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N.º 35 - TOMO 557 - 11 DE OCTUBRE DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

35.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR ERNESTO AGAZZI Presidente en ejercicio y EL SEÑOR GUILLERMO BESOZZI Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 16) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– El señor senador Mieres solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera.

• Oportunamente fue tramitado.

5) Proyecto presentado

– El señor senador Camy presenta un proyecto de ley por el que se designa con el nombre Asturias el jardín de infantes n.º 110, del departamento de San José.

• Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

6) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias.

7) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Carámbula, Larrañaga, Coutinho, Martínez Huelmo, Moreira, Passada, Payssé y Michelini.

– Quedan convocados los señores senadores Lorier, Gandini, Pesce, García (Graciela), Preve, Ferreira y Gallicchio.

8) Acuerdo de París

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Pasa a la Cámara de Representantes.

9) Llamado a sala al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez

• Por moción de los señores senadores García, Camy, Besozzi, Larrañaga, Bordaberry, Mieres, Delgado, Cardoso y Lacalle Pou, el Senado resuelve convocarlo, en régimen de comisión general, en fecha a determinar.

10) Actividades de espionaje militar en democracia

– El señor senador Mieres solicita plantear el tema como una cuestión política.

• Se vota afirmativamente el carácter preferente del tema.

– Exposición del señor senador Mieres y manifestaciones de varios señores senadores.

11), 13), 15) y 17) Salud mental

– Proyecto de ley por el que se establecen normas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta agotar el tema en consideración.

18) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 7 de octubre de 2016

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 11 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, República Francesa y suscrito por la república en Nueva York, Estados Unidos de América, el 22 de abril de 2016;

Carp. n.º 656/2016 - rep. n.º 355/2016

2.º) por el que se establecen normas relacionadas con la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Carp. n.º 426/2015 - rep. n.º 354/2016 - rep. n.º 354/2016 anexo I

3.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:

– en calidad de presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al contador público y licenciado en Administración Ricardo Gil Iribarne.

Carp. n.º 657/2016 - rep. n.º 343/2016

– en calidad de vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al doctor Daniel Borrelli Uberti.

Carp. n.º 659/2016 - rep. n.º 344/2016

– en calidad de vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la señora Matilde Rodríguez.

Carp. n.º 658/2016 - rep. n.º 342/2016

4.º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de conceder el ascenso correspondiente al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2016, a la señora teniente coronel médico Sandra Laura Lorenzo Pousa.

Carp. n.º 612/2016 - rep. n.º 347/2016

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5.º) por el que se desafecta del ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se afecta a la Intendencia de Artigas, en forma gratuita, el inmueble padrón n.º 6827, de la 8.ª sección catastral del departamento de Artigas.

Carp. n.º 653/2016 - rep. n.º 350/2016

6.º) por el que se designan con los nombres Román Iturburúa y Químico Farmacéutico Raúl A. Bianchi la sala y el hall, respectivamente, del Teatro Uamá de la ciudad de Carmelo y asimismo se dispone la colocación de una placa recordatoria con el nombre Doctora Adela Reta.

Carp. n.º 604/2016 - rep. n.º 353/2016

7.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo:

– a una funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 6 de noviembre de 2016);

Carp. n.º 642/2016 - rep. n.º 352/2016

– a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Salud. (Plazo constitucional vence el 15 de noviembre de 2016).

Carp. n.º 646/2016 - rep. n.º 351/2016

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Preve, Tourné y Xavier.

FALTAN: el presidente del Cuerpo, señor Raúl Sendic, por encontrarse en ejercicio de la presidencia de la república; con licencia, los señores senadores Coutinho, Moreira, Mujica y Topolansky; y con aviso, la señora senadora Alonso.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:35).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015;

• por el que se modifica el artículo 21 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, sobre Inclusión Financiera.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Javier García, relacionado con la situación del aeródromo de Carmelo.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR GARCÍA.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Amorín, relacionado con la suscripción de un convenio con la Liga de Fomento de San Luis, departamento de Canelones.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR AMORÍN.

Asimismo, remite respuesta de la Dirección Nacional de Hidrografía a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con la extracción de arena en el río Santa Lucía.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El Ministerio del Interior remite respuesta de la Dirección Nacional de Bomberos a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Viviana Pesce, de fecha 18 de mayo del corriente, relacionado con el procedimiento de habilitación que otorga dicha institución a los establecimientos de adultos mayores.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA PESCE.

La Oficina Nacional del Servicio Civil remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con los funcionarios públicos declarados excedentarios.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR BESOZZI.

La Cámara de Representantes comunica que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo al proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2015.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Presidencia de la Cámara de Senadores remite la Resolución n.º 101/016, de fecha 3 de octubre de 2016, por la cual se designa en el cargo de especializado II - escalafón D, serie Electrónica de la Cámara de Senadores, a partir del 1.º de octubre de 2016, a las señoras funcionarias Agustina Rodríguez y Marizza Rodríguez.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informados los siguientes mensajes del Poder Ejecutivo:

– por los que solicita la venia correspondiente para designar:

• en calidad de presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al licenciado en Administración Ricardo Gil Iribarne;

• en calidad de vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, al doctor Daniel Borrelli Uberti;

• en calidad de vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la señora Matilde Rodríguez.

– por los que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo:

• a una funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;

• a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Dirección General de Salud.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informado un proyecto de ley por el que se transfiere, a título gratuito, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Intendencia de Artigas el inmueble padrón n.º 6827 de la 8.ª sección catastral, departamento de Artigas.

La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, República Francesa, y suscrito por la república en Nueva York, Estados Unidos de América, el 22 de abril de 2016.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se designan con los nombres Román Iturburúa y Químico Farmacéutico Raúl A. Bianchi la sala y el hall del Teatro Uamá de la ciudad de Carmelo, respectivamente; asimismo, se dispone la colocación de una placa recordatoria con el nombre Doctora Adela Reta.

La Comisión de Defensa Nacional remite informada una solicitud de venia para conferir el ascenso al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, a la señora teniente coronel médico Sandra Laura Lorenzo Pousa.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres solicita, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre Asturias el jardín de infantes n.º 110, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del día 4 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Garín y Silveira.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 4 de octubre faltó con aviso el señor senador Silveira.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

De mi consideración:

Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, el día 19 del corriente, por asuntos particulares.

Sin más, saludo atentamente.

Marcos Carámbula. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Se comunica que el señor Juan Castillo ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Lorier, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de octubre de 2016

Señor presidente del Senado

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo se me otorguen 5 días de licencia desde el 17 hasta el 21 de octubre inclusive y se convoque a mi suplente respectivo, de conformidad con la Ley n.º 17827, artículo 1.º, literal D.

Motiva la misma la invitación a participar en una conferencia a realizarse en Bruselas y Berlín, entre el 17 y el 21 de octubre de 2016. Se adjunta invitación.

Dejo constancia de que dichas actividades no generarán ningún gasto a la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Eber Da Rosa ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 7 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17824, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día martes 11 de octubre.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores José Amy y Gustavo Cersósimo han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

De mi consideración:

En mi calidad de miembro de la delegación uruguaya ante la Unión Interparlamentaria, y al amparo del literal C del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia desde el día 20 al 29 de octubre, con motivo de la participación en la 135.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y de la Reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) a realizarse en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Sin otro motivo, saludo a usted muy atentamente.

Rubén Martínez Huelmo. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Lauro Meléndez ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia por el día de la fecha, martes 11 de octubre, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Rafael Paternain y Virginia Cardozo han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Federico Preve, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, martes 11 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del literal C) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, del 20 al 27 de octubre del presente año, para participar como miembro de la delegación parlamentaria uruguaya en la 135.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en Ginebra, Suiza.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Ivonne Passada. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que el señor Gonzalo Mujica ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Zulimar Ferreira, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 13 a 16 de octubre inclusive, y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley n.º 17827, artículo 1.º, literal C, que establece la causal “misión oficial” del legislador.

Motiva dicha solicitud mi participación de la II reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud. El evento se realiza para conmemorar la 36.ª Celebración del Día Mundial de la Alimentación y el 71.º Aniversario de la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La actividad se llevará a cabo en la ciudad capital Panamá, República de Panamá.

Se adjunta invitación.

Saludo atentamente.

Daniela Payssé. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Se comunica que los señores Miguel Vassallo, Eva Gomori, Juan Ripoll, Carlos Baráibar, María Sara Ribero y Felipe Michelini han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) ACUERDO DE PARÍS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, República Francesa, y suscrito por la república en Nueva York, Estados Unidos de América, el 22 de abril de 2016. (Carp. n.º 656/2016 - rep. n.º 355/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: al llamado Acuerdo de París, el parlamento uruguayo deberá darle un trámite urgente o urgentísimo. Motiva tal circunstancia que este importante instrumento internacional, que obviamente genera muy amplios consensos, ha tenido una ratificación extraordinaria en cuanto a su rapidez, como ningún otro a nivel internacional. A tal punto fue así, que el mismo día en que se abrió a la firma, el 22 de abril del presente año, lo firmaron 177 países. Esa cantidad en el primer día de apertura muestra que este instrumento ha batido un récord en materia de firmas.

El Acuerdo de París entra en vigencia luego de 30 días de que al menos 55 países lo hayan ratificado y, a su vez, de que esas naciones ratificantes representen, al menos, el 55 % de las emisiones de gases con efecto invernadero globales. Estas cifras ya están superadas. Solo cinco meses después de abierto a la firma ya lo han ratificado 61 países, que representan el 51,89 % de las emisiones de gases con efecto invernadero globales. A diferencia de lo ocurrido en otros tiempos con instrumentos que tienen que ver con el medioambiente, en este caso están incluidos la República Popular China y Estados Unidos, y de la región, Argentina y Brasil, entre otros.

Incluso, dada esta velocidad sin precedentes, la Unión Europea anunció que a la reunión de ministros de ambiente, convocada de urgencia, enviará un mensaje de ratificación del Parlamento Europeo –lo cual incrementa la cifra que antes dijimos a 72–, aun cuando las naciones componentes no han concluido el procedimiento de ratificación parlamentaria.

Realmente, todas estas cosas hacen pensar que finalmente hemos madurado en la concepción de tener instrumentos que nos ayuden a prevenir y mitigar los embates del cambio climático, adaptando nuestras economías, las infraestructuras y el territorio en tal sentido.

¿Por qué es muy importante que Uruguay ratifique este acuerdo y el próximo 19 esté presente en la reunión convocada? Porque en esa reunión se determinará el funcionamiento del Acuerdo de París: las condiciones jurídicas para la toma de decisiones, la implementación, e incluso las medidas en materia de métrica de equivalencia entre el metano y el dióxido de carbono, lo que sin duda afecta sustantivamente a nuestro país, dada nuestra importante economía ganadera. Todo ello hace imprescindible que Uruguay esté allí. De lo contrario, llegaría con decisiones en las que no ha podido intervenir.

El año pasado fue muy significativa la presencia de Uruguay en la reunión de la COP en París. Nuestro país fue muy insistente, no solo en que se ratificaran los instrumentos, sino además en que se aplicaran criterios que tienen que ver con la responsabilidad de los Estados, una responsabilidad que es compartida pero diferenciada, porque hay una enorme distancia entre lo que puede ocurrir con las economías mayores del mundo y lo que sucede con las economías de países en desarrollo.

Cuando el país ratifique el Acuerdo de París deberá presentar su primera contribución nacional, que incluye los compromisos de mitigación y adaptación para períodos de cinco años; en caso de que no lo haga, quedará por defecto ese aporte, lo que, sin duda, no nos beneficiaría.

Lo que deseamos, pues, es poder dar cuenta en el día de hoy de esta ratificación –que, descontamos, el Cuerpo aprobará–, porque está prevista una reunión multipartidaria de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes y su incorporación a la primera sesión plenaria del Cuerpo, que sería la del día de hoy en la tarde. Esto incluiría al país en el grupo de naciones que pueden tomar decisiones sobre el gobierno de este importante acuerdo.

Por estos motivos es que estamos solicitando al Cuerpo su voto favorable a este instrumento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, República Francesa y suscrito por la República en Nueva York, Estados Unidos de América, el 22 de abril de 2016».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Simplemente quiero decir que hay una pequeña diferencia entre el artículo original y el que acaba de leer la secretaría, que es el que corresponde votar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

9) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, DOCTOR JORGE MENÉNDEZ

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: tal como lo acordamos con los coordinadores, en función de un anuncio que se hizo en la sesión pasada hemos presentado a la Mesa una moción para llamar a sala al ministro de Defensa Nacional, en régimen de comisión general. La idea es que esta moción no tenga discusión, porque está acordada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la moción presentada.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que el Senado de la república se reúna en régimen de comisión general para recibir al señor ministro de Defensa Nacional a fin de considerar la situación de las Fuerzas Armadas, su personal y los desafíos que el país enfrenta en la materia». (Firman los señores senadores García, Camy, Besozzi, Larrañaga, Bordaberry, Mieres, Delgado, Cardoso y Lacalle Pou).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) ACTIVIDADES DE ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: voy a pedir autorización al Cuerpo para plantear una cuestión política, vinculada con un hecho notorio que ha sido de conocimiento público desde hace ya varias semanas y del que nos parece que el Parlamento debe dar cuenta y, eventualmente, asumir lo que le corresponda. Me estoy refiriendo a la información que demuestra la existencia de actividades de espionaje militar en democracia.

Solicitamos autorización al Cuerpo para plantear esta cuestión política, porque nos parece que es de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si este asunto se considera prioritario por el Cuerpo. En caso de que la votación sea afirmativa, pasaremos a considerarlo de inmediato.

(Se vota).

–23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Obviamente, acompañamos el planteo político anunciado por el señor senador Mieres, pero por esta vía queremos dejar constancia de que posteriormente trataremos el proyecto de ley de salud mental, para que pueda ser aprobado en el día de hoy.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito a la Mesa que informe cuál será la forma de debate de este planteamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Reglamento establece que una vez que el Cuerpo vota considerar el tema, el señor senador que lo plantea tiene 15 minutos para exponerlo, y luego los demás senadores disponen del mismo tiempo para participar.

Tiene la palabra el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: la aparición del archivo del coronel Elmar Castiglioni puso al descubierto una situación de enorme gravedad, y es que existió actividad de espionaje en democracia, que fue realizada desde el Estado por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

No conocemos el archivo que está en sede penal porque se está investigando si existe información para avanzar en el esclarecimiento del destino de los ciudadanos desaparecidos.

El 2 de octubre de 2015 el Juzgado Penal de 7.º Turno allanó el domicilio del recientemente fallecido coronel Castiglioni e incautó lo que ahora equivaldría a 65 cajas de documentos que provienen del Ministerio de Defensa Nacional. Eso es, al menos, lo que ha circulado públicamente.

Quienes han accedido al material dicen que, ya sean copias o directamente originales sustraídos de ese ministerio, lo cierto es que se trata de documentación auténtica del Ministerio de Defensa Nacional. El hallazgo puso de manifiesto algo que va mucho más allá de la información sobre el destino de los desaparecidos: puso de manifiesto que desde el Ministerio de Defensa Nacional se mantuvo un aparato de espionaje que continuó operando en democracia, incluyendo entre sus objetivos a los partidos políticos, a los gobernantes y a las organizaciones sociales.

Según el semanario Brecha, que ha tenido acceso a su contenido, el espionaje se habría extendido, al menos, hasta el año 2009. Los documentos son, de acuerdo con la versión de Brecha, fotocopias de originales producidos en reparticiones de inteligencia militar, documentos oficiales que están archivados y refieren a seguimientos de personas, captación de informantes e infiltración en partidos y organizaciones sociales. ¡Es un enorme escándalo para nuestra democracia!

De acuerdo con las versiones de Brecha, publicadas en diferentes ediciones desde el 2 de setiembre a la fecha, el denominado «Archivo Castiglioni» documenta acciones de espionajes a partidos, gobernantes, jueces y políticos. Según esta información fueron objeto de espionaje: Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Eladio Moll, Pedro Montañez, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, Mirtha Guianze, Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez, Leonardo Costa, Jorge Batlle, Alberto Reyes y Rolando Gomero, entre otros.

Además, se habla de un gran número de informantes e infiltrados en organizaciones políticas y sociales, que se vinculaban con el servicio de inteligencia a través de enlaces militares. Los documentos hablan de pagos a los informantes, con montos precisos y usando recursos del Estado. También se habla de la continuidad de la forma de trabajo de los servicios de inteligencia militar después de recuperada la democracia como si fuera normal y lícito.

De la información periodística –que, a su vez, registra los documentos incautados– surge que estas personas se infiltraban en ámbitos tales como el directorio del Partido Nacional, reuniones del Frente Amplio, del MLN, del Partido por la Victoria del Pueblo, del Partido Comunista y del Partido Colorado, además de que hubo escuchas en locales de Sutel y el Untmra. Se habla de espionaje a la Corte Electoral en la época de la recolección de firmas contra la ley de caducidad; se registra con detalle el espionaje al Partido Nacional durante todo el período referido a la ley de caducidad y posterior proceso de junta de firmas. Se hizo un seguimiento de la actuación de la Comisión para la Paz, creada por el doctor Jorge Batlle en el año 2000, y también de las gestiones referidas a la búsqueda de rastros sobre la posible Operación Zanahoria. Pero las actuaciones llegan hasta el primer Gobierno del Frente Amplio e incluyen el seguimiento de la actual diputada Macarena Gelman.

También se registran operativos militares a partir de las informaciones obtenidas, incluyendo vigilancias e inspecciones truchas para ingresar a viviendas haciéndose pasar por funcionarios de OSE.

La doctora Azucena Berrutti –que impulsó con decisión la búsqueda de información sobre los trabajos de inteligencia militar– dijo que ella pensaba que esos archivos referían a la época de la Dictadura, pero le resultaba absolutamente inexplicable que se registraran en democracia, como efectivamente ocurrió: en democracia.

Nuestro propósito era solicitar la creación de una comisión investigadora en esta cámara, pero aparentemente la bancada del Frente Amplio resolvió hacerlo en la Cámara de Representantes, tal como lo comunicó en la coordinación la semana pasada. Esto nos alegra, porque nos parece absolutamente indispensable para la salud de la democracia. Desde ya queremos decir que el Partido Independiente apoya calurosamente esta iniciativa, que es esencial para defender el funcionamiento democrático.

En estos días mucho se ha hablado de la estabilidad institucional, y si hay algo que realmente la está afectando es la ocurrencia de estos hechos, de estos episodios que son afectaciones institucionales en serio.

Esa comisión parlamentaria deberá tener acceso a toda la documentación y confirmar lo que indican las versiones de prensa y los informes de los peritos encargados de esto. Además, deberá convocar a los ministros y jerarcas de los diferentes Gobiernos de las épocas en que se constataron estas actuaciones inconstitucionales e ilegales. Se deberá determinar, asimismo, quiénes fueron los responsables de mantener en funcionamiento este aparato de espionaje y quiénes tuvieron a su cargo la instrumentación de esos procedimientos.

El semanario Brecha había advertido la existencia de este archivo desde fines del 2014, pero recién en octubre de 2015 se hizo la denuncia ante la Justicia, una vez que el coronel Castiglioni falleció. La comisión investigadora también deberá investigar por qué se demoró un año en hacer la denuncia judicial, cuando se sabía de la existencia del archivo. ¿Por qué se esperó a que falleciera el coronel Castiglioni para hacer la denuncia penal?

Otra de las cuestiones que deberá dilucidar la comisión investigadora parlamentaria es la vinculación de este archivo con el que se encontró en 2006, cuando la doctora Azucena Berrutti era ministra de Defensa Nacional. También se deberá establecer por qué, de aquel archivo que se digitalizó en 51 CD, han desaparecido 16 del juego de copias que está depositado en Presidencia de la República, como resultado de un manejo inapropiado del acceso a dicho material. ¿Quiénes han sido los responsables del desguace de aquel conjunto de documentos? ¿Dónde están los CD que faltan?

Finalmente, y ya con fines legislativos, el Parlamento también deberá discutir, de una vez por todas, si el sistema democrático uruguayo creará una estructura orgánica de los servicios de inteligencia del Estado que dé tranquilidad a todos los uruguayos respecto del manejo de la información que existe sobre cada ciudadano y las correspondientes organizaciones sociales y políticas.

Los esfuerzos para la aprobación de una norma que regule la organización y estructura de los servicios de información e inteligencia del Estado siguen en el debe. Por la Ley n.º 17930 se creó el cargo de coordinador de los servicios de inteligencia del Estado; en 2010, el entonces presidente José Mujica la reglamentó y nombró al señor Augusto Gregori en ese rol. Sin embargo, Gregori renunció tres años después, y si bien no conozco las razones, lo que sí se sabe es que desde entonces no se ha nombrado un nuevo titular para esa función.

En 2011 se creó en el Parlamento una comisión con el objetivo de discutir y aprobar una ley que regulara el sistema nacional de inteligencia, pero el estudio nunca culminó y la norma no fue aprobada. Nuestro país, a diferencia de la gran mayoría de los países democráticos, no estableció un marco legal regulatorio de las actividades de inteligencia y, por lo tanto, no ha resuelto ese difícil equilibrio entre seguridad y libertad, no ha discutido la compatibilidad entre las operaciones de inteligencia y la vida democrática y no ha resuelto cómo se garantiza el control sobre las actividades de inteligencia ni cuál es el papel de los diferentes poderes públicos respecto a este tema.

En cualquier caso, la normativa constitucional vigente es muy clara: están prohibidas las pesquisas secretas. Toda actividad de espionaje sobre cualquier ciudadano requiere de autorización judicial previa. Por lo tanto, lo que se encontró en el denominado «Archivo Castiglioni» es prueba de evidentes violaciones normativas. Por tanto, la comisión investigadora parlamentaria deberá establecer las responsabilidades directas de los funcionarios y de los jerarcas que actuaron violando la Constitución y las leyes, para poder hacer la denuncia penal correspondiente con el fin de que sean castigados de acuerdo con la normativa vigente.

No alcanza con que el Poder Judicial tenga documentación relativa a la denuncia de un caso de desaparición forzada; se necesita investigar el hecho de que esa documentación exista. Y hay 65 cajas con documentos en los que se prueba que, efectivamente, se investigó a un pueblo entero estando en democracia, y se lo hizo desde el aparato del Estado, desde el Ministerio de Defensa Nacional. No alcanza con que haya una investigación sobre si esos documentos tienen relación o no con los desaparecidos –cosa que, por cierto, es muy relevante–, sino que también debe investigarse el propio hecho de que esto haya ocurrido y que, quizás, hasta continúe sucediendo.

Esto es muy grave porque hace a la esencia del funcionamiento democrático; tiene que ver con el control efectivo que el poder político debe tener sobre el aparato estatal para evitar que se metan en la vida y en las actuaciones políticas o privadas de los ciudadanos, sean estos dirigentes sociales, políticos o gobernantes. Reitero que es muy grave y no puede dejarse pasar, simplemente, como una publicación que ha hecho el semanario Brecha en estos días. Esto tiene que llevar a que el Parlamento tome cartas en el asunto; y si la bancada de diputados del Frente Amplio no lo hace, nosotros vamos a presentar una iniciativa para propiciar una investigación parlamentaria que consideramos ineludible.

SEÑOR HEBER.- ¡Apoyado!

SEÑOR MIERES.- Vamos a esperar, pero si el anuncio no se concreta, vamos a hacer un planteo para que se instale una comisión preinvestigadora en el Senado, para luego ir al fondo de cuestiones que le hacen un daño profundo a la democracia.

Hace semanas que venimos escuchando aquí debates sobre la eventual afectación institucional por gestiones de gobierno, así como discusiones políticas sobre otros asuntos –que cada uno tiene todo el derecho de plantear–, pero lo que realmente afecta y pone en riesgo la estabilidad institucional es que en plena democracia existan aparatos militares espiando a los ciudadanos, a los gobernantes y a los dirigentes políticos, sociales y sindicales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de comenzar con la discusión de este asunto quiero aclarar que la Mesa cometió un error al referirse a los tiempos. El artículo 69 del Reglamento del Senado establece que una vez votado el planteamiento se ingresará a considerar el fondo de la cuestión, no pudiendo intervenir cada orador por más de una vez, ni por más de cinco minutos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: el Frente Amplio es absolutamente consciente de la gravedad de la documentación que se ha encontrado. Somos conscientes de que se ha espiado, se ha recabado información sobre instituciones políticas y sociales y se ha seguido, con un fin político, a figuras de todos los partidos políticos. También somos conscientes de que la finalidad de todo esto no era democrática y que quien lo hacía era un nostálgico de los tiempos de Dictadura. Por tanto, debe haber una clara respuesta institucional y política de parte de cada uno de los partidos políticos, para que no haya equívocos sobre los valores y el amor a la libertad de nuestro pueblo.

En ese sentido, señor presidente, considero que este no es un tema de un partido o de otro, no es un tema del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Partido Independiente; es de todos los partidos políticos del Uruguay. Nuestra bancada está analizando qué medidas se van a adoptar en la Cámara de Representantes; ahí pusimos el ojo del debate. Será en discusión con los otros partidos que encontraremos cuál es el mecanismo más efectivo donde, naturalmente, la investigación de los hechos va a ser un elemento prioritario.

El Poder Ejecutivo también está haciendo cosas, no está de manos cruzadas en este tema. También lo está haciendo el Poder Judicial. En las próximas horas, en los próximos días tendremos recabada la información de lo que va a hacer la Cámara de Representantes –vuelvo a decir: no el Frente Amplio, sino la Cámara de Representantes– en este tema y veremos cuáles son las medidas a adoptar. No ha pasado inadvertido, estamos atentos, estamos alertas.

Lo que más nos preocupa, señor presidente, no es que se haya espiado, no es que haya que investigar sobre si con esto se logra mayor verdad sobre el tema de los desaparecidos, de los homicidios o de las violaciones de los derechos humanos en la Dictadura. Y el tema de por qué, cómo y con qué recursos del Estado –apropiándose de ellos– se hizo esto no es tan importante –aunque, por supuesto, es importante– como saber si hay otros que están haciendo esto. Lo más importante no es lo que ocurrió, sino si hay mecanismos, formas, protocolos, datos que permitan recabar información para saber si esto tiene interacción con otros que puedan estar haciendo lo mismo, para actuar con todo el peso de la ley.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: simplemente quiero unirme a las preocupaciones del señor senador Mieres porque me parece de total recibo el planteo. Cuando salió la noticia de que el Frente Amplio quería nombrar una comisión investigadora, la prensa nos consultó y no tuvimos dos opiniones; dijimos: «¡Sí, claro!».

Ahora bien, esto de estar esperando a que un partido político, con legítimo derecho, esté pensando en qué es lo que va a hacer no me parece de recibo. Creo que se tiene que actuar cuanto antes. Si es en la Cámara de Representantes, que así sea, y si no, que se haga en el Senado, como lo planteó el señor senador Mieres. De todas las discusiones que damos diciendo que hay riesgos, actitudes antidemocráticas, que se está socavando la institucionalidad del país, me parece que este tema y este punto es la esencia; todo lo demás es un recurso que ya está desgastado en la sociedad. Pero en este caso no nos duelen prendas que haya células militares o retirados militares –nadie sabe en qué condición y de qué forma– investigando y siguiendo a los partidos políticos, pero queremos saber si hay un seguimiento de este tipo al sistema democrático. ¡Me parece que esto es urgente, no es un tema para analizar mucho más! ¡Yo no tengo nada que analizar! Si el señor senador Mieres presenta ahora la moción, yo la estoy votando ya. No tengo que analizarlo y creo que ni siquiera tengo que hablar con los compañeros porque estamos todos de acuerdo en que queremos tener garantías para saber si hay aparatos del Estado que estén investigando o dando seguimiento secreto a la actividad de los partidos políticos en el Uruguay. No importa quién sea; importa que haya alguien procediendo en ese sentido.

Me preocupa la noticia –que no conocía con la dimensión y contundencia que señala el señor senador Mieres– de que, de ese material que está digitalizado, desaparecieron dieciséis archivos.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- No sé si puedo conceder interrupciones, señor presidente.

Me pareció entender que se dijo que eran dieciséis archivos que desaparecieron de Presidencia de la República. ¡¿Cómo puede ser?! ¿Y del juzgado también? ¿Entonces esa gente sigue operando? ¿Quién pudo haber sacado de un día para el otro una información que estaba en poder de Presidencia de la República sobre el seguimiento que se hizo a organizaciones sociales y políticas? Reitero: de un día para el otro desaparece de Presidencia de la República. Me parece que esa novedad, esa información tan contundente –que yo desconocía– hace que el Parlamento deba actuar ya.

Era cuanto tenía para decir y, por supuesto, apoyamos el planteo del señor senador Mieres.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador: aún le quedan dos minutos de su tiempo. Si lo desea, puede conceder una interrupción porque está dentro de su tiempo.

SEÑOR HEBER.- Cómo no; concedo entonces la interrupción que me solicitó el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Muchas gracias.

Señor presidente: quiero aclarar que hay dos tipos de archivos. Están los archivos que aparecieron en 2006 a partir de la gestión que hizo la entonces ministra Azucena Berrutti, que se digitalizaron y se convirtieron en cincuenta y un CD. Se mandó un juego al Archivo General de la Nación, otro a Presidencia de la República y otro al Ministerio de Defensa Nacional. En el caso de Presidencia de la República –tengo versión periodística, pero además tengo confirmación de fuentes–, cuando se quiso recuperar la unidad del archivo porque estaba desperdigado en distintas reparticiones y oficinas, no se logró porque había solo treinta y seis CD; faltaban quince. A eso nos referíamos, que –obviamente– es de una gran gravedad institucional. Eso salió publicado en Brecha y hay fuentes que lo corroboran.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Terminé, señor presidente.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: el planteo es serio y relevante y tiene una conclusión que, a esta altura, por lo menos en lo personal, no nos deja dudas. Nadie puede garantizar que al día de hoy estas cosas no sigan pasando. Creo que en eso tenemos una responsabilidad los partidos políticos y el sistema político en general.

Las democracias modernas abordan estos temas con suma dedicación y el control de los servicios de inteligencia siempre es parlamentario. En el Uruguay hay servicios de inteligencia en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Ministerio del Interior, en la Cancillería y en el Banco Central del Uruguay, obviamente que de diferente índole. A su vez, en el caso del Ministerio de Defensa Nacional cada fuerza y cada unidad tienen su servicio de inteligencia.

Como decía, señor presidente, las democracias modernas controlan estas cosas parlamentariamente. Acá hay un debe. Nosotros, en una comisión bicameral, estuvimos discutiendo tres años una ley de inteligencia. Esa comisión llegó a una conclusión mayoritaria, en acuerdo de todos los partidos políticos, y con diferencias en algunos artículos. Si mal no recuerdo, la comisión terminó de trabajar en el año 2014. Creo que es absolutamente imprescindible que el Poder Ejecutivo remita un proyecto de ley, por lo menos con las consideraciones generales y las particulares, para debatirlo aquí.

Lo segundo es que, de confirmarse todo esto, resulta grave –y eso habla de la falta de control que hay hoy sobre este tema– que se utilice plata del presupuesto nacional para financiar esto. Es decir, para financiar actividades ilegales se utiliza plata del presupuesto nacional que votamos aquí. El presupuesto de informantes se hace con presupuesto. Es decir que nosotros levantamos la mano y terminamos financiando servicios de inteligencia que están sin control. Reitero: hoy nadie puede garantizar que no se haga inteligencia de tipo político, sindical, del que quieran, financiada con el presupuesto del Estado.

Advertí públicamente –incluso, me genera mucha preocupación– sobre el funcionamiento del llamado sistema Guardián, que tiene un poder muy importante para introducirse en la vida de las personas y limitar derechos fundamentales –como la libertad de expresión y del pensamiento–, interferir teléfonos, correos electrónicos, redes sociales y sobre que no hay un control parlamentario ni del sistema judicial en forma estricta. Se había prometido que iba a haber un sistema informático que controlaría en paralelo, que iba a hacer la trazabilidad de la solicitud de espionaje y de escuchas telefónicas, pero hasta el día de hoy –según la información confirmada de que dispongo– no está funcionando. Quiere decir que hoy hay un sistema, muy potente, de espionaje telefónico que no tiene el seguimiento adecuado de las nuevas tecnologías que debería tener por parte del Poder Judicial. ¡Se controla a legajo puro, a expediente! Es como perseguir una Ferrari caminando al lado.

Por otro lado, no es verdad que los sistemas de inteligencia no pueden ser controlados parlamentariamente porque no existe confidencialidad. La Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de este Cuerpo –que integran todos los partidos políticos– recibió el año pasado información muy sensible –¡muy sensible!–, del Ministerio del Interior, sobre algunos temas. Sin embargo, nunca salió una letra –no una línea– de la información que se recibió –reitero, sobre temas sensibles– en esa comisión donde estamos representados todos los partidos políticos. Eso habla a las claras de que, cuando se quiere, se puede tener información de altísima sensibilidad y manejarla con muchísima responsabilidad, sobre todo cuando está en juego la seguridad del Estado.

Así que, señor presidente, creo que esta es una buena oportunidad para reclamar que, de una vez por todas, el sistema político, el Poder Ejecutivo, remita un proyecto de ley que permita al Uruguay, a los uruguayos, tener garantías y control sobre sistemas de inteligencia financiados por el Estado, que hoy funcionan –sin que nadie pueda garantizar cómo lo hagan– espiando partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales y empresariales, o la que a cada uno se le pueda ocurrir, en forma ilegal y cometiendo un delito.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: creo que fue importante el planteo del señor senador Mieres y es un asunto que tenemos que discutir. Es más, me parece esencial debatir estos temas y sobre todo lo que pasó porque es notorio que se ha violado la Constitución, es notorio que organismos de inteligencia del Estado han hecho cosas para las cuales no estaban habilitados. Es más: ¡la Constitución se los prohibía! Eso es especialmente grave.

Sin embargo, creo que tenemos que pensar –sobre todo, de aquí en adelante– en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer para encontrar ese equilibrio entre seguridad y libertad, entre seguridad y respeto por la intimidad de las personas. Ese es un tema clave en el Uruguay y en el mundo porque, en la medida en que avanzan las innovaciones tecnológicas, todo el país está más expuesto a esto y entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer.

En el período pasado, en la Cámara de Representantes, el entonces diputado Amy presentó un proyecto de ley que tenía que ver con lo que decía el señor senador García, con que estos organismos de inteligencia del Estado tuvieran control parlamentario, por supuesto que con las condiciones de confidencialidad necesarias, pero es evidente que quien tiene que controlar estos temas es el Parlamento. En los países democráticos el Parlamento controla los organismos de inteligencia del Estado. ¡Es evidente que tenemos que trabajar en eso! ¡No podemos seguir mirando para otro lado! Estas cosas hacen a la esencia del Uruguay.

Nosotros, que siempre hemos defendido la libertad –personalmente soy un liberal en el sentido del amor por la libertad–, consideramos que esto nos afecta como nación, afecta lo que somos, afecta nuestra identidad. Me parece que es lamentable no poder tener una conversación telefónica porque tenemos miedo o preocupación de que nos estén grabando. Creo que debemos tener mucho cuidado con el sistema Guardián, porque son instrumentos poderosos, potentes, que bien utilizados pueden ser muy útiles, pero la Justicia tiene que estar detrás de eso. Hoy no tenemos certezas de que eso ocurra. ¡El Parlamento tiene que estar en estos temas!

Por lo tanto, señor presidente, es importante saber qué ocurrió porque esto sucedió en todos los gobiernos democráticos, ¡en todos! Los aparatos de inteligencia seguramente se separaron del control político y caminaron por una vía independiente sin conocimiento del sector político. Seguramente, eso fue lo que ocurrió. Ahora, lo que importa es lo que viene. ¿Qué queremos hacer con esa formidable transformación tecnológica que se mete cada vez más en nuestras casas? ¿Cómo vamos a hacer para defender la libertad y el derecho a la intimidad, que son derechos fundamentales –por supuesto– reconocidos en la Constitución? ¡Ese es el debe!

Felicito al señor senador Mieres y creo que tenemos que trabajar en lo que viene, en este Senado y en la Cámara de Representantes. Me parece que el señor senador Mieres ha puesto en el tapete un tema que es esencial y que, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo más importante que tenemos los seres humanos: la libertad.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: creo que este planteo es realmente grave; traslada una gravedad manifiesta y tiene una relevancia superlativa en democracia.

Es inadmisible que, en tiempos de democracia, se acepte que aparatos de inteligencia desbocados anden espiando a los uruguayos.

Es totalmente inaudito que en el Estado se pierdan documentos de esta significación. ¡Es increíble! ¡Totalmente increíble! Se trata de documentos recopilados al amparo de lo que fueron los hallazgos durante la gestión de la ministra Azucena Berrutti, cuyas copias estaban en dependencia públicas y se perdieron. ¿Qué contenían esos CD que, precisamente, podrían tener declaraciones absolutamente relevantes?

Me parece –lo digo con sinceridad– que esto no puede esperar mucho. Está bien lo que ha sostenido el señor senador Mieres, pero me parece que esto no puede ir más allá de la semana que viene. Hay que crear, urgentemente, una comisión investigadora y terminar en la justicia penal. ¡Está en la justicia penal por otra razón, no por esto, por lo que se perdió! ¡No entremos a hacer cortina de humo ni a hablar de asuntos que no son! ¡Está en la Justicia por un tema vital, gravitante y fundamental, pero no está por esto: por escuchar a la gente, a los dirigentes políticos y por violar la intimidad y la Constitución! ¡No es risa esto! ¡Esto no es risa! ¡Ya pasamos por esto! ¡Esto es desestabilización! Ahora bien, que tengamos los problemas que tenemos, que tengamos dificultades en situaciones en que muchas veces ganan la partida los delincuentes, y encima que se pierdan documentos de esta importancia y relevancia, nos parece verdaderamente insólito. ¡Insólito!

Por lo tanto, adherimos totalmente al planteo del señor senador Mieres. Cuando él tome la iniciativa procesal, en función de lo que suceda a nivel de la Cámara de Representantes, personalmente le voy a pedir la urgencia del caso porque este es un tema que no amerita demoras y, además, debe ser motivo de una investigación judicial. Esto no puede quedar en un «No pasa nada» o «Se perdió y ya está. Está todo bien». ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¿Cómo es posible que habiendo tres copias haya ocurrido eso?

SEÑOR MIERES.- Se perdió un juego.

SEÑOR LARRAÑAGA.- No se perdió en todos lados, así que hay un respaldo. Más a mi favor, entonces. Esto debe investigarse y trasladarse a la Justicia porque no se puede aceptar desde ningún punto de vista que estas cosas sucedan.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–La semana pasada hablamos de un coronel retirado que hizo declaraciones que todos terminamos rechazando; hoy nos referimos a un tema que es miles de veces más trascendente e importante.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor presidente: en primer lugar, compartimos la gravedad y la seriedad del asunto sobre el que estamos debatiendo, aunque es necesario precisarlo porque, de lo contrario, terminaremos discutiendo sobre un conjunto de cosas que no están vinculadas esencialmente a lo que se proponía discutir.

En segundo término, esto atraviesa todo el período democrático, desde 1985 hasta hace poco, aunque tal vez sigue sucediendo. Según el tono de algunos discursos, daría la impresión de que este es un problema de un Gobierno; sin embargo, es el problema de todos los Gobiernos desde 1985 hasta el presente. Creo que esta precisión debe ser hecha con contundencia. Este no es un problema de un partido político ni de un Gobierno.

En tercer lugar, debo señalar que estos procesos no se generan solos, no se dan por generación espontánea. Sería conveniente discutir por qué esto siguió sucediendo en el Uruguay y eso probablemente nos lleve a debatir sobre cómo fue la transición democrática y si algunas decisiones políticas contribuyeron o no a darle continuidad, dentro de la fuerza represiva del Estado, a una concepción que siempre cuestionamos, que era que el enemigo estaba adentro. Y eso permaneció a lo largo del tiempo, en democracia.

Durante muchos años en el Uruguay discutimos si teníamos una democracia tutelada y si la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado amparaba o no este tipo de prácticas dentro de la fuerza represiva del Estado. Seguramente volveremos a discutir estos temas porque, como digo, estas cosas no se generan solas, por generación espontánea. Dentro de estas realidades hay concepciones, que lamentablemente permanecen dentro de la fuerza represiva del Estado, que siguen sosteniendo que el enemigo está dentro de la nación. Esto hay que erradicarlo.

Tal como ha sido planteado por algunos señores senadores, compartimos que esta discusión tiene mucho que ver con el futuro; me refiero a qué tipo de instituciones queremos para la democracia del país –aquellas que velen por la seguridad– y, sin duda, cuáles tienen que ser los controles democráticos, irrenunciables para ese tipo de estructura represiva del Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más oradores inscritos para referirse al tema. El punto ha sido planteado y todas las fuerzas políticas se han expresado.

11) SALUD MENTAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. (Carp. n.º 426/2015- rep. n.º 354/2016 - rep. n.º 354/2016 anexo I)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señor presidente: estamos frente a la discusión de un proyecto de ley importante que modifica un modelo de atención en materia de salud mental.

En diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, envió este proyecto de ley al Parlamento que, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, garantiza el derecho a la protección de la salud mental para todos los habitantes del país.

Considero importante señalar cómo se procedió a nivel de la Comisión de Salud Pública del Senado –bien lo sabe el señor presidente porque es miembro de ella– con respecto a este proyecto de ley. Me parece que debe destacarse la forma en que se implementó su discusión durante 2016, independientemente de que desde hace muchísimo tiempo se venía trabajando para la modificación de este modelo.

Me gustaría destacar –aunque nos insuma algunos minutos– esa forma de abordaje y tratamiento de la iniciativa desde la propuesta que surgió del Poder Ejecutivo a través del Área Programática Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, con el aporte de distintos grupos de trabajo de esa comisión asesora, muchos de cuyos representantes están presentes hoy en la barra. De la discusión participaron distintas instituciones –aproximadamente treinta– que, dada la importancia de este proyecto de ley –que va a marcar un antes y un después en materia de salud mental–, pasaré a enumerar: la Asociación Psicoanalítica del Uruguay; la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna; la asociación de familiares Grupo de la Esperanza; la asociación de familiares Nuestra Victoria; la Asociación de Psiquiatras del Interior; la Administración de los Servicios de Salud del Estado –ASSE–, a través de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables; Asumir; la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay; la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR; la Facultad de Enfermería de UdelaR; la Facultad de Medicina y la Clínica de Psiquiatría Pediátrica; la Facultad de Medicina y la Clínica de Psiquiatría de UdelaR; la Facultad de Psicología; la Federación de Familiares «Caminantes»; la Federación Uruguaya de Psicoterapia; la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; la Intendencia de Montevideo; el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Pronadis; Nuestro Propio Horizonte; la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata; la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado; el Poder Judicial; Radio Vilardevoz; la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia; la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay; la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia; la Universidad Católica del Uruguay, además de otras organizaciones, como Sur Palermo y Movimiento Salud para Todos.

¿Cuál es la importancia de esto? Que nosotros llegamos a un proyecto de ley que cuenta con la opinión de todos estos actores. ¿Qué ventaja tenemos? La forma en que se dio la discusión. Cuando consideramos los diversos elementos de este proyecto de ley en la comisión tuvimos la suerte de contar con las distintas miradas de las instituciones que fui nombrando, que en su comparecencia enriquecieron la discusión e hicieron sus aportes. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo nos dejó importantes aportes desde su secretaría técnica, y me atrevo a señalar –después lo veremos en el desarrollo del articulado– que será relevante para el seguimiento de esta ley. En ese sentido, creo que debemos aprovechar esa secretaría técnica y quizás podamos adelantarnos y decir que debería tenerse en cuenta hasta en la propia reglamentación de la ley.

No quiero dejar de resaltar el trabajo que se hizo en la propia Comisión de Salud Pública y el de las secretarias, que estuvieron permanentemente junto a nosotros durante el tratamiento de todo el articulado.

En la consideración de este proyecto de ley quizás no llegamos a acuerdos sobre algunos puntos –que son mínimos–, pero esos serán, precisamente, los que habrá que considerar en el futuro; pensamos que las leyes no son para toda la vida y hay que ajustarlas a medida que se van aplicando.

La aprobación de este proyecto de ley nos obliga a reconocer este nuevo paradigma en materia de salud mental. Este cambio de modelo en la atención rompe con la idea de encierro y aislamiento para el tratamiento concreto de diversas situaciones.

El otro día se decía en una muy buena movilización –durante esta semana se van a desarrollar otras– que esto rompe con los prejuicios vinculados a la salud mental. Por eso decimos que debemos romper estigmas y también con el bagaje cultural que se ha tenido respecto al tratamiento de este tema. Cualquiera de los aquí presentes –o un familiar o un amigo– podemos levantarnos un día con un cuadro emocional que nos invada, con un miedo, con una obsesión, e incluso hasta pensar en un intento de autoeliminación. Quiere decir, señor presidente, que todos somos vulnerables a una situación como esta, a una alteración que se dé en un momento específico; lo que también tenemos que saber es que puede ser modificable.

Debemos terminar con la idea de que solo el 3 % o el 4 % –se manejaban esas cifras– necesita internación permanente, porque no es lo que ha sucedido con el modelo que tenemos en materia de salud mental. Por eso terminar con los prejuicios y derribar esos estigmas debe ser una construcción permanente que incluso va más allá de la propia ley: es un cambio cultural. Por suerte dentro de muy poco tiempo se va a derogar la mal llamada ley del psicópata, que tiene ochenta años y llevó a que cada una de estas situaciones fuera invisible por el hecho de esconder, de encerrar, y por el abandono familiar. Por su parte, las políticas neoconservadoras dejaban para atrás planes de inversión, porque como estas situaciones no eran visibles, podían esperar. Los pacientes estaban bien lejos, aislados y abandonados en hospitales; los mal llamados «locos» siempre podían esperar, hasta en materia presupuestal.

Creemos que se ha iniciado un camino y no podemos dar marcha atrás. Saludamos fundamentalmente a quienes han empujado este tema con mucho tesón, a las organizaciones sociales que vienen trabajando desde 2011 en ese sentido y pusieron el tema en la calle y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que tomaron el desafío desde ese lugar. Sin dudas, enmarcado en los derechos humanos, este tema tiene que extrapolarse inmediatamente a la agenda general; no puede quedar aislado ni por fuera de esta agenda de derechos humanos, que en los últimos diez años viene avanzando en ese sentido. Por eso decimos que en este proyecto de ley el Estado será el responsable de generar condiciones para el ejercicio efectivo y el cumplimiento de la protección integral de la salud –como un derecho humano fundamental– en todo el territorio nacional.

Debemos destacar que todas las normas vigentes en el Uruguay en materia de salud mental datan de la primera mitad del siglo xx y se encuentran comprendidas en la Ley n.º 9581, Psicópatas, donde aparece la figura que hasta el día de hoy dio lugar a ese estigma y que esperamos que prontamente desaparezca.

A partir de 1986 hubo algunas señales –en un plan de salud que aún mantiene vigentes algunas de sus propuestas, a partir de la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental a que hacíamos referencia, varios movimientos de usuarios y familiares y el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental que la propia Organización Mundial de la Salud marcó entre 2013 y 2020– que fueron indicando la urgente necesidad de una profunda reforma –en materia normativa y técnica, en los modelos de atención, en los modelos asistenciales– a partir del nuevo paradigma del que estamos hablando en materia de salud mental. Uruguay ha sido observado sistemáticamente por las situaciones a las que hacemos referencia y que creemos que por suerte serán modificadas.

De la convocatoria que hoy mencionamos surge este proyecto de ley. Evidentemente, en el abordaje y en la discusión de este tema en la propia comisión vimos la necesidad de incorporar fuertemente el concepto de derechos humanos. A ello se debió el cambio del nombre original del proyecto de ley por el de «Salud mental. Desde una perspectiva de Derechos Humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud», recalcando así fundamentalmente el concepto de salud mental en el marco de los derechos humanos.

Estamos frente a este proyecto de ley que, sin lugar a dudas, va a modificar la vida de personas que en forma injusta vienen sufriendo a diario, que son discriminadas hasta para acceder a los servicios, a la educación, a la vivienda, que carecen de oportunidades laborales y que, incluso, no pueden reintegrarse a su trabajo ya que no las aceptan por la situación de crisis que vivieron. Nosotros mismos nos encontramos en una situación conflictiva porque fuimos quienes creamos estos estigmas en la propia sociedad; me refiero a la relación cultural que hay entre capacidad e incapacidad, entre cordura y locura. Debemos brindar a todos –en su calidad de usuarios, pacientes y seres humanos– una atención que realmente se tome bajo el concepto de derechos humanos.

Este proyecto de ley –que iremos informando al comentar los artículos– da al paciente la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminarse. Creo que el hecho de que el paciente sea capaz de tomar sus propias decisiones –a menos que se pruebe lo contrario– es un elemento importantísimo, lo que no sucede al día de hoy.

Los prestadores de salud tendrán que cumplir un rol fundamental para que realmente se cumplan las decisiones que hoy tomamos aquí, así como también los diez principios básicos de la Organización Mundial de la Salud en materia de salud mental. En dichas normas se prioriza, justamente, preservar la dignidad del paciente, tener en cuenta las técnicas que los ayudan a arreglárselas con sus deterioros, a reducir su efecto y a mejorar su calidad de vida, entre otros.

Cuando los Gobiernos y los Estados firman esos grandes acuerdos existe una gran responsabilidad, pero los Gobiernos pasan y los Parlamentos también. Sin embargo, como el mayor control social está a cargo de los Parlamentos, debemos actuar para dar cumplimiento a esos acuerdos que los Gobiernos firman en materia de Estado, a fin de que no queden solamente signados en un papel. La intención de mejorar la vida va también en el sentido de ir viendo cómo se evitan las violaciones, hasta de derechos humanos, que se han venido dando en esa materia.

Creo que todas estas instituciones y entidades tendrán que adaptarse a este nuevo modelo; habrá que facilitarlas, promoverlas, protegerlas, asegurar las libertades, la igualdad en materia de derechos, o sea, empezar a entender que este cambio de paradigma se da en el marco de los derechos humanos.

El proyecto de ley contiene, en su capítulo I, las disposiciones generales, y tiene como objetivo principal –así consta en su artículo 1.º– garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, dentro del orden público, con un interés social y enmarcado en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

En el artículo 2.º se define el concepto de salud mental como «un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad». Esa protección, que abarcará distintas acciones y promociones, deberá ser tenida en cuenta por un resultado dinámico, de apoyo y de trabajo desde el punto de vista de la sociedad, de la economía, de la cultura y de la propia biología.

A continuación se establecen cuáles serán los principios rectores de esta ley.

Quiero destacar un elemento que a nuestro juicio es importante. Dentro de la normativa, y como resultado del trabajo de esta iniciativa, está previsto lo relativo al consumo de sustancias psicoactivas dentro del marco del tratamiento de la salud mental. Repito que se trata de un tema importante que se incorpora a esta iniciativa y a su propio tratamiento.

En la propuesta general se apuesta a la importancia de la no discriminación y así lo mencionamos en el informe general. Creemos que no se puede presumir ninguna situación de cambio o de trastorno mental sin la base de un diagnóstico profesional aceptado, fundamental y únicamente, por la comunidad científica; ese es el meollo del contenido de este proyecto de ley. Nunca podrá darse un diagnóstico que vaya en un determinado sentido debido al estatus político, social y económico, a una solicitud de familiares o a razones laborales, así como tampoco por la falta de conformidad de los valores prevalentes en lo que tiene que ver con la comunidad donde vive la persona, por su orientación sexual o identidad de género, o por la mera existencia de tratamiento o de una supuesta necesidad de hospitalización. Creo que eso resguarda la situación de los usuarios en estos planos.

Este proyecto de ley es importante en cuanto a los derechos que tiene la persona que será tratada en este tipo de situación, en tanto en el marco de la salud siempre debe ser reconocido como ese sujeto de derecho con pleno respeto a su vida privada y libertad de decisión. Aquí juega un rol fundamental la participación de los familiares, los allegados y los representantes legales, sobre todo en las decisiones relacionadas con el tema.

No podemos quedarnos tranquilos con que mediante la aprobación de este proyecto ya se producirá una modificación en la situación; esto es muchísimo más amplio. Se trata de un cambio que debemos procesar entre todos. Si votamos este proyecto de ley y nos quedamos tranquilos, si no nos involucramos absolutamente todos, no tendrá el éxito asegurado.

Debemos tener presente que se necesitará formar y capacitar a los profesionales, técnicos y no técnicos, para acompañar este cambio de modelo. Sin embargo, nos consta –lo vimos durante la consideración del proyecto de ley en comisión– que ese cambio ya se viene realizando. Es decir que no se esperó a que estuviera aprobada la ley. Como estaba previsto que se darían señales, se han ido dando pasos para poder acompañar este proceso una vez que el proyecto de ley haya sido aprobado.

Es importante destacar la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental, que deberá aggionarse a la propuesta de este proyecto de ley y que estará a cargo del propio Ministerio de Salud Pública, al igual que su promoción.

Hay otros artículos del proyecto de ley que abarcan la coordinación interinstitucional con los distintos organismos del Estado. ¿Por qué? Porque como se realizará ese cambio de modelo, como se rompe con el aislamiento, como el paciente debe reinsertarse a la sociedad y como el problema no será permanente, tendremos que acordar políticas de actividad laboral con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el Ministerio de Desarrollo Social, políticas de vivienda con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –estuvimos viendo el caso de cooperativas que puedan aggiornarse a ese nuevo modelo–, y políticas educativas con el Ministerio de Educación y Cultura. Este último tendrá que jugar un rol fundamental a través de planes de educación para promover y también para coordinar con el Ministerio de Salud Pública, con ASSE –que me consta se viene haciendo–, lo relativo a la salud mental en ese primer nivel de atención para prevenir y que no se transforme en cifras, porque uno de cada cuatro niños puede estar en una situación vulnerable en materia de salud mental. Este trabajo se debe coordinar también interinstitucionalmente y eso está previsto en el proyecto de ley.

Creemos que es importante el concepto de rehabilitación –al que ya hicimos referencia–, así como el respeto de los derechos humanos con relación al estudio de las historias clínicas, su seguimiento y privacidad, y también su abordaje.

Otro punto a mencionar tiene que ver con que las prestaciones en materia de salud mental tendrán que estar presentes en todo el sistema; es importante que estos pacientes no se atiendan en forma aislada. Los integrantes de la Comisión de Salud Pública del Senado visitamos el Hospital Maciel para interiorizarnos de la propuesta que está llevando adelante al haber incorporado la sala de salud mental, así como lo están la de cirugía o la de traumatología. Esto nos da la pauta de que ya, de alguna manera, se está incorporando el nuevo modelo aun cuando todavía no ha sido aprobado el proyecto de ley, lo que nos está garantizando el cumplimiento cuando nos llegue la obligatoriedad.

Asimismo, las redes territoriales van a tener que trabajar a partir de esta ley tomando como base ese marco importantísimo que se tiene por fuera de lo institucional. Muchos de los que están presentes lo hacen desde su lugar o desde el de los familiares que frente a una situación concreta se organizan.

Queremos resaltar un hecho que nos llamó poderosamente la atención. Durante todo el proceso de discusión del proyecto de ley hemos visitado distintos lugares. Hace unos días participamos en Radio Vilardevoz y en otras actividades y hemos observado que los jóvenes están involucrados en este tema. Es más, lo están abordando desde su lugar de estudios, como por ejemplo, la Universidad de la República, porque lo identifican como un tema de derechos humanos que puede ser transformable. Queremos recalcar esto porque muchas veces se dice que los jóvenes no se preocupan, no se involucran o no se movilizan. En lo personal, nos dio mucha alegría haber visto que participan y se involucran, no solamente desde el punto de vista de la psicología, sino también del contenido, de la transformación que puede darse en esta materia.

Otro elemento a resaltar es el cambio que se da en estos nuevos dispositivos que se van a adoptar y que algunos ya han comenzado a funcionar en distintos puntos del país, como por ejemplo, las casas de medio camino, que podrán ser diurnas o nocturnas y que colaborarán –por suerte– en el cierre paulatino del modelo asilar para dar paso a este nuevo modelo.

Algunas innovaciones importantísimas del proyecto de ley son que no habrá ingreso de nuevos pacientes al antiguo sistema, las formas de hospitalización, las garantías que da a las formas de hospitalizarse, el derecho y el respeto de los pacientes y los criterios para las hospitalizaciones, ya sean voluntarias o involuntarias, dando garantías al usuario, teniendo como marco los derechos humanos y el control que se ejercerá en forma permanente. También debemos destacar el resguardo que se da a los niños y niñas en cuanto a las hospitalizaciones, respetando el marco jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Con respecto a los nuevos lugares de atención, así como también a la nueva red de alternativas que deberán ponerse en marcha cuando esta ley esté vigente, queremos recalcar que todos los prestadores deberán ponerse a tono con la nueva normativa.

Sabemos que hay un punto sobre el cual se ha debatido y no se ha llegado al cien por cien del acuerdo, que es el relativo al control de este proyecto de ley. Aquí se crea la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental como un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Salud Pública, que tendrá los cometidos que le atribuirá esta ley. Creemos que, independientemente de la discusión que se dio, el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad, pero no quisiéramos quedarnos solamente con la discusión de ese punto, sino que queremos subrayar el contenido y el cometido que tiene esa comisión. Nos parece que, justamente, el cometido que tiene es lo más importante y rico de esta ley, porque controlará su cumplimiento en todo el territorio nacional respetando el marco de los derechos humanos. Podrá supervisar de oficio, en caso de denuncia de particulares, cuando las condiciones en las que estén hospitalizados los usuarios no sean las correctas, ya sea en el ámbito público como privado. Podrá requerirse a las entidades públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud la información que nos permitirá, y también permitirá a la propia comisión, ver que se respete cada una de las propuestas de esta ley. También controlará las hospitalizaciones, velará por su cumplimiento e inspeccionará periódicamente todos los establecimientos públicos y privados donde se realicen hospitalizaciones permanentes. También recibirá y dará trámite a denuncias referidas a este tema.

Omití señalar algo importantísimo: no hay más límite en las internaciones debidas a patologías de salud mental. Hoy ya no hay límite en el ámbito público aunque sí en el privado, pero una vez sancionada esta ley tendrá cobertura total. Esto también será parte del control.

Deberá llevarse un registro de las actuaciones en cumplimiento de la ley y tendrá que haber una coordinación permanente y un trabajo con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para difundir información a la comunidad con la mayor amplitud posible. Esto es fundamental y fue remarcado por todas las organizaciones sociales.

En cuanto a la integración de esta comisión, luego de algunas modificaciones que introdujimos al texto original, debemos informar que estará conformada por dos miembros representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales deberá acreditar conocimiento, formación y experiencia en el tema de salud mental, y uno de ellos la presidirá.

En la discusión en comisión se observó la necesidad de que los miembros representantes del Poder Ejecutivo –que durarán en su mandato tres años y no dos, como estaba previsto originalmente– puedan ser cambiados en el momento en que el propio Poder Ejecutivo lo crea conveniente.

Asimismo, habrá tres miembros representantes de la Universidad de la República, designados uno a propuesta de la Facultad de Medicina, otro a propuesta de la Facultad de Psicología, otro a propuesta de la Facultad de Derecho, y se observará que todos estén vinculados a la temática de la presente ley.

Se prevé un representante de las organizaciones más representativas de los trabajadores del área de la salud mental; un miembro representante de las sociedades científicas vinculados a la salud mental; un miembro representante de las organizaciones más representativas de las personas con trastorno mental; un miembro representante de las organizaciones más representativas de los familiares, así como un representante de las organizaciones de la sociedad civil en salud mental y derecho humano.

Cada uno de estos representantes podrá designar un alterno en su lugar, cuando lo estime conveniente.

Queda claro que la integración de esta comisión se amplió y se incluyeron otras miradas que al principio no se tenían en el texto original. La figura de esta comisión se ubica dentro del marco de descentralización y su funcionamiento se regirá por la reglamentación que se dicte posteriormente.

En cuanto al tiempo de mandato de esta comisión, debo informar que será de tres años. En el texto original se proponía que fueran dos años, pero luego de hacer las consultas correspondientes nos pareció bien que fueran tres, sobre todo porque consideramos que ese lapso será suficiente para su puesta en funcionamiento.

Otro elemento importante en relación con este capítulo VI «Del contralor», tiene que ver con una protección especial: en el artículo 46 se encomienda especialmente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada por la Ley n.º 18446 de 2008, defender y promover los derechos de las personas reconocidos en la presente ley. La idea de esta disposición es, entonces, reforzar los cometidos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para que en el marco del capítulo VI «Del contralor» cumpla esta función desde ese lugar.

Finalmente, una vez aprobada esta iniciativa en el Senado, quedará derogada la Ley n.º 9581, del año 1936, lo que significa derogar la figura del psicópata.

Gracias, señor presidente.

(Aplausos en la barra).

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicitamos a quienes nos acompañan en la barra que ayuden a que la sesión se desarrolle con normalidad.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar el trabajo de la Comisión de Salud Pública, especialmente de la señora presidenta, la recientemente miembro informante, senadora Passada. Quiero destacar –y en esto creo representar al senador Besozzi, del Partido Nacional– que tuvimos un trabajo intenso, muy abierto, pues en el seno de la comisión se recibió a toda institución, organismo, organización, academia, etcétera, que se consideró oportuno e, incluso, se recabó la opinión y el asesoramiento extra de quienes voluntariamente solicitaron concurrir. Todo transcurrió en un excelente clima de trabajo y quiero hacerlo explícito porque muchas veces las tareas en comisión pasan inadvertidas; me interesa hacerlo explícito porque no nos comprenden las generales de la ley. De modo que, de esta manera, destaco el trabajo de la señora senadora Passada.

No quiero sobreabundar en muchos de los elementos; el informe que daremos será muy breve. El Partido Nacional compartió y acompañó la aprobación en general del proyecto de ley. No obstante, cabe aclarar que hicimos algunos planteos en el seno de la comisión para mejorar, a nuestro entender, su contenido y algunos fueron aceptados por el resto de la comisión, por lo que hoy están incluidos en el proyecto de ley a consideración del Senado, pero otros no fueron atendidos –por legítimas razones por parte de quienes los rechazaron– y, por lo tanto, cuando entremos en la discusión particular los volveremos a plantear o haremos los señalamientos que nos parezcan oportunos. Precisamente, son tres los artículos cuyo desglose solicitaremos en la discusión particular.

En general, el tratamiento y abordaje de las personas que padecen alteraciones o trastornos de salud mental en nuestra sociedad, sin duda que es un avance sobre todo teniendo en cuenta que los estilos, las normas de atención, los protocolos, tienen decenios de antigüedad. Así como se ha avanzado en materia tecnológica y científica, también se ha avanzado en el abordaje de estos padecimientos y, por ende, también han cambiado las terapias para estos pacientes.

La normativa que consideramos, en materia de legislación comparada, tiene una base muy notoria en la legislación argentina. El modelo legal que hoy estamos analizando ha sido tomado, prácticamente, del que rige en Argentina desde hace un tiempo. Pero vale la pena señalar que allí ya se están reconsiderando algunos de los planteos que hoy se van a aprobar aquí.

Como bien dijo la señora senadora Passada, el nuevo paradigma de la atención en materia de trastorno mental o de salud mental es el de la multidisciplinariedad. Este tipo de atención multidisciplinaria, que obviamente va en contraposición del modelo que se ejerce en este momento –que consiste en la atención profesional por parte de un especialista en la materia, sea tanto de la psicología como de la psiquiatría–, suele estar vinculado muchas veces a lo que yo llamo la teoría del péndulo: uno trata de pasar de un modelo de atención a otro –no solo en este ámbito de la vida, sino en cualquier otro– y tira el bochín tan lejos que se va al otro extremo, sin dejar una transición que se adecue a las circunstancias del país. Esto es, entre otras cosas, lo que en Argentina se discute: si el modelo de atención interdisciplinario es el adecuado en todas las circunstancias, ya que, al mismo tiempo, no permite que un paciente opte por otro tipo de atención que no sea la multidisciplinaria. Una persona puede optar por la atención individual de un especialista sin tener que pasar por un equipo multidisciplinario, pero, en la medida en que mediante esta iniciativa se obligue a que la atención sea con este modelo, uno se pregunta si también no está en contra del derecho del paciente a ser atendido por quien quiera y no por quien se estipula que deberá atenderlo. Digo esto, sin entrar a analizar lo que significan la efectividad y los costos de la atención, que en materia de políticas públicas son elementos indispensables a analizar.

Habida cuenta del conocimiento que tienen los señores senadores, quiero plantear otro elemento que discutimos en comisión: la realidad del interior del país. Uno se pregunta si en las capitales departamentales –ya no en los pueblos– o en las ciudades más grandes del interior se dispone de especialistas que puedan integrar un equipo multidisciplinario para atender a un paciente con trastorno mental. Sencillamente, no. No me refiero a que no existan especialistas con un grado de sofisticación importante en su formación, sino a que no en todas partes del país existen psicólogos y psiquiatras, sin embargo, esta normativa obliga a que las personas con este tipo de trastornos sean atendidas por un equipo multidisciplinario. Insisto: este tipo de equipos no existe en la mayor parte del país. El proyecto de ley establece una salvaguardia que a nosotros no nos conforma, y es que cuando esto suceda, la reglamentación establecerá la forma. En definitiva, la reglamentación terminará siendo la norma que va a suplantar, en la mayoría de los casos, lo que establece la ley. La vía administrativa, es decir, lo que establece el decreto –que es la excepción–, terminará siendo la regla. Esto es así, porque en la mayoría de los lugares del país no se dispone de personas formadas en diferentes disciplinas académicas para integrar el equipo que obligatoriamente debería atender a los pacientes. Por tanto, se brindará una atención individual, como es habitual hoy en el país.

Esto es lo que en relación a otras circunstancias, una persona muy importante en la historia más reciente de nuestro país llamaba «el progreso manuscrito»: los legisladores elaboramos normas que establecen un progreso, pero solo en el papel porque en la vida real ese progreso no existe. Ese es el temor que algunos tenemos: que por llegar al ideal se creen obligaciones que sabemos que no se pueden cumplir.

Reitero que voy a plantear solamente las salvedades porque en las coincidencias no vale la pena sobreabundar, pero otro aspecto que me interesa destacar, que se integra a lo que llamo «la teoría del péndulo», tiene relación con el cambio de paradigma, que pasa de la atención individual del profesional al equipo multidisciplinario. Quizás sea el punto más cuestionado por todas las organizaciones, al punto tal que, incluso, la comisión lo dejó para el final porque la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental que se crea es la institución con más poder sobre la atención de las personas padecen trastornos mentales. En el artículo 41 se determina que estará compuesta por diez integrantes, pero a texto expreso no hay ningún psiquiatra ni psicólogo. Una cosa es pasar de un modelo medicalizado a un modelo multidisciplinario y otra es tener una comisión formada por diez integrantes donde no se establece a texto expreso que exista ningún profesional especialista en la materia, ya sea médico psiquiatra o psicólogo. En el literal a) se requiere que entre los representantes del Ministerio de Salud Pública –luego que lo planteamos en la comisión con el señor senador Besozzi– haya una persona que tenga conocimiento, idoneidad, pero es llamativo que en una ley de salud mental no se establezca a texto expreso que entre los diez integrantes de esta comisión, que tendrá contralor de todo el proceso de atención de salud mental del país, no exista ni un psiquiatra ni un psicólogo, personas que la academia forma para atender en estas especialidades de la salud.

Por lo tanto, señor presidente, a pesar de las salvedades que planteamos vamos a acompañar en general este proyecto de ley porque creemos que es un avance, aun a cuenta de estimar que muchos de esos avances van a quedar en el papel y que quizás sea un planteo ideal al cual se deberá tender, pero que en la práctica va a modificar relativamente el proceso de atención de salud mental de los pacientes.

Otro aspecto del proceso de atención que nos genera preocupación es la confidencialidad de la información sobre el proceso de atención del paciente. En este proceso existen comunicaciones e información que va de un lado para el otro. Todos sabemos que la confidencialidad sobre la información clínica de la persona debe ser de reserva absoluta porque es un derecho humano esencial. Nadie, en cualquier proceso de atención, excepto la persona, el médico o profesional tratante o un juez, puede tomar conocimiento del proceso de atención de salud de una persona. A nuestro entender, con este proyecto se corre el riesgo de que, en algunas circunstancias, información que debe ser de estricta privacidad de la persona tenga una circulación pública, en el sentido de que se pueda acceder a ella por encima de estas personas, lo que a nosotros nos preocupa porque puede violar un derecho humano esencial que es la confidencialidad del acto médico, que la ley reserva a las personas que recién mencionaba.

Por lo tanto, señor presidente, abreviando por un tema procesal todo lo que significan los avances de esta ley, como bien relataba la presidenta de la comisión, y señalando cuáles son nuestras discrepancias, que mencionaremos con más detalle cuando se consideren los artículos 9, 41 y 46 cuyo desglose solicitaremos, vamos a votar el proyecto de ley en general y la mayoría de los artículos en particular, pero negativa o parcialmente algunos de los artículos que acabamos de mencionar.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señor presidente.

Sin duda, Uruguay está muy atrasado en esta materia. No voy a reiterar todos los instrumentos internacionales ratificados que nos obligan a avanzar en el tema de la salud mental, pero lo cierto es que hay muchos países de la región y del mundo que han avanzado, no sin dificultades. Con relación a este tema hay muchísimas complejidades, no hay un modelo único, pero sí existe la construcción de un paradigma radicalmente diferente al que hemos vivido en estos ochenta años. Por lo tanto, me parece muy bueno que finalmente estemos discutiendo este tema y que haya sido producto de una amplísima convocatoria a todos quienes en alguna parte tienen que ver con este tema. Creo que es la forma de construir una ley que no sea un progreso manuscrito, lo cual no la deja exenta de dificultades en su aplicación, incluso de modificaciones.

Somos la primera cámara en considerar este proyecto de ley –seguramente sea objeto de mayor estudio en la siguiente cámara– y quiero decir que hicimos de este un tema absolutamente principal para la Comisión de Salud Pública. Incluso, sesionamos durante la rendición de cuentas, lo que a las senadores y senadores nos complica muchísimo por el número que integran las Comisiones de Presupuesto y de Hacienda, pero también por el número que tiene la propia Cámara de Senadores.

Nuestra intención fue no atrasar el debate de esta ley y habilitar así que la Cámara de Representantes pueda avanzar sustantivamente este año.

Es un cambio de paradigma por lo cual encontraremos colectivos, individuos y expertos que nos dirán que no tiene esto o no tiene lo otro. Sí, tiene de todos un poco, pero la idea no es hacer un collage; esta situación se dio porque en algunos casos las miradas de algunos de los actores hacían difícil que resultara una ley que, además de ser armónica, tuviera en cuenta determinadas cuestiones previas.

Existe una tensión indiscutible entre la medicalización de la sociedad –que está medicalizada y es sanitarista; todo lo pasamos por ese cerno– y una visión comunitaria, de integración, con una mirada plural que permita encontrar la forma de que ellos estén con nosotros y no se continúe con la exclusión y estigmatización de quienes padecen –durante su vida o en algún momento de su vida– un episodio que altere su salud mental. Es por eso que me parece que este debate, que hoy toma estado parlamentario en el colectivo, va a generar un importante aporte –y es deseable que lo siga generando– en el conjunto de la sociedad, porque hay mucha gente que la viene remando desde hace un largo tiempo en este tema.

En ese sentido, comencé a preguntarme cuál podía ser el enfoque de la intervención –obviamente, soy médica, por lo que trato de no caer en la medicalización de todos los problemas de la sociedad, aunque a veces no lo logro– y me pareció importante que un colectivo creado en 1997, Radio Vilardevoz –que es un proyecto comunicacional y participativo–, nos hiciera preguntas y nos acercara sugerencias, al igual que lo hicieron decenas de instituciones. Por tanto, me pareció fundamental dar una breve mirada a sus reclamos –seguramente, la lista de oradores será numerosa– y a la forma en que pudimos concretarlos en estos cuarenta y ocho artículos que tiene el proyecto de ley en consideración.

En su comparecencia, los representantes de Radio Vilardevoz nos plantearon ocho puntos que, si bien venían referidos a una caracterización que se podrá compartir o no, incluían sugerencias que me parecen importantes.

En el primer punto nos decían: «Más allá de los espacios físicos, lo manicomial es una lógica que segrega y encierra aquello diferente. Queremos una ley de salud mental que cierre esos lugares y abra espacios de salud en la comunidad». Sin dudas, es un cambio radical en la forma de verlo.

Al respecto, me parece que debemos hacer referencia a algunos artículos para ver de qué manera damos respuesta a las sugerencias que se nos hicieran desde un ámbito absolutamente compenetrado con la sociedad, desde un colectivo que quiere lograr el deshacinamiento, la deshospitalización de las colonias y de otras instituciones que tanto dolor generan por las dificultades que tienen a veces en su funcionamiento y que requieren de tanto esfuerzo para lograr una atención más digna de las personas que se encuentran allí.

En el artículo 37 claramente se impulsa la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes. Obviamente, aquí surge una duda con respecto a cuánto tiempo nos llevará hacerlo. Si nos llevó ochenta años transformar la ley del psicópata –más allá de que hace décadas que la recomendación es tener una ley del tipo que sugiere el actual proyecto de ley–, ¿cuánto tiempo nos llevará implementarla? ¿No será oportuno que la ley defina la propia calendarización? En ese sentido, queremos ser claros: la forma de construcción que tiene este proyecto de ley no va a impedir su rápida implementación. Se ha generado un colectivo en el que no solo hay demandas, sino que también hay sugerencias. Creo que es bueno decir que el equipo del Ministerio de Salud Pública –junto con diferentes operadores– ha avanzado de manera importante en la reglamentación de esta ley y que ha adelantado una estructuración para su puesta en marcha. Sin dudas, los derechos nos asisten desde el día en que la ley se promulga, pero en estas leyes la posibilidad de disfrutar de esos derechos o de que esos derechos nos asistan –según sea el caso–, depende de su implementación concreta. Esta es una respuesta a esos colectivos que al día de hoy nos reclaman tener más plazos dentro de la ley. Es un cambio muy grande y no podemos dar a la ley la rigidez de la calendarización. Lo que sí podemos decir es que existe voluntad política, que se manifiesta en la forma en que se trabajó este proyecto de ley, tanto antes de su llegada al Parlamento como desde que se empezó a tratar en comisión.

Continuando con el primer punto que nos sugería esta organización, el artículo 38 prohíbe claramente la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes. No solo hay que cerrar los que existen, sino que también se prohíbe la creación de otros. Asimismo, determina que los existentes deberán ajustar su funcionamiento a las prescripciones de la ley hasta su sustitución definitiva por institutos y dispositivos alternativos que la ley prevé. El artículo 22 también da respuesta a este reclamo, porque prevé el establecimiento de programas de dispositivos residenciales con apoyo para personas con trastornos mentales severos y persistentes. No es casual que a lo largo de la ley queden claramente establecidos diferentes dispositivos, según sea el caso de las personas que padecen dificultades en su salud mental.

(Ocupa la presidencia el señor Guillermo Besozzi).

–Esa gama es muy amplia y, por tanto, amplia debe ser la gama de dispositivos para darle respuesta.

El artículo 24 dice que la hospitalización es un recurso terapéutico de carácter restringido que deberá ser reservado especialmente para situaciones agudas y procurando que se realice en unidades especializadas en psiquiatría, ubicadas en hospitales o sanatorios generales. También hacemos referencia expresa a los niños, niñas y adolescentes porque nadie está excluido, ni siquiera por la edad, de tener dificultades de salud mental. Me parece que esta es una adecuación muy importante porque no solo se deben definir y aggiornar las estructuras preexistentes, sino que se deben crear nuevas estructuras y el conjunto de la sociedad debe asimilar las transformaciones.

El punto dos que planteaba el colectivo dice: «Queremos una ley de salud mental que haga énfasis en la prevención, promoción, buen trato, la contención y el acompañamiento y abordaje comunitario. Queremos una ley de salud mental en la que participen activamente los usuarios, junto a otros profesionales: psicólogos, abogados, trabajadores sociales, familias, comunidad garantizando los derechos de las personas». Y sí, esta red es esencial para que una ley de esta naturaleza pueda tener andamiento y sostenibilidad. Creemos que es muy importante que sigamos trabajando de esta manera en su aplicación, con múltiples miradas sobre la temática. Al respecto, el artículo 2.º del proyecto de ley que estamos considerando define a la salud mental como «un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de ser una contribución a su comunidad.

Dicho estado es el resultado de un proceso dinámico, determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos».

Esta es la mirada integral, tanto del concepto de la salud en general, como del concepto de la salud mental. Son referencias de la Organización Mundial de la Salud que nos parecen importantes porque el temor es a volver a caer en el estigma. Cuando las cosas se nombran, existen y por eso es muy importante que cuando les ponemos nombre no caigamos nuevamente en la estigmatización.

En el artículo 3.º se consagra, entre otros principios rectores de la protección de la salud mental concebida como inseparable de la protección integral de la salud, el reconocer a la persona de manera integral, considerando –como decíamos– sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, así como también la dignidad humana y los principios de derechos humanos que constituyen el marco de referencia primordial de todas las medidas que guarden relación con la salud mental.

No hace tantos años este Parlamento debió legislar acerca del trato digno a las personas, en la que se dio en llamar ley de deberes y derechos de los usuarios. En esa ocasión se dio toda una discusión, en particular, acerca de los deberes que asisten a las personas cuando deben ser parte de un contrato, en este caso, para la atención de su salud.

Se habla de la cobertura universal, de la accesibilidad y de la sustentabilidad de los servicios. Sin duda que esto es esencial, pero también es cierto que tenemos grandes dificultades en su implementación. La tecnología viene ayudando mucho a la medicina, porque es difícil que en cada lugar exista un profesional en momentos en que, además, el conocimiento se ha ampliado tan brutalmente, pero habrá que conformar y adecuar estos equipos a los diversos niveles de atención que la ley prevé.

(Ocupa la presidencia el señor Ernesto Agazzi).

–Hay un punto aquí que habla de la posibilidad de autodeterminación y la ausencia de riesgo para la persona y para terceros. En otro contexto, esta referencia podría verse como uno de los estigmas, pero aquí hay consecuencias médico-legales y, por tanto, hacer referencia a esto implica que debemos tenerlas en consideración. Esto atraviesa no solo parte de las definiciones de la ley, sino también de los temores que todos tenemos en cuanto a que esto pueda ser una transformación real.

Otro punto de este artículo refiere a «la vinculación de la salud mental al efectivo ejercicio de los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura y a un medioambiente saludable».

En el punto 3 el colectivo nos dice: «Queremos una ley de salud mental que elimine estas terapéuticas» –como los shocks y los electroshocks– «violatorias de los DDHH» y que, en caso de aplicarlas, deban pasar por el control de un órgano revisor autónomo, del Ministerio de Salud Pública.

¿Qué respuesta dimos a esto? Por ejemplo, en el artículo 6.º se establecen los derechos de las personas con trastornos mentales. Deben tener el reconocimiento de ser tratadas con el respeto debido a su dignidad, a su vida privada y a su libertad de decisión sobre la misma. También se habla del derecho de la persona a «recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos» y de «ser tratada con la alternativa terapéutica indicada para su situación que menos restrinja sus derechos y libertades».

Cuando vemos cuáles han sido esas prácticas terapéuticas a lo largo de estos ochenta años y cómo en algunos casos debemos levantar nuestra voz y legislar para que no sean indiscriminadamente aplicadas, sin duda vemos que aquí hay una enorme transformación.

El artículo 6.º también menciona que cada una de esas personas tiene derecho a «recibir información completa y comprensible» inherente a la situación que está viviendo.

Hay un aspecto muy polémico en todo este debate que hemos llevado adelante hasta ahora y que tiene que ver con el órgano revisor autónomo del Ministerio de Salud Pública. Acá nuevamente llamamos la atención en lo siguiente: la Ley n.º 9202 confiere las competencias al Ministerio de Salud Pública y le asigna la rectoría en toda materia de salud. Eso sin duda que pone un límite, lo que no quiere decir que no tengamos la voluntad de encontrar –y el texto así lo propone– aquellos mecanismos que, sin que impliquen un ministerio paralelo con relación a la salud mental, puedan confirmar, desde afuera, el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas.

Entonces, al igual que en otras leyes y por más que sea sobreabundante, hemos hecho referencia a esa protección especial encomendándosela a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Insisto: ya existe esa protección, pero parecía importante que, así como hicimos esta referencia en otros marcos legales, la mencionáramos también aquí para dar tranquilidad a los usuarios.

En el punto 4, el colectivo nos dice: «Queremos una ley de salud mental que facilite el acceso a los derechos universales, civiles y políticos de las personas con padecimiento psíquico. Vivienda, trabajo, educación, cultura». Nos hablan de que quieren una ley que desarrolle «nuevas políticas intersectoriales e interinstitucionales que den respuesta a estas problemáticas». Sin duda, el artículo 11 promueve esta interinstitucionalidad y la mandata a promover planes y programas que favorezcan la inclusión en todas estas áreas.

Los artículos 12, 13 y 14 también promueven el establecimiento de políticas de trabajo que, sin duda, son fundamentales para que estas personas puedan llevarlas adelante. También se habla de su inclusión educativa a todas las edades, pero cuando esto ocurre en niños, niñas y adolescentes sin duda que constituye una temática ineludible, así como también su inclusión cultural y el acceso a la vivienda. Se plantean diferentes modalidades de acceso a la vivienda para que no existan guetos y para que haya una integración efectiva de estas personas en las diferentes alternativas, incluso en modalidades que apuntan a las viviendas rurales, como Mevir. Con esto se pretende que quede claro que la mirada, más allá de las dificultades, es nacional y que existe la preocupación en el sentido de que esto pueda implementarse de la mejor forma.

En el punto 5 el colectivo nos expresaba: «Queremos una ley que desarrolle políticas de inclusión laboral, que contemplen las capacidades de trabajo de las personas con padecimiento psíquico […] y remuneración acorde». Sin duda, debe ser así. Continúa: «También entendemos importante fomentar las experiencias de autogestión, cooperativismo». En el marco legal también reconocemos que eso es muy importante para la autonomía de las personas.

En el punto 6 el colectivo nos dice: «Queremos una ley de salud mental, con participación activa de los trabajadores, que incluya espacios de formación y cuidado, desde una perspectiva de derechos humanos». Este abordaje en materia de salud mental se prevé según diferentes niveles de complejidad, como decíamos. Está a cargo de equipos multidisciplinarios y la atención debe realizarse, preferentemente, en el ámbito comunitario. A esto se refieren los artículos 15 a 19.

Por su parte, el artículo 9.º promueve la formación profesional en las disciplinas que participan en la atención de la salud para que sus actividades educativas se adecuen a los principios, políticas y dispositivos que se establecen en la ley, con el énfasis en la perspectiva de derechos humanos. Creo que fue muy importante el nombre propuesto; más allá de que, en general, nos referimos a las leyes por el número que tienen, es importante que incluya el componente que la comisión agregó.

En el punto 7 nos plantean: «Hoy en día los usuarios de salud mental no son tenidos en cuenta en el diseño de los procesos de atención y rehabilitación. El Estado debe garantizar y promover la participación de las personas con padecimiento psíquico y usuarios de salud mental en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas en salud mental». Para este colectivo la participación es un pilar fundamental que profundiza la democratización de la salud y aporta a los procesos de construcción ciudadana. Para la comisión también lo es y fue por eso que reforzamos la integración de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, incorporando otras miradas que, a nuestro juicio, podían hacerla más completa. Es verdad que la agrandamos y que un organismo con mayor número de integrantes es más complejo, pero creemos que vale la pena diseñarla con la mayor pluralidad posible.

Los artículos 39, 40 y 41 refieren a su creación, cometidos e integración.

Luego, el artículo 42 habla de la descentralización, que es un tema fundamental. Más allá del porcentaje poblacional, no podemos hacer una ley con mirada montevideana o, a lo sumo, metropolitana. La ley es para todo el territorio, por lo que incorporar la descentralización es un avance importante desde su diseño.

El octavo y último de los puntos a los que hace referencia este colectivo dice que hoy en Uruguay persisten imaginarios sociales que estigmatizan a las personas afectadas en la salud mental como locos, delirantes, alienados, psicópatas; en una palabra, peligrosos. Se trata de una situación difícil y una ley no va a cambiar esto, pero va a promover, va a consolidar transformaciones. Sin embargo, la mayor transformación la tenemos que hacer cada uno de nosotros con relación a nosotros mismos y al otro, a lo que muchas veces nos separa del otro por verlo de una forma diferente.

Un primer paso es la derogación de la ley del psicópata, no solo porque reconoce tiempos y formas que ya han quedado caducas y en desuso, sino también porque hay un valor simbólico en esa decisión. Este proyecto cambia el modelo de abordaje de la salud mental, comenzando por el reconocimiento expreso del derecho a su protección.

Debo confesar que durante el tratamiento de este proyecto de ley, en todo momento recordé a una persona muy especial en mi vida, alguien con quien aprendí a caminar siendo ya bastante más grande que cuando uno empieza a caminar de bebé. Me refiero a José Pedro Cardoso, segundo legislador socialista y primer senador socialista en el Parlamento uruguayo, que fue un hombre que, en su especialidad –era psiquiatra–, siempre tuvo la preocupación por el trato que recibían las personas enfermas. Galeano decía con relación a José Pedro Cardoso: «Es un ejemplo vivo, que no tenemos el derecho de olvidar ni por un ratito». Y en todo el proceso de discusión de esta iniciativa recordé la dedicación y las propuestas que siempre planteó a nivel legislativo.

En 1936 se aprobó la ley, y en 1938 el doctor Cardoso llevó adelante una importante interpelación al ministro de Salud Pública, el catedrático doctor Blanco Acevedo –una eminencia–, por la falta de una política nacional de salud mental y las carencias que existían a nivel hospitalario. Recordemos que Cardoso trabajó tanto en el Vilardebó como en la Colonia Etchepare.

Me parece que se ha acumulado relativamente poco a lo largo de estos ochenta años, pero el último proceso de involucramiento de diferentes colectivos ha generado, con la participación del Ministerio de Salud Pública, un conjunto de avances que hacen que este Parlamento deba comprometerse en el más rápido y profundo tratamiento de esta nueva ley, para poder implementarla a la brevedad.

Como final, quisiera leer el relato El espejo, de Eduardo Galeano. Dice así: «Solea el sol y se lleva los restos de sombra que ha dejado la noche.

Los carros de caballos recogen, puerta por puerta, la basura.

En el aire tiende la araña sus hilos de baba.

El Tornillo camina las calles de Melo. En el pueblo lo tienen por loco. Él lleva un espejo en la mano y se mira con el ceño fruncido. No quita los ojos del espejo.

¿Qué hacés, Tornillo?

Aquí –dice–. Controlando al enemigo».

Hay que pensar cuán loco o cuán cuerdo estaría el Tornillo.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: sentimos que hoy estamos abordando en el Senado un proyecto de ley realmente trascendente, y en ese sentido valoramos altamente las intervenciones realizadas por la señora senadora Passada, el señor senador García y la señora senadora Xavier. Pero nos parece imprescindible agregar algunas consideraciones generales al respecto.

Tengo en la mente una imagen que señalaba Hugo Achugar cuando concurrió a la comisión en nombre de Caminantes: aquel barco sin capitán, perdido en la historia, al que subían a las personas carentes de discernimiento. También recuerdo la referencia que hizo una de las colegas psiquiatras que vino del interior al tren que salía desde Paysandú con los locos, rumbo a la colonia, con destino «vaya a saber qué iba a pasar».

Hoy estamos abordando la derogación de la ley del psicópata, que tiene ochenta años y hay que verla en el contexto de su época. Ha pasado mucho tiempo desde aquel barco sin capitán en el que subían a los alienados, pasando por la aprobación de esa ley hace ochenta años, y lo que estamos abordando hoy.

Quiero subrayar –no para reiterar, sino por el futuro– que esta ley nace de una historia de concertación. En 1986, a la salida de la Dictadura, surge el primer Plan Nacional de Salud Mental, y en ese proceso aparece luego el Programa Nacional de Salud Mental de 2005. Pero también es necesario recordar que ha habido una historia de desfase entre las definiciones y las realizaciones. Tal vez ese es uno de los temas centrales que debemos abordar hacia el futuro.

También quiero subrayar una parte de la enunciación de este proyecto de ley, porque tiene mucho que ver con su contenido: «[…] en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud» se plantea la ley de salud mental. Lo destaco porque somos conscientes de que en el marco de esa ley, que se puso en marcha en 2007, nos quedó rezagado el abordaje integral de la salud mental. Por eso, con esos conceptos de universalidad, equidad, accesibilidad, calidad –que deben ser la esencia del Sistema Nacional Integrado de Salud–, hoy tenemos este proyecto de ley, producto del trabajo realizado durante tanto tiempo, ajustando y poniendo en escena la salud mental con una visión integral del sistema de salud.

Por otra parte, quiero resaltar que si abordamos este proyecto de ley desde una perspectiva de derechos humanos es porque estamos construyendo una sociedad de derechos. No es de un día para el otro que surge la afirmación y la conquista de los derechos humanos; hay una larga lucha de nuestro pueblo –y no hago referencia a instancias políticas, sino a nuestro pueblo– por sus derechos, y se van conquistando. Incorporar a la ley de salud mental una visión de derechos es una conquista de nuestro pueblo.

A mi entender, este proyecto de ley instala a la persona como centro frente a la no persona. Recuerdo que muchas veces Luis Pérez Aguirre hablaba de «aquellos que no tienen rostro», «aquellos que no son persona». Aquí, insisto, se instala a la persona como centro frente a la no persona, buscando la defensa de la identidad, el combate al aislamiento y a la estigmatización.

En lo personal, al igual que todos los demás integrantes de la Comisión de Salud Pública, valoro lo que se hizo en ese ámbito y saludo el esfuerzo de su presidenta y de la secretaría, que trabajaron muy eficientemente, aportándonos toda la información en este largo recorrido que hicimos desde hace dos años; pero antes que nada y vinculado a la conquista de los derechos, quiero subrayar el trabajo democrático, colectivo y consensuado, que es el ayer, el hoy y, fundamentalmente, el futuro. Insisto: fue un trabajo democrático, colectivo y consensuado. Es cierto que pudo haber formas de inspiración en la legislación comparada –no solo de la Argentina, sino de otros países del mundo que han avanzado en este sentido–, así como en los compromisos internacionales y en las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y otros colectivos mundiales de salud, pero lo más importante es que en el Uruguay este proyecto de ley surge de un trabajo democrático, colectivo y consensuado.

Asimismo, saludo la actuación de la Dirección Nacional de Salud Mental del ministerio en las personas de los doctores Montalbán y Porciúncula, y de todas las organizaciones sociales, de usuarios, de familiares y demás colectivos. Me pareció extraordinario el enfoque que hizo la señora senadora Xavier a partir de Radio Vilardevoz, a través de la cual se expresan los usuarios, que ya tiene dieciocho años de trabajo continuo. Este colectivo ha aportado una documentación muy relevante, que la señora senadora ha transmitido muy bien. Y también debemos mencionar la Asamblea Instituyente, las sociedades científicas –gran parte de lo que realizamos se nutre de los aportes de todos ellos–, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las Cátedras de Psiquiatría y de Psicología, la facultad, el Poder Legislativo, así como todo lo que se ha acumulado en materia de resoluciones y de definiciones en todo este tiempo. Aquí se han logrado dos elementos: un consenso social, que es muy importante, y un consenso político. Estas son las bases por las cuales hoy estamos considerando este proyecto de ley; son las bases por las que sabemos que, más allá de lo que sea la ley, está el futuro. Y me gustaría subrayar también el aporte de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, que ha recogido los aportes de todas las organizaciones que han participado en este tema y ha planteado una serie de puntualizaciones, muchas de ellas respondidas hoy por las señoras senadoras Xavier y Passada.

Todo esto nos abre la perspectiva de que el proyecto no quedará solo en una ley, sino que, por el contrario, el desafío se va a plantear a partir de ella, que será un marco sólido pero flexible y, por cierto, mejorable. Comparto lo que decía la señora senadora Xavier en cuanto a que hoy hay una instancia aquí en el Senado –en la que espero que aprobemos el proyecto–, y luego habrá una instancia en la Cámara de Representantes, donde seguramente surgirán elementos a corregir o mejorar, pero lo fundamental es que este proyecto de ley es una herramienta sólida y flexible para avanzar.

En primer lugar, aquí hay un concepto que considero muy importante: la protección integral de la salud es un derecho humano fundamental. El Estado es responsable de crear las condiciones para su efectivo ejercicio en todo el territorio nacional y la salud mental debe ser entendida –tal como aquí se ha dicho– como un proceso dinámico, con componentes históricos, socioeconómicos, culturales, etcétera. Hay que tener en cuenta que la ley hasta ahora vigente, la ley del psicópata, fue redactada acorde al contexto de aquella época y regula únicamente los procedimientos para la atención de las personas con trastornos mentales graves.

El proyecto de ley actual –este es, para mí, el tema central– tiene por objeto la protección de la salud mental de toda la población. Ello tiene que ver con la protección, pero también con el involucramiento. Este proyecto de ley de salud mental no es para las personas con trastornos mentales –aunque es un tema que, por cierto, aborda–, sino que piensa en la población en su conjunto y, por lo tanto, avanzará en la medida en que toda la población avance en su aplicación. Por eso, la sociedad debe apropiarse de esta ley y llevarla adelante.

Tomo algunos comentarios de la doctora Sandra Romano, que señala que el proyecto de ley establece la integración de la salud mental en todos los programas de salud integrales y marca un modelo de atención organizado por niveles, desarrollado desde una estrategia de atención de primer nivel. Me parece que aquí hay un concepto clave, que es la identificación y el manejo de los trastornos mentales comunes de alta prevalencia en el primer nivel de atención. Esto es fundamental, porque abarca a aquellas personas –y siempre hablamos de personas– que presentan algún problema de salud mental, en el marco de la atención de la salud integral. Y por cierto que en el proyecto de ley se prioriza esta atención –como bien se señalaba antes– en el ámbito comunitario, jerarquizando las redes territoriales en la promoción y prevención.

A su vez, hay un sustantivo enfoque en el sentido de modificar el sistema hospitalocéntrico hacia la inclusión en el territorio, sin dejar de considerar especialmente la situación y las necesidades de las personas con trastornos mentales severos.

En el artículo 2.º se define el objetivo general de la salud mental de la población y los trastornos mentales severos, acorde a las definiciones actualmente consensuadas. Sabemos que hoy la patología en salud mental es absolutamente dinámica en la comprensión de su etiopatogenia, a la luz de los avances de la neurociencia y del conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad. No tenemos ninguna duda de que estamos avanzando mucho en el conocimiento molecular y de que muchas de estas definiciones con el tiempo deberán acordarse teniendo en cuenta las nuevas dimensiones.

Pero lo más importante es que, junto con el enfoque de derechos humanos, que es el cambio de paradigma en torno a la persona, hay un enfoque que a mi entender es fundamental: el paradigma de la recuperación. Es decir que no debemos tratar a la persona con trastornos mentales como algo fijo, inmóvil, ni pensando en que es imposible mejorar su calidad de vida. Por el contrario, el paradigma que nos convoca es la recuperación de la persona y su inserción en la sociedad. Por eso, este proyecto de ley propone la coordinación interinstitucional para el desarrollo de estrategias y programas transversales orientados a la inclusión.

Son muy importantes, en las consideraciones generales, la diversificación de los dispositivos de atención y modalidades asistenciales. Se plantea, como se ha dicho, un tema central, que es desinstitucionalizar a las personas con trastornos mentales a través de la creación de estructuras alternativas. En este sentido, hay un tema fundamental que también se ha subrayado: el cierre de las estructuras asilares y la transformación de las estructuras monovalentes.

Este proyecto de ley –y este, a mi entender, no es un tema menor, sino mayor– mandata a formular el Plan Nacional de Salud Mental. Es decir, esta ley puede quedar en las grandes disposiciones, en las grandes orientaciones, pero necesita una pata de rápida implementación, que es el Plan Nacional de Salud Mental. Y esto, sin duda, es una obligación para las instituciones, para los equipos de salud, para todas y todos los actores protagonistas de este tema. El proyecto de ley es un marco sólido y flexible, pero sin duda lo que viene por delante depende de todos nosotros y de todos quienes están involucrados en este tema.

Lamento tener que invocar al señor senador García, porque hemos coincidido en gran parte de la consideración de este proyecto de ley, pero creo que esto no es solamente papel escrito ni es tomar la legislación argentina. Aquí hay mucho trabajo, mucho consenso, mucha discusión, mucha participación y mucho esfuerzo. Esa circunstancia, es decir, el hecho de que la sociedad que hoy tenemos los uruguayos pelee por sus derechos, asegurará que hacia el futuro la ley no quede solo en un papel escrito. Se trata de una formidable herramienta que desafía a la sociedad en su conjunto. Y, sin duda, el período que se inicia luego de la aprobación de la ley –que esperamos concretar en el día de hoy en el Senado para que se pueda tratar en los próximos días en la Cámara de Representantes– es una formidable oportunidad para seguir avanzando en cambios que son imprescindibles para la población en general, para las personas con trastornos mentales, para los colectivos, para los familiares, para las instituciones y para los equipos de salud. Y aquí destaco parte del informe de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, brindado por la doctora Sandra Romano, que señala que esto es un desafío para el colectivo de los trabajadores que están en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se deja de tener una visión separada respecto de la atención de los pacientes con trastornos mentales y la de quienes se atienden en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Más que nunca, aquí hay una gran responsabilidad de quienes conducen y trabajan en el Sistema Nacional Integrado de Salud, esa gran conquista de nuestro país.

En su concurrencia a la comisión en nombre de Caminantes, una de las organizaciones sociales que representa a los familiares de estos pacientes, el señor Homero Peyrot expresó que el estigma no se supera con la ley, con lo cual estoy de acuerdo. El estigma no se supera con la ley, pero esta es una herramienta, entre tantas, para combatirlo. Particularmente, el modelo de atención que estamos definiendo en esta ley es un instrumento que ordena y orienta las prácticas de atención de la salud de acuerdo con una dirección política de salud –en grandes términos y no en términos menores– y en base a una concepción teórica de lo que es el derecho a la salud. La definición de ese modelo de atención que estamos planteando, a nuestro entender, contempla aspectos de ideología de la salud, conocimiento, ética y evidencia.

Entendemos que la aplicación del modelo de atención requiere –ese es el gran desafío– una coherencia entre las estructuras, la organización del sistema y la actitud de los diferentes actores en estos temas. En general, hay un cuestionamiento sobre los profesionales de la salud mental: los siquiatras, los psicoanalistas, los psicólogos. Se cuestiona también a quienes son parte de los colectivos de usuarios, de familiares y de organizaciones de derechos humanos. En este desarrollo del modelo de atención es imprescindible la coherencia entre la estructura, los métodos, el sistema y la actitud. Y por eso este tema está dentro de un Plan Nacional de Salud Mental en el que hay que definir etapas. Hay una etapa en donde coinciden distintos modelos y debemos evitar que eso lleve a frustraciones. Esto no se resuelve de un día para el otro, ni tampoco supone que caigan repentinamente aquellas estructuras de una forma de pensamiento asilar o alienante, sino que es un proceso en el que debemos recorrer etapa tras etapa, ir paso a paso, pero en el que es imprescindible contar con la generalidad de la ley y con la vigencia de un plan. Se trata de un proceso de atención que nosotros debemos consolidar.

Rápidamente voy a subrayar –y con ello termino, para no repetir conceptos, porque lo más importante es votar este proyecto de ley, dado el consenso que tiene en esta cámara– diez puntos sustanciales de esta iniciativa.

En primer término, naturalmente, está la integración de este tema al Sistema Nacional Integrado de Salud en la perspectiva de los derechos humanos.

En segundo término, quiero mencionar los principios rectores. Aquí me tomo un tiempo para marcar los más importantes.

Como dijimos al principio, se reconoce a la persona de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como determinantes de su singularidad. Esto vale para todas las personas, en el contexto de un concepto de salud integral.

Otro punto que para nosotros también es muy importante es el relativo a la dignidad humana y a los principios de los derechos humanos como marco de referencia primordial de las medidas de carácter legislativo, judicial, educativo y de cualquier otra índole.

Además, están las cuestiones que vinculan estos principios rectores con lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud: cobertura, accesibilidad, sustentabilidad, equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones. Y cuando hablamos de estos doce o trece numerales que refieren a los principios rectores, tenemos que decir que el estado de la persona con trastorno mental es modificable. En este sentido, es importante subrayar, fundamentalmente, el concepto de autonomía de la persona, o sea, la posibilidad de autodeterminarse, la autonomía para decidir sobre su vida y sus derechos. Eso nos parece un criterio fundamental, junto con el principio de no discriminación.

En tercer lugar, dentro de los diez puntos a que hice referencia, está la intersectorialidad. El proyecto de ley aborda expresamente el derecho a la inserción laboral, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la cultura, a la recreación y a la identidad de las personas aquí comprendidas.

En cuarto término, podemos hablar del abordaje en el primer nivel de atención –el modelo de atención comunitaria– y del cierre de las estructuras asilares. A partir de la vigencia de esta ley no ingresa ni un paciente más a las colonias, antiguamente llamadas de alienados, con modelo asilar. Tal vez esta sea una de las piedras angulares del cambio de modelo de asistencia. A su vez, se establece el derecho a la igualdad en los tiempos de internación de agudos. Hasta hoy, paradojalmente, se mantiene la discriminación entre los pacientes del sistema médico colectivo –las mutualistas–, con un límite de treinta días, y los atendidos por el sistema público. Se termina esa discriminación a partir de la vigencia de la presente ley. Ahora habrá igualdad en los tiempos, por cierto, como más se aconseja, que es un tiempo restringido, porque el desafío es que ese paciente salga a asistirse en los modelos comunitarios, es decir, hogares residenciales, de tiempo asistido, como plantean los trabajadores del Hospital Viladerbó y de los centros psicosociales. ¡Vaya si hay experiencias importantes en la materia! Además, se busca la valoración del cambio de las estructuras monovalentes por la internación en los hospitales generales. Como decía la senadora Passada, tenemos el ejemplo del Hospital Maciel y de otros. ¡Es un salto fundamental en calidad!

En quinto lugar, está el paradigma de la recuperación que, reitero, es el gran desafío.

En sexto término –y en este proyecto de ley es un punto fundamental–, quiero subrayar el establecimiento del consentimiento informado. Como se dice en la exposición de motivos, el consentimiento libre e informado deberá constituir la base de un tratamiento y de la rehabilitación de la mayoría de las personas con trastornos mentales. Es necesario agotar los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento antes de adoptar procedimientos involuntarios. Esto nos parece un tema central de esta ley, en sintonía con los principios sustanciales de la bioética: el derecho a estar bien informado y, en función de eso, el consentimiento informado.

En séptimo lugar, nos parece que este proyecto de ley establece garantías importantes en las internaciones voluntarias e involuntarias, fundamentalmente al disponer una serie de requisitos que ha detallado en el informe de la comisión la presidenta Ivonne Passada. Nos parece bien importante subrayar estas garantías.

En octavo término, se incluyen las adicciones como problema de salud mental. Vale la pena señalar que se trata de un gran campo a seguir trabajando: no solo considerar las adicciones como problema de salud mental, sino también otras situaciones que fueron planteadas en la comisión por organizaciones de familiares como Caminantes, referentes a todo lo que hace a la patología dual y a las personas en situación de calle. Estas últimas, en su gran mayoría, sufren esta patología, que implica un trastorno de su comportamiento, de su salud mental, además de otros problemas sociales y de adicción. Nos parece que introducir este concepto de las adicciones como problema de salud mental es un tema central.

En noveno lugar, como ya lo dijimos, mandata la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental. Acá insistimos en algo importante que marca el proyecto de ley, que recibimos de las cátedras de las Facultades de Medicina y de Psicología. Sus representantes nos informaron acerca de lo que ya se está haciendo en materia de formación, de pre- y posgrado, de investigación, de asistencia, de docencia en materia de esta nueva concepción de lo que es la salud mental en su definición y en el marco de la asistencia de la salud integral.

Finalmente, se establece la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, con integración plural y con funciones claramente determinadas, que ya se han relatado aquí. En cuanto al tema de su integración –que fue un aspecto que comentó el señor senador García y que seguramente se desglosará–, estará compuesta por dos miembros designados por el Ministerio de Salud Púbica, uno de los cuales debe ser competente en salud mental; tres miembros designados por las Facultades de Medicina, de Psicología y de Derecho, y un miembro –que se agregó a lo que venía del proyecto de ley del Poder Ejecutivo– designado por las sociedades científicas que tienen que ver con el tema. Por ende, la preocupación que el señor senador planteaba creo que está resuelta en la integración de este organismo plural. Pero lo más importante es que ahí están representados los usuarios, a través de sus organizaciones representativas, los familiares, los trabajadores y las instituciones de derechos humanos vinculadas a la sociedad civil que pelea por estos derechos. Esto nos da esa pluralidad que entendemos fundamental en un organismo con tan importante rol.

Además, quiero destacar la existencia de una visión externa –que fue la preocupación continua de las organizaciones que trabajaron en esta ley– que explícitamente enmarcamos dentro del capítulo del contralor; me refiero a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay. El rol que la ley otorga a esta institución –creada por el Parlamento y que tanto respetamos–, seguramente le da potestades para intervenir en estos temas de derechos, pero en la comisión quisimos enfatizar su presencia para subrayar la necesidad de ese control a todos los niveles, más allá de la representación plural que mencionamos antes.

Señor presidente: como decíamos al principio, siento que hoy estamos votando una herramienta y que lo más importante está por venir. Tenemos plena confianza de que en el futuro se afirmarán los derechos con los que hoy estamos trabajando. Sentimos que aquí, como decía la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hay un compromiso del Ministerio de Salud Pública, de las organizaciones sociales, de las cátedras de las distintas facultades, de las academias, de las sociedades científicas y de los trabajadores en su conjunto. Creemos que se rompe con una matriz asilar y nos encaminamos a un sistema de derechos.

Como señalaba nuestro maestro Fosalba, seguramente no llegaremos nunca; seguramente habrá nuevas metas a cumplir; si creemos que hoy no está terminado este proceso es porque no estaremos muertos; el desafío es al futuro.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: de todas las alusiones del señor senador Carámbula solo me voy a referir a una que, además, fue muy amable.

No hablé de «papel manuscrito» sino de «progreso manuscrito»; es un concepto que manejaba el profesor Pivel Devoto. Si es así o no, lo veremos en el futuro. En lo personal, estimo que muchas de estas disposiciones van a estar en el papel pero en la práctica no van a surtir efecto, van a ser inaplicables. A eso se refiere el concepto de «progreso manuscrito». Pero es absolutamente estéril discutirlo aquí, porque lo veremos con el transcurso del tiempo.

Por otro lado, no es ofensivo decir que la base del derecho comparado es la ley argentina, porque es un hecho fáctico, real; basta con observar esa ley y ponerla al lado de esta. Ello no quiere decir, señor presidente, que no haya habido trabajo nacional; no es un recorto y pego. Como sucede en cualquier legislación, la industria nacional es una, aunque alguna ley tenga industria extranjera, importada adecuadamente. En este caso, la base fáctica es la ley argentina que, al mismo tiempo, hoy está siendo revisada por la academia de ese país por la inaplicabilidad de algunos de los preceptos de sus artículos y por la rediscusión de otros que se establecieron oportunamente.

SEÑOR PREVE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PREVE.- Señor presidente: las dos palabras con las que se podría sintetizar lo que muchas personas sentimos en el día de hoy son «alegría» y «satisfacción». Alegría, por la consolidación de un cambio radical en materia de ley y, por lo tanto, en el papel, después de un largo proceso, que no comienza ni finaliza hoy, sino que solamente es un mojón; alegría, porque este proyecto necesariamente trae una nueva mirada, tal como lo requieren los procesos históricos. Y satisfacción, por la síntesis de todo este proceso.

Entonces, vamos a votar este proyecto de ley con gran satisfacción en el día de hoy, que no es una fecha cualquiera, porque ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día en el que se reconocen, a nivel mundial, muchos derechos y situaciones que con esta ley traemos a discusión en nuestro país en esta cámara y en la Cámara de Representantes.

Como dijimos, este tema forma parte de un proceso que se consolida hoy, un día después de la fecha de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental; no es un día cualquiera para nuestro país y debería ser recordado de alguna forma. ¿Por qué afirmo esto? Porque la ley en discusión cambia muchos paradigmas y, a mi entender y al de muchísimas personas que integran este Cuerpo, genera nuevas y buenas perspectivas.

Voy a ser sintético, porque ya se ha dicho mucho anteriormente y se ha abundado en el tema, pero me gustaría reiterar algunos conceptos. Como recién señalaban los señores senadores Carámbula y Passada, además de otros que hicieron uso de la palabra anteriormente, los procesos son lentos y probablemente los resultados no puedan verse en el corto plazo, pero, aun así, estamos siendo partícipes y artífices de un gran cambio que, desde el punto de vista de la salud en general y de la salud mental en particular, es un punto de inflexión en la historia de nuestro país, no solamente sanitaria sino también social, porque esta ley tiene un enfoque particular en los derechos. Esta iniciativa intenta proponer un cambio de idioma y hablar un lenguaje diferente al utilizado hasta hoy. Afortunadamente, los procesos de cambio son dinámicos; ya se ha venido cambiando y hoy comenzamos a plasmar cambios que continuarán en el futuro. Reitero que se propone un cambio de paradigmas: este proyecto de ley tiene como centro a las personas y entiende a la salud mental como un derecho humano fundamental, aspecto en el que voy a redundar porque es la esencia misma de esta normativa.

Como se mencionó anteriormente, también se introduce otro cambio de paradigma relevante: se trata de un enfoque comunitario que se contrapone a la vieja concepción asilar y de hospitalización. En lo institucional, se propone una mirada intersectorial y no exclusivamente sanitarista o medicalizada, con enfoques interdisciplinarios –¡vaya si son necesarios!– en lo técnico y lo profesional, aspectos muy necesarios. Otro aspecto a destacar en el cambio de paradigmas es el cierre de los mal llamados manicomios, que son estructuras asilares o monovalentes de agudos. Hablamos del nacimiento de estructuras alternativas que brinden asistencia social o sanitaria. En este proyecto de ley se incluye un enfoque social global, transversal desde lo institucional, disciplinario y profesional. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, vamos a votar con satisfacción esta iniciativa.

La perspectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas es el sustento teórico de este proyecto de ley, haciendo particular hincapié en los principios de autodeterminación de las personas. ¡Y vaya si esto es importante! Se enfoca en el principio de no discriminación, y si bien sabemos que esta no se elimina mediante el papel, se dan fundamentos para avanzar hacia la reducción del estigma, la exclusión social, la segregación y el aislamiento que las personas con problemas de salud mental, integrantes de un colectivo social vulnerable, cargan sobre sí mismas y sobre sus familias.

Otro cambio de paradigma radica en que este proyecto de ley se centra en la salud de las personas y no solamente en los trastornos –que obviamente están incluidos– o la enfermedad. Se trata de un enfoque desde la salud y aborda la problemática desde una visión psicológica, social y cultural y no desde un punto de vista biologicista y reduccionista de la enfermedad.

Este proyecto de ley también fomenta actividades de promoción sanitaria y de prevención, así como el tratamiento y la rehabilitación. Hace especial énfasis en la inserción o reinserción social, con una mirada integral, humana y universal. A su vez, promueve el cierre de las estructuras asilares exclusivamente psiquiátricas, lo que será un hito en la historia de nuestro país. La llamada «desmanicomización», como neologismo, es una urgencia para poder comenzar a caminar hacia la eliminación de la segregación, hacia la reducción del estigma, de la exclusión y del aislamiento que genera la internación de las personas en este tipo de establecimientos. Si bien el plan en sí mismo será el que logre incluir socialmente a estas personas, el proyecto de ley marca el camino y traza la senda.

Se dispone la hospitalización de estas personas en salas de hospitales generales o sanatorios, como estructura alternativa, y eso genera inclusión. También se prevé la creación de dispositivos alternativos en la comunidad, tanto de atención diurna como de veinticuatro horas, en asistencia sanitaria y social. Su objetivo es generar inclusión y vínculos con la comunidad, cercanía y una inserción real social de estas personas con problemas de salud mental al brindar una mayor base y apoyo para su rehabilitación.

Seguramente, los detalles estarán reflejados en el Plan Nacional de Salud Mental al que esta ley mandata. Se crea un modelo asistencial con red única pero con atención comunitaria de cercanía e integración, con un abordaje familiar y comunitario por un lado y, por otro, con asistencia especializada, complejidad creciente, integral e interdisciplinaria, en la que deberán interactuar diversos técnicos, profesionales y cuidadores. Por lo tanto, hablamos de equipos básicos y especializados; de redes y dispositivos como estructuras alternativas de atención para la rehabilitación psicosocial. Esto se hará de acuerdo con los procesos evolutivos y teniendo en cuenta la complejidad de cada persona, lo que permitirá el máximo desarrollo posible de sus capacidades, apuntando a su autonomía progresiva.

La ley da un marco jurídico a todo lo expuesto anteriormente y también en lo relativo a la universalidad y equidad. Como bien dijo el señor senador Carámbula, paradójicamente en la actualidad esto no es así, pero cuando la ley se haya promulgado y esté vigente, habrá universalidad y equidad en la atención de estas personas por parte de los diferentes efectores, tanto privados como públicos.

Esta iniciativa encomienda al ministerio a trabajar en un programa y allí es donde radica el gran desafío del futuro. Las organizaciones sociales, con toda su potencia, deberán exigir que el plan que este proyecto mandata transforme en hechos todo lo que hoy estamos votando aquí. La ley da un marco sólido para crear un Estado garante de inclusión social, laboral, cultural y educativa, facilitando el acceso a la vivienda, entre otros aspectos, pero será el plan –hablamos de diferentes planes, puesto que esto es algo intersectorial– el que, con el empoderamiento de la sociedad, hará que lo que hoy votamos aquí se transforme en hechos en el futuro.

Como se ha dicho, esta iniciativa se elaboró con una amplia participación de actores y organizaciones sociales, profesionales, académicas y políticas. Es claro que todo este proceso de legislación que se inició hace ya un tiempo, tiene como propósito cambiar una concepción caduca y obsoleta –quizás en su momento fue vanguardista pero ya no lo es–, expresada en la ley del psicópata de 1936. Esta necesidad se hace evidente ante los nuevos paradigmas que la ciencia y la evolución social y cultural imponen al día de hoy. Este proceso tuvo un mojón importante en 1986, cuando se implementó un plan de salud mental que introdujo los conceptos de trabajo intersectorial e interdisciplinario y la idea de un cambio en el modelo asistencial. Sin embargo, no avanzó con la velocidad que los tiempos demandaron. Por lo tanto, aquí hay un desafío importante en el sentido de empujar y hacer avanzar este enfoque, que seguirá con el plan que se presenta. Debemos tener en cuenta que la transformación real será a futuro y no hoy; hoy se consolida una nueva mirada y un cambio de paradigma.

El modelo propuesto será bisagra para la historia de la salud mental de nuestro país y necesita políticas estratégicas que estén orientadas bajo la rectoría, supervisión y contralor del Ministerio de Salud Pública, pero teniendo en cuenta que la iniciativa se enmarca en la protección de los derechos humanos, también se introduce el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como herramienta para dar garantías. Quiero detenerme en este aspecto de la rectoría, la supervisión y el contralor porque fue uno de los puntos que generó mayor discusión y tensiones. A modo de síntesis, se acordó el contralor mixto entre el Ministerio de Salud Pública, supervisando y controlando los aspectos sanitarios, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –esto se dice a texto expreso– en lo relativo al resguardo, promoción y defensa de los derechos humanos. Todo lo que se ha dicho anteriormente puede parecer frío o aburrido, pero es el marco general de una política pública futura de un país que defiende a su gente desde lo más racional, afectivo y esencial, como son los derechos humanos. Esto, que podría parecer banal, en el corto y mediano plazo será un cambio real cotidiano para muchas personas que, dicho sea de paso, podrían ser cualquiera de nosotros o de nuestros familiares.

Al decir de un paciente: «Tengo derecho a que cuiden de mi salud, a que me den oportunidades, a que me integren a la sociedad, a que no me aíslen, a que no me estigmaticen, a que no me excluyan y a que no me aparten. Tengo derecho a que me atiendan bien, de manera equitativa, con calidad humana, técnica y profesional. Tengo derecho a ser parte de una sociedad, a que no me alejen de mis seres queridos, a poder tener una vivienda, trabajo, a rehabilitarme, a que me ayuden a salir y también a que me protejan de entrar. Tengo derecho a mi atención, a que me incluyan y, por lo tanto, derecho a ser».

La realidad de la salud mental, señor presidente, muestra que el camino es complejo, largo, dificultoso y quizás no tenga fin. Se ha trazado una nueva senda que hoy se consolida con gran paciencia, pasos firmes y con la certeza de que estamos asistiendo a un cambio radical. Hay que hacer camino al andar.

Por último, me gustaría hacer la siguiente reflexión y es que los países que con legislación y proyectos protegen a sus ciudadanos vulnerables, reflejan una sociedad entera que respeta, que se preocupa y ocupa de su gente. No es el principio, no es el final, pero es bueno saber que caminamos hacia un país pleno de derechos.

Muchas gracias, señor presidente.

12) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el tema en consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) SALUD MENTAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto que figura en segundo término del orden del día.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: sin duda que el tema que aborda este proyecto de ley es de una importancia mayúscula para la sociedad uruguaya; en particular, con el modelo demográfico que tenemos, diría que va a ser una temática cada vez más prevalente en nuestra sociedad.

Obviamente, nosotros vamos a votar afirmativamente. El Partido Independiente no integra la Comisión de Salud Pública, por lo que no tuvimos la oportunidad de mantener una presencia permanente en el debate. De todos modos, estuvimos estudiando el tema con nuestros asesores y vamos a votar en general el proyecto de ley. Nos parece que es un texto que da marco legal a un modelo de atención que, de hecho, ya existía. No creemos que este proyecto de ley funde un nuevo modelo de atención, sino que en realidad busca terminar con los restos del viejo modelo asilar, que era cuestionable y cuestionado desde larga data. Sin embargo, en los hechos seguimos conviviendo con realidades pertenecientes a esos dos modelos. Es más, quizá ni siquiera hubiera sido necesaria una ley para avanzar en esta dirección. Lo cierto es que tampoco tenemos garantías, porque hay algunos elementos que tienen que ver con la asignación de recursos, para terminar con las experiencias de hospitalización o de internación obligatoria y permanente en los hospitales psiquiátricos. Nosotros creemos que debería –y en ese sentido compartimos algunas de las críticas que se han hecho– incluirse una fecha cierta para el cierre de las colonias psiquiátricas, tanto de la Etchepare como de la Santín Carlos Rossi, o del propio hospital Vilardebó.

Estamos de acuerdo en que el modelo debe ser la existencia de hospitales con alas para internación por razones de enfermedad mental, de pacientes agudos, en lugar de tener hospitales psiquiátricos o colonias. Por lo tanto, nos hubiera gustado encontrar en el proyecto de ley, por un lado, una fecha cierta de cierre de estas experiencias que refieren a un modelo obviamente cuestionable, condenable y anacrónico y, por otro, ciertas garantías con respecto a los recursos necesarios para que ello ocurra. Estamos hablando de que hay mucha gente que sigue internada en esas colonias, cuyo traslado o cambio de situación no es fácil si no existen recursos suficientes.

En lo que tiene que ver con el tratamiento en particular del proyecto de ley nosotros vamos a marcar nuestra discrepancia en dos puntos. El primero está relacionado con la modalidad de hospitalización involuntaria o compulsiva. En cuanto a los requisitos profesionales, se plantea que se precisa la firma de dos médicos, pero solo uno con especialización en salud mental y ningún psicólogo. Nos parece que ese no es el mecanismo apropiado y que debería establecerse que ese tipo de decisiones se tienen que tomar con la firma de dos profesionales especializados en salud mental, y no por un médico cualquiera más un psiquiatra. Creemos que ese no es el camino correcto, que hay un desconocimiento de la importancia de las especializaciones vinculadas a las enfermedades mentales, tanto desde la psiquiatría como desde la psicología.

Particularmente, no compartimos la solución dada en el capítulo VI con respecto a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención de la Salud Mental. Tenemos dudas acerca de si es bueno que esté dentro del marco del Ministerio de Salud Pública. Creemos que esas son de las típicas tareas de contralor que deben realizarse, que están incluidas dentro de la norma, pero de forma compartida con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Entendemos que es ella la que tiene que ejercer el contralor del buen funcionamiento de la atención de la salud mental. La referida comisión tiene diez integrantes –son muchos– y cuenta con muchas y variadas funciones. Además, hay miembros honorarios y rentados. De sus integrantes, tres son de la Universidad de la República y ninguno de las universidades privadas. Nos parece que la integración no es razonable porque no toma en cuenta que una eventual comisión de este tipo tiene que ser más chica y más equilibrada en su integración. A su vez, a partir del plan de salud de 1986 se han llevado adelante iniciativas que van en la buena dirección y, si bien han sido pocas o escasas, deben ser reconocidas. En realidad, más que resolver los problemas, este es un proyecto de ley que establece un marco, que es compartible; ya veremos en el futuro si la política de salud lo realiza o lo concreta efectivamente en la práctica porque no alcanza con este marco que vamos a votar.

Señor presidente: cuando lleguemos a la discusión particular vamos a pedir que se desglosen los artículos que no vamos a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a saludar la presencia de dos grupos de estudiantes de 5.º año, y a sus respectivos maestros, de la escuela de Parque del Plata, que nos acompañan en el día de hoy.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señor presidente: nos sumamos a la alegría que expresaba el señor senador Preve sobre la oportunidad de estar hoy abriendo al debate parlamentario este proyecto sobre salud mental desde una perspectiva de derechos humanos y en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Aquí estamos siendo parte de una iniciativa que claramente surge de la necesidad, en primera instancia, de dar por superado lo que significaron la Ley n.º 9581 y la figura del psicópata. Ochenta años de trayecto han significado innumerables postergaciones y privaciones, esencialmente, de muchos derechos de quienes han estado afectados por temas de salud mental.

En realidad, debemos resaltar que esta iniciativa forma parte de los lineamientos programáticos de nuestra fuerza política para el Gobierno 2015-2020, en donde se funda la necesidad de establecer un nuevo plan nacional de salud apostando claramente a combatir la discriminación y la exclusión desde iniciativas de fuerte participación social. Como claramente expuso la senadora Passada, hasta el enunciado del largo listado de organizaciones sociales que fueron parte de esta discusión en la Comisión de Salud Púbica ha dejado en evidencia que se ha transitado un dilatado camino para construir un nuevo paradigma respecto a la salud mental, tema sobre el cual los senadores que me precedieron se han extendido pormenorizadamente.

Creemos que la búsqueda de esta solución, sin lugar a dudas, apuesta a un nuevo modelo de atención en salud, y lo hace esencialmente jerarquizando la salud mental como elemento central, pero también desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas afectadas. Por esos motivos, en esta oportunidad queremos agradecer especialmente todas las contribuciones que nos fueron llegando desde organizaciones sociales, la academia y los distintos colectivos de familiares, que han contribuido mucho en la redacción de este proyecto de ley que hoy está en consideración.

A pesar de que no vengo del escenario médico, me voy a tomar la atribución de dejar un especial agradecimiento a las personas que forman parte de las organizaciones sociales, a los académicos, a los diferentes actores de la sociedad que contribuyeron de manera importante para que este proyecto sobre salud mental fuera elaborado sobre la base de los derechos y el reconocimiento de la aplicación de procesos de humanización. Se construye así una estructura asistencial comunitaria organizada en redes y especialmente apoyada en el nivel de atención primaria como esfuerzo principal del nuevo paradigma de atención. Al mismo tiempo, se dejan claramente pautadas las indicaciones para empezar a desandar el camino de la asistencia por la vía de los centros asistenciales monovalentes y asilares.

A lo largo del articulado del proyecto de ley que ya fue presentado por la señora senadora Passada y comentado por la señora senadora Xavier y los señores senadores García y Carámbula –y ni que hablar el señor senador Preve, quien reforzó los conceptos–, se deja en claro que aquí se está proyectando un camino que va a quedar reflejado en el texto de lo que será la ley y que seguramente va a orientar hacia el nuevo paradigma. Me tomo la libertad de decir, por las caracterizaciones que hicieron algunos actores con los que tuvimos oportunidad de interactuar, que en parte de esta redacción se ve reflejado el sueño de algunas personas que mucho han trabajado en los últimos años en la construcción de un nuevo modelo de atención de la salud mental.

El hecho de recibir esos planteos nos obliga a agradecer muy especialmente a esas personas que nos trasmitieron lo que han sido, en última instancia, sus saberes, sus aprendizajes y su apuesta a revertir procesos de postergación y de segregación que han sufrido quienes se ven afectados por problemas de salud mental en nuestra sociedad. Lo agradecemos desde la perspectiva de que, seguramente, muchos de ellos –activistas, militantes o simples ciudadanos– contribuyeron a forjar, desde su solidaridad hacia la temática, los conceptos que hoy tiene este proyecto; agradecemos, entonces, la bondad que tuvieron de ponerse a disposición para que esta discusión fuera más rica.

Tenemos la firme expectativa de que el tratamiento de este proyecto de ley conducirá a una ley definitiva. Esperamos que para esas personas sea una nueva recompensa y un elemento que sume al regocijo por su esfuerzo de largo tiempo, que seguramente han mantenido sobre la base de la fuerza interna de su compromiso con la temática.

No vamos a entrar en el pormenorizado tratamiento de cada uno de los artículos porque creo que esos aspectos han sido extensamente planteados por parte de los diferentes senadores que me precedieron en el uso de la palabra; solo voy a agregar dos elementos más. Por un lado, queremos reafirmar algunos aspectos que entendemos que son fundamentales en este proyecto y, por otro, vamos a hablar brevemente de algunas perspectivas desde el enfoque con que, por lo menos, lo visualizamos.

En cuanto a la reafirmación de algunos de los aspectos incluidos, me voy a referir particularmente al tema de la autodeterminación que está previsto en el artículo 3.º. Nos parece que es un enfoque muy adecuado plantear, como principio rector de este proyecto, el derecho a la autodeterminación; defendemos especialmente el concepto de que sea reconocida como un derecho general. Se dispone de ella hasta tanto nadie se la quite. Queremos dejar planteado este concepto porque nos parece que es la forma de reconocer la autodeterminación como un principio general del que todo el mundo dispone; en esos términos lo plantea el artículo 3.º del proyecto de ley. Si no está claro, me parece que es importante dejar planteado, en el ámbito de la discusión general de este proyecto, que la autodeterminación debe ser considerada como un derecho general y que preexiste por sí misma ante cualquier situación. Lo que la cambia es poder identificar que hay elementos suficientes para suspenderla, pero el derecho general, por encima de todo, es la autodeterminación.

Ese derecho no solo se reconoce en el artículo 3.º, sino que además se resguarda a través de programas y de proyectos, como se establece en el artículo 11, que refiere a la coordinación de programas y planes referidos al tratamiento de las personas con trastornos mentales. Entre otras cosas, ahí está planteada una acepción muy amplia: adultos, niños, adolescentes y niñas e, incluso, personas que estén privadas de libertad, quienes también deben tener derecho a la autodeterminación en los aspectos de salud mental. Eso debe estar por encima de la instancia o la circunstancia particular que le signifique la privación de libertad.

Por otra parte, nos parece importante consagrar este principio de autodeterminación como derecho general, especialmente a la luz de algunas aseveraciones –que hemos escuchado en los medios de prensa en los últimos días, e incluso en las últimas horas– que prevén que en el futuro una de cada cuatro personas va a sufrir en algún momento de su vida algún trastorno mental. Entonces, ¡vaya si será importante que la autodeterminación sea un principio general! No consideramos adecuado que algunas de esas personas, que eventualmente puedan sufrir, de manera transitoria, algún trastorno mental, queden estigmatizadas y discriminadas por la sola situación de que en algún momento lo padecieron.

Como dije y reiteré varias veces, apostando a esta situación de autodeterminación, nos parece importante consagrarla como un derecho general, por cuanto ello nos permitirá tener una salud mental más robusta y quedar libres claramente de los prejuicios con que muchas veces se aborda esta temática.

Simplemente, quería reforzar algunos conceptos que están incluidos en el proyecto de ley porque ya se han repasado muy detenidamente diferentes aspectos del articulado.

A continuación me gustaría referir a cuestiones, que entendemos son de perspectiva, sobre la aplicación de la eventual ley, en caso de que prospere este proyecto.

Creemos –y acompañamos– que el Uruguay y los uruguayos se merecen un mejor escenario para la salud mental en el futuro. Estamos construyendo, poniendo en papel un nuevo paradigma de la salud mental y removiendo el que preexistía, que estaba respaldado en la Ley n.º 9581.

Las leyes son letra y a la letra le tenemos que sumar acción. Es indudable que el cambio de paradigma será el resultado de un proceso de acciones que deconstruyan lo que existía para construir uno nuevo. El paradigma preexistente, que duró ochenta años, generó privaciones, desconocimiento de derechos y un modelo asistencial. Ahora vamos a la derogación de ese marco legal para construir uno nuevo que, desde los derechos y el reconocimiento de una atención comunitaria, asegure el mejoramiento de la salud mental. El tema es que todos los ciudadanos, todas las personas que viven en este país, tendremos que transitar el camino de tener acciones. En este sentido, para promover este nuevo modelo de atención, aliento especialmente a las personas que hoy son parte de ese núcleo duro que ha mantenido activas las acciones, a prepararse para seguir sumando acciones en la construcción del nuevo paradigma, que será una reforma y traerá aparejados cambios de conductas. El paradigma y las conductas preexistentes dejan atrás cosas perjudiciales para la asistencia y el reconocimiento de los derechos, pero también va a tener que dejar atrás intereses y beneficios que se generaban. Es más, como estos intereses afectados se van a expresar en contra del nuevo paradigma, todos quienes creemos en él deberemos convocarnos para empezar a construir dos líneas de acciones afirmativas o proactivas: por un lado, una que permita la construcción de las acciones que tiene este nuevo paradigma que estamos poniendo a consideración en el día de hoy, cuya conclusión final será que la iniciativa se transforme en ley. Por otro lado, habrá que impulsar acciones proactivas que permitan deshacernos o descargarnos de las conductas del viejo modelo, con sus saberes, sus reconocimientos sociales, sus prácticas y los intereses que generaba.

Al inicio de este debate –que claramente continuará en la Cámara de Representantes–, nos parecía conveniente también dejar sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre todo lo que deberemos trabajar en conjunto a partir del día siguiente a la aprobación del proyecto de ley, en los dos campos: acciones proactivas en defensa de este paradigma y acciones proactivas para despojarnos del anterior. Si lo logramos, seguramente lo que hoy estamos considerando en letra se volverá acción y una nueva realidad; de lo contrario, solo tendremos una nueva ley. De todos modos, estamos convencidos de que debemos tener una nueva ley que defienda una nueva modalidad de tratamiento y de atención a la salud mental, removiendo el modelo anterior.

Reitero que nos congratulamos y agradecemos los aportes de todos los que han participado en este planteo. A la vez, nos invitamos a encontrarnos al otro día de la aprobación del proyecto de ley para trabajar activamente en la defensa y en la construcción de los lineamientos de la iniciativa, removiendo el anterior modelo de atención.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: a esta altura del debate creo que ya se ha dicho mucho y que siempre es muy poco lo que se puede agregar, salvo comunicar la posición de la bancada del Partido Colorado.

Es obvio que apoyamos calurosamente este proyecto de ley, no solo porque lo compartimos, sino porque si se va al programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía y a la Corte Electoral en 2014, se encontrará un capítulo expresamente dedicado a desarrollar una nueva política nacional en materia de salud mental. Y allí, en los titulares –solo me referiré a ellos– se dice: «Promover la mejor calidad de vida a los enfermos mentales, educación a sus familias y contención del grupo familiar». Como objetivos se fijaban: «Procurar la disminución de pacientes institucionalizados en las Colonias y mejorar la calidad de atención y vida de los mismos. Educar a las familias de los pacientes con patología psiquiátrica crónica y severa para una convivencia de calidad para el núcleo familiar. Desarrollar un sistema de atención de enfermos psiquiátricos en crisis ya que no hay estructuras de contención para estas situaciones. Avanzar en alternativas que permitan extender la asistencia a los pacientes psiquiátricos después de los 30 días de internación».

Cuando con nuestros asesores preparamos esta sesión revisamos los programas de los otros partidos –no tuvimos mucho tiempo para hacerlo– y encontramos algo similar en el programa de gobierno del Frente Amplio, en donde se establece como área prioritaria la salud mental –como lo hicimos en nuestra propuesta–, con «énfasis en la afectación de los trastornos mentales severos y recurrentes, las problemáticas de violencia y muerte violenta y el consumo problemático de sustancias y las adicciones».

De aprobarse hoy este proyecto de ley, obviamente contará con nuestro apoyo porque es una de las preocupaciones que en su momento nuestros equipos técnicos plantearon y que compartimos. Por lo tanto, creo que siempre es bueno destacar cuando se comparten las preocupaciones.

Tampoco quiero centralizarme únicamente en la crítica a la Ley n.º 9581 porque, como bien dijo hoy algún señor senador preopinante, era una ley para otro tiempo. Quizás significó un avance con respecto a tiempos anteriores –en que ni siquiera había una ley especializada en ese tema–, pero evidentemente cumplió su ciclo y no es la adecuada para los tiempos en que vivimos.

Hay una película titulada Hombre mirando al sudeste –que seguramente muchos habrán visto– del argentino Eliseo Subiela, donde el personaje, llamado Rantés, llega a una clínica y dice que es extraterrestre y que viene a estudiar la estupidez humana. Al final del día termina haciendo que todos se pregunten quién es el cuerdo y quién es el loco, quién tiene el trastorno y quién no lo tiene. Hay una escena formidable –creo que es de las mejores que he visto en el cine– en la que Rantés se pone a dirigir una orquesta y bailan todos; realmente hace pensar al psiquiatra y a uno cuestionarse muchas cosas.

Como bien señalaba el señor senador Carámbula, con esta ley estamos haciendo lo más importante ahora, para estos tiempos, pero –como dijo– también debemos saber que la ley no es mágica, que no alcanza con su mera aprobación. A veces en el Uruguay creemos que aprobando una ley ya está todo pronto. No es así; aprobamos la ley, festejamos, avanzamos, pero no debemos olvidar –aunque a veces lo hacemos– que siempre la aprobación de una ley es el comienzo de algo, nunca el final. Para algunos puede ser el final de una lucha por su aprobación, pero lo más importante es lo que viene al día siguiente, es decir, cómo la aplicamos, cómo efectivamente se cumple lo previsto en ella porque, si no, nos llenamos de muchísimas leyes y después nos olvidamos de hacerlas cumplir.

Lo más atractivo que tiene este proyecto de ley –como me señalaban los asesores y me lo siguen diciendo porque lejos estoy de ser un especialista o de tener los conocimientos necesarios para hablar sobre este tema desde el punto de vista técnico–, además de los derechos, es el capítulo V, el gran cambio que se establece es en el «Abordaje». Se trata de un abordaje distinto que busca integrar a la persona que padece esos trastornos a la familia y a la sociedad.

En el pueblo Carlos Reyles, en Molles, allá en Durazno, recuerdo ver, de niño, al Loco Gripo recorriendo las calles. A todos los niños que andábamos por las calles o que íbamos a la misa los domingos, cuando lo veíamos entrar masticando un palo ¡nos daba un miedo! ¡Pero nos daba un miedo! Recuerdo que lo mirábamos con temor y algún vivo más grande nos amenazaba. Sin embargo, era un buen tipo. Era una persona buena. Él iba junto a su madre, que lo atendía y lo llevaba, ya grande. Había un desconocimiento general, un temor al Loco Gripo, que ya no anda por las calles de Molles porque falleció hace algunos años. Nosotros no sabíamos integrarnos ni integrarlo. Ya grande, yo miraba con admiración a su madre, que no lo había internado en una clínica o en una colonia sino que se había ocupado de él.

Quizás esa experiencia sea la que me hace pensar en que este proyecto de ley podría profundizar más –esto estaba en nuestra propuesta– en la atención y en la capacitación de la familia. Si bien en algunos artículos se hace una referencia tangencial al tema –el inciso tercero del artículo 16 expresa: «En el proceso asistencial se integrarán los recursos comunitarios y se procurará la participación de familiares de las personas con trastorno mental» y el artículo 17 refiere al reforzamiento y la restitución de los lazos sociales–, lo que hay que saber es que esos familiares necesitan asistencia, tienen que saber cómo encarar la situación y no siempre lo saben. Quizá –no en aras de crítica, sino como un aporte a este proyecto de ley– deberíamos dedicarle un capítulo a la atención del entorno familiar, que me parece importante.

También queremos referirnos al tema del contralor y hacer algunas advertencias al respecto porque eso hace a la aplicación de la ley. La existencia de un contralor adecuado va a tener mucho que ver con el éxito de las normas, porque si aprobamos normas y después no hay un contralor adecuado de su cumplimiento, estaremos en problemas.

No objeto las representaciones de todas las entidades vinculadas –que son unas cuantas–, sino la ejecutividad. Se crea un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud Pública y todos sabemos que, según el derecho administrativo, los órganos tienen distintos niveles de desconcentración; se puede llegar hasta un servicio descentralizado, pero hay órganos desconcentrados con mayor dependencia. Aquí no se establece –ni este debe ser el momento para hacerlo– cuál va a ser la estructura de este órgano desconcentrado. Suponemos que va a tener inspectores, personas que realicen controles, etcétera y no es una crítica porque normalmente esto se cumple en las leyes de rendición de cuentas o de presupuesto. Ahí es donde suponemos que esta comisión presentará al Ministerio de Salud Pública su propuesta de organización administrativa, cargos y demás, y el año que viene, cuando discutamos la rendición de cuentas, vendrá la organización que va a ejecutarla. Pero hay un período de transición porque ¿quién hace hoy el contralor? ¿Es el inspector de psicópatas, figura creada por la Ley n.º 9581 o quien ocupe el cargo de inspector general de psicópatas creado en la Ley n.º 16170? En este proyecto de ley se deroga la Ley n.º 9581 y, por ende, el cargo de inspector de psicópatas. Además, no tendremos contralor hasta el 1.º de enero de 2018 porque vamos a considerar la rendición de cuentas en 2017 y va a entrar en vigencia en enero de 2018. O sea que habrá una etapa de transición. Anotemos todos para no olvidar que en la rendición de cuentas del año que viene debemos aprobar la estructura administrativa de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental en la cual no va a haber alguien con facultades jurídicas suficientes como para ejercer el contralor.

En derecho administrativo existe lo que llamamos el derecho de avocación, que consiste en que el jerarca de un órgano desconcentrado se avoque esas funciones, en este caso, el ministro de Salud Pública. ¿El ministro sabe que va a tener que cumplir las tareas de contralor? Quizá debería preverse –esto tal vez se haga en la Cámara de Representantes– ese tipo situaciones que se van a dar, sobre todo cuando se establezca la organización administrativa de esa comisión, que deberá poner cierto énfasis en la ejecutividad del contralor, porque aquí ni siquiera establecemos sanciones.

Quizás el aporte más grande que podemos hacer es poner énfasis en la capacitación de las familias, si es que vamos a integrar a los pacientes a la sociedad y no a «depositarlos» en instituciones, donde a veces no se los cuida adecuadamente. No tendré el mal gusto de recordar algún lamentable incidente ocurrido el año pasado. Si no preparamos a las familias, a esos núcleos de atención y de relaciones afectivas –como la madre del Loco Gripo, a quien veía llevando a su hijo por las calles de Molles–, no cumpliremos del todo con los objetivos de este proyecto de ley, que me parecen totalmente compartibles.

Como decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: «Lo esencial es invisible a los ojos», pero existe. Y la familia sigue existiendo.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: este es uno de esos días en que a una le da gusto ser protagonista en esta cámara. Haré mi intervención desde lo que soy: una representante de la ciudadanía. Esa es la mejor distinción que puedo tener para hablar sobre este proyecto de ley.

Entiendo que hoy es un día sumamente importante porque estamos dando un salto en calidad, que se debe a la culminación de un proceso que venían haciendo distintos integrantes de la ciudadanía, incluido el sistema político.

Me da la impresión, señor presidente, de que no se puede ser tan omnipotente como para pensar que hoy cambia el mundo, ni colocarse en la nimiedad de que sea solamente palabra escrita. Me parece que hay que ubicarse en el justo término. Lo que hoy hace este Parlamento como representante de la ciudadanía es dar letra a un salto en calidad con respecto a lo que, entiende, debe ser el proceso de atención de la salud mental de su pueblo, del pueblo que representamos. Eso trae implícitas, en el articulado del proyecto de ley, concepciones bien profundas. Tal vez yo crea, desde mi percepción, que estábamos preocupados desde hace mucho tiempo, pero nos ocupamos de este tema quizá un poquito tarde.

Es cierto que llegamos a una buena conclusión –no cerrada, no perfecta, no acabada– y cerramos una etapa de este proceso, pero para quienes sustentamos una visión dialéctica de las cosas, al punto de cerrarla abrimos otra. Si lo pensamos desde ahí, perdemos la omnipotencia de la perfección y reconocemos el verdadero valor que tiene poner determinados conceptos en el proyecto de ley. Es cierto que esto no lo soluciona todo, pero tampoco es poca cosa, tampoco es un detalle menor porque para llegar al acuerdo que hoy vamos a votar hubo mucho padecer y mucho sufrimiento.

Este proyecto de ley, al incluir en su texto determinadas cosas que queremos que sean de cierta forma, también cumple con otra función que a veces no advertimos: reconocer lo que hasta hoy veníamos haciendo y diciendo como sociedad.

Si nosotros decimos que esta iniciativa le devolverá el derecho al trabajo, a la educación, a la vida social, a la salud, a determinado sector de nuestra ciudadanía, a su vez estamos reconociendo que hasta ahora se lo habíamos quitado, que habíamos expropiado la dignidad humana con la forma de ejercer determinadas cosas.

A veces nos cuesta hacer esta doble lectura que tienen las cosas: como logro y como reconocimiento de una realidad que queremos superar. Eso es bueno en las sociedades. Desde ya, para alcanzar la utopía que hace mucho tiempo mucha gente viene manifestando, tendremos que seguir caminando. Acá no se acaba la historia, sino que abrimos una nueva etapa en este proceso que ya lleva tiempo.

Me parece muy importante que se hable de la salud mental de una sociedad porque, de alguna manera, ello lleva implícito también, señor presidente, que empezamos a reconocer, como sociedad, que el límite entre la salud y la enfermedad es muy delgado. Dejamos atrás –por lo menos eso pretendemos– el depositar la locura en algunos que, por supuesto, nos salvan del enorme temor que nos produce la enfermedad. El miedo de muchos ha hecho que depositarlo en algunos nos tranquilice. Romper con esto –empezando por lo que aparece en el texto del proyecto de ley– es muy importante porque esa es la manera de trasladar las responsabilidades a lo colectivo.

¿Qué quiere decir que vamos a tratar de transitar ese proceso de desinstitucionalización? Quiere decir que no vamos a estigmatizar, a culpar, a depositar, a excluir, camino que, por otra parte, la sociedad continúa transitando en otros aspectos. He aquí también las contradicciones de la sociedad, porque para otros problemas, también sociales, seguimos propugnando que el camino es la exclusión.

En este caso, por suerte, estamos todos de acuerdo en que el estigma, la exclusión, la cosificación de las personas es el peor de los caminos y queremos transitar otro.

Sería muy bueno que esta lógica que sabiamente aplicamos a este caso la incluyamos en otros. Sería muy bueno que así como la impulsamos para este caso, la apoyamos, la defendemos y apostamos a la interinstitucionalidad para tratar estos problemas –aunque es algo que tal vez nadie reclama–, también la usemos en otros.

Hace unos días conversamos con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social por otro tema y decían que nadie estaba reclamando socialmente, con grandes movilizaciones: ¡Viva la interinstitucionalidad! y, sin embargo, este es tal vez uno de los mejores caminos para devolver derechos, para transitar en equidad.

Lo que ha sucedido con las personas que han –o hemos– tenido problemas de salud mental es que les hemos quitado sus derechos. Las hemos tratado como cosas, les hemos robado la palabra, al punto de hacernos cargo todos y todas de esta situación.

Es muy lindo –podemos hacer poesía si queremos–, pero en la realidad sentimos un temor terrible y tendremos contradicciones una vez aprobada la ley porque va a surgir la demanda «¡sáquenlos, por favor!» a no ser que instrumentemos reales redes sociales de continencia y reales formas de vivir en sociedad que prevengan, sobre todo, el dolor que se transforma en enfermedad.

En verdad siento que, por fin, ponemos en el cuerpo de la ley paradigmas que no son nuevos, pues ya se han venido manteniendo, solo que ahora nosotros, como sistema político, los incorporamos en el texto de la ley.

Espero que también asumamos, como lo que somos –más allá de nuestras profesiones personales, en esta casa lo más importante es que somos representantes de la ciudadanía–, no solo la responsabilidad de depositar el control en algún organismo de por allí, sino de ejercer, como parte de nuestra función, el control de la efectiva implementación de una ley de la que hoy, al votar, nos hacemos responsables. Me da la impresión de que, a veces, en este sistema que todavía persiste en el modelo social, de exclusiones y depositaciones, también nosotros nos sacamos el fardo y la responsabilidad de controlar la efectiva implementación de una normativa sobre la que –reitero– al votarla, nos hacemos responsables de que se haga realidad. Es parte de nuestra tarea como representantes de la ciudadanía, pero no somos los únicos, tampoco «impotenticemos» a los demás. También la sociedad –y la nuestra, particularmente, como ya lo ha hecho– es capaz de avisarnos cuando estas cosas no están sucediendo y también es capaz de proponer salidas diferentes.

Me alegro profundamente, señor presidente, de haber podido protagonizar hoy la votación de una ley que entiendo como un gran salto en calidad, en nuestra sociedad, en materia de atención de la salud mental de todos y todas.

Gracias.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de octubre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito se me conceda licencia, por motivos personales, para el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) SALUD MENTAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la consideración del proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud mental.

Ha finalizado la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado y se vote por capítulos, dado que se anunció en sala que se iba a solicitar el desglose de algunos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora senadora.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo I, «Disposiciones Generales».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo II, «Derechos».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo III, «Autoridad de aplicación».

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Solicitamos el desglose del artículo 9.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo III con excepción del artículo 9.º que será considerado posteriormente.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9.º.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: vamos a votar en contra del artículo 9.º, cuyo desglose hemos solicitado.

La disposición, cuyo nomen iuris es «Formación profesional», desde nuestro punto de vista colide con la autonomía universitaria.

El texto expresa lo siguiente: «El Ministerio de Salud Pública desarrollará recomendaciones» –y me permito subrayar el término «recomendaciones»– «dirigidas al conjunto de instituciones públicas y privadas vinculadas a la formación de profesionales de las disciplinas que participan en la atención de la salud, para que sus actividades educativas se adecuen a los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, con especial énfasis en la perspectiva de derechos humanos y en la calidad de la atención.

Asimismo, promoverá instancias de capacitación y actualización permanente para los profesionales en base a los mismos criterios».

El hecho de que una institución dependiente del Poder Ejecutivo establezca recomendaciones a las instituciones de formación universitaria, públicas y privadas, notoriamente colide con la autonomía universitaria, más aún teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Salud Pública es el que luego preside la comisión de contralor que se crea en la ley. Desde nuestro punto de vista, presidir tal comisión y al mismo tiempo tener la facultad de recomendar sobre los planes de estudio –porque, en definitiva, se estaría recomendando sobre los planes de estudio a las instituciones que forman en la materia– significa una confrontación muy fuerte con la autonomía de las instituciones de educación. Es por eso que vamos a votar en contra este artículo, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9.º tal como viene de comisión.

(Se vota).

–20 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo IV, «Interinstitucionalidad».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo V, «Abordaje».

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: pedimos que se desglosen los artículos 31, 32 y 33.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo V, exceptuando los artículos 31, 32 y 33 cuyo desglose ha sido solicitado por el Partido Independiente.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 31, 32 y 33.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: simplemente queremos ratificar que no vamos a acompañar estos artículos por entender que la integración de los equipos profesionales que deben resolver los casos de hospitalización involuntaria o compulsiva no es correcta, en la medida en que no se toma en consideración la participación de profesionales de la salud mental, en particular, psicólogos, y se lo deja en manos de dos profesionales de la salud de los cuales solo uno es psiquiatra, mientras que el otro puede tener cualquier otra especialidad. No nos parece apropiado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 31, 32 y 33 tal como vienen de comisión.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo VI, «Del contralor».

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Solicito que se desglosen los artículos 41 y 46.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo VI, con excepción de los artículos 41 y 46 cuyo desglose ha sido solicitado.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 41.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: voy a referirme a los literales a) y e) de este artículo.

En cuanto al literal a), solicitamos su desglose pero vamos a acompañarlo. Queremos referirnos a él porque representa lo que señalamos en la discusión general en el sentido de que en la integración de la comisión de contralor –que, según creo, tiene diez miembros– no se establece a texto expreso –no sabemos realmente por qué– que estará compuesta por un profesional de las especialidades o las disciplinas vinculadas a la atención de la salud mental, psiquiatra o psicólogo. Fíjese toda la vuelta que se da en el texto, señor presidente, en lugar de ser sintéticos y poner lo que hay que poner. Se dice: «Dos miembros representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales deberá acreditar conocimiento, formación y experiencia en el tema de la salud mental. Uno de ellos la presidirá». Pregunto: si lo que se quiere es que esté un psiquiatra o un psicólogo, ¿por qué no se pone «un psiquiatra y/o psicólogo»? En lugar de eso, se da toda esta vuelta que, a contraria interpretación, lo que busca es no poner nombre propio a lo que debería tenerlo.

No encontramos la razón por la cual en una comisión de contralor de la salud mental los profesionales que se forman en esta materia no están a texto expreso asesorando al Estado en algo que les es atinente y para lo que la sociedad los prepara. Nos llama la atención toda esa vuelta que se da. Y lo dijimos en comisión: se mencionan diez integrantes pero en ningún caso se establecen a texto expreso las disciplinas que se forman para esto.

Hay supuestos: se supone que la Facultad de Medicina nombrará. Se supone. La Facultad de Medicina lo determina. Puede ser cualquiera. Reitero, se supone. Pero ¿por qué no establecerlo a texto expreso?

De modo que vamos a votar el literal a), señor presidente, porque es lo que se arrima más a lo que pensamos, pero nos llama la atención y nos preguntamos por qué no se dice a texto expreso lo que a nuestro criterio se debería decir.

En el literal e), por su parte, se establece la representación. Allí se expresa: «Un miembro representante de las organizaciones más representativas de las personas con trastorno mental». Esto, señor presidente, es políticamente correcto decirlo, establecerlo, pero todos sabemos que no se va a hacer. Veamos otras circunstancias similares, a modo de ejemplo. En la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que lleva ocho años de vigencia, se prevé que las mutualistas, los hospitales, deben tener comisiones que integren los usuarios, y la verdad es que hasta el día de hoy ninguno las tiene.

Entonces, con el mayor de los respetos señalo que queda muy lindo decir esto, pero no se ha podido lograr en ninguna institución de salud. La mayoría de nosotros nos atendemos en una mutualista y, al menos en lo personal, puedo decir que hasta el día de hoy no he conocido ninguna mutualista –aunque quizás, excepcionalmente, haya alguna– en la que los usuarios, que por ley tienen representación, estén representados. Y llevamos ocho años de aplicación de esa normativa. Lo mismo ocurre en los hospitales.

Entonces, a mí me parece muy bien –y por eso lo planteamos en comisión– que estén representadas, como se establece en el literal f), las organizaciones más representativas de los familiares de las personas con trastornos mentales; va a ser difícil pero creo que es algo mucho más posible, si vale la expresión. Uno se pregunta: ¿cómo se hace para que un miembro o representante de las organizaciones más representativas de las personas con trastorno mental esté?

Reitero: esto me parece progreso manuscrito, entre otras cosas y dicho con el mayor de los respetos. Políticamente es correcto, pero en la realidad no hemos podido lograrlo en otras circunstancias mucho más factibles, por lo que difícilmente podamos hacerlo ahora.

En consecuencia, señor presidente, vamos a votar el literal a) con las consideraciones expresadas, pero no el literal e) por las razones que acabamos de mencionar.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: nosotros vamos a votar negativamente todo el artículo. Ya lo dijimos en la discusión general: no compartimos la idea de un organismo de contralor con la integración que se plantea. Es más: quizás nos habría parecido más adecuada la creación de un comisionado parlamentario, o que la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se hiciera cargo del control.

En suma, nos parece que la integración no es la adecuada en la hipótesis del organismo de contralor. Por lo tanto, vamos a votar negativamente el artículo 41.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: este aspecto ya lo consideramos en comisión pero, como se insiste, quiero dejarlo explicitado brevemente.

El literal a) habla de personas con «conocimiento, formación y experiencia en el tema de la salud mental». Hoy en día, con la diversidad de formación que hay en el tema y el reconocimiento a distintos sectores que trabajan en la salud mental, no solo puede tratarse de un psiquiatra o de un psicólogo, sino que hay otros profesionales o trabajadores de la salud capacitados, con conocimiento, con experiencia. Por lo tanto, tal como está presentado esto, entendemos que reconoce la jerarquía del conocimiento, experiencia y formación en el tema, al tiempo que se abre a las distintas posibilidades.

Vale recordar que a propuesta del propio senador García –disculpe el señor senador que lo invoque– se incorporó en el literal d) a un miembro representante de las sociedades científicas vinculadas a la salud mental. Se trata del mismo argumento: van a estar allí representadas sociedades científicas vinculadas al tema; será cuestión de ponerse de acuerdo en su representación.

Asimismo, cuando nosotros les encomendamos los delegados a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Psicología o a la Facultad de Derecho y les decimos que estén todos vinculados al tema, estamos hablando de profesionales vinculados al tema. No podemos meternos en la autonomía de cada facultad y decirles: «Fulano» y «Mengano». Ellos actuarán en función de lo que aquí se dice respetando su autonomía.

Finalmente, en forma muy clara se explicita el rol de protección especial de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, como órgano externo. O sea que más allá de sus funciones –cómo se dijo–, en esta ley explicitamos su tarea.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores: hay tres posiciones sobre este artículo. Una de ellas es a favor del texto tal como está redactado; la otra es en contra y la tercera es a favor, pero exceptuando los literales a) y e). Entonces, lo que propongo es que se desglosen estos dos literales de modo de permitir la mayor expresión democrática del Cuerpo. Desglosamos los literales a) y e) y ponemos a votación el artículo. Quienes estén en contra, lo votarán en contra; quienes estén a favor, votarán a favor. De este modo damos la oportunidad a quien esté de acuerdo con los demás literales, de poder votar el artículo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el mecanismo de votación propuesto por la Mesa.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 41 con excepción de los literales a) y e), que quedan desglosados.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal a) del artículo 41.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal e) del artículo 41.

(Se vota).

–20 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 46, cuyo desglose había sido solicitado.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: no vamos a acompañar el artículo 46 porque no nos parece correcto que a la Institución Nacional de Derechos Humanos se le agreguen colectivos, como si fuera –permítaseme esta imagen– un árbol de Navidad al que se le van agregando chirimbolos.

El artículo 1.º de la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos establece: «Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional».

Aquí los diferentes legisladores han sostenido que, a su entender, el artículo en cuestión era redundante pero lo iban a votar igual. A nuestro criterio, no siempre lo que redunda no daña. Lo que redunda puede dañar. Si hoy, entre los cometidos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, agregamos a los pacientes que se atienden por salud mental, ¿por qué mañana, ante la votación de más leyes vinculadas a la protección de derechos sexuales, raciales, etcétera, no incluimos a otros colectivos eventualmente discriminados? Creo que no tiene ningún sentido. Por tanto, el que no está incluido en la discriminación, está excluido, cuando esto debería ser integral. El artículo 1.º de la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo protege, justamente, los derechos humanos, sin distinción: de todos los humanos. Establecer colectivos especiales cuya protección se le encomienda, implica, por defecto, una segunda categoría de colectivos humanos que, al no estar identificados específicamente, pasan a estar en una categoría B –por decirlo de alguna manera– de protección de sus derechos humanos.

En ese sentido, señor presidente, creemos que no hay que redundar, porque redundar en esta materia es dañar la protección general de los derechos humanos de todos los colectivos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Cuando se habla de la Institución Nacional de Derechos Humanos recuerdo el debate que dimos durante tantos años en ámbitos de trabajo y luego en el Parlamento para que se hiciera realidad y hoy contáramos con una institución con las características que tiene.

Por lo tanto, voy a referirme no solo al planteo realizado por el señor senador preopinante, sino también a alguna propuesta que se hizo en cuanto a que eventualmente deberíamos tener un comisionado parlamentario para esta materia específica. Pienso que ni una cosa ni la otra son adecuadas, entre otros motivos, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cumple con los Principios de París. Resolvimos a la uruguaya que tuviera un consejo plural que no fuera una sumatoria de comisionados especializados en ciertas materias, sino que fuera un órgano que pudiera abarcar, con sus asesores e integrantes, toda la gama de materias vinculadas a la protección, prevención y defensa de los derechos humanos. Tampoco queremos que el Parlamento –que es de donde está «colgada» esta institución, por decirlo de alguna manera– se llene de chirimbolos como un arbolito de Navidad, para descartar la posibilidad de que se sigan sumando distintos comisionados aparte de esta institución nacional.

Volviendo al tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, podría decir que el artículo 46 es innecesario porque su ley de creación y las competencias que tiene la institución cubren esta materia. Pero mediante el artículo 46 no se le están exigiendo más tareas de las que ya tiene porque es obligación de la institución nacional hacerse cargo de esta materia también, como lo está haciendo ahora. Entonces, creo que se quiere hacer énfasis en que este proyecto de ley no solo está vinculado a la salud mental, sino que es una innovación –a mi juicio, más que saludable– de lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que en estas circunstancias están atravesando una situación de deterioro paulatino, transitorio, o como se quiera especificar, de su salud mental.

Creo, señor presidente, que el artículo se ajusta a una expresión que reafirma las competencias que hoy en día tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46, que es el último desglosado del capítulo.

(Se vota).

–21 en 26. Afirmativa.

16) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se crea una prestación pecuniaria coactiva de asistencia al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

17) SALUD MENTAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado retoma el tratamiento del segundo punto del orden de día.

En consideración el capítulo VII, «Derogación y adecuación».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Aplausos en la barra).

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14:00, presidiendo el señor Ernesto Agazzi y estando presentes los señores senadores Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Carámbula, Cardoso, De León, García, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Preve, Tourné y Xavier).

ERNESTO AGAZZI Presidente en ejercicio

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Patricia Carissimi Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.