros países, pero supongo que la Suprema Corte de Justicia sí conoce muy bien nuestra Constitución y la aplica, y eso es lo que tengo que tener en cuenta. Por más solución que haya en otro país, como nuestra Constitución no lo permite, si quieren aplicarlo, tienen que modificarla.

¿Qué dijo en abril del año pasado –no hace mucho– la Suprema Corte de Justicia acerca del reparto de publicidad tomando como base el resultado electoral anterior? Dijo que es inconstitucional.

¿Qué decía el artículo 143 de la ley de medios? Dispuso el reparto de publicidad gratuita en tiempos electorales con el siguiente criterio: el 80 % de acuerdo con el resultado de la última elección y el 20 % en partes iguales entre todos los lemas que se presenten en la elección. Eso es lo que disponía.

¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia en la sentencia n.º 87 del 2016? Aclaro que pueden consultarla en Internet; está en la página web del Poder Judicial. Declaró inconstitucional el reparto de publicidad de acuerdo con el resultado de la última elección y declaró constitucional el reparto en partes iguales entre todos los lemas que se presenten en la elección. Es decir que con relación al 20 % dijo: «Sí, está bien. Se reparte entre todos», pero no dijo lo mismo sobre el 80 %. Eso es lo que dijo la Suprema Corte de Justicia.

¿Cuáles fueron los fundamentos por los que la Suprema Corte de Justicia entendió que era inconstitucional el artículo 143 de la ley de medios en cuanto distribuye el 80 % de la publicidad en base al resultado de la última elección? Vamos a ver qué nos dijo a todos los ciudadanos uruguayos la Suprema Corte de Justicia. Dijo que la regulación del proceso electoral y de todos los aspectos que le son inherentes debe estar presidida por un principio rector: «Que el soberano elija en las mejores condiciones posibles». Es decir que la Suprema Corte de Justicia nos dijo algo que está en la Constitución: el que vota, el elector, tiene que elegir en las mejores condiciones posibles.

También dijo que «es el interés de los electores y no de los partidos políticos el que debe contemplarse primordialmente». Es decir que pone el foco en el elector que vota, y más cuando hay medios de publicidad, porque el elector tiene que poder informarse.

Además, dice la Suprema Corte de Justicia: «El elector debe contar con la posibilidad real de acceder a las propuestas de todos los partidos, de manera tan equilibrada como sea posible, evitando la generación artificial de desigualdades que se fundan en resultados electorales del pasado que probablemente afecten a los resultados electorales futuros». ¿Está claro? Esto es contundente. Léanlo conmigo. Tiene que ser equilibrado; ahora no lo va a ser. Pero además de eso, debe evitar la generación artificial de desigualdades que se fundan en resultados electorales del pasado que probablemente afecten a los resultados electorales futuros. Acá se dijo que hay poca variación de una elección a la otra, pero la Suprema Corte de Justicia dice claramente que hay que evitar eso, de acuerdo con la Constitución.

¿Qué más dice? Dice: «Un partido político nuevo queda fuera del reparto del ochenta por ciento de la publicidad gratuita, de manera tal que la desigualdad no es solo entre partidos de mayor y menor caudal electoral, sino también entre partidos antiguos y nuevos». Es decir que no solamente hay una desigualdad entre los partidos, sino también respecto de los partidos nuevos.

Más adelante, agrega: «La situación regulada por el referido artículo 143 es la inmediatamente anterior a la elección y tiene su proyección hacia el futuro, de manera tal que no se justifica racionalmente, ni se advierte finalidad legítima en tener en cuenta el número de votos obtenidos cinco años antes para realizar la distribución de la publicidad futura y gratuita». ¿Esto no se comprende? Esto que dice la Suprema Corte de Justicia a través de una sentencia del año pasado, ¿no se entiende? Está diciendo que no se puede repartir publicidad electoral en base al resultado de hace cinco años. Y, ¿qué estamos haciendo en este proyecto de ley? ¡Exactamente lo que no se puede hacer!

Sigue expresando: «No se advierte ninguna justificación razonable para beneficiar a quienes más votos obtuvieron cinco años antes, en lugar de privilegiar la posibilidad de que todos los partidos políticos expongan sus ideas y propuestas en forma equilibrada e igualitaria». ¿Hay alguien aquí que no quiere que todos los partidos puedan exponer sus ideas en forma equilibrada e igualitaria? ¡Esto es lo que estamos pidiendo!

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: ¿quién va a estar en desacuerdo con que todos los partidos expresen su opinión y sus voluntades? Nadie puede estarlo. Pero como no hay ninguna sentencia sacrosanta, fíjense que la corte –en mi modesta opinión– omite entender lo que es el sistema político uruguayo. Por más que en el sistema político uruguayo se hable de lemas o de partidos, por lo menos los sectores más grandes son coaliciones. Nos guste o no, son coaliciones.

En los partidos fundacionales –como les gusta decir a algunos– o tradicionales, hay corrientes históricas con perfiles y posiciones muy marcadas y otros que, como es el caso del Frente Amplio, tienen partidos inscriptos como tales en la Corte Electoral.

Entonces, si nosotros tenemos que exponer las ideas al conjunto de la ciudadanía, ¿qué es más justo: que hablen solo los partidos o lo haga cada una de las corrientes internas reales, verídicas e históricas de todos los partidos? En mi opinión –lo digo con mucha modestia–, la Suprema Corte de Justicia no entiende eso, lo que es la tradición uruguaya.

No hablemos de ahora. ¿Alguien podría pensar que la lista 14 y la lista 15 eran lo mismo? Por supuesto que compartían determinados valores, entre otras cosas, pero ¿alguien era capaz de decir que tal o cual partido podía silenciar esas expresiones? Tomemos alguno de los partidos mayoritarios de aquella época –o de esta– y véase qué sucede si se los comprime.

Sinceramente, creo que hay un desconocimiento –lo digo con todo respeto– del sistema político uruguayo y de que somos coaliciones; por lo menos los partidos más grandes son coaliciones. ¿Esto es bueno o malo? Por un lado es bueno, porque agrupa las diferentes corrientes de opinión, pero quizá a otros les parezca malo porque muchas veces hay sectores o corrientes que van junto a otras y no tienen mucho que ver. De todas maneras, este tema quedará para los analistas.

Ahora bien, creer que se puede comprimir, que es justo y darlo como sacrosanto, sin poner un poquito de pienso de quienes conocemos la materia, no me parece bien. Cuando aquí se va a hablar de temas militares, hablamos con los militares; cuando se van a tratar temas médicos, convocamos a los médicos; cuando se van a abordar temas de justicia, hablamos con los representantes de la Justicia, pero resulta que cuando se va a hablar sobre cómo se organizan los partidos, otros, que no saben, hablan mejor que nosotros. Discúlpeseme, será semántico hablar de los partidos como partidos y de los lemas como lemas, pero nadie puede desconocer que dentro de los partidos mayoritarios hay fracciones que a veces duplican o triplican a otros, que se llaman partidos y que tienen un menor caudal electoral.

No sé qué es justo y qué no lo es, pero no quiero que se diga que lo que pronuncia la Suprema Corte de Justicia es con conocimiento de causa perfecto del sistema político de partidos uruguayo, cuando yo creo que desconoce bastante lo que es el sistema político de partidos uruguayo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: quiero decir a los colegas que no sé si me dará el tiempo para culminar mi exposición; por lo tanto, las interrupciones las concederé después. Aclaro que no es una descortesía de mi parte, porque siempre las doy.

Considero que la interrupción del señor senador Michelini es buena, porque ya no cuestiona el fallo en sí, sino otra cosa: el hecho de que sea la Suprema Corte de Justicia la que acierte o erre en sus fallos. Reitero que en nuestro sistema constitucional republicano y democrático, todos podemos tener una opinión –incluso el Poder Legislativo–, pero la que sobre constitucionalidad vale es la de la Suprema Corte de Justicia. Es así y de eso no hay duda. Y en este caso la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional. Es más, el Frente Amplio lo sabe mejor que todos nosotros porque del proceso de inconstitucionalidad de este artículo 143 le dieron traslado, lo evacuó y dio todos estos argumentos que está diciendo hoy aquí. A su vez, la Suprema Corte de Justicia dijo: «No, señor partido Frente Amplio, usted está equivocado». Con las mismas cosas que está diciendo acá, la Suprema Corte de Justicia le indicó: «Está equivocado».

En definitiva, lo que hay que hacer es hacerle caso a la Suprema Corte de Justicia y no caer en otra sentencia de inconstitucionalidad.

Si seguimos, encontramos que la Suprema Corte de Justicia expresa: «El artículo 77 numeral 11 de la Constitución se complementa con el artículo 13 numeral 3º de la Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica)», ya no es nuestra Constitución ni la Suprema Corte de Justicia, sino el Pacto Interamericano de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– y las autoridades encargadas de aplicarlo, los que dicen: «No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos». En tal sentido, se establece: «El ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí».

Reitero: no es solamente la Suprema Corte de Justicia y la Constitución las que lo establecen, sino también la Convención Interamericana.

Luego se dice: «El principio debe ser que los partidos políticos participen en condiciones de igualdad y no discriminación». A este respecto, tomo el argumento que han esgrimido para preguntar: ¿por qué el Frente Amplio tiene más minutos de publicidad que el Partido Colorado? Ahí, nosotros somos tan partido como ustedes, tan partido como el Frente Amplio; tenemos sectores internos, somos un lema y de todas formas se nos está discriminando en base al resultado de hace cinco años. Así lo creo yo. Por eso se dice: «[…] el Estado no solo no debe obstaculizar por vías indirectas tal ejercicio, sino activar medidas positivas para favorecer su más amplia libertad».

¿Cuál es el cometido esencial de la cobertura mediática durante las campañas electorales? Difundir información de manera justa y equitativa. Eso es lo que estamos pidiendo: que distribuyan información justa y equitativa, en forma igual, entre todos los partidos y los candidatos. Y ustedes no lo están haciendo.

La Suprema Corte de Justicia entiende inconstitucional el criterio de reparto proporcional adoptado en la norma impugnada para la distribución de la publicidad electoral gratuita por vulnerar el principio de igualdad, así como el de libertad de los partidos políticos.

¿Qué hace el artículo 13 del proyecto de ley que está a estudio? Distribuye el 50 % de la publicidad electoral de acuerdo con el resultado electoral anterior, que es justamente lo que la Suprema Corte de Justicia nos dijo que no se puede hacer; si nos dijo que no se puede el 80 %, tampoco se puede el 50 %. También distribuye el 45 % de la publicidad electoral entre los lemas que se presenten a la elección y que tengan representación parlamentaria, y distribuye el 5 % entre los otros partidos de acuerdo con la modificación que se ha establecido. Los «otros partidos» son los más perjudicados; tienen solamente el 5 %. Es inconstitucional, por ellos y por nosotros.

Según la Suprema Corte de Justicia, distribuir solo el 20 % en forma igualitaria entre todos los lemas que se presenten a la elección es inconstitucional, pero en este proyecto hay algunos a los que se les distribuye tan solo el 5 %; subrayo: el 5 %. Esto va rumbo a ser inconstitucional, de acá a la China.

Una parte de la presentación se refería a los nuevos partidos y me alegra que el señor senador Pintado lo haya entendido y lo haya cambiado. Pero si estaba tan mal distribuir el 80 % de acuerdo con el resultado anterior, ¿está bien distribuir el 50 %? No; es inconstitucional porque el fundamento para rechazarlo es el mismo.

La Suprema Corte de Justicia dice que no existe justificativo para beneficiar a quienes recibieron más votos cinco años antes. ¿Qué estamos haciendo? Beneficiando a quienes obtuvieron más votos hace cinco años.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Y ¿qué estamos haciendo? Restringiendo por vías o medios indirectos.

El problema es más grave aún: ahora va a haber un 5 % para los nuevos partidos cuando antes se participaba en forma igualitaria en el 20 %.

El tema de los partidos existentes sin representación se aclaró con la modificación que acaba de plantear el señor senador Pintado.

Pero lo peor es que el Frente Amplio se asegura para la próxima elección el 34 % de la publicidad total y condena al Partido Colorado a tener el 13,5 %. Así es; con una ley que votan hoy se aseguran que cada tres avisos del Frente Amplio van a pasar uno del Partido Colorado. No creo que la intención sea sacar ventajas indebidas, y tampoco lo estoy afirmando para que nadie se enoje conmigo; sí digo que ese es el resultado de esta ley. Este artículo, que va a ser aprobado con los votos del Frente Amplio, le va a permitir sacar una ventaja en la próxima elección. Después nos preguntamos por qué hay poca movilidad. ¿Es justo? ¿Es equitativo? Creo que no.

En la sesión pasada se citaron otras sentencias relacionadas con la llamada ley de medios. Una estaba vinculada con el artículo 142, entre otras. No lo recuerdo exactamente, pero esa ley debe tener cerca de doscientos artículos, de los cuales fueron impugnados casi cuarenta. A su vez, diez o doce fueron declarados inconstitucionales y otros fueron considerados constitucionales, lo cual habla bien de la Suprema Corte de Justicia, que entendió que algunos eran constitucionales y otros no, y justamente estos eran inconstitucionales. Lo que queda claro es que esas otras sentencias no hacen referencia al artículo 143.

En definitiva, se está queriendo aprobar una norma que establece algo que hace un año fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Lo más grave es que se está restringiendo el acceso del elector a las propuestas de todos los partidos y se está afectando su derecho a informarse. Y es más grave aún el hecho de que la aprobación de esta norma tiene como resultado un beneficio para el partido que hoy está en el poder y eso afecta principios básicos de la democracia y de nuestro sistema constitucional.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Aunque hemos discutido mucho sobre este tema, quiero hacer algunas consideraciones.

Ante todo, este proyecto de ley es distinto –por más que se parezca en algo– a aquel que la Suprema Corte de Justicia –a la que no subrogamos porque no corresponde– declaró inconstitucional. Es más, sobre un mismo proyecto de ley ha habido pronunciamientos diferentes desde la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, estas sentencias no son de una vez y para siempre. Que la Suprema Corte de Justicia en un momento se haya pronunciado sobre la inconstitucionalidad de una ley no quiere decir que después vaya a tener el mismo pronunciamiento, porque ha pasado que sobre una ley a la que no se le introdujeron cambios –no es este el caso– la Suprema Corte de Justicia falló de forma distinta, por diferentes factores, ya sea porque cambió su composición o porque los pronunciamientos no son para siempre. Acá no sucede lo mismo que en otros países, donde se genera jurisprudencia porque cuando la Suprema Corte de Justicia fija una posición, queda de por vida. Por suerte, nuestro sistema no es así.

De todas maneras, no estamos hablando del mismo proyecto. El proyecto de ley que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional no tenía ningún espacio para los restantes partidos.

No nos anticipemos; vamos a ver qué pasa. Si la Suprema Corte de Justicia llegara a declarar la inconstitucionalidad porque alguien interpuso un recurso, veremos qué tenemos que hacer. Quizás el cero sea lo mejor porque eso sí es igualitario. Lo que siento es que hay excesiva preocupación por el espacio gratuito y ninguna por el espacio pago. Ah, entonces, si no tenés plata para salir en el espacio pago, ¡mala suerte! Lo admitiría como coherente si se dijera que el principio de igualdad funciona tanto para los espacios gratuitos como para los pagos: que todo el mundo tenga el mismo derecho a difundir sus ideas por igual cantidad de minutos, ya sea pagando o gratis. Ahí sí, vamos a considerarlo. ¿La igualdad se elimina con el dinero, con la capacidad contributiva que se tenga?

Creo que encontramos un resultado equilibrado. Hay quienes dicen que el Frente Amplio va a tener más, pero yo digo que vamos a tener menos de lo que nos corresponde. Cuando ganó Jorge Batlle nos hubiera correspondido el 40 % de la publicidad electoral, y no estábamos en el Gobierno, y ahora nos corresponde el 48 %. Y ¿qué pasó cuando tuvimos el 50 %? Eso no es garantía de nada, porque más publicidad no significa tener más votos. Se gasta más, pero eso no significa que vaya a ganarse la elección. He visto piezas publicitarias hermosas y los partidos que las han utilizado no han obtenido un voto, o han tenido pocos, o no han cumplido el objetivo.

Entonces, el Frente Amplio no condena a nadie. La que condena es la gente con el voto, y de eso no estamos libres; nadie está libre, y lo digo con mucha humildad. Por suerte la democracia es así porque si no, con el principio de igualdad, sacamos la fotografía, nos quedamos, armamos una monarquía y no gastamos en elecciones. Pero eso no es lo que queremos. Me parece que hemos encontrado un equilibrio, realmente. ¿El principio de igualdad no opera para los que no obtuvieron quinientos votos? De acuerdo con el criterio que se están planteando, ¿por qué son menos que los que tienen un millón?

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PINTADO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Los ejes sobre los que venimos discutiendo, en particular este tema de la igualdad o la equidad, tienen que estar ubicados en el contexto de la historia reciente porque recién ahí uno empieza a entender que las preocupaciones sobre estos temas distan mucho de ser las de antes. A propósito, fue esta fuerza política la que propuso la ley del año 2009 y también es la que impulsa este intento de acuerdo, que creo que tiene un buen componente –que se logra hoy– aunque, lamentablemente, tiene otros aspectos en los que no vamos a coincidir. Lo que estamos diciendo es que ha habido una dificultad extraordinaria para acordar criterios comunes, algo que importa cuando estamos en el Gobierno y también cuando estamos en la oposición. ¡Esa es la democracia! ¡No es cómo nos va en la feria; es la democracia la que está en juego cuando estamos discutiendo sobre estos criterios!

No puedo olvidar que en la segunda vuelta de las elecciones de 1999 mi fuerza política no podía contratar espacios publicitarios, ni siquiera pagándolos. Reitero: ¡ni siquiera pagando! Estamos hablando de eso y no de castillitos en el aire. Estamos hablando de que a pesar de haber tenido muchas dificultades, progresivamente hemos podido avanzar muy de a poco, dando pasitos muy cortitos, y hoy estamos tratando de que efectivamente podamos concretar algo más significativo. La Suprema Corte de Justicia podrá reiterar la opinión que tuvo hace un tiempo, o no, pero lo que importa es qué pensamos nosotros –¡eh!– porque ese organismo tiene sus competencias ¡pero acá estamos los responsables de los partidos, los que tomamos definiciones para luego comparecer ante la ciudadanía!

Entonces, no quiero estar condicionada. No me niego a interpretar o a reconocer –comprensión lectora creo que tenemos todos– las sentencias a las que estuvimos sujetos ante el planteo de la legislación anterior, pero quiero que nos responsabilicemos; no pueden seguir sucediendo cosas en el mundo y nosotros pensar que estamos en una burbuja a la que nada puede impactar. Además, no solo alcanza con referirse a un contexto general donde pasan cosas por esa cercanía excesiva entre el dinero y la política. ¡Tenemos historia propia! ¡Tenemos historia reciente!

Quiero que esas cosas sean parte de esta discusión, porque si no, si decimos que todo debe seguir igual, no es igualitario. Podemos decirlo porque acá hay quienes somos testigos de la historia de las últimas décadas –por lo pronto, desde la reapertura democrática–, cuando hemos tenido Gobiernos de tres colores diferentes. Por tanto, cuando pretendemos establecer un criterio con los más amplios consensos, podemos darnos cuenta de cuáles son los problemas que debemos superar: la absoluta inequidad y falta de igualdad, no solo en los precios sino también en la accesibilidad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- En lo personal, miro ese tema desde otro ángulo.

Acá hay una resignación de los partidos con mayor peso electoral –no solo del Frente Amplio– en favor de los que no tienen mucho espacio. Estoy viendo el tema exactamente del lado inverso. Para mí hay –repito– una resignación de quienes tenemos mayor caudal electoral en favor de quienes tienen menos, pero –y con esto termino– en la construcción de una solución que creemos es equilibrada. ¿Equilibrada entre qué? Entre dar oportunidad a los desafiantes y también dar el respeto que se merece la opinión ciudadana, y la única forma de medirla es con la elección anterior. Es así.

Podrá gustar menos o más, pero esa es la intención: encontrar un equilibrio entre las continuidades y los partidos desafiantes, pero por suerte todo depende de los ciudadanos. Siempre digo que jamás hubiéramos llegado al Gobierno si fuera por la accesibilidad a los medios de comunicación. Llegamos al Gobierno porque, en el contacto con la ciudadanía –en esa política mano a mano–, logramos los apoyos necesarios. Así nos quedaremos o así nos iremos. Ello dependerá de la ciudadanía.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: la señora senadora Xavier acaba de decir que en la segunda vuelta electoral de 1999 el Frente Amplio no podía tener publicidad ¡ni pagando! Bueno, entonces yo digo que tenemos televisores distintos. Todos vimos la publicidad del Frente Amplio, vimos aquel entusiasmo con el IRPF en la segunda vuelta electoral. ¡Todos lo vimos! Y puedo decir con absoluta claridad: «Se hizo publicidad». A lo mejor no la pagaron; no sé. Pero, que se hizo publicidad, es seguro. ¡Estoy seguro de que se hizo publicidad! Insisto: todos la vimos. Además, el argumento es exactamente el contrario al que debe darse. Supongamos que la señora senadora Xavier tiene razón cuando dice: «Como estaban en el poder tenían más publicidad y esa era una desventaja enorme. Entonces, mantengámosla ahora, pero por ley. Ahora, por ley, nosotros que somos mayoría, tendremos más publicidad que el resto». El argumento es ridículo.

Por otra parte, si bien esta ley es distinta a la llamada ley de medios –porque los porcentajes no son 80 % y 20 %, sino 50 %, 45 % y 5 %–, el concepto es absolutamente el mismo. La Suprema Corte de Justicia dice –lo ha mencionado el señor senador Bordaberry, mejor dicho, lo ha leído– que el concepto debe ser igualitario y no pensando en los partidos sino en el ciudadano, ¡para que tenga todas las corrientes para poder elegir mejor! Y no en mayoría o minoría, ¡igual! Eso lo dice la Suprema Corte de Justicia, que no será la que entiende más de política, pero sí la que entiende más de la Constitución. Cuando legislamos ¡tenemos que respetar la Constitución, y no se está respetando! Es así. Podemos estar de acuerdo con que está bien 45 % o 50 %, pero si la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional –sabemos que lo dijo y que lo volverá a decir–, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cuántas veces dijimos en este Senado que tal ley caería por inconstitucional y así fue? ¡¿Otra vez por ese camino?! ¡¿Otra vez lo mismo?!

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: este artículo 13 es bien complejo porque es extenso y porque toca varios temas. No solamente aborda el aspecto constitucional –al que aludió el señor senador Bordaberry–, sino también la compra de minutos de publicidad fuera del horario gratuito. Este artículo fue el que más se discutió en la negociación. Yo participé de la posibilidad de ir llegando a acuerdos. En tal sentido, pudimos reflexionar y modificar algunas cosas contenidas en la llamada ley de medios, que eran un verdadero disparate. Así, de 162 minutos al día de propaganda electoral en horario central –o sea, de 18:00 a 23:00–, bajamos a 50 minutos.

Con la intención de cuidar, hice una propuesta en comisión, que he reiterado en esta sala, pero no fue entendida; incluso, creo que hay un juicio por parte de mis colegas –aunque no diría peyorativo– relativo a ese planteo sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia que, además de establecer la inconstitucionalidad respecto a esa barbaridad de reparto que era 80 % a 20 %, a texto expreso agrega que existe daño económico para los canales. Dicha propuesta, señora presidenta, consiste en que los quince minutos por hora de propaganda –establecido por la llamada ley de medios– se extiendan a veinte, de modo tal de reducir el daño económico. Indudablemente, hay cinco minutos, establecidos en esa ley, que sacamos de la propaganda que tienen los canales por hora.

He dicho con insistencia que en la minuta de comunicación se plantee al Poder Ejecutivo que cuando nos remita los artículos que necesiten su iniciativa expresa, también considere la posibilidad de tener un crédito fiscal para evitar el daño económico, para que este sea cero, de modo que los minutos gratuitos no sean objeto de un juicio que los canales entablen al Parlamento por acto legislativo, porque lo que hoy es gratuito, después de perder un juicio podría llegar a ser muy oneroso, incluso más de lo que pueden significar para el erario los minutos que se compren en forma indirecta por vía de la Corte Electoral.

No tuvimos eco en la comisión sobre este tema, pero creemos que lo que se dice que es gratuito en realidad no lo es, porque habrá juicios y se van a ganar, pues la Suprema Corte de Justicia ya dice en su fallo que hay daño económico. Ese es un antecedente de que se reconoce ese daño. Por ende, por acto legislativo vamos a estar sometidos a un juicio en donde lo que es gratuito va a ser pago, luego de las elecciones, porque seguramente van a ganarlo, amparados en el mencionado fallo como argumento esencial. Ese es uno de los temas que contiene este artículo.

De igual manera debo reconocer que se llegó a un entendimiento en lo que hace a los diez minutos, aunque no hemos podido solucionar el tema de los cinco minutos por hora que se expropian de la tanda. Sin embargo, es más lógico llegar a un acuerdo sobre una tanda política de cincuenta minutos –entre las 18:00 y las 23:00–, frente a lo que estaba vigente. En ese sentido, alimentábamos la esperanza de llegar a un entendimiento en el mediodía de hoy, pero lamentablemente no se pudo lograr.

Además de ese artículo, de los diez minutos y de la reducción de los horarios de transmisión gratuita, hay un tema sobre el que ya hemos debatido –no voy a reiterarlo–, que es la compra de minutos por parte de la Corte Electoral. A ese respecto hay un inciso muy claro en donde se dice que «se prohíbe a los partidos políticos la adquisición, en forma directa o indirecta, y a cualquier título, de publicidad o propaganda electoral en televisión abierta o por cable», y se instrumenta que la adquisición de minutos la hará la Corte Electoral.

A fin de acercarnos a un entendimiento, hemos hecho un importante cuestionamiento acerca de la imposibilidad material que tiene la Corte Electoral de realizar esa compra en nombre de los partidos políticos. Y hago míos muchos de los argumentos que se escucharon aquí, esgrimidos por parte del señor senador Gandini para oponerse a muchos de estos artículos, porque las dificultades que tenemos no solo consisten en lograr un entendimiento con los otros partidos sino también dentro de cada uno de ellos. Debo confesar que no hay entendimiento dentro de los partidos –creo que quedó demostrado–, porque la distribución de los minutos gratuitos en las elecciones internas de octubre será tanto o más difícil –como decía un colega del Cuerpo– que confeccionar las listas.

SEÑORA XAVIER.- ¡Y el principio igualitario!

SEÑOR HEBER.- Si pensamos en el principio igualitario, aún más difícil será poder dividir los minutos entre las nuevas figuras que aparecen –por suerte– en los partidos políticos.

No queremos que estos artículos determinen, de alguna manera, que el caudal electoral que tienen aquellas personas, agrupaciones o listas que ya están consagradas –que se vienen repitiendo a lo largo de las distintas elecciones– quede congelado en desmedro de nuevas figuras que puedan aparecer dentro de los partidos. ¡Esta situación no es un lío menor! Es un gran problema –y me pongo ya no como interesado en función de que el día de mañana pueda estar en una lista, sino como presidente del directorio– hacer esa división dentro de los partidos.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Termino el razonamiento y se la concedo con mucho gusto.

Se dice que los partidos políticos son los que van a comprar en la Corte Electoral. Ahí radica uno de los principales cuestionamientos que nos han hecho los compañeros de la Cámara de Representantes, porque los partidos políticos –o sea, ellos directamente– no pueden ir a hacerlo, ya que quien comprará en su nombre será la autoridad del partido político. Esta es una lógica frenteamplista –no lo digo con menosprecio, sino como dato de la realidad–, pero no de funcionamiento del Partido Nacional y estoy seguro de que tampoco del Partido Colorado. El señor senador Gandini señalaba claramente que él es el que va a los canales, quien contrata y quien deja sus compromisos estampados en un cheque, en un vale o en un documento, para poder hacerse cargo de ellos luego de la elección.

Esta es una lógica que ha funcionado hasta ahora en los partidos. ¡No es para encubrir el dinero proveniente del narcotráfico ni de los grandes financiadores del tráfico de armas! ¡No, no; es la actitud de un diputado que endeuda su patrimonio personal, que va a los canales y compromete su patrimonio! Hemos visto hasta el cansancio a gente a la que se le ha rematado la casa donde vive o que la ha tenido que vender producto de estar comprometida por la campaña electoral.

¡Es una lógica que hemos visto durante años, y repetidamente, dentro del Partido Nacional! ¡Hasta podría mencionar el nombre de las personas a las que he visto que se les ha rematado los bienes! ¡Pero esto no ha sido una deuda de los partidos, sino la de quien arriesga su patrimonio, lo poco o mucho que tiene, en función de querer ser elegido diputado o senador, y se compromete en los medios de prensa!

¿Esto está bien? ¡No; no lo está! Nadie quiere que alguien que se dedique a la actividad política tenga que comprometer todo su patrimonio para luego, muchas veces, terminar en la calle o excesivamente endeudado sin la posibilidad de haber llegado a esa banca, y tener esa cruz a la que hacer frente durante muchos años. Eso es lo que ha venido sucediendo y no ha habido financiación del narcotráfico ni lavado de dinero. ¿Puede suceder en el futuro? Fue uno de los argumentos que he escuchado en la discusión de este tema. Entonces, si se va a bancarizar, si de alguna manera está limitada la posibilidad de lo que la persona puede aportar y hay que transparentar quiénes reciben, creo que es una garantía de que el sistema no estará contaminado de otro tipo de financiación que no sea genuina; y que se tenga que demostrar, tanto la propia como la ajena. Esa es una de las virtudes de esta iniciativa. No habrá más donaciones anónimas y todo será bancarizado; de haber donaciones en especie, tendrán que ser debidamente documentadas a fin de establecer un monto estimativo y determinar qué tipo de donación se recibe.

Concedo ahora, con mucho gusto, la interrupción que me solicitó la señora senadora Xavier.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: quiero entender algunas líneas de razonamiento, porque muchas veces hablamos de la libertad del elector y me da la sensación de que lo que estamos protegiendo es esencialmente a las empresas más que al elector, confundiendo los términos en cada uno de los aspectos que hemos estado discutiendo.

Como hemos dicho, no hay cuestión más equitativa que el hecho de no complejizar la situación con la publicidad paga. ¿Por qué no podemos dar el salto en ese sentido?

Creo que nosotros hemos sido amplios en dejar transitoriamente de lado la prohibición de la publicidad paga, en función de que no alcanzamos los suficientes consensos, pero no porque no haya estado en consideración ese tema. Me parece que eso estaría despejando de manera sustantiva el debate y las complejidades que se aducen acá para no avanzar en determinado tipo de votación.

Por otro lado, el señor senador Heber habla de la complejidad para la distribución interna. Pero ¿cómo? ¿No era que la Suprema Corte nos decía que todo tenía que ser igual? ¿Cuál es la complejidad? Dentro de nuestros sectores, donde tenemos varios componentes, cortemos por lo sano y utilicemos el criterio que se defiende acá en general para la ley. La verdad es que me gustaría que el señor senador me explicara –para poder entenderlo– por qué sirve el criterio de la Suprema Corte de Justicia para lo general y no para la distribución interna, y resulta que le complicamos la vida a uno de los partidos políticos si votamos lo que está propuesto que se vote.

Entonces, me parece que, además, esa enorme preocupación que se pone de manifiesto cuando vienen las campañas electorales sobre cómo hay dirigentes que terminan con determinadas situaciones económico-financieras muy complejas, se plantea porque lo que estamos discutiendo, justamente, es si tiene que haber tanto dinero en las campañas electorales.

Cuando nos hicimos esa pregunta, fuimos a ver dónde se gasta, esencialmente para empezar a reducir y con ello disminuir el volumen general que se invierte en las campañas. Todos estamos convencidos de que no redunda efectivamente en una mejor llegada hacia el ciudadano para que adopte la decisión más libre posible. Todos sabemos que llegar en términos directos y conversar un instante con el ciudadano es mejor que el hecho de que ese ciudadano sufra, durante el tiempo en que está autorizada, la publicidad electoral paga.

Quisiera que no nos corriéramos en el debate discutiendo un problema con un determinado criterio y, cinco minutos después, debatiéndolo con uno diferente. Me parece que estaría bueno que en el desarrollo de la intervención del señor senador Heber pudiéramos tener claridad al respecto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber, a quien le restan cuatro minutos.

SEÑOR HEBER.- Voy a tratar de sintetizar en estos cuatro minutos que me quedan, porque lamentablemente me ha llevado muchos minutos la intervención de la señora senadora Xavier, que mezcla conceptos que yo no he dicho. Los cuestionamientos a la forma en que se reparte los hizo el señor senador Bordaberry. Él expresó que tiene que ser en forma igualitaria, y además se refirió a la inconstitucionalidad.

Reitero: ¡no lo dije yo! Entonces, no veo cómo se pueden mezclar argumentos de senadores distintos y que la señora senadora Xavier me exija que yo responda por lo que opina otro señor senador. No. No es así. Yo llegué a un entendimiento en la comisión en lo que refiere a la reducción a cincuenta minutos y en lo que hace a la distribución. Yo llegué a un entendimiento: al 45 %, al 50 % y al 5 %. ¡Llegué a ese entendimiento!

En la penúltima sesión pedí un informe jurídico al doctor Martín Risso, que lo remitió a la comisión, donde dice claramente que ese entendimiento al que habíamos llegado es inconstitucional. Lo pedí en nombre de mi partido, pues mi partido me pedía que yo hiciera esa propuesta en la comisión. En lo que podría haber llegado a ser un entendimiento de pasar del 80 % al 20 %, que era un verdadero disparate, yo acordé un 45 %, un 50 % y un 5%, pero, lamentablemente, después se nos dijo con contundencia que era inconstitucional. ¡Y no votamos cosas inconstitucionales! Este es un problema que no tiene solamente el senador Heber o el Partido Nacional, ¡lo tenemos todos! Mejor dicho, tenemos dos problemas: el tema del acto legislativo por el cual nosotros vamos a generar un daño económico –porque nos hemos negado, a veces, hasta con anteojeras, a mirar lo que es un juicio cantado en donde vamos a perder; acto legislativo del que no me siento responsable porque no voy a votar el artículo– y la inconstitucionalidad del reparto. Respecto de esta cuestión, políticamente he venido a acordar, y acordé. Pero, reitero: en la última sesión recibimos un informe donde se nos asevera y reitera que es inconstitucional también el acuerdo al que nosotros hemos llegado.

Yo estoy de acuerdo con esta forma de repartir. Me parece que llegamos a un entendimiento lógico, pero lo lógico es inconstitucional. Se nos dice: «¡Lo mejor es pasar a cero, a nada!». Me parece que también es inconstitucional, porque lo que se busca es que haya gran difusión de las ideas para que la gente pueda opinar de todos. Y la prohibición atenta contra la posibilidad de que tengamos difusión de las ideas, porque no va a haber minutos gratis, ni comprados, ni nada. Me parece que eso atenta contra las mejores tradiciones del Uruguay en cuanto a la difusión de las ideas. ¡Este es un embrollo que tenemos!

Por lo tanto, señora presidenta, nosotros no estamos de acuerdo –por más que hayamos llegado a acuerdos políticos en la comisión– respecto de la reducción de los minutos y de esta forma de distribuir. Me pareció sensata, porque frente a lo que teníamos de 80 % y 20 %, llegar al 50 %, 45 % y 5 %, me pareció aceptable y lo acepté, pero luego de la consulta al doctor Risso sobre este artículo, hemos concluido que persiste la inconstitucionalidad y, por tanto, tenemos que buscar otras formas. Pero no veo disposición ni apertura del partido oficialista para abrir una discusión y tratar de arreglar las dos cosas: el daño económico y la inconstitucionalidad.

Por lo tanto, señora presidenta, nosotros no vamos a acompañar el artículo 13.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: me llama la atención cómo se pueden realizar afirmaciones tan tajantes en el sentido de que esta norma es inconstitucional, teniendo en cuenta el antecedente del artículo 143. Es una norma diferente, y realmente me llama la atención. Y me llama la atención todavía más por el hecho de que nosotros venimos a legislar, y si tenemos la función legislativa, tenemos que legislar de acuerdo con nuestros criterios.

También me llama la atención la posición de algún senador porque, de acuerdo con lo que escuché hoy aquí, prácticamente la Suprema Corte de Justicia tiene potestades supralegislativas. Ese fue el argumento que dieron, porque para cuestionar esta norma que está a estudio, citan a la Suprema Corte de Justicia. ¡La Suprema Corte de Justicia actúa al amparo de un proceso de declaración de inconstitucionalidad de la norma a través de la acción o de la excepción durante un proceso, y su sentencia tiene relación para el caso concreto! Digamos las cosas por su nombre: salvo cuando una situación es muy clara, los criterios de interpretación están sujetos muchas veces a las subjetividades de los seres humanos, y los jueces no son dioses: son personas, y muchas veces se pueden equivocar.

Por lo tanto, nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de tener nuestro propio criterio a la hora de interpretar las normas y la Constitución. Y el artículo 13, en opinión de los senadores del Frente Amplio, es constitucional, y quienes sostienen la inconstitucionalidad realizan –en nuestra opinión– una interpretación equivocada del principio de igualdad y omiten –de manera clara y directa– otro principio que consagra nuestra Constitución: el principio de proporcionalidad que, como decían los senadores Michelini y Moreira, es una de las bases del sistema electoral uruguayo. Entonces, si analizáramos este artículo y razonáramos como lo haría la Suprema Corte de Justicia cuando debe decidir si una norma es constitucional o inconstitucional, lo primero que tendríamos que hacer es estudiarlo desde el punto de vista formal. Esta sesión es importante porque llegamos a un acuerdo: esta norma no necesita mayorías especiales –por lo menos, es lo que interpreto– porque no se trata de una de las disposiciones dictadas al amparo del numeral 7.º del artículo 77 de la Constitución, que es aquel que establece el requisito de los dos tercios. En ese sentido, me parece que hay consenso, y que la Suprema Corte de Justicia, por lo menos, ha dictado tres sentencias: una de ellas mencionada por quien habla la semana pasada y las otras referidas por el señor senador Bordaberry. Es importante hacer notar que en ellas se hace el mismo razonamiento, con lo que, al menos, le estamos dando un mensaje a nuestra ciudadanía.

Pero si lo analizamos desde el punto de vista sustancial, entiendo que no existe una violación al principio de igualdad, ya que los partidos políticos, independientemente de su caudal electoral, tendrán acceso a la publicidad gratuita, la que dependerá, lógicamente, de los votos obtenidos en la elección anterior. Y esto se debe relacionar con el principio de representatividad, que es uno de los fundamentos electorales de nuestro sistema de partidos.

Por lo tanto, ese criterio resulta justo y razonable a la hora de legislar.

Repasemos ahora las normas de nuestra Constitución que hacen referencia al principio de proporcionalidad. La primera de ellas es el artículo 77, que al principio expresa: «El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las bases siguientes», y luego el numeral 3.º dispone como una de las bases: «Representación proporcional integral».

Otra norma es la del artículo 88, que establece: «La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país».

También los artículos 95 y 96, que señalan respectivamente: «Los Senadores serán elegidos por el sistema de representación proporcional integral» y «La distribución de los cargos de Senadores obtenidos por diferentes sublemas dentro del mismo lema partidario, se hará también proporcionalmente al número de votos emitidos a favor de las respectivas listas».

Asimismo, el artículo 127 dice: «Habrá una Comisión Permanente compuesta de cuatro Senadores y siete Representantes elegidos por el sistema proporcional, designados unos y otros, por sus respectivas Cámaras». Por su parte, el artículo 272, que refiere a las Juntas Departamentales, expresa: «Los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se distribuirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno». Y, finalmente, el artículo 324, que establece el número de integrantes de la Corte Electoral, en el último inciso dispone: «Los cuatro titulares restantes, representantes de los partidos, serán elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo de acuerdo a un sistema de representación proporcional».

Llegado a este punto, debo señalar que no compartimos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia porque no se tuvo en cuenta las bases del sistema electoral uruguayo establecidas en los artículos 77 –numeral 3.º–, 88, 95, 96, 127, 272 y 324. Consideramos que es una justificación racional basarse en la proporcionalidad conforme a los votos obtenidos en la última elección. Como dije antes, no compartimos esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia y, más aún, no podemos ser tan tajantes como para decir que una norma, que no es igual a la otra, va a ser declarada inconstitucional.

Por último, con relación a los pactos internacionales y los artículos 8 y 72 mencionados, quiero decir lo siguiente. Siempre sostuve que los artículos 72 y 332 de la Constitución de la república crean lo que se llama el bloque de constitucionalidad; es decir, los tratados internacionales, conforme a esos artículos, son de aplicación inmediata en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que solicito, pues, es que tengamos un criterio único en nuestro país, y si la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de sus sentencias, quiere ampararse en un tratado, que se ampare en todos los tratados y que quede claro que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Dejaría el tema por acá, señora presidenta, con la tranquilidad de que esta norma es constitucional y de que este artículo 143 también lo es. No nos olvidemos de que nosotros, los legisladores, debemos tener bien claro cuál es nuestra función: legislar.

Muchas gracias.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 7 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia, por motivos personales, el día 7 de noviembre del corriente año, a partir de las 12:45.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor senador Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

14) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Solicito la prórroga de la hora de finalización de la sesión hasta agotar la discusión del proyecto de ley en consideración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado continúa con el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Nos obligan a salir. Creí haber dicho todo, pero aquí se dijo que la Suprema Corte de Justicia no tiene funciones supralegislativas. Recomiendo que se lean los artículos 256 y siguientes de la Constitución, en los que se habla de que la función de la Suprema Corte de Justicia es declarar o no inconstitucional una ley. Esa es la función a la que estamos haciendo referencia. Obviamente, nosotros no podemos otorgar a la Suprema Corte de Justicia funciones supralegislativas. La separación de poderes es un concepto básico: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Lo que le estamos atribuyendo y, más aún, reconociendo a la Suprema Corte de Justicia, es su potestad de declarar inconstitucional una ley por razón de forma o de fondo, señora presidenta. En este caso, no la ha declarado inconstitucional por razón de forma: por no haber llegado a los dos tercios de votos. Pero aquí nadie ha dicho que esta es una ley inconstitucional por no alcanzar los dos tercios de votos. Se ha expresado: «Nos dijeron que es constitucional». Se ve que se agarran de ese argumento como de una balsa salvavidas. Nadie ha dicho que se requieren los dos tercios de votos. ¡Nadie! Quiero aclarar esto porque se insiste en eso y nadie lo ha dicho; yo no lo he dicho, en esta discusión por lo menos. Lo que sí hemos dicho es que, por contenido, esta ley es inconstitucional, y así fue declarada por la Suprema Corte de Justicia. Y que esta declare que una norma es inconstitucional no significa que asuma funciones supralegislativas, sino que aplica la Constitución, que de eso se trata.

Por otro lado, el argumento de citar la representación proporcional de quienes son electos para hacer una seudorrepresentación proporcional del acceso a los medios de comunicación, me parece que es estirar demasiado los textos legales, y eso no está en ninguna parte de la Constitución.

En definitiva, sugiero que se lea el capítulo IX, artículo 256, que aclara varias de las cosas que se dijeron acá.

Gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Gracias, señora presidenta.

¡Hasta yo estoy cansada de discutir el proyecto de ley, que espero que votemos rápidamente! No obstante, quiero hacer algunas puntualizaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con una afirmación muy engañosa del señor senador Bordaberry respecto a la capacidad de los electores para acceder a la propaganda.

Señora presidenta: la verdad que con la legislación actual los electores no tienen capacidad de asistir en condiciones de igualdad a todas las propuestas de los candidatos y partidos, sino que solo tienen acceso a las propuestas de candidatos y partidos que pueden pagar los segundos de televisión, radio o los sueltos en los diarios, que son carísimos. O sea que hoy el elector no tiene ninguna libertad. ¡Hoy no la tiene! Si los partidos y los candidatos no tienen dinero, no llegan, a menos que el candidato vaya a golpear la puerta. Lo único que asegura la libertad del elector es la propaganda gratuita, que es exactamente contra lo que va la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. El único elemento que hoy estaría asegurando la libertad del elector es, entonces, la propaganda gratuita. No he escuchado que la Suprema Corte de Justicia haya declarado absolutamente nada sobre la desigualdad flagrante que hoy existe con la legislación vigente.

¡La propaganda paga violenta la libertad del elector! Hablamos tanto de la libertad del elector, pero acá eso nadie lo ha dicho. ¡La propaganda paga violenta abruptamente la libertad del elector porque solo da posibilidades a algunos! Y ya vimos cómo se compra la publicidad en la calle y en la televisión. O sea que hoy el elector solo puede escuchar a los que pueden comprar publicidad.

Por otra parte, el hecho de que todos puedan acceder al mensaje no quiere decir que los minutos sean por igual para todos. En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y en la exposición del señor senador Bordaberry hay una especie de salto cuántico que me deja perpleja. Que todos puedan acceder quiere decir que sea equilibrado. La mitad de los electores votaron al Frente Amplio y, como mitad del electorado del país, podrían reclamar el derecho de que la mitad de la propaganda refleje sus preferencias. No son electores sueltos, sino que tienen adhesiones partidarias y votaron un partido. Entonces, que los partidos que tienen el 3 % o el 5 % de las preferencias de la población impugnen el derecho de los electores, que son el 50 % del país, a mí, por principio, me parece injusto, porque estamos acá porque la mitad más uno del país votó al Frente Amplio.

Quiero decir, asimismo, que el criterio de la igualdad total no funciona porque tampoco le damos los mismos minutos al presidente, a los senadores y a los diputados. Esto lo hemos ido cambiando de elección en elección.

Respecto al tema de la inconstitucionalidad voy a ser muy breve. El problema no son las potestades supralegislativas, sino las potestades legislativas de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que está en juego. Una cosa es hacer el control de la constitucionalidad de las leyes y otra es intervenir en la política pública. A través de las declaraciones de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de medios la Suprema Corte de Justicia interviene en la política pública y en la legislación. Yo soy legisladora, y reclamo nuestro derecho a legislar, y no puedo creer que los políticos que están sentados acá abdiquen de su derecho a legislar para dejarlo en manos de la Suprema Corte de Justicia. Francamente.

SEÑOR OTHEGUY.- ¡Apoyado!

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: no es potestad de la Suprema Corte de Justicia, sino que se la estamos dando nosotros cuando decimos que no podemos legislar porque quizá haya una sentencia de inconstitucionalidad. ¿Abdicamos de nuestro poder de legislar? ¿De nuestro poder de crear una política pública? ¡Ojo! Le doy a la Suprema Corte de Justicia la vigilancia de la constitucionalidad de las leyes –la tiene, es lógico–, pero otra cosa es legislar y crear una política pública.

Señora presidenta: lo único igualitario de verdad, a esta altura de la discusión –con todos los acuerdos que teníamos y que hoy se han deshecho–, es regularlo todo: los diarios, la televisión y la radio y prohibir la publicidad paga. ¡De verdad! Eso sí sería superigualitario. ¡Ah! Van a decir que estamos contra la libertad de empresa. Pero ¿cómo es? Cuando se trata de la televisión gratuita, el principio es el de la igualdad, pero cuando se trata de la televisión paga, el principio es la libertad de empresa. No; no puede ser. ¿Cuál es el principio, entonces? Repito: cuando hablamos de la televisión gratuita es el principio de igualdad, pero cuando hablamos de la televisión paga, se trata de la libertad de empresa. Eso es inadmisible. En cualquier criterio axiológico de distribución de los principios del mundo, ¿cómo podrían funcionar esos dos principios, uno para un tipo de televisión y otro para otro tipo? No; funcionan los dos para todo o no funcionan en ningún caso.

Para terminar, quiero decir que espero que se apruebe este proyecto de ley porque en nuestro país hay cada vez más dinero en política, y eso va a terminar con un resultado muy simple: los empresarios van a prescindir de la clase política, van a presentarse ellos mismos para gobernar este país y, si no, basta ver lo que está pasando en Brasil, que tiene un gabinete empresarial por excelencia. ¿Acaso no tuvimos problemas con el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil? ¿Por qué? Porque es un representante de los grandes intereses de la bancada ruralista. Esos son los problemas que hay con el bloqueo con Brasil. Si nosotros queremos países dominados por empresarios que prescindan de la clase política, ¡chau al viejo sistema de partidos! ¡Vamos despidiéndonos! Eso es ir para adelante y volver para atrás; volver al momento político en que solo los ricos tenían la capacidad de disponer de la arena partidaria. Esa no es la tradición de este país, que ha sido la política de las clases medias. Pero hay cada vez más dinero en la política, y si no lo regulamos, vamos a despedirnos del viejo sistema de partidos porque el dinero se va a despedir de nosotros. El dinero se va a despedir de la clase política y va a entrar a dominar directamente. ¿Para qué nos precisa?

SEÑORA ASIAÍN.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Asiaín.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias.

Seré muy breve. Simplemente quiero referirme a las alusiones del señor senador Carrera respecto a que venimos a legislar con independencia de criterios. Sí, pero cuando somos investidos como senadores, prometemos por nuestro honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república. Por ahora y bajo esta Constitución, su intérprete es la Suprema Corte de Justicia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Moreira.

SEÑOR CARRERA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Hay algo que tiene que quedar muy claro. La Asamblea General es el único cuerpo que puede interpretar la Constitución de la república. El numeral 20) del artículo 85 expresa: «A la Asamblea General compete: […] Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia…».

Que quede claro, entonces, que no podemos decir que el órgano que interpreta la Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Si hay un caso concreto, si por una ley que dictamos una persona siente menoscabados sus derechos, puede presentar una demanda de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia; o si en un juicio un juez quiere aplicar una ley que se considera inconstitucional, se opone la excepción y el expediente va a la sede judicial, pero eso es muy diferente a decir que la Suprema Corte de Justicia interpreta. Tengámoslo claro.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Moreira.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- No quiero que se desvíe el eje de lo que hemos acordado y del concepto que tomamos como base. Todos compartimos que el dinero es una amenaza en la política; cada vez más, la influencia del dinero es una amenaza en la política. Ya Kofi Annan lo dijo en el informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) para las Naciones Unidas, reconociendo que en la medida en que el dinero influye en las campañas, el ciudadano se aleja de la política y de los partidos. Esto sucede en Estados Unidos, donde las grandes empresas, los grandes conglomerados, al aportar aumentan su influencia y cuando el ciudadano percibe que el dinero rompe con la regla de un ciudadano-un voto, para transformar la influencia del dinero en algo más importante que el voto, estamos en problemas. Yo no quiero que este debate, que no subestimo, termine comprometiendo una idea por la que estamos acá. Una de las cosas que vencimos –hoy estuvo en la discusión– fue el «siempre se hizo así», «acá nunca hubo problema», «esa es nuestra costumbre de todos los días». Es decir que estamos rompiendo con esa idea de que en Uruguay no va a pasar o que acá no va a ocurrir porque siempre nos portamos bien. Eso no es cierto porque muchas de las cosas que no iban a ocurrir en el Uruguay, ocurrieron. Hay modalidades delictivas que uno ni soñaba que se fueran a aplicar en nuestro país y, sin embargo, se aplican porque hoy hay globalización, Internet, la comunicación es otra y todo se copia mucho más rápido. Entonces, este proyecto de ley, que tiene una expresión preventiva, por supuesto que tiene resistencia. La cultura del «siempre se hizo así» y del «nunca se hizo de otra manera» es una especie de axioma del ADN uruguayo, que hay que romper. Por eso, no quiero que se desnaturalice la idea principal de que acá estamos reconociendo que la influencia del dinero es perjudicial para la política. Quiero quedarme con la tradición expresada en que los políticos andaban a pie y no recurrían a los grandes medios para ganar un voto, sino que lo ganaban en el contacto. Somos dos millones de electores; somos menos que un barrio de San Pablo desde el punto de vista de las dimensiones. No tenemos grandes accidentes geográficos ni grandes distancias y, entonces, ¿cómo no podemos recorrer el país a pie, si queremos, y llegar a cada ciudadano? Ahora parece que si no hay televisión, se acaba la política. Invirtamos: los que tenemos mayor apoyo ciudadano hasta el momento estamos resignando la posibilidad, para permitir a otro que se exprese. Pero ¡cuidado!, porque mi idea de la política es otra.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: hay mucha preocupación sobre cómo se distribuye la propaganda gratuita, pero no veo la misma preocupación sobre la propaganda paga o sobre cómo funcionó el sistema hasta ahora, que lo hizo de manera completamente desigual, discrecional, arbitraria y parcial. Ese es el sistema que tenemos ahora. Puede que esta no sea la mejor ley del mundo, pero el sistema que tenemos ahora es horrible. Y me estoy refiriendo nada más que a este artículo de la publicidad electoral. Creo que el Senado no puede abdicar de su capacidad de legislar por pensar que quizá la Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional. Ya veremos.

Por otro lado, creo que la llamada «clase política»–sé que a mucha gente no le gusta esta expresión, así que la menciono entre comillas, aunque no es una verdadera clase–, los políticos y las políticas todavía no entendemos bien lo que está pasando. El fenómeno de lo que Rosanvallon alguna vez llamó «la contrademocracia», vino para quedarse. Hay juicios sumarios sobre los personajes públicos y sospechas generalizadas sobre todo; va a llegar un momento en que no vamos a poder crear más órganos de contralor porque no habrá burocracia capaz de administrar todo eso. Y eso, para ganar una legitimidad que perdemos todos los días. Es cierto que el Uruguay es el país de América Latina donde todavía hay más cercanía a la política, pero solo el 25 %, pues el 75 % no siente cercanía hacia ningún partido político. En esa sociedad de la desconfianza generalizada, la espiral infinita del dinero que se multiplica solo puede empeorar las cosas. Esta ley implica ponernos un freno. Cuando la discutimos el martes pasado dije que somos como Ulises amarrados al mástil, pero escuchando el canto de las sirenas. Tenemos que imponernos un freno a nosotros mismos, y debemos abdicar también del sentido de injusticia que nos viene porque somos el 5 %, el 3 % o el 12 %; hay que pensar con otra cabeza, con cabeza del sistema de partidos en su conjunto, y no de mi partidito en particular. ¿Qué estamos discutiendo? Son veinte minutos en total, en todo el horario, es decir que estamos discutiendo por cuatro minutos de propaganda gratuita. ¿Es realmente esa la discusión que tenemos? No lo creo.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: no paro de anotar porque son muchas las barbaridades que se están diciendo, y lo digo con todo respeto. Acá se dice que la Asamblea General interpreta la Constitución. Es cierto, la interpreta; no la reforma. Es decir, no podemos cambiar lo que dice la Constitución. No sé si se entiende la diferencia. Para cambiarla hay que ir al artículo 331 de la Constitución, juntar firmas, o proponer una constituyente, etcétera; lo que no se puede es, por la vía de la interpretación, cambiar lo que dice la Constitución sobre el principio de igualdad. Son conceptos básicos. La propia norma dice que es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259 respecto a la Suprema Corte de Justicia. Quien declara la inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia. Y la declaró. Eso es lo primero.

En segundo término, se dice que es una baja de miras o una pequeñez andar discutiendo por veinte minutos más; pero mientras nos dicen eso, el que está en el Gobierno se asegura varios minutos más. Así que la pequeñez es nuestra por plantear que ustedes se llevan la parte del león. Creo que lo que hay que hacer es sacarse la viga propia –disculpen que me ponga bíblico– en vez de ver la paja en el ojo ajeno; se dice que no hay que quejarse de estas pequeñeces y resulta que se están sacando ventajas con esta ley.

También se dice que es una engañosa afirmación la que hemos hecho acá, en el sentido de que hoy no hay libertad del elector. Es cierto; si hay que pagar, los que pueden hacerlo son los que pueden acceder. Recordemos que uno hace sus cálculos, paga y después la Corte Electoral, luego del acto, nos reembolsa. Pero mientras nos dicen eso, nos traen una norma que afecta la libertad del elector porque resulta que el discurso del que está en el Gobierno es el que más se va a pasar. Así que, en realidad, nos están diciendo que es engañosa la afirmación de que hay libertad, mientras se aseguran normas que no dan libertad al elector porque se aseguran mayor parte de la torta publicitaria. Estoy de acuerdo con que sería mejor, sin duda, que no hubiera publicidad paga. Avisen dónde hay que levantar la mano, que yo lo hago; no hay ningún problema. ¡Y que sean obligatorios los debates! ¿Saben lo que he sufrido con la publicidad en televisión? Hagámoslo, pero debatan. Cuando se los invita, vayan a los debates en televisión; no hagan lo que hacían antes, que no debatían, porque los invitamos varias veces a debatir y no fueron. Es más, quedaban las sillas vacías y les dábamos todas las garantías. Eso sí es lograr que los electores sean libres. Y decir que la Suprema Corte de Justicia está interviniendo en las políticas públicas cuando declara que una ley es inconstitucional y que no puede hacerlo, es otro error conceptual tan grosero, que realmente me pone nervioso. La Suprema Corte de Justicia no está interviniendo en nuestra posibilidad de políticas públicas. Lo que nos dice es que nuestras funciones las tenemos que cumplir de acuerdo con la Constitución; lo que nos dice es que para realizar nuestro trabajo en el Parlamento tenemos un librito, que es el que establece lo que podemos hacer y lo que no. Por tanto, no se está metiendo en las políticas públicas, sino que está defendiendo la Constitución. En definitiva, está defendiendo el derecho de todos los uruguayos y le está poniendo límites al poder, lo que –creo– es la esencia de la democracia. El partido que está en el poder debe tener límites y ese límite se lo establece la Constitución. Y es bueno que ese límite que establece la Constitución lo obedezcamos todos cuando la Suprema Corte de Justicia dice que existe.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Quiero hacer referencia al ordinal 20) del artículo 85, relativo a las competencias de la función legislativa para interpretar la Constitución a que aludía el senador Carrera. Se alude a una cuestión que siempre se maneja en la cátedra, en las clases de constitucional, es decir, a la interpretación que hace la Asamblea General de la Constitución por leyes interpretativas que, como toda ley, son generalmente obligatorias. Es decir, es una interpretación obligatoria y no la interpretación auténtica, que es la que hace la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los poderes representativos considerados al hablar de la soberanía en el artículo 82. En dicho artículo se dice que la soberanía será ejercida por el Cuerpo Electoral en determinados casos de mecanismo directo de democracia, como también por los poderes representativos, y la Suprema Corte de Justicia integra el Poder Judicial, que es uno de los poderes representativos. Es decir que no es un órgano externo, incompetente para estas cuestiones.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MUJICA.- Señora presidenta: quisiera recordar, simplemente, por qué estamos en esta discusión, o sea, cómo empezó. Se inició por la preocupación sobre la salud de los partidos, mirando una perspectiva hacia el futuro, por el peso creciente que en nuestras sociedades tienen la concentración y el peso del dinero. Todos pensamos que Uruguay, con todos sus defectos, es una democracia de partidos y que hay que defender a los partidos, por eso estamos en esta discusión. No sé si acertamos o nos equivocamos, pero en el fondo esa es la intención.

Por otra parte, esta defensa parte de una cosa elemental que rompe los ojos: los gastos en publicidad televisiva y en difusión son el rubro más importante del costo de las campañas electorales. Y si permitimos que este costo se vaya multiplicando, caminamos hacia una plutocracia, no hacia una democracia. De una forma u otra, se va a reflejar en la salud política del futuro de nuestros partidos. Por eso surgió esta discusión; por eso nos juntamos desde ángulos distintos, y sería bueno recordarlo. Subyace en todos nosotros el sueño de igualdad, de igualdad entre los semejantes, los que, naturalmente, siempre tenemos diferencias.

Quiero relatar hechos que me pasaron hace muchos años, pero no voy a dar nombres. Al segundo programa de televisión que me llevaron –el primero fue el de Sonia Breccia–, que se pasaba de noche, se llamaba El reloj. Eso significó una dura carta de reproche de un personaje muy importante de la política del Partido Colorado de aquel momento, que fue guardada por alguien, por años, en una caja fuerte. Allí se reprochaba el hecho de que me hubieran llevado a ese programa televisivo.

Podemos firmar todas las cosas de derecho que queramos, pero la cuestión humana y la definición de cada uno está dentro de nosotros y eso siempre va a correr. Y si uno habla con los trabajadores de la prensa por lo bajo, comentan cuántas veces en la historia del país quienes detentaban las funciones más importantes les reprocharon a los medios de prensa tal o cual cosa. Eso ha sido corriente en nuestra historia política, aunque tampoco quiero generalizar porque también ha acontecido lo contrario.

Por eso me parece que, probablemente, esta ley no salga o tal vez sea inconstitucional, no voy a discutir estas cosas. La Constitución es un documento hermoso, pero en el fondo toda carta magna refleja las correlaciones de clases que existen en una sociedad. En alguna medida, no pueden dejar de evitar una perspectiva en función de quienes son más fuertes en esa sociedad. Si, en el peor de los casos, esto fuera inconstitucional, nos queda el camino de publicidad cero, pero en un país donde sobran brillantes abogados, también puede ser recurrido. No sé si es eso, pero el problema de fondo es el costo de las campañas electorales, que es una trampa histórica que nos lleva a lo que no queremos. Esa es la cuestión y creo que es la preocupación que debemos mantener.

En cuanto a la discusión de los gobernantes, hay una cosa que se llama táctica que también hay que respetarla. Se puede ser un excelente discutidor. Antes que discutir con Eleuterio Fernández Huidobro –que ya no vive– era mejor toparse con una trilladora porque era un polemista brillante. Nada asegura que un polemista brillante sea un buen gobernante. No digo esto para criticar, sino para ver la complejidad. Por ejemplo, Irigoyen, que cambió la política argentina, probablemente no dio nunca un discurso abierto, pero se entrevistó con millones de personas. Acepto el hecho de que, si uno va perdiendo, desea la polémica, pero si uno va ganando, también tiene derecho a evitarla. Es parte de la libertad política, ¿o no? Porque los yanquis discuten, me lo quieren imponer. ¿Con quién discutió Herrera haciendo campañas electorales? ¿Con quién discutió Batlle? ¿Cómo se construyó este país? De alguna forma se construyó. Creo que es un elemento importante de información que no hay que tirar a la basura por el hecho de que hoy haya otros medios. También pienso que no tenemos que tragarnos la pastilla de que porque alguien sea buen discutidor, nos va a decir la verdad, se esclarecerá un programa o se darán más elementos a la gente. Me parece que es muy importante vivir como se piensa, porque de lo contrario, a la larga, terminaremos pensando como vivimos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Dado que el señor senador Pintado presentó un sustitutivo del artículo 13, corresponde votar primero el que viene de la comisión.

Se va a votar el artículo 13 con la redacción que vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 27. Negativa.

Corresponde votar el artículo 13 con las modificaciones propuestas por el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Se va a votar el artículo 13 sustitutivo propuesto por el señor senador Pintado.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: simplemente quiero dejar constancia de que el Partido Nacional no acompañó este artículo por las razones que explicitó muy bien el miembro informante por nuestra bancada, señor senador Heber.

Como fundamento de voto, voy a recurrir a una frase que está en el informe que hizo el constitucionalista Martín Risso a la comisión con respecto a este artículo 13. Dejó claro que la publicidad electoral es tan importante, que debe ser considerada como garantía de sufragio y que su regulación requiere la mayoría especial que establece el numeral 7.º) del artículo 77 de la Constitución de la república, mayoría especial que este artículo no tuvo.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 18.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: fui quien pidió el desglose de este artículo y ya fundamenté por qué motivos el Partido Independiente no va a acompañarlo. Tiene que ver con ese doble criterio para el contralor de las cuentas partidarias, según se trate de los balances o de los estados contables anuales o de la rendición de cuentas de la campaña electoral. Nos parece que debería haber el mismo nivel de exigencia para ambas situaciones y por eso no vamos a acompañarlo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

A continuación, vamos a considerar varios artículos aditivos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo aditivo que refiere a la prohibición de discriminar para las empresas de transporte colectivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–11 en 27. Negativa.

En consideración el artículo aditivo que refiere a las pintadas y pegatinas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–12 en 28. Negativa.

A continuación, corresponde considerar cuatro artículos aditivos que refieren a la obligatoriedad de los debates.

(Dialogados).

–Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los cuatro artículos referidos.

(Se votan).

–11 en 28. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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16) LLAMADO A SALA A LOS SEÑORES MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS; DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA; DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE; DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Comunicamos a los señores senadores que se ha confirmado la presencia de los señores ministros de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social para el día 28 de noviembre, a las 09:30, con motivo de la convocatoria en régimen de comisión general, a fin de informar sobre el proyecto y las negociaciones relacionadas con la instalación de la nueva planta de la empresa finlandesa UPM en nuestro país.

17) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: como resultado de un consenso en la comisión, vamos a solicitar al Senado que la consideración del tema que figura en tercer lugar del orden del día, por el que se establecen normas relacionadas con violencia hacia las mujeres basada en género, sea incluido en el orden del día de la sesión del miércoles 15 de noviembre.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

(Consultar la presentación exhibida en sala en la versión web de este Diario de Sesiones).

18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto oportunamente, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:42, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Carámbula, Carballo, Carrera, Coutinho, Delgado, Gallicchio, Garín, Heber, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.