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N.º 47 - TOMO 559 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

47.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidenta en ejercicio y EL SEÑOR MARCOS OTHEGUY Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 11) Asuntos entrados

4) y 12) Proyectos presentados

– El señor senador Mieres presenta un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Senadores, relacionado con el régimen de debate en los llamados a sala a los ministros de Estado.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Administrativos.

 – Los señores senadores Ayala, Berterreche, Carámbula, De León, Ferreira, Garín, Laguarda, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé y Pintado presentan un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil, referente a responsabilidad decenal.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

– Los señores senadores Aviaga, Besozzi, Camy, Cardoso, Heber, Piñeyrúa, Lacalle Pou, Larrañaga y Saravia presentan, con fecha 22 de noviembre del corriente, un proyecto de ley referente al etiquetado de alimentos genéticamente modificados.

• Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.

5) Pedidos de informes

– La señora senadora Aviaga solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio:

• a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con la situación de la calidad del agua de la playa Brava del balneario Atlántida, departamento de Canelones;

• a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con las medidas para revertir la situación sanitaria de las aguas de la playa Brava del balneario Atlántida, departamento de Canelones.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) y 8) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Agazzi, Coutinho, Mujica, Michelini y Lacalle Pou.

– Quedan convocados los señores senadores Garín, Pesce, Berterreche, Gallicchio, Saravia y el señor Manuel Laguarda, a quien se toma la promesa de estilo, luego de lo cual se lo declara investido de su cargo de senador.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias.

9) Régimen de trabajo

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve:

• suspender la sesión del martes 6 de diciembre;

• alterar el orden del día y que el asunto que figura en tercer término se considere como segundo punto;

• declarar urgente y considerar en la presente sesión las carpetas n.os, 703/2016, 704/2016 y 705/2016, relativas a la integración del Inumet.

10) y 13) Descentralización en materia departamental, local y de participación ciudadana

– Exposición del señor senador Heber por el término de treinta minutos.

– Manifestaciones de varios señores senadores.

• Por moción del señor senador Heber, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado a las intendencias, a los municipios, a las juntas departamentales, a los concejos municipales y a todos los organismos que han estado implicados en esta discusión.

14) Reconocimiento del Tribunal de Cuentas al Poder Legislativo

– La Presidencia da cuenta de que, por segunda vez, el Poder Legislativo se ubicó entre los cuatro organismos públicos que obtuvieron los mayores puntajes en la aplicación de los indicadores en sus respectivas categorías.

15) Ciudad de Dolores

– Proyecto de ley por el que se establecen exoneraciones fiscales para los contribuyentes y la población afectada por el tornado del día 15 de abril de 2016.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

16) Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad

– Proyecto de ley por el que se lo crea.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

17) Levantamiento de la sesión

– Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve postergar la consideración de las venias de designación hasta el día miércoles 7 de diciembre y que se levante la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 28 de noviembre de 2016

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 30 de noviembre, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Exposición del señor senador Luis Alberto Heber, por el término de treinta minutos, sobre la aplicación de la Ley n.º 19272, de 18 de setiembre de 2014, “Descentralización en materia departamental, local y de participación ciudadana”.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad;

Carp. n.º 563/2016 - rep. n.º 380/2016 y rep. n.º 380/2016 anexo I

3.º) por el que se establecen exoneraciones fiscales para los contribuyentes y población afectada por el tornado acaecido en la ciudad de Dolores el día 15 de abril de 2016.

Carp. n.º 664/2016 - rep. n.º 381/2016

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, De León, Delgado, Ferreira, García, Garín, Heber, Laguarda, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Pardiñas, Passada, Payssé, Pesce, Pintado y Saravia.

FALTAN: con licencia, el señor presidente del Senado, Raúl Sendic, y los señores senadores Agazzi, Coutinho, Lacalle Pou, Mujica, Tourné y Xavier; y con aviso, el señor senador Bianchi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:05).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El Poder Ejecutivo remite mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa el edificio sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate;

• por el que se aprueba el Memorándum de entendimiento de comercio y cooperación económica entre el Mercosur y la República del Líbano, suscrito en la ciudad de Paraná, República Argentina, el 16 de diciembre de 2014;

• por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 Gral. Artigas, su plana mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, con la finalidad de realizar la Operación Esnal II entre el 11 y el 23 de diciembre de 2016, efectuando escala en el puerto de Itajaí, República Federativa del Brasil;

• por el que se autoriza la participación de personal y medios de la Fuerza Aérea uruguaya en el ejercicio militar combinado Río 2016, a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 con la Fuerza Aérea argentina.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite informe realizado por el Banco de la República Oriental del Uruguay, en respuesta a una exposición escrita presentada por el señor senador Jorge Saravia el día 20 de setiembre de 2016, relacionada con la colocación de un cajero automático en las localidades de Belén y Termas del Arapey, departamento de Salto.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR SARAVIA.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta a un pedido de informes realizado por la señora senadora Viviana Pesce el día 18 de mayo de 2016, relacionado con el Plan Ceibal.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA PESCE.

El Ministerio del Interior remite informe realizado por el encargado de División Territorial II, comisario Hugo Eduardo Martínez Aguirre, en respuesta a una exposición escrita presentada por el señor senador Luis Alberto Heber, relacionada con la inseguridad en el medio rural.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR HEBER.

Asimismo, remite nota acusando recibo de la exposición escrita presentada por el señor senador Jorge Saravia el día 20 de setiembre de 2016, relacionada con la colocación de cajeros automáticos o locales de cobranza en las localidades de Belén y Termas del Arapey, departamento de Salto.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR SARAVIA.

La Cámara de Representantes remite copia de una exposición escrita presentada por la señora representante Susana Andrade, relacionada con la situación de las niñas y adolescentes de nuestro país.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se aprueban el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, suscritos en Singapur, República de Singapur, el 15 de enero de 2015.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se establecen exoneraciones fiscales para los contribuyentes y población afectada por el tornado acaecido en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, el día 15 de abril de 2016;

• por el que se crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de San José remite copia de una moción final de resolución relacionada con el tema “La creación de la Ley de Góndolas”.

–TÉNGASE PRESENTE».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 2.º y 3.º del Reglamento del Senado, un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Senadores, relacionado con el régimen de debate en los llamados a sala a los ministros de Estado.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».

(Texto del proyecto de resolución presentado).

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5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio:

• a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con la situación de la calidad del agua de la playa Brava del balneario Atlántida, departamento de Canelones;

• a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con las medidas para revertir la situación sanitaria de las aguas de la playa Brava del balneario Atlántida, departamento de Canelones.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Textos de los pedidos de informes).

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6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se comunica que con motivo de la licencia concedida a la señora senadora Mónica Xavier por el día de hoy, queda convocado el señor Manuel Laguarda, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Manuel Laguarda).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor Manuel Laguarda: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR LAGUARDA.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR LAGUARDA.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala y en la barra).

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- A la sesión extraordinaria del día 23 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Lacalle Pou.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 28 de noviembre de 2016

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Doña Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia sin goce de sueldo, al amparo del artículo 1.º de la ley n.º 17827, el día 30 de noviembre de 2016.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Ernesto Agazzi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Se comunica que el señor Francisco Beltrame ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel Garín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 29 de noviembre de 2016

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración.

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día miércoles 30 de noviembre.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 21. Afirmativa.

Se comunica que los señores José Amy y Gustavo Cersósimo han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 30 de noviembre de 2016

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia sin goce de sueldo, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, durante los días 6 a 8 de diciembre de 2016 y 14 de diciembre de 2016.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 30 de noviembre de 2016

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante el día 1º de diciembre de 2016, al amparo del artículo 1.º de la ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 30 de noviembre de 2016

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia, por motivos personales, desde el día lunes 5 hasta el miércoles 7 de diciembre de 2016 inclusive.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 29 de noviembre de 2016

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme uso de licencia para el día 30 de noviembre de 2016, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para plantear tres cuestiones de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- En primer lugar, solicito que se suspenda la sesión del martes próximo, a fin de que las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación puedan trabajar y nos permitan tener un orden del día abundante en la sesión del miércoles 7.

En segundo término, quiero proponer que el tema que figura en tercer lugar del orden del día, por el que se establecen exoneraciones fiscales para los contribuyentes y población afectada por el tornado acaecido en la ciudad de Dolores el día 15 de abril de 2016, pase al segundo lugar.

Por último, mociono para que se repartan, se declaren urgentes y se consideren en la presente sesión las venias relativas a la integración del Inumet.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar en primer lugar la moción formulada en el sentido de suspender la sesión del próximo martes a los efectos de que se puedan reunir las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

A continuación, se va a votar si se altera el orden del día pasando al segundo lugar el asunto que figura en tercer término, por el que se establecen exoneraciones fiscales para los contribuyentes y población afectada por el tornado acaecido en la ciudad de Dolores el día 15 de abril de 2016

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar ahora la moción planteada en tercer lugar, por la que se solicita repartir, declarar urgentes y considerar en la presente sesión las carpetas n.os 703/2016, 704/2016 y 705/2016, relativas a la integración del Inumet.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

10) DESCENTRALIZACIÓN EN MATERIA DEPARTAMENTAL, LOCAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Exposición del señor senador Luis Alberto Heber, por el término de treinta minutos, sobre la aplicación de la Ley n.º 19272, de 18 de setiembre de 2014, “Descentralización en materia departamental, local y de participación ciudadana”».

Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: solicito que la exposición que voy a realizar a continuación, así como las intervenciones que seguramente van a ocasionarse como fruto del debate sobre el tema, sean remitidas a los señores intendentes, a las juntas departamentales, a los municipios y a los presidentes de cada uno de los partidos que tienen representación parlamentaria, porque entendemos que los acontecimientos que estamos viviendo son parte de la inacción que el propio Parlamento y el sistema político han generado y que está provocando conflictos, sobre todo en dos departamentos, aunque probablemente haya más casos que todavía no tenemos entre manos.

Traigo este punto al Senado para sacudir la modorra que de alguna manera tenemos sobre el tema, porque ya se ha votado la Ley n.° 19272, pero en la instancia presupuestal fueron modificados dos artículos –seguramente algunos de los miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda lo recordarán–, lo que agravó el relacionamiento entre los intendentes y los municipios. Como señalé anteriormente, expongo este asunto para que tomemos conciencia y para que actuemos, porque no se trata solamente de tomar nota. Hago esta exposición para –reitero– sacudir la modorra que hay en torno a este tema que ya está laudado y, por tanto, no está dentro del horizonte inmediato, pero nosotros somos responsables ya que votamos las modificaciones.

La Ley n.° 19272 avanzaba en la dirección correcta, aunque lejos estaba de ser perfecta. Esta ley fue producto de un acuerdo político entre el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Frente Amplio y el Partido Nacional, y debo señalar que me tocó generar esa instancia de diálogo. Lamento que hoy no esté presente la señora senadora Xavier, porque en aquel entonces era presidenta del Frente Amplio y fue a ella a quien le planteamos la necesidad de crear una nueva norma que pudiera corregir las imperfecciones que tenía la Ley n.° 18653, que fue la que dio origen a los municipios. Quiero reconocer la figura de la actual ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi –designada por el entonces Gobierno del Frente Amplio–, quien condujo un entendimiento que luego terminó en un proyecto de ley que dio origen a la Ley n.° 19272.

En la exposición de motivos de esta ley se decía: «… se impone una revisión y actualización de esta normativa que en el marco de lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución de la república dispuso la creación del tercer nivel de gobierno electo en todo el territorio nacional». Más adelante se dice que la consolidación de este tercer nivel de gobierno «apuesta a la conformación de órganos representativos locales que profundicen nuestro sistema democrático y que articulen los diferentes niveles de participación ciudadana». Quiero creer que todos estamos de acuerdo en profundizar nuestro sistema democrático y en articular los diferentes niveles de participación ciudadana.

La exposición de motivos continúa: «Desde un principio este proceso fue entendido como una construcción gradual que se deberá ir profundizando a la luz de la experiencia, con transferencia de atribuciones y recursos de lo central a lo local». Reitero: «… transferencia de atribuciones y recursos de lo central a lo local».

«Por otra parte –se dice más adelante– tenemos un conjunto de modificaciones relativas a la profundización gradual del proceso de descentralización como lo son la definición más taxativa y diferenciada de las competencias municipales y departamentales, los criterios establecidos para la asignación de los recursos, la competencia» –¡la competencia!– «de los municipios respecto de funcionarios a su cargo, la articulación con la comunidad de la participación ciudadana, entre otras». Se está hablando de la jurisdicción territorial de los municipios.

Más adelante se dice: «En el contexto de una interpretación racional y razonable, se considera lógico que las jurisdicciones territoriales de los municipios coincidan, dentro de lo posible, con las delimitaciones de él, o de los distritos electorales computables para la elección de sus autoridades». La jurisdicción es el territorio donde residen los electores, que debe coincidir con la jurisdicción administrativa por los elegidos.

A lo largo de esta alocución voy a ir recordando la exposición de motivos de la ley mencionada –espero que en treinta minutos pueda dejar bien clara mi posición–, porque allí está todo articulado. Más adelante se agrega: «Respecto del segundo conjunto de modificaciones, debemos destacar la progresiva asunción de atribuciones por parte de los Gobiernos municipales» –nótese: «progresiva asunción de atribuciones», pero vamos a ver que esto no es así–. «En este sentido se propone una delimitación más clara entre las atribuciones del segundo y tercer nivel de gobierno, atribuyéndole a este último» –o sea, al tercer nivel, a los municipios– «la responsabilidad» –pido atención sobre esto que se decía en la exposición y también en un artículo– «del mantenimiento de la red vial local, los pluviales, el alumbrado y los espacios públicos, entre otros». Todo esto es progreso escrito, no existe; está en la ley pero no es verdad, y lo voy a demostrar.

Continúa: «Otro elemento destacable de esta propuesta es la atribución del Gobierno municipal de administrar los recursos financieros» –¡recursos financieros, señora presidenta!– «establecidos en su Programa Presupuestal, que el Gobierno departamental deberá incluir dentro del Presupuesto quinquenal». Repito: «deberá».

Sigo: «Es de destacar también que los Gobiernos municipales administren los recursos humanos que de él dependen». Esto no es verdad, no sucede. «La experiencia ha mostrado innumerables casos de conflicto entre el Gobierno municipal y el departamental por la administración de los recursos humanos que desempeñan funciones en determinado municipio pero dependen de la estructura central». Vamos a analizar esto y a dar ejemplos.

En el proyecto, en el capítulo referido a los recursos financieros, se sugiere un conjunto de criterios para la ponderación de dicho fondo. Se dice: «Entendemos necesario –aclaro que voy a leer los nombres de quienes firman este proyecto de ley– establecer un mínimo común asegurado para todos y cada uno de los municipios del país». En eso estoy totalmente de acuerdo, pero no es verdad, esto no pasa. Y continúa: «Por otra parte, se establecen dos “tramos” del fondo que atiendan por un lado las diferentes realidades municipales –con criterios de ponderación similares […] al artículo 214– y por otro que premie la buena gestión de aquellos Gobiernos municipales que cumplan determinados compromisos de gestión previamente acordados».

Esta es la exposición de motivos de la Ley n.° 19272, que lleva la firma de Horacio Yanes, representante del Frente Amplio por Canelones; Nicolás Pereira, representante del Frente Amplio por Canelones; José Bayardi, representante por Montevideo; María Elena Laurnaga, del Partido Socialista, representante del Frente Amplio por Montevideo; Daniel Caggiani; Luis Puig; Lourdes Ontaneda; Alfredo Asti e Iván Posada.

Esta ley, esta exposición de motivos, no funciona, no es verdad.

Traigo a discusión este tema, señora presidenta, porque debemos ser conscientes de que tenemos que articular esto o, simplemente, podemos seguir con la actitud de discurso, de que abrazamos la bandera de la descentralización, pero cuando esta tiene que efectivizarse, no lo hacemos.

Yo participé en la elaboración de la Ley n.° 18653, y tuve una mayor actividad legislativa con técnicos de nuestro partido en el proceso que llevó a la aprobación de esta Ley n.° 19272, de la que pretendíamos más, pero como fue producto de un acuerdo político, supimos que podíamos llegar hasta ahí y que no podíamos dar un paso más grande, como el que queríamos dar.

Recuerdo, señora presidenta, en ocasión de la discusión de la primera ley de descentralización, las palabras pronunciadas por el entonces senador Da Rosa. En esa oportunidad, desde su experiencia como intendente –ahora está al frente de la Intendencia de Tacuarembó– señaló muy claramente que esta ley tendría un vacío si no se le ponía plata. Concretamente, dijo que si no descentralizábamos la caja era mentira la descentralización. Esa afirmación no fue cuestionada en aquel momento en que votamos la ley ni tampoco lo fue cuando se votó por unanimidad del Parlamento la Ley n.° 19272 antes de la elección, aunque después, en dos artículos del presupuesto nacional se borraron todas las potestades y las atribuciones otorgadas después de un año de trabajo con los técnicos de todos los partidos políticos. Al respecto, acá se argumentó por parte de algunos señores senadores que un acuerdo modifica otro acuerdo. Por lo tanto, sobre la base de un acuerdo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se borró de un plumazo el trabajo de todo un año que había logrado un avance necesario, y lo único que queda firme de la Ley n.° 19272 es el régimen de suplencias de los alcaldes y la posibilidad de ser reelectos, ya que se encontraban en una situación de incertidumbre tal que no sabían dónde estaban parados y si podían postularse o no a la próxima elección. Esto es lo único firme. ¡Lo demás es una cáscara vacía!

Se habla de descentralización, pero no hay ninguna descentralización. Lo había dicho el entonces senador Da Rosa, actual intendente de Tacuarembó. Había señalado que si no se destinaba un porcentaje del presupuesto nacional que –en virtud del artículo 214 de la Constitución– fuera para ayuda económica a los municipios, en proporción a sus habitantes, para el cumplimiento de una función esencial, la ley tendría un vacío. En mi opinión, esto es fundamental, porque yo creo en los municipios y en el tercer nivel de gobierno. Por eso me parece importante avanzar en esto.

Señora presidenta: la Ley n.° 19272 –que naturalmente no voy a leer, pero que empezaré a desmenuzar para que podamos entender qué hemos hecho–, en su artículo 3 dice: «Son principios cardinales del sistema de descentralización…». ¡Principios cardinales! Para quienes creen en la descentralización, es un tema de principios. El numeral 1 de este artículo refiere a la unidad departamental territorial y política; el numeral 2, a la prestación eficiente de los servicios estatales, aquello de que más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, o sea, no dice nada; el numeral 3 establece la gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia los municipios en el marco del proceso de descentralización. O sea, este es un principio cardinal para todos los partidos políticos porque lo votamos por unanimidad. Lo repito textual: «…transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos». Después veremos ejemplos acerca de cómo en los departamentos de Paysandú y de Río Negro este principio es notoriamente violado.

En los otros numerales se habla de la participación ciudadana, eso que le encanta decir al Gobierno pero después no da las armas para poder responder en ese sentido. Quiere decir que participan para frustrarse porque después no pueden resolver los problemas.

Por su parte, en el artículo 6 se establece que la materia departamental –esto es, a qué se dedican los Gobiernos departamentales– estará constituida por los cometidos que la Constitución y las leyes asignen a los Gobiernos departamentales, por la protección del ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales dentro de su jurisdicción, sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales en la materia, etcétera. En fin, repite lo que ya hay.

Luego, en el artículo 7 se establece que la materia municipal estará constituida –estará constituida– por los asuntos que le son propios dentro de su circunscripción territorial. Acá entramos en un tema que ni el Parlamento ni el sistema político se animaron a definir; me refiero a cuál es la circunscripción territorial. Entonces, como no hay circunscripción territorial, no hay nada. En el numeral 2 de ese artículo menciona como asuntos que le son propios dentro de su circunscripción territorial, el mantenimiento de la red vial local, de pluviales, de alumbrado y de espacios públicos, así como el control de fincas ruinosas. Esto es mentira. Esto no sucede. Menciona asimismo como otro asunto que le es propio el servicio de necrópolis. ¡Eso sí! ¡Los cementerios sí se los dan a los alcaldes y a los municipios para que los administren! Es un lujo que nos damos: pagar un gran sueldo a los alcaldes y tener participación ciudadana para discutir sobre los cementerios, que es lo que pueden hacer porque eso se lo dieron, pero la misma ley dice: «… salvo la existencia de disposiciones departamentales que lo excluyan». Entonces, les dan los cementerios, salvo que el intendente piense que es mucho y se los saque. En ese caso, ¡ni siquiera los cementerios!

Otro de los asuntos que allí se señala que es materia municipal es el seguimiento y control de la señalización del tránsito, de su ordenamiento. ¡Pero eso es algo tan lógico! Van a venir, a veces desde cientos de kilómetros de distancia, como hay entre algunos pueblos y la capital departamental, a establecer la señalización de tránsito en el marco de las disposiciones nacionales y departamentales. ¡No vaya a ser que pueda actuar el señor alcalde y el municipio solo!

Luego se habla del «seguimiento y control de la recolección de residuos domiciliarios y su disposición, asumiendo directamente la tarea». ¿Directamente la tarea? Esto no pasa, ¡no existe! Es progreso escrito. Ahora bien, cuando se dice que tienen que asumir directamente la tarea, se agrega: «… salvo la existencia de disposiciones departamentales que lo excluyan». O sea, nada.

Entre los puntos se establece la administración de los recursos financieros establecidos en su programa presupuestal y la celebración de convenios dentro del área de su competencia. ¡Todo esto no es verdad! Son diez puntos de progreso escrito, señora presidenta y señores legisladores, en los que no hay nada. ¡Esto no existe; no se cumple!

En el artículo 12 están previstas las atribuciones de los municipios. En el numeral 2 se habla de supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la potestad disciplinaria sobre los funcionarios dependientes del municipio. No tienen funcionarios dependientes. ¡No existen! No es verdad.

El numeral 3 refiere a ordenar los gastos o inversiones, de conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal, en las modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes. Si el señor intendente no contempla este aspecto –que es muy importante– en el presupuesto quinquenal, no tendrán nada; entonces, no administrarán nada. Es lo que está pasando en Paysandú y en Río Negro, como más adelante lo probaré.

Más adelante se habla de promover la capacitación y el adiestramiento de sus funcionarios. ¿Qué funcionarios, si no tienen; no dependen de él?

Finalmente, se dice: «Las demás atribuciones que les asigne el intendente».

Parecería, señora presidenta, que esto es una tomadura de pelo.

Pero esta situación fue modificada en la instancia del presupuesto y ¡empeoró! porque el artículo 19 dice: «La gestión de los municipios se financiará:» –y se agregó– «con los límites que aquel fijará». Aclaro que cuando dice «aquel», se refiere al intendente. Entonces, se establecen límites que hacen inviable la gestión de los municipios.

Esta ley, que ya era insuficiente, la agravamos en la etapa presupuestal, sacándoles potestades y condicionándolos para que no puedan ejercer como ordenadores primarios del gasto.

El artículo 20 expresa: «El Gobierno departamental proveerá los recursos humanos y materiales necesarios a los municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus atribuciones, en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por la junta departamental, los que deberán contener un programa presupuestal por cada uno de los municipios existentes». Esto no se cumple; no hay nada.

Señora presidenta: este tema lo estamos dejando librado, sin marco jurídico, al buen relacionamiento que pueda existir entre los señores intendentes y los señores alcaldes o los municipios. Los que funcionan lo hacen por voluntad política, porque de parte del señor intendente hay una actitud de acercamiento, como la hay de parte del alcalde o del municipio –porque repito que, en los hechos, funcionan sin marco legal–; pero cuando no existe este buen relacionamiento nos enfrentamos a un grave problema.

Quiero referirme, no tanto al señor Guillermo Caraballo, intendente de Paysandú, o al señor Óscar Terzaghi, intendente de Río Negro, sino a lo que la ley y nosotros hemos provocado aquí, por falta de definición y por no contar con reglas claras, que es esta situación.

El intendente Guillermo Caraballo, desde el inicio del período de gobierno departamental, creó un ambiente de hostilidad y tirantez política, pues hay siete municipios que no responden a su partido político. Esto se ha visto reflejado en instancias presupuestales, al promover recortes considerables a la iniciativa de los municipios, así como en la asignación de recursos presupuestales, que fueron retaceados a su mínima expresión. Lo expresado por el artículo 20 con relación a que el Gobierno departamental proveerá los recursos humanos y materiales necesarios a efectos de que los municipios puedan cumplir con sus atribuciones, no existe. ¡El señor intendente se ríe de la ley!

Luego, el señor intendente estableció un tapón o filtro burocrático. No se reúne más con los alcaldes y creó una Dirección de Descentralización para administrar la relación con los municipios. Esto es: que organicen y administren el cementerio y nada más. Además les rebajó los salarios. No sé si está bien o está mal, pero la junta anterior les fijó el 45 % del sueldo del intendente, que no sé si es mucho o poco. Si solamente administran el cementerio es muchísimo; ahora bien, si son alcaldes que cumplen su misión, es poco, en función de las muchas tareas que deben realizar.

El intendente Caraballo, sin marco legal –fue denunciado ante el Tribunal de Cuentas–, estableció que los alcaldes tendrían que ganar lo mismo que un funcionario municipal grado Q, por lo que les rebajó un 53 % el sueldo. Esto lo tuvieron que rever porque el Tribunal de Cuentas cuestionó la medida; sin embargo, luego fue incluido en la instancia presupuestal, por lo que, de alguna manera, tuvo que pagar durante un año, pero al otro año quedó firme la rebaja.

Con respecto a las Termas de Almirón –que están a tres o cuatro kilómetros de Guichón–, debo decir que se sacó al Municipio de Guichón su administración –¡se la peló!–, pasándola a una comisión que crea mediante resolución, lo que viola el artículo 3.º, los numerales 2 y 3 del artículo 7.º y los artículos 12, 13, 14, 15 y 18 de la Ley n.º 19272. ¡Y se ríe! ¡No hay sanción! ¡Él hace lo que quiere! Es una especie de señor feudal que el día de mañana puede decir: «A Guichón le voy a sacar determinado barrio». Y bueno, le saca determinado barrio al municipio.

Finalizo, señora presidenta.

¡Ni que hablar del Municipio de Río Negro! Este municipio está peleado con el de Young, el de Nuevo Berlín y el de San Javier. Como interpretación de la ley de presupuesto se dijo que los municipios y los alcaldes quedaban sujetos a jerarquía del intendente. ¡A jerarquía! Así lo expresó el señor Óscar Terzaghi. Por ejemplo, el alcalde de Nuevo Berlín no tiene las llaves de la camioneta; se las debe pedir al capataz. Y al alcalde de Young solo le dan como función la administración del cementerio, y muchas veces ocurre que el municipio ni siquiera se entera de que el intendente recorre, junto con los señores directores, los barrios de la ciudad. ¡Es un atropello a toda la ley!

He traído el tema como elemento de denuncia para que se traslade a las autoridades de los diferentes partidos, a efectos de que todos tomemos conciencia del atropello que están cometiendo algunos intendentes con este enfrentamiento. ¡Y los culpables somos nosotros! Los culpables somos nosotros, que no hemos establecido reglas claras de convivencia, porque cuando hay buen relacionamiento, señora presidenta, se arregla el tema.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señora presidenta.

¿Cómo se arregla? Con buen relacionamiento del señor intendente con los concejos municipales.

La cuestión se da cuando hay problemas de enfrentamiento. La ley tiene que arreglar ese tema, pero está omisa. Acá nos enfrentamos a gente que está atropellando, y a una fuerza política que se ha embanderado con la descentralización pero no actúa en consecuencia, porque actuar en consecuencia no es mirar para el costado. Mirar para el costado es actuar con hipocresía política: se está de acuerdo con la descentralización, pero cuando hay un atropello a esa descentralización, no se quiere mirar. Si a nosotros nos dicen que hay un intendente que está actuando de esa manera, es nuestra obligación política, como partido, buscar la reflexión. Esto no se arregla con gestión, señora presidenta, sino con una nueva ley que, de alguna manera, establezca reglas claras para que no exista este tipo de atropellos, como que los alcaldes y los concejales municipales ni siquiera tengan la llave del auto para recorrer. Además, no tienen oficina, no son invitados y tienen que pedir la información al capataz de la junta y del municipio. ¡Esos alcaldes y concejales fueron electos por el pueblo! Si nosotros hablamos de democracia, tenemos que empoderar a quien fue electo por el pueblo, aunque no nos guste. Aunque al señor intendente Caraballo y al señor intendente Terzaghi no les guste, tienen que respetar al pueblo que votó. Si no les gusta la cara de la señora alcaldesa de Young, si no les gusta la cara de la señora alcaldesa de Guichón –y no estoy hablando de temas de género, que seguramente habrá–, ¡igual las tienen que respetar! ¡Eso ahí no se defiende!

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: vaya redondeando, por favor.

SEÑOR HEBER.- ¡Ahí no se defiende! Cuando hay alcaldesas que son atropelladas, desconocidas y maltratadas por el señor intendente, ¡ahí no hay temas de género! ¡Ahí son temas políticos! ¡Ahí se mira para otro lado!

Acá hay alcaldesas, señora presidenta –y con esto termino–, que han sido atropelladas en su legítimo desempeño. Por lo tanto, sacudo la modorra para que se actúe coherentemente en la defensa de las señoras alcaldesas que han sido atropelladas por el señor intendente y para que, de una vez por todas, hagamos una ley que ponga coto y arregle esta situación de enfrentamiento.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señora presidenta: la verdad es que comparto con el senador Heber el principio y parte del final de su exposición, pero con el resto tengo profundas discrepancias.

Comparto que este proceso de descentralización es profundamente democrático; tal vez no tengamos una noción acabada de lo que, afortunadamente, se está dando en el país con la ley de descentralización, creada después de diez años de la reforma constitucional de 1997. Esa ley, que empieza a gestarse en 2007 y es aprobada en 2009 –me refiero a la ley original de descentralización–, puso en marcha un proceso profundamente democrático. También comparto con el senador que se trata de un proceso gradual.

De ahí en más, las diferencias con lo que ha dicho son notorias, y espero poder fundamentarlo. No solo tengo diferencias en lo particular –referidas a los dos municipios que mencionó el senador–, sino también en lo general, que es lo más importante.

Más allá de las declaraciones, Uruguay es un Estado fundamentalmente unitario y extraordinariamente centralista. No podemos dejar de pensar que recién en 1908 se genera la figura de los intendentes departamentales y que recién a partir de 1938 esos cargos son electivos. Desde el punto de vista de los Gobiernos locales, de los Gobiernos de cercanía, el antecedente fueron las Juntas Locales de Río Branco, Bella Unión y San Carlos –juntas locales propiamente autónomas–, y aunque por ley hubo otras juntas locales, no fueron creadas como tales.

Desde el punto de vista normativo –para dar un ejemplo histórico en este sentido– existían 156 juntas locales en todo el país: tres electivas –que eran las que nombramos–, nueve autónomas no electivas y el resto centralizadas. Recién en el período 2005-2010 se integraron 98 de ellas, de las cuales 95 fueron instaladas por los ocho Gobiernos departamentales que asumieron por el Frente Amplio. Entonces, lo primero que queremos decir es que sí es cierto que nosotros estamos embanderados con el proyecto de descentralización. Y esto lo digo en el plano de nuestra fuerza política –de las prioridades establecidas por nuestra fuerza política– y, además, desde el punto de vista personal.

Cuando asumimos en nuestro departamento, las juntas locales todavía no eran electivas, pero instalamos 29 de ellas, incluida la de la capital. Y cuando se produjo la elección, esas 29 las ampliamos a 30, el tercio de los municipios del país.

Por ende, en materia de embanderamiento sí podemos decir que en este caso corresponde a nuestra fuerza política, y lo digo con todo respeto, porque la ley inicial fue votada por algunos sectores del Partido Nacional y también del Partido Colorado. Y, afortunadamente, las correcciones que se hicieron luego, producto de un acuerdo, lograron unanimidad.

Quiero decir que, efectivamente, este proceso descentralizador es gradual y, por tanto, tiene avances y retrocesos, luces y sombras, algunas de las cuales se corrigieron en la ley acordada hace un par de años, a la que hizo referencia el señor senador.

Pero el proceso también tiene que ver con los partidos políticos y con los actores. Por ahí uno siente que la lectura que se hace está claramente dirigida hacia quienes tienen responsabilidad en el Gobierno local o departamental de nuestra fuerza política. Y quienes fuimos intendentes –de todos los partidos– podemos decir que el tema no es un cruce directamente vinculado con la fuerza política. Así como el senador mencionó algunos ejemplos –a lo que me voy a referir en particular–, nosotros podríamos dar muchos más en los que, seguramente, los sayos les correspondan a otros actores, de otras fuerzas políticas.

El tema es que hay un profundo proceso democrático de avance, que naturalmente es gradual, heterogéneo, que tiene cosas a favor y otras que deberemos ir corrigiendo.

Hay un aprendizaje en cuanto a los recursos humanos. El primer y gran desafío es la capacitación y la formación en materia de gestión de recursos humanos en los Gobiernos locales. El segundo, sin duda, tiene que ver con los recursos financieros, a los cuales nos vamos a referir. Y el tercero, a mi entender, es uno de los temas fundamentales de esta apuesta a la descentralización impulsada por nuestra fuerza política: la cercanía de los Gobiernos nacional, departamental y local, la participación de la ciudadanía y el compromiso en la gestión. Sin duda que esa apuesta a la cercanía es una apuesta a la información, a la transparencia, a la utilización de los recursos, a la ida y vuelta de cómo van marchando las cosas. Nada mejor para un intendente, para un ministro, para el Gobierno nacional o departamental, que la cercanía que da el municipio y la optimización de los recursos.

Este proyecto –que inicia en 2007 el entonces presidente Vázquez, y ahora lo reafirma en el tercer período de gobierno frenteamplista, como hizo el hoy senador Mujica cuando fue presidente–, que apunta al Congreso de Intendentes, a la cercanía de lo local en forma continua, lleva a una interacción política permanente entre todos los actores, donde se juega, justamente, el avance democrático.

Yo no tengo dudas de que el balance es sumamente positivo, pero también tengo claro que no solo debemos abordar temas concretos de gestión, porque las mayores limitaciones de hoy –y no ha sido mencionado– tienen que ver con los temas constitucionales en cuanto a la instrumentación y a la aplicación de la ley, lo que, lógicamente, debemos abordar. Si bien cada uno de nosotros tiene su visión acerca de una reforma de la Constitución, no hay duda de que lo que hace a las autonomías departamentales merece un análisis desde el punto de vista constitucional. Los nuevos Gobiernos locales, los municipios, las responsabilidades, las atribuciones, los territorios, las jerarquías en cada caso, merecen que aquella tan importante ley de los Gobiernos municipales –del año 1935 y aún vigente, en la que nos amparamos quienes fuimos intendentes–, reciba una visión de carácter macro que tenga que ver con la propia realidad de la Constitución.

Quiero subrayar lo que decíamos en materia de recursos humanos: más del 90 % de los actores locales de los primeros 89 municipios electos no tenía experiencia –tal como se decía en Uruguay– en el uso de los recursos públicos. Aquí estamos presentes algunos de quienes fuimos intendentes en ese período, en el que se dio una interrelación continua de necesaria acumulación de vínculos, tanto en lo personal como en lo institucional, en el diálogo cotidiano con cada uno de los responsables, justamente para que esa experiencia que poníamos en marcha no se frustrara. Fue una experiencia fundamental para seguir adelante, que de alguna manera pasó de la lógica que todos conocemos del contacto cotidiano con la ciudadanía en cada pueblo, en cada barrio, en cada villa –es decir, la lógica del pedido de lo concreto–, a una lógica de gobierno, desde el gobernante local y departamental hasta las instituciones locales que tenían que ver con la participación en el rol de lo municipal. A su vez, se dio una imprescindible interrelación entre la visión centralista a la que el país entero estaba acostumbrado y la aplicación territorial de los ministerios, primero por la necesidad de articular entre los ministerios, y luego entre los ministerios, el Gobierno departamental y el Gobierno local.

Sobre todos estos temas estamos dispuestos a discutir para seguir avanzando, porque es imprescindible una visión, no desde el centro hacia la periferia, sino desde la ida y vuelta. Muchas veces los ministerios desembocan en los territorios en función de sus propios planes y ahí es imprescindible esa interrelación con los Gobiernos departamentales y locales. ¡Y vaya si se ha avanzado en los últimos años en la relación de los Gobiernos departamentales con los ministerios, a partir de la creación de la Comisión Intersectorial, con la participación de la OPP, los ministerios y los Gobiernos departamentales en la imprescindible articulación!

Yo entiendo, señora presidenta, que sí hay temas que debemos corregir: los municipios y su personería jurídica, los municipios y la necesidad de contar con su propio patrimonio en lo que hace al manejo de recursos que son producto de su gestión, de su desarrollo y de sus desafíos. Cuando nosotros pensamos en una reforma de la Constitución que no viole las autonomías ni lo que es la ley orgánica de 1935, debemos tener la necesaria actualización desde el punto de vista jurídico. Naturalmente que esas mismas limitaciones obligan a un avance gradual de aprendizaje y de conocimiento. ¿En qué consiste? A mi entender, afortunadamente, es un avance democrático de apropiación: apropiación de la ciudadanía de esta ley y de este desarrollo; apropiación de la participación, de la gestión, de la responsabilidad y del reconocimiento.

En la primera ley se creó el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios como declaración programática. Acá se ha dicho que es mentira lo de los recursos, y yo voy a dar las cifras; como siempre, son insuficientes, pero acá tengo la cifra de los recursos que se han generado para el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios.

Cuando nosotros empezamos este proyecto descentralizador, todos los municipios contaban con $ 45.000 y $ 50.000 por mes, así se tratara de uno con 1000 habitantes, como Aguas Corrientes, o de uno con 130.000 habitantes, como es el de Ciudad de la Costa. Lo mismo sucedía con los municipios de todo el país. Eso significaba alrededor de $ 50:000.000 anuales. En enero de 2015, la asignación fue de $ 100:000.000, y para el período 2015-2019 está previsto –votado en el presupuesto a nivel nacional en acuerdo con el Congreso de Intendentes– llegar a $ 1.000:000.000 en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios. Quiere decir que entre 2015 y 2019 estamos multiplicando por diez, pues pasamos de $ 100:000.000 a $ 1.000:000.000. Entonces, cuando se pregunta por los recursos respondemos que están, progresiva y gradualmente.

Otro aspecto fundamental es que el presupuesto está previsto en función de tres variables.

En primer lugar, la asignación a cada municipio es real, se cumple rigurosamente, a través de una cuenta corriente; el monto llega a los Gobiernos departamentales, que deben transferir una partida mensual fija a los 112 municipios.

En segundo término, el 75 % de ese fondo se destina a proyectos que están acordados en la sectorial –órgano profundamente democrático en el que hemos estado junto con el señor senador Besozzi, a quien no quiero involucrar para que no se haga cargo de lo que estoy diciendo–, donde los Gobiernos departamentales articulan con el Gobierno nacional y con los ministerios. Reitero que en ese ámbito el 75 % del Fondo de Incentivos para la Gestión de los Municipios va a estar destinado a los 112 municipios, de acuerdo con planes operativos. Acá se dice: «No es nada; no se ha avanzado nada», no es cierto. Vamos a mostrar lo que se está dando a cada uno de los 112 municipios en función del acuerdo establecido con el Congreso de Intendentes, con el Gobierno nacional y con la OPP.

Fíjese, señora presidenta, lo que hacen hoy nuestros municipios.

Me voy a referir a algo que señaló el señor presidente de la república al empezar su gestión, y lo está cumpliendo. Decía así: «La gestión de gobierno se sustentará en tres pilares fundamentales a los que me referiré seguidamente. El primer pilar refiere a política y gestión de gobierno. En este pilar, en primer lugar, la descentralización política tendrá un nuevo impulso. Creemos en la sociedad y fomentamos la participación de la ciudadanía en todos los niveles de gobierno. Se fortalecerá el trabajo institucional con los Gobiernos departamentales y con los municipios». Este es un proyecto que tiene continuidad desde hace doce años; y no me refiero al pasado, sino a lo que es nuestra responsabilidad. Continuaba: «La transferencia del poder político, de gestión y financiera es imprescindible para su concreción, por lo que en la elaboración del plan quinquenal y en lo que respecta a temas locales se trabajará en conjunto con los mismos».

En este punto me voy a referir al proceso actual de trabajo con los municipios. Hubo un incremento progresivo del 3,33 % para los Gobiernos departamentales en función del crecimiento del producto del país. Cada municipio debe desarrollar su presupuesto quinquenal y su plan operativo anual, en función de lo cual se van asignando las partidas y se controla que efectivamente se cumpla con lo establecido. La distribución progresiva del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios permite avanzar en lo primero que decíamos: el fortalecimiento de la capacitación de los recursos humanos en materia de gestión.

Por su parte, hay un plan municipal anual. Tengo en mi poder las cifras de cómo han ido avanzando cada uno de los 112 municipios que desarrollan esta tarea de descentralización, con el criterio de evaluar los resultados en función del desarrollo. Un concepto fundamental en el que se ha innovado es la forma de evaluación de ese 75 %, aparte de lo básico que se manda a cada municipio, que también aumentó. ¿Cómo se evalúa ese 75 %? En función de cosas fundamentales: las situaciones de vulnerabilidad, el volumen de población y los desafíos más urgentes en materia de pobreza y dificultades sociales. Esos son los balances que se hacen a la hora de definir los criterios de distribución de los recursos que son especialmente asignados a los municipios y estos tienen para gestionar. La ley introduce, a mi entender, un concepto fundamental en este sentido: el municipio no es el mando del alcalde, sino un organismo colectivo. Incluso, en muchos casos hay alcaldes que están en minoría con dos representantes, contra tres de otros partidos. Deben hacer un trabajo colectivo que, a su vez, esté relacionado con la participación de la gente. Por eso, no es cierto que no pase nada. Hay un proceso transformador de gestión que no habíamos visto antes en nuestro país y que celebramos, a pesar de las dificultades que plantea. Se realiza un informe anual sobre el desarrollo municipal y un informe semestral de avance de gestión, cada uno de los cuales debe ser aprobado para presentar nuevamente el plan operativo anual municipal. Luego de ello, se elabora un reporte anual de compromiso de gestión y de participación.

En cuanto a las audiencias públicas, todavía estamos en el debe y no voy a discriminar si se trata de intendencias del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Frente Amplio. En general, estamos en debe. No tenemos audiencias públicas en la totalidad de los municipios y la participación no es la deseada, pero no por eso podemos aceptar que acá se diga: «No ha pasado nada», «se ha falseado la ley» o «no se está cumpliendo con la ley». Por el contrario, hay un proceso de descentralización irreversible.

Por otro lado, quiero subrayar que el 75 % que se establece para cada municipio, de un total de $ 400:000.000 –que en 2019 va a llegar a $ 1.000:000.000 y, en 2020, a $ 1.080:000.000–, debe tener dos componentes: uno es el funcionamiento y, el otro, la inversión. Este es un cambio absolutamente innovador. Le estamos diciendo a los colectivos de los municipios –que definen sus planes en función de audiencias públicas, de participación de la ciudadanía– que la inversión es central; un 60 % corresponde a la inversión y un 40 %, al funcionamiento. Por su parte, hay un 10 % fijo para utilizar con total libertad para los gastos del concejo municipal y de la alcaldía, y un 15 % destinado a proyectos especiales, fundamentalmente de los espacios públicos y la participación de la ciudadanía a través del programa Uruguay Más Cerca.

Por lo expuesto, somos abanderados de este proyecto, estamos comprometidos con él y sentimos que nos acerca a ese criterio de una sociedad participativa, democrática, que profundiza herramientas de cercanía. Sin duda, falta mucho, pero no por eso podemos decir que aquí no pasa nada; al contrario. ¡Vaya si hemos tenido responsabilidades departamentales y sabemos qué pasa cuando un plenario nacional de municipios plantea los derechos de sus territorios!

Acá se ha dicho que no se ha municipalizado el territorio y voy a dar tres ejemplos de departamentos que lo han hecho en un cien por ciento: Montevideo, Canelones y Maldonado. Pero este es un proceso progresivo. Podría decir que Flores tiene el 4 % del territorio municipalizado, pero no estaría ajustándome a la verdad porque tiene un solo municipio, el de Ismael Cortinas, que representa a 2000 personas de las 30.000 que tiene el Gobierno departamental. Ahora bien, no se puede poner este ejemplo porque, reitero, es un proceso progresivo.

Por cierto que hay otros temas que nos desafían, como la participación de los Gobiernos departamentales y, fundamentalmente, de los Gobiernos locales en función de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Es verdad que tenemos una enorme responsabilidad en lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, donde lo local juega un rol fundamental.

También existe un enorme desafío en la descentralización de la cultura. Sin dudas, no podemos pensar el derecho a la cultura desde Montevideo, sino que debemos hacerlo con la identidad de cada pueblo. En este sentido podemos poner decenas de ejemplos de lo que son los fondos de desarrollo cultural, los programas de cultura para los pueblos chicos, el trabajo de gestión y capacitación de los gestores culturales en materia de derechos.

Voy a terminar refiriéndome a los ejemplos que ha mencionado el senador Heber, porque no podemos aceptar lo que aquí se ha dicho, más allá de que estamos hablando de dos municipios de intendencias que, casualmente, son frenteamplistas. Personalmente, podría hablar –no lo quiero hacer– de situaciones mucho peores en numerosas intendencias, en cuanto a funcionamiento paralelo a lo que es el presupuesto local, a desconocimiento de lo que es el presupuesto departamental, a vías paralelas de desarrollo y a desconocimiento de determinados planteos que vienen de ciertos municipios. Por cierto que acá hay un tema de sabiduría para articular esas cosas. Siempre digo –incluso públicamente– que en Canelones me llevé muy bien con treinta municipios, entre los que había alcaldes blancos y colorados que, en muchos casos, tenían una gran capacidad de ejecución y cercanía. No iba a juzgarlos bien o mal porque pertenecieran o no a mi fuerza política; eso depende de la cercanía con la gente. Insisto en que este es un proceso gradual, democrático, con todas las riquezas, luces y sombras, y cuestiones particulares.

Pero vayamos al tema concreto de Río Negro y de Young. Si bien no quiero hacer referencias particulares, defiendo la honorabilidad, así como la capacidad de gestión y de descentralización del intendente Terzaghi. Justamente, los planteos que se hacen están vinculados con Young, que es su pueblo natal, como también lo es de nuestro querido amigo, el exintendente Lafluf. No me corresponde comparar el anterior proceso descentralizador y lo que hace el actual intendente, pero Terzaghi va cada quince días al Municipio de Young para reunirse con la alcaldesa, los concejales y las organizaciones sociales para definir las prioridades de cada circunstancia. Pero ¿qué pasa? El Corralón municipal de Young es el corralón fundamental del departamento. Por ende, el director general de Obras de la Intendencia de Río Negro tiene, necesariamente, la injerencia que se deriva de la importancia de ese corralón. Pero fíjense que se da la circunstancia de que se intima, por parte de la autoridad local, al intendente, conminándolo a que cumpla con lo dispuesto por la responsable del Gobierno local en lo que tiene que ver con la dependencia del director general de Obras del propio intendente. Si nosotros no entendemos que esta es una relación imprescindible de responsabilidades nacionales, departamentales y locales, verdaderamente no vamos a comprender la esencia de la descentralización. Como dije, cada quince días sesionan los municipios, oportunidad en que los alcaldes reciben los planteos de las diversas organizaciones de vecinos y se deciden las potestades y responsabilidades de cada nivel.

¿Por qué el intendente Guillermo Caraballo intervino las Termas de Almirón? Porque allí había una serie de problemas; naturalmente, tuvo que intervenir, y lo hizo para bien. Es responsabilidad del intendente. Estamos hablando de la gestión de una fuente de turismo departamental y nacional de suma importancia. Entonces, decidió actuar para corregir una serie de desórdenes de carácter administrativo que se venían dando. Reitero que el rol del intendente es actuar en consecuencia para defender la riqueza de su territorio.

No quiero entrar en temas departamentales, pero también se ha hablado del presupuesto de Paysandú. Este es elaborado por el Gobierno departamental –es decir, por el intendente y la junta departamental– en función de la situación que se encuentra y de la que se proyecta, teniendo cuidado de que las cuentas cierren y tengan el necesario equilibrio. No me parece oportuno que desde aquí estemos opinando sobre el presupuesto de un departamento o de otro; yo no voy a hacerlo, pero sí defiendo la honorabilidad, la cercanía y la gestión de los intendentes que fueron aludidos aquí.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: tengo la condición de haber estado diez años en una intendencia departamental y estoy por superar los dieciséis o diecisiete años en este Senado, y lo primero que quiero expresar, de manera contundente, convencida, es que este país tiene una enfermedad congénita que data de ciento ochenta años atrás. Este país está enfermo de centralismo; esta es una realidad absolutamente inocultable. Es más: todos los Gobiernos, de todos los partidos, han tenido acciones centralistas y centralizadoras. El centralismo no es capital contra interior; la descentralización es acercar el poder del Estado a la gente para lograr que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades sin importar donde vivan. Quizás es una cuestión de coyuntura política estar tratando este tema, que en esta sesión vamos a estar muy lejos de poder analizar en toda su profundidad, pero la descentralización apunta a la calidad democrática institucional del país, a un proyecto de país.

Nuestro partido ha tenido una larga lucha en la construcción de ciudadanía, buscando la participación y el protagonismo de lo local. Es más: algunos hemos surgido políticamente desde el interior de la república contra los centralismos cupulares de todos los partidos. Estamos hablando de calidad democrática porque apuntamos a que la gente y el pueblo tengan protagonismo a partir de lo local. Es increíble cómo se ha violado sistemáticamente la autonomía de los Gobiernos departamentales a lo largo de la historia. El señor senador Heber algo ha esbozado: se incumple la ley cuando se genera una suerte de institucionalidad paralela o estructuras espejo para quitarles poder de decisión a las alcaldías. Y creo que eso ha sucedido en casi todas las administraciones departamentales.

Quien les habla cree haber sido el primer intendente de la historia del Uruguay en integrar las juntas locales del interior de su departamento con personas de todos los partidos. Es más: en contra del vaticinio de muchos, pude crear dos juntas locales más –la de Piedras Coloradas y la de Cerro Chato– en función del empuje del desarrollo de esas zonas. También creé un coordinador de juntas locales para que estuvieran permanentemente trabajando en forma descentralizada.

Quiero decir también que todos los partidos han ejercido actos de descentralización. Recuerdo que en el período en que estuve al frente de la Intendencia de Paysandú –entre 1990 y 1999– había dos, quizá tres, intendencias que estaban al día con el pago de las facturas de UTE; todas las demás tenían atraso. Desde ya pido disculpas si había alguna más, pero recuerdo las de San José y Paysandú. Teníamos bonificaciones excepcionales. Hacíamos los tendidos de alumbrado público, pero luego la burocracia demoraba en autorizarnos para poder conectarnos; teníamos los tendidos prontos para inaugurar y prender, pero la burocracia no nos daba la orden. Un día dije: «Se terminó, no voy a esperar más la orden. La orden la damos acá. Nos colgamos del alumbrado público y se termina el tema. Levantamos la llave del alumbrado público y después vienen y arreglan la situación».

¡Cómo vamos a hablar de descentralización si no tenemos un solo aeropuerto de funcionamiento nocturno en el interior del país, si tenemos las obras de balizamiento y no tenemos personal para atenderlas, si no hay CTI en todas las ciudades!

Con la gente de Paysandú estuvimos haciendo gestiones durante ocho años para conseguir un equipo de resonancia magnética para instalar en el departamento. ¡Ocho años! ¿Saben cómo se resolvió? Con una llamada nuestra al entonces presidente de la república, señor Mujica, para decirle que, increíblemente, los informes eran favorables y, sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de ese momento no brindaba la autorización. El presidente actuó, resolvió el tema y se puso a funcionar el mencionado equipo.

Recuerdo que impugnamos por inconstitucional una ley de presupuesto del año 1990 en la parte que refería a funcionarios, porque implicaba vulnerar el principio de autonomía de los Gobiernos departamentales. Presentamos cuatro recursos de inconstitucionalidad: en lo personal, me tocó impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra un Gobierno nacional de mi partido; el doctor Vázquez hizo lo propio por Montevideo; Mario Carminatti –¡gran ciudadano, que Dios lo tenga en la gloria!– lo hizo por Río Negro, y Rodolfo Nin Novoa lo hizo por Cerro Largo. Recuerdo que Nin Novoa perdió porque lo presentó por lesión de autonomía, pero a los otros tres la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley porque se metía con los funcionarios municipales de nuestros departamentos.

Quiero hacer una autocrítica. El centralismo en este país es un padecimiento de larga data y muchas veces el hecho de nacer en el interior suena a una condena anticipada. Además, se ha escrito mucho; se ha escrito con la mano y se ha borrado con el codo. Creo –o mejor dicho, creemos– que hay que avanzar hacia un proceso de federalización de cometidos y de servicios. Los que estamos aquí sabemos que Uruguay ha sido y es un territorio fragmentado, dividido en realidades distintas y, por desgracia, históricamente ha primado una visión de ciudad puerto. Repito: nacer en el interior o en algunos barrios de la capital termina siendo una suerte de condena. Se construyó de espaldas al interior de manera asimétrica e inequitativa con desequilibrios de todo tipo. Aquí se habló de la comisión de descentralización, pero lo cierto es que a esa comisión no acuden los ministros; no acudieron ni siquiera cuando se aprobó la reforma constitucional. Es más, cuando se concurre a la Comisión Sectorial de Descentralización muchas veces llega la imposición del Poder Ejecutivo con respecto a determinadas iniciativas, y eso es inequívocamente así.

Asimismo, hay una enorme disparidad en la contribución, en la generación del producto: el interior contribuye con el 45 % en la formación del producto, pero con un retorno significativamente menor. Creo que hoy seguimos con un desarrollo del país, y sobre todo del interior, postergado. Los uruguayos somos más que la suma de ciudadanos; somos una comunidad, pero debemos compartir obligaciones y derechos para tener oportunidades.

Descentralizar hoy es un acto de justicia; descentralizar es acercar el Estado a la gente; implica igualar posibilidades de superación entre los uruguayos. Debe recrearse la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan los compatriotas, pero todos sabemos que eso no es así. Descentralizar es integrar.

Aquí se ha hablado de la ley de descentralización, de lo central a lo local, de los recursos. No voy a ningunear nada, pero estoy convencido de que si bien se trata de avances importantes que hay que apoyar y apuntalar, también creo que no son la solución porque seguimos con parches. Seguimos con el latiguillo de la descentralización, pero no se la practica.

Vamos a ser claros: la descentralización es la que refiere a la caja fuerte. ¡Esa es la descentralización! ¡Es la de los recursos! Fíjense qué pasa, cuál ha sido la evolución de la percepción de los recursos locales con la transferencia de los recursos del Gobierno nacional hacia los Gobiernos departamentales. En la década en que fui intendente –1990 a 1999–, por cada cien pesos de ingresos, noventa eran de percepción local y solamente diez de traspaso nacional. ¿Cuál es la realidad ahora? ¡Cincuenta y cincuenta! ¿Qué marca esto? Que si desde lo local espero la transferencia del Gobierno nacional, entonces la autonomía es una fachada, está mimetizada por distintos instrumentos, por diversos desarrollos legales que han modificado esa estructura. ¡Lo real es lo real! Los hechos son porfiados, tozudos y demuestran una realidad absolutamente incambiada.

Hemos querido llevar adelante el concepto de regionalización porque creemos que hay que apuntar a una federalización. Estamos hablando de la inclusión de la realidad local, municipal y departamental en esos procesos y, sin embargo, tenemos centralización de la capital con relación al interior, así como de las capitales departamentales con respecto al interior de cada uno de los departamentos. ¡Vamos a ser claros: esto pasa en todos lados! No importa de qué color sea el intendente porque, en buena medida, sucede en todas las capitales departamentales.

Me parece que hay que avanzar en una agenda inclusiva que suponga una integración política, una integración física y geográfica, una integración social y económica, una integración cultural. Hay que integrar para crecer; ese es el desafío de este tiempo. Hay que impulsar agencias de desarrollo regional que sumen lo local con lo nacional, lo público con lo privado, porque desde aquí no le vamos a enseñar a ningún Gobierno departamental ni a ninguna comunidad local cómo desarrollar su pago, su paraje, su departamento. ¡Esto es real! Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de poder, y como descentralizar significa desprenderse del poder, nadie quiere desprenderse de él. Todos quieren seguir con la tutoría: el Gobierno nacional quiere mantener su poder y el Gobierno departamental –el intendente– también. Esto es así; no podemos pretender tapar el sol con un dedo.

Respecto a la descentralización –como bien lo dijeron los señores senadores Heber y Carámbula, aunque con matices, obviamente–, todos tenemos que coincidir en el sentido de que hay que avanzar y profundizar ese proceso para optimizar las soluciones desde lo local y gastar mejor.

Ahora bien; un municipio, ¿no puede hacer una licitación? ¿No puede hacer nada? Vamos a no hacernos trampas al solitario. ¿No tienen equipos contables? ¿No tienen recursos económicos suficientes como para hacerlo? Estoy seguro de que si se administrara desde lo local habría control y optimización en el gasto. ¡Sin ninguna duda! Está demostrado –y lo pueden decir los señores senadores Carámbula, Besozzi o la señora senadora Ayala– que muchas veces el intendente, desde la capital, administra hacia lo local peor que aquellos que están en la propia localidad. Esto es indiscutible.

Hay que avanzar en la ley de descentralización, que requiere ajustes y convenios con ASSE, con el Ministerio de Salud Pública, con la Agencia Nacional de Vivienda, con el Mides y con la Corporación Nacional para el Desarrollo. También hay que avanzar en el traspaso de competencias en lo que atañe a las reformas edilicias de escuelas y liceos; estoy convencido de que se gastaría mejor y se optimizaran los recursos. También se mejoraría aquello que muchas veces se licita centralmente desde Montevideo para un monopolio de empresas que son las buscadoras de ese tipo de obras; en estos casos históricamente la comunidad termina pagando más. Conozco ejemplos increíbles de casetas de resguardo del medidor de agua o de energía eléctrica, con costos de algunos miles de dólares, aunque se trata de construcciones que llevan 300 ladrillos, una bolsa de pórtland y media carretilla de arena. Eso sucede en todo el país. Hay que impulsar reformas que apunten a la eficiencia del gasto y a la eficacia de la gestión.

Si les pedimos a los Gobiernos locales que asuman ciertas competencias debemos trasladarles los recursos; eso es así.

¿Es razonable la disparidad de tasas de aportes patronales públicos, con empresas públicas que tienen el 7,5 % de aporte, con Gobiernos departamentales que aportan el 16,5 % y con un Gobierno central que aporta el 19,5 %? ¡No es lógico!

El Fondo de Desarrollo del Interior, así como los demás recursos destinados a Gobiernos departamentales, no deben ser objeto de tutela por parte del Poder Ejecutivo y en especial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hoy lo son, pero antes de la ley también lo eran; en Gobiernos de otros partidos también lo eran, y entonces veíamos el peregrinar de los intendentes, que paseaban semanalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, por la OPP o por otros ministerios para reclamar la participación en determinados programas. Si las autonomías son tuteladas no son autonomías. Hay autonomía o hay tutelaje, y si hay tutelaje no hay desarrollo local ni descentralización. Es una farsa, es una enfermedad que me parece que tenemos que corregir.

Hay muchos ejemplos de esa realidad. El hecho de que las intendencias dispongan de recursos propios es una facultad constitucional, un deber político, pero tampoco se cumple. No se trata de que repliquemos nuevamente las visiones –como dije al principio– dicotómicas de Montevideo e interior, porque los problemas son transversales. El 34 % de nuestros compatriotas tienen una necesidad básica insatisfecha, ya sea de vivienda, saneamiento o educación: en Montevideo es el 27 %, en Artigas el 54 %, en Salto el 49 %, en Rivera el 45 %, en Carrasco el 4 % y en Casavalle el 60 %. Entonces, tenemos problemas que no atinamos a resolver y después se generan luchas como las que señaló el señor senador Heber: Young-Río Negro, Paysandú-Termas de Almirón. Tengo una discrepancia: el corralón más grande del departamento de Río Negro no es Young sino Fray Bentos, y las limitaciones que se le han impuesto a la alcaldesa de Young no me parecen correctas; son innecesarias, incorrectas, arbitrarias y limitantes de una autoridad que ha sido electa por la soberanía popular. Esto es así y la propia comunidad local lo reconoce. El señor intendente de Río Negro no necesita acudir a esa forma de gestionar el Gobierno departamental. Otro tanto sucede en Paysandú. Históricamente las Termas de Almirón estuvieron administradas por lo que antes era la Junta Local de Guichón, porque está a 3 kilómetros, porque los funcionarios viven allí y es necesario que la comunidad local gerencie e impulse respuestas a un centro turístico de vital desarrollo para esa parte del departamento, alejada y postergada en cuanto a las ofertas laborales. Me parece que esos problemas no debieron darse.

También creo –para decir toda la verdad– que seguramente hay problemas en todos los Gobiernos departamentales del país. No me voy a hacer trampas al solitario: a veces hay intendentes de un partido con alcaldes de su mismo partido, pero se plantean enormes diferencias y trancazos –esto sucede incluso en administraciones de nuestro Partido Nacional, y hay ejemplos de ello– porque eso forma parte de la condición humana, de la condición política, de las dificultades de relacionamiento, que suponen complejidades de todo tipo y de toda naturaleza. Habrá que corregirlas para que ese avance no sea un proceso rengo, de una autonomía tutelada, de una descentralización coja, de una ausencia de traspaso de recursos económicos sin los cuales es imposible llevar adelante un proceso de descentralización en el país. Creo, señora presidenta, que si se corrige esto el Uruguay avanzaría una enormidad. ¡Una enormidad! Consideremos la estructura poblacional productiva que tiene el departamento de Canelones y la distribución poblacional productiva que tiene, por ejemplo, el departamento de Colonia. Si esos dos departamentos, gerenciando lo departamental con lo nacional, pudieran dar respuestas a su gente, a su dinámica, a sus necesidades, podrían ser ejemplo de cómo transformar el Uruguay. Y no hablo de administraciones de un partido o de otro. No; estoy hablando de realidades departamentales y locales. Si allí convergieran políticas nacionales y departamentales, tendrían un desarrollo explosivo que podría causar un efecto imitativo en el resto del país, de una trascendencia singular, ahorrando problemas al Gobierno nacional. Si se pudiera gerenciar de mejor manera y evitar la superposición del Estado central con el Gobierno departamental o con las propias alcaldías –donde se generan choques humanos que hay que resolver desde la propia comunidad local– se ahorrarían muchos problemas al Gobierno nacional.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Podemos mencionar la situación de Dolores, a la que seguramente se referirá el señor senador Besozzi.

Estoy convencido de que el país tiene una enfermedad no curada de centralismo, que ha atravesado ciento ochenta años de vida institucional del Uruguay. Todos los partidos ya hemos hablado de ella, pero no se han logrado avances porque uno recorre el país y los problemas que existían, en muchos casos, hace treinta años, son los mismos que lamentablemente siguen subsistiendo ahora. Entonces, tenemos cercanías de papel porque después las burocracias del Estado central se encargan de generar postergaciones, inequidades e injusticias de mayor tamaño.

Culmino mi intervención, señora presidenta –porque se me agotó el tiempo–, diciendo que esta no es una discusión que pueda terminarse acá. Si el país quiere avanzar realmente en un proceso de descentralización, tiene que haber un gran pacto nacional; pacto en el sentido de acuerdo nacional para generar desarrollo, para descentralizar integrando y para poder vencer el circuito de injusticias en la igualdad de oportunidades que hoy se da en buena parte del territorio nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: me parece que este es un tema importante y felicito al señor senador Heber por la iniciativa. Creo que tenemos que hablar de estos asuntos en el Parlamento.

Quiero señalar que de las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora hay una cantidad de puntos en los que estamos de acuerdo. Coincido con unas cuantas cosas que dijeron los señores senadores Heber, Carámbula y Larrañaga. Y concuerdo con lo que dijo el señor senador Heber en cuanto a que el tema principal, el que nos muestra lo que pretendía la Ley n.° 19272, está en el numeral 3 de su artículo 3.º que, con respecto a los principios cardina

les del sistema de descentralización local, dispone: «La gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia los municipios en el marco del proceso de descentralización». Este es el centro del tema y tenemos que ver cómo va funcionando.

Como dijo el señor senador Larrañaga, esto implica transferencia de poder: dar más atribuciones al municipio significa que el Gobierno departamental tenga menos atribuciones. No es fácil y uno entiende que no lo sea. Uno comprende que los Gobiernos departamentales pretendan mantener esa cuota de poder sin transferirla a los municipios. ¿Por qué es importante que la tengan los municipios? ¿Por qué es importante que se haga esa transferencia? Porque, obviamente, el alcalde y los concejales, de todos los actores políticos electivos, son los que están más cerca de su gente. En esas localidades de dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil habitantes, todos ellos –todos– conocen al alcalde y a los concejales, y en algunos casos se cruzan con ellos todos los días, e incluso les pueden plantear sus preocupaciones y decirles qué pasa, qué bombita no anda, dónde se inunda, qué problema hay con el pozo de esta calle y por qué hay basura allá y no hay acá. Eso es lo que se llama un Gobierno de cercanía y por esa razón nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esto funcione. Estoy seguro de que aquí, en la Cámara de Senadores, coincidimos en este aspecto; lo ha dicho con claridad el señor senador Carámbula, y lo comparto.

Me parece que tenemos que trabajar en esto y creo que la ley tiene bastante para mejorar. Hay algunos ajustes
–viendo que no funciona del todo bien– en los que tenemos que trabajar. Es bastante evidente que no funciona del todo bien; es claro. Cuando uno recorre el país, cuando uno habla con concejales y con alcaldes, escucha quejas.

Quisiera hacer una aclaración porque esto también tiene que ver con las personas.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Enseguida se la concedo, señor senador.

Sin duda, cada intendente le pondrá la impronta personal. Quiero señalar –lo había anunciado con entusiasmo el señor senador Bordaberry y yo deseo reiterarlo– que cuando el señor senador Carámbula fue intendente de Canelones, tuvo la mejor relación con los alcaldes del Partido Colorado. Los alcaldes de nuestro partido, que trabajaron con muchísimo entusiasmo, me lo dicen. Reitero, estos alcaldes de localidades chicas, enormemente trabajadores, que hicieron las cosas bien, nos dicen que no han tenido problemas y que se llevaron bien con un Gobierno de un partido distinto al de ellos. Esas cosas suceden.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Los señores senadores Pintado y Heber me solicitan una interrupción, que con gusto concedo por su orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Gracias, señora presidenta.

El señor senador Larrañaga señalaba que la descentralización es compleja a todos los niveles, no solo en lo que refiere a la mirada capital-interior; hay una centralidad tremenda a nivel de los departamentos, y también de los municipios.

Voy a contar una experiencia, señora presidenta. Nosotros, que detectamos que no hay descentralización sin recursos, cuando estuvimos al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas inventamos un programa, llamado Plan Realizar, que fue muy exitoso. Y nos costó mucho que los alcaldes y los concejales entendieran que los recursos implicaban la combinación de tres actores: el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel local. ¿Pero saben qué es lo que les costaba? Someter a la consideración de los ciudadanos – todos esos que conocen al alcalde– la votación de las propuestas. Hablo de un programa en el que votaron más de 120.000 personas, donde las propuestas se plantearon y se votaron por Internet.

Reitero que nos costó muchísimo porque los concejales se manifestaban con expresiones como las siguientes: «Ah, nosotros, que interpretamos la voluntad de los vecinos, creemos que las obras que hay que hacer son estas y no hay que pedir opinión a la gente». El resultado, en la mayoría de los casos, fue que la opinión de los vecinos difería de la del alcalde y los concejos vecinales. En definitiva, las obras que se hicieron fueron distintas a las que ellos, en sus cabildos y reuniones, habían aprobado.

El conflicto entre los intendentes y los alcaldes, de todos los pelos y del mismo pelo, cunde por todos los departamentos, aunque también la colaboración. No en balde tuvimos la fortuna de que el primer proyecto llevado a la práctica –votado por los ciudadanos– fuera en Casupá, donde el alcalde era colorado, el intendente blanco y el ministro frenteamplista. Esa fue una gran demostración de cooperación entre el intendente de Florida, el alcalde de Casupá y el Gobierno nacional para llevar adelante una obra, que fue posible porque se entendió que el principal valor a preservar era la opinión de la ciudadanía y no la utilización de los recursos como un botín para generar nuevas adhesiones electorales. ¡Por eso se generan los líos! Treinta y Tres y Vergara constituyeron un problemón; el alcalde era del mismo partido. Trinidad e Ismael Cortinas: otro problemón, porque eran de facciones distintas. Eso es comprensible. Unos se quejaban de que los otros les trancaban las cosas; y hubo que destrabar esa situación, en la que todos tenían su razón.

En definitiva, pienso que estamos dando buenos pasos. ¿Que hay cosas por hacer? Sí, falta; pero no quisiera que quedara la sensación de que todo es una porquería o de que nada sirve, porque, de lo contrario, la conclusión sería que se debe volver al Estado anterior, que nos daba menos problemas o los mismos problemas pero sin tanta trabazón burocrática.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Heber.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: me parece que estamos confundiendo algunos términos; parecería que en mi intervención no fui claro. Todos sabemos que existen inconvenientes entre cada Gobierno departamental y los Gobiernos municipales, como también los hay entre el Gobierno nacional y los Gobiernos departamentales, por lo que manifestaba el senador Larrañaga: la transferencia de poder cuesta y, en los hechos, existe una lucha, una tensión.

Pero no es a eso que me estoy refiriendo, sino a un tema mucho más grave. Algún senador del Frente Amplio podría decir que el senador Heber viene a atacar a los intendentes frentistas. No, señor. No dije nada contra el intendente Orsi, quien me parece que ha actuado en forma impecable con relación a los municipios. No me había dado el tiempo para decirlo, pero lo quiero destacar: el intendente Orsi en esta materia ha actuado en forma impecable. Aplaudo, reconozco y pondero su voluntad de descentralización. No es un tema partidario. No dije nada contra el intendente Pereyra del departamento de Rocha, ni contra Martínez de Montevideo, como tampoco lo hice contra Lima, quien tiene conflictos de otra índole, pero que no ha tenido una actitud de descentralización. Me he referido a dos intendentes: al de Río Negro, señor Terzaghi, y al de Paysandú, señor Caraballo.

¿Por qué me he referido a ellos? Porque no es un problema de poder. El señor Terzaghi ha dicho que los alcaldes y los municipios tienen que someterse a la jerarquía del intendente. Eso va mucho más allá de un tema de tensión por el poder. No es cierto que se reúna con la alcaldesa. Es más, cuando en el hospital de Young –que es un lujo y un ejemplo– se inauguró una sala, la alcaldesa, la doctora Mercedes Long, se emocionó cuando se le reconoció su labor como médica. En esa instancia el señor Terzaghi dijo, tomándole el pelo: «¿Vieron? Cuando la ven a Mercedes que sale de mi despacho llorando, no es que yo la trato mal, es que se emociona». Esa es la situación de enfrentamiento que tenemos en Río Negro, donde solo le compete el cementerio y él se reúne con los directores, sin reconocer a las autoridades electas por Young. ¡No es un ataque al Frente Amplio, sino a esta actitud! ¡Si mañana hubiera una actitud similar de un intendente blanco, me daría vergüenza! ¡Tendría que ser llamado para que se le plantee que no puede dar lugar a una situación de ese tipo! ¡Nosotros estamos embarcados y jugados a la descentralización! ¡No puede tener una actitud así!

¡El intendente Caraballo no puede sacar potestades a un municipio! ¿Qué se cree? ¿Piensa que puede hacer lo que quiera, violando la ley? No es un tema de tensión, de poder, de trabajo y de que las personas no se entiendan, va mucho más allá de lo que estoy mencionando.

Reitero: no cuestiono al Frente Amplio, sino la actitud de dos intendentes –que no coincide con la que el Frente Amplio proclama– que desconocen la representatividad que tienen los municipios, a pesar de que es el resultado de una elección democrática. Me referí a eso y no a los intendentes del Frente Amplio. Que nadie se equivoque, porque he ponderado y pondero a muchos intendentes que han tenido una actitud descentralizadora, como Martínez, Orsi y Pereyra. No tengo mucha información, pero tampoco tengo quejas del intendente Lima, de Salto. O sea, si tengo que ponderar y aplaudir, lo hago; y aplaudo la actitud de estos intendentes, pero descalifico las acciones de los intendentes de Río Negro y Paysandú porque son, notoriamente, condenables.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Hay un tema central en el que todos estamos de acuerdo: la descentralización es positiva y hay algunas dificultades porque, en definitiva, ello implica desprenderse del poder. Por tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar para que la descentralización funcione de la mejor manera posible. Es evidente que en los municipios se van a administrar mucho mejor los recursos del municipio, que si se lo hace desde otro lado, porque hay un control directo de la ciudadanía, por lo que seguramente todo va a funcionar mucho mejor.

Si es necesario –en eso el Senado tiene responsabilidad– modificar algunos artículos o la ley para asegurar que esto efectivamente se cumpla, lo debemos hacer porque es bastante claro que no se está cumpliendo. Hubo algunos casos que se han hecho explícitos –el senador Heber ya los mencionó–, como el ocurrido con el intendente Terzaghi, que no es oriundo de Young. Le aviso al senador Carámbula, para que en el próximo discurso no diga que el intendente Terzaghi es oriundo de Young, sino que es de Paysandú, es sanducero.

SEÑOR CARÁMBULA.- Tiene razón.

SEÑOR AMORÍN.- Gracias.

Y también puedo mencionar lo ocurrido en Guichón porque allí estuve presente. Creo que la actitud del intendente de Paysandú fue un grave error. Sacó del manejo del Municipio de Guichón el orgullo de esa localidad, que son las Termas de Almirón. Estuve allí, estuve en el municipio, estuve con la alcaldesa, estuve con los concejales de todos los partidos y hablé con la gente. Hubo un rechazo fenomenal a la actitud intervencionista del intendente, un rechazo gigante.

Como dije antes, fue un error grave.

Además, hubo hechos disparatados. Los funcionarios iban todos los días de Paysandú a Guichón, es decir, hacían 90 kilómetros por la ruta 90, que es como hacer 400 kilómetros por una ruta en buen estado. Mi amigo, el señor senador Pintado, sabe que la ruta 90 es un desastre, pero todos los días los funcionarios iban y venían de la Intendencia de Paysandú a Guichón. Es como si la señora senadora Ayala, cuando era intendenta, hubiera tenido que mandar funcionarios por la ruta 30 todos los días, ida y vuelta, a Bella Unión. Tendrían que volver tres días después porque se demora horas en llegar debido al estado de las rutas. Creo que fue un disparate.

El señor senador Carámbula dice –no tengo dudas de que es así– que tiene ejemplos de intendencias de otros partidos. Es obvio que no son dos intendentes los que se han equivocado, seguramente sean muchos más. Por eso, lo que tenemos que hacer, mediante la ley, es tratar de que estas cosas no puedan ocurrir; es intentar que este traslado de poder desde lo departamental a los municipios efectivamente ocurra, si es que entendemos que está bien. Considero que está bien, que los municipios tienen que funcionar así y no ser presionados por el intendente de turno.

Llegados a este punto, se agrega otro tema, relacionado con lo electoral y con la libertad: la posibilidad del voto cruzado entre los candidatos a intendentes y los candidatos a concejales. Ese es un pedido eterno, que va contra la descentralización.

Antes de 1996, como se elegían todas las autoridades el mismo día, cuando uno votaba al candidato a presidente de un partido político tenía que votar un intendente del mismo partido político porque, de lo contrario, el voto se anulaba. La gente se quejaba y se preguntaba por qué no se podía votar a un intendente de un partido y a un presidente de otro. Todos entendimos que era lógico, que era justo que esto se pudiera hacer, nos pareció sensato. Fue así que se modificó la Constitución. Algunos votamos, otros no, pero hoy, ya modificada, estamos todos de acuerdo en que eso le da libertad al elector.

Entonces, ¿por qué no se puede hacer lo mismo entre la intendencia y los municipios? Es lo mismo. Se hace el mismo día; es más, creo que es peor por lo que decíamos hace un rato: porque en los pueblos, a los candidatos a concejales los conoce todo el mundo. Es decir que no pueden votar al buen vecino, al que se preocupa por los temas de la gente, porque no es del partido político del candidato a intendente que quieren votar. ¿Es eso sensato? ¿Es lógico?

El alcalde de Casupá, que hizo aquella obra tan buena con el intendente y con el entonces ministro Pintado, fue candidato por el Partido Colorado, y en la elección pasada nos dijo que si volvía a ser alcalde tenía que cambiar porque, si no, el intendente no le daba recursos. La gente lo hubiera elegido a él en el partido, pero el intendente le dijo: «Es una decisión que tendrás que tomar vos». Por lo tanto, como no hay voto cruzado, él hoy es colorado candidato elegido por el Partido Nacional. Hay otros ejemplos de candidatos –el de Río Branco, el de Tarariras– que tienen que cambiar de partido para poder ser electos. ¿Es lógico? ¿Estamos fortaleciendo los partidos? No, los estamos debilitando. Y estamos debilitando la libertad del elector.

El elector tiene que tener derecho a elegir al mejor vecino para que sea su alcalde porque lo conoce, porque lo ve todos los días. Pero si él se siente de un partido y quiere votar al intendente de ese partido, hoy no puede votar a su amigo, el vecino, que sería el que administraría mejor la localidad. Ese es otro tema central, con respecto al cual tenemos que actuar. Lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer –como lo ha hecho– la Corte Electoral, pero me parece que tenemos que trabajar desde acá por la descentralización, que tiene varias patas. Una de ellas es la que mencionaba el señor senador Heber –y que comparto absolutamente–, al igual que el señor senador Carámbula: tenemos que transferir poder desde los Gobiernos departamentales a los municipios porque allí está el control directo. También tenemos que mejorar una cantidad de cosas, como por ejemplo el funcionamiento de ese órgano colectivo que es el municipio, que tiene un alcalde y tiene concejales. Y tenemos que dar el voto cruzado. Hay que dar libertad al elector porque esto también le va a dar más poder a las alcaldías, en la medida en que la gente va a poder votar a quien realmente quiere y no al que quiera, siempre y cuando sea candidato del mismo partido del intendente al que quiere votar.

Es cuanto quería decir. Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: la verdad es que tenía una gran expectativa sobre este debate, porque creo que es un tema importante. Debatir el proceso de descentralización en el Uruguay tiene que ver con la calidad de la democracia; por lo tanto, teníamos y tenemos la oportunidad de evaluar este proceso y, sobre todo, de definir hacia el futuro cuáles son los desafíos que seguimos teniendo para avanzar.

Pero es muy complicado hacerlo si caemos en el anecdotario. De esa forma, difícilmente podamos avanzar en un debate profundo sobre el tema de la descentralización, que es lo que se merecen los uruguayos y, sobre todo, los que no viven en la capital. Ellos se merecen que este Senado discuta el tema de la descentralización porque tiene que ver con el modelo de desarrollo del país. Pero, entonces uno se ve tentado a discutir la anécdota. Hay una enorme cantidad de anécdotas como las que aquí se han señalado con respecto a la relación entre intendentes y alcaldes, en estos mismos departamentos que se han mencionado.

En Pueblo Porvenir, departamento de Paysandú, el alcalde iba asfaltando una calle, haciendo cordón cuneta y poniendo iluminación, hasta que se topó con una bandera del Frente Amplio. Allí interrumpió los trabajos. La calle quedó asfaltada hasta la mitad. Se puede ir a ver; es una realidad. Puso bancos en la calle y los frenteamplistas no se pueden sentar. No he tenido tiempo, pero voy a ir y me voy a sentar a ver si el alcalde de Porvenir me saca. Además, le sacó las horas extras a todos los que tienen filiación frenteamplista. Esa es una realidad, como tantas. ¿Esto inhabilita el proceso de descentralización? No, porque entonces lo que deberíamos concluir es que no deberíamos descentralizar más.

Tenemos inconvenientes, algunos son de diseño y otros son factores humanos que no los vamos a resolver en este recinto. No vamos a hacer leyes para personas que no tienen el más mínimo equilibrio para saber que, más allá de que son electos por un partido, desde el momento en que ocupan un cargo de alcalde o de concejal, representan al conjunto del pueblo, de la localidad. No vamos a resolver esos problemas acá, señora presidenta.

Por primera vez el Uruguay tiene una política pública en materia de descentralización y estamos discutiendo este asunto con relación a los temas que hay que debatir. Esa es una novedad en el Uruguay, porque siempre los uruguayos se mataron entre sí discutiendo por el poder. Esa es la historia del debate sobre la descentralización en el país: la jefatura política. Se mataron miles de uruguayos, en una innumerable cantidad de batallas, disputándose el poder. ¡Hoy nosotros no estamos discutiendo el poder! Cuando planteamos discutir la descentralización, proponemos debatir otra cosa. ¿Qué otra cosa estamos proponiendo discutir? El desarrollo. El Uruguay nunca va a ser un país desarrollado si no resuelve sus inequidades territoriales. ¡Nunca va a ser un país desarrollado si el Uruguay no resuelve sus inequidades territoriales! Por eso este es un debate relevante para el país: tiene que ver con la reforma del Estado, tiene que ver con la calidad de la democracia que queremos construir hacia adelante. Por eso es relevante discutir el proceso de descentralización en el Uruguay.

Reafirmamos que hoy, como nunca –¡como nunca!–, hay una política pública coherente e integral, que se viene desplegando en el Uruguay en materia de descentralización.

¿Cuál es el componente de esa política pública? El desarrollo territorial. Empezamos a discutir en el país la necesidad de resolver inequidades que también tienen expresión territorial. Esto tiene que ver con la forma en que se construyeron los Estados nacionales en este continente: los desequilibrios territoriales, la concentración en las capitales y en las áreas metropolitanas, que generalmente están asociadas a los puertos, tienen que ver con la configuración de nuestros Estados nacionales, con nuestra historia! El tema es cómo revertimos esas inequidades con políticas públicas.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Cuando termine, con mucho gusto.

En cuanto a la descentralización política, se empiezan a desplegar un conjunto de iniciativas que la profundizan; una de ellas es, claramente, la conformación del tercer nivel de gobierno.

Otro tema, que se relaciona fundamentalmente con el futuro del proceso de descentralización –que voy a tratar más adelante–, es el de la regionalización en el Uruguay. La discusión de la regionalización en el Uruguay es una materia pendiente y relevante hacia el futuro.

¿Cuáles han sido algunas de las líneas de acción que se han desplegado para profundizar el proceso de descentralización en el Uruguay? La elaboración de las directrices nacionales de ordenamiento territorial, por parte de la Dinot y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, apuntan claramente a este proceso de descentralización. Ha habido un avance relevante en materia de elaboración y aprobación de estrategias regionales, fundamentalmente para la región este y para el área metropolitana. El país ha ido avanzando en la elaboración de directrices de ordenamiento territorial y en estrategias regionales de desarrollo.

Se creó un conjunto de nuevas instituciones con vocación descentralizadora. El Mides es una; desde su creación, nace con una clara vocación descentralizadora. También los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Educación y Cultura y de Salud Pública han tenido avances sustanciales en materia de descentralización. ¡La llegada de las políticas públicas nacionales al territorio es un componente central de esta discusión!

Se han dado pasos muy importantes en la descentralización de la educación. La universidad ha dado pasos relevantes en materia de descentralización, porque sin conocimiento instalado en los territorios tampoco es viable este proceso pues hay un tema de capacidades locales. Si no se fortalecen las capacidades locales es muy difícil que este proceso avance realmente y, por lo tanto, la descentralización de la educación es relevante.

La creación de la UTEC fue otra innovación fundamental de esta etapa, que va en esa dirección.

Como decía, se han dado pasos muy relevantes en materia de descentralización en estos últimos años porque nos hemos puesto a discutir estas cosas. Ha habido innovación institucional y debates sobre estos temas; se han aprobado un conjunto de leyes que han favorecido este proceso, sin duda inconcluso, y un conjunto de cosas todavía pendientes sobre las cuales hay que hacer evaluaciones y, probablemente, mejorar hacia el futuro, pero es claro que ha habido avances sustanciales.

¡Ha habido avances sustanciales en materia de recursos! Uno no puede decir que el Uruguay está igual que hace treinta años en este sentido. ¡No lo está!

Si hablamos solo de los recursos –el señor senador Carámbula hizo un abordaje integral de estos temas y trató varios puntos relacionados– veremos que su distribución ha ido avanzando, privilegiando la descentralización. Antes el Gobierno central gestionaba un 75 % del Fondo de Desarrollo del Interior, mientras que hoy gestiona un
66 %, pues a partir de 2011 transfiere mayores potestades a los Gobiernos departamentales en la administración de dicho fondo. ¡Ese es un cambio muy importante!

En materia de recursos que se destinan –no se trata de que el Estado le haya ido sacando recursos a los Gobiernos departamentales y que por eso hoy reciben mayores transferencias del Gobierno central–, ha habido un aumento de las transferencias del Gobierno central a los Gobiernos departamentales con el objetivo de ir resolviendo gradualmente estas inequidades territoriales. Ese ha sido el objetivo que respalda la definición política de transferir mayor cantidad de recursos a los Gobiernos departamentales. En el año 2004 las transferencias anuales estaban en el orden de los USD 200:000.000; ¡en 2014 eran de casi USD 500:000.000! ¡Subió un 137 %! ¡137 % de 2004 a 2014! El aumento del PIB en ese mismo período fue del
64 % y el aumento de las transferencias del Gobierno central hacia los Gobiernos departamentales fue del 137 %. Esto obedece a una decisión política de profundizar el proceso de descentralización en el Uruguay.

Se desplegó otro conjunto de instrumentos en este sentido. En el año 2000 las transferencias tenían un peso –como decía el señor senador Larrañaga– en torno al 22 % en los presupuestos departamentales. Hoy probablemente se ubiquen en el 38 % porque ha habido una decisión política de transferir mayor cantidad de recursos a los Gobiernos departamentales.

Hubo otro conjunto de políticas: el impuesto al patrimonio –pensado para fortalecer la caminería rural en el interior–; las políticas de alumbrado y el subsidio para los Gobiernos departamentales, que fueron de un 10 % en 2007. En 2014 se llegó al 50 % de subsidio del Gobierno nacional a los Gobiernos departamentales en materia de alumbrado buscando, a su vez, la optimización de esos recursos y el cambio hacia sistemas mucho más eficientes y ecológicos. Esta ha sido una política pública que se ha desplegado en el Uruguay y que representa mucho dinero. En el mismo sentido, se pueden mencionar las políticas de electrificación rural.

Hubo avances fundamentales en la articulación entre el Gobierno nacional y los Gobiernos departamentales, no solo rejerarquizando el rol que ha cumplido el Congreso de Intendentes. ¡¿Cuántas veces los presidentes de la república han ido al Congreso de Intendentes para discutir temas nacionales, políticas públicas o cómo podemos ser más eficientes desde el Estado y cómo esas políticas públicas pueden llegar de manera más eficiente a los territorios?! ¡Como nunca antes, los presidentes han ido a las reuniones del Congreso de Intendentes para discutir con los Gobiernos departamentales cómo lograr una mejor articulación entre responsabilidades que son del Gobierno central y responsabilidades que son del Gobierno departamental! ¡Aquí, en el Senado, hay senadores que fueron intendentes! ¿Cuántas veces se han reunido con el presidente de la república en el período pasado, en el anterior y en este mismo? ¡El presidente de la república fue el otro día al plenario de los municipios, se reunió con todos los alcaldes y con todos los concejales! ¡Vaya si hay jerarquización! ¡Vaya si hay una prioridad en el Gobierno nacional en estos temas! Hay un compromiso concreto.

¡El rol que ha cumplido la sectorial de descentralización! En los últimos años ha discutido prácticamente sobre todos los temas. Por primera vez los Gobiernos departamentales tienen la información sobre cuáles van a ser los planes de inversión de cada uno de los ministerios que tienen llegada a su territorio, a su departamento. Por primera vez –¡por primera vez!– todos los intendentes del país tienen un informe de cuáles van a ser los planes de desarrollo que cada ministerio va a desplegar en el quinquenio.

Con relación al Fondo de Desarrollo del Interior hay que recordar que el 66 % es administrado por el Gobierno central y que solo el 33 % es gestionado por los Gobiernos departamentales.

Por lo tanto, es relevante para los Gobiernos departamentales saber cuánto, y en qué tipo de proyecto, va a invertir cada ministerio en su departamento, porque eso permite la articulación y la complementación. En esto se ha avanzado en los últimos años en el país. Estos son avances relevantes –¡relevantes!– porque modifican la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, que han estado históricamente postergados en este país. ¡Eso es lo relevante de este debate y no si un alcalde tiene más poder, si es de un partido, si votamos cruzado, si me vota a mí o al señor senador Heber! Lo importante de este debate es que los ciudadanos que han estado históricamente postergados en varios puntos del territorio nacional, tengan los mismos derechos que un ciudadano que vive en la capital o en el área metropolitana. Ese debería ser nuestro desvelo en este debate: ¿cómo seguimos avanzando en esa dirección?

Yo creo que el Uruguay ha dado pasos relevantes; sin duda, todavía tenemos cosas para evaluar y mejorar. El tercer nivel de gobierno, su funcionamiento, su articulación con el resto de los niveles de gobierno son temas complejos que tenemos que evaluar, que probablemente exijan innovación legislativa; en algunos casos, exigen modificación de la Constitución. No vamos a resolver la consolidación futura, estructural, del tercer nivel de gobierno del Uruguay si no modificamos la Constitución. Inclusive, eso implica repensar el funcionamiento de las juntas departamentales, pero hacia el futuro implica incorporar otras dimensiones en este debate porque de la mano del proceso de descentralización también aparecen muchos problemas y nosotros, como Estado, como actores políticos, nos tenemos que prevenir de los problemas que los procesos de descentralización traen aparejados. Yo no creo que el Uruguay pueda ser un Estado federal, y eso quiero dejarlo bien claro. Creo que el Uruguay no tendría posibilidades de desarrollo si fuera un Estado federal. No hay posibilidad cierta, no tenemos masa crítica para ser un Estado federal. Un Estado federal puede ser Estados Unidos; un estado federal puede ser Brasil, pero no el Uruguay.

¿Y cuáles son los problemas que vienen asociados a los procesos de descentralización? Este es un problema muy actual de la realidad de la política.

SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Cuando termine mi exposición, con mucho gusto se la concedo.

Me refiero a los fenómenos de corrupción, relacionados con la debilidad institucional que muchas veces los procesos de descentralización provocan. Y esto en algún momento vamos a tener que empezar a discutirlo. Ese tema tiene que ver con otras discusiones que estamos dando con relación al financiamiento de los partidos políticos. El otro día escuchábamos, en un seminario en el que participamos varios senadores –en el que había gente de México, de Chile, de Brasil y de otros países–, que se hablaba de la innovación legislativa para garantizar un funcionamiento transparente de los sistemas políticos y partidarios. México, que fue uno de los expositores, puso de manifiesto que tiene una enorme innovación legislativa en materia de financiamiento de los partidos políticos, pero que es extremadamente ineficiente. Uno ve la realidad de México y a veces piensa que se trata de un Estado fallido. ¿Dónde se colaron los problemas de corrupción, de narcotráfico y de lavado de activos al Estado federal mexicano? En sus Estados, en ese proceso de descentralización donde esas organizaciones empiezan a aprovechar la debilidad institucional para corromper los sistemas políticos. Eso está pasando en Perú, en Colombia, en Chile y este es un debate actual. ¿Eso inhabilita el proceso de descentralización? ¿Eso hace que revisemos la decisión política de descentralizar? No; pero sí nos alerta en cuanto a que se nos pueden empezar a colar algunas realidades que necesariamente tenemos que prevenir porque, de la mano de este proceso de descentralización que hay que seguir profundizando, probablemente también sea necesario descentralizar y jerarquizar los organismos de contralor del Estado, que tienen una vocación excesivamente centralista y que no tienen en su agenda estos temas vinculados a los procesos de descentralización.

Otro tema que hay que incorporar –porque este también es un debate que se está dando– es el de la mancomunidad de ciudades. Es imposible que, en ciertas partes del territorio nacional, algunas de estas localidades logren viabilizar un proyecto de desarrollo si no se asocian con otras. Y lo mismo les pasa a algunos departamentos del país –esto ya lo hemos discutido con los intendentes, varias veces–, pues solamente van a poder tener un horizonte de desarrollo si se avanza para articular ciertas políticas públicas en un proceso de regionalización.

Por lo tanto, como tareas hacia el futuro, para seguir mejorando este proceso y estar comprometidos con este proceso de descentralización, creo que tenemos que discutir estas cosas: el tema de la mancomunidad de ciudades y la regionalización, como una de las tareas fundamentales para realmente, en algún momento, tener un proyecto de desarrollo que incluya a todos los uruguayos, sin importar donde vivan. Creo que ese es el principal desafío que tenemos como sistema político.

Me han pedido interrupciones, en primer lugar, el señor senador Heber y, en segundo término, la señora senadora Aviaga, que concedo con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias.

Señora presidenta: cuando se dan estos debates es muy interesante ver los enfoques distintos que tenemos para abordar el tema. A la izquierda le encanta discutir, y eso es bueno, pero discute situaciones que siempre agrandan el problema, de modo tal que no hay una precisión en el abordaje de lo que se está planteando. Es interesante verlo porque tenemos enfoques distintos. Yo escucho con mucha atención y respeto porque tengo mucha consideración por los análisis que hace el señor senador Otheguy, pero el pensamiento de izquierda genera ese problema. Tenemos que estudiar el tema del desarrollo, ver el proceso de regionalización y la historia de cómo se descentralizó el país.

Lo que yo quiero es que en la ley digamos al alcalde dónde va a poder actuar. Quizás es un exceso de precisión de mi parte, pero empecemos por decir al alcalde cuál es la jurisdicción en la que va a actuar y qué plata tiene. ¡No empecemos con porcentajes y cuestiones porque son engañosos! No es lo mismo un alcalde en Montevideo, que tiene 150.000 personas, que el del Municipio de Arbolito. ¡No es lo mismo! ¿Lo vamos a resolver o no? Ahora bien, si para eso tenemos que estudiar el proceso histórico del país respecto a cómo se centralizó, el tema de la descentralización en materia de educación, de salud, etcétera… ¡no! –lo digo con mucho respeto–; yo quiero ir al tema concreto. ¿Hay voluntad de estudiar y de trabajar para establecer concretamente dónde actúa un alcalde y qué plata tiene? Porque a ese alcalde –no importa de qué partido político sea– le golpean la puerta y le dicen: «Che, se rompió la luz de la esquina», y la respuesta es: «No, esperá que voy a hablar para ver si compete al alcalde, porque lo que tengo como cometido es el cementerio. Si vos me decís que se rompió la luz del cementerio, ahí sí, porque tengo competencia; pero si me decís que es la luz de la calle, entonces no». Lo que quiero es «aterrizar» los temas porque se los empieza a agrandar con mucha consideración, sobre todo intelectual –lo que me encanta–, pero tengo que recordar que aquí vengo a plantear el tema concreto. Si se volcó un recipiente de residuos y está toda la basura tirada en la calle, ¿puede actuar el alcalde? No, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene la tarea de recolección de basura, según algunos intendentes. Algunos sí dan participación, como sucede aquí en Montevideo con el tema del barrido, pero en otras intendencias –como las que ya he mencionado– eso no sucede, y el alcalde tiene que hablar con el director general que se encarga de los residuos en la capital para poder resolver ese tema. En un gobierno de cercanías no se trata solamente de dar participación –parece que la izquierda le pone especial énfasis a esto–, sino también de dar respuestas porque, de lo contrario, nos pasa como en muchos lugares, en los que hemos descentralizado pero la gente se cansa, se agota, porque ve que ahí no hay respuestas, y ¡la gente las precisa!

Lo que quiero decir en esta interrupción es que coincido con esos análisis, pero pienso que hoy tenemos que ver si hay voluntad política como para delimitar y dar recursos.

Había planteado a la señora ministra Marina Arismendi que subiéramos el porcentaje de participación para no sacar plata a los intendentes y que, en vez del 3,33 %, se diera algún puntito más para que esa diferencia pudiera destinarse a los alcaldes, pero en proporción, porque es injusto que un alcalde que tiene más de dos o tres zonas en su departamento –como pasa en Montevideo– reciba los mismos recursos del Gobierno nacional que el alcalde de Arbolito; aclaro que me encanta que haya un alcalde allí y vamos a apoyarlo, pero indudablemente hay que tener en cuenta las proporciones.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

–Entonces, tenemos que hacer ajustes, pero que sean concretos. Ahora bien, si vamos a estudiar toda la situación, se nos va a ir el tiempo en mucha discusión que, si bien es entretenida, no genera las respuestas que tiene que dar el sistema democrático. La democracia es participación y respuestas concretas, y nosotros tenemos voluntad política para hacer esto.

He traído este tema no para quedarme solamente en una crítica a los señores intendentes, sino para tratar de sacudirlo. ¿Hay voluntad política de trabajar en esto? El Partido Nacional la tiene, la ha tenido siempre…

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó su tiempo, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Otheguy.

SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: simplemente quiero plantear otro enfoque del tema; según la forma en que cada uno ve las cosas es la prioridad que le damos al enfoque del tema. En lo personal me preocupa, y mucho, la denuncia que hizo el señor senador Heber en los casos puntuales de las dos alcaldesas.

Como mujer, como política y como persona del interior, sé que es muy difícil poder accionar desde un cargo ejecutivo y que se nos respete. Considero que estamos ante dos casos que tienen que ver especialmente con violencia psicológica y laboral sobre dos alcaldesas que fueron electas por el pueblo. Muchas veces cuesta delegar las potestades y el poder, pero estas dos mujeres los tienen legítimamente.

Creo que una parte del enfoque especial que tenemos que hacer aquí en el Senado consiste en empezar a hablar de este tema y analizar si no estaremos frente a una situación de violencia que hoy están viviendo las mujeres políticas, más allá del color del partido, de quiénes sean las alcaldesas o de qué partido sea o no el intendente en cuestión. Esto se da en todos los ámbitos de nuestra sociedad y creo que la denuncia que está planteando el señor senador Heber tiene un fuerte componente de violencia de género. Tenemos que empezar a analizar estos temas que nos llegan al Senado también desde ese punto de vista; si después hay que reformar o no la Constitución, habrá que verlo, pero lo concreto es que hay que analizar lo que funciona día a día y cómo lo está haciendo y, en este caso, lo que están padeciendo estas dos alcaldesas, que tienen muchas ganas de trabajar y mucho por hacer en su comunidad, pero que ven totalmente coartada su libertad de acción. No es la filosofía de la ley que los municipios y las alcaldías se manejen de esa manera; eso hay que reconocerlo.

Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que dar prioridad al debate sobre el accionar puntual en estos dos casos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Otheguy, a quien le restan dos minutos.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: no minimizo en absoluto el tema que planteó la señora senadora Aviaga sino que lo desconozco. Estoy discutiendo sobre lo que propuso el señor senador Heber, que no planteó hablar sobre la situación de dos alcaldesas, sino sobre lo que dice el orden del día: «Descentralización en materia departamental, local y de participación ciudadana». Esto fue, repito, lo que propuso discutir el señor senador Heber, lo que está en el orden del día y, con las limitaciones que uno tiene, sobre lo que intenté debatir en este Senado.

Con relación a lo que planteaba el señor senador Heber, no sé si nos gusta discutir mucho. A nosotros nos gusta hacer, y creo que lo que intentamos relatar de lo que se ha venido haciendo en estos once años de gobierno va en esa dirección, es decir: tratar de dar cuenta de lo que los Gobiernos del Frente Amplio hicimos y continuamos haciendo en materia de descentralización.

Reconozco la ansiedad que el señor senador Heber puede tener con relación a algunos puntos de estos temas, pero estos son asuntos complejos, que ameritan análisis y abordajes también complejos y, sin duda, también soluciones complejas.

Muchas gracias.

11) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

– por el que se aprueban normas para el efectivo combate del terrorismo.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

– Por el que se ordena, sistematiza y actualiza la normativa vigente en materia de lavado de activos.

–A LA COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS A PARTIR DE LOS LLAMADOS PAPELES DE PANAMÁ Y JURISDICCIONES SIMILARES, PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO, LA DEFRAUDACIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA TRANSPARENCIA GLOBAL».

12) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «Los señores senadores Patricia Ayala, Andrés Berterreche, Marcos Carámbula, Leonardo de León, Zulimar Ferreira, Daniel Garín, Manuel Laguarda, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, Constanza Moreira, Marcos Otheguy, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé y Enrique Pintado presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil, referente a responsabilidad decenal.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «Los señores senadores Carol Aviaga, Guillermo Besozzi, Carlos Camy, José Carlos Cardoso, Luis Alberto Heber, Ana Lía Piñeyrúa, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Jorge Saravia presentan, con fecha 22 de noviembre del corriente, con exposición de motivos, un proyecto de ley referente al etiquetado de alimentos genéticamente modificados.

–A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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13) DESCENTRALIZACIÓN EN MATERIA DEPARTAMENTAL, LOCAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado retoma la consideración del primer punto del orden del día.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: habíamos solicitado la palabra para tratar de referirnos al tema central de la convocatoria y que, a nuestra manera de ver e interpretar, es la descentralización y la participación ciudadana. Trataremos de evitar entrar en la casuística y hasta en acusaciones que se han presentado en el Cuerpo, intentando jerarquizar lo que significan los procesos de descentralización. No es cierto que no se haya hecho nada; por el contrario, creo que se ha hecho mucho. Entiendo que se han obtenido muy buenos resultados y que muchos de ellos forman parte de una propuesta que nuestra fuerza política ha planteado hacia la descentralización.

Voy a salir del tema de los municipios para referirme a otra propuesta de descentralización asociada a las políticas públicas, concretamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quiero presentar al Cuerpo algunos resultados que pueden contribuir a la discusión general de cómo avanzar en la descentralización.

Más adelante voy a hacer un reconocimiento especial a un conjunto de ciudadanos que, desde que se crearon las mesas de desarrollo rural –hace casi diez años–, han tenido el protagonismo de mantenerlas vivas, cosa que han hecho con un esfuerzo voluntario para contribuir con esa descentralización.

Hasta el momento he escuchado muchos reclamos con respecto a la responsabilidad de los gobernantes y me da la sensación de que nos estamos olvidando de la contribución que hacen los ciudadanos de a pie en los diferentes escenarios de descentralización que el Gobierno del Frente Amplio ha estado promocionando.

Quiero traer a la discusión lo que, a nuestro modo de ver, es el primer proyecto de descentralización que el Gobierno del Frente Amplio promovió a nivel nacional, generado por la Ley n.° 18126, de Descentralización y coordinación de políticas agropecuarias con base departamental, aprobada en el año 2007, cuando el señor senador Mujica era ministro del primer Gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Algunos de los conceptos allí planteados hoy son reconocidos, incluso por organismos internacionales, como una innovación en la incorporación de la participación ciudadana y social.

En aquel momento la Ley n.° 18126 creó el Consejo Agropecuario, que tenía varios cometidos, entre ellos: «Promover un mayor involucramiento de la sociedad agropecuaria en la definición de las políticas del sector y en la instrumentación de las mismas, articulando con la mayor eficiencia lo público con lo privado en una dimensión territorial» y «Contribuir a orientar el accionar de las instituciones vinculadas al sector agropecuario en el ámbito del desarrollo local». Estos cometidos revelan claramente que se pretendía promover el involucramiento de la sociedad agropecuaria, generar la articulación entre lo público y lo privado, y orientar a las diferentes instituciones del Estado en los territorios rurales. Estos cometidos fueron acompañados de la creación de una institucionalidad. Fue así que se creó el Consejo Agropecuario Nacional, diecinueve Consejos Agropecuarios Departamentales –uno por departamento, porque se incluyó a Montevideo– y, adicionalmente, una mesa de desarrollo rural por departamento. Esto era lo que establecía la ley.

No voy a profundizar en cometidos e integración del Consejo Agropecuario Nacional y los Consejos Agropecuarios Departamentales, sino que en el tiempo de que dispongo voy a referirme a las mesas de desarrollo rural, que constituyen el lugar por excelencia donde se da la participación de la sociedad civil organizada.

Las mesas de desarrollo rural tenían cometidos específicos que están claramente establecidos: por un lado, promoverán un mayor involucramiento y participación de la sociedad agropecuaria en la instrumentación de las políticas del sector, detectando las demandas e inquietudes de los productores rurales del departamento y canalizando los distintos proyectos de desarrollo –repito: canalizando proyectos de desarrollo–; y, por otro, promoverán una mayor articulación y coordinación de los sectores público y privado representativos de las cadenas productivas agropecuarias, orientadas hacia la búsqueda de una mayor equidad, desarrollo local y a la preservación del medio ambiente. Esto era lo que la ley establecía como cometidos de las mesas de desarrollo rural.

Su inmediata implementación ha permitido conseguir muy buenos logros –a nuestro modo de ver– que son consecuencia del hacer. En las mesas de desarrollo rural se hizo mucho; no lo hizo el Gobierno solo, sino el Gobierno con la gente.

Como primer resultado de esa sistematización realizada el año pasado, hoy en el Uruguay funcionan 39 mesas de desarrollo rural –la gente ayudó a construir 20 más de las que establecía la ley–, en las que participan regularmente 370 organizaciones de la sociedad civil, que se extienden a 480 cuando se suman las instituciones que participan eventualmente. Estamos hablando de la participación de organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto de ley original establecía que en cada mesa de desarrollo rural debían participar las cooperativas agropecuarias y las gremiales de primer grado del departamento. Hoy día, por suerte, participan las gremiales, las cooperativas, las organizaciones comunitarias, los sindicatos de asalariados, y también participan usualmente grupos de productores que no se identifican como gremiales pero que tienen una conformación regular.

Por otra parte, la ley establecía que las mesas de desarrollo rural debían estar integradas por el Consejo Agropecuario Departamental –que lo conducía el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– y la Comisión de Agro de la Junta Departamental. A su vez, el Consejo Agropecuario Departamental estaba integrado por algunos institutos agropecuarios como el INIA, el Instituto Nacional de Colonización y el Inase. Hoy, afortunadamente, las mesas de desarrollo rural han relevado la participación de varios ministerios –además del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca–, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y el Ministerio del Interior; empresas públicas como UTE, OSE y Antel; e instituciones educativas como la Universidad de la República, la ANEP, el Codicén y la UTU.

Indudablemente, durante el funcionamiento de todas las mesas de desarrollo rural –que creemos es un escenario bastante importante de participación y descentralización–, ha estado presente la promoción de los proyectos de desarrollo productivo y agropecuario, y en el 70 % de los casos se han considerado temas de salud pública y de vivienda rural. Lo que voy a decir quizá sea una anécdota, pero quería comentar que en una de las mesas de desarrollo rural de Rivera, hace más de cinco años, conocimos la primera experiencia de gente que ayudó a construir la complementación de un prestador público y uno privado dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los vecinos de un paraje de Rivera lograron que la mutualista y ASSE coordinaran la presencia de los médicos y especialistas para atender a la población en el lugar y que no hubiera huecos de asistencia. En la agenda de mesas de desarrollo rural también ha estado el tema de la electrificación rural, de la capacitación y educación rural, de las áreas protegidas, de la protección del medioambiente, de la caminería rural y del acceso a la tierra por intermedio del Instituto Nacional de Colonización. En el ámbito de estas mesas es donde se ha procesado buena parte de las iniciativas que han conducido a solucionar el tema de la electrificación rural.

En el año 2014, siendo parte del equipo de gobierno de Canelones, logramos que fuera uno de los departamentos que consiguió satisfacer el 100 % de la demanda de electrificación rural. Por suerte hoy podemos decir, con datos oficiales, que la electrificación rural ha llegado al 99,7 % de todo el país. ¡Vaya si estos espacios de descentralización y de participación ciudadana han contribuido a resolver temas y a hacer llegar el gobierno y las políticas a lugares bastante recónditos!

Alguien podrá decir: «Senador: su intervención está fuera de lugar porque estamos hablando de los municipios». Quería traer este tema a la discusión porque hasta el momento casi no se ha hablado de la descentralización en los territorios rurales y me pareció correcto pedir la palabra para incorporarlo al debate. Reconocemos que, muchas veces, en los territorios rurales hay pocos votos para recoger, pero hay gente que tiene necesidad de recibir las políticas públicas. En esa búsqueda de que a la gente le lleguen las políticas públicas, los proyectos y los programas, no perdemos de vista que es una iniciativa del Gobierno frenteamplista y tampoco que si analizamos los grandes números, comprobaremos que la mitad de la gente que vive allí no nos vota; sin embargo, eso no impidió que fuéramos a esos territorios y empezáramos a construir una solución de descentralización.

Creo que las mesas de desarrollo rural, de las que he presentado algunos resultados, dejan en evidencia que se han estado haciendo muchas cosas, y los resultados hablan por sí mismos. Pero lo más importante –y esto avala lo que para nosotros ha sido un avance importante de este modelo de descentralización por medio de las mesas de desarrollo rural– es que se ha logrado consolidar un espacio de diálogo político que ayuda a construir soluciones.

Queremos remarcar que las mesas de desarrollo rural no tienen caja y las decisiones que allí se toman son producto de un diálogo político que integra a todos los actores del territorio. Ese diálogo político hace que lleguen organizaciones sociales con diferentes intereses y, a veces, hasta con intereses encontrados. Entre los cometidos de estas mesas está que ese diálogo político ayude a construir consensos y a concertar acuerdos, que muchas veces se construyen desde posiciones bastante distantes, y esto lo podemos asegurar desde la experiencia.

En las mesas de desarrollo rural se han tomado decisiones muy importantes. Hemos tenido la oportunidad de participar en una de esas mesas cuando se fijaron los criterios, entre otras cosas, para distribuir la ración cuando hubo emergencia agropecuaria. En esos lugares, en medio de una emergencia de ese tipo, donde todos los productores fueron afectados por igual, la mesa de desarrollo rural logró dialogar y concertar a quién le tocaba primero y a quién después. No era aquello de que el que llega primero es el que se lo lleva. No; se construyeron criterios. Y si bien esos criterios pueden resultar banales, nos parece que fueron una contribución muy importante para el desarrollo político de la gente que vive allí y también un aporte muy relevante para el fortalecimiento de la democracia. Tengamos en cuenta que en estas mesas hay que trabajar y manejarse con fundamentos, tener la capacidad de convencer y negociar para concertar la salida, y muchas veces todo esto se lleva adelante desde ángulos muy diferentes y con intereses hasta encontrados, como señalamos anteriormente.

Cuando hablamos de estos temas sentimos una profunda alegría porque quienes participan en las mesas de desarrollo rural casi siempre son productores, vecinos del territorio que van voluntariamente, que no tienen salario ni manejan caja, y van a construir una solución para su territorio, para su gente y, en algunos casos, para el entorno que van a legar a la generación que sigue. En nombre de esa situación no nos podemos dar el lujo en este Cuerpo de decir que aquí no pasó nada. ¡No podemos aceptar que digan que todo ese esfuerzo es alharaca, que no se ha hecho nada! ¡No lo podemos admitir! Estamos tratando de compartir datos que figuran en informes de organismos internacionales de promoción de la agricultura sobre los resultados que tienen las mesas de desarrollo rural como proceso de innovación institucional para la descentralización y la inclusión de la gente. No podemos admitir que se diga que no se ha hecho nada. Tampoco podemos admitir que en esta casa, cuando se ha convocado para debatir sobre la descentralización y la participación ciudadana y social –que es el caso de las mesas de desarrollo rural–, estemos cayendo en la casuística, porque creo que si hacemos eso estaremos debilitando la descentralización. Además, aseverando aquí que no pasó nada le estamos pegando en la nuca a la gente que durante diez años ha trabajado para que ese proceso de las mesas de desarrollo rural tenga resultados y reconocimiento. Hoy, con estas palabras, queremos hacer ese reconocimiento.

Hemos aportado algunos elementos que seguramente deberían ser incorporados en una discusión más constructiva para ver cómo seguimos con una nueva etapa de la promoción de la descentralización.

Quiero terminar mi intervención con dos reflexiones. En primer lugar, me alegro de que en el territorio rural haya mucha gente que desde hace diez años ha estado contribuyendo al funcionamiento de este sistema de las mesas de desarrollo rural y a tener avances en la descentralización.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARÍN.- Con mucho gusto le doy una interrupción al senador Pardiñas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: queríamos participar en este debate, pero sin alargarlo en demasía en virtud de que tenemos otros temas para considerar y, además, hay comisiones que están citadas para la tarde. Por tal razón, decidimos hacer uso del mecanismo de la interrupción.

El planteo realizado por el señor senador Heber en torno a la Ley n.º 19272 es en gran parte respondido por la propia ley. Ocurre que lo que expresa la ley sobre la

puesta en práctica en los territorios y en los Gobiernos ha tenido las dificultades propias de la forma en que se dirimen los aspectos políticos que existen en cada territorio y en cada Gobierno. Si bien hemos escuchado importantes aportes de nuestros compañeros, que amplían la mirada –la reciente intervención del señor senador Garín amplía la mirada sobre cómo se ha propiciado la descentralización en las políticas públicas en el Uruguay, y lo mismo puedo decir de los datos proporcionados por el señor senador Otheguy–, lo cierto es que yendo a lo concreto, como planteaba el señor senador Heber, hay responsabilidades de los Gobiernos departamentales para que lleven adelante lo que está establecido en la ley. El señor senador Heber preguntaba cuáles eran las competencias y cuál el territorio. El artículo 2.º –cuya aplicación reclama el señor senador Heber– establece que la responsabilidad de fijar la localidad, la denominación y el territorio de los municipios es del Gobierno departamental. ¿Por qué? Porque el proceso de descentralización no significa que el Senado de la república, la Asamblea General o el Poder Ejecutivo diga cuál es el municipio; eso le compete al Gobierno departamental. A veces los conflictos que se dan dentro del Gobierno departamental son los que terminan tensionando o llevando a soluciones que no son las mejores para cada uno de esos territorios.

Es muy lindo hablar de la descentralización, de que las cosas se resuelvan, de que la materia municipal no abarque solo los cementerios y de que tengan mayor capacidad. Ahora bien, señora presidenta: hay varios municipios en el país que no cuentan con una propiedad municipal o departamental donde funcionar. Y numerosas intendencias votaron sus presupuestos departamentales, a pesar de que los intendentes no incluyeron la posibilidad de adquirir un lugar para que funcione el municipio. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es del alcalde? ¿Es del concejo o es del Gobierno departamental? Lo pregunto porque en muchos casos el partido de gobierno tiene, ya no solo la mayoría absoluta, sino la mayoría especial en las juntas departamentales. Es la voluntad política la que tiene que reflejar el proyecto de descentralización. Y si vamos a la voluntad política, los ejemplos que estuvieron en juego y el hecho de que esta ley se votara dentro de un Gobierno frenteamplista indican que la voluntad política en nuestro Frente Amplio ha sido fuerte, y ha sido bastante limitada en el accionar de esos más de 180 años de institucionalidad que señalaba el señor senador Larrañaga.

Tenemos desafíos por delante, sin lugar a dudas. Tenemos problemas que resolver, sin lugar a dudas. Ahora, claramente, a través de los presupuestos votados en este Parlamento –de los que algunos ejemplos se han dado acá– se ha manifestado la voluntad de que descentralizar los recursos es la mejor forma de dar a la sociedad y a sus instituciones el gobierno. El fondo de los municipios se ha visto incrementado desde el presupuesto quinquenal pasado a este. Quiere decir que a nosotros no nos duelen prendas en cuanto a la voluntad de otorgar recursos para administrar y llevar adelante el Gobierno. Sí hay que exigirles a aquellos intendentes que tienen mayoría en la junta y no han obrado en igual forma, y hay varios ejemplos en ese sentido. El país tiene seis intendencias del Frente Amplio, una del Partido Colorado y doce del Partido Nacional. ¡Si habrá muchas responsabilidades que exceden a las posibilidades de nuestra fuerza política!

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Garín, a quien le restan cuatro minutos.

SEÑOR GARÍN.- Como dije, quería hacer dos reflexiones: una ya fue compartida; por tanto, paso a la otra.

En el entendido de que hoy íbamos a hablar de descentralización y de participación, quisimos poner sobre la mesa la experiencia descentralizadora que involucra a las mesas de desarrollo rural porque entendemos que constituyen una experiencia nacional construida por nuestros compatriotas, que ha demostrado ser eficaz, justa y equitativa, donde claramente se ha trasladado a la ciudadanía el poder de tomar decisiones. Una vez que las instituciones estén dispuestas a implementar las decisiones de las mesas de desarrollo rural, estas deben ser receptivas para tomar esos criterios. Esto lo planteo a la luz de que este país –y comparto lo manifestado por el señor senador Larrañaga– adolece de centralismo. Y ese centralismo se aplica a nivel de la capital nacional, después pasa a la capital departamental, y finalmente se expresa en el alcalde en el concejo municipal. Entonces, si el poder se trasmite a un representante que sigue ejerciendo el centralismo, no habremos conseguido el antídoto. Creemos que las mesas de desarrollo rural pueden servir de antídoto, pero lo dejamos como última reflexión para seguir pensando si este modelo de descentralización puede contribuir a profundizar un modelo inclusivo que dé oportunidades a la gente de construir su propio futuro, gobernando, entre otras cosas, su propio territorio.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Voy a ser breve porque en el orden del día hay otros asuntos y este tema se está extendiendo mucho. Quiero hacer dos o tres referencias a asuntos que están vinculados con la descentralización y la gestación de lo que se ha dado en llamar el tercer nivel de gobierno, aunque algunos lo llamen al revés porque desde el punto de vista de la inmediatez del vínculo ciudadano, puede decirse que es como el primer nivel de gobierno, ya que el alcalde sabe que tiene una relación mucho más de línea de frente que los otros niveles de gobierno. Sabemos, además, que en la historia institucional uruguaya la instalación de los Gobiernos locales ha sido tardía e incompleta. Acá se ha dicho muy bien que es un debate de enorme importancia el planteado por el señor senador Heber. Se dijeron muchas cosas compartibles que no voy a repetir porque todavía nos queda mucho trecho por andar para lograr la consolidación de un proceso de descentralización en el nivel que todos desearíamos, en un país que ha sido históricamente centralista, donde el reflejo es doble: de Montevideo respecto a los departamentos del interior y de las capitales departamentales respecto a las localidades del interior de cada uno de los departamentos. Esa es una realidad. También es una realidad que, más que descentralización, hemos hecho un proceso de desconcentración, donde todavía queda pendiente la traslación efectiva en el manejo de los recursos hacia los Gobiernos locales, que es lo que en términos técnicos puede llamarse descentralización.

Hay dos cosas que me gustaría señalar y que son asignaturas pendientes: una es la referida por el señor senador Amorín –nosotros la hemos reivindicado reiteradamente sin éxito–, y la otra tiene que ver con Montevideo. Creo que estamos obviando que el departamento de Montevideo tiene una realidad totalmente distinta a la del resto del país, y actuamos como si fuera igual. Montevideo es un departamento-ciudad, mientras que en el interior del país lo que tenemos son municipios con realidades locales e identidades precisas, que refieren a pueblos que poseen su propia identificación y que muchas veces tienen sus distancias y sus reclamos respecto a las capitales de sus propios departamentos.

Sucede que en Montevideo seguimos la misma lógica y creamos municipios, pero ellos ni siquiera refieren a identidades; son letras que nadie sabe bien qué significan ni qué representan. No son identidades ni siquiera barriales. Se trata de ocho municipios recortados desde un escritorio con un criterio, según dicen algunos –y esto sin ánimo de ingresar en un debate, que daría para hacerlo–, más bien electoral, y que han sido identificados con letras: CH, C, A, etcétera. Pero detrás de ello no existe realidad social alguna, sino un recorte jurisdiccional administrativo que, a mi juicio, deberíamos redefinir a la hora de discutir seriamente acerca de la profundización de un proceso de descentralización.

Además, la supuesta descentralización se superpone con otra anterior, de los Centros Comunales Zonales, que se mantienen y se superponen como si fueran cajas chinas. Realmente es muy poco serio lo que tenemos en Montevideo llamado «descentralización».

Me parece que, más allá de los cálculos electorales y de las calculadoras, deberíamos discutir dónde están las identidades reales dentro del departamento de Montevideo y cuáles son las identidades barriales. Y si eso tiene relación con Gobiernos locales, vayamos a una lógica diferente, pero no nos quedemos con esto que tenemos hoy que, realmente, es muy poco representativo. Y hay otro agravante respecto de la representatividad: en Montevideo es muy frecuente que la gente vote en un lugar donde ya no vive, porque no traslada la credencial cívica; entonces, elige alcalde de un municipio donde no vive. ¡Es insólito! Hemos construido una ficción de representación y de descentralización montevideana que no guarda relación alguna con la realidad. En lo personal, no he votado alcaldes ni municipios de Montevideo porque me parece que no corresponde: yo voto en el Centro y vivo en Malvín Norte. Creo que no tiene sentido que vaya a decidir quién va a ser el alcalde de la zona del Centro de Montevideo. Y esto le pasa a un porcentaje muy grande de gente que vota donde vivía a los dieciocho años, porque después nunca cambió la credencial cívica.

Creo que este tema debería ser objeto de un debate en la continuidad y profundización de un proceso de descentralización importante.

El otro asunto al que me quiero referir –y al que aludió el señor senador Amorín– es el del voto cruzado. Sinceramente creo –lo he estudiado– que no hay necesidad de cambiar absolutamente nada de la normativa vigente. Simplemente ha habido decisiones de la Corte Electoral que han cruzado mayorías que, sorprendentemente, representan a los partidos que tienen la mayor parte de los Gobiernos departamentales, que han votado con el criterio de obviar, obstaculizar o prohibir la libertad del elector de poder elegir el mejor alcalde y el mejor intendente. Sin embargo, se lo obliga a votar, como una supuesta ley de lemas que no existe. Aclaramos que la ley de descentralización no habla de eso. Tan así es, que hay hojas de votación separadas; o sea que el ciudadano perfectamente podría mezclar hojas de votación de un partido para el Gobierno departamental con otras para el Gobierno local. Es más: cuando se decidió la reforma de 1996, se permitió al ciudadano votar Gobierno nacional de un partido y Gobierno departamental de otro. Por lo tanto, consideramos poco serio decir que no se puede votar Gobierno local y Gobierno departamental de partidos distintos porque la diferencia está en que la elección es el mismo día. Me explico: para el Gobierno nacional y el Gobierno departamental, el ciudadano vota lo que quiere porque la elección se da en días distintos y no hay forma de atarlo. En cambio, como la elección del Gobierno departamental y Gobierno local se lleva a cabo el mismo día, ahora sí, queda atado. Esto, reconozcámoslo, va a favor de los partidos mayoritarios pero, a mi juicio, no es bueno porque va en contra de la democratización del Gobierno local.

Considero que deberíamos discutir seriamente este tema, sin crear una quinta elección. ¡Por favor! ¡No estoy planteando eso! Aclaro que no estoy planteando que haya elecciones municipales separadas; la idea es que se realicen el mismo día pero que no estén vinculadas. El Uruguay tiene esa tradición histórica del voto vinculado –que viene de la lógica de la ley de lemas y del doble voto simultáneo–, pero en el mundo es lo más raro que hay. En el mundo, la gente vota cruzado sin ningún tipo de problema. En América Latina –tema que he analizado– la gente vota presidente de un partido y Parlamento de otro, y Gobierno departamental, provincial o estadual de otro, sin que sea necesario votar en días distintos. Aclaro que no estoy planteando esto para el Gobierno nacional, porque eso genera otro tipo de problemas, pero entre niveles de gobierno sería de cajón.

Señora presidenta: esto era cuanto quería plantear. Espero que en algún momento podamos transformar estas aspiraciones en una resolución que permita una mayor democratización del voto de los ciudadanos, que es la esencia de la democracia.

Muchas gracias.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: en realidad, respecto de este proceso descentralizador que se vive en el país desde hace poco tiempo, quisiera destacar algunas cosas que son anteriores a la implementación de los municipios.

En el primer período de gobierno del Frente Amplio se comenzó a dar una jerarquización del Congreso de Intendentes que ha sido realmente importante a lo largo de estos últimos años. Y una de las cuestiones fundamentales que se lograron –en realidad, de arriba hacia abajo, porque fue una resolución y determinación del presidente Tabaré Vázquez durante su primer Gobierno– fue la transferencia de las partidas en tiempo y forma a todos los Gobiernos departamentales, cosa que nunca había sucedido en este país.

En el segundo período de gobierno frenteamplista, donde el presidente fue el actual compañero, senador Mujica, tuvo lugar por primera vez la implementación de la ley que está en discusión en este momento. Durante ese período me tocó integrar el Congreso de Intendentes y puedo decir –seguramente los señores senadores Besozzi y Carámbula darán fe de ello– que tuvimos un relacionamiento directo y franco con el presidente de la república. Si bien algún compañero ya lo mencionó, me gustaría hacer hincapié en este tema porque también es parte de este proceso histórico y de cosas nuevas que se vivían en este país. Ese relacionamiento directo fue con el congreso como institución, más allá de las reuniones que pudo haber tenido el señor presidente con cada uno de los intendentes. Se generaron muy buenos acuerdos para las intendencias. No puedo dejar de mencionar el logro alcanzado en materia de patentes. Este es un recurso que tienen las intendencias; sin embargo, no les estaba llegando de la manera que correspondía porque estaba diseminado por otros lados. Ese fue un acuerdo histórico que se concretó en el período pasado. Debo decir también que a la intendencia que me tocó llevar adelante le generó más recursos a partir de ese momento.

Por otro lado, no puedo olvidar las deudas que tenían muchas intendencias –algunas de ellas históricas y que no tenían solución–, tema que ahora está resuelto; me refiero, por ejemplo, a las deudas con la UTE.

En este tercer período de gobierno que aún está en curso –lleva casi dos años– se están generando y mejorando herramientas para perfeccionar la aplicación de esta ley con aumento de recursos, no solo a las intendencias sino directamente a los municipios, y con apoyaturas para mejorar la gestión, la planificación y la evaluación. No debemos olvidarnos, en este proceso, de la evaluación, que es lo que nos permite hacer pie para mejorar lo que queremos mejorar y que hoy estamos discutiendo.

Siempre trato de ser muy cuidadosa, y antes de lanzar una crítica hacia los demás prefiero hacer una autocrítica. En este sentido, quiero contarles muy brevemente algunas cosas que viví cuando me tocó estar en la intendencia. Fíjense que cada municipio de los tres que tiene el departamento de Artigas tuvo su presupuesto votado por la junta departamental junto al presupuesto departamental. La intendencia no le quitaba recaudación a los municipios; se las dejaba para que la utilizaran en su funcionamiento. Siempre se les transfirió las partidas que desde el Gobierno nacional estaban estipuladas para ellos. Es cierto que el pago de los gastos fijos de la intendencia y de los municipios era centralizado; y cuando digo «gastos fijos», me refiero a alquileres –en el caso de que los hubiera–, luz, agua y pago del recurso humano. La plantilla de trabajo de los municipios y del departamento en general era y sigue siendo paga por la intendencia. A partir del año 2012 se transfirió a los municipios la gestión de sus propios recursos humanos. Cada municipio quedó con su parque de maquinaria, poco o mucho, simplemente repartimos y optimizamos lo que había.

Por otro lado, se brindó a los municipios la posibilidad de definir y de gestionar sus obras, dándoles la apoyatura necesaria con las herramientas o el recurso humano-técnico que necesitaran para ello. Hasta algunos municipios también hicieron licitaciones propias. En ese sentido, algunos pudieron cumplir y hacerlo, y otros no. Al respecto, me pregunto qué falló, dónde fallamos, dónde fallé. En realidad, primero está el no tener conocimiento cabal de la ley en sí. Ese es el primer factor: no todos teníamos un conocimiento cabal de hasta dónde sí y hasta dónde no estipulaba la ley, y qué habilitaba. Asimismo, con las limitaciones de la ley pudimos ir bastante más allá porque había voluntad política de hacerlo.

Por otro lado, ¿qué más falló? Y ahí llegamos a algo propio del ser humano. Falló el tema de cómo manejar las cuotas de poder. Eso falló. Falló el factor humano, preponderantemente, llegando incluso la sociedad a preguntar: ¿quién manda? ¿Y por qué hay que mandar si podemos sentarnos en una mesa a negociar? Eso falla. La ley puede tener sus limitantes, y acá estamos para reverla y reformularla a futuro. Pero el factor humano no lo podemos regular por ley; eso va en cada uno, y desde el territorio tenemos que ver qué podemos hacer.

En ese sentido no quiero dejar de hacer hincapié en algo que para mí es fundamental y que no se refiere a los municipios.

SEÑOR BESOZZI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Sí, con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Besozzi.

SEÑOR BESOZZI.- Señora presidenta: continuando con lo que venía diciendo la senadora Ayala, creo que, justamente, la idea tiene que ser que el factor humano, que existe y es tal como ella lo describe, no esté por encima de una ley, y que las reglas estén realmente claras para desarrollar de la mejor manera esa descentralización y poder aplicarla.

Yo doy fe de la buena voluntad, de la cercanía del presidente Mujica con el Congreso de Intendentes, en el que resolvimos y solucionamos un montón de cosas, y eso no estaba escrito en ningún lado. Hubo voluntad del ejecutivo nacional, de un presidente, de reunirse con los ejecutivos departamentales para resolver. Si hay voluntad de un intendente para resolver y dejar de lado los temas personales y los colores políticos –era lo que decía la senadora preopinante, colega intendenta–, las cosas funcionan bastante bien. El tema es que cuando eso no ocurre tiene que estar clara la ley para que algunas situaciones no sean determinantes. Y acá estamos hablando no solo de colores políticos sino de sectores dentro del mismo partido. Hay alcaldes a los que les fue peor con intendentes del mismo color que cuando les ha tocado trabajar con intendentes de otro color. Por lo tanto, la cuestión no pasa por ahí.

Lo que está diciendo la senadora Ayala es tal como ella lo expresa. Considero que debemos seguir trabajando sobre esta ley de descentralización para mejorarla. No es ningún pecado ni ningún delito hablar de esto. Creo que lo que no tenemos que hacer es querer defender cada uno la postura propia, sino querer mejorar una ley de descentralización por el bien de todo el país y del tercer nivel de gobierno.

Gracias, señora presidenta; gracias, senadora Ayala.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Estamos en la misma línea.

SEÑORA PESCE.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Pesce.

SEÑORA PESCE.- Muchas gracias, señora senadora; muchas gracias, señora presidenta.

Creo que voy a mezclar un poco las cosas. La senadora Ayala estaba haciendo una reflexión acerca de lo que fue su intendencia en el interior del país, que es lo más parecido que encontré hasta ahora a lo que se habló con referencia a lo que pasa en Montevideo. Realmente lo que importa acá es el planteamiento del senador Heber en el sentido de que el gran problema, los grandes enfrentamientos y la dificultad de la ley de descentralización se encuentran en el interior del país. El senador Mieres hablaba de Montevideo, y reconozco que puede haber discrepancias en cuanto a las divisiones de los municipios; recordemos que ha sido bastante reciente la adecuación de los ocho municipios, con algunos ajustes. Pero tenemos que admitir que la ley de descentralización en Montevideo funciona de manera diferente; funciona de modo más parecido a lo que describía la senadora Ayala. Los alcaldes tienen un presupuesto asignado, que nunca es suficiente para las obras que necesitan realizar, tienen una rendición de cuentas anual que acompaña a la rendición de cuentas de la intendencia en la junta departamental, y tienen absolutamente determinado, por la reglamentación en Montevideo, cuáles son sus cometidos: si van a actuar en determinadas calles, si lo van a hacer en el corte de los árboles, en el barrido de las calles, en destapar las bocas de desagüe, etcétera. Eso está absolutamente determinado.

Asimismo, creo que hay otro factor que también importa: que de los ocho municipios en Montevideo, hay seis en los que el alcalde responde al partido de gobierno. Eso hace que la cercanía sea mayor e influya en la aceptación de los presupuestos que se les asignan. Yo tengo muy claro cómo se asignan, y creo que habría que reverlo. Tenemos que conversar un poco para ver cómo se les asigna el presupuesto. Creo que la aceptación de esos presupuestos es mayor porque son del partido de gobierno.

También tenemos que reconocer, cuando hablamos de los presupuestos asignados, señores senadores, que la realidad de Montevideo es distinta y que, de repente, hay municipios con una gran cantidad de población. Se hablaba del Municipio CH –hace poco lo nombraba el senador Mieres–, que cuenta con un presupuesto similar, prácticamente, al de otros municipios que pueden ser mayores, pero tiene otras realidades edilicias y de mantenimiento en cuanto al tema urbanístico o a lo que tiene que ver con cuestiones relativas a arbolados, palomas, basura, etcétera. Se trata de una serie de situaciones diferentes. Cada uno de los municipios –yo no veo tanta discrepancia como ve el senador Mieres en cuanto a la conformación de los municipios y las áreas que abarcan– tiene una realidad distinta. ¿Funciona? Creo que no; por lo menos todavía no. No funciona ni está aceitado porque, como decía, la asignación de presupuestos no se ajusta a la realidad de los municipios y, por lo tanto, no se llega a concretar lo que realmente la gente necesita dentro de cada uno de los barrios.

Ahora bien, el sistema está instalado y yo creo que no se puede volver atrás. Alguien dijo: «Volvemos a lo anterior», pero me parece que no; no es la voluntad política de ninguno de los senadores que he escuchado. El sistema de descentralización está instalado y se va a quedar. Entonces, como dice el señor senador Heber, hay que estudiarlo, revisar la ley y tratar de mejorarlo. Y es cierto que hay muchas intendencias blancas; pero la realidad política es cambiante, va y viene. Ahora nosotros tenemos pocas y ellos tienen muchas, pero la cosa va y viene y el relacionamiento tiene que ser el mejor posible. Justamente, para eso estamos sentados en este lugar: para garantizar que el relacionamiento entre el tercer nivel de gobierno, los Gobiernos municipales y el Gobierno nacional sea el mejor posible.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Ayala.

SEÑOR LAGUARDA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Laguarda.

SEÑOR LAGUARDA.- Más allá de algunas apreciaciones políticas no compartibles de la intervención inicial del señor senador Heber, tengo que reconocerle el mérito de que su intervención haya sido el disparador de este debate que ha sido tan interesante y tan rico desde todo punto de vista. Me alegro mucho de haberme reintegrado a este Cuerpo en el día de hoy, después de un tiempo de no haber estado acá, y haber podido participar y escuchar el debate.

Quiero compartir con los señores senadores las siguientes reflexiones.

En realidad, descentralización y centralización constituyen una tensión, un eje que está presente siempre en cualquier ordenamiento institucional o en la vida política. Es un eje que se corre o se desplaza hacia un polo o hacia el otro. Me parece que hace varias décadas, hace veinte años, hubiera sido impensable que tuviéramos un debate como este, con esta intensidad y riqueza. El hecho de tener este debate muestra que el eje se ha corrido algo hacia el polo de la descentralización, aunque de pronto no tanto como uno quisiera. Acá creo que hay dos obstáculos estructurales que pesan, más allá de la voluntad de los partidos. Uno de ellos es la cultura política centralista que tanto se ha señalado acá y que, efectivamente, impregna a todos los partidos y a toda la sociedad uruguaya. Esta cultura viene del Estado español, de la Revolución Francesa, que con el jacobinismo proclamaba la Ley Le Chapelier, por la que se abolía toda institución entre el ciudadano y el Estado. En ese eje monismo-pluralismo y las instituciones políticas, el sistema político uruguayo es francamente monista y no pluralista. Incluso, nosotros, la izquierda, también hemos estado muchos años bajo la tensión de dos vertientes o dos actitudes ideológicas respecto a este tema: la vertiente jacobina, fundamentalmente centralista, y una vertiente autogestionaria que jerarquiza la participación de lo local y la democracia desde la dimensión de lo pequeño. Y en esa tensión entre el jacobinismo y la autogestión, en los últimos treinta años, en particular los socialistas, nos hemos corrido bastante más hacia la autogestión. Quiere decir que hay un factor de cultura política que está operando, más allá de la voluntad de cada uno de nosotros.

Después está el tema de la psiquis individual, del poder y del control. Creo que los seres humanos, sobre todo los políticos, buscamos el poder y el control; desde nuestra cosmovisión y nuestra ideología, creemos que nosotros vamos a hacer las cosas mejor que el otro. Entonces, esa voluntad de controlar está presente siempre en la vida política.

Estos dos obstáculos van a estar presentes más allá de la ley y la buena voluntad, lo cual no significa que debamos resignarnos. Por el contrario, hay que idear con cabeza abierta las mejores soluciones para levantar el obstáculo de la cultura y la tendencia al control y al poder de todos nosotros.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer? En esta tensión que evocaba el señor senador Heber entre lo pragmático e ideológico, se nos acusa a nosotros, la izquierda, de ser más bien ideológicos y poco pragmáticos, pero tenemos que ser las dos cosas. Tenemos que hablar de ideología, el marco que nos permite pensar, y también tenemos que pensar en propuestas, que nos permitan concretar.

Acá se abren varias dimensiones. Una es la reforma de la Constitución –en la que mi fuerza política está comprometida–, en la que este tema tiene que estar, sin duda, muy presente. Los Gobiernos locales tienen que estar en la Constitución, con toda su jerarquía; hay que instituir a los cabildos como instituciones de democracia directa a nivel municipal, y hay que analizar esa materia tan compleja que también se ha señalado aquí de la regulación financiera entre lo nacional y lo departamental, que hay bastante, pero más todavía entre los departamental y municipal, que no hay casi nada. Es un tema sumamente delicado que también requiere afinar la técnica constitucional o legislativa para dar aire en lo financiero a los municipios y que no mueran ante el centralismo financiero del Gobierno departamental.

Luego, yo plantearía un debate mayor que siga a este en este ámbito legislativo. Creo que habría que pensar en algún ámbito permanente institucional legislativo que siga procesando estos temas. Y, por supuesto, hay que mejorar la ley, porque las leyes siempre se pueden mejorar y hay que estar abierto a ello.

Es cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- No quiero dejar de mencionar nuevamente una política descentralizadora que para nosotros, los del interior, es sumamente importante: la educación terciaria en este país. Se pudo generar otra universidad en el interior, que se está gestando y ya está en vía de despliegue. ¿Por qué digo esto? Porque en este país tenemos una riqueza fundamental, pero hay un drenaje sistemático a lo largo de la historia y que todavía continúa. Me refiero a los jóvenes, que para mí son los motores de la sociedad y a que el interior, a lo largo de la historia de este país, ha sufrido la deserción de los mismos hacia la zona metropolitana. Esto es algo que no debemos olvidar y, por eso, remarco la descentralización educativa terciaria, que va a permitir que nuestros jóvenes no se desarraiguen de nuestros territorios, que puedan estudiar y desarrollar sus vidas en ellos, colaborando al desarrollo del interior. Para mí ese es el mayor recurso que tenemos, pero en el interior, realmente, no estamos pudiendo desarrollarlo, aunque hemos comenzado con estas nuevas políticas educativas. Ciertos resultados se verán –o así lo espero– más adelante.

Hoy en sala se habló de «180 años centralizadores». Recién vamos en seis años de aplicación de la ley de descentralización; es decir que van 180 años centralizadores y seis de la aplicación de esta ley de descentralización. Recién empezamos a caminar. ¡Bienvenido el debate! ¡Bienvenidas las evaluaciones, para poder seguir reformando estas leyes, para poder seguir avanzando en esta materia y, más que nada, para lograr los desarrollos territoriales en el interior del país!

Debemos tener muy claro que en este tercer nivel de gobierno se crearon los municipios y no las alcaldías; hay alcaldes electos pero, en realidad, son Gobiernos subnacionales colegiados, es decir que están gobernados por un colegiado de cinco personas electas. Esto tampoco es menor, porque hace a que tengamos que tomar las decisiones en conjunto y no desde una persona sola. Me parece importante también ese cambio que tenemos que ir haciendo.

Para terminar, quiero señalar que en 2011 se habían asignado $ 50:000.000 a los municipios. En este período, y por voluntad del actual presidente Tabaré Vázquez, en 2019 terminaríamos en unos $ 1.000:000.000 más el IPC.

Entonces, en mi opinión, el balance general nos indica que el proceso que venimos haciendo es bueno aunque, por supuesto, cabe mejorarlo mucho más. Debemos aprender a manejar nuestras ansiedades y, también, a administrar nuestras diferencias. Fundamentalmente, debemos tener presente que el componente más centralizador que nos juega en contra es el egocentrismo de cada uno de nosotros.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: la brevedad que las circunstancias exigen va a conspirar contra el tiempo que demanda el debate de este tema tan importante que, estoy convencido, incide en forma trascendental en varios asuntos que diariamente aquejan la realidad del país.

Aquí hay distintas cuestiones. La primera es la concreta que ha planteado el senador Heber, a quien felicito por incorporar la temática de la Ley n.º 19272, que nos rige desde el 18 de setiembre de 2014, relativa a la descentralización departamental y local y la participación ciudadana. Quiero señalar que estoy de acuerdo con esa ley y reconozco que quienes tomaron esa iniciativa dieron un paso importante en el concepto de descentralización, que abarca el de la institucionalidad.

En segundo lugar, este asunto requiere mejoras. En los meses pasados la presidencia de la Cámara de Representantes se abocó a la realización de distintas instancias –congresos y coloquios– sobre este tema. En estas horas accedí parcialmente a las conclusiones a las que arribaron, y los propios protagonistas señalan que hay que mejorarla.

En tercer término, quienes aplican legítimamente las facultades que la ley les otorga –alcaldes y concejales–, como muy bien definía el senador Laguarda, lo hacen en función de un parecer, una concepción y una característica particular, y eso, a veces, puede generar hechos como los que denuncia el senador Heber. Y agrego que incluyo a los intendentes blancos; lo digo con propiedad y muchísima humildad, porque conozco el interior, todos los municipios, las escuelas y las colonias. Siempre hice gala de que el dirigente nacional debe andar y no quedarse preso aquí, en Montevideo, que es lo que lamentablemente padece la inmensa mayoría de los partidos. Hago este comentario porque si no vamos a caer en la hipocresía, que tal vez es lo que estén advirtiendo las encuestas, que muestran un mayor descreimiento de nuestra población en la democracia. Esto lo dije hace algunos meses, lo hablé después con el senador Carámbula y, tal vez, parte de esa discusión se tergiversó. Aquí nadie cuestiona la democracia; todos la defendemos, pero no dejemos de advertir en este ámbito que la población del Uruguay está mostrando un descreimiento mayor en el sistema. Pienso que tal vez sea porque hemos incorporado la discusión de algunos temas importantes como este, pero tengo la impresión de que a veces –no me refiero a nadie en particular, ni a un partido ni mucho menos personas– nos gana el criterio refundacional o la reivindicación del pasado histórico fundacional. Personalmente advierto –y discúlpeseme si violo algún código parlamentario– que muchas veces profundizamos en las discusiones y nos sigue ganando lo político partidario en temas en los que, como este, por la trascendencia que tienen, nos va la vida del sistema. Estoy convencido de que es así.

Como señalaba el senador Otheguy, la descentralización tiene que ver con la llegada de las políticas públicas al territorio, y habló de la necesidad del fortalecimiento de las capacidades locales. Estamos de acuerdo en ello, pero el tema es cuál es el instrumento para hacerlo, y me parece que ahí está la gran diferencia entre descentralizar y desconcentrar. Aclaro que no me refiero a ningún Gobierno; creo que todos, en los 180 años de este país, han padecido esa confusión.

No lo digo porque sea del Partido Nacional, pero de los dirigentes de este país, a quien le profeso la mayor admiración es a Wilson Ferreira Aldunate, y seguramente eso suceda con otra gente, más allá de mi partido. El proyecto de descentralización y acondicionamiento territorial que presentó a la salida de la Dictadura, en 1986, estribando lo que había sido el diagnóstico de la CIDE, aporta un concepto fundamental: el acondicionamiento territorial. A mi juicio este debe ser tan importante como el de descentralización, porque, de lo contrario, ¿qué es la descentralización? Voy a poner un ejemplo. El anexo V de la Ley n.º 16906 es una guía para el cálculo del indicador de descentralización que utiliza la Comap para obtener el puntaje que determina los mecanismos de incentivo a la inversión. Esa guía, por ejemplo, otorga ocho puntos a la ciudad de Tacuarembó y hay varios barrios de la capital de Montevideo –fue modificado en el período pasado– que tienen nueve puntos. Barrios como Manga, Punta Rieles, Bella Italia, Casavalle, La Paloma y Tomkinson tienen más puntaje para que se invierta que Tacuarembó, y Malvín Norte tiene más puntos que Trinidad. Esto tiene su lógica: se definió por el Índice de Desarrollo Humano, y está bien. Ahora bien, pregunto: ¿es ese el concepto de descentralización? En este país, con el puerto en Montevideo, por más políticas públicas activas y por más preocupación que tenga el Gobierno nacional y lo que pueda ayudar el Gobierno departamental, ¿tiene las mismas posibilidades un inversor en Tacuarembó, Rivera o Artigas que en el área metropolitana? No, no las tiene.

La Ley n.º 17296 impone a los ciudadanos la obligación de demandar a cualquiera de los ministerios de este país en la sede central. ¿Dónde está la sede central? En Montevideo. Es decir que si tengo que demandar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o al de Salud Pública estando en Artigas, San José o Soriano tengo que hacerlo en Montevideo, aunque tienen sede en esos departamentos. ¡Bueno sería que no la tuvieran! Lo mismo sucede en lo que tiene que ver con la ley orgánica de las fiscalías y algo corregimos en la Comisión de Constitución y Legislación. La demanda debía hacerse en Montevideo, en la sede central, pese a que hay sedes departamentales en todas las capitales. Esto, incluso, en un tiempo en el que ya no hay distancias físicas para algunos trámites.

Hace poco hablaba con el senador Berterreche, con quien coincidimos en algunos temas y lo sé tan fervoroso defensor, como nosotros, de la causa de la colonización en el Uruguay. La Ley n.º 11029, de 12 de enero de 1948, en su artículo 2.º establece que la sede debe estar en Montevideo siendo que en el interior tiene un activo de más de 500.000 hectáreas y más de 193 colonias. Pese a ello, reitero, la sede central tiene que estar en Montevideo. Cuando fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización planteé este tema. Si hacemos una especie de línea imaginaria de Artigas a Montevideo, el costillar oeste del Uruguay concentra el 80 % de la tierra colonizada y de los colonos y el punto medio físico está en Paysandú, donde hay una sede espectacular, con una ubicación céntrica, un valor inmobiliario muy importante y una gran dimensión física. En su momento propusimos que el Banco Hipotecario del Uruguay construyera un edificio y le dejara dos pisos al Instituto Nacional de Colonización para que instalara allí su sede central, pero no fue posible, no hubo forma. Me consta que ello se discutió y que hubo instancias participativas en las que se vertieron opiniones de grupos pluralmente integrados, pero se comenzó a hablar de cooperativismo y de los derechos de los funcionarios que tienen que trasladarse; eso es verdad, pero los que viven en el interior y los que viven más lejos de Montevideo tienen el mismo derecho, los mismos problemas y más dificultades para acceder a los distintos servicios.

¡Por supuesto que tenemos que defender la descentralización educativa! En ese sentido, yo aplaudo la UTEC. ¡Eso es descentralización educativa!, y aunque se hizo en el Gobierno pasado, la defiendo. ¿Quedan cosas por mejorar? ¡Todo hay que mejorarlo! ¿Qué no hay que mejorar? Nosotros mismos debemos empezar por mejorar.

En lo personal, creo más en los procesos que en las fundaciones, por muy importantes que estas sean. El proceso de la Universidad de la República ha ido avanzando. ¿Está centralizada y es centralista? Sí, lo es, pero ha ido avanzando.

El primer programa de escuelas rurales se inauguró en 1917; hace cien años que hay escuelas rurales en este país.

La primera escuela-granja en el Uruguay fue la n.º 56, de Estación González, que se fundó en 1945 a instancias del maestro Agustín Ferreiro.

Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Quién quiso descentralizar más? ¿Cuál fue el Gobierno más visionario? ¿Quién se lleva la bandera de esa causa tan importante?

Claramente digo –so pena de sospechas que puedan generarse acerca de presuntas conspiraciones contra la transparencia impositiva– que las zonas económicas especiales que estamos por discutir –ya que el tema ingresará a consideración de la Comisión de Hacienda en estos días– van a ser una daga para la descentralización porque van a matar a las únicas dos zonas francas del interior que quedan y que funcionan más o menos bien: la de Florida y la de Libertad.

Pensemos en lo siguiente: ¿dónde están las zonas francas en Argentina? En Tierra del Fuego. ¿Dónde desarrolló el territorio franco Brasil? En Manaos. ¿Dónde lo desarrolló Chile? En Antofagasta. ¿Y Uruguay? En Montevideo. ¡Gran experiencia, sin duda! Moderna, importante y que da trabajo. Sin embargo, al parecer se va a hacer todo lo posible para que no se instalen zonas francas en el interior. ¡Zonas francas en el interior, no!

Tengo la convicción de que la federalización de cometidos y recursos –como decía el señor senador Larrañaga– es la única reforma posible en este país. La han querido hacer todos los Gobiernos. Hay quienes le ponen un nombre distinto y hay quienes han hecho mayor énfasis en ella, pero todos la han querido hacer. Estoy convencido de que todos creemos que la necesitamos. La única reforma, repito, es la de federalizar los recursos.

Debo decir que tengo una pequeña diferencia con mi estimado amigo, el señor senador Otheguy. Él decía que el Uruguay no puede ser federal, y aunque no es esta la discusión, sabido es que Artigas quería otra cosa. Este no es el país de Artigas, pero la causa era federal. Él quería otra federación. En lo personal, soy federal –aunque ese es otro debate– y ya he escuchado esos argumentos. Pueden ser federales Estados Unidos, Brasil, España, Argentina, Australia o Canadá, pero el más federal –sin duda– es Suiza, que es apenas un poco más grande que Tacuarembó, pues su tamaño viene a ser un cuarto del de Uruguay. Tiene veintiséis cantones y veintiséis constituciones. ¡Por favor, no quiero más de una constitución! Pero reitero: es el país más federal del mundo y su tamaño es un cuarto del de Uruguay. Lo digo porque estoy convencido de que hemos ido comprando versos. Nueva York no es la capital del Estado de Nueva York, lo es Albany; la capital de Vermont no es Burlington –que es la principal ciudad–, es Montpelier; la capital de Texas es Austin y no Houston, que es la más grande y la más poblada. Hay conceptos, ¡hay señales!, y parece que en este país –perdóneseme, pero es lo que advierto– tenemos miedo de pensar o de hacer aquello que nos enseñaba el doctor Eduardo J. Couture, quien decía que muchas veces, para corregir una injusticia, no hay más remedio que generar otra. A mi entender, ese es el concepto de fondo que debemos intentar defender.

Obviamente, estoy dispuesto a mejorar la ley, partiendo de la base de que es buena y de que la bandera deben enarbolarla quienes la idearon y tienen el mérito de haberla apoyado. Por supuesto que hay que corregirla y ampliarla, pero prefiero eso antes de que no haya ley.

Ahora bien; ¡no nos mintamos! En los procesos que hemos recorrido en ciento ochenta años, ni siquiera nos hemos acercado a lo que hay que descentralizar.

Anteayer visité nueve escuelas de mi departamento, entre ellas la n.º 86 y la n.º 49 de Libertad –la primera se construyó en 2007 y está espectacular, y la segunda es la más vieja de la localidad: tiene ciento treinta y dos años y se acaba de reformar por medio de un fideicomiso de la CND, motivo por el cual voy a presentar mis felicitaciones en la próxima media hora previa–, y la n.º 35 de Tropa Vieja –a propósito, digo que también conozco la escuela n.º 117 de San José porque la recorro una vez por año desde hace dos décadas–, en la que se había roto un vidrio. Ayer, de pasada, les dejé ese vidrio. ¿Y saben por qué? Porque esa escuela rural, que tiene setenta y siete alumnos –gran cantidad–, es como todas las escuelas rurales de este país: funciona por la lógica de la kermés, de la penca de petisos y de la campaña del vellón en el norte. ¡Es así! ¡Siempre fue así! Y por suerte, desde hace siete, ocho o nueve años –en un proceso que empezó con la modificación presupuestal del Gobierno de Batlle del año 2002 y que ha ido creciendo con este Gobierno–, felizmente hemos llegado a tener a casi todas las auxiliares de servicio presupuestadas. Pero no se imaginan lo que tiene que hacer una maestra directora si primaria le manda, no un vidrio, sino un techo o una puerta. Estoy hablando de dos escuelas muy buenas y puedo hablar de muchas más, también muy buenas.

Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el del maestro de la escuela n.º 31, Arazatí –donde estuve la semana pasada–, que es de Artigas, vive en Cerrito de la Victoria y viaja todos los días hasta la escuela, es decir que va hasta la terminal, toma el ómnibus, recorre noventa kilómetros, luego baja, agarra la moto y hace otros quince kilómetros. Le pregunté por qué no se quedaba ahí, ya que estaba soltero, y me contestó que no había calefón ni agua. ¿Eso es culpa del Gobierno? No. ¿Si en algún momento hubo agua, fue gracias a otro Gobierno? No. ¡Es un proceso! Si no se cambia la cabeza y se sigue pensando en que los parches institucionales que hemos colocado a lo largo de toda la historia son la construcción de la descentralización, yo digo con mucha humildad que estamos equivocados. Aquí hay que dar un viraje de descentralización en serio. Como me lo señaló un embajador de un país muy importante, actualmente acreditado en el Uruguay, que me pidió que no lo nombrara, no existe otro país en el mundo –y esto se lo conté hace poco a un senador del oficialismo en una comisión– que tenga a más de la mitad de su población viviendo en la capital. ¡No hay otro! Entonces, no es un tema de tamaño; tenemos una macrocefalia agobiante que, a mi juicio, inhabilita toda opción de desarrollo en serio.

Digo esto, tal vez, porque creo representar a quienes nacimos en la década de los setenta, que a veces tenemos un pensamiento que ni siquiera coincide con el que está encuadrado en las divisiones partidarias.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado la lista de oradores.

Desde la presidencia debemos señalar que si bien conocemos el Reglamento del Senado, hemos sido flexibles en lo que respecta al contenido de las exposiciones vertidas –que por momentos se salieron un poco del tema planteado por el señor senador Heber– porque la participación y el entusiasmo que demostraron los señores senadores y la necesidad de discutir la temática nos pareció –en el acierto o en el error– que lo ameritaba. Queríamos hacer esta aclaración por respeto a la cámara.

A su vez, me permito hacer una sugerencia a todos los partidos presentes: quizá debiéramos instrumentar que esta discusión no termine hoy, sino que en algún momento sea retomada porque, evidentemente, se mostraron un montón de facetas del tema que apenas fueron enumeradas.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Solo quería recordar que al comienzo de mi intervención solicité que la versión taquigráfica de todo lo expresado en esta discusión fuera remitida a los partidos políticos, a los intendentes, a las juntas y a los municipios.

SEÑORA PRESIDENTA.- Precisamente íbamos a proceder a ello.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Heber en el sentido de remitir la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en esta instancia a las intendencias, a los municipios, a las juntas departamentales, a los concejos municipales, es decir, a todos los organismos que han estado implicados en la discusión.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) RECONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS AL PODER LEGISLATIVO

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere hacer una pequeña comunicación.

Todos los años el Tribunal de Cuentas hace un reconocimiento a las buenas prácticas en la Administración pública y, por segunda vez, el Poder Legislativo se ubicó entre los cuatro organismos públicos que obtuvieron los mayores puntajes en la aplicación de los indicadores en sus respectivas categorías.

Me pareció importante el reconocimiento del Tribunal de Cuentas y por ello he dado cuenta al Senado.

15) CIUDAD DE DOLORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en tercer término del orden del día y que pasó a ser segundo: «Proyecto de ley por el que se establecen exoneraciones fiscales para los contribuyentes y población afectada por el tornado acaecido en la ciudad de Dolores el día 15 de abril de 2016. (Carp. n.º 664/2016 - rep. n.º 381/2016)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: la magnitud del tornado que se abatió sobre la ciudad de Dolores el pasado 15 de abril puso en funcionamiento una serie de instrumentos con los que el Estado uruguayo trató de mitigar daños en aspectos materiales, sociales y económicos. Lo irreparable son las vidas humanas que se perdieron aquel aciago día, víctimas del efecto devastador que cayó sobre nuestros compatriotas en aquel punto del departamento de Soriano. Simultáneamente, el pueblo uruguayo también brindó su solidaridad a los damnificados, lo que fue consolidado con algunas acciones del Estado. Al presente, la ciudad de Dolores se está recuperando y sus actividades se han normalizado, lo que era de esperar por la conocida pujanza y el gran temperamento de su población.

El presente proyecto de ley implica una nueva contribución del Estado, que otorga beneficios fiscales con la finalidad de promover el restablecimiento total de las actividades comerciales o de los negocios privados en general.

Esta iniciativa, que consta de cinco artículos, provino de la Cámara de Representantes, donde se aprobó por unanimidad. Sin mengua de ello, una vez que el proyecto de ley ingresó al Senado, la Comisión de Hacienda contó con el concurso del Ministerio de Economía y Finanzas y de la DGI a fin de ponerse de acuerdo para ampliar la cobertura que disponía el texto original remitido por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Representantes. Una vez logrado dicho acuerdo, el Poder Ejecutivo remitió un nuevo mensaje referido específicamente a los artículos 1.º y 2.º del texto primitivo que se había enviado a esta cámara.

El artículo 1.º exonera «a los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, con domicilio fiscal en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, del pago a que refiere el artículo 93 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, correspondiente al mes de abril de 2016 hasta las obligaciones devengadas en el mes de setiembre de 2016». Luego establece: «La exoneración dispuesta en el inciso precedente se extenderá como máximo a las obligaciones devengadas hasta diciembre de 2016, siempre que los referidos sujetos no desarrollen actividades debido a los eventos climáticos ocurridos el día 15 de abril de 2016. En tal caso, los mismos realizarán el pago a que refiere el inciso anterior, a partir del mes en el cual reinicien actividades, considerando el monto correspondiente a la escala inferior de la norma citada en el inciso primero».

El artículo 2.º, por su parte, exonera «a los contribuyentes con domicilio fiscal en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, del pago de la obligación tributaria dispuesta por el artículo 30 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, así como a los comprendidos en los artículos 70 y siguientes de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006 (Monotributo), y en la Ley Nº 18.874, de 23 de diciembre de 2011 (Monotributo Social MIDES)». Asimismo, establece: «Las obligaciones establecidas en el inciso precedente serán aquellas correspondientes al mes de abril de 2016 hasta las devengadas en el mes de setiembre de 2016». Y luego: «Para los sujetos comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, la exoneración dispuesta en el inciso primero, se extenderá como máximo a las obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de 2016».

El artículo 3.º dispone: «La Dirección General Impositiva podrá otorgar a los sujetos pasivos con domicilio fiscal en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, el régimen de facilidades de pago previsto en los artículos 11 y siguientes de la Ley N° 17.555, de 18 de setiembre del 2002, respecto de las obligaciones tributarias devengadas a partir del mes de abril de 2016». Seguidamente expresa: «Lo dispuesto en el presente artículo regirá exclusivamente para las obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de 2016». Esto sucederá siempre que no hubieran desarrollado actividades en razón del temporal del pasado 15 de abril.

De igual modo, el artículo 4.º faculta «al Banco de Previsión Social a otorgar el régimen de facilidades de pago previsto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, a contribuyentes con domicilio fiscal en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, afectados por los eventos climáticos del 15 de abril de 2016, por deudas devengadas a partir de dicho mes, por concepto de Contribuciones Especiales de Seguridad Social, incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud».

Finalmente, el artículo 5.º es una disposición focalizada directamente en las obras privadas de reconstrucción de edificaciones afectadas por los eventos climáticos del 15 de abril de 2016 acaecidos en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, y a esos efectos se las exonera del componente patronal de los aportes al Banco de Previsión Social, así como también de la cuota parte correspondiente al seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a cargo del Banco de Seguros del Estado y del aporte que grava los planos de obras de ingeniería y arquitectura que pueden ser originados por las refacciones a llevar a cabo.

Es menester consignar que este proyecto de ley se originó a raíz de una solicitud de la sociedad civil de Dolores, en particular de la Liga Comercial e Industrial de dicha ciudad. También, a nivel nacional, hubo una petición de parte de la Liga de Defensa Comercial, de respaldo al sector comercial e industrial de la ciudad de Dolores. Cabe destacar que el Poder Ejecutivo accedió a todo esto. Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Hacienda del día 29 de setiembre comenzaría a resolverse la suerte de este asunto dentro de los cánones que hoy se están presentando.Allí se consideró la posibilidad de dar una mayor cobertura a través del proyecto de ley que habíamos recibido de la Cámara de Representantes, por lo que decidimos convocar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Impositiva. Días después, el 20 de octubre, concurrió a la Comisión de Hacienda una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego del diálogo, del debate, se accedió a una alternativa que resulta más amplia y beneficiosa, pues alcanza a todos los contribuyentes con domicilio fiscal en la ciudad de Dolores.

Este asunto nos encontró a todos los miembros de la asesora aprobando el proyecto de ley por unanimidad, de modo que recomendamos al plenario el mismo tratamiento.

Era cuanto tenía para informar.

SEÑOR BESOZZI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BESOZZI.- Señora presidenta: en esta situación me comprenden las generales de la ley, dado que soy oriundo del departamento de Soriano.

Ante todo quiero decir que la Liga Comercial e Industrial de Dolores trabajó en este tema, al igual que otras instituciones, y hubo muy buena receptividad de parte del Gobierno nacional y de la Comisión de Hacienda –presidida por la señora senadora Ayala–, que también hizo su aporte para conseguir lo que hoy estamos tratando en esta sesión.

A nuestro entender –y así también lo veían los representantes de la liga y los senadores que participaron de la Comisión de Hacienda–, el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Representantes resultaba insuficiente ante una situación tan complicada como la vivida por Dolores. Había que atender los efectos devastadores de la adversidad climática que se sufrió, y ello se hacía en muchos puntos, pero no en este en particular, que hoy sí es contemplado. ¿Por qué digo en muchos puntos? Porque el tema pasaba por cuestiones de vivienda y por situaciones sociales de toda índole en aquella ciudad.

(Ocupa la presidencia el señor Marcos Otheguy).

–Realmente esta ciudad precisaba –y todavía precisa mucho– el apoyo del Estado ante esta situación tan difícil.

Sé que muchos senadores y diputados estuvieron en la ciudad de Dolores y vieron de primera mano lo que allí sucedió el 15 de abril, que marcó un antes y un después. Tenemos un debe con los centros educativos, con los dos liceos, que quedaron destruidos, y debemos ponernos a trabajar rápidamente para lograr que en el 2017 estén operativos, aunque a esta altura parece difícil. Sin embargo, hay un liceo provisorio que se implementó y los chiquilines no demoraron ni 10 días en retomar las clases luego de una situación tan difícil. El hospital fue recuperado en parte, las viviendas también y los comercios están siendo favorecidos con este proyecto.

También debemos reconocer la labor del Comité de Emergencia, que junto con el Sinae hicieron un trabajo muy bueno en esa situación tan adversa y difícil. ¿Por qué lo digo? Porque creo que no se lo ha reconocido suficientemente, y aquella situación fue, en verdad, muy lamentable. A veces digo que para que fuera una catástrofe completa faltaron algunas víctimas más, además de las cinco que tuvimos que lamentar. El Gobierno departamental, el Batallón de Infantería n.º 5, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, la Cruz Roja, UTE, OSE y todas las instituciones públicas desplegaron el mayor potencial para recuperar esa ciudad que hoy quiere salir de semejante crisis. También colaboraron instituciones privadas y toda la sociedad, que se puso a la orden de Dolores ante el momento tan difícil que vivió.

Por lo tanto, nos parece que este proyecto, tal como venía de la Cámara de Representantes, era insuficiente, y así lo hablamos con diputados del departamento. Gracias a Dios, y al trabajo de la comisión del Senado, hubo una buena respuesta y hoy se está votando este proyecto, que quizás no sea óptimo –podría ser mejor–, pero ayuda muchísimo y va a favorecer en gran parte a los damnificados de la ciudad de Dolores.

No podemos olvidar que el presidente de la república visitó rápidamente el lugar; estuvo allí y determinó que la ayuda iba a llegar y llegó, tal vez un poco demorada, pero ha ido llegando de la mejor manera por parte de las distintas instituciones del Estado.

Dolores agradece al sistema político y espera que no nos olvidemos de ella, que no quede solamente en la votación de este proyecto, sino que la apoyemos por los difíciles momentos que vivió, que van a dejar secuelas.

Como dije al principio, agradezco a todo el país el apoyo, la colaboración y la contención que se le dio a Dolores durante estos meses. Quizás algunos se estén preguntando cómo está y cuánto se ha recuperado. Creo que se ha recuperado mucho. Recién escuché al senador Martínez Huelmo decirlo y creo que es así: hay un gran potencial en la sociedad de Dolores, y en momentos adversos es digna de ser copiada, incluso en la forma en que se unió para salir adelante. Por supuesto que todo el país ayudó. Por lo tanto, frente a esa pregunta, contesto que ha mejorado mucho y que sigue trabajando, pero no hay que olvidarse de los doloreños para que este evento –que nadie quería que sucediera, que nadie lo determinó, pero que se generó porque así lo quiso la naturaleza– termine de la mejor manera.

Por mi parte digo: ¡no olvidemos a Dolores! El sistema político ha estado cerca y tiene que seguir cerca, y los doloreños agradecen todo lo que se ha hecho, así como este proyecto de ley, que creo que va a favorecer en buena medida a aquellos que fueron perjudicados, para que puedan retomar sus actividades de la mejor manera.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para un moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1.º a 5.º del proyecto de ley.

(Se vota).

– 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

16) SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y COMPETITIVIDAD

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en segundo término del orden del día y pasó a ser tercero: «Proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. (Carp. n.º 563/2016 - rep. n.º 380/2016 y rep. n.º 380/2016 anexo I)».

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: este proyecto tiene un largo recorrido en ambas cámaras desde su ingreso a la Cámara de Representantes, en marzo de 2015, como Sistema Nacional de Competitividad. Allí se escuchó a varias delegaciones: por las cámaras empresariales, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, a la Unión de Exportadores, a la Cámara de Industrias, a la Asociación Rural, a la Federación Rural, a la Comisión Nacional de Fomento Rural y a la Cámara de las Tecnologías de la Información, y por la academia, a la Universidad de la República, a la Academia Nacional de Ciencias, a la UTEC, además de otras varias comparecencias.

Este proyecto es muy discutido; de hecho, en la comisión del Senado es aprobado solo con los votos del Frente Amplio, al igual que en la Cámara de Representantes. Veamos qué pasa en esta cámara, aunque no espero grandes sorpresas.

El propio proponente, Álvaro García, director de la OPP, hace una exposición en el paraninfo de la Universidad de la República, donde congrega a más de 300 personas, y ahí se da una intensa discusión sobre el rol de la ciencia y la tecnología, y sobre el papel de la innovación productiva en un sistema organizado en el Uruguay. ¿Qué hace Álvaro García frente a esta intensa discusión? Designa una comisión asesora, a través del Decreto n.º 139/2015, de donde surgen dos informes. A partir de ahí, la Comisión de Hacienda del Senado, con la soledad del Frente Amplio, termina de zanjar y de hacer los últimos añadidos a un proyecto que no es muy extenso, ya que en la Cámara de Representantes se quita un capítulo importante, relativo a la organización de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Si bien no tiene muchos capítulos, es un proyecto importante.

¿Cuál es el corazón del proyecto? Lo digo desde el vamos porque sé que sobre esto tenemos una discusión importante con algunos de los senadores y, sin duda, con una parte de las cámaras empresariales.

En primer lugar, está la idea de que la división del trabajo público del país por incisos, por ministerios o sectorial –que el Frente Amplio hereda y que es la construcción del Estado del siglo xx–, atenta contra la transversalidad de las políticas. Y es lógico que así fuera durante el siglo xx y que, a su vez, en el siglo xxi intentemos hacer otra cosa. Pongo un ejemplo: tuvimos que hacer un Ministerio de Desarrollo Social para atender la emergencia social porque el concepto de las políticas sociales integradas no existía. No existió hasta los años setenta o más. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una política que también requiere transversalidad. En cuanto al Sistema Nacional de Emergencias, debemos señalar que hay que construir sistemas que transversalicen políticas y que pongan a todo el mundo a trabajar.

Así que lo primero que quiero decir es que el corazón del proyecto de ley tiene como filosofía construir transversalidad sin desmantelar esta estructura del Estado por incisos y sectores, pero propiciando la cooperación entre las partes.

En segundo lugar, quiero señalar que tuvimos que adecuar la institucionalidad pública al objetivo del desarrollo sustentable, porque había que combinar cosas para mejorar la innovación y la productividad del Uruguay. Por ejemplo, había que combinar una buena estrategia de inserción internacional –esta es una discusión eterna que tenemos aquí– que fuera virtuosa y no perversa. Con esto me refiero a una inserción internacional en la que el Uruguay se enganche en cadenas de valor regionales –es difícil hacerlo con una cadena de valor en China; sin embargo Uruguay puede engancharse, y bien, en cadenas de valor regionales, y eso es lo que ha hecho– pero que, al mismo tiempo, no sean perversas, porque si uno no prepara a las empresas para abrirse al mundo –que es una propuesta filosófica que siempre es de recibo en esta casa–, esa competencia simplemente las destruye. Eso fue lo que pasó en los años setenta y ochenta: la rebaja generalizada de aranceles y la apertura al mundo –que, en realidad, la comenzó el gobierno de la Dictadura y luego se hereda– desmantelaron cientos de empresas e inutilizaron miles de saberes y prácticas de los trabajadores.

Por tanto, adecuar la institucionalidad pública al objetivo de desarrollo implica una mirada sobre la inserción y una mirada sobre la capacidad que el Estado tiene para invertir en ciencia y tecnología. Sé que queríamos invertir el 1 % del producto bruto interno y que estamos en el 0,4 %, pero debemos señalar que los privados no invierten casi nada, cuando en los países desarrollados los privados invierten el doble que el Estado. Así que el proyecto de ley también plantea obligaciones para los sectores empresariales, y luego me referiré a este aspecto, señor presidente.

Adecuar la institucionalidad pública al objetivo de desarrollo implica apostar al capital humano. Y la formación en capital humano tiene que ver con la educación, pero también con el mundo del trabajo, con el Inefop, con las organizaciones de los trabajadores y las capacidades empresariales, que es lo que está en cuestión.

Una parte de las cámaras empresariales ha manifestado una gran reticencia al proyecto de ley, a veces en forma un poco incomprensible para mí. Consideran que la calificación del proyecto aumenta la burocracia y no resuelve las cosas, pero sostienen que si hay un proyecto de competitividad quieren estar ahí. ¡Cómo no! Van a estar, pero no como voces políticas, sino en los consejos sectoriales, trabajando temas concretos y desarrollando políticas concretas. Los viejos consejos sectoriales se transforman en consejos consultivos y allí las cámaras empresariales estarán representadas, de la misma forma en que están representados los empresarios en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o en el Conicyt. Este país y estos gobiernos han trabajado bastante para que haya una integración trabajadores-empresarios-Estado a varios niveles.

Así pues, el corazón del proyecto de ley descansa en esta idea de que la división por incisos del Estado atenta contra la transversalidad de las políticas. El corazón del proyecto de ley está en adecuar la institucionalidad pública al objetivo de desarrollo, y luego racionalizar dos creaciones –no completas– que han tenido lugar en estos años. Una de esas creaciones son los gabinetes. Pienso que en la actualidad nadie duda en tener un gabinete productivo o social, o una Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Esa comisión es la que ahora va a estudiar la relación con China, según una noticia que acaba de aparecer. A pesar de que oí unas críticas a la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior en la Cámara de Representantes, yo pienso: ¡qué suerte que contamos con esa comisión ahora que tenemos todos estos posibles negocios con China! O sea que está muy bien que tengamos cooperación y gabinete productivo, gabinete social, gabinete de la innovación y Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Eso puede ser discutido –todo puede serlo–, pero parecería poco razonable que se criticaran estas coordinaciones de gabinete.

La otra creación son las agencias. Algunas no fueron creadas por el Frente Amplio, sino que vienen de antes. Me refiero a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, al Inacoop –que trata de incluir dentro de una misma ley todo lo que es el cooperativismo–, el Inefop, la Agencia Nacional de Desarrollo, el INIA y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En la Cámara de Representantes se agrega a lo que será el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, además de las agencias, los consejos consultivos. ¿Cuál es la crítica que han hecho? Que esto parece una asamblea, que es gigante. ¡No, señor presidente! Entre el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad y las agencias tenemos una mesa de diecisiete miembros. ¡Tampoco es para tanto! Tomemos como ejemplo el Consejo de Ministros, que tiene trece o catorce integrantes; o la bancada de senadores del Frente Amplio, que tiene dieciséis. Muchas juntas directivas tienen esa cantidad de miembros. Por tanto, no veo que haya obstáculo para que pueda funcionar una mesa con quince o diecisiete responsables de organización.

A todo esto, ya me voy anticipando a las críticas sobre crear nueva burocracia, porque en este caso la burocracia no cuesta un peso, señor presidente.

Para dar efectividad a este gabinete se creó, además, una Secretaría Ejecutiva que estará en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En la Cámara de Representantes se planteó quién iría a este gabinete, aludiendo a que los ministros tienen unas veinte comisiones interministeriales y no van a tener tiempo para integrarlo. Por eso, se designa a los subsecretarios para que integren el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad. Al mismo tiempo, hay una Secretaría Técnica.

Finalmente, lo que le agregamos en el Senado es la integración entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología –creada por la Ley n.º 19355– y la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, que es una innovación que se introduce entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Comisión de Hacienda del Senado para evitar la separación conceptual y práctica entre innovación –que es el conocimiento aplicado al proceso productivo– y ciencia y tecnología.

Ahora bien, ¿cómo anda Uruguay en materia de competitividad? ¿Bien, mal, más o menos? A nivel regional estábamos en el quinto lugar y ahora ocupamos el cuarto puesto. Por supuesto, nos supera Chile, que siempre es nuestro competidor en lo que refiere a competitividad global. Esto es lo que aparece en el Informe del Foro Económico Mundial. En la región, en 2014 estábamos en el quinto lugar y en 2015 subimos al cuarto lugar; a nivel mundial estamos entre el lugar setenta y ochenta entre ciento cuarenta países. Quiere decir que hemos mejorado, aunque en los últimos años hemos caído, y allí es donde estamos en este momento.

Lo más interesante que dice el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial es que Uruguay es uno de los pocos países en América Latina que tiene una economía en transición hacia una economía guiada por la innovación. Voy a explicar qué significa esto último. El índice de competitividad se compone de tres elementos: requerimientos básicos –como infraestructura, energía y educación, en lo que el Uruguay anda bastante bien–; potenciadores de eficiencia –tales como disponibilidad de tecnología, en lo que andamos más o menos–, y finalmente, innovación y sofisticación empresarial, en lo que andamos mal. Esto tiene que ver con las capacidades empresariales, no solamente –como dicen los empresarios– con lo que el Estado no les da, sino con lo que los empresarios no desarrollan y deben desarrollar para ser esos innovadores de los que hablaba Schumpeter y de los que todo el mundo habla, es decir, del empresario innovador que es el que lleva a que el capitalismo se destruya a sí mismo, florezca y renazca más fuerte que nunca.

Digo todo esto muy entre comillas, pero la verdad es que los empresarios uruguayos distan mucho de ser el empresario schumpeteriano que impulsaba, él mismo, la innovación. Acá, si el Estado no pone plata para innovación, no la pone nadie.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–Que el Uruguay sea uno de los pocos países que tiene una economía en transición hacia una economía guiada por la innovación quiere decir que tiene que dejar de ser una economía basada en la ventaja natural para pasar a ser una economía basada en las ventajas adquiridas. ¿Cuáles son las ventajas naturales? Pradera, frontera y puerto. Esa es la ventaja natural del Uruguay, pero ese es el origen y no puede ser el destino. El país tiene que ir hacia una economía basada en ventajas adquiridas como el conocimiento, que es la gran ventaja adquirida.

¿Cómo vamos? Todo el mundo sabe que Uruguay creció en los últimos diez años sobre la base del precio de los commodities, de mejoras institucionales, de aumentos de las capacidades regulatorias del Estado y de cambios gigantes en su base agropecuaria. Leí toda la discusión que se dio en la Cámara de Representantes y alguien decía que exportamos lo mismo que al inicio del siglo xx. No, ni siquiera exportamos lo correspondiente al año 2000. Por ejemplo, podemos ver lo que ha aumentado la soja, que se ha colocado como un segundo producto, así como también los lácteos. La verdad es que en quince años los destinos de exportación y la estructura por grandes rubros de nuestras exportaciones han cambiado mucho. Y esto no fue en un siglo, sino que ocurrió solo en quince años.

Se incorporó tecnología. Nadie duda que ahora un kilo de carne tiene una tecnología incorporada muy superior a la que poseía un kilo o una tonelada de carne en el pasado. Entonces, se incorporó tecnología pero hay que diversificar la matriz productiva incluyendo otros sectores que sean intensivos en esa área porque, de lo contrario, llegaremos a un techo. Es decir, seguimos aumentando nuestra cantidad, no mejoramos sustantivamente la calidad, no innovamos en otros rubros y, finalmente, estamos sujetos a los vaivenes del mercado internacional y del precio de los commodities, que es lo que le está pasando a toda América Latina; le pasa a Uruguay y le pasa a todos los países exportadores de petróleo: bajan los commodities y nuestros países se desploman.

Es así, entonces, que nuestro país tiene que hacer esa transición hacia una economía basada en la innovación. Este proyecto es parte de un conjunto de medidas que deben tomarse, pero es una parte esencial.

Hay dos conceptos que vertió Álvaro García en la comisión sobre la innovación, pero también hay algunas cosas escritas sobre eso, y es que si uno mira muchas películas, como la de Steve Jobs o la de Bill Gates, puede pensar en la innovación que generan en un garaje dos muchachos superbrillantes que se vuelven millonarios a los 26 años. Hay una especie de venta hoy en día con el tema de las aplicaciones. ¿Cuál es el sueño del pibe o de la piba?

Hacer una nueva aplicación y venderla en dos millones de dólares. Está esa idea del Silicon Valley, etcétera, pero eso es un espejismo. Eso oculta lo que en realidad funciona y es que la innovación funciona como un sistema. El señor Álvaro García hablaba de giro sin tornillo. No es que haya unos jóvenes superlistos que en un garaje desarrollan un software que los vuelve millonarios, sino que es un sistema en donde debe estar un Estado inteligente, un Estado potente, un Estado articulador y una política pública. La innovación no es un problema de amigos de la ciencia, sino que es un problema de los amigos del desarrollo; es un problema económico y, sobre todo, político. Sin desarrollo, y si Uruguay se estrangula económicamente –por eso tenemos que dar el salto hacia una economía basada en la innovación–, mañana vamos a tener problemas políticos de cuantía porque habrá mayor desigualdad y pobreza, como también imprevisibilidad de nuestra economía. Entonces, la innovación no es un problema de amigos de la ciencia, sino de amigos de la política.

Volvamos a la medición de la competitividad. ¿Cómo anda el Uruguay? Nuestro país es fuerte –¡qué increíble!– en institucionalidad pública –para todos aquellos que hablan de la institucionalidad pública– y en política. Puede ser que la gente no confíe tanto en los partidos políticos pero, aparentemente, en los indicadores de competitividad el sistema político aparece suficientemente confiable como para guiar procesos de inversión estables, de manera de generar credibilidad externa. Así que la institucionalidad, que hoy se robustece con este proyecto, cuenta a favor de la competitividad.

Uruguay es fuerte en infraestructura, especialmente en energía y telecomunicaciones. La Encuesta de Expectativas Empresariales hace énfasis en las ventajas que suponen para la economía uruguaya las innovaciones. Esto es clarísimo en materia energética y en telecomunicaciones. Por supuesto que hay más déficit en materia de infraestructura física. Entonces, en energía y telecomunicaciones la evaluación es que se ha avanzado y mucho, lo cual es importante para la innovación. Nosotros lo damos por hecho, pero podríamos haber tenido apagones energéticos, logísticos y comunicacionales porque el país, luego de crecer durante diez años, podía no estar preparado para eso.

Los estudios muestran también que la disponibilidad de tecnología y la universidad –los empresarios valoran la universidad y la educación terciaria–, son aspectos positivos.

Además, Uruguay es el país de América del Sur que tiene el producto per cápita más alto. No todos nuestros indicadores son tan buenos como eso, pero el producto en relación con la población nos coloca en un lugar superprivilegiado en América Latina.

Entonces, ¿por qué nos preocupamos de la innovación y de hacer el salto hacia una economía basada en la innovación? Porque superamos el estrangulamiento del crecimiento económico, que fue la preocupación cuasiexistencialista del Uruguay desde los años sesenta hasta ahora. La raíz de nuestro éxodo, la raíz de las migraciones, la raíz del vaciamiento del país, tuvieron que ver con el estrangulamiento económico que se produce, más o menos, desde fines de los años cincuenta hasta inicios del siglo xxi, hasta los años 2000. Había un librito por allí, de Methol Ferré, que se llamaba El Uruguay como problema, que nosotros estudiamos cuando éramos jóvenes. Ese libro destilaba esa preocupación existencial sobre el destino del Uruguay como nación, sobre todo, entre países grandes. ¿Cuál era el destino del Uruguay? ¿Cómo íbamos a lograr sobrevivir, ser independientes y tener una economía que diera para abastecer a esa población, que no era mucha? Ese Uruguay como problema creo que desapareció de la percepción de los uruguayos. Por eso las encuestas de opinión pública se dedican a otras cosas, como ser la seguridad y la educación. Entonces, ese tema, que fue algo central del Uruguay, del Uruguay como problema, su destino económico, su viabilidad como país –se discutía en esos términos– es lo que hoy, luego de diez años de crecimiento, da lugar a estas otras preguntas: ¿cómo innovamos? ¿Cómo mejoramos la productividad? ¿Cómo hacemos el salto de calidad hacia otro modelo de desarrollo?

Los problemas. Uruguay aparece muy mal «ranqueado» en temas que tienen que ver con los empresarios, la sofisticación de los negocios y la innovación. Hay baja sofisticación de los procesos productivos. Hay baja integración de cadenas de valor. La cantidad y la calidad de los proveedores locales son pocas y malas. Y, además, los empresarios no cooperan entre sí. Por ejemplo, no cooperan con la comercialización, con la compra de insumos; no cooperan. Por eso tenemos que hacer leyes y el Estado tiene que ser el actor externo que obligue a los empresarios a cooperar. El dilema de la acción colectiva sigue siendo el gran dilema de la política, es decir, cómo poner a la gente a trabajar en conjunto. Es más, sobre este tema estuvimos hablando unas cuantas horas. La senadora Ayala decía que el principal problema del Uruguay no era el centralismo sino el egocentrismo. Es cierto que hay problemas de la naturaleza humana para cooperar, que no los resuelven las leyes ni las normas, pero estas tienen que construir incentivos para que la gente coopere. Y bueno, lo que sale de las Encuestas de Expectativas Empresariales es que los empresarios no solamente no cooperan, sino que compiten entre ellos siempre por precios, ni siquiera por calidad.

Lo único que los empresarios piden al Estado es plata, exoneraciones fiscales, bajar los costos, pero después le solicitan educación, etcétera. Son una cantidad de pedidos incongruentes porque si pido infraestructura, educación y disponibilidad de tecnología, después no puedo pedir que por favor se baje el costo del Estado. Estamos hablando de un empresariado muy dependiente de los estímulos del Estado y muy poco dispuesto a ser un actor central y un sujeto activo en los procesos de innovación. Es el empresariado de la cultura rentista, que pide, pide, pide. Y nosotros tratamos de que en el proyecto ese empresariado ocupe un lugar como sujeto activo de la innovación.

Hay otro problema, además. Es el viejo problema de las expectativas empresariales y de la confianza, señora presidenta. Si en la Encuesta de Expectativas Empresariales se pregunta a un empresario cómo anda su empresa, dice que bien. Si se le pregunta cómo piensa que le va a ir el año que viene y si va a tomar o echar empleados, quizás responda: «No voy a tomar muchos, pero no voy a echar». Sin embargo, cuando se le pregunta por la situación del país, creen que es catastrófica. Entonces, la Encuesta de Expectativas Empresariales muestra en el mundo empresarial un clima de opinión bastante ideologizado en muchas cosas, bastante más politizado de lo que uno imagina. Y ese clima de opinión muchas veces tiene un desfase grande con los indicadores duros que refieren a los hechos. Entonces, ahí tenemos una especie de desbalance entre la macroeconomía y la microeconomía.

Ese clima de opinión, esas resistencias, esas desconfianzas, se ven en la forma en que sobre todo la Asociación Rural y la Federación Rural hablan del proyecto, porque vamos a separar a la Unión de Exportadores, a la Cámara de Industrias y a la CUTI. La desconfianza de los empresarios hacia este sistema está concentrada en algunas cámaras de las más viejas del Uruguay. Y esa desconfianza al mismo tiempo se expresa en una renuencia a invertir en capacitación de mano de obra, en innovación, en acciones de riesgo. Esto va generando un efecto bola de nieve en el que no solamente los empresarios que miran el mundo con esa desconfianza y con esa aprensión no toman decisiones de inversión en productividad y en innovación, sino que luego los excedentes –y esto lo vimos, porque votamos cosas en la rendición de cuentas– que resultan como efecto de la actividad empresarial los ponemos en el exterior. No los reinvertimos en la actividad productiva, sino que tienden a salir hacia el mundo financiero, donde de repente los retornos no son tan altos pero es seguro. Y tenemos bastantes ejemplos en ese sentido.

Entonces, tenemos una baja tasa de innovación en las empresas y una falta de financiamiento privado a la innovación. Por suerte tenemos el INIA. Cuando nos aparece la tasa de innovación en el sector agropecuario, es porque existen institutos como el INIA. Es decir, se desarrollan productos pero porque los productores están y piden que se investigue sobre el arroz, etcétera. En definitiva, creo que las actitudes de las élites empresariales son parte del problema.

En síntesis, ¿qué dice el informe sobre competitividad? Que hay que fortalecer la dinámica público-privada, que hay que fortalecer la inversión privada en tecnología y que hay que crear un sistema, porque de lo contrario cada cual hace negocios, invierte, vende y compra como quiere, y el Uruguay no puede darse el lujo de mantener a todos estos actores sueltos.

El doctor Nieto, asesor del Polo Tecnológico de Pando, tiene un par de artículos sobre el tema. En uno de ellos dice que en Alemania –que está en el top de las economías de innovación, junto con Suiza y Estados Unidos– se destina el 3 % del producto a investigación e innovación, pero la inversión pública es un punto; los otros dos puntos corresponden a inversión privada. En Uruguay tenemos el 0,4 % del PBI destinado a investigación e innovación, pero no tenemos prácticamente nada del sector privado. Digo esto para que se entienda que este sistema funciona si los privados se transforman en sujetos activos de la innovación y empiezan a invertir.

Otro problema que tenemos con las empresas privadas es que no contratan investigadores, señora presidenta. Los investigadores los formamos nosotros y los tenemos que contratar en la Universidad de la República. Y después se quejan porque los investigadores se van. Es lógico que se vayan. Si no hay demanda de investigación, los investigadores no pueden ser incorporados a los cuerpos técnicos de las empresas.

Ese es uno de los cuellos de botella del Uruguay y es uno de los grandes problemas de la educación. Todos sabemos que las empresas piden educación. En la Encuesta de Expectativas Empresariales y en la Encuesta de Competitividad Empresarial las empresas reclaman por la educación secundaria. Hemos hablado aquí sobre el tema del egreso de secundaria, de la calidad de la educación secundaria, etcétera, y las empresas hablan sobre la educación secundaria. Pero, señora presidenta, si no hay demanda de mano de obra calificada porque estamos en una economía basada en la vaca que está arriba del campo, no hay incentivos para que la gente se eduque. Voy a poner un ejemplo de los años noventa. Era mucho más usado en Argentina que acá, pero todos recordamos el arquitecto o el médico que manejaba un taxi. Ese ejemplo implica que el país forma un arquitecto o un médico, le lleva miles de años y luego no tiene un mercado de trabajo que lo acoja. Y como la gente es inteligente y se guía por las perspectivas del mercado, elige lo que estudia y lo que no estudia. Entonces, si nos falta un tornero calificado, que requiere 12 o 15 años de formación, es porque no teníamos un modelo productivo que requiriera torneros calificados, carpinteros, iluminadores o sanitarios. Eso es lo que pasó en la educación uruguaya. Simplemente, el modelo productivo no exigía una mano de obra educada con estas destrezas. Ahora tenemos 10, 12, 15 años de crecimiento, pero formar un recurso humano lleva 12, 15, 20 años. Es decir, hasta que el crecimiento se consolidó y le dio sus señales al mundo de la educación, pasaron unos cuantos años.

«¿Por qué no hay demanda de conocimiento por parte del sector productivo en Uruguay?», se pregunta Nieto. Entonces dice que el principal impulso a la industria en el Uruguay vino del modelo de sustitución de importaciones. Aprovechando los excedentes que generaban las exportaciones agropecuarias, se financió la industria. Esto todo el mundo lo sabe. Protestarán unos y otros: los que dejaron de recibir el financiamiento y el agro, que financió todo ese modelo industrial. Ahora bien, ¿qué hizo el empresariado industrial uruguayo que de alguna manera se favoreció de los excedentes de la producción agropecuaria? Como estaba protegido y tenía incentivos del Estado, se orientó al mercado interno. Pero después, satisfecho el mercado interno, dejaron de reinvertir, es decir, los excedentes se los quedaron para ellos: aumentaron su nivel de vida, los pusieron en el exterior o compraron capital financiero. Y dice Nieto, en términos textuales, que eso generó «una cultura empresarial rentista más orientada a lograr una mayor tajada de la torta de la producción nacional que a hacer crecer esa torta».

Después, en los años setenta, el Uruguay se abre sin previo aviso y las empresas cierran. Entonces, nunca completamos el ciclo de protección, incubación de empresas, innovación y competitividad externa. Nunca completamos el círculo virtuoso. No tuvimos ni una gran burguesía nacional, ni empresarios schumpeterianos. En realidad, el Estado tuvo que continuar haciendo una buena parte de las cosas que le hubiera correspondido hacer, en un sistema capitalista «de verdad», entre comillas, a estos sectores. Sin embargo, dice Nieto, la cultura permaneció y el excedente, en lugar de reinvertirse, se trasladó al sistema financiero, donde la ganancia era más segura. Esto generó, en palabras de Nieto, una enorme aversión al riesgo, que está en el origen de la poca apuesta que hacen los empresarios a producir conocimiento en Uruguay.

Hay algunas expresiones que vertió la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que voy a leer textualmente, porque me parece que expresan esto. En primer lugar dicen que no tienen un ministerio sectorial. Es decir, estamos tratando de superar la sectorialidad del Estado pero nos piden un ministerio de comercio. Hay algo de no comprensión de la envergadura de estos cambios. Y dicen: «No necesitamos todo este festival, sino que se apliquen los recursos que tiene el Estado dispuesto para esto». Es como que la descentralización es primero la descentralización de la caja del Estado, que es algo de lo que escuché hoy. Es la misma discusión. Entonces, al final lo que se quiere es la plata, la disponibilidad de la caja del Estado. Pero ¿cuál es la contraparte que se da para tener la disponibilidad de la caja del Estado? Entonces, se dice: «Creemos que la política pública de desarrollo tiene que tener sentado en pie de igualdad al sector privado que es el destinatario de la política». ¡Pero no! El sector privado es un actor de la política y los destinatarios son los ciudadanos del Uruguay; el destinatario de la política es el desarrollo uruguayo y no el sector privado, que debe entender que es un actor central de esa política.

En la Encuesta de Expectativas Empresariales las empresas no hacen una valoración negativa ni del costo laboral del Uruguay, ni de la conflictividad laboral, ni de la institucionalidad pública, ni de la infraestructura. No son esos los problemas de los empresarios en el Uruguay. Solo menciono qué es lo que los empresarios dicen en una encuesta, que puede ser distinto a lo que las cámaras empresariales dicen y que puede ser distinto a lo que digan los políticos interpretando los intereses empresariales.

¿Cómo potencia el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad estos objetivos? En primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo sobre los objetivos. Voy a mencionar algunos elementos de diagnóstico y me voy a remitir al informe que se hizo en la Cámara de Representantes. Son cosas sobre las que podemos estar de acuerdo y que la izquierda podría llamar «la caracterización de la etapa en la que vivimos». Todos sabemos –algo de esto dijo Dilma Rousseff cuando nos visitó– que «del total de las transacciones financieras que se hacen en el mundo solo el 15 % se dedica a la producción. El 85 % de las transacciones financieras se realizan teniendo en cuenta otras transacciones financieras». Es el dominio del capital financiero sobre el capital productivo.

En segundo término tenemos la deslocalización de la producción o la fragmentación de los procesos productivos nacionales. Si hay un impulso para celebrar un tratado de liberalización de servicios es por una simple razón: las economías centrales se desindustrializaron, viven hoy de los servicios, y la deslocalización de las actividades industriales se hizo hacia el sudeste asiático. ¿Qué busca Uruguay? Busca integrarse en cadenas de valor que permitan que nuestra producción tenga mayor valor agregado. De la mano de la deslocalización se produce el desarrollo de los servicios mundiales: financieros, de logística y de marketing. Por supuesto, si uno produce un champión Nike, el 15 % responde a la producción del champión y el 85 % se lo agrega la marca, el marketing y esa imagen comercial que transforma a Nike en un oscuro objeto de deseo. ¿Quién se apropia de este valor? Sin duda las potencias centrales.

Kreimerman dice que Uruguay tiene que combatir tres mitos. El primero es que ningún país es sustentable sin un sistema productivo fuerte; la macroeconomía no arregla todo.

El segundo mito es que el desarrollo productivo requiere diversificación y no especialización. Creo que Uruguay ha vivido mucho tiempo de la creencia de las ventajas comparativas: en las ventajas comparativas de sus recursos naturales y en las que impulsarían, sin más, el desarrollo.

El tercer mito es que el Gobierno fija el marco y los privados actúan. Eso no es así. Esta idea –que también trasmiten las cámaras empresariales– de que el Gobierno, o el Estado, fija el marco y los privados actúan no va de suyo, porque es la interacción entre la academia, los privados y lo público lo que permitirá la transformación productiva. No se trata de que el Gobierno se quede en el marco de las normas y que el resto se lo dejemos al mercado.

Para concluir este panorama general quiero decir lo siguiente: si sabemos que el capital financiero crece –y para eso tenemos que desarrollar políticas fiscales, macroeconómicas y monetarias responsables–; si sabemos que se deslocaliza la producción y que se arman cadenas de valor en el mundo, de las que Uruguay quiere ser parte –para lo cual la integración regional es fundamental–; si sabemos que la diversificación productiva y la interacción son necesarias, ¿para qué sirve este proyecto?

En primer lugar, el proyecto de ley pone junto todo lo que estaba separado y crea un sistema. Supera la lógica de los gabinetes y crea uno solo. Había tres gabinetes, pero ahora vamos a tener uno solo, el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, donde pone a ocho socios sentados a la mesa: los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Turismo, de Trabajo y Seguridad Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por supuesto, también está la OPP. Como dije, tenemos ocho integrantes en esta gran asamblea que tanto hemos criticado porque la Cámara de Representantes agregó al Ministerio de Educación y Cultura –¡cómo no vamos a tener a la educación y a la cultura incluidas acá!– y al de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ya que tiene que haber sustentabilidad ambiental de los procesos de innovación.

En el artículo 8.º se crea un equipo de coordinación con los subsecretarios. A aquellos a quienes les preocupa que los ministros tengan poco tiempo para ir a estas reuniones les digo que van a asistir los subsecretarios y el subdirector de la OPP. O sea que tenemos una estructura de ocho y la OPP. Después voy a agregar algunos más.

La pregunta que hay que hacerse es: ¿es bueno tener un gabinete productivo? ¿Es bueno tener un gabinete de la innovación? Yo creo que sí, que es bueno, que supera la balcanización del Estado, pero podemos conversarlo.

Por otra parte, se crea una secretaría ejecutiva, que para todos los ejecutivistas del mundo es una buena noticia. Va a haber una secretaría que va a depender del gabinete. Es el órgano de apoyo técnico. Para quienes quieren que la OPP sea la que haga esto y que no haya ningún gabinete, les cuento que va a funcionar en esa órbita. ¿Qué hace la secretaría? Articula, coordina, propone, evalúa, hace el observatorio y reúne la información.

También escuché algunas críticas: ¿para qué queremos el observatorio si la información está toda junta? ¡Qué va a estar toda junta, señora presidenta! Para encontrar cómo había evolucionado la exportación del Uruguay en grandes rubros pasé horas. La información no está toda junta ni mucho menos.

¿Cuál es la función del gabinete? Propone los objetivos y debate los lineamientos generales del sistema. Tampoco se va a reunir todas las semanas, señora presidenta. Se reunirá algunas veces. ¿Cuáles son los lineamientos generales del sistema? Impulsar un proceso de transformación productiva y de innovación que le agregue valor a nuestra producción y contenido tecnológico, y promueva la integración en cadenas de valor. Tiene tres objetivos. En el Senado le agregamos –y quizá algún señor senador de nuestra bancada quiera hablar sobre esto– algo sobre la promoción de la demanda tecnológica del sector público. También incluimos a las empresas públicas. Aunque nadie lo sabe, las empresas públicas hacen investigación y, siempre dentro del Estado, son promotoras de la innovación; si no, miremos todo lo que se ha hecho en telecomunicaciones, en infraestructura física, etcétera. Todo eso lo han hecho las empresas públicas. El Senado incluye en el proyecto a las empresas públicas.

He mencionado el funcionamiento, los objetivos del sistema, el gabinete y la secretaría, pero también están las agencias. Se quejan de que hay muchas agencias, por ejemplo, el sistema de respuesta al cambio climático. El señor senador Heber propuso que incluyéramos la lucha contra la garrapata. ¡Pido seriedad, señora presidenta! Tenemos a la ANII, a la Agencia Nacional de Desarrollo, a Uruguay XXI, a Inefop, a Inacoop, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, al INIA y al LATU. ¿A cuántas personas tenemos? Por ahora son diecisiete sentados a la mesa. He sido integrante del Conicyt, que más o menos tiene esa cantidad de personas para discutir solo sobre ciencia y tecnología. Una reunión de la bancada de senadores tiene dieciséis personas. Un consejo de ministros tiene trece, catorce o quince; así que diecisiete personas sentadas a una mesa no conforman una asamblea inmanejable.

¿Para qué ponemos a las agencias todas juntas? Para generar transversalidad. Juntamos a los que se ocupan de la producción, juntamos a los que se ocupan del ambiente, de la inserción internacional, de la infraestructura y del capital humano. A veces escucho –y, más que escucho, leo–: «¡Falta liderazgo! ¡Falta autoridad! ¡Es demasiado horizontal! ¡Es una asamblea!». ¡Pero, señores: Atenas y Roma fueron grandes porque estaban dominadas por asambleas y no por emperadores! Además, el paradigma del ejecutivismo centrado en una cabeza es un viejo paradigma organizacional superado. El mundo se organiza en red, la sociedad se organiza en red; en red de destrezas y saberes compartidos, red de información y red de ideas. Queremos socios, muchos socios, más que jefes, pero además, uno de los principales problemas detectados en el informe de competitividad de las empresas refiere a la delegación de autoridad por parte de los empresarios. Por lo tanto, el problema que tenemos no es el de ser muy democráticos, sino en lo que hace a la delegación de autoridad. Por supuesto que a nivel de las empresas no solo tenemos problemas para delegar autoridad; tenemos problemas para que los empresarios entiendan la índole de las relaciones laborales en el siglo xxi, que implica que hay derechos de los trabajadores que deben ser respetados. Las empresas deben entender que tienen que superar la brecha de género; las mujeres están cada vez más educadas, pero para llegar a los cargos gerenciales les resulta imposible porque se encuentran con un techo de cristal impresionante. Eso existe en la política, donde se puede superar a través de los mecanismos de acción afirmativa, pero es impresionante la discriminación salarial entre hombres y mujeres en los estratos más educados de la sociedad y la baja llegada de las mujeres supereducadas a los puestos gerenciales de las empresas. Las empresas se tendrán que aggiornar y darse cuenta de que hay una inteligencia femenina por allí que sería muy bueno incorporar al sistema de toma de decisiones.

Por otra parte, señora presidenta, aquí tenemos una discusión sobre paradigmas organizacionales que es bueno dar abiertamente con la oposición. Cuando discutimos de cogobierno discutimos de lo mismo, ¡y miren que el cogobierno es una gran asamblea! Sin embargo, la Universidad de la República ha andado con botas de siete leguas, ha mejorado, ha llevado la descentralización al interior del país, sale bien parada en el informe de competitividad, etcétera.

Creo –y en esto voy a referirme al señor senador Camy, que se está yendo– que tenemos una discusión pendiente sobre la gobernanza y debemos entender que la organización para la competitividad no puede ser jerárquica ni estar basada en los principios de autoridad, sino que debe funcionar en red, luchando contra las chacras, contra las superposiciones y vacíos de actividades en el Estado, facilitando la vida a los científicos, a los empresarios y a los trabajadores.

¿Dónde está la participación privada? El sector privado se queja: no incluimos la voz política de los empresarios. No incluimos al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, no incluimos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y tampoco a los presidentes de la Federación Rural y de la Asociación Rural, aunque sí integran los consejos consultivos. ¿Qué hacen los consejos consultivos, que eran los consejos sectoriales? Voy a dar ejemplos simples. Los empresarios dijeron que querían contribuir a los molinos de viento que se importaban en el Uruguay; lo presentaron en un consejo sectorial y se emitió un decreto para que los molinos de viento tuvieran mano de obra nacional. Los videojuegos, la biotecnología y el consejo consultivo naval también son ejemplos. Asimismo, para hacer rodajes en el Uruguay –que cada vez se hacen más– se necesitan iluministas y carpinteros especializados en rodajes, y se pidió a la UTU que diera una formación específica en esa materia. ¿Qué hacen los consejos consultivos? Si un sector tiene problemas para exportar porque los trámites son infinitamente complicados, van al consejo consultivo y lo plantean. Cuando solicitan una consultoría para desarrollar una estrategia comercial para un producto equis, ¿dónde lo plantean? En los consejos consultivos. Hasta aquí lo relativo a la organización y los objetivos del sistema.

También se asignan o, mejor dicho, se redistribuyen recursos de Inefop y de la Agencia Nacional de Desarrollo para estos programas. También hay acá un gran problema con la plata, ya que se menciona que hay un 20 % del fondo que se destina a estos programas, pero todos los organismos van a estar involucrados en estas decisiones, por lo que no hay que preocuparse. En todo caso, si pienso cómo se consolidan los USD 70:000.000 que tiene el Fondo de Reconversión Laboral, tal como comprobé, lo aportan los trabajadores: el 0,125 de la nómina del trabajo y de los empresarios que aportan al Banco de Previsión Social. Quiere decir que los empresarios no pueden protestar por una plata que poco ponen, ya que más bien la ponen los trabajadores.

El 20 % de estos recursos se asigna a planes y proyectos que tienen como objeto la transformación productiva y se usan en los siguientes indicadores: valor agregado, salario real, valor unitario de las exportaciones, etcétera. Voy a poner dos ejemplos de innovación productiva en el Uruguay. El primero de ellos es social: las cunas que se desarrollaron específicamente para niños en situación de vulnerabilidad hasta los seis meses, que son especiales ya que no son tan grandes como las que se estaban dando y tienen un diseño especial para el Programa Uruguay Crece Contigo. Eso es innovación nacional. El otro ejemplo es el de la localización del ganado, que fue hecho por una mujer, y también está el del cibercafé con máquinas de coser, ideado por dos mujeres con una pequeña empresa, que ahora están ampliando gracias a los fondos que les dio la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Todo esto pasa en el Uruguay y se habla poco al respecto.

Por último, los artículos 11 a 17, incluyendo el 20 y el 21, contienen modificaciones a entes y agencias ya existentes.

Con relación al Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, que nosotros tendemos a identificar con Uruguay XXI, se hace una redefinición de algunos de sus objetivos. Al respecto leí que un representante en la Cámara de Representantes dijo: «¿Y ahora a Uruguay XXI le agregan como cometido que potencie la inversión extranjera? ¡Qué disparate! Uruguay XXI está para exportar». No; el Instituto de Promoción de las Inversiones y la Exportación siempre estuvo para la inversión. El primer literal del artículo 204 expresamente hablaba de la inversión, y para quienes dicen que el Frente Amplio borra con el codo lo que escribió con la mano sobre la inversión externa directa quiero decir lo siguiente. ¿Quién dijo que el Frente Amplio estaba en contra de promover las inversiones extranjeras en el país? Lo que no queríamos era vender las empresas públicas para promover la inversión externa directa, que fue la forma en que en los años noventa vino la inversión directa a América Latina, ya que vendimos hasta las baldosas y las compraron ellos. El Uruguay no lo hizo, gracias al movimiento popular y a los mecanismos de democracia directa; en algunos casos perdimos y en muchos otros ganamos: tenemos a Antel, OSE, UTE y Ancap. Gracias a que no vendimos las empresas públicas, cuando vino la inversión externa directa en los años 2000, ya no fue para comprar activos públicos sino, por ejemplo, para instalar empresas como Botnia. Se puede discutir mucho al respecto, pero se trata de una inversión externa directa muy distinta a la que América Latina recibió en los años noventa, privatizando sus activos públicos. Ahora bien, nosotros queremos una inversión externa directa que se enganche con las cadenas de valor productivo nacionales y para eso necesitamos un sistema nacional de transformación productiva e innovación.

Hoy en día tenemos una tasa de inversión aceptable –pido que algún economista me corrija–, que creo ronda el 19 % del PIB. Entonces, lo que hicimos con Uruguay XXI fue cambiar el literal que hablaba de promocionar la inversión externa, porque ya hay inversión externa; por consiguiente, hablamos de aumentar la inversión externa y encadenarla con la producción nacional. Después agregamos el cometido de gestionar la marca país, pero también hubo discusiones sobre la imagen país. En el mundo globalizado debemos tener una marca o imagen-país. Como nosotros tenemos nuestra marca e imagen, que es Frente Amplio, también están la hoz y el martillo, la imagen de Shell, como la imagen país de Perú, que hizo un logo fantástico, o como la imagen país de Uruguay Natural que hemos desarrollado en este tiempo. Por lo tanto, la marca país la incluimos en los objetivos del Instituto de Promoción de la Inversión e incorporamos al Ministerio de Educación y Cultura porque para funcionar la marca país debe ser internalizada por su gente.

Sobre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación hubo una larguísima discusión en la Cámara de Representantes y se eliminó ese capítulo. Nosotros lo que hicimos fue agregar dos artículos al final del proyecto. ¿Cómo explico esto de la manera más sencilla? Cuando el director de la OPP pide a las agencias –a la ANII y a la universidad–, que hagan informes sobre cómo gestionar el sistema, se generan dos distintos: uno más de la academia y el otro más de la ANII. Entonces, ¿qué hicimos en el Senado? Juntamos el espíritu de ambos informes y planteamos que la Secretaría de Ciencia y Tecnología se incorporara al Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad y que coordinara con la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad. ¿Por qué, señora presidenta? Porque la universidad tiene que estar en la ecuación dado que hoy –quizás no mañana– da cuenta del 90 % de la investigación –tanto la básica como la aplicada– que se hace en este país, a la vez que el 85 % de los recursos terciarios que se forman en Uruguay lo hacen en la Universidad de la República. La universidad es la única que absorbe a los investigadores que forma –ya dije que las empresas no lo hacen– y ha hecho cosas maravillosas sin un peso. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras por lo que gana un soldado de primera, ¡pero hay que ver lo que gana un profesor adjunto grado 3 con 20 horas! ¡No llega a los $ 20.000, señora presidenta! El sostén de la universidad no son los full time sino los grado 2 y los grado 3 que, con suerte, consiguen 20 horas. Así que si nos preocupamos por la innovación y la investigación, hay que preocuparse por todo: los maestros, los profesores de secundaria y los universitarios.

Una de las últimas cosas que quisiera decir es que nos llegó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que planteaba la separación de los directores remunerados de la ANII de los no remunerados. Los no remunerados eran los del Conicyt, y los remunerados los del Poder Ejecutivo. No, eso es una injusticia; los remunerados no van a trabajar más que los no remunerados, así que se plantea remunerar a todos parejo. Y eso vale para todas las agencias. Se los equiparó a un director general de Secretaría; ya hicimos algo en la rendición de cuentas, señora presidenta, para ir equiparando los salarios dentro del Estado. Por allí votamos un artículo –creo que finalmente se votó separado de la rendición de cuentas– para colocar un tope salarial y hacer equivalentes los salarios en todo el Estado. No podemos tener un Estado de primera y otro de segunda.

Por otro lado, los artículos 19 y 22 permiten integrar la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad.

Termino diciendo que creo que esta intensa discusión que hubo al interior de las agencias y la universidad –la política partidaria participó, pero poco–, que llegó hasta el Senado y que fue zanjada definitivamente aquí, nos debe dejar una lección de prudencia y pluralismo al interior del sistema. Nadie es dueño de la innovación y no hay que aislar a la Universidad de la República solo porque no la controlamos, porque es autónoma. Hay muchas cosas que controla la política y las hace horrible y, además, deberíamos ser humildes y reconocer no solamente que mucho de lo que controlamos no funciona bien, sino que mucho de lo que no controlamos y es autónomo funciona fantásticamente bien.

Para funcionar se precisa equipo e inteligencia colectiva; con esto tendremos la cáscara y la estructura, y dependeremos de la voluntad política para implementarlo. Eso implica que hay que incorporar a los empresarios, para empezar, trabajando con los que ven con buenos ojos el proyecto de ley.

Hay algo de lo que dijo la señora senadora Ayala sobre la enorme dificultad que se tiene para cooperar en la vida y en la sociedad, que todavía rebota en mis oídos. La capacidad de cooperación es clave para desarrollar inteligencia colectiva y todo conspira contra ella, inclusive la naturaleza humana, pero para eso creamos las leyes, es decir, para ir contra la desigualdad natural de las cosas y contra los principios de «yo mando y tú obedeces». Para eso creamos sistemas, para eso obligamos a cooperar y para eso creamos socios en una red.

Entonces, señora presidenta, creo que este proyecto de ley, con su largo, larguísimo recorrido, es una buena propuesta, es un paso adelante, y pienso que su contenido y funcionamiento real dependerán, efectivamente, de la voluntad de las partes.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: quiero hacer dos comentarios previos a la intervención que haremos y en la que vamos a hablar del tema de la competitividad y, después, de este proyecto de ley en particular.

La señora senadora preopinante –creo que en nombre de la bancada oficialista– hizo una verdadera estigmatización de inversiones, de empresarios y de desarrolladores que nos parece, por lo menos, riesgosa. Hemos ido a varias instancias en las que el actual ministro de Economía y Finanzas nos ha hablado del grado inversor, de la inversión del sector privado en el Uruguay y de la inversión extranjera directa como elementos vinculados a una seguridad jurídica y a una promoción de inversiones que el Gobierno se vanagloria –o, por lo menos, así lo manifiesta– de tener.

Es más; en este momento el presidente de la república está en el exterior buscando inversores extranjeros para que vengan al país. En el día de ayer estuvo en la ciudad financiera Santander y también en Santiago de Compostela buscando inversores extranjeros, capitalistas que vengan a invertir a nuestro país. Seguramente gracias a la diferencia horaria no escuchan el discurso de la señora senadora preopinante porque, si lo hicieran, obviamente quedarían azorados por lo que está diciendo y por la estigmatización que hace, sobre todo, del sector privado, que es –o debería ser– uno de los objetivos prioritarios de este proyecto de ley, que habla poco de la competitividad del Estado. Fundamentalmente –aquí se ha usado la palabra «transversalidad»– se intenta crear –y rescato eso– transversalidad; lo que no asegura es la competitividad.

Es más; entiendo que el tratamiento de este proyecto de ley –que creo fue presentado en marzo o abril de 2015– se ha demorado, fundamentalmente, por diferencias en la bancada de gobierno, que ha pedido postergación porque, obviamente, no termina de convencer. Además, me parece –y por lo menos el Partido Nacional así lo manifestó– que termina no siendo efectivo para un objetivo que compartimos.

El hecho de que se ponga arriba de la mesa el tema competitividad con un proyecto de ley ya es un avance, porque quizás sea uno de los elementos más críticos que tiene el desarrollo económico del Uruguay, particularmente –aunque no en forma exclusiva–, el sector exportador. Por eso lo primero que tenemos que decir es que intentar coordinar, a través de un sistema, un conjunto de organismos para que puedan evitar superposiciones y mejorar condiciones de competitividad, es positivo. Tengo que decirlo porque me parece que, obviamente, ese es el sentido, el objeto o, por lo menos, la intención. Ahora, si eso se logra con este proyecto, pienso que seguramente no. La competitividad, que quizás es uno de los temas más importantes que tenemos por delante, pasa por el costado de este proyecto de ley.

El Foro Económico Mundial al que se hizo referencia recién define la competitividad como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía que, a su vez, establece el nivel de prosperidad que el país puede lograr.

El informe que el Foro Económico Mundial realiza anualmente ubica a Uruguay en el puesto 73 de 140 países. Tal como decía la señora senadora Moreira, nuestro país ha venido retrocediendo. Los tres primeros países son Suiza, Singapur y Estados Unidos, seguidos de Alemania y Holanda, en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Dentro de Sudamérica figura Chile en el puesto 35, Colombia en el 61, Perú en el 69 y Uruguay, como dijimos, en el lugar 73, de 140 países.

Si analizamos el ranking del Banco Mundial –denominado "Doing Business", vemos que Uruguay figura en el lugar noventa. Se trata de otro indicador diferente al del Foro Económico Mundial, pero que también se utiliza para medir la competitividad.

Volviendo al Foro Económico Mundial, para llegar al indicador evalúa pilares como instituciones, preparación tecnológica, mercado laboral, innovación, sofisticación, macroeconomía, infraestructura, entre otra serie de factores económicos. Para ello nos enfocaremos en factores tales como los costos de producción –quizás uno de los más importantes–, las exportaciones e importaciones, los mercados internacionales, las relaciones laborales, el mercado laboral y, por último, algunas políticas relevantes en materia económica que apuntan a incentivar inversiones y a mejorar el acceso al crédito, que son, quizás, de los elementos que más se necesitan para alcanzar niveles de competitividad.

Comenzaremos por los costos de producción. Para ello vamos a referirnos al tema genérico y luego pasaremos al proyecto de ley.

Son varios los factores que influyen en los costos de producción, pero el resultado es uno solo, que es el costo final del producto o del servicio. Sin perjuicio de que el costo de producción varía en función de la actividad económica de que se trate, de todas formas hay algunos ítems que se repiten y atraviesan el sistema productivo en forma transversal. El costo de la energía y de los fletes, la mano de obra, los aportes y la carga tributaria son algunos de los aspectos que inciden –no los únicos–en los costos de producción. No podemos referirnos a la competitividad sin hablar de alguno de ellos porque estaríamos dejando renga la discusión. Ya que no se mencionó anteriormente, nos parece importante hacerlo ahora.

Empezaremos refiriéndonos al costo de la energía y, para ello, indudablemente tenemos que hablar de las empresas públicas, tanto de la gestión como de su performance. Por eso, señora presidenta, consideramos que las empresas públicas, que también son factores de desarrollo, deben vender o proporcionar servicios a bajo costo, y mucho más si son monopólicas. Reitero: son factores que deben vender o proporcionar buenos servicios y a bajo costo. Para ello es necesario trabajar sobre su gestión; no vamos a dar una discusión profunda ya que, incluso, hay proyectos de ley en la Comisión de Hacienda vinculados a un Estado paralelo, que son las sociedades anónimas que funcionan en la esfera de las empresas públicas.

Obviamente, aquí empezamos a ver que la mala gestión en algunas empresas estatales puede generar que el servicio que se venda no sea de bajo costo y vaya a cubrir una necesidad financiera o un déficit. Ya lo vimos en el caso de Ancap con un déficit acumulado de más
USD 800:000.000. Lo decíamos el otro día y lo reiteramos hoy: no hemos tenido la posibilidad de aprovechar la oportunidad de bajar los costos tarifarios –porque esto también tiene que ver con empresas y tarifas públicas– a pesar de un petróleo bajo y de una energía renovable.

Es más; repito lo que decíamos con respecto a la necesidad de caja del Gobierno vinculado a las nuevas alícuotas del IASS. Manejamos la cifra de USD 150:000.000 adicionales de recaudación por vía de los combustibles por no haber adaptado el precio a la baja en función de lo ocurrido desde octubre del año pasado a la fecha con los valores del petróleo y del dólar. Esto funciona para Ancap, aunque también podemos hablar de UTE y de OSE. La UTE, fundamentalmente, es un factor muy importante en materia de competitividad; varios de los que visitan emprendimientos productivos, sobre todo los energointensivos, saben que hay una demanda creciente no solo respecto al costo de los combustibles, sino también al de la tarifa eléctrica.

En el tema de UTE –mejor dicho, de la tarifa eléctrica– vemos que muchas veces las propuestas técnicas terminan siendo superadas por las decisiones políticas. Por ejemplo, sucedió en enero de este año cuando los servicios técnicos de UTE proponían un incremento de un tres y pico por ciento y terminaron aumentando por encima de la inflación, a pesar de que este año, o a mediados del que viene, terminaremos de consolidar cerca de 1500 megavatios de energía eólica, producto de una política de Estado lograda por un acuerdo multipartidario de desarrollo de energía renovable, con un objetivo: no solo de dar mejor servicio e impulsar las energías renovables, sino también tener una tarifa más barata. Sin embargo, no se dio. Es más; en una sesión pasada el señor senador Bordaberry hizo referencia a que el Fondo de Estabilización Energética –que tiene la finalidad de subsanar problemas hídricos que se pudieran generar– llegó a su tope de recaudación. En estos últimos años hemos tenido un superávit hídrico importante y hoy el Fondo de Estabilización Energética está al tope: USD 300:000.000. Cabe destacar que le acaban de rapiñar USD 18:000.000 para cubrir un déficit de OSE y adelanto que hay intenciones del Gobierno de utilizar USD 200:000.000 de ese fondo para que se vuelquen a rentas generales, en lugar de usarlos –si no se necesitan para compensar el respaldo térmico– para mejorar el costo de las tarifas eléctricas.

Si hablamos de lo que entendemos que está mal, también vamos a decir alguna cosa que está bien. Me parece que el Estado cuenta con un activo importante, que es la eficacia en los servicios. Son caros, quizá no sean buenos, pero hay seguridad de abastecimiento, tanto en combustibles como en energía eléctrica, y ese también es un factor que importa en la competitividad.

Otro tema que afecta la competitividad –¡y vaya si la afecta!– tiene que ver con la infraestructura. Quizá sea uno de los puntos más determinantes en esta materia; sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no integra este sinnúmero de agencias y ministerios del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. ¡El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no aparece! Tenemos un déficit de infraestructura monstruoso que condiciona la competitividad, mucho más para las empresas e industrias que están en el interior y, sin embargo, ¡el ministerio no aparece!

Señora presidenta: el país tiene grandes problemas de infraestructura para transportar mercancías; tiene una red de carreteras en muy mal estado, que se han ido deteriorando y no han recibido una inversión suficiente. En el Uruguay hay rutas nacionales de importancia relevante para el transporte de carga, que están en condiciones calamitosas –podría mencionar varias–, mientras que otras tienen la circulación comprometida, sobre todo la de carga.

Las redes ferroviarias –¡vaya si es un tema que hoy está en la prensa a raíz de la visita del presidente a España!– tienen un 50 % de los 3500 kilómetros que están inutilizables, las máquinas son antiguas y hacen muchas veces ineficiente el traslado de mercadería. De hecho, la utilización de la vía férrea para el transporte de mercadería –obviamente, para el transporte de carga– ha ido disminuyendo a lo largo de estos tiempos.

A principios de este Gobierno se anunció la inyección de USD 12.370:000.000 para este quinquenio, de los cuales USD 2.360:000.000 se destinarían a vialidad,
USD 360:000.000 a inversión ferroviaria, USD 550:000.000 a puertos, y el resto se dividiría en energía, vivienda, infraestructura social, agua, saneamiento y otros. Obviamente, si se concreta este anuncio y se realiza esta inyección, tendríamos un avance importante en materia de inversión, infraestructura y mejora de la competitividad.

El Foro Económico Mundial indicó que el índice de competitividad de Uruguay en materia de infraestructura se encuentra en la posición 87, de 140 países. El índice de vías férreas ocupa el puesto 108 –es el peor resultado–, seguido por el de transporte aéreo, que está en el lugar 102, por el de carreteras, que está en el lugar 95 y por el de puertos, que está en la posición 43.

La inversión en mantenimiento vial en algunos casos ha alcanzado cifras importantes, pero es tal el grado de deterioro que no es suficiente para revertir el proceso ni para compensar los costos de construcción, que se multiplicaron, entre el 2000 y el 2013, por 2,3 veces, y el aumento del tránsito, que se multiplicó por 2,4 veces.

También tenemos que hablar de los puertos. Hay una ley que los regula –que en su momento el Frente Amplio no acompañó– y que ha impulsado el desarrollo en materia portuaria, lo cual hoy es reconocido por todos. Uno de los debes que tiene nuestro país es el aumento del calado del puerto para permitir el ingreso de buques de mayor tamaño y optimizar la carga. La interrelación entre la infraestructura y los fletes es muy estrecha, ya que la muy mala condición de las carreteras y de las vías férreas, sumadas al poco calado del puerto, hace que los costos de fletes sean altos para el sistema productivo. Esto también tiene que ver con competitividad, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no integra esta arquitectura de proyecto de ley que tiende a sistematizar o transversalizar acciones en materia de competitividad.

El mercado laboral es un factor clave en materia de la relación empresa-patrón-trabajador. Hay muchos aspectos que inciden en el momento de evaluar este ítem; el Foro Económico Mundial así como otros organismos lo mencionan con respecto a la competitividad. El índice de conflictividad, el costo salarial, los aportes, la capacitación y la formación de los trabajadores son elementos que hay que tener en cuenta.

Por otro lado –no podemos hablar solo de lo que nos parece mal; también debemos señalar lo que creemos que está bien–, el diseño actual de las negociaciones colectivas implica una forma tripartita de resolver los temas entre trabajadores y empresarios, ya que interviene un tercero, cuyo rol, en realidad, debería ser el de mediador o articulador; estoy hablando del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este sistema de negociación lo consideramos garantista. Obviamente, hay elementos que deberían estar en discusión entre los actores; por ejemplo, los ciclos económicos, las diferentes capacidades económicas dentro de la misma rama de actividad, etcétera.

Otro aspecto que llamó la atención en el informe del Foro Económico Mundial sobre competitividad fue la educación. Concretamente, se destaca el acceso a la educación pública, pero también se cuestiona la calidad. A medida que pasamos de educación primaria a secundaria y luego a terciaria vemos que la educación no es tan accesible, mucho menos si se analiza teniendo en cuenta la capacidad económica de los hogares. En efecto, en los hogares de mayores ingresos una persona de cada dos alcanza estudios terciarios, mientras que en los hogares de menores ingresos lo hace uno de cada treinta. Obviamente, esto se refleja en el nivel educativo de los trabajadores y, en ese sentido, una encuesta realizada por el BID –a fines del año 2014 y principios de 2015– arrojó que el 43,8 % de los trabajadores que se desempeña en los establecimientos productivos encuestados no completó secundaria, el 27 % la terminó, el 12,5 % poseía estudios terciarios no universitarios, el 13,9 % concluyó la universidad y solo el 2,8 % alcanzó el nivel de posgrado.

Respecto a la capacitación de los trabajadores, en esa encuesta del BID se desprende que el 84,1 % de los establecimientos financió las actividades de capacitación a través de fondos propios y solo el 1 % utilizó el financiamiento de Inefop.

¡Vaya desafío que tenemos con cerca de USD 80:000.000 para la reconversión laboral! Es evidente que la educación de un país está directamente relacionada con la calidad de los servicios, con la posibilidad de avanzar en la investigación científica y con la competitividad.

Otro elemento que quiero mencionar tiene que ver con la inserción internacional, lo que también afecta la competitividad. La apertura de mercados y la negociación de aranceles, que muchas veces constituyen una barrera importante para los productos uruguayos, son absolutamente relevantes. No voy a hacer referencia a oportunidades perdidas, negociaciones estancadas o a un tema que está arriba de la mesa como es el eventual acuerdo con China, pero evidentemente en materia internacional hay voluntad de avanzar hacia la diversificación de mercados y la apertura, lo cual compartimos.

La apertura comercial impactará de lleno en las exportaciones, que en los últimos meses han caído en forma sistemática; esto tiene que ver con competitividad. La Unión de Exportadores del Uruguay, en su último informe dice: «Las solicitudes de exportación de bienes registraron un descenso de 6,32 % en octubre con respecto a igual período de 2015 con ventas por US$ 556,9 millones». Más adelante continúa: «En los primeros 10 meses del año las exportaciones cayeron 10,58 % en relación a igual lapso del año pasado… Por su parte, en los 12 meses finalizados en octubre las exportaciones sumaron US$ 7.005:000.000, lo que significó una caída de 10,77 % frente al año móvil cerrado en octubre de 2015». Acá también estamos detectando problemas de competitividad. Estos son los temas que hay que poner arriba de la mesa, y en ese sentido, tenemos que analizar si el proyecto de ley que intenta dar mejores condiciones para solucionar este problema es eficaz o no.

El artículo 1.º de este proyecto de ley se refiere a la finalidad del sistema.

El artículo 2.º establece que el sistema estará integrado por el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, los Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad, la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

En el artículo 3.º se habla de los cometidos y en el artículo 4.º se expresa que el gabinete estará integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Industria, Energía y Minería, de Trabajo y Seguridad Social, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se olvidan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¡vaya qué tema!

En el artículo 6.º se crea una Secretaría para trabajar en este sistema de competitividad.

En el artículo 8.º se establece un equipo de coordinación porque, obviamente, todos estos organismos deben ser coordinados y la representación estará a cargo de los subsecretarios de los ministerios y del subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o quienes estos designen. Todos sabemos el final de la película.

Por el artículo 9.º se crean los Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad.

Por otro lado, el proyecto de ley tiene un artículo de dudosa redacción, donde se establece que la Agencia Nacional de Desarrollo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional asignarán al menos el 20 % del monto total de los apoyos previstos en cada plan de actividades anual, a proyectos o programas que tengan como objetivo la transformación productiva.

Si esto significa imputar parte del Fondo de Reconversión Laboral o del Fondo de la Agencia Nacional para el Desarrollo, se debería decir con mayor claridad. Nos hubiera gustado que fuera parte de la discusión tripartita al respecto.

También hay cambios en los cometidos de la Agencia Nacional de Desarrollo y en los de Uruguay XXI.

Por último, también se establecen modificaciones en la votación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que pasaron un poco desapercibidas. En realidad, en el artículo 17 se dispone un criterio diferente de votación en el que se pasa del tripartismo –en el que se necesitaba consenso para utilizar el fondo de reconversión laboral que ponen trabajadores y empresarios, tema en el que el Estado está debiendo dos años– a una mayoría del Estado que ahora se refuerza para tomar decisiones a través de la utilización del doble voto del presidente.

No vamos a acompañar este proyecto de ley porque si bien podemos coincidir en la preocupación, en el objetivo, en el intento de transversalidad, no confiamos en esta arquitectura ni en este diseño. Es más; más allá de las buenas intenciones y de este desarrollo fantástico de un esquema transversal de mejora de la competitividad, nada de lo que está acá termina incidiendo sobre algunos elementos que van a pasar por otro lado. Me refiero a los subsidios, beneficios, promociones, devolución de impuestos, prefinanciación de exportaciones, política monetaria, tipo de cambio, costos portuarios, tasa consular –el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni siquiera está contemplado–, infraestructura, tarifas públicas, educación, carga tributaria e inserción internacional. A ello se agrega el hecho de que en esta estructura que se está creando, el sector privado queda relegado a un tercer nivel porque pasa a integrar algunos organismos, en minoría, que forman el sistema cuando, a nuestro juicio, debería tener –porque quizás sea uno de los cometidos u objetivos de la ejecución–, un mayor nivel de interacción e incidencia.

Para lograr que el sistema avance con políticas a largo plazo es fundamental lograr mecanismos que aseguren la sustentabilidad de las propuestas, más allá de los consejos consultivos. Sin un ámbito de planificación, diseño y discusión más amplios del que está planteado en este proyecto de ley, va a ser difícil que se pueda lograr una transformación productiva y una ganancia de competitividad sostenible a largo plazo.

En el último artículo que se agregó en la comisión, que nos parece muy sensato y que tiene que ver con la evaluación del proyecto dos años después de la promulgación de la ley, se determinará si este megasistema que intenta mejorar las condiciones de competitividad termina siendo eficaz o eficiente.

Con esta superposición de competencias –que tiene un diseño que no compartimos–, tenemos la presunción de que no estamos ayudando a la competitividad. Es más, quizá la estemos complicando.

Es todo lo que tenía para decir.

Gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: el señor senador Delgado habló en nombre del Partido Nacional, pero no puedo votar negativamente este proyecto de ley sin antes hacer algunas consideraciones que me parecen de orden, sobre todo, luego de escuchar a la senadora miembro informante, quien me provocó con lo que dijo.

Me parece que esta iniciativa es una joya frenteamplista, es la creación de una supercomisión. No debe faltar en ningún manual de un frentista crear, por ley, una supercomisión. Siempre crearon comisiones para todo pero, ahora, ¡es la supercomisión! Fíjese, señora presidenta, que el sistema está integrado por el gabinete ministerial donde están casi todos los ministerios, salvo los de Transporte y Obras Públicas, de Desarrollo Social y de Salud Pública. Fuera de estos, está todo el Gobierno. Los ponen en una comisión, ¡pero hoy lo pueden hacer! ¿Para qué lo dicen en una ley? También estará compuesto por la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad y por consejos consultivos. Estos consejos tendrán carácter honorario –les encanta esto– y en ellos habrá una ampliación de la representación de los actores interesados en la materia respectiva –o sea, todos–, incluyendo trabajadores, empresarios, emprendimientos de la economía social e instituciones educativas. O sea, el universo está representado en los consejos consultivos que, repito, son honorarios. Asimismo, en el sistema tendrán representación la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional de Cooperativismo, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático –tampoco podía faltar–, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria –no sé si acá entran también todas las descentralizaciones sobre las que a primera hora de la mañana nos ilustró mucho el señor senador Garín, respecto a las Mesas de Desarrollo Rural agropecuarias– y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. A estos efectos y para potenciar el sistema y el papel de los entes comerciales e industriales del Estado se incluyen: Antel, UTE, OSE, Ancap y la Administración Nacional de Puertos.

El país se integra en esta supercomisión que sesionará en el Palacio Peñarol, aunque quizás le quede chico; a lo mejor habrá que ir al estadio Centenario o al Parque Central para poder sesionar.

Después se establecen sus cometidos, que son bárbaros porque tiene que hacer todo en veinticuatro meses. Ese es el mejor artículo del proyecto y hasta tengo ganas de votarlo. Le estoy pidiendo permiso al Partido Nacional para votarlo porque dice: «A los veinticuatro meses contados a partir de la promulgación la presente ley el Gabinete Ministerial –o sea, todo el Gobierno– de Transformación Productiva y Competitividad presentará a la Asamblea General una evaluación del resultado de la aplicación de esta ley». ¡En 24 meses! A los 24 meses no sé si sesionará, si tendrán tiempo de juntar a todo el mundo en el Parque Central y elaborar un informe. ¡Es un gran desafío! Espero con ansiedad, como dice el artículo, que venga el informe porque lo que se va a recibir son resúmenes de todos los ministerios y ninguna recomendación a la Asamblea General. ¡Esto es progreso escrito! ¡No existe! No va a haber ninguna situación. Nosotros no lo votamos porque es ineficaz. Si fuera así, ya estaría siendo instrumentado, y vendría el Poder Ejecutivo a decirnos que está funcionando bien, que se le dé rango de ley. ¡Pero no! Esta es una asamblea permanente que va a reunir al Uruguay entero para poder debatir sobre la competitividad y cuando tenga los resultados, después de ese gran debate, ya va a haber otra realidad en el Uruguay y en el mundo. Entonces, se volverá a discutir porque la competitividad es casi semanal o mensual y cuando tengamos este informe ya va a ser tarde y ya va a haber otra realidad en el mundo, en la región y en el país.

Por lo tanto, señora presidenta, me parece que esto es parte integrante de un sueño que tiene la gente de izquierda: resolver los temas pasándolos a una comisión que tenga una gran integración y una gran participación. Pero la competitividad necesita medidas hoy, mañana, pasado –¡ya!– para poder ser competitivos en un mundo vertiginoso como el de hoy en el que, por los medios de comunicación, tenemos que ser mucho más eficaces. Pero acá estamos generando una gran asamblea para poder sesionar y discutir. La discusión es lo que le gusta a la izquierda, no el Gobierno, por eso tiene que dejarnos a nosotros.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: luego del amplio informe realizado por la señora senadora Moreira, queremos dejar algunas constancias de sentido práctico porque, en definitiva, la miembro informante ha abundado en un sinfín de ramificaciones que tiene el tema, lo que quizás a todos nos ha costado entender. Seamos honestos, admitamos que es un tema complejo, pero también que requiere imaginación.

Como muy bien decía la señora senadora Moreira, el tema de la viabilidad del Uruguay se discutió durante cincuenta años en nuestro país, a raíz del libro El Uruguay como problema, de Alberto Methol.

Señora presidenta: la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, a diferencia de lo que opina el señor senador Heber, me parece que es un acierto, más allá de posturas no coincidentes sobre este proyecto de ley, algunas de ellas vertidas en la comisión.

Esas voces no coincidentes –aun la del último orador– no son un demérito, como para que no se siga trabajando en este proyecto. Por el contrario, en este caso muy específico nosotros creemos que la ley, como cualquier instrumento de legislación, nunca podrá ser una entidad absoluta. Esta ley pensada a mediano y largo aliento –mucho más que los veinticuatro meses a que se hizo referencia– no va a ser una entidad absoluta. Lo absoluto está vinculado a lo inmutable y la bancada del Frente Amplio está segura de que no está promoviendo un instrumento cuya naturaleza tenga el sello de inmutabilidad.

En las versiones taquigráficas de la Comisión de Hacienda hay varios testimonios, que escuchamos durante meses, que abonan el acierto de crear este sistema. Señora presidenta: voy a leer algunas de ellas porque hay que dejar constancia –aunque más no sea, somera– de lo que allí pasó.

El 30 de junio manifesté que este proyecto me parecía excelente porque focaliza una especie de puente de mando en un sinfín de políticas que el país se tiene que dar. La iniciativa, que conjunta todas las chacritas que están sueltas, habrá de ser un motor para economizar no solamente el tiempo, sino mucho dinero que se invierte en esta materia. Como decía la señora senadora Moreira, a veces es muy difícil encontrar un dato o información para legislar o para tener como material importante para manejarnos dialécticamente en este tema. También decíamos que la información se superpone en vastedad de análisis sobre lo mismo, de diagnóstico, etcétera. Pienso que para un país como el nuestro, con pocos recursos económicos, no es conveniente perder mucho tiempo porque, a diferencia de los grandes países que puedan darse el lujo de cometer errores –aunque no los cometan–, Uruguay debe tener la menor cantidad posible de errores en sus políticas públicas. Por lo tanto, nos parece importante unir estos aspectos desde un punto de vista estratégico. Este proyecto de ley apunta a tener una estrategia general sobre el desarrollo del país y sobre su inserción.

Como dijera el señor ministro de Relaciones Exteriores, compañero Rodolfo Nin Novoa, nuestro país es un hecho internacional, cada día lo es más y cada día lo será más. Este proyecto de ley apunta a ese desarrollo esencial para la sobrevivencia de nuestro país en el concierto regional y mundial. Por eso, la idea es que esta nueva experiencia comience a funcionar porque es muy necesaria para el país y que luego, sobre la marcha, se ajuste lo pertinente.

Señora presidenta: nosotros no compartimos las visiones negacionistas absolutas como la de alguna corporación productiva –creo que fue la única– que vino a la comisión a lanzar una serie de anatemas contra este proyecto de ley, que no son de recibo y no fueron compartidos por todo el universo de delegaciones que visitaron la comisión para informarnos y dirimir este asunto. Por ejemplo, la opinión de la Asociación Rural del Uruguay no fue la misma que la de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que es una entidad que moviliza mucho la economía del Uruguay y que, aunque con observaciones, manifestó su acuerdo en desarrollar un Sistema Nacional de Competitividad. En primer lugar, porque para una organización empresarial, la competitividad de las empresas es un elemento esencial, en términos de eficiencia, para ser exitosos en los mercados internacionales y para la competencia en el mundo. Expresaron: «Nos interesa, además, el concepto de competitividad sistemática –como le llamamos nosotros–, en el que muchos factores hacen a la competitividad. No estamos hablando únicamente de un tema de precios, sino de que todos los organismos del Estado y el propio sector privado hacen a la competitividad, por lo que un sistema en el que los diferentes organismos estén coordinados a favor de la competitividad, significa para nosotros un elemento positivo. Entendemos» –decía la Cámara Nacional de Comercio– «que en la actualidad, si bien hay diferentes organismos del Estado que tienen como objetivo mejorarla, muchas veces esas funciones se superponen,» –nosotros lo decíamos sin saber que ellos lo plantearían a posteriori– «los esfuerzos se superponen y no se llevan a cabo en forma coordinada. Entonces, pensar en una coordinación del sistema sobre la base de la competitividad nos parece un elemento positivo y así fue trasmitido a las autoridades».

Precisamente, las expresiones de los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay van en el mismo sentido que el informe central realizado, en nombre de la bancada de gobierno, por la señora senadora Moreira.

Se podría compartir también una dificultad planteada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, pero se verá con la práctica porque desde un primer momento expresaron que el sistema va a tener como objetivo el aumento de la competitividad de la economía sobre la base del sector privado. Entienden que el sector privado debe formar parte de este sistema de competitividad. Es decir que el sector privado quería estar presente en esta parte pero, como bien se ha dicho, formará parte de los grupos o las secretarías consultivas.

Consideramos importante expresar esta visión de una entidad como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay –ni más ni menos– que, como todo el mundo sabe, aglutina un aporte formidable al PIB del país y, por supuesto, también a las rentas nacionales.

A continuación, me gustaría referirme a otra entidad importante en la actividad del país –¿quién puede dudarlo?–, como es la Unión de Exportadores del Uruguay. Sus delegados expresaron lo siguiente: «Lo que tenemos para decir acerca de este proyecto es que celebramos que exista una institucionalidad relativa a la competitividad. Como institución especializada en la exportación, creemos que la competitividad es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país. Por lo tanto, ponerla en un sitial de privilegio en las políticas públicas es superimportante. Desde siempre, la Unión de Exportadores del Uruguay viene bregando por una competitividad mayor, y la competitividad sistémica que implica esta institucionalidad hace que se trabaje en áreas que de repente hoy no están coordinadas y es necesario coordinar».

Quiere decir que importantes actores de la actividad privada, aunque con miradas diferentes y esbozando algunas críticas constructivas, no negaron la posibilidad de darle vía legal a este asunto para poder construir este sistema. En el mismo sentido se expresaron las Cooperativas Agrarias Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural. De modo que la discusión no se planteó en términos de blanco y negro o de Gobierno versus actividad privada; todo lo contrario, fue un ámbito en el que se discurrió y supimos escucharnos, aun aquellos que podíamos tener alguna duda, como legisladores, sobre la organización de este verdadero desafío, como ha dicho el señor senador preopinante.

Señora presidenta: la decantación de este asunto en la comisión nos fue convenciendo cada día más.

Consideramos muy buena la inclusión del artículo 23 –impulsado por el señor senador Berterreche–, que establece que en la vertebración de todo este sistema tiene que haber una instancia en la que el Poder Ejecutivo elabore un informe. Me parece muy positivo, porque llevará a que este sistema se pueda autodiscutir –llamémosle así– con todos los actores a los efectos de ver, desde este verdadero puente de mando sobre todo el tema que atiende la competitividad, y proyectar así aspectos fundamentales para el desarrollo y el futuro del país. Por lo tanto, con la introducción de ese artículo 23 podríamos encontrar una salida para tener una evaluación permanente –que será removedora, como todas las evaluaciones– sobre el rumbo y la dimensión que debe adquirir esta norma en la globalidad de su articulado.

Este instrumento, viéndolo así –como lo estoy haciendo–, con mucho optimismo, va a ser provechoso. Este puente de mando especializado tendrá a futuro la responsabilidad de tomar temas centrales que importan al desarrollo del país.

Sin ir más lejos, en el día de ayer me llegó un artículo de la Unión Europea –uno de nuestros principales socios– con un título muy importante: «Revolución digital y comercio ilegal». Este es un tema que preocupa a nuestros socios comerciales de la Unión Europea y seguramente también a nuestro país, pues refiere a las patentes, al contrabando, al comercio ilegal, a la falsificación. Son todos temas que deberá discutir el Uruguay en algún ámbito, porque no será solo una entidad privada la que los aborde.

(Ocupa la presidencia el señor Marcos Otheguy).

–Por lo general, estos temas después vuelven al Parlamento por medio de contratos internacionales, como las convenciones y los acuerdos internacionales. Por lo tanto, consideramos bueno tener este ámbito para seguir trabajando en este tipo de problemas.

Debo decir que es necesario también conformar un puente de mando en esta materia, en el país. Basta leer la prensa del día para ver todo lo que implica el solo atisbo de un acuerdo con China, la principal potencia comercial del mundo y todo lo que está implicando en la interna del Estado uruguayo el solo hecho de que se posibilite un acuerdo de magnitud con un megajugador como es la República Popular China. Por lo tanto, el Estado va a tener que hacer un esfuerzo supremo para trabajar en ese tipo de nivel. Por eso mismo, hoy en la Comisión Interministerial se está buscando todo tipo de información porque las delegaciones de China ya están empezando a arribar a nuestro país con el aviso que se hizo, por parte de nuestro presidente de la república, acerca de un megaacuerdo con este importante actor internacional.

En consecuencia, reafirmamos la vigencia de este acuerdo porque no creemos, bajo ningún concepto, que sea una actividad privada la que, por sí y ante sí, pueda generar un ámbito de esta naturaleza, un ámbito de comando general de las acciones del Estado y que el resto de los privados vayan en el mismo sentido.

Señor presidente: no podemos negar la importancia de este asunto sabiendo que el Estado es el responsable de llevar adelante el bienestar y un destino común para todos los habitantes de la república. Estas cosas las tiene que hacer el Estado, obviamente que en conjunto con la actividad privada.

Este aspecto que ha manejado muy bien el informe de la señora senadora Moreira nos lleva a votar, con total tranquilidad política y espiritual, este instrumento que, como dije, no es inmutable, sino que va a ser muy dinámico como lo será el mundo que nos espera.

Era cuanto tenía para expresar.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: en primer lugar, quiero rescatar lo completo del informe presentado por la señora senadora Moreira, pues enfoca la discusión que estamos teniendo ahora en torno a concebir algunas propuestas para nuestro país que tienen que ver con un desarrollo y una visión sistémica que pocas veces hemos podido incorporar en lo que es la gestión pública o en el funcionamiento de nuestro sistema productivo.

Este debate que se está dando es oportuno porque surgen algunas expresiones que a uno lo llevan prácticamente a concluir que hay legisladores que prefieren la monarquía a la participación, al republicanismo, al hecho de que las instituciones funcionen con una representatividad amplia de los diferentes actores y de las miradas que es necesario construir para avanzar en un país como el nuestro.

Lo primero que destaco es que este proyecto de ley, justamente, no propone la varita mágica de la producción y la competitividad del Uruguay, sino que, a partir de una realidad en el mundo que se ha venido transformando, pretende avanzar hacia la institucionalidad pública de nuestro Estado en una nueva forma de funcionamiento e integración que haga factible nuestra inserción y desarrollo en este mundo cambiante, en el cual la economía fuertemente globalizada genera acciones de enorme incidencia sobre los Estados. Si estos no son capaces de contrarrestar esas acciones, seguramente quedan supeditados simplemente al interés de los grandes capitales que circulan y ejercen influencias en el mundo.

Por lo tanto, lo valioso de esta propuesta es que, en primer lugar, buscamos dar una mirada integradora de lo que han sido las cadenas sectoriales y su conducción en nuestro país. Esto, para el Gobierno del Frente Amplio, sin lugar a dudas ha sido un gran desafío que permitió avanzar con la integración de algunos gabinetes y ahora se da un salto ulterior con esta creación del Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad. Pero es necesario, fundamentalmente, porque hoy un país como el nuestro es fuertemente dependiente de las exportaciones, de la inserción en el comercio internacional, de que los productos que elaboramos y ofertamos al mundo tienen una regulación de precios en la que poco incidimos, y acá no es un problema de si se exporta con poco o mucho valor agregado. Nosotros tenemos la experiencia y el ejemplo de lo que le ha venido ocurriendo a Uruguay: tanto las cadenas productivas agrícolas donde el agregado de valor de exportación es de menor cuantía, como puede ser la exportación de soja en este país, como las cadenas de agregado de valor de producción muy alta, como es el caso de la industria láctea –los dos sectores–, han sido afectadas fuertemente por las condiciones del comercio internacional. No han sido afectadas por las restricciones de compra, sino fundamentalmente por el valor de los precios internacionales a que se comercializan esos productos. Eso ha traído aparejado que esos sectores tengan rezagos coyunturales o enfrenten problemáticas y retrocesos que a veces no quisiéramos. Por suerte, hoy estos rezagos y retrocesos están siendo superados y permiten avizorar nuevamente una mejora y una consolidación de una línea de producción que es muy importante para nuestro país, como es la agroindustrial.

Entonces, las estrategias hoy tienen que pasar también por el desarrollo de otras líneas de acción. Esto es lo que propone el proyecto de ley, es decir, que desde nuestro país, a través de un liderazgo que –sin lugar a dudas– tiene que desarrollar el Estado, en esa política pública de innovación e incorporación de tecnología y en la ampliación y desarrollo de la investigación está la centralidad de la propuesta de este proyecto de ley.

Acá se ha dicho que el informe que ha presentado la señora senadora Moreira le ha pegado fuertemente a las estrategias que Uruguay hoy está desarrollando en cuanto a la captación de inversiones. Yo no creo que sea así. El evidenciar, ubicar e identificar que en nuestro país el grueso del desarrollo de la investigación cae sobre las espaldas del sector público no es ir en contra de la inversión privada, sino todo lo contrario. Es cierto que muchos sectores de desarrollo de tecnología del sector privado hoy están asociados o participando, justamente, en la generación de investigación, en líneas de investigación aplicada, pero no es la generalidad de lo que ocurre en todos los sectores de la producción. Ni que hablar, señor presidente, que la institucionalidad que ha ido desarrollando nuestro país en esos aspectos ha permitido consolidar avances en la aplicación de tecnología en la producción agropecuaria, pero poco hemos podido lograr en otros sectores también muy importantes para el agregado de valor, como el de la manufactura o el de la industrialización. Es ahí donde está la integración en cadenas de valor; requiere tener el conocimiento, las capacidades para poder integrar a nuestro país y a nuestros sectores laboral y empresarial y requiere, sin lugar a dudas, de una potenciación de las políticas de innovación, investigación e incorporación tecnológica. ¡Esto es lo que se está planteando a través del nuevo proyecto de ley!

En nuestro país –en parte han sido elementos de la discusión de este proyecto de ley– se ha sustentado fuertemente que la competitividad se regula por políticas que tienen que ver con las tarifas públicas, con el tipo de cambio. Hoy está demostrado en el mundo que esto no es sustantivo, que no es la esencia de que un país se desarrolle y crezca a mediano y largo plazo consolidando una estrategia de competitividad y de inserción en el mercado internacional. Estas medidas –ya sea el ajuste de las tarifas públicas o la evolución del tipo de cambio– son coyunturales y no pueden sostenerse a mediano y largo plazo, en virtud de la complejidad que hoy tiene la economía en el mundo. Entonces, reivindicar esto es argumentar a favor de la consigna de algunos sectores empresariales que sí están buscando el efecto y el beneficio cortoplacistas para el bienestar de sus emprendimientos. Pero el beneficio-país, el desarrollo de nuestro país tiene que estar sustentado en otras características y, en parte, es lo que proporciona la herramienta que se crea mediante este proyecto de ley. ¿Será una panacea? Tal vez no. ¿Será lo único que se pueda hacer en el país? Tal vez no, porque si esto no lo acompasamos con medidas que acá se han reclamado y que tienen que ver con la inversión, con el desarrollo de una infraestructura acorde para hacer avanzar el país, en ese caso estaríamos dejando flaca la realización de lo que acá estamos proponiendo con este proyecto de ley.

Ahora bien, me pregunto, señor presidente: ¿por qué hoy, pese a tener una alta generación de energía eólica, todavía tenemos tarifas en UTE que no pueden ser de menor valor? Porque todavía estamos bajo el peso importante de financiar inversiones que durante mucho tiempo no se hicieron en el país.

Lo mismo pasa en OSE. El año pasado, cuando se discutía la necesaria inversión que la empresa de agua potable del Estado tenía que hacer para mejorar la calidad del agua, fundamentalmente para la población de la capital y sus alrededores, estábamos hablando de tener que realizar inversiones que durante muchos años fueron postergadas.

Estamos hablando –acá se dice– de los costos de los fletes y del transporte que en nuestro país existen y que son muy importantes. En el caso del transporte de los granos, el peso del flete en el Uruguay tiene un valor sustantivo si lo comparamos con el peso que tiene el flete para llegar de Uruguay a China. Sin embargo, estamos enfrentando retrasos en inversiones que fueron postergadas durante muchísimos años. El hecho de que en este país se haya dejado caer el sistema de transporte ferroviario –ya lo dijimos en este ámbito del Senado– no es culpa del Gobierno del Frente Amplio. El deterioro que tiene el sistema de vías férreas en nuestro país no es producto de diez años, sino de decenas de años, señor presidente, de no haber invertido, de no haber priorizado o de no incidir fuertemente en uno de los sistemas de transporte más eficientes vinculado a la producción.

Entonces, que se desvalorice este proyecto de ley porque se va a hacer una asamblea para resolver la competitividad y la productividad del Uruguay, me parece que es mediatizar una propuesta que tiene un sentido, que realmente apunta a buscar un Uruguay viable, inserto en el mundo, con desarrollo de conocimiento propio. La independencia de nuestra producción va a estar vinculada fuertemente a la capacidad de innovación que desarrollemos desde nuestro país. Algunos de estos ejemplos ya existen, tomando e incorporando tecnología que han llevado adelante otras naciones, pero desarrollando esa aplicación fuertemente concebida con nuestras características productivas. Uno de ellos es el sistema de identificación animal, que ha sido una tecnología desarrollada fuertemente en el país.

Voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad. En un país como el nuestro, haber llevado adelante una propuesta como la que lideró el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para exigir que los planes de uso y manejo del suelo sean parte de la integración del proceso productivo agrícola es un avance que mira hacia el futuro. No estamos pensando solamente en el hoy, en qué pasa, en cuántos granos más o menos sacamos; estamos pensando en cómo sostenemos y hacemos viable que esa producción, sustentada en la naturaleza, como es la agrícola, tenga perpetuidad en el tiempo. ¡Eso es parte de aplicar un sistema! Y sin temor a equivocarme, el funcionamiento de estos gabinetes es lo que va potenciar la marcha de estos sistemas porque, sin lugar a dudas, es cuando se integra la mirada-país, las distintas cadenas productivas y la asignación de valor. Además, pensando en la masa trabajadora, se van a integrar las opciones laborales que debe tener el trabajador porque, en la dinámica del mundo de hoy, tampoco pueden estar atadas solamente a una línea de producción. Por eso creo que es de enorme valor que el Inefop tenga un rol sustantivo en este sistema, en lo que hace a la formación, la capacitación y la mejora de la calidad de nuestra mano de obra para que pueda insertarse en los diferentes desafíos productivos que demanda el desarrollo.

Señor presidente: sin ánimo de extender este debate más allá de lo que ya sabemos que van a ser los respaldos a este proyecto de ley, y sin pretender convencer a nadie porque los dados ya están tirados, quiero rescatar, resaltar y respaldar estos aspectos a que he aludido. Me parece que minimizar y ridiculizar la iniciativa diciendo que esto es una asamblea que se va a realizar en un local, es negar la posibilidad de la generación de una política pública importante para el desarrollo, la gestión y la administración de recursos vinculados a la incorporación tecnológica, al desarrollo de la innovación y, fundamentalmente, a potenciar la investigación que en nuestro territorio desarrollemos para los diferentes sectores productivos.

Es cuanto quería fundamentar con mi intervención, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: la verdad es que para el Partido Independiente este es un tema central, que tiene que ver con el desarrollo del país y las oportunidades de generar mayor bienestar a nuestra gente.

La competitividad, la capacidad del país de producir para generar condiciones que le permitan luchar por los mercados internacionales, es cada vez más dura y exigente. Cuando hablamos de competitividad nos referimos a tener la capacidad de ofrecer mejores opciones que las de nuestros competidores, que las de aquellos que ofrecen los mismos productos que nosotros en el mercado. En ese sentido, entonces, una acción intencionada desde el Gobierno para promover la competitividad es una de las prioridades. Nosotros lo teníamos marcado con fuerza en nuestro programa en oportunidad de la discusión ante las elecciones de 2014. Por lo tanto, cuando llegó el proyecto de ley –que fue parte del primer paquete de proyectos que el Gobierno recién inaugurado de Tabaré Vázquez en marzo de 2015 presentó al Parlamento; incluso fue parte de ese paquete que recibimos todos los partidos que no estamos en el Gobierno– lo analizamos, lo estudiamos y lo vimos con buenos ojos; teníamos una opinión favorable, más allá de que quizás uno podría agregarle un matiz más o un matiz menos. Nuestros asesores lo evaluaron, y si bien quizás hubiéramos querido algo un poco más ejecutivo, en definitiva iba en la dirección correcta. A tal punto iba en la dirección correcta que un proyecto más o menos idéntico fue el que nuestro compañero, el diputado Iván Posada, presentó como alternativa en la Comisión de Hacienda y en el plenario de la Cámara de Diputados.

El problema es que lo que hoy estamos discutiendo está muy lejos de lo que era el proyecto original. Yo creo que el Gobierno lo sabe; no lo dirá, pero es el resultado de una transacción entre concepciones distintas. Por algo se demoró un año y pico en que el proyecto llegara a ser considerado a nivel parlamentario.

La incorporación de la mirada del desarrollo productivo como una especie de, no sé si control sobre la competitividad, pero por lo menos una forma de atenuar la preocupación por la competitividad desde una mirada más hacia dentro, menos preocupada por la capacidad de competir en el mundo, por lo que en definitiva define la competitividad –que es la capacidad de competir en el mercado internacional–, se pierde en una suerte de transacción que, como bien decía el diputado Iván Posada en la discusión en la Cámara de Diputados, es legítima, propia de las diferencias de concepciones que coexisten en el partido de gobierno. Nosotros no vamos a cuestionarla, pero simplemente decimos que el resultado para nosotros no es compartible y por eso no vamos a acompañar este proyecto de ley.

Nos parece que se ingresó –no voy a hacer los paralelismos o las comparaciones– en una lógica de burocratización extremadamente desarrollada: es una asamblea donde se incorporaron más ministerios, otras concepciones, se le quita –creo que esto es lo más importante– significación a la secretaría, que se iba a encargar de la cuestión de la competitividad, y se trasladan las competencias a ese gabinete macrocefálico que no va a poder cumplir con ellas. Cuando uno lee el artículo 3.º, que establece los cometidos del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, y luego lee la integración del gabinete, se da cuenta de que es imposible que un organismo de tal magnitud, con tantos integrantes y tantas miradas, termine llevando adelante un conjunto de tareas y cometidos, que son muy relevantes, pero que no los va a poder cumplir. Es el todo y sus alrededores. Si faltaba algo, se agregó a los ministerios de educación y de vivienda. ¡Es una cosa de locos! Además, se fortalece el poder de ese organismo macrocefálico, con lo que el diseño pensado para la secretaría, que era justamente la operadora, termina desnaturalizándose. Creo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando elaboró este proyecto de ley, estaba pensando en una secretaría dinámica, ejecutiva, que trabajara con el apoyo, el aporte y el asesoramiento de distintos ámbitos del Gobierno, pero, en definitiva, con capacidad de decisión y de avance, que es fundamental.

Por lo tanto, no podemos acompañar una iniciativa que, en realidad, no va ayudar a la competitividad, sino que va a ser algo neutro que va a quedar ahí. Es como si la transacción terminara en una negociación híbrida, estéril. Esa es la sensación que tenemos y por eso no podemos acompañar este proyecto de ley.

Además de ello, se le resta manejo de fondos a la ANII –que no nos parece lo mejor– y, también, la posibilidad de utilizar fondos del Inefop, que era otro de los instrumentos clave para que este proyecto de desarrollo de la competitividad tuviera algún resultado efectivo y positivo.

En definitiva, terminamos en una especie de saludo a la bandera; es como cuando le empiezan a agregar componentes a la sustancia original y esta, al final, no tiene gusto a nada. Esa es la sensación que nos queda.

Es por eso que, con mucha pena, porque nos parece necesario que haya un instrumento que promueva la competitividad desde el Gobierno, no vamos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señor presidente: creemos mucho en la búsqueda, no de unanimidades, pero sí de grandes acuerdos, fundamentalmente cuando nos referimos a la instrumentación de políticas que tengan que ver con la transformación del país. Ahora bien, no hay dudas de que cuando consideramos temas que están vinculados al Estado, a la institucionalidad estatal, nos cuesta lograr acuerdos; en general, esos temas nos separan, por lo menos de algunos sectores. Muchas veces resulta difícil lograr acuerdos cuando hablamos de la articulación del Estado, de su rol y de su fortalecimiento. Allí aparecen las notorias diferencias que tenemos, que son históricas. A veces nos da la sensación de que en algunos sectores hay una especie de antipatía estatal; es muy difícil de explicitarla, pero aparece cuando se dan este tipo de discusiones sobre la institucionalidad del Estado.

Queremos un Estado fuerte, moderno –somos autocríticos todas las veces que sea necesario–, innovador, eficiente y competitivo, fundamentalmente para articular con el sector privado. Estamos convencidos de que debemos tener un Estado fuerte, con esas características, porque creemos en la articulación público-privada. Dicho de otra manera, no creemos en ningún proyecto de esta naturaleza en el cual no esté involucrado el sector privado, pero a partir de la premisa de un Estado con las características que mencioné.

Coincidimos con la caracterización expuesta por nuestra compañera, la señora senadora Moreira, de lo que creemos es una parte del sector privado. Nos resulta muy difícil generalizar y decir que todo el sector privado es así, pero sí creemos que hay una parte importante de él que tiene las características que señaló la señora senadora. Nuestro gran desafío es, sin lugar a dudas, que el sector privado forme parte de proyectos políticos como este y, en definitiva, la herramienta que vamos a votar en el día de hoy debe ser parte –de lo contrario, no tiene sentido de ser– de un plan nacional de desarrollo. Reitero: si esto no se enmarca en un plan nacional de desarrollo, la herramienta que vamos a aprobar no tiene sentido.

Nosotros vamos a votar este proyecto de ley por varias razones. Creo que es bueno que el Parlamento se haya dado varios meses de discusión. Si comparamos el proyecto de ley original con el que estamos considerando hoy podemos ver que tiene muchísimos cambios, y apunta a lo que mencionábamos: mayor contenido y dinamismo que el que nos enviara el Poder Ejecutivo.

No quiero entrar en lo que se dijo de que esto es burocratizar el Estado. Por mi parte, creo lo contrario y que lo que se está buscando es una herramienta. Muchas veces las definiciones políticas y la necesidad de su articulación llevan a la burocratización. De todas maneras, tenemos la gran expectativa de que este sea un elemento para dinamizar las políticas, la transversalidad y las definiciones que se tomen a nivel del Estado.

El primer cambio que quiero destacar es el del nombre, no por el título en sí mismo sino por una cuestión conceptual, ya que estamos hablando de un sistema nacional de transformación productiva y competitividad. En lo personal, me quedaría con que esto debería ser un sistema nacional de transformación productiva, que es el gran desafío que tenemos en el Uruguay. Me parece que vamos a coincidir muchísimo si primero vamos por esa discusión: la necesidad de desarrollar un proceso de cambio y de transformación productiva en el país por lo que ello generará en la sociedad uruguaya. Luego tal vez podremos discutir las herramientas pero, sin lugar a dudas, ese debería ser el gran desafío y el elemento central a la hora del debate. Este no es un hecho aislado; está en el programa de gobierno que la ciudadanía aprobó cuando votó la fórmula presidencial Tabaré Vázquez-Raúl Sendic. Es un tema que tenemos pendiente en el programa de gobierno: ir hacia un plan nacional de desarrollo a través de la creación de esta herramienta, que es el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad.

En consecuencia, lo primero que debemos decir es que este es un compromiso que tiene el Gobierno nacional, porque está en su programa de gobierno.

Otro aspecto que quiero señalar es que, obviamente, es necesaria la transversalidad, pero no para la definición de políticas –si esta herramienta fuera para definir políticas, no estaríamos acompañando la iniciativa–, sino para articular en la ejecución de las políticas que se tomen y en esa transversalidad que es tan importante en el Estado. Quienes hemos tenido la responsabilidad de gestionar a nivel estatal, sabemos la importancia que tiene buscar este tipo de herramientas.

Creo que este sistema tiene agregados muy importantes, como la incorporación del Ministerio de Educación y Cultura y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tienen un rol sumamente importante ya que es muy difícil pensar en un proceso de transformación productiva si no viene acompañado de formación, de educación, de investigación y de innovación.

A pesar de los apoyos que ha tenido el sector privado, puesto que la ANII tiene un programa de apoyo a la innovación para ese sector, no ha sucedido lo mismo con el sector público. Este es punto interesante que vamos a tener que resolver porque necesitamos que la ANII esté en línea con el apoyo que debe tener el sector público en la investigación, en el desarrollo tecnológico y en la innovación. También es un dato interesante que, a pesar de que existe ese programa de innovación, son pocos los privados que han tomado esas herramientas para lograr fondos para el desarrollo y la innovación de sus empresas.

¿Por qué hablamos de que esto tiene que estar en el marco de un plan nacional de desarrollo o, de lo contrario, no tendrá razón de ser? Porque un país desarrollado persigue la equidad social y la transformación productiva orientada a la generación de valor mediante la diversificación de la matriz productiva. Esa es la clave y es uno de los grandes cambios estructurales que debe tener el Uruguay. Como dije, en ese aspecto vamos a lograr acuerdos que vayan más allá de la mayoría que tiene hoy el Frente Amplio. Creo que ese es uno de los temas centrales y esta debe ser una herramienta que vaya en ese sentido.

Obviamente, la estructura productiva condiciona la capacidad de respuesta de la economía a los cambios externos que muchas veces tenemos, especialmente en momentos de crisis, es decir, cuando bajan los precios de los commodities y cuando tenemos situaciones como las que hoy están ocurriendo en el mundo y en particular en la región. Generar un cambio de la estructura productiva depende, en buena medida, de qué cadenas de valor se desarrollan, de cuáles eslabones de esas cadenas retenemos o cuáles eslabones captamos en la economía nacional. Esa es una de las claves y de las definiciones que tenemos que tomar, porque muchas veces estas cadenas son largas y tienen muchos eslabones, y el gran desafío que tiene el país es decidir qué captar de valor de cada uno de esos eslabones. De allí la importancia de las transformaciones productivas.

Por estos motivos vamos a acompañar esta iniciativa. Reitero: es una pena que se intente ridiculizar estas herramientas. Un elemento importante que se incluye en este proyecto de ley –señalado por el señor senador Delgado– es que este sistema va a tener una evaluación a los cuarenta y ocho meses de su inicio, por lo que vamos a tener la posibilidad de valorar si logra o no sus objetivos.

Asimismo, en la última etapa de la discusión se han incorporado otros elementos que me parecen importantes, y quiero destacar algunos. El primero es el tema de la inversión extranjera directa. Creo que la orientación de la promoción de la radicación de inversiones extranjeras en el país para maximizar su contribución a los objetivos de la estrategia nacional de desarrollo productivo con énfasis en los derrames en materia de tecnología e innovación, empleos de calidad y fortalecimiento de las capacidades nacionales es central. No estamos hablando de inversiones directas extranjeras que vengan a hacer lo que quieran o que está bien cualquier inversión extranjera directa, sino que las que vengan deberán tener una orientación. Este elemento queda expresado claramente en el proyecto de ley.

Otro elemento clave es, sin lugar a dudas, la incorporación de las empresas más importantes que tiene el país. Esa es una cuestión central que se ha destacado en esta etapa de discusión del proyecto de ley en la Cámara de Senadores.

Otro factor que para nosotros es muy importante es que el gabinete va a designar un equipo de coordinación jerarquizado, ya que va a estar integrado por los subsecretarios de los ministerios correspondientes. Ese es un elemento central, que a nuestro juicio es muy importante: el Poder Ejecutivo y los ministerios definen las políticas, pero la herramienta estará jerarquizada porque parte del Poder Ejecutivo tomará las decisiones que tienen que ver con la búsqueda de transversalidad y la ejecución de lo que aquí se está expresando.

Por último, nos parece que es importante salirnos del concepto de que todo lo va a resolver la competitividad, la diferencia de cambio, el dólar o la baja de los salarios. Eso no es así; debemos entender que tiene que haber un Estado fuerte, que tiene que haber un empresariado comprometido con un proyecto de desarrollo nacional y con la eficiencia, con la innovación, con la tecnología, con el desarrollo del conocimiento, y con seguir aportando y dando recursos para la educación, la investigación y la innovación. De esa manera lograremos tener capacidad productiva con un valor agregado cada vez mayor. Asimismo, la transformación de la matriz productiva nos permitirá diversificar con cadenas de valor que generen un impacto importante en nuestro país.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve y concreto.

Es una lástima que este tema sea tratado con una ausencia tan importante de senadores en sala. Tampoco se ve a los asesores de comunicación arreglando cámaras para que los filmen. Este es un tema importante y creo que en esto le va la vida a la república. Entiendo que no nos podemos rasgar las vestiduras con algunos temas si después no estamos para discutir lo que verdaderamente importa.

No puedo dejar pasar algunas expresiones que se repiten y se repiten, y a la larga culturalmente nos van ganando aunque no sean ciertas. Se ha tirado una serie de indicadores de competitividad mundial y se nos ha dicho que Suiza es el primer país, y automáticamente se alude a los costos energéticos. En Suiza el combustible en el surtidor tiene el mismo precio –o superior– que en el Uruguay; así que por ahí no va la cosa.

También se hizo referencia a los altísimos costos de UTE. Ya lo explicó muy bien el señor senador Pardiñas: ello se debe a que hubo que invertir mucho por todo lo que no se había invertido antes. Y lo que han hecho las inversiones es darnos seguridad porque la energía, como cualquier insumo industrial, no es solamente costo; también es calidad. Pido a los señores senadores que piensen en las industrias que funcionaban a energía tartamuda: se apagaba y se prendía, se apagaba de vuelta y nuevamente se prendía, venía la baja tensión, se quemaba el bobinado, debíamos reparar las máquinas. ¡De eso estamos hablando! La continuidad de la energía en el año 2005 era tremendamente cuestionada porque se ponían dos lamparitas más y venía el apagón. Hoy ese no es un problema; hoy tenemos energía de calidad. Es verdad que eso tiene un alto costo porque tenemos que pagar las inversiones que se hicieron, pero tenemos asegurada la energía. No hay desarrollo posible si no hay seguridad energética, lo que se traduce en calidad energética. Bien decía la señora senadora Moreira que no solo se trata de costo, sino que también se habla de calidad.

Me asusta cuando se plantean los índices a nivel del mercado laboral y el indicador que se maneja –así, al pasar– es el costo laboral; eso es algo que ya no se utiliza en el mundo, porque pensando que Haití o los países africanos son los más competitivos, tendríamos que suponer que hacia allí irían todas las inversiones, cuando en realidad van mucho más hacia Suecia, con el costo laboral que ello implica. Existe un indicador que es muchísimo más importante y no se mencionó; me refiero a la productividad que, en definitiva, es lo que importa. ¿Por qué cambiar hacheros, a los que se les paga menos que el salario mínimo, por maquinistas de un cosechador forestal que cobran sesenta mil pesos, casi dos mil dólares? ¿Ese es el bajo costo del salario? ¡No! ¡Es la productividad del trabajo! Por lo tanto, que se manejen indicadores para ir con costos bajos me da, por lo menos, escalofríos.

También se habló de la apertura comercial. Creo que nunca tuvimos tantos mercados como los que se conquistaron estos años. ¡El esfuerzo que se ha hecho! Se critican las misiones cuando van al exterior, pero después, cuando vienen los pedidos de sesenta mil toneladas de arroz, nadie dice nada. Tampoco se valora, por ejemplo, cuando se va a China y tenemos la posibilidad de producir arroz no transgénico. Esas cosas no se evalúan.

Me gustaría reivindicar, por ejemplo, el trabajo del doctor Fratti para conseguir el mercado de carne en Rusia. Recuerdo que se mofaban de él, pero un par de años después no podíamos cumplir con las cuotas en Estados

Unidos por venderle a Rusia. Sin embargo, nadie reconoció que la apertura había sido gracias a las acciones del presidente del INAC en ese momento.

Ahora me voy a referir más precisamente al proyecto de ley.

Se cuestiona la presencia empresarial, y quiero decir que el proyecto no solo tiene en cuenta el órgano consultivo, que es importante, sino que también está hecho para el sector empresarial. De las doce organizaciones que integran los órganos máximos del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, hay cuatro –es decir, un tercio– que tienen coparticipación empresarial. Si el 30 % tiene participación empresarial, no solamente se expresa por la vía de lo político, del ejecutivo. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional tiene presencia de las cámaras empresariales; el Instituto Nacional del Cooperativismo tiene presencia de los cooperativistas; el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tiene representación de dos gremios privados de productores agropecuarios, y aun el Laboratorio Tecnológico del Uruguay tiene presencia del sector privado. En consecuencia, no podemos decir ligeramente que se estigmatiza y se pone aparte al sector empresarial. ¡De ninguna manera! También están representados aquí, así como en los órganos consultivos.

Tal vez dolió un poco que el señor senador Heber –y es una lástima que no esté en sala– se mofara en su presentación del artículo 23, porque habíamos acordado que era una buena cosa. Por lo tanto, ridiculizar el artículo 23 y decir, como con una bola de cristal, que igual no va a servir para nada, por lo menos, molesta. Además, me parece de una artesanía brutal decir que no va a servir para nada. ¿Acaso se tiene el don de la adivinación? Ahora bien, con el don de la adivinación no hacemos nada, nos quedamos quietos y morimos con los ojos abiertos.

Si algún sector dice que no va a votar el proyecto, está en todo su derecho; puede tener sus visiones ideológicas y políticas al respecto. Lo que no puede decir es que lo hace por lo que se agregó y lo que se sacó. Si en diecisiete instituciones se agregaron dos, no pueden decir que se burocratizó el proceso. ¡Seamos serios! Hablemos en serio y, por lo menos, leamos el proyecto de ley porque, además, se sacó más de lo que se agregó.

En definitiva, apoyamos este proyecto de ley porque se trata de una preocupación sentida en serio, de verdad, por lo que tiene de ciencia y tecnología, de innovación y desarrollo, porque todo está vinculado a lo productivo y a los bienes que genera. Pero también genera externalidades para la pública felicidad, porque la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo serán la moneda fuerte en el intercambio internacional.

No me gusta que nos ridiculicen; prefiero la discusión por lo alto. Hace poco escribí un artículo a raíz de que en una feria barrial conseguí un libro de una colección que buscaba fomentar la lectura de la gente con poca visión, que había sido editada durante el Gobierno del doctor Lacalle, cuando el Ministerio de Educación y Cultura estaba al mando del doctor Mercader; la colección se denominaba Brazo corto porque estaba destinada a quienes –como quien habla– tienen que alejar el libro para poder leer, debido a la falta de visión. El desarrollo tecnológico que se había llevado a cabo era agrandar la letra. Nosotros hicimos un hospital de ojos. Se trata de dos maneras de ver las cosas: agrandar la letra o hacer un hospital para mejorar la vista de la gente.

Acerca de si el sueño de la izquierda es que todo sea una comisión deliberativa, le tengo que contestar al señor senador Heber –que lamentablemente no se encuentra en sala– lo que decía el poeta: «Y si soñamos, fue con realidades».

Muchas gracias.

SEÑOR LAGUARDA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAGUARDA.- Señor presidente: al igual que en el tema anterior, relativo a la participación, me alegro de estar hoy reintegrándome al Senado.

Me gustaría hacer un comentario con respecto a este tema, donde también se da un debate sumamente interesante e ilustrativo que permite comprobar y mostrar las diferencias políticas e ideológicas que existen entre los senadores del Gobierno y los de la oposición.

Me parece que lo que el proyecto de ley plantea es la creación de un ámbito de coordinación de políticas amplio e inclusivo, con la finalidad de promover la competitividad. Obviamente no es la panacea, porque una ley por sí misma no va a modificar la realidad. Pero si bien el derecho per se no modifica la realidad, tiene una acción indirecta sobre ella. En este caso, en lo fáctico, crea ámbitos e instituciones para avanzar en el diseño y en la aplicación de políticas, pero además, la creación de un ámbito amplio de coordinación y de transversalización de políticas del Estado tiene otro valor que tal vez no se perciba, que tiene que ver con lo simbólico, con lo discursivo, con lo performativo: estamos creando realidad al nombrarla y al instituirla en el orden jurídico, porque estamos contribuyendo a crear una mentalidad y una cultura de la necesidad de discutir, de transversalizar y de elaborar políticas más allá del ámbito de un ministerio o de una parte del Estado.

Por estas dos razones el proyecto de ley me parece positivo, es decir, porque crea un ámbito y, además, porque contribuye a crear una posición cultural sobre estos temas.

Lamento que el señor senador Mieres no vote el proyecto de ley, porque al parecer comparte muchas ideas del mismo. Además, no concuerdo con que la secretaría del proyecto original y la del actual tengan diferencias tan grandes como para desestimarlo, pero entiendo sus razones.

En lo que respecta a los senadores del Partido Nacional, entiendo que no voten el proyecto de ley –es comprensible que no lo hagan– porque ellos manejan dos tipos diferentes de razones.

La primera es ideológica o programática: si fueran otras las políticas que aplicara el Gobierno del Frente Amplio habría competitividad; si fueran otras las cosas que se hubieran hecho en estos años o las que se pudieran hacer en el futuro, habría competitividad. No la hay porque aplicamos estas políticas. Allí aparecen las discrepancias respecto del manejo del Estado, del gasto público, de la política laboral, de la relación mercado-Estado-sociedad. Si fuéramos otros, ellos votarían esta propuesta. Por lo tanto, es comprensible que no la voten. El concepto de «competitividad» para ellos implicaría que el Frente Amplio cambiara su orientación política, económica e ideológica, o sea, que tuviera otra concepción sobre las relaciones Estado-sociedad.

Pero hay una segunda razón, y no creo que sea meramente una burla lo que el senador Heber pretende trasmitir; en todo caso, lo hace con un tono irónico que puede no agradar a algunos senadores, pero me parece que también está expresando una diferencia importante y sustancial. Él lo decía en la intervención que realizó en la mañana con respecto a la participación, cuando tomaba distancia de esos ámbitos amplios de participación y discusión y prefería plantearlo en lo concreto. Repito que me parece que es la misma diferencia que planteó hoy de mañana respecto a desestimar los amplios ámbitos que la izquierda propende a crear, haciendo referencia al pragmatismo de lo concreto y lo inmediato.

Es cierto que hay una diferencia cultural, ideológica y de mentalidades entre la izquierda y la posición que asumen el senador Heber y los senadores del Partido Nacional. La izquierda realmente tiene esa confianza en el ámbito amplio de discusión; una suerte de confianza que puede ser optimista, que puede provenir del iluminismo del siglo xviii, en el papel de la razón, de la creación de un conocimiento que sirve para emancipar, porque a través de conocer y de entender más vamos a hacer mejor las cosas. Nosotros apostamos a eso: a que a través de la discusión, de la profundidad del diálogo y de la inclusión lleguemos a elaborar una verdad superior y mejor. Nosotros creemos que a través de esos mecanismos se construye la verdad, mientras el senador Heber apuesta a lo concreto, al pragmatismo de lo inmediato, que no es tal, porque también está basado en una concepción y en una ideología. No existe el pragmatismo de lo concreto per se; siempre hay un marco referencial, ideológico y filosófico que le da razón. En este caso, para mí, es una concepción liberal con la que nosotros discrepamos.

Nada más y muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: para cerrar la discusión voy a tomar unos minutos.

Es obvio que el proyecto no va a asegurar la competitividad; su función no es esa, sino tratar de crear un sistema y una articulación entre las partes. La transversalidad de las acciones del Estado no va a asegurar la competitividad. Es lógico que para que haya competitividad se precisa educación –y para eso tenemos la ley de presupuesto nacional y la ley de educación– y políticas de inserción internacional. En fin, el Uruguay nunca se ha diversificado tanto como ahora en materia de comercio internacional.

Como bien dijo el señor senador Berterreche, precisamos recursos energéticos. Nadie habla de la sustentabilidad energética que el Uruguay ha logrado consolidar a pesar de una década larga de crecimiento económico que podría haber llevado a un verdadero apagón energético luego de 40 años de una economía en estancamiento y con recesiones.

Cuando los empresarios hablan de la infraestructura física me acuerdo de la frase: «Que pague el que rompe», porque precisamos infraestructura, pero hay que invertir en ella y es la que se rompe, justamente, en virtud del mayor uso por parte de los empresarios.

Efectivamente, el proyecto no va a asegurar la competitividad porque apunta a armar un sistema entre las partes.

Quiero decir algo sobre la competitividad, porque parece que los empresarios solo quisieran mercados a los que vender, pero primero hay que tener algo para vender, hay que crear productos, innovar en procesos, para luego ocuparnos de tener mercados de 400:000.000; porque si tengo mercados de 400:000.000 y nada que vender, ¿para qué me sirve esa apertura?

También quería decir que una parte importante de la explicación del aumento del producto bruto interno del Uruguay entre 2005 y 2014 es la productividad del trabajo, que se ha incrementado, a pesar de que también se han incrementado los costos laborales y se han asociado derechos al trabajo. Como dice el senador Laguarda, efectivamente, es otra biblioteca, pero tiene detrás un respaldo empírico en los resultados de las políticas que se han implementado, no por un año ni por dos, sino por una década larga.

Por supuesto que la competitividad en el mundo –como sucede en Finlandia, Reino Unido o España– es de un nivel de inversión en ciencia y tecnología increíblemente superior al de Uruguay. El Estado uruguayo hace lo que puede, pero creo que tenemos que incluir al empresariado, al sector privado, en este sistema de competitividad. Tenemos que convencer al sector privado de que realice inversión en innovación porque es parte de sus responsabilidades.

Termino diciendo que las secretarías no pueden diseñar políticas, señor presidente, sino que ejecutan. Por tanto, esta también está destinada a la ejecución. Puede ser que esto sea progreso escrito; las leyes son progreso escrito. Ahora, cuando me preguntan por qué no lo creamos por decreto, yo respondo que un legislador no podría esgrimir nunca ese argumento, porque los legisladores queremos legislar. Para gobernar por decreto nos vamos al Poder Ejecutivo. Un legislador nunca debería preferir un decreto a una ley, por la propia naturaleza de sus funciones.

Con respecto al artículo 23, creo que dentro de dos años no vamos a evaluar si el sistema logró mejorar la competitividad del país, porque vamos a tener un plan nacional de transformación productiva y competitividad y podremos evaluar eso. Me parece que hay que ponerle razonabilidad al artículo 23; creo que eso es lo que va a suceder en un par de años.

Señor presidente: creo que el sentido común de cualquier uruguayo indica que nuestro país tiene aspectos muy buenos: un buen nivel educativo, recursos naturales, un Estado y una política que funciona; sin embargo, cualquier uruguayo que pudiera expresarlo en términos técnicos diría que el Uruguay tiene un gran problema de innovación desde hace mucho tiempo. Aquello de que al Uruguay todo llega más tarde, de que si viene el fin del mundo es mejor esperarlo en Uruguay porque va a llegar veinte años más tarde, desde el punto de vista metafórico expresa un sentimiento profundo que tienen los uruguayos sobre la incapacidad de nuestro país de aceptar riesgos, sobre la dificultad para procesar cambios y la aversión al cambio. Creo que estos rasgos que parecen parte del ADN del Uruguay son los que explican, en buena medida, el rezago en el proyecto de desarrollo nacional. Y las resistencias al proyecto son parte de esa actitud de aversión al cambio y al progreso escrito. ¡Por suerte existen progresos escritos! A veces los progresos se ponen primero en palabras y luego se llevan a los hechos; la anticipación de las leyes sirve para eso.

Señor presidente: después de la votación en general voy a pedir la votación en bloque del proyecto de ley y la supresión de la lectura de los artículos, porque creo que los partidos de la oposición no lo van a acompañar.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: no tengo inconveniente en votar en bloque, pero queremos que se desglose el artículo 23. Vamos a votar en forma negativa el articulado, con excepción del artículo 23, que fue un aporte positivo que se hizo en comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Si no se hace uso de la palabra, se va votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–15 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Se va a votar la moción formulada por los señores senadores Moreira y Amorín en el sentido de votar en bloque el articulado, con excepción del artículo 23.

(Se vota).

–17 en 21. Afirmativa.

En consideración los artículos 1.º al 22 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 23, tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 20. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: formulo moción en el sentido de que las venias se incluyan en el orden del día del miércoles 7 de diciembre y se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por consiguiente, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 17:20, presidiendo el señor Marcos Otheguy y estando presentes los señores senadores Amorín, Ayala, Berterreche, Besozzi, Camy, Carámbula, De León, Delgado, Ferreira, Garín, Laguarda, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Pardiñas, Passada, Payssé, Pintado y Saravia).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidenta en ejercicio

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani

Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.