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N.º 53 - TOMO 562 - 29 DE DICIEMBRE DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

53.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y EL SEÑOR GUILLERMO BESOZZI Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Asunto entrado

5) Pedido de informes

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la publicidad del organismo.

• Oportunamente fue tramitado.

6) Exposición escrita

– El señor senador Carlos Camy solicita se curse una exposición escrita con destino al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Administración de los Ferrocarriles del Estado, relacionada con la capacidad locativa del edificio de UTU de la ciudad de Rodríguez, en el departamento de San José.

• Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias a la última convocatoria.

8) Integración del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública

– Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar:

• en calidad de presidente, al contador público y licenciado en administración Ricardo Gil Iribarne;

• en calidad de vicepresidente, al doctor Daniel Borrelli Uberti;

• en calidad de vocal, a la señora Matilde Rodríguez.

• Concedidas.

9) Juan Curbelo del Bosco. Designación como miembro integrante del Directorio de la Administración Nacional de Puertos

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

10) Pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente

– Proyecto de ley por el que se crea, bajo la órbita del Banco de Previsión Social, un registro de personas obligadas a pagarlas.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Trabajadores de la empresa Nordex S. A

– Minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo que remita un proyecto de ley a los efectos de extender por seis meses adicionales el seguro por desempleo a su personal.

• Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por el señor presidente del Cuerpo, Raúl Sendic, y por los señores senadores García y Mieres.

– Quedan convocados los señores senadores Reyes y Posada.

13) y 15) Transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

– Proyecto de ley por el que se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Inclusión financiera. Modificaciones

– Proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley n.º 19210.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Inclusión financiera. Prórroga

– Proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 1.º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Instrumentos financieros derivados

– Proyecto de ley por el que se establece el tratamiento aplicable.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 28 de diciembre de 2016

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana jueves 29 de diciembre, a la hora 09:30, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de designar:

- en calidad de presidente en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al contador público y licenciado en administración Ricardo Gil Iribarne;

Carp. n.º 657/2016 - rep. n.º 343/2016

- en calidad de vicepresidente en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al doctor Daniel Borrelli Uberti;

Carp. n.º 659/2016 - rep. n.º 344/2016

- en calidad de vocal en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la señora Matilde Rodríguez.

Carp. n.º 658/2016 - rep. n.º 342/2016

2.º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de designar en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos al doctor Juan Curbelo del Bosco.

Carp. n.º 744/2016 - rep. n.º 401/2016

3.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se crea, bajo la órbita del Banco de Previsión Social, un registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente.

Carp. n.º 732/2016 - rep. n.º 396/2016

4.º) Minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo que remita un proyecto de ley a los efectos de extender por seis meses adicionales el seguro por desempleo al personal afectado de la empresa Nordex S. A.

Carp. n.º 746/2016 - rep. n.º 403/2016

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5.º) por el que se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales en Transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

Carp. n.º 716/16 - rep. n.º 399/2016 - rep. n.º 399/2016 anexo I - rep. n.º 399/2016 anexo II

6.º) por el que se modifican artículos de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, sobre inclusión financiera;

Carp. n.º 727/2016 - rep. n.º 398/2016 - rep. n.º 398/2016 anexo I

7.º) por el que se prorroga hasta el 1.º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, sobre inclusión financiera;

Carp. n.º 745/2016 - rep. n.º 402/2016

8.º) por el que se establece el tratamiento aplicable a los instrumentos financieros derivados.

Carp. n.º 728/2016 - rep. n.º 397/2016 - rep. n.º 397/2016 anexo I

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Asiaín, Ayala, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Castaingdebat, Delgado, García, Garín, Heber, Iturralde, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Saravia, Simois, Topolansky, Tourné y Xavier; ingresan por licencia del titular, los señores senadores Posada y Reyes.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga, Cardoso, Coutinho, De León y Lacalle Pou; se retiran con licencia los señores senadores García y Mieres.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Son las 09:37).

–El Senado ha sido convocado a fin de levantar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar los puntos que figuran en el orden del día.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTO ENTRADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:37).

–Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se prorroga hasta el 15 de abril de 2017 la permanencia fuera del país del contingente militar desplegado en la República de Haití;

• por el que se regula la organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE».

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la publicidad del organismo.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al Consejo de Educación Técnico Profesional y a la Administración de los Ferrocarriles del Estado, relacionada con la capacidad locativa del edificio de UTU de la ciudad de Rodríguez, en el departamento de San José».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el envío de la exposición escrita.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

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7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del día 28 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi, Bianchi, Mujica y Topolansky.

8) INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día:

«Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:

• ­en calidad de presidente en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al contador público y licenciado en administración Ricardo Gil Iribarne;

Carp. n.º 657/2016 - rep. n.º 343/2016

• ­en calidad de vicepresidente en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al doctor Daniel Borrelli Uberti;

Carp. n.º 659/2016 - rep. n.º 344/2016

• en calidad de vocal en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la señora Matilde Rodríguez.

Carp. n.º 658/2016 - rep. n.º 342/2016».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 657/2016, correspondiente a la solicitud de venia para designar en calidad de presidente de la Jutep al contador público y licenciado en administración Ricardo Gil Iribarne.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: hemos postergado tanto la consideración de esta venia que priorizo su votación antes que fundamentar las condiciones personales, funcionales y técnicas, que es lo que constitucionalmente debemos evaluar para dar las venias que corresponden a quienes son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero ni que hablar que se justifica plenamente la aprobación de la venia del contador Ricardo Gil Iribarne para ocupar la responsabilidad para la cual ha sido propuesto.

Gil Iribarne tiene especialización en temas relacionados con todo lo que es lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. Incluso, ha tenido responsabilidades en la Gafilat, Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, y creo que toda esa experiencia la puede volcar en la presidencia de la Jutep.

Por esas razones –no porque no tenga un extenso currículo que fundamente lo que hemos dicho, sino porque decidimos priorizar que de una vez por todas el Senado otorgue la venia que corresponde– es que la Comisión de Asuntos Administrativos propone la aprobación de la venia solicitada para que el contador Gil Iribarne integre la Junta de Transparencia y Ética Pública en calidad de presidente.

Era cuanto tenía para decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública al contador público y licenciado en administración Ricardo Gil Iribarne».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

SEÑOR CAMY.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Se pasa a considerar la carpeta n.º 659/2016, correspondiente a la solicitud de venia para designar en calidad de vicepresidente de la Jutep al doctor Daniel Borrelli Uberti.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Señor presidente: la carpeta n.º 659/2016 tiene por objetivo dar trámite a una solicitud del Poder Ejecutivo en atención a lo que establece el artículo 5.º de la Ley n.º 19340, que crea la Junta de Transparencia y Ética Pública.

En este caso queremos plantear al Cuerpo que apruebe la venia de designación del doctor Daniel Borrelli Uberti como vicepresidente de la Jutep.

En la carpeta figuran en detalle los antecedentes del doctor Borrelli. Es doctor en derecho y ciencias sociales y tiene una extensa actuación en temas académicos, así como en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo.

El doctor Borrelli fue docente de derecho penal en la universidad de la república entre 1986 y 1989, cargo que dejó cuando pasó a desempeñarse como juez departamental de Maldonado. No obstante, siguió manteniendo una actividad académica a lo largo de los años en diferentes temas referidos a procesos penales, seguridad pública y derecho. Pero quizás lo más destacado del doctor Borrelli sea su actuación en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo.

En el Poder Judicial fue juez de paz a partir de diciembre de 1981, primero en la ciudad de Bella Unión, y luego en Montevideo y en Salto. Posteriormente, se desempeñó como juez letrado de primera instancia en Artigas, Salto, Maldonado y Montevideo, y en estas últimas dos fue además juez letrado en lo penal.

Renunció al Poder Judicial en el año 1993 en virtud de haber sido designado para ocupar un cargo en el ministerio público y fiscal.

En el Poder Ejecutivo fue fiscal letrado del departamento de Artigas –como lo comentamos– y desarrolló tareas como jefe de Policía.

Se desempeñó como subsecretario del Interior entre los años 1999 y 2004, y como ministro de la cartera, durante unos meses, en el 2004. Cuando deja su tarea en el ministerio pasa a ser fiscal de gobierno, tarea que cumple desde diciembre del año 2004 hasta el presente. Creo que odos estos antecedentes son mérito suficiente para aprobar la venia del doctor Borrelli.

Siguiendo la línea argumental del señor senador Pintado destacamos especialmente la necesidad de integrar el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, y es por eso que ponemos a consideración del Cuerpo la venia para designar al doctor Daniel Borrelli Uberti en calidad de vicepresidente.

Era cuanto queríamos informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.º 659/2016.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública al doctor Daniel Borrelli Uberti».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: hemos votado esta venia exclusivamente honrando los acuerdos partidarios, no por compartirla. Es una propuesta del Frente Amplio y, como hay un acuerdo entre todos los partidos, la votamos. Ese es el único fundamento de nuestro voto afirmativo. Reitero que no la compartimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 658/2016, correspondiente a la designación de la señora Matilde Rodríguez en calidad de vocal en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor presidente.

En esta oportunidad voy a hablar en nombre del Partido Nacional –y no solo como miembro de la Comisión de Asuntos Administrativos– al expresar que es un honor votar esta designación de Matilde Rodríguez Larreta. Por otra parte, tal como nos hemos comprometido, no voy a hacer más comentarios sobre el procedimiento y la demora en la consideración de estas venias.

Para nosotros es un gran honor –reitero– votar la venia para designar a una persona como Matilde. Más que hablar de su currículo, vamos a hacer referencia a su compromiso con la democracia y la libertad, y a reconocer su trabajo como militante del Partido Nacional, como diputada, como directora de Acción Social y Derechos Humanos de la Intendencia y como miembro de la Comisión Asesora para la Transparencia de la Administración Municipal.

Matilde tiene una larga trayectoria, pero sobre todo resaltamos el compromiso ético de la acción pública. Y digo «ético» porque para defender y honrar la democracia y la libertad en el ejercicio de la administración pública se necesita un alto grado de ética y de compromiso.

Por lo tanto, para nosotros es un gran nombre el que hoy proponemos en representación, ya no solo del Partido Nacional, sino de toda la oposición, y es una garantía en un sitio tan importante como la Junta de Transparencia y Ética Pública. En estos tiempos en que es necesario generar mayores garantías para el sistema político y el ejercicio de la administración pública, es una garantía que Matilde represente a la oposición, porque dará la certeza de que la Jutep va a actuar como lo ha venido haciendo.

Y aprovecho la oportunidad –si la Mesa me lo permite– para hacer un reconocimiento al padre de nuestro querido compañero y secretario del Senado, José Pedro Montero, a quien tuvimos el gusto de conocer. Fue un gran hombre que, más allá de pertenecer al Frente Amplio, nos daba las garantías necesarias para cumplir una misión importante. Por tanto, quiero hacer este reconocimiento, no a José Pedro, sino a su padre. Imagino el orgullo que como hijo sentirá por la acción que desarrolló su padre y por la confianza que generó al frente de la junta. Precisamente, su fallecimiento provocó la renovación de todo el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Si el Senado me permite, en mi carácter de presidente del Directorio del Partido Nacional quiero decir que es un doble honor respaldar en el día de hoy el nombre de Matilde, porque para nuestro partido es un gran ejemplo, un ícono de la defensa de los valores y de los derechos humanos. Por lo tanto, tenerla en la Junta de Transparencia y Ética Pública es la mejor representación que podemos pedir, sin perjuicio de reconocer y saludar el trabajo que realizó nuestro amigo, el doctor Carlos Soares de Lima, a lo largo de todos estos años, porque no solamente ha sido un excelente director y miembro de la junta, sino que ha llevado adelante las acciones necesarias para dar las garantías que seguramente Matilde mantendrá.

Por todo ello, señor presidente, además de lo que significa para nosotros este nombre, queremos trasmitir la confianza que tiene el Partido Nacional en la gestión que Matilde va a llevar adelante, porque la sabemos una mujer inteligente, capaz, honesta, y tenemos la tranquilidad de que el sentido de pertenencia a nuestro partido no será una venda sobre sus ojos, sino que, por el contrario, generará la necesaria fiscalización sobre la acción pública que todos desarrollamos.

En consecuencia, aconsejamos que se vote la venia solicitada.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Gracias, señor presidente

Pocos nombramientos son tan justos como el que estamos considerando, vinculado a Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, una mujer brillante, militante de sus ideas con absoluta probidad; un ejemplo de mujer y de vocación al servicio público.

Como bien dijo el señor senador Heber –cuyas palabras hago mías en toda su extensión–, es un emblema para nuestro partido, pero también es un emblema de la lucha política durante la dictadura militar. Compañera y protagonista siempre, estuvo al lado del querido Toba y, muchas veces, adelante, nunca detrás. Ha sido respaldo y vanguardia. Tuvo que luchar sola para defender su familia y su vida. La vida le puso pruebas que pudo superar y, frente al mezquino y ensañado destino que pretendía tenderle trampas en cualquier esquina, siempre venció.

Alguien expresó que no se puede vencer a quien nunca se rinde. Y eso es Matilde: una luchadora que humaniza la actividad política. A todos nos enternece verla siempre en donde la gente la ha querido ver. Proba y honesta, seguramente será una garantía en la Jutep, ámbito en el que recae buena parte de la vigilancia en aras de la transparencia y de los controles anticorrupción.

Por sus condiciones y valores, pero además por ser símbolo de ética y de moral en tiempos de relativismo duro y puro, donde todo parece valer lo mismo, Matilde es otra cosa: es una fantástica exponente de lo mejor de la sociedad, del ser humano y de la actividad política.

Por lo tanto, para nosotros, que la hemos tenido en tantas oportunidades y en todas las luchas, nunca reclamando ni ocupando posiciones –nunca hizo problemas por el lugar en que se podría desempeñar o por figurar en las listas–, es un honor acompañar este nombramiento y una enorme satisfacción votar esta designación.

Nos plegamos también a los reconocimientos al doctor Montero, quien fuera una garantía y una referencia estupenda de probidad al frente del organismo, así como al doctor Carlos Soares de Lima, quien se desempeñó durante muchos años en esta junta.

Por estas consideraciones votaremos esta solicitud de venia con todo afecto y con el convencimiento de estar acompañando uno de los mejores nombramientos por todos sus antecedentes y por la calidad humana de la persona designada y propuesta.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en este caso votaremos la solicitud de venia, no solo en cumplimiento y por respeto a los acuerdos partidarios, sino porque tenemos la convicción de que quien se propone reúne las cualidades que aquí se han planteado.

Quiero dejar constancia de que no tributé homenaje alguno al fallecido presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública porque me parecía –me parece todavía, y así se lo comuniqué al secretario del Senado, señor José Pedro Montero– que una personalidad como la del doctor Montero merece que le hagamos un homenaje más importante y no a la pasada, más allá de que uno rescata las opiniones favorables que aquí se han vertido. Pienso que es una personalidad con una trayectoria que en algún momento nos demandará un evento específico, en el que se resalten las cualidades de un hombre que ha cumplido distintos roles en la política uruguaya, desde su querido departamento, hasta llegar a la Jutep.

Por lo expuesto, reitero que no hicimos una referencia específica porque en estas circunstancias podría dar la impresión de que estas cosas se dejan en el olvido y el doctor Montero es alguien mucho más importante como para mencionarlo al pasar.

Era cuanto quería expresar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: es un honor para nosotros votar la venia para designar a la señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz para este cargo y lo hacemos, además, con mucho cariño.

Nos sumamos también a las palabras de destaque, reconocimiento y memoria a la actuación destacadísima del doctor José Pedro Montero –padre de nuestro secretario aquí presente–, pues bien vale reconocer las acciones, la trayectoria y el esfuerzo de las personas que han servido al país.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: más allá de que este tema se elevó a la consideración del Senado en el marco del acuerdo logrado en la instancia de coordinación del día de ayer, nosotros acompañamos los nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Junta de Transparencia y Ética Pública, obviamente sin ningún tipo de cuestionamiento a su idoneidad ni a su personalidad.

Queremos, sí, hacer un señalamiento especial al nombre de Matilde Rodríguez que, tal como lo expresaron los señores senadores Heber y Larrañaga, para el Partido Nacional representa un símbolo de lucha por la democracia, por la dignidad, por los valores y, sobre todo, por la ética pública y política. Por lo tanto, votaremos esta venia con mucho gusto.

Aprovecho la oportunidad para hacer, en nombre del Partido Nacional, un reconocimiento a la dedicada y profesional tarea desempeñada por el doctor Carlos Soares de Lima en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).-«Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de Vocal en la Junta de Transparencia y Ética Pública a la señora Matilde Rodríguez».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) JUAN CURBELO DEL BOSCO. DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de designar en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos al doctor Juan Curbelo del Bosco. (Carp. n.º 744/2016 - rep. n.º 401/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en mi carácter de miembro de la comisión y, además, en este caso, como miembro del Partido Nacional, recomiendo al Cuerpo votar la venia para el doctor Juan Curbelo.

Quiero tener una mención muy especial para quien se retira en nombre del Partido Nacional, nuestro amigo, doctor Andrés Chahnazaroff, quien ha sido un gran director de la Administración Nacional de Puertos durante estos años. Ha informado, no solo al Parlamento y a nuestro partido, sino también a otros partidos de la oposición, sobre un tema tan importante como la Administración Nacional de Puertos, su proyección, eficiencia y viabilidad para poder ser el gran promotor de nuestro comercio exterior, en función del punto clave que representa el puerto montevideano. El Partido Nacional entiende que Andrés tiene que cumplir otra misión y, por tanto, cree que es necesario generar una renovación. A esos efectos, propone un nombre como el del doctor Juan Curbelo, quien tiene esa doble condición que es muy difícil conseguir en la actividad política: su idoneidad técnica, su especialización y su conocimiento, y su visión política. Si observan el currículo del doctor Juan Curbelo verán que es un hombre que ha estado comprometido con nuestro partido –ha ocupado cargos de representación política muy importantes– y, al mismo tiempo, ha tenido la virtud no solamente de prepararse, sino también de especializarse en el tema portuario. Tal como se detalla, ha asistido al Seminario sobre Políticas Públicas, en el marco del Programa Visitantes Latinoamericanos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales en Madrid, acorde al cargo que ocupará; cursó un Seminario sobre Comercio Exterior en la Fundación Bank Boston; ha cursado Derecho Internacional Marítimo y Portuario en la Facultad de Derecho, también fundamental para el cargo que va a desempeñar y, asimismo, realizó un Taller Regional sobre los Principios Generales de Cooperación en Materia de Aguas Transfronterizas, llevado adelante los días 3 y 4 de octubre de 2016.

Para nosotros es muy importante tener este tipo de representantes, que tienen la visión política del rol del puerto y, además, el conocimiento técnico del desarrollo portuario, actividad tan importante y fundamental para nuestro país. A veces, en cuanto a la existencia misma del Uruguay, es necesario decir que nuestro país primero fue un puerto y alrededor de este creció nuestra nación, a diferencia de las competencias regionales, que lamentablemente persisten desde nuestros orígenes. Por eso es importante tener una persona con esta visión histórica, con los conocimientos de derecho internacional y nacional suficientes y con una visión política que nos dé garantías de que allí se van a tomar las mejores decisiones para los intereses nacionales.

Con mucho gusto vamos a recomendar al Senado que vote la venia del doctor Juan Curbelo en quien, además, nuestro partido depositó su confianza para que actuara en la Comisión Administradora del Río de la Plata –lo que es coadyuvante con la tarea que va a cumplir– en donde, no digo que por su presencia, pero sí por su colaboración, se concretó el dragado del Río de la Plata, reclamado históricamente por nuestro partido. Como decía, su presencia en la CARP contribuyó a que se destrabara el trabajo de esta comisión que, por la mala relación con Argentina, estaba casi congelado. Es así que hoy vemos que las vías de salida portuarias no son solo una expresión de deseo, sino una realidad.

En consecuencia, el haber cumplido con las dos misiones antes mencionadas, nos da la garantía de que en el Senado se considere y se vote la designación de un funcionario de alta especialización.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Respaldando y subrayando las palabras del senador Heber al fundamentar su voto para la designación del doctor Juan Curbelo, queremos agregar algunos breves conceptos en virtud de que me une a él una relación, no solo de compañerismo político, sino también de amistad personal.

Me interesa destacar un concepto expresado por el senador Heber, que me parece importante en la actividad política, que es el vínculo de la vocación política con la gestión práctica, con la tarea profesional. El doctor Curbelo es un profesional del mundo jurídico y comparte esas dos actividades: el compromiso político con el Partido Nacional –desde muy joven, pues es un representante de las nuevas generaciones de nuestro partido– y la responsabilidad de cumplir con la gestión que le ha encomendado el partido en diferentes instancias. En estos últimos dos años el país y el Gobierno han tenido una muestra de una lealtad institucional muy marcada en el trabajo del doctor Curbelo en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Todos sabemos que Uruguay ha pasado por una etapa de frialdad y distancia en el relacionamiento político y diplomático con Argentina, pero en los últimos tiempos ha habido una reconstrucción de esa relación. Todo lo que significa el trabajo en los cursos fluviales ha sido una tarea importante y, precisamente, uno de los escenarios que más nos comprometió, desde el punto de vista político en materia soberana y en las relaciones comerciales, fue el vinculado al dragado del Canal Martín García. Sin duda, la participación del doctor Curbelo –cuya venia de designación en el directorio de la Administración Nacional de Puertos vamos a votar– en este sentido ha sido protagónica –junto a toda la Comisión Administradora del Río de la Plata– para lograr que nuevamente se pusiera en marcha el dragado de este canal, que es el aire, el pulmón de gran parte del comercio de nuestro país, que sufrió los avatares de un enfriamiento en las relaciones con Argentina. En todo esto el doctor Curbelo se desempeñó con profesionalidad, con conocimiento y con una enorme lealtad institucional hacia el país y el Gobierno, a pesar de ser un representante de un partido de la oposición.

Por último, el Partido Nacional le ha pedido que colabore con esa misma profundidad y lealtad en la Administración Nacional de Puertos, una institución que para el país en su conjunto, pero para nuestra colectividad en particular, tiene un valor estratégico fundamental. Desde el gobierno del Partido Nacional se ha producido la reconstrucción, el relanzamiento y la modernización de los puertos en Uruguay. Por lo tanto, la jerarquía y el valor estratégico, como país, que tiene para nosotros la administración portuaria, es de un valor nación muy importante. Y allí es que el Partido Nacional le pide al doctor Curbelo que vuelque su conocimiento y nos represente con la jerarquía con que lo ha hecho antes. Decía Reyes Abadie que en buena medida el Uruguay es pradera, frontera y puerto. En buena medida, estamos designando a uno de nuestros mejores hombres en uno de esos pilares que definen al Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: en honor a la urgencia de todos, seré muy breve.

Obviamente, hago mías las palabras del miembro informante, señor senador Heber, y del compañero de bancada, señor senador García. Esta designación es producto de una decisión del Partido Nacional previamente establecida desde hace un tiempo.

Por otra parte, quiero dejar dos constancias. En primer lugar, tenemos una esperanza fundada en la tarea de un amigo, como es el doctor Juan Curbelo, por lo que es y por sus antecedentes en la gestión política y pública, fundamentalmente en su última actuación en la Comisión Administradora del Río de la Plata, nada más ni nada menos que consiguiendo una cantidad de objetivos en conjunto con los demás miembros de este organismo, presidido por el exdiputado Felipe Michelini, con quien ha trabajado con mucha sintonía, avanzando en temas que estaban postergados. Por tanto, destaco el trabajo profesional del doctor Juan Curbelo en la CARP.

Como es obvio, ahora el desafío será profundizar en un tema en el cual tiene formación y conocimiento. Seguramente, hará una gestión que no solo va a ser orgullo del Partido Nacional, sino también del país.

También quisiera hacer un reconocimiento al doctor Andrés Chahnazaroff, compañero de todas las horas, quien luego de varios años deja la dirección de la Administración Nacional de Puertos, donde ha desarrollado una tarea constante, profesional y exitosa. No queríamos dejar pasar esta oportunidad sin hacerle un reconocimiento, en nombre del Partido Nacional, por su aporte, su dedicación y su labor como director de la Administración Nacional de Puertos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar, en calidad de Miembro Integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, al doctor Juan Curbelo».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: los señores senadores Heber, García y Delgado ya han trasmitido la postura del Partido Nacional con respecto al significado que tiene para nosotros la designación del doctor Juan Curbelo como miembro integrante del directorio de la Administración Nacional de Puertos.

Se ha destacado su formación profesional, su actividad docente, el ejercicio liberal de la profesión, su militancia política, su participación en el ámbito partidario, su desempeño en el legislativo del Gobierno departamental de Montevideo y en el Parlamento nacional, integrando la Cámara de Representantes, donde desarrolló una actividad comprometida y destacada. También queremos resaltar particularmente la responsabilidad con que ejerció su función, en representación del Partido Nacional, como miembro de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata. Nos consta el trabajo responsable que allí realizó, como mencionamos el año pasado en este mismo ámbito.

Simplemente queremos agregar que conocemos personalmente al doctor Curbelo, con quien tenemos una amistad de muchos años. Estamos absolutamente convencidos de que gracias a sus dotes personales, a su formación técnica y a su calidad de persona de bien tendrá el mejor desempeño en esta tarea. Es un hombre joven, honesto, que tiene gran entusiasmo, compromiso con el trabajo y vocación de servir a la patria, cualidades necesarias para lograr el buen desempeño que esta casa le augura.

Por nuestra parte, hemos acompañado con muchísimo gusto la designación del doctor Juan Curbelo.

Muchas gracias.

10) PENSIONES ALIMENTICIAS DECRETADAS U HOMOLOGADAS JUDICIALMENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea, bajo la órbita del Banco de Previsión Social, un registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente. (Carp. n.º 732/2016 - rep. n.º 396/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: este proyecto de ley, que fuera votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y que también contó con aprobación unánime en la Cámara de Representantes, tiene como objetivo fundamental asegurar el cumplimiento del pago de las pensiones alimentarias decretadas u homologadas judicialmente; o sea que estamos hablando de la protección de un derecho que tienen los niños y los adolescentes.

Como bien sabemos, cuando entre los padres se da una separación conflictiva, lo primero que un juez sustancia –ya sea provisoria o perentoriamente– es el régimen de tenencia y la pensión alimentaria de los hijos, derechos previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en el Código Civil. Si bien existe legislación al respecto del año 2006, cuando se creó un registro de deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales, en la sección Interdicciones, la necesidad de probar el lugar de trabajo o la fuente de ingresos del progenitor con obligación de servir los alimentos recaía en la parte demandante. En lo personal, impulsé esa iniciativa del 2006 y trabajé en ella; fue una de las formas que encontramos de abordar el tema, pero la realidad nos demostró que no era la más adecuada. Debido a la necesidad de que el o la demandante tuviera que probar el lugar y la fuente de trabajo del demandado –en general, la enorme mayoría de las personas que corren detrás de las pensiones alimentarias son las madres que están a cargo de sus hijos, si bien hay algunos padres también–, y de los plazos que se establecían, esto se transformaba en una permanente peregrinación por los juzgados. Para ello la persona tenía que estar en condiciones de disponer de asesoramiento legal, aval económico como para faltar al trabajo, pagar la locomoción y encontrar a alguien que pudiera quedarse a cargo de los hijos. Por lo tanto, todo esto hacía bastante difícil que esa ley –que en su momento acompañamos y que tuvo muy buena intención– pudiera ser efectiva en la práctica en cuanto a la protección del derecho irrefutable que tienen los niños y los adolescentes de recibir una pensión alimentaria.

Creo que el proyecto de ley que hoy estamos considerando subsana estos extremos mediante sus seis artículos, que son de una enorme claridad.

El artículo 1.º explica el objeto de la creación de este registro que, como decíamos, es asegurar el cumplimiento del servicio de pensiones alimentarias decretadas u homologadas por el Poder Judicial. También establece quiénes son los beneficiarios y hace alusión a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes mayores de 18 años y menores de 21 que no dispongan –en el último caso– de medios de vida propia y suficientes para su congrua y decente sustentación, y personas mayores de edad incapaces.

En el artículo 2.º se inscribe este registro dentro de la órbita del Banco de Previsión Social. Creo que aquí radica la gran conveniencia de este proyecto de ley porque en estos últimos años este organismo –que tiene mucha experiencia y capacidad de gestión– ha desarrollado gran potencialidad en herramientas informáticas. Además, es el Banco de Previsión Social el que tiene el conocimiento sobre la historia laboral de todos nosotros, de las empresas y de sus dueños. Entonces, esta necesidad probatoria no queda a cargo de la persona que demanda la pensión alimentaria, puesto que toda la información que se necesita ya está en poder del organismo que va a llevar el registro. ¿Qué sucedía hasta ahora? En el mundo actual es frecuente el cambio de lugar de trabajo de quien debe prestar la pensión alimentaria, por lo que cada vez que esto ocurría había que hacer toda la investigación al respecto y nuevamente surgían dificultades para demandar el cumplimiento de esta obligación, que es un derecho indiscutible de los niños, los adolescentes y las personas para quienes el juez la haya dispuesto.

El Banco de Previsión Social tiene todas las herramientas informáticas adecuadas para esto, y por eso creo que el gran acierto de este proyecto de ley es colocar el registro en la órbita de ese banco, que va a tener la obligación de mantenerlo al día y va a saber perfectamente cuándo una persona o el dueño de una empresa cambia, por ejemplo, de lugar de trabajo. Esto garantiza la continuidad y la regularidad en el cumplimiento de esta obligación, dos cosas que, cuando no se dan, constituyen graves problemas para la gente que tiene que cobrar esa pensión. Como todos saben, esto es absolutamente necesario para una familia, sobre todo para las madres solas que se hacen cargo de sus hijos; para ellas es muy importante poder mantenerlos, educarlos y cuidar de su salud. Con la legislación anterior, una vez que se decretaba esta pensión, si el padre cambiaba de trabajo, no podía saber dónde estaba; en muchos casos se trataba de pequeños o medianos empresarios. Pero ahora el Banco de Previsión Social va a tener toda la información, lo que garantizará la regularidad y la continuidad de la retención –cuando el juez así lo decrete– en beneficio de los niños, adolescentes y de todos aquellos beneficiarios de las pensiones alimentarias.

En el artículo 3.º se prevé que la sede judicial que decrete u homologue una pensión alimentaria y disponga la retención, inmediatamente lo comunique al Banco de Previsión Social para que lo ingrese a este registro.

En el artículo 4.º se recoge lo que ya expresaba la legislación anterior en lo que refiere a los datos que deben figurar en la comunicación: nombres y apellidos, número de cédula de identidad y domicilio del obligado; monto de la pensión decretada u homologada; nombres y apellidos de los beneficiarios; nombres, cédula de identidad y domicilio del administrador e identificación de la cuenta bancaria, si la tuviera, en la cual debe depositarse la pensión alimentaria; y también debe constar la identificación del tribunal, carátula, número del expediente y fecha de resolución. Es decir, en este artículo se establecen todos los datos que deben figurar para que la retención se haga efectiva y para que queden en el registro.

El artículo 5.º también me parece muy importante, porque refiere a cómo debe gestionarse este registro para que sea eficaz y eficiente, y para que el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias se haga con regularidad y continuidad, lo que queda garantizado por cada uno de los literales. El literal A) dice que el banco deberá mantener actualizado el registro, y el B) establece algo muy importante: comunicar en forma fehaciente a los empleadores y entidades públicas o privadas en las que el obligado alimentario esté registrado ante dicho instituto como dependiente, titular o socio, la orden judicial de retención. Lo menciono porque hubo preguntas relacionadas, por ejemplo, con aquellas personas que se encuentran en las cajas militar o bancaria; precisamente este literal asegura que la retención va a llegar a todos. Aquí se crea el registro, se establece de qué forma se va gestionar y que se tiene que informar a los empleadores y entidades públicas o privadas en las que el obligado alimentario esté registrado. Reitero: aquí se garantiza que va a llegar a todos. El literal C) establece que habrá que comunicar, a través del registro, a la sede competente, en el plazo de cinco días hábiles, que el obligado alimentario se ha desvinculado de estos empleadores o entidades a las que refiere el literal anterior. Como ya dije, esto garantiza la continuidad y la regularidad. Por su parte, el literal D) establece que hay que comunicar a la sede competente, en un plazo de cinco días hábiles, que se dio cumplimiento a lo previsto en el literal B).

Por último, el artículo 6.º refuerza lo que ya es ley desde hace mucho tiempo: la obligación de los empleadores y entidades a los que refiere el literal B) del artículo 5.º de efectuar las retenciones, que es donde se presenta la mayor cantidad de problemas con el cumplimiento. Obviamente, esto está previsto en los artículos 60 y 61 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en los cuales no solo se decreta la obligación de retener, sino que para quien no lo haga o falsee información se prevé el delito de fraude. En este artículo se refuerza ese concepto cuando se dice a texto expreso: «Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 60 y 61 del Código de la Niñez y la Adolescencia, será obligación de los empleadores y entidades a que refiere el literal B) del artículo 5.º de la presente ley, efectuar la retención que le fuere comunicada». También se deja claro que será de cargo del obligado alimentario solicitar a la sede competente que se comunique al Banco de Previsión Social la baja del registro a que refiere el artículo 2.º de esta ley, cuando cesen los supuestos que dieron lugar a la pensión y a la retención.

En definitiva, este es un proyecto de ley muy sencillo de comprender, y así como se hizo en la Cámara de Representantes, creo que deberíamos votarlo por unanimidad y permitir que se convierta en ley porque seguramente ello garantizará mejores condiciones de vida para muchos niños y adolescentes que lo merecen y lo necesitan. Muchas veces los adultos, en lugar de dirimir los conflictos entre nosotros, hacemos que nuestros hijos paguen por la mala resolución de nuestros problemas.

Hemos hablado con varios integrantes del directorio y consideramos que el Banco de Previsión Social está en condiciones de hacer cumplir este proyecto de ley a la brevedad. Tal como señalé, creo que este es un gran avance desde lo que habíamos pensado lograr en aquella ley de 2006. La vida nos demostró que se necesitaba algo más eficiente y más práctico, como lo es este proyecto de ley, que en primera instancia fue enviado por el Poder Ejecutivo, tuvo su trámite en la Cámara de Representantes y esperamos que en el día de hoy este Senado lo apruebe.

SEÑORA PESCE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PESCE.- Señor presidente: la señora senadora Tourné hizo un exhaustivo análisis del proyecto de ley. Queremos agregar que cuando se le propuso a la bancada del Partido Colorado tratarlo en forma urgente, accedimos con mucho gusto porque consideramos que es un tema realmente prioritario y que, además, crea un instrumento que defiende lo que nosotros, como bancada, defendemos: los derechos de la familia como motor de nuestra sociedad.

Generalmente, cuando se crea una familia se lo hace de común acuerdo entre dos partes, pero cuando esta se disuelve, muchas veces sucede que quien tiene la responsabilidad de los hijos elige caminos de evasión que perjudican no solo su buena alimentación sino también lo que hoy todos los partidos estamos defendiendo, que es la buena educación de los niños y de los adolescentes.

Por eso consideramos que este es un buen instrumento que, como se ha dicho, aprovecha, justamente, los nuevos avances informáticos que tienen los distintos organismos para cruzar información.

Por lo expuesto, señor presidente, vamos a acompañar con beneplácito este proyecto de ley y también esperamos que tenga una pronta reglamentación para que ya, a principios del año 2017, pueda empezar a implementarse este registro.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: es con alegría y optimismo que recibimos este proyecto de ley de creación del registro de deudores alimentarios, que está pendiente como iniciativa legal; al menos, hace una década que se está trabajando en esto.

Aprovecho para recordar, también, los esfuerzos realizados por quien fuera parlamentaria en aquel momento, Margarita Percovich, en la lucha por la creación de este registro.

Quiero añadir algunos datos que son muy relevantes y que muestran esta problemática en Uruguay, aunque extraídos de un estudio de la Universidad y de Unicef, del año 2005. En él Uruguay aparece como el país que tiene la tasa de divorcios más alta de América Latina –el amor anda en problemas– y, a su vez, también ha caído enormemente la tasa de matrimonios. Recordamos, a este respecto, algunos datos que había presentado el señor senador Bordaberry en ocasión de la discusión de un proyecto de ley que modificaba la forma de efectuar el casamiento y que hablaban de que el número de matrimonios anuales, que antes era de algo así como 25.000 o 30.000, había caído a unos 10.000. A su vez, las separaciones en lo que no son matrimonios –en las uniones conyugales– es aún superior, creo que de un 30 %. Estos son datos del 2005, por lo que estas cifras tienen que haber aumentado en lo que respecta a los matrimonios y más aún en las uniones conyugales.

¿Qué es lo que pasa? En el 90 % de los casos, según lo que dicen estos estudios, los hijos quedan a cargo de la madre. Estas madres se constituyen en hogares monoparentales –que han aumentado enormemente en el Uruguay– o en hogares extendidos porque muchas veces, al no tener cómo sostener sus ingresos, se van a vivir con sus familias.

En más del 50 % de los casos, el ingreso de las mujeres empeora luego de la situación de separación y el dato más relevante –insisto, según este estudio disponible del año 2005– es que el 60 % de los menores, señor presidente, no recibe una pensión alimenticia regular. Estoy hablando del 60 %, es decir que la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay no reciben una pensión alimenticia regular. Obviamente, estamos hablando de que son los hombres los que incumplen –aunque hay un 10 % de registro de mujeres– y no necesariamente porque sean malvados, sino por temas relacionados con su entrada y salida del mercado de trabajo y por la informalidad de este último. El tema de las pensiones alimenticias, justamente, empeora en los estratos medio bajos y bajos, en las personas de menores ingresos y en las de peores remuneraciones relativas, pero lo cierto es que para un país que quiere blindar a los niños, niñas y adolescentes, esta es una manera de empezar a hacerlo.

También apuntamos a la práctica de la corresponsabilidad, señor presidente, que queremos instalar como reconstrucción y reconfiguración de la cultura del amor y del compromiso en la sociedad uruguaya. Hablamos de la práctica de la corresponsabilidad en el sostén familiar que, gracias al aumento de la tasa de divorcios, está descansando mayoritariamente en los hombros de las mujeres que son, finalmente, quienes terminan empobreciéndose por ser madres. Recuerdo al sociológico Carlos Filgueiras, quien decía que tener hijos empobrece y esa es la razón por la que también se produce una caída permanente de la tasa de natalidad, especialmente, en las mujeres de los sectores medios.

Entonces, este proyecto de ley no va a resolver el problema, pero está cumpliendo con una demanda muy sentida, planteada desde hace mucho tiempo. Recojo aquí las palabras de juezas y jueces entrevistados en el marco del proyecto «Asignaciones familiares, pensiones alimenticias y bienestar de la infancia en el Uruguay». Algunos de los entrevistados dicen que uno de los problemas de las pensiones alimenticias es que no se pueden efectivizar y hablan de que hay proyectos de creación de un registro de deudores en el Parlamento, pero que nunca se han aprobado. Allí se expresa: «En la actualidad está en estudio la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios»; estoy hablando, repito, de un estudio del año 2005.

En definitiva, felicito a quienes tuvieron la iniciativa y a quienes la concretaron; no importa que haya sido diez años después, lo que interesa es que la propuesta llegó y va a ser un instrumento importante para la corresponsabilidad familiar y para blindar a los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay, para que puedan tener una vida digna.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA SIMOIS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SIMOIS.- Señor presidente: estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Celebro esta herramienta que me parece fundamental, especialmente, porque hace muchos años que trabajo con mujeres y sé que lograr saber dónde trabaja ese señor –el padre– y luego presentar la documentación al juzgado y que el juez oficie, puede llevar ocho o diez meses, período en el cual esos niños no tienen pensión alimenticia.

La señora senadora del Partido Colorado hablaba de la familia y señalo que la mayoría de estas mujeres no la tiene, están solas, por lo que, entonces, no pueden dejar de trabajar para ir al juzgado porque eso implica perder toda una tarde y tener dinero para el transporte.

Me parece, repito, que esta herramienta es fundamental y apoyo totalmente las palabras de mis compañeras que han hablado anteriormente, pero también pido que piensen en las más vulnerables, en las que están solas. Muchas veces esos niños son fruto de una relación circunstancial, que no tuvo demasiada importancia, pero tienen un padre y ese padre tiene que pagar porque recibir su pensión alimenticia es un derecho del niño, ya no de la madre.

Muchas gracias.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Señor presidente: quiero decir, primero, que comparto totalmente el contenido que la colega Daisy Tourné dio a la iniciativa y el hecho de que, en pleno receso, la comisión se reuniera para abordar y aprobar por unanimidad este proyecto de ley tal como viene aquí, al Pleno y eso, evidentemente, es por su contenido y significado. No obstante, me parece que también debemos recalcar otras cosas.

Estamos aprobando un proyecto de ley para dar cumplimiento a algo que tiene que ver con un tema ético y moral. Entiendo lo que recién se planteaba respecto de las mujeres jefas de hogar, pero pienso que debemos colocar este tema en la agenda diaria con relación, precisamente, a las mujeres más vulnerables que muchas veces son las menos escuchadas y las que tienen menos espacio para plantear el problema. Todos y todas debemos promover este tipo de acciones.

Por eso, creo que estamos dando cumplimiento y legislando la creación de un registro en el que lo primero es lo primero: el cumplimiento de los deberes hacia los hijos. Ser padres es, muchas veces, saber estar –como se dice–, pero lo más importante es estar toda la vida por el significado y la importancia que tiene ese rol.

Esta es una propuesta elaborada diez años después de la presentación de otro proyecto de ley que tuvo su discusión. Viendo los resultados, quizás más adelante tengamos que evaluar cómo se cumple esta propuesta que hoy estamos realizando y si hay que hacer ajustes mayores para ello. Creo que eso nos va a significar, en este mismo período –ya que este registro va a empezar a aplicarse a partir del año que viene–, analizar qué resultados se están dando para poder evaluar y corregir inmediatamente, a los efectos de que no se tenga que esperar diez años más para rectificar lo que hoy estamos legislando.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Nos sumamos con total convicción y, además, con entusiasmo porque nos parece que esta es una norma muy valiosa e importante para garantizar los derechos de los niños y su posibilidad de acceder de manera más directa e inmediata, justamente, al derecho al sustento, a la alimentación y darle a las mujeres –porque, básicamente, en casi todos los casos son ellas las que tienen el derecho a la pensión alimenticia y son los hombres los deudores de pensiones alimenticias– la certeza de hacerlo de una manera más rápida.

Votamos con mucha convicción y esperamos –esto lo decía la señora senadora Passada– poder evaluar el cumplimiento efectivo de esta norma y sus efectos para corregir y aumentar los instrumentos que nos permitan garantizar que, efectivamente, estas obligaciones se cumplan en tiempo y forma. De hecho, nuestro compañero, el diputado Daniel Radío, ha presentado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley sobre la necesidad de firmar declaraciones juradas por parte de los deudores de alimentos, que sería otro instrumento adicional que ayudaría a tener una idea más cabal sobre el objeto y la entidad de la prestación debida.

Reitero que votamos con total convicción este proyecto, al igual que todos los demás partidos.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: además de todos los aspectos que se han resaltado de este proyecto de ley, creo que es pragmático porque trata de evitar esas ventanas que se generan cuando un trabajador, que tiene que pagar una pensión alimenticia, pierde el trabajo o lo cambia. Entonces, insisto, impide situaciones de ocultamiento para el pago de esas pensiones.

La pensión alimenticia, señor presidente, es para los niños, para los hijos. Lamentablemente, de uno y otro lado se piensa que esos recursos son para las madres porque, en general, son quienes tienen a su cargo a esos niños, pero es una gran equivocación. Las madres ponen muchísimo de su tiempo, sus recursos y, en general, la vivienda, y lo que el padre pasa, en general, lo ve como un aporte a la madre, cuando es para mantener un nivel de vida decoroso para esos niños; es el derecho de los niños. Cuando se pierde el lazo afectivo se malinterpreta la situación y se trata de pasar menos dinero porque se piensa que es para la excónyuge o expareja, cuando es para amparar a los hijos de ambos, vivan en el lugar en que vivan.

Digo que este proyecto de ley es pragmático porque trata de lograr que ese amparo de recursos, de pensión alimenticia, que se da a los niños sea efectivo y evita que surjan esas ventanas.

Además, quiero destacar, señor presidente, que esta iniciativa surge en la Cámara de Representantes, concretamente, por iniciativa del diputado Constante Mendiondo –del Frente Amplio– quien había trabajado mucho en el BPS; percibe este problema, hace una exposición escrita y el banco y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo toman porque ven una forma de amparar los derechos de los hijos.

Por lo tanto, señor presidente, no solo voto con plena convicción por los efectos que va a tener este proyecto de ley, sino por el trabajo, una vez más, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el amparo a los derechos de los menores.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- El Partido Nacional va a acompañar con mucho gusto este proyecto de ley.

Creemos que asegura el cumplimiento del servicio de pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente en favor de niños, niñas y adolescentes menores de 18, o de entre 18 y 21 años, que no tengan capacidad de sustento.

Como bien decía el señor senador Michelini, las pensiones alimenticias no son para las madres o para los padres, son para los niños. En ese sentido, hemos visto infinidad de situaciones en las que, por más que la Justicia haya dictaminado pensiones alimenticias, la persona que tiene que otorgarlas, al cambiar de trabajo u ocultar parte de él, termina haciendo una especie de elusión para no cumplir con una obligación que, además de legal, es moral. Generar un registro en el Banco de Previsión Social de personas que tienen la obligación de cumplir con pensiones alimenticias nos parece que facilita el control de situaciones y evita posibles elusiones al sistema y al cumplimiento de decisiones judiciales que son de estricta justicia.

Con ese sentido y más allá de evaluar con el tiempo suficiente si esto funciona como vía de comunicación, de transparencia y cumplimiento efectivo –habrá que hacerlo quizá en un par de años–, nos parece que es un avance importante para generar, no burocracia sino un mecanismo de control que asegure el cumplimiento estricto y eficaz de las decisiones judiciales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 26. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar del artículo 1.º al 6.º.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Con enorme satisfacción he votado este proyecto de ley que el Cuerpo ha acompañado por unanimidad. Además, se conjugan otros esfuerzos y voluntades políticas por tratarse de una iniciativa del Poder Ejecutivo y tener igual sanción unánime en la Cámara de Representantes.

Por tanto, me parece que logramos superar lo que era una deuda, más allá de los esfuerzos que, como planteaba la senadora informante, se habían hecho previamente sobre esta temática.

Aspiramos a que esas insuficiencias sean subsanadas con este proyecto de ley que avanza notoriamente sobre esos déficits. Por eso, votamos y deseamos que dentro de un año estemos evaluando positivamente esta iniciativa.

Además, quiero comentar que dentro de las tres temáticas priorizadas por la bancada bicameral femenina, una era lograr la sanción de este proyecto de ley. Entonces, el 8 de marzo de 2017, en particular, estaremos levantando este avance legislativo y trabajando para que, además de que la ley esté sancionada y promulgada, se conozca y podamos difundirla al máximo entre los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios porque, en definitiva, eso posibilita que llegue a los niños, niñas y adolescentes.

Muchas gracias.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: me hago eco de las palabras vertidas en sala. Quiero decir que no sé si voto con satisfacción, alegría o beneplácito, pero sí con absoluta responsabilidad porque lo que estamos haciendo es buscar una herramienta más para que se cumplan las obligaciones éticas y morales que corresponde asumir a quienes deban hacerlo.

Lo voto convencida y –repito– responsablemente porque es un tema de derecho y, por lo tanto, todo aquello que implique avanzar en esa materia contará con mi voto, mi aquiescencia y además con el compromiso de evaluar, como legisladora, el cumplimiento de una herramienta, como en este caso. Esto implica una protección para la familia, que se expresa de diferente manera. Cuando una mujer está sola y se hace cargo de sus hijas e hijos está haciéndose cargo también de una familia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero comentar que en el día de hoy la Cámara de Senadores cuenta con una alta participación femenina: la mitad de la bancada de gobierno y un tercio de la integración total del Cuerpo es femenina.

11) TRABAJADORES DE LA EMPRESA NORDEX S. A.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo que remita un proyecto de ley a los efectos de extender por seis meses adicionales el seguro por desempleo al personal afectado de la empresa Nordex S. A. (Carp. n.º 746/2016 - rep. n.º 403/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor presidente: como todos sabemos, la empresa Nordex S. A. se desempeña en el rubro automotor en el Uruguay y funciona desde 1962. En los últimos años hizo una apuesta importante en materia de innovación, pero a partir del año 2014 ha tenido dificultades, producto de la situación regional, fundamentalmente con Brasil y el cierre del mercado argentino.

Sabemos que el seguro de desempleo de esta empresa se ha prorrogado ya cuatro veces y ahora se pide una quinta prórroga, pero pensamos que este pedido se fundamenta en las gestiones que la empresa está realizando, que augura que en el futuro inmediato pueda empezar a tener una actividad más firme y retome el funcionamiento que supo tener años atrás. Concretamente, ha logrado con Kea Motors, Brasil, empezar nuevamente la producción de autopartes, pero fundamentalmente tiene un acuerdo con la empresa Peugeot que le permitiría, a partir del mes de mayo del próximo año, retomar completamente su actividad.

Esta empresa tiene en juego cien puestos de trabajo especializado en saberes y oficios que no son fáciles de encontrar en el mercado y, por lo tanto, basándonos en este futuro escenario promisorio que la empresa prevé a partir del año que viene, nos parece muy razonable volver a extender por seis meses el seguro de desempleo. De este modo, aseguramos que estos puestos de trabajo especializado en oficios y saberes –que no son fáciles de recuperar en el caso de discontinuar su actividad– se mantengan y que el año que viene la empresa Nordex S. A. vuelva a funcionar normalmente.

En ese sentido, mocionamos para que el Cuerpo acompañe esta minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo que remita un proyecto para extender por seis meses más el seguro por desempleo de los trabajadores de la empresa Nordex S. A.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la minuta de comunicación.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Se solicita al Poder Ejecutivo remitir un proyecto de ley a los efectos de extender el seguro por desempleo al personal afectado de la empresa Nordex S. A., por seis meses adicionales».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: votamos afirmativamente pero queremos dejar una constancia. Este tema debemos discutirlo seriamente y en términos generales porque estamos votando renovaciones de seguro de desempleo que generan un trato desigual entre los trabajadores de este país, de manera que algunos se benefician de más plazos –incluso, hasta extensísimos– y otros simplemente quedan librados a la normativa general.

En el día de ayer recibí un informe –que había solicitado– del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Previsión Social sobre la situación del cobro por desempleo, y decía que el porcentaje de trabajadores que perciben un beneficio extendido es del orden del 3,5 % al 5 % –varía según el año– con relación al 95 % de ciudadanos que simplemente tienen derecho al seguro de desempleo por seis meses como máximo. Me parece que, realmente, es una situación de inequidad que deberíamos por lo menos regular. Además, en ese pedido de informes solicitábamos que nos dijeran cuáles eran los criterios adoptados para otorgar las prórrogas. Por lo que vemos, son absolutamente discrecionales porque son los que dispone el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Poder Legislativo debería establecer criterios específicos con más claridad, que permitan acotar estas solicitudes de prórroga que generan diferencias que no son aceptables.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en el mismo sentido que el señor senador Mieres quiero decir que esto lo hemos planteado hace muchos años. Entiendo que para definir el seguro de desempleo deberíamos tener un criterio más relacionado con la cantidad de años de aportes, que con el lugar donde se trabaja. En un momento habíamos pensado que cuanto más aportaba sin ir al seguro de paro, más derecho tenía un trabajador, en tiempo extendido, con escalas diferentes. Sé que es un mecanismo complejo de estructurar. Incluso, estas recomendaciones –hasta para los aportes a la seguridad social– las había hecho la Cepal en los años sesenta, pero no se podían aplicar porque no había tecnología, pero hoy sí se pueden calcular. Prefiero pensar en un seguro de desempleo relacionado con la edad, la cantidad de años de aporte y que, cuando se utilice, se descuente y se empiece la cuenta de cero o un número más racional para que la regla sea justa para todos, independientemente de la suerte que se tenga de trabajar en una u otra industria. De lo contrario, el trabajador queda sujeto al poder de negociación que puedan tener los distintos colectivos, de manera que los que no tienen llegada a ningún ministro o ministerio terminan en una situación que no es justa.

Por lo tanto, entiendo que el planteo del señor senador Mieres es correcto. Tal vez necesitamos iniciativa para hacer alguna de esas cosas, pero hay que ir al sistema de seguro de desempleo relacionado con la cantidad de años de aportes ininterrumpidos, teniendo en cuenta cuando se interrumpe por seguro de desempleo y no limitarse a los seis meses. En otros países el seguro de desempleo es mayor. Si uno aporta durante veinticinco años y va al seguro de desempleo con determinada edad, por la razón del artillero es justo que perciba más que quien es joven.

En consecuencia, votamos afirmativamente esta minuta, pero me parece que deberíamos discutir profundamente este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: me afilio a lo que se ha expresado en sala. Me parece que esto termina siendo de una discrecionalidad al voleo, enorme.

Yo voto esta extensión, pero me dicen que ya es la quinta, es decir que se trata de treinta meses, de dos años y medio. ¿Qué estamos votando? ¿Cuánta plata significa? ¡Es dinero de los uruguayos! ¡Tiene que haber un coto! ¡El Senado de la república no puede terminar avalando estas extensiones in limite de todo lo que refiere al seguro por desempleo, más allá de que involucre a trabajadores que tienen legítimo derecho a él! Aquellos que tengan mayor posibilidad de acercamiento o relacionamiento con el Poder Ejecutivo, con un legislador que tramite este tipo de extensiones o con quien sea, terminan teniendo más chances que otros, que seguramente no accederán a este beneficio.

Por ende, adelanto que no voy a votar más este tipo de extensiones si no vienen cuantificadas, fundamentadas y si no hay un criterio adecuado porque se trata de recursos públicos de los que estamos disponiendo sin ningún criterio. ¡Esa es la verdad! Estamos ante una extensión ilimitada –la quinta en este caso– y lo digo con todo respeto por los trabajadores; no se trata de tal o cual empresa porque ya ha pasado y seguramente volverá a ocurrir, pero estoy totalmente conteste con que hay que acotar la discrecionalidad y fijar criterios en función de los años trabajados, de los aportes o de lo que sea porque no podemos seguir vulnerando la ley por la vía de este tipo de extensiones. ¡Quizás al término de este plazo proponen una sexta ampliación! Me parece algo inadmisible.

Este es el argumento por el cual, si bien voto en este caso, voy a poner en cuestión las propuestas de este tipo que lleguen en un futuro.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- No quiero entrar a polemizar sobre este tema ni sobre algunas de las consideraciones que se hicieron recién en sala. Me parece que no se puede regular la vida; uno no puede pretender que, por la vía parlamentaria o legal, terminemos regulando la casuística de todo lo que sucede en el universo. Conceptualmente, es algo que no comparto.

En este ámbito he votado muchas cosas que nos regulan la vida y lo he hecho a desgano porque, realmente, no creo en ello. Entiendo que la discrecionalidad no es esencialmente mala si tiene un fundamento, y en este caso lo hay. Cuando hablamos de la institucionalidad del Estado y del Parlamento nacional hay un fundamento político; se trata de hacer un análisis político de situaciones concretas. ¡Esa es la razón de ser de la política!

Sin duda que hay que evaluar la propuesta y probablemente haya que hacer un seguimiento y encontrar la forma de controlar el resultado de este tipo de decisiones que tomamos, porque afectan al erario. Por ejemplo, estas mismas decisiones las toma el Estado cuando exonera, por la vía de la ley de protección de inversiones, la inversión extranjera directa. Esto tiene un costo para la sociedad y también habría que evaluarlo para ver qué resultados e impacto tiene en lo social, en lo económico y en lo productivo.

Me parece que podemos mejorar, pero siempre tiene que haber un espacio para que la política, las instituciones del Estado y el Parlamento analicen la justicia de ciertas solicitudes y actúen en consecuencia. Esta solicitud de la empresa Nordex está bien fundamentada y por eso la acompañamos con el voto.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- He votado favorablemente, pero quiero profundizar en las palabras del señor senador Larrañaga como fundamento de mi voto.

Nosotros sabemos que es muy difícil regular la vida, pero para hacerlo necesitamos información y lo mínimo necesario, por respeto al Parlamento, es lo siguiente. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto nos ha costado hasta ahora? ¿Cuánto significa para el Estado la prórroga que estamos otorgando?

No olvidemos que hoy, acá, los señores senadores estamos votando una quinta prórroga sin saber cuánto cuesta. ¿Es mucho pedir que contemos con ese dato para regular la vida? Lo que pedimos es información, pero no una carta –que es lo único que recibimos– de una persona, de la que ni siquiera sabemos qué cargo tiene –aunque firma por Nordex–, que le explica al presidente de la república lo que le pasa a su empresa. A fin de votar esto, ¿no nos tendrían que enviar, por ejemplo, un informe con una estimación, por parte de la Dirección Nacional de Industrias o de la Dirección de Inteligencia y Programación Comercial e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber qué perspectivas hay de que se vuelva a reactivar esta empresa?

En definitiva, lo único que pedimos es que la próxima vez nos den más información para poder votar responsablemente. Nada más que eso. Pese a todo, hemos hecho fe en lo que nos dice el oficialismo y esperamos que esta fábrica pueda ser reactivada.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cabe aclarar que se está votando una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, no un proyecto de ley, y ya se verá en su momento si es que lo envían.

SEÑOR BESOZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BESOZZI.- Me preocupa votar esto tal como lo estamos haciendo. Entiendo que todos tienen un poquito de razón, pero es algo que a veces parece injusto.

Recién se ponía un ejemplo. En este caso se trata de Nordex, una empresa con espalda, una industria que todos esperamos que resurja, que tiene un gremio fuerte que se hace sentir y que impulsa una nueva extensión de este tipo. Sin embargo, por otro lado, puedo decir que el otro día me encontré con un peón rural, solito, que estaba en el seguro por desempleo y me dijo: «Gringo, si sabés de algún laburo, mirá que estoy en el seguro de paro y me quedan dos meses». ¿Acá alguien se acuerda de ese hombre como para renovarle el plazo del seguro por desempleo? ¡No!

Por lo tanto, hoy siento que votar estas cosas es injusto, pero lo hago con entusiasmo para que esto llegue a buen fin y se resuelva de la mejor manera. Intentamos solucionar los problemas de todos, pero a veces hacemos algo que parece injusto porque no es una solución para todos sino solo para algunos.

Nada más. Muchas gracias.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 29 de diciembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia, por motivos personales, por el día 29 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Javier García. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sebastián da Silva y Martín Laventure han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Cristina Reyes, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 29 de diciembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia desde el 16 al 26 de enero de 2017, de acuerdo al artículo 1.º, literal C, de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2014, ya que viajaré a Roma con motivo de la audiencia donde se dará lectura a la sentencia por el juicio contra terrorismo de Estado y también participaré de la V Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Celac en Santo Domingo, República Dominicana.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Raúl Sendic. Presidente».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Comunico al Cuerpo que en virtud de que estaré en uso de licencia desde el día 16 hasta el 26 de enero de 2017, pasará a ocupar la Presidencia del Senado la señora senadora Lucía Topolansky y por ese motivo se convocará a su suplente respectivo.

13) TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales en Transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (Carp. n.º 716/2016 - rep. n.º 399/2016 - rep. n.º 399/2016 anexo I y rep. n.º 399/2016 anexo II)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: este proyecto de ley tiene en su haber parlamentario un periplo importante; durante todo este año este asunto se ha ido macerando en el Parlamento.

Para refrescar la memoria de los señores senadores, diré que esto se realizó sobre todo en la Cámara de Representantes. Sin embargo, es menester mencionar la comisión especial relativa a los Papeles de Panamá, que fue creada por votación unánime, allá por los meses de mayo o junio. El Poder Ejecutivo hizo adelantos de fundamentación sobre un proyecto de ley que se trató en la Cámara de Representantes –mientras en el Senado considerábamos la rendición de cuentas– y, una vez que se analizó exhaustivamente, se obtuvo como resultado el que está ante nosotros.

No deseo entrar al tema sin antes recordar algunos de los fundamentos por los que el Senado aprobó la constitución de la referida comisión especial.

Señor presidente: en aquella oportunidad –y adelantándonos a este tema– decíamos que el tradicionalmente denominado ahorro impositivo ilícito solamente lo hacen aquellos que tienen muchos recursos, no así el contribuyente común. Si le preguntamos a un comerciante o a un ciudadano común qué es una offshore o alguna de las sociedades comprendidas por esta ley, seguramente desconozca el alcance de ese instrumento jurídico. Decíamos, señor presidente, que nosotros, como legisladores, tenemos el deber de velar por el cumplimiento del principio de legalidad, pero también por un principio fundamental para la república, que es el de la igualdad. Ambos son fundamentales en materia tributaria. Por lo tanto, si existen personas de altos recursos económicos que no están tributando por sus riquezas, rentas o patrimonios porque aprovechan huecos o fisuras en la legislación, y a través de ingenierías jurídicas complejas y costosas logran librarse del pago de impuestos, los responsables de esos defectos somos nosotros, los legisladores.

(Ocupa la presidencia el señor Guillermo Besozzi).

–En aquella oportunidad manifestamos que los estudios jurídicos y contables de todo el mundo –no lo vamos a descubrir– hacen su trabajo asesorando a sus clientes sobre cómo aprovechar esos huecos o fisuras en la legislación para hacerles ahorrar dinero. En el campo contrario, los legisladores debemos hacer nuestro trabajo, que es impedir que los más ricos y los que pueden pagar costosos honorarios y generar importantes riquezas no paguen impuestos.

Señor presidente: no voy a seguir extendiéndome en aquellos fundamentos. Bajo esas premisas, señor presidente, durante todo este año 2016 le hemos seguido el rastro a este asunto.

El proyecto de ley comprende fundamentalmente 68 artículos, contenidos en cuatro capítulos muy definidos.

El Poder Ejecutivo presenta el proyecto bajo argumentos profundos, como el compromiso con la transparencia fiscal y la cooperación internacional, pilares esenciales de la inserción internacional del Uruguay en una estrategia de desarrollo económico y social, y es muy importante atenderlo en el presupuesto, señor presidente, porque quedar al margen de esta línea en materia de transparencia y cooperación fiscal implicaría colidir con el interés del país al alejarnos de corrientes comerciales, financieras y de inversión de gran relevancia en la estrategia de desarrollo del país.

Señor presidente: se diga lo que se diga sobre este asunto, sobre la convención de información automática que votamos tiempo ha y constituye una pata de él, es evidente que no podemos quedar fuera de este importante tema, que es una realidad en más de cien países que siguen esta tendencia.

Aunque no les guste a ciertos actores, el Uruguay no puede ni debe plantearse siquiera regresar a la llamada opacidad tributaria para que se favorezcan unos pocos en detrimento de la suerte del país y de las grandes mayorías. Esta nueva inserción que se plantea el Uruguay desde hace varios años significa incorporar a su normativa un conjunto de disposiciones que son estándares internacionales en materia de lavado de activos y combate al terrorismo, así como de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales.

Esto tiene dos objetivos: mejorar la normativa interna y cumplir con las normas de cooperación internacional.

Uruguay ha concretado ello con varias leyes, que están todas expuestas claramente, señor presidente, en los informes que nos eleva la Cámara de Representantes y, también –por supuesto–, el Poder Ejecutivo. Son leyes que han sido procesadas en un amplio marco de veinte años, con reformas del Banco Central del Uruguay que fortalecieron su capacidad de supervisión, y de la Dirección General Impositiva, que se profesionalizó y mejoró su capacidad de control con la exclusividad de sus funcionarios, la profundización y actualización del control, la prevención del lavado de activos con leyes modificativas, como la Ley n.º 17835 y la creación de la secretaría antilavado, que tuvo como resultado, por la cooperación desplegada, que el país sea miembro pleno y fundador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el Gafilat.

Hay limitaciones al secreto bancario, a las operaciones pasivas de los bancos y su levantamiento bajo determinadas circunstancias, con intervención judicial. Está la reforma tributaria, Ley n.º 18083 y modificativas, con eliminación de las SAFI y creación de los impuestos a las personas físicas y no residentes; la extensión del criterio de la fuente nacional del impuesto a la renta de las personas físicas para los rendimientos del capital inmobiliario originados en depósitos, préstamos y, en general, en toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes; la implementación de procedimientos para identificar a los titulares de participaciones patrimoniales emitidas al portador –esto está en la Ley n.º 18930–; y la disposición que permitió la disolución de pleno derecho de las entidades que no hubieran cumplido con identificar a los titulares de las referidas participaciones, Ley n.º 19288.

También forman parte de este marco todos los acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria y los convenios para evitar la doble imposición. En particular, señor presidente, como dije anteriormente, el 1.º de junio de este año se ratificó la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales. Resta otro proyecto de ley que quedó para ser tratado en 2017, al que le dimos entrada el otro día en la comisión relativa a los Papeles de Panamá sobre lavado de activos y que estudiaremos después del receso.

Pasamos ahora al estudio del proyecto de ley que –como decíamos– consta de 68 artículos contenidos en cuatro capítulos específicos.

El Capítulo I, «Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria», atiende al cumplimiento de compromisos internacionales y de interés general. Se regula la remisión, a la administración tributaria en forma automática, de la información sobre saldos y rentas de origen financiero que los titulares tengan en entidades financieras, con el objetivo de que la Dirección General Impositiva pueda dar cumplimiento a sus cometidos, así como proceder al intercambio de información con las autoridades competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales ratificados por la república y los respectivos protocolos de entendimiento que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

Es de destacar, en particular, la adhesión a la norma común de intercambio automático que implica el inicio de una nueva etapa en lo que respecta a la cooperación en materia de transparencia e intercambio de información tributaria. Este instrumento provee a la administración tributaria de una importante herramienta, ya que permite acceder en forma automática a la información tributaria de los países adheridos. Esto no solo permitirá dar cumplimiento a los requerimientos internacionales, sino que también se podrá extender a los residentes por fundadas razones de interés general relativas a la lucha contra la evasión y la defraudación tributaria. De esta forma se busca fortalecer la capacidad de nuestro país de tutelar la defensa de sus bases imponibles en el IRAE, en el IRPF categoría 1 y en las rentas de capital mobiliario en el exterior.

El proyecto de ley prevé la identificación de la residencia fiscal del beneficiario y, por otra parte, no considera a las cuentas de bajo riesgo fiscal. La información seguirá teniendo el carácter secreto, extendiéndose a los funcionarios de la DGI las normas legales al respecto.

En el Capítulo II, «Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas», se profundiza en normas que procuran la identificación del beneficiario final de las entidades residentes en la república, así como también de las entidades no residentes que tengan un nexo suficiente con el país, quedando así un registro centralizado en el ámbito del Banco Central del Uruguay y se cometen a la Auditoría Interna de la Nación las tareas de fiscalización impuestas por las presentes disposiciones. Finalmente, este capítulo establece la obligación de comunicar al registro centralizado que llevará el Banco Central del Uruguay la información de los titulares legales de las acciones y participaciones nominativas en determinadas entidades.

El Capítulo III, «Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación», establece nuevas formas tributarias dirigidas a desestimular la utilización de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en los países de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.

Esto ha sido motivo de preocupación y de reacción de la comunidad internacional por la pérdida de recaudación de las administraciones tributarias, y puede ser un medio que contribuya al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

En la comisión se esgrimieron tres o cuatro ejemplos que ilustran por qué este capítulo tiene tanta importancia. Si nos da el tiempo, describiremos dos o tres jugadas técnicas –diríamos– de quienes evaden. Este capítulo va a actuar como antídoto para esas movidas finas y técnicas que evidentemente, a través de la mera lectura del articulado, son difíciles de imaginar. Por eso la participación de la DGI, que está en el meollo de todas estas normativas, es tan importante.

En este capítulo III se expresa que Uruguay no es ajeno a este problema. En este proyecto de ley en particular se modifica el concepto de fuente uruguaya para las rentas derivadas de operaciones con sede en países de baja o nula tributación, se modifican disposiciones y tasas del IRAE, IRNR e IRPF y se promocionan con exoneraciones al Impuesto a la Renta de No Residentes e Icosa hasta junio de 2017, tal como hemos expresado.

En el Capítulo IV, «Ajustes al régimen de precios de transferencia del impuesto a las rentas de las actividades económicas», se establece que, con base en las revisiones de estándares internacionales, se instituyen nuevas normas con obligaciones respecto a la información y documentación de las operaciones comprendidas en el régimen de precios de transferencias del IRAE siguiendo el plan de la OCDE de lucha contra la erosión de la base imponible, que abarca a más de cien jurisdicciones a través del denominado «Marco Inclusivo», así como la ampliación del régimen de acuerdos anticipados de precios, posibilitando su suscripción con otras administraciones tributarias en determinadas condiciones.

Todo esto se enmarca en el interés general de reafirmar la calidad institucional, que es un valioso factor de diferenciación y constituye una fortaleza de la economía nacional para no dar la espalda o quedar al margen de las tendencias internacionales en materia de transparencia y cooperación fiscal, lo que implicaría, además de transgredir principios y conceptos políticos con los cuales el Gobierno nacional está comprometido, quedar al margen de esas corrientes comerciales, financieras y de inversión que –tal como se expresó en la comisión– son importantes, teniendo en cuenta el planteo que hace Uruguay en cuanto a la recepción de inversiones. Esto da una muestra clara de transparencia y es un factor positivo a la hora de que los inversores vean cómo funcionan las cosas en nuestro país.

Durante el curso de este año hemos notado un problema con respecto a este asunto y también cuando discutimos sobre la convención y seguramente lo tendremos el año que viene cuando analicemos el proyecto de ley que está a estudio en la comisión. Me refiero a la flexibilización del secreto bancario, el secreto profesional, que está incluida en los artículos 16 y 17 de este proyecto de ley. Tal como señalamos, se ha planteado un debate que recorre todo el ambiente político, de los asesores y de los tributaristas. De un lado están los que ponen en duda la no oponibilidad de la DGI a estos asuntos y, del otro, estamos los que decimos que no es posible siquiera pensar en que no pueda ser no oponible. Esta discusión ha enfrentado el derecho a la privacidad o a la intimidad de los particulares con el llamado principio de interés general.

Debemos dar por sobreentendido que todos sabemos qué es lo que persigue la ley. Obviamente, en lo que se ha hecho más hincapié durante todo el año ha sido en el tema específico de la flexibilización del secreto. Eso, señor presidente, es un dilema o una discusión que a quienes defendemos el Estado y también el derecho, nos ha planteado varias aristas para analizar. Incluso, se dijo en la comisión, por parte de alguna técnica, que en este caso existiría una violación a los derechos humanos. En esta confrontación –que es de carácter político, técnico e ideológico–, obviamente, cada uno cargará con su verdad. A mi criterio, es necesario desbrozar el tema y, desde la bancada de gobierno, establecer qué pensamos al respecto.

Desde el año 2004 al 2014 la web de la Dirección General Impositiva, en forma permanente, mantuvo el informe de la Sala de Profesionales, firmado por 28 técnicos, abogados, contadores y escribanos, que esclarece la polémica y que voy a utilizar en favor de los argumentos que brinda el Estado, para defender la posición de su instituto recaudador, que es la Dirección General Impositiva.

No voy a hacer una defensa cerrada de la OCDE, porque no soy un converso como se me ha dicho en una sesión pasada. Pero sí voy a hacer una defensa cerrada de la Dirección General Impositiva y sus atribuciones como entidad recaudadora frente a los secretos protegidos por leyes, por la Constitución de la república y, fundamentalmente, por el Código Tributario, lo que no es menor. Me refiero a una normativa que ha operado en el país durante mucho tiempo. El documento que voy a citar, emitido por la Sala de Profesionales de la Dirección General Impositiva reviste importancia, porque el objetivo del pronunciamiento de los 28 técnicos que lo firmaron era elevar a la consideración del Directorio de la Dirección General Impositiva y de la opinión pública la delimitación y las potestades de que dispone la actuación de la inspección, tanto para intervenir los documentos de los contribuyentes como para realizar allanamientos en estudios profesionales. En definitiva, se trata de precisar, en función del artículo 68 del Código Tributario y concordantes, cuál es el alcance de las facultades que posee la Administración, es decir, el Estado y, en definitiva, la república. Por lo tanto, estas facultades de investigación y fiscalización de la Administración tributaria revisten gran importancia a la hora de dilucidar estos asuntos, porque también están sometidos a la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad. Esto puede pasar, porque tenemos información acerca de situaciones en las que la Suprema Corte de Justicia ha tenido que laudar en uno u otro sentido y por eso estamos haciendo estas argumentaciones. Es a través del Estado, decían estos profesionales, donde los miembros de una colectividad participan en el llamado sostenimiento de las cargas públicas. El mismo persigue la obtención del dinero necesario con el objeto de administrarlo y distribuirlo en el cumplimiento de sus funciones, a través de una variada gama de medios materiales y personales que le sirven para el logro de sus objetivos. Estos últimos realizan la función de fiscalización, que es la actividad tendiente al control y vigilancia del cumplimiento de la normativa tributaria, mediante actos de prevención, indagación y aun castigo, los cuales se desenvuelven a través de la función administrativa, la comprobación y verificación de las diversas informaciones suministradas por los obligados y, finalmente, la investigación en la indagación de los hechos generadores que no hayan sido declarados o lo hayan sido en forma parcial, actividad que tiene por objeto el combate de la evasión y la represión del fraude fiscal.

Por tanto, continúa diciendo la Sala de Profesionales, la aplicación efectiva del derecho tributario material corresponde a la administración tributaria, la que posee como norte averiguar y dejar claro los hechos relevantes, a los efectos del tributo, investigar los supuestos con significación tributaria y de esta forma poder llegar a un conocimiento exacto de la realidad presente en los mismos. A tal efecto, nuestro código le otorga a la misma una serie de posibilidades de actuación, colocándola en distintas situaciones jurídicas de poder-deber (como titular de diferentes facultades, potestades y derechos subjetivos), en los casos y formas por él previstos.

Señor presidente: voy a hacer un resumen de las páginas de este formidable alegato. La Sala de Profesionales continúa diciendo que esto es así en razón de que los hechos generadores ocurren la mayoría de las veces en la esfera privada del contribuyente, sin que lleguen al conocimiento de las autoridades fiscales de manera directa, con lo cual se hace necesario el establecimiento y exigencia del cumplimiento de una serie de deberes de cooperación por parte de todos, con el único fin de procurar ese conocimiento indispensable y preciso de los hechos importantes para la imposición.

La contribución económica al sostenimiento de los gastos públicos no solo se manifiesta por el traslado de dinero a las arcas del Estado, sino también en el cumplimiento de los deberes de colaboración, lo cual se lleva a cabo mediante la aportación de datos que coadyuven a hacer más efectiva la recaudación.

Podemos decir que existe una obligación principal determinada por el pago del tributo o deuda tributaria, la que ciertamente se encuentra en una posición preponderante dentro de la concepción del tributo como una relación obligatoria, pero, por otra parte, no se puede olvidar que a su vez se localizan otras obligaciones –deberes de colaboración– cuyo cumplimiento facilita el logro y realización de la obligación principal que conlleva el procedimiento de imposición. No obstante, se ha de señalar que aparte del sujeto pasivo existen otros sujetos denominados «terceros», a los que se les exige el cumplimiento de estos mismos deberes auxiliares.

Facilitar la práctica de las funciones de investigación y comprobación, así como el deber de proporcionar datos, informes y antecedentes con relevancia fiscal a la administración tributaria, llevar libros de contabilidad y demás documentos y justificantes, el consentimiento de la práctica de inspecciones y comprobaciones que tengan que ver con el hecho imponible, bien sea por el sujeto pasivo, bien sea por parte de los sujetos ajenos a la obligación tributaria material, constituyen las principales formas en que se puede manifestar la colaboración de los administrados. Este deber de colaboración emana del artículo 70 del código tributario. La Sala de Profesionales dice que estos deberes se encuentran subordinados a una serie de limitaciones impuestas por el mismo ordenamiento jurídico lo que, sin embargo, no es óbice para que exista un comportamiento activo por parte de los sujetos obligados, para que el Estado pueda lograr la consecución de sus fines, ya que el mismo representa un interés colectivo. De allí se infiere la existencia del deber a cargo no solo del sujeto pasivo de la obligación tributaria principal, sino también del concurso de terceros en el procedimiento de gestión fiscal.

El fundamento de los deberes de colaboración reside en la necesidad de la Administración de contar con la información oportuna. Como se expuso, ellos no poseen como finalidad inmediata enriquecer el patrimonio del Estado, ni tienen lugar en razón de un derecho de crédito a favor de este último, sino que los mismos se basan en el ejercicio del poder que ostenta la Administración, para proteger los intereses colectivos que representa.

El objeto de los deberes de colaboración viene a estar constituido por todos aquellos datos, informes o antecedentes con trascendencia fiscal.

La colaboración a que están llamados a prestar los administrados encuentra su fundamento en la propia calificación del Estado como Social de Derecho, tal como establece el artículo 1.º de la Constitución de la república.

Si se quiere instaurar un sistema tributario justo, inspirado en el principio de igualdad, se debe contar con la información necesaria de las actividades que realizan los contribuyentes, y de este modo fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus administrados. De ahí la necesidad de una imperiosa actividad de inspección especialmente vigilante y eficaz, aunque pueda resultar a veces incómoda y molesta.

Señor presidente: no dudamos de esto último, pero el Estado se sostiene con estas lonjas. En el curso de los años hemos fortalecido a esta oficina y le damos absoluto crédito porque, reitero, el Estado se alimenta de estas lonjas.

La Sala de Profesionales, en su documento, tiene un capítulo vinculado a las facultades de la administración y el derecho de intimidad de los particulares. Este tema ha estado en boga, estuvo en la comisión del Senado, estuvo durante mucho tiempo en la comisión de la Cámara de Representantes y, obviamente, estará en la comisión de Panama Papers. Es un asunto que siempre estuvo subyacente.

Señor presidente: dicen los profesionales de la Dirección General Impositiva que el ejercicio de estas facultades por parte de la Administración podría entenderse como una intromisión en la esfera privada.

Así, pues, los derechos constitucionales de los particulares, eventualmente afectados frente a una actuación inspectiva, son principalmente la inviolabilidad del domicilio –artículo 11 de la Constitución de la república–, el secreto de la correspondencia y de los papeles particularesartículo 28 de la Constitución de la república– y el secreto profesional –artículo 302 del Código Penal. En definitiva, estos derechos derivan de la libertad individual, más precisamente del derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 7.º de la Constitución de la república, y genéricamente en el artículo 72 de la Carta, derecho a la intimidad que rige para las personas físicas, no así para las jurídicas.

El artículo 7.º de la Carta, luego de reconocer los derechos fundamentales, establece que nadie puede ser privado de su goce sino mediante una ley dictada por razones de interés general.

A su vez, el artículo 28 dispone que los papeles de los particulares son secretos, no pudiendo registrarse, examinarse o interceptarse los mismos sino a través del dictado de una ley por razones de interés general.

La materia tributaria es una de las que reviste –sin ningún lugar a dudas y por lo que hemos estados diciendo– el interés general. Esta es necesaria para la existencia misma de un Estado social de derecho, ya que hace posible el cumplimiento de sus fines, constituyéndose en el principal instrumento para la percepción de sus ingresos.

Por tanto, la Administración, en aras de un interés superior con su actuar, eventualmente podría afectar el derecho de los particulares, pero esa afectación es legítima en la medida en que con ella se aspira a la protección de la sociedad en su conjunto.

En la sesión de la Cámara de Representantes se habló de que esta ley violaba derechos humanos. Yo lo presencié a la distancia; no podía intervenir en el debate porque estaba en las barras.

Considero que cuando una persona evade, elude tributos y, por lo tanto, no aporta al tesoro nacional, en la medida en que la Dirección General Impositiva y las rentas nacionales no son provistas adecuadamente por los contribuyentes, según sus ingresos y al volumen de sus ingresos privados, allí también se están violando derechos humanos, que son los derechos sociales a que atiende este informe. Ellos son, sin duda, la educación, la salud, el mantenimiento de la Administración, la obra vial y todo lo que sucede en un Presupuesto, en una rendición de cuentas que es, en definitiva, lo que identifica al Estado y le da vida.

Las facultades de la Administración con relación a la incautación de documentación es otro de los aspectos que queremos señalar como muy importante.

Vamos a saltear algo de este informe, ya que ustedes pueden solicitarlo en la Dirección General Impositiva. En él hay un capítulo dedicado al secreto profesional y a las facultades de investigación de la Administración. La Sala de Profesionales define al secreto profesional como un medio de protección de la libertad individual y del derecho a la intimidad como especie del mismo. No obstante, esta treintena de profesionales –contadores, abogados, escribanos– sostiene que en la actualidad asistimos a la tesis del decaimiento del secreto profesional en la medida en que frente a la existencia de ciertas profesiones como son la de los abogados, contadores, asesores financieros en general, les compete también el deber de colaboración que veíamos en el comienzo de este informe. Este tiende al buen cumplimiento de las normas, razón por la cual no podrían estar oponiendo ningún secreto profesional en virtud de la estrecha vinculación que poseen con la gestión tributaria quienes las ejercen, en cierto modo, como sus auxiliares.

Ciertamente, los datos económicos con relación a una persona pueden afectar su derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, pero tales datos forman parte de la esfera menos protegida de ese derecho, pudiendo ser investigado por la Administración.

Recuerdo que a raíz del Código Aduanero los despachantes de aduana, como asesores, también son responsables de cualquier desatino, error o intento de evasión o elusión aduanera. Ello es así porque son los asesores directos y son penalmente responsables.

Esta exclusión del deber de información que tienen los profesionales no puede alcanzar a todo el ámbito de las relaciones entre profesional y cliente, en principio cubierto por el secreto profesional, sino tan solo a determinados datos que no poseen incidencia a nivel fiscal. Por tanto, esta exclusión de los profesionales del deber de colaboración en razón del secreto profesional ha dejado de ser la regla para convertirse en la excepción.

La trascendencia que se atribuye a los asesores tributarios se plasma en el propio código –inciso final del artículo 63–, ya que ellos están íntimamente vinculados a la gestión que se les atribuye, responsabilidad frente a las declaraciones de los sujetos pasivos, en la forma y condiciones previstas en el artículo 21. Esto, señor presidente, está relacionado con un proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Hacienda, que es una carta de los contribuyentes –se trata de un proyecto de ley interesante–, pero el artículo 21, con el artículo 63 del Código Tributario, está directamente vinculado a las responsabilidades de los terceros que asesoran.

En el artículo 4.º de la Ley n.º 17835 se establece en forma expresa que el derecho a la intimidad individual cede ante el interés general. Como expusimos, la administración de la ley tributaria en su actividad está basada en ese interés general al permitir el cumplimiento de los fines del Estado: salud, educación, administración de la Justicia, entre otros. Además, prevé que el cumplimiento de buena fe de la obligación de informar no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Por su parte, la doctrina sostiene que existen límites al mencionado deber de informar. Un primer límite manejado es el deber de guardar…

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- La Mesa ruega a los señores senadores que atiendan al señor senador y que guarden silencio, por favor.

Muchas gracias.

Puede continuar el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Gracias, señor presidente.

Un primer límite manejado es el deber de guardar secreto por parte de los profesionales que han tomado conocimiento, en virtud de su profesión, de ciertos hechos que pueden llegar a ser relevantes en materia tributaria.

El asesor es un contribuyente que se encuentra exhibiendo documentación propia y ajena, y a su vez, se constituye en un tercero, supuestos que se embarcan dentro de los literales A) y E) del artículo 68 del Código Tributario.

Por otra parte, se encuentra obligado a guardar secreto en virtud de su profesión conforme al artículo 302 del Código Penal, que reza: «El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con 100 U.R. (cien unidades reajustables) a 600 U.R. (seiscientas unidades reajustables) de multa».

Un ejemplo de este deber de sigilo lo encontramos en el artículo 25 del Decreto Ley n.º 15322, que establece la vigencia del secreto bancario, interpretándose en general que es «oponible al Fisco». Esta disposición derogó el segundo inciso del literal E) del artículo 68 del Código Tributario, que expresamente contemplaba la obligación de los bancos y demás entidades financieras de suministrar a la Dirección General Impositiva todas las informaciones que se les requieren, sin excepción alguna, a cuyos afectos no regirá el secreto bancario. Por lo tanto, es oponible al deber de informar el denominado secreto bancario.

En cambio, en la hipótesis del secreto profesional, el codificador, conociendo la existencia de una norma anterior por la cual le era oponible a la Administración, en el artículo 68 no efectuó referencia sobre el tema, regulando únicamente el secreto bancario. Por tanto, de todo este análisis se desprende la voluntad legislativa de facilitar la actividad de la administración tributaria al otorgarle amplias facultades de requerir informaciones a eventuales contribuyentes y responsables tributarios, e incluso terceros, sin limitación alguna salvo a texto expreso.

Señor presidente: simplemente queremos decir que este trabajo, que durante una década estuvo en el portal de la DGI, es de una gran riqueza doctrinaria desde el punto de vista fiscal y tributario. Como legislador, suscribo este informe de la Sala de Profesionales de la DGI, acompañando el alto espíritu de servicios al Estado por parte de sus firmantes: el doctor Héctor Huertas, el doctor Hugo Berro, la doctora Sully Fonseca, la doctora Verónica Angenscheidt, la doctora Blanca Bianchi, la doctora Debora Bocchi, el doctor Gustavo Calvo, la doctora Carolina Cerrudo, el doctor Néstor Dávila, la doctora Serrana Delgado, el doctor Nelson Duarte, el contador Nelson Hernández, la doctora Victoria Larrañaga, la doctora Laura Latorre, el doctor Héctor López, la doctora Natalia Marziali, el contador Marcelino Misa, la doctora María del Carmen Montans, la doctora escribana Marta Pacchiotti, el doctor Rodolfo Regina, la doctora Carolina Rodríguez, el contador Álvaro Romano, la doctora Auria Sangurgo, el doctor escribano Gonzalo Sosa, el doctor Álvaro Vidal, el contador Daniel Feo y la doctora Claudia Cedrés. Creo que es importante nombrarlos para saber quiénes han aportado desde el punto de vista profesional. Con ese asesoramiento no pudimos contar, pero vinieron muchos actores a las comisiones, en especial, catedráticos y actores importantes de la asesoría a los privados que, obviamente, tienen un amplio dominio de estos temas. Es importante saber que no estamos solos en la madrugada y que tenemos un lote enorme de profesionales que están en el sostén de la doctrina de la Dirección General Impositiva y del Estado en cuanto a los recursos de los que este último puede hacerse a través de los poderes que le son otorgados por la ley.

No sé si habrá debate sobre este tema, pero vamos a dejar para más tarde algunos de los elementos consignados por el contador Romano sobre el capítulo III, en el que la DGI pretende bloquear algunas vivezas criollas. Los vamos a repetir en sala porque fueron muy contundentes en la comisión.

En lo que respecta al tema internacional quiero señalar que no somos seguidores de la OCDE, sino que somos bastante escépticos. En este sentido recuerdo que cuando se inició la discusión de este asunto en la comisión, la DGI confesó que no había podido seguir la pista a la ley del año 2011 por carecer de elementos, que establecía controles sobre rentas en el exterior de residentes. Hoy el país cuenta con la convención respectiva, con el intercambio automático de información, con los tratados para proteger la doble imposición, etcétera, pero es evidente que aun con toda esa batería no está garantizado que los evasores en el mundo desaparezcan. Creo que es un buen camino, pero hasta que no veamos cómo funciona todo esto, seguiremos siendo escépticos.

Al respecto me gustaría citar el trabajo de Gabriel Zucman, un joven tributarista francés cuyo tutor fue Thomas Piketty, un importante académico de la economía mundial. En su libro La riqueza escondida de las naciones, Zucman, que tiene apenas 30 años cumplidos, dice: «Los paraísos fiscales están en el núcleo íntimo de la crisis europea –esto es interesante–, pero nadie sabe cómo hacerles frente. Para algunos, la batalla está perdida de antemano. Desde Londres hasta Delaware, desde Hong Kong hasta Zúrich, los centros offshore, utilizados por los ricos y poderosos del mundo entero, son los engranajes esenciales del capitalismo financiero. Algunos aseguran que nada puede hacerse al respecto: siempre habrá países que cobren menos impuestos y fijen menos reglas que sus vecinos. El dinero siempre hallará un puerto seguro: si atacamos aquí, se irá más allá. El capitalismo sin paraísos fiscales es una utopía, y los tributos progresivos sobre los ingresos y las fortunas están destinados a desaparecer, a menos que se tome la senda del proteccionismo.

Para otros, la batalla está casi ganada. Según ellos, gracias a la determinación de los gobiernos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y como consecuencia de los múltiples escándalos y revelaciones, los paraísos fiscales pronto se extinguirán. Al recibir la embestida de los grandes países en busca de nuevos ingresos fiscales tras la crisis financiera, sin excepción prometieron abandonar el secreto bancario, y las multinacionales aseguraron que por fin rendirán cuentas y saldarán sus deudas. Será el triunfo de la virtud. Este libro se inscribe en una posición incómoda –que en lo personal me gusta más, porque no es exitista–, a contrapelo de estas visiones, las dos igualmente falsas.

Da cuenta de una investigación inédita cuya conclusión es abrumadora: los paraísos fiscales nunca gozaron de mejor salud que en la actualidad. Las “batallas ganadas”, omnipresentes en los discursos, no se ven reflejadas en los números. La impunidad de los evasores es casi total. Los compromisos asumidos recientemente por los paraísos fiscales son demasiado vagos y los medios de control, demasiado débiles para que podamos esperar alguna mejoría en los próximos años».

Sin embargo, Zucman ve una solución –veremos si se puede aplicar–, que es crear un registro mundial de títulos financieros que indique, sobre una base nominativa, quién posee cada acción y cada obligación. «Esta es una condición indispensable –dice Zucman– para poder gravar las fortunas del siglo xxi».

Señor presidente: este proyecto de ley es de una globalidad enorme, porque no solo atiende a aspectos de tributación interna, sino que coloca a Uruguay en un mundo que es de una gran vitalidad. Es evidente que no podemos estar fuera de ese mundo. Hace unos meses decía que Uruguay no puede volver a 1948. Al mundo de las SAFI no se puede volver más. Eso lo saben todos. El mundo de la offshore nacional vive y lucha, pero lo que estamos haciendo aquí tiene una vinculación absoluta con lo que pasa en todo el globo. Los contribuyentes nacionales también hacen alguna jugada –más adelante me referiré a ello si resulta oportuno– y creemos que es adecuado ponerles coto. En este sentido ya mencioné el capítulo III y algunos elementos que fueron vertidos en comisión.

Todo esto hace necesario que este proyecto de ley se apruebe, acompañando la convención que votamos hace ya unos meses. Obviamente, seguiremos trabajando mucho con la tercera pata de este tema, que es el proyecto de ley de lavado de activos, a cuyo estudio nos abocaremos en el mes de febrero próximo.

Era cuanto tenía para decir, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden, en aplicación del artículo 97 del Reglamento del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: el artículo 97 del Reglamento del Senado establece lo siguiente: «Es prohibido a todo Senador intervenir en asunto que se refiera a su interés individual. No obstante, si el Senador denuncia previamente su vinculación con el tema, podrá autorizarlo la Cámara, si así lo estimare pertinente». A su vez, el artículo 22 del proyecto de ley a estudio expresa: «A los efectos de la presente ley, se entenderá por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15 % (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, […]». En lo personal, soy accionista de una sociedad anónima, pero en menos del 15 %; por ende, me vería beneficiado por esta norma, pero como beneficiario final que tiene menos del 15 % no estaría alcanzado por la obligación de identificar.

Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 97 del Reglamento del Senado, denuncio ante el Cuerpo el interés individual que tengo en este caso, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Muy bien, señor senador.

Se va a votar si el Cuerpo autoriza al señor senador Bordaberry a permanecer en sala durante la discusión del proyecto de ley.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley sumamente complejo y, en ese sentido, han sido muy importantes las palabras del miembro informante, porque han mostrado algunas cosas de manera bien clara.

Esta iniciativa es mucho más importante a nivel interno que a nivel internacional. El miembro informante habló un poquito de la OCDE y mucho de la DGI porque, ciertamente, estamos ante un proyecto de ley que afecta mucho más lo nacional que lo internacional. Ha sido llamado «Transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales», pero en realidad debería llamarse «Se aumenta el poder de la DGI» porque, como muy bien lo dijo el miembro informante –en el tiempo que utilizó para referirse a cada uno de los aspectos–, el tema central es el aumento de los poderes de la DGI, y no la OCDE, de la que vamos a decir algo.

Me entusiasmó el hecho de que el miembro informante dijera que es escéptico respecto a la OCDE. Para ser escéptico, le hace bastante caso, porque hasta el momento todo lo que estamos haciendo en esta materia es porque lo pide la OCDE, de a poquito.

La OCDE no existía para nosotros. Recuerdo que la primera vez que se habló de ese organismo en el Senado –puedo decirlo porque estoy seguro de que fue así–, varios senadores no sabíamos qué era la OCDE, no lo sabíamos porque no tenía importancia en el mundo. Sin embargo, actualmente la OCDE es la que dicta una cantidad de normas, es la que hace que este proyecto de ley deba ser –y vaya a serlo– aprobado hoy.

La fuerza de la OCDE para perseguir el dinero de los países centrales en los países que no son centrales empieza en 2008, con la crisis mundial. Cuando hay una crisis fenomenal, los países centrales sufren dificultades y empiezan a tener déficits fiscales importantes, lo que los lleva a pedir más a sus contribuyentes y también a los nacionales que tienen dinero en el exterior. Así empieza todo este fenómeno por el cual lo que antes era opaco y el mundo lo aceptaba, ya no se acepta más. Hoy la opacidad es un delito, y hay que transparentar todo. Esa es la realidad. Entonces nos dijeron a los uruguayos que teníamos que hacer tratados para intercambiar información tributaria con seis países, y ahí fuimos a hacer esos tratados. ¿Por qué? Porque si no lo hacíamos íbamos a tener consecuencias no queridas para el Uruguay. Cuando estábamos por lograr hacer tratados con seis países nos dijeron: «No, ahora es con 12 países». Y ahí fuimos, de nuevo, a hacer esos tratados. ¿Y qué países elegíamos? Bien; no elegíamos los más importantes, sino países con los que muchas veces no teníamos un gran flujo comercial o de inversiones.

Tiempo después, por aquel famoso episodio entre Sarkozy y la señora presidenta de Argentina, nos dijeron que teníamos que hacer tratados para intercambiar información con países relevantes, y allí fuimos. Rápidamente lo hicimos con Argentina y con Brasil, pero Brasil no lo ratificó, por lo menos hasta hace muy poquito aún no lo había hecho. O sea que algunos tuvimos que hacerlo apurados y, otros, no tanto.

En fin, ahí fuimos, atrás de la OCDE, que cada vez empujaba un poquito más. La última vez nos dijeron que teníamos que hacer un tratado multilateral para dar a todos los países toda la información –antes se nos la pedía a través de un juez, ahora no–, es decir, todas las cuentas de sus nacionales, el saldo a fin de año y el promedio de los intereses cobrados en el año.

Ahora bien; no nos hemos puesto a pensar si esto le sirve o no a Uruguay. Es más, no hemos tenido tiempo de debatirlo. No fue ese el debate. El debate no fue si para Uruguay esto es bueno o malo. ¿Cuáles son las sanciones si decimos que no? ¿Hay sanciones? Seguramente. ¿Hay que hacer esto aunque no nos guste? Posiblemente. El mundo va para allá –por decirlo así– y nosotros somos un país chico, de modo que nos va a costar ir para un lado distinto a aquel al que va el mundo. Eso es así. No es que nos guste, y tampoco es que terminemos con la opacidad. ¡No! Lo hacemos porque la OCDE nos lo exige. ¡Y dejemos de discutir el tema filosófico! La realidad es que si no hubiera sido por la OCDE, lo habríamos hecho por nuestra cuenta hace 10 o 15 años. Cuando dijeron que teníamos que hacerlo con seis países, tendríamos que haberles dicho que no, que íbamos a hacerlo con todo el mundo. Sin embargo, lo hicimos con seis, y los que menos convenía, es decir, los que nos convenían a nosotros. ¡Es así! No estamos descubriendo un mundo opaco y, por suerte, ahora lo estamos enfrentando, como dice el ministro de Economía y Finanzas. ¡No! Lo estamos haciendo porque la OCDE nos lo exige y nosotros no tenemos más remedio que obedecer, porque somos chicos. Hoy no podemos pararnos frente a la OCDE y decirle, como país: «¡No les hago caso! ¡Se van al diablo! ¡Yo hago lo que quiero!», porque la realidad es que no podemos hacer lo que queremos.

Entonces, lo primero a dejar en claro es que acá no estamos haciendo lo que queremos, sino lo que podemos, y estamos haciendo lo que al final –supongo que esa es la actitud del gobierno– es menos gravoso para el Uruguay. ¿Estoy de acuerdo? Bueno, en lo personal, estoy de acuerdo con que no podemos pararnos frente al mundo y estoy de acuerdo con que tenemos que manejar estos temas con inteligencia; deben ser manejados, desde mi punto de vista, mejor de lo que lo han sido y con transparencia, pero no con transparencia internacional, sino con transparencia interna. Tenemos que decir: «¡Señores, estamos ante un problema! Apareció la OCDE y está exigiéndonos hacer cosas, algunas que no nos convienen y que no haríamos por nuestra cuenta, pero como nos las exige, de alguna manera tenemos que hacerlo. Busquemos entre todos el camino para que esto sea lo menos gravoso para Uruguay».

No se trata de decir «yo soy escéptico frente a la OCDE». La OCDE está obligándonos a hacer una cosa que, al final, vamos a tener que hacerla. Lo que digo es: estudiemos entre todos cuál es el camino. No es que los organismos internacionales hayan cambiado su forma de pensar, no es que antes eran todos malos y ahora el Frente Amplio dice que son buenos. No; lo que ocurre es que cambiaron las posiciones. Ahora el Frente Amplio está en el gobierno. Ahora tienen responsabilidades que antes no tenían y, por lo tanto, deben pensar en lo mejor para el país, no en el mejor discurso. Y el ministro de Economía y Finanzas entendió que lo mejor para el país era este camino. Yo entiendo que había otros caminos, que había caminos alternativos, caminos conversados y que iban a llevarnos al mismo lugar –porque era inevitable–, pero a distinto ritmo y de diferente forma. Por eso digo que si el señor senador es escéptico respecto a la OCDE…, en fin. ¿Alguien sabe qué va a pasar con la OCDE y en el mundo? Yo no lo sé. ¿El nuevo presidente de los Estados Unidos le hará caso a la OCDE? ¿Le dará para adelante o se termina la OCDE? ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Qué va a pasar con los paraísos fiscales de los grandes países? Obviamente, no me estoy comparando con los grandes países; entiendo que acá hay distintas fuerzas, que hay algunos países que son más grandes y fuertes que nosotros y pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Si me preguntan qué va a pasar, digo que Panamá está liquidado, pero no me parece que lo estén las Islas Vírgenes Británicas ni algunos centros de los Estados Unidos. Entonces, más allá del escepticismo que tiene el miembro informante sobre los paraísos fiscales, creo que van a seguir existiendo y que nosotros debemos manejarnos con inteligencia al respecto.

¿Por qué le entusiasma esto al ministro de Economía y Finanzas o, mejor dicho, al subsecretario? Hablo del subsecretario porque al ministro no lo vemos más que por televisión. Al que vemos en el Senado es al subsecretario, que viene cada vez que lo llamamos y da la cara; al ministro no lo vemos ni en foto. Mejor dicho: al ministro lo vemos en foto y por televisión, pero no en vivo y en directo. Reitero, al que vemos es al subsecretario, que viene tranquilamente, da la cara y nos habla de transparencia, de opacidad, de que es bueno que el mundo se entere de los saldos en cuentas corrientes de sus nacionales, y de paso señala: si el mundo se entera de los depósitos que tienen acá los nacionales de esos países a los que les tengo que dar información, entonces, démosle a la Dirección General Impositiva toda la información de los depositantes uruguayos, para que sepa cuánto tiene cada uno a fin de año y cuál es el promedio que tiene durante el año. En los últimos años nos han dicho que hay una cosa que es importante: lo que no funciona son las expediciones de pesca. Actualmente, la Dirección General Impositiva, ¿tiene derechos? Claro que los tiene. Si hoy la Dirección General Impositiva sospecha que alguno de nosotros está evadiendo impuestos, le pide a un juez para ver, no el saldo de una cuenta, sino todos los movimientos de los últimos cinco años, y le dice que sí. Quiere decir que cuando la Dirección General Impositiva sospecha de alguien puede ir a solicitarlo; de hecho, lo hace y ningún juez le dice que no.

Sin embargo, esto es distinto, es saber lo que tiene todo el mundo por las dudas: los que están bajo sospecha y los que no lo están que son la enorme mayoría. ¿Esto termina con el secreto bancario? Seguramente. ¿Afecta el derecho a la intimidad? Absolutamente, porque la Dirección General Impositiva va a saber cuánto tienen todos los ciudadanos del Uruguay, estén bajo sospecha o no, sean buenos pagadores o no.

Ahora bien, ¿nosotros queremos que la Dirección General Impositiva funcione bien? Por supuesto. ¿Queremos que todos paguen los impuestos? Sí, porque es totalmente necesario. Es más, hace poco me pidieron que hiciera una investigación sobre lo que ocurría en la Dirección General Impositiva y yo, desde la oposición, les dije que no. A la Dirección General Impositiva tenemos que cuidarla todos, porque cumple una función central en el país. Obviamente, quiero que todos paguen impuestos –quiero ensanchar la base– para que todos paguen un poco menos, porque lo que pasaba era exactamente lo contrario.

El otro día leía expresiones del senador Heber en las que decía claramente cómo había aumentado la eficacia de la Dirección General Impositiva en el Uruguay. Según la OCDE ha mejorado mucho; es más, tenemos menor cantidad de evasión que muchos países europeos. En lo único que estamos bien en esa calificación de la OCDE es en cómo cobramos los impuestos. Cobramos mucho y la Dirección General Impositiva ha mejorado notoriamente en ese sentido, pero los impuestos no bajaron. Yo pensaba que si le cobrábamos a todos tal vez todos podrían pagar un poco menos, pero lo último que hubo fue más IRPF, más IASS, más IRAE. Quiere decir que estamos cobrando mucho mejor y, además, le estamos cobrando más a cada uno. Es cierto que empieza a pagar gente que no lo hacía; está bien, es justo y es en la línea que debemos ir.

El miembro informante leyó un largo informe que –por lo que entendí– es del año 2004 de la Sala de Profesionales de la DGI. Bueno, hay que tener en cuenta que la Sala de Profesionales de la DGI defiende a esa dirección. Se habla de la doctrina de la Dirección General Impositiva cuando, en realidad, son personas pagas por la Dirección General Impositiva, que trabajan para ella e informan lo que les pide que informen; no hay una doctrina impositiva. Acá hay que ver qué opinan los que saben; seguramente algunos de ellos estén en impositiva y también haya que escucharlos.

No cabe la menor duda de que la Dirección General Impositiva tiene cada vez más fuerza. Todas las normas de los últimos diez años han sido para reforzarla y hay problemas con eso. Por ejemplo, en 2003, nosotros votamos –estoy viendo a Silvana Charlone, nuestra prosecretaria– una ley que pretendía transformar a la Dirección General Impositiva y tenía unos elementos muy buenos. Hablaba de profesionalizar y de terminar con el curro de los dos lados del mostrador, es decir que los profesionales de la Dirección General Impositiva no pudieran tener otro trabajo, para lo cual había que pagarles mejor. En ese sentido, se pensó que el 25 % del aumento de la recaudación se podía destinar a pagarles mejor. Creo que fue algo positivo que hizo que la Dirección General Impositiva mejorara notoriamente. Esta ley se aprobó en 2003 y se reglamentó en 2005, y sin dudas la Dirección General Impositiva funciona mejor.

Ahora bien, ese afán de aumentar la recaudación hizo que pasaran algunas cosas no deseadas. Puedo señalar –y lo tengo documentado– que en muchísimas inspecciones la Dirección General Impositiva pasa por arriba del contribuyente. Las inspecciones duran lo que tienen que durar; muchas veces incluyen embargos preventivos y se les quita el certificado único, por lo que el contribuyente no puede hacer más nada. El problema es para los pequeños empresarios; es más, mucha gente conocida me ha dicho: «Mirá, me embromaron, pero voy a pleitear hasta el final», pero los encuentro seis meses después y me dicen: «Me tenían embargado y sin el certificado único; me fundía o arreglaba», por lo que optaron por pagar. Por otra parte, los grandes empresarios, los que tienen espalda y pueden bancar el embargo y que les quiten el certificado único, hacen juicio y lo ganan. La Dirección General Impositiva pierde el 75 % de los juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo –no en la Suprema Corte de Justicia–; el problema es que hay que llegar a esa instancia. Está el que está fundido y no puede pleitear, y el que tiene espalda ancha, puede seguir funcionando, pleitear y ganar. Hemos visto cientos de casos; el del oro en Young fue patético. La Dirección General Impositiva castigó terriblemente a algunas empresas, por lo que los empresarios se recontra fundieron –le van a hacer un juicio enorme y lo van a ganar– y se tuvieron que ir del país y fueron repudiados. Incluso, cuando llegaron a Panamá les costaba conseguir trabajo porque en Google aparecía que habían hecho un curro contra la Dirección General Impositiva. A todo esto, perdieron diez años de vida y después acá se dieron cuenta de que se habían equivocado. Esta gente, como perdió todo, pleiteó hasta el final y ganó.

El miembro informante dijo que el proyecto de ley relativo a la Carta de Derechos del Contribuyente está a estudio de la comisión, pero no es así. Se presentó, pero nunca se estudió. Esta iniciativa lo que hace es equilibrar el enorme poder de la Dirección General Impositiva frente al pequeño contribuyente, y esos sí son derechos humanos. Yo no quiero que el evasor gane; quiero que el evasor pierda y que la Dirección General Impositiva tenga poder. También quiero que tenga poder moral y para eso debe darle armas al contribuyente para que se defienda legítimamente, y eso es lo que no tiene. El director general de rentas viene y nos dice: «Pero ustedes dicen que las inspecciones duran tanto y yo les digo que en promedio duran esto otro». Sí, pero en el promedio se ahogan los petisos. Eso es lo que pasa. Algunos lo siguen, lo persiguen, lo persiguen y la inspección dura eternamente; claro, en el promedio se salvan, pero ellos no están en el promedio. Lo que queremos es una ley que proteja al contribuyente y no que impida actuar a la Dirección General Impositiva. Incluso, ya está redactada, y no es de ahora. En el período pasado la presentó, entre otros, el señor senador Heber y en este, quien habla. No la redactamos ninguno de nosotros, sino el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores. Es en esas cosas que tenemos que trabajar, porque este proyecto de ley le otorga más poderes a la Dirección General Impositiva. Los artículos 16 y 17 –que creo que fueron modificados– planteaban algo muy grave y eso provenía del Poder Ejecutivo: establecían que los abogados le debían otorgar la información confidencial de sus clientes a la Dirección General Impositiva. Eso es grave y va contra el Estado de derecho. Va contra la defensa básica de cualquier individuo, que se enfrenta a su abogado y le cuenta sus problemas; le dice qué hizo bien y qué hizo mal, y con esos datos el profesional ve cómo resuelve la situación. De acuerdo al proyecto de ley original, el abogado le tenía que trasmitir a la Dirección General Impositiva todo lo que informaba su cliente. Ese derecho, que es básico y hace al Estado de derecho –no de hoy, sino desde hace 200 años, y que es asumido por el derecho en los países que tienen Estado de derecho–, pretendía ser vulnerado. ¡Esas son cosas que tenemos que defender! Por suerte, la redacción que venía del Poder Ejecutivo fue cambiada.

Señor presidente: ¿este proyecto de ley apunta a la transparencia internacional? En realidad, reitero, se trata de un proyecto de ley para que los países ricos cobren a sus nacionales en el exterior. No vamos a comparar las inversiones que tienen los extranjeros en Uruguay –que es lo que le preocupa al señor miembro informante– con las que tienen los uruguayos en el extranjero. ¡Vamos a entendernos! Según una norma, que muchas veces dicen que es exagerada, las inversiones que tienen los uruguayos en el extranjero rondan los USD 8.000:000.000. Si los señores legisladores imaginan que todo está en depósitos bancarios con intereses bajos como los que hay ahora, no da nada. El 1 % de USD 8.000:000.000 da USD 80:000.000. Con un interés del 2 % en el mundo, nos da USD 160:000.000. El 12 % de USD 160:000.000 significa menos de USD 20:000.000 por año de recaudación. ¿Eso cambia el panorama de Uruguay? Es obvio que no. Es evidente que el interés es de los países centrales y sus inversiones en nuestros países.

Creo que a Uruguay le puede servir hacer tratados de información tributaria con distintos países, siempre que vaya prendido a un tratado para evitar la doble tributación. ¡Eso es lo fundamental! Me refiero a que el que venga a invertir a nuestro país, el extranjero que venga a poner su dinero en Uruguay, no tenga que pagar impuestos acá y en el país de origen; eso sí es lo que va a permitir más inversiones. Pero este proyecto no tiene nada de esto; solamente tenemos que informarle sobre todo lo que tienen acá.

El proyecto de ley es muy largo y complejo. Hay algunas normas que son razonables y están bien. No todo está mal, pero el centro, lo que se discutió, la terminación del secreto bancario, la información internacional, el terminar con la opacidad no está…

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: deseo complementar las palabras del señor senador Amorín e informar al Senado, ya que me parece importante contar con toda la información.

Deseo recordar al Cuerpo que cuando se aprobó el tratado de la OCDE sobre información automática –al que se hace referencia en este proyecto de ley– en primera instancia el Ministerio de Economía y Finanzas nos informó que Estados Unidos lo había aprobado. Esta fue la respuesta del señor ministro ante una pregunta sobre Estados Unidos, Venezuela y otros países que le había formulado creo que el señor senador Amorín. Después de eso hicimos averiguaciones y supimos que no estaba aprobado por Estados Unidos, pero el señor ministro de economía nos aseguró que iba a ser aprobado la semana siguiente; aclaro que estábamos en el mes de agosto. Nuestra preocupación se debía a que todos sabemos lo que está pasando: como Estados Unidos no aprueba el protocolo de la información automática de la OCDE, resulta que todo este funcionamiento societario está yendo a dar a Delaware, a Nevada, a Estados Unidos. Insisto en que el señor ministro de Economía nos aseguró en el mes de agosto que estaba en el orden del día del senado de los Estados Unidos y que se iba a aprobar. Quiero informar, como complemento de la información del señor senador Amorín, que Estados Unidos no lo aprobó la semana siguiente, no lo hizo al mes siguiente y no lo ha hecho aún hoy. Quiere decir que nosotros hacemos buena letra con la OCDE porque nos lo imponen, pero resulta que hay un país –que es Estados Unidos– que no hace lo mismo. Es más, todas las informaciones que tenemos dicen que no lo va a aprobar. Se habla de la fanfarria y de los gritos de la aprobación de esta norma de la OCDE; además, todos sabemos que, después del resultado electoral en Estados Unidos, menos lo van a aprobar.

Por lo tanto, creo que debiera preguntársele nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas –que nos hizo aprobar un tratado porque decía que Estados Unidos la semana siguiente lo iba a sancionar y que antes nos había mentido, ya que nos había dicho que estaba aprobado– si continúan en este camino que hoy nos postulan que debemos seguir.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: deseo puntualizar dos detalles a tener en cuenta en esta discusión.

Es cierto que la Dirección General Impositiva tiene un porcentaje de pérdida importante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También es cierto que los abogados que aconsejan a las empresas solo van cuando están seguros de ganar. Por lo tanto, no podemos trasladar ese porcentaje de pérdida a todos los casos; a veces los abogados le aconsejan a su parte: «Arreglá porque la tenés perdida». Y ¿por qué lo hacen? Por ese mismo derecho que se preservó en la Cámara de Representantes por el que el abogado puede estar al tanto de toda la información de su cliente sin trasladársela a la Dirección General Impositiva, y aconsejarle cuándo le conviene pelear el caso o cuando no es conveniente porque la tiene perdida, dado que hubo una evasión de impuestos. Hay que tener mucho cuidado al calibrar las cosas.

Nosotros no tenemos problema en conversar y discutir un tema de derechos. Lo podemos hacer, pero desde la perspectiva de que todos paguen impuestos y no desde una que intente ver de qué manera nosotros evitamos que se paguen. Si esa es la voluntad del señor senador Amorín, es decir de que todos paguen impuestos, no tenemos problema en sentarnos a conversar –en la Comisión de Hacienda o fuera de ella– y trabajar al respecto.

Por otra parte, señor presidente, se hace mucha referencia a que si la OCDE tal cosa o si Estados Unidos tal otra. ¿Cuál es nuestro camino? ¿No tiene que ser un camino de transparencia? ¿Qué problema existe si se informa a la DGI si una persona tiene riquezas? Si paga los impuestos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay que estar haciendo un culto a que las cosas no se sepan? Repito: yo creo que el camino es la transparencia, y si, naturalmente, se cuidan los aspectos de la legítima privacidad de las personas, no me parece que haya problemas. Pienso que con este proyecto de ley se quiere generar una situación en la que parecería más importante cuidar a algunos pocos afectados –la minoría–, porque viven en la opacidad, que a los que trabajan con tranquilidad. Tan así es –y con esto termino– en esto de que el mundo va a la transparencia, que en Argentina –que no creo que figure en los primeros lugares del mundo en el ranking de transparencia; muchas veces los Estados incumplen las propias reglas– se hizo un blanqueo de capitales y fue inmensa la cantidad de gente –del exterior o de la Argentina– que adhirió, pagó un 10 % y de ahora en adelante va a pagar impuestos, controlados por la administración tributaria de aquel país. En definitiva, el mundo va hacia la transparencia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos ponemos a la cabeza o nos quedamos a la cola? Yo creo que nos debemos poner a la cabeza, señor presidente.

Agradezco la interrupción.

SEÑOR SARAVIA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Los que pleitean contra la DGI no son solo los que pueden ganar el caso, sino los que tienen espalda para hacerlo, porque tienen, por lo menos, más de un año de inspección, más cuatro años en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y tienen que bancar todo ese tiempo, muchas veces con embargo y sin posibilidades de hacer otros negocios pues no se les da el certificado único. El abogado no propone hacer un pleito porque seguramente va a ganar; muchas veces su consejo es: «Tenés razón, pero arreglá porque si no te fundís». Esa es la realidad. No hay ningún pequeño comerciante que siga con el comercio abierto que pleitee contra la impositiva. Los que lo hacen son los grandes, o los pequeños que ya se liquidaron y piensan: «Por lo menos, vamos a ganarle a la impositiva».

Por otra parte, yo quiero que todos paguen. En algún momento se me planteó hacer alguna acción contra la impositiva y dije que no, porque creo que hay que preservarla, debe ser bien vista y debe tener fuerza desde todo punto de vista: fuerza jurídica y, sobre todo, fuerza moral, porque la gente debe respetar a la impositiva. Por eso es que pido la carta de derechos del contribuyente, y me alegro de que el senador Michelini anuncie que están dispuestos a conversar. Seguramente en el mes de marzo empecemos a llamar a los actores para discutir este tema; creo es muy importante para el país y para mostrar al mundo que estamos dispuestos a caminar en una impositiva fuerte y con contribuyentes que se puedan defender. Creo que ese es el camino.

Finalmente, quiero decir que no estoy a favor de la opacidad ni de los que no pagan; quiero que los que no pagan de verdad, lo hagan, y si se portan mal que los sancionen y les pongan multas. Quiero que todo el mundo pague, como quiere toda persona normal, salvo que sea un evasor. Los únicos que no quieren que sea igual para todos son los que evaden. Yo quiero que no haya evasores y que la impositiva tenga fuerza para ir contra los evasores, pero la fuerza justa, sin meterse en la vida de la gente decente. Sin embargo, hoy, cuando la impositiva tiene alguna duda acerca de si alguien evade, le pide autorización al juez y se le mete en la casa, en las cuentas, en todo. Ahora bien, a mí me parece un exceso que todo el mundo deba dar toda la información a la impositiva por las dudas.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: lo primero que quiero decir es que en la comisión no trabajamos bien este proyecto, pues los artículos se votaron en bloque. Uno puede entender las urgencias del Gobierno, y comparto y comprendo que los gobiernos tengan urgencias, pero no en este proyecto. En este caso la urgencia me indigna y me molesta, y voy a explicar por qué.

La Cámara de Representantes pudo recibir a muchas delegaciones, pero nosotros solo tuvimos la oportunidad de leer las versiones taquigráficas para saber lo que dijeron los invitados, porque en una sola sesión de la Comisión de Hacienda del Senado votamos tres proyectos importantes, que ahora están en el orden del día del Senado. Pero este proyecto merecía un análisis. ¿Por qué hay ahora apuro? Me indigna el apuro por muchas cosas que se han mencionado acá, sobre todo por el senador Amorín.

Antes que nada, el nombre del proyecto no refleja la verdad, pues se llama «Transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo». ¡No es verdad! Este proyecto es sobre transparencia fiscal internacional, sobre todo para los fiscos extranjeros, para las naciones más poderosas del mundo, que nos presionan para votar este proyecto. Esta situación de presión es la que me indigna, producto de ver un gobierno presto a salir corriendo para cumplir con lo que ni siquiera exige la OCDE. El senador Amorín ha mencionado mucho a la OCDE, y hay que ser claros: la OCDE es una organización de países poderosos que presionan a países como el nuestro. Es el nuevo imperialismo fiscal internacional al que estamos sometidos. Esta organización coacciona a los países más chicos al decirles que si no cumplen con tales normas, no tendrán inversión ni mercados, y se les va a cerrar el mundo. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, primero vamos a hablar claramente: estamos siendo objeto de una presión internacional de los países más fuertes, más duros y más grandes del mundo, de potencias internacionales, para que en los países chicos no haya inversión y, si la hay, aporten allá y no acá. Esa es la verdad. Vamos a seguir hablando de este tema.

Lamento que no esté ahora presente el senador Michelini, que hablaba de la transparencia. A mí me molesta que se hable de transparencia cuando esta está impuesta desde afuera; a mí me gustaría que se hablara de transparencia porque nuestra DGI y nuestro Ministerio de Economía y Finanzas están dispuestos a tomar medidas para que no haya evasores, pero no porque lo pida la OCDE y porque se presione de afuera. ¡Y encima viene este proyecto con este grado de urgencia! Eso lo dijeron mucho mejor que yo reconocidos abogados en la comisión de la Cámara de Representantes. Ellos hicieron algunas afirmaciones que repetí en la comisión del Senado –donde tuvimos poco tiempo para el análisis– para escuchar la respuesta del Poder Ejecutivo. Formulé estas preguntas a Mario Bergara en su carácter de presidente del Banco Central, y al subsecretario Ferreri, quien para nosotros es el ministro de Economía y Finanzas porque, como decía el señor senador Amorín, desde que empezó la legislatura, en el Senado de la República no le hemos visto el rostro al titular. Repito: no ha venido. Sin embargo, las respuestas no fueron contundentes; las tengo acá para leerlas. En realidad, ellos fueron evasores de la respuesta; no fueron claros.

Voy a repetir lo que dije en la comisión para que los senadores que no estuvieron presentes tomen conciencia de lo que tenemos por delante.

El doctor Varela, en la comisión de la Cámara de Representantes, dijo: «El levantamiento del secreto bancario sin la participación de un juez viola la Constitución». El doctor Varela dijo que violaba el artículo 23 de la Constitución y agregó: «Además, del artículo 23 de la Constitución se deriva el principio de exclusividad jurisdiccional, que establece que solo un juez y caso a caso puede penetrar en determinadas esferas de la intimidad para levantar el secreto bancario. Este principio de exclusividad jurisdiccional es reconocido no solo en el derecho nacional sino también por cortes internacionales de derechos humanos».

Le pregunto a la izquierda, a la que le encanta cumplir con los organismos internacionales y, sobre todo, con los derechos humanos: ¿no sirven estos argumentos acá? Veo que algún legislador se ríe. Acá estos argumentos no sirven, a pesar de que se violan convenciones de derechos humanos.

Continúa diciendo el doctor Varela: «Todas las medidas probatorias que invaden la privacidad y que, por lo tanto, afectan derechos individuales deben pasar por el filtro de una decisión judicial». En este caso, lo que establece el artículo 1.º es automático, aunque, en realidad, todo es automático, y ya vamos a hablar al respecto.

El doctor Varela decía: «Todas esas intromisiones en la intimidad, en un Estado democrático de derecho, las ordena siempre un juez y caso a caso». Consultamos a los invitados y tenemos información de que la justicia, en estos casos, actúa rápido, no demora. Es decir que no hay un tema de ocultamiento si hay una sospecha. Esto es para cumplir los mandados impuestos por las grandes naciones, las grandes potencias internacionales que quieren meterse acá en el fisco. No es por un tema de transparencia. ¡No me joroben más con el tema de la transparencia, porque no lo es! Es para cumplir con ellos.

Además, el doctor Varela dijo: «El intercambio automático de información bancaria sin intervención judicial es lo mismo que haber dado al fisco –o peor, a los fiscos extranjeros– la facultad de intervenir teléfonos sin que lo ordenara un juez». Esto le molestó mucho al subsecretario Ferreri y lo rechazó, pero no argumentó. Dijo que lo rechazaba, pero a mí me gusta que cuando se rechazan en comisión algunas afirmaciones, como las del doctor Varela, se argumente para que me puedan convencer. Sin embargo, no fue así; solo se rechazó.

Luego, el doctor Varela dijo que esta ley no combatía el narcotráfico ni el terrorismo, afirmación que hago mía porque no se levantó. Y agregó: «Los bancos van a tener que escudriñar en la vida de sus clientes para averiguar si a otro país le puede interesar cobrarles impuestos». Se habla de cobrarles impuestos a sus clientes, no por la DGI, sino por parte de otro país.

Continúo leyendo: «El resultado de esa pesquisa que hará cada banco será enviado a la DGI para que lo mande a los fiscos extranjeros». Al respecto, no dijeron que no, no rebatieron esta afirmación, y aquí tengo las versiones taquigráficas.

Prosiguió el doctor Varela diciendo: «El due dilligence que tiene que hacer el banco no está dirigido a confirmar si su cliente obtuvo el dinero en actividades de narcotráfico, terrorismo, trata de personas o tráfico de armas, sino a averiguar cuál sería su lugar de residencia desde el punto de vista fiscal. Eso es así aunque el banco esté absolutamente seguro de que su cliente se gana la vida trabajando o haciendo negocios honestos», igual va a pasar la información porque no es un proyecto de ley que busque atacar el narcotráfico y el terrorismo. Esto lo dijo Bergara en comisión cuando se refirió a las sociedades. Fíjense los señores senadores los números que mencionó el economista Bergara en comisión: «Un poco a manera de pintura gruesa, uno podría decir que identificamos que en Uruguay había aproximadamente 140.000 sociedades con acciones al portador, de las cuales 97.000 se registraron en el Banco Central del Uruguay. Unas 13.000 o 14.000 aprovechan un mecanismo de acceso rápido para transformar las acciones al portador en acciones nominativas como establece la ley y hubo una especie de fast track para pasar a acciones nominativas». Estamos de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley en cuanto a que no se oculten las titularidades de las sociedades.

A su vez, el presidente del Banco Central dijo: «En términos gruesos andamos en el orden de 40.000 sociedades que se regularizaron de esta manera y por un par de procedimientos. Incluso, sobre todo, como decíamos en la ley de liquidaciones de pleno derecho, hay cerca de 100.000 sociedades que, de hecho, se están liquidando. Es un proceso de “limpieza”, de blanqueo de la situación en materia de sociedades anónimas que comenzó a procesarse de esta manera». Es decir que el Banco Central ya está actuando.

Más adelante agregó que en un momento se planteó la necesidad de cierto número de convenios y lo estimó claramente. Habló de Argentina, de Brasil y de lo que estableció la OCDE como imposición, porque no le servían muchas de las cosas que nosotros veníamos planteando o haciendo.

Además, señaló algo que a mí me importa: Uruguay tuvo tres evaluaciones por lo que era el Gafisud –en 2002, 2006 y 2009–, y estamos en las mejores calificaciones del GAFI en lo que refiere a medidas contra el terrorismo y narcotráfico. ¿Cómo está Uruguay? En cuanto a información, primero en América Latina. O sea que este no es un proyecto de ley que busque evitar el lavado. En cuanto a las normas GAFI, el presidente del Banco Central manifestó que si se comparan las evaluaciones en esa materia con los países del G20 –que por más que se denomine G20, está integrado por 19 países de la Unión Europea–, Uruguay tiene una mejor evaluación que 17 de los 19 países que integran este grupo. Afirmó que tenemos evaluaciones de muy buenos estándares en el concierto internacional y que ese también es un sello de reputación y credibilidad en materia de transparencia. Es decir que tampoco se trata de un tema de transparencia. Este es un proyecto para cumplir con las imposiciones de la OCDE y de las grandes potencias.

El doctor Varela decía: «Este es un proyecto de ley sobre más impuestos. Por un lado, vamos a ayudar a cobrar impuestos a países europeos que sufren profundas crisis causadas por una clase política que no deja de despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Entre otras cosas, los vamos a ayudar a hacerse de dinero para seguir subsidiando a sus productores agropecuarios, de manera que nuestros productos no puedan entrar en esos mercados». Es decir, cerramos el círculo, pero después vamos a los organismos internacionales y nos quejamos del subsidio de los europeos a la producción agrícola. ¡Y les estamos dando la oportunidad, señor presidente, de que puedan recaudar desde acá para que nuestros productos no entren allá! No he visto nada más imperialista que esto.

Por otro lado, es un proyecto de ley que prepara el terreno para seguir aumentando los impuestos uruguayos. Quien vote esta iniciativa pensando que está ayudando a combatir el terrorismo, se equivoca. Los únicos atacados por este proyecto son los contribuyentes, tanto extranjeros como uruguayos, que ya pagan altísimos impuestos al gobierno, que no tiene en su menú el plato «Gastemos menos».

Coincido con el señor senador Amorín en el sentido de que si todos pagásemos, todos podríamos pagar menos. No estamos de acuerdo con los que eluden, pero en este caso el Gobierno recauda menos y gasta más. Nunca tiene en consideración a la gente que trabaja y aporta. Si cobra más impuestos, va a gastar más. ¡Y eso lo sabe el contribuyente, que muchas veces trata de defenderse de esa voracidad fiscal, que no se destina únicamente a llevar adelante una acción social para que el Estado equilibre las desigualdades que existen en la sociedad –estamos de acuerdo en que cumpla esa misión–, sino que muchas veces implica tirar la plata, despilfarrar! Bueno, tenemos ejemplos de ello: Pluna, Alas Uruguay, Ancap, fiesta. ¡Vamo’arriba! Entonces, la gente que ve cómo se gasta por parte del Estado, es natural que esté reacia a hacer una contribución, porque muchas veces cree que el dinero que aporta va a ese despilfarro. Por eso ahora están atacando y cuestionando lo que muchos empresarios quieren hacer, que es contribuir con destino: «Yo quiero contribuir con mis impuestos a que determinado liceo tenga la posibilidad de contar con fondos para poder cumplir con su labor social». Eso se cuestiona.

El doctor Varela se preguntaba: «¿Qué debería hacer Uruguay? Lo primero sería ser sincero, contar a la gente que estamos siendo objeto de presiones injustas e ilegítimas». Si nos mentimos entre nosotros y decimos que esto es por la transparencia, no estamos diciendo la verdad. Es la transparencia para que cobren otros fiscos, para que cobren los que la izquierda siempre tildó de grandes naciones, de grandes potencias internacionales, de imperialismo y de colonialismo. ¿Y ahora? Naturalmente, no estamos pidiendo que desconozcamos esa presión, pero no seamos serviles a ella, no seamos los mejores de la clase, no corramos como están corriendo ahora a cumplir. Y me voy explicar porque los ejemplos que citaron los doctores en la comisión me parecen indignantes.

Decía el doctor Varela: «En segundo lugar, tratándose de presiones injustas, habría que cumplir sin tanto entusiasmo y lo más tarde que se pueda, sin llegar a incumplir. No hay ningún apuro para hacer cosas que nos perjudican». Obvio; coincido con esta afirmación. «¿Dónde –decía el doctor Varela– se ve el entusiasmo de los funcionarios locales que van a estos foros?». En lo personal, me molesta este tipo de burócratas que a veces van a foros internacionales y nos representan. ¿No aparecerá después alguno en un organismo internacional, como premio, contratado en la OCDE o en el GAFI? ¡Espero no ver mañana a un alto jerarca de la actual administración siendo designado en estos organismos que presionan al Uruguay, que presionan a nuestro pueblo! ¡Espero! ¡Vamos a ver!

A continuación, manifestaba el doctor Varela: «Por ejemplo, el artículo 21 del estándar de la OCDE para el intercambio de información automática autoriza a no comunicar las cuentas empresariales preexistentes de menos de USD 250.000. Eso no lo pusimos; desperdiciamos el límite». Sobre este tema consulté al subsecretario Ferreri, quien me expresó lo siguiente: «Con respecto a la facultad de enviar información solamente de aquellas sociedades que tuvieran más de USD 250.000, no fue comentado que dicha potestad existe solo para el primer año del envío de la información, y el Poder Ejecutivo va a utilizarla, es decir, no va a enviar información en el caso de que los activos sean menores a esa cifra. Quiere decir que va a hacer uso de esa facultad, que fue establecida solamente para el primer año».

Luego, concurrió a la comisión el doctor Leonardo Costa, a quien le hice la misma pregunta que al subsecretario Ferreri. Sobre este tema, expresó: «Respecto al proyecto de decreto, me han dicho técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas que se van a respetar los USD 250.000 y los USD 1:000.000 que establece el CRS, lo que es una muy buena señal», etcétera. Frente a mi comentario de que esta cláusula se establecería por un año, el doctor Costa se sorprende y me dice: «Sería importante para el Uruguay mantener los criterios del CRS en forma permanente. No creo que sea buena idea bajar esos criterios. Precisamente, se está utilizando este mecanismo para el contralor tributario interno, lo cual puede ser legítimo. Si fuera así, habría que decirlo en esos términos. Veo con buenos ojos que se mantenga el criterio de la OCDE porque creo que así el Uruguay está a tono con las normas internacionales y además no le exige más a los no residentes que a los residentes. A ver si me explico con esto señor senador: si yo le digo a los no residentes que les voy a intercambiar información a partir de doscientos cincuenta o del millón según corresponda y a los contribuyentes locales se lo voy a hacer por debajo de eso, de alguna manera los estoy castigando». ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a pasar a la OCDE información de nuestros contribuyentes que no está pidiendo?

Señor presidente: aclaro que no estoy cuestionando que lo haga la DGI. Sí me molesta que lo estén informando para afuera respecto a los uruguayos, y me molesta que de alguna manera esto se haga para evitar que se realicen inversiones en el país. Me explico: nadie nos pide que declaremos la guerra a las sociedades offshore. Al respecto, el doctor Varela decía: «Nadie nos pidió que aniquiláramos el secreto profesional –que, como muy bien dijo el señor senador Amorín, en la Cámara de Representantes se sacó del proyecto de ley–; nadie nos pide que levantemos el secreto bancario de los residentes, pero, de paso, lo hacemos». Estas son afirmaciones de juristas que están dedicados al tema.

Por último, el doctor Varela señalaba: «Es fácilmente deducible que este entusiasmo notorio se relaciona con cierta confesión de algún funcionario del gobierno en cuanto a que estamos pensando en ingresar a ese club de ricos en problemas –la OCDE–, sin discutir el tema antes abiertamente. […] Hay que tener en cuenta lo que acaba de pasar en Irlanda –un país con el que a menudo nos comparamos–, con los beneficios fiscales que otorgó a Apple y que no se diferencian de los beneficios tributarios que Uruguay otorga en virtud de su régimen de promoción de inversiones». Irlanda establece mejoras o beneficios tributarios para que Apple se instale, pero luego, como dice el doctor Varela: «La Comisión Europea acaba de reclamar a Apple que pague 13.000:000.000 de euros por los beneficios fiscales que le otorgó Irlanda entre el 2003 y el 2014». ¡Increíble! ¡Impresionante! O sea, Irlanda, a través de una votación en su Parlamento, dispone en forma soberana beneficios fiscales para que haya una inversión, pero después, en una actitud de coacción y prepotencia, la Comisión Europea le pide a Apple 13.000:000.000 de euros por los beneficios fiscales que le otorgó ese país. ¿Qué va a pasar? Nadie más va a ir a Irlanda porque no van a creer. Esto es notoriamente indignante desde todo punto de vista.

Recordaba bien el senador Amorín que en la comisión dijimos que Uruguay no tiene un problema de evasión. La evasión actual del IVA en el país, que es de un 13 %, es inferior a la de Finlandia, que está en el 14 %, a la de Bélgica, que es del 16 %, y a la de Francia, que es del 19 %. De hecho, es más baja que la media de los 26 países de Europa, que se ubica en el 18 %. Esto me parece bien, y lo considero un buen logro, pero ¿es por la transparencia? No; es para hacer los mandados de sus patrones –no mis patrones–, de aquellos que presionan y que están, de alguna manera, imponiendo estas cosas.

Como ya dijimos, es imprescindible contar con una defensa de los contribuyentes, ya no respecto de la DGI sino de los fiscos extranjeros. Sobre este tema, la intervención del doctor Gutiérrez me resultó impresionante. Yo la leí; no sé si todos lo hicieron. El doctor Gutiérrez señalaba: «[…] el intercambio automático viola la Constitución, porque no respeta el derecho constitucional del administrado a ser escuchado previo al dictado del acto administrativo». A continuación, decía lo siguiente: «[…] si bien la OCDE establece que deben respetarse las garantías del contribuyente, dicho respeto no puede imposibilitar el intercambio automático». O sea, se contradice. El intercambio automático no respeta el derecho del contribuyente. Por lo tanto, aunque yo no sea un evasor, igual se envía la información. Más adelante expresaba: «[…] la OCDE no obliga a Uruguay a aprobar la transferencia de información bancaria en forma automática a la DGI sobre residentes uruguayos. El intercambio automático de información al que se obligaron los delegados que representaron a Uruguay en Berlín consiste en la entrega automática a terceros países de información secreta sobre cuentas bancarias de residentes de esos países», pero no de los nuestros. ¿Y por qué vamos a mandar información de los nuestros?

Después habla de la penalización de las offshore, que dice que le cobran más impuestos, pero lo que más me impresionó de lo que dijo el doctor Gutiérrez es lo relativo a la necesidad de equilibrar la relación entre el fisco y los contribuyentes. Al respecto decía: «Quienes han pasado por una inspección saben que es una situación difícil, en la que los derechos no se ven protegidos en forma efectiva». Esto es algo que discutían los senadores Amorín y Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Disculpe, señor senador.

Ha llegado a la mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone.

Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Agradezco que me permitan seguir hablando en estos términos, aportando algunos datos.

Continúo leyendo lo que decía el doctor Gutiérrez: «Más aún: se está dando una práctica deplorable que es la aprobación de normas, a instancias de la DGI, cuando los contribuyentes ganan casos en el TCA.

En efecto, en lugar de que la DGI ajuste su conducta a la norma, se termina presentando un proyecto cambiando la norma para volver legítimo lo que antes era ilegítimo». Tenemos varios casos en la rendición de cuentas de artículos que lo que buscan es ayudar a la DGI porque perdió la causa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que me parece una violación.

En cuanto al límite de duración de las inspecciones, se dice lo siguiente: «[…] existen casos en los que sin que exista mayor complejidad, la inspección dura dos o tres años». Y el doctor Gutiérrez habla de que en España habían establecido un límite de 12 meses, para defensa del contribuyente. Este tema no lo respondió el señor Ferreri, que es tan afecto a la DGI. Le pregunté por qué no se ponía un límite, porque la gente que no tiene recursos, que no tiene espalda, como decía el senador Amorín, no puede aguantar dos o tres años a la DGI demorando el tema y además cargando con un embargo. Más adelante, continuaba señalando: «La situación en la que queda atrapado el contribuyente es la siguiente. La inspección terminó con la determinación de una deuda que el contribuyente no comparte porque considera que es ilegítima por apartarse de lo establecido en la ley. Teniendo en cuenta esta posición el contribuyente deja constancia en el acta que no reconoce la deuda y que pretende que un tercero imparcial resuelva quién tiene razón. Inmediatamente, la DGI pide medidas cautelares contra el contribuyente dado que no está de acuerdo con la deuda». Por tanto: marchaste, perdiste. Y continuaba diciendo: «Los jueces traban medidas cautelares y más, sosteniendo que, de acuerdo con la Constitución, su análisis del caso es meramente formal y que no pueden analizar sumariamente el fondo. Argumentan que la competencia para analizar el fondo corresponde al TCA», lo que lleva tres o cuatro años. Y seguía señalando: «Prácticamente, el ciento por ciento de los pedidos a la justicia concede los embargos, sin entrar ni siquiera a analizar sumariamente el fondo de los asuntos». Vean cómo está desprotegida la gente. A pesar de que se pueda esgrimir que no se evadió ni eludió ningún impuesto, igual se pierde. ¡Marchaste! ¡Tenés razón, pero marche preso! Inmediatamente, decía: «La DGI, a partir de que está trabado el embargo, demora el dictado del acto de determinación que habilita al contribuyente a iniciar el procedimiento administrativo recursivo que le permite agotar la vía para que el TCA resuelva». O sea, la DGI, además, demora el trámite, lo que impide que el contribuyente pueda ir al TCA. Al respecto, dice que en España se estableció un límite de doce meses a la administración mientras que en Chile el plazo es de seis meses. Son países en serio.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Hay algo que no entiendo. Se nos dice que esos son los países serios, pero a ellos no hay que seguirlos. Acá hay algo que está mal. Si le pregunta a cualquier ciudadano uruguayo cuáles serían los países que considera más equitativos, más igualitarios, de mejor calidad de vida, mencionaría a muchos europeos, que tienen niveles de transparencia muy superiores a los nuestros. Sin embargo, nos dicen que a esos países, que son los serios, no hay que seguirlos, y que nosotros, los antipatriotas, estamos haciendo los mandados de los países poderosos, los serios, a los que no hay que seguir.

El Parlamento ha aprobado una serie de leyes que le han dado más potestades a la DGI, que tiene niveles de recaudación superiores, incluso, a algún país de los que nombré. Se dice que, como contrapartida, se le debería extender una carta al contribuyente, y nosotros lo aceptamos. Ahora bien, eso no puede ir en detrimento de la transparencia para quedarnos en la opacidad. Tampoco se puede decir que a esos países serios no hay que seguirlos porque «son nuestros mandamases». De esa forma no se puede discutir. O sea, si la DGI tiene atribuciones, que son necesarias, pero que hay que equilibrar, hagamos el marco legal para ello. Ahora, que se quiera dar a entender que una parte del país, que tiene el 50 % de los parlamentarios –aunque ahora no tanto, porque perdimos uno en la Cámara de Representantes–, es antipatriota, que sigue los dictados del exterior sin tener en cuenta el interés nacional, no cierra por ningún lado. Esta no es una discusión que podamos dar con seriedad; no va por ese camino.

El planteo relativo al equilibrio entre el órgano que controla y recauda –en este caso la DGI– y el contribuyente, está bien, lo aceptamos; vamos a trabajar en ello. Pero ¿no apostar a la transparencia? Para hacer las cosas bien, la información es vital. Imaginemos dos personas: una compra la casa de otro y le dice que va a ir al registro para saber si no tiene deudas, a lo que recibe como respuesta: «¡No! Yo soy buen contribuyente». Como si con solo decirlo bastara. Si esto fuera así, no se vendería ninguna propiedad, porque la información es vital. Las personas que actúan bien, con respecto a sus bienes no deben tener ningún tipo de problema. No hay que ir por el mundo pensando que hay situaciones conspirativas.

Si el Uruguay quiere estar en los estándares más altos de calidad de vida, este es el camino que debe recorrer, aunque a algunos no les guste. ¿Que hay que tener cuidado con la privacidad? Sí. ¿Que es necesario analizar los equilibrios? Sí. Que este proyecto de ley no se apruebe por unanimidad, no me disgusta.

Es cierto, el tema de la privacidad hay que analizarlo con cuidado. Ahora, ¿que esto sea una conspiración de los antipatriotas de la izquierda contra el resto del país? No; pienso que por ahí no vamos. ¿Que nosotros somos los que estamos arrodillados frente a la OCDE? Por ahí tampoco vamos. Además, no sé si estamos arrodillados frente a Obama o frente a Trump; el señor senador Heber me dice que frente a los dos.

Tengo la sensación de que, en el acierto o en el error, todos actuamos de buena fe. Nosotros vamos por mayor transparencia y creemos que la forma en que se elabora la estructura económica del país, los negocios, la libertad de comercio, con transparencia es mucho más sana, duradera y sostenida en el tiempo. De todos modos, por si estuviera equivocado, vean lo que pasó en Argentina: 90.000:000.000 fueron blanqueados, porque la gente no quiere estar fuera de los sistemas bancarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: ¿cuántos minutos me quedan?

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Veintidós minutos, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Muy bien; con eso me alcanza para generar la polémica.

Es interesante el planteo del señor senador Michelini porque cambia la vinculación. En mi intervención dije que España y Chile respetan a sus contribuyentes, que había que seguir a estos países en cuanto a la defensa, porque no tienen a sus contribuyentes tres años con un proceso ante la DGI. Esto tiene un límite: en España son doce meses –lo que es mucho– y, en Chile, seis. En eso tenemos que seguirlos. Chile tiene acuerdos con todos los países del mundo y tratados de libre comercio, así que hay cosas para seguir y para aprender. A su vez, España, que es miembro de la OCDE –le estoy hablando al señor senador Michelini–, integra ese grupo de países que quieren perseguir a las inversiones españolas en nuestro país. Si mañana damos beneficios fiscales para que algunas empresas se instalen aquí, luego ellos pretenderán cobrar allá, y eso es lo que cuestiono de esto. ¡No es la transparencia, sino el servilismo! Lo digo con las palabras que me nacen. Estoy hablando del servilismo de decir: «¿Qué más precisan? ¿Qué más quieren?». Se dice que damos información sobre los uruguayos, pero está claro que lo que les importa es la de los españoles; de todos modos, también les damos la de los uruguayos. ¡Es increíble que estemos haciendo eso! ¡No lo entiendo! ¡Me indigna y no lo voto! ¿Estoy de acuerdo con la transparencia? ¡Sí señor! Estoy de acuerdo con la transparencia, pero de nuestra DGI, que busca evitar que los titulares se oculten mediante otras sociedades. ¡Lo voto! Pero no porque me lo pida la OCDE o estos países, sino porque creo que se pueden esconder evasores porque, de lo contrario, ¿por qué tanto ocultamiento?

Hemos votado y dispuesto que las sociedades anónimas con acciones al portador, ahora nominativas, son instrumentos ágiles para que vengan a invertir a nuestro país y no para esconder impuestos. Lo hicimos para que sean ágiles a la hora de vender y salir de aquí. Bueno, el mundo de hoy está globalizado, es muy dinámico y estas sociedades son instrumentos, no para evadir, no para eludir, sino para poder entrar y salir de un negocio sin mucho trámite. Estamos hablando de comprar y vender acciones. ¡Nominativas! ¡Sí, señor! ¡Que se diga todo: cuántos son y quiénes! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Lo voto! Ahora bien; ¿ponerlos en el banquillo de los acusados, suponiendo que son evasores? ¿Por qué? Se terminaron las acciones anónimas al portador; ahora son nominativas. Entonces, se terminó aquello de poner una sociedad y otra más; eso no existe más en el Uruguay. Como consecuencia de la globalización, la información es necesaria y nosotros tenemos que cuidar esto porque es parte de las normas GAFI, que obligan a dar a conocer la titularidad de muchas de estas sociedades como forma de poder saber quién está detrás y que no venga un narcotraficante disfrazado de sociedad anónima a invertir. ¡Estoy de acuerdo con eso! ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Pero ¿todos los que tienen sociedades son narcotraficantes? ¡Eso es un disparate! ¿Que la utilización de sociedades offshore es para eludir? ¡Otro disparate! No es verdad; son instrumentos válidos. El Estado puede cambiar las reglas de juego pero no se puede acusar de delincuentes a quienes usaban estos instrumentos para obtener capital rápido y seguro para hacer inversiones. ¿Por qué? Porque se van, y se están yendo. No olvidemos que gran parte de la explicación del crecimiento uruguayo era por el nivel de inversión, que se detuvo y que ahora genera los problemas que tenemos. Gran parte de la explicación de la expansión de la economía y de los buenos tiempos que vivimos está en la inversión que había, generada también por el gobierno del Frente Amplio. No tengo inconveniente en decirlo. Esto sucedió porque no se cambiaban las reglas de juego, pero ahora, un día sí y otro también las cambian, lo que no nos hace creíbles. Están haciendo los deberes que no les pide ni siquiera la OCDE.

Soy partidario de ser reticentes en el cumplimiento de los deberes, porque no vamos a negar que es una presión internacional y que es una nueva forma de imperialismo. Tenemos que ser inteligentes para poder pararnos y cuerpear este tipo de presiones. ¡Claro que sí! Nadie está diciendo que neguemos el poderío económico que tiene la OCDE, pero no hagamos los deberes como los estamos haciendo. ¡Somos los mejores de la clase! ¿Por qué queremos ser los mejores de la clase?

A su vez, voy a mencionar algo que confesó el presidente del Banco Central, al decir que «el equilibrio entre intimidad y privacidad y el interés general es algo que se ha ido moviendo durante todos estos años, sobre todo porque surge una creciente utilización del sistema financiero para todo este otro tipo de actividad vinculada al narcotráfico». Luego agrega: «Impulsan este proceso porque están extremadamente interesados, porque descubrieron la necesidad de la transparencia en tanto que tuvieron que volcar sumas enormes de dinero para el salvataje de los sistemas financieros». Pero de los sistemas financieros de ellos. Son ellos los que tuvieron el escándalo de la codicia de los créditos financieros, con lo que generaron una crisis de dimensiones enormes en 2008; no fue Uruguay. Los que crearon todo ese mundo ficticio de créditos que provocaron una crisis de dimensiones enormes fueron Estados Unidos y los países europeos. Ahí tuvieron que apretar, y ahí nació la OCDE y toda esta presión, en la búsqueda de aquellos que legítimamente usaron los instrumentos legales para invertir, no para esconder ni para evadir, sino para invertir en Latinoamérica. Vinieron por el crecimiento que había logrado Uruguay. ¿Cómo creció tanto América Latina? Sí, creció. ¿Por qué? Porque vinieron capitales europeos y americanos a invertir. ¿Por qué? Porque Europa y Estados Unidos vivían una situación de virtualismo crediticio que más tarde o más temprano iba a caer. ¡Y cayó!

Ahora bien, ¿y los capitales sanos que vinieron? ¡Son delincuentes! ¿Cómo delincuentes? No son delincuentes, vinieron a Uruguay a invertir. ¡Ah, pero tienen que colaborar con Estados Unidos y con Europa, que están en crisis financiera! Para eso está la OCDE que, a partir de 2008, empezó a ejercer una fuerza y una presión propias de los peores momentos que había vivido el mundo desde los imperialismos internacionales y desde su injerencia en los países de América Latina. Fue así que se detuvo la inversión; lo lograron.

Nosotros, como blancos y como nacionalistas, levantamos nuestra voz y denunciamos todo esto porque lo que me indigna no es la acción de las grandes potencias, sino lo que hacen los nacionales, que muchas veces están, no de rodillas, como decía el señor senador Michelini, sino como decía el exsenador Abreu: de rodillas peladas, pidiendo perdón por ser uruguayos. ¡Como si nosotros fuéramos delincuentes! ¿Por qué vamos a ser delincuentes? ¡No somos ningunos delincuentes! Queremos inversiones y que crean en nuestro pueblo. ¡Nosotros queremos trabajo para los uruguayos, y si vienen a invertir, son bienvenidos! ¡Pero cuidado que está la OCDE, que exige que si vienen a invertir acá, van a cobrar allá! Solo los podremos recibir para dar empleo, porque si tienen que pagar impuestos, no van a pagarle a la DGI nacional. ¡Yo defiendo a la DGI nacional, no el señor senador Michelini! ¡Yo soy el que defiende a la DGI nacional! ¡Yo no quiero que vengan a meterse acá! ¡Yo no quiero que se pase información de forma automática! ¡Yo no quiero que eviten la posibilidad de que mañana haya más empleo producto de la inversión! ¡Yo soy el que defiende a la DGI y al contribuyente, no el señor senador Michelini que, bajo la aureola de la transparencia, trata de decir que tenemos que entregar todo! ¿A quién? ¡A ellos! ¿Y quiénes son ellos? Las grandes potencias, el imperio.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- En un momento, señor senador.

Agrego más: el subsecretario Ferreri dice que hoy Estados Unidos está siendo presionado precisamente porque no tiene un esquema de transparencia para los beneficiarios finales. ¿Estados Unidos presionado? Permítanme esbozar una sonrisa. Dice que ese país, y también Inglaterra, están siendo presionados por la OCDE –presionados por la OCDE– debido a que tienen jurisdicciones que son casi paraísos fiscales. ¿Cómo casi? Tienen paraísos fiscales. Ni la isla de Man pertenece a Uganda, ni Seychelles a Zambia, ni Delaware está en Ecuador; todas estas son jurisdicciones ubicadas en los países desarrollados que esperan laxitud en materia fiscal. ¿Dónde está la transparencia de estos países? ¿Con qué autoridad le piden a Uruguay que sea transparente cuando tienen estos esquemas? ¿No hay un funcionario nuestro que lo denuncie? ¡No! ¡Cuidado si lo denunciamos, porque puede haber represalias! ¡Vamos de rodillas! No digamos nada de Delaware porque se nos enoja Estados Unidos. No digamos nada de la isla de Man porque se enoja el Reino Unido. ¡Lo que me indigna es el apuro de votar esto hoy! ¿Cuál es el apuro? ¿Nos están presionando? ¡Estamos yendo de rodillas, señor presidente! Lo digo y lo reitero porque es lo que me parece.

Ahora sí, con mucho gusto le concedo una interrupción al señor senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- El señor senador Heber, con mucha pasión, hace un relato –de corte teatral, me acota el senador Mujica–, pero en mi humilde opinión olvida un factor importante: a los capitales nunca se les puede aplicar impuestos; a los capitales nunca se les puede poner barreras; a los capitales nunca se les puede imponer obligaciones. En los parlamentos siempre hay defensores de los capitales; siempre alzan la voz con mucha fuerza y con mucha pasión para defenderlos. Los capitales vinieron acá y al resto de América Latina porque la situación económica en Estados Unidos y en Europa estaba mal. Pero ¿está mal que los pueblos, a través de sus gobiernos, les pidan a esos capitales que paguen y cumplan las normas? ¿Por qué en los parlamentos siempre hay legisladores que levantan su voz en defensa de los capitales? ¿Nos vamos a amedrentar por eso? Los capitales también tienen obligaciones: pagar sus impuestos, tener responsabilidad social, cumplir las normas y ser transparentes.

En el relato del señor senador Heber me parece que hay un convidado de piedra que nunca nombra, pero parece que siempre defiende. Se dice que los capitales deben estar libres, que tienen que ir por todos lados, pero no es así señor presidente; todos tenemos obligaciones, incluso los dueños de los capitales; ellos más que nadie. Reitero: ellos más que nadie.

En este Parlamento podremos discutir muchas cosas, pero a quienes poseen la riqueza la ley los tiene que obligar a cumplir sus responsabilidades fiscales, en Uruguay o en el país de que se trate. ¿Por qué vamos a ser una tierra de libertad para los capitales? ¿Por qué tenemos que ser un llamador para que la riqueza uruguaya exista en función de la pobreza de otros pueblos? ¿Por qué? No estamos de acuerdo con eso. Nosotros consideramos que los capitales en todo el mundo tienen que pagar los impuestos y tiene que haber normas para eso. Me da la sensación de que al relato del señor senador Heber –lo digo con todo respeto y humildad– le falta un actor o un convidado de piedra que indique cómo hacemos para que esos capitales, que van para aquí y para allá, paguen lo que corresponde.

Uruguay cumple lo suyo. No fuimos responsables de la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que a raíz de ella surgió la Organización de las Naciones Unidas. Se puede integrar las Naciones Unidas o no; se puede formar parte del Consejo de Seguridad o no. La Organización de las Naciones Unidas no surgió por los líos de Uruguay sino por los de Europa, pero, una vez que existe, tenemos que estar, y tenemos que estar a la cabeza. Recordemos cuando Uruguay tuvo la virtud de poner la pluma en aquella resolución histórica que creaba el Estado de Israel, y también una nación árabe –lamentablemente, eso está todavía pendiente–, lo que llamaríamos hoy un Estado Palestino, e imaginemos que, en vez de estar ahí, participando en las decisiones, nuestro país hubiera dicho: «Me voy a mi casa porque yo no creé ni generé los líos de Europa ni la Organización de las Naciones Unidas».

Sí quiero que Uruguay sea de los mejores y que tenga los mejores estándares de calidad de vida. Me da mucho orgullo que el Plan Ceibal se haya implementado primero en Uruguay; mucho, mucho orgullo me da, porque eso es estar en el primer lugar y ser de los mejores.

Gracias, señor presidente. Agradezco la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: voy a contestar al señor senador Michelini, que habló de la Segunda Guerra Mundial, del Plan Ceibal y del Estado de Israel pero, como el señor senador Bordaberry me ha pedido una interrupción, se la concedo con mucho gusto. Creo que todavía me restan cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Le restan cuatro minutos, señor senador.

Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: trataré de ser breve.

Cuando se argumenta que se trata de defenderse del capitalismo y de que este pague impuestos, la verdad es que a veces me llama la atención. Si uno sigue lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas puede ver que, en realidad, este ministerio está en el capitalismo, pero en el capitalismo prebendario.

Tengo en mi poder tres decretos aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el último año –algunos son muy recientes–, y quizás el Frente Amplio no conozca esto. El año pasado modificó el ajuste por inflación para, de esa forma –según se dijo–, llegar a una cantidad de empresas, pero resulta que eso afectaba a los bancos, por lo que el 1.º de marzo de 2016 emitió un decreto que modificó el artículo 62 del Decreto n.º 150/007. De esa manera el ministerio compensó a los bancos, a las instituciones de intermediación financiera, por el ajuste por inflación.

A su vez, hace un mes y medio emitió otros dos decretos. El primero de ellos le da beneficios automáticos de exoneraciones a las empresas constructoras que inviertan más de USD 15:000.000. Estos, que defienden al pequeño capital contra el gran capital, dieron esos beneficios. Y el segundo decreto –de ese mismo día– beneficia a los grupos multinacionales. El decreto establece que las empresas multinacionales que brindan servicios internamente no pagan IRAE si eso representa el 5 % de su actividad en el mundo. Imagínense los señores senadores que el 5 % de la actividad mundial de una empresa multinacional en el Uruguay es todo, pero el uruguayo paga.

Entonces, quienes hoy nos dicen que están para que el capitalismo pague, ¡por decreto –por decreto– perdonan los impuestos a los grupos multinacionales, a los grandes inversores en construcciones y a los bancos!

Obviamente, del dicho al hecho hay un gran trecho.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: voy a tratar de contestar y también de hacerme eco de lo que ha dicho el señor senador Bordaberry en esta interrupción, que me parece relevante.

Entonces, ¿se acabó la plaza financiera? ¡No, señor presidente! ¡Les estamos dando toda la bancarización del país para que hagan mucha plata y, si no la hacen, les aflojamos los impuestos! ¡Bien por los bancos! El Frente Amplio está con los bancos, o sea, con la plaza financiera, así que terminemos con ese tema.

Con respecto a lo que señalaba el señor senador Michelini de que estamos prestos para defender la libertad de los capitales, ¡está equivocado en ese razonamiento! ¡Yo estoy defendiendo el trabajo nacional! ¡No quiero los capitales por el capital en sí, sino que quiero que vengan a dar empleo aquí! ¡Yo estoy por los trabajadores! ¡Está equivocado el señor senador Michelini!

Cuando las inversiones vinieron a nuestro país se dio la tasa de desempleo más baja, y me alegro de que eso haya pasado. Lamentablemente, eso no se sostuvo en el tiempo. Pero ¿por qué se dio eso? Porque venían las inversiones. ¿Y a quién se beneficiaba? ¡A los trabajadores, porque podían elegir, porque no estaban presos de ningún empresario, porque si se iban de un lado había tres o cuatro empresas que los tomaban! ¡Esa es la verdadera defensa del trabajador! ¡Que tenga para elegir y no que quede preso de un empresario! ¡Yo defiendo a los trabajadores! ¡Claro que sí! ¡Aquí el Frente Amplio pone impuestos a los trabajadores!

Señor presidente: yo defiendo al país, pero el Frente Amplio, que toda la vida ha pregonado ser antiimperialista, ¡ahora está de rodillas ante el imperio! ¡Han borrado con el codo todo lo que han escrito con la mano! ¡Han implementado un impuesto al trabajo y, de alguna manera, han derrochado plata y han generado, señor presidente, más dependencia! ¡Y ahora vienen estos países y están solícitos a cumplir con ellos! ¡Esa es la verdad! No se trata de que el capital sea libre. Sí, que venga y que apueste al Uruguay, que es apostar al trabajo nacional. ¡Yo estoy defendiendo al trabajador y al país, y no quiero que me presionen! ¡Y si nos presionan, tenemos que ser inteligentes como para evadir esa presión, que es lo que tenemos que hacer, y no estar como el mejor de la clase, solícitos a cumplir con los requerimientos de los patrones del mundo!

Lamentablemente eso es así y nosotros, como antes, levantamos nuestra voz en protesta –y lo vamos a seguir haciendo– para exigir que no estén de rodillas frente a estos que, de alguna manera, nos imponen esas condiciones a los uruguayos.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: desde nuestro sector, Alianza Nacional, señalamos que vamos acompañar este proyecto de ley aunque, por supuesto, no vamos a apoyar muchos de sus artículos, con los que discrepamos, como argumentaremos después.

Basamos nuestro apoyo en algunos argumentos diferentes a los del oficialismo y, por cierto, tenemos un entusiasmo bastante distinto al que ellos han depositado en esta iniciativa. Creemos que hay un indetenible tren que viaja hacia la transparencia y no podemos evitar, a nuestro juicio, la inercia del mundo, ni tampoco a la OCDE y a los bancos.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–El asunto es que el Gobierno termina camuflando vagones que no eran exigidos por nadie salvo por su propio frenesí tributarista y recaudador. Ya hemos dicho –en otras discusiones– que se está creando un leviatán tributario, y esto es indiscutible cuando se da, un día sí y otro también, más y más poderes a la DGI. Aquí se ha hablado de los derechos de los contribuyentes; se han hecho envites, y se los ha contestado, en el sentido de defender esos derechos, pero muchas veces los contribuyentes están con las manos atadas frente al poder de la DGI.

Como dijimos, nos preocupa que el Gobierno haya, de alguna manera, camuflado estas iniciativas en este proyecto de ley porque lo distorsiona o, al menos, distorsiona su sentido natural; nos preocupa, pero no nos sorprende.

Por nuestra parte, la primera argumentación que vamos a dar es que vamos a apoyar este proyecto de ley en función de lo que entendemos es nuestra responsabilidad, actuando, además, con la misma responsabilidad que si fuéramos gobierno. Es decir que nos ponemos en la situación de ser gobierno en este momento, y seguramente con otros mecanismos, tomando otras precauciones y dando otros pasos antes, tendríamos un proyecto similar, aunque con muchas diferencias.

El motivo principal para votar en general este proyecto de ley es que, si fuéramos gobierno, entendemos que deberíamos aprobar uno similar a este con distinta versión; seguramente hubiésemos hecho muchas cosas antes como, por ejemplo, negociar condiciones para el país, pero entendemos que a veces lo deseable no viene de la mano de lo inevitable. Hay una realidad, señor presidente: el mundo le ha declarado la guerra a los paraísos fiscales, a las sociedades anónimas con acciones al portador y a todas aquellas normas, instituciones o medidas que no promuevan la transparencia fiscal. Esto es indiscutible y por ese motivo se está a favor de la información tributaria, la flexibilización del secreto bancario, la identificación del beneficiario final de las sociedades y todas las medidas que desincentivan hasta su eliminación cualquier forma de opacidad. Desde hace muchos años el Uruguay viene recorriendo un largo proceso que está en línea con estas ideas, pero el haber postergado en su momento la aprobación de normas que hasta hoy estamos analizando nos ha costado un precio muy alto, ya que el país fue incorporado a las famosas listas negras y grises. Esto es real. También sufrimos la conjura internacional –que denunciamos–, o lo que hizo en su momento el presidente de Francia, con la complicidad de la expresidenta argentina –ahora procesada–, y tantas otras acciones que los países poderosos terminan aplicando a los más chicos.

Por lo tanto, el primer argumento para aprobar en general este proyecto de ley es que no podemos –tampoco le conviene al país– avanzar en sentido contrario en el camino que el mundo ha decidido recorrer, más allá de todas las prevenciones que se han dicho acá, de las excepciones de los grandes países que se han mencionado, de los cobijos de paraísos que hay en muchas partes del mundo y que algunos grandes países pueden darse el lujo de tener. Nosotros, con sensata y mediana inteligencia, no podemos recorrer el camino contrario, no podemos escaparnos de esa realidad que se da en el mundo; podremos golpear la mesa, tener enojos, hablar de muchas cosas, pero la realidad es que si no seguimos el mismo camino que el mundo ha decidido tomar, la situación se complica. Se complica, y tenemos que aceptarlo; ir en contra de lo que se está dando en la mayoría de los países es extremadamente complejo. Es más, nuestro país debe cumplir con un compromiso asumido con la OCDE, establecido por la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, enmendada por el protocolo de 2010 e incorporada a nuestro marco legal por la Ley n.º 19428, que aprobamos el pasado mes de agosto; es la norma proyectada que justifica la obligación que impone al Uruguay otra ley, esa ley que, repito, aprobamos en este Senado en agosto de este año, que fue votada por senadores de todos los partidos, aunque –también es justo expresarlo– con algunas excepciones desde la oposición.

Entonces, hay que cumplir con este acuerdo previo porque si no, ¿para qué aprobamos esa ley? ¿Para qué lo hicimos, si después no damos los pasos que hay que dar? Pero la realidad es aún más poderosa que ese convenio por el que nos hemos obligado. El doctor Leonardo Costa, en ocasión de asistir a la Comisión de Hacienda del Senado, señalaba que en este nuevo paradigma de fiscalidad están la OCDE, el GAFI, el Fondo Monetario Internacional, el BID y, aun suponiendo que países como Uruguay pretendieran resistirse, el problema está en que los bancos corresponsales, es decir, los bancos intermediarios en transferencias de dinero que se hacen, por ejemplo, para el pago de exportaciones de Uruguay hacia Europa o Estados Unidos, son los segundos exigentes de esto. Quiere decir que esos bancos corresponsales de hacer estas transferencias de dinero terminan siendo también segundos exigentes de este tipo de normas. En definitiva, si los países no intercambian información, los bancos los van a mirar, de alguna manera, como países de alto riesgo, van a ser analizados con un escrutinio especial, lo cual puede hacer que a los uruguayos y a las empresas uruguayas se les pueda complicar a la hora de hacer transacciones internacionales. Esto es de un realismo inevitable; tenemos que advertir que el mundo ya cambió, no esperó a los uruguayos ni nos espera. Vamos a ser claros: ¿a quién le puede importar en el mundo nuestro país? Podemos hacer grandes declamaciones acá en el Senado y en el Parlamento, hacer mitines multitudinarios, pero no vamos a mover la aguja mundial. Por tanto, el mundo no nos va a esperar. No nos preguntó para cambiar; simplemente nos preguntó si nos subíamos o no al cambio. ¿Qué pasa en otros países del mundo? Allí la pregunta es: ¿quién está en la lista de los que se suben? ¿Quiénes no están? Es así de sencillo; después es un problema de toma y daca en mérito de esa realidad.

Podemos hablar –y en eso coincidimos con lo que se ha dicho en sala– de la prepotencia de las potencias, de que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y tienen que pagar sus crisis. Sí, pero todo eso ya pasó. Nosotros somos un país a pesar de las prepotencias: las soportamos, las resistimos y las enfrentamos con inteligencia porque creemos que debe ser así.

Otro elemento a considerar es el aspecto institucional. Uruguay integra el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Secretaría de Lavado de Activos, el Foro Global de Transparencia, y actualmente es uno de los mejores evaluados por el Gafisud, ahora Gafilat.

Además, el país adhiere a la Convención multilateral de asistencia mutua en asuntos fiscales, suscrita por más de cien países con los cuales –como ya dijimos– nos obligamos a intercambiar información automática en el 2018, y esto es real.

A nuestro juicio, conforme con lo expresado sería un contrasentido institucional para nuestro país no acompañar –por lo menos en general– las normas del presente proyecto. De cualquier modo, reitero que después el señor senador Camy expresamente mencionará aquellas normas que no vamos a apoyar, que son muchas.

Otra de las razones por las que acompañamos en general este proyecto de ley es comercial y productiva. El país necesita estar en línea con estos requerimientos porque ello facilita sus exportaciones e importaciones, además de favorecer la radicación de inversiones. Se ha dicho que con esto estamos perdiendo ventajas comparativas. Es posible que en principio podamos perder algunas ventajas, pero quiero ser claro: nunca fue ventajoso ser patria financiera, esa es la realidad. Cuando fuimos patria financiera nunca terminamos bien. ¡Nos fue mal! Resulta que cuando jugamos a la patria financiera, nos reventó en la cara; nuestros sistemas financieros colapsaron, ¡reventaron! Yo estuve en este Parlamento apoyando una ley de reprogramación de los depósitos de los bancos públicos para evitar el feriado bancario. Así se salvó el sistema financiero durante la presidencia del doctor Jorge Batlle. Yo di la cara para eso con mucho gusto. Me parecieron instrumentos inteligentes en aquel momento, junto con el proyecto de consolidación del endeudamiento externo –plan de 2003– aplicado inteligentemente por ese Gobierno y por el señor ministro de Economía y Finanzas, gran ciudadano, doctor Alejandro Atchugarry.

Resulta que cuando fuimos patria financiera, esta nos devoró, nos mató, generó un impacto de eclosión en el sistema productivo y terminaron pagando los más pobres. ¡Esa es la realidad! Esa patria financiera, al menos para el pueblo, fue perjudicial. Terminó bien para los especuladores y sus familias, pero para la gente no, señor presidente, porque quedamos con bancos fundidos y con banqueros ricos. ¡Vamos a no chuparnos el dedo!

Uruguay precisa inversiones productivas y serias y, en el mundo de hoy, estar en el mapa de las inversiones no pasa por ofrecer oscurantismo. Hoy, en el mundo, los países que ofrecen oscurantismo y opacidad no captan inversiones; lo hacen los países que son serios, que tienen una correcta aplicación del Estado de derecho, que no andan cambiando. Entonces, pasa por tener buenas condiciones jurídicas relativas al trabajo, a la competitividad, a la productividad y a los costos de calidad. Allí sí hay que ofrecer condiciones de excelencia. No pasa por estar afuera del mundo.

Por lo expuesto considero conveniente que Uruguay continúe convergiendo hacia los mejores estándares en esta materia, porque repercute en el comercio internacional y en la inversión productiva que tanto necesitamos.

Otro aspecto a considerar es que el proyecto de ley prevé el intercambio de información respecto de los saldos de cuentas bancarias y promedios anuales de residentes y no residentes, con un régimen de penas en caso de violación del secreto. Aquí es necesario aclarar que la OCDE no incluye a los residentes y, por lo tanto, no tenemos por qué extender esta obligación. Aquí sí vale la crítica porque se va más allá de los estándares internacionales, de las exigencias planteadas por este tipo de organismo. La finalidad de este proyecto de ley es adecuar nuestra legislación a las exigencias internacionales pero, al mismo tiempo, debemos interesarnos en la protección de nuestros ciudadanos, y no hay razones de interés general que nos obliguen a extender el intercambio de información automática de los residentes. En esto estamos en total desacuerdo.

Es necesario hacer una aclaración con respecto al interés general. Solía afirmar el profesor Cagnoni que la única forma de controlar si el interés general invocado es autoritario o no, es someterlo a la prueba del interés subjetivo y particular. Así, si yo no puedo reconocer la protección de mi interés particular y subjetivo en el interés general invocado, seguramente algo anda muy mal. Es necesario que el interés general contenga y comprenda el interés subjetivo. Si no podemos reconocer nuestros intereses subjetivos en el interés general invocado, entonces, el interés general deja de ser legítimo y se convierte en una coartada para dañar los intereses individuales de todos. Por eso, no podemos confundir transparencia con voracidad fiscal y ausencia de límites; los límites existen, precisamente, para garantizar el equilibrio entre dos cosas valiosas, como son la recaudación y el derecho a la confidencialidad y a la intimidad, aspectos que hay que defender, tutelar y proteger.

Si las razones de fondo de este proyecto de ley son internacionales, habrá que fundamentar mejor para saber por qué es necesario alterar el equilibrio interno a favor de la DGI, cuando todos sabemos que dicho organismo cuenta ya con potestades y herramientas suficientes como para controlar y fiscalizar el cumplimiento de los impuestos nacionales.

En este punto, quiero señalar al Senado y al Gobierno que me preocupa que por vía reglamentaria se pueda avanzar más de lo que exige la OCDE. Realmente, esto sería un aprovechamiento totalmente indebido de este marco legal, lo que me parece absolutamente inaceptable; quienes aprobamos en general este proyecto de ley no mereceríamos un aprovechamiento de este instrumento en esos términos, porque lo hacemos de buena fe. Queremos hacer esta salvedad porque nos parece algo fundamental.

No sería sano ni honesto con quienes desde este Parlamento acompañamos en general el proyecto de ley, que cuando se reglamente dicha norma se avance con criterios más gravosos que los que exigen los estándares internacionales. El mundo exige cosas, pero acá no se puede abusar desde la vía reglamentaria. No aceptaríamos ser poco menos que asaltados en nuestra buena fe; me refiero tanto a este Parlamento como a los contribuyentes uruguayos. Si se quiere ir por más, si se pretende que la DGI acceda a lo mismo que otras administraciones tributarias, bien; pero no se puede abusar. No les exijan a los uruguayos más de lo que el mundo pide, porque de ser así estaríamos en un contrasentido absolutamente inexplicable.

Vamos a acompañar lo que tiene que ver con la identificación del beneficiario final porque creemos que es necesario conocer, no quiénes son los accionistas, sino las personas físicas que están detrás de los emprendimientos societarios. También estamos de acuerdo con desincentivar la utilización de sociedades de paraísos fiscales, disponiendo un mayor gravamen para desalentar la triangulación.

A nuestro criterio, es correcto que el proyecto de ley dé la opción de transferir activos a sociedades uruguayas o del exterior sin pagar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales ni el Impuesto a la Renta de los no Residentes. Entendemos que una parte de la iniciativa sintetiza los intereses en juego y los requerimientos en materia de transparencia fiscal internacional e intercambio de información. Sin embargo, no hay razones de interés general –¡no las hay!– para alterar el equilibrio interno protegido en nuestra Constitución, ampliando esa obligación a nuestros residentes. Por eso repito y exhorto: una cosa es adecuar la normativa legal a los requerimientos internacionales, pero se debe tener en cuenta nuestra tradición de respeto al Estado de derecho y a las bases republicanas consagradas en la Constitución nacional.

A quienes corresponda aplicar la presente normativa les digo que deberán ejecutarla garantizando los principios constitucionales –en especial el debido proceso– porque ellos son la garantía última de todos los ciudadanos en una república. Por esta misma razón no vamos a votar los artículos 17 y 18, que refieren al secreto bancario.

Finalmente, señor presidente, quiero decir que así como estamos financieramente integrados al mundo, no lo estamos fiscalmente, y tenemos la impostergable obligación de integrarnos comercialmente más allá del Mercosur. Debemos sacarle provecho a los deberes con la OCDE, y la única manera de que todo valga la pena es que se atraigan inversiones que generen trabajo de calidad para que los uruguayos progresen. Para lograr esto será necesario, entre otras cosas, integrarnos a las redes de comercio internacional. El Gobierno está mostrando un talante favorable en este sentido, pero las concreciones son pocas.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor senador Camy ha solicitado que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Muchas gracias.

Las concreciones son pocas, pero espero que cuando llegue el día de votar los tratados comerciales, la bancada del Frente Amplio lo haga con el mismo entusiasmo con que hoy está votando este proyecto de ley, porque los países son los mismos. Creemos que también hay que llevar adelante ese tipo de tratados de libre comercio con otros países para atraer inversión, desarrollo y trabajo para los uruguayos.

En definitiva, votaremos en general este proyecto de ley porque condice con las normas que hemos aprobado hace muy poco tiempo y porque es necesario para el futuro del país. No juzgamos las intenciones de los otros señores senadores, ya sean de nuestro partido como de otros, sino las nuestras propias, y creemos que desde la oposición debemos actuar de la misma manera que lo haríamos si fuéramos gobierno. Seguramente, si así fuera estaríamos aprobando una iniciativa similar pero con cambios importantes, sin que se tratara de algo ultra ni extra petita de los reclamos y exigencias internacionales, tal como se hace en muchos artículos de este proyecto de ley que, por supuesto, no vamos a acompañar, por lo que oportunamente pediremos su desglose.

Es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- El señor senador Larrañaga dijo que el tratado de intercambio de información tributaria había sido votado por todos los partidos. Sin embargo, como se recordará, desde nuestra bancada fuimos firmes opositores a la aprobación de ese tratado y votamos en contra. Quisiera dejar esta constancia porque se aludió a todos los partidos y, reitero, nosotros no lo votamos.

Con respecto a las alusiones a la patria financiera, debemos decir que no vamos a contestar porque no nos sentimos aludidos. Lo que sí lamentamos es que cuando se habla de patria financiera no se especifique qué gobiernos y en qué épocas apostaron a la patria financiera. Pero como eso no se dice, no vamos a contestar, porque nosotros no integramos ningún gobierno de esas características.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: no pretendí aludir a ningún gobierno ni a ningún gobernante con respecto al tema de la patria financiera. Lo digo con toda honestidad. Que me disculpe el señor senador si se siente tangencialmente tocado, aunque dijo no sentirse aludido. Por lo tanto, va en línea con lo que pretendí trasladar a este Senado de la república. Si el sayo me cabe a mí y a mi partido, no tengo ningún problema en asumirlo; ¡a quien le quepa!

Yo nunca participé de una situación que amparara patria financiera. Estoy conteste con lo que ha expresado el senador Bordaberry. ¡Vaya si estaré conteste que lo denuncié! Un día como hoy, el año pasado, le estaban metiendo impuestos a los bancos, pero lo que le pusieron el 29 de diciembre se lo devolvieron con el decreto del 1.º de marzo. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que se ponen impuestos para todos, pero los grandes están excepcionados. ¡Vamos a ser claros también con eso!

Entonces, en mi alocución no pretendí aludir a gobierno ni a gobernante alguno. Con toda franqueza, en esta oportunidad no estoy para eso. Todo el mundo sabe que cuando hago alusiones acostumbro ponerle nombre y apellido a mis imputaciones políticas. En este caso me referí a la defensa de un estatus del sistema financiero que en muchas ocasiones le hizo un enorme daño al país, como algunos procesos que están aconteciendo ahora en el sistema financiero nacional también le harán daño al país, y toda la gente terminará pagando gravosamente los procesos que han sido desarrollados en este Gobierno.

Era cuanto quería aclarar, señor presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando es un eslabón más de un proceso de reajuste, de reacomodo, de transformación que nuestro país debió y debe realizar en función de un cambio de las reglas de juego en el mundo con respecto al tratamiento del capital, de las colocaciones financieras y del mundo en general. En ese sentido el Uruguay ha ido tomando decisiones, a veces de una forma más fácil, otras de manera bastante más incómoda, para salir de una situación en la que estaba en virtud de otras reglas de juego. En función de ello, aprovechando ciertas peculiaridades que nos permitían ventajas en términos comparados, fue adecuándose a una nueva realidad en la que una serie de componentes que formaban parte de nuestras características debieron ser corregidos.

En ese proceso, obviamente, es polémico y es discutible cuáles son los caminos, los pasos y los criterios con que se avanza. Lo que no es discutible –y la verdad, señor presidente, a uno le genera un poco de curiosidad o de extrañeza– es escuchar algunas posturas radicalmente opuestas a una realidad que se nos viene encima y a la que hay que ajustarse.

El Partido Independiente ha tenido diferencias con respecto a este camino, y nos hemos opuesto a algunos de esos instrumentos legislativos, pero creemos que el rumbo es inexorable, que el camino de ajuste de las reglas de juego de nuestro país en relación a las del mundo internacional –si queremos participar de la mejor manera posible de ellas– se vuelve algo absolutamente inexorable; si no, el riesgo de quedar cada vez más a un lado es ineludiblemente mayor.

Creemos que ha habido un momento, un punto de inflexión en ese proceso, cuando en junio del 2010 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley –que luego, en diciembre, se volvió ley– en el que definitivamente decide abandonar el concepto de renta territorial para adoptar el de renta mundial y, al mismo tiempo, flexibilizar el secreto bancario. Nosotros votamos en contra de esa ley porque nos parecía que había otras maneras de encarar el proceso, quizás más lentas, quizás más cuidadosas, quizás menos repentinas.

Me voy a permitir citar una reflexión del doctor Daniel Ferrer –ya fallecido–, quien analizaba aquel proyecto de ley del 2010, y decía: «La intención de aplacar a la OCDE puede haber estado en el fondo» –se refiere al proyecto–. «Pero si esa es la intención, se estará cometiendo un error. La OCDE no se va a aplacar con nada, porque su objetivo es obligar a Uruguay a adoptar un sistema basado en el impuesto a la renta universal sin excepciones y con intercambio global de información, que permita a los países de la OCDE neutralizar todos los estímulos a las inversiones que hoy inducen a sus nacionales a invertir en Uruguay. […] Pero lo que deberíamos estar haciendo no es ceder entusiastamente a la OCDE, sino diseñar una política tributaria consensuada, que se adapte a las nuevas reglas –que no podemos evitar, pero que nos permita seguir siendo un país– que promueve la inversión y que sirve de plataforma para negocios internacionales».

Ese proyecto de ley terminó convirtiéndose en la Ley n.º 18718, de 24 de diciembre de 2010. En aquel entonces, el diputado Iván Posada, de nuestro partido, fue miembro informante por la minoría, y en oportunidad de aquella discusión, señalaba: «Es claramente una muestra de debilidad del gobierno que dejará expuesto a nuestro país ante la voraz acometida de los países desarrollados agrupados en la OCDE. Como se demuestra en el trabajo realizado por el Dr. Rafael Luna, el modelo de renta mundial responde al interés de los países desarrollados. Nada tenemos para ganar y sí mucho para perder».

Es por eso que votamos en contra de aquel proyecto de ley.

Sin embargo –me gusta la frase que solía usar el general Líber Seregni–, los hechos son porfiados. Y los hechos porfiados hacen que hoy, transcurrido el tiempo y ya aprobada la Ley n.º 18718, estemos convencidos de que, a esta altura de los acontecimientos, el camino emprendido por nuestro país no tiene retorno; no existe la más mínima posibilidad de dar marcha atrás sin que eso implique un grave riesgo para nuestra estrategia de inserción internacional, que es un objetivo que resulta clave para consolidar nuestro desarrollo económico y social que, a la vez, no es ni más ni menos que la calidad de vida de nuestra gente.

Desde el Partido Independiente tenemos la convicción de que siempre hay que ponerse en los zapatos de quienes toman las decisiones de gobierno, y actuar de acuerdo con lo que uno haría si tuviera la responsabilidad de operar en esa lógica. Por esa razón, a pesar de aquella divergencia original de hace seis años, asumido el camino como irreversible, este año –hace unos pocos meses– acompañamos la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal y, obviamente, también vamos a acompañar en general esta norma que, en realidad, está encadenada a ese proceso del cual Uruguay ya no puede zafar. En todo caso, deberemos buscar la manera de que nuestra posición y nuestros resultados sean lo más favorables posible para nuestra gente, para nuestras oportunidades de inversión y para nuestras oportunidades de inserción internacional.

Se ha dicho que hay un cuestionamiento a ciertos criterios de la Constitución. Creemos que las razones de interés general que –también desde la perspectiva constitucional– pueden habilitar la relativización de esos principios vinculados con el derecho a la intimidad están cubiertas e incorporadas, porque en la norma se han incluido criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que nos permiten acompañarla.

Esto no significa que vayamos a votar el conjunto del proyecto de ley presentado. En particular, vamos a votar negativamente el artículo 2.º, que no es menor, sino que es muy importante. Nos parece que, cobijada entre las obligaciones establecidas por la inserción internacional, el artículo 2.º pasa, casi de contrabando, una atribución a la Dirección General Impositiva que, a nuestro juicio, es absolutamente exagerada y sobreabundante. Una cosa es establecer la obligación de información por parte de las entidades financieras con respecto a las colocaciones de los residentes fiscales en el país, a efectos de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de transparencia fiscal, y otra cosa es que se agregue una nueva finalidad que es la lucha contra la evasión y la defraudación tributaria en el ámbito interno. Esto segundo no tiene nada que ver con la normativa vinculada a la OCDE y creemos que significa abrir una puerta que, desde nuestro punto de vista, es indebida y no cumple con los requisitos de interés general, así como tampoco con la proporcionalidad y la razonabilidad, porque da a la Dirección General Impositiva y a la administración tributaria interna una capacidad para indagar en las situaciones de los particulares y de las sociedades que no corresponde.

Por estas razones vamos a votar en general el proyecto de ley, pero votaremos en contra el artículo 2.º, que desde ya pedimos que se desglose.

Reafirmamos nuestra preocupación por una cuestión que ha estado arriba de la mesa y que compartimos, más allá de que, a diferencia de otros que han hablado del tema, vamos a votar en general la iniciativa. Nos referimos al avance de un poder cada vez más sobreabundante de la administración tributaria a efectos de ejercer una actividad que desde nuestro punto de vista puede estar afectando los derechos de las personas y de las sociedades en Uruguay.

Es cuanto tenía para manifestar.

Gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señor presidente: en cuanto al denominado proyecto de ley de transparencia fiscal, concuerdo con lo manifestado por el senador Amorín –aunque soy bastante reacia a los eufemismos– que lo llamó «De aumento de poderes de la DGI»; a mí se me había ocurrido –y así lo titulé– «De eliminación del secreto bancario». Existe una pregunta rondando: ¿a quién se defiende con la eliminación del secreto bancario y la consagración de la obligación de informar, y a quién defienden los que se oponen a la iniciativa? Esta ha sido la pregunta que ha tratado de fundamentar la eliminación del secreto bancario.

Pero el proyecto de ley no establece solamente esto, sino que da un paso más allá. La eliminación del secreto bancario sería como descorrer un velo, un hacer pasivo; pero el proyecto de ley establece un hacer positivo: la obligación de informar de forma sistemática y periódica. No se trata solo de que la información sea transparente, sino que se obliga periódicamente a las instituciones a remitirla. Es un grado más. A nuestro juicio, más que una transparencia sería una exhibición compulsiva de desnudez. Son dos innovaciones: eliminación del secreto bancario y obligación de informar.

Insisto en que más que la transparencia que se lograría con la eliminación del secreto, lo que se consagra es como la colocación de una cámara dentro de las cuentas bancarias de los residentes y no residentes. Es el gran hermano de que hablaba Orwell.

Nuevamente surge el cuestionamiento de a quién defendemos con la eliminación del secreto bancario y la consagración de la obligación de informar, y a quién defendemos los que nos oponemos a esta iniciativa.

Hay varios derechos humanos y libertades fundamentales que resultan, más que comprometidos, vulnerados por el proyecto de ley. Se ha hablado del derecho a la intimidad, a la privacidad. Se está legislando desde la patología, desde la generalización de la sospecha, ya sea por terroristas, narcotraficantes o defraudadores, extendiendo los efectos de ese manto de sospecha a toda la sociedad. Se considera culpable a todos, a menos que se demuestre lo contrario, dando vuelta el principio de inocencia. Con la excusa de perseguir el terrorismo, el narcotráfico y la defraudación o el lavado de activos, se está minando un principio señero del ordenamiento jurídico uruguayo, o varios de ellos. Y no aparece como necesario hacerlo, ni siquiera invocando razones de interés general o el cumplimiento de compromisos internacionales –lo que se excede con creces–, porque se va mucho más allá de las exigencias de los estándares internacionales de transparencia. Y no parece necesario porque en nuestro derecho ya existen herramientas jurídicas disponibles, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario que dispone la justicia en un caso concreto y con la justificación de la necesidad de la medida, es decir, con las garantías del debido proceso y la contemplación del derecho de la persona involucrada de ser oída y defenderse, y no de forma general y abstracta.

A nuestro juicio, ya está habilitada la transparencia fiscal y estas herramientas jurídicas que están disponibles permiten alcanzar los mismos fines –es decir, perseguir la defraudación y la posible comisión de delitos–, pero sin avasallar las garantías del sistema financiero, que no son otra cosa que la concreción de las garantías de los derechos humanos en este ámbito específico.

No se puede apelar al argumento de que se abusa de los instrumentos como justificación para eliminarlos. En la vida de los negocios, muchos instrumentos se utilizan o se abusan con fines espurios y no por ello se eliminan. Se puede perseguir el delito o el ilícito sin extirpar el instrumento creado para el habitante por su utilidad.

Hay varios principios vulnerados: el principio de libertad en general, en sus concepciones de libertad de comercio e industria y de empresa y trabajo, el principio de seguridad jurídica, que se despliega en la necesaria certeza acerca de las reglas de juego. Se les están cambiando sobre la marcha las reglas de juego a quienes invirtieron, abrieron cuentas bancarias y realizaron depósitos en el territorio de la república, debido a la clara vigencia de los principios del sistema financiero, que incluía, como una de las condiciones, la confidencialidad de los depósitos.

Está en juego el debido proceso ya analizado, consagrado en la Constitución y también en instrumentos internacionales. Aquí se habla del acatamiento a compromisos internacionales y no se tiene en cuenta que el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, establece al debido proceso no ya como un compromiso con respecto a la transparencia con motivos fiscales, sino como un compromiso de derechos humanos.

Se están concediendo potestades excesivas a la DGI. Si bien el país debe cumplir con compromisos internacionales, en realidad, por combatir la evasión se está evadiendo la intervención necesaria del Poder Judicial, que justamente es el poder competente para garantizar los derechos de las personas. También se afecta el derecho de propiedad, y tal vez se preguntará por qué. Estamos hablando del derecho de propiedad sobre la información que pertenece a cada titular y que el prestador del servicio, la entidad financiera, guarda como fiel depositario del secreto profesional en este ámbito específico que es el secreto bancario. Se ha dicho que por suerte se quitó del proyecto la eliminación del secreto profesional que debían guardar los abogados. El secreto bancario es concreción del secreto profesional para este ámbito específico. Por lo tanto, el secreto profesional está también en entredicho. Esto vuelve a conectarnos con el derecho a la intimidad, que es el más vulnerado.

El profesor especialista en Derecho Constitucional, doctor Martín Risso, participó el 6 de diciembre en una mesa redonda en el Colegio de Abogados del Uruguay, junto al presidente del Colegio, al ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Pérez Manrique y al Fiscal Adjunto de Corte, doctor Ariel Cancela, donde se habló sobre este tema del secreto profesional y del derecho de defensa. Risso sostuvo en su exposición que estos temas se plantean actualmente en clave de defraudadores y criminales –como sosteníamos al principio, haciendo una generalización desde la patología, pagando justos por pecadores, inocentes por culpables– y se omite que se afectan los derechos de toda la población, con la excusa de identificar a los defraudadores, agregamos nosotros.

Risso conectó esta línea argumental con lo que ocurrió en Estados Unidos en la era Bush tras el derrumbe de las Torres Gemelas, cuando con la excusa de perseguir a los sospechosos la CIA intervino correos, físicos y electrónicos, así como todo tipo de elementos de privacidad, pasando por encima de normas constitucionales.

El doctor Risso dijo que el derecho a la intimidad se está deshilachando y es el derecho más perforado actualmente. Para explicar la debida armonización en caso de conflicto o colisión de derechos, distinguió dos situaciones. Una de ellas son los casos de colisión de un derecho de un lado, como el derecho a la intimidad, y otros derechos humanos; pero este no es el caso, ya que aquí del otro lado, no hay un derecho humano frente al derecho a la intimidad y los otros derechos que he señalado. En este caso, están de un lado los derechos humanos a la intimidad, a la seguridad jurídica, a la libertad y, del otro, el interés –legítimo, pero interés al fin del Estado recaudador– de transparencia.

En casos como el presente, ¿a quién defendemos con la eliminación del secreto bancario y la consagración de la obligación de informar? ¿A quién defendemos quienes nos oponemos a esta iniciativa? ¿Quién resulta beneficiado con la eliminación del secreto bancario? La DGI, el fisco, el afán recaudador y, tal como señaló el señor senador Heber, a los fiscos extranjeros. No es a la población en general a la que se defiende; no es a los grandes defraudadores a quienes se persigue. Quienes nos oponemos a esta iniciativa –en parte, ya que algunos artículos vamos a apoyar– no defendemos a estos delincuentes, sino a las personas humanas que gozan de la presunción de inocencia.

Volviendo a la exposición del doctor Risso, vemos que señaló cuatro criterios manejados por la jurisprudencia internacional y recientemente recogidos por la Suprema Corte de Justicia a la hora de utilizar técnicas de armonización en casos de conflicto de derechos. Habida cuenta de que existe una colisión de derechos de un lado y un interés general invocado como fundamento de la limitación de estos derechos, habría cuatro pasos a seguir para su armonización y la evaluación de su legitimidad. En primer lugar, se trata de identificar la finalidad perseguida por el legislador al limitar el derecho. Yo agregaría que primero hay que tomar conciencia de que se está limitando un derecho. ¿Cuál es la finalidad perseguida? En este caso, es una finalidad recaudatoria. Esto no está mal, pero no nos engañemos porque ya existen herramientas para la persecución de ilícitos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Ya termino mi exposición. Además, primero me solicitó una interrupción el señor senador Delgado. Después se la concedo con mucho gusto al señor senador Michelini si así lo dispone el señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señor presidente. El segundo criterio sería: ¿la limitación es idónea para alcanzar el fin? Sí, lo es, pero esto no alcanzaría para certificar la legitimidad de la limitación. ¿La limitación es necesaria? ¿Es la única forma de obtener el resultado o existen otras? Si hay alternativas, como existen en este caso, se deberá optar por ellas. Me refiero al levantamiento del secreto bancario dispuesto por el juez.

Por último, existe una ponderación, un balance; me refiero a ponderar la gravedad de la afectación a un derecho y la gravedad de la afectación de otro interés sin la limitación referida. Cuando el doctor Risso ilustra con ejemplos, justamente alude a que no se verifica esta ponderación o balance en la eliminación del secreto bancario con carácter general. De un lado están el derecho a la intimidad y el haz de derechos anexos y, del otro, el interés del Estado, que no es un derecho. Están desbalanceados los dos polos; no se justifica la limitación de un derecho humano en pos de un interés del Estado, por más razonable que sea, como es el interés recaudatorio fiscal.

En aplicación del principio de proporcionalidad, solo podrá invadir la DGI la información personal de los seres humanos si existen sospechas fundadas en un caso concreto. Nunca podrá establecerse con carácter general tal levantamiento. La ponderación deberá ser en cada caso y con las garantías del debido proceso.

Parecería que hay una tendencia al ejercicio de la autoridad por encima de las libertades. Además, hay algunos artículos en el proyecto de ley que contradicen esta aura de moralidad que se pretende con la transparencia. Por ejemplo, se habilita en los artículos 3.º y 8.º a que el Poder Ejecutivo cree excepciones a esta obligación de informar. En todo caso, de aprobarse este proyecto, será sometido, como otras leyes, al examen de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que será la que saldará la discusión.

Si el señor presidente me permite, concedería una interrupción al señor senador Delgado y, posteriormente, al señor senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: voy a ser muy breve, en consideración de la hora y del número de proyectos que todavía tenemos para tratar.

No voy a reiterar argumentos que ha expresado muy bien mi compañero de partido y de sector, el señor senador Luis Alberto Heber, quien además ha hecho un discurso vehementemente antiimperialista en este caso. Obviamente, dio argumentos sólidos y contundentes acerca de por qué no vamos a acompañar este proyecto de ley. Hay partes de este proyecto de ley que comparto y me parecen positivas, como los capítulos III y IV.

SEÑOR MICHELINI.- ¿No estará de rodillas usted?

SEÑOR DELGADO.- No, señor senador, yo camino con los pies.

El capítulo III se titula «Normas a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación».

La verdad es que es tan duro, tan inconveniente lo que está previsto –particularmente en algunos artículos del Capítulo I, que hace al corazón del proyecto– que nos impide votar en general este proyecto de ley. Vamos a votar en contra el proyecto de ley en general. Asimismo, vamos a votar los Capítulos I y II en contra y seguramente votemos a favor algunos artículos de los Capítulos III y IV.

Consideramos que el mensaje de la votación general es de tipo político. El corazón de esto es el horadamiento, la destrucción, la muerte del secreto bancario. En comisión dijeron que este es un instrumento generado en la dictadura. Yo he visto presentaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, he visto presentaciones del gobierno –de este, de los anteriores, de todos– y he notado que en todos lados, cuando quieren captar inversiones, uno de los puntos a favor que citan, además de la previsibilidad, la seguridad jurídica y la ley de inversiones, es el secreto bancario.

Además –tenemos que decir la verdad–, este es un proyecto de ley demasiado importante, no para la Dirección General Impositiva sino para el Uruguay. Lo decía muy bien el señor senador Amorín: tenemos que comenzar a pensar si esto le sirve al Uruguay, no al Ministerio de Economía y Finanzas. La verdad es que, en una comisión que fue muy bien presidida este año por la señora senadora Ayala y que ha funcionado muy bien, en un solo día votamos contra reloj tres proyectos de ley, entre ellos, este. Lo tratamos sin recibir demasiadas visitas o delegaciones, sin escuchar muchas opiniones, a favor o en contra, excepto las dos o tres que nos habilitaron para analizarlo.

Repito, lo tratamos contra reloj. Había que votarlo antes de fin de año. Aunque fuera grande, aunque terminara con el secreto bancario, había que votarlo. Sinceramente, lo primero que tenemos que decir es que, aunque estuviéramos de acuerdo en analizar algún otro artículo, hoy no tenemos elementos como para decir si detrás de esto hay algún –iba a decir cangrejo debajo de la piedra– efecto no deseado. Digo esto porque no lo sabemos, no tuvimos tiempo para tratarlo. Es así y pueden corroborarlo todos los miembros de la comisión.

Con este proyecto de ley uno tiene la sensación de que, en realidad, estamos haciendo más deberes de los que nos piden. Esa es la sensación que a uno le queda. ¡Más deberes de los que nos piden! La pregunta inmediata es: ¿¡por qué!? ¿¡Por qué!? Además, ¿por qué de apuro?

Ejemplos hay miles. Yo ponía uno en comisión. No entiendo por qué la normativa dice que hay que definir a los beneficiarios finales de determinadas compañías cuando estas personas tengan más del 15 % del capital cuando en los países europeos se exige si tienen el 25 % como mínimo y en Argentina si poseen el 20 %. No lo sé. No hay explicación.

Obviamente, el corazón de esto tiene que ver con la obligación de los bancos de informar sobre los clientes residentes; no estaría dentro de las exigencias de la OCDE lo de los no residentes. Aquí también se exige a los residentes informar obligatoriamente a la Dirección General Impositiva sin las garantías del debido proceso.

Notoriamente esto es un avance del Estado sobre la intimidad de las personas.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha finalizado su tiempo, señor senador.

SEÑOR DELGADO.- ¿Me permite una nueva interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señora senadora.

Obviamente, acá le estamos dando un poder enorme a la Dirección General Impositiva y esto no es algo nuevo. Es el poder de ir metiéndose en el cruce de información de todo lo que hacen los ciudadanos de este país. Tengo en mi poder un análisis de sangre –hematología, bioquímica, funcionamiento renal–; seguramente esto sea lo próximo que pidan y, cuando se lo entreguemos, digan que falta el análisis de próstata. A esto vamos, al cruzamiento general de datos de una institución con muchos poderes, con eficiencia en la recaudación, pero, por lo menos, con más eficiencia en la información.

Actualmente hay mecanismos diligentes para acceder a la información y al levantamiento del secreto bancario de todos. Claro que es necesario hacer un trámite judicial. Hace unos días hablábamos de los procedimientos de la justicia. En este caso debe hacerse con el debido proceso, que es lo que tenemos que respetar. Al que debemos darle garantías es al contribuyente, partiendo de la base no de legislar para la patología, sino de que puede hacer las cosas bien y no de que está defraudando o evadiendo.

Puede haber un trámite judicial, que es diligente, y la justicia en casi todos los casos habilita el levantamiento del secreto bancario.

¿Por qué no generar, incluso, mayor celeridad a este mecanismo, pero con la garantía del proceso? Con respecto a este proyecto de ley, hay muchos connotados abogados de derecho constitucional y tributario que vinieron a decir que, además, es inconstitucional, por lo menos en tres o cuatro artículos.

Obviamente, hay un tema final que tiene que ver con algo que mencionaba el señor senador Heber. Me refiero a que puede generar condiciones de retracción de inversión. Sin duda, esto puede suceder. El señor senador Amorín se refería a las operaciones de pesca. Por ejemplo, es el caso de aquellos países que tratan de captar no residentes en el país del que son originarios, de saber dónde tienen las inversiones y, en definitiva, de que no tributen en el país donde invierten sino en el país de origen.

Si uno dijera que esto está limitado, como sucedió con la OCDE, que es para no residentes, que es parte del intercambio automático de información, lo llevaríamos, pero aquí se refiere a los uruguayos, a los residentes. Una vez más significa empezar a meternos en la intimidad. Además, esto viene atado a los proyectos de inclusión financiera en los que cada vez se quiere saber más, cuánto pan comemos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Reitero que hay una visión casi paranoica de la administración tributaria que, en definitiva, está siguiendo esta acumulación de legislación por la patología.

Yo prefiero ser muy duro, muy severo con los que eluden la transparencia fiscal, los que evaden, los que usan fondos non sanctos y con el lavado de activos. Repito, ¡muy duro! ¡Muy duro! Pero no me parece correcto sospechar de todos porque, seguramente, los países que nos están exigiendo esto, y a los que el gobierno les hace caso –y de apuro, además–, no cumplen con las mismas normas que van a exigir que nosotros cumplamos. Eso, para nosotros, es algo totalmente inaceptable.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Asiaín.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señor presidente. Le concedo la interrupción al señor senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Hemos escuchado con mucha atención la exposición de la señora senadora Asiaín y hay muchos aspectos que hasta pueden ser compartibles.

Repito, con el derecho a la intimidad hay que ser muy cuidadosos. La señora senadora en su exposición, que es global y cuidadosa, contrapone el derecho a la intimidad con un efecto recaudatorio de parte de la Dirección General Impositiva. Lo hace como si la Dirección General Impositiva fuera un ente aparte, como si no fuera del Estado y no pagara jubilaciones, maestros, profesores, salud, como si fuera una cosa separada. Dice que esto no está a favor de los ciudadanos y, en mi opinión, se olvida de que todos tenemos que ser iguales ante la ley.

¿Qué dice el empresario, por ejemplo? ¡Yo pago y otros no pagan! La policía fiscal –en este caso la Dirección General Impositiva– no actúa como debe hacerlo, más aún cuando hay contrabando.

La policía fiscal dice que precisa determinadas normas, no solo para afuera sino también para adentro. ¿No deberíamos ser todos iguales ante la ley? ¿Por qué unos pagan y otros no? ¿Quién es el que debe cuidar el interés general de que todos paguen? ¿No es el Estado a través de sus organismos competentes, en este caso la Dirección General Impositiva? ¿Por qué omitimos eso? Cuando vamos a un comercio, a veces nos entregan la boleta de manera automática, pero otras no nos la dan. Muchas veces, los ciudadanos sentimos culpa si la pedimos. ¿No olvidó la señora senadora Asiaín este aspecto? Cuando se está pidiendo que todos paguen, no se busca un efecto recaudatorio, sino que todos seamos iguales ante la ley. ¿No parece lógico?

Por supuesto que hay que ser muy cuidadosos con el principio de intimidad, pero no estamos hablando de cada movimiento bancario, sino de unos promedios. La idea es saber si la persona está declarando los impuestos que corresponden. ¿Está mal que la gente pague lo que tiene que pagar?

Los anglosajones en esto son más respetuosos; los latinos, no tanto. Los latinos hacemos un culto de la viveza, del país de los vivos, del «pagan todos y yo no pago», del «todos cumplen las normas de tránsito pero yo no las cumplo». Y también se vulnera el derecho a la intimidad con las cámaras de tránsito. Pero parece que es distinto. ¿Por qué? Así como nosotros damos el derecho a la duda y decimos que el derecho a la intimidad hay que cuidarlo, nos gustaría que no se nos dijera que cuando estamos defendiendo este proyecto buscamos solo un efecto recaudatorio. Lo que buscamos es que todos paguen lo que tienen que pagar, que no haya hijos y entenados. Cuando no se hace ese razonamiento en una ponencia tan cuidadosa, por algo no se hace. No es una omisión, no es un descuido, no es un detalle del que nos olvidamos al pasar. Aquí no se puede decir que el Estado se está olvidando de todos. Por el contrario, tan preocupados estamos por los contribuyentes que queremos que quienes hoy no pagan se conviertan en contribuyentes y no que haya contribuyentes y vivos. Mientras se siga por esta línea de defender a los vivos, vamos a tener un país de quinta categoría y no un país de primera.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone la oradora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señor presidente: en las sesiones en las que me ha tocado actuar como suplente, he notado que el señor senador Michelini atribuye a quien expone intenciones, expresiones, conceptos, que no son del orador. En este caso, hace una falsa oposición entre los que buscarían la protección de los defraudadores y los que pretenderían perseguirlos. Creo que quedó muy claro en mi exposición que lo que quise decir es que ya existen herramientas jurídicas en nuestro derecho para obtener el levantamiento del secreto bancario cuando existe una sospecha fundada. Es decir que ni siquiera es necesario que haya una certeza, porque evidentemente eso va a surgir luego del proceso que se realice, sino que basta con que haya una sospecha fundada para que los jueces estén habilitados a plantear la solicitud.

En cuanto al interés recaudatorio, no lo condené ni lo traté en términos peyorativos. Por el contrario, es un interés legítimo del Estado recaudar para cubrir las necesidades de la sociedad. Pero del otro lado hay derechos humanos fundamentales. Y agradezco el ejemplo de la cámara de tránsito. Ciertamente que vulnera el derecho a la intimidad, pero lo que ocurre es que del otro lado está la protección del derecho a la seguridad y a la integridad física personal. Es lo que se conoce como «derecho contra derecho». De manera que parecería que en esos casos estaría justificado.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Es claro que la izquierda tiene que sacar el tema del antimperialismo de su léxico, así como la defensa de los trabajadores, etcétera. Todo eso se terminó; ya no existe más.

Tenía intención de realizar un comentario, pero mejor que yo lo ha hecho la señora senadora Asiaín. El señor senador Michelini pone en boca de la señora senadora lo que no dijo. En ningún momento la señora senadora Asiaín defendió a los evasores. Sin embargo, el señor senador Michelini habla de los que defienden a los vivos, etcétera. Lo que sucede es que atrás de todo esto hay una concepción que parece desnudarse del Gobierno y de las intervenciones de los senadores oficialistas en cuanto a que quien tiene una cuenta bancaria y tiene secreto bancario es un defraudador, es un vivo. Parecería que tener una cuenta bancaria es un delito y tener intimidad en los gastos es sospechoso. Estamos ante la concepción de que el Estado es un comisario de la vida de la gente. Y a mí, que soy un libertario, no me gusta que unos burócratas sepan cómo organizo mi vida y, en general, cómo los ciudadanos organizan sus vidas. No se trata de defender a quienes defraudan, sino de defender el derecho humano de tener lo que se gana legítimamente y gastarlo legítimamente. Si hay un defraudador, debe haber un señor juez que así lo establezca. Esto no puede quedar a cargo de un burócrata ni tampoco puede ser que la información se envíe automáticamente a Europa o a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué hizo la persona? Es sospechosa por tener una cuenta. Eso es lo que estamos diciendo. Hay mucha gente que trabaja y ahorra honestamente que no es delincuente y no debe ser tratada como tal. Es lo que ha dicho claramente la señora senadora Asiaín. Estamos considerando culpables a todos por lo que hacen unos pocos y están pagando con su derecho a la intimidad y a la libertad, porque la libertad va de la mano de la intimidad. No tengo libertad si tengo que hacer pública mi vida, si tengo que explicar qué es lo que gasto, qué es lo que prefiero, qué es lo que no gasto.

Esto es lo que dijo magistralmente la señora senadora Asiaín. Yo simplemente quería apoyar sus palabras, después de haberla escuchado, en nombre del Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Asiaín.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: el razonamiento de algunos integrantes del Partido Nacional que no votan el proyecto sería correcto si en otras circunstancias y en otras oportunidades no hubieran acompañado otros proyectos que se metían en la intimidad de las personas, porque los mismos argumentos que están dando hubieran sido válidos para ello. Cuando votamos la ley de creación de la Jutep –antes se llamaba de otra manera– obligamos a algunos funcionarios públicos, como por ejemplo a los de la aduana, a que cada dos años todos declararan sus bienes, les cambiábamos las reglas de juego metiéndonos en su intimidad. ¿Por qué esa necesidad del Estado de saber qué bienes tenían los aduaneros, los legisladores o los directores de los entes autónomos? ¿No nos estamos metiendo en la intimidad? ¿No lo votamos todos? ¿Por qué era necesaria esa información, señor presidente? ¿Cuál era el derecho humano superior que erosionaba ese derecho a la intimidad? Porque el Estado y la sociedad en su conjunto entendieron que cambiaban las reglas de juego no porque todos los aduaneros o todos los políticos fuéramos sospechosos, sino porque creían que la transparencia en la información era un bien que en alguna circunstancia se podía evaluar. Hoy mismo está evaluándose que muchas de esas declaraciones sean públicas.

Señor presidente: me parece que está muy bien ser cuidadosos con el derecho a la intimidad. A mí no me preocupa en este caso convencer a los otros; que este proyecto de ley sea aprobado por mayoría, está bien. Que algunos hagan mayor hincapié en el derecho a la intimidad, está bien, pero que no se diga que nosotros atropellamos contra todo, porque no es así. Con respecto a si es inconstitucional o no, por suerte hay un equilibro entre los poderes, y el poder al que le corresponda en su momento hablará.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Asiaín.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Agradezco a la señora senadora por permitirnos usar el tiempo de que dispone para que debatamos con varios señores senadores, entre ellos, el señor senador Michelini.

Está equivocado el señor senador Michelini con lo que está afirmando. Nosotros hemos votado todas las normas de la Jutep y no tenemos ningún inconveniente en que a los cargos públicos se les imponga esa condición: mucha más transparencia que el resto de los ciudadanos. ¡Pero por eso no vamos a sacarle la intimidad a toda la población! ¡El cargo político debe tener transparencia, sí, señor! ¡Se tiene que dar a publicidad la declaración de sus bienes, aunque se le termine gran parte de su intimidad, sí, señor! ¡Y está bien, porque estamos en un cargo público que tiene esta condición, y si no, que no se dedique a esto y punto! ¡No veo que haya contradicción! Ahora, que toda la población no tenga intimidad porque algunos funcionarios públicos no la pueden tener, no estoy de acuerdo. Se trata de los funcionarios públicos, especialmente de algunos que manejan bienes, que deben estar bajo ciertos controles. En nuestro Código Penal no tenemos la figura del enriquecimiento ilícito –creo que hay algún proyecto de ley en ese sentido–, pero igual debe haber transparencia por los bienes y por el manejo de esos bienes. Y esto no viola la intimidad de todos –de eso es de lo que estamos hablando–, porque un Estado no es más que la persona, porque la libertad individual es tan importante como la gestión y el bien general que aduce el Estado. Y si es un bien general es porque hay una sospecha sobre alguien, y si se sospecha, que se levante el secreto y se investigue todo. Pero no; se levanta el secreto bancario y se manda la información a los fiscos de todo el mundo. ¿Por qué? Al parecer, todos los que tenemos una cuenta bancaria estamos acusados de ser defraudadores. Eso es lo que está diciéndose y eso es lo que reafirmamos. No es válido el argumento del señor senador Michelini, los cargos públicos tienen que ser transparentes. Por eso, inclusive, desde el punto de vista de la financiación de los partidos políticos, queremos avanzar en normas que de alguna manera den más transparencia y tranquilidad a la sociedad uruguaya en este aspecto, sobre cómo se financian y en qué gasta cada partido político. Este es otro tema, no es de lo que estamos hablando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Asiaín.

SEÑORA ASIAÍN.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor presidente: siento que la inmensidad del pueblo uruguayo no va a estar preocupada por esta cuestión del secreto bancario, porque la inmensidad del pueblo uruguayo no tiene depósitos bancarios ni lo tiene como perspectiva.

Hasta donde sé, el primer ejército profesional de la historia de la humanidad apareció en la Mesopotamia con la función de cobrarles impuestos a los campesinos. Es una herramienta natural que surge con la aparición del Estado, con él aparecen las clases sociales y el reconocimiento de que nadie paga impuestos porque le gusta. No he visto manifestaciones multitudinarias de gente deseando pagar impuestos. Los impuestos se pagan por obligación, para mantener el gasto público, por la necesidad de tener una sociedad organizada. Y la sociedad tiene contradicciones –yo pensé cuando era joven, que iba a poder superarlas–, y estoy convencido de que las tendrá siempre, y el papel de la política es amortiguar las contradicciones de la sociedad. ¡Porque el hombre no puede vivir sin sociedad porque es gregario! ¡Ay de nosotros si tuviéramos que vivir sin sociedad! Y esto nos crea contradicciones. Hay que recordar que el pago de impuestos es el síntoma de la aparición de las clases sociales y del ejercicio del poder para poder cobrarlo. Esa es una de las características del Estado. Y si tenemos una DGI que multiplicó la recaudación y la eficiencia es porque le dimos más poder; si se lo quitamos veremos que no cobra nada. ¿Por qué? ¿Porque los seres humanos somos delincuentes? No, señor. Los seres humanos cuidamos el peculio propio y es natural que tratemos de encontrar la manera de que nos salga más barato que vivir con los gastos sociales. Pagamos porque nos obligan. Casi me convencen con un ser humano angelical, y yo no quiero trabajar con angelitos. A mí me gustan los seres humanos pecadores como son, y hay que lidiar con ello.

Acepto que este proyecto de ley tiene mucho que ver con la imposición del mundo actual, pero quiero señalar que el verdadero imperialismo contemporáneo no tiene banderas; no tiene himno; no se sienta en las Naciones Unidas; no tiene patria, es otra cosa. ¡Usa el poder de los Estados! ¡Se inmiscuye en la dirección política! El imperialismo actual es una plutocracia concentradora de riqueza a escala planetaria. Hay 50 multinacionales cuyo PBI sumado supera largamente a 160 países. El comercio que más está creciendo en el mundo es el interempresarial de las grandes empresas. Esa es la fuerza globalizadora que está detrás de la OCDE y de muchísimas decisiones trasnacionales. Claro, no está en una pista fácil, porque como no puede arreglar el problema de la distribución ha generado una fuerza creadora formidable y una concentración de la riqueza, pero le saltan los conflictos nacionales donde aparecen fenómenos como el de Trump o el hipernacionalismo surgido en Europa, porque está pagando el precio de la no distribución. La vieja contradicción vuelve a aparecer. Ahora bien; ¡yo reconozco ese peso! Y no me gustan mucho estas cosas; las tengo que acatar porque vivo en el mundo que vivo, porque somos un paisito de tres millones de habitantes y sé que el costo que tendría no hacerlo es muy superior.

Quiero señalar, también, que esto va a generar otro fenómeno: va a subir la tasa de ganancia del costo que tiene el lavado de dinero. Pero el dinero se va a seguir escurriendo, porque eso lo aprendí hace muchos años con Quevedo: «Poderoso caballero es don Dinero»; va a encontrar la manera de escurrirse –es inevitable– con jueces, con cortes y con lo que hagamos.

Hay una cosa curiosa. La estadística internacional muestra a Dinamarca como el país más feliz del mundo, y es el único país donde prácticamente cada ciudadano, al cerrar el día, ha hecho una declaración jurada, por la organización del sistema de tarjetas que tiene, el sistema de evasión. Creo que habría que estudiar cómo es eso. No creo en los reyes magos –lo quiero señalar–, pero este es el tipo de cosas que se deben mirar.

Es posible que nuestra DGI se pase por momentos, porque es una construcción humana. Quizás se deba discutir para afinar la puntería y tratar de preservar los derechos que naturalmente tiene toda persona. Pero quiero señalar que a la inmensa mayoría de las personas de este país no les va ni les viene esto que estamos discutiendo, porque en realidad su relación bancaria tiene que ver únicamente con alguna deuda.

Ahora bien; a la corta o a la larga el mundo, salvo que haya un terremoto de grandes consecuencias, va a ir afinando cada vez más la transparencia fiscal, la transparencia empresarial e incluso, muy claramente, el sentido de las ganancias –aclaro que no va a ser por bondad–, de la misma manera que el propio capitalismo, en la etapa en que está, va a ir tratando de imponer el salario básico en la sociedad. ¡No va a ser la izquierda la que lo haga! ¡Estas son las propias contradicciones que tiene el capitalismo! ¿Por qué? Porque no se puede seguir concentrando tanta riqueza en tan poca gente y no distribuirla paralelamente. ¡Hay 32 señores en América Latina que tienen lo mismo que 300:000.000 de personas! ¡Hay 61 personas en el mundo que tienen lo mismo que 3.000:000.000 de personas! ¡Esa es la mayor amenaza del poder político que tienen todos los gobiernos del mundo! Una cosa son los derechos individuales, la libertad individual, y otra es esta concentración de riqueza, que es una agresión a la libertad individual. ¡Porque nadie puede ser igual!

Considero que todas estas cosas están en el telón de fondo de la época que nos toca vivir. Por eso, si Uruguay necesita mayores garantías con respecto al funcionamiento de su DGI, por la experiencia que hemos acumulado, vale la pena discutirlo, tener iniciativas y tratar de afinar en lo que se pueda. Pero me parece que el proceso en el que está la humanidad, no por bondad sino por propia conveniencia, va a ser indetenible y de una forma u otra debemos buscar la forma de acompasarlo y saber que de todas maneras esto también está reflejando otro problema histórico que hemos tenido. En nuestro país, desde la década del cuarenta se sostuvo la idea sistemática de que el proyecto Uruguay debía ser el de una plaza financiera, una nueva Luxemburgo, para vivir a costa de –sin decirlo declaradamente– la evasión de los vecinos. Sobre ello construimos gran parte de nuestro ser autárquico, hasta que empezaron los porrazos y las debacles. Las corridas bancarias del Uruguay comienzan afuera porque teníamos las venas abiertas para explotar el dinero fácil que venía de afuera, y pagamos costos inconmensurables.

Puede ser que esta claridad nos traiga dificultades con la inversión. Vamos a tener dificultades en el camino a ser un país cada vez más sano, por lo menos más sano en cuanto a los circuitos de la dependencia exterior. Debemos saber dónde pisamos, vivir con lo que tenemos y resolver nuestros problemas, no con ilusiones sino con valor real que podamos manejar.

Como sé que los hombres no hacemos cosas perfectas, es posible que haya alguna injusticia y que cometamos algún error, pero me parece que la dirección del esfuerzo –esto es, hacia dónde nos dirigimos– es la más correcta si queremos tener un país que viva del trabajo y de lo propio.

Por eso, a pesar de las reservas que genera esto, y reconociendo de cabo a rabo que hay una brutal presión de carácter internacional, debemos saber que atrás de esa presión internacional –y me importa poco el Gobierno de Sarkozy– hay otro poder que no vemos, que es el de la concentración de la riqueza contemporánea. Por eso invito a ver el mundo con otros ojos.

Gracias.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 29 de diciembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004 –por razones particulares– el día 29 de diciembre de 2016.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Pablo Mieres. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Queda convocado el señor Iván Posada, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley a consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: cuando escucho las exposiciones del oficialismo y en especial la última, del senador Mujica, me viene a la memoria la última de las obras del escritor José Saramago.

Saramago se murió cuando estaba a mitad de camino de terminar una novela que se iba a llamar Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas. Esta novela, que quedó inconclusa, trata de un empleado contable de una fábrica de armas llamada Belona, por la diosa romana de la guerra. Resulta que ese señor, Artur Paz Semedo –creo que así se llamaba– sentía que no podía trabajar en otro lugar que no fuera esa empresa, que fabricaba armas que se usaban para matar gente. Su mujer lo dejó porque era pacifista y no toleraba que su marido trabajara en esa empresa que fabricaba armas para la guerra.

Un día, Artur Paz Semedo se plantea si seguir haciendo eso, pese a que no tenía otra opción, y se rebela.

Cuando escucho decir al señor senador Mujica «no me gusta esto pero tengo que acatar», me recuerda esa rebeldía de Artur Paz, ese conflicto humano que se plantea Saramago, como todas las demás cosas que se ha planteado en su obra.

Entonces, pregunto: ¿nos tenemos que quedar de brazos cruzados porque hay 50 o 60 empresas que dominan a la OCDE? ¡Ya sé! Me van a decir –y lo acepto– que es muy fácil, desde la oposición, decir esto.

Pero Saramago dice algo muy importante: que se habla mucho de los derechos humanos y se habla poco de los deberes humanos. Y los deberes humanos a veces nos llevan a tener que oponernos a determinadas cosas.

Siento que hay que oponerse a esto y dar los argumentos en contra de esta política de la OCDE, no sencillamente acatarla. Además, no solamente la acatamos, lo hacemos y ¡somos los mejores de la clase! Es decir, vamos más allá de lo que nos dice la OCDE.

No voy a repetir la historia de la lista gris –elaborada cuando estaba Sarkozy en el gobierno–, pero todos sabemos que nos pusieron en esa lista porque la cancillería de nuestro país se durmió.

Argentina y Brasil trabajaron en ese comité, mientras nosotros estábamos dormidos; nos encajaron en una lista y tuvimos que salir de apuro a aprobar acuerdos. Y esto no era responsabilidad del presidente ni del ministro de relaciones de la época, era responsabilidad de quienes debían estar peleando por los derechos del país.

¿Por qué siento que se debe pelear por esto? Porque entiendo que es un error plantear las cosas en los términos de si estamos a favor o en contra de la transparencia y de que todos paguen impuestos. Estoy seguro de que todos los senadores acá presentes –y también el señor presidente– estamos a favor de la transparencia y de que todos paguen los impuestos que deben obligatoriamente pagar. No hay ninguna duda de eso. El tema no es ese, sino los derechos del ciudadano frente a ese poder del Estado que avanza sobre él.

El año pasado se cumplieron 800 años de la elaboración del documento esencial –según creo– de la democracia moderna: la Carta Magna, en 1215. Esa fue, justamente, la resistencia frente al poder absoluto del monarca, que tenía la fuerza, allá en Londres, Inglaterra, cerca de Windsor, sobre el Támesis. En esa oportunidad le dijeron: «Señor monarca: tú tienes la fuerza y el derecho de cobrar, pero yo tengo derechos y me los tienes que respetar».

Creo que aquí sucede, más o menos, lo mismo. Decir que estar en contra de la aprobación de este proyecto de ley es estar en contra de la transparencia y de que todos paguen impuestos, es una simplificación, algo a lo que lamentablemente nos tienen bastante acostumbrados. Resulta que terminamos simplificando todo a esto: el que está en contra de este proyecto de ley, está en contra de la transparencia y en contra de que todo el mundo pague impuestos. ¡No, señor! ¡No es así! ¡Quienes estamos en contra de este proyecto de ley, estamos a favor de los derechos del ciudadano, que son tan importantes como el derecho de la Dirección General Impositiva de cobrar los impuestos! ¡Y no pueden pasarse por encima los derechos del ciudadano para facilitarle la tarea a la Dirección General Impositiva! Es equivocado.

Coincido con el señor senador Amorín en que el oficialismo tiene esa capacidad, que le reconozco –y lo he dicho más de una vez–, para ponerle títulos a las cosas. Por ejemplo, a este proyecto de ley se lo ha denominado: «Transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo».

Me siento Winston Smith, el personaje de la novela 1984, de George Orwell, que en 1941 anticipó lo que estamos viviendo hoy en el Uruguay: el «gran hermano», el Estado que todo lo controla. En la novela Winston Smith era un empleado del ministerio de la verdad, al que le repetían una cantidad de frases para que todo el mundo estuviera de acuerdo. Le decían: «La guerra es la paz», «la libertad es la esclavitud», «la ignorancia es la fuerza». Y se lo creían.

Acá es lo mismo. El tarifazo no es un tarifazo. Suben las facturas de los entes públicos pero no es un tarifazo. El compromiso de no subir impuestos, no es una suba de impuestos ni una falta a la verdad. El ajuste fiscal no es tal, es una consolidación. Y así podríamos seguir y seguir. Vamos a terminar diciendo que la ignorancia es la fuerza.

Por eso creo que hoy lo más importante no es decir que quien está en contra de una ley de transparencia fiscal internacional, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, está en contra de la transparencia y de que todo el mundo deba pagar sus impuestos. ¡No! No. Todo lo contrario. Estamos a favor de que se cobren los impuestos, pero respetando los derechos del ciudadano que se establecen en la Constitución de la república, sin invadirlos.

No me voy a sumar a esto de decir «no me gusta lo que hace la OCDE, pero lo acato». Al respecto quiero ser bien claro. Estados Unidos le dice que no a la OCDE, y pronto lo hará Gran Bretaña, el Reino Unido, porque el mundo pegó un volantazo y todo ese sueño de uniones y demás, ahora se negociará de otra forma. Esa es la verdad. Y si igual tenemos que acatarlo, acatémoslo despacito, que duele menos. Pero no lo hagamos adelantándonos a lo que nos exigen, eso no.

Reitero –porque ya lo mencioné antes– que cuando aprobamos el tratado al que hizo referencia el señor senador Larrañaga, el ministerio de economía nos dijo que Estados Unidos ya lo había aprobado. Fuimos a chequear y resulta que no estaba aprobado. Cuando se lo dijimos a las autoridades, lo reconocieron y nos avisaron que estaba en el orden del día a considerar la semana siguiente; recuerdo que nosotros lo aprobamos un jueves y se nos dijo que Estados Unidos lo haría el martes de la siguiente semana. El miércoles ingresó a la Cámara pero no se aprobó; seguía entrando una vez por mes y tampoco se aprobaba. Según la información que tengo, no se aprobará. ¡O sea que Estados Unidos no lo aprueba y nosotros sí!

Todos sabemos qué está pasando: los que quieren evadir se están yendo a Nevada, a Delaware, y allí están comprando sociedades anónimas. Todos esos capitales están yendo nuevamente a Estados Unidos.

No voy a insistir con los últimos decretos del Poder Ejecutivo, aunque hay algo que la bancada oficialista debería saber y no sé si lo sabe. Lo cierto es que localicé tres decretos de este Gobierno –¡tres!– que benefician al gran capital.

Todo el mundo se quejaba del decreto de ajuste por inflación del 28 de diciembre del año pasado, en especial los bancos, pero a estos los compensaron el 1.º de marzo de 2016, modificando por decreto el artículo 62 del Decreto n.º 150 de 2007. ¿Sabían eso? Al Banco Hipotecario del Uruguay le sacaron USD 20:000.000, pero a los otros bancos no.

Después, a los grandes emprendimientos de construcción les dieron beneficios por más de USD 15:000.000, pero no así al que se está haciendo el rancho, la casa.

Posteriormente, hace un mes y medio, por decreto exoneraron del IRAE a los grupos multinacionales –a estos de los que estamos hablando, los 50, los 60, los que mandan en el mundo–; sin embargo, el local, el uruguayo, paga.

Pero, como Artur Paz Semedo, ¡voy a seguir peleando!

Yendo directamente al proyecto de ley, me parece que nadie ha ido al fondo de por qué es inconstitucional, y creo que es importante señalarlo, porque adolece de gravísimos vicios de inconstitucionalidad.

Todos reconocemos el derecho a la intimidad, a la reserva de los datos del ciudadano, pero sabemos que todos los derechos previstos en los artículos 7.º, 72 y 332 de la Constitución, a veces ceden frente al interés general. Sin embargo, para que cedan frente al interés general, la doctrina y la Suprema Corte de Justicia exigen determinados supuestos.

José Estévez Paulós dice: «[…] que la limitación de los derechos individuales puede significar para una persona y las ventajas o inconvenientes que puede, una determinada ley tributaria, por ejemplo, aportar a la comunidad. Este balance debe realizarse aplicando criterios de razonabilidad. Si de la afectación de derechos individuales surge un mal o daño mayor que la ventaja que recibe la comunidad, interés público, no existirían razones de interés general que dieren fundamento constitucional a la ley. En derecho público no procede limitar ni aun por ley un interés individual en beneficio de otro interés individual».

Justino Jiménez de Aréchaga decía lo mismo y Delpiazzo sostiene que «la limitación no puede fundarse en cualquier interés sino únicamente en el superior interés general».

La Suprema Corte de Justicia en más de una sentencia dice que el interés general debe ser apreciado según un juicio de razonabilidad y, sobre todo, que debe fundarse.

Ahora bien, el artículo 1.º de este proyecto dice: «[…] establécese por razones de interés general» y el 2.º agrega: «[…] fundada en las mismas razones de interés general», pero si uno busca las razones de interés general no las encuentra. La Suprema Corte de Justicia dice que no alcanza con decir que hay razones de interés general, sino que hay que hacer referencia a cuáles son esas razones, porque si uno no sabe cuáles son, ¿cómo sabe que cede el derecho individual frente a ese interés general? Es más, la fundamentación que da el Poder Ejecutivo no es en un interés general.

Si leen la exposición de motivos podrán ver que en el punto I. Antecedentes, lo que se cita como interés para aprobar este proyecto es la estrategia de desarrollo económico y social, y después dice: «[…] principios y conceptos políticos con los cuales el gobierno nacional está comprometido». Es decir que lo que se está citando como interés no es un interés general de todos los uruguayos, sino un interés político de este Gobierno y, desde hace mucho tiempo, Gobierno y partido no son lo mismo que Estado. Son dos conceptos distintos. El interés general no es el interés del partido de Gobierno ni el interés del Gobierno, sino el de todos los uruguayos, y tiene que fundarse.

O sea: no se ha citado un solo interés general, y eso da a la norma vicio de inconstitucionalidad. Es peor: está fundado en motivos políticos del Gobierno y de sus políticas, y eso no es interés general. De ninguna forma puede decirse que es eso.

Hay otra más: el artículo 16 hace lo que se llama una delegación inconstitucional de facultades, ya que le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de llevar más allá esos derechos. Esto es de reserva legal, porque la Constitución dice que solo la ley puede fijar eso. Nadie está obligado a hacer aquello que no manda la ley y el decreto no puede fijarlo por ella.

Entonces, no existe un argumento de inconstitucionalidad, sino una confesión de inconstitucionalidad establecida en la propia exposición de motivos, y así va a ser declarado. Acá se ha dicho que, en realidad, eso le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia. ¡Sí! ¿Cuántas veces ha sucedido últimamente que la Suprema Corte de Justicia lo declara y después se presenta un proyecto de ley derogando la norma inconstitucional?

Señor presidente: en el convencimiento de que estamos a favor de la transparencia, en la seguridad que puede tener usted y todo el Cuerpo de que queremos que la Dirección General Impositiva cumpla de la mejor manera su tarea para que todos los obligados paguen sus impuestos, pero en la certeza de que cada día debemos luchar por defender los derechos de cada ciudadano, entendemos que este proyecto de ley no debe aprobarse y por ello votaremos en contra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a pedir a los coordinadores que me ayuden, porque el proyecto consta de 68 artículos y me gustaría tener una lista de los que deberemos desglosar, para lograr una votación más ágil.

No habiendo más oradores anotados para hablar, tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: no quiero restarle más tiempo a la Cámara.

Cuando el señor senador Heber habló sobre los temas del narcotráfico, vinculados con este proyecto, hubiera querido pedirle una interrupción, pero no lo hice porque era muy interesante lo que estaba diciendo. Ahora tengo que decir que, sin ningún lugar a dudas, en este rubro es muy importante la cooperación internacional, por más que se diga que este proyecto no atiende al factor del lavado, del narcotráfico, etcétera, etcétera.

Hace pocos meses, debido al episodio de los llamados Panama Papers, nos enteramos de algo muy importante: los estudios jurídicos y las personas físicas del Uruguay que aparecen en los Panama Papers ya estaban siendo investigadas por la Secretaría Nacional Antilavado y por la Justicia desde antes de la publicación de los documentos.

A su vez, la unidad especializada del Banco Central del Uruguay está revisando sus vinculaciones con todo el sistema financiero mundial. Documentos incluidos en los Panama Papers revelaron que el traficante mexicano Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cártel Los Cuinis, había usado dos sociedades anónimas panameñas para adquirir bienes en Uruguay. Los documentos también difundieron que González Valencia vivía lejos del ajetreo del mundo narco, en una residencia en Punta del Este conocida como Quincho Grande.

Realmente no sé quién facilitó en el Uruguay la compra de esos bienes en Punta del Este; imagino que eso constará en el expediente. La jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos y las autoridades de la Brigada Antinarcóticos decidieron adelantar la captura del traficante mexicano, ya que las escuchas telefónicas advirtieron que este preparaba fugarse del país luego de vincularse su nombre con los Panama Papers.

Señor presidente: ¿se puede negar que todo lo que atiende este proyecto de ley se vincula con un mundo opaco? Que cada uno se haga cargo de su pensamiento y de su opinión. Por supuesto que esta iniciativa está vinculada a actividades lícitas, pero también a actividades opacas. El señor Guzmán amenazó de muerte a nuestro ministro del Interior.

Por lo tanto, ratifico lo dicho desde un comienzo. Por supuesto que esto no termina acá; el tema será muy discutido en el transcurso de los próximos meses.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–20 en 30. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, procediendo al desglose de los diferentes artículos que los señores senadores soliciten.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 30. Afirmativa.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: para su tranquilidad, adelantamos que votaremos todos los artículos en forma negativa. Si bien alguno de ellos podría merecer algún estudio, en la medida en que en la Comisión de Hacienda se trataron tres proyectos de ley importantes y no se pudieron considerar a fondo, votaremos todos los artículos negativamente. Por lo tanto, no solicitaremos desglose alguno.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: solicito que se desglosen los siguientes artículos: 2.º, 3.º, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 35, 38, 42, 44, 48, 53 y 61. A su vez, pedimos que se desglosen los artículos 24 y 47 para votarlos por literales e incisos, respectivamente.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: los desgloses que íbamos a solicitar están incluidos en lo solicitado por el señor senador Camy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería votar el articulado del proyecto de ley con excepción de los artículos 2.º, 3.º, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 42, 44, 47, 48, 53 y 61.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: pensé que la votación se haría por capítulos. De no ser así, solicito el desglose de los capítulos III y IV. Luego, cuando consideremos el capítulo III, indicaremos cuáles artículos acompañaremos y cuáles no.

Solicito que se vote por capítulo, porque creo que resultará más práctico.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el Capítulo I, con excepción de los artículos 2.º, 3.º, 16, 17, 18 y 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADA.- Señor presidente: quiero dejar constancia de que hemos votado negativamente este artículo 2.º porque, si bien una parte refiere al cumplimiento de la convención que ratificó nuestro país –la convención en materia de transparencia fiscal de la OCDE–, la otra parte, a nuestro juicio, es claramente inconstitucional. Concretamente, me refiero a la alusión a la lucha contra la evasión y la defraudación tributaria en el ámbito interno. Creemos que allí hay una violación del derecho a la intimidad establecido en el artículo 28 de nuestra Constitución de la república y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esas son las razones por las cuales el Partido Independiente ha votado negativamente el artículo 2.º.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el capítulo II, que comprende desde el artículo 22 hasta el 42, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo, con excepción de los artículos 22, 24, 25, 28, 30, 35, 38 y 42, cuyo desglose ha sido solicitado.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicito que la votación de este artículo se realice por literales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor senador.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

En consideración el acápite del artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

En consideración el literal A) del artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

En consideración el inciso B).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

En consideración el inciso C) del artículo 24, incluyendo el último párrafo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 28.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 30.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 35.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

SEÑOR POSADA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo 35.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 38.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el Capítulo III, que comprende los artículos 43 a 63. Se ha solicitado el desglose de los artículos 44, 47, 48, 53 y 61.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III sin los artículos que fueron desglosados.

(Se vota).

–27 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 44.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 48.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 47.

SEÑOR CAMY.- Solicito que se desglose por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer inciso del artículo 47.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del artículo 47.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 53.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 61.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

Ingresamos a la consideración del Capítulo IV, que no tiene artículos desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 30. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

SEÑOR BIANCHI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BIANCHI.- Señor presidente: no hemos votado este proyecto de ley. Aun cuando se pueda decir que el mundo avanza a favor de estos procesos de intercambio de información, parece claro que el proyecto de ley plantea extralimitar algunos compromisos internacionales que el país ha asumido. Por ejemplo, la OCDE no obliga al país a acceder a la información bancaria de los residentes ni a castigar a los paraísos fiscales como se hace expresamente en este proyecto. Nadie nos impone esas actitudes. Esa es una iniciativa propia y exclusiva de nuestro Gobierno, impuesta por razones tributarias.

A su vez, nadie nos obliga al ritmo de apuro que nos estamos imponiendo. Como han dicho los expertos, habría que cumplir con el intercambio, pero sin tanto entusiasmo y lo más tarde que se pueda, sin llegar a incumplir. No hay ningún apuro para hacer cosas que nos perjudican. En el fondo, Uruguay se suma a la guerra contra los paraísos fiscales siendo más papista que el papa y castigando jurisdicciones con las que tiene competencia fiscal y regímenes fiscales parecidos al nuestro. De esa forma, al atacar por voracidad fiscal a las jurisdicciones de baja o nula tributación, Uruguay podría ver afectado sus regímenes especiales a nivel de puertos o zonas francas. Alguien dijo en ese sentido que estamos queriendo atacar a otros, pero nos estamos pegando nosotros mismos un tiro en el pie.

Si vamos por este camino no estará lejos el momento en que quieran afectar, también, nuestros sistemas especiales. No hay que engañarse, el objetivo fundamental que se busca con esto no es saber lo que tiene un individuo en otro país, sino directamente encontrar activos o actividades en otras jurisdicciones en las cuales un país pueda captar una renta con fines tributarios. Esta iniciativa está promovida por la OCDE, por países con mayor desarrollo relativo, más industrializados, para captar rentas de sus ciudadanos donde sea, aun cuando implique entrar y vulnerar la soberanía y el alcance tributario de otras jurisdicciones. Los fundamentos que pone sobre la mesa el ejecutivo para adherirse a las normas que fija la OCDE devienen de políticas globales impuestas por países centrales en el ámbito económico y financiero universal, como también de organismos internacionales, y en buena medida suponen obviar u olvidar lo que manda nuestra Constitución de la república. Todo cercenamiento o limitación al derecho a la intimidad afecta y restringe la libertad individual. Todas las personas tenemos el legítimo derecho de mantener una parte de nuestra vida al margen del conocimiento de terceros. En ese sentido, el proyecto de ley va contra lo establecido en la Constitución, ya que el levantamiento del secreto bancario sin la participación de un juez viola la carta magna. Y lo hace en forma innecesaria, ya que en nuestro sistema vigente la DGI tiene todas las armas necesarias para levantar el secreto bancario, en la medida en que pruebe al juez que existen indicios de evasión tributaria, con lo que puede acceder a la información que se requiera en tiempos razonables y con garantías para los ciudadanos, siendo innecesaria la nueva legislación.

Por otra parte, siguiendo con la peligrosa tendencia no recomendable, quiero mencionar varios aspectos de la ley que quedan abiertos a la reglamentación por parte del Gobierno, como el monto límite para reportar las rentas en cuentas bancarias y la definición de las jurisdicciones de baja o nula tributación. De esa forma, aspectos esenciales del nuevo sistema, que atañen a cuestiones sensibles y delicadas, quedan sujetos exclusivamente al talante y humor del Poder Ejecutivo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señor presidente.

También se debe señalar que este proyecto de ley avanza en convertir la relación entre la Dirección General Impositiva y los contribuyentes, en una relación de poder y no de derecho, aumentando todavía más el poder del fisco con el acceso al saldo de las cuentas bancarias de residentes y a los datos de los beneficiarios finales de las sociedades, mientras no hay ni una sola norma que hable de los derechos o de las garantías de los contribuyentes. Como bien se ha dicho, parece que queremos ir hacia una DGI del siglo xxi y a un sistema de defensa de los contribuyentes del siglo xix.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: la posición de nuestra bancada fue extraordinariamente expuesta por los señores senadores Martínez Huelmo, Michelini y Mujica; huelga agregar comentarios. Pero sí queremos señalar, a modo de fundamento de voto, que este proyecto de ley que ahora estamos votando y que parece que fuera un rayo inesperado en un cielo calmo, es producto de un proceso que se ha ido dando a lo largo de estos años. Como bien dijo el economista Mario Bergara, el objetivo es la estabilidad financiera y de la plaza bancaria, la seguridad y credibilidad en las inversiones, y este es un paso más en un tema tan importante como es la transparencia financiera y tributaria. El economista Bergara agrega que esto representa un sello de inserción internacional para Uruguay, basado en la credibilidad y la reputación. Y tampoco es un rayo en un cielo sereno sino que es un proceso para pasar –como muy bien se ha dicho– de la patria con especulación financiera, en la que el secreto bancario era el ingrediente más importante de inserción, como plaza financiera, en la región. Sin embargo, el contexto actual demuestra que caminamos bien cuando caminamos por la transparencia, que caminamos bien al dejar de ser una patria financiera para ser una patria productiva, que caminamos bien cuando pasamos de la era de la opacidad, con los Panama Papers, la evasión, el lavado de activos –¡y vaya si esto es de interés general!–, el narcotráfico y la financiación del terrorismo, hacia la transparencia.

Es cuanto queríamos decir como fundamento del voto.

16) INCLUSIÓN FINANCIERA. MODIFICACIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, sobre inclusión financiera. (Carp. n.º 727/2016 - rep. n.º 398/2016 - rep. n.º 398/2016 anexo I)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: la Comisión de Hacienda me ha pedido que informe el proyecto de ley que se encuentra en el repartido n.º 398, relativo a la inclusión financiera. Puesto que hemos incluido en el orden del día otro proyecto de ley más breve con el mismo nombre, que solo cuenta con dos artículos –me refiero al repartido n.º 402– y que tiene como objeto evitar la ventana del vacío legal, voy a hacer el informe de ambos, para ser lo más breve posible.

Este proyecto de ley sustituye una serie de artículos de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, en que se realizan una serie de especificaciones en cuanto a incluir financieramente al conjunto de las transacciones y los salarios a nivel bancario.

Podríamos decir que esta iniciativa tiene cuatro capítulos, el primero establece modificaciones vinculadas al dinero electrónico y sus emisores. Esto figura en los artículos 1.º, 3.º, 5.º a 7.º, 16 y 17 que modifican los artículos 2.º, 19, 24, 25, 64 y 79 de la Ley n.º 19210. Estas modificaciones están vinculadas al tema de los propios instrumentos y a la obligación de las instituciones financieras y emisores de dinero electrónico de otorgar una cuenta a los trabajadores y pasivos.

Por otra parte, se hacen modificaciones al cronograma de incorporaciones al pago exclusivo obligatorio por medio de pagos electrónicos. Estamos hablando de los artículos 2.º y 4.º del proyecto de ley, que modifican los artículos 13 y 21 de ley antes mencionada. Luego, se introducen modificaciones para los regímenes de pago de operaciones grandes; estamos hablando de los artículos 35 al 46 de la Ley n.º 19210, que no han entrado en vigencia, por lo que los estamos postergando hasta el 1.º de julio 2017.

Finalmente, hay un grupo de artículos, del 19 al 24, donde se adecuan ciertas disposiciones del Texto Ordenado 1996 con relación a deducciones, crédito fiscal por inmuebles, cómputo de arrendamientos y demás, y sobre todo para los beneficiarios de las contraprestaciones de Uruguay Social, de la reducción del IVA, de la tarjeta de débito y de otros instrumentos de dinero electrónico.

Hasta aquí los comentarios sobre el proyecto de ley que consta en el repartido n.º 398. Se podrá preguntar por qué hay otro repartido, el n.º 402, que también refiere a la inclusión financiera. Como forma de adelanto para cuando lo votemos, informo que, en la medida en que en el día de hoy se va a votar el proyecto de ley sobre inclusión financiera –que el Poder Ejecutivo podría promulgar mañana o, si no lo hace, quedaría promulgado luego de los diez días correspondientes, lo que podría generar un vacío legal porque se abre una ventana en la cual no se pueden hacer transacciones–, lo que hacemos es dar una base legal y prorrogar hasta el 1.º de julio de 2017 la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, postergando esas obligaciones.

Es cuanto tengo que informar respecto a este proyecto de ley que consta de 26 artículos. Como dijo bien el representante del Poder Ejecutivo, el señor Vallcorba, estamos ante un programa y una serie de proyectos –llamados de inclusión financiera– que se pondrán en marcha con gradualidad y pragmatismo. Con esta iniciativa, estamos actuando sobre esa gradualidad, puesto que si bien algunos temas evolucionan con cierta rapidez, hay otros, contemplados en estos artículos, que lo hacen a una velocidad menor.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: por nuestra parte, no vamos a acompañar este proyecto de ley, y lo mismo hicieron los representantes de nuestro partido en la Cámara de Representantes, por un tema conceptual que tiene que ver con el origen de este asunto y con cómo se procesó la inclusión financiera en la Ley n.º 19210 de 2014. No obstante, reconocemos que este proyecto de ley que está en consideración y el próximo –que ya argumentó e informó el señor senador Michelini en un dos por uno– tienden a tratar de solucionar, paliar, modificar, extender y corregir algunos aspectos de la ley de inclusión financiera.

Como bien se dijo, el proyecto en consideración tiene cuatro partes. La primera refiere a las modificaciones vinculadas al dinero electrónico y sus emisiones; la segunda está vinculada con las modificaciones introducidas al cronograma de incorporaciones al pago exclusivo y obligatorio por medios de pagos electrónicos, fundamentalmente para trabajadoras domésticas y profesionales en el medio rural; la tercera tiene que ver con las modificaciones para los regímenes de pago de operaciones de grandes montos –se va a considerar a continuación el cambio propuesto al proyecto de ley enviado porque hay un período ventana que va a generar muchas inseguridades jurídicas, según ha anunciado la Asociación de Escribanos del Uruguay y, por tal razón, vamos a dar garantías para todas las transacciones–; y la cuarta contiene adecuaciones y exigencias de normas tributarias.

El texto original de inclusión financiera, la Ley n.º 19210, al día de hoy ya tiene –sin contar estos dos proyectos de ley– cinco leyes adicionales modificativas, veinticinco decretos, una resolución de la DGI y tres circulares del Banco Central. Los decretos incluyen cinco prórrogas para el inicio de los mecanismos dispuestos por la ley de inclusión financiera.

Como decíamos, esta normativa propone la prórroga de varios plazos, por ejemplo, en lo relacionado con el pago de haberes salariales del servicio doméstico y en lo relativo a cuentas de tarjetas sociales para diferentes transacciones. El artículo 8.º también prorroga hasta el 1.º de julio de 2017 el plazo para el uso de efectivo en las operaciones mayores a 40.000 UI y mayores a 160.000 UI según el artículo 9.º de este proyecto de ley, que a su vez va a ser modificado por la próxima iniciativa que vamos a considerar.

Obviamente, estas cuatro partes mejoran notoriamente la ley vigente ya que otorgan prórrogas y tratan de adecuar su texto a la realidad. Una vez más, ocurre aquello del país de papel y el país de verdad, pues se votó una ley de inclusión financiera casi obligatoria, con plazos estrictos, pero el Gobierno no generó las oportunidades ni la igualdad de oportunidades, las garantías ni las posibilidades para que todos aquellos que iban a estar comprendidos pudieran estarlo. Eso pasa en Montevideo o en cualquier localidad del interior del país donde no hay medios electrónicos de pago o de débito, donde la inclusión financiera va a ser obligatoria, pero no va a ser posible utilizarla. En realidad, vamos a generar más problemas y costos, que soluciones. Hemos ido votando proyectos para tratar de adecuar esto a la realidad. Sé que hay intentos de crear mecanismos para tratar de dar, por lo menos, disponibilidad de medios electrónicos a través del correo o de otras instituciones, pero la verdad es que una cosa es el cronograma previsto en la ley y otra es la realidad social y productiva del Uruguay.

Otra discusión que no vamos a dar ahora es cuánto cuesta el tema, cuánto le cuesta a los comercios o cuánto le cuesta a la gente, el traslado a precios, los aranceles. Tampoco vamos a hablar de la necesidad que tienen los comercios de que se les acredite la plata en un lapso mucho más corto del que en realidad se lo hace o de la inferioridad en las condiciones de competencia que tienen, respecto de aquellos que cuentan con aranceles más baratos, como las grandes superficies. Esa es otra discusión y reitero, no la vamos a dar ahora.

Queremos señalar una vez más que hemos avanzado mucho en la creación de leyes, pero en el Uruguay no teníamos las condiciones para implementar esta ley, por lo menos, con garantías mínimas para poder alcanzar a todos aquellos a quienes estaba dirigida. Ya hablamos del caso de algunos cobradores del BPS que no van más a algunas localidades, no hay cajeros y los comisionistas terminan yendo a cobrar jubilaciones a ciudades donde hay bancos y mecanismos electrónicos de pago. En algunas estaciones de servicio, como no tienen permitido usar efectivo por la noche hay gente que le presta su tarjeta de crédito a la persona que iba a pagar $ 200 o $ 300 en efectivo y ahí mismo le cobra un interés. Esto está pasando en el Uruguay de hoy porque no generamos las condiciones para que la inclusión financiera pueda ser una oportunidad para tratar de evitar el circulante y dar seguridad. Es así que hoy tenemos algunas situaciones que acarrean complejidades adicionales.

A esto debemos sumarle que cuando se discutió el tema en la Cámara de Representantes, el debate estuvo muy teñido de una resolución del Banco de la República que afectaba a una serie de sucursales del interior. Son esas cosas que pasan en el Uruguay: votamos la inclusión financiera, pero a los bancos, particularmente al banco del Estado en el interior le cerramos sucursales o le quitamos días en que está abierto al público. Son circunstancias que se dan y no se entienden, pero que ocurren.

Entendemos que este proyecto de ley mejora y trata de corregir algunas de las críticas que le hicimos a la ley original de inclusión financiera. En ese sentido, vamos a acompañar de corazón algunas de las propuestas que se han presentado, pero no vamos a votar en general este proyecto de ley para ser coherentes con nuestra decisión inicial y conceptual por cuanto no estábamos de acuerdo con generar un mecanismo de inclusión financiera obligatorio como el que se prevé.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR HEBER.- En la comisión recibimos al escribano Machado quien nos advirtió sobre la situación ventana que podía producirse –que estaríamos resolviendo con la redacción del proyecto de ley que consideraremos a continuación– e hizo observaciones muy importantes a la redacción. Podemos entender la urgencia que tiene el Gobierno para que esto se vote ahora, en virtud de las fechas y de las prórrogas –en este caso, no me indignan las urgencias–, pero quiero decir a los miembros de la comisión y dejar constancia de que en el mes de febrero vamos a tener que dedicarnos a mirar las correcciones a la redacción, y de concepto, que el escribano introdujo. Esa es una asignatura pendiente. Quiero dejar constancia de que no se trata de que no consideremos las observaciones muy serias que nos hizo el escribano Machado en la comisión, sino que faltó tiempo. Por esa razón, vamos a votar el proyecto de ley, pero somos conscientes de que hay artículos mal redactados, que tienen conceptos confusos y que no dan certezas.

(Ocupa la presidencia el señor Guillermo Besozzi).

Reitero que quiero dejar esta constancia, sobre todo para los miembros de la comisión, que vamos a tener que trabajar sobre este tema en el mes de febrero.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- El senador Delgado señala que ha terminado su exposición.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Nosotros votamos la Ley n.º 19210 en forma negativa y estas modificaciones, que en algunos casos son prórrogas a su entrada en vigencia, también las votaremos negativamente. Por los motivos que expresamos en su momento, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley y, reitero, vamos a votarlo en forma negativa.

También quiero aprovechar para hacer un comentario sobre el Repartido n.º 402, que tiene que ver con uno de los temas sobre los que vino a hablar el escribano Machado en comisión, que contiene un aspecto más complicado que refiere a la seguridad jurídica.

Tal como estaba planteado este asunto, la prórroga se daba por decreto, pero como se había entendido que habían vencido los plazos para que el decreto tuviera efecto, se dudaba de su legalidad. También había una prórroga en el proyecto original, pero como la entrada en vigencia iba a ser después del 1.º de enero, había un lapso en el que no se daban certezas jurídicas. Entonces, se resolvió separar estos dos artículos que sí dan certeza jurídica y tranquilidad, y se presentan como un proyecto distinto, cuyo artículo 2.º dice que entrará en vigencia el día 31 de diciembre de 2016, por lo que, si lo votamos hoy, no habría ningún inconveniente.

Como este proyecto de ley sí da certeza jurídica, lo vamos a votar afirmativamente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADA.- Señor presidente: el Partido Independiente votó negativamente la ley de inclusión financiera y lo hizo convencido de que, en la medida en que se pusiera en práctica, iba a chocar con la acendrada cultura de los uruguayos en materia del uso del efectivo. A tal grado llega esa cultura que cuando se trató el proyecto de ley de inclusión financiera el entonces presidente del Banco de la República, economista Fernando Calloia, mencionó la experiencia que se había recogido con la utilización de la tarjeta del Mides que, como es notorio, supone ni más ni menos que la reducción del impuesto al valor agregado, es decir que los productos que se compran con ella tienen un costo menor para sus usuarios, para los tarjetahabientes. A pesar de ello, la realidad mostró que solo el 25 % de los tarjetahabientes utilizaba la tarjeta como medio de pago, mientras el resto iba al cajero, retiraba el efectivo y pagaba con él. Esto es claramente demostrativo de cuál es la cultura imperante en nuestra población.

Participando de la idea de que se debe propender a desarrollar un sistema de inclusión financiera que realmente procure la mayor integración de la población y el acceso a condiciones más beneficiosas de crédito, lo que reclamamos fue, justamente, un proceso que fuera acompañando un cambio cultural.

Por esto votamos negativamente la ley cuando se consideró en la legislatura pasada, advirtiendo que iban a plantearse muchas dificultades en su aplicación. Los hechos nos han dado la razón: ya ha habido varias modificaciones y hoy estamos considerando otra serie de cambios que, en todo caso, vienen a corregir muchas de las falencias que habíamos señalado en oportunidad de la discusión de la Ley n.º 19210.

Entonces, este proyecto supone la corrección de falencias anteriores, planteadas, sobre todo, por la propia Asociación de Escribanos del Uruguay, por los operadores inmobiliarios y también por aquellos que se dedican a la compraventa de automotores. Y cuando el Poder Ejecutivo recapacita y plantea modificaciones a esa ley original, pensamos que lo que corresponde es apoyar la iniciativa porque, de lo contrario –es decir, si votáramos negativamente esto–, en los hechos nos quedaríamos con la ley vigente, que en muchos casos plantea condiciones absolutamente disparatadas.

Nos parece que la solución que hoy presenta el Poder Ejecutivo –que puede ser renga en algunos aspectos– es notoriamente más beneficiosa que la ley vigente. Consecuentes con nuestras críticas cuando se aprobó la Ley n.º 19210, lo que vamos a hacer hoy es votar afirmativamente estas modificaciones que la mejoran sustancialmente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

17) INCLUSIÓN FINANCIERA. PRÓRROGA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 1.º de julio de 2017 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y último del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, sobre Inclusión Financiera. (Carp. n.º 745/2016 - rep. n.º 402/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: ya hemos informado este proyecto de ley, por lo que pedimos que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

18) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece el tratamiento aplicable a los instrumentos financieros derivados. (Carp. n.º 728/2016 - rep. n.º 397/2016 - rep. n.º 397/2016 anexo I)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: la Comisión de Hacienda del Senado de la república me encomendó la tarea de presentar el informe de este proyecto de ley por el que se define y se da tratamiento tributario a ciertos instrumentos financieros que se usan en la práctica, pero que hoy no cuentan con un marco jurídico regulatorio.

El presente proyecto fue aprobado el 6 de diciembre de este año por la Cámara de Representantes, donde se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo; luego fue sometido al trabajo de la Comisión de Hacienda del Senado, que consideró oportunas las modificaciones propuestas. Existiendo acuerdo interpartidario sobre el tema, lo ponemos hoy a consideración del Cuerpo.

Estos instrumentos financieros no son otra cosa que contratos que dan respuesta a una necesidad verificada en los últimos años, en el sentido de dar certeza a los precios de los principales productos exportables de nuestro país. En Uruguay, tales contratos son de uso creciente, por ejemplo, en el sector agropecuario, en el negocio de los granos, donde tanto productores agropecuarios como acopiadores contratan este tipo de seguros a efectos de asegurar cierta rentabilidad al negocio. Estos instrumentos se pactan con anterioridad a la entrega física del grano y, de esta manera, se mitigan riesgos o bruscas variaciones de precios en el mercado internacional.

La mayoría de estos negocios tienen su epicentro en la Bolsa de Chicago, en los Estados Unidos. Los activos sobre los que pueden recaer los contratos de esta naturaleza pueden ser diversos. Los más comunes son los commodities, pero pueden ser bonos, tasas de interés o acciones. Se estima que este tipo de instrumentos financieros representan más del 70 % del total comercializado en el mundo.

En primer lugar, vamos a explicar los contratos básicos más utilizados y, luego, lo que tiene que ver con la materia tributaria.

En términos generales, un instrumento financiero derivado es una forma contractual en la que las partes se obligan a cumplir una operación determinada en el futuro, por lo general vender o entregar un activo a un precio predeterminado. De esta manera, un productor o acopiador de granos de soja, de trigo o de cebada se asegura un comprador del producto al momento de la cosecha, logrando así protegerse de las oscilaciones del mercado internacional.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes hubo largas sesiones y se contó con el aporte de técnicos conocedores, tanto en la materia comercial como en la tributaria. En ese ámbito se planteó claramente la doble función de estos contratos: por un lado, orientados a la protección de la inversión de los productores y, por otro, en tanto son títulos negociables en bolsa, la función especulativa.

Para entender este proyecto no podemos desconocer la existencia de estos agentes que, a partir de pronósticos de comportamiento en los mercados, pretenden obtener un lucro sin importar la producción en sí.

Los contratos básicos se encuentran definidos en el artículo 9.º del proyecto y son los siguientes. El primero es el contrato futuro. Es un acuerdo cuyo importe, objeto y fecha de vencimiento tienen un patrón predeterminado, por el cual el comprador se obliga a adquirir un elemento subyacente y el vendedor a transferirlo por un precio pactado, en una fecha futura. Es negociado en un mecanismo centralizado y se encuentra sujeto a procedimientos bursátiles de compensación y liquidación diaria que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes.

El segundo es el contrato forward. Es un acuerdo que se estructura en función de los requerimientos específicos de las partes contratantes para comprar o vender un elemento subyacente en una fecha futura y a un precio previamente pactado.

El tercero es el contrato swap. Es un acuerdo de permuta financiera mediante el cual se efectúa el intercambio periódico o flujos de dinero calculado en función de la aplicación de una tasa o índice sobre un monto de referencia, así como de variaciones de valor de un activo subyacente.

El cuarto es el contrato opción. Es un acuerdo mediante el cual su tenedor adquiere el derecho de comprar y vender el elemento subyacente objeto del contrato en una fecha futura a un precio determinado mediante el ejercicio de una opción.

El proyecto prevé, además, que el Poder Ejecutivo queda facultado para extender por analogía la definición de estos contratos debido al dinamismo de los negocios en este tipo de mercado.

De los cuatro instrumentos definidos solamente el forward se utiliza por fuera de la estructura bursátil; los demás, por lo general, representan un título negociable en los mercados de valores.

Ahora bien, ¿cuál es el interés de definir y regular estos instrumentos? El problema principal era la determinación del origen de la renta que generan estos instrumentos ya que no se comprendía cabalmente si se trataba de una operación de seguros o, simplemente, de una renta o ganancia. A su vez, atendiendo al pagador, podían ser rentas de origen extranjero o nacional. Por último, en algunos casos, estos beneficios pueden generar resultados positivos en la empresa o no.

Los problemas tributarios se producen en el IRAE, en el IRPF, en el Impuesto a la Renta de los no Residentes, en el Impuesto al Patrimonio y en el IVA. Dada esta situación, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que la estrategia fue convocar a todos los actores interesados en la comercialización de estos instrumentos financieros: bancos, Bolsa de Valores, la Universidad de la República y la Cámara Mercantil de Productos del País. Todos manifestaron interés en otorgar certeza jurídica a estas operaciones.

Lo primero que queda resuelto en el proyecto es la polémica sobre si el objeto de estos instrumentos es de cobertura o especulativo. Queda determinado que la renta generada es única y de origen nacional.

Por otro lado, se determina que el momento en que se devenga el tributo es el momento en que se liquida el contrato y no cuando se acuerda.

Por último, se determina cómo se computan las pérdidas asumidas con este tipo de instrumento financiero.

A continuación paso a comentar el articulado.

El artículo 1.º contempla el caso de los contribuyentes del IMEBA que eventualmente operen con estos instrumentos, agregándose la referencia a las rentas que se generan por estos, quedando obligados a pagar IRAE.

El artículo 2.º plantea que todas las rentas obtenidas por instrumentos financieros derivados se considerarán de fuente uruguaya, con un agregado solicitado por la Cámara Mercantil para que el Poder Ejecutivo entienda en los casos en que puedan existir rentas de distinta naturaleza.

El artículo 3.º establece el monto en que se devenga el IRAE que, como dijimos, será al momento de la liquidación del contrato.

El artículo 4.º incluye como renta bruta en el IRAE los beneficios provenientes de liquidación de estos contratos.

El artículo 5.º añade un inciso al IRAE por el cual las pérdidas derivadas de estos instrumentos se considerarán pérdidas admitidas.

El artículo 6.º es un agregado al IRAE y fija el criterio para la imputación de los gastos financieros.

El artículo 7.º también incorpora un agregado al IRAE en relación al tratamiento tributario aplicable a las empresas de intermediación financiera comprendidas en el Decreto Ley n.º 15322.

El artículo 8.º contiene un agregado al IRAE que trata del ajuste impositivo por inflación y está en consonancia con el artículo 3.º que refiere al momento en que se devenga el tributo.

El artículo 9.º define el alcance conceptual de los instrumentos financieros derivados, de los cuales ya hablamos al principio.

El artículo 10 incorpora una modificación al artículo 51 del Texto Ordenado 1996, a efectos de dar una solución coherente a las situaciones particulares de las instituciones de intermediación financiera, en atención a su particular forma de liquidar impuestos.

El artículo 11 es espejo del artículo 2.º del proyecto, solo que aplica a los contribuyentes del IRPF, o sea que toda renta obtenida a raíz de estos contratos tendrá origen uruguayo.

El artículo 12 es espejo del artículo 3.º: aplica a los contribuyentes del IRPF y trata del momento en que se considera devengado el tributo.

El artículo 13 agrega un nuevo literal al inciso segundo del artículo 16 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, IRPF, donde se define que los resultados obtenidos por los contratos se consideran rentas correspondientes a rendimiento de capital mobiliario. O sea que con la utilización de estos contratos se pueden obtener ganancias y pérdidas. Entonces, al decir del contador Serra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, con este artículo se propone tomar el neto de estas ganancias o pérdidas a efectos del cómputo del IRPF. Si el resultado de ese neto es positivo, se tributará el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, pero si es negativo, también se puede computar.

El artículo 14 dispone un agregado al artículo 3.º del Título 8 del Texto Ordenado 1996 –impuesto a la renta de los no residentes– por el que las rentas obtenidas por los no residentes en territorio nacional se consideran de fuente extranjera. Se trata de un artículo que armoniza con la legislación tributaria en el marco internacional.

El artículo 15 agrega una disposición al Impuesto al Valor Agregado, por la que se establece que todos los rendimientos van por fuera de la liquidación de este impuesto.

El artículo 16 también es una norma de armonización e incorpora el artículo 12 bis al Título 14 del Texto Ordenado 1996, por la que se establece que para el caso de los instrumentos financieros derivados, solo se considerarán los activos y pasivos resultantes de su liquidación. Se trata de evitar la doble imposición tributaria.

El artículo 17 es de orden y se refiere a las remisiones efectuadas al Texto Ordenado 1996.

Por último, señor presidente, el artículo 18 establece que la ley regirá para los instrumentos financieros liquidados a partir de la vigencia de la ley, dejando de lado la fecha de su celebración.

El proyecto de la Cámara de Representantes difiere en algunos detalles del que envió el Poder Ejecutivo; se trata de ajustes realizados en el proceso de análisis junto a las distintas visitas que comparecieron en la Comisión de Hacienda.

Para finalizar, quiero dar cuenta de que el proyecto de ley fue apoyado por todos los partidos políticos en la Comisión de Hacienda del Senado.

Por lo expuesto precedentemente, aconsejamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley presentado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque todo el articulado.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera desearles feliz año a todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Feliz año a todos los señores senadores. Les agradezco el trabajo que han realizado y deseo que todos tengamos un buen año.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:46, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Castaingdebat, Delgado, Garín, Heber, Iturralde, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Reyes, Saravia, Simois, Topolansky, Tourné y Xavier).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Patricia Carissimi Canzani Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.