Retorno a página principal

N.º 8 - TOMO 564 - 18 DE ABRIL DE 2017

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

8.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA MÓNICA XAVIER Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA: EL TITULAR HEBERT PAGUAS, Y EL PROSECRETARIO LUIS CALABRIA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) y 16) Pedidos de informes

– La señora senadora Alonso solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Energía, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), a la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con el cumplimiento de la Ley n.º 16832.

– El señor senador Delgado solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la situación del horno n.º 3 adquirido por dicho organismo.

– El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la campaña denominada Beneficio para Industrias Eficientes.

• Oportunamente fueron tramitados.

5), 10) y 18) Solicitudes de no archivo de carpetas

• Por moción de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, el Senado resuelve no archivar las carpetas n.os 92/2015, 128/2015, 237/2015, 248/2015, 527/2016, 537/2016 y 576/2016.

•Por moción de la señora senadora Xavier, el Senado resuelve no archivar las carpetas n.os 616/2016, 714/2016 y 725/2016, a estudio de la Comisión de Medio Ambiente.

• Por moción del señor senador Mieres, el Senado resuelve no archivar la carpeta n.º 134/2015, de la Comisión de Asuntos Internacionales.

• Por moción de los miembros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, el Senado resuelve no archivar las carpetas n.os 103/2015, 466/2016, 483/2016 y 626/2016.

6) Exposiciones escritas

– El señor senador Camy solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

• con destino a la Embajada de la República de Alemania en Uruguay y a la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, doctora Kristin Wesemann, relacionada con el cumplimiento de los 50 años de la desaparición física del primer canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Hermann Joseph Adenauer;

• con destino a la Embajada de la República de Alemania en Uruguay, al Colegio Alemán Delta y a las autoridades de la Colonia Delta, departamento de San José, relacionada con la conmemoración de los 60 años de la fundación del Colegio Alemán Delta, del departamento de San José.

•Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

8), 11) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Tourné, Alonso, Moreira, Bordaberry, Coutinho y Delgado.

– Quedan convocados los señores senadores Pardiñas, López Villalba, Beramendi, Eguiluz, Pesce y Argimón.

9) Informe de la Unasev correspondiente al año 2016

– Manifestaciones del señor senador Camy.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad, así como a la Unasev.

12) Postergación del numeral primero del orden del día

• La presidencia informa que como no se han planteado propuestas, se posterga la consideración del numeral primero del orden del día.

13) y 17) Actos de discriminación y femicidio

– Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal.

•Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Proyecto presentado

– El señor senador Bordaberry presenta un proyecto de ley por el que se prohíbe a partir del año 2030 la importación de vehículos propulsados por motores de combustión interna y su circulación luego del 31 de diciembre del año 2035.

•Pasa a la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

19) Doctora Claudia Giselle Kelland Torres. Designación como ministra de Tribunal de Apelaciones

– Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia.

•Concedida.

20) Levantamiento de la sesión

•Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve postergar el tratamiento de los demás asuntos del orden del día y levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 6 de abril de 2017

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 18 de abril, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la república).

2.º) Continuar con la discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, sobre actos de discriminación y femicidio.

Carp. n.º 435/2015 - rep. n.º 416/2017 - rep. n.º 416/2017 anexo I

3.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, a la doctora Claudia Giselle Kelland Torres.

Carp. n.º 761/2017 - rep. n.º 418/2017

4.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo:

– a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, “Dirección Nacional de Hidrografía”. (Plazo constitucional vence el 15 de mayo de 2017).

Carp. n.º 762/2017 - rep. n.º 419/2017

– a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, “Dirección Nacional de Minería y Geología”. (Plazo constitucional vence el 16 de mayo de 2017).

Carp. n.º 763/2017 - rep. n.º 420/2017

5.º) Discusión única de un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa de un proyecto de ley por el cual habilita a los profesionales universitarios no incluidos dentro del régimen jubilatorio de la caja de profesionales para que puedan continuar ejerciendo su profesión posteriormente a su jubilación como trabajadores independientes.

Carp. n.º 600/2016 - rep. n.º 410/2017

6.º) Discusión única de un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa de un proyecto de ley por el cual se establecen modificaciones a la Ley n.º 19161, de 1.º de noviembre de 2013, Subsidios por Maternidad y por Paternidad para Trabajadores de la Actividad Privada.

Carp. n.º 672/2016 - rep. n.º 412/2017

7.º) Discusión única de un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa de un proyecto de ley por el cual se establecen modificaciones a la Ley n.º 19161, de 1.º de noviembre de 2013, Subsidios por Maternidad y por Paternidad para Trabajadores de la Actividad Privada.

Carp. n.º 713/2016 - rep. n.º 413/2017

8.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se designa con el nombre General Líber Seregni y se declara ciudad el municipio de Nicolich, departamento de Canelones.

Carp. n.º 734/2016 - rep. n.º 421/2017

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aviaga, Ayala, Beramendi, Besozzi, Camy, Carámbula, De León, Delgado, Eguiluz, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, López, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Saravia, Topolansky y Tourné; y a las 11:24 ingresa la señora senadora Argimón.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Bianchi, Bordaberry, Cardoso, Coutinho y Moreira; y a las 11:24 se retira con licencia el señor senador Delgado.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:38).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con los mecanismos de control para las compras de crudo.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR MIERES.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con la ejecución del Proyecto de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR MIERES.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a una exposición escrita presentada por los señores senadores José Carlos Cardoso y Javier García, relacionada con la instalación de un anexo a la Escuela Técnica de Lascano.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES CARDOSO Y GARCÍA.

Asimismo, remite respuesta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a un pedido de informes presentado por el señor senador Sebastián da Silva, de 15 de junio de 2016, relacionado con la adquisición de vehículos oficiales.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DA SILVA.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Senado, solicita que no pasen al archivo las siguientes carpetas: 92/2015, 128/2015, 237/2015, 248/2015, 527/2016, 537/2016 y 576/2016.

–SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informado un mensaje de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la república, solicitando la aprobación correspondiente para designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Claudia Giselle Kelland Torres.

Asimismo, eleva informes relacionados con los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo por los que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo:

• a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

• a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informado un proyecto de ley por el que se designa con el nombre General Líber Seregni y se declara ciudad el Municipio de Nicolich, departamento de Canelones.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se designa Solar del Charrúa la escuela n.º 49 de la ciudad de Colonia del Sacramento, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, se cursen las siguientes exposiciones escritas:

• con destino a la Embajada de la República de Alemania en Uruguay y a la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, doctora Kristin Wesemann, relacionada con el cumplimiento de los 50 años de la desaparición física del primer canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Hermann Joseph Adenauer;

• con destino a la Embajada de la República de Alemania en Uruguay, al Colegio Alemán Delta y a las autoridades de la Colonia Delta, departamento de San José, relacionada con la conmemoración de los 60 años de la fundación del Colegio Alemán Delta, del departamento de San José.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «La señora senadora Verónica Alonso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Energía, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), a la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con el cumplimiento de la Ley n.º 16832, de 17 de junio de 1997, sobre administración del mercado eléctrico.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

a001.jpg

a002.jpg

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «El señor senador Álvaro Delgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la situación del horno n.º 3 adquirido por dicho organismo.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

b001.jpg

b002.jpg

b003.jpg

5) SOLICITUDES DE NO ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de la Comisión de Medio Ambiente, de la que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados, por la que pide mantener a estudio las carpetas n.os 92/2015, 128/2015, 237/2015, 248/2015, 527/2016, 537/2016 y 576/2016.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

6) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de las exposiciones escritas de las que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se envían a los destinos en ellas indicados las exposiciones escritas presentadas por el señor senador Camy.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita relacionada con el cumplimiento de los 50 años de la desaparición física del primer canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Hermann Joseph Adenauer).

c001.jpg

c002.jpg

(Texto de la exposición escrita relacionada con la conmemoración de los 60 años de la fundación del Colegio Alemán Delta, del departamento de San José).

d001.jpg

d002.jpg

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- A la sesión ordinaria del día 5 de abril faltaron con aviso las señoras senadoras Aviaga y Matiaude.

A la sesión de la Comisión especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo del día 3 de abril faltaron con aviso las señoras senadoras Aviaga y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del día 3 de abril faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Aviaga y Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del día 3 de abril faltó con aviso el señor senador Mujica.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del día 4 de abril faltó con aviso la señora senadora Matiaude; y a la del día 5 de abril faltó con aviso la señora senadora Matiaude.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del día 4 de abril faltaron con aviso los señores senadores Aviaga y Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del día 5 de abril faltaron con aviso los señores senadores Argimón y Mujica.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del día 5 de abril faltó con aviso el señor senador Camy.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 5 de abril faltó con aviso la señora senadora Beramendi.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del día 5 de abril faltó con aviso la señora senadora Aviaga.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 6 de abril faltó con aviso la señora senadora Passada.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 6 de abril faltó con aviso la señora senadora Alonso.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 5 de abril de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia del 11 al 14 de mayo, de conformidad con la Ley n.º 17827, artículo 1.º, literal D), que establece la causal “ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política, dentro o fuera del país”.

Motiva la solicitud de mi asistencia la invitación del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizará los días 12 y 13 de mayo en la ciudad de Panamá, República de Panamá. (Adjunto copia de la invitación).

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Daisy Tourné. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Corresponde convocar al suplente respectivo, señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 7 de abril de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted licencia por motivos personales a la sesión ordinaria del día 18 de abril del corriente.

Sin otro particular, saludo con la más alta estima.

Atentamente,

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Daniel Peña ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 18 de abril de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración.

Por la presente, solicito licencia el día martes 18 de abril de 2017, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 20. Afirmativa.

Se comunica que los señores Rafael Paternain, Virginia Cardozo y Federico Preve han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Beramendi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 18 de abril de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos particulares, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, los días 18, 25 y 26 del corriente mes.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Corresponde convocar a la suplente respectiva, señora Cecilia Eguiluz, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) INFORME DE LA UNASEV CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: queremos referirnos a los datos que han surgido del informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial del año 2016, que reflejan claras disparidades en el territorio nacional.

En el año 2016, Uruguay registró el menor número de muertes ocasionadas por accidentes de tránsito de los últimos cinco años, aunque lamentablemente se registraron 446 víctimas fatales. Al mismo tiempo y respecto del año 2015, el índice de mortalidad disminuyó de 14,6 decesos cada 100.000 habitantes a 12,8. Sin embargo, cuando analizamos detalladamente la realidad nacional, se registran solo cinco departamentos que reflejan guarismos por debajo de la media nacional. Hay una clarísima desigualdad entre lo que, por ejemplo, registra el departamento de Rivera, que presenta estándares europeos con un índice de 3,7 muertes cada 100.000 habitantes, y lo que registran –en el otro extremo– Florida o San José, cuyas cifras están por encima de 20 muertes cada 100.000 habitantes. De aquí surge, también, la complejidad que motiva la solicitud que queremos realizar.

Si bien el 48,2 % de la siniestralidad en esos departamentos ocurre en las ciudades y caminos departamentales, la mayor cantidad de fallecimientos se producen en las rutas nacionales que atraviesan esos departamentos. Por ejemplo, en San José, en el año 2016, fallecieron siete personas que circulaban por las ciudades o por los caminos departamentales y dieciséis que lo hacían por rutas nacionales.

Unasev está orientando el trabajo con una visión nacional. Los números registran aspectos que debemos destacar. Incluso, se ha definido un Plan Nacional Operativo de Seguridad Vial –así se denomina–, cuyo objetivo es lograr acuerdos con los Gobiernos departamentales para implementar planes de acción conjunta. Creo que Salto, Paysandú, Durazno, San José y Río Negro ya han firmado ese plan.

Concretamente, nos alarma que en el departamento de San José el 80 % de los fallecidos por accidentes de tránsito en el pasado año se registren en rutas nacionales. Por lo tanto, queremos plantear que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas evalúe técnicamente cuáles son las intervenciones concretas a ejecutar en los siguientes cuatro puntos críticos: km 112 de la ruta nacional n.º 23, localidad de Estación González; km 124 de la ruta n.º 23, localidad de Mal Abrigo, cuya población está muy preocupada por el tema ya que sobre la propia ruta está la escuela urbana n.º 60; km 40 de la ruta n.º 11 en la intersección con la ruta n.º 23, pueblo Juan Soler, donde hay una importante movilización de vecinos que han levantado firmas y que, seguramente, ya las han canalizado por las vías correspondientes ante aquella secretaría de estado, y los km 71 y 72 de la ruta n.º 3, localidad de Villa María, punto que seguramente esté comprendido en el proyecto de participación público-privada que se ha presentado y ojalá que ya se estén encaminando las intervenciones que corresponda realizar.

En esos puntos, en algunos de los cuales se confunde el tránsito local con el nacional, se generan focos de alto riesgo y, reitero, han posicionado al departamento de San José en el podio de los departamentos con más fallecidos por accidentes de tránsito. Felizmente, la política nacional que se está llevando a cabo ha dado resultado porque los casos vienen descendiendo en todo el país, pero, reitero, se registra una altísima disparidad que lleva a que departamentos como Rivera reflejen, por suerte, estándares de tipo europeo, mientras que en otros, como Florida, se observen estándares peores que los de África. Si en esos departamentos la causa principal está en las rutas nacionales, consideramos oportuno y necesario que se focalice, desde un punto de vista técnico, un estudio puntual de esos casos a efectos de que este flagelo continúe descendiendo pero en la totalidad del país.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a los efectos que estamos sugiriendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Y seguramente también a la Unasev.

SEÑOR CAMY.- Así es, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

10) SOLICITUDES DE NO ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: quiero solicitar que no se archiven y continúen a estudio de la Comisión de Medio Ambiente las carpetas n.os 616/2016, 714/2016 y 725/2016.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 18 de abril de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día martes 18 de abril del corriente.

Sin otro particular, lo saludo al señor presidente muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Gustavo Cersósimo y José Amy han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.

Correspondería considerar el asunto que figura en primer término; sin embargo, como no hemos recibido propuestas, se posterga nuevamente su consideración.

13) ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y FEMICIDIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, sobre actos de discriminación y femicidio. (Carp. n.º 435/2015 - rep. n.º 416/2017 - rep. n.º 416/2017 anexo I)».

(Antecedentes: ver 7.ª S. O.).

–Continúa la discusión general.

En la sesión pasada recibimos el informe de la señora senadora Payssé.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Señor presidente: muy buenos días a todos y también a todas las que nos acompañan hoy en la consideración de este proyecto de ley.

Trabajamos en la comisión que se ocupó del tratamiento de esta iniciativa. Allí la acompañé con mi voto y quiero hacerlo también en esta sesión, a los efectos de su aprobación.

La Comisión de Constitución y Legislación tomó como punto de partida de su trabajo el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo –carpeta n.º 435 de 2015–, intentando dar respuestas a falencias que en esta temática tenemos en nuestro ordenamiento jurídico.

Como lo expresó la miembro informante, en el artículo 311 del Código Penal se incluyó a los excónyuges, exconcubinos o exconcubinas como forma de dar respuesta a los casos de homicidios cometidos por personas a sus exparejas.

Por otro lado, en el artículo 312 se incorpora una nueva figura al Código Penal, que es la de femicidio.

En lo que respecta al término, vale señalar que en la comisión discutimos cuál era apropiado utilizar, si «femicidio» o «feminicidio», para anexar como figura al Código Penal, y más allá de que en el Diccionario de la lengua española el término que aparece es «feminicidio», en la comisión optamos por el otro.

La idea es dar una respuesta a esta problemática teniendo en cuenta el punto de vista de las ciencias sociales, de los movimientos de la sociedad civil y feministas a lo largo de la historia, que han pretendido –en un proceso histórico que continúa y avanza– dar luz y crear conciencia acerca de este flagelo que, como todos sabemos, ha existido y permanece, porque día a día los números hablan y en las estadísticas está registrado. Lo que estamos haciendo es tomar conciencia de esta problemática que nos invade.

En realidad, celebro que hoy en el mundo, en nuestra Latinoamérica, en nuestro país, en nuestra sociedad y, en particular, en la Cámara de Senadores, estemos discutiendo y aprobando proyectos de ley que lo que pretenden es –como dije antes– dar luz y respuesta a temas históricamente mantenidos en la sombra. Hoy las estadísticas y los números vertidos por ellas rompen los ojos, no son para nada agradables y mucho menos compartibles. Evidencian una problemática contundente de la que debemos hacernos cargo como sociedad. A su vez nosotros, como legisladores, debemos dar señales claras al respecto, tal como hoy lo estamos haciendo al votar este proyecto de ley.

No podemos tolerar la violencia en ninguno de sus aspectos ni exponentes, menos aún la infligida a las mujeres por su condición de tales. Por eso hemos trabajado con ahínco desde la comisión y acompañado con nuestro voto este proyecto de ley, que esperamos sea aprobado por unanimidad en esta cámara.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: desde el Partido Independiente vamos a acompañar con total convicción este proyecto de ley que establece como agravante muy especial de los homicidios aquellos cuya motivación corresponde al asesinato de una mujer por razones de menosprecio, desprecio u odio, por su condición de tal, o aquellos que se perpetran como acto de discriminación.

La iniciativa fue discutida seria y profundamente –como corresponde– en la Comisión de Constitución y Legislación. Escuchamos las distintas voces que nos asesoraron sobre el tema y llegamos a una convicción muy fuerte: hay momentos en la vida de una sociedad en que es imprescindible dar señales políticas desde quienes ejercemos la representación de esa sociedad, del pueblo mismo. Esa señal política hoy tiene que ver con una situación que duele en el alma y que, además, es tremenda y terrible: la proliferación de los homicidios de mujeres por su condición de tales. Es en circunstancias como estas cuando el sistema político debe dar señales claras, rotundas y firmes.

Algunos han dicho que en la motivación de quienes perpetran esta barbarie no está en consideración el cuánto de la pena. Lo señaló el propio fiscal de corte en oportunidad de su comparecencia, y es muy probable que así sea. Por lo tanto, estamos votando este proyecto de ley no porque efectivamente creamos en una disuasión en el momento, pero sí creemos que esto genera un clima de confrontación con estas circunstancias que puede generar una disuasión. El clima «societal», la marcha multitudinaria del 8 de marzo y este gesto legislativo de aprobar una norma que aumenta la sanción cuando este tipo de crímenes ocurre, van generando un ambiente que busca y pretende que este tipo de conductas desaparezca. Creo que, en ese sentido, el proyecto de ley que estamos votando sí tiene un rol disuasorio. Se pretende crear un clima fuerte de censura, de condena y de cuestionamiento, y en tal sentido vale la pena; pero aunque no lo lograra –el propio fiscal de corte también lo expresó en su manifestación ante la comisión– constituye una señal. Muchas veces la legislación no tiene estrictamente el sentido de lograr el efecto disuasorio sobre el delincuente, sino el de decir, como sociedad, qué es lo que se condena y qué lo que se rechaza. En ese sentido está clara nuestra posición, más allá de la discusión terminológica sobre femicidio o feminicidio, que no es relevante. Lo verdaderamente relevante es el contenido de la conducta que estamos sancionando y condenando.

También se ha dicho que esta norma puede ser inconstitucional por violar el principio de igualdad. Rechazo terminantemente esta interpretación que, ciertamente, considero muy rara, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, desde nuestro punto de vista, cualquier agravante implica, necesariamente, tratar distinto a las personas. Cualquier agravante en materia penal implica que cuando se dan determinadas circunstancias, subjetivas u objetivas, se incorpora una sanción mayor. Entonces, no existe la violación que se alega, pues con ese criterio se estaría violando el principio de igualdad en todos los casos en que se establecen agravantes o atenuantes en el derecho penal. No tiene fundamento. Estamos hablando de un determinado tipo de homicidio, de una determinada motivación y de determinadas circunstancias. En el derecho penal esos son los elementos que se toman en cuenta para determinar si el delito, en este caso de homicidio, es decir, el de quitar la vida a cualquier ser humano –y eso sí está con un criterio de igualdad obvia–, se agrava cuando ocurren determinadas circunstancias que pueden ser subjetivas u objetivas. Y esto es lo que estamos haciendo: determinando una nueva circunstancia, en este caso subjetiva, que tiene que ver con la motivación del homicida, para determinar un grado mayor de penalidad; estrictamente es eso.

Por último, para terminar de fundar nuestro voto totalmente favorable a la norma, vale la pena señalar que estamos incorporando como agravante muy especial todo homicidio motivado por discriminación, no solo de género sino también de orientación sexual, de raza, de religión, de etnia, etcétera. Para decirlo más claramente, citamos como ejemplo el asesinato de Fremd el año pasado en Paysandú; sería un caso en el que se estaría incorporando un aumento del agravamiento de la pena, porque se trata de un delito cometido por un móvil de discriminación, de odio racial. Entonces, este proyecto de ley tiene esos dos componentes: el componente central, por el que llevamos adelante la discusión, es decir, la figura del femicidio como agravante muy especial, y la incorporación del delito motivado por cualquier tipo de discriminación como agravante muy especial.

Así que, señor presidente, votamos con total convicción este proyecto de ley.

Nos parece bien la modificación sugerida en relación con la presencia de menores de edad al momento en que ocurra el homicidio. Esto es, que se trate de una agravante general –no solo en los casos que podrían estar indicando femicidio–, por el hecho del impacto que se genera sobre cualquier menor de edad, independientemente del vínculo con la víctima o con el homicida.

En síntesis, vamos a acompañar este proyecto de ley con la modificación propuesta respecto de lo que se votó en comisión, totalmente convencidos de que es una señal política ineludible que nuestro país debe dar en estos momentos.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: el Partido Nacional acompaña estos dos artículos que modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal y agregan otras figuras delictivas.

A nosotros nos parece que en los más de dos años que ha venido sesionando el Parlamento en esta legislatura muchas veces hemos discutido en esta sala criterios generales sobre el tema y, de alguna manera, se han enfrentado dos visiones, una del oficialismo y otra de la oposición, cuando hemos concurrido para generar mayor seguridad a la población. Lo discutimos en la Torre Ejecutiva con el señor presidente de la república, lo hemos discutido en esta sala y también en la comisión y, como acabo de señalar, se han visto enfrentadas dos tesis: la del oficialismo y la de la oposición. El oficialismo ha sostenido y sostiene que el agravamiento de penas, esto es, castigar con más penas a quien delinque contra la vida y destruye nuestra sociedad, no corrige el sistema, no corrige la situación de inseguridad. Es una tesis que hemos escuchado en esta sala.

Por el contrario, señor presidente, nosotros hemos sostenido algo muy distinto, a veces incluso en compañía del propio ministro del Interior, quien en conversaciones mantenidas en la Torre Ejecutiva ha dicho que nuestro sistema penal no castiga y, sobre todo, impone penas mínimas –no me refiero a las máximas– de unos pocos meses, de 20 o 22 meses, de modo que cuando se quita la vida a otra persona el delito puede ser excarcelable.

Hay proyectos, señor presidente, que no se han tratado en la Comisión de Constitución y Legislación y que fueron aprobados en la Torre Ejecutiva, entre ellos, por ejemplo, el del homicidio intencional. Es sabido que en el Código Penal vigente en Uruguay, para tal figura se establece una pena de 22 meses; es un delito excarcelable, y obsérvese que estamos hablando de alguien que tiene la intención de matar.

A su vez, no hemos visto en la Cámara de Representantes la «celeridad» –dicho entre comillas porque sabemos que el Parlamento no es rápido, sino que demora en sancionar leyes– que el año pasado tuvo el Senado de la república al votar el agravamiento de penas para los narcotraficantes. Todavía no entendemos cómo ese proyecto de ley hasta el día de hoy no ha sido sancionado en la Cámara de Representantes, cuando fue aprobado en la Torre Ejecutiva –en oportunidad de desarrollarse los diálogos por la seguridad–, donde se nos dio el respaldo y se nos dijo que estaban los votos como para poder apoyarlo en ambas cámaras. Lo cierto es que está trancado y, a nuestro juicio, debería formar parte de un paquete de iniciativas en las que debe castigarse con más penas a quien delinque contra la vida y a quien destruye nuestra sociedad, porque el flagelo del narcotráfico provoca la dependencia y también la destrucción de la unidad familiar.

Por último, señor presidente, hemos presentado otros proyectos con los que también se estuvo de acuerdo en la Torre Ejecutiva, entre ellos, por ejemplo, el que propone el agravamiento de penas cuando se mata a un policía, a un juez o a un fiscal. Creemos que esa es la forma de defender a quien nos defiende, a quien tiene que defendernos en la calle y todos los días.

Nosotros no tenemos distintos discursos, sino que somos coherentes con lo que sostenemos. Hoy estamos ante este proyecto de feminicidio o femicidio, como se le quiera llamar –a esta altura se puede llamar de las dos maneras, pues si bien tuvimos una larga tesis por parte del señor fiscal sosteniendo que la palabra correcta era «feminicidio», creemos que no hace a la cuestión la terminología que se establece en el artículo 2.º del texto–, y realmente creemos que deben agravarse las penas cuando se mata a una mujer por el motivo que fuere. Y por eso entendemos que de alguna manera en el resto del código se debe tener la coherencia de agravar las penas también cuando hay un homicidio de carácter intencional, independientemente de si se trata o no de una mujer. Si sostenemos que el homicidio con intención debe ser penado más fuertemente de lo previsto en nuestro Código Penal, con vistas a la reeducación y la reinserción en la sociedad; si creemos que la pena máxima de cinco años para los menores que delinquen y que matan a otra persona no es suficiente para reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad –tesis que hemos escuchado del señor ministro del Interior, quien en plena negociación en la Torre Ejecutiva expresó que la pena máxima de cinco años que recibe un menor cuando mata a otra persona no se cumple, ya que muchas veces sale a los dos o a los tres años–, al igual que el señor ministro consideramos que debemos modificar esta situación y lograr que se cumpla la verdadera pena que establece el Código Penal. O sea que debemos buscar la forma de que se cumpla la pena de cinco años cuando el menor mata, cuando es un homicida.

Precisamente, durante el período anterior nuestra bancada presentó proyectos al respecto –en señor senador Larrañaga aquí, y nosotros en la Cámara de Representantes–, sabiendo que los cinco años que se establecen como pena máxima para un menor que delinque, al punto de quitar la vida a una o más personas, no se cumplen. El propio ministro, en las reuniones en la Torre Ejecutiva –aclaro que no pidió reserva en sus conversaciones–, sostuvo que dos o tres años de cumplimiento efectivo de pena no alcanzan para lograr la reeducación y la reinserción de estos menores en la sociedad.

Señor presidente: frente a esta situación no tenemos un doble discurso. Creemos que lo que se aplica para el resto de la población debe hacerse extensivo para el femicidio. De ahí, pues, nuestro apoyo a este proyecto de ley que, tal como lo establece su artículo 2.º, castiga y busca generar un mayor nivel de pena a quien mata a una mujer por su condición de tal. Nos parece bien. Por supuesto, en la discusión pública se ha sostenido que esta norma generaría una situación de desigualdad. En mi opinión, la desigualdad está en la sociedad y, por eso, el Código Penal debería defender a la mujer que, por distintos motivos y en función de su condición, es objeto de homicidios y femicidios, tal como lo reflejan las alarmantes cifras récords que se han dado en los últimos tiempos.

Respecto al articulado, coincido con lo expresado por el señor senador Mieres en cuanto a que es muy importante la modificación que se establece al artículo 312 del Código Penal, al agregar el numeral 7.º que dispone, dentro de las circunstancias agravantes muy especiales, cuando el homicidio fuera cometido: «Como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad». Vuelvo a decirlo: es muy importante que se consagre y se establezca esta disposición, cuando el motivo obedece a un tema de discriminación religiosa, sexual, de género, de origen étnico o de discapacidad. A mi juicio, este es uno de los puntos que, adecuando la legislación, apunta a las penas y al castigo en una sociedad que quiere defenderse de estos flagelos.

El numeral 8.º fue muy discutido en la comisión, ya que ingresa en un detalle que nos genera muchas dudas. Todos conocemos la habilidad de quienes, en el proceso judicial, ejercen la defensa de los homicidas que puedan cometer este tipo de delitos. Por eso tememos –o dudamos– que el detalle en exceso pueda generar herramientas o escudos que no logren nuestra intención, que es la de castigar a aquel que mata a una mujer por distintas razones o por el solo hecho de su condición de tal. Concretamente, este literal 8.º, cuando refiere al femicidio establece: «Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal». Pensamos que lo que allí se expresa es lo suficientemente general como para dar al juez las potestades para actuar y agravar las penas a un delincuente y a un asesino que ha generado esta situación. Sin embargo, a continuación, se agrega: «Sin perjuicio de otras manifestaciones, y salvo prueba en contrario, se considera que existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal, cuando:», y luego viene el detalle. Pues bien, tenemos dudas de que este detalle consagrado en el proyecto de ley habilite un vericueto por medio del cual el abogado defensor evite la posibilidad de que se condene con la contundencia que queremos a quien mató a una persona.

Luego, el literal a) establece: «A la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima».

Pero, el literal b) expresa: «La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad». Entendemos que es difícil definir esto en la vida real, en el juzgado, cuando se quiere penar a alguien que mató a una persona. ¿Cómo se establece si el autor tenía enamoramiento, afectividad o intimidad?

Reitero: tenemos dudas. No obstante, a pesar de ellas, preferimos acompañar la iniciativa de modo tal de poder dotar al juez de las herramientas necesarias para que pueda penar a quien mata.

Quizá después la realidad nos muestre otras situaciones –¡esperemos que no!–, pero deseamos que con estos literales tan específicos y concretos se pueda establecer lo que consideramos muy importante: la defensa de la vida, nada más ni nada menos.

Por último, coincido con lo manifestado por la miembro informante, señora senadora Payssé, en el sentido de que el literal d) del numeral 8.º del artículo 312, establecido en el artículo 2.º del proyecto, se traslade al artículo 311 del Código Penal, por el que se pena cualquier tipo de delito cometido frente a menores, sin entrar a la discusión de si existe o no una relación de parentesco entre ellos. Este sería otro detalle que podría llevar a que mañana no se penalice a quien mata a una persona frente a niños, contrariamente a lo que buscamos. Por eso, digo expresamente, para que conste en la versión taquigráfica, cuál es la intención del legislador: queremos penar a quien mate a una mujer y agravar las penas, y si esta acción se comete en presencia de niños, con más razón.

Nuestro sistema penal no prevé la pena de muerte y me parece bien que así sea. Si no me equivoco, en 1908 tuvo lugar el último proceso con pena de muerte en el Uruguay, en un conocido caso que sucedió en el departamento de Lavalleja; después de ese episodio se cambió la legislación y no se aplicó más la pena de muerte. Ahora bien, creemos que la delincuencia sí la tiene. Insisto: el Estado no la tiene –y está bien que así sea– pero debe defenderse. Si pretendemos defender la vida –tal como queremos– en esta, nuestra sociedad, tenemos que ser muy rigurosos y muy duros cuando alguien le quita la vida a otra persona. De manera coherente, el Estado uruguayo tendría que ser durísimo en este sentido pero, justamente, nuestra pena máxima es de treinta y cinco años –treinta más quince, me acota el señor senador Lacalle Pou–, para el caso de agravamiento de penas. Esta situación nos hace sentir que el Estado uruguayo no defiende con la misma coherencia, es decir con dureza, cuando se atenta contra la vida. Fíjense, señores senadores: no puede ser que a un menor de dieciocho años que mató a otra persona, sea por el motivo que fuere, se le aplique una pena máxima de cinco años; no puede ser, señor presidente, que sea un elemento de presión el hecho de que la sociedad uruguaya manifieste que quiere más penas cuando se mata a una mujer por su condición, por su género. Este proyecto de ley agrega la discriminación por la identidad de género, la raza u origen étnico, la religión o la discapacidad.

Nosotros también levantamos esta bandera y apoyamos este proyecto de ley, aun con dudas de que en la práctica muchos detalles generen laberintos jurídicos que ocasionen que no se llegue a castigar con la contundencia que se pretende a quien mata a una mujer por su condición de tal. Veremos qué ocurre en la práctica, pero esperamos que este sea un instrumento para penalizar a los violentos y dar el mensaje de que el Estado uruguayo va a castigar con toda severidad todos los casos en los que se atente contra la vida, ya se trate de una mujer, de niños o de cualquier persona que lo único que hace es vivir en sociedad. Esperamos que de esta manera podamos superar esa incertidumbre de no saber realmente qué pena se le va a aplicar a quien asesinó a otra persona y de que quede en manos del Poder Judicial.

Como decía, nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero manifestamos claramente: ¡ojalá esta sea la herramienta que necesita nuestro país para detener la barbaridad y el exceso de una sociedad enferma, donde nos enteramos todos los días de una muerte ocurrida de esta forma!

Hace pocos días hubo otro intento de asesinato. Creo que la mujer se salvó y el autor se suicidó. ¡Esa fue otra barbaridad! Ante esas situaciones, en una sociedad muy violenta como en la que lamentablemente vivimos hoy, las señales que se den desde el Parlamento y desde el Estado uruguayo en cuanto a que se va a ser muy duro cuando se utilice la violencia indiscriminada sobre la mujer o sobre cualquier otra persona, son un paso muy importante.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos y saludamos la presencia de quienes nos acompañan desde la barra, así como la de los alumnos de 5.º año del Colegio del Sur.

Muchas gracias por la visita.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- En mi calidad de miembro informante, el miércoles 5 hice un informe en nombre de toda la comisión, ya que el proyecto se había votado por unanimidad, aunque con los matices que se están manifestando en sala que, por supuesto, es bueno que se expresen. Sin embargo, por lo menos en dos oportunidades el senador preopinante dijo que desde la bancada de gobierno había doble discurso y que sistemáticamente se niega a aumentar las penas, lo que por supuesto me obliga a hacer alguna aclaración.

Señor presidente: ¡acá no existe ningún doble discurso! Por primera vez estamos tipificando un delito y lo estamos ubicando en el Código Penal en el lugar que consideramos que le corresponde. Por lo tanto, esta es una novedad.

En primer lugar, estamos introduciendo una tipificación en el lugar en el que acordamos y consideramos. En segundo término, la bancada de gobierno –no solo esta– ha dicho y sigue sosteniendo que el aumento de las penas per se no genera una disminución de los delitos, y eso es algo que quiero reafirmar. Pero también quiero decir que en la dinámica en la que se desarrollan las sociedades existen nuevas circunstancias que obligan a introducir nuevas tipificaciones o a readecuar el Código Penal. No en vano la Cámara de Representantes está considerando una modificación del Código Penal, que viene lenta, pero viene. Por ejemplo, la bancada de gobierno votó una modificación y aumentó las penas para el delito de abigeato porque consideró que había que adecuarlas a la realidad actual. Entonces, decir lo que no es induce a error, pero callarse cuando el error es constatado sería, por lo menos a mi juicio, una circunstancia en la que no quiero permanecer.

Con respecto a los otros temas que desarrolló el señor senador preopinante no me voy a extender ahora porque no son el motivo de esta convocatoria, pero es bueno que quien quiera referirse a ellos lo haga. Simplemente quiero decir: habrá oportunidad de seguir avanzando en el debate y en la aprobación de los proyectos vinculados a los acuerdos a los que se llegó en la Torre Ejecutiva. En el Senado solo está pendiente uno de ellos. Por lo tanto, me niego a hablar de doble discurso o a que se diga que hay doble discurso, aunque le otorgo el derecho a que lo diga quien lo considere así, y a mí el derecho a negarlo.

Por otro lado, en el extenso informe del proyecto de ley intenté representar las voces y los matices que existieron en la comisión, e hice un detallado análisis semántico y no semántico sobre «feminicidio» o «femicidio», que no voy a reiterar para no cansarlos, pero la versión taquigráfica está a disposición.

Con respecto al planteo que hizo el señor senador Heber sobre las presunciones que ahora se desarrollan en cuatro literales –antes eran cinco, pero hay uno que vamos a modificar o a ubicar en otro lugar–, quiero decir que recibimos opiniones que tenían matices, pero ninguna de ellas fue determinante para que se decidiera que no debían estar o que fuera imprescindible que estuvieran. Por lo tanto, los legisladores y las legisladoras, que tenemos la obligación y la responsabilidad de legislar, optamos por poner en el texto algunas presunciones relativas –no absolutas–, que no tienen carácter taxativo. Eso está bien aclarado y bien interpretado en la intervención que hizo el grupo Derecho y Género con las doctoras Alicia Castro y Flor de María Meza.

No es algo menor que luego de la tipificación de femicidio y antes de mencionar los literales, el proyecto de ley diga –como bien apuntó el señor senador preopinante– «sin perjuicio de otras manifestaciones», pues con esa expresión se indica que las presunciones son relativas y no absolutas, y que la norma no es taxativa; pero para dar más garantías se aclara que va a ser «salvo prueba en contrario».

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–En síntesis, señor presidente, creo que está más que claro que el espíritu que nos animó fue el de dar garantías y que los operadores del sistema judicial, en uso de su sana crítica, interpretarán este texto como un indicador y no como una presunción absoluta que no admite otra cosa que lo que dicen los literales.

Gracias.

SEÑORA BERAMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BERAMENDI.- Mi intervención se va a enfocar en tres aspectos: el primero, el problema público que se trata de resolver con este proyecto de ley; el segundo, la construcción de este problema público en la sociedad uruguaya y en el sistema político; y, el último, su relación con las políticas públicas vigentes y la conceptualización específica de femicidio.

La primera pregunta que debemos hacernos es cómo las desigualdades entre hombres y mujeres y sus efectos empezaron a consolidarse como problema público o cuánto tiempo ha pasado en la historia de la humanidad para que la desigualdad entre hombres y mujeres se transformara en un tema público y, por lo tanto, objeto de políticas. No voy a hacer un análisis histórico porque excede el tiempo del que dispongo, pero me parece que es importante hablar de ciertos hitos que revelan algunas claves que, a mi juicio, explican el surgimiento de este terrible fenómeno que termina con la muerte de mujeres por su condición de tales.

La pregunta sería, entonces –aunque la dejo para el final–, cuántas desigualdades estamos dispuestos a tolerar en esta sociedad, siendo desigualdades que hoy, en la sociedad uruguaya, terminan en muertes.

La construcción de un problema público como este, señor presidente, siempre es el resultado de procesos que son complejos porque se tensionan conceptos, se tensionan prácticas sociales arraigadas y se tensionan teorías. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, reconocida y visibilizada como tal a través de la lucha de miles y miles de mujeres en la historia de la humanidad. Podríamos citar las miles y miles que recientemente en Uruguay han ido adquiriendo conciencia de que las muertes de mujeres tienen que ver con la desigualdad. Así lo expresaron, de múltiples maneras, en las marchas del 8 marzo en todo el territorio nacional: trescientas mil en Montevideo y miles y miles en cada pueblo y lugar del interior del país.

Ha habido algunos hitos en la historia a este respecto y quiero mencionarlos porque tienen que ver con el surgimiento de estos Estados modernos y de la modernidad. Me voy a referir a uno que me parece importante en relación con la historia de la construcción de esto como problema y a su relación con la desigualdad.

Cuando en 1789, en plena Revolución francesa, se vota la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe de Gouges la cuestiona diciendo que no contenía a la mitad de la población y mucho más. Y no solo había un tema de lenguaje, señor presidente, sino un asunto real: las mujeres quedaban excluidas de eso, que fue algo fundante de la modernidad. En ese entonces, también, era el resultado de disputas de poder que debemos contextualizar siempre y que están relacionadas, diría que de manera permanente, con procesos de redistribución de recursos que son económicos y también culturales. ¡El poder está relacionado con recursos económicos y culturales que hay que redistribuir!

En 1791, Olympe de Gouges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Durante su vida también fue receptora –como muchas de las mujeres que en este momento estamos aquí, en la barra y en la sala del Senado– de muchos ataques misóginos –aunque no se llamaban así–, y cuando en 1793 asume el poder el ala radical de los revolucionarios –los jacobinos– se empiezan a clausurar los clubes femeninos –¡fíjese, señor presidente, que llegan a prohibir que más de cinco mujeres caminen por la calle!– y ella es perseguida y luego ejecutada en la guillotina.

Su frase «… si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna…» ha recorrido el mundo y, diría, sigue recorriendo el debate al día de hoy.

No está separado el debate de la violencia que termina en muerte de las mujeres, de la discusión permanente sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Quiero contribuir, con mi intervención, a establecer de la manera más clara posible esa relación.

El proceso de surgimiento de esto como problema, entonces, es el resultado de luchas que, como dijimos, tienen otros hitos. En los años sesenta se logra posicionar en el escenario público a la violencia en el ámbito del hogar. La frase «Lo personal es político» fue acuñada por las feministas, luchando contra la diferencia vuelta desigualdad, por el surgimiento del concepto de género nuevo y las posteriores reconceptualizaciones, y por las conceptualizaciones y la evolución que fue sufriendo el principio de igualdad.

Que breguemos por el principio de igualdad no quiere decir, señor presidente, que busquemos un mundo de idénticos. No es un mundo de idénticos el que queremos. ¡Queremos un mundo donde se reconozca la diferencia integrada al concepto de igualdad y enriquecida por él –cada uno es absolutamente único e irrepetible– y que, por lo tanto, tengamos derecho, como personas, a una vida digna y libre de violencia!

El camino para que el tema sea tratado en el día hoy en esta cámara –del modo y con el respeto en que está siendo considerado– ha sido empedrado; no ha sido sencillo. Primero vivimos la naturalización de la violencia en la historia de la humanidad. ¡¿Quién de nosotros no tiene relatos familiares o personales en los que haya historias de abuelos malhumorados, de tíos que tenían estallidos de ira o de padres que violentaban a las madres?! ¡¿Quién de nosotros no conoce historias recientes de nuestro país o de su vida personal en las que hay hermanas, sobrinas o primas que están siendo hoy violentadas por los hombres?! Desde la naturalización hasta que eso sea inaceptable hay un camino realmente importante, en el que un componente clave es la denuncia de la situación de subordinación y de discriminación permanentes en la que se encuentran las mujeres.

Podemos señalar como algunos de los hitos el derecho al sufragio, el trabajo en condiciones dignas y el derecho a la representación política, señor presidente. Nos cuesta relacionar –y disculpe la cámara que me refiera en estos modos– la pobre ley de cuotas que este Parlamento aprobó con la lucha contra la desigualdad; nos cuesta enormemente relacionar lo que ocurre con los salarios de las mujeres –que siguen siendo menores que los de los hombres– con la lucha contra la violencia; nos cuesta enormemente establecer una relación entre el machismo cotidiano de los chistes, la cosificación de las mujeres en los medios y la utilización de sus cuerpos como manera de propagandear productos, y la violencia; nos cuesta todavía esto porque no estamos relacionando de manera permanente que la batalla por la igualdad está directamente imbricada de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Coloco también aquí la lucha por el ejercicio de la sexualidad de las mujeres con independencia de la reproducción biológica; coloco la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y por el derecho a vivir una vida libre de violencia, que muchas veces está siendo violentada por decisiones de hombres y de corporaciones que intentan cercenar aun lo que está en la ley. ¡Esto también es violencia contra las mujeres!

En 2002 Uruguay vivió un hito fundamental, que fue la ley contra la violencia doméstica; esa ley constituyó un momento altísimo, con todas las cosas y todos los debates que implicó. Me acuerdo de ello porque, junto a Andrea Tuana y Ana Nocetti, desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual –en el marco del consejo consultivo, pero como sociedad civil– me tocó participar directamente de la redacción del Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica. Cuando redactamos ese plan de acción, que luego fue aprobado por el consejo consultivo y comenzó su aplicación, recuerdo la convicción que existía, sobre todo a nivel del Poder Judicial. También recuerdo –al igual que pasa hoy con la ley integral y con los debates que apuntan hacia ella– lo que pasaba con las declaraciones de inconstitucionalidad y cómo algún fiscal recorrió el país entero tratando de alegar que era inconstitucional.

El cambio cultural que produjo la Ley de Violencia Doméstica en 2002 fue decir: «Lo que pasa en casa, importa». El límite entre lo público y lo privado, cuando se violentan los derechos humanos, es algo que, como Estado y como sociedad –desde la legislación y la normativa–, hay que animarse a atravesar. El límite, la frontera entre lo público y lo privado, la privacidad, señor presidente, es una de las cosas más maravillosas a defender y una de las experiencias humanas más intransferibles, pero no puede ser la excusa para que se someta a humillaciones y a vejaciones permanentes a quienes están en un poder desigual. Repito: ¡No puede ser excusa para esto!

Entonces, colocar las cosas en su valor me parece que fue algo muy importante de esta ley.

Sin embargo, la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, del año 2013, nos habla de que 200.000 mujeres y niños sufrieron algún tipo de violencia; de que 170.000 mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas; de que 22.000 mujeres mayores de 65 años padecieron algún tipo de violencia; de que un 10 % de las mujeres asalariadas ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo y de que 370.000 mujeres en Uruguay han conocido algún tipo de violencia sexual en el espacio público. Y en el 2017, señor presidente, siguen muriendo.

¿En qué marco se da esto? ¿En qué contexto discutimos este proyecto de ley de femicidio? En un marco en el que existen políticas públicas que están intentando dar una respuesta de carácter integral a este tema tan terrible, para adelantarse al hecho de la muerte. La política pública intenta, justamente, establecer un conjunto de medidas que permitan que no solo lleguemos con el debate penal sobre femicidio, sino que contribuyamos desde esa política pública a que esto no ocurra.

El plan de acción definido por el consejo consultivo para 2016-2019 quiere contribuir a consolidar una política pública que permita prevenir, enfrentar, reparar y reducir la violencia, y para ello definió un paso fundamental: la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, que esta cámara tendrá que tratar a la brevedad. A través de mis palabras –y seguramente de la de muchos legisladores de todos los partidos políticos– quiero comprometer frente a todas las mujeres que nos están escuchando hoy, que esto va a ser un hecho en el Uruguay y nuestro país va a contar con la ley integral contra la violencia de género.

Se trata de políticas públicas que tienen una normativa.

En lo que respecta al Ministerio de Interior, en el año 2016 hubo 24.454 denuncias policiales y se colocaron 280 dispositivos electrónicos entre enero y setiembre de ese año.

En el marco del Ministerio de Salud Pública se redefinieron 113 equipos de referencia en violencia doméstica y se elaboraron pautas para la atención en los servicios de emergencia de todo el país frente a situaciones de violencia aguda.

En el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay hay 28 Comités de Recepción Local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia.

En el Banco de Previsión Social, durante 2016 se cubrió el 100 % de la demanda de atención psicológica de personas huérfanas por violencia doméstica.

Podríamos continuar mencionando otras políticas.

Nos parece clave, también, el rol que cada vez más compromete al sistema educativo en campañas para tratar de trabajar desde temprano los prejuicios, que son, de alguna manera, los que construyen la existencia de este terrible fenómeno que estamos hoy tratando de abordar.

Pero, señor presidente, precisamos una ley integral, de tercera generación, que adecue el aparato estatal y que, en definitiva, tome en cuenta las dimensiones básicas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación. Desde 2002 a 2017, el Uruguay merece una revisión de esta legislación.

Hoy estamos tipificando el delito de femicidio. Quiero decir que ninguno de los que estamos aquí –¡ninguno!– hablamos de posiciones neutrales; nadie habla desde la neutralidad. Quiero decir expresamente que soy una mujer feminista, comprometida desde hace muchos años con la lucha por los derechos de las mujeres. Siento que decir esto, al igual que en muchas historias que se relatan, es parte de lo que, al decir de Rita Segato, «siempre hace una buena historia», ¿verdad? Es la historia en la que cada uno y cada una es uno mismo y una misma. Entonces, hablo desde esa persona que soy, que de alguna manera siente que ha habido un recorrido muy largo de lucha contra las desigualdades. Ha sido duro y apasionante, desde el punto de vista personal y político, entender que las desigualdades contienen elementos objetivos, pero también otros que pertenecen al terreno de las percepciones –a lo que me quiero referir ahora–, al mundo de las subjetividades y de la cultura.

Recuerdo que en un panel se preguntaba a nuestro compañero Gonzalo Carámbula qué entendía él que era la cultura, y respondió: «Podría hablar de múltiples maneras, pero la definición de cultura que a mí más me gusta, con la que me siento más identificado, es la de pertenecer a una comunidad con sentido».

Quiero tratar de que nos preguntemos el sentido de este debate, de que entre todos hagamos el esfuerzo de contribuir a ver por qué estamos enunciando el femicidio: qué sentido tiene en la sociedad uruguaya; qué subyace a las muertes de mujeres; qué nos dice esto a las uruguayas y uruguayos de cómo somos con nuestros pares, no solo aquí, sino con nuestros pares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con los compañeros de trabajo; cómo somos los uruguayos. ¡Cómo es posible pasar de este país integrado, con esta agenda de derechos avanzada que fue ejemplo en el mundo, con una alta valoración de la igualdad –que viene de principios del siglo batllista, donde la igualdad fue colocada en el Uruguay como un valor importante–, a este abismo de hoy en cada lugar concreto, en cada casa y en cada barrio, en que en el preciso momento en que estamos hablando un hombre golpea, insulta, minimiza, cosifica, desprecia, viola y se apropia de la vida de una mujer! Cada 17 minutos –desde el comienzo hasta la finalización de mi intervención, aproximadamente– una mujer hace una denuncia de violencia doméstica en nuestro país. En estudios realizados en otros países sobre este tema se dice que las denuncias son solo el 10 % de lo que el problema expresa. ¡El 10 % de lo que en realidad ocurre! En este mismo momento esto está ocurriendo.

No voy a entrar en los mitos que sostienen esto y que lo reproducen, sino más bien a contribuir a hacer un análisis político de cómo se reproducen, cómo se instalan, cómo es este proceso de instalación que nos obliga a repreguntarnos juntos qué nos pasa.

Estamos tratando la ley que tipifica el femicidio, y esto tiene un carácter enunciativo concreto: está hablando a la sociedad –tal como lo dijeron senadores y senadoras que me precedieron en el uso de la palabra– del proceso de construcción de la violencia contra las mujeres como un problema público.

Volviendo al tema de la cultura, señor presidente, creo que esta es una cultura basada en las diferencias entre los géneros, que establece un criterio valorativo. El problema no es la diferencia, sino la carga valorativa sobre esas diferencia. ¡Eso es lo que produce la discriminación! Comprender la trama de discriminaciones que devienen en desigualdades y saber qué las reproducen son las claves para su abordaje.

Como ya dijimos, la violencia contra las mujeres está caracterizada por la desigualdad, el binarismo sexual, la supremacía masculina, la heteronormatividad, la división sexual del trabajo y una subjetividad sexista. Es el resultado de una socialización que está profundamente enlazada con esa primera desigualdad que es la división sexual del trabajo doméstico, perpetuada en una dominación estructural basada en la clase social, en la etnia, en la nacionalidad, en la edad, en la preferencia sexual afectiva y en otras categorías que determinan las formas y las relaciones de dominación en cada sociedad concreta. En ese sentido, el proceso de socialización de género justifica y reproduce en cada individuo la jerarquía, principalmente entre los sexos y los patrones de dominación y de opresión institucionalizados existentes, nos demos cuenta o no. Todas las mujeres –incluida yo– estamos atravesadas por una sociedad en la que la discriminación también nos ocurre a nosotras, seamos conscientes o no, tengamos o no conciencia de género, nos animemos o no a definirnos como feministas. La transmisión de la ideología de la opresión, señor presidente, es el elemento central de la socialización de género. Es, entonces, parte de un engranaje social y cultural que pretende enseñar a las mujeres a cómo vivir en la opresión. Como dice Rita Segato, la socialización de género es un proceso represivo y tremendamente violento. Esta violencia se manifiesta en la manipulación, en las presiones psicológicas, y luego en las expresiones más explícitas como la agresión física y sexual, que muchas veces terminan en la muerte.

Una contribución que nos parece importante sobre el concepto de femicidio es que, desde el punto de vista cultural, nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de los intentos de explicación. Se habla de «este enfermo», «este patológico», «este que, de chiquito, le pasó tal y cual cosa». En realidad, muchas veces se tiende a patologizar la violencia o a culpabilizar a las víctimas, a representar a los agresores como unos locos, como fuera de control, como animales, o a concebir estas muertes como resultado de problemas pasionales. Queremos decir, señor presidente, que ¡no es esto! El concepto de femicidio tiene un carácter profundamente social y político, y es el resultado de las relaciones estructurales de poder, de dominación y de privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Muchas veces puede haber asociación de odio; puede haber desprecio y menosprecio, pero es un crimen; y comparto en esto la definición de Rita Segato en el sentido de que es, sobre todo, un crimen de poder.

Además, establece claramente cómo para llegar a la muerte de mujeres fue necesario un continuum, que, como muy bien lo define Marcela Lagarde, tiene distintas expresiones en la sociedad.

Liz Kelly llama continuum de violencia hacia las mujeres o contra las mujeres a la violación, al incesto, al abuso físico, a la pornografía, al acoso sexual, a la explotación sexual, a la trata, a la esterilización o a la maternidad forzada. Todas estas son expresiones de la opresión y de fenómenos que no siempre están conectados o cuya conexión no se establece. En el momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulta en la muerte de la mujer, esa muerte se convierte en femicidio. Por lo tanto, el femicidio es la manifestación más extrema de este continuum de violencia que comienza con la desigualdad.

Hace un rato se hablaba de la pena de muerte. Hay autoras que señalan que el femicidio es una pena capital, una pena de muerte que siguen teniendo las mujeres en nuestro país hoy. Es una forma de pena capital que cumple la función de controlar a las mujeres para que continúen siguiendo los mandatos «que su género les impone». Es una expresión directa de una política sexual que pretende que las mujeres acepten las reglas masculinas y, por lo tanto, se preserve el statu quo. Esta es una pena capital que no está instalada en el código, pero sí en la práctica social en el contexto del que habla Rita Segato –argentina y docente en Brasil, que vuelvo a mencionar porque es una referente sustantiva en este período de mi vida; en otras etapas, lo han sido otras–, que dice: «La libertad de existir está en riesgo para las mujeres», y luego agrega: «lo que estamos viviendo en nuestros países es un síntoma de un momento del mundo».

Personalmente, después de escuchar sobre las madres bombas de estos días, diría que vivimos en un mundo desesperado por varias razones. Es un mundo en el que hay un poder de los dueños, pero en el que cada vez son menos los dueños de la mayor parte de la riqueza del mundo. Si uno analiza la evolución de la desigualdad en el mundo, constata que de los quince dueños de la riqueza que había en el año 2015, se pasó a ocho en 2016. Quiere decir que cada vez menos gente es dueña de la mayor parte de la riqueza del mundo.

Según Rita Segato, esta es una época de «dueñidad». En el mundo contemporáneo, en el que hay figuras que son dueñas de la vida y de la muerte, ¿cómo no va a irrumpir en el inconsciente colectivo la manera en que los hombres, que obedecen al mandato de masculinidad –que siempre es un mandato de potencia–, prueban la potencia sobre el cuerpo de las mujeres?

Me interesaría hablar un momento sobre la masculinidad, que termina siendo causa y uno de los componentes sustantivos de por qué se mata a las mujeres. ¿Por qué la masculinidad se tiene que seguir probando? ¿Por qué la necesidad de seguir demostrando la masculinidad, no solo frente a lo que denominamos el «eje de dominación vertical», que es la víctima, sino también con relación a sus pares? ¿Por qué esta necesidad de demostrar permanentemente que se pertenece a un colectivo que domina y controla? Parecería que esta capacidad de control, que es el componente de la dominación y un componente horizontal con sus pares, es un mandato. Quien zafa de este mandato de la masculinidad es cuestionado, ¡hoy es cuestionado! Hemos avanzado muchísimo; sin embargo, hoy sigue siendo cuestionado el que zafa de lo que se supone que es el mandato de masculinidad. Cuando un hijo plantea que quiere bailar ballet o que no le gusta que lo tranquen en el fútbol porque no le agrada la agresión, o cuando a un varón se le dice que no llore porque expresar los sentimientos llorando no es de nenes, de alguna manera se está construyendo un mandato muy fuerte, sobre la masculinidad, hacia los pares.

(Ocupa la presidencia la señora senadora Xavier).

–Demostrar la capacidad de control y la apropiación a través del secuestro de los cuerpos de las mujeres es el delito. El delito es lo que hay de control y apropiación. El femicidio es una violencia de carácter expresivo porque tiene un fuerte contenido simbólico. El femicidio se produce sobre los cuerpos de las mujeres, sobre sus vidas. De alguna manera se da una señal –no solo a las mujeres– de que cada vez tienen que luchar más para defender sus derechos y, cada vez más, cuando se les dice: «Te voy a matar», creen que eso es posible. Con la utilización de los medios hay una espectacularización de la muerte que tiene un efecto en ellas y también en los hombres.

Señora presidenta: perdón –ojalá esta expresión fuera de todos los días–, no voy a referirme a la movilización internacional, que también contribuyó a que el tema esté en la etapa de debate en que nos encontramos hoy, sino que solo haré una mención al Segundo Informe Hemisférico de la Convención de Belém do Pará, que recomendó tipificar la trata de personas y la prostitución, sancionar el acoso, prevenir y sancionar el femicidio, entre otros aspectos que no voy a mencionar para no extender mi intervención.

En realidad, para llegar al punto en el que estamos hoy hemos asistido a un proceso de construcción de las centralidades. Sin que esto implique una priorización en términos de importancia, se evidencian cambios muy significativos en la enunciación del problema público que estamos enfrentando, y esto es relevante. Pasamos de explicar este fenómeno por determinaciones biológicas, hacia una construcción sociocultural.

Los aportes de género en este tema han resignificado el debate: naturaleza versus cultura. De la violencia familiar doméstica establecida en la ley anterior, pasamos a la violencia de género, basada en género o contra las mujeres, que cuestiona fuertemente la línea divisoria entre lo público y lo privado.

En lo que respecta a la atención de las víctimas, hemos ido desde el asistencialismo hacia políticas públicas que tienen como objeto la violencia de género. De víctimas vulnerables, pasamos a personas en situación de desventaja para el ejercicio de sus derechos, que requieren que los Estados lo garanticen. Esto último nos parece importante porque, si bien las mujeres son las víctimas de las muertes, muchas veces la victimización congela un rol y contribuye a que no se vea que se puede salir de la situación de víctima. Por eso preferimos hablar de mujeres en situación de desventaja para el ejercicio de sus derechos.

Para terminar, me voy a referir a algunos aportes que creemos que han contribuido a estos debates, como la perspectiva de la interseccionalidad de las discriminaciones, que es una propuesta conceptual, una herramienta analítica. Así como es importante señalar que la violencia de género es la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres, parece necesario hablar también de cómo operan las distintas desigualdades entrelazadas con la persistencia del patriarcado, que seguimos considerando como determinante y estructurante.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Disculpe la interrupción, pero varios señores senadores han pedido la prórroga del tiempo de que dispone, por lo que pasamos a votarlo.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora Beramendi.

SEÑORA BERAMENDI.- Gracias, señora presidenta.

En cuanto a la interseccionalidad, nos parece importante señalar la noción de que todos somos sujetos situados, que siempre importan el contexto, las ideas dominantes en el país y en la cultura, y que también hay que pensar en clave territorial porque no es lo mismo la violencia en Montevideo que en el resto del país, no porque la violencia no tenga la misma carga simbólica, sino que no es lo mismo hasta por algunas claves para el acceso a los recursos. Es necesario tener en cuenta la condición social o de clase, la ubicación geográfica, la orientación sexual, la existencia de discapacidades, el ciclo de vida y la pertenencia étnico-racial. Nos parece un acierto, entonces, que el proyecto hable de actos de discriminación asociados al femicidio.

La interseccionalidad propone identificar, además de las consecuencias del patriarcado –que intentamos desarrollar en las diversas formas de violencia–, otros matices de la dominación, como el heterosexismo, el racismo y el clasismo, que tienen una inferencia que es interseccional en los procesos de exclusión y de dominación que caracterizan la violencia de género. Además de conocer el estado de situación sobre la violencia instalada y consumada, nos interesa ver cómo se instalan los caminos que conducen a este contrato sexual que produce violencia contra las mujeres y la interseccionalidad puede ser iluminadora en este sentido: por cómo la violencia se instala. Este gran campo del contrato sexual que plantea Carole Pateman se refrenda a sí mismo con la creación de microcontratos que se establecen en la vida cotidiana y replican una relación amo-sirviente en base a otras disparidades de poder como la pobreza, el ciclo de vida, la raza, la orientación sexual disidente y la discapacidad. La pregunta que me planteo es: ¿Cómo hacer para integrar a la comprensión de los procesos y la construcción de las políticas de erradicación de la violencia perspectivas que incorporen las diferentes dimensiones de los problemas? No es un campo fácil, pero su recorrido parece ineludible. Podría aplicarse una mirada desde la interseccionalidad para observar, por ejemplo, cómo mediante la socialización secundaria, en particular en el sistema educativo, los currículos ocultos invisibilizan, habilitan, promueven y hasta adiestran a veces la violencia que el pacto social patriarcal necesita para perpetrarse. Hay que recuperar el sentido, es el desafío de lo que estamos debatiendo hoy.

Cuando se obtienen datos o se estiman la envergadura y el carácter de un fenómeno, se trata de desentrañar cómo ir hacia modos de vida que no sean perpetuadores de las desigualdades. Quizá se trate de encontrar, una vez más, caminos que sustituyan lo que la autora Rita Segato llama «pedagogía de la crueldad» por una pedagogía de la cercanía, una pedagogía de lo vincular, una pedagogía en la que el encuentro sea propiciado desde una perspectiva igualitaria.

Para esto, señora presidenta, sabemos que estamos de acuerdo con usted y con la mayor parte de los legisladores que hoy están aquí presentes –ojalá sea con la totalidad– en que es necesario dar el paso sustantivo de aprobar a la brevedad el proyecto de ley integral que contribuya a atender el conjunto de dimensiones que en mi intervención intenté mostrar como un aporte, una contribución en esta dirección. El Uruguay debe establecer como prioridad de carácter nacional la aprobación de la ley integral. Personalmente intenté fundamentar en esa dirección, señalando además que me parece que lo enunciativo, lo simbólico que estamos haciendo con la tipificación del femicidio constituye un paso importante en ese sentido.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: tal como lo hemos anunciado, vamos a acompañar este proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado de la república.

La violencia solamente es vencida o mitigada por la cultura, por la enseñanza, por la construcción colectiva de valores, y creemos que hoy estamos dando un paso de suma importancia en ese proceso. Tenemos que ser claros. Como se ha expresado aquí, no hay cobardía más grande que el abuso del poder físico ejercido contra una mujer, contra un niño o contra una persona con discapacidad. Muchas veces se revela una disparidad tan enorme en el enfrentamiento que determina la violencia, que este concluye en episodios en los que muchas veces el desenlace es la muerte. Hay que decirlo y repetirlo porque me parece que todo esto involucra una necesidad imperiosa de educar a las presentes y futuras generaciones para que pase a ser algo del pasado, para que no se repita.

El comienzo de este año 2017 fue especialmente doloroso para nuestra sociedad. Hubo una serie de asesinatos de mujeres en los primeros cincuenta días del año que muestran una situación de extrema gravedad. Por eso el 8 de marzo pasado todos pudimos apreciar la multitudinaria marcha, que tenía muchísimas consignas, pero la más emblemática era la que decía: «Ni una menos». La marcha constituyó una verdadera alerta cultural adicional, que incluso estuvo por encima de las modificaciones legislativas.

Este problema, tapado durante mucho tiempo, termina generando un ocultamiento cultural que ampara desde las sombras la justificación de la violencia contra las mujeres. No hay privacidad de la violencia; no hay justificación de la privacidad de la violencia. Durante decenas de años, muchas veces escuchamos decir que no había que meterse en los problemas de la pareja, pero sucede que hay conflictos que, aunque se den entre dos personas, abarcan –sin ningún tipo de dudas– a la propia pareja, a sus hijos y a la sociedad en la que vivimos.

En la sesión del Senado que se realizó el pasado 8 de marzo anunciamos nuestro apoyo a la creación de esta figura delictiva. Por encima de aspectos vinculados a dosimetrías que se invocan desde el punto de vista de la discusión jurídica, como abogado me parece que es mucho más trascendente el mensaje que, desde el Senado, tenemos que dar a la sociedad entera porque esta ley que se propone no solamente es un cambio normativo, sino que forma parte de un proceso de cambios con un sentido cultural que tiene que impactarnos. De alguna manera venimos sufriendo esa suerte de repetida expresión de violencia en la sociedad. Asistimos a una sociedad más violenta, pero resulta que nunca estamos resueltos a dar los pasos necesarios para enfrentar la violencia, disminuirla y atacarla desde sus bases mismas.

Además, este proceso de cambios a nivel cultural no se da solo en el país, sino que es global porque estas mismas discusiones se están dando en otros países, en la región, en España. Por ejemplo, la periodista argentina Graciela Atencio definía bien el asunto al decir que feminicidio es una palabra nueva para una barbarie antigua y, lamentablemente, está muy vigente.

Por lo tanto, la discusión jurídica, señora presidenta, sobre el contenido de tipo penal o sobre el propio nomen iuris del delito, si es feminicidio, femicidio, o si debe ser un delito autónomo o se opta por que sea una agravante, queda de lado cuando lo relevante es el sentido simbólico de la propia norma que impulsa la aplicación de un castigo. La discusión no importa porque la supera el incremento de las penas. Ese es el mensaje que como sociedad queremos dar, más allá de que queden pendientes otros debates que marquen distintas penalizaciones en los balances de la propia estructura del Código Penal ordinario.

Los juristas hablan de que la norma debe tener la debida tensión con la realidad, y este es uno de esos casos en que la realidad impone un cambio normativo. Es la sociedad la que reclama este mensaje desde el Estado. Es la sociedad la que no quiere ser indiferente, y creo que nadie más quiere ser indiferente frente a una realidad que nos impacta como país, como seres humanos.

Este cambio normativo, según algunos –quizás tomando conciencia de la verdadera aplicación de las disposiciones legales–, no va a resolver todo el problema. Seamos claros: hay quienes sostienen que el incremento de las penas no hace que el delincuente, o quien pueda llegar a cometer un hecho delictual, piense en la pena como un desestímulo para no cometerlo. De todas maneras, también está la otra realidad que golpea los ojos: el delincuente, frente a lo irremediable –detrás de rejas– sacará cuenta de la pena recibida ante el delito que cometió, y ese será un mensaje, una suerte de desestímulo.

Tal como se ha expresado de acuerdo al mejor rigor técnico, creo que el problema está enquistado en la sociedad, metido dentro de ella, y es la violencia y la discriminación. Evidentemente esto necesita soluciones de fondo –que, repito, provendrán de cambios culturales–, pero estas normas sirven como símbolo de la decisión de la sociedad de asumir la resolución de ese conflicto. Esa es la lógica que hay detrás de este proyecto de ley: dar visibilidad al problema de violencia extrema que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo, tal como se hizo en su momento con la Ley de Violencia Doméstica, como aquí se ha expresado.

Nuestro país, que durante muchos años estuvo a la vanguardia en la protección de derechos, en esta materia tuvo rezagos. Lo cierto es que las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas, exparejas o amigos, en la casa, en la calle, y la tipificación de este delito debe verse como una acción afirmativa o como una discriminación positiva en busca del cambio cultural que nos parece fundamental llevar adelante.

La violencia contra las mujeres se origina y se reproduce a causa de una construcción social y cultural. Como tal, es una forma de discriminación que impide, limita y cercena a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, y para terminar con el extremo de violencia del que hoy nos estamos ocupando debemos romper ciertos marcos culturales que propician la impunidad que hay que vencer.

Este no es un tema de mujeres contra hombres, en una suerte de división artificial; no puede reducirse el pensamiento a esa ecuación. Acá toda la sociedad lucha por su pacífica convivencia y por ser justa. Se trata de superarnos como sociedad porque cuando vemos a nuestros hijos, vemos a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras abuelas, pensamos de qué forma podemos superarnos para lograr eliminar esos flagelos que impactan, que cercenan derechos y conspiran contra la convivencia pacífica. Es un dilema respecto del cual debemos requerirnos esfuerzos nuevos, relevantes, superlativos, superiores. Por ese motivo, al principio me referí al sistema educativo y a cómo podemos también, en esa construcción, educar en valores para educar en igualdad.

Y educar en valores para educar en igualdad será un mecanismo de prevención de la violencia que mitigue estos impactos sobre los que hoy pretendemos legislar. Es desde los planes de estudio que emanan los mensajes que dan las propias autoridades, aunque muchas veces terminan yendo en un sentido inverso al que queremos. El Estado, que ha permanecido ausente durante mucho tiempo, no debe quedarse solamente en la formulación de normas penales sino que también debe estimular una verdadera cultura de igualdad.

En lo medular, este proyecto de ley ya ha sido analizado. Seguramente, en la discusión en particular se podrá avanzar sobre el sujeto activo del delito y el mayor tiempo de reclusión. Eso sirve, también, porque la pena es parte de la política criminal; con ella el Estado envía un mensaje sobre qué cosas tolera y qué cosas no. Así de grave o así de simple es la tolerancia frente a estos hechos que pretendemos evitar por medio de esta legislación que aspiramos aprobar en el día de hoy, en la que el sujeto pasivo del delito de femicidio será la mujer asesinada por motivaciones tales como el odio, el desprecio o el menosprecio por su condición de tal.

Por eso, señora presidenta, estamos de acuerdo con la incorporación de estas modificaciones. Me refiero a los llamados «crímenes de odio» o «crímenes de prejuicio» en el derecho anglosajón, que nos parecen infracciones penales cometidas contra una persona, motivadas total o parcialmente por el prejuicio del autor contra una raza, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, religión o discapacidad.

Por todas estas consideraciones es que acompañaremos este proyecto de ley. Si bien nos parece que esta normativa es importante para el país y para la sociedad, entendemos que es necesario trabajar también –repito– en medidas de sensibilización de operadores judiciales. Nos parece vital que el trabajo cultural y de sensibilización en estos temas llegue a quienes aplican la ley: desde los fiscales y los jueces hasta la propia policía. Insisto, esto es tan importante como la propia sanción de la norma.

Sabemos que la fiscalía y el Poder Judicial han trabajado mucho en la formación de sus operadores en el nuevo Código del Proceso Penal, y entendemos que esta norma debe también ser objeto de una atención especial. Tanto fiscales como jueces y policías deben ser especialmente formados en la lógica del tratamiento diferenciado que nace de esta nueva figura penal, de modo de asegurar su aplicación y contribuir a lo que todos queremos.

Muchas gracias, señora presidenta.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 18 de abril de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día de la fecha, y se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alejandro Draper, Mercedes Antía y Armando Castaingdebat han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) PROYECTO PRESENTADO

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «El señor senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prohíbe la importación a partir del año 2030 de vehículos propulsados por motores de combustión interna y su circulación luego del 31 de diciembre del año 2035.

–A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS».

(Texto del proyecto de ley presentado).

e001.jpg

e002.jpg

e003.jpg

e004.jpg

e005.jpg

e006.jpg

e007.jpg

e008.jpg

e009.jpg

e010.jpg

e011.jpg

e012.jpg

e013.jpg

e014.jpg

e015.jpg

e016.jpg

16) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Dese cuenta de otro asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «El señor senador Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la campaña denominada Beneficio para Industrias Eficientes.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

f001.jpg

f002.jpg

17) ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y FEMICIDIO

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Continúa la discusión general del tema en consideración.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: como se hizo referencia en exposiciones anteriores, en los años sesenta las feministas impulsaron una frase que creo que hasta hoy tiene una relevancia política fundamental. Como muy bien citó la señora senadora Beramendi, ellas decían: «Lo personal es político». Las violencias que las mujeres hemos venido sufriendo a lo largo de la historia de la humanidad han sido ocultadas, vaciadas de contenido en la reflexión general, lo cual oculta el horror.

Señora presidenta: quiero recordar, con el mismo sentido del término que utiliza Eduardo Galeano –re cordis, del latín, que significa «volver a pasar por el corazón–, que el 15 de enero de 2017, Nelly Barboza –así se llamaba– fue asesinada por su expareja en la localidad de Río Branco. Nelly tenía 73 años y estaba separada de su pareja, de 78 años. Tras una discusión en el comercio que aún era propiedad de ambos, el hombre le disparó al pecho y luego se suicidó. Esa fue la primera víctima de 2017.

El 28 de enero de 2017, Karen Gutiérrez –una joven de 18 años– recibió tres impactos de bala propinados por su expareja, delante de su hijo de un año de edad. El proyecto, que ojalá transformemos en ley, prevé estos extremos. Por eso lo particular es tan importante, porque en la generalidad las leyes se vuelven inocuas. Tiene que estar lo específico. Karen logró sobrevivir. El agresor –que registraba antecedentes violentos e incluso había sido procesado antes de balearla– escribió en Facebook: «Ella tan solo 18 años, él 22. Todas sus vidas por delante. Pero algo salió mal. Él perdió la cabeza y decidió que ambos se fueran al cielo juntos». Esto tiene que ver exactamente con lo que la señora senadora Beramendi nos narró: no quiso perder el control, el dominio y, por lo tanto, decidió el destino como si fuera propietario de la vida de la mujer. Pero, como dije, Karen logró sobrevivir tras una larga lucha.

El 29 de enero Lucielle Martins, de 25 años, coincidió con su expareja en un baile de la localidad de Colonia, en donde vivían. Él la invitó a ir a su casa para conversar, tuvieron una discusión y la asesinó de varias puñaladas. Tenían un hijo de un año y medio.

El 31 de enero de 2017 fue el turno de Lorena Acosta. A las 17:30, un recluso asesinó a su pareja, que estaba embarazada, durante la visita en la unidad n.º 3 de máxima seguridad –más conocida como Penal de Libertad–, ubicada en el departamento de San José. El asesinato se ejecutó por asfixia; fue ahorcada con un cordón de zapato.

Ella acababa de manifestarle que quería terminar con ese vínculo porque tenía una nueva relación sentimental. Él la mató.

El 1.º de febrero de 2017 –seguimos en el inicio de este año–, en una vivienda ubicada en el barrio Atahualpa, cerca de las 23:00, Valeria Sosa, de 29 años, se encontraba con sus hijos cuando llegó al lugar su expareja, un hombre de 42 años, quien le efectuó un disparo en la cabeza y la mató delante de sus hijos. El hombre, que se desempeñaba como policía, huyó con los dos niños y luego se entregó en la comisaría.

«Lo personal es político», y por eso en los incisos de la ley se pone lo que se pone; ya sea porque tenía antecedentes o porque mató delante de los hijos. Todo eso tiene que estar especificado en el proyecto de ley. Ha habido largas discusiones durante el tratamiento del proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. También está la discusión sobre lo general que deben ser las leyes y, en lo personal, creo que ese es un cambio que debemos tener; no siempre deben ser generales, porque la generalidad vuelve la ley inocua, vaga y difícil de aplicar. Hay que tener determinados grados de especificidad, ¡que no se basan en el delirio, sino en la realidad! ¡Estas personas que mataron tenían antecedentes de violencia! ¡Poseían armas! En todos los casos hubo disparos, salvo en uno o dos, en los que se produjo asfixia o apuñalamiento. En el resto hubo armas utilizadas por varones, que coincide en cómo debe ser ejercida la masculinidad en esta sociedad: ejerciendo el poder, el dominio y el control. ¡Lo ejercen con la naturalidad de querer y de sentir que se puede terminar con la vida de la mujer a la que no pueden controlar, dominar, mandar o tener bajo la pata! Ya hemos escuchado: «O sos mía, o de nadie». ¡Lo hemos escuchado!

El 6 de febrero de 2017 en el complejo Verdisol, en Montevideo, un domingo en horas de la noche, luego de una discusión, un hombre de 45 años asesinó a su esposa, Carmen Ritzel, de 42 años, golpeándola en la cabeza con una maceta, pero no con una maceta en la que se ponen plantas, sino con un martillo para «destruir» bloques y cemento. El hombre se dio a la fuga: se tomó un taxi y luego se entregó en la seccional policial 8.ª.

El 19 de febrero, a una joven de 21 años llamada Manuela Stábile, se la encontró muerta en un descampado en el departamento de Florida. No se sabía por qué razón. Su pareja, de 20 años, concurrió a la seccional n.º 24 para decir que Manuela estaba desaparecida y que él no sabía dónde estaba. Tuvo varias inconsistencias en la declaración y, entonces, no tuvo más remedio que reconocer que había participado en el asesinato de su expareja. Nuevamente aparece «pareja» o «expareja». Manuela no quería tener una relación con este hombre quien, con su hermano de 17 años, planificó matarla. Ella tenía al hijo de los dos en brazos, cuando su expareja le dijo al muchacho: «Matala». En ese momento le dispararon y la dejaron ahí, tirada.

Esto existe, y cuando lo cuento me lleno de indignación otra vez. Es monstruoso. Estos son sujetos que no son locos, que no son unos monstruos, sino que responden al mandato de cómo se ejerce efectivamente la masculinidad poderosa. Y en este momento tenemos unos maravillosos ejemplos mundiales del ejercicio del poder y la masculinidad.

Manuela había hecho varias denuncias de violencia doméstica contra su pareja en la misma seccional donde él dio aviso de su desaparición. ¡Si habrá cosas que cambiar! ¡Si habrá que escuchar en forma diferente a las mujeres cuando vienen a plantear sus problemas! ¡Si habrá que tener otra empatía con estos temas! ¡Si habrá que borrar frases hechas de la cotidianidad de nuestro lenguaje! «Algo habrá hecho». «¡¿Quién la manda andar vestida con esa ropa por ahí provocando a los varones?!». ¿O no escuchamos esas cosas, que justifican el ejercicio del poder, del dominio, hasta el punto de quitar la vida a una persona? Y como muy bien decía la señora senadora Beramendi, no es solo un mensaje hacia las mujeres o las víctimas, sino hacia la sociedad, las mujeres y los hombres. «Las mujeres deben dejarse controlar y los hombres controlamos». Ese es el mensaje. Y el que se escapa, la queda. De alguna manera se la cobran: al varón que no quiere cumplir ese mandato y a la mujer que incumple con la dominación que se pretende ejercer sobre ella o con el rol tradicional que la sociedad le asigna. Es una «rara».

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA TOURNÉ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que lo más importante –y por eso he pedido la interrupción, señora presidenta– es lo que está reafirmando la señora senadora Tourné, que no se mete –quizás lo haga más adelante– específicamente en la letra, en el detalle, en la coma y el punto, con respecto a este proyecto. Las leyes son perfectibles y esta podrá ser mejorada en el futuro, pero lo que está haciendo el Parlamento es dar un mensaje contundente. Y está dando un mensaje contra el que mandan los hombres que matan a las mujeres por su condición de tales. Cuando un hombre mata a una mujer, ¿qué nos está diciendo? Que está dispuesto a perder la vida –porque a veces se matan– o la libertad con tal de que la mujer no se rebele a su dominio. Eso es lo que está debajo de todo. Frente a ese mensaje, nosotros tenemos que contraponer otro, del Estado, en este caso del Parlamento, en el sentido de que cuando un hombre mata a su mujer o a una persona que, en su cabeza, considera su mujer, su dominio, va a tener una pena mayor, porque estamos considerando que es una agravante.

El señor senador Heber decía –y no quiero entrar en una polémica– que estamos subiendo las penas. No es eso lo que estamos haciendo; estamos creando una figura penal determinada como una agravante. Pero si así fuera, si el señor senador Heber tuviera razón –y nosotros no– en cuanto a que estamos aumentando las penas, lo que estamos transmitiendo es que este es un hecho delictivo brutal, porque no se trata de que alguien realiza una rapiña y mata a otra persona, sino de que alguien cree que la persona, en este caso una mujer, es de su propiedad. Los tiempos de la esclavitud terminaron; ya no existen más. Entonces, el mensaje que está mandando el Parlamento, los hombres y mujeres que lo integramos, es que esa situación patriarcal o de esclavitud en que se coloca a las mujeres no vamos a aceptarla, no vamos a permitirla y vamos a combatirla.

Por supuesto que esto no se arregla solo con leyes, porque hay temas de educación, de considerar al otro un ser humano igual y no una propiedad. Pero lo que está haciendo el Parlamento va en la dirección correcta y envía el mensaje al que aludía la señora senadora Tourné: aquellos que matan porque consideran que su mujer es su propiedad o creen, en su cabeza, que esa relación afectiva es de su propiedad –la señora senadora utilizaba la expresión «bajo la pata»– tienen que entender que eso no va a pasar más. Este Parlamento levanta su voz contra esa situación, poniendo a disposición de los jueces las herramientas para que puedan actuar. También está el tema de las comisarías y los comisarios, pero este es un asunto que vamos a tener que encarar en alguna otra circunstancia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar la señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Sé que a veces reiterar el horror nos demanda un tiempo para respirar profundo, y que es bravo escuchar estas cosas, pero voy a seguir.

El 6 de abril falleció Melina Gordillo, que tenía 20 años, que estudiaba Licenciatura en Trabajo Social, en Montevideo, y que era modelo. Su exnovio le disparó cinco tiros el pasado 24 de marzo. Luego de luchar dos semanas y de sufrir cinco intervenciones quirúrgicas, murió. Melina estuvo en pareja unos ocho meses con esta persona que la mató, y se separó porque, según le manifestaba a sus familiares, este joven tenía actitudes violentas. Ella quería recuperar su libertad, quería terminar su formación en la Universidad de la República para tener otro futuro en la vida, pero falleció a los 20 años a causa de que «sos mía o de nadie».

Creo que esto está tan claramente expresado en el texto de la ley… Son todos crímenes de odio, porque estas mujeres no cumplen a cabalidad con el mandato social que les exige hacer caso a los poderosos que, según ese mandato social, son los varones. Por suerte esto está en cuestión y nos lo estamos cuestionando todos y todas, porque también, como muy bien decía la señora senadora Beramendi, este mandato social es tan fuerte y a veces está tan intrínseco en nuestras matrices de identidad que hasta nosotras, las propias mujeres, nos hacemos eco. Lo sufrimos mucho más, pero en definitiva todos, de alguna manera, hemos sido, somos y ojalá no seamos, prisioneros de estos dictámenes, de estas matrices culturales, de esto que brevemente acabo de repasar. ¿No creen que es suficiente fundamento como para no debatir, como muy bien decía el señor senador Larrañaga, términos jurídicos, plazos o quién es más coherente o incoherente? Estamos poniendo nombre a algo que está sucediendo, y voy a recordar otra frase que mucho hemos citado las feministas: «Lo que no se nombra no existe». Entonces, el gran paso que estamos dando hoy, además de tipificar un delito, es poner nombre a este tipo de homicidio que se comete por «odio hacia las mujeres». Al ponerle nombre, lo reconocemos.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–¿Creo, ingenuamente, que a partir de que se vote esta ley en ambas cámaras, la sociedad habrá cambiado? No; no del todo. Seguramente se producirá una reflexión; por lo menos en algunos lugares se va a debatir este tema y ya no será tan natural. Recuerdo que en 1995 o 1996 votamos la tipificación del delito de violencia doméstica en la Cámara de Representantes, junto a aquella otra ley «maravillosa» –lo digo entre comillas porque no creo que lo sea, en absoluto– sobre seguridad ciudadana, por la que se inventaron delitos, etcétera. No es el tema. Pero en aquel momento se le puso el nombre a la violencia doméstica y dejó de ser algo que ocurría puertas adentro y en lo que no había que meterse porque la familia y el hogar eran sagrados. El hogar sagrado, según lo que hemos repasado del año 2017, es el lugar más peligroso para las mujeres en este país.

El segundo delito más denunciado es el de la violencia de género. Además, como muy bien se dijo aquí, las denuncias de este delito son apenas el 10 % de lo que realmente sucede. Estoy segura de que si preguntáramos a las mujeres en la intimidad –porque todavía a muchas les da vergüenza reconocerlo– cuántas, de las que estamos acá o en la calle, hemos recibido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, descalificaciones, grosería o insultos, ¡no se salva nadie! Todas terminaríamos reconociendo que de alguna manera hemos sido víctimas de violencia.

Entonces, es muy importante poner nombre a estas cosas, denunciarlas, reconocerlas y que un poder del Estado sea el que las reconozca y que el Estado uruguayo se comprometa con que esto no es aceptable y con que el odio, el menosprecio, el desprecio hacia la condición de mujer por el solo hecho de ser mujer es una conducta delictiva y tiene que tener un parate. Y por supuesto que también esta ley contempla todo tipo de discriminación porque la historia es testigo de que las que hemos luchado por estas cosas, nos reconozcamos o no feministas, jamás dejamos de tener una actitud solidaria hacia todos aquellos que sufren discriminación. ¡Todos! No la queremos para nosotras, no la queremos para nadie. Y eso sí es coherencia.

Entonces, me parece que no es solo un tema de señales, aunque son importantes, sí. ¿Alcanza? No; no alcanza, y por eso estamos avanzando lo más rápidamente posible en un proyecto de ley integral contra la violencia de género, que es mucho más abarcativo y que contempla los aspectos que varios señores y señoras senadoras pusieron aquí sobre el tapete: los aspectos culturales, formativos, judiciales. De manera que este, si se quiere, es un pequeño paso. No va a solucionar el problema, pero le puso nombre, y a partir de que esto sea ley, no vamos a poder mirar para otro lado, hacernos los distraídos y seguir afirmando esos disparates que se dicen en la cotidianeidad, como: «Algo habrá hecho». Hay también otro mito muy usado en estos casos: «Cuando una mujer dice no, solo se está haciendo la difícil». Lo habrán escuchado, ¿no? Pero estas cosas, que en la cotidianeidad nos causan gracia, también son un síntoma del derecho a ejercer la violencia. Y estas son las cosas que todos y todas tenemos que empezar a erradicar, primero, en nosotros mismos para luego ir construyendo. Lo planteo porque, si bien me voy a jugar entera a que esto que hoy estamos considerando se apruebe en ambas cámaras y a que más adelante suceda lo mismo con la ley integral de violencia de género, no comparto la visión generalizada de los y las uruguayas de que las leyes arreglan todo. Son indicadores, son consensos sociales, es muy importante que se llame a las cosas por su nombre, pero tiene que haber también una voluntad política y personal de cambiar las cosas. Tiene que haber una revisión: «¡Ojo con lo que voy a decir porque, cuando digo, decreto determinada cosa!». «¡Ojo con cómo me voy a relacionar con los otros y con las otras!».

Marcela Lagarde decía en uno de sus primeros libros algo que cuando lo leí por primera vez me pareció un poco exagerado. No sé si los años me ablandaron o si la vida me cascoteó tanto, que termino por darle la razón. Ella decía que la verdadera revolución de esta época es la revolución del patrón cultural del patriarcado machista y opresor, a una cultura de la solidaridad. Y lo voy a terminar vinculando a un ejemplo internacional que hoy estamos viviendo y que es brutal. Me refiero a esos dos personajes del momento, Trump y Kim Jong-un, que allí están, jugándose la paz en el mundo, compitiendo para ver quién es el más crack, por no decir algo más vulgar pero que todos saben. Ese es el paradigma más brutal de la cultura patriarcal: «Domino el mundo», «Decido sobre la vida y la muerte en este planeta». Y esa misma cultura es la que mueve a algunos hombres en su cotidianidad, en su casa. Entonces, sinceramente, estoy de acuerdo. La verdadera revolución pasa por un cambio de matrices profundo, en el que abandonemos el patriarcado machista, opresor, dominante, por una cultura más inclusiva, más respetuosa de las diferencias, de las diversidades, de la riqueza impresionante que traemos los seres humanos a este mundo con nuestra unicidad.

En definitiva, creo que dentro de todo, es un paso importante poner nombre a la atrocidad, para que no sigamos mirando para otro lado, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑORA EGUILUZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA EGUILUZ.- Señor presidente: el Partido Colorado va a acompañar este proyecto de ley. El señor senador Bordaberry ha trabajado en este tema en la comisión y nosotros también lo hemos discutido largamente, porque es un compromiso que hemos asumido muchas de nosotras. Hoy tenemos la suerte de que esta bancada esté repleta de mujeres y de que podamos acompañar este proyecto de ley, que para nosotras es tan importante.

Más allá de las discusiones terminológicas sobre las que cada uno tiene su opinión, hay que decir que en la comisión se planteó la posibilidad de que el delito fuera denominado como lo indica la Real Academia Española, es decir: «feminicidio» y no «femicidio». Esa discusión fue superada y, además, no tuvo la intención de objetar el proyecto de ley en sí mismo; no iba a su raíz, sino que tenía que ver con las precisiones terminológicas y jurídicas que deben existir. De todas maneras, lo importante siempre fue el fondo del asunto y por eso se avanzó rápidamente.

Nosotros creemos que en el día de hoy, más que dar una señal a la población, el Senado de la república está dando respuesta a un reclamo realizado el 8 de marzo por miles y miles de personas, que a los gritos, pero también en silencio, por las calles de nuestro país pidieron que deje de haber asesinatos de mujeres. En Montevideo la movilización fue impresionante –nosotros estuvimos acá, acompañándola–, pero sabemos que en los departamentos del interior también se produjo.

No fue un 8 de marzo común, fue muy distinto y creo que todas lo sentimos así. Todas sentimos la necesidad de decir basta a lo que estaba pasando y estábamos muy conmovidas. Creo que el mensaje vino de la sociedad civil en su conjunto –organizada y no organizada– y de cada uno de los uruguayos que decidieron no ser indiferentes ante un tema que está llevándose a nuestras mujeres, para el que realmente no hemos encontrado solución.

Creo que el Senado de la república hoy no está dando una señal a la población, sino al menos una respuesta a lo que la sociedad necesita, quiere y pide a gritos: que deje de haber asesinos de mujeres. Lamentablemente, creemos que no vamos a encontrar la solución solamente en la tipificación del delito, en una ley, sino que, entre todos, debemos utilizar una cantidad de herramientas que el Estado debe ejecutar.

De todas maneras, me parece que la respuesta que está dando el Senado en esta instancia es importante y válida porque pretende poner un «basta» a toda esta situación, diciendo que no vamos a ser indiferentes a todo esto: vamos a tipificar y a sancionar de manera más dura; vamos a agravar las penas; vamos a hablar del asesinato de las mujeres como un tema específico; no vamos a seguir hablando en términos genéricos, sino que vamos a hablar de los temas que importan con la profundidad que merecen, diciendo el nombre y el apellido de las víctimas. Como describía recién la señora senadora Tourné, hay casos en que las mujeres son asesinadas delante de sus hijos y situaciones por las que las mujeres han ido cantidad de veces a las comisarías a denunciar, en algunos casos con buena respuesta y en otros –yo, que soy del interior se los puedo asegurar– no saben ni qué decirles.

La realidad es que, por más que agravemos las penas, muchas veces los asesinos que toman la vida de las mujeres en sus manos se suicidan, por lo que no sabemos hasta dónde va a llegarles el mensaje a ese tipo de personas. Entonces, creo que esto tiene que seguir estando en la discusión y no quedar solo en la aprobación del agravamiento de la pena por feminicidio. Esto debe ir acompañado de una serie de medidas; hay que seguir discutiendo la ley integral de violencia de género, pero también se pueden ir tomando otras medidas.

Hace pocos días, más precisamente el 8 de marzo, junto a la hoy señora senadora Matiaude y a otras compañeras que ejercemos la diputación, presentamos un proyecto de ley por el que se suspende la patria potestad a los agresores. Los agresores siguen teniendo la patria potestad sobre sus hijos. O sea, hay una cantidad de circunstancias que hay que seguir visualizando y sobre las que hay que ir avanzando paulatinamente porque no solamente con medidas sancionatorias de tipo penal vamos a solucionar todos los problemas. Los niños que quedan en esa situación de violencia son los que necesitan contención.

También estamos presentando un proyecto que en su momento propuso acá la señora senadora Montaner y que tiene que ver con las casas de acogida. En ese sentido, nosotros estuvimos trabajando en Salto con todas las instituciones para lograr un hogar para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, que no existe en el interior. Como sabemos todas las que trabajamos en este tema, la mayoría de estas mujeres que son violentadas tiene que volver a sus casas porque dependen económicamente de sus maridos. Al no tener adónde ir, esas mujeres siguen estando en situación de vulnerabilidad, la mayoría de las veces con sus hijos.

Estas son algunas de las cosas a las que el Estado, como tal, tiene que dar una respuesta que hoy, lamentablemente, no está dando. Tenemos que tener una visión no de crítica política, sino una visión en conjunto. Habrá que ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, como veamos que sea mejor para seguir avanzando y encontrar una solución. Lo importante es que podamos seguir avanzando.

Hoy el Senado da una respuesta y esperamos que mañana la Cámara de Representantes continúe con la línea positiva de entender que no hay posturas de igualdad. Cuando no hay igualdad hay que trabajar en la desigualdad, justamente, para intentar lograr el equilibrio, y esto es lo que pretendemos con esta ley de feminicidio. ¿Agravar las penas? Sí. ¿Visibilizar? Sí. ¿Trabajar fuertemente en otras medidas para que esto efectivamente sea un logro? Sí; porque no creo –me parece que es lo que sentimos todos– que podamos decir que el hecho de votar el feminicidio en el Senado sea un logro. Creo que simplemente es un paso que teníamos que dar para, de a poco, poder dar otros pasos.

El himno de mi partido, el Partido Colorado, que es muy lindo, dice: «Si alcanzamos una cumbre siempre hay otras más allá». Esta es una cumbre que estamos alcanzando y en la que muchas estuvimos trabajando durante largo tiempo –algunas en silencio y otras, no–, pero nos falta mucho por hacer. Y creo que esta discusión ha llevado a que muchas personas que no discutían sobre este tema, lo pongan sobre la mesa y se cuestione sobre las conductas, los valores y la educación que trasmitimos a nuestras familias y que también compartimos con la sociedad. De eso se trata. Pienso que recién cuando cambiemos nuestros hábitos vamos a poder dar señales; si no, lo que tenemos que hacer los que estamos acá es recibir esas señales y actuar en consecuencia, como responsablemente lo está haciendo hoy el Senado de la república.

Muchas gracias.

SEÑORA ARGIMÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ARGIMÓN.- Señor presidente: seré breve, porque si hay algo que tenemos claro este día es que queremos que este proyecto de ley tenga la media sanción que se merece.

Los días previos a este debate estuve haciendo un repaso de las discusiones académicas y de las posturas jurídicas sobre el femicidio, así como de los antecedentes, especialmente de los países latinoamericanos, que es donde ha habido un notorio avance en la consagración de normas jurídicas sobre femicidio o feminicidio, según del lado de la discusión en que nos paremos. Pero cuando vine acá hoy de mañana y vi en la barra a ese puñadito de mujeres que trabajan desde hace muchos años –que cada día son más y cuya expresión más impresionante se dio el 8 de marzo pasado–, sentí la necesidad de hacer una reflexión que tiene que ver con el colectivo que desde hace muchos años integramos las mujeres políticas que estamos en esta sala y a través del que realizamos denuncias, tanto en la interna de nuestras colectividades políticas como en la militancia social. Concretamente, lo que denunciamos es que este no es un tema de mujeres, sino de la sociedad toda. Si alguien piensa que el debate sobre el femicidio tiene que ver solamente con las mujeres, está totalmente equivocado. Esto habla de la sociedad en que vivimos. Hace más de veinte años que las mujeres venimos diciendo que este flagelo está instalado en la sociedad uruguaya. Al principio se trataba como un tema solo de mujeres y que únicamente tenía que ver con la interna de los hogares. Y es verdad que entre todos fuimos aprendiendo y entre nosotras también fuimos reconociendo los tipos de violencia a que nos enfrentábamos. Estoy hablando de la violencia física, de la psicológica y de la económica que cumple un rol muy importante –¡vaya si lo sabemos!–, de la obstetricia, a la que también debemos someternos en muchas ocasiones. Todo eso lo fuimos descubriendo nosotras mismas las mujeres. Se trata de un proceso difícil de afrontar, ya que también formamos parte de esa matriz cultural que recibimos y de la que hoy hablamos.

Hoy nos enfrentamos a nuevas masculinidades. Ya no es lo mismo este tema para las jóvenes generaciones y eso es lo bueno. Seguramente, esta forma de abordaje hoy es distinta, pero hace más de veinte años este era un tema de mujeres solo para mujeres. Por esa razón, si bien este debate es bienvenido, creo que el gran tema a tratar debe ser el de la ley integral de violencia doméstica que estamos precisando. Digo esto porque yo me acerqué al tema de la violencia trabajando sobre la violencia contra niños y niñas; muchos saben que este problema es una prioridad en mi militancia. Cuando recorremos el país –aquí hay senadores que pertenecen a departamentos del interior– nos damos cuenta de que este tema, aun hoy en el siglo xxi, es mucho más difícil de denunciar y de abordar en el interior. Cuando vamos allí, generalmente los fiscales –que son quienes reciben en primera instancia las denuncias– nos dicen que es impresionante el número de denuncias de violencia doméstica que los juzgados están recibiendo. Y ante esto, surge la pregunta de si se están dando más hechos de violencia o si las personas se están animando más que antes a denunciar. Seguramente inciden los dos factores, y por eso fue importante el proceso por el que se empoderó especialmente a las mujeres, aunque está claro que nos falta seguir empoderando a los niños para que se les crea cuando van a los juzgados a decir que son víctimas de abusos sexuales, ¡porque todavía no se les cree! Pido disculpas por mi vehemencia, pero ese es un asunto que estamos tratando en estos días.

En este proceso ya no hay mucho más que agregar y este, sin dudas, es un paso importante. Pero, como decían las señoras y señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, esto no es una solución mágica para el problema. Por esa razón, la ley integral es fundamental, ya que, frente a la denuncia, tienen que abrirse una multiplicidad de acciones desde el Estado y desde la sociedad, que determinen que la víctima no vuelva a ser víctima una y otra vez. Lamentablemente, en eso hemos fracasado. Y también hemos fracasado teniendo, sobre este tema, una mirada muy capitalina. Tan así es, que la única herramienta que dio efectivos resultados para evitar las muertes de mujeres, como fueron las pulseras electrónicas, primero se utilizó en Montevideo y después se fue avanzando lentamente en el resto del país.

Entonces, entendemos que el de hoy es un paso importante –sin lugar a dudas– y por eso vamos a apoyarlo. Sinceramente, está claro que es preciso sancionar un proyecto de ley integral que va a dar respuesta, entre otras cosas, a la forma en que se trata a la mujer cuando acude a la Policía, al operador de salud o a los juzgados –donde todavía son ninguneadas por muchos magistrados y magistradas– y a la falta de acompañamiento psicológico de un asistente cuando está haciendo una denuncia en un momento obviamente muy delicado de su vida y en el que, una vez más, debe decir lo que le pasa. Teniendo en cuenta esto, está claro que si hay algo que tenemos en el debe es la sanción de la ley integral de violencia doméstica. En lo personal, vengo hoy a votar esta iniciativa como un paso más, pero sé que no es suficiente.

Hablando de señales, en una sociedad violenta como la nuestra, en la que cuando se habla de violencia en el fútbol enseguida vemos que todo el mundo sale a debatir y a tomar partido, me parece que veinte años para resolver uno de los principales temas que el país tiene pendientes son demasiados. Una legislatura que tiene, desde el inicio, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo –y destaco que esto lo dice una senadora de la oposición– que tiene que ver con este flagelo y que no ha sido declarado de prioridad legislativa, muestra que estamos en problemas; y me hago cargo de lo que digo.

Por lo tanto, señor presidente, la bancada del Partido Nacional, representada por el señor senador Heber, va a acompañar este proyecto al que consideramos en todo su rigor, pero como un paso más que damos en este asunto. Después está el otro gran tema: si modificamos o no la lógica de los códigos penales. ¿Qué me puede importar cambiar la lógica de un código que hace no sé cuánto se está tratando de modificar sin que nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo? Mientras tanto ¿vamos a seguir esperando, entre otras cosas, que los penalistas se pongan de acuerdo en cuáles son las figuras que tienen esa lógica para darnos, al fin, un nuevo código? Ya está; el femicidio tiene que salir y rápidamente, pero más rápido tiene que darse el debate sobre la ley integral, porque después hay que enfrentar el otro tema: su puesta en práctica. Quienes estuvimos presentes en el proceso de sanción de la otra ley sabemos cuánto se demoró en poner en práctica, en virtud de algunas lógicas internas de las instituciones que tienen que salir a dar respuesta. Sin duda, sabemos que todo eso lleva su tiempo. Las muertes que detallaba hoy la señora senadora Tourné no pueden seguir ocurriendo; no podemos seguir siendo testigos, una y otra vez, de violencia hacia las mujeres en este país, en el que proporcionalmente existe un índice en esa materia que resulta alarmante. Vuelvo a decir que quien encare este tema en forma aislada de lo que son los episodios de violencia en general en nuestra sociedad, no está entendiendo nada. Este no es un tema solo de mujeres.

Quiero terminar, señor presidente, leyendo las palabras de alguien que la mayoría de nosotros conoce y por quien sentimos un respeto intelectual y un cariño personal muy grandes. Me refiero a la magíster Andrea Tuana, especialista en violencia, que forma parte de la red de violencia de género, quien dijo lo siguiente: «Hay argumentos que ya no podemos sostener, explicaciones que no podemos seguir dando y debates y decisiones que ya no podemos eludir. El 8 de marzo pasado la ciudadanía salió a la calle mostrando claramente dónde están las prioridades y la emergencia nacional en términos de violencia de género, en términos de igualdad de género y en términos de un país seguro y justo para nuestras mujeres.

El Parlamento tiene en sus manos una posibilidad cierta y concreta de dar un avance sustantivo en la lucha contra la violencia de género. El proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género está en manos de nuestros legisladores desde hace un año, días más, días menos».

Me parece, señor presidente, que si hay algo que tenemos que recordar, además de las víctimas, es la movilización constante –muy especialmente después de la apertura democrática– de la sociedad civil organizada, que llevó a que este tema estuviera en primer lugar en el orden del día de la preocupación social. Como siempre, la sociedad está más avanzada que las normas.

Entonces, en homenaje a todas aquellas víctimas y, principalmente, reconociendo que la gente nos está diciendo que este tema es prioridad, vamos a acompañar este proyecto de ley sobre femicidio, pero fundamentalmente abogando por la pronta sanción de la ley integral de violencia doméstica.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Buen día a los presentes y a quienes nos escuchan.

Brevemente, en esta discusión general vamos a centrarnos en dos ejes. Ante todo, realizaremos algunas reflexiones sobre el proyecto de ley, sobre el proceso que llevó a la discusión que estamos dando y también sobre algunos aspectos que, a nuestra manera de ver, hacen a la causa de esta problemática que hoy centra la atención del debate en el Senado. Después haremos una breve síntesis en la que trataremos de fundamentar el pedido de una rápida aprobación del proyecto de ley y su aplicación una vez que finalice su tratamiento en el Parlamento.

Está claro que el tema que nos convoca hoy es el femicidio. Voy a destacar también los actos discriminatorios, pero debo reconocer que el femicidio contribuye con gran fuerza a que se dé esta discusión porque, en última instancia, el problema de la muerte de las mujeres a manos de sus parejas ha ido incrementando la sensibilidad y la resistencia a esta situación por parte de la sociedad.

Desgraciadamente el tema de la muerte de las mujeres a manos de sus parejas no es nuevo, pero no vamos a entrar en la casuística porque hoy estamos tratando de dar una discusión mirando hacia adelante. Sin embargo, sí quiero decir que la sensibilidad social con respecto a esta problemática ha aumentado esencialmente porque en los últimos años ha habido una cantidad importante de políticas públicas –tal como indicó la señora senadora Beramendi– que han permitido reconocer y dar acceso a los derechos. De esa forma, afortunadamente todos aquellos colectivos que han sufrido discriminación y postergación –entre los cuales están las mujeres– han tenido la oportunidad de salir de una zona de sombra, de oscuridad y de dejar de ser temas «tapados», por decirlo de alguna manera. Esa salida nos ha permitido, entre otras cosas, ganar en sensibilidad y en una identificación más precisa del tema. Es así que en la sesión pasada, la miembro informante, señora senadora Payssé, nos presentaba estadísticamente cuál es la problemática y las diferentes dimensiones que tiene la violencia hacia la mujer. En virtud de estas estadísticas y aprendizajes hoy estamos profundizando especialmente en el tema de castigar de modo más fuerte la muerte de la mujer a mano de sus parejas.

Esta sensibilidad de la que hablo ha dado señales. Recuerdo que a fines de 2015 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que fue el primer paso para iniciar la discusión. Claramente, pues, hay una expresión de sensibilización y una señal de que hay que empezar a hacer algo; esto no se puede tolerar más porque son hechos muy desgraciados los que involucran muerte de mujeres y actos discriminatorios hacia colectivos vulnerables.

A mi modo de ver, hay que reconocer que la movilización social ha contribuido significativamente a que se dé este paso. La movilización social en torno a la problemática del asesinato de las mujeres tiene larga data. Más de una vez hemos escuchado que la movilización frente a las iniciativas que llegan al Senado es como un carburante que se agrega y que ayuda a avanzar más rápido. En ese sentido, hoy quiero reconocer y saludar especialmente a todos los que forman parte del movimiento de denuncia de la violencia hacia la mujer porque permanecieron en la calle y colaboraron brindando elementos para acelerar el proceso de aprobación de este proyecto de ley que modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal.

Varios señores senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han reconocido que las modificaciones que se están incorporando son, en algunos casos, totalmente innovadoras y, como tales, generan una reflexión teórica, detenida, de lectura de los contextos, de los escenarios, y sobre la construcción de un escenario futuro respecto al cual se establece este proyecto que se convertirá en ley si se aprueba –creo que así sucederá– y cuya eficacia la realidad se encargará después de demostrar.

Las modificaciones son siempre sobre «lo posible». Cuando surgen nuevas situaciones, producto del quebranto del equilibrio de la sociedad o del reconocimiento de un quebranto preexistente, y se hace conciencia de que hay que tomar decisiones, la innovación siempre conlleva la posibilidad de cometer aciertos y desaciertos. Entonces, creo que lo que hoy estamos votando es «lo posible», y agrego que con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con la discusión que se ha dado por parte de las organizaciones sociales a lo largo de su tratamiento en el Parlamento y con los aportes de los parlamentarios –hasta el momento en la Cámara de Senadores, pero no dudo que sumarán los diputados en la Cámara de Representantes– vamos a construir el mejor proyecto posible. En ese sentido, quiero destacar los agregados al artículo 312, que son las agravantes generadas por actos discriminatorios –que el Código Penal no tenía– y la tipificación del delito de femicidio, con todas sus especificaciones. Varios señores senadores que me antecedieron en el uso de la palabra se han expresado sobre este aspecto mucho más claramente de lo que yo podría hacerlo.

La discusión y la aprobación de este proyecto de ley –que, en última instancia, genera un instrumento para abordar nuevos escenarios– puede contribuir a futuro, pero eso no significa que sea garantía de solución. Igualmente, creo que el solo hecho de plantear esta discusión –y aquí tomo las palabras de la senadora Tourné– muchas veces ayuda a reflexionar y hasta a cambiar conductas. Expresado de manera más sencilla, diría que el solo hecho de plantear la discusión ha traído como consecuencia, sin ir más lejos, que el tema del femicidio haya sido parte de la agenda informativa reiteradas veces en las últimas semanas. Creemos que eso también contribuye a tomar conciencia y a generar soluciones que ayuden a lograr, en definitiva, el principal objetivo de este proyecto de ley, que es reducir las muertes de mujeres. Si esta discusión ayuda –aun cuando sea muy difícil demostrarlo– a que haya una mujer menos que muera en manos de su pareja, podremos decir que está bien encaminada en cuanto a los resultados.

Creemos que los problemas sobre los que hoy estamos legislando –los actos de discriminación y el femicidio– tienen su origen en la desigualdad; por lo tanto, busquémosles una solución pero sin dejar de pensar en su origen.

En su momento la señora senadora Beramendi habló de la división sexual del trabajo, que tuvo como consecuencia la dominación del hombre sobre la mujer. Precisamente, esta división a la que aludía la señora senadora –luego hablaré de la división social del trabajo–, en general trae como consecuencia la desigualdad: una persona ejerce dominación sobre otra y lo hace a través de diversos instrumentos. Incluso se ha generado hasta una cultura de violencia que da por bueno que algunos actos violentos sean vistos casi como naturales o normales. En última instancia, estamos hablando de la desigualdad y de sus instrumentos de dominación, que son la violencia y las pautas culturales; todo eso hace que terminemos teniendo una persona que ejerce la dominación y otra que es dominada. En la división sexual del trabajo el hombre ejerce la dominación, pero no dudamos en plantear que también tendremos que discutir sobre la división social del trabajo, donde nuevamente encontramos a una persona que ejerce la dominación y otra que es dominada, pero donde el dominante no tiene por qué ser siempre el hombre. Es más, en lo que refiere al otro caso tampoco tiene por qué serlo siempre.

A nuestro entender, esta discusión sobre la división social del trabajo también es parte del fundamento por el cual rápidamente tenemos que abordar la ley integral contra la violencia de género, porque la desigualdad y sus mecanismos de perpetuación están generando hoy una violencia que debemos desterrar. Pensamos que este destierro no debe quedar solo restringido a la problemática de la mujer, aun siendo esta la que en estos momentos más nos preocupa abordar y resolver.

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: simplemente quiero adherir a lo que viene expresando el señor senador Garín, porque lo que importa es votar hoy este proyecto de ley.

En la situación actual, con una visión general del Uruguay, del mundo, de América del Sur, resulta que esta guerra invisible mata a doce mujeres por día en América Latina. Cada dos horas estamos asistiendo a un homicidio de este tipo. Y todo eso se ha planteado aquí con una visión sumamente abarcativa por parte de la señora senadora Beramendi, así como de una forma personal y significativa en el relato de cada historia por parte de la señora senadora Tourné.

Entonces, queremos reafirmar que votar este proyecto de ley es un paso.

Además, compartimos lo dicho por el señor senador Garín en el sentido de que de esta discusión surge el compromiso del Cuerpo de avanzar –como lo venimos haciendo en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión– en estos temas. Esperamos que en este tiempo pueda aprobarse la ley integral de violencia de género que, justamente, busca adecuar el aparato estatal para asegurar y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Una vez más reitero que nos sumamos a lo señalado por el señor senador Garín y nos comprometemos de forma explícita a que ese sea nuestro próximo paso de responsabilidad.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Agradecemos el aporte del señor senador Carámbula porque, de alguna manera, indica cómo se está procesando lo que a nuestro entender se está planteando aquí, que es continuar en breve con la discusión de la ley integral contra la violencia de género.

En síntesis, vamos a acompañar este proyecto de ley que establece agravantes al delito de femicidio y a los actos de discriminación. Ya nos hemos referido a cuánto puede repercutir en la transformación de la realidad, pero no dejamos de reconocer que su aprobación implica también un pedido de colaboración, fundamentalmente a aquellos movimientos sociales y políticos que han estado vinculados con esta temática, para que todos ayudemos a su implementación. Hacemos este planteo porque la aprobación de un instrumento es un paso importante, pero lo más importante es poder aplicarlo. Por eso hacemos este llamado, dirigido a todos aquellos que han participado y ayudado para que hoy pueda llegarse a la aprobación de la ley; a ellos les pedimos que luego ayuden para que pueda aplicarse efectivamente, porque el hecho de que tengamos el instrumento no significa que hayan cambiado las personas que deben aplicarlo. No podemos olvidar que el instrumento se va a aplicar en la sociedad que preexiste, que es la que ha generado estos problemas y ha provocado los desequilibrios que desembocaron en la necesidad de estar considerando hoy la transformación del Código Penal, que esperamos se vote afirmativamente.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para finalizar la discusión, tiene la palabra la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: en primer lugar quiero mencionar a la doctora Mariana Malet, cuyo nombre se me borró de la mente en mi intervención anterior, y no por no reconocerla sino, tal vez, por tenerla demasiado presente.

En segundo término, sintetizando, creo que a nadie escapa que estamos dando un paso importante, pero no alcanza con la tipificación del delito de femicidio. De todos modos, reitero que es un paso simbólicamente importante.

En tercer lugar, no incurriremos nuevamente en comentarios acerca de lo que estuvo presente en el debate sobre el aumento de las penas, porque ya fue dicho y de manera muy clara.

En cuarto término, creo que a través de las intervenciones quedó saldada esa dicotomía o esa doble modalidad de designar o de definir el nombre del delito que vamos a tipificar. Como bien se dijo, las Naciones Unidas hablan de femicidio/feminicidio y aunque el Diccionario de la lengua española no menciona el femicidio, incorpora términos que empiezan a utilizarse de forma consuetudinaria, no solo en un país sino en varios, como ya sabemos que sucede. Por lo tanto, eso también lo tenemos despejado.

Comparto también –en este caso creo que hubo una expresión casi colectiva– que este tema no es privado, sino que es esencialmente político. Las intervenciones de hoy y el informe dado el miércoles 5 en sala son más que elocuentes para tener claro que este es un tema político de alto nivel y de altísima sensibilidad.

En otro orden, señor presidente, quedó claro en el planteo del señor senador Mieres que este proyecto de ley no viola principios de igualdad. No voy a reiterar los conceptos vertidos por el senador, pero es bueno poder reunirnos en este hemiciclo y coincidir; no siempre tenemos que estar en posiciones encontradas e imposibles de acordar. Hoy estamos coincidiendo mayoritariamente, no solo en la votación, que es importante, sino en los elementos que estamos poniendo a consideración. Eso es bueno: le hace bien a este Parlamento, a la democracia y a nuestro sistema republicano.

Comparto, asimismo, el planteo que hacía, no solo el senador Larrañaga, sino otros senadores y senadoras, vinculado con que este es un tema profundamente cultural, por lo que, obviamente, necesita un cambio cultural. No estaríamos hablando de esto si no fuera así; no estaríamos escuchando las referencias al sistema patriarcal, al tema de la cultura impuesta, al poder, como bien lo describía la senadora Tourné, si este no fuera un tema que hace a nuestra cultura y a nuestra responsabilidad –no solo como senadores y senadoras, sino como integrantes de una sociedad– de trabajar de manera conjunta con todos aquellos y aquellas que están fervorosamente empeñados por un cambio cultural que no admite más demoras.

Por último, señor presidente, quiero reafirmar el compromiso de la aprobación del proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género, tal como se denomina la iniciativa que tenemos a consideración en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión –de la que ya hemos aprobado cuarenta artículos, aunque están sujetos a una última revisión–, que es un proyecto muy fuerte, muy potente, que consta de 103 artículos –que van a ser 102 porque el 95 lo estaremos aprobando hoy–, y que en siete capítulos abarca un universo de modificaciones culturales vinculadas a este tema, que una vez que se transformen en ley me atrevería a decir que van a ser revolucionarias. El proyecto tipifica diferentes formas de violencia, que van más allá de las que se reconocen históricamente y de las que fueron incluidas, en primera instancia, en la Ley n.º 17514, de Violencia Doméstica; también incorpora una descripción de lo que son las directrices vinculadas a los diferentes ámbitos de aplicación de las políticas públicas que tienen que ver con esta violencia, pero no se agota en la mera descripción, sino que también abarca la necesidad imperiosa de generar políticas públicas en distintas áreas como la educación, la salud, la seguridad, la defensa, etcétera; tiene que ver, además, con modificaciones del Código Civil y con modificaciones del Código del Proceso Penal que empezará a regir a partir de junio de este año, que requiere que sigamos modificando algunas disposiciones porque no es comprensible ni admisible que, en el caso de la violencia de género, agresor y víctima se enfrenten en un juicio cara a cara. Eso debemos modificarlo, pues se estableció un cambio, pero se necesita la inclusión de una excepción para esta circunstancia.

Iremos a la modificación del Código Penal, aunque la Cámara de Diputados siga con un proceso más lento. Se modificarán aquellos artículos que hablan del ultraje violento al pudor, del atentado violento al pudor, porque la verdad es que el «señor pudor» no está involucrado en esta cita; están involucradas otras cuestiones bastante más profundas que no tienen relación con el «señor pudor». Por supuesto, avanzaremos en definiciones mucho más claras de lo que es el abuso, de lo que es la violación, independientemente de que en la Cámara de Representantes se esté procesando, porque tenemos la responsabilidad de mejorar y de marcar lo que es una nueva tipificación, una tipificación moderna, que tiene que ver con la realidad de muchas mujeres y también de niños y niñas que hoy están sujetos a un Código Penal que habla de los derechos del hombre, porque así se llama el capítulo, señor presidente.

Asumimos la responsabilidad de votar ese proyecto. Lo vamos a hacer para que sea ejemplo en el mundo como marco integral sobre estos temas. Lo estamos haciendo con responsabilidad y con la prisa que requiere el tema, pero también con el rigor que merece. Por eso, el 13 de mayo vendrá a comisión el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho, a trabajar con la parte que ya tenemos aprobada y con lo que nos queda, para seguir avanzando con los asesoramientos que corresponde.

Me interesaba hacer estas afirmaciones, señor presidente, porque no quisiera que se pensara –como estuvo circulando en algún momento por ahí– que la votación del proyecto que hoy estamos considerando deja arrinconada o encajonada la votación del proyecto de ley integral sobre violencia basada en género. ¡Todo lo contrario, señor presidente! A mí me toca integrar ambas comisiones –la de Población, Desarrollo e Inclusión y la de Constitución y Legislación– por lo que me hago cargo de lo que estoy diciendo, tanto a nivel personal como partidario.

Dicho esto, señor presidente, antes de pasar a la votación adelantamos que vamos a proponer algunas modificaciones al proyecto de ley que estamos considerando, que ya habíamos planteado en la comisión porque no nos terminaba de cerrar un último literal que habíamos incorporado al artículo 312 del código. Los integrantes de la comisión trabajamos y acordamos algo que nos satisface como legisladores y legisladoras en el sentido de que ese literal pase a ser un numeral más del artículo 311.

No sé, señor presidente, si primero corresponde pasar a la votación en general, para luego introducir las modificaciones mencionadas. Y dado que este proyecto tiene solo dos artículos y que vamos a proponer una modificación de uno hacia otro, propongo que en la discusión particular se suprima la lectura de los artículos y se voten de manera separada, introduciendo la modificación que oportunamente leeré.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, vamos a votar en general el proyecto que viene de la comisión, para luego ingresar a la discusión particular, en que introduciremos las modificaciones que correspondan, artículo por artículo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley, tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Aplausos en la barra).

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Creo que en la jornada de hoy hemos hecho un reconocimiento de una dolorosa realidad, tanto en lo que tiene que ver con los homicidios cometidos por discriminación en función de la orientación sexual, de la identidad de género, de la raza u origen étnico, de la religión o de la discapacidad, como en lo que tiene que ver con el femicidio.

Con respecto a este último, ha quedado clara la expresión de todas las colectividades políticas en el sentido de continuar con un esfuerzo contundente para aprobar la legislación integral. La preocupación que todos tenemos es que en la mayoría de los casos en los que, lamentablemente, el final ha sido la muerte de la mujer, ha fallado el sistema que nos rige hasta ahora.

El voto que dimos hoy a esta iniciativa representa el compromiso de no seguir llamando pasión o locura a una desigualdad estructural, sino reconocer que todas y todos tenemos algo que hacer en esta modificación cultural tan profunda.

Señor presidente: creo que lo más importante a partir de la votación en esta cámara y de la que tendrá lugar luego en la Cámara de Representantes, será trabajar para que efectivamente la sociedad reconozca que este tema no es ajeno a ninguno de nosotros y que, si no lo modificamos, nuestras mujeres, nuestras hijas o nuestras nietas, tendrán el destino de algunas de esas jóvenes que se mencionaron en forma contundente.

Muchas gracias.

SEÑORA MATIAUDE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MATIAUDE.- Señor presidente: hoy estamos dando respuesta a las mujeres que, a través de las diferentes manifestaciones, han pedido y exigido que se debatiera y que se encontrara una solución al grave problema que atraviesan nuestra sociedad y nuestras mujeres, como es el homicidio por parte de sus parejas o exparejas.

¿Es una solución? No, no lo es, pero representa un gran avance. Así quedó sellado y demostrado con ese caluroso aplauso y esa manifestación que han dado los hombres y las mujeres que se encuentran en la barra.

En junio de 2015, la ONG Por la Integración, que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica, en ocasión de presentar en el Palacio Legislativo la investigación realizada a este respecto, nos hizo saber que la cantidad de muertes por violencia doméstica en Uruguay es diez veces mayor a la que se registra en España y cinco veces mayor a la que se conoce en Chile.

A su vez, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal–, Uruguay, lamentablemente, lidera el índice de homicidio de mujeres por violencia doméstica, que asciende a 0,73 %. El mismo valor se registra en El Salvador, país que en 2012 fue catalogado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– como «el más violento del planeta». Es obvio que tanto España, donde el índice es de 0,12 %, como Chile, donde es de 0,23 %, tienen una población muy superior a la de nuestro país.

Cada una de las mujeres y cada uno de los hombres aquí presentes somos conscientes de esta cruda realidad que nos afecta. Hoy llevamos nueve asesinatos de mujeres en lo que va del año, y no debemos olvidar las veinticuatro que el año pasado fueron víctimas de homicidio por parte de su pareja o expareja. Es más, el 97 % de esos homicidios ocurrieron en el seno del hogar, porque el agresor esperó a que la víctima estuviera en su casa para matarla.

Nos consta que en 2016 hubo más de veinticinco mil denuncias.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Señor presidente: la aprobación de este proyecto de ley es un gran avance.

Siento orgullo de estar sentada hoy aquí y de que de las cuatro bancas que tiene el Partido Colorado, tres estén ocupadas por mujeres.

Vuelvo a decir que este problema no solamente es algo que nos preocupa, sino que también nos ocupa.

Esto representa un avance y, aunque debemos seguir trabajando y discutiendo, a partir de esta media sanción, hoy es diferente al ayer.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1.º tal como viene de la comisión, adelantando que tiene un artículo sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Sustitúyese el numeral 1º del artículo 311 del Código Penal por el siguiente:

“1º Cuando se cometiera en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge o excónyuge, del concubino o concubina, del exconcubino o exconcubina, o cuando se cometiera por persona con quien la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad, y siempre que no constituya circunstancia agravante muy especial, de las establecidas en el artículo siguiente”.

Agrégase al artículo 311 del Código Penal el siguiente numeral:

“5º Si se hubiera cometido en presencia de personas menores de edad”».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: en acuerdo con todos los integrantes de la comisión, que fueron consultados habida cuenta de que, como dije, teníamos duda acerca de su ubicación en el texto, finalmente concluimos que debía ser incluido como numeral 5.º del artículo 311 del Código Penal. Esa es la modificación. El resto del artículo 1.º está exactamente igual a como salió de comisión.

Con respecto al artículo 2.º adelanto que proponemos eliminar el literal que hacía mención a este tema, dado que fue ubicado aquí.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 1.º sustitutivo que acaba de ser leído.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º, desglosando el literal d).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el literal d).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Aplausos en la barra).

(Texto del proyecto de ley aprobado).

g001.jpg

g002.jpg

18) SOLICITUDES DE NO ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: solicito que no se archive la carpeta n.º 134/2015, a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud del señor senador.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dese cuenta de otro asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Luis Calabria).- «La Comisión de Transporte y Obras Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Senado, solicita que no pasen al archivo las siguientes carpetas: 103/2015, 466/2016, 483/2016 y 626/2016».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) DOCTORA CLAUDIA GISELLE KELLAND TORRES. DESIGNACIÓN COMO MINISTRA DE TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Claudia Giselle Kelland Torres. (Carp. n.º 761/2017 - rep. n.º 418/2017)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Gracias, señor presidente.

Con fecha 13 de febrero de 2017 ingresó el petitorio de la Suprema Corte de Justicia para designar a la doctora Claudia Giselle Kelland Torres como ministra del Tribunal de Apelaciones.

En el año 1990, la doctora Kelland se tituló en Derecho y Ciencias Sociales. Posteriormente, obtuvo el título de Aspirante a Magistrado con la calificación de Excelente y con la mención especial por «Cero inasistencias» del Centro de Estudios Judiciales –CEJU–, generación 1999-2001.

Después obtuvo una beca y cursó una maestría en Derecho Civil con énfasis en Responsabilidad Contractual, en la Universidad Católica del Uruguay.

Quisiéramos destacar que desde la escuela primaria hasta obtener el título de doctora en Derecho y Ciencias Sociales, la señora Claudia Kelland cursó todos sus estudios en la enseñanza pública nacional.

También cursó estudios de idioma inglés.

Una vez obtenido el título profesional, entre los años 1991 y 2003 ejerció la profesión de manera liberal. A partir de ese momento tiene un extenso currículo –que consta en el repartido– en los departamentos de Colonia, Salto, nuevamente Colonia y Montevideo, donde se desempeña hasta la fecha.

Ha realizado en el CEJU cursos obligatorios en régimen de capacitación y formación continua y prueba evaluatoria.

Aprobó el curso de Ética Judicial con la calificación de 9 y el curso Daño y Liquidación del Daño en Materia Civil con la calificación de 10.

Asimismo, tiene una importante carrera docente en la Universidad de la República, en la cátedra de Técnica Forense.

También fue docente tutora en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay –CEJU– y en tal calidad realizó actividades, de las que quisiéramos destacar una por la importancia que supone. Fue miembro permanente, desde 2012, del proyecto CEJU «Mesa de la Educación».

En el marco de un convenio entre la ANEP y la Suprema Corte de Justicia, integró un equipo estable de magistrados que recorren instituciones públicas de enseñanza secundaria en Montevideo y en el interior del país. También es convocada por instituciones privadas para que brinde charlas sobre la función del juez en nuestra sociedad. En este convenio CEJU-ANEP nos parece absolutamente relevante la participación de la magistrada por lo que significa en la educación cívica de la población.

También ha realizado varias actividades docentes vinculadas a la magistratura. Vamos a destacar una en la Facultad de Medicina. Fue invitada por la Cátedra de Medicina Legal a cargo del doctor Hugo Rodríguez, profesor grado 5, a la charla sobre «Aspectos prácticos de la prueba pericial».

Reitero que el relato completo de todas estas actividades se encuentra en el repartido. De todos modos, quiero destacar que en julio de 2015 recibió el diploma de reconocimiento del Poder Judicial del Perú por haber participado, en calidad de expositora, en la pasantía internacional «Influencia de la oralidad, notificación electrónica y el expediente digital en la celeridad del proceso civil y de familia en el sistema judicial uruguayo».

También desarrolló actividades en la Asociación de Magistrados del Uruguay.

Tiene, a su vez, una extensa participación en jornadas, cursos y seminarios en materia jurídica, que están relatados en forma detallada en el repartido. De esos cursos y jornadas queremos destacar un seminario sobre «Análisis y debate sobre el nuevo Código del Proceso Penal» porque nos parece particularmente importante dado que este año se va a comenzar a implementar el nuevo código.

En octubre del año 2000 asistió a un Taller sobre Derecho Laboral y en octubre de 2004 a un Seminario sobre procedimientos respetuosos y protectores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de abuso sexual.

En junio de 2007 participó de la Jornada sobre Violencia Doméstica «Entre la ley y la práctica», que nos parece de especial relevancia en el currículo de esta magistrada.

En setiembre de 2006 realizó una actualización de derecho tributario enfocado a la práctica de los problemas más frecuentes.

En 2014 hizo un curso sobre derechos humanos.

Como se puede apreciar, esto es apenas una muestra del enorme espectro del currículo de la doctora Kelland, en distintos y variados aspectos relacionados con la cuestión jurídica.

Por lo expuesto, aconsejamos al Cuerpo aprobar la solicitud para designar a la doctora Claudia Kelland como ministra de Tribunal de Apelaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo Único.- Apruébase la solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia para designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Claudia Giselle Kelland Torres».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará a la Suprema Corte de Justicia.

20) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Proponemos que se levante la sesión y se postergue el tratamiento de los demás asuntos del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:02, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Aviaga, Ayala, Besozzi, Carámbula, De León, Eguiluz, Garín, Heber, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier).

RAÚL SENDIC Presidente

Hebert Paguas Secretario

Luis Calabria Prosecretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.