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 N.º 31 - TOMO 556 - 14 DE SETIEMBRE DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

31.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente

y

EL SEÑOR GUILLERMO BESOZZI Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor senador Bordaberry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el estado en que se encuentra la ruta nacional n.º 2;

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el desarrollo del puerto de Fray Bentos.

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la negociación del memorándum de entendimiento celebrado entre UTE y Peksa o Cobra Ingeniería Uruguay S. A.

– El señor senador Mieres solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con reformas de los planes de estudios para los años lectivos 2017 y 2018, en los diferentes niveles de la Administración.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias.

6), 10), 12) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Larrañaga, De León, Agazzi, Xavier, Coutinho, Pintado y Moreira.

– Quedan convocados los señores senadores Gandini, Carballo, Garín, Pardiñas, Pesce, Baráibar y Paternain.

7), 9), 11), 13) y 15) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2015

– Discusión particular del proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

– Por moción del señor senador Pardiñas, el Senado resuelve enviar a los Ministerios de Educación y Cultura y de Turismo, así como a la Intendencia de Montevideo, la versión taquigráfica de lo expresado sobre el artículo 78, relativo al Museo del Carnaval.

8) y 17) Remuneraciones de los funcionarios de los gobiernos departamentales

– Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve declarar urgente este tema y considerarlo en la presente sesión.

– Proyecto de ley por el que se establecen topes.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Postergación de los numerales segundo y tercero del orden del día

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve postergarlos hasta la próxima sesión.

18) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 13 de setiembre de 2016

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 14 de setiembre, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Continuar con la discusión particular de un proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2015.

Carp. n.º 700/2016 - rep. n.º 341/2016, rep. n.º 341/2016 anexo I, rep. n.º 341/2016 anexo II, rep. n.º 341/2016 anexo III, rep. n.º 341/2016 anexo IV, rep. n.º 341/2016 anexo V, rep. n.º 341/2016 anexo VI, rep. n.º 341/2016 anexo VII, rep. n.º 341/2016 anexo VIII, rep. n.º 341/2016 anexo IX, rep. n.º 341/2016 anexo X, rep. n.º 341/2016 anexo XI, rep. n.º 341/2016 anexo XII, rep. n.º 341/2016 anexo XIII, rep. n.º 341/2016 anexo XIV, rep. n.º 341/2016 anexo XV, rep. n.º 341/2016 anexo XVI, rep. n.º 341/2016 anexo XVII, rep. n.º 341/2016 anexo XVIII, rep. n.º 341/2016 anexo XIX, rep. n.º 341/2016 anexo XX, rep. n.º 341/2016 anexo XXI, rep. n.º 341/2016 anexo XXII, rep. n.º 341/2016 anexo XXIII, rep. n.º 341/2016 anexo XXIV, rep. n.º 341/2016 anexo XXV, rep. n.º 341/2016 anexo XXVI, rep. n.º 341/2016 anexo XXVII, rep. n.º 341/2016 anexo XXVIII, rep. n.º 341/2016 anexo XXIX, rep. n.º 341/2016 anexo XXX, rep. n.º 341/2016 anexo XXXI, rep. n.º 341/2016 anexo XXXII, rep. n.º 341/2016 anexo XXXIII, rep. n.º 341/2016 anexo XXXIV, rep. n.º 341/2016 anexo XXXV, rep. n.º 341/2016 anexo XXXVI, rep. n.º 341/2016 anexo XXXVII, rep. n.º 341/2016 anexo XXXVIII, rep. n.º 341/2016 anexo XXXIX, rep. n.º 341/2016 anexo XL, rep. n.º 341/2016 anexo XLI, rep. n.º 341/2016 anexo XLII.

2.º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 4 de octubre de 2016).

Carp. n.º 620/2016 - rep. n.º 337/2016

3.º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 5 de octubre de 2016).

Carp. n.º 622/2016 - rep. n.º 338/2016

José Pedro Montero Secretario - Hebert Paguas Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Agazzi, Amorín, Arregui, Asiaín, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Coutinho, De León, Delgado, García, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, López Villalba, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Pintado y Topolansky; ingresaron con posterioridad, por licencia de los titulares, los señores senadores Baráibar, Paternain y Pesce.

FALTAN: con licencia, las señoras senadoras Alonso, Aviaga, Tourné y Xavier, y el señor senador Mujica; se retiran con licencia durante el transcurso de la sesión los señores senadores Coutinho, Moreira y Pintado.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 10:08).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El Ministerio de Salud Pública remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el ausentismo laboral.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Amorín, relacionado con las medidas cautelares de protección de la cuenca de la laguna del Cisne, departamento de Canelones.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR AMORÍN».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el estado en que se encuentra la ruta nacional n.º 2.

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el desarrollo del puerto de Fray Bentos.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Texto de los pedidos de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la negociación del memorándum de entendimiento celebrado entre UTE y Peksa o Cobra Ingeniería Uruguay S. A.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pablo Mieres, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con reformas de los planes de estudios para los años lectivos 2017 y 2018, en los diferentes niveles de la Administración.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- En la sesión ordinaria del día 13 de setiembre no se registraron inasistencias.

A la sesión vespertina de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 7 de setiembre y a la matutina del 8 de setiembre faltó con aviso el señor senador Bianchi.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente del Senado

Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorguen 9 días de licencia a partir del jueves 15 de setiembre.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

Se comunica que el señor Eber da Rosa ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2015. (Carp. n.º 700/2016 - rep. n.º 341/2016 y anexos I al XLII».

(Antecedentes).

(Ver 30.ª SE).

–En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: en primer lugar, vamos a mocionar para que se suprima la lectura y, en segundo término, para que se considere por incisos o por secciones, según el caso, dejando para el final, naturalmente, los artículos 1.º y 2.º.

En lo que hace al resto de las secciones o incisos, los discutiríamos en general, señalando las situaciones particulares, para después votar la sección o el inciso de que se trate con los desgloses correspondientes. Hay algunos artículos –que no serán más de tres o cuatro y que supongo que se propondrán en su debido momento– que tendrán una discusión intensa y puntual.

En definitiva, la primera moción es la relativa a la supresión de la lectura y la segunda es la que tiene que ver con que se discuta por incisos o secciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la supresión de lectura.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar la consideración por secciones o incisos.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar ahora la propuesta de postergar para el final la votación de los dos artículos de la sección I.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- En el día de ayer presentamos un proyecto de ley referido al tope en los ingresos de los funcionarios de los Gobiernos departamentales y pedimos que se repartiera. Ahora solicitamos que se declare urgente y se considere en la presente sesión, y que no se levante este Senado sin haber votado ese proyecto de ley.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- En el mismo sentido, quiero decir que en el día de ayer todos los partidos firmamos ese proyecto de ley por una cuestión de operativa, que tiene que ver con cómo se votan los cambios en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, vamos a acompañar que se incorpore en el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara urgente y se considera en la presente sesión la propuesta que se hizo en el día de ayer.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar la sección II, «Funcionarios», que comprende los artículos 3.º a 5.º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: queremos hacer alguna consideración global sobre el tema de los funcionarios.

Cuando consideramos este tema en la comisión recibimos a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Cabe recordar que en el presupuesto pasado la propuesta de esta oficina fue de simplificar las figuras contractuales que el Estado tiene con los funcionarios, al punto de hablar solo de dos figuras: la del presupuestado y la de aquel que de alguna manera tiene una situación de contrato.

De esta manera, se pretendía terminar con aquellos contratos a término y con una vasta oferta de diferentes situaciones contractuales que generaba un gran desorden: pasantías, becarios y, ahora –tal como decía en el día de ayer el señor senador Bordaberry–, talleristas, figura que apareció en el Inisa.

A nuestro juicio, la explicación de la Oficina Nacional del Servicio Civil con respecto al tema de las compensaciones no fue satisfactoria; seguramente para el Gobierno sí lo fue. Todas están establecidas por ley: compensaciones especiales al cargo, compensaciones por tareas especiales y regla tabla, que es una nueva figura de compensación.

La explicación que recibimos es, básicamente, que se trata de una consecuencia de que los funcionarios pasen de un lado al otro, puesto que se tienen que insertar en determinada estructura de escalafones, lo que genera la posibilidad de tener una compensación. Estas figuras están presentes en todos los ministerios: regla tabla, compensaciones especiales, compensación especial para tareas especiales, compensación especial para tareas específicas; respecto de estas últimas, no sé cuál es la diferencia conceptual entre ellas.

Lo cierto, señor presidente, es que nos da la sensación –porque lo vimos en todos los ministerios– de que hay un gran tránsito de funcionarios de un lado para el otro; es más: creo que hasta habría que poner inspectores de tránsito para poder dirigir esa alta movilidad de funcionarios que pasan de un lado a otro y que necesitan de las compensaciones. Para nosotros es una gran incógnita la cantidad de funcionarios que pasan de un ministerio a otro, año a año, con sus respectivas compensaciones. En caso de que no las tengan, hay una regla tabla que los equipara con esa compensación; y si el ministro les asigna una tarea especial, reciben una compensación por tarea especial.

Este sistema de compensaciones es contrario, entonces, a la propuesta de reducir solamente a dos las figuras contractuales que el Estado tiene con los funcionarios. Hemos hecho una gran maraña de compensaciones, una especie de racimo –como dije en comisión– de compensaciones inentendibles, donde hay funcionarios que las tienen y otros que no tienen nada.

Señor presidente: nosotros no tenemos garantías de que este tipo de compensaciones, de premios o castigos, se esté haciendo de una manera objetiva, en función de la capacidad e idoneidad del funcionario. Tenemos esa sensación porque la Oficina Nacional del Servicio Civil no nos dio garantías de que realmente esas compensaciones no estén ligadas a la cercanía que el funcionario pueda tener con el jerarca de confianza política; no tenemos garantías, porque no generan un estatuto donde se puedan establecer. Naturalmente, después veremos –como sucedió en algunas reparticiones– acusaciones de clientelismo político por parte del sindicato, no de nosotros, porque no contamos con elementos para poder afirmarlo.

Queríamos hacer estas consideraciones de carácter general en el sentido de que no nos parece que se esté ordenando la situación contractual con los funcionarios, porque las compensaciones generan inequidades. Vuelvo a decir que lo que sí vimos, producto de que se repite en las plantillas de todos los ministerios, es que hay un alto tránsito de funcionarios de un lado al otro. Esta situación se debería regular para, de alguna manera, poder tomar una dimensión real de la situación y de las consecuentes compensaciones y regularizaciones.

En consecuencia, dejamos constancia de nuestra discrepancia con el manejo que ha tenido la Oficina Nacional del Servicio Civil respecto de este tema de los funcionarios.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: quiero consultar acerca de cómo nos vamos a manejar durante esta discusión particular.

Normalmente, en este tipo de reuniones decimos qué artículos estamos dispuestos a votar afirmativamente, cuáles no, y cuáles vamos a desglosar. Desde ya adelanto que no vamos a votar el artículo 5.º de esta sección –lo va a fundamentar, en su momento, el señor senador Bordaberry– por considerarlo claramente inconstitucional. No sé si vamos a trabajar de esta manera, es decir, si cuando consideremos cada sección vamos a decir qué artículos se votan juntos y cuáles desglosados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor senador. Lo que necesitamos es que los partidos nos digan cuáles son los artículos que quieren desglosar de cada una de las secciones. La Mesa propone votar primero los artículos en los que hay unanimidad, para luego pasar a los desglosados.

SEÑOR AMORÍN.- Nosotros pedimos que se desglose el artículo 5.º, que no vamos a votar porque consideramos que es inconstitucional, como más adelante lo fundamentará el señor senador Bordaberry.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Quiero dejar una constancia en función de lo que planteaba el señor senador Heber.

El tema de las compensaciones y de cómo se construyen las remuneraciones de la Administración es un tema de larga data y fue respondido por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Hay un sueldo base que generalmente es muy exiguo y, a través de una serie de compensaciones que tienen sustento en la ley, se termina construyendo la remuneración final del funcionario. Esto es algo que se arrastra desde hace años y que se ha ido racionalizando, pero todos somos conscientes de que no es sencillo culminar con algo que se ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo.

El trasiego de funcionarios se hace a través del pase en comisión, figura también habilitada por ley. Los distintos ministerios y reparticiones tienen la posibilidad de pedir funcionarios de otras oficinas en régimen de comisión, por eso existe ese trasiego de personal dentro de la Administración central. Por supuesto, eventualmente, se podría revisar mediante una norma.

En definitiva, importa que quede claro que esta disposición está sujeta a la legislación vigente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: para aclarar y quizás facilitar el mecanismo de trabajo, quiero decir lo siguiente. Entendí la propuesta del señor senador Michelini –con quien concordamos; es más, lo hablamos ayer–, pero proponemos que en cada inciso, cuando lo amerite, nos demos un espacio para hacer algunas consideraciones generales antes de comenzar a votar. Después, solicitaríamos el desglose de los artículos que no acompañaremos y, eventualmente, sobre estos últimos, haríamos algún comentario en particular.

En este caso, solicitamos que se desglose el artículo 5.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, corresponde votar los artículos 3.º y 4.º del proyecto de ley tal como vienen de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que no han sido desglosados.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5.º.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: nos permitimos destacar que, por lo menos, la segunda parte de este artículo es inconstitucional. Al principio, en relación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, expresa: «Establecer planes y programas de capacitación de los funcionarios públicos, en función de las necesidades de los diferentes organismos y conforme a los principios de la carrera administrativa». Obviamente, eso está bien, pero en la segunda parte establece: «[…] pudiendo brindar asimismo cursos de nivel terciario no universitario, vinculados a la función pública. Los títulos que como consecuencia de estos últimos se expidan, serán registrados en la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura».

Si tomamos la Constitución de la república y vamos al artículo 202, primero que nada veremos que dispone que, antes de aprobar cualquier norma relacionada con la educación, se debe escuchar a los entes de enseñanza pública, cosa que no se contempla en el artículo que nos ocupa. Aun en el supuesto de que nos salteáramos ese punto, es notorio que se violenta el artículo 202, por cuanto establece: «La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos».

Sin embargo, de acuerdo con la segunda parte de este artículo incluido en la rendición de cuentas, tenemos que la Oficina Nacional del Servicio Civil, entidad dependiente de la Presidencia de la república, que no es un consejo autónomo ni especializado en enseñanza primaria, secundaria, industrial o lo que sea, va a brindar cursos de nivel terciario no universitario, y además va a expedir títulos. Esta disposición hace que se planteen una cantidad de discusiones. En primer lugar, obviamente, no se cumple el artículo 202, porque claramente establece que los entes de la enseñanza serán regidos por uno o más Consejos Directivos Autónomos, no por la Oficina Nacional del Servicio Civil. De modo que acá ya hay una violación del inciso primero del artículo 202.

En segundo lugar –para no aburrir porque esto va a ser largo–, no cumple con una cantidad de disposiciones de la Ley General de Educación en lo que se refiere a expedir títulos. Habría que preguntarse qué clase de cursos se van a impartir; no se especifica si son exclusivamente para funcionarios, suponemos que va a ser para todos; si para hacerlos se va a exigir la culminación de la enseñanza secundaria; si la selección e ingreso de docentes cumplirá los mismos requerimientos establecidos para cada nivel educativo; si los planes de estudio cumplen con las líneas transversales dispuestas en el artículo 40 de la Ley n.º 18437; si la selección e ingreso de los docentes cumplirá los mismos requerimientos que se establezcan para la enseñanza pública superior. Es decir, no solamente se violenta el artículo 202 de la Constitución, sino también la propia Ley General de Educación y, además, es la Oficina Nacional del Servicio Civil la que brindará los cursos y expedirá los títulos.

Cuando concurrió el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil le pedimos que nos explicara este tema y, en su momento, no dio una respuesta adecuada. Se ve que se sorprendió, porque nos contestó que esta disposición refiere a la función pública y a los funcionarios. En realidad, según como está redactada la disposición no refiere a los funcionarios, sino que se puede brindar esos cursos a quien quiera. Entonces, vamos a tener una entidad que dictará cursos de nivel terciario, no universitario, que expedirá títulos que serán registrados por el Ministerio de Educación y Cultura, pero ni siquiera exige la culminación de la enseñanza media. Esto es inconstitucional por donde se lo mire. He hecho algunas consultas a las propias autoridades de la educación y sé que hay un consejero que va a plantear la inconstitucionalidad de esta norma.

El señor senador Pardiñas hizo una acotación en la comisión que creo que es importante –de la cual tomé nota; como verá, lo escucho con atención– y señaló cómo era posible que el Liceo Militar y la Escuela Nacional de Policía funcionaran en la enseñanza media. En primer lugar, hay toda una interpretación en el sentido de que no ingresan dentro de esas definiciones pero, más allá de eso, hay una explicación histórica que voy a adelantar porque estudié el punto planteado por el señor senador. El Liceo Militar fue creado por el Decreto n.º 9010, dictado por Tomás Berreta el 13 de marzo de 1947, mientras que la Escuela Nacional de Policía fue creada por un decreto ley el 26 de mayo de 1943 y el artículo 202 antes mencionado fue introducido por la Constitución de 1952, es decir, cuando ya estaban creados los dos institutos. Si observamos el artículo 202 –que es el mismo que el de la Constitución de 1952–, podremos ver que en el segundo inciso está prevista, justamente, la situación del Liceo Militar y de la Escuela Nacional de Policía. Dicho inciso dice: «Los demás servicios docentes del Estado –se refiere a la Escuela Nacional de Policía y al Liceo Militar– también estarán a cargo de Consejos Directivos Autónomos, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara», ley que nunca se dictó. Entonces, continúa el mismo régimen, el anterior, hasta tanto se dicte una ley que cuente con el voto de los dos tercios del total de componentes de cada cámara. El constituyente fue sabio y previó esta situación; lo que no previó fue que la Oficina Nacional del Servicio Civil pudiera brindar cursos y expedir títulos de nivel terciario.

Por eso, entendemos que este artículo es inconstitucional y no debería ser aprobado. Si la bancada oficialista estuviera de acuerdo, sería conveniente que este artículo terminara después de la expresión «carrera administrativa», eliminando la segunda parte que es la que lo vicia de inconstitucionalidad.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARREGUI.- Señor presidente: como es de conocimiento de los señores senadores, ingresé ayer y no estuve en todo el proceso de la rendición de cuentas, pero la intervención del señor senador Bordaberry me lleva a hacer dos reflexiones. Una de ellas, tiene relación con el planteo de que se violenta la Ley General de Educación. La rendición de cuentas es una ley posterior a la Ley General de Educación y, por tanto, puede introducir una modificación a la norma anterior.

Por otro lado, en cuanto a la posible inconstitucionalidad en virtud de que el artículo 202 establece que la enseñanza formal, en los niveles de primaria, secundaria, técnica y universitaria, se regirá por los Consejos Directivos Autónomos, es correcto el planteo del señor senador, pero el artículo 5.º de la rendición de cuentas refiere a planes y programas de capacitación para los funcionarios, en función de las necesidades de los diferentes organismos. Es decir, no se dispone el dictado de cursos de enseñanza secundaria ni de primaria, por lo tanto, no contradice las normas relativas a la ANEP, por ejemplo.

Es cuanto tenía para decir. Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: parece evidente que hay un adelantamiento. No digo que la Oficina Nacional del Servicio Civil no pueda organizar un instituto, pero primero tiene que haber un instituto de docencia, que a su vez sea habilitado y que, en función de ello, pueda ser controlado. Lo que se dispone en este artículo es que la Oficina Nacional del Servicio Civil va a dictar cursos terciarios no universitarios y que va a otorgar títulos que van a ser registrados por la Dirección del Ministerio de Educación y Cultura. Se establece este cometido a la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero no hay una regulación, que debería ser preexistente a la aprobación de este artículo.

Tengo dudas en cuanto a la inconstitucionalidad, pero entiendo que se saltearon etapas y se dan por supuestas condiciones que no se cumplen, que deberían ser objeto de legislación previa.

El planteo del senador Bordaberry en cuanto a que el texto termine con la expresión «los principios de la carrera administrativa», en realidad, sería como no incluir ningún artículo, porque esa norma ya existe, es el contenido actual del literal c) de la Ley n.º 15757.

En mi opinión, se está legislando a las apuradas. Si la idea es ordenar que la Oficina Nacional del Servicio Civil pueda otorgar certificados de los cursos de capacitación, está bien; pero que esos títulos sean registrados por la Dirección de Educación del MEC con carácter terciario, sin que previamente se sepa si los estudiantes que lo cursan han culminado la educación media, me parece que son aspectos no previstos y, por tanto, se está legislando a las apuradas.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: si el señor senador Arregui siguió atentamente mis palabras, comprenderá que señalé que además de violar el artículo 202 de la Constitución, contradice los principios de la Ley General de Educación. Es un principio básico del derecho que una ley posterior que contradice a la anterior, la deroga. Es un tema de Introducción al Derecho en educación secundaria, en eso estamos de acuerdo y no voy a discrepar. Pero dije que, además de violentar el artículo 202, viola una ley aprobada hace poco por la bancada oficialista, que estableció determinados principios. ¡Esos principios se están violando! Es bueno saberlo: se votó la Ley General de Educación, pero se propone una norma que no solamente es inconstitucional sino que viola esos principios.

Voy a decir cuáles son esos principios. El artículo 22 de la ley, que habla de la estructura, dice: «La estructura de la educación formal comprenderá los siguientes niveles: 0, educación inicial, 3, 4 y 5 años de edad; 1, educación primaria; 2, educación media básica; 3, educación media superior. Incluye tres modalidades: educación general, educación tecnológica y formación técnica profesional». Estoy seguro de que el señor senador conoce muy bien estos puntos porque es un especialista en el tema, simplemente leo la ley, que luego agrega: «4 A) Educación terciaria. Incluye cursos técnicos no universitarios –es lo que estamos incluyendo acá– tecnicaturas y educación tecnológica superior. B) Formación en educación con carácter universitario. C) Educación terciaria universitaria», y el texto sigue.

No hay dudas en cuanto a que estamos no solamente ante las previsiones de la ley, sino ante las previsiones del artículo 202 de la Constitución. No hay dudas de eso. Si la Constitución establece que los diferentes niveles de la educación estarán regidos por los Consejos Directivos Autónomos y la Oficina Nacional del Servicio Civil quiere dictar cursos y expedir títulos que luego serán inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura, no es solo cuestión de cursos y de certificados de presencia o de aprobación. ¡No! Reitero: van a ser inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura. Parece ser un exceso que viola el artículo 202 de la Constitución y de todos estos otros principios establecidos en la Ley General de Educación. Por citar algunos ejemplos, no se especifica qué se va a exigir en cuanto a aprobaciones previas, y cuando le preguntamos al director, respondió: «Lo que pasa es que a veces damos algunos cursos para que culminen la enseñanza media». Sí, claro, pero para que culmine, la enseñanza media se debe cursar en los institutos habilitados. Es más, algún senador del oficialismo dijo: «Tendrán que inscribirse como en un liceo habilitado» –si no me equivoco, lo expresó el señor senador Pardiñas–, a lo que se contestó que no se puede hacer una inscripción porque, en ese caso, tendría que estar regido por un consejo directivo autónomo.

Me parece tan claro, que casi parece un capricho que se insista con esta norma inconstitucional, que va a ser objetada por inconstitucionalidad. Por cierto, ya me adelantaron que esto se va a plantear. Entonces de vuelta, ¿quiénes ganan con esto? Los abogados. ¿Quiénes perdemos? Todos los uruguayos porque una vez más se pretende aprobar una norma que después va a ser anulada por inconstitucionalidad flagrante. Consulté a dos abogados; no hay dudas sobre esto. Es más, la versión taquigráfica de la comparecencia del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil es contundente, pues da cuenta de la respuesta del director, que dijo que en virtud de un acuerdo van a traer docentes de la École Nationale d’Administration. O sea, van a traer los docentes de una escuela francesa para dictar cursos y expedir títulos aquí.

Como dije antes, pensamos que esta norma es inconstitucional. Por este motivo, no votaremos este artículo. Esperamos que, por lo menos, nuestras palabras hagan pensar a la bancada oficialista; con eso nos conformamos.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: intentaba buscar en la versión taquigráfica mencionada porque parece que dije tantas cosas que ya ni recuerdo, pero doy fe de que el señor senador Bordaberry prestó atención a este tema.

En primer lugar, ha quedado claro que la Oficina Nacional del Servicio Civil, en su rol de formación y de capacitación, atiende a un universo limitado, que es el de los funcionarios públicos. De eso nadie duda. Eso está dicho en la propia ley de creación de la Oficina Nacional del Servicio Civil y, justamente, con este artículo se propone una redacción para un literal de esa Ley n.º 15757. Por lo tanto, nadie piensa que esta disposición va a alcanzar a todo el mundo y que quien se inscriba en estos cursos puede hacerlo acá o en la Universidad de la República o en la Universidad de la Empresa. ¡No! Esto es para funcionarios. Lo dijo claramente el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Ahora bien, si el temor es por el grado de legitimidad que puedan tener los títulos, que serán de nivel terciario, debo recordar que ya hay una norma general que se debe cumplir para el registro de cualquier título –trámite que es controlado por el Ministerio de Educación y Cultura–, que establece que para acceder a ese nivel se debe haber finalizado el nivel medio. Por tanto, con este artículo lo que se pretende es habilitar a una institución pública que solamente podrá dictar los cursos para los que está habilitada. Después está la responsabilidad con que se ejerce ese rol para el que fue habilitada: cumplir sus cometidos y realizar los controles necesarios para ejercer esa actividad. Uno de los controles necesarios para que la actividad sea de nivel terciario es que el funcionario haya finalizado el ciclo medio. Más allá de que siempre puede haber más de una biblioteca, esto no amerita otra interpretación.

Por tanto, la idea de que esto es inconstitucional y puede ser un elemento para que los abogados ganen, está bien distante del cometido que nosotros pretendemos al incluir este artículo. Nosotros queremos que el proceso de formación y de capacitación de los funcionarios, aparte de ser un estímulo en sí mismo porque acrecienta el conocimiento, quede acreditado y sea un mérito para futuros concursos y ascensos, lo que se legitima a través de un diploma, de una certificación o de un título. No hay tanto misterio.

Para que el Ministerio de Educación y Cultura lo acredite, primero deberá avalar los planes de formación que presentará la Oficina Nacional del Servicio Civil. La habilitación de los títulos por parte del ministerio corre para la Oficina Nacional del Servicio Civil como para todas las instituciones que necesiten esa habilitación, a través del organismo correspondiente; así es como funciona.

La idea es que la actividad que desarrolla hoy la Oficina Nacional del Servicio Civil para los funcionarios –y no otro universo– pueda tener un grado de acreditación mayor.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PARDIÑAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- En realidad, para complementar lo expresado por el señor senador, quiero agregar que esto se va a hacer en la Escuela Nacional de Administración Pública, que existe desde hace años y que en el período pasado capacitó a alrededor de 6500 funcionarios. Los docentes que imparten los cursos allí no son funcionarios de la escuela, sino docentes capacitados de la Universidad de la República o de universidades privadas.

Por su parte, los entes que envían funcionarios a capacitarse –porque este no es un asunto individual de cada funcionario– pagan los cursos. Incluso, hubo funcionarios del Palacio Legislativo que hicieron cursos allí.

La Escuela Nacional de Administración Pública no es un instituto independiente, sino que está bajo la égida de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En occidente, la escuela señera es la francesa, con la que la Escuela Nacional de Administración Pública tiene un vínculo permanente.

En la actualidad, los funcionarios que hacen sus cursos tienen un diploma emitido por la escuela; lo único que dice este artículo es que cuando se hagan a otro nivel –necesario para mejorar la capacidad técnica de los funcionarios, sobre todo a nivel gerencial– quedará registrado. El nivel de importancia de ese registro lo determinará el Ministerio de Educación y Cultura, pero va a quedar registrado lo que se hace en la Escuela Nacional de Administración Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Ya finalicé, señor presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Si el artículo 5.º se aprueba y la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional ante un reclamo directo y legítimo, por supuesto así será. Sin embargo, hasta ahora creo que nadie se presentó por el literal c) de la actual ley, que va hasta donde dice «carrera administrativa», hablando de planes y programas que imparten la OPP y otros organismos del Estado. No hubo reclamos, la Suprema Corte de Justicia no falló y seguimos preparando, formando y acrecentando la capacidad técnica de nuestros funcionarios.

Yo me niego a que por una exquisitez jurídica y una duda sobre este artículo, quitemos fuerza a la formación de los funcionarios.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- La necesidad de adecuar este artículo de la rendición de cuentas a la normativa constitucional me ha hecho profundizar un poco más en el tema. Lo que dicen los senadores Michelini, Pardiñas y Agazzi acerca de la necesidad de que en la Escuela Nacional de Administración Pública se brinden cursos es compartible. Este literal c) tiene una parte que ya está vigente, que es la que va hasta el vocablo «administrativa», y lo que se agrega es a partir de la palabra «pudiendo». Personalmente, comparto que la Escuela Nacional de Administración Pública brinde cursos, capacite y forme a los funcionarios; es más, lo aplaudo, me parece muy bien y no se hace recién ahora, ni desde hace cinco o diez años. Eso está bien; lo que está mal es lo que estamos agregando, que es la posibilidad, no solamente de brindar cursos de formación y capacitación a los funcionarios, sino también cursos de nivel terciario y de expedir títulos. Es decir, lo estamos equiparando con una institución de enseñanza y el artículo 202 de la Constitución de la república –nos guste o no– dice que eso no se puede hacer. Podemos plantear la reforma del artículo 202 de la Constitución de la república, pero su redacción actual no permite que la Oficina Nacional del Servicio Civil brinde cursos de nivel terciario no universitario –porque así está organizada constitucionalmente la educación pública– y tampoco que expida títulos a registrar en el Ministerio de Educación y Cultura.

No se trata de decir «esto es así» según la interpretación de cada uno. Esto es así porque lo dispone una norma constitucional y hay que citarla; no alcanza con decir «esto es así».

No solo no nos oponemos a la formación de los funcionarios, sino que nos parece muy bueno. Es más, hace como 25 años hice un curso ahí por invitación, e incluso fui docente, dicté cursos en la escuela. Pero eran para funcionarios, no para cualquiera, y no se podían expedir títulos –esa es la verdad– porque violaba el artículo 202.

Tampoco es como se dijo, que lo tiene que plantear la Suprema Corte de Justicia; lo van a plantear los involucrados, que son los organismos de la educación. ¡Las cosas que nos dirían si el día de mañana nosotros planteáramos seguir quitándole a la educación su propia forma de gobierno, por ejemplo con la norma de la Universidad de la Educación!

Lamento haberlos trancado en este artículo justo hoy que va a ser una jornada larga, pero debía hacer estos comentarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- No creo que el senador Bordaberry, por haber dado cursos y haber sido docente de esa institución, haya violado la Constitución de la república, ni que lo esté haciendo la Escuela Nacional de Policía. Mi opinión es que una lectura rígida del artículo 202 no nos permite hacer nada y personalmente me niego a que sea así. Si mañana la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional este artículo, quedará vigente el literal c) original, que termina en el vocablo «administrativa», pero me gustaría que algunas cosas pudieran cambiar para formar a los funcionarios.

Ahora, como creo que esta norma no afecta el artículo 202 de la Constitución de la república, voy a votarlo con mucha convicción. Si alguien se presenta, estará en todo su derecho porque este es un régimen democrático, pero no estamos violando un principio amparado en la Constitución, como podría ser el de la libertad. Lo que estamos diciendo es que queremos formar a los funcionarios. Esto ya se está haciendo por el actual literal c) y ahora ampliamos algunas de sus potestades.

Creo que la redacción actual no está mal; el problema radica en si colide o no con la Constitución de la república, pero será otro órgano del Estado el que lo decida.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5.º.

(Se vota).

–15 en 26. Afirmativa.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: creo que si se hubiera agregado una disposición que estableciera que los títulos expedidos serán reconocidos previamente por la autoridad competente, hubiera acompañado este artículo. Pero acá se otorga una especie de cheque en blanco a la institución encargada de formarlos, porque el Ministerio de Educación y Cultura lo que hace es simplemente registrar; falta un paso –que debería establecerse en la legislación– que es el reconocimiento, habilitación o convenio con algún ente de enseñanza que otorgue legitimidad a esos títulos. De esta manera, está otorgándose una facultad que no corresponde.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de ingresar a la sección III, tenemos a consideración un aditivo de la sección II.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero plantear que todos los aditivos sean considerados al final de la rendición de cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Por consiguiente, pasamos a considerar la sección III, «Ordenamiento Financiero», que comprende los artículos 6.º al 17.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Propongo que se desglosen los artículos 6, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 –algunos de los cuales votaremos negativamente, aunque de otros acompañaremos algún inciso–, pero haremos las consideraciones cuando corresponda; el resto estamos en condiciones de votarlos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se desglose el artículo 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 7, 8, 9 y 12, pertenecientes a la sección III.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 6.º.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señor presidente.

Obviamente, el artículo 6.º forma parte del corazón de esta rendición de cuentas. La sección III, «Ordenamiento Financiero», y la sección VII, «Recursos», son sus pilares fundamentales: tienen que ver con el abatimiento de los incrementos presupuestales previstos para el ejercicio y con los ingresos correspondientes.

La redacción original del Poder Ejecutivo fue objeto de una discusión mediática importante por parte de la bancada de gobierno, y llevó a que se estuviera hasta altas horas de la madrugada en la búsqueda de una solución de consenso, que terminó con una redacción –lo dijimos cuando vino el Ministerio de Economía y Finanzas– que resultaba absolutamente inconstitucional. En ella se encomendaba al Poder Ejecutivo abatir los créditos presupuestales asignados para el ejercicio 2017 por un monto equivalente a las excepciones establecidas en los numerales 15) a 19), cuando, en realidad, no es posible que el Poder Legislativo delegue una función que es propia del Poder Ejecutivo. Eso fue entendido por la bancada de gobierno, que creo que salva la inconstitucionalidad con esta nueva redacción, por cuanto si bien se hacen los abatimientos, se les da financiamiento a través de la asignación de recursos y se determinan las fuentes por las que se van a financiar, como se establece en el inciso final del artículo que fuera aprobado por mayoría en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Como primera consideración quiero decir que aquí se utiliza el término «abatir». En el análisis económico-financiero se habla de «posponer» o «postergar». «Abatir» es eliminar, y punto. Acá no está prevista la postergación ni el diferimiento de los créditos presupuestales, sino que hay eliminación o abatimiento. Este es un recorte. En la comisión se llamaba a este artículo «el artículo de la tijera», y tiene mucho de eso.

Las asignaciones incrementales previstas en el presupuesto para 2017 eran de $ 5.333:000.000; acá se lograba un abatimiento que, en principio, representaba
$ 2.588:000.000, de los cuales, después, por las negociaciones internas entre la bancada de gobierno y el Poder Ejecutivo se «salvan» –entre comillas– aproximadamente $ 830:000.000, con lo que el abatimiento real es de $ 1.750:000.000. Salvar implica no quitar lo que estaba previsto. No está asignándose más, está no quitándose lo que estaba previsto. Eso lo definió muy bien el señor Markarian, rector de la Universidad, cuando vino al Parlamento y dijo: «Yo estoy pidiendo que no me saquen lo que ya me dieron».

Este artículo –que tiene una redacción bastante encriptada–, a partir del numeral 15) establece una serie de excepciones a ese abatimiento, financiando así $ 532:000.000, correspondientes a unos $ 337:000.000 del numeral 15), $ 30:000.000 del numeral 16), $ 60:000.000 del numeral 17), $ 55:000.000 del numeral 18) y $ 50:000.000 del numeral 19). Y al final del artículo se establece que esa cifra se financiará a través de la eliminación de vacantes en la Administración central, particularmente en algunas áreas; de la eliminación de créditos presupuestales para algunos incisos, como Presidencia de la República y Poder Legislativo; también se le saca al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y en comisión dijeron que algunos créditos del Ministerio del Interior no se iban a ejecutar.

Obviamente, en este abatimiento del incremento previsto en el presupuesto hace alrededor de cinco meses hay un recorte. No vamos a reiterar hoy parte de la discusión que dimos, con un sentido político, en el día de ayer, pero ciertamente esta es una rendición de cuentas que borra con el codo lo que se escribió con la mano cinco o seis meses atrás, cuando se defendía un presupuesto con determinadas asignaciones incrementales para cada uno de los ejercicios. Se podrá discutir si es mucho o poco, pero el recorte que implica este artículo termina siendo de $ 1.750:000.000 que, en definitiva, para el déficit presupuestal, es muy poca plata.

A su vez, por la vía de la excepción se intenta salvar –hablo de «salvar» en el sentido de que no se abate lo que ya estaba dado como incremento presupuestal, sino que se excepciona–, a una serie de organismos, como por ejemplo el INAU y la ANEP, o el convenio salarial de la Universidad de la República. Y para la UTEC se establece un financiamiento que viene del Inefop. A ese respecto teníamos dudas acerca de si contaba con la aprobación de los sectores sociales, pero el ministro de Trabajo y Seguridad Social informó que fue en acuerdo con dichos sectores, porque estaba destinado a capacitación. Estamos hablando de alrededor de $ 100:000.000.

En definitiva, hay un recorte del gasto social; podrá discutirse si es mayor o menor, pero lo cierto es que hay una serie de organismos a los que se les recorta el aumento previsto en el presupuesto que entró en vigencia el 1.º de enero pasado. Obviamente, no se otorgan los incrementos que la mayoría de los organismos –muchos de ellos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la república– vinieron a reclamar por encima de lo acordado en el presupuesto. Es más, algunos de ellos vinieron a plantear que no tenían recursos para funcionar hasta fin de año. Eso lo manifestaron las autoridades del Hospital de Clínicas y del Poder Judicial, por ejemplo, pero ya hablaremos de cada uno de los organismos cuando se discuta el inciso correspondiente. Obviamente, también sufrieron recortes el INAU, el Inisa, parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Plan Ibirapitá, algunas partidas para ASSE y algunas pretensiones de la universidad. Estamos hablando de organismos muy sensibles, que son objeto de un recorte importante.

Reitero –y en esto quiero ser muy justo–: no comparto este artículo y el Partido Nacional va a votarlo en contra, aunque debo decir que se salvó la inconstitucionalidad en el Senado.

Creo –y sobre esto estuvimos hablando con la señora senadora Topolansky y ella hizo manifestaciones en ese sentido– que los diputados «tiraron» –permítaseme la expresión– un recorte, excepcionaron del mismo a algunos organismos y delegaron en el Poder Ejecutivo la determinación del origen de los fondos. ¡Una cosa increíble! Sin embargo, eso lo votó la bancada oficialista en la Cámara de Representantes. Luego, lo que se hizo en el Senado fue rascar el fondo de la lata y buscar cómo financiar a algunos de estos organismos a los que se deseaba excepcionar del abatimiento.

En definitiva, conceptualmente no compartimos esto y, por tanto, no vamos a acompañarlo. Creemos que hay vías de financiamiento diferentes, y en la Cámara de Representantes se plantearon algunos sustitutivos que volveremos a plantear en este ámbito llegado el momento.

Aquí hay un recorte que incluye a organismos de mucha sensibilidad social. Además, si bien se dice que se difiere todo aquello que se recorta, lo que en realidad se hace es eliminarlo. En lo personal, creo que junto con esto viene otro recorte que es la llave de la caja del Ministerio de Economía y Finanzas, donde incluso mucho de lo excepcionado terminará no siendo ejecutado porque los dineros no van a estar.

Por nuestra parte, hubiéramos querido mantener parte del presupuesto original, que muy bien y con mucha convicción fundamentaron hace pocos meses el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno; sin embargo, ahora se aplica un tijeretazo de, por lo menos, $ 1.750:000.000 para estos organismos y esto, se mire como se mire, incluye gasto social.

Muchas gracias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: no había dudas en cuanto a que este artículo iba a constituir el núcleo del debate de esta rendición de cuentas; así lo fue en la primera cámara y vuelve a serlo en el Senado, en esta segunda instancia de tratamiento del proyecto de ley. Constituye el núcleo porque, lógicamente, es donde el Gobierno tensa el ajuste de un presupuesto que había sido planteado en diferentes condiciones; hoy –como lo discutimos en el día de ayer extensamente– hay realidades económicas que marcan y señalan la necesidad de ajustar.

Cuando los recortes tienen que ser finos, señor presidente, prefiero la tijera y no la motosierra, porque se daña menos. También podríamos preferir el bisturí, que es la herramienta con la que el cirujano obtiene la perfección mayor; inclusive, hoy en día el bisturí eléctrico puede ser aún menos dañino para los tejidos humanos.

De todos modos, póngasele el título que se le ponga, sabemos que hay una responsabilidad asumida en el presupuesto nacional; eso no se esconde. Aquí se hizo mención a la memoria presentada por el Poder Ejecutivo en la fundamentación del proyecto de ley, donde se habla de la postergación de los incrementos previstos en el presupuesto. ¿Por qué el criterio de postergación se refleja en la norma con un abatimiento? Porque la norma hay que expresarla de manera concreta, y es lo que hemos acordado incluir. ¿Por qué utilizamos el concepto de postergación, sobre el que hemos venido intercambiando largamente? Porque el próximo año también estaremos dando este debate, y seguramente el siguiente también. ¿Por qué? Porque hay una realidad sobre la que queremos seguir avanzando, adjudicando mayores recursos.

Ahora bien; ¿por qué hay que realizar este tipo de abatimiento? Porque el Poder Ejecutivo ha comprometido incrementos en esta rendición de cuentas que no estaban en el presupuesto nacional. Esos incrementos han sido acordados con otras reparticiones del Estado, con incisos que también integran la rendición de cuentas. En algún caso se trata de un compromiso asumido, fundamentalmente, a través de un trabajo interpartidario e interinstitucional; me refiero, concretamente, a la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal. Por un lado, hay abatimiento, y por otro, incremento de asignaciones.

Lo mismo ocurre con el régimen de trabajo en la Corte Electoral, aspecto que tanto hemos discutido en el presupuesto nacional, como en la anterior legislatura. Y la aplicación del nuevo Código Aduanero, sin lugar a dudas, es consecuencia de una norma que moderniza el trabajo de la aduana en nuestro país, acorde con las normas internacionales y del Mercosur. Fue aprobado en la legislatura pasada y ahora su aplicación debe hacerse efectiva, lo que requiere de una mayor erogación, comprometida con la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo primero.

De modo que por un lado existe abatimiento, pero, por otro, el compromiso de cumplir con incrementos presupuestales para que todo siga funcionando.

Ahora bien, hemos discutido largamente sobre cómo llevar a cabo la reasignación y el abatimiento, y es claro que lo que se plantea tiene algunos fundamentos que vamos a expresar.

En primer lugar, en lo que refiere al desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el centro de la actividad es llegar a las poblaciones objetivo –en el caso de los asistentes personales y de algunos planes CAIF para primera infancia–, y está totalmente consolidado que no va a haber disminución en esos planes. Quiere decir que para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados sigue siendo un objetivo y una meta a cumplir el desarrollo y la consolidación de las primeras cincuenta casas comunitarias de cuidados en el año 2017. También sigue siendo un compromiso y una meta a cumplir –por un lado, porque ya está incluido en un artículo de la propia rendición de cuentas– el incorporar en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados a los 1384 usuarios de cuidados que eran atendidos por el BPS. Todos ellos ahora pasan al Sistema Nacional Integrado de Cuidados; además, se incluyen incrementos a lo que ya aportaba el BPS, porque la nueva norma así lo requiere. Asimismo, se apunta a atender las 1280 solicitudes que están pendientes y suspendidas del régimen anterior, que se incluyen en este sistema y serán atendidas en el 2017. Quiere decir que ya está acordado con el sistema avanzar en los planes y en su ejecución; esto va a ser la prioridad en cuanto a su realización, al igual que seguir adelante con algunos aspectos sustantivos, como la formación y la capacitación de los cuidadores y cuidadoras. En lo que va de este año, ya se han formado 1500 en el Inefop, señor presidente.

Entonces, realmente hay una necesidad de ajuste presupuestal –nadie duda de eso–, que es lo que se propone en el artículo 6.º. Se coloca en el centro a una serie de políticas que serán protegidas, blindadas, para que los proyectos y programas que el Gobierno tiene el mayor interés en llevar adelante, puedan cumplir con sus objetivos y –con el respaldo que nuestra fuerza política le va a dar con la aprobación del artículo– realmente logremos la cristalización del compromiso que tenemos con la ciudadanía.

Queríamos dejar constancia de eso, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: aquí estamos frente al artículo «tijera», el que recorta. Hay tijeras que son buenas y otras que son malas. En lo personal, creo que esta es una mala tijera que aplica el Gobierno porque, básicamente, este es un recorte de carácter social.

Como decía el señor senador Delgado, se ha buscado mejorar esto para que este recorte de carácter social no tuviera impacto en la educación ni en ASSE. Se buscó la financiación y lo cierto es que, al menos en los hechos, nunca se han reconocido ni aceptado algunas cosas que habían planteado los diputados del Partido Nacional en la Cámara de Representantes. Estoy hablando de los recortes a vacantes y a gastos de funcionamiento –para bienes de consumo–, que habían sido planteados muy sensatamente por los legisladores del Partido Nacional en la otra cámara.

Ahora bien; la pregunta no es sobre el artículo en sí mismo, sino sobre si hay más posibilidades de recortes en otras áreas. La respuesta es que sí, sin lugar a dudas, señor presidente. Lamentablemente no hemos tenido diálogo con el Gobierno ni con la bancada oficialista como para poder generar un recorte más justo y que pudiera, de alguna manera, equilibrar la situación. Por nuestra parte, creemos y sostenemos que manteniendo esas vacantes solo en áreas como la educación, la salud y la seguridad, se podría haber abordado el tema respecto a todas las demás vacantes por dos años. Eso era factible e implicaba un ahorro mayor que el que se está generando, de modo que podía financiar ya no estos recortes y esta cifra que el Gobierno busca recortar por medio de gastos; estoy hablando de alrededor de USD 125:000.000.

Frente a esta situación, decimos que se podrían haber recortado vacantes; no le estaríamos quitando el trabajo a nadie y sería una medida de ajuste importante, sobre todo porque durante estos años han ingresado 60.000 funcionarios. ¡60.000! Ese ingreso, señor presidente, se ha hecho en forma desordenada y generalizada en la Administración, y hay muchos casos –que vamos a ir nombrando– en los que se ha acusado, por parte del propio sindicato y también de jerarcas de la Administración, de clientelismo político, dicho esto en palabras de ministros.

Pero hay otro tema que en el presupuesto se ha venido generalizando y que es realmente indignante. Algunos de estos 60.000 funcionarios han ingresado por la ventana. En el pasado la Administración dijo que necesitaba, que le era indispensable tener funcionarios contratados para la reforma del Estado, y los había catalogado como «los imprescindibles». Pensé que el cementerio estaba lleno de imprescindibles, pero parecería que no. Estos funcionarios eran imprescindibles. ¿Imprescindibles para qué? ¡Para hacer la reforma del Estado!, se nos explicaba desde la Administración. ¿Y qué pasó, señor presidente? La reforma del Estado no se concretó. Entonces, ¿dejaron de tener y de contratar a los imprescindibles? No; los imprescindibles quedaron aunque no vino el producto para lo cual eran imprescindibles, que era la reestructura del Estado, la madre de todas las reformas. Nunca vino ni vendrá, señor presidente, pero los imprescindibles lo eran tanto que quedaron y se los adecuó en el escalafón en función del fin para el que se los había contratado. Estoy hablando de una función que no cumplieron, pero igualmente ingresaron, en el pasado, en el escalafón partidario. Estos fueron «los imprescindibles», que ingresaron y quedaron. Y se generalizó una red de asesoramiento que tenían los ministros, aparte de los imprescindibles; me refiero a asesores y cargos de confianza.

Creo que en el día de ayer, en la discusión general, el señor senador Amorín hablaba de $ 75:000.000 –aproximadamente USD 2:500.000– de los que no se toca nada. Quiere decir que la Administración, que es responsable de esta situación y de que los números no den, no se aprieta el cinturón en cuanto al asesoramiento de los ministros, siendo que debería dar el ejemplo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que pretendemos con el artículo 6.º es abatir una serie de aumentos de presupuesto que otorgamos para el año 2017; algunos de ellos se mantendrán en el futuro, pero solo para 2017.

En el caso de los ministros, fuimos por un camino distinto: no cuestionándoles qué asesoramiento reciben y cuál no, sino comunicándoles que en el tema de las vacantes y del rubro 0 tiene que haber determinado abatimiento. Si el ministro considera que las personas que están asesorándolo son imprescindibles para su gestión –tal como decía el señor senador Heber–, las mantendrá y abatirá otros aspectos del rubro 0. Pero si piensa que contar con algunos asesores menos –porque tienen contratos a término– complica menos su rubro 0 porque tiene un tema de ascensos o de tal o cual cosa, reducirá la cantidad. Nosotros estamos abatiendo el rubro 0 que los ministros y sus asesores utilizan.

Pedimos a los ministros que cumplan con lo que tienen que hacer, pero que piensen que ahora deben hacer un esfuerzo. Si el esfuerzo para ellos es seguir con esos asesores a los que consideran imprescindibles, que lo hagan, pero si creen que no hay que tocar algunos aspectos del rubro 0, cesarán los contratos. Como dije, tienen que hacer el esfuerzo sin dejar de llevar adelante el objeto de su función. Tienen más libertades, es verdad, pero estamos abatiendo, y esto de las vacantes y el rubro 0 no es solo por el 2017. Y si bien se está haciendo un esfuerzo, lo principal es que no pueden fallar en la gestión que les hemos encomendado. Si ellos consideran que deben optar por algunos asesores que son imprescindibles, así lo harán; de lo contrario, bajarán la cantidad de asesores.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Me parece muy débil el argumento que da el señor senador Michelini para defender la cantidad de asesores que tiene un ministro. Los ministros tienen muchos asesores y cada uno gana un sueldo de $ 60.000 o $ 70.000 en adelante.

En el día de ayer se hacía referencia al hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Scavarelli. Yo le pregunté directamente a él sobre la necesidad de que el ministro del Interior tuviera como asesor al hijo de un jerarca. Eso no queda bien. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que debería ser el funcionario más dedicado a que todo se haga de manera transparente –los sistemas de concurso y evaluación; hasta una universidad quiere ir preparando– tiene a su hijo como asesor del ministro del Interior.

Por su parte, el ministro del Interior justificó el asesoramiento para su cartera –directamente al ministro– de los atletas Déborah Rodríguez y Andrés Silva, así como del director técnico de las divisiones inferiores, Fabián Coito. Supuestamente, el Ministerio del Interior estaba desarrollando un programa de deporte para las personas recluidas. Pero ¿tienen que estar como asesores del ministro? Si el ministro del Interior quiere llevar adelante un programa, que lo traiga al Parlamento y, si es bueno, lo aprobamos. Si existe la posibilidad de rehabilitar por medio del deporte a una persona que tiene que cumplir una pena en nuestro sistema carcelario, sería buena cosa que el Instituto Nacional de Rehabilitación elaborara un programa específico en sus metas y objetivos. Pero no lo hizo y estos deportistas vienen como asesores del ministro.

En todo esto se gasta mucha plata. Además, según dice el señor senador Michelini, son imprescindibles. ¡Otros imprescindibles! Antes teníamos a los imprescindibles para la reforma del Estado. No vino la reforma y los imprescindibles quedaron. Después fueron incluidos en el escalafón; entraron por la mitad del escalafón. Lo hicieron porque eran compañeros de la fuerza política. Ingresaron por la ventana a mitad o más de la mitad del escalafón. ¿Por qué? Por el nivel salarial. ¿Y por qué ingresaron? Porque iban a llevar adelante la reforma del Estado, pero esa reforma no se hizo y quedaron igual. Además de que entraron por encima de otras personas que tienen años en la carrera y que pretendemos que asciendan por concurso –el imprescindible entró por arriba y taponeó el escalafón–, ahora sostienen que es indispensable tener asesores de todo tipo.

No está bien que el ministro del Interior tenga entre sus asesores a personas que están desarrollando un programa. Para eso que fije el programa, lo discutimos, lo financiamos, y luego se los contrata. Así es como debe ser. O, en su defecto, pueden cumplir una tarea, desde la Secretaría Nacional del Deporte –que depende de la Presidencia de la República–, que ayude a la rehabilitación, evitando así multiplicar y superponer programas en el Estado. Si hay una Secretaría Nacional del Deporte, que está ubicada en Presidencia de la República, lo lógico sería que allí hubiera un programa de actividad física para personas que están recluidas y que por medio del deporte se puedan rehabilitar. Es la Secretaría Nacional del Deporte la que tiene que hacerlo, no un asesor directo del ministro del Interior. Suena más a ayuda que a programa. Suena más a dar un sueldo a alguien que lo precisa para poder competir, que a un programa, porque el programa no existe. El ministro dice que cumplen esa función, pero el programa no aparece. ¿Dónde están los objetivos? No están. El ministro dice que desempeñan tareas para la rehabilitación de las personas que están cumpliendo penas. ¡Lo dice! Pero no lo hemos visto, no hemos comprobado que existan esos programas y no hemos visto las tareas que desempeñan. Reitero que lo lógico sería que esto dependiera de la Secretaría Nacional del Deporte.

Hay muchas cosas de estas en el Estado. Si quisiéramos financiar genuinamente, hay paño para cortar y también para reclamar, porque toda esta situación deficitaria proviene –tal como lo dije en el día de ayer– de una inversión desmedida que hicieron las empresas públicas.

El ministro de Economía y Finanzas lo confesó. Dijo que las inversiones en las empresas públicas no tuvieron control, pero, según me acota el señor senador Larrañaga, hoy señala que los números de dichas empresas están mejorando y que, si mejoran más, mañana eso puede verse reflejado en una rebaja del precio de los combustibles. Como sabemos, el precio de los combustibles es una forma de subsidio por parte del pueblo uruguayo para tapar el agujero que han dejado el desgobierno y el desmadre que hubo en las inversiones de las empresas públicas. Esa es una buena noticia, ojalá se concrete cuanto antes. ¿Pero no pueden contribuir más las empresas públicas? Se había señalado que iban a cubrir el déficit actual, que es del
1 % del PIB. Por lo que nos han informado, en el 2015 ya se superó esa cifra. Asimismo, se prevé que esto va a ir aumentando en la contribución del resultado global de la estructura de las empresas públicas: del 2,7 % al 2,9 % en 2016, y después al 3,1 %.

El Gobierno prevé un mejor resultado que, como dije ayer, estará en parar las inversiones en las empresas públicas. Todo lo que se hizo antes, que era «métale para adelante, invierta todo lo que quiera», ahora tiene que llegar a ser cero; cero en Antel, cero en UTE y cero en Ancap, que es lo que de alguna manera prevé el Gobierno para mejorar estos números a fin de que cierren sus cuentas. Por otro lado, tal como anunció la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, se espera el cierre de varias empresas, sociedades anónimas hijas y nietas de las empresas públicas.

Creo que hay paño para recortar a los efectos de evitar este ajuste machazo que se le hace a la gente. Digo «machazo» por grande y no por macho; es machazo porque es grande y también porque es feo. Creo que me entienden.

Señor presidente, creo que este ajuste machazo se podría haber evitado haciendo estos esfuerzos.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor presidente: la verdad es que ya no sé sobre qué estamos discutiendo; me perdí. Yo estaba leyendo algo interesante, que sé que es complejo y lo consideré una iniciativa para pensar en el futuro y no solo en esta rendición de cuentas; la verdad es que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, pero como estamos hablando de cualquier cosa, yo voy a hacer lo mismo.

Me refiero a una iniciativa del señor senador Bordaberry relativa a un observatorio sobre la fauna y flora del Uruguay. La verdad es que me pareció una buena iniciativa, pero después pensé que si hablábamos de eso terminaríamos discutiendo sobre las empresas públicas, y me arrepentí. Lo cierto es que siempre terminamos hablando de las empresas públicas, sea lo que sea que estemos discutiendo. También surge el tema del ajuste machazo, y comenzamos con una especie de cónclave semántico como el que ayer proponía el señor senador Mieres. La verdad es que yo estaba tentado de participar en ese cónclave semántico, porque si este era un ajuste machazo, seguramente los anteriores eran ajustes de lesa humanidad. Sin duda, con estas discusiones estamos incorporando conceptos, pero por supuesto que no terminamos de hablar de lo que debemos.

Creo que sobre estos temas existe una especie de esquizofrenia porque, por ejemplo, parece que a los sindicatos no se los puede escuchar y nosotros pecamos de escucharlos demasiado. Ahora, para algunas cosas como la Administración central y los funcionarios, citamos sus opiniones. Después otra vez se desacredita a los sindicatos y se ingresa en esa especie de esquizofrenia.

Indudablemente, han ingresado funcionarios fundamentalmente en los ámbitos de la enseñanza, de la salud y de la seguridad. De pronto habría que eliminar todos los cargos de confianza, aunque eso me parece realmente complicado. Creo que tratar de encontrar soluciones sencillas para temas complejos no es el mejor camino. Capaz que hay que eliminar todos los cargos de confianza, pero también los de los Gobiernos departamentales, que es donde hay mayor cantidad de cargos de confianza. Ahora bien, ¿eso resuelve los problemas económicos del país? No; la verdad es que no los soluciona. Si el señor senador me convenciera de que con eso resolvemos los equilibrios macroeconómicos del Uruguay, yo lo discutiría, pero a mi entender no los resolvemos. Es como pensar que si se bajara el sueldo de los legisladores se resolverían los problemas económicos del país. La verdad es que terminamos discutiendo sobre cualquier cosa e instalando en la opinión pública la idea de que problemas muy complejos se resuelven de manera sencilla, como por ejemplo bajando el sueldo de los legisladores y los políticos. Lamentablemente no es así; la verdad es que si pudiéramos resolver los problemas con ese tipo de decisiones, yo estaría dispuesto a tomarlas, pero no es así.

Los cargos de confianza no son presupuestados y, por lo tanto, cesan cuando el jerarca se va de la Administración. Tal vez podrían ser menos, y estoy dispuesto a discutirlo, pero sin duda tienen una justificación, como también la tienen los cargos de confianza de cada legislador y los pases en comisión. Nosotros, muchas veces, sacamos funcionarios de lugares de la Administración donde son necesarios y los traemos a trabajar en nuestros despachos. ¿Habrá que revisar eso? Bueno, podemos discutirlo. No creo que con eso se resuelvan los problemas económicos del país. Tampoco creo que sea bueno manosear nombres. Pienso que hay que tratar de ver si esas personas cumplen una función o no. Me parece recordar que cuando el señor ministro del Interior estuvo en la comisión esto no se le preguntó. Concretamente, no se le preguntó al ministro del Interior qué función cumple fulano, mengano o zutano. De pronto hay una justificación que resulta convincente. De todos modos, creo que hay que dar una oportunidad al jerarca para que explique, antes de estigmatizar a una persona porque fue convocada para cumplir una función en un ministerio. Me parece que eso no está bien.

En cuanto al no llenado de vacantes, más allá de que reconozco que hubo una iniciativa del Partido Nacional en ese sentido, eso fue incluido en el mensaje original de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Esta rendición de cuentas ya establecía una reducción en el llenado de vacantes, que ahora se amplía. Ahora bien: no vamos a compartir que no se llenen vacantes, porque eso puede implicar que cierto tipo de programas, que son importantes y tienen un impacto positivo en la sociedad, se interrumpan. De repente hay una persona que está al frente de ese programa y deja el cargo y, si decimos que no vamos a llenar ninguna vacante, podríamos estar generando un perjuicio en el funcionamiento del Estado en cosas que repercuten en la mejora de la vida de la gente. Por lo tanto, creo que esta formulación que establece una reducción en el llenado de vacantes y deja en el inciso y en los jerarcas la evaluación de cuáles vacantes se llenan y cuáles no, es una buena salida.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- No voy a hablar de la osa Eva y de lo que vamos a hacer con ella en el zoológico de Salto, que es una cuestión de gran discusión nacional, pero sí voy a hablar de lo que está planteando el señor senador Otheguy.

Creo que acá hay dos niveles sobre los que hay que hablar. Uno de ellos son las medidas concretas que, efectivamente, tienen una repercusión en el presupuesto en materia de reducción. Nosotros presentamos una iniciativa que propone el no ingreso de nuevos funcionarios, salvo en las áreas de la educación, el INAU y algunas más. Para el primer año, si se incluye a las empresas públicas, son USD 40:000.000, para el segundo, USD 80:000.000, y así sucesivamente. Esa es una propuesta concreta que apunta a los resultados, nos parece a nosotros, importantes, de ayuda al abatimiento del gasto del Estado.

Después está el otro nivel, el del mensaje, que habla mucho –no quiero volver a la discusión que tuvimos ayer al final de la tarde– de las señales que tenemos que dar los integrantes del sistema político; eso es lo que lo deteriora. Si le estamos pidiendo a la población un esfuerzo al ponerle más impuestos y, por otro lado, vemos que los ministros tienen noventa y nueve adscriptos, estamos dando un mensaje equivocado. Si estamos poniendo más impuestos y nos estamos comprando un avión VIP, estamos dando el mensaje equivocado. ¿Qué solucionamos sacando a la mitad de esos adscriptos? Unos $ 35:000.000 o $ 40:000.000 por año. No es mucho, no arregla el tema de fondo, pero es un mensaje. El mismo mensaje damos si cumplimos con los aportes al Banco de Previsión Social. ¿Vamos a arreglar con un aporte puntual a la previsión social el problema de recaudación del BPS o de los ingresos del Estado? No, pero el mensaje tiene que ser claro: todos cumplimos la ley, todos nos ajustamos el cinturón, inclusive los ministros, que tienen noventa y nueve adscriptos –¡noventa y nueve!–, algunos de los cuales estaban compitiendo por Uruguay en los Juegos Olímpicos. ¡Nos parece muy bueno que compitan y les vaya bien! Ahora, el mes que esos adscriptos estuvieron en Río de Janeiro, ¿trabajaron? ¡No! Entonces, sinceremos la situación. Queremos tener atletas en Río de Janeiro y, por ende, les vamos a pagar un sueldo. Eso es algo que nos parece bien, pero no podemos estar haciendo entrar gente por ahí ni repetir lo que sucedió en el período pasado: cuando uno estudia la contratación de artistas en el Ministerio de Turismo, y advierte que una cantidad de ellos aparecían adhiriendo en el spot del Frente Amplio en la campaña electoral.

Entiendo que el presupuesto no se arregla con esas pequeñas cosas –se arregla con lo otro, con el cierre al ingreso de funcionarios–, pero este es un mensaje necesario, diría que hasta un imperativo ético que tenemos que dar. Que haya noventa y nueve adscriptos, entre ellos el hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, me parece que no es el mejor mensaje que podemos dar, y es por eso que lo mencionamos.

Bajarnos los sueldos también sería un muy buen mensaje. ¿Va a arreglar el asunto? No, pero vaya si es un buen mensaje cuando a la población le estamos pidiendo un ajuste en el cinturón a través de los impuestos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Otheguy.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor senador. Creo que nos podemos entender mejor si generamos este debate.

Yo no estoy de alguna manera planteando una discusión al hablar de otros temas que no tienen nada que ver. En mi exposición decía que no fuimos invitados para tratar de ayudar a la Administración a buscar un mejor recorte del que se hace. Hay temas en los que estamos de acuerdo que se recorte, como son las vacantes que establece el artículo 6.º, y los gastos de funcionamiento, que en uno de los ítems también vienen recortados. Incluso se dispone un ahorro para el Parlamento de $ 36:000.000, lo que significará un trabajo para usted, señor presidente, y para el presidente de la Cámara de Representantes, a los efectos de contribuir al esfuerzo que se tiene que hacer. En eso estoy de acuerdo. Lo que digo es que si hubiéramos sido invitados a buscar un mejor recorte –porque dije que había buenas tijeras y malas tijeras; para mí esta es una mala tijera–, hubiéramos elegido otra opción. Recortar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por más que se justifique diciendo que todavía no está planteando el gasto, no nos parece correcto, sobre todo cuando se trata de incrementos que en el presupuesto me parecía que eran buenos. Sí decimos que hay otros ítems en los que podemos hacer recortes; uno de ellos son los asesores. Como decía el senador Bordaberry, creo que no cambia la situación, pero es un buen mensaje.

Ahora me voy a referir a la contribución de las empresas públicas. Yo entiendo y comprendo que moleste al oficialismo que una y otra vez traiga el tema de las empresas públicas, sobre todo en lo que respecta a Ancap. Entiendo y comprendo, pero no lo planteo para generar el debate sobre Ancap sino porque, como anunció hoy el ministro de Economía y Finanzas y anteayer la ministra de Industria, Energía y Minería, se pueden hacer ahorros en malas inversiones. Con esto no quiero ingresar en la discusión de por qué se hizo, porque ya hablamos del tema de las empresas públicas, sus hijas y sus nietas. Pero hace poco tiempo salieron a afirmar que las empresas públicas, las sociedades anónimas hijas y nietas, estaban perdiendo alrededor de USD 50:000.000; me acotan que fueron USD 54:000.000. ¿Pero cómo pierden? Recordarán mi indignación en esta sala cuando nos enteramos de que CABA, en Ancap, hacía perfumes; eso generó una situación risueña, pero en realidad es dramática.

En este estado de situación lo que estoy planteando al oficialismo, señor presidente –y agradezco esta interrupción que se me concedió–, es que no podemos fabricar perfumes cuando estamos recortando estos programas; tenemos que tomar una opción. ¡No podemos fabricar repelente! ¿Eso significa algo? No lo sé. Empezaremos por ahí; también sabemos que se fabrica caña, vodka, etcétera. En CABA hay mucho para hacer. Yo no puedo sustituir al Gobierno, ¡pero ahí metería tijera! ¡Sí señor! ¡Y ahí ahorraría! Porque es indignante que mientras estamos recortando programas que son buenos e interesantes, y que sería conveniente mantener, por otro lado el Estado está fabricando alcohol para tomar –de mala calidad–, perfumes y repelentes.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ese es el tema que traigo cuando hablo de las empresas públicas. Eso es lo quería explicar, señor presidente, al senador Otheguy. No es que esté hablando de otro tema. Hay una incongruencia que a mí me preocupa, porque si la gente mira al Estado puede pensar: «¿Pero cómo, están recortando gasto social y, por otro lado, están gastando en perfumes, que no son algo necesario?». Ese es el tema, señor presidente.

Agradezco la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el senador Otheguy.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Topolansky.

La Mesa informa al señor senador Otheguy que le quedan cinco minutos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: hay un refrán que dice: «Palos porque bogas, y porque no bogas, palos». Cuando aprobamos el presupuesto nacional nos interpelaban aquí por exceso de gastos y ahora nos interpelan por lo contrario. Pero bueno, son las vicisitudes de la vida política.

En realidad, el 6.º no es un artículo encriptado, como se dijo, sino que, por el contrario, es bien explícito. Puedo admitir que es denso, largo y hasta demasiado explicativo, y que en el último formato –porque vamos a proponer votar el sustitutivo que está en la página 20– es todavía más explicativo. No hemos escondido cosas para que se voten sin conocerlas. Quería dejar esta breve constancia porque lo que se dijo me pareció un poco fuerte.

Es verdad que nosotros estudiamos la propuesta del señor representante Gandini; vimos qué significaba, cómo estaba formulada y de ella tomamos lo posible –que no era todo–, porque si la aplicábamos tal cual estaba podía llegar a afectar cosas que no queríamos afectar. Nosotros no lo hemos negado; está ahí y es parte de este artículo.

También es verdad que la redacción dada a la norma por la Cámara de Representantes planteaba dificultades, ya que no establecía de dónde se podían obtener los recursos para proceder a su redistribución. El esfuerzo que hicimos no fue sencillo porque siempre que existe redistribución, como había una asignación, se afecta algo. Cuando incluimos al Poder Legislativo también hicimos el esfuerzo de ser partícipes desde esta casa que, dicho sea de paso, no es la primera vez que se hace en el Parlamento. Eso también es verdad.

Todas esas cosas deben estar presentes. Ahora bien, la supresión radical de los ingresos al Estado ya la vivimos y lo que sucedió fue que no se ingresaba por la puerta sino por la ventana. A partir de ello, apareció esa maraña de informalidad, de contratos y demás que fue lo que el Frente Amplio tuvo que regularizar una y otra vez. ¡Por ejemplo, la realidad en Salud Pública era impresentable! ¡Y no queremos volver a vivir esa situación!

Con relación al doctor Scavarelli, hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quiero decir que la misma pregunta se hizo en comisión y quedó bien clara la respuesta por parte del director. Ese muchacho es técnico en cuestiones fiscales y, como estamos haciendo la reforma de la Fiscalía de Corte, precisamos un abogado para coordinar. Es más, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte tienen un nexo funcional. En este caso se trata de un contrato a término que tiene una justificación más que importante.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Voy a ser muy breve.

Con respecto a las empresas públicas, podemos discutir in extenso, más allá de las distintas visiones y concepciones que de ellas se tengan. A veces se nos habla de las hijas y las nietas como si nosotros tuviéramos la paternidad; sin embargo, estas existen desde largo tiempo. Las hijas y las nietas de las empresas públicas no las creó el Frente Amplio; como dije, tienen mucho tiempo en la estructura del Estado y algunas han obtenido resultados exitosos y, otras, negativos. Ahora bien, creemos que debemos poner todo sobre la mesa, es decir, el impacto que la inversión pública ha tenido en estos últimos años, todas las externalidades que ha implicado desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental, para luego hacer un balance. ¡No nos quedemos solo con las dificultades! Nosotros reconocemos que algunas subsidiarias tienen dificultades y arrojan resultados negativos, pero debemos encarar y tratar de resolver la situación. Miremos el conjunto y discutamos el tema con cierta integralidad.

En lo personal estoy de acuerdo con dar señales pero no para la tribuna ni para las redes morales; señales en esa dirección no me interesa dar. Me interesa dar señales consistentes, fundamentadas y, cuando uno discute o intenta hablar con la ciudadanía, tratar de echar luz sobre aquellos temas que son muy complejos. Esa es nuestra responsabilidad. Reitero: no estoy de acuerdo con dar señales para la tribuna. Admito que algunas de las propuestas pueden ser algo a considerar, pero hay otras –insisto– que son para la tribuna o para las redes morales. Creo que así no hacemos política ni construimos ciudadanía, que es nuestra responsabilidad.

Con respecto al tema de fondo, se dijo que se abate un tercio exclusivamente del gasto incremental previsto para 2017; por lo tanto, se preservan dos tercios. Además, los gastos que se abaten no impactan en lo más sensible o neurálgico de estas políticas; así lo expresamos cuando abordamos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esto no va a impactar ni va a interrumpir lo central de este programa para el año que viene, que es la implementación del servicio de cuidadoras personales. Reitero: este abatimiento del gasto que se realiza a nivel del Ministerio de Desarrollo Social no va a afectar una sola cuidadora personal. Esto es algo que podemos afirmar. Por lo tanto, pensamos que este abatimiento es moderado y que correspondía hacerlo. Los fundamentos fueron expuestos ayer cuando discutimos lo más conceptual de este proyecto de ley de rendición de cuentas, que va por el lado del aumento de ingresos y el abatimiento de algunos gastos imprescindibles para conservar los equilibrios macroeconómicos que son garantía de poder seguir implementando estas políticas.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: el artículo 6. º es una de las normas centrales de este proyecto de ley de rendición de cuentas. Lo dije ayer y no voy a repetir lo que se comentó, pero este ajuste fiscal era seguramente necesario. Un país no puede estar eternamente con un déficit del 4 % del producto interno bruto. Ahora bien, ¿cómo se llegó a él? ¡Ya lo dijimos! Claramente se actuó mal, no se tomaron las previsiones necesarias y se estimó un crecimiento que ya nadie estimaba. Sin lugar a dudas, el equipo económico se equivocó. Hubo errores serios. El país tiene un déficit fiscal importante del 4 % y hay que actuar sobre él.

A mi juicio, era necesario que el artículo 6.º estableciera cómo iba a hacer el Gobierno para disminuir el déficit por el lado de los gastos. Eso está bien. Lo que está mal es el contenido y, es cierto, no hemos podido trabajar en él y hay cosas para hacer. Por supuesto que es fundamental la limitación al ingreso de funcionarios, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos once años el número se incrementó de 230.000 a 300.000. ¡Por supuesto que es necesario! ¡Es obvio que eso es necesario! ¿Cómo sigue esto? De continuar con este crecimiento el Uruguay entero terminará siendo funcionario. Aclaro que no estoy en contra de los funcionarios; al final, nosotros lo somos también. Además, hay una enorme cantidad de funcionarios que cumple muy bien su función y a otros los designan. Insisto: pasamos de 230.000 a 300.000. Eso está mal, no es necesario. Entonces, hay que ponerle un freno y decidir hasta dónde vamos.

Hubo una ley, que no recuerdo si correspondió al período 1990-1995 o 1995-2000.

SEÑOR AGAZZI.- Era del período 1990-1995.

SEÑOR AMORÍN.- Esa ley tuvo una paternidad en el Senado; los padres fueron dos senadores de distintos partidos políticos. Me refiero a los entonces senadores Batlle y Gargano, quienes dijeron: «Por diez años no tomemos a nadie». Claro, la experiencia indica que es difícil funcionar así, por lo que hubo que buscar mecanismos para que a la Administración pública pudieran entrar –aunque con limitaciones– algunos funcionarios. Ahora bien, cuando observamos lo que aconteció desde esa fecha hasta que el Frente Amplio accedió al Gobierno y se derogó la ley, advertimos que el número bajó en forma importante. Sin embargo, después de que se derogó la ley, el ingreso a la función pública no se da solo por la puerta normal; lo vimos en esta rendición de cuentas con el ejemplo de la contadora tallerista. Es decir, entran por la puerta grande y entran por la ventana.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Por la chimenea. Y por el patio del fondo.

SEÑOR AMORÍN.- Sí, por la chimenea.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: quiero mencionar dos cosas.

La primera tiene que ver con lo que está mencionando el señor senador Amorín. Hay un agravante, que surge en el primer Gobierno del doctor Sanguinetti, es decir en el período 1985-1990, y continúa en 1990-1995, llegando incluso hasta el 2000. Me refiero a la ley que hubo que aprobar para la restitución de funcionarios; en ese momento tuvimos que incluir a todos los perseguidos durante la Dictadura y rearmar los escalafones. En esta casa también hubo problemas porque en algunas oficinas teníamos dos directores. ¿Por qué? Porque había funcionarios que fueron destituidos por la Dictadura y durante esas ausencias se habían producido ascensos. Por eso a veces teníamos dos directores generales, dos jefes, etcétera. En atención al reclamo de la persecución, naturalmente entendible, en esa época ingresaron al Estado miles de funcionarios que durante la dictadura habían sido incluidos en la categoría C. En realidad, entraron más, y no solo aquellos funcionarios que habían sido calificados como ciudadanos de categoría C.

En cinco años, durante el primer período, hubo una reducción de 14.000 funcionarios, y muchísimos más hasta que se derogó la ley. Cuando efectivamente se derogó la ley, la cantidad ascendía a 60.000; estos datos se pueden ver en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se argumenta que había funcionarios contratados y becarios, pero estos no necesariamente se tenían que presupuestar. En algunos casos, justificadamente se debía incluirlos, pero no al barrer y a todo el mundo.

Quiero pasar al otro tema, y para ello aprovecho la instancia que me da el señor senador Amorín. Lamento que no esté presente el señor senador Otheguy, quien reprochó que durante el trabajo en comisión no consultáramos al ministro del Interior sobre estos asesoramientos. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque el señor ministro, cuando comenzó su alocución, habló de ellos. No le preguntamos porque él en comisión dio la explicación sobre sus asesores y no hubo necesidad de hacerlo. Es más, cuando intervine dije que el señor ministro hablaba de un programa de deportes para la gente privada de libertad. O sea que él justificó los asesores que tenía en función de ese programa. Por eso no lo consulté; no por ser desleal o estar omiso.

Cuando concurrió la Oficina Nacional del Servicio Civil consulté por la contratación del doctor Scavarelli y su padre explicó, justamente, que su asesoramiento había sido solicitado respecto al tema del Código del Proceso Penal.

Hice referencia a los dos temas y en ninguno de ellos se me dio un justificativo. Quería hacer esta aclaración porque no quería quedar como desleal en cuanto a no consultar al ministro. El ministro habló.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Nosotros decíamos que tenía que existir un artículo 6.º, pero con un proyecto un poco más a mediano plazo. Esto es como decir: «Hay que bajar 500 millones de dólares. ¿Qué es lo más fácil? ¡Subimos los impuestos!». La suba de impuestos está en el entorno de los 400 millones de dólares, porque hay algunos números –acá sí– que están ocultos, como el cobro del 7 % retroactivo hasta el 2007, que será mucho más de lo que se dice.

Por otro lado, tenemos que bajar algo los costos. La verdad es que si le pedimos un esfuerzo a la gente en general, a los ricos uruguayos que reciben más de $ 30.000 por mes en sus bolsillos –les pedimos a esos, que son ricos, que hagan el esfuerzo–, nosotros tenemos que mostrar algo. Entonces, se hace este abatimiento.

Hay que tomar en consideración el mediano y el largo plazo. Este artículo no nos satisface y no vamos a votarlo. Creo que debemos pensar –por lo ocurrido en los últimos once años– en limitar el ingreso al Estado. Me parece que en tanto existe el absoluto permiso de que todo el mundo entre como quiera, que ingresen por la puerta grande y no por el costado.

Con respecto a los adscriptos, quiero decir claramente que no me parece mal que el Estado apoye a algunos deportistas. Reitero: no me parece mal. Los que vi en el Ministerio del Interior son dos importantes corredores, Déborah Rodríguez y Andrés Silva, pero hay otro deportista que no vi como adscripto. Me refiero a Emiliano Lasa, el atleta más importante en el Uruguay en este momento, extraordinario competidor en salto largo. Entiendo que está bien que se los apoye, pero por un camino normal, no como asesores del ministro. Que sea claro: es por acá.

Ahora bien, los ministros, además de todos los cargos de confianza que pueden designar en sus ministerios, ¿necesitan asesores?

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: simplemente quería hacer una aclaración.

Creo que estos deportistas connotados que figuran en el ministerio en esas condiciones, están allí en el marco de una política que tal vez no se comparta, pero que nosotros defendemos acérrimamente. Me refiero a la Estrategia por la Vida y la Convivencia. En ese marco le damos mucho valor a la convivencia y a tener ciertos referentes en ese sentido, de acuerdo con ese plan que oportunamente presentamos. Seguramente por esa razón estos deportistas –que tienen visibilidad y demás– están trabajando en esa tarea.

También quiero rescatar el programa Pelota al Medio a la Esperanza –que seguramente no todos conocen o valoran– en el marco de esa concepción de seguridad y de convivencia de manera conjunta e interrelacionada.

Por otra parte, me hago una pregunta. Creo que Emiliano Lasa no vive en el país –entiendo que estaba haciendo su entrenamiento en Brasil– y, por lo tanto, mal podría estar ocupando el rol de referente comunitario en materia de convivencia y demás si no está aquí. Quería hacer esta aclaración.

Si me permiten, señor presidente, quiero agregar lo siguiente. Al parecer, ser «el hijo de», acá es una condena. Para mí ser el hijo de alguien no debe ser una condena ni un privilegio. Entonces, me parece que cuando los «hijos de» –los nuestros o los de cualquiera– tienen las condiciones para acceder a alguna responsabilidad, tampoco podemos denostarlos. Ni calvo ni con dos pelucas. Recuerdo que cuando yo estaba en la Cámara de Representantes, la hija de un connotado dirigente de un partido tradicional daba vueltas por los despachos cuando se pretendió regularizar a algunos funcionarios en esta casa. No sé si recuerdan los señores senadores a los famosos pasantes de subsistencias, después INDA, y toda aquella historia en que los interesados recorrían los despachos tratando de solucionar su situación. Esa muchacha era la hija de un alguien, pero tal vez tenía derechos adquiridos. Por lo tanto, me parece que acá no podemos tirar un titular, porque seguramente enseguida está en Twitter; no es así. Creo que todas las cosas tienen cierta racionalidad.

Me parece bueno hacer estas aclaraciones porque de otra manera podemos llegar a la conclusión de que nuestros hijos tienen vedada cualquier tipo de actividad per se, por el solo hecho de ser nuestros hijos. No es así y tampoco quiero decir con esto –para que no se me malinterprete– que el nepotismo debe ser una política a aplicar dentro del marco en que nos movemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: voy a terminar diciendo lo que pienso de estas cosas.

En cuanto a los «hijos de», ¿tienen nuestros hijos que estar en empleos públicos? Yo creo que no. En mi caso tengo tres hijos, a quienes les pude dar la posibilidad de estudiar, y los tres se defienden. Hay uno que no tiene trabajo, pero ni se me ocurre pensar que pueda entrar al Estado. En esas cosas también tenemos que ser claros.

Yo no he nombrado hasta ahora al señor Scavarelli, porque me parece que hay que ser cuidadoso en estas cosas, pero ya que salió el tema lo voy a decir: si tiene capacidad –lo digo con total franqueza–, que trabaje en el sector privado o que entre por concurso, no a dedo. Insisto: en este tema tenemos que ser cuidadosos. Yo creo eso. Esa es mi forma de pensar. Que entre a dedo por el amigo del padre, que es Bonomi, me parece mal, porque me consta esa amistad, no de ahora, de hace mucho tiempo. Repito, me parece mal, y no había hablado de este tema, pero pienso que hay que tener mucho cuidado.

Yo estoy tranquilo: tengo tres hijos y cinco hermanos, y ninguno es empleado público. Todos se ganan la vida como pueden. Me parece que en esas cosas tenemos que ser cuidadosos, porque ahí sí va en juego la república. Eso es la república. Cuando decimos autoridad republicana y conducta republicana, es de esas cosas que estamos hablando, no de que mi hijo se acomode con el amigo. Esas cosas indignan, y me indignan a mí y a la gente. No lo andamos diciendo; nunca dije estas cosas, porque me parece que no se dicen. Lo digo en esta sesión del Senado porque salen estos temas a luz. Nunca hablé de Scavarelli. No tengo un buen concepto de Scavarelli, pero no importa. Lo que pensemos de las personas acá no importa. Nunca hablé de Scavarelli ni de su hijo, pero creo que en estas cosas tenemos que ser estrictamente cuidadosos. Hay que discutir de república y hay que tener actitudes republicanas. Y estoy seguro de que la enorme mayoría de este Senado tiene actitudes republicanas. Esas cosas son las que tenemos que cuidar.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: no quería ir al plano personal; estaba hablando en general. Pero acá se introdujo el plano personal y quiero también, entonces, decir alguna cosa.

Yo soy hija de una funcionaria. Mi mamá no vive; ya falleció. ¿Y cómo ingresó a la función pública? Ingresó a la función pública porque era la cuñada de un connotado senador. Y ese connotado senador tenía un cupo. Como en el cupo quedaba muy feo que ingresara la cuñada, un compañero de lista –a quien acá deben recordar– de mi connotado tío le facilitó el cupo a mi señora mamá. Y así ingresó a la función pública. No estoy de acuerdo con esa cuota y coincido en que hay que defender la república, ¡cómo no!, pero esas prácticas históricas no fueron del Frente Amplio; fueron prácticas instaladas en el sistema político. Por ejemplo, cuando ingresé a esta casa, me dijeron que tenía derecho a poner alguna gente en la administración. Pero nosotros decidimos que los que nos correspondían ingresaran por concurso, como lo hacemos con la Corte Electoral, que es el único organismo en el que los funcionarios tienen que decir previamente su filiación política, por causas más que justificadas y que todos compartimos.

Entonces, señor presidente, para que no quede ninguna duda del planteo anterior que hice, quiero decir que me hago cargo y sé cómo fueron las cosas. Y creo que las cosas están para mejorar. Pero voy a volver a decir que cuando hay hijos o nietos de alguien que tienen las condiciones y la voluntad de aportar con su conocimiento y todo lo demás, pueden hacerlo. No estoy hablando del caso específico de los cargos de confianza, sino en general. Si aparece en el listado de un organismo público alguien que ingresó por concurso y averiguan que es «hijo de», igualmente lo señalan con el dedo, y eso está mal.

Era eso lo que quería decir, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Para terminar, quiero decir que no estoy señalando con el dedo a nadie que no se haya mencionado en esta sala. Cuando se habló de Scavarelli júnior, dije que me parecía mal que hubiera entrado a dedo puesto por un amigo del padre. Lo quiero dejar claro: me parece mal. Creo que si una persona tiene capacidad y quiere trabajar en la Administración pública, debe dar un concurso. En lo personal, considero que tiene que intentar no trabajar en la Administración pública. Esa es mi opinión; es mi punto de vista.

Gracias, señor presidente. He terminado.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Mi intervención va a ser muy breve, señor presidente.

Simplemente, como entiendo que este es un artículo central en la rendición de cuentas, quiero dejar la constancia de que no vamos a acompañarlo. Esta norma, insisto, forma parte del núcleo principal de lo que implica esta rendición de cuentas que, como ya hemos dicho, es básicamente un ajuste fiscal.

Quiero también reafirmar la idea de que detrás del discurso de la postergación, aquí lo que hay es un recorte liso y llano. No hay una postergación de estos fondos para el próximo año, sino que lo que no se gasta en 2017 no se va a volver a instalar en 2018. De lo contrario, en lugar de «abátense», se diría «postérganse». Claramente es una diferencia conceptual y está bueno que se diga con claridad.

Lo que sí quiero decir es que vale un reconocimiento a la bancada de senadores del Frente Amplio por lo que ha sido el trabajo de buscar fondos genuinos, reales y existentes porque, como salió de la Cámara de Diputados, realmente este artículo era impresentable.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: entiendo que este es un artículo muy importante en esta rendición de cuentas y, como aquí se han emitido algunas opiniones que tienen que ver con nuestras propias convicciones, siento la necesidad de expresar también nuestros conceptos sobre este tema.

Aquí se ha hablado del recorte de gasto social y se ha marcado, en particular, alguno de los temas planteados. Quiero subrayar que para nosotros el gasto social siempre es un tema prioritario. Lo ha sido en nuestros diez primeros años de gobierno y en estos dos años que corren. Cuando los uruguayos en su conjunto –porque este no es un tema de partidos políticos– subrayamos la disminución de la pobreza en el país, somos conscientes de que eso es producto del crecimiento, el empleo, la inversión, el trabajo y, al mismo tiempo, de políticas sociales que han permitido ir superando una vulnerabilidad. También digo con toda franqueza, como lo sentimos los frenteamplistas, que no estamos totalmente conformes ni mucho menos. Nos queda un área de vulnerabilidad muy dura, que seguramente hay que seguir abordando en una multidimensión, no solo con recursos económicos, sino con fortalezas y coordinaciones institucionales y humanas en el territorio. Seguramente ese es el mayor desafío que tenemos hacia adelante.

Pero quiero tomar tres puntos. Uno de ellos es el Mides. Por cierto, como bien lo decían los señores senadores Otheguy y Pardiñas, en lo que refiere al Sistema Nacional Integrado de Cuidados lo que se hace es seguir apuntando al tema central. Está previsto que haya 1500 asistentes en una política de derechos, a mi entender sustantiva, empezando por los adultos mayores que tienen severas limitaciones en sus cuidados, sobre todo de un margen de edad avanzada. De hecho, ahí ya hay personas capacitadas. Se ha ido ganando tiempo entre 2015, en que se aprobó la ley, y 2016 en que se empieza a trabajar para dar el salto en ese desafío de 3500 cuidadores, con toda la dimensión que esto tiene.

Como decíamos, este es apenas un paso, porque cuando pensamos en el Sistema Nacional de Cuidados pensamos en la universalidad de los adultos mayores, en las personas con discapacidad y en el área de la primera infancia. Se va avanzar en ese sentido, se va a concretar y hay un compromiso previsto para que en la medida en que se vayan proveyendo los 3500 cuidadores estén los recursos para que eso se cumpla.

Quiero hablar de otros temas sobre los que no se dice nada y por los que el Mides trabaja, que fueron explicitados en la comparecencia de la señora ministra de Desarrollo Social. Hablo de las casi 70.000 tarjetas del Uruguay Social. Son 69.162. La mitad de factores de objetivación de vulnerabilidad de un determinado tipo por el número de hijos y la otra mitad de hogares con más de tres o cuatro hijos reciben esa tarjeta. Junto con los otros programas como Uruguay Trabaja, el Programa Cercanías, etcétera, de alguna manera se va cobijando y permitiendo que haya una inserción de esa vulnerabilidad tan dura. Hay 2580 programas de cercanía con 15.000 personas atendidas en los temas más esenciales.

Quiero referirme a un tema muy específico pero fundamental. El retraso en los niveles escolares no solo es un problema del contingente inmediato o a nivel de la enseñanza media, sino que tiene un origen muy claro –como se ha expresado en un encuentro nacional e internacional sobre la prematurez– que tiene que ver con el embarazo y con los dos primeros años de vida. El Programa Uruguay Crece Contigo, que no se toca y sigue avanzando, hoy cumple con la atención de 2581 familias. De los 45.000 nacimientos anuales que hay en el Uruguay en la actualidad, aproximadamente entre el 8 % y el 10 % se dan en situaciones difíciles de vulnerabilidad. Con ese programa hoy estamos llegando a dos terceras partes en todo el país y ese programa no se toca.

Además, si vemos las cifras del Ministerio de Desarrollo Social –porque aquí se ha hablado tanto de los recursos humanos–, podemos observar que el 41 % de los gastos corresponde a la tarjeta Uruguay Social, que son $ 1.750:000.000. El Programa de Asistencia a la Vejez significa un 6 %. Como dijimos, hay alrededor de 2844 asistentes para las personas de hasta 69 años, que no alcanzan a cobrar la pensión a la vejez del Banco de Previsión Social. En recursos humanos se está gastando en el Mides un 13 % del presupuesto total. El 8 % es para el Programa Uruguay Trabaja y otro tanto es para Uruguay Crece Contigo. Junto con esto también están los programas que atienden la vulnerabilidad en clave de género y la descentralización. Para ejemplificar la preocupación que seguimos teniendo, quiero decir que para nosotros es fundamental cobijar y atacar la vulnerabilidad extrema.

Aquí también se ha mencionado la Universidad de la República. Quiero referirme a ella y decir que suscribo el ciento por ciento de lo que expresó el rector Markarian en su comparecencia ante la comisión del Senado. Antes voy a hacer una valoración previa que tiene que ver con lo que hablábamos ayer y con que este no es un tema de partidos políticos, sino general, de la democracia en el Uruguay. Ayer, en una de las comisiones de esta casa, estaba parado frente a la ventana mirando hacia la Facultad de Medicina y recordaba que en 1967, 1968 y 1969 nuestras marchas por el presupuesto estudiantil universitario eran reprimidas y no podíamos llegar ni a la esquina. ¡Vaya si tenemos recuerdos de ese tiempo! Celebro lo que sucede hoy cuando la universidad, los estudiantes, los docentes y los egresados se expresan en libertad, movilizándose, participando y reclamando –a mi entender con justicia– los recursos para la universidad. Pero repasemos un poco. No quiero hacer comparaciones para no entrar en polémicas –que no son necesarias– sobre lo que eran los presupuestos de la universidad en décadas anteriores. Hablo de estos diez años que han pasado y de los dos que tenemos por delante. Según palabras del rector, entre 2005 y 2010 el presupuesto para la universidad creció un 75 %; duplicó el crecimiento del PBI del país. Reitero: el presupuesto destinado a la Universidad de la República duplicó el crecimiento del PBI. Entre 2010 y 2015 el presupuesto creció un 23 %, ajustándose al crecimiento del PIB. Sin duda, como dice la universidad –y por eso quería hablar de este artículo–, hoy en función de la situación del país, el presupuesto no es el que esta quiere. Seguramente muchos de nosotros tampoco queremos un presupuesto para la universidad que siguiera acompañando lo que se dio en tiempos anteriores. Como dice el rector, hoy el presupuesto es un tercio de lo que la universidad plantea, también en función del incremento significativo de estudiantes que, como dijimos ayer, son más de 100.000, lo que requiere más horas docentes, más dedicación, más cercanía del docente con el alumnado que afortunadamente está creciendo en el país. Reitero, más de la mitad son estudiantes que vienen de hogares de trabajadores, cuyos padres no habían llegado a la universidad en períodos anteriores.

Lo mismo ocurre con el Hospital de Clínicas. Lo mencionamos aquí porque queremos asumir un compromiso. Cuando se dice «Abátense para el ejercicio 2017», reitero, para el ejercicio 2017, nosotros diferimos con el concepto general. Ojalá el crecimiento del país –al que se ha comprometido este Gobierno– ocurra como deseamos en los próximos años y no solo en este período de nuestra fuerza política sino en adelante; queremos registrar lo que se ha dicho sobre el compromiso con la educación y con la universidad. Ojalá podamos encontrar una forma para que el Hospital de Clínicas tenga los USD 120:000.000 que está buscando, ya sea a través de emprendimientos público-privados, de las variantes que se puedan encontrar, de un fideicomiso que encuentre los recursos necesarios. La universidad resolverá. Está en sus manos seguir avanzando y es nuestra obligación apoyarla en la solución que encuentre.

SEÑOR DE LEÓN. ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador De León.

SEÑOR DE LEÓN.- Creo que es importante reafirmar, como lo venía haciendo el señor senador, lo que tiene que ver con las definiciones políticas que ha tomado el Frente Amplio desde el inicio de su gestión en el año 2005 para apoyarlas y entender lo importante que era apostar a la universidad pública. Cuando se hace un balance y mientras transcurre el proceso de la rendición de cuentas, también es bueno hablar de algunos indicadores de gestión o evaluar lo que ha pasado en la universidad en estos años. Eso me parece fundamental y justifica el apoyo que ha dado el Gobierno a la Universidad de la República. Ha crecido enormemente la oferta educativa en estos años. En 2006 había 66 carreras de grado, mientras que en el año 2014 pasaron a ser 95. En el caso de los posgrados, en el año 2004 existían 133, mientras que en 2014 fueron 259. Entre otras cosas, esto responde a la agilidad que ha tenido la Universidad de la República para aggiornarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. También ha aumentado enormemente la matrícula de la UdelaR, creciendo un 48 % de 2000 a 2014. Otro aspecto que es bueno señalar es que aumentaron los graduados. En un país que crece y que apuesta a cambios estructurales es fundamental ese incremento y la Universidad de la República ha jugado un papel importante en este sentido, ya que se pasó de 4000 en 2005 a más de 6000 en 2014, por lo que se aumentó más de un 50 %. Y las carreras de posgrado también han tenido un aumento muy significativo, ya que se duplicaron los ingresos del año 2000 a la fecha.

En varias oportunidades se ha señalado la expansión enorme que ha tenido la universidad en el interior del país, siendo más inclusiva y revirtiendo una tendencia que tenía más de un siglo. Se crearon nuevos centros universitarios en el litoral norte, en el este y, además, se hizo el Centro Universitario del Norte. Una parte importante de esos incrementos que ha tenido la universidad en los presupuestos de los últimos quinquenios se dedicaron a la contratación de más docentes, a extensiones horarias de los docentes existentes y a ascensos de grados a medida que se iba desarrollando la carrera universitaria.

A su vez, ha habido un enorme avance en el plan de inversión en infraestructura, considerando también el aumento de la matrícula. Para que se tenga una idea, en el año 2000 había 218.800 metros cuadrados de construcción, mientras que en el año 2014 pasaron a ser 374.000 metros cuadrados.

Nos parece más que importante, a la hora de discutir estos recursos para la Universidad de la República, hacer también un balance y mostrar algunos indicadores que tienen que ver con la enorme capacidad que ha mostrado dicha casa de estudios en estos años para ser un elemento central en el proyecto político que venimos llevando adelante, en cuanto a la formación, a la capacitación y a la enorme cantidad de recursos humanos que se han venido desarrollando en el país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carámbula.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Probablemente, el artículo 6.º es el más importante de esta rendición de cuentas.

(Murmullos en sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores: les pido que hagan silencio a los efectos de poder escuchar a la senadora Moreira.

SEÑOR HEBER.- Nosotros estamos en silencio.

SEÑORA MOREIRA.- Lo sé. Muchas gracias, señor presidente.

Antes que nada quisiera hacer una aclaración con respecto a algunas manifestaciones del senador Mieres. Por supuesto que es un recorte, porque un abatimiento del incremento de un año es un recorte, como se lo quiera mirar. Pero que el recorte sea definitivo e implique que nosotros no podamos aprobar estos incrementos previstos en este tiempo, me parece que no corresponde. Es un recorte porque implica un recorte en términos absolutos para el año 2017, pero nosotros esperamos retomar las previsiones presupuestales de 2015 apenas cambien las señales económicas de Uruguay y de América Latina.

Por otro lado, hicimos un esfuerzo enorme, entre otras cosas, para impedir el recorte presupuestal de la universidad. El rector Markarian se quejó y con razón.

Él dijo que la universidad viene creciendo a buen ritmo y, por decir algo al respecto, el número de egresos se duplicó. Y esto es gracias a las mujeres porque representan el doble de egresos que los hombres; aprovecho para mandar este mensajillo. Como ayer hablaron de machazo, ahora acá hay una «feminaza», una gran señal de las mujeres inteligentes y estudiosas. Como decía recién, el rector Markarian se quejó y con razón, ya que le dimos solo 30 % a la universidad, siendo que esta se diversificó, se desarrolló en el interior, duplicó sus egresos. En tal sentido, destaco que el número de estudiantes de la Universidad de la República en el interior ronda los 4000; los de la UTEC en 400. Y, además, el CDC acaba de incorporar la idea de los PPP –es decir, de la participación público-privada– para acometer el tema del Hospital de Clínicas. Con ello la universidad está dando una importante señal política –conociendo esta casa de estudios creo que es una gran señal– de flexibilidad ante los tiempos difíciles que corren. Por tanto, quiero dejar sentado también este reconocimiento.

El número de funcionarios ha aumentado, pero hay que tener en cuenta que se regularizaron una cantidad de situaciones de trabajadores precarios –con becas y contratos a término– que hacía 6, 10 o 15 años que estaban trabajando en el Estado. Más allá de esta regularización, vemos que hay más maestras, más profesores y más profesores universitarios. El mensaje que quiero dejar con esto es que si la economía de este país anduvo mejor en estos diez años no fue solo por el viento de cola, sino por la mejora que hubo en el Estado uruguayo, que mejoró y mucho. Como ejemplo voy a nombrar tres instituciones. Por un lado, la DGI, que experimentó una restructura y una transformación fundamental sin la cual no hubiera aumentado la recaudación de este país. Por otro, el Correo Uruguayo, que prácticamente se trataba de una institución abandonada y devastada. Y, sin duda, la Universidad de la República.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Lo que queríamos hacer con esta intervención, justamente, era comprometernos –como lo hacemos desde nuestra fuerza política– con estos temas centrales y creo que este artículo, en medio de las dificultades que se plantean, busca que la orientación en materia educativa y social persista y se afirme.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: quiero destacar otros artículos porque considero que también son importantes. Estoy hablando de los artículos 9.º y 10.º.

El artículo 10.º es muy bueno en cuanto a que empieza a poner orden en las remuneraciones, no solamente en el Gobierno central y en los departamentales, sino también en las sociedades anónimas propiedad en mayoría del Estado uruguayo. Sé que vamos a hacer algunos cambios al artículo porque no tuvo la aprobación que debía tener en la Cámara de Representantes. Para que este artículo se haga efectivo se ha introducido un proyecto de ley, el cual todos firmamos. Me parece que hay que destacar el esfuerzo en este sentido.

Asimismo, creemos que el artículo 9.º es muy bueno porque para los organismos del artículo 220 establece la obligación de presentar, en cada instancia presupuestal, junto con la rendición de cuentas, un informe relativo a las medidas adoptadas a efectos de lograr una mayor eficiencia en el gasto, así como el impacto presupuestal de cada una de esas medidas. Esto es un comienzo en cuanto a conocer no solamente el presupuesto por programa y el gasto, sino también el impacto que tiene el gasto en las políticas concretas. Y me parece que es importante por lo que se acaba de decir. Es fundamental dar más presupuesto a la educación, como también lo es –lo hemos escuchado muchas veces aquí– dar más presupuesto al Ministerio del Interior. Pero es muy importante medir el impacto que ese mayor presupuesto tuvo en la Universidad de la República o en el Ministerio del Interior, porque decirnos solamente que le aumentamos el presupuesto no alcanza. Digo esto, porque si aumentamos el presupuesto y los resultados son peores, es muy malo que lo hayamos aumentado. Entonces, en realidad, el resultado es peor porque tiene más presupuesto. La medición del impacto que tienen los aumentos presupuestales o los gastos que hace el Estado es esencial en el resultado.

Entiendo, y me parece muy bueno el hecho de que la Universidad de la República, con más presupuesto, hoy tenga más estudiantes matriculados. Considero que es positivo que haya aumentado el egreso. Sin embargo, este no aumentó en la misma proporción que la cantidad de nuevos estudiantes; si hay más estudiantes, deberíamos tener más egresados. Lo mismo sucede con el turismo, que a nivel mundial aumenta 6 % o 7 % por año –a veces aumenta 5 %, y otras, 6 %–; si Uruguay aumenta 6 % o 7 %, al igual que todo el mundo, estamos bien, pero si aumenta 3 % o 4 % decimos que es bueno que haya aumentado, pero lo hizo en menor proporción que el negocio. Me parece que es vital analizar esas cosas.

En cuanto al artículo 9.º, considero que deberíamos profundizar su estudio para la próxima rendición de cuentas y buscar más instrumentos de medición. Hemos presentado unos artículos aditivos –según se comentó en la comisión, en forma un poco desprolija, pero tiene razón la persona que lo calificó de esa manera porque es desprolijo hacerlo así, a último momento–, pero aclaro que vamos a trabajarlos un poco más para la próxima rendición de cuentas y, tal vez, podamos convencerlos.

En definitiva, queríamos destacar que nos parece importante la medición del gasto y el impacto que tiene este artículo.

Ya que tiré dos maduras, voy a tirar una verde. ¡Aumentó la cantidad de funcionarios, y aumentaron los funcionarios encubiertos! No voy a insistir con los talleristas del INAU, que son cientos, pero sigue habiendo becarios, sigue habiendo pasantes. ¡Ni que hablar de las ONG compañeras! El día que se abra, realmente, la información de las ONG compañeras en el Mides o, como se denunció en estos días, de la Intendencia de Montevideo, en ese momento sí vamos a hablar de cuántos funcionarios tenemos de manera encubierta. Si queremos hablar solamente de pasantes y demás, sin duda que allí hay un tema bastante importante.

Remitiéndonos al artículo 6.º, quiero decir que me preocupa el ajuste fiscal encubierto que también estamos teniendo, y lo estamos teniendo en las tarifas de las empresas públicas. Todos sabemos que Ancap tendría que haber bajado los precios, pero no los bajó; la tarifa de UTE no tendría que haber subido, pero subió; la de OSE no tendría que haber subido, pero subió. Ayer se habló del tema de la energía eléctrica en la región; sin duda, estamos teniendo el consumo de hogares más caro de la región, por lejos. ¡Por lejos! Solamente por citar algunos vecinos: el consumo de hogar en Uruguay cuesta USD 256; en Chile, USD 207; en Brasil, USD 209, y en Argentina, con el aumento tremendo que tuvieron, USD 67. Entonces, comparándonos con la situación regional, estamos muy caros.

Por último, quiero señalar que se están realizando otros ajustes además del de las empresas públicas y las tarifas. El último, que nos duele –y hacemos votos para que se deje sin efecto–, es haber suspendido los beneficios a los buenos pagadores de Mevir. Esa medida ni siquiera se tomó en la crisis del año 2002.

A los buenos pagadores de Mevir, cada cinco años se les perdona uno. Y ahora, justamente en estos momentos de presunta apretura, a los pagadores de Mevir –el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural– se les está quitando ese beneficio, pero se les está quitando hacia atrás. Este es el ajuste encubierto al que le tenemos miedo. Este sí que es un ajuste complicado. Este es el mejor programa de vivienda que ha tenido el país en su historia, que fue fruto de la visión del doctor Alberto Gallinal Heber y de una cantidad de ciudadanos, y que el año que viene va a cumplir cincuenta años. Justamente a este programa le estamos quitando los beneficios. No le quitemos beneficios, por más que estemos mal, a algo que funciona tan bien.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay dos textos sustitutivos del artículo 6.º; uno de ellos está en la hoja 20 y fue presentado por los señores senadores Otheguy y Michelini, y el otro está en la hoja 25 y fue presentado por el Partido Nacional.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6.º, tal como fue votado en comisión.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo presentado por los señores senadores Michelini y Otheguy, que está en la hoja 20.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Este artículo después se complementa con el proyecto de ley que fue incorporado al orden del día, que tiene que ver con el tope a los ingresos salariales de funcionarios en función de lo que gana el presidente de la república.

Quiero aclarar que nuestra propuesta, que figura en la hoja 21, fue consultada con algunos de los otros sectores, que la comparten.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: nosotros vamos a acompañar la propuesta que está haciendo el señor senador Michelini en nombre del Frente Amplio.

Acompañamos este artículo en comisión donde, en definitiva, lo que hace es poner un tope a los ingresos salariales de funcionarios en función de un porcentaje del sueldo del presidente de la república, tal como funciona hoy para la Administración central. Incluye a los organismos del artículo 221 de la Constitución de la república, a las personas de derecho público no estatal, a las entidades de propiedad estatal que funcionan en el derecho privado –las hijas y las nietas de las empresas públicas– y, obviamente, por razones constitucionales quedan exceptuados los sueldos de los intendentes, ya que están previstos en la Constitución. Sí incluye a los sueldos del resto de los cargos no electivos de los Gobiernos departamentales.

El Partido Nacional acompañó este artículo en comisión. Por un tema vinculado con el trámite parlamentario, si este artículo es aprobado, debe pasar a la Cámara de Representantes para que ratifique los cambios. Pero como nuestro partido no vota en general la rendición de cuentas, corremos el riesgo de que no tenga la mayoría especial correspondiente. Es por eso que acompañamos y firmamos, en nombre del Partido Nacional, el proyecto complementario presentado por el Frente Amplio.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: creo que esta iniciativa es bien importante para ir homologando los salarios del Estado en todo el Uruguay o, por lo menos, homologar el criterio del tope.

Voy a plantear alguna consideración que me hicieron llegar relativa a las partidas variables que se incorporan a los sueldos y que pueden llegar a hacerlos aumentar por encima de lo que gana el propio presidente de la república.

Yo creo que a futuro deberíamos dar esta discusión sobre las partidas variables que se incorporan a los salarios para que la medida tenga el efecto que realmente buscamos. Ya que esto rige para el futuro, también deberíamos debatir sobre qué hacer con los salarios que actualmente superan este tope y ver si es posible implementar algún régimen de transición que haga que estas medidas vayan siendo efectivas en el presente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 tal como fue aprobado en comisión.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo, que figura en la hoja 21, presentado por los señores senadores Otheguy y Michelini.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo tiene que ver con el tema de los arrendamientos, ya que congela las partidas destinadas a arrendamientos al 2016. Esto significa que todo incremento que supere lo pautado para el 2016, ya sea por ajuste o por alquiler nuevo, correrá por cuenta del organismo, lo que, obviamente, afectará a muchos organismos que alquilan inmuebles. A este respecto, el Poder Judicial manifestó a texto expreso que se va a ver afectado en forma especial porque tiene cobertura con sedes en todo el país, la mayoría de las cuales son alquiladas. Mediante este artículo se topea o congela el presupuesto que puede destinarse a alquileres, de manera que a partir de ahora los posibles ajustes o alquileres nuevos tendrán que ser cubiertos con créditos propios del organismo.

Por esa razón, no vamos a acompañar este artículo. Creemos que en esto hay que tener flexibilidad para que no se afecte el funcionamiento ni el escaso presupuesto que tienen muchos de los organismos que usan esta metodología de alquiler de inmuebles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Voy a solicitar la reconsideración de este artículo para ser coherentes con la votación del Partido Nacional en comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 13.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 13.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos que el último inciso se vote por separado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13, con excepción del último inciso.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el último inciso del artículo 13.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

El Partido Colorado presentó un texto sustitutivo que figura en la hoja 1.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15, tal como fue aprobado en comisión.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Tiene un texto sustitutivo presentado por el Partido Colorado, que figura en la hoja 5.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Cuando consideramos este tema dijimos que, más allá de coincidir conceptualmente con este artículo, entendíamos que estábamos generando una nueva perforación al Tocaf. En el artículo 33 del Tocaf se incorpora una cantidad de numerales con excepciones al sistema de contratación. En este caso, en la comisión se agregó el concepto de bienes que, a nuestro juicio, es obvio que estaba implícito.

Insisto, aunque coincidimos con el objeto, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, creemos que sería necesario discutir profundamente sobre el tema de las excepciones a las contrataciones del Tocaf.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16, tal como fue aprobado en comisión.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

Si los señores senadores me permiten, voy a fundar el voto luego de haber finalizado el tratamiento de la sección III.

He votado afirmativamente, pero quiero dejar planteada una preocupación de fondo que tiene que ver con los elementos que componen nuestro déficit.

En el análisis del presupuesto del año pasado uno de los elementos que se manejaron como componente importante del déficit fue el resultado de las empresas públicas, que arrojó un déficit importante. Este año las empresas públicas hicieron una contribución positiva y, sin embargo, el déficit se ha mantenido. Creo que hay causas estructurales que son fundamentales y que se relacionan, sobre todo, con la seguridad social y con el complejo balance demográfico que tiene nuestro país. Tenemos una carga muy importante y una gran cantidad de recursos que deben destinarse a la cobertura social de las generaciones de mayor edad, teniendo que atender a veces situaciones de desprotección que datan de hace bastante tiempo.

Durante muchos años hubo áreas importantes de la economía informal con un gran déficit de aportes, o subaportes a la seguridad social, lo que ha generado un gran desequilibrio que, a su vez, agrava el desequilibrio demográfico que tenemos en un país envejecido. También hay otros componentes del déficit que deben ser analizados en profundidad.

Por lo tanto, quiero dejar planteada esa preocupación: que podamos buscar herramientas que nos permitan atacar a fondo elementos estructurales que tienen que ver con la composición de nuestra sociedad. Me refiero, por ejemplo, a la baja natalidad, al déficit en las coberturas sociales, que muchas veces después nos llevan a situaciones en las que tenemos que implementar políticas para las futuras generaciones, ya sea en la ANEP o en la Universidad de la República. En ese sentido, creo que hicimos bien en sostener los recursos para la Universidad de la República, haciendo una apuesta al país que tenemos por delante, al país del futuro. Efectivamente, quería dejar planteada esa preocupación.

Hay elementos estructurales en nuestro déficit y entre todos debemos buscar mecanismos que nos permitan atacarlos para ir superando gradualmente esas situaciones que son estructurales del país, que incluso tienen que ver con nuestra composición social y demográfica, pero también con nuestra historia y con las dificultades económicas y sociales que ha vivido el Uruguay en los últimos años.

Muchas gracias.

Se pasa a considerar la sección IV, «Incisos de la Administración Central», que comprende los artículos 18 al 101.

Comenzamos con el inciso 02, «Presidencia de la República», que comprende los artículos 18 al 23.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: vamos a solicitar el desglose de los artículos 18 y 20.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta si consideramos solo el inciso o toda la sección.

SEÑOR MICHELINI.- El inciso 02, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 19, 21, 22 y 23.

(Se votan).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 18.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en este caso se trata de nuevas compensaciones. En realidad, ya me he referido a la situación irregular que se da con estas compensaciones de todo tipo, en el sentido de que no existe un ordenamiento del tema y, bueno, nosotros vamos a votar en contra de este artículo. Después van a decir que es legal porque es ley, pero advertimos que siempre hemos votado esto en contra y nos parece que ahora tampoco debemos acompañarlo.

SEÑOR AMORÍN.- ¡Apoyado!

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: también quiero hacer una fundamentación muy breve, como la que se hizo en contra de esto.

A nosotros no nos gustó, de entrada que se exceptúe esto del régimen dispuesto por el Estatuto del Funcionario Público. Así que nos dedicamos a esto y tenemos la información de todas las unidades ejecutoras de Presidencia de la República en cuanto a cómo remuneran a sus funcionarios. Además, esto está regulado por otra ley, previa al Estatuto del Funcionario Público, que es el Tofup. Esto va a incluir a cuatro unidades ejecutoras que, en realidad, no cobran por permanencia a la orden. O sea que esto será una forma acordada de negociación. En realidad, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se labró un acta entre la Presidencia de la República y los trabajadores, respaldada por COFE, creándose una comisión para discutir este asunto que implicaba una diversidad muy grande del sistema, con un plazo para expedirse. Se trata de que esto no sea una perforación permanente sino la aceptación de una realidad a los efectos de encontrar una salida para poder trabajar.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 24. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el inciso 02.

Se pasa a considerar el inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», que comprende los artículos 24 al 28.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: antes de pasar a la consideración de los artículos de este inciso que el Partido Nacional votará en su totalidad quiero señalar, en términos generales, que nuestro partido está muy preocupado por la situación de las Fuerzas Armadas. En general, creo que en los últimos tiempos los uruguayos han comenzado a percibir la verdadera situación de las Fuerzas Armadas, que ha generado una consideración con respecto a lo que ha sido su participación en diferentes eventos en el Uruguay.

Cuando se consideró este proyecto de ley en comisión, se dio un larguísimo debate con respecto al artículo 6.º, pero nosotros preferimos no participar en esa instancia ya que íbamos a opinar ahora. Nuevamente se hace una quita de $ 60:000.000 vinculados a vacantes en ese ministerio, que se suma a lo que ya en la discusión presupuestal se dio con respecto a las vacantes del inciso.

Quiero aportar un dato a fin de valorar –ya que la cifra es muy importante, en verdad– lo que significa la participación que están teniendo las Fuerzas Armadas en tareas que no se vinculan específicamente a su misión constitucional y legal. ¡La cifra es impresionante! Las Fuerzas Armadas dedican 6 millones –reitero: seis millones– de horas hombre por año para participar en tareas que no son directamente vinculadas a las funciones de dicha fuerza. Todos sabemos, todo el Uruguay sabe cuáles son esas tareas: las catástrofes naturales, la guardia perimetral carcelaria, la ayuda a las escuelas, el traslado de enfermos, el arreglo de infraestructura o el levantamiento de la basura –como me acota, con razón, la señora senadora Asiaín– en algunos departamentos del país, como Montevideo, pero también en el norte, como sucedió en Salto. Es decir, la lista es inmensa. Y reitero la cifra: 6 millones de horas de soldado, por hombre o por mujer, al año. ¡Es impresionante la cifra!

Esto está vinculado con una situación que no se puede dejar de considerar en paralelo: estamos hablando de 6 millones de horas hombre al año de soldados que ganan
$ 15.000. Si uno ve el recibo de sueldo –seguramente, todos aquí hemos tenido la oportunidad de ver un recibo de sueldo de estos uruguayos–, puede apreciar que la mitad de su remuneración está tomada por préstamos, pues entran en una calesita de préstamos porque sabemos que nadie puede vivir con $ 15.000. El 50 % de esos muchachos y muchachas –son personas muy jóvenes– viven en absoluta pobreza: son pobres de solemnidad. Su recibo de sueldo participa de una calesita de préstamos que hace que les sea absolutamente imposible vivir en esas condiciones. Este es un debate que el sistema político uruguayo se debe. Las Fuerzas Armadas del Uruguay están ubicadas, según los rankings más serios, en el último lugar de la región: el número once. Obviamente, no estamos diciendo que estos rankings deban estar vinculados a la capacidad de fuego de una fuerza. Sería una tontería y no resistiría el más mínimo análisis pensar que las Fuerzas Armadas uruguayas le van a declarar la guerra a alguien ni nada por el estilo. Si pensamos en esos términos, no podemos debatir nada, pero sin duda alguna, los desafíos que tenemos por delante son muy importantes.

Decíamos, con respecto a otro debate que se dio en este Senado –creo que la semana pasada o la anterior, si no recuerdo mal–, que las democracias modernas están sometidas a amenazas que no vienen en barco, pero que matan más que las cañoneras en otros tiempos. La mayor amenaza que tienen las democracias modernas hoy es el narcotráfico. Destruye democracias, pone presidentes, saca presidentes, corrompe partidos políticos, corrompe en la sociedad, es decir, institucionalmente es una amenaza muy seria para la cual no estamos preparados y mucho menos en una situación donde estas amenazas deban ser enfrentadas no solo por nuestras fuerzas de seguridad interna –la Policía–, sino también por las Fuerzas Armadas.

No se puede pretender enfrentar esta amenaza –después vamos a hablar de otras– con soldados que ganan $ 15.000, que están en la absoluta pobreza y, a la vez, con dos de nuestras Fuerzas Armadas –la Fuerza Aérea y la Armada– que, a pesar de que una debería volar y la otra navegar, son –ambas– terrestres. Ningún senador puede pensar ni decir que nuestra Armada nacional hoy puede navegar porque todos conocen cuál es su realidad y en la Fuerza Aérea, desgraciadamente, creo que hay ejemplos que por una cuestión de sensibilidad es mejor no dar. Entonces, señor presidente, creo que debemos darnos un debate serio sobre este tema.

Voy a agregar otro desafío sobre el que la semana pasada, por suerte, tuvimos buenas noticias: la extensión de la plataforma continental de Uruguay de 200 a 350 millas. Esto nos va a imponer responsabilidades y desafíos muy importantes. Obviamente, si no podemos salir a navegar, a corretear pesqueros que roban nuestra pesca en el Chuy, ¡imaginen lo que significa salir a custodiar y asumir responsabilidades en nuestra plataforma continental de 350 millas!

(Ocupa la presidencia el señor Guillermo Besozzi).

–A esto agrego algo que señalo con preocupación también institucional, y es la competencia que empieza a darse entre algunos ministerios o de uno de ellos con respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Me llama poderosamente la atención el poder de fuego y la asunción de competencias que eran típicas de las Fuerzas Armadas por parte del Ministerio del Interior. Me llama la atención y me preocupa. Me preocupa que, desde hace un tiempo a la fecha, el Ministerio del Interior haya iniciado un proceso de asunción de tareas que eran básicamente inherentes a las Fuerzas Armadas y se dé a la Policía un poder de fuego inexplicable para la tarea que puede hacer. Aquellos que están en estos temas y algo conocen de armamentos, pueden ver que algunas armas que está comprando la Policía, a impulso del Ministerio del Interior, no son precisamente para combatir las rapiñas en las ciudades. ¡Se trata de armamento de guerra!

Cuando uno ve que la Policía va a las fronteras –como fue el mes pasado en ocasión de los Juegos Olímpicos–, se pregunta, ¿pero las fronteras no participan de las tareas esenciales que tienen que cumplir nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué hace la Policía en la frontera cuando debe estar en las ciudades dedicándose a brindar seguridad a los uruguayos?

Aparece algo insólito: Fuerzas Armadas que cumplen tareas de policía al custodiar el perímetro de las cárceles y policías que van a la frontera a cumplir tareas del Ejército. ¡La verdad es que es llamativo!

Por estas razones es que –lo anuncio aquí– en los próximos días vamos a solicitar la convocatoria a comisión general del ministro de Defensa Nacional. Esto ya lo hemos hablado con representantes de los partidos políticos de la oposición y lo vamos a conversar en los ámbitos de coordinación del Senado la semana próxima porque creemos que es necesario que el Senado de la república debata este tema en profundidad. Creo que se trata de una situación de indefensión; este es un calificativo del que, obviamente, me hago cargo. ¡Uruguay se encuentra al borde de la indefensión! No tiene recursos materiales para enfrentar los desafíos y amenazas que el mundo moderno nos pone por delante.

Como estamos convencidos de que este es un tema institucional y que no hace a quien está en el Gobierno porque nos importa a todos como país, vamos a plantear que esto se analice porque creo que desde 1985 a la fecha nunca se ha realizado. Se ha hecho en las comisiones, a nivel del debate de la opinión pública en los medios de comunicación, pero el Senado de la república nunca ha discutido aquí, en esta sala, sobre el tema de la defensa nacional y la situación de las Fuerzas Armadas y por eso vamos a plantearlo en las próximas horas.

Con respecto a la reducción que se hace, me viene a la mente algo que sostenía –uno puede decir que sostiene– y que ha escrito en su calidad de profesor, el exsenador Korzeniak. Hay un artículo en la Constitución de la república que refiere a la obligatoriedad de que la Asamblea General fije el número de la fuerza armada necesaria. Así está textualmente planteado: «Designar todos los años la fuerza armada necesaria». Eso se ha hecho por defecto. Por ejemplo, cuando hoy discutimos el artículo 6.º, con la supresión de vacantes que hicimos lateralmente, no en forma expresa ni en virtud de los desafíos que tenemos ni de las misiones que deben cumplir nuestras Fuerzas Armadas sino de acuerdo con un criterio de recorte presupuestal, fijamos el número de la fuerza armada, cuando –notoriamente– hay que hacerlo en virtud de las necesidades del país y no de los problemas de caja. El profesor y exsenador Korzeniak, justamente, sostiene esto en alguno de los libros que he consultado en la Biblioteca del Poder Legislativo –consulto ahí porque yo fui a otra facultad–, donde señala que la Asamblea General ha omitido discutir estos temas expresamente.

Por todas estas consideraciones vamos a solicitar la convocatoria del ministro de Defensa Nacional en régimen de comisión general para poder analizar todos estos temas en profundidad.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir la señora senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Simplemente, quería recordar que en ocasión de discutir la Ley Marco de Defensa Nacional hubo varias reuniones preparatorias, se convocó a todos los ámbitos de la sociedad y se discutió el tema en profundidad. Puedo estar de acuerdo con el señor senador García en que debe ser un tema de discusión permanente, pero creo que el Senado no está tan omiso. Me parece que su afirmación fue un poco fuerte porque, en aras de la construcción de esa ley, recuerdo que el tema fue bastante discutido.

Simplemente, quería dejar sentada esa constancia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Recuerdo esa instancia, pero la señora senadora comprenderá que no es en esos términos que hago mi planteo. Para mí, la Ley Marco de Defensa Nacional es un «recorte y pegue» absoluto, ¡absoluto! Los únicos dos artículos novedosos que tuvo fueron la creación del Estado Mayor de la Defensa –Esmade– y del Consejo de Defensa Nacional que, según creo, se reunió dos o tres veces y ninguna de ellas nunca pasó de los quince minutos.

Vuelvo a aclarar: de las únicas dos novedades que tuvo, una de ellas fue vetada por el presidente Vázquez en su primera legislatura. Era una ley que enviaba el Poder Ejecutivo, el presidente Vázquez, en su primera legislatura. Cuando la aprobó el Parlamento, el presidente Vázquez vetó el cincuenta por ciento de las novedades que traía, que eran dos artículos, y la Asamblea General, por unanimidad, con votos de todos los partidos, levantó el veto que el señor presidente había interpuesto.

Por lo tanto, la señora senadora comprenderá que esa referencia que hacía la tengo anotada, pero no es lo que estoy planteando. Lo que planteo es discutir todo: la situación de las Fuerzas Armadas hoy, la situación de estar al borde de la indefensión –en la que creo que se encuentra el país, y me hago cargo de mis dichos– y la situación de los soldados uruguayos porque una cosa es no priorizar y otra, postergar. Creo que la situación de las Fuerzas Armadas y de los soldados uruguayos se ha postergado; no es que no se haya priorizado. Hubo una decisión y una voluntad política expresa que está incluida en las leyes. Cuando se han considerado ajustes salariales y se ha establecido a texto expreso que era para funcionarios civiles, se los ha postergado explícitamente. Creo que ha llegado el momento de analizar si un país como el nuestro puede tener soldados en situación de pobreza absoluta, cuando se trata de servidores públicos a los que les pedimos, por ejemplo, que a las dos o tres de la mañana, a cualquier hora de un 31 de diciembre, salgan a levantar la basura que no levantan otros funcionarios que ganan cuatro veces más que ellos, y dejen a sus familias en sus casas. Hay que analizar si es digno que tengamos soldados a los que les pedimos que arriesguen su vida para salvar a otras familias, dejando a su propia familia inundada, como sucedió a principios de este año en el norte del país, tomando los ejemplos más cercanos. ¿Es digno que tengamos funcionarios pobres de absoluta pobreza y les pidamos que salgan a cuidar a los doloreños –el presidente lo sabe, porque es de Soriano–, cuando estaban entregados a la buena de Dios, en una desgracia climática absoluta, y sean los primeros en llegar en menos de una hora? ¿Tenemos derecho a seguir omitiendo la consideración de esta realidad por temas que son ideológicos? Me parece que es oportuno discutir este tipo de cosas con absoluto respeto por todas las posiciones, poniendo blanco sobre negro y, sobre todo, en virtud de los desafíos que tenemos por delante. Reitero que esto no lo hago como integrante de la oposición, sino como senador de la república preocupado por los temas institucionales, en especial por el que creo más nos debería preocupar: la defensa y seguridad de cada uruguayo.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- En realidad, al incorporar la reducción de $ 60:000.000 al Ministerio de Defensa Nacional estamos dando cumplimiento al artículo 148 de la ley de presupuesto votada en el 2015. En este artículo se le permitía reasignar algunas partidas y aumentar $ 2000 a los aprendices, $ 1500 a los soldados de primera, $ 1000 al cabo de segunda y $ 800 al cabo de primera, líquidos en cada salario mensual a cambio de que el Ministerio de Defensa Nacional realice una reducción por concepto de vacantes de $ 256:341.020. Esta es la segunda vez que damos aumentos al personal subalterno a cambio de reducción de vacantes, pues ya lo hicimos también en el presupuesto de 2010, de idéntica manera. Este es el artículo 148 que se votó en la ley de presupuesto.

Cuando nosotros empezamos a tratar de financiar el artículo 6.º, es decir, cuando empezamos a tratar de encontrar formas de reducir el abatimiento presupuestal de los incrementos para el 2017, una de las cosas que se hizo fue reducir las vacantes del Estado, justamente, lo que nosotros llamamos rubro 0. Así hubo una reducción de las vacantes de todo el Estado, pero se exceptuó al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior. Si no hubiéramos exceptuado al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con lo que le estamos pidiendo al resto del Estado, este hubiera tenido que reducir vacantes por aproximadamente $ 100:000.000. Quiere decir que ni siquiera le pedimos un nivel de reducción de vacantes similar al que le estamos solicitando a los incisos. ¿Por qué le pedimos $ 60:000.000 de reducción de vacantes? Porque entendemos que si el Ministerio de Defensa Nacional tuviera que reducir vacantes por $ 256:000.000 tendría que ir reduciendo, supongamos que año a año, un equivalente a la suma que le estamos pidiendo.

En definitiva, como resumen de toda esta explicación técnica, con los $ 60:000.000 que le estamos pidiendo en el artículo 6.º no estamos más que cumpliendo con el artículo 148 del presupuesto. Simplemente, le estamos dando la indicación: «Redúzcalas ahora; no deje para reducirlas en el 2018, porque la plata la precisamos ahora».

En otro orden de cosas, sobre rankings, quiero decir que la estrategia de reducción de vacantes es empleada para reducir parte del inmenso déficit que generan las Fuerzas Armadas; en realidad, una parte muy importante del déficit es el de la Caja Militar, que en este último año es de USD 400:000.000. ¿Por qué usamos esta estrategia de reducción de efectivos? Porque Uruguay tiene la tasa de efectivos per cápita más alta de América Latina. Tenemos 64 efectivos cada 10.000 habitantes, aunque ahora me llegan datos de la Cepal, que dice que son 74 cada 10.000; hay que ajustar los números, pero Uruguay está arriba de toda América Latina. Para poner un ejemplo, Colombia tiene menos de 40 efectivos cada 10.000 habitantes, con los problemas de seguridad interna que tiene este país; además, tiene una encargatura directa a las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que sucede en Uruguay, es el Ministerio del Interior el que se encarga de los problemas de seguridad y no el de Defensa Nacional. Esto es así, no solamente por mandato normativo y constitucional, sino también porque el programa del Frente Amplio ha determinado que las tareas de seguridad interna son de competencia del Ministerio del Interior. Esta es la razón por la que el Ministerio del Interior, habida cuenta de los problemas de seguridad que tenemos –que están tan instalados en la opinión pública– ha recibido ingentes incrementos presupuestales en el presupuesto anterior y en este.

Entonces, ¿por qué usamos el mecanismo de reducción de vacantes? Porque el número de efectivos per cápita es lo que abulta en el presupuesto de las Fuerzas Armadas e impide incrementar las inversiones, que es algo que debe hacer. Además, este número de efectivos per cápita solo se explica por la historia del Uruguay y no por las tareas que tiene que acometer la defensa del Uruguay. Cuando salimos de la dictadura teníamos 42.000 efectivos per cápita y hemos ido reduciendo de a poco hasta llegar a los 27.000 que tenemos actualmente. Antes de la Dictadura había 16.000 efectivos per cápita. Quiere decir que la dictadura se dedicó a aumentar el número de efectivos per cápita, a triplicarlos, por una razón simple: los militares no solo tenían que gobernar este país en la Dictadura sino que, además, se quedaron con una cantidad de tareas que eran de competencia de otros organismos del Estado, como la aviación civil, la marina mercante, el cuidado de los parques nacionales, meteorología, justicia militar, etcétera. En definitiva, durante la Dictadura las Fuerzas Armadas se distribuyeron a lo largo y ancho del país y aumentaron su número de efectivos y su presupuesto. Desde el final de la Dictadura hemos venido reduciendo ese número, junto con una reducción en las tareas de las Fuerzas Armadas. No queremos que las Fuerzas Armadas colonicen áreas enteras de lo que deben ser actividades de otras reparticiones; no nos parece que las Fuerzas Armadas tengan que controlar la aviación civil, el Instituto Uruguayo de Meteorología, la marina mercante ni los parques nacionales. De a poco vamos devolviendo a otras reparticiones del Estado –o creando como en el caso de Instituto Uruguayo de Meteorología– lo que estaba allí. Esta es la razón por la cual optamos desde hace mucho tiempo por la reducción de vacantes, porque es la manera justa. Lo que abulta es el número de efectivos.

Para terminar, señor presidente, quiero decir que las Fuerzas Armadas cumplen tareas subsidiarias de apoyo en el Sistema Nacional de Emergencias, si hay que recoger la basura, etcétera, pero son tareas subsidiarias. No existen fuerzas armadas en el mundo que se definan por sus tareas de colaboración en el trabajo social, sino que se trata de tareas subsidiarias. Las llevan a cabo las Fuerzas Armadas pero, también, el Cuerpo de Bomberos, el municipio, el Sistema Nacional de Emergencias.

En cuanto a los $ 15.000 de sueldo de los soldados expreso lo siguiente. ¡Qué decir de los policías, que arriesgan la vida mucho más que los soldados todos los días por un sueldo similar! ¡Qué decir de las maestras, que no arriesgan la vida, pero cumplen una función muy noble en este país, que es educar a nuestros niños! En fin, este país está lleno de salarios de $ 15.000 y también en el Estado; hay una gran cantidad de docentes que ganan $ 15.000 por mes.

La Universidad de la República, de la que hablábamos recién, tiene un gasto anual de USD 400:000.000, con sus 100.000 alumnos y con sus docentes a lo largo y ancho del país. El déficit de la Caja Militar en un año es de USD 400:000.000, es decir, el equivalente a todo el gasto de la Universidad de la República.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Esta última parte de la intervención de la señora senadora Moreira la dejo porque, notoriamente, en las palabras que expresó hay mucho desprecio y hasta cierto odio. Creo que no es bueno en la vida para ningún sector de la sociedad y trabajadores de la sociedad tener odios como el que se ha expresado.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Llámelo al orden, señor presidente!

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Diríjase de la mejor manera, señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Me estoy dirigiendo de buena manera, señor presidente, pero cuando se ataca a muchachos y muchachas que dan tanto por el Uruguay y que no están acá, asumo la necesidad de defenderlos. Y voy a hacerlo con la calma y la apertura que tengo. Me parece que no es bueno que desde el Senado de la república se viertan expresiones de odio y de desprecio –reitero– hacia uruguayos y uruguayas que por $ 15.000 el Gobierno del Frente Amplio llama cada vez que las papas queman. No corresponde, señor presidente. Lo que he dicho lo asumo y lo ratifico: con desprecio y odio.

También hay más policías en Uruguay que en México, por ejemplo, con todo el problema del narcotráfico que existe, y no escuché a nadie que planteara la necesidad de reducir el número de policías. Sería desatinado porque, en definitiva, el número se define por las misiones que se le encomiendan. No es real que las Fuerzas Armadas no participen de la seguridad interna. Por disposición legal lo hacen la Prefectura Nacional Naval y la Fuerza Aérea –por intermedio de la Policía aeronáutica–, pero también lo hace cuando cuida el perímetro carcelario. El Gobierno del Frente Amplio tuvo una iniciativa legal –que nunca aplicó, pero que forma parte del derecho positivo–, para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de las puertas de las cárceles. ¿De qué me hablan, señor presidente, cuando dicen que no se encarga de la seguridad interna? Si fue el Frente Amplio el que le encargó tareas vinculadas a la seguridad interna. ¿Acaso el perímetro carcelario no es seguridad interna? ¿Por qué no se hicieron cargo de las puertas de las cárceles? Porque todos sabemos que fundamentalmente el Ministerio del Interior –también el Ministerio de Defensa Nacional– tuvo reparos para ello. El Partido Nacional no lo votó; yo argumenté en contra de esa misión, porque creía que no era bueno.

Es por todas estas circunstancias que queremos discutir estos temas; nos hace bien hacerlo, pero con respeto, con consideración y sin desprecio, entendiendo que todos los uruguayos que brindan algún tipo de tarea y a los que recurrimos habitualmente merecen ser considerados y respetados.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: rechazo tajantemente que una opinión sobre cómo deben manejarse los recursos del Estado sea traducida en desprecio, odio y todos los adjetivos que se pusieron.

Ayer, cuando el señor senador Agazzi hizo cierta afirmación, hubo una reacción colectiva virulenta y nosotros planteamos que, justamente, lo que hace daño son estas cuestiones maniqueas. Ahora bien, si tener una visión sobre cómo deben distribuirse los recursos del Estado –entre ellos los del Ministerio de Defensa Nacional– es odiar, podría decirse que hay odio contra todo el mundo, y en el pasado ni se sabe. Esto no funciona así.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Quiero decir enfáticamente que no quiero que las Fuerzas Armadas estén acá, porque ya estuvieron unos años en el Consejo de Estado. Por supuesto que quiero que haya Fuerzas Armadas profesionales con el número adecuado, pero no estamos en un país en el que sobren los recursos. Estamos distribuyendo de la mejor manera lo que falta, no lo que sobra. Por lo tanto, en una situación en la que debemos hacer una consolidación fiscal, tenemos que ir resolviendo los distintos problemas. Como bien decía la señora senadora Moreira, no estamos agregando un recorte más a las Fuerzas Armadas, sino adelantándolo. Hoy se discutía mucho el tema del abatimiento y ahora estamos adelantando algunas acciones que están previstas en el presupuesto, pero rechazo enfáticamente que esto implique un odio hacia las Fuerzas Armadas ni hacia nadie. Es muy malo llevar el tema a ese extremo. ¿Qué es lo que se busca? ¿Se está buscando que la institución Fuerzas Armadas odie al Frente Amplio? En los tiempos oscuros el Frente Amplio era un objetivo y se lo quería hacer desaparecer por cincuenta años, pero eso no implicó ningún odio. Nuestro líder histórico era un general, entonces, ¿de qué odio me hablan?

Una cosa es defender apasionadamente las distintas posiciones con los argumentos y discrepancias que cada uno tenga y otra es atribuir intenciones o, lo que es peor, odios o desprecios que no tenemos por nadie, salvo que sean enemigos de la democracia.

Queríamos dejar esta constancia.

Gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: no solamente es un despropósito adjudicarme intenciones, sino que también es un acto de violencia política hacia mi persona. Trato de ser objetiva y respetuosa con todo el mundo. He hecho una exposición objetiva de estos temas y me parece que hablar de odio y de desprecio cuando lo que estoy haciendo es manifestar con toda la claridad posible las ideas que he sostenido desde hace mucho tiempo, es una violencia contra mi persona. En este caso, además, se trata de una precisión conceptual con respecto al porqué de esta reducción de las vacantes. Es más, ni siquiera estamos discutiendo el inciso «Ministerio de Defensa Nacional» porque en ese caso podría decir un montón de cosas, ya que tiene otras asignaciones presupuestales y refuerzos de rubros. Pero, reitero, ni siquiera estamos discutiendo el inciso referido.

Insisto, me parece un despropósito y un acto de violencia política hacia mí, que no soy violenta con nadie. Por mujer y por política, detesto la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

(Apoyados).

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: el recurso de acusar a los demás de violencia, generalmente es usado por quienes son violentos y se esconden en diferentes consideraciones para poder decir lo que se quiera e impedir que los demás digan lo que piensan. Como acá hay muchos testigos de la forma en la que nos expresamos, si hay algo claro es la racionalidad y civilidad con la que actuamos. Lo que pasa es que cuando hay pensamientos únicos, como el que expresa la senadora Moreira –que es una persona que no admite un pensamiento contrario–, no admite que se pueda debatir con ella. Discúlpeme señora senadora Moreira, aludiéndola por decimoquinta vez, que voy a hacerlo toda vez que sea necesario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjase a la Mesa, señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Disculpe, señor presidente. Cuéntele a la señora senadora Moreira que voy a seguir defendiendo mis ideas a pesar de que a ella no le guste, porque acá, durante muchos años y siendo muy joven, ¡bien que arriesgué lo que había que arriesgar para que gente como la senadora Moreira pudiera expresarse de esa forma!

Señor presidente: ratifico desde la primera hasta la última palabra y, por más que la senadora Moreira caiga en un recurso tan menor como es el de recluirse como persona agredida, la verdad es que los agredidos son otros, son los que no se pueden expresar y han soportado opiniones rencorosas y llenas de odio como las que se han expresado y se vienen expresando desde hace ya mucho tiempo. En cuanto a la patente sobre la lucha por la libertad, nos parece que no tenemos que dar examen.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: cuando se alude a una compañera de bancada, se alude a toda la bancada. Acá se aludió a la señora senadora Moreira y, además, se le atribuyó intenciones que nunca expresó.

No solo quiero solidarizarme con ella, sino señalar que la forma en que se expresó fue la manifestación de una postura política y una explicación vinculada a los temas que desarrolló; en ningún momento fue otra cosa.

La verdad es que no me parece bueno que, después de haber hecho una reflexión casi al final de la sesión de ayer, ahora comencemos los integrantes de este Senado a atribuirnos intenciones. Además, al igual que la senadora, interpreto que atribuirle esas intenciones fue realmente una situación de violencia política. Quería solidarizarme con ella y plantear también mi postura. Falta que ahora se diga que soy violenta porque hablo de violencia. Y no es así.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: quiero informar a la cámara –como ya lo hice en la comisión– que la Comisión de Defensa Nacional se ha ocupado de estos problemas. Obviamente, como los legisladores tenemos derecho a convocar a los ministros cuando lo consideremos necesario, invitamos al ministro, al subsecretario y a los comandantes en jefe para hablar de las carencias de la cartera, que son obvias.

Nadie desconoce que el país no tiene disponibilidad como para comprar dos o tres naves para custodiar nuestras aguas. Es verdad que ahora tenemos 83.000 kilómetros cuadrados más de territorio marítimo; evidentemente eso implica gastos y ni esta Administración ni la pasada tenían recursos para adquirir naves para custodiar el mar.

Señor presidente: nosotros creemos que se puede dar un debate interesante y me parece que hay que abordar este tema a partir de los servicios que prestan las Fuerzas Armadas al país.

En mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, en el mes de enero estuve recorriendo y visitando a los damnificados y a los efectivos en Artigas, Paysandú y Salto, acompañado por legisladores de estos departamentos. Esta es la realidad del país: en el año 1959 –si no me falla la memoria– hubo que llamar al Ejército nacional para dinamitar los terraplenes de la Rione para evacuar el agua que había en la ciudad de Paso de los Toros; procedimiento que fue liderado por el entonces coronel Líber Seregni. Las Fuerzas Armadas siempre han estado brindando estos servicios a la sociedad, que no son bélicos. Esto no quita que en su momento el país adquiera lo que está necesitando, cuando tenga las posibilidades de hacerlo. Hay varias propuestas que se están estudiando desde el Ministerio de Defensa Nacional, y así lo dijo en sala el ministro Menéndez y anteriormente el extinto ministro Fernández Huidobro en la Comisión de Defensa Nacional. Por lo tanto, señor presidente, quiero dejar esta constancia.

Por otro lado, creo que es bienvenida la invitación al debate que nos debemos porque seguramente será muy constructivo.

En cuanto a la exposición de la senadora Moreira, creo que se ha expresado en términos muy reales y, al mismo tiempo, muy detallados con respecto a los números de este inciso.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señor presidente: desde el Partido Colorado simplemente quiero marcar un aporte. Estamos convencidos de que la cartera de Defensa Nacional, más allá de que sea un ministerio o parte del organigrama nacional, realmente es distinta a todo lo demás. Creo que lo positivo de estas diferencias o aportes que realizan los integrantes de todos los partidos es que tenemos, como legisladores y como país, un tema importante a resolver porque la situación de las Fuerzas Armadas en la actualidad y en el futuro realmente es triste y caótica. Hace poco tiempo no fuimos a ninguna guerra pero, lamentablemente, cayeron dos aviones y perdimos a cuatro uruguayos.

Está claro que más que hacer discursos hay que empezar a demostrar con más presupuesto. En cada una de las fuerzas hay rubro 0, el aporte a los salarios supera el 70 % y el 80 %, y los números de inversión en algunos casos no llega al 5 %. No está previsto invertir nada. Creo que el mayor aporte que podemos hacer los legisladores a una política nacional de antes, de ahora y del futuro con respecto a nuestras Fuerzas Armadas, que estuvieron, están y estarán por encima de nosotros y de nuestros Gobiernos nacionales, es poner este tema a discusión para empezar a revertir esta situación difícil.

Por lo tanto, de este intercambio, de esta histórica discusión que se puede generar –menos pagos, menos aportes y menor inversión– capaz que desde nuestro partido hacemos el aporte de ponernos a trabajar en una misma línea. Creo que la discusión sobre si deben existir o no las Fuerzas Armadas –al menos así lo dijeron el recientemente ministro fallecido Fernández Huidobro, y el nuevo ministro en la comisión–, ya está laudada. Todos coincidimos en que las necesitamos, es real. Si eso es así, tenemos que empezar a trabajar y a aportar con hechos y no con discursos. En este caso creemos en ese escenario.

Es cuanto quería decir, después de presenciar esta discusión en el Senado que por el tono en que se dio ninguno quedó cómodo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: voy a tratar de ir por el camino que debemos ir todos.

Desde ya adelanto que vamos a votar todos los artículos propuestos para este inciso. Cuando el Ministerio de Defensa Nacional estuvo en la comisión le hicimos dos preguntas que le costó contestar. Son sobre temas muy importantes y queremos reiterarlas para que quede constancia en la versión taquigráfica.

Dado los notorios y tristes episodios que habían ocurrido en el último mes y medio en los que les costó la vida a cuatro ciudadanos uruguayos, preguntamos al ministro si contaba con el presupuesto suficiente como para mantener en funcionamiento el equipamiento aeronáutico del Uruguay. Nos contestó que las misiones se iban a cumplir, que se iba a hacer el esfuerzo y nosotros le dijimos: «Mire, ministro, queremos ser bien claros. El momento de discutir los presupuestos y los recursos es ahora, y usted tiene el deber de asegurar que cuenta, o no, con los recursos suficientes como para poder brindar los servicios en la materia aeronáutica. Queremos un sí o un no. ¿Cuenta con los recursos?». El ministro contestó que sí. Para nosotros eso fue muy importante porque los lamentables accidentes ocurridos con muy pocos días de diferencia nos generaron muchas dudas ya que pudieron deberse a la falta de presupuestos suficientes. Por suerte el ministro nos aseguró –lo que significa asumir una responsabilidad– que cuenta con los recursos suficientes. Dejémoslo anotado porque si no, obviamente, creo que todos estaríamos votando más recursos porque ninguno de nosotros queremos poner en peligro la vida de más compatriotas.

Por otro lado, nos pareció muy importante lo que se planteó en cuanto a tener una sesión para discutir sobre las Fuerzas Armadas en una política de reducción de efectivos que han seguido todos los Gobiernos desde el año 1985. ¡Todos! Y si los seguimos obviamente es porque todos lo compartimos.

En 1985, el Ministerio de Defensa Nacional llevaba el 14 % del presupuesto; en 1996, se bajaron 5 puntos y quedó en 9,4 %; en 2001, se bajaron 11 puntos –2,5 puntos más que al inicio– y quedó en 7 %; en 2006, se bajó al 5,7 %, casi un punto más; en 2012, se bajó a 4,2 %, alrededor de un punto más; y el año pasado llegó al 3,6 %, es decir, 0,6 puntos menos. Este achique –que si se hizo fue porque todos entendimos que era necesario– provocó el siguiente problema: a menor cantidad de efectivos, menor cantidad de personal en actividad para financiar las jubilaciones. Este sistema ocasionó un déficit que no se puede solucionar desconociendo el legítimo derecho que tiene toda persona a jubilarse si hizo sus aportes; eso va de suyo. Sencillamente esto no se puede solucionar a través de una ley porque sería inconstitucional; es un derecho adquirido que no se puede afectar, ni siquiera si se utilizaran vías oblicuas. La vía oblicua sería poner un impuesto porque no se pueden bajar las jubilaciones. Pero ello también es inconstitucional, porque no se puede hacer lo que prohíbe la ley o la Constitución aunque, en realidad, no se estaría poniendo un impuesto para recaudar, sino para financiar lo que hay que pagar, quitándole al que tiene derecho a percibir esa suma. A su vez, sería inconstitucional porque se violaría el principio de igualdad ya que no se puede poner un impuesto por la profesión o a la actividad que se realice, y menos hacerlo tan explícitamente para bajar el costo de la Caja Militar.

Sin lugar a dudas, el país tiene un problema y me parece que es muy bueno plantearlo y discutirlo acá, entre todos nosotros, con todo el respeto, el calor y la fuerza que podamos ponerle. A veces me paso un poco en la fuerza y el calor, pero trato de no ser irrespetuoso. Por eso me parece que nunca son buenas las generalizaciones.

Celebro la realización de una sesión en régimen de comisión general para poder discutir todo, incluso si son necesarias las Fuerzas Armadas. No tengo problema en discutir si vamos al modelo de Costa Rica o el que sea, pero me parece que no tenemos que venir con preconceptos. Además, creo que algún día, en lugar de hablar solamente del presupuesto, tendremos que hablar de misiones, tareas y gestiones a cumplir.

Si alguien piensa que no tenemos que cuidar el mar territorial y el recurso de la pesca, que lo diga. Si alguien piensa que no tenemos que cumplir con las obligaciones que la extensión de la plataforma continental puso a cargo de Uruguay para hacer salvatajes en esa área, que lo diga y, entonces, debemos sacar el costo de brindar esas tareas. Si alguien piensa que no tenemos que cuidar con radares la invasión de nuestro espacio aéreo y nuestros aeropuertos, que nos diga cómo vamos a hacerlo porque un costo va a tener. Si alguien piensa que no debemos tener la custodia perimetral de las cárceles o la custodia de la frontera seca de la forma como la tenemos hoy, que nos diga porque de alguna manera hay que hacerlo. Si alguien entiende que el Uruguay no tiene que participar en las fuerzas de paz, que lo diga también.

Sí coincido en que pensar en unas Fuerzas Armadas como instrumento de defensa de un ataque exterior es mucho y a veces me pregunto para qué tenemos tanques. Cada vez que me los cruzo en las carreteras nacionales me lo pregunto. Entiendo que tengamos aviones y barcos para cuidar el mar territorial, pero lo de los tanques todavía me lo estoy preguntando. Con todo respeto digo que si nos llegan a invadir Brasil o Argentina duraremos un rato, no porque no seamos valientes –esta no es una cuestión de valentía–, sino porque los otros son más grandes y tienen más cañones, más tanques, etcétera. Me parece que lo que tenemos que hacer en esos casos es salir corriendo a pedir a alguien que nos defienda, que es la única forma en la que podemos tener algún tipo de éxito, además de que los uruguayos nos subiremos a la cuchilla. En realidad, ya ni cuchilla queda donde meternos porque nos encontrarán enseguida con los GPS, pero daremos la batalla si nos toca. ¡Ojalá nunca suceda! Lo más fácil es hacer trabajo de inteligencia y lo que hizo el doctor Vázquez cuando tuvimos el conflicto con Argentina. ¿Se acuerdan? Tuvo miedo de que nos invadieran y fue a hablar con Condoleezza Rice a Estados Unidos y le dijo: «Manden este mensaje: si nos atacan, ustedes nos defenderán». Y bueno, creo que está bien. Cuando le van a pegar al hermano más chico, ¿qué hace este? Va y le cuenta al papá para que lo defienda y parece que nosotros en ese momento hicimos lo mismo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: se da por hecho que vamos a tener un debate, pero nosotros lo daremos si contamos con la más mínima consideración de respeto entre nosotros; de lo contrario, no vamos a debatir. Si un senador o senadora que no está de acuerdo con alguien opina que ese alguien es una persona llena de odio, eso no es debate. Por tanto, cuando se plantee la sesión para debatir sobre el tema, en la coordinación vamos a pedir a los partidos que expresamente den garantías de respeto como hemos hecho hasta ahora. Si algún miembro no lo hace, los partidos se harán cargo, porque nosotros no podemos aceptar ni tolerar que cuando una persona discrepa, en un ámbito donde la discrepancia es lo natural, se lo descalifique diciendo que está llena de odio.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Partido Colorado presentó un sustitutivo para el artículo 24, que figura en la hoja 3.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso 03, que va del artículo 24 al 28.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 04, «Ministerio del Interior», que comprende los artículos 29 a 42.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- El Partido Nacional solicita el desglose de los artículos 33, 34, 38, 39 y 40.

Por mi parte, quisiera hacer algunas consideraciones generales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Después de los pedidos de desglose, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Nosotros solicitamos el desglose del artículo 42.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ahora sí, tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en la discusión general hicimos duros cuestionamientos, no al señor ministro, pero sí a la gestión de la cartera, y comparamos los resultados con los aumentos de presupuesto. No voy a volver sobre ese tema porque figura en la versión taquigráfica, pero sí quiero complementar esa información. Como recordarán los señores senadores, dije que en el período 2006-2010 el Ministerio del Interior contaba con USD 1.829:000.000 y que en la era Bonomi, de 2011-2015, pasó a tener USD 3.858:000.000, o sea, aumentó más del doble. Agregábamos que, si tomamos la ocurrencia de rapiñas como un dato de la realidad, nos encontramos con que en el período 2001-2005 se cometieron 2600, pero ya en el período 2006-2010 pasaron a 6000, mientras que en el período 2011-2015 a 6100.

Con respecto a los homicidios, comparé los datos de Montevideo con los de Nueva York, Madrid y Buenos Aires, y nosotros teníamos una tasa cada 100.000 habitantes más alta que todas estas ciudades. También señalé que la cantidad de homicidios iba en aumento: 289, cuando en 2014 eran 268, o sea que sigue habiendo más homicidios. Pero quizás no pueda responsabilizar al ministro de que haya más homicidios porque eso tiene que ver con la sociedad, pero sí de aclararlos o no. El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior señala que en 2015 el 40 % de los homicidios quedaron sin aclarar –o sea, 115 homicidios sin aclarar–, a pesar de que se dispone del doble de datos. Asimismo, aumentó la cantidad de homicidios cometidos por menores que, de 20 en 2014, pasó a 30.

Otro dato de la realidad que me interesa señalar, como una exigencia que se nos plantea al Senado de la república o, por lo menos, a la oposición, es que tenemos el récord histórico promedio de actividades delictivas. Hoy se produce un homicidio cada 30 horas, una rapiña cada media hora y 12 hurtos cada una hora. Se estima, por parte de muchos observadores, que el 40 % de los delitos no se denuncian. La tasa de esclarecimiento de las rapiñas es muy baja: de 21.000 rapiñas, solo el 9 % se esclarece: 2000 rapiñas.

Es notorio, señor presidente, que los resultados del Ministerio del Interior no son muy buenos. Las denuncias sobre violencia doméstica siguen creciendo: en 2015 fueron 31.000. No tenemos, lamentablemente, datos sobre esclarecimientos o procesamientos en relación con estas denuncias –que sería la forma de determinar si el Ministerio del Interior fue eficiente o no en el cumplimiento de sus funciones–, lo que demuestra su fracaso.

Queremos complementar los números que hemos señalado para que se tenga un concepto claro. Los hurtos aumentan todos los años. El último año aumentaron el 2,7 %. Esto nos hace pensar que, frente al esfuerzo que se ha realizado, para que en el período 2016-2020 el presupuesto del Ministerio del Interior sea de USD 4.695:000.000, debemos exigir resultados. No puede ser que se esclarezca solamente el 9 % de las rapiñas y se siga sin saber quiénes son los responsables del 40 % de los homicidios, sobre todo, habida cuenta de que tenemos la tasa de homicidios más alta, por lo menos en comparación con las ciudades que mencioné antes, como Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

Consideramos que es el fracaso o una suerte de rendición de la gente que está al frente del Gobierno, que cree que estos números no se pueden cambiar.

Estos son los comentarios que queríamos hacer en forma general sobre el Ministerio del Interior.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: en este capítulo dejaré de lado los resultados del Ministerio del Interior, pues los ha referido el señor senador Heber y, obviamente, en los hechos no son buenos. Sin embargo, quiero mencionar algunos elementos positivos y otros que es necesario corregir.

Los dos primeros artículos correspondientes a este inciso son espectaculares, ¡ojalá hubiera más! El artículo 29 establece: «Las dependencias policiales no cobrarán la expedición de copias autenticadas de partes de accidentes de tránsito». Está bueno que se disponga: «no cobrarán».

El artículo 30 deroga el impuesto a los bailes públicos. ¡Bien! Se deroga un impuesto. Así como criticamos la aplicación de algunos impuestos, es bueno señalar cuando los eliminan, porque a pesar de que la recaudación no sea mucha es bueno que le faciliten al ciudadano.

El artículo 32 es muy bueno, porque refiere a la inserción laboral de las personas liberadas. Nos parece que gran parte del tema pasa por una medida de este tipo y por eso pensamos que en algún momento tendremos que discutir sobre el sistema penitenciario y crear un instituto aparte para trabajar sobre la reincidencia, que es una variable que influye mucho también.

El artículo 33 no vamos a acompañarlo porque crea una fundación y no establece los controles que debiera tener. Nos parece importante señalar que esta situación se repite en más de un artículo: se crean fundaciones para hacer lo que el Estado no hace, y después se les termina pagando salarios, etcétera, produciéndose una fuga del derecho administrativo. En algún momento tendremos que ocuparnos de este tema.

El artículo 34 es uno de los que más nos preocupan, incluso, la corrección que se le hizo en la comisión agravó aún más el error. Brevemente, señalo lo siguiente: se establece un sistema de pasantías para aquellas personas que estuvieran privadas de libertad, lo cual es muy bueno, pero si esas personas trabajan en una pasantía, como mínimo se les debe pagar lo que establece el derecho laboral. Además, en el inciso quinto se violenta lo dispuesto en esa norma, pues establece que los contratos a término pueden dejarse sin efecto en cualquier momento, pero, en realidad, si se hace un contrato a término debe cumplirse con el plazo. Esta cláusula es inconstitucional porque el derecho al trabajo está bajo protección constitucional, y así debería ser declarada.

Incluso, el último inciso establece: «El beneficiario de la pasantía deberá percibir por parte de la empresa o institución respectiva una retribución equivalente a un salario mínimo nacional o lo que acuerden las partes, respetando los convenios celebrados por la rama de actividad respectiva». A este respecto, el ministro dio una respuesta ingeniosa: «Pero ¿usted qué quiere? ¿Que le reconozcamos el derecho a las vacaciones al privado de libertad?». En realidad, la vacación va a ser estar preso y no va a salir a trabajar, lo cual va a ser una sanción –en esto tiene razón–, pero por lo menos, si no se le reconoce la vacación porque se le concede la posibilidad de trabajar, que se le reconozca el salario vacacional. O sea, que se le reconozca el derecho a otros rubros. Esto debería ser así, si respetamos el derecho laboral tal como se debe. De todos modos, es claro que si esto es objeto de un reclamo, se lo van a reconocer por más que lo establezcamos acá.

Es muy bueno el artículo 36 porque viene a solucionar un problema muy grave referido a la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. En concreto, se responsabiliza y se sanciona a los gestores en caso de que no cumplan las disposiciones. Dado los problemas surgidos con las habilitaciones de bomberos, parece muy sensato que se dé esta suerte de privatización de las habilitaciones. El especialista, el responsable técnico, es quien presenta el trabajo, solicita la habilitación en la Dirección Nacional de Bomberos y después se controla si se cumplió o no. Este es un buen avance.

La señora senadora Topolansky se va a reír, pero seguramente recordará que en el período pasado hicimos algo parecido y, en aquella oportunidad, no estuvo muy contenta conmigo cuando señalé que se privatizaba una habilitación municipal. Observo que –como dije– se ríe; recordaba esa instancia. Como ve, señora senadora, le presto atención.

En fin, son caminos de miniprivatizaciones que me parece que hacen más fácil la vida del ciudadano y es bueno que así sea.

Otra norma muy buena es el artículo 41, que crea un fideicomiso para el fondo de vivienda. Como todos sabemos, uno de los problemas más graves que se dan en muchos barrios es que los policías y sus familias conviven con los delincuentes. Por eso, la creación de un fondo de vivienda soluciona ese problema y es un paso muy importante para estos funcionarios.

Llegados a este punto, quiero señalar que nos preocupan mucho dos cosas. Una es que estamos creando una gran fuerza policial, como antes se creó una gran fuerza militar. Puede ocurrir que en algún momento tengamos más jubilados, pero si todo anda bien y las políticas dan resultado, necesitaremos menos efectivos de policía. Entonces, dentro de 15 o 20 años se tendrá el mismo problema con las jubilaciones. Por supuesto, no lo tendremos que resolver nosotros, pero lo deberíamos prever para no dejarles a nuestros nietos esos problemas.

Me preocupa más todavía lo que se dispone en el artículo 40 y, por tanto, no lo vamos a votar. En realidad, compartimos una parte de ese artículo porque habilita al Ministerio del Interior a adquirir, importar y utilizar municiones adecuadas para el cumplimento de su misión. Está bien; es cierto que en este tema ha habido un trancazo porque se debe hacer el registro en el Servicio de Material y Armamento, que es donde se centraliza el servicio. No defiendo este servicio, pero considero esencial que haya un solo registro y no dos, pues de acuerdo con esta norma tendremos un registro en el Servicio de Material y Armamento que depende del Ministerio de Defensa Nacional y se agrega que el Ministerio del Interior podrá importar lo que le parezca, sin dar a conocer la información correspondiente, en especial, al Parlamento.

Que se importen municiones, está bien; admitimos que se necesitan para que funcionen las pistolas, pero en el artículo se coló una palabra que me preocupa porque, junto con las municiones, se autoriza a importar armamento. ¿Qué es «armamento»? Una pistola es armamento, un rifle es armamento, y sería conveniente disponer de una suerte de registro de eso.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quería informar al pleno del Senado y también al señor senador Bordaberry que vamos a pedir que este artículo pase a comisión para analizarlo, discutirlo y volver a redactarlo si es necesario, con todo el tiempo que ello amerite. Algunos de los problemas fueron mencionados por el señor senador Bordaberry, pero puede haber más. Por tanto, cuando llegue el momento de la votación del artículo solicitaremos que pase a la Comisión de Constitución y Legislación.

Simplemente, quería hacer esta aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Qué linda es la sensación cuando uno encuentra caminos de entendimiento!

No tengo nada más que decir.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Quisiera hacer algunas precisiones en torno a algunos artículos del Ministerio del Interior.

En virtud de las consideraciones generales que se han pautado, quiero reafirmar que el país ha hecho un esfuerzo importante con relación a la instrumentación de diferentes herramientas para dar respuesta a los planteos de inseguridad que muchas veces surgen de la ciudadanía. No desconocemos que este es uno de los temas que generan una gran sensibilidad, lo que queda demostrado en la información que presentan las distintas consultoras en sus estudios de opinión pública.

Parte de esa preocupación se ha pautado desde el Gobierno y desde nuestra fuerza política porque entendemos que esta es un área de trabajo prioritaria, a tal punto que se han realizado diferentes manifestaciones y puesto en práctica algunas acciones. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que el propio presidente de la república haya asumido un rol protagónico al convocar a los distintos partidos políticos, a efectos de seguir generando herramientas que ayuden a mejorar la seguridad y, sobre todo, la convivencia. Incluso, habíamos planteado acciones tendientes a mejorar fuertemente los salarios policiales, lo que se ha implementado desde el primer Gobierno del Frente Amplio, y mejorar las jubilaciones del personal policial. Sin lugar a dudas, la preocupación que señalaba el señor senador Bordaberry en cuanto a empezar a prever a futuro es algo a considerar. ¿Por qué? Porque parte de esta política ha sido dotar de más recursos para contar con más efectivos pero, a pesar de ello, nos llegan demandas de la población que en cierta manera no han sido satisfechas porque para dar esas respuestas se necesita destinar recursos humanos.

Este tema ha sido soslayado en la discusión de varios incisos. En el caso del personal policial, el Ministerio del Interior en 2005 contaba con 27.105 efectivos, mientras que en 2015 dispone de 33.102. Este dato figura en la exposición de motivos de la rendición de cuentas.

Ha sido una permanente preocupación del Gobierno generar mejores condiciones de seguridad para la población. Ahora bien, parte de las políticas de seguridad dentro de una construcción positiva, como pretendemos lograr, radica en disminuir las tasas de reincidencia en los delitos, pero para ello es fundamental la reinserción social de los liberados, ya sea mediante el trabajo, la reinstalación con su familia o la conformación de una familia y la satisfacción de las necesidades básicas. Todo esto depende de que se pueda desarrollar críticamente ese primer paso en los primeros tiempos de la liberación: el de la reinserción social. Es ahí donde todavía tenemos grandes dificultades, dificultades que surgen a veces de las restricciones culturales de nuestra sociedad. Quienes hemos estado vinculados a liberados y conocemos el trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados –tal como estaba establecido anteriormente–, sabemos las dificultades que existen para que esas personas puedan incorporase en distintos trabajos. Es por eso que acá se incluyen normas, algunas de las cuales las tenemos que concebir como específicas y especiales, porque no es que desconozcan el derecho laboral, sino que comienzan a regular un derecho que no podía ser ejercido. Esa es la realidad. Los liberados tienen derecho a trabajar, pero no pueden conseguir empleo porque cuando se les pregunta qué hicieron el año pasado y responden que estuvieron recluidos, no los toman y quedan fuera. No es que se desconozca el derecho laboral, sino que tratamos –y ese fue el fundamento que expresaron las autoridades del ministerio durante su comparecencia ante la comisión– de generar una normativa que proteja esa posibilidad real de contar con un trabajo y con un salario, que luego habilite a la persona a continuar en esa reinserción social tan necesaria para alguien que tiene dificultades por la condición de ser liberado del sistema carcelario.

Creo que ese es el gran fundamento de estas normas. No se trata de violentar el derecho laboral, sino de generar nuevas normas, ya que por el derecho laboral y por la dinámica de acceso al trabajo que hoy tenemos, este sector de la población, que es vulnerable, todavía no tiene una cabida realmente posible y aceptada. Por eso están planteadas estas condiciones, que entendemos son un aliento importante para una de las tareas más significativas que debemos lograr si queremos una mejor convivencia, que es la reinserción social de quienes son liberados.

Eso, simplemente, era lo que queríamos agregar, señor presidente, como un fundamento y una constancia de lo que hemos trabajado en la comisión por este articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 29 a 32 inclusive, 35, 36 y 37, y el artículo 41.

(Se votan).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 33.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 34.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: con respecto a este artículo, el Partido Nacional presentó un sustitutivo que mejora la redacción y evita cualquier tipo de reclamo laboral, porque tal como estaba redactado el texto enviado por el Poder Ejecutivo, como el que se aprobó en la comisión, entendemos que se corre el riesgo de que se generen problemas ante reclamos a nivel jurisdiccional por parte de los beneficiarios de este sistema. Como dije, presentamos un sustitutivo que, en definitiva, habilita el sistema pero da más garantías al contratante, que es uno de los puntos más importantes para dar sostenibilidad y credibilidad al tema de los liberados, para que estos puedan insertarse en el mercado de trabajo.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 34.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 38.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 39.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 40.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: vamos a pedir que este artículo pase a la Comisión de Constitución y Legislación.

Estamos de acuerdo con que se legisle en la dirección indicada, pero creemos que tenemos que estudiar más la temática, de tal forma que podamos hacer un buen equilibrio entre la importación –que es el pedido que ha hecho el Ministerio del Interior– y lo concerniente a los registros, que es la preocupación que hay con respecto a este tipo de armas y de municiones.

A esos efectos estamos haciendo este planteo.

Esta intervención, así como la de otros integrantes cuando se habló respecto a este inciso y se efectuaron fundamentos de voto, son elementos que eventualmente podrán servir para clarificar, a efectos de que senadoras y senadores que integramos esa comisión podamos tomar esta propuesta y transformarla en un proyecto de ley.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: queremos expresar nuestro reconocimiento a la bancada oficialista por considerar la solicitud de tratamiento más profundo de un tema que nos preocupa.

Nuestro pensamiento va en la misma dirección de lo que había empezado a argumentar el señor senador Bordaberry cuando lo interrumpió la señora senadora Topolansky para plantear lo que acaba de confirmar el señor senador Michelini. Las dos cosas nos parecen importantes y queríamos dejar sentada la decisión de dar una discusión en profundidad sobre un tema complejo, así como también el reconocimiento expreso a la bancada de gobierno por la voluntad de propiciarla.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en el mismo sentido, quiero decir que me parece bien y sensato que este artículo pase a comisión, sobre todo porque el ministro del Interior, cuando en comisión cuestioné la redacción de este artículo 40, anunció que enviaría un texto diferente, que no vino. Dijo que este artículo estaba mal redactado y que la intención era hacer referencia a municiones y no a armamento, y tampoco tener un registro separado. Nos dispusimos a aguardar, pero como ese texto no ha venido me parece sensato que se pase el artículo a comisión, a la espera de que venga una redacción correcta. En este sentido, vamos a acompañar la propuesta de pasaje a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pasaje de este artículo a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

Hemos aprobado el inciso 04.

Pasamos a considerar el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas», que comprende los artículos 43 a 47.

Consulto a los señores senadores si desean plantear algún desglose.

SEÑOR DELGADO.- Vamos a pedir el desglose del artículo 44, señor presidente.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: voy a ser breve. No vamos a votar el artículo 44 por un tema de violación de algunos principios de competencia. Aquí hay una cantidad de operaciones y de datos precisos que se van a hacer públicos y que pueden afectar el interés de quienes hacen estas operaciones. Se va a decir cuánto cuestan artículos muy concretos y, naturalmente, en el ámbito comercial eso puede ser bastante complejo. Por tanto, repito, no vamos a acompañar este artículo.

Por otra parte, quiero hacer un comentario acerca del artículo 46, que tiene que ver con un tema que se ha tratado largamente en el Senado, que es el de la situación de los funcionarios de la ANEP que tienen como función el cobro del impuesto de primaria. Lo que se pretende con este artículo –y con un artículo espejo que hay en las normas de la ANEP– es que puedan pasar a cumplir funciones en la Dirección General Impositiva o que se queden en la ANEP pero sin perder, en ninguno de los casos, las remuneraciones y los derechos que tienen al día de hoy.

Era cuanto quería expresar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 43, 45, 46 y 47.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 44.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: el artículo 44 faculta a la Dirección Nacional de Aduanas a publicar determinada información relativa a operaciones de comercio exterior de mercaderías, tanto de importación como de exportación. Cabe destacar que no enumera taxativamente aquello a informar, sino que dice «incluyendo» y no agrega «exclusivamente». Quiere decir que hay que publicar determinadas operaciones, y la Dirección Nacional de Aduanas puede publicar algunas otras que entienda pertinentes.

Cabe aclarar que planteé esto en comisión y la bancada del Frente Amplio igualmente lo votó, aunque también es cierto que varios señores senadores dijeron que iban a reflexionar sobre el artículo. Tengo aquí una nota de la Cámara Mercantil y creo que algunos señores senadores tienen una similar. Además, en el día de ayer mantuve una reunión con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por el tema de las importaciones.

En realidad, este artículo posibilita la difusión de información detallada sobre las empresas en lo que respecta a sus operaciones de comercio exterior de mercadería, ya sean exportaciones o importaciones, eliminándose el secreto de las actuaciones previsto en el artículo 7.º del Código Aduanero Uruguayo, que obviamente rige el accionar de la Dirección Nacional de Aduanas. En caso de aplicarse esto en su máxima expresión –no se excluye esa posibilidad, porque dice que todo esto debe publicarse, pero eventualmente puede pedirse alguna información más–, dejaría al descubierto la actividad comercial de las empresas, sus contactos, y muchas veces los mercados, las estrategias, etcétera. La verdad es que me parece un peligro frente a la posibilidad de conseguir algunas ventajas competitivas.

En el informe que se nos ha entregado se expresa que la Ley n.º 18381, «Derecho de acceso a la información pública», en los literales A) y B) del artículo 10, determina lo que es información confidencial. Dice que es aquella que refiere al patrimonio de la persona y comprende hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico, administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor.

Obviamente, la Dirección Nacional de Aduanas, el Estado uruguayo, corre el riesgo de incurrir en una irresponsabilidad al afectar la legítima actividad económica de las empresas exportadoras, con un agregado –que es algo muy común en el comercio exterior–, porque como en las operaciones de comercio exterior intervienen dos partes, se puede tener responsabilidad ante la difusión de datos provenientes de negocios habitualmente pactados con cláusula de confidencialidad entre las partes, lo que perfora la voluntad de las partes de mantener en reserva la operación. Esto, que puede ser un tema de excesivo celo –y así pueden entenderlo–, podría generar un riesgo –y lo digo en condicional– en el mal uso de esta facultad.

Reitero: tal como está redactado el artículo, se corre el riesgo de que la Dirección Nacional de Aduanas pueda exigir más información de la que aquí se enumera.

Estamos desnudando operaciones de estrategia comercial ante nuestros competidores, que no dan ninguna información; estamos perforando normas como la Ley de Acceso a la Información Pública, o el artículo 7.º del Código Aduanero Uruguayo y, eventualmente, cláusulas de confidencialidad entre partes intervinientes en un negocio. Quiero advertir que esto puede generar responsabilidad del Estado, de la aduana –lo digo en condicional–, lo cual nos llevará a correr algunos riesgos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de la escuela n.º 8 de la ciudad de Paysandú.

Gracias por visitarnos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: aquí tenemos dos elementos a tutelar. Por un lado, la transparencia y, por otro, el buen desempeño de las empresas cuando compiten. Creemos que el mundo se está dirigiendo más hacia el tema de la transparencia. Esta facultad que se da a la Dirección Nacional de Aduanas la iremos evaluando. La aduana podrá incluir toda o parte de la información, y cuando se trate la rendición de cuentas el año que viene, lo evaluaremos. En principio, ponemos en la balanza un dedo que ayude más al tema de la transparencia, a los efectos de una buena competencia. Si una misma mercadería, con un mismo origen, con un mismo precio, ingresa por un rubro distinto, ahí sí habría competencia desleal, pero creo que habría que hacer una evaluación del funcionamiento el año que viene.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Claramente, no es el objetivo debatir sobre este tema.

La transparencia de la operación está garantizada porque la Dirección Nacional de Aduanas tiene todos los datos. Lo que permite este artículo es publicarlos, no para que los conozca la aduana o todos los organismos que tienen que controlar, sino para que los conozca toda la población, incluso la competencia de quienes hacen la importación o la exportación. Cuando la competencia conoce al que hace la importación, sabe de dónde importa y cuánto importa, y eso es claramente un perjuicio comercial.

Me parece bien que se tengan todos los datos, pero hacerlos públicos –y de acuerdo con este artículo lo pueden hacer– puede perjudicar la competencia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Se trata de dos bienes a tutelar. Veamos el año que viene cómo funcionó esto.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: no comparto el argumento esgrimido por el señor senador Michelini, aunque puedo llegar a entenderlo.

El tema de la transparencia –lo decía muy bien el señor senador Amorín– está garantizado. Los datos que la Dirección Nacional de Aduanas necesita para las empresas, así como el canal al cual asigna las operaciones, es responsabilidad de la aduana pedirlos, asignarlos, custodiarlos y, eventualmente, ante un incumplimiento, denunciarlos. Por eso existe la justicia aduanera, que trabaja en el tema.

Pero esto va más allá, porque se trata de publicar una cantidad de datos en una página de acceso público, a la que van a acceder los competidores. Me contaban algunos exportadores, sobre todo los que exportan a China, que en ese país es imposible conseguir información de las empresas. Creo que en esto estamos siendo más realistas que el rey. Podemos hablar de la OCDE, del intercambio de información tributaria, etcétera, pero en esto, repito, estamos siendo más realistas que el rey, porque además le estamos dando una facultad a la aduana que puede ser peligrosa en su uso, y aclaro que esto no tiene nada que ver con la transparencia; estamos siendo pragmáticos en el tema de la competencia.

Quiero ser muy claro y, a la vez, muy cauto. Me parece que esto puede tener efectos colaterales no deseados, y ante la posibilidad de que se pierda un negocio de exportación o importación que beneficie a Uruguay, prefiero que la iniciativa pase a la Comisión de Hacienda a fin de analizarla con más detenimiento y, eventualmente, votarla aparte, después de haber estudiado y escuchado a las partes involucradas, sobre todo, a los operadores que utilizan la aduana en forma constante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 44.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores», que comprende los artículos 48 a 50.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», que comprende los artículos 51 a 67.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: propongo que se desglosen los artículos 51, 53, 62 y 63.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 52, 54 al 61 y 64 al 67.

(Se votan).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 51.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 53.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 62.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 63.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 25. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: en realidad, quiero hacer dos fundamentos. El primero de ellos tiene que ver con el artículo 55, por el que se torna preceptiva la intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante el proceso judicial cuando hay productos de origen animal y vegetal que fueron ingresados al país en infracción. En este caso, el Partido Nacional no solo propuso la frase «de origen animal y vegetal» como frase y como concepto, sino que además estableció un plazo de 10 días corridos para expedirse, lo que fuera acompañado por la bancada de gobierno. Nos parece que eso mejora la redacción.

Con relación al artículo 66, relativo al fondo arrocero, realmente preferíamos la redacción original, que no incluía la palabra «exclusivamente», por entender que se limita de manera excesiva la posibilidad de cancelación de las deudas de los productores arroceros.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería», que consta de un artículo: el 68.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador, antes de la votación.

SEÑOR DELGADO.- No vamos a desglosar este artículo porque es el único. Entonces, vamos a hablar ahora por más que el presidente del Cuerpo prefiera una vez que nos callemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si quiere seguimos hasta mañana de tarde. Nos encanta escucharlo, senador Delgado. Adelante.

SEÑOR DELGADO.- A mí me encanta que el señor presidente no me deje hablar, pero poder hacerlo es parte de los pocos derechos que tenemos en esta cámara.

El Partido Nacional votó en contra de este artículo por el que se crea una fundación llamada Industria del Futuro. Sin dudas, si uno ve sus objetivos, los tiene que compartir, pero hurgando en la fundamentación y luego de leer, releer y volver a releer las explicaciones brindadas por la señora ministra de Industria, Energía y Minería en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la verdad es que cada vez nos convencen menos. Este es uno de los instrumentos de la huida del derecho administrativo del que habla con mucha solidez el doctor Carlos Delpiazzo. En realidad, en principio parece que va a trabajar en convenio con la ANEP, aunque de este convenio el organismo no se ha enterado. Además, aparentemente, va a trabajar en enseñanza curricular, pero después también va a brindar y a vender servicios de cursos y certificaciones, e incluso asesoramiento técnico. Pero, a su vez, a esta fundación que va a funcionar en la órbita del derecho privado pero que en realidad está integrada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en convenio con ANEP –supuestamente–, se le transfiere, entre otras cosas, la posibilidad a título gratuito de transferencia en carácter de aporte de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de su sede. Por otra parte, también se la exonera del pago de determinados impuestos.

Creemos que hay objetivos que se pueden lograr tratando de optimizar los recursos y los instrumentos que tenemos. Ahora bien, para generar este Estado paralelo e ir agrandándolo –que seguramente será más ágil–, nos faltan datos: cuál será su presupuesto, cuántos funcionarios tendrá, cuáles son sus objetivos concretos, qué tipo de asesoramiento va a brindar, y sobre qué materias se impartirán esos cursos y se otorgarán las certificaciones de capacidad en recursos humanos.

En definitiva, esta es una idea que se plasmó en un artículo y con cuyo objetivo general podemos coincidir, pero ciertamente discrepamos con el instrumento, sobre todo cuando está en discusión el tema de este Estado paralelo que es tan grande como el original, pero, seguramente, con muchos menos controles.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: fundamentalmente por una cuestión de técnica jurídica y legal, me parece que no se puede votar este artículo. Además, es como firmar un cheque en blanco. Fíjense los señores senadores en lo que dice el inciso tercero: «Los organismos –o sea, la ANEP y el Ministerio de Industria, Energía y Minería– quedan habilitados a transferir a título gratuito a la Fundación, en carácter de aporte, los bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de la sede de la misma». Entonces pueden hacer la sede que tengan ganas, por los fondos que tengan ganas. Eso es lo primero a señalar.

En el inciso segundo, por su parte, se establecen una cantidad de objetivos que parecen exceder, realmente, los objetivos de una fundación. En primer lugar, el fin es «promover una alianza estratégica y establecer las bases a través de las cuales las partes desarrollarán actividades, programas o proyectos de cooperación en áreas de interés y beneficio mutuo». O sea que se promueve una fundación para desarrollar un plan entre ellas mismas. Bueno, puedo aceptarlo. El segundo fin es «apoyar los planes de enseñanza curricular correspondientes y ofrecer a los sectores productivos cursos específicos, para el perfeccionamiento y certificación de capacidades de sus recursos humanos […]». O sea que la ANEP y su consejo desconcentrado, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, van a ofrecer cursos a través de una fundación. Bien. Y, en tercer lugar, van a brindar «asesoramiento para la automatización de procesos en el sector productivo». Una fundación que integra ANEP va a brindar asesoramiento para la automatización de procesos en el sector productivo. Explíquenme eso.

A mí me parece que a esto no le pusieron «pienso». Esa es la verdad. Dijeron: «Bueno, vamos, pásenlo para ver qué podemos hacer». Cuando preguntamos, las respuestas no fueron satisfactorias.

Además, se trata de una fundación que va a prestar servicios de asesoramiento –por eso hablamos de la huida del derecho administrativo– y por esa prestación se la exonera del impuesto. En competencia con empresas del sector privado, no; pero si no es así, se le exonera del impuesto, de acuerdo con el inciso cuarto. Creo que eso no está bien. Cuando consultamos al respecto, la respuesta que se nos dio fue que cuando hagan el estatuto de la fundación van a pensar en todas estas cosas y a establecer los montos de los aportes. ¡No! Esto es un cheque en blanco al Ministerio de Industria, Energía y Minería, para hacer una fundación, sin control.

Justamente, esta fundación no va a tener control del Tribunal de Cuentas. Por nuestra parte, pedimos que, por lo menos, se incluyera una norma que estableciera que en las contrataciones que hace la fundación habría que tener la intervención preceptiva del Tribunal de Cuentas, o un control. De otro modo, después, ¿a quién contrata, con todos los fondos que se le pueden transferir a título gratuito? Realmente, bien usada va a andar bien; mal usada, va a andar mal. Entonces, hay que prever que no sea mal usada y sea bien usada.

Es por esas razones que no vamos a acompañar este artículo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: tampoco nosotros vamos a acompañar este artículo. No lo votamos en la Cámara de Representantes y tampoco lo haremos en el Senado.

Creemos que, efectivamente, forma parte de las cada vez más ingeniosas fórmulas para evadir las exigencias, los controles y las rigideces del derecho público, del derecho administrativo.

Que un ministerio sea copropietario de una fundación, inclusive para que ella lleve adelante actividades que son propias de una consultora, característica típica de una empresa privada, me parece realmente sorprendente. Es la segunda fundación que se incluyó en esta rendición de cuentas, pues hay otra en el Ministerio del Interior. Y después tenemos cada vez más colecciones de casos que, en realidad, ingresan en el campo del derecho privado, con recursos públicos, que no tienen control del Tribunal de Cuentas. Esta historia la conocemos y nos ha dado varios dolores de cabeza, relacionados con otros instrumentos, como las sociedades hijas, nietas, etcétera. ¡Y seguimos inventando cosas! En verdad, realmente sorprende el ingenio, pero a nuestro modo de ver son estrategias totalmente equivocadas que generan al país una pérdida creciente de control sobre los recursos que son de todos, pero que a través de estos subterfugios terminan evadiendo los controles básicos que deben tener los recursos que se producen con el esfuerzo de todos los uruguayos.

Es por estas razones que vamos a votar en contra, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 68.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas», que comprende los artículos 69 a 72.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: solicito que se desglose el artículo 70.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: solicito que se desglose el artículo 72.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 69 y 71.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 70.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

 –17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 72.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 27. Afirmativa.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: el articulado comprendido en el inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas», fue tratado en la comisión abarcando las distintas direcciones que comprenden esta importante secretaría de Estado: la Dirección Nacional de Hidrografía; la Dirección Nacional de Arquitectura y la Dirección Nacional de Vialidad. Fue así que en oportunidad de comparecer el ministro ante la comisión, consultamos sobre todas ellas.

En relación con la Dirección Nacional de Hidrografía, planteamos el tema vinculado a la compra de una draga por USD 60:000.000, cuya licitación fue observada por el Tribunal de Cuentas. También hicimos –oportunamente– planteamientos vinculados a la acumulación de lodo en la terminal Cuenca del Plata y al proyecto de construcción de un nuevo acceso elevado en la incorporación de áreas al recinto al puerto de Montevideo.

Asimismo, consultamos y recibimos respuestas acerca de la Dirección Nacional de Arquitectura. Nos preocupaba –y había sido motivo de tratamiento en la consideración del presupuesto– el tema de los avances en el objetivo de convertir a la unidad ejecutora en servicio descentralizado.

Básicamente –para acotar la discusión–, señalamos que tenemos dos grandes preocupaciones. Una de ellas está vinculada a la Dirección Nacional de Transporte. El Partido Nacional solicitó expresamente que se procure equilibrar el destino de las políticas sociales de subsidio del boleto que se llevan adelante. Según se nos informó, en el año 2015 se alcanzaron los USD 10:000.000 para promover el traslado de 57.000 estudiantes en el interior del país; USD 28:000.000 para el traslado en Montevideo, aunque no se nos pudo definir el número específico en este caso de los estudiantes alcanzados por este importe; y USD 1:300.000 para el traslado de alumnos en zonas rurales del país. En este último caso, naturalmente, por no contar las rutas con ómnibus de línea, se dificulta mucho más la aplicación de la respuesta y, también, la encarece.

Valoramos el compromiso del señor ministro de promover un mayor equilibrio.

Nuestra preocupación e inquietud se centran, fundamentalmente, en la Dirección Nacional de Vialidad y en todo lo que tiene que ver con las obras de ejecución vial.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Sabemos que en la actualidad hay tres formas de ejecución vial: las obras por administración –para las que se dispone de los fondos del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de las diez regionales del interior del país–; las obras de la Corporación Vial del Uruguay –son 2700 kilómetros de red más las concesiones privadas de las rutas 5 y 8– y las obras a través de los proyectos de PPP. Con franqueza decimos que, en este sentido, existe una situación cada vez más compleja; así lo expresamos en oportunidad de considerarse el presupuesto quinquenal.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene ocho proyectos viales por un total de USD 740:000.000, de los cuales solamente el Proyecto «0» –correspondiente a las rutas 21 y 24– cuenta con la adjudicación provisoria y está en proceso de ser adjudicado definitivamente. Asimismo, se encuentra en proceso de estudio la licitación del Proyecto 1, que comprende las rutas 12, 54, 55 y 57.

A nuestro juicio –y así se lo expresamos al señor ministro–, hay que plantear una revisión de la normativa y acotar los plazos, porque si esta modalidad de contratación no se hace más atractiva, evidentemente tendremos que admitir que estamos ante una falta muy grave en materia de ejecución en uno de los medios que nos van quedando como posibles para hacer lugar a una respuesta que no ha llegado en el tema de la inversión.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en realidad, nos equivocamos. Nuestra intención era hablar en general sobre el inciso, pero perdimos la oportunidad de hacerlo.

A modo de fundamento de voto, diremos dos o tres cosas que consideramos importantes.

En primer lugar, voy a referirme a la etapa posterior al desastre de la administración llevada adelante por el exministro Pintado al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aclaro que estoy tratando de no aludir; simplemente, hablo del exministro –si está acá, es otro tema– y de la Administración anterior, que fue realmente desastrosa, de lo peor que ha habido en la historia. Sin perjuicio de ello, pensábamos que el ministro Rossi iba a presentar a la comisión un plan de obras más consistente para resolver la emergencia que existe en el país; sin embargo, nos siguen hablando de las famosas PPP, y bajo esta modalidad hay solo una ruta.

En la comisión tuve oportunidad de calcular ante el señor ministro el promedio de lo que él tendría que gastar para poder cumplir con lo anunciado por el presidente Vázquez. Como se recordará, se dijo que en el quinquenio habría USD 12.500:000.000 de inversión pública en el país, de los cuales USD 2.600:000.000 corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en forma directa. El ministro Rossi no viene ejecutando bien y tiene dificultades con las PPP.

Nosotros tratamos de preguntarle cuáles eran las dificultades, porque si hay que modificar la ley estamos dispuestos a hacerlo. Lo que queremos es que se realicen obras y no pasarle la cuenta al ministro Rossi. Se la pasamos porque no nos trae un proyecto alternativo; vemos inacción en una cartera en la que es fundamental realizar una buena acción. Daría la impresión de que los proyectos de participación público-privada no están siendo atractivos para el empresariado nacional que, de alguna manera, debe asumir el compromiso de varios años de administración y mantenimiento de ella.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Creo que sería importante –termino, señor presidente, porque el error fue nuestro; quizá en otra oportunidad podamos abundar sobre este punto– que el señor ministro y el Parlamento se reunieran con los empresarios para saber cuál es el problema. No queremos que haya una alta rentabilidad –porque la pagará el pueblo uruguayo–; no queremos excesivas rentas, pero sí que exista una suerte de renta que permita que asociarse con el Estado sea negocio y, de este modo, podamos tener las rutas bajo la modalidad de proyectos PPP. Así como vamos, estaremos siempre en anuncios y nunca concretaremos los proyectos de participación público-privada. Es más, todo el presupuesto de obras está descansado en esto.

Era cuanto quería expresar.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: no voy a hacer un autobombo de lo que hemos hecho porque no vale la pena; está todo registrado y se ha repartido documentación al respecto. Sin duda, no se leyó, pero eso no importa. En realidad, lo más importante es la evaluación que hizo la gente del Gobierno del Frente Amplio.

En lo personal estoy tranquilo porque, mientras exista tal disparidad entre lo que sostienen algunos señores senadores y lo que opina la ciudadanía, hay Gobierno del Frente Amplio para rato. Entonces, nos quedamos tranquilos. Ahora bien, como eso no nos alcanza, siempre trataremos de mejorar para que la ciudadanía tenga más y mejores Gobiernos del Frente Amplio con más y mejores apoyos ciudadanos.

La gente ya laudó, por lo que no vamos a seguir en una especie de contencioso dialéctico que no conduce a ningún lado. La evaluación de la gestión anterior la hizo la gente.

Muchas gracias.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: hemos votado estos artículos con plena confianza en la gestión del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, por lo que hizo en el primer período. Asimismo, me sumo a las palabras pronunciadas por el señor senador Pintado con respecto al período en el que estuvo al frente de la cartera. Además, me consta que en este período no hay solo un proyecto de participación público-privada en marcha, sino que varias rutas ya están encaminadas y sé que se han tomado una serie de medidas. Conozco de cerca la propuesta para facilitar la iniciativa y sé que se piensa desarrollar el plan de obras durante los tres años que tenemos por delante.

Por otro lado, conocemos al ministro Rossi y sabemos que, más allá de todo el diseño de comunicación y de proyección de palabras, lo que importa es la obra que se va a hacer, y tenemos certezas en ese sentido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura», que comprende los artículos 73 a 81.

SEÑOR MIERES.- Solicitamos que se desglose el artículo 77.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Solicitamos que se desglosen los artículos 78, 79 y 80.

SEÑOR PRESIDENTE.-­ En consideración los artículos 73, 74, 75 y 76.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 77.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: pido que se me aclare este punto. Si interpreto bien, a través de este artículo se utiliza una parte del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual que promueve la creación audiovisual de la sociedad uruguaya para pagar contratos dentro del Ministerio de Educación y Cultura, en el área vinculada a la televisión nacional y, de alguna manera, a los medios de comunicación del Estado.

Esto realmente es una desnaturalización absoluta de un fondo que, de por sí, es muy pequeño. Además, está en juego el apoyo a los autores nacionales, a la cultura nacional y al desarrollo audiovisual que, como bien sabemos, es valioso –vaya si hay ejemplos recientes de éxitos de varios cineastas y creadores culturales– y, de esta manera, le estamos sacando la plata. Es un fondo pequeño y encima desviamos parte de sus recursos para pagar contratos de técnicos vinculados a la gestión de los medios de comunicación del Estado. Realmente, me parece increíble.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: me sumo a lo mencionado. Cuando les hicimos ver lo que decía el señor senador Mieres a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional, nos dijeron que estaban de acuerdo.

Esta es la típica norma que mandan a la rendición de cuentas y pasa, porque no dice nada que podamos advertir en el momento. El artículo 77 comienza diciendo: «Autorízase a la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional a financiar las contrataciones dispuestas en el artículo 195 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, en la redacción dada por el artículo 441 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015». ¿Qué dice esta redacción? ¿Qué es esto que nos dicen que financiarán?

Pido a los señores senadores que lean el artículo 195 de la Ley n.º 18834 y se darán cuenta de que no solamente se podrá contratar técnicos, sino también periodistas. Es más, creo que ya hay novecientos periodistas que trabajan en el Estado, según un informe que salió hace poco. Con esta norma podremos contratar más, pero bajándole a la promoción del cine, de lo cultural. Además, la ley establece que no solo se podrá contratar periodistas, sino también reporteros, operadores de radio y encargados de relaciones públicas. Quiere decir que, en lugar de apostar a la promoción cultural y al cine, orgullo nacional –como la película Whisky, o el trabajo del director Federico Álvarez, que llegó a Hollywood, etcétera–, financiará a los encargados de relaciones públicas.

Ni siquiera se aclara la norma, en tanto se expresa que es la ley tal, en la redacción dada por tal otra ley. Me pongo muy nervioso cuando pasa esto.

Nos dieron seguridad al decir «miren que no va a ser para periodistas o para locutores». Bueno, ¡limítenlo! Limiten el artículo 195 de la Ley n.º 18834 y establezcan para qué va a ser, pero no sigamos con esto. Al final parece una legión de encargados de relaciones públicas, reporteros, operadores de radio, directores de informativos, periodistas y locutores.

Sé que es el cuarto poder y que debemos respetarlo mucho, pero también necesitamos el cine y el audiovisual.

Si pudieran limitar esto, quedaría agradecido. Creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: no me especialicé en este artículo ni quiero entrar en su discusión. Simplemente me gustaría aclarar que en la fundamentación del articulado se habla de la necesidad de «contar con personal especializado en la internacionalización y circulación de contenidos nacionales»; en cuanto a las causas del problema, menciona «falta de recursos especializados», mientras que en los resultados esperados de la propuesta, establece: «La complejidad de las nuevas condiciones globales atenta contra la diversidad en la medida en que no se atienda a la competitividad, por lo cual es esperable que junto al diseño estratégico, la incorporación de profesionales redundará en un proceso exitoso. Se propone la autorización para la realización de contratos laborales –esto es lógico– con cargo a créditos presupuestales ya asignados».

Esta es la fundamentación que realiza el ministerio con relación al tema.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: quiero acotar algo con respecto al fundamento citado por la señora senadora Moreira.

Acá se ha hecho un gran bombo sobre esto. Está bien, hay que cuidar los dineros públicos, pero estamos hablando de $ 1:800.000. Se critica que este dinero es para contratar. Pero ¿cuánto van a contratar? Eso lo definirán el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional, pero con $ 1:800.000; por lo tanto, el universo es bastante restringido.

Por otra parte, ellos fundamentaron que son personas vinculadas a la producción audiovisual que, trabajando dentro de esos servicios, ayudarían al desarrollo de este sector.

Me llama la atención que en este país el fondo lo creó nuestro Gobierno y resulta que nos acusan de que somos nosotros quienes lo queremos matar.

SEÑOR HEBER.- Por eso nos asombra.

SEÑOR PARDIÑAS.- Ustedes nos adjudican esto. El año pasado, en la discusión del presupuesto, entre las reasignaciones –en las que trabajamos con la señora senadora Moreira y otros senadores– hicimos hincapié en buscar alternativas para incrementar el fondo.

Hay una política de desarrollo para promocionar esto. Todo lo que hoy mencionaron que fue obtenido por nuestra producción audiovisual se debe a una política, señor presidente, no a que los genios hayan aparecido ahora. Seguramente el Uruguay tiene creadores y genios desde hace muchos años, pero no había un espacio y un apoyo para que pudieran desarrollarse. El avance tecnológico también permitió que pudieran hacerlo en forma más explosiva.

Nosotros tratamos de reafirmar que la política audiovisual se desarrolla a partir de promociones que, en este caso, están vinculadas al servicio audiovisual estatal que depende del Ministerio de Educación y Cultura.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: invito nuevamente a los señores senadores a leer el artículo 195 de la Ley n.º 18834. ¡Por favor, háganlo!

Entiendo y valoro la existencia de una ley que promocione el sistema audiovisual –es muy bueno–, pero haber sido su promotor no significa que ella se pueda usar para cualquier cosa. No es darles piedra libre a decir «ahora nadie objete porque la creamos nosotros». No, disculpen, pero justamente vamos a objetarlo.

Esa ley relativa a los recursos del cine y de la producción audiovisual nacional permitirá al Ministerio de Educación y Cultura contratar personas para dirección de informativos, dirección de realización audiovisual, dirección de arte, dirección de fotografía, dirección de promociones, asesor de programación, programadores, realizadores audiovisuales, asistentes de la dirección, periodistas, reporteros, productores de programas, productores periodísticos, conductores, columnistas, guionistas, corresponsales, locutores, operadores de radio, sonidistas de radio, fotógrafos de página web, encargados de relaciones públicas, técnicos de redes y editores.

Además, en el segundo párrafo establece: «Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar dicha nómina cuando los avances asociados a la evolución de las comunicaciones requieran el desempeño de nuevas tareas». Es como decir: «Dale al que quieras».

Al parecer se le quitan fondos a la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional para financiar toda esta nómina de asesores en comunicación. Está bien, ahora no lo van a usar y, además, se dice que es por veinticuatro meses, pero se puede prorrogar automáticamente cuando falten treinta días.

Creo que no deberíamos dar esta autorización ni sacar dinero del cine para todo esto. Me parece que sería bueno que lo revieran. Es una piedra libre que en épocas electorales se puede confundir, porque con el fenómeno del multiempleo muchas veces algunos aparecen trabajando con un contrato aquí y asesorando con otro contrato allá. No es bueno que exista la posibilidad de realizar todas estas contrataciones. Los representantes de la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional que concurrieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda dijeron que no lo iban a usar para eso y que estaban dispuestos a limitarlo, pero no se limitó. Entonces, limítenlo y lo votamos todos con mucho gusto.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: dicen que la diferencia entre los latinos y los arios es que los arios dejan hacer, evalúan y, si se hizo mal, castigan mucho; en cambio los latinos ponemos tantos controles que no dejamos hacer. Si uno divide $ 1:800.000 entre 12 y entre la cantidad de funcionarios que pudiera haber, con leyes sociales, en el mejor de los casos estaríamos hablando de tres personas y media.

Naturalmente, a la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional la deberíamos financiar fuera del fondo; además, en la situación en que estamos hay que incrementar el fondo, más allá de que necesita controles y evaluación. Ese fondo también se nutre de aportes de empresas, que seguramente tendremos que evaluar. Entonces, me parece que por la magnitud de este tema, no se lo afecta vitalmente. Podemos chequearlo en la propia rendición de cuentas en el futuro. Y no hay dudas de que el Ministerio de Educación y Cultura tiene un compromiso con el tema de la cultura.

Entiendo que haya desconfianza y que quizás a este artículo en comisión no se le dedicó el tiempo necesario –más bien lo vimos poco–, pero cada vez estoy más proclive a dejar hacer y evaluar, llegado el caso, con dureza. Creo que esto es preferible a que nada se haga. Quizás el fondo, sin las personas que tienen que integrarlo, puede tener algunos problemas.

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Creo que no debemos sobredimensionar lo que estamos discutiendo. Me parece que hay que tratar de tener cierto equilibrio, en primer lugar por el monto y, en segundo término, porque esto hace referencia a una ley que habilita a un conjunto de cosas, como describía el señor senador Bordaberry, pero no es el objetivo del ICAU contratar toda esa lista. Estoy tratando de hablar de memoria sobre los motivos que esgrimió la señora directora para tener este artículo, pero recuerdo que señaló que era una necesidad específica que tenía el ICAU vinculada a una red de salas de cine del Mercosur. En esa instancia fundamentó que Uruguay es parte de esa red de salas de cine del Mercosur, algunas ubicadas en Montevideo y muchas en el interior del país. Incluso, se han adaptado otro tipo de salas para que puedan ser parte de esa red, que va a generar lanzamientos de películas de la región y de América Latina en forma simultánea en todo el Mercosur. En ese marco, tenían necesidad de una serie de perfiles de recursos humanos para poner en funcionamiento esas salas.

Comparto que este artículo es un tanto intrincado, pero fue la forma que encontraron para destinar parte de los recursos que tiene el fondo a los efectos de que las salas de esta red que van a estar en Uruguay puedan funcionar. Estoy hablando de memoria –no pude encontrar la versión taquigráfica de esa sesión–, pero estoy casi seguro de que esa fue la argumentación de la directora del instituto a la hora de fundamentar este artículo. Es cierto lo que decía el señor senador Bordaberry; ella aclaró que este artículo no es para contratar periodistas. Nos dijo que el instituto tenía una necesidad y que se encontró esta formulación para disponer de los recursos a fin de cubrirla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- El problema es que no legislamos lo que los jerarcas dicen que van a hacer, sino que legislamos textos legales que autorizan a contrataciones con toda la amplitud que acaba de leer el señor senador Bordaberry. Ese es el problema. Si se quería acotar al caso de lo que acaba de señalar el señor senador Otheguy, debió haberse establecido de esa manera. Sin embargo, se hace una referencia a una norma prestablecida que permite una discrecionalidad absoluta. Hoy la jerarca es ella y la aplicará para determinado objetivo, pero mañana eso puede variar y podría hacerse cualquier tipo de contratación, prácticamente, en el marco de esa dirección. Entonces, me parece que no se está legislando con precisión si el objetivo es el que señaló la señora directora en oportunidad de su comparecencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: observaciones puede haber muchas, pero me preocupa más que se afecte el fondo. El tema de la cultura lo tenemos que ver con mucha precisión. Es parte de nuestra identidad y hace a la creatividad y al futuro. Hoy la innovación y la creatividad son muy importantes. El futuro de nuestros ciudadanos depende de que los niños tengan ese nivel de apertura, con música, teatro, cine y todo lo que implique una perspectiva de creatividad, de incentivos y de estímulos. Quizás el año próximo tengamos que ver con mayor precisión este tema e incluso ampliar este fondo. Todos conocemos el caso de estos muchachos que ahora terminaron en Hollywood a partir de un corto. Con motivo del estreno de esa película, se están pasando por todas partes del mundo imágenes del Uruguay cuando ellos hablan del corto Ataque de pánico. En función de las repercusiones en diarios, prensa y páginas web de la película, estos muchachos –que han tenido tanta creatividad– compiten con la presencia del compañero senador Pepe Mujica a nivel internacional. Por eso me preocupa mucho más que se afecte el fondo.

En definitiva, se nos piden estas tres o cuatro personas; vamos a autorizarlas y comprometámonos todos, si la cultura interesa, a ver el tema en toda su globalidad en la rendición de cuentas del año próximo. Al tema de la educación por supuesto que estamos destinando recursos, pero muchas veces la cultura parece la cenicienta de este ministerio cuando lo cierto es que la creatividad y la iniciativa de las niñas y de los niños van a determinar el futuro marco productor uruguayo. De manera que creo que debemos destinar recursos para la cultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado le da la bienvenida a un grupo de diez jóvenes que van a participar del programa Yo Estudio y Trabajo, al que el Poder Legislativo adhirió a través de la Comisión Administrativa, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este programa genera la primera oportunidad laboral para jóvenes de todo el país. También queremos saludar a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que nos acompañan.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Les damos la bienvenida a los jóvenes, pero me parece que son más de diez. Algún colado hay.

(Hilaridad).

En lo que refiere a este artículo, nosotros discrepamos con algunos argumentos y entendemos que otros no son de recibo. Los que ha manejado el señor senador Otheguy, que tratan de explicar la razón de ser del artículo, no deben ser planteados a partir de quitar recursos al fondo, que además son muy escasos.

Por otro lado, tampoco es de recibo la promesa del señor senador Michelini en cuanto a que se va a mejorar o a que se va a comprometer en el futuro a mejorar el fondo; comprometámonos ahora, no le saquemos al fondo, agreguémosle, porque estamos hablando de $ 1:800.000. Esto significa la vida para el fondo, la posibilidad de promocionar películas, de seguir con sus esfuerzos –que no son suficientemente apoyados por el Estado– y de contratar gente, cosa que está justificada, pero no está bien que se saque del fondo.

Otro argumento que no es de recibo es el del señor senador Pardiñas, quien ahora está hablando con el senador Mieres y no me pone atención. Como lo voy a aludir, señor presidente, me interesa que me atienda.

Como decía, el argumento no es de recibo porque tiene un sentido «propietarista». Los senadores del Frente Amplio, que son tan colectivistas, ¡tienen un sentido de propiedad del fondo porque lo crearon en un artículo! ¡Atención! ¡El artículo 77 es propiedad del Frente Amplio y, entonces, puede hacer lo que quiera! ¿Qué clase de argumento es ese? Ese sentimiento de propiedad me hace acordar –y el señor senador Pardiñas, que es fronterizo, puede tener muchos ejemplos similares– a un exintendente de Rivera, Carmelo Sosa, quien durante su gestión había hecho una cantera para fabricar hormigón. Después, cuando perdió las elecciones, asumió otro intendente, del Partido Colorado, el señor Altivo Esteves, quien un día me vino a hablar para que yo le explicara a Carmelo Sosa que, aunque él hubiera hecho la cantera, no era suya sino de la intendencia, como tampoco los eran los camiones de los que creía poder disponer. Nadie lograba hacerle entender ese razonamiento porque tenía un sentido de propiedad basado en que él había hecho la cantera. Fui a hablar con Carmelo y no pude hacerle entender que la cantera era de la comunidad, que era de todos.

Entonces, aunque el Frente Amplio tuviera la iniciativa de crear el fondo, es de los que están dedicados al cine y al audiovisual en nuestro país; no es propiedad del Frente Amplio. No hay que afectar $ 1:800.000. ¡Consigan $ 1:800.000! Si hicieron un esfuerzo para conseguir $ 800:000.000, vamos a tratar de conseguir $ 1:800.000. Desglosemos este artículo. No afectemos el poco cine y los audiovisuales que se están haciendo en el país –que tan necesitados están– y contratemos a esas dos o tres personas de las que hablaba el señor senador Otheguy de otra manera, sin afectar el fondo.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- En primer lugar, no dijimos que esto fuera propiedad del Frente Amplio. Dijimos que era contradictorio y que no entendíamos que se nos endilgara que queremos matar el fondo cuando tuvimos la iniciativa de crearlo. Esto no se aprobó solo con los votos del Frente Amplio, sino que también ha sido respaldado por todo el Parlamento nacional cuando se creó y también cuando el año pasado incrementamos sus recursos.

En segundo término, quiero hacer una precisión. En la comisión la directora de TNU explicó que por reglamentación se asignó el 10 % del presupuesto del fondo a gastos de administración y que de ahí saldría esta cifra de $ 1:800.000. Actualmente lo afectado a gastos de funcionamiento está por encima de $ 4:300.000. La directora explicó que eso era lo que se iba a condicionar.

Creo que si hay algo que nosotros debemos seguir remarcando es la necesidad de continuar promocionando la producción artística y la generación de valores en el Uruguay a través de diferentes formas: ya sea con este tipo de fondo, con políticas públicas de promoción o como se está haciendo ahora con toda la movida de la asamblea nacional de la cultura para tener el plan nacional de cultura que, sin lugar a dudas, rescata valores que muchas veces no pueden expresarse o no tienen espacio porque carecen del respaldo suficiente. Hoy decíamos que no había que magnificar diciendo que se iba a afectar esto para hacer cualquier cosa. Como bien dijo el ministerio, se va a afectar para seguir trabajando en la política de promoción del audiovisual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 77.

(Se vota).

 –17 en 24. Afirmativa.

SEÑOR MIERES.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 77.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 78.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- En primer lugar quiero decir que este artículo se incluyó en la Cámara de Representantes. Fue votado en la comisión y se hicieron una serie de consideraciones cuando compareció el Ministerio de Educación y Cultura.

Estamos ante un proyecto en el que participan incisos del Gobierno central y la Intendencia de Montevideo, para cuyo funcionamiento se ha creado un fideicomiso que maneja los recursos. El Museo del Carnaval ha tenido dificultades financieras que ocasionaron que haya trabajadores en seguro de paro; de hecho, las comisiones del Senado recibieron al colectivo de trabajadores del museo antes de que comenzara el análisis de la rendición de cuentas. En consecuencia, nuestra bancada se ha preocupado por encontrar una solución a un proyecto que todos estamos convencidos de que ha sido importante, que está llamado a seguir cumpliendo un rol significativo por el rescate que hace de la actividad del carnaval, tan identitaria de nuestra cultura. A su vez, en el marco del desarrollo y el avance de las ofertas turísticas en la capital, sobre todo de los cruceros que nos visitan periódicamente –como bien lo ha fundamentado la señora ministra de Turismo en cada comparecencia que ha hecho al Parlamento nacional, ese tipo de turismo ha permitido que miles y miles de turistas nos visiten fuera de la temporada estival–, se entiende prioritario mantener abierto y funcionando el Museo del Carnaval. En virtud de la complejidad que tuvo el inicio de la instrumentación de la propuesta, que fue mediante la generación de un fideicomiso que involucra al Gobierno departamental de Montevideo, es que hemos entendido necesario presentar un artículo sustitutivo al votado por la Cámara de Representantes, que figura en la hoja 24. Este sustitutivo es bastante genérico y autoriza al Poder Ejecutivo a transferir al Ministerio de Educación y Cultura en forma permanente las partidas que desde el Ministerio de Turismo se aportan al fideicomiso del Museo del Carnaval. El propio Ministerio de Educación y Cultura, que también aporta, continuará en esa línea de trabajo. Creemos que este tema debe estar bajo la égida de ese ministerio por toda la responsabilidad que tiene en el área del acervo cultural e histórico, a través de políticas de diferentes museos que desde allí se orientan y administran. Por tal razón, entendemos que este sustitutivo habilitará a mantener este museo y abrirá el espacio para una adecuación –que lógicamente habrá que lograr con el correr del tiempo– que lleve a que esa figura del fideicomiso entre parte del Gobierno nacional y el Gobierno departamental de Montevideo se pueda armonizar para una actividad permanente.

A su vez, debemos tener presente que existe un reconocido esfuerzo por parte del propio Ministerio de Educación y Cultura en seguir avanzando en el acuerdo, logrado a nivel de la mesa de negociación de este sector de trabajadores con la administración del fideicomiso en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, aquí también hay un compromiso del Gobierno en cuanto a garantizar que esta negociación prospere y tenga los mejores resultados. En la cláusula octava de este acuerdo se expresa que hay una mesa bipartita de negociación entre el Ministerio de Educación y Cultura y trabajadores del Museo del Carnaval para analizar la situación actual y futura del proyecto, así como temas de interés común que hacen al presente acuerdo. Asimismo, cabe destacar que la primera reunión de la mesa bipartita fue el 23 de agosto del presente año.

Entendemos que ya se ha ratificado en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un compromiso del Ministerio de Turismo –porque participó una delegación de esa cartera–, del Ministerio de Educación y Cultura y de la Intendencia en el sentido de seguir con este proyecto. Lo que hacemos con este sustitutivo es habilitar que la figura que encauce esto desde el Poder Ejecutivo sea el Ministerio de Educación y Cultura, reafirmando –compromiso que para nosotros es muy valioso e importante– que el Museo del Carnaval continuará siendo una oferta cultural, de atracción turística y de generación de identificación de nuestro territorio y de nuestra gente con esta fiesta popular.

Vamos a solicitar que se vote el artículo sustitutivo que figura en la hoja 24.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador: en la mesa figura la hoja 24 como un aditivo y no como sustitutivo. Necesitamos que nos aclare eso para saber en qué momento hay que ponerlo a votación.

SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero aclarar que se trata de un artículo sustitutivo. Tal vez nos equivocamos en su presentación ante la Mesa. El artículo sustitutivo dice: «Artículo 78.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir al Ministerio de Educación y Cultura, en forma permanente, los créditos presupuestales del Ministerio de Turismo destinados al Fideicomiso de Administración del Museo del Carnaval, para el desarrollo de su actividad y su funcionamiento».

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: vamos a acompañar el artículo tal como vino de la Cámara de Representantes. Quiero recordar que este fue un acuerdo político que se hizo en dicha cámara a instancias del Partido Nacional y del Frente Amplio y en consulta con los ministerios correspondientes. Ahí nace este artículo que, además, cuenta con la aprobación de los trabajadores que estaban en conflicto por el cierre del museo. A raíz del acuerdo que acaba de mencionar el senador Pardiñas y de la promesa de que se instrumentará de esta forma el nuevo fideicomiso y su financiación, los trabajadores del Museo del Carnaval levantaron el conflicto.

No voy a abundar en detalles sobre la importancia de tener el Museo del Carnaval. La verdad es que está muy lindo, nos genera mucha identidad, embellece la oferta cultural en un sentido muy amplio, muy histórico y emblemático de nuestro país.

Cuando vino la delegación de los funcionarios del Museo del Carnaval, el Frente Amplio esbozó que podía haber alguna modificación, pero nunca tratando de desvirtuar el objetivo. Después este artículo se desglosó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, se votó al final, y el Frente Amplio acompañó el texto original que venía de la Cámara de Representantes. En nombre del Partido Nacional dijimos que pretendíamos mantener este artículo tal cual vino de la Cámara de Representantes porque es fruto de un acuerdo que, reitero, se logró en consulta con los trabajadores y con los ministerios correspondientes y, además, fue redactado por legisladores del Frente Amplio y de nuestro partido.

Como este tema además de connotaciones culturales tiene mucha sensibilidad social, creemos que la solución no es acorde con la expectativa que se había generado. A su vez, por lo que nos dijeron los trabajadores, ellos quedaron conformes con que se mantuviera el acuerdo logrado en la Cámara de Representantes. Por tanto, el Partido Nacional entiende que fiel a lo que se acordó en dicha cámara con el Frente Amplio, va a cumplir ese compromiso y va a votar el artículo tal como vino de la Cámara de Representantes y de la comisión del Senado.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: también compartimos el artículo en su versión original. Nos parece que hace a la búsqueda de un mecanismo que permita viabilizar la continuidad de una experiencia cultural valiosa que, obviamente, apoyamos. Notoriamente, el artículo sustitutivo es muy distinto. Para empezar, establece una autorización, mientras que en el texto original se planteaba una decisión, es decir que a partir del 1.º de enero de 2017 el fideicomiso pasaría a depender del inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura». Por otra parte, el artículo original establece un inciso final que le da garantías de una entrada en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley, cosa que desaparece en el texto sustitutivo. Por otro lado, no garantiza la provisión de recursos referidos al año en curso para la eventualidad de que al comienzo del año próximo no esté instrumentada la dotación correspondiente. Entonces, esto no es una mera corrección terminológica, sino que hay cambios de sustancia en la solución, que pueden afectar la concreción de esta actividad y su continuidad. Obviamente, también existe un compromiso del que todos hemos formado parte. He tenido la oportunidad de hablar con los trabajadores del Museo del Carnaval, quienes me dijeron que compartían esta norma, no así la modificación que, como acabo de señalar, es sustancialmente diferente.

Por tanto, vamos a votar el artículo original.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: este tema lo conocemos bastante a fondo. Quienes estamos en la Comisión de Educación y Cultura hemos recibido a los trabajadores del Museo del Carnaval quienes nos explicaron los inconvenientes que tenían y cómo funcionaba el museo. Creo que todo el Senado entiende que es una cuestión positiva la existencia del Museo del Carnaval y que es bueno que siga funcionando. Debo señalar que nos visitaron más de una vez; concurrieron a las comisiones, también nos visitaron en forma personal y, a su vez, estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Se llegó a un acuerdo; todo el mundo estaba conforme con lo que se había redactado. Hasta la semana pasada estábamos todos de acuerdo; estaba todo bien porque este artículo se votó en comisión. Creo que lo votamos el último día –el jueves– y el apoyo fue unánime. Reitero: todo el mundo estaba conforme con este tema. ¿Por qué cambia ahora?

Lo que se dice aquí es bastante claro. Esta redacción cambia radicalmente el asunto y, en este sentido, el señor senador Mieres fue muy claro. Esta es una autorización y, por supuesto, si se trata de una autorización, no va a tener fecha de entrada en vigencia; se hace o no se hace. Hasta hace tres días se hacía, pero hoy nos enteramos de que se autoriza a que se haga.

Por tanto, nosotros vamos a votar el artículo que viene de la comisión, el que fue negociado en la Cámara de Representantes, el que fue ratificado en el Senado y sobre el que, hasta hace tres días, todo el Senado estaba de acuerdo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 78 tal como viene de comisión.

(Se vota).

–11 en 26. Negativa.

En consideración el artículo sustitutivo, que figura en la hoja número 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 79.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: proponemos que los artículos 79 y 80 –que refieren al mismo tema– pasen a la Comisión de Constitución y Legislación, no por su filosofía y su contenido –que compartimos plenamente–, sino porque tienen problemas de redacción. Es bueno estudiarlos para darles un mejor formato a los efectos de que cumplan con el objetivo para el cual fueron propuestos; además, en esa comisión también se está discutiendo un proyecto de ley, que no es igual, pero que de algún modo también toca estos mismos temas. Con estos artículos podríamos resolver un problema que importa mucho: la aproximación de servicios importantes –como pueden ser los del Registro Civil– al ciudadano quien, en definitiva, es el beneficiario. Se haría de una forma que la tecnología –la informatización de los padrones del Registro Civil– permite. Tal vez hace unos años no era posible hacerlo, pero ahora sí.

Entonces, nos parece buena la filosofía, nos parece bueno el contenido de estos dos artículos, pero entendemos que así como están redactados pueden generar efectos no deseados. A su vez, repito, coordinamos este asunto con un tema que ya está en la comisión. De esa forma, podemos tener una mirada más global, lo que siempre es bueno. Así que la propuesta es trasladarlos a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: nosotros vamos a acompañar el pasaje de estos dos artículos relacionados con los oficiales de Estado Civil a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: quisiera hacer una aclaración sobre el artículo anterior. Mientras se estaba haciendo una precisión en sala, yo estaba buscando la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuando se consideró ese artículo. Allí se puso en consideración el artículo 77. Había un aditivo presentado por el Frente Amplio en la hoja 34. La señora senadora Payssé expresó: «Vamos a retirar el artículo sustitutivo y solicitamos que se vote el texto original, independientemente de que en sala podamos presentar otro sustitutivo».

Este tema estaba siendo considerado en nuestra bancada, y lo habíamos adelantado a través de la intervención de quien correspondió, tal cual leímos en la versión taquigráfica.

Era simplemente eso, señor presidente. Nosotros vamos a cumplir con los compromisos que hemos asumido y que quedaron plasmados en el acta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por parte de las autoridades del Museo del Carnaval con sus trabajadores.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todos modos, le recuerdo señor senador que estamos tratando el artículo 79 y no ha habido una reconsideración del artículo 78.

Se va a votar, entonces, la propuesta de la señora senadora Topolansky de enviar los artículos 79 y 80 a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa aclara que cuando votamos los artículos en los que había unanimidad, no se incluyó el artículo 81. Por tanto, lo ponemos a consideración en este momento.

En consideración el artículo 81.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Saludamos a los alumnos de la escuela n.° 39 de Quebracho, departamento de Paysandú, y les agradecemos mucho su visita.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Quisiera fundamentar el voto del artículo 81, señor presidente.

En este artículo estamos volviendo a la redacción original respecto a la creación del Fondo Nacional de Música. El señor senador Heber sabe que nos es muy caro, al igual que a él. En su momento se votó una integración que era representativa de los distintos actores, en particular, de los músicos.

Hay un compromiso, como en el artículo que votamos recientemente, por parte del Ministerio de Educación y Cultura y de las propias autoridades del Fonam para que, interpretando el espíritu de la ley original, se encuentre la mejor y mayor representatividad de los músicos. En ese aspecto se va a trabajar, tanto por parte del ministerio como del Fonam, con los distintos actores de este tema.

Quería dejar la constancia de por qué acompañamos este artículo en el día de hoy.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: quisiera plantear una duda con respecto a los artículos 79 y 80.

¿La propuesta de la señora senadora Topolansky fue la de derivarlos a la Comisión de Constitución y Legislación o a la Comisión de Educación y Cultura?

SEÑOR PRESIDENTE.- A la Comisión de Constitución y Legislación, señor senador.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- En realidad, los registros están en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y en la comisión se nos planteó la duda. Lo que sucede es que en la Comisión de Constitución y Legislación se está discutiendo un proyecto de ley relacionado con el papel de los notarios en los mismos temas. Por esa razón consideramos que era mejor reunir todos esos asuntos. Esa fue la causa.

SEÑOR GARCÍA.- Gracias por la aclaración, señora senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública», que comprende los artículos 82 a 91.

¿Alguno de los señores senadores desea desagregar algunos de los artículos del inciso 12?

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: solicito que se desglose el artículo 90.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: solicito que se desagregue el artículo 85.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito el desglose de los artículos 82, 83 y 84. Por otra parte, en cuanto al artículo 90, si el señor senador Michelini pide su desglose y presenta una modificación, vamos a retirar el sustitutivo. Ya hemos conversado sobre la modificación que se le va a introducir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo veremos cuando estemos analizando el artículo.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Ingresando al tratamiento de este inciso, quiero señalar que si bien el Partido Nacional ha solicitado el desglose de los correspondientes artículos, voy a hacer una consideración general.

Estamos preocupados por la situación deficitaria en que se encuentra el Fondo Nacional de Salud. Sé la discusión que se da por parte del Gobierno en cuando a que no consideran déficit la situación actual, sino parte de la arquitectura financiera del Fonasa. Sin embargo, cuando se consideró la ley de presupuesto había una previsión de casi diez mil millones de pesos anuales de déficit y dijimos que nuestros asesores nos informaban que se iba a sobrepasar esa cifra. Efectivamente, así fue; el déficit llegó a diez mil trescientos millones de pesos, es decir, unos trescientos setenta millones de dólares.

En el último año el déficit aumentó el 78 %. En términos de producto bruto interno, en 2011 el déficit era el 0,1 %; en 2012, el 0,3 %; en 2013, el 0,5 %; y, en 2014, el 0,7 %. Hace pocos días las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron que para finales de 2017 el déficit va a ser de unos USD 470:000.000. Este no es básicamente un tema económico-financiero; es un tema que se traduce en la calidad de asistencia que reciben los usuarios, tanto en las mutualistas como en los hospitales.

Días pasados, en la Comisión de Salud Pública del Senado recibimos a representantes de las mutualistas, quienes nos decían que, en el caso de Montevideo, de once mutualistas, ocho están en situación deficitaria. Se originó un debate acerca de la circunstancia de que el Poder Ejecutivo retuviera parte de los aportes que hacen los trabajadores al Fonasa, que se deben volcar en las cápitas que están previstas. Se abrió un compás de espera y se formó una comisión que tiene ocho o nueve meses para trabajar con el fin de laudar esta circunstancia.

Señor presidente: nuestra preocupación es que la variable de ajuste de este déficit termine siendo la calidad de la asistencia. El fin de semana estábamos prácticamente en el extremo norte del país –en los pagos de la señora senadora Ayala, en Artigas– y recorrimos el hospital, que tiene enormes carencias. Entonces pensábamos que a pesar de la inversión que se hace en ASSE –después lo discutiremos cuando se pase a la consideración del articulado correspondiente a este inciso–, que se ubica en torno a USD 1.000:000 al año, hiere los ojos y la sensibilidad que cuanto más lejos se está de Montevideo, las posibilidades de cuidar la salud, e incluso de vivir, sean tan diferentes. El Hospital de Artigas no tiene CTI pediátrico o, mejor dicho, en Artigas no hay CTI pediátrico. Por lo tanto, un niño que nace prematuro –justamente lo visitamos el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, que pone el foco en los niños prematuros– y tiene que ser trasladado, por ejemplo, al CTI pediátrico de Salto, pone en serio riesgo su vida, cosa que no sucede en la capital. Cuando un niño prematuro es trasladado aumenta considerablemente el riesgo de vida. En Montevideo no sucede eso, es decir, no hay peligros agregados porque no hay traslados. En el caso de Artigas, por ejemplo, el solo hecho de trasladar a ese niño al departamento de Salto –ni hablar de las carreteras por las que tiene que circular– agrava considerablemente su salud y pone en riesgo su vida. Quiere decir que termina habiendo una salud con mayores posibilidades, de primer o, al menos, de mejor nivel, para quienes vivimos en el sur del país que para quienes están en los extremos más lejanos del Uruguay.

Ese fin de semana también visitamos el hospital y la mutualista de Salto, y el mes anterior habíamos visitado el Hospital de Tacuarembó. Yo pensaba en las circunstancias en que se encuentran los uruguayos del norte, por ejemplo, cuando sufren un infarto. Si lo sufre alguno de nosotros cuando estamos de gira en el interior del país, o cualquiera de los habitantes del norte, las posibilidades de salvar la vida son diez veces menos que las de quienes vivimos al sur del río Negro. ¿Por qué? Porque en estas patologías hay tratamientos que se deben instalar de inmediato –y miro al señor senador Carámbula porque lo sabe perfectamente– y que cambian sustantivamente el pronóstico de vida.

En el Hospital de Salto encontramos una infraestructura maravillosa, de primerísimo nivel, que fue autorizada y hecha en el último período, durante la presidencia del actual senador Mujica. Me refiero al centro cardiovascular –no sé si se llama así, pero de todos modos ese es el concepto–, que está cerrado, al punto que cuando uno habla, se escucha el eco. Y aclaro que cuando digo «de primerísimo nivel» significa que está emparentada con lo que pueden ser las imágenes que se ven en las series de televisión de países desarrollados. Pero insisto: está cerrado.

En la mutualista de Salto, el IMAE –el centro cardiológico del Centro Médico de Salto– tampoco cuenta con autorización; se ha hecho una inversión millonaria en dólares, pero no se puede usar. El otro día un médico muy joven que trabaja allí nos contaba que una señora había tenido un infarto y sus hijos –ya había atendido a otro familiar en Montevideo, en un IMAE cardiológico– le pidieron que la llevara al tercer piso y le hiciera una angioplastia. Tuvo que explicarles que no podía. Me dijo: «Tengo todo para hacerlo, pero no pude porque no tengo la autorización».

Un ejemplo público –un ejemplo mutual, porque de privado no tiene nada; el mutualismo no es privado, sino público, con una gestión privada– es el Hospital de Tacuarembó, que tiene estructuras e inversiones millonarias, pero que no se pueden usar. Todos conocemos el Hospital de Tacuarembó, pero quienes no conozcan este espacio, vale la pena que lo hagan porque es increíble que se haya autorizado la inversión si no se iba a utilizar. Si no se iba a autorizar su uso, que no se gastara la plata; ahora, si se invierte, que se autorice. Hay una inversión millonaria que no se puede utilizar. Y ¿cuál es el resultado? Como decía recién, el resultado es que hoy, si un uruguayo que vive al norte del río Negro presenta una patología coronaria, tiene diez veces menos posibilidades de salvar su vida que si vive al sur del país. Y esto sucede en un país que invierte una de las cifras más altas en el mundo en materia de salud: más de nueve puntos del PIB. Repito: una de las cifras más altas en el mundo.

Señor presidente: nos preocupa mucho la situación en que se encuentra el Sistema Nacional Integrado de Salud porque hubo una altísima inversión –que es una muy buena cosa– que no se ha visto reflejada en los resultados.

Voy a mencionar dos cifras. Hoy revisaba la información oficial de la página web del Ministerio de Salud Pública y advertí que llamativamente desapareció lo que había visto hace un mes y que fue motivo de un pedido de informes. Allí aparece un link, llamado «atuservicio.uy», que cuenta con todas las cifras estadísticas del sistema. Como decía, unas cifras que había consultado allí y que dieron pie a un pedido de informes desaparecieron, no están más; ahora simplemente aparece un resumen que ayer utilizó el señor senador Heber cuando realizó su informe general.

A pesar de la inversión que se ha hecho, las inequidades golpean duramente. Si un niño nace en una mutualista y está sano, sin ninguna enfermedad, las metas asistenciales prevén que debe tener diez controles en su primer año de vida. Los controles pediátricos no requieren ninguna tecnología; para pesar a los niños se usan esas balanzas chinas que salen tres pesos, se los mide con un centímetro que se compra en una tienda y se les hace la ecografía, es decir, poca cosa. En el caso de las mutualistas, que no son un dechado de virtudes y lejos están de ser fantásticas, el 95 % de los niños, antes del primer año de vida, recibe todos los controles. Estas son cifras oficiales que se pueden consultar ahora mismo en la página web del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, si este mismo niño nace en un hospital de ASSE, solo uno de cada tres –el 32 % o 33 %– recibe los controles básicos en una meta que no requiere ninguna inversión tecnológica: una balanza de tres pesos y un centímetro de tienda.

En lo que respecta a las mujeres embarazadas, tal como lo decía ayer el señor senador Heber, el 60 % –seis de cada diez– llega al parto con sus cinco controles, mientras que en las mutualistas –que, reitero, no son un dechado de virtudes– lo hace más del 90 %.

Todo esto hay que compararlo con la inversión que hacemos, que es de USD 1.000:000.000 por año.

Ya que tengo cerca al señor senador Camy le puedo consultar, porque creo que no hay que irse a Artigas para ver qué sucede. Como todos sabemos, el hospital de la ciudad de San José, donde vive el señor senador Camy, está en medio de un conflicto, con la amenaza de los ginecólogos de renunciar a las guardias de ginecología del hospital. ¿Por qué? Por algo muy fuerte, que no es un reclamo salarial. Para que vean que acá no hay un tema político-partidario quiero decir que la semana pasada estuvieron en la Comisión de Salud Pública, y uno de los médicos renunciantes, el jefe de los ginecólogos, fue subdirector del hospital en épocas de gobierno del Frente Amplio, así que seguramente no es votante del Partido Nacional, del Partido Colorado ni del Partido Independiente. Reitero que fue subdirector del Hospital de San José durante los Gobiernos del Frente Amplio, y renunció como jefe de ginecología. ¿Por qué? Porque…

(Dialogados).

–Él dice que no hay condiciones de seguridad para las madres y sus bebés.

Hoy hubo una reunión –voy a adelantarme a lo que seguramente va a decir la señora senadora Passada, aunque lo cierto es que tuvo que haber un conflicto para que se les asegurara algo– a la que asistió el gerente de ASSE y prometió que iba a haber un médico pediatra y un anestesista. ¡Miren a lo que tuvimos que llegar! ¡Ocho años después y con esta inversión renuncia un equipo de médicos porque no hay seguridad!

Por último, hay un tema sobre el que ayer se habló, que tiene que ver con la mortalidad infantil. ¡No puede haber persona –vote lo que vote, si vota o no lo hace, si paga o no la multa– que no festeje cada vez que cae la mortalidad infantil! ¡Habría que ser un malnacido sin registro! Hoy tenemos una mortalidad infantil que –¡gracias a Dios!– seguramente es la menor en la historia del Uruguay: siete puntos y fracción por mil.

Me parece que así como todos tenemos que festejar –comparto lo que se dijo ayer en el sentido de que la mortalidad infantil no es un índice de salud, sino que vincula las políticas sociales de un país– hay que ver la película entera y no la foto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿De dónde partimos para llegar al siete por mil? En realidad, partimos del año 1985, que es el registro que quiero tomar. ¿Por qué? Por razones obvias, porque es el año en que recobramos la libertad.

En el año 1985 –primer gobierno democrático–, la mortalidad infantil en el Uruguay era de treinta por mil; es decir que había mil niños sanos que superaban su nacimiento y, al primer año de vida, treinta de ellos morían. Voy a hacer el corte que todos imaginan porque hay que festejar todo, ya que se salvaron muchísimos uruguayitos y uruguayitas. En el año 2005, cuando asume el Frente Amplio, la mortalidad llegaba al doce por mil. Quiere decir que los Gobiernos previos habían bajado dieciocho puntos por mil. Estoy convencido de que todos los señores senadores del Frente Amplio también festejan que esto haya sido así. Desde 1985 hasta 2005 –veinte años– se bajó esa cifra en dieciocho puntos por mil; desde 2005 hasta la actualidad se bajaron cinco puntos más. Yo festejo enormemente el descenso que va del treinta por mil al siete por mil actual, porque eso habla muy bien de las políticas sociales que todos los Gobiernos democráticos –independientemente de nuestras afinidades– llevaron a cabo para lograr que esta cifra bajara.

En realidad, más que de un índice, se trata de algo que habla de la dedicación de los Gobiernos a las políticas sociales; habla de políticas de vivienda, de alimentación, de infancia, de educación, etcétera, que lograron que, desde que se inició la democracia, bajáramos del treinta por mil al siete por mil actual, con una bajada pronunciadísima de dieciocho puntos hasta el año 2005 y otra muy importante en la actualidad. Por eso creo que es muy importante ver la película entera y festejar todo, cuadro por cuadro, porque aquí no hay saltos; hay una gráfica que baja, una pendiente que cae abruptamente desde que recobramos la democracia.

Voy a cerrar mi intervención como empecé, diciendo que me preocupa mucho el tema del déficit porque, como todos sabemos, el sistema de salud está indexado al empleo. El Fonasa está atado al empleo y –¡que no suceda, porque ya tuvimos malas noticias la semana pasada!– cualquier variable que haga disminuir la tasa de actividad y aumente el desempleo puede incrementar este déficit de manera pronunciada. Por eso creo que, independientemente de que haya sido parte de la arquitectura del diseño, hay que poner mucho ojo en esto.

Me preocuparon mucho las declaraciones del economista Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando el pasado 28 de junio asistió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Sobre este tema dijo entonces: «[…] a partir de 2011, producto de decisiones adoptadas a nivel legislativo que implicaron el ingreso de colectivos que por su naturaleza y características son deficitarios, el resultado del Fonasa siguió una trayectoria de aumento de su déficit». Obviamente, esto fue una decisión del Poder Legislativo por cuanto se trata de una ley; pero no se puede sacar la pata del lazo: fue una decisión del Poder Legislativo impulsada por el Gobierno. No hay una decisión del Poder Legislativo independiente de la voluntad del Poder Ejecutivo. Me llamó mucho la atención que se haya querido trasladar la responsabilidad del déficit al Poder Legislativo, cuando todos sabemos que su diseño fue por parte del Gobierno.

Independientemente de todo esto que decimos, los desgloses al inciso ya fueron formulados y los trataremos uno a uno.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Quiero hacer algunas aclaraciones, porque es una lástima que el resto de los colegas desconozcan cierta información.

Hace muy pocos días recibimos a todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, justamente a pedido del señor senador García, debido al déficit y la situación de caos en la salud y al cierre de algunas mutualistas. Algunas entidades privadas manifestaron que no iban a poder cumplir con el salario, por lo que habría trabajadores que tendrían que ir al seguro de desempleo. Todo esto se planteó en una sesión que fue muy extensa –fueron dos horas y media o tres de sesión, así que los invito a que lean la versión taquigráfica–, donde se dieron los números con muchísima claridad. Es de destacar que, de los 43 prestadores que significan el todo del sistema, ASSE es solo uno más, pero es el único público, el que atiende a la mayor población y el que ha hecho la mayor inversión. Podemos decir que en estos últimos años se han levantado más de 20.000 metros cuadrados entre construcciones nuevas y mejoramientos; prácticamente hay 77 centros nuevos, con inversión en tecnología. Muchos de los senadores que estamos acá concurrimos a la inauguración del nuevo block quirúrgico del Hospital Pereira Rossell, donde se atiende la maternidad, pero también problemas complejos de niños y niñas de todo el país que nacen allí. Hoy podemos decir –lo señalaban ayer acá–, con mucha satisfacción, que 300 niños y niñas no han muerto en este país por esa mejora.

¡Qué decir de la inversión salarial que tuvieron que realizar estos Gobiernos en materia de salud! En los años 2005 o 2006, un médico con 20 horas ganaba $ 9200 o $ 9500; a partir del 2015, en virtud de acuerdos, también tiene mejoras en su salario.

Pero ¿qué es lo que decíamos? Ese prestador, que es único, tiene dentro de su propio sistema a otros prestadores, como el Hospital Militar, el Hospital Policial, el Hospital de Clínicas; ellos son parte del sistema y también se les aportan dineros de rentas generales. Dentro del sistema privado, si no se cambia el modelo de atención y se hace hincapié fundamental en la atención del nivel primario
–que, como decía el ministro, debe atender entre el 70 % y el 75 % de los casos, cifra más, cifra menos–, hay servicios de salud que gastan en forma innecesaria, porque podrían estar realizando las cosas de otra manera. Entonces, vimos con muchísima preocupación el gasto que se pueda estar realizando por parte de esas prestadoras, que no se presentan en primeras instancias en la complementación.

(Ocupa la presidencia el señor Guillermo Besozzi).

–Es cierto lo que manifestaba el senador García en cuanto a que estuvieron en la Comisión de Salud Pública los médicos que se sentían afectados, pero nace un niño o niña por día. ¡Lo que se tiene que hacer es una complementación de la maternidad con la entidad privada del departamento! Ahora bien, si la entidad privada de ese departamento o de otro tiene miedo de aumentar costos, de gastar o de ganar menos, es otro problema.

Esa es la calidad del sistema que tenemos que estar revisando y la responsabilidad que deben tener los usuarios, que somos los que recibimos esos beneficios. Así que creo que hay un buen camino.

Por eso se detuvieron las instancias de movilización, que personalmente –hablo en mi nombre; no quiero involucrar al resto de los integrantes de la comisión– no sabía si venían en representación de las entidades privadas que tienen un respaldo económico importante para hacer todas estas investigaciones y cobran altísimos salarios; no me quedó claro en calidad de qué venían. Igualmente el ministerio conformó una comisión de trabajo importante, interesante, para hacer el control de calidad de lo que estamos recibiendo. ¿Qué calidad se está recibiendo en el sistema conformado por las 43 mutualistas?

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PASSADA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Gracias señor presidente y gracias señora senadora.

Estamos discutiendo en general el inciso del Ministerio de Salud Pública, cuyos artículos, naturalmente, vamos a votar, al igual que los correspondientes a ASSE, pero aquí se han hecho afirmaciones que merecen respuestas concretas y puntuales.

En primer lugar –quiero decir que para mí este es un tema ideológico–, se habla de déficit. Tengo a la vista –seguramente los demás senadores integrantes de la comisión también lo tienen porque fue repartido– el informe de la Junasa, de 24 de agosto de 2016, en el que textualmente se dice: «La Ley n.º 18211 –por la cual tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud– previó el ingreso gradual de diversos colectivos al Sistema Nacional de Salud y al igual que en leyes posteriores se presentaron al Parlamento los costos previstos en cada incorporación que deberían ser financiados a través de rentas generales. Por lo tanto, el aporte creciente de rentas generales al Fonasa ha sido estimado oportunamente, no se ha apartado de lo previsto y, consecuentemente, no puede hablarse de déficit». Y aquí viene lo ideológico: si hoy hemos llegado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, con el Fonasa, a que todos los uruguayos y uruguayas tengan el derecho a la atención de su salud –en este último tramo también jubilados, jubiladas y pensionistas tienen derecho a la salud–, no hablo de déficit, señor presidente, hablo de derechos.

Es más, podría remitirme a quienes han trabajado por los grandes objetivos del personal de la salud, del cuerpo médico, y hacer referencia a alguien que no es de mi partido, pero que mucho hizo por el Sistema Nacional Integrado de Salud, el doctor Migues Barón. Es una antigua lucha de los trabajadores de la salud en su conjunto lograr el derecho a la asistencia de todos los uruguayos y uruguayas.

En segundo término –esto lo estaba diciendo la senadora Passada, pero es bueno aclararlo–, cuando el señor ministro asistió a la Comisión de Salud Pública y nos dio toda la información correspondiente a la situación de las mutualistas, dijo explícitamente que de aquellas mutualistas que tenían dificultades había tres que las estaban afrontando, más que nada, por razones estructurales. Y los propios representantes de las mutualistas, cuando estuvieron en la Comisión de Salud Pública, dijeron que en el caso de esas 11 de las que se habla, el tema no era el cierre ni mucho menos.

A su vez, quiero recordar que fui presidente del Sindicato Médico del Uruguay en el 2003, y ya antes habían cerrado 11 mutualistas. Veníamos de una crisis anterior, de un quiebre del mutualismo verdaderamente severo, y no solo quedaron los usuarios en condiciones de inestabilidad, sino también los trabajadores.

Hoy estamos hablando de otra cosa: de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Como bien dijo el ministro, la discusión por las cápitas no es un tema económico-financiero, sino de calidad de asistencia. Lo dijo el representante del Ministerio de Economía y Finanzas y también el propio ministro de Salud Pública, y nosotros lo compartimos. Hoy el gran tema es que tenemos cobertura universal y debemos ir por la calidad de la asistencia. Tenemos que evaluar –como se ha dicho acá en otros temas y lo comparto– la calidad de la asistencia; cuando fijamos las cápitas y la cobertura, debemos evaluar la calidad de la asistencia.

Por último –para no robar más tiempo a la señora senadora–, dado que acá se han dado ejemplos, quiero decir que, como en todos los temas de la vida, puedo pararme en lo que falta o puedo pararme en lo que se hizo.

Realmente, con todo respeto al rigor de las cifras que ha planteado el señor senador García, me gustaría saber exactamente sobre esa multiplicación por diez de los accidentes cardiovasculares.

Pero más allá de esto, quiero referirme al norte del país, al Hospital de Rivera que, como debe ser, está integrado con el sector privado, con el sector mutual –con varias mutualistas–, pero también con la región a nivel de salud pública: con el Hospital de Tacuarembó y con el Hospital de Paso de los Toros. Vemos titulares cuando tenemos problemas, pero no cuando se afirma allí una coordinación entre esos tres hospitales en la región, no solo en el primer nivel de asistencia, sino también procurando la complementación en materia de urgencia. Vayamos al Hospital de Tacuarembó o hablemos del helicóptero que ha permitido resolver temas de extremada urgencia, justamente en función de que se ha determinado una política al respecto.

El tema que se plantea va por dos caminos: por el de la calidad y la complementación de los servicios en el territorio, sobre todo en la urgencia, que es el gran desafío que tenemos todos –y hay múltiples ejemplos de cómo se va logrando– y por el camino de la movilidad y el traslado. El helicóptero, así como las trescientas y pico de ambulancias, más las sesenta y pico de ambulancias especializadas que están en vías de incorporarse a la salud pública –muchas de ellas ya están–, es parte del traslado y la movilidad, junto a la complementación, que resuelven estos temas. Por cierto –¡por cierto!–, como en cualquier etapa de la gestión pública –el señor presidente fue intendente y nosotros también–, podemos pararnos en los pozos que faltan por tapar, pero antes que nada debemos pararnos en la realidad que hemos ido cambiando.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar la señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- ¿Cuánto tiempo me resta?

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Nueve minutos, señora senadora.

SEÑOR BERTERRECHE.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PASSADA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: es muy breve lo que voy a decir.

Me queda una tremenda preocupación cuando un egresado de la universidad me habla de los decrecimientos incrementales en temas como la mortalidad infantil y me hace una recta. ¡Otra que pruebas PISA! Todos sabemos que en el caso de una variable como esa, los incrementos son cada vez menores. Si tuviera mil gurises muertos cada mil nacidos vivos, bajar a 950 –50– sería muy fácil, pero pasar de 18 o de 12 a 7 es titánico. Creo que cualquiera que haya hecho un básico universitario debería saber eso.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar la señora senadora Passada.

SEÑOR DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PASSADA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador De León.

SEÑOR DE LEÓN.- Gracias, señor presidente y señora senadora.

En la misma línea de los planteos que se vienen haciendo con relación a mostrar indicadores de lo que ha significado este Sistema Nacional Integrado de Salud en el país, me parece que también es bueno hablar de los temas que mencionaba recién el senador Berterreche. Y como se hablaba de Artigas, creo que hay que hablar de Artigas.

En el año 2005, en el país teníamos una mortalidad infantil de 12,7 por mil y en 2015, de 7,4 por mil. Pero en Artigas, en el año 2003 los indicadores de mortalidad infantil estaban cercanos al 29 por mil –muy parecidos a los de países de África–, y en el año 2015 llegaron a 7,84 por mil. Igual es un problema y debemos seguir trabajando, pero esto tiene que ver con muchos factores, como el trabajo, los programas interinstitucionales de gobierno, las importantes actividades desarrolladas por el Estado en el departamento de Artigas, entre ellas, las de ASSE. Estamos hablando del control del embarazo, de las maternidades, del control perinatal, es decir, de una serie de actividades y de programas que el Estado uruguayo ha venido llevando adelante en esa zona tan deprimida, que sin lugar a dudas ha logrado impactos importantes, y estos son también algunos indicadores.

También se podría hablar de otros indicadores vinculados al aumento de la ocupación en algunas zonas de ese departamento.

Quería señalar estos aspectos porque me parecen que son muy importantes a la hora de hacer evaluaciones, cuando estamos definiendo recursos que tienen que ver con la salud en el Uruguay.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar la señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Para finalizar, quiero reafirmar los conceptos a los que hacían referencia los colegas anteriormente. En todo este tema del Fonasa debemos recalcar, fundamentalmente, que no solo se está dando una cápita, sino que también se están brindando –se recibe de parte de los prestadores– determinadas prestaciones y servicios. El control de la calidad es lo que beneficia a los usuarios, que somos los primeros que deberíamos conocer de buena manera en qué se gastan los dineros de estas cápitas.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PASSADA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: de vuelta miramos para atrás al referirnos a los pasivos y a otras cosas desde el año 2005, y nuevamente nos encontramos con dos Uruguay: uno, que nos dicen que hoy es maravilloso en lo que tiene que ver con el sistema de salud, y otro en el cual uno anda, recorre y ve que todavía hay carencias, porque no se hace todo bien ni nunca se llega a cubrir todo. En especial, hay carencias en el interior.

Hace poco estuve en un pueblo al que voy muy seguido –he ido toda mi vida–, y hubo un accidente, por lo que llamaron a la ambulancia; pero resulta que llegó un hombre en bicicleta. Siendo alguien que conozco de chico, le pregunté: «¿Vos qué hacés?», a lo que me contesta: «Soy el chofer de la ambulancia». Le pregunto entonces por la ambulancia y me dice: «No, se la llevaron hace tres años», pero quedó el chofer. «¿Y vos qué hacés?», vuelvo a preguntar. «Y bueno, cuando hay un accidentado pedimos la ambulancia a Durazno y yo ayudo a cargar al enfermo en la ambulancia».

Sigue habiendo carencias y hay casos tristes –que no voy a citar nuevamente– de madres que mueren en la puerta de los hospitales –como ha sucedido hasta hace muy poco– por falta de ambulancias y ese tipo de cosas. Me parece que lo peor es conformarnos.

Hay cosas que han cambiado, pero quizás esa referencia que se ha hecho a la mortalidad infantil es un poco injusta. Recuerdo –seguramente el señor senador Agazzi también lo tendrá presente porque lo comentamos después y yo me enorgullecí mucho– una sesión en la que hablamos del logro de la baja de la mortalidad infantil e hice la reseña de cómo fue evolucionando desde el año 1900 hasta el presente.

La baja de la mortalidad infantil tiene que ver con el avance de la ciencia médica. Esa es la verdad. Si no me equivoco, señor presidente, en 1900 era de un 30 % o algo más. ¿Cuándo avanzó mucho? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento descubrieron vacunas y el porcentaje bajó muchísimo. Últimamente va bajando punto a punto. ¡Bueno sería que no fuera bajando punto a punto con los beneficios de la medicina!

Se dice que ahora hay menos mortalidad infantil que en el 2005, y es verdad, pero también hay menos que en los años noventa o que en 1900. ¡Es el avance de la medicina, el avance del país, el esfuerzo de todos! Si se comparan los porcentajes de baja de la mortalidad infantil, se verá que son menores los de los últimos años, pero no voy a usar esto para criticar porque, ¿saben qué pasa? Cuanto más baja ese porcentaje, más difícil resulta bajarlo. ¡Ese es el tema! Es como cuando dicen que lograron la electrificación rural de todo el país, el 100 %. ¡Claro! ¡Llegaron al 99 %! ¡Y si lo recibieron en el 97,5 %! ¡Claro que lo lograron: faltaban pocos puntos!

¡De vuelta los buenos contra los malos, los Montesco contra los Capuleto! Si quieren arrancamos: traigo todos los números, vemos lo que hicimos nosotros, lo que hicieron ustedes. Ustedes van a decir que hicieron todo muy bien y nosotros muy mal, y viceversa. Así volvemos a empantanarnos en la rendición de cuentas. Espero no tener que hablar del tema nuevamente, pero si me buscan, me encuentran.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar la señora senadora Passada, a quien le queda un minuto.

SEÑORA AYALA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PASSADA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Señor presidente: en algún momento se dijo: ¡gracias a Dios! Y está bien agradecer. El pediatra de mis gurises –que también fue el mío; tenía muchos años– decía: «Cuando las cosas salen bien, es gracias a Dios; y cuando salen mal es culpa del médico». En realidad, creo que lo que viene pasando en el país es producto de un proceso. Cuando hablamos de índices que bajan, más allá de que la tecnología y la ciencia han avanzado, también se ha evolucionado en las cuestiones políticas y en la concepción de lo que es prioritario para atender a la gente en nuestro país.

En cuanto al Fonasa, que aquí se dice que es deficitario, creo que depende, respecto a qué o desde dónde se mire. Si dar cobertura a toda la población del país genera alguna cuenta en menos que consideremos deficitaria, económicamente hablando quizás lo sea; en los fondos o en los rubros, o es deficitario económicamente hablando, quizás lo sea numéricamente, pero si vamos a defender la mejora de la tasa de natalidad, si vamos a defender la mejora de la atención médica de toda la población, si vamos a ver que la gente pueda contar con la mínima medicación en todos los puntos del país, creo que son bienvenidos los números negativos porque, por otro lado, se están salvando vidas y está mejorando en salud la población de este país.

También se habló del tema de los jóvenes. Cuando hablamos del embarazo adolescente –que hoy tiene muy buena cobertura en controles médicos– y del déficit atencional en educación, no podemos olvidar que los gurises que hoy tienen 15 y 20 años nacieron hace 15 y 20 años, cuando las tasas de mortalidad eran amplias y la cobertura en alimentación, salud, educación, trabajo y demás no eran las mejores en este país. Así que dentro de 15 o 20 años vamos a ver de qué manera se irán desarrollando los gurises que están naciendo hoy.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: pedí la palabra por lo que dijo el senador Berterreche. Los dos somos egresados de la Universidad de la República, pero él de agronomía y yo de medicina, por lo que puedo comprender lo que dijo.

Le cuento, señor presidente, que hay dos tipos de mortalidad infantil: la mortalidad dura y la mortalidad blanda. La mortalidad dura es la que se produce entre el nacimiento y los 28 días de nacido. La mortalidad blanda es la que se produce entre el día 29 y el primer año de vida. Eso explica el valor de la pendiente, ya que esta muestra, básicamente, la disminución de la mortalidad blanda. ¿Cuál es el problema que han tenido todos los Gobiernos, incluido el del Frente Amplio? Que no pueden bajar la mortalidad dura. En el anterior Gobierno aumentó la mortalidad infantil dura; no la general, sino la dura, que arrastra la mortalidad blanda. Por eso entiendo que el senador Berterreche no lo comprenda.

Me alegra muchísimo que la mortalidad infantil disminuya y espero que el senador también se alegre de que haya bajado de 30 a 29, de 29 a 25, y de que hayamos llegado al 2015 con 12 por mil.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: queremos ser muy breves.

En esta instancia nos vamos a referir a un tema que planteamos en la comisión y también en una sesión del plenario mediante el mecanismo de la hora previa.

(Murmullos en sala).

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Solicito a los señores senadores que hagan silencio para escuchar al señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señor presidente.

Quiero hacer referencia a los accidentes cerebro-vasculares.

Es válido hablar del tema ahora, luego de la participación de los distintos senadores sobre el tema de la salud, fundamentalmente estribando en lo que señalaba el señor senador García, que reconocía un altísimo grado de inversión en esta área –lo comparaba con los más altos a nivel mundial–, al tiempo que justificaba su intervención diciendo que esto no se acompasaba con los resultados.

El señor senador Carámbula también mencionaba lo que dijeron el ministro de Salud Pública y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas cuando comparecieron ante la comisión, en el sentido de que era tiempo de dedicarse a la calidad, dado que ya se había logrado la universalización de la cobertura a través del sistema.

Sin entrar específicamente en el tema de la calidad y en las versiones que puede haber sobre ello, nosotros pensamos que es necesario que dentro de la canasta básica del Plan Integral de Atención en Salud se incluyan los tratamientos endovasculares, fundamentalmente para los ACV isquémicos. La incidencia internacional de ACV es de entre 185 y 385 casos cada cien mil personas por año y en Uruguay es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en general. Para tener una idea, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 3000 fallecimientos por año son por esta causa. El tratamiento endovascular es una subespecialidad de la neurocirugía.

Habiendo planteado el tema aquí en el Senado, muy preocupados por él, logramos que nos prestara atención el catedrático grado 5 de neurocirugía, doctor Humberto Prinzo, y el vicepresidente de la Sociedad de Neurocirugía, doctor Roberto Crossa, un muy joven neurocirujano uruguayo especializado en el exterior, que opera en esta especialidad en un centro de salud que integra el Sistema Nacional Integrado de Salud –que no tiene incorporada en su canasta la prestación de esta modalidad– y en el exterior, en diversos países de Europa.

El 13 de abril fuimos a hablar con el señor ministro, quien se comprometió a enviar este año un proyecto de ley con algunos cambios en el Sistema Nacional Integrado de Salud, algunos vinculados a prestaciones que el PIAS lleva adelante y tal vez no sean tan necesarias, y otros relacionados con la incorporación de nuevas prestaciones que están evaluando las dependencias técnicas de la cartera.

Nosotros ya planteamos que existe evidencia clase 1A –que es la de mayor grado científico posible, según señalan los médicos– que demuestra la necesidad de incluir estas técnicas dentro de todos los sistemas de salud para el caso de los tratamientos de ACV isquémicos, no así para el ACV hemorrágico o la hemorragia cerebral, que es otro matiz dentro de los accidentes cerebrovasculares.

Según las estadísticas, en Uruguay hay trece accidentes cerobrovasculares isquémicos por día y reitero que es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda a nivel general. Uno de cada seis individuos en el mundo va a sufrir un ataque de esta naturaleza; por lo tanto, lamentablemente, por una cuestión estadística, nos va a afectar a muchos de los que estamos aquí. Esto es tan frecuente que en Estados Unidos, por ejemplo, sucede uno cada cuatro minutos. Imaginemos qué sucedería si esto fuese provocado por una infección. Estaríamos en estado de alarma.

Queremos expresar que, muy interesado por este tema y sin tener formación médica, hace tres meses fuimos –por un contacto que hicieron estos profesionales– a visitar el último hospital inaugurado en Europa, que está en Oviedo. Es un hospital universitario que ocupa la mayoría absoluta del total de los recursos de la comunidad autónoma de Asturias. Estuvimos con el jefe y con el equipo de neurocirujanos, y ellos nos explicaron que la posibilidad de hacer el tratamiento es a través de un mecanismo de concentración, es decir que no se puede promover esto en la multiplicidad de centros de salud que existen en el país. Reitero que estamos hablando de que las estadísticas en el Uruguay muestran que es la principal causa de muerte, sobre todo en mujeres; ocurren más de 3000 casos por año, y se plantea la imposibilidad de gestionarlo.

Quiero destacar la atención del ministro al recibirnos y al decirnos lo que nos dijo. Tenemos la constancia de que la División Evaluación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública ha evaluado satisfactoriamente la incorporación de este tratamiento.

Ahora bien, nos preocupan tres cosas: primero, que ASSE frecuentemente está licitando estas técnicas para ofrecerlas a sus afiliados; segundo, que el Ministerio de Salud Pública ya tiene este informe positivo al que refería; y tercero, que la cartera viene pagando varios juicios de amparo que se han llevado a cabo por gente que de manera desesperada recurre a la Justicia para lograr que el ministerio pague, aunque no lo obligue la realidad del sistema.

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Voy a conceder con muchísimo gusto una interrupción al señor senador Carámbula, que realmente conoce sobre este tema.

Antes, aprovecho para comentar que hace dos meses concurrí a un calificadísimo encuentro que se realizara en el LATU con destacados neurocientíficos de Estados Unidos, Europa y la región, organizado por la Universidad de la República y la Sociedad de Neurocirujanos. Allí concurrió el profesor Fernando Viñuela –con quien estuve y me mencionó al senador Carámbula–, un uruguayo que es una eminencia en el tema en los Estados Unidos, quien nos manifestó la necesidad imperiosa de plantear esta modalidad.

Simplemente quería dejar constancia en una instancia más del Senado de la preocupación que tenemos sobre el tema y que estamos esperando el proyecto de ley del que el señor ministro –en la amable instancia personal que tuvimos el 13 de abril– nos dijo que iba a enviar este año para la modificación del PIAS.

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede interrumpir el señor senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Aunque estamos discutiendo la rendición de cuentas, quiero resaltar la seriedad del planteo del senador Camy, su preocupación, y señalar que es como él efectivamente dice.

Por otra parte, respeto el planteo del señor senador Bordaberry en cuanto a que es un proceso de país, pero tenemos que hablar sobre la base de cifras reales. En ese sentido, así como me parece excelente el planteo que realizó el senador Camy, no puedo dejar pasar que se diga que por enfermedades cardiovasculares mueren diez veces más al norte que al sur del río Negro. Tengo las cifras y, más allá de que no es un tema presupuestal propiamente dicho, no puedo dejar pasar esto. Aclaro que cuando hablamos de cifras de mortalidad no es para polemizar en torno a un tema que nos duele a todos. En Montevideo mueren 3889 uruguayos y uruguayas por enfermedades cardiovasculares anualmente; en Rivera, 221; en Tacuarembó, 233; en Artigas, 164; en Paysandú, 259; en Salto, 327 –una cifra un poco mayor–; y en Cerro Largo, 263. No solo la diferencia numérica es más alta, sino que también lo es la relación porcentual con la población. Lamentablemente, Montevideo tiene un promedio por 100.000 mucho más alto que Rivera, Tacuarembó o Salto. Creo que esta preocupación de todos debe tener como base cifras reales.

Muchas gracias senador por la preocupación constante sobre el tema que plantea.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- He finalizado.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 86, 87, 88, 89 y 91.

(Se votan).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 82.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 83.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 84.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 85.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 90.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: ante una iniciativa del senador Bordaberry sobre el segundo inciso de este artículo, teníamos la duda de si la palabra «principios» –que figura en el cuarto renglón– iba o no, y si eso afectaba el inciso primero que refiere al artículo 92 de la Ley n.º 19121. Incluso, el Partido Colorado había presentado una hoja con la interpretación que en principio se había dado en comisión, que era la de que tenían que estar exceptuados los artículos 93 y 94 de la referida ley. Después de realizar las consultas concluimos que está bien exceptuar el artículo 93 y que, en lugar de decir «se realizarán por los principios», debería decir «se realizarán por los mecanismos de selección del artículo 94».

Al respecto el señor senador Bordaberry señaló que iba a retirar su propuesta porque con la modificación propuesta sí tiene coherencia.

En síntesis, cambiamos el vocablo «principios» por la expresión «mecanismos de selección». No presentamos una propuesta porque se trata de una corrección en sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 90 con la modificación propuesta por el señor senador Michelini.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el Inciso 12.

Pasamos a la consideración del Inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», que comprende los artículos 92 a 95.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el Inciso 14, «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente», que comprende los artículos 96 a 99.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: no voy a solicitar el desglose de ningún artículo de este inciso porque una cosa son los artículos que se presentan y otra el nivel de ejecución de viviendas. En este sentido, dije a los representantes del ministerio, cuando concurrieron a la comisión –y lo reitero acá–, que es muy malo el nivel de ejecución de viviendas que tuvieron.

En la comisión me quejé sobre el cambio de estilo con respecto a los presupuestos anteriores, en los que se presentaban planillas con los proyectos terminados y en ejecución por cada uno de los programas para poder darle un seguimiento. Lamentablemente, no vinieron esas planillas, aunque ellos me dijeron que en el mensaje económico financiero del Poder Ejecutivo había una. Era cierto, pero el seguimiento de las metas del plan quinquenal de viviendas no se podía hacer de la misma manera, porque había que interpretarlo. No son los mismos rubros, algunos rinden cuenta en forma conjunta y había que hacer la cuenta. Nosotros la hicimos con la esperanza de que los números fueran mejores y lo que tuvimos fue la confirmación de malos números. Fíjese, señor presidente, que en el marco del Programa Compra de Vivienda Nueva, el ministerio se comprometió, en el plan quinquenal, a realizar 23.500 viviendas, y en 2015 terminó solamente 3018. Este número es insuficiente, porque si nosotros dividimos la meta en función de los años, para poder evaluar el nivel de ejecución, el resultado tendría que haber sido de 4700 viviendas realizadas.

La meta quinquenal de los programas que intervienen sobre el stock habitacional existente se fijó en 15.700 viviendas, pero se llevaron a cabo 611, cuando en el año se tendrían que haber realizado 3140. Fíjense lo lejos que están de la ejecución esperada. Dicen que esperan mejorar en los próximos años, aunque hay una continuidad del ministerio en el programa nacional de alquileres, que pone como meta 6000 viviendas, pero apenas tienen 738 cuando deberían llegar a las 1200 por año.

El programa relativo a relocalizaciones de viviendas nuevas, que es muy importante, tiene como meta para el quinquenio 2500, pero apenas llegan a 294 relocalizaciones, que es un poco más de la mitad de la cifra que tendrían que alcanzar.

También se pusieron como meta realizar 10.000 cooperativas, pero solo llegaron a 1200 en el año cuando deberían haber alcanzado las 2000.

El único programa que está por encima de la meta es Mevir –vivienda rural y pequeñas localidades–, que se propuso hacer 3000 viviendas en el quinquenio, lo que llevaría a tener que construir 600 por año y han hecho 863. Es el único número positivo. También los préstamos de la Agencia Nacional de Vivienda, pero son préstamos, y a mí me gusta hablar de viviendas construidas.

Los convenios con las intendencias tampoco cumplen la meta. El Programa de Mejoramiento de Barrios –el viejo PIAI– tiene como meta en el quinquenio la construcción de 3570 viviendas, pero se hicieron 579. Quiero aclarar que mejorar un barrio no implica únicamente hacer viviendas.

Creo que la izquierda tiene un problema endémico en la ejecución de obras, porque así como no saben hacer carreteras, tampoco saben hacer viviendas. No tienen buenos niveles de realización y de consolidación; es decir, no tienen nivel de ejecución, y la vivienda es un ejemplo de ello.

¡Todos los años me quejo de lo mismo y vuelven a establecer metas! ¡Ah!, eso sí, en los planillados del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el 30 % de lo que se destina para vivienda se gasta en asesoramiento, en consultorías y se imputa a gastos de inversión. Ellos dicen que hay que estudiar el entorno, que hay que hacer una labor socioeconómica y educativa, pero todos los casos no son iguales. Esto puede entenderse para el mejoramiento de barrios que hacía el viejo PIAI en los asentamientos; pero ¿por qué Mevir puede tener este nivel de realización y el resto de la Administración no? ¿Por qué Mevir puede superar en un 30 % o un 40 % sus metas y el resto no llega al 50 % de las metas establecidas en el plan quinquenal? Nosotros no estamos inventando. Ellos mismos se comprometen a hacer determinada cantidad de viviendas por año para llegar a las 23.500 nuevas. ¡Pero a este ritmo, no llegan! ¡No saben! ¡No tienen ese nivel de ejecución ni tampoco la preocupación!

Cuando en la comisión escuchamos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre tienen un justificativo como, por ejemplo, que hay que estudiar, que hay que contratar más consultorías, que hay que hacer más estudios. ¡Vuelven a contar lo que ya contaron, lo vuelven a razonar, lo vuelven a estudiar en un país hiperdiagnosticado, donde no aparecen las soluciones de vivienda!

Señor presidente: nosotros levantamos nuestra voz para decir que vamos a seguir haciendo un seguimiento de esto; que abrigamos una esperanza sobre lo que dijo la ministra en la comisión en el sentido de que piensan mejorar estos números, porque esta cuestión no es matemática: hay procesos licitatorios que a veces demoran porque son cuestionados, denunciados y llevan a que los tribunales tenga que laudar los inconvenientes entre las empresas por demorar las realizaciones. Pero hace ya mucho tiempo que venimos con esta excusa; tiene que llegar el momento en que se concreten en mayor medida las metas del plan quinquenal. Abrigamos la esperanza de que la ministra tenga razón, de que en los próximos años pueda reverse la situación y de que, por una vez en la vida, puedan demostrar que la izquierda es eficiente a la hora de realizar obra pública, construir carreteras, puentes y casas. Lamentablemente no vemos los niveles de realización que esperábamos en función de lo que se votó en el presupuesto.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Voy a reiterar algo que dijimos hoy temprano y que nos preocupa.

Como bien dijo el señor senador Heber, el programa de ejecución de viviendas más exitoso es el de Mevir. Sin embargo, en este momento se están cortando los beneficios que tenían desde hace catorce años los buenos pagadores, a quienes se les descontaba un año por cada cinco. Esa información surgió después de que vino el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la comisión. Nos parece que es equivocado que se corte ese beneficio. Hacemos este señalamiento porque creemos que todavía se está a tiempo de rever, porque se está afectando a una cantidad de pequeñas poblaciones en el departamento de Canelones a quienes se les había asegurado ese beneficio que ahora se les quitará en forma retroactiva. No nos parece que eso sea bueno, porque es equiparar para abajo, y sobre todo es afectar los derechos adquiridos de los beneficiarios del plan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 96 al 99 inclusive.

(Se votan).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a considerar el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social», que comprende los artículos 100 y 101.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se desglose el artículo 100.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 100.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 101.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: para no hacerle perder el tiempo al Senado en discusiones, simplemente quisiera fundar el voto, tratando de no realizar alusiones, para poder ingresar a la consideración de los organismos del artículo 220 de la Constitución.

En comisión mantuvimos una fuerte polémica con la ministra de Desarrollo Social, relativa a los funcionarios y al pasado. Ella me contestó –no voy a hacer alusiones de carácter político– que no eran ciertas algunas afirmaciones que le endilgué que había realizado sobre su antecesor Olesker con relación al clientelismo político. Dijimos que nos preocupaba y nos preocupa mucho toda una situación de ingresos de ONG en el Ministerio de Desarrollo Social –las ONG compañeras a que hacía mención el senador Bordaberry–, y la señora ministra, a los efectos de no generar una nueva polémica, contestó que no había declarado eso y que el problema era que yo le creía al diario El País. La polémica estuvo instalada en su momento, las ONG existieron, hay una situación irregular de funcionarios, y tratar de regularizarla le provoca mucho desgaste al ministerio. Es más, creo que por algo la regulariza, porque si estuviera todo bien, no tendría que regularizar con regla tablas y compensaciones de todo tipo. Podemos decir que este ministerio tiene la medalla de oro en regularizaciones, porque a mi juicio allí se ha dado una situación irregular –y yo sí le creo a El País– a causa de una actitud clientelista del entonces ministro Olesker.

Sin alusiones, señor presidente, quería decir esto.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: por más que se diga que es sin alusión, eso no cambia el contenido de lo que se dice.

Simplemente quiero reafirmar dos cosas. En primer lugar, fue largamente discutido en el presupuesto este tema, y creo que la comparecencia de la ministra dejó muy en claro cuál era su posición en torno a estos asuntos. Cada vez me reafirmo más en lo que dijimos ayer. A veces se baten y baten las cosas de forma distinta para ver si se transforman en verdades. El gran desafío que tenemos que seguir encauzando es dar el debate porque, en definitiva, no nos van a hacer creer que porque las cosas se repiten mucho se transforman en verdades. Acá hay un proceso, un proyecto y una autoridad que es consciente de lo que debe desarrollar, y en ese sentido se ha venido trabajando.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la sección V, «Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República», que comprende los artículos 102 a 157.

Comenzamos con el inciso 16, «Poder Judicial», que comprende los artículos 102 a 112.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: anunciamos que íbamos a solicitar que se votara en primera instancia el presupuesto enviado por el organismo –aunque sabemos que no van a estar los votos–, sin que se nos cargue a la cuenta de lo que no financiamos, porque eso fue un reproche.

Queremos dejar constancia de que nos hubiera gustado votar artículos que se presentaron por parte del organismo y que no fueron recogidos por la mayoría del Senado. Por tanto, si en primera instancia se puede poner a votación el mensaje del organismo, así lo solicitaríamos, a pesar de que sabemos que saldrá negativo. Luego el Frente Amplio podrá votar lo que quiera y nosotros veremos qué hacemos. De no ser así, hablaremos en todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sería totalmente novedoso, señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Lo hicimos en el presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a poner a votación el texto venido de la comisión, y si sale negativo, con mucho gusto pondremos a consideración la propuesta del señor senador.

SEÑOR HEBER.- Lo hicimos en el presupuesto; por tanto, no es novedoso. Y siempre lo hicimos cuando el Frente Amplio era oposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, pondríamos a votación la propuesta del senador Heber.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Nosotros tratamos de economizar las intervenciones, pero no vamos a cambiar una forma de votación para que no hablen. Entonces, separemos las dos cosas.

No tenemos ningún problema en que presenten esa propuesta, pero nosotros tenemos que votar primero lo que viene de comisión. Tan así es que incluso cuando estamos de acuerdo en un texto sustitutivo, primero tenemos que votar negativamente el de la comisión. Eso parece lógico, salvo en los artículos que la comisión no recogió pero que, como tienen iniciativa, se podrían votar; y si hubiera mayoría, saldría un presupuesto desfinanciado. En cuanto a los artículos que se votaron en la comisión y que se contraponen con los del Poder Judicial u otros organismos, debemos votar los que provienen de la comisión. En cuanto a los que no se incorporaron, en algún momento los votaremos. Nosotros lo haremos en contra. Estamos hablando de los que tienen que ver con los organismos del artículo 220 de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo que hemos estado hablando en la Mesa, la única forma de ingresar lo que propone el señor senador Heber hubiera sido que el propio señor senador lo hubiera presentado como un sustitutivo, pero como no ha sido así, se va a votar lo que viene de la comisión y seguimos adelante.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: obviamente empezamos con los artículos relativos a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la república y, en primer lugar, estamos considerando los que tienen que ver nada más ni nada menos que con el Poder Judicial que, quizás, sea uno de los temas recurrentes en las instancias presupuestales. Dimos una discusión muy fuerte durante la consideración del presupuesto pasado, donde el incremento presupuestal del Poder Judicial fue cero por parte de la bancada de gobierno. Más allá de la discusión de algunos artículos que involucran al Poder Judicial en algunas decisiones vinculadas a sentencias firmes de reclamos laborales contra el Estado, que es otro tema, en aquel momento dijimos que estábamos asfixiando al Poder Judicial porque, entre otras cosas, le estábamos generando mayor nivel de competencia. Es más: en ambas cámaras se votó la reforma del Código del Proceso Penal y el nuevo Código Aduanero. Obviamente, el Poder Judicial reclamó un refuerzo presupuestal para poder hacer frente a esas dos instancias y fue lo único que se incluyó en esta rendición de cuentas: una partida de $ 188:000.000 para 2017, a los solos efectos de poner en marcha el nuevo proceso penal y el nuevo Código Aduanero, pero para el resto no hay. Tenemos problemas de alquileres; hay partidas acordadas e imputadas para ser usadas por el Poder Judicial, pero no están disponibles. Se pidió un refuerzo presupuestal, y nada más y nada menos que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia manifestó que, con este ritmo de funcionamiento y este presupuesto, no llegan a fin de año y que ya se cerraron trece juzgados en el interior del país.

Por otro lado, señor presidente, mediante el artículo 11 se topea la partida destinada al rubro alquileres, mientras que solamente en Maldonado se paga USD 50.000 por mes por este concepto. En síntesis, ajustes, alquileres nuevos, todo va a cuenta de los créditos del organismo porque, como ya explicitamos durante su discusión, queda topeado por lo dispuesto en el artículo 11.

Señor presidente: esta es la segunda instancia presupuestal de este Gobierno en la que no hay una sola consideración para el Poder Judicial. Queremos dejar claramente establecido el tema: en virtud del compromiso del presidente de la república en el marco del acuerdo multipartidario, se otorgan recursos para que entren en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal y el Código Aduanero; solamente para eso, y dicen que ni siquiera alcanza. Pero para el funcionamiento del Poder Judicial, que no solo tiene cada vez más desafíos, sino también más funciones, y que además busca implementar una reestructura edilicia con el fin de optimizar los recursos, por segunda vez –primero en el presupuesto y ahora en la rendición de cuentas– no se otorga un solo peso de incremento presupuestal.

Estas son de las cosas que nos llaman la atención, porque estamos hablando del tercer poder del Estado, que es independiente, que da garantías a todos del cumplimiento de las leyes, de relacionamiento ciudadano, de solución de controversias, laudos. Nada más y nada menos que el Poder Judicial, una vez más queda apartado de cualquier consideración presupuestal. Seguramente haya muchos que no estén muy contentos con algunas definiciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia; quizás, esto también tenga que ver.

Quiero dejar claro y reiterar que la plata que se da al Poder Judicial está destinada solamente a dos cosas que fueron acordadas entre todos los partidos políticos y votadas por este Parlamento; para el resto, nada. Una vez más, el Poder Judicial es la cenicienta en lo que a recursos refiere.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Comparto, en lo sustancial, lo que acaba de señalar el señor senador Delgado.

Como nosotros no integramos la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, no pudimos votar el mensaje del Poder Judicial. Por tanto, queremos dejar la constancia de que lo hubiéramos votado, de que nuestra voluntad política es apoyar una dotación de recursos mucho más amplia de la que lamentablemente ha sido asignada, tanto en el tratamiento del presupuesto quinquenal, como ahora, en la rendición de cuentas.

Era cuanto quería señalar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se van a votar los artículos 102 a 112.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: hacemos nuestras las palabras del señor senador Delgado, pues nos representan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el inciso 17, «Tribunal de Cuentas», que comprende un solo artículo: el 113.

En consideración el artículo 113.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: tal como lo hiciera el Partido Nacional en el tratamiento del presupuesto quinquenal, queremos manifestar nuestra preocupación
–que nos alarma y nos hace estar alerta– ante el proceso de asfixia de este organismo de contralor.

El artículo 111 del Tocaf dice que: «El sistema de control externo de los actos y la gestión económico-financiero estará encabezado por el Tribunal de Cuentas, al cual corresponderá:», y enumera distintas competencias –naturalmente, todas muy importantes–, pero expresamente establece, al final: «Y, en general, controlar toda gestión relativa a la Hacienda Pública observando y denunciando ante quien corresponda, las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad informando en cuanto fuere pertinente, respecto a las acciones en casos de responsabilidad».

Cuando en las instancias electorales hablamos de democracia y comparecemos en distintos programas periodísticos –como seguramente lo hicimos y lo haremos todos en la próxima–, y se plantean temas de eficacia del sistema político, de contralor de la hacienda pública, de cómo se gasta y de cuáles son los mecanismos para controlar, generalmente nos referimos, en la defensa o en la crítica, a ejemplos de situaciones que no están bien controladas o en las que no se ha gastado convenientemente. Los periodistas, representando a la sociedad, nos preguntan: «¿Por qué no funciona el sistema de control? ¿No hace nada el Tribunal de Cuentas?».

El organismo que nos hemos fijado para controlar la gestión relativa a la hacienda pública, observando y denunciando ante quien corresponda las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad, es al que nuevamente le decimos que no, que no hay nada.

El único artículo que se aprobó en la Ley n.º 19355 para este organismo es el que establece que se podrá presupuestar a los funcionarios contratados, sin ningún tipo de recurso adicional. Nada más. Eso es todo lo que se aprobó para el Tribunal de Cuentas de la república.

Ahora, en la instancia de la rendición de cuentas, se presentaron tres artículos pero ninguno fue contemplado por el Poder Ejecutivo. No obstante ello, vamos a votar, sí, el artículo por el que se crea la figura del director gerente ejecutivo en este organismo, con la remuneración dispuesta en la Ley n.º 15809. No sabemos si esta medida será suficiente para captar el target –como se dice ahora–, la capacidad y el talento que se requiere para competir con las empresas de la actividad privada, así como con las paraestatales.

Como dijimos, vamos a acompañar esta propuesta, pero no podemos dejar de decir que es el único artículo que implica una mejora y, claro está, no significa ningún tipo de gasto, porque son recursos del Tribunal de Cuentas que serán reasignados.

Por lo demás, también se dice que no a dos artículos –lo señalábamos en comisión con preocupación pero también con incomprensión–, uno de los cuales se fundamenta en la necesidad de ampliar determinados gastos, tales como luz, telefonía, agua, limpieza y vigilancia, para poder trabajar en la nueva sede que adquirió el organismo, y el otro que refiere a la ampliación de la inversión en tecnología informática, con computadoras y software acordes a las nuevas exigencias. Estamos hablando de $ 9:000.000 en un artículo y de $ 3:500.000 en el otro.

En síntesis, se dice que no al otorgamiento de $ 1:000.000 por mes a un organismo como el Tribunal de Cuentas que seguramente deberá cumplir más funciones, pues es el ámbito donde se estudia la legalidad de los procesos de contratación y licitación del Estado, pero también deberá controlar a las sociedades anónimas de su propiedad que funcionan bajo las normas del derecho privado, así como a los fideicomisos y toda la nueva estructura de hijas y nietas, como le gusta llamarlas al señor senador Delgado. Estas instancias, novedosas y creativas
–porque es positivo que el Estado se involucre en estas nuevas formas de sociedades– van a demandar que el Tribunal de Cuentas disponga de más técnicos y de más recursos humanos e instrumentación desde el punto de vista tecnológico.

No nos gusta calificar, somos precavidos, pero no le encontramos racionalidad a que no se destine $ 1:000.000 por mes a este organismo al que, por segunda vez en una instancia presupuestal, lo dejamos en un proceso de asfixia. No estamos exagerando, lo dijeron los siete ministros que comparecieron ante la comisión. Expresamente les pregunté si había una opinión que planteara matices y me contestaron que no: los siete ministros están de acuerdo en la necesidad imperiosa de contar con más recursos, porque hace al propio funcionamiento. He tomado nota de los términos –constan en la versión taquigráfica–: los ministros hablan de que estas necesidades son básicas para el funcionamiento del organismo.

Por estas razones, dejamos constancia expresa de nuestra disconformidad ante esta medida, que consideramos un error porque carece de racionalidad.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: en primer lugar, queremos destacar el cambio aceptado en el artículo 113, que le va a permitir al Tribunal de Cuentas tener un director general ejecutivo. Creo que fue bueno el acuerdo al que se llegó. Tenía una limitación muy baja. No es exactamente lo que se pidió, pero es bueno que se haya podido lograr un acuerdo en ese sentido.

En segundo término, me voy a referir a los otros dos artículos que propuso el Tribunal de Cuentas. Lo explicamos ahora para no hablar de este tema después de que se trate este inciso. Insistimos en estos artículos porque hay recursos; están depositados en el Banco República; lo que no está es la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para que el Tribunal de Cuentas pueda utilizarlos, para ello se requiere esta norma. Entonces, si tiene los recursos, si están depositados en su cuenta del Banco República, si los necesita para cosas bastante mínimas, solo restaría habilitarle el crédito, sobre todo, porque no es una cifra enorme, sino que es bastante menor y, además, no se puede utilizar para otra cosa.

Parecería sensato que el Tribunal de Cuentas pudiera utilizar rápidamente su nuevo edificio –que está pronto– y empezara a brindar mejor sus servicios.

Por estos motivos, vamos a presentar como aditivos los artículos que no se aprobaron en la comisión y hacemos votos para que en algún momento se consideren positivamente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 113.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ingresamos al inciso 18, «Corte Electoral», que comprende los artículos 114 a 117.

En consideración los artículos 114 a 117.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: he presentado una fórmula para evitarnos todo esto, pero no fue aceptada. Por lo tanto, vamos a hablar sobre lo que nos parece cada uno de los incisos.

El inciso de la Corte Electoral contiene cuatro artículos, que fueron acordados conjuntamente entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el sindicato. Básicamente, se trata de la creación de una retribución por concepto de permanencia a la orden para los funcionarios que cumplen funciones en este organismo y de la eliminación de las horas extras, lo que ya fue acordado y votado en forma unánime en comisión.

Nuestro interés es que se ponga el acento en los otros artículos que no fueron votados. Uno de ellos es importantísimo porque refiere a la posibilidad de contar con personal informático. Siempre le reclamamos a la Corte Electoral que se modernice, pero no le damos los recursos para que pueda lograrlo. Por tanto, es muy difícil que pueda cumplir con las exigencias de los partidos políticos, si no se le otorgan los recursos para que comience a informatizar la inscripción y el padrón, por lo que deben continuar trabajando con los viejos expedientes.

Realmente pienso que la tecnificación de este organismo es un elemento básico, pues de ese modo tendríamos mayores garantías, así como la posibilidad de que la gente que no está radicada en su departamento de origen pueda votar igualmente, como paso previo a otras ampliaciones del padrón electoral. Pero bueno, no hay voluntad de darle el dinero que necesita.

Aspiramos a que cuando disponga la renovación de la Corte Electoral y del tribunal, por lo menos se haga el esfuerzo de mejorar su presupuesto para que pueda cumplir con sus cometidos.

Hay un tema pendiente –que no es menor– que ha tenido gran repercusión en la prensa, que tiene que ver con las famosas rendiciones de cuentas que deben hacer los partidos políticos sobre los dineros que otorga el Estado para su financiamiento. Quiero dejar constancia de que nos parece bien que se audite a los partidos políticos. No se trata solo de rendir cuentas, sino que también deberían ser auditados. Para eso vamos a tener que darle la posibilidad a la Corte Electoral de que contrate más contadores porque actualmente hay solo tres –que cumplen con las tareas de liquidación de sueldos, controlar los gastos de funcionamiento, en fin, las funciones propias del organismo–, pero no es el suficiente personal para auditar a los partidos.

Pienso que como parte del sistema político, deberíamos hacer un esfuerzo para que se establezca la auditoría de los partidos políticos, porque ello significaría la posibilidad de que las cuentas que manejamos en los partidos políticos sean observadas por más ojos y, así, curarnos en salud. El sistema está bien controlado, pero debe estar más y mejor controlado.

Por lo tanto, debemos dar a la Corte Electoral la posibilidad de que, a corto plazo, contrate nuevos contadores que cumplan la función de auditar los partidos políticos, para estar tranquilos en cuanto al tema, que muchas veces se pone en duda, de qué hace cada uno de los partidos políticos con los dineros públicos y con la contribución privada. Por lo tanto, señor presidente, me parece que estos son temas que debemos tener presentes, porque son tareas que debemos asumir todos, por encima de las discrepancias que coyunturalmente podamos mantener en otros ámbitos del quehacer político.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 22 de setiembre al 30 de setiembre de 2016.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Leonardo de León. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor Julio Calzada y la señora Beatriz Ramírez han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Felipe Carballo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por el día 20 de setiembre, por motivos personales.

Saludo atentamente.

Ernesto Agazzi. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor Francisco Beltrame ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel Garín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día 15 del corriente.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Mónica Xavier. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango y la señora Viviana Piñeiro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827 de 4 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día de hoy, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

Se comunica que los señores José Amy y Gustavo Cersósimo han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

11) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la discusión particular.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: quiero pedir el desglose de los artículos 114 y 116, que tienen un sustitutivo, por lo que si se vota el texto aprobado en la comisión ya no tendrán que ser tratados.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: voy a hablar un poco de la Corte Electoral en un sentido general, tal como lo ha hecho el señor senador Heber.

La Corte Electoral no se ocupa de la seguridad, de la salud y tampoco es el Ministerio de Desarrollo Social, pero es un organismo muy importante para el asentamiento de la democracia, de los partidos y del país. Quizás la forma en que están presentados los artículos que tienen que ver con cada organismo, también revele su estado de salud. Todos los artículos de la Corte Electoral se refieren, en realidad, a un complemento salarial para sus funcionarios y de hecho, aquí, en el Parlamento, hemos recibido con frecuencia a esos funcionarios que vienen a hacernos propuestas acerca de cómo organizar el complemento salarial. Debo decir que vamos a apoyar ese complemento salarial –al igual que los colegas de otros partidos, hemos participado de las discusiones sobre ese tema– que sustituye las horas extras. Ahora bien, las horas extras hace veinte años que están prohibidas por ley en la Corte Electoral; efectivamente, la ley dice que no se puede pagar más horas extras, a pesar de lo cual se siguieron pagando. En realidad, eso ocurre siempre en la Administración pública, ya que ese pago se disfraza de una manera o de otra. Tenemos claro que la Corte Electoral es una institución muy importante y está todo controlado, pero a veces tengo la impresión de que ese control se realiza a través de papelitos escritos, como ocurría antes en los almacenes. Se trata de una institución en la que estamos trabajando, y ahora se ha presentado una muy buena oportunidad ya que se va a llevar a cabo la designación de nuevos ministros. De todos modos, la Corte Electoral es un organismo que necesita una renovación, debe contar con un plan estratégico de desarrollo y una estructura de funcionamiento. Incluso, no hay ingeniero de sistemas que alcance para ese organismo, porque además deben contar con uno por partido. Creo que vamos a tener que discutir ese tipo de situaciones.

Es el organismo que controla el funcionamiento de las elecciones y veremos cómo hacemos para que nos dé garantías a todos. No puede ser que los funcionarios respondan a los diferentes partidos y por eso nos sintamos tranquilos porque en la Corte Electoral están representadas todas las colectividades políticas. La cuestión es ver cómo logramos una Corte Electoral que tenga cristalinidad como para darnos garantías a todos. Pienso que debemos traer la Corte Electoral a esta época del país y de la tecnología, no solo para la instancia del acto electoral, sino también para su funcionamiento institucional.

En ese sentido, estamos manteniendo conversaciones entre los representantes de los partidos ya que es nuestra responsabilidad, tal como hemos acordado, tener propuestas de nuevos integrantes para la Corte Electoral, pero no queremos nuevas personas para seguir haciendo lo mismo que se está haciendo hoy, porque de ese modo no vamos a lograr nivel y modernización para la institución y, en el fondo, todos sabemos que tiene para cumplir tareas muy importantes, tal como decía el señor senador Heber, con quien estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto. El financiamiento de los partidos tiene que ser cristalino, ya que no puede ocurrir que las donaciones a los partidos estén en un registro que no es muy confiable y que nosotros utilicemos parte de nuestros sueldos para ese financiamiento. Hay muchos asuntos que debemos actualizar y, en ese sentido, me parece que con respecto a la Corte Electoral tenemos mucho por hacer, más allá de estos artículos. Sin dudas, este es un trabajo que debemos llevar adelante entre todos los partidos con representación parlamentaria.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 114, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 114 con el texto aprobado en la comisión.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 115.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 116, que tiene un sustitutivo –propuesto por el Partido Colorado– que se encuentra en la hoja n.º 7.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 116 con el texto venido de comisión.

(Se vota).

–21 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 117.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hemos agotado el inciso 18.

Queremos dar la bienvenida y agradecer su visita a los alumnos de las escuelas n.º 102, n.º 131 y n.º 132 de Rivera.

Corresponde considerar el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública», que comprende los artículos 118 a 124.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Asiaín.

SEÑORA ASIAÍN.- Señor presidente: voy a referirme a una omisión.

Entre los órganos de creación constitucional se omitió considerar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA. Es una omisión que se arrastra desde el presupuesto. Habiendo pedido el TCA USD 200.000 anuales, no se le otorgó absolutamente nada, cuando sí se le otorgó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, por poner un ejemplo entre otros. Desde las cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Público siempre se ha inculcado que el TCA es un orgullo, un distintivo del Uruguay en el mundo en este afán por ajustar la actuación de las autoridades a derecho. Es un órgano de control, de creación y de existencia necesaria dispuesta por la Constitución, de la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia, y también imparte justicia. Los recursos pedidos no eran para el organismo en sí mismo, sino presupuesto para la gente, para cumplir con el mandato dispuesto por el artículo 8.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: otorgar garantías judiciales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe que la interrumpa, señora senadora, pero está fuera de tema porque estamos en el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA ASIAÍN.- Estábamos considerando los incisos 17 «Tribunal de Cuentas» y 18 «Corte Electoral», es por eso que me estoy refiriendo a un organismo que también es de creación constitucional y que no había sido considerado, lo que constituye una omisión. Me estoy refiriendo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, antes de ingresar a la ANEP. Pero si usted considera que no…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Usted está fundando su voto? Estamos en otro inciso. Usted está reconsiderando…

SEÑORA ASIAÍN.- Estoy marcando una omisión en esta rendición de cuentas, que se viene arrastrando…

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar, senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Me estaba refiriendo a la omisión en asignar partidas presupuestarias a un órgano de control… ¿sobre qué?, ¿para qué?, ¿para defender a quién? En primer lugar, para evitar que un poder del Estado, el Poder Judicial, desautorice actos del Poder Ejecutivo o de los otros poderes, manteniendo de esta manera el equilibrio de poderes. Se crea así un órgano independiente, por fuera de los tres clásicos poderes. Es, entonces, un órgano que hace el engranaje de pesos y contrapesos en la maquinaria de separación y equilibrio de poderes. Ejerce un control sobre actos, y no cualquier control.

(Murmullos).

–No controla por motivos de conveniencia o de mérito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido, por favor, que hagan silencio para escuchar a la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Controla que los actos administrativos no sean contrarios a derecho o que no hayan sido dictados con desviación de poder. Es un medio democrático republicano por excelencia, que asegura y cumple el Estado de derecho de la forma más cabal, evitando, limitando la incontinencia arbitraria del poder. ¿Para qué? Para defender, contra esos actos arbitrarios, ¿a quién?, al administrado, es decir, a todos, a cada uno de los habitantes, incluso, a los gobernantes si son víctimas de trato arbitrario: desde el funcionario portero al ministro de Estado, desde el habitante común, usuario de OSE, a su presidente o al empresario.

El TCA ha expedido sentencias señeras. No es frecuente que dicte sentencias contra la Administración. Ha reservado este tipo de pronunciamientos a casos muy excepcionales, corrigiendo las desviaciones a la regla de derecho y otorgando certeza, por otro lado. Cuando ha anulado algún acto administrativo ha sido por resultar, de forma incuestionable, contrario a una regla de derecho o al deber de buena administración, es decir, para proteger al más débil, al administrado. Nosotros mismos, que salimos de aquí, somos pasibles de una multa de tránsito de un inspector arbitrario; de una factura de UTE equivocada; de una sanción a un maestro; de una lesión al medioambiente. Este tribunal, de solo cinco miembros, sin salas especializadas para atender todos los asuntos de su competencia para toda la república, ha desplegado una tarea titánica desde una sola sede, en la calle Mercedes, y ha expedido sentencias ejemplares.

A la buena gestión, la respuesta del gobernante ha sido cero presupuesto, anulando la esencia y definición misma de la función jurisdiccional que ejerce. Para hacer la justicia más accesible al pobre es necesario dotar –ya no se hizo– de un presupuesto digno al órgano constitucional que tiene la función sagrada de controlar y encauzar a las autoridades cuando estas se desvían del proceder correcto, como lo exige el Estado de derecho.

El perjudicado último es el habitante, además de los funcionarios del órgano y la función en sí. Es a la persona humana a quien se la denigra en su derecho fundamental de acceso a la justicia o derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¡No hay ni una mención en esta rendición de cuentas! El poder político está dificultando la tarea del órgano creado para controlarlo. Y nos preguntamos, ante varias sentencias recientemente dictadas, algunas de ellas anulando actos de administración por ser contrarios a derecho, si esto tendrá algo que ver con el ninguneo de este Gobierno al TCA en materia presupuestal.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se puede atribuir intencionalidades, como acaba de hacer la señora senadora. Parece que fuera una venganza del Gobierno contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Fue lo que quiso expresar la senadora.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor presidente: quería precisar eso. Considero que el hecho de que alguien que no participó de esta discusión haga determinadas aseveraciones es, por lo menos, algo aventurado. Lo primero que tendría que saber la senadora es que se invitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero no vino. No vino a defender lo que la senadora, supuestamente, dice que defiende. Se lo citó, pero no vino a la comisión. Sí vinieron los funcionarios, y lo que dijeron es que el TCA no estaba cuidando los dineros que sí tiene asignados. Señalaron cosas mucho más graves –y constan en las versiones taquigráficas–, por ejemplo, que la mayor parte del tiempo los directores están viajando por cuestiones totalmente ajenas al funcionamiento, a las competencias y cometidos que tiene el TCA. Eso lo dijeron los funcionarios en la comisión. Repito: está en la versión taquigráfica. No tenemos la versión del TCA porque no concurrió a la comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: primero que nada, si la senadora preopinante estuvo o no en la discusión es irrelevante. Hoy está ejerciendo el cargo de senadora y punto. Me parece que eso es suficiente para poder dar una opinión en esta sala. Hasta ahora, señor presidente, creo que usted ha sido tolerante en el manejo de la palabra, y espero que lo siga siendo. Todos tenemos derecho a opinar, con cierto orden, de lo que se quiera y de la forma que se quiera. Me parece que lo primero que tenemos que decir es que no se puede cercenar a nadie el uso de la palabra para opinar del tema que entienda necesario, dentro del marco de la rendición de cuentas –es de ese tema que estamos hablando–, en esta sesión.

En segundo lugar, si bien es cierto lo que dice el senador Otheguy –que fue el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda– en cuanto a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no vino, sí es verdad que asistió a la comisión de la Cámara de Representantes –donde sí dejó sentada su posición– y tengo muy claro cuáles fueron sus expresiones y por qué decidió no venir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, cosa que además no comparto, como ustedes saben.

No obstante, creo que lo que dice la senadora es absolutamente justo y atendible. Estamos hablando del organismo cuya competencia principal es ser la justicia administrativa, nada más ni nada menos. En ese sentido, me parece atinado, competente y oportuno dejar la constancia que dejó la senadora Asiaín en nombre del Partido Nacional, en cuanto a que hubiera sido necesario incorporar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el mensaje de la rendición de cuentas y darle alguna atribución presupuestal.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.

Voy a conceder una interrupción al senador García, y luego al senador Heber, que me las solicitaron.

SEÑOR PRESIDENTE.- No puede conceder interrupciones, señor senador, pues usted está haciendo una aclaración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: por supuesto que el Senado es, absolutamente, una institución para la confrontación de ideas. Ahora bien, creo –y lo digo con todo respeto– que la última frase pronunciada por la señora senadora en el sentido de que algunas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo contrarias a ciertas decisiones del Estado podrían tener que ver con el ninguneo ofende al tribunal. En mi opinión, el tribunal ha actuado con justicia, incluso en otras épocas, con bajos presupuestos y escasos recursos. Nadie puede pensar que porque haga las cosas a lapicera –para no generar polémica me remonto a treinta o a cuarenta años atrás–, asume una actitud de venganza. Eso ofende al tribunal, como también ofende a los uruguayos el hecho de que se haga justicia en función de si se le da más o menos plata. Si eso fuera cierto, se podría pensar que el Gobierno y la mayoría parlamentaria le otorgan más presupuesto para obtener sentencias favorables. Estoy seguro de que la señora senadora no lo pensó y, quizás, por la pasión política –que nos mueve a todos– simplemente, se dejó llevar.

Puedo discutir y tener la misma posición que el señor senador Otheguy acerca de cómo fue esto, pero eso se encuentra en un plano; en el otro plano está si nosotros aceptamos en silencio que el tribunal determina sentencias en función de si tiene más o menos presupuesto. ¡Eso es inaceptable! Estoy seguro de que la señora senadora ni siquiera lo debe haber planteado así. Quizás el equivocado soy yo, y debo haber escuchado mal su última frase.

Supongo que el señor senador Heber coincidirá conmigo en que el tribunal es una institución prestigiosa, apegado a la Constitución y a las leyes, que expresa justicia en función de su mejor leal saber y entender, nunca en función de una cuestión presupuestal.

Muchas gracias.

El señor senador Heber me solicita una interrupción, que con gusto le concedo.

SEÑOR PRESIDENTE.- No puede, señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra al señor senador García, quiero decir que es cierto lo que dice el señor senador Delgado en cuanto a que aquí todos los señores senadores pueden expresar libremente su pensamiento, pero con las limitaciones que establecen los artículos 85 y 86 del Reglamento del Senado: no se pueden atribuir intencionalidades, hay que mantener el respeto y no se puede caer en insultos o expresiones indecorosas.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: seré breve. Ante todo, creo que hizo muy bien el señor presidente al conceder la palabra a la señora senadora Asiaín, resolviendo así el dilema.

Cada vez que un senador se sienta aquí, ya sea por una sesión o por las sesiones de los cinco años, tiene exactamente los mismos derechos y le caben las mismas responsabilidades. Me parece que no está bien sentarse en un pedestal y establecer que hay senadores de diferentes categorías según el tiempo de permanencia en esta sala.

Creo que este es un tema de sensibilidad. Hemos vivido muchos años en que, desde las alturas más elevadas del poder, se dijeron cosas bastante maleducadas e, incluso, palabras muy ordinarias. ¡Vamos a no afinar tanto la piel ahora, al punto de que escuchar a alguien decir «ninguneo» revele todas las sensibilidades y haga martillarse los dedos y pedir a la señora senadora Asiaín que no tenga tanta falta de consideración! Dijo «ninguneo». El señor senador no sabe si escuchó bien. Sí; dijo ninguneo. Ahora bien, me parece que una expresión juvenil y de uso popular no puede asimilarse, porque no le llega ni a los tobillos, a las muy gruesas cosas que se dijeron desde las alturas del poder durante muchos años y que les parecieron divertidas y fueron aplaudidas por muchos de los senadores que ahora se ofenden.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Seré breve, señor presidente.

Aquí nadie coarta el derecho a decir lo que cada uno quiera decir. A su vez, uno tiene el derecho de hacer la apreciación que quiera y se le antoje sobre esos dichos, y no se hace desde ningún pedestal.

Hemos constatado que acá hubo un debate sobre este tema y dimos cuenta de lo que pasó en la comisión. Eso no inhabilita a la señora senadora a expresarse y a decir lo que quiera decir. Simplemente, damos cuenta de cuál fue el proceso que se dio en la comisión con respecto a este tema.

No se puede hablar ligeramente y decir que acá se están haciendo recomendaciones porque no es así; siempre somos respetuosos de las opiniones ajenas y nunca las calificamos. Exigimos el mismo respeto, porque empezamos a recorrer un límite que es muy delgado, ¡muy delgado!, y un día va a terminar muy mal.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.­- Quiero hacer una brevísima aclaración al señor senador Otheguy, señor presidente. El TCA no tiene directores, son jueces.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: he intentado intervenir en esta situación un tanto sui géneris y finalmente lo he logrado por la vía de la aclaración.

Ante todo, quiero hacer una corrección a la Mesa. La señora senadora Asiaín se refirió al inciso 19, que correlativamente sigue al inciso 18 y que carece de artículos porque no hay ampliación presupuestal, pero de todas maneras ella tiene derecho a hablar sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas. Lo que concretamente dijo es que le extraña que no venga nada del tribunal, cuando este envió cosas que no fueron aceptadas por la mayoría de la Cámara de Representantes ni por el Senado. Efectivamente, hay un artículo que fue presentado, no directa sino indirectamente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En realidad, aunque no lo hubiera, el hecho de que los representantes del TCA no hayan ido a la comisión –como no lo hicieron– no impide que los senadores puedan referirse al inciso y a la falta de ampliación presupuestal –lamentablemente– para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No ayudó el TCA al no ir a la comisión; por supuesto que es así.

No me parecen de recibo, sin haber escuchado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, algunas cosas que se plantearon aquí sobre lo que manifestaron los funcionarios porque, citando palabras del señor senador Michelini, es un tribunal muy importante al que debemos apoyar y potenciar para que pueda cumplir con su misión en el ordenamiento jurídico nacional, tal como lo señaló la señora senadora Asiaín.

Con respecto al término «ninguneo» empleado por la señora senadora Asiaín y que el señor senador Michelini consideró chocante, quiero decir lo siguiente. No es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cambie sus fallos en función de si se le da plata; por el contrario, muchas veces son sus fallos los que merecen penalizaciones por parte de la Administración. Es más, en la ley de presupuesto –por suerte, no viene nada en el proyecto de ley de rendición de cuentas– hemos visto artículos que cambian fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso generó polémica en la instancia presupuestal porque, reitero, luego de un fallo del tribunal, la Administración se ha presentado con algún artículo para desandar lo que fue un fallo desfavorable a ella. Es ese el ninguneo al que se refiere la señora senadora Asiaín: el no considerar sus fallos al punto tal que se presentan artículos que contravienen lo que es cosa juzgada. Creemos que lo que ha hecho la señora senadora Asiaín no es ninguna ofensa ni atribución de intenciones, sino una confirmación de la realidad. Porque, ¿qué quiere decir «ningunear»? Para nosotros es, justamente, tratar de evitar cumplir un fallo de un tribunal que es desfavorable a la Administración y presentar un artículo que cambia ese fallo. Esa actitud, además, se refleja en el hecho de que no venga nada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cierra la actitud. Entonces, no encendamos ninguna alarma de lo que no hay.

Nada estuvo más lejos de la intención de la señora senadora Asiaín que tratar de deslizar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo podía cambiar sus fallos en función de tener más presupuesto. Justamente, como ha manifestado su independencia de criterio, muchos podemos pensar que no tiene ningún aumento y ninguna consideración, ni en el presupuesto –cuando vino el año pasado– ni en la rendición de cuentas. Todo esto sin perjuicio de que el tribunal no estuvo feliz al no concurrir a la comisión del Senado de la república a dar su opinión sobre su presupuesto y su rendición de cuentas.

Así laudamos el tema, que está perfectamente encuadrado en el inciso 19, luego de considerar el inciso 18, «Corte Electoral», porque nada hay sobre el tribunal.

En consecuencia aprovecho la oportunidad, señor presidente, para felicitar a la señora senadora Asiaín por haber traído el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar con la discusión en particular, la presidencia quiere aclarar que la señora senadora Asiaín debió realizar su intervención en el día de ayer, durante la discusión general del proyecto de ley.

Tenemos un mandato, que nosotros mismos nos dimos, de llevar a cabo hoy la discusión particular del proyecto de ley, y la señora senadora aludió a algo que no está en el articulado. De modo que la intervención de la señora senadora, reitero, se debió realizar en el día de ayer. Efectivamente, la Mesa fue condescendiente porque la senadora no estuvo durante la discusión general. Lamento que hayamos terminado en esta discusión.

Corresponde continuar con la consideración del inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública», que comprende los artículos 118 a 124.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARREGUI.- Señor presidente: ante todo, quiero decir que los siete artículos que contiene la rendición de cuentas en relación con la ANEP me parecen criteriosos, en tanto solucionarán problemas concretos. Esto se enmarca en lo que significa el tema de la educación y de ANEP.

En ese sentido, durante la discusión en general realizada en el día de ayer, escuché un avance sobre el tema educativo y ANEP, surgido a nivel de la oposición. En ese discurso constaté algunas cosas como, por ejemplo, que hubo olvidos. No cuestionaré a la oposición por buscar aspectos negativos porque es su juego, pero olvidaron resultados y cosas muy positivas que se han hecho. También a nivel de la oposición vi que hubo una cierta selección de datos en forma direccionada como para poder decir que la educación está en un estado desastroso.

Otro aspecto que constaté fue que se sacaron muchas conclusiones en forma descontextualizada. Por algo está el dicho: «Saca un texto del contexto y te servirá de pretexto».

Por lo tanto, quiero hacer una exposición un poco más global sobre el tema educativo y ANEP.

¿Qué pasaba antes de que llegara el Frente Amplio al Gobierno nacional? ¿Qué está pasando en estos momentos y cuáles son los cambios que se han dado? ¿Cuáles son los tiempos para esperar resultados en el sistema educativo? Y ¿cuáles son los resultados que ya se están logrando y los que aún no?

Quiero recordar que cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno nacional, para el presupuesto educativo solamente se destinaba un 2,9 % del producto bruto interno de aquel momento, y conste que ese parámetro, luego de aquella gravísima crisis financiera, era un tercio –en términos reales– del que tenemos hoy.

¿Cuánto ganaban los docentes? ¿Cuánto ganaba un maestro o profesor con 20 horas, o sea, primer grado? $ 5000 o $ 6000 por mes. Y debían atender clases superpobladas, de 50 o 60 alumnos por grupo. Evidentemente, no se podía esperar absolutamente ningún resultado educativo.

¿Qué pasaba con los auxiliares de servicio? Vaya si llovían denuncias de todo tipo porque había auxiliares de servicio que trabajaban por el plato de comida que le daban en el comedor. La mayoría de estos funcionarios eran contratados por las comisiones de fomento, y muchas veces, como no tenían recursos para pagar los beneficios, los tenían en negro, con salarios menores al mínimo nacional de aquel momento, fijado por tablas totalmente distintas e inferiores.

¿Qué pasaba en aquel tiempo con la infraestructura física? Son aproximadamente 3000 los locales que tiene ANEP. Había un abandono total en el mantenimiento y una grave carencia en el equipamiento pedagógico; ni hablar del equipamiento informático, donde había apenas algunos testimonios en el sentido de poder hacer algo en informática con aquel Programa Infed 2000.

Si comparamos aquella situación con la que hoy tenemos y con la forma en que ha atendido el Frente Amplio a la ANEP y al sistema educativo, vemos que en recursos presupuestales se destina un 4,5 % del producto bruto interno –o un poco más–, y de un producto bruto interno que es el triple del de aquel tiempo.

En el 2004, reitero, se daba un 2,9 % del producto bruto interno –que era un tercio del de ahora– y eso era solo comparable con la situación de Haití. Las tablas y los ordenamientos presupuestales así lo indican. Se atendía al sistema educativo al mismo nivel que se atendía y atiende en Haití en este momento, donde hay un 50 % de analfabetismo.

Aquí el programa del Frente Amplio va avanzando y cumpliendo. En el período anterior se dijo que se llegaría al 4,5 % del producto bruto interno, y aquellos que no lo dieron –aun con la posibilidad de hacerlo– lo cuestionaban, pero se llegó al 4,5 % y al 4,7 %.

Este programa del Frente Amplio para el nuevo período de gobierno ha establecido en forma textual que se tenderá hacia el 6 % y todos los esfuerzos están encaminados hacia ello; no porque sí se fijan prioridades presupuestales en el marco de esta rendición de cuentas.

¿Cuánto gana un maestro, profesor, en el primer grado, cuando recién se inicia, con 20 horas? Aproximadamente $ 20.000. ¿Que es insuficiente? No me cabe duda de que todavía es insuficiente. Pero comparemos con aquellos $ 5000 que ganaban en el año 2004. Además, hay una mayor cantidad de docentes. Aquí se cuestionaba que aumentó la cantidad de funcionarios, y por supuesto que es así, pero ¿no había derecho a incorporar mayor cantidad de docentes para poder atender mejor la educación? Aquí se bajó, felizmente, la relación alumno-docente. Ya no se está en aquellos picos de 40, 50, 60 alumnos por grupo; se está entre los 20 y los 30, de acuerdo con la situación, y esto influye y ayuda al sistema educativo, porque se pasa a tener una relación más individualizada y menos impersonal.

Además, se designaron maestros para la creación de un programa que es muy importante a nivel social y pedagógico, que es el de los maestros comunitarios, porque precisamente donde hay que ir a atacar los resultados educativos es en aquellas franjas y estamentos sociales donde existen mayores carencias de todo tipo, donde las necesidades básicas son totalmente insatisfechas y donde es más débil ese vínculo diario con la familia, que es fundamental. Es allí donde, lamentablemente, existe menor apoyo familiar.

También se crearon mayor cantidad de ingresos de docentes para la educación física. Si queremos tener una educación integral, como aspiramos, la educación física debe ser fundamental. Se aprobó una ley de obligatoriedad de la educación física en la educación primaria, y la votaron todos los partidos políticos. Ahora bien, ¿cómo se iba a efectivizar la educación física obligatoria en todas las clases de educación primaria cuando solamente algunas escuelas tenían clases de esta materia en algún grado? Con la creación de más cargos de profesores de Educación Física. Este es otro de los motivos por los que aumentó la cantidad de funcionarios. Pero ¿había que aumentarlos o no había que aumentarlos? Hoy nos encontramos con la situación de que son tantos los profesores de educación física en las escuelas que están faltando, que el sistema educativo los está formando, creando matrículas mucho más importantes.

Además, se ha trabajado en el tema de la enseñanza de idiomas. Hoy hay todo un plan, que empezó en el período anterior, de un segundo idioma, una segunda lengua en las escuelas públicas, que antes no existía. Solo existía testimonialmente en algunos lugares. Tan así es que no alcanzan los profesores de determinados idiomas y entonces ha tenido que recurrirse a contrataciones internacionales para realizar online la enseñanza del inglés y de otros idiomas. En este caso también se aumentó la cantidad de funcionarios.

Pero ¿qué pasa con la regularización de los auxiliares de servicio? El Frente Amplio destinó enormes esfuerzos presupuestales para que aquellas personas que eran consideradas prácticamente esclavas y trabajaban por un plato de comida, en negro o con niveles salariales inferiores a un salario mínimo nacional, pudieran ser presupuestadas y empezaran a tener ingresos de mayor poder adquisitivo, aunque todavía no sean los suficientes. Por esto también hubo que aumentar el presupuesto de la educación y la cantidad de funcionarios. ¿Y cómo no íbamos a hacerlo? ¿Se quiere ahorrar en este tipo de cosas?

Por otro lado, no me di cuenta de que alguien hubiese mencionado el Plan Ceibal, que pone al Uruguay en punta a nivel internacional en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y su aprovechamiento para la propia enseñanza. Esto no existía. Solo existía testimonialmente, en algún programita que otro y en alguna escuela que otra. Y hoy cada alumno tiene su propia tablet o laptop en propiedad para que la use en su centro educativo y en su casa.

Además, aumentó en estos once años el número de escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido.

Se ha hecho y se sigue haciendo una fortísima intervención en la infraestructura edilicia de los casi 3000 centros educativos que hay en el marco de la ANEP. Se ha trabajado en el mantenimiento, en las refacciones, en las obras nuevas, y esto ha estado abarcando todos los niveles del sistema educativo. Estas obras físicas, que se están realizando, abarcan centros educativos para educación inicial, primaria, secundaria, UTU y formación docente.

También es fundamental algo que no existía antes: un programa de becas para que haya más estudiantes motivados y en condiciones económicas como para poder estudiar magisterio y profesorado, que es donde está uno de los déficits que tenemos en materia de formación. No estamos hablando de unas bequitas testimoniales sino de algo que ha hecho crecer significativamente el número de estudiantes que están en los institutos de formación docente.

Estamos haciendo, en forma muy sintética, una comparación entre dos formas totalmente distintas de atender la educación en nuestro país.

Otro tema de discusión refiere a los tiempos para esperar resultados. He escuchado aquí, y desde hace algunos años, que si pongo la plata en esto, al otro día tengo los resultados. ¿En qué áreas se puede destinar recursos y al otro día tener resultados? Si uno va a un comercio, paga y se lleva un bien material. En materia de infraestructura, se presupuesta algo, se hacen llamados a licitaciones y todos los procesos correspondientes, y después se inician las obras hasta que se terminan. Pero incluso allí son tiempos limitados. En cambio, cuando hablamos de resultados en políticas humanas –y una de ellas es la que está referida al tema de la educación–, los tiempos son a más largo plazo. Es como los cambios culturales, que no se resuelven en un articulado o en poner determinados recursos, sino que llevan más tiempo. Esto lo debemos tener presente. Cuando en nuestro país tanto se habla de Finlandia, de sus resultados educativos y de que está, generalmente, en la punta de las pruebas PISA, hay que saber que allí se empezó un proceso similar de atención presupuestal muy fuerte al sistema educativo hace treinta años. Sin embargo, hace unos pocos años que Finlandia está dando lecciones en cuanto a cómo se pueden cosechar resultados.

¿Cuáles son los resultados que ahora estamos obteniendo en materia pedagógica? Ya no me voy a referir a los salarios, a la infraestructura, al equipamiento; me voy a referir al resultado educativo en los alumnos. Veamos qué resultados tenemos ahora y cuáles no tenemos todavía, lo que, por supuesto, no nos deja conformes. En educación inicial –lo que antes se llamaba «preescolar»–, hemos logrado prácticamente universalizar la enseñanza en el nivel de cuatro años. No solamente votamos una ley para que fuese obligatoria, sino que la universalizamos. Y esos alumnos que empiezan la educación a un nivel temprano, como el de cuatro años o el de tres, que viene creciendo, cuando lleguen a la educación primaria y a la educación media, van a estar en mucho mejores condiciones de asimilar la educación que se imparte y de lograr mucho mejores resultados. Por eso este es un proceso que empieza desde el vamos, desde el principio, desde que un niño se inserta en el sistema educativo.

Si vamos a primaria, ¿qué resultados hemos logrado? Hemos logrado una formación más integral porque ya no solo está la situación de lo curricular clásico, sino que estamos contemplando al individuo en su integralidad. Y está la educación física, la del cuerpo, que también es fundamental para su desarrollo; están los idiomas y el manejo de las nuevas tecnologías, que es algo cada vez más prioritario en el mundo, al punto de que hoy se habla de analfabetismo digital. Hemos tenido una fuerte mejora en los niveles de rendimiento y de promoción. En el día de ayer escuchaba al señor senador Heber, quien decía que los niveles de repetición en primaria habían mejorado –y es cierto, esos son datos de ahora– pero que el problema se exportaba a la educación media. Quiero decir que no se ha exportado a la educación media porque cuando el Frente Amplio asumió la conducción de la gestión educativa el porcentaje de alumnos que egresaba de secundaria era solo del 31 %, pero ahora egresa el 37 %. No solo mejoraron los niveles de repetición en primaria, sino que se bajó en seis puntos los niveles de deserción en el ciclo básico. Si me preguntan si estoy conforme, les diré que por supuesto que no. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y que debemos superar entre todos.

Es cierto que la matrícula bajó en secundaria, y lo hizo por dos razones. En primer lugar, porque descendió la natalidad y eso va repercutiendo a medida que pasan los años; es una situación de traslación demográfica. En segundo término, porque hay una preferencia cada vez mayor del alumnado hacia la UTU y, entonces, cantidad de alumnos que antes iban a secundaria hoy prefieren esta otra opción. De todos modos, la suma total de alumnos de secundaria y UTU es mayor a la que había antes.

Ahora me voy a referir a los resultados en formación docente. De acuerdo con el último dato del año pasado o de hace dos años, egresan 800 maestros por año, número que es insuficiente en un proceso que se venía dando en forma permanente.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–También hemos visto algo que no se ha mencionado: ha aumentado la cantidad de profesores que se reciben. Ahora el sistema educativo tiene un porcentaje mucho mayor de profesores titulados del que tenía antes. Felizmente les puedo dar los siguientes datos, que son actuales. En 2005 los alumnos de magisterio y de profesorado eran aproximadamente 6500, pero ahora entre los dos suman 9000, un 50 % más. ¿Qué está augurando esto? Que como tenemos un mayor número de estudiantes y de matrículas en los centros de formación, en muy breve plazo vamos a tener mayor egreso de maestros y de profesores. Esta es una síntesis de los resultados actuales. Esperamos que siga profundizándose el proceso.

Muchas gracias por la tolerancia señor presidente.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Esta es la rendición de cuentas y no solo la ampliación presupuestal; no solo se habla de los artículos para los que se amplía el presupuesto sino también de la rendición de cuentas. Por eso hablamos del organismo en forma general y de las planillas que se anexan, que es donde está verdaderamente la rendición de cuentas. Por lo tanto, aunque no haya ningún artículo podemos hablar de cómo rindieron cuentas y de cómo está el organismo. Digo esto para que se entienda que estamos encuadrados. Si mañana hubiera una rendición de cuentas de un solo artículo, como hubo en el pasado, se hablaría mucho. Repito, aunque no haya artículos, se habla de la rendición de cuentas y no de la ampliación presupuestal. La desvirtuación que hacemos los senadores –a veces por deformación parlamentaria– es que ponemos la atención en la ampliación presupuestal y en ocasiones las rendiciones de cuentas no son tales.

En la comisión pregunté mucho sobre las rendiciones de cuentas de los organismos. Entre ellos, quiero destacar uno y decir algo positivo. No hay ningún artículo, pero fue una maravilla el informe que nos dio la universidad tecnológica; fue una maravilla, señor presidente. Daba gusto escuchar a sus representantes. Lástima que no está en sala el señor senador Amorín. Lo quiero decir en forma pública: ¡eso sí que es manejar bien los recursos! Acá sí hay una suerte de no voracidad presupuestal; es un ejemplo de optimización de los recursos. La UTEC presentó una buena rendición, con un informe muy acabado. Me parece que eso es algo que debemos seguir apoyando y financiando. Lástima que la UTEC siente que en el futuro su presupuesto va a estar comprometido. Nosotros vamos a tratar de buscar los recursos para que no se vea afectada; es algo que está funcionando bien y que tenemos que apoyar. No podemos decir lo mismo del resto de la educación, sobre todo de la ANEP.

He escuchado con mucha atención al señor senador Arregui –que además es maestro–, que adopta una actitud de defensa de la causa por sí misma, sin tener autocrítica. Me parece que es un error para un maestro, que además utiliza en forma reiterada la palabra «efectivizar» que, según la página de la Real Academia Española a la que accedí, no existe.

(Dialogados).

–Deberíamos estar más al tanto de lo que dice la Real Academia Española. Después podemos hablar al respecto con el señor senador.

El tema en cuestión es que yo endilgaba al Frente Amplio una mejora en sus presupuestos y peores resultados. Esa era mi crítica en la discusión general, pero cuando hay intervenciones para hablar de otros temas, los señores senadores del Frente Amplio insisten en decir que han duplicado –es cierto y está bien– y que han mejorado. A veces se puede; cuando se puede se duplica y cuando no se puede, no se duplica. Eso depende de la realidad; hoy están administrando la escasez. Esperemos que sea solo por un año y no por dos. Lo que nosotros le estamos endilgando a la administración frentista es que no exige resultados en función de la duplicación. Tan así es que el señor ministro de Economía y Finanzas dijo que los aumentos en el presupuesto tienen que estar directamente ligados a los resultados; no iban a aumentar por aumentar y lo dijeron en la campaña electoral. Lo cierto es que de los USD 4.000:000.000 que le dieron a ANEP en el quinquenio 2006-2010, pasaron a USD 8.000:000.000 en el período 2011-2015. Quiere decir que duplicaron el monto. Y reitero que esta es información oficial, no es un invento nuestro. Dicho sea de paso, y entre paréntesis: quien se quejó amargamente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda fue el INEEd, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al que se le recortan $ 7:000.000 que son esenciales para cumplir con la evaluación. ¡Recortan en la evaluación! ¡Increíble!

La tasa de egreso de la educación media está por debajo del 40 %. Si se duplica el presupuesto, ¿cómo vamos a tener una tasa de egreso en la educación media del 40 %? Estos son datos oficiales. En Chile es del 80 %. Uruguay es el único país latinoamericano que empeora sus resultados. Esto me lo contestó la senadora Moreira y no entendí muy bien su explicación; quizás en la jornada de hoy me la pueda reiterar. ¿Por qué tenemos esos resultados? Porque si se toman las mediciones correspondientes a los años 2006, 2009, 2012 y 2015 –que se van a conocer ahora–, los mejores resultados fueron en el 2006, cuando todavía no habían mejorado el presupuesto. ¿Me entiende? Los peores resultados fueron a partir de 2006 y hasta el 2012. ¿Y dónde debemos buscar los resultados? En los estudiantes. ¿O la educación está para decir solamente que se duplicó el presupuesto? La educación está para que tengamos mejores resultados. ¿En dónde? En Lectura, Matemáticas y Ciencias. Y son los peores si nos comparamos con nosotros mismos, tomando el período que va del 2006 al 2012.

Entonces, ¿de qué me está hablando el senador Arregui? Chile nos supera en las tres pruebas: en Lectura, Matemáticas y Ciencias. México nos supera en dos áreas: Matemáticas y Lectura. Además, Brasil nos empató en Lectura y México en Ciencias. De estas pruebas, en donde más terreno hemos perdido ha sido en Matemáticas; pasamos de 422 puntos en 2003 a 409 en el 2012. Uruguay pasó de estar 34 puntos por encima del promedio regional a estar 12 puntos por arriba. Alguno podrá decir que no sirven las pruebas PISA. Entonces, ¿cuáles sirven? Le están sacando plata al INEEd. Se dice: «Son importantes las pruebas PISA, pero no son las únicas». ¿Dónde pueden hacerse otras evaluaciones? En el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Y qué hace el Gobierno del Frente Amplio? Le saca a ese instituto plata destinada a la evaluación. ¿Saben qué hay detrás de esto? Que el sindicato no quiere que se evalúe y esto nos lo dijeron los representantes del INEEd cuando concurrieron a la comisión. Pregunté por qué no había una evaluación por liceos y por profesores. Ellos sostuvieron que tenía que ser en forma global. ¿Por qué? Porque tienen un lío machazo –otra vez la palabra «machazo»–; tienen un lío muy grande porque el sindicalista no quiere ser evaluado ni premiado en función de los resultados. Es igualar a todos para abajo. Y es el sindicato el que está mandando en la educación –lo dije ayer–, a punto tal que la inspectora Celsa Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria, el mismo día que concurrió a la comisión salía en los diarios diciendo que los otros dos consejeros estaban negociando con el sindicato. Incluso señaló –enojada, naturalmente, porque no fue invitada a la reunión para dialogar con el sindicato– que en la educación ya no se habla más de educación. Esto dicho por mí, o por cualquiera de nosotros pasa inadvertido, pero es la directora general del CES quien dice que con el sindicato en la educación no se habla más de la educación. A esto se agrega que todas las medidas que tomaron en secundaria las echó para atrás el sindicato. En cuanto a la elección de horas, la ministra dijo que iba a ser por dos años. Esto lo propusimos nosotros y fue aceptado, pero el sindicato dijo que no, que era por un año. Y se hace lo que dice el sindicato, y punto; ni ministra ni directores de secundaria. También la ministra terminó echando a Filgueira y Mir y, dentro de los comentarios, dijo que este último era un «simple maestro». No vi al senador reaccionar como maestro indignado. ¿No reaccionó? Un «simple maestro» dijo la ministra. ¡Un gran maestro! Por suerte, señor presidente, tenemos maestros bien formados. No tantos, porque hemos caído en lo que refiere a su formación. ¡Son tan atractivos los sueldos que dicen que hoy cae la matriculación de maestros! En el año 2005 eran 1400 y en el 2014 fueron 722. Primaria genera anualmente mil vacantes.

Señalé que la repetición en primaria había caído, pero en el ciclo básico –insisto–, en el 2004 era del 25 %, mientras que en el 2012 fue del 30 %. O sea que, como dije, el problema se exporta. Ante esto se ha manejado el argumento de que los indicadores se han deteriorado como consecuencia de la inclusión de más gente. Ese es el argumento de la Administración. No es verdad y las cifras lo confirman. Entre el 2004 y el 2014 la matrícula de primaria pasó de 367.000 escolares a 323.000. Quiere decir que hay 44.000 alumnos menos, lo que refleja un porcentaje de un 12 %. Esta es la realidad de los números. ¡No saben gestionar!

Pero no me quedo con el argumento de defender todo sin hacer una autocrítica. Por suerte hay voces lúcidas en el Frente Amplio y eso me genera una esperanza; lamentablemente no acá, pero sí fuera de este recinto. Un dirigente frenteamplista ha dicho que las responsabilidades del Frente Amplio son colectivas y cuando uno se mete a ver quién tiene mayor responsabilidad, la mayor responsabilidad es de la gestión. «A vos te votaron para hacer la gestión. El quietismo lleva a que pasemos doce años y estemos peor que en el 2005». Por lo menos hay alguien que se mira al espejo. «Con la propuesta de cambio de matriz educativa, de cambiar el ADN de la educación, lo primero que hicieron fue extirpar a los que llevaban la promoción de eso adelante». Este dirigente frenteamplista se está refiriendo a Filgueira y a Mir. Y sigue diciendo: «Hay un cajón que está lacrado y hay que abrirlo. Es el de la autocrítica. Nosotros nos caracterizamos por ser y exigir autocrítica. Hay que ser autocríticos para corregir». Estoy hablando del señor dirigente sindical Richard Read. Yo me quedo con los Read y no con los Arregui. Me quedo con los que hacen autocríticas, se miran al espejo y ven los defectos.

La UTEC es un buen ejemplo. Hay buenos ejemplos para seguir en la educación. El liceo n.º 4 de Maldonado es uno de ellos. Hace unos días el legislador Umpiérrez me decía que el liceo de La Coronilla también es un ejemplo a seguir. Hay ejemplos buenos y hay que ver qué es lo que pasa ahí. Ahora bien, ¿esto se logra diciendo que se empareja todo? No. Hay que ver dónde dan resultado y por qué dan resultado. Seguramente porque el director es un buen director que, además, está encima de los profesores, quienes además concurren, no faltan, a diferencia de lo que lamentablemente pasa en muchas escuelas y liceos, adonde ni siquiera van. ¡Hay liceos del interior donde todavía no conocen al profesor de inglés! ¡Hay crisis! Bueno, vamos a corregirlo. Busquemos la forma. Hay un ausentismo muy grande y lo está pagando nuestra educación. Pero el sindicato y las autoridades del Codicén dijeron que iban a tratar de implementar una medida para que las reuniones gremiales no se realizaran en horario de clase, como sucedió toda la vida, según me dicen viejos sindicalistas de la enseñanza. ¡Nunca hacían las reuniones ni las asambleas en horario de clase! ¡Nunca! Pues el sindicato dijo que no, que van a hacer las reuniones en ese horario. ¿Para qué? Para que los estudiantes pierdan clases.

El colmo fue lo anunciado hace unos días: Fenapes va a hacer un paro. Como no hay recursos para construir liceos ni escuelas y se va a recurrir al proyecto de participación público-privada, dijeron: ¡la privatización de la educación! ¡Ahí están! ¡Esos son! ¡Ahora no somos nosotros! ¡Son ustedes los culpables de privatizar! ¡Parecería que va a haber un paro en el país por parte de los profesores de secundaria –salieron a decirlo en todos los informativos– porque se van a implementar proyectos de participación público-privados! ¡Y son nuestros profesores que con estas anteojeras están llevando a que nuevamente perdamos días de clase en secundaria por algo que todavía está muy lejos de concretarse! Porque es una voluntad, pero todavía no hay proyecto de licitación, selección, ni empresa; nada. ¡Y van a hacer un paro!

¿Qué va a terminar sucediendo? Bueno, yo lo digo ahora acá. Cuando termine el período de gobierno del Frente Amplio, cuando termine constitucionalmente esta Administración –lo tengo que aclarar porque la hipersensibilidad es muy grande; están tan hipersensibles que si digo «ninguneo», se ofenden, y si hablo de «ayudar a terminar», saltan: «¡Cuidado! ¿Qué está diciendo?»–, no habrán hecho ningún PPP en secundaria. Lo digo acá y ojalá me pueda desmentir. El sindicato también va a ganar porque, por la ley de educación, es quien manda en la enseñanza. Abrigamos una esperanza cuando era presidente el hoy senador Mujica. Recordarán los señores senadores Amorín y Bordaberry –estábamos con el señor senador Larrañaga– lo que en aquella instancia le dijimos al presidente Mujica: «Señor presidente: modifique la ley. Le damos uno más al Gobierno, no queremos gente de la oposición». Pero no. ¡Al único que había propuesto una idea en el período pasado, que fue el profesor Corbo –quien presentó el Plan Promejora–, no solamente el sindicato se la frenó, sino que ahora, como premio, se la sacó! ¡No! ¡Nuevas ideas, no! ¡Y menos de la oposición! ¡No estamos en la educación! ¡No sabemos qué pasa en la educación! ¡Miramos los resultados! Al único consejero que dio una idea en el Codicén le dijeron: «No más». Y el sindicato se encargó de frenarla y de inviabilizarla. Y estaba dando resultados. Si en los planes Promejora confiamos en los maestros y en los directores de los liceos, tendríamos mejores resultados en la educación, señor presidente. Pero no, la enseñanza no está para los trabajadores ni para los estudiantes; está para los sindicatos, que es muy distinto.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Señor presidente: me gustaría que el tono del colega fuera un poquito más bajo y menos vehemente ya que las ideas igual se comprenden.

Quisiera decir –porque dentro de unos días vamos a tener un llamado a sala a las autoridades de la educación– que seguimos insistiendo con datos que son incorrectos, que no son ciertos y que leen e interpretan de la forma que se quiere.

Los resultados al año 2015, tras una caída sistemática entre los años 2005 y 2011 sobre la promoción en el ciclo básico, muestran que secundaria comenzó un período de crecimiento sostenido. En 2015 promovieron sus cursos el 74 % de los alumnos. Esta cifra es 6,2 % mayor que la que se registró desde 2011 hasta 2014. Pero hete aquí que esa cifra subió un punto más.

¿Dónde está el problema, señor presidente? Hay distintas acciones para volver a reincorporar al sistema a los alumnos que dejaron de estudiar. ¿Que tenemos problemas de lectoescritura y de interpretación? Los tenemos. Los procesos educativos se evalúan a lo largo de diez o catorce años, no cada cuatro años. Hasta el año 2005 tuvimos una propuesta de reforma que nos planteaba la educación por áreas, que llevaba a que a los jóvenes les costara la interpretación de un texto porque los sacaba del contexto general en la transformación de la reforma. Todos recordarán que cuando estudiábamos literatura en el liceo teníamos lo que se llamaba la bolilla informativa. ¿Por qué? Porque servía para ubicar la escena del tema que estábamos leyendo en el escenario histórico mundial. Eso se llama educación integral: la rompieron y se tuvo que reconstruir. Y eso conlleva un proceso.

Entonces, a estos jóvenes de extraedad les cuesta mucho más la promoción. Y esos datos sí dan más bajos. Es por esa razón que hay acompañamiento, por eso se está preparando el programa Yo Estudio y Trabajo, para reincorporarlos al sistema.

Por otro lado, quiero referirme a los docentes. Tenemos evaluaciones hasta dos veces al año. Las inspecciones docentes son las que evalúan diariamente el comportamiento y el dictado de clase de los docentes. O sea que obviar eso y decir que no existe es poco serio en la información que se brinda.

Quiero finalizar mi intervención refiriéndome a lo que ayer manifestaba la señora senadora Topolansky. Hace años venimos discutiendo mal el tema de la educación. Espero que en algún momento pueda darse un verdadero debate de la educación pensando como nación. Lástima que el señor senador Larrañaga –quien decía que el próximo lunes iba a estar llamando al presidente del Codicén para que concurriera– no esté aquí presente porque quería decirle que, por conocer al presidente del Codicén desde hace tiempo, le solicité la nómina de los nuevos centros escolares que se construirán en los próximos cuatro años. Voy a dejar aquí la lista de todos esos centros. Además, estoy invitando al señor senador Camy para que el próximo viernes concurra a la ampliación de la escuela n.° 95, en el departamento de San José, a las diez de la mañana. Así pues, estaremos allí y sé que voy a contar con su presencia.

En cuanto a enseñanza primaria, solamente en el año 2015 se construyeron cuatro escuelas y se ampliaron catorce. En educación secundaria se hicieron cinco liceos nuevos y se ampliaron cuatro. En UTU se construyeron tres centros y se ampliaron siete. O sea que en 2015 –según la rendición de cuentas– se crearon 12 edificios nuevos y 25 se ampliaron.

Entre 2011 y 2015 se hicieron 74 locales nuevos, 141 ampliaciones y 634 aulas nuevas. Entre 2016 y 2020 –por suerte, vamos a tener que recorrer bastante para concurrir a las aperturas de los nuevos locales– se van a hacer 216 nuevas obras y 223 ampliaciones, lo que nos da un total de 439. Sé que a algunos colegas les preocupa si se van a realizar o no bajo la modalidad de las PPP, pero dentro de las 439, 151 están en plena ejecución para que las mismas puedan cumplirse. Es bueno decir que hay procesos que son de discusión en el plano de las ideas.

La Ley de Participación Público-Privada nos da la total tranquilidad en cuanto a su contenido, forma y utilización. En el día de ayer el propio Consejo Directivo Central aprobó que el Hospital de Clínicas vaya en esa línea de transformación y de mejoramiento por medio de una PPP. Estos son procesos y hay formas de hacerlos: una es la autoritaria, y la otra es construyendo, tratando de dialogar y de articular, lo que a veces nos falta mucho.

Quería dejar estas constancias. Me parece poco justo que no se pongan sobre la mesa estos elementos que son realmente así. Me parece injusto que permanentemente se quieran marcar esas diferencias en un conglomerado tan grande –tal como decíamos ayer– como la Administración Nacional de Educación Pública, que tiene más de 53.000 funcionarios con sus diferencias en las asignaturas y en las funciones. Eso hay que administrarlo; no se puede decir que hay problemas de gestión o de ejecución y en qué se gasta el dinero.

Señor presidente: hemos dado cifras que quizás algunos desconocen. Me voy a tomar el trabajo de hacerle llegar información a cada uno de los parlamentarios cuando cada una de esas obras se promueva e inaugure, para que asistamos juntos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Antes que nada voy a solicitar, si es posible, que antes de que termine la sesión se distribuya el documento –llamado Presupuesto 2015-2019– que nos entregaron las autoridades de la ANEP en la comisión a todos los senadores, en oportunidad de su comparecencia. Acá podemos hablar de las cifras que queramos, mirar para un lado y para otro, pero veamos qué nos informó ANEP cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Me parece que el documento es bueno. Nos hicieron una presentación en PowerPoint y si lo miramos dejaremos de vivir en el país de las maravillas. Recuerdo aquella novela formidable Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll y voy a citar un pasaje que viene al caso. Es en el que Alicia le pregunta al gatito de Cheshire: «¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?». Y el gatito le responde: «Depende en gran parte del sitio al que quieras ir». Alicia le dice: «No me importa mucho el sitio donde quiero ir». Entonces, con esa sabiduría el gato responde: «Tampoco importa mucho el camino entonces». Eso es lo que pasa, si no saben adónde ir, no importa mucho el camino, y un día hablamos de una cosa y, otro, de la otra; esa es la realidad.

Lo primero que tendrían que hacer sería ponerse de acuerdo con los docentes, con las autoridades, con el señor Pedro Mir, con el sistema político y ver hacia dónde quieren ir. No se sabe. Se hizo un congreso en 2008, se intentó hacer otro, luego dijeron que no y aquí está la educación. Hace un año los señores Pedro Mir y Fernando Filgueira eran la maravilla que nos decían hacia dónde teníamos que ir y de golpe no están más y no sabemos adónde ir. Bueno, como dice el gato de Alicia en el país de las maravillas, si no sabes adónde ir, todo camino sirve; esa es la verdad.

Si miramos los números que nos dio la ANEP en su presentación –y, reitero, solicito que se reparta, porque creo que es bueno tenerlo–, parecería que estamos en el mundo de las maravillas desde 2005; antes no. La primera diapositiva que nos dan nos habla de que hay que universalizar la educación desde los tres años. ¡Bienvenido! Eso lo decían en los años 1995 y 1996 Germán Rama, José Claudio Williman y Carmen Tornaría. Y en 2005, a los cinco años, estaba más o menos como hoy, hoy está en 99. Sí se mejoró en los cuatro y en los tres, ya venía creciendo, pero no con la misma intensidad que lo venía haciendo aquel año. ¿Por qué esto es importante? Porque según nos dice ANEP –no nosotros–, ¿cuál es el sector más vulnerable que no accede a la educación inicial, a la cobertura, a los tres años? Hoy, del quintil equivalente al 20 % de mejores ingresos, accede el 91,2 %, mientras que del quintil de menores ingresos solo accede el 55,9 %. Aclaro que eso lo dice ANEP, no nosotros.

Otra meta que tiene ANEP hoy es mejorar las condiciones de egreso de la educación primaria; la extraedad del egreso es un desastre. El 29 % de los alumnos de enseñanza primaria egresa con al menos un año de extraedad; aunque ha bajado la repetición, la extraedad sigue siendo alta. Si vemos por grado, en 6.º casi el 30 % tiene extraedad.

Pero quizá lo más grave que nos dice ANEP de esta situación que tenemos hoy, tomando en cuenta el año 2015, es lo siguiente. Lo aclaro para que sepamos que tenemos un problema sobre el que debemos trabajar y no podemos venir a defender las cosas casi como diciendo que está todo bien.

En alumnos de 6.º año, la evaluación nacional de aprendizaje de 2013 muestra resultados preocupantes: nivel bajo en Matemáticas, 16,3 %; en Lengua, 14,3%; en el nivel 1, que es bajo, los porcentajes son 39 % en Matemáticas y 34 % en Lengua. ¿Vivimos en el país de las maravillas? ¿Vamos a seguir negando estas cosas?

Más adelante tenemos el egreso de la educación media básica y de la educación media superior. El 48 % del quintil de menores ingresos egresa de la educación media básica y el 95 % egresa del quintil de mayores ingresos. ¿Qué nos dijo ANEP? Estamos creando una desigualdad enorme. Ni hablar de la educación media superior, donde tenemos que egresan el 14,5 % del quintil de menores ingresos y el 76,9 % del quintil con mayores ingresos. No lo decimos nosotros, no le hicimos la presentación a la ANEP. En la ANEP hay personas que fueron designadas por el Frente Amplio que nos dieron esta información. Estamos creando desigualdad. Si alguien nace hoy en el hogar del quintil del 20 % de mayores ingresos, tiene casi el 77 % de posibilidades de culminar la educación media superior, pero si nace en el quintil de menores ingresos, tiene solamente el 14,5 %. Eso es crear desigualdad. No podemos decir que estamos bárbaros; estamos mal.

Creo que es bueno que se reparta la documentación que nos entregó ANEP, porque nos parece que nos va a ayudar. No estoy en la Comisión de Presupuesto ni en la de Hacienda, pero fui a todas las reuniones porque me parece que estas instancias son importantes. ¿Y ahora de qué hablamos? De la construcción.

En el año 2012 interpelamos al entonces ministro Ehrlich y de eso se deben acordar los señores senadores Heber y Michelini o las señoras senadoras Topolansky y Moreira. ¿Por qué lo interpelamos? Porque veíamos que las obras que se habían hecho entre 2005 y 2012 eran un desastre. ¿Qué les había pasado? Nos decía, por ejemplo, «estamos invirtiendo mucho más, medido en pesos, y mucho más, medido en dólares en infraestructura». ¡Bravo! Pero se olvidaron de hacer una cuenta: se había cuadruplicado el costo del metro cuadrado de construcción. ¡Estaban invirtiendo el doble y haciendo la mitad! No habían hecho números comparados con el costo de construcción y como esto se mide solo en pesos –si ponemos pesos parece que mágicamente todo se va a arreglar– no nos dimos cuenta de que con esos «muchos pesos más» estábamos haciendo mucho menos porque había aumentado el costo de construcción. Se lo advertimos y dijimos: «Mire, Ehrlich, no va a poder empezar las clases el 1.º de marzo» –ahí anda la señora senadora Payssé que a veces se ríe conmigo; a veces tengo ese honor– y ¿qué pasó el 1.º de marzo de 2013? ¡Acuérdense! ¡No empezaron las clases porque en una cantidad de instituciones de enseñanza del país no estaban prontas las aulas! ¿Ya se olvidaron de eso? ¡Si nos convocaron en enero! En esa nueva estrategia que tienen para tratar de licuar sus responsabilidades, cuando vieron que no llegaban con las instituciones a un gran acuerdo educativo, nos llamaron. ¡Claro, cuando tienen algún problema nos llaman y así todos somos responsables del lío! Y ahí fuimos porque hay que poner primero al país e ir al diálogo; fuimos y de ahí salió algo bueno: la UTEC. Ahí sí se pusieron las pilas, lo cual es bueno y hay que reconocerlo, pero aún falta.

¿Cuál fue la última gran reforma que hubo en la educación en Uruguay? La de Germán Rama. Miremos la historia de la educación en Uruguay, pero no nos vayamos tan lejos como para mencionar a Artigas, «Sean los orientales tan ilustrados como valientes», o a Oribe con la fundación de la Universidad de la República, o a José Pedro y Jacobo Varela con la escuela laica, gratuita y obligatoria, o a Enriqueta Compte y Riqué con el primer jardín de infantes de América, en 1892, o al doctor Pedro Figari, director de la Escuela de Artes y Oficios, o a Rodó con los liceos departamentales, en 1911, el IPA, con Grompone, o a tantos más. ¿Y después qué vino? La reforma de Rama. ¿Y saben qué? El Frente Amplio nunca pudo digerirla políticamente porque no podía creer que Rama hiciera aquello con lo cual estaba de acuerdo. Recuerdo cuando trajo las escuelas de tiempo completo, adelantándose a su tiempo, en 1995, y también el cuento que me hizo el propio profesor Germán Rama, con lágrimas en los ojos. Él inauguró la primera escuela de tiempo completo en la ladera del Cerro, que ya estaba pronta, y se la sabotearon; le rellenaron de mezcla los canalones y la inundaron. ¡Se la sabotearon!

¿Qué pasó? Fíjense que entre los años 1996 y 1999, durante la gestión del profesor Rama, se construyeron 71 escuelas de tiempo completo; durante la crisis, cuando estaba el licenciado Bonilla, 31; salimos de la crisis, y en el período 2005 a 2009 –ya que les gusta hablar de las fechas–, llegamos con todos los recursos posibles y, ¿saben cuántas escuelas de tiempo completo se hicieron? Fueron 28. ¡Durante su período Rama había hecho 71 y en ese período se hicieron 28! Llegó Seoane en el Gobierno pasado y cambió, aceleró, pero con una trampita. Los partidos habíamos firmado un compromiso de que había que llegar a trescientas escuelas de tiempo completo y no llegaban. ¡No llegaban! Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron las escuelas de tiempo extendido, que es otra propuesta pedagógica, y empezaron a contarlas como de tiempo completo, pero no es lo mismo. ¡No es lo mismo tiempo completo que tiempo extendido!

SEÑOR ARREGUI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Evidentemente, coincido con los datos de la ANEP que el señor senador ha mencionado. En todas las épocas y en todos los países, aquellos que se ubican en los quintiles de ingresos más bajos son los que logran los peores resultados, tanto en la gestión del Frente Amplio como en las anteriores, en Uruguay como en cualquier país del mundo. Pero quería referirme a las cifras de las escuelas de tiempo completo, porque me motivó a hacerlo.

Como los presupuestos nunca alcanzan, lo que se hizo en las gestiones del Frente Amplio fueron escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo extendido que solamente tienen media hora menos que las anteriores. Sin embargo, en las cifras de la gestión de Germán Rama –aclaro que comparto la propuesta de escuelas de tiempo completo–, seguramente está contemplada una manganeta que nos hacían en períodos anteriores y es la siguiente. Antes existían las escuelas al aire libre que tenían la misma cantidad de horas que las de tiempo completo, por lo que, administrativamente, a la cantidad total de escuelas al aire libre se las pasó como si fueran de tiempo completo, pero no fueron construcciones nuevas, sino solo una decisión administrativa de cambiarles el nombre.

Creo que esa manganeta también habría que estudiarla. Lamentablemente, no tengo las cifras ni las estadísticas correspondientes como para poder hablar…

SEÑOR HEBER.- ¡¿Manganeta?! ¡Estoy ofendido!

SEÑOR ARREGUI.- Bueno, es como el «machazo» que me enseñó el señor senador Heber.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa le aclara que le quedan cinco minutos, señor senador.

Puede interrumpir la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: solo quisiera hacer una aclaración con respecto a las pruebas PISA. La verdad es que hay una afirmación que circula por ahí, atribuida a Pablo da Silveira, que dice que Uruguay es el único país que empeoró en dichas pruebas entre 2003 –primera vez que nuestro país se presenta– y 2012. Quiero decir que esto no es así ni debe ser repetido así.

Una vez más, todos los países empeoraron en Lectura –debe ser gracias a que andan todos con el celular– y estoy hablando de América Latina. ¡Todos! Todos menos Perú, pero ya era el último de la fila.

En Matemáticas, Uruguay tiene el tercer mejor desempeño de los países de América Latina después de Chile y México, pero tuvo el primer desempeño de los países que se miden en este continente –que tampoco son todos–, desde 2006 hasta ahora. A su vez, en Ciencias Uruguay está en segundo lugar, es el segundo mejor de América Latina. Pero lo que quería decir, sobre todo, es que en estas pruebas han caído varios países, entre ellos, Colombia, México y Chile, que también cayó entre 2008 y 2012.

Entonces, no es verdad –como se señaló– que Uruguay es el único país que cae en las pruebas PISA; muchos países bajaron su rendimiento en muchas materias, todos en Lectura.

Termino diciendo que, en realidad, lo que las pruebas PISA demuestran es que el promedio del desempeño de los estudiantes latinoamericanos está por debajo del de los europeos, los anglosajones, los de Asia-Pacífico y, obviamente, debe estar por encima del desempeño de los de África subsahariana y los de la otra Asia. Se argumenta que esto tiene que ver con la inversión por alumno. En Europa la inversión por alumno es de doce mil dólares, y en América Latina, de dos mil dólares. Así que para nosotros, que defendemos la inversión en educación, argumentando que los resultados siempre tienen que verse a largo plazo, ¡hete aquí la madre de la explicación! Si no tenemos una inversión en educación sostenida a lo largo del tiempo –es decir, décadas–, no vamos a obtener resultados notables.

Los dos factores que más nos preocupan son, especialmente, el egreso en la educación media superior y la desigualdad. Esta última variable se mide con el coeficiente de Gini de la educación, que es altísimo. Eso lo sabíamos y lo constatamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Buenísimo que la señora senadora haya hablado de las pruebas PISA, y luego voy a contestar al señor senador Arregui.

Decir que porque los otros bajan y nosotros también bajamos está bien, demuestra una mentalidad y un encare del tema con el que no estoy de acuerdo. O sea, como todos bajan, entonces no está mal que nosotros bajemos. No, ¡eso es un error! Vayamos a ver cuánto baja cada uno. Si observamos los resultados de las pruebas PISA, vemos que Uruguay baja 18 puntos en Matemáticas; México baja 6 puntos; Colombia, 5 puntos; Costa Rica, 2 puntos; Argentina no baja; Chile gana 2 puntos; Perú gana 3 puntos; y Brasil gana 5 puntos. Uruguay –reitero– baja 18 puntos, es el país que más puntos baja en la medición de las pruebas PISA. O sea que no solamente bajamos, sino que somos los peores de la clase bajando. Eso es lo primero, y es bueno mirarlo. No me estoy comparando con la OCDE ni con los países europeos que tienen una inversión de doce mil dólares por alumno, sino que me estoy comparando con Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, México, Brasil, que es la liga en la que jugamos.

Con respecto a lo que señalaba el señor senador Arregui, sí es cierto que se transformaron algunas escuelas al aire libre. No puedo decir que sea una manganeta, como tampoco lo es considerar a las escuelas de tiempo extendido como escuelas de tiempo completo. Lo que importa no es solo lo que se construye; no nos quedemos solamente con levantar paredes, lo importante es lo que se hace dentro de ellas. Lo importante es el concepto de escuela de tiempo completo, que es distinto del que define a la escuela de tiempo extendido.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señor presidente.

Esa revolución que propuso el profesor Germán Rama estaba constituida por las escuelas de tiempo completo y por los CeRP. Ahora están bajando los egresos, tenemos menos maestros y docentes titulados; no se insistió con los centros regionales de formación de profesores, pero lo que se pretendía, sobre todo, era terminar con el docente taxi. La enseñanza por área de conocimiento, que se criticó acá, era justamente para terminar con los docentes taxi, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, pero que ni siquiera pueden elegir las horas por dos años.

Tengo tema para hablar por un rato largo, pero se me ha terminado el tiempo. Con gusto, si me vuelven a llamar, traigo los datos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación los artículos 118 a 124.

SEÑOR MICHELINI.- Pido que se desglose el artículo 123.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 118 a 124, con excepción del artículo 123, que se desglosa.

(Se votan).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 123.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: habría que hacer una corrección en el tercer inciso del artículo 123. Solicito que a la palabra «vinculadas» se le saque la «s».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 123 con la modificación propuesta por el señor senador.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Se pasa a considerar el inciso 26, «Universidad de la República», que comprende solo un artículo: el 125.

En consideración el artículo 125.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: este inciso contiene un solo artículo, relacionado con el personal del Hospital de Clínicas. Es verdad que con el artículo 6.º de este proyecto de ley de presupuesto, en realidad, «salvan» –y menciono el término entre comillas– parte del presupuesto de la Universidad de la República.

Quiero comenzar por hacer un reconocimiento a la tarea del rector Roberto Markarian, quien ha llevado adelante una gestión descentralizada, comprometida, creativa y con un gran poder de convencimiento, porque con la tijera original la universidad salió, dentro de lo que podía salir, bastante bien. Reitero: dentro de lo que podía, salió bastante bien.

El rector dijo algo que me quedó grabado porque es muy gracioso pero sintomático, patognomónico, dirían los médicos. Dijo: «En realidad, yo no tengo por qué alegrarme de que no me quiten lo que me habían dado». Dijo: «… que no me quiten lo que me habían dado», y aun así le quitan una parte. Él estaba haciendo referencia al presupuesto anterior, al quinquenal, donde para la universidad se habían previsto incrementos presupuestales que en esta rendición de cuentas se los recortan. Tan así es que después de mucho negociar la bancada de gobierno logra –sacando de aquí y de allá, rascando el fondo de la lata– dar a la universidad partidas para que pueda cumplir con el convenio salarial firmado con los funcionarios.

Tanto el rector Markarian como la directora del Hospital de Clínicas fueron muy claros. Hicieron una presentación en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que quiero destacar por lo clara y didáctica. Ellos señalaron que con estos recursos el Hospital de Clínicas no llega a fin de año. También solicitaron un refuerzo de partida de USD 11:000.000 para el hospital, que tiene solo diez camas de CTI y muchos problemas edilicios. Además, el rector habló de dedicación total, de la investigación, de problemas edilicios, de bienestar estudiantil y, no solo dijo que no tenía por qué alegrarse de que no le quitaran lo que le habían dado, también señaló que para funcionar necesitaba algo más, e hizo un reclamo presupuestal fundado, serio, responsable, con números, con gráficas y con razón. Incluso estaba recordando que en el marco de la exposición del rector y de la directora del Hospital de Clínicas se reclamaron $ 55:000.000 que ASSE y el Ministerio de Economía y Finanzas se comprometieron a darles pero que todavía no aparecieron, y los necesitan como al agua.

Obviamente, vamos a acompañar este artículo, pero creemos que de los organismos a los cuales les recortan el gasto, la universidad sea, quizás, a la que le recortan un poco menos, tratando con ello de salvar el convenio salarial y poca cosa más. Sin embargo, el rector habló con mucha solvencia de las necesidades basales para que funcione la Universidad de la República, particularmente el Hospital de Clínicas que está en un entuerto vinculado a si hace una PPP, si el consejo lo habilita o si hay una fórmula alternativa, asunto en el cual no me voy a meter.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Se resolvió anoche.

SEÑOR DELGADO.- Sí, pero están buscando una fórmula alternativa. La señora senadora sabe que el consejo resolvió algo pero siguen buscando alguna alternativa, porque en este momento hay varios médicos juntando firmas para rever las decisiones.

Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar el mensaje original de la Universidad de la República porque creemos que en este caso ha sido bien fundamentado. Así como hemos sido muy críticos con algunas gestiones, también debemos ser justos y ponderar cuando las gestiones, como en este caso, han dado los resultados esperados.

Muchas gracias.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador López Villalba.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Señor presidente: me he mantenido en silencio, y en las áreas en las que soy juez y parte traté, por ética, de estar lo más callado posible.

Me hago totalmente responsable de mis palabras porque voy a hablar exclusivamente a título personal. Creo que hay que ir pensando en el futuro, en una universidad que cambie el estilo. Hablo de la remodelación de un Hospital de Clínicas que creo que es muy importante pero, de una vez por todas, tenemos que pensar en el estilo de las ciudades universitarias como hay en otros países, que no estén muy lejanas. En este caso tenemos la perimetral y estamos a veinte minutos del centro. En las facultades ya no hay lugar donde estacionar, el tránsito está cada vez más complicado y para los estudiantes que vienen del interior es difícil poder ubicarse.

Simplemente, quiero dejar este humilde mensaje. Sé que con los recursos que existen el sistema universitario hace lo mejor posible, pero tenemos que tener cuidado con el nivel con que egresan muchos de los profesionales. También tenemos que cuidar la calidad –y lo digo con mucho respeto y cariño–, que no es la misma que antes. Quienes llevamos muchos años en actividades relacionadas con profesionales sabemos que no es lo mismo un profesional que egresa hoy que el que egresaba hace 20, 30 o 40 años.

Por eso insisto en que vayamos pensando en esto; por supuesto que no lo vamos a solucionar en esta rendición de cuentas, pero creo que el país tiene que modernizar la universidad, y esa tiene que ser una cuestión de Estado. Quienes tuvimos el privilegio de pasar por ella sabemos que siempre fue la locomotora que impulsó los demás sistemas educativos, que siempre venían detrás.

Con mucho cariño digo que soy hijo de jardinera pública, escuela pública, liceo público y facultad pública, y me siento orgulloso de eso. Respeto muchísimo a las universidades privadas y a los colegios privados, sé que son muy importantes, pero hay que tratar de compaginar el sistema. Nadie le hace mal a nadie cuando se trata del bien de la sociedad.

Insisto: creo que tenemos que modernizar nuestra universidad. El mundo cambia muy rápidamente, y nuestros países hermanos están trabajando intensamente mandando diferentes técnicos –que en algunos casos son uruguayos que están en otros países– a recorrer las ciudades donde funcionan cada una de las asignaturas de las que acá se habló para ver cómo se puede mejorar el sistema.

Reitero: simplemente dejo este mensaje de reflexión. Creo que el Hospital de Clínicas fue el gran hospital, la escuela de la medicina y de todas las tecnicaturas, pero está en un edificio de altura y los nuevos hospitales universitarios son construidos por especialidades, son bajos y no tienen la estructura de este hospital. Sé que la única solución es reestructurar lo que hay, pero hay que tener mayor amplitud, hay que ir más lejos y empezar a pensar en una ciudad universitaria. Me encanta la descentralización de la educación terciaria en el interior del país, creo que es el gran desafío, sobre todo para quienes somos del interior, pero tenemos que cambiar, no nos podemos cerrar porque el mundo cambia, va a otra velocidad y nos tenemos que adaptar.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 125.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay», que comprende los artículos 126 a 130.

SEÑOR DELGADO.- Solicito que se desglosen los artículos 128 y 129.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se desglose el artículo 130, que además tiene un texto sustitutivo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: no sé si vale la pena pedir el desglose de alguno de estos artículos porque no vamos a votar ninguno de ellos, pero sí quiero fundamentar nuestra decisión.

En los últimos tiempos hemos escuchado muchas veces al oficialismo decir que el aumento de funcionarios se debió a que tuvieron que regularizar contratos de becarios o ingresos que no eran funcionarios. En fin, quiero advertir que lo que se hace en este capítulo es regularizar contratos de funcionarios, me animaría a decir ilegales, en el sentido de que van en contra de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque si bien no lo dijeron los representantes del INAU cuando vinieron, el artículo 127 modifica el artículo 545 de la Ley n.° 16170. Voy a explicar mejor. Esa ley del año 1990 establecía la posibilidad de contratar docentes para el Centro de Formación y Estudios del INAU, y resulta lógico que los funcionarios del INAU se tengan que formar para tratar con menores. Entonces, esa ley permitía al INAU contratar docentes para formar a sus funcionarios. Ahora bien, en el año 2012 se votó –otra vez en la rendición de cuentas– uno de esos artículos que dicen: «Modifícase el artículo 228 de la ley tal» y se aprueba en el paquete. De esa manera se autorizó el contrato de docentes y talleristas, lo cual parecía sensato, porque eran talleristas que trabajan en talleres en el centro de formación. Pero parece que ahora dejamos fuera a los talleristas, ya no se va a poder contratarse más talleristas para el centro de formación, pero por medio del artículo 126 se faculta al INAU a contratar talleristas, no para el centro de formación de docentes, sino en general. Nosotros le preguntamos a los representantes del INAU si ya se había contratado a los talleristas, y nos contestaron que sí. Entonces, concluimos que si ya tenían talleristas es porque tenían la facultad de contratarlos. ¿No? Porque si no tienen posibilidad de contratarlos, no pueden tener talleristas. En definitiva, ¿por qué hoy tendríamos que votar un artículo –el 126– que les otorga la facultad de contratar talleristas? Entonces, ¿qué nos dijo el INAU? «No, en serio, los contraté sí, pero en realidad estoy regularizando».

Bajo el manto jurídico de talleristas tenía contratada, por ejemplo, a una contadora para el Inisa. Esta persona vino y se presentó como la contadora no sé cuánto, vinculada a la Administración como tallerista. ¡Parece que hay una cantidad de funcionarios contratados como talleristas por el INAU sin facultad! Porque lo que estaríamos haciendo si aprobamos este artículo 126, en primer lugar, es reconocer que no tenía la facultad para contratar. Si en el Estado se contrata a alguien sin tener la facultad para hacerlo, creo que se está violando más de una norma sabiéndolo. Si encima dice: «Vamos a regularizarlo», quiere decir que era irregular. Lo que se regulariza es porque es irregular. Y si se le da la facultad es porque no la tenía, y si no tenía la facultad y contrató, actuó en contra de la ley sabiéndolo. Y eso puede y debe ser investigado porque evidentemente estamos jugando muy al borde de las normas penales.

¿No sé si he sido claro? Esto es gravísimo, porque resulta que el Parlamento nacional –¡nosotros!– le vota un presupuesto para contratar talleristas para el Centro de Formación y Estudios y las autoridades del INAU no contrataron talleristas para dicho centro sino para otra cosa. Contrató taller. ¿Ahora qué hacen? Regularizan. Entonces, pido por favor que no me hablen más de la regularización de los contratos que se hacían antes y estos porque aprendieron, ¡aprendieron!

Por esos motivos, no vamos a votar, señor presidente.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Estamos hablando de todo el inciso –el señor senador Bordaberry hablaba concretamente de un artículo–, pero no quiero dejar pasar lo que fue un momento de tensión que hubo en la comisión por las inversiones que, bajo la tutela del INAU, el Sirpa venía haciendo. Lo digo acá, porque aquí tuvimos una respuesta del INAU; después hablaremos de lo que dijo la directora del Inisa cuando llegue el momento de hablar de ese instituto, pero me importa decir dos o tres cosas en honor a la verdad.

El INAU dio muchas vueltas, pero finalmente terminó contestando preguntas que le hicimos sobre si pensaba denunciar las irregularidades que se cometieron en la construcción o las estafas. No lo sabemos; lo determinará la Justicia en su momento. La presidenta del INAU señaló que estaba en una etapa de negociación para reparar lo que estuvo mal hecho y que tenía una situación complicada con varias empresas, pero nos dejó muy preocupados porque si bien no se perdieron USD 20:000.000 –que fue lo que se dijo hasta el cansancio, que los USD 20:000.000 no estaban perdidos–, los edificios construidos no son adecuados para la función que tiene ahora el Inisa, antes el Sirpa.

La señora senadora Alonso anunció en la comisión la necesidad de investigar esta situación, no sé si por intermedio de una comisión investigadora. Me dicen que hará un llamado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión para profundizar esta situación sin entorpecer la acciones que viene llevando adelante el INAU para tratar de reparar lo que sea reparable y denunciar lo que no es reparable y que, indudablemente, ha generado una suerte de estafa al pueblo uruguayo que destinó esta plata. Pero no podemos afirmarlo, porque esto tiene que ser motivo de profundización, de investigación y de apoyo. Si hay una acción de la presidenta del INAU en procura de reparar lo que está mal hecho o en su caso denunciar cuando no se pueda reparar, tendrá nuestro apoyo. Hemos gastado mucho para que la gente que se encuentra con penas por haber delinquido, esté en mejores condiciones. Vamos a estar mirando esa situación porque nos parece de vital importancia no dejar de recorrer ninguno de los dos caminos: el que busca reparar lo mal hecho o el que genere una denuncia en la Justicia en caso de que corresponda. La inacción puede ser motivo de que mañana se abuse contra el Estado y no se paguen sus consecuencias.

Por lo tanto, vamos a dar seguimiento a este tema que nos preocupó mucho en la comisión. Simplemente, queríamos hacer estos comentarios de modo tal de ver cómo sigue esta película que tiene varias aristas y muchos problemas.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Brevemente, señor presidente, quiero aclarar los dos primeros artículos: el del contrato de taller y el de los docentes del Cenfores, al que hizo alusión el señor senador Bordaberry.

Los dos artículos separan al docente regular de los talleristas. Los talleristas pueden trabajar de tres a diez meses, se ajustan al proyecto del taller socioeducativo que lleva adelante el INAU. Se tienen que presentar proyectos, se desarrolla en forma diversa de acuerdo con las necesidades de la institución y es un contrato a término para tareas requeridas. Mientras tanto, el de los docentes del Centro de Formación y Estudios es un contrato de carácter permanente. Hasta el día de hoy la institución trabajaba con esta única figura jurídica que tenía y con la aprobación de los dos primeros artículos del inciso lo que se hace es separar la figura del tallerista de la del docente para dar un carácter distinto a ambas actividades.

Con respecto a la situación de las obras a la que se refería el señor senador Heber, hay una resolución del Directorio del INAU, la n.º 918, de 11 de marzo de 2016, a partir de la cual se resuelve desestimar las solicitudes de pago de costos adicionales de obra para los adjudicatarios e intimar a las empresas Calpusa, Tresor y Fedal a culminar las obligaciones pertinentes en base a tres tipos de incumplimientos: no cumplir con requisitos mínimos en instalaciones sanitarias o eléctricas, no coinciden los planos de obra construida con lo propuesto originalmente y algunos vicios de construcción.

El INAU está en negociaciones a los efectos de la culminación de una obra –de las cinco obras, cuatro están en funcionamiento–, y está en negociaciones, a los efectos de dar cuenta de vicios de construcción o de cuestiones incompletas. Creo que el directorio informa esto cuando va a la comisión; no obstante, se lo puede citar a cualquier comisión. Ellos están en pleno proceso de negociaciones y entonces brindaron las informaciones que podían dar, pero estas eran las aclaraciones que quería hacer con respecto a estos dos puntos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero aclarar la objeción –si me buscan, me encuentran–: no es a lo que se va a hacer ahora, sino a lo que se hizo antes. Es decir, ahora cambian el sistema: los talleristas van a tener que presentar un proyecto socioeducativo en sí mismo para ser contratados y los docentes van a trabajar en el Centro de Formación y Estudios, que era la situación que se daba antes del año 2012 con los docentes, pero no con los talleristas. Ahora el problema es que ya tienen talleristas contratados, pero sin norma habilitante. ¡Ese es el gran drama que tienen! Por ejemplo, a la contadora que vino, que está vinculada con un contrato de tallerista, ¿qué le van a decir? ¿Que presente un proyecto socioeducativo en sí mismo? ¿Que sea parte de un proyecto de mayor alcance y dimensión? ¡No, si resulta que es contadora y trabaja como tal! Es decir, tienen una cantidad de funcionarios que no están regularizando. ¿Por qué? Porque es imposible regularizar lo que es ilegal. Esa es la verdad. Entonces, se les va a plantear ese problema. Hacia adelante está bien, porque tendrán la facultad para hacerlo, como se lo estamos dando, pero no la tenían en lo que hicieron para atrás. Esa es la realidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 126 y 127.

(Se votan).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 128.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 129.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 130, para el que hay un sustitutivo que figura en la hoja 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 130 que viene de la comisión.

(Se vota).

–0 en 25. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo que figura en la hoja 22.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Se pasa a considerar el inciso 29, «Administración de los Servicios de Salud del Estado», que comprende los artículos 131 al 139.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: el tema de ASSE se discutió intensamente cuando se consideró el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública», por lo que no vamos a reiterar muchas de las cosas que ya se dijeron. Como hay una suerte de compromiso de que no hable más de uno por lema para agilizar la discusión, no pedí la palabra cuando se consideró el articulado del Ministerio de Salud Pública. Creo que hablaron dos integrantes del Partido Nacional y, por tanto, ni siquiera pedí una interrupción porque trato de cumplir los acuerdos. Cuando se consideró el tema de la educación hablaron tres senadores del Frente Amplio, pero esos son detalles. Ahora, como en el caso de ASSE es otro inciso, puedo hablar del tema de la salud.

Señor presidente: fuera de la discusión un poco risueña sobre los acuerdos que tenemos, debo decir que en el caso de ASSE hemos cuestionado en el pasado muchas de las observaciones que el Tribunal de Cuentas ha hecho a este organismo descentralizado que administra los hospitales del país. Si bien todavía no tenemos toda la información, por año hay unas 1500 observaciones del Tribunal de Cuentas a actos –como ordenadores primarios que son– mal realizados.

En la discusión sobre Salud Pública se habló mucho del departamento de Artigas. El senador Javier García mencionó su visita por Artigas y las condiciones del hospital, lo que motivó que la senadora Ayala hiciera uso de la palabra y luego el senador De León terminara mencionando cifras. Yo tengo otras cifras que me preocupan, no tanto del Hospital de Artigas, sino del de Bella Unión.

Por suerte, en la Cámara de Representantes tenemos un buen diputado que se ha dedicado a analizar el tema. Él ha acercado aspectos que son preocupantes, que tienen que ver con la administración de ASSE y que, por lo menos, deben ser motivo de análisis o de reflexión. Si bien no tienen que ver con ningún artículo, estamos hablando de cómo se administran los dineros públicos.

Nuestro diputado, el señor Martín Lema, ha realizado un pedido de informes y se ha dedicado a hacer un seguimiento del estado de los hospitales. Es más, ha ingresado incluso bajo protesta de las autoridades de ASSE. Nosotros ahora no tenemos ojos en ASSE; antes teníamos un director y así podíamos saber lo que estaba pasando.

No estoy en contra del empresariado médico, no me parece mal que los médicos se transformen en empresarios, pero cuando estos son directores de hospitales y venden servicios a los hospitales públicos, ¡cuidado!, ¡cuidado!

El diputado Martín Lema ha dicho que hay una empresa, Ambulancias SIEM, cuyos dueños son dos directores del Hospital Pereira Rossell. Respecto de esta empresa, debo decir que en el Hospital de Bella Unión, en el que antes del año 2013 se gastaban USD 28.500 en el servicio de ambulancias, en el 2014 la cifra pasó a ser de USD 400.000, es decir, 14 veces más. No hablo solo del Hospital de Bella Unión, sino de todos los servicios. Estos son datos del Sistema Integrado de Información Financiera, el SIIF. Dijo que no iba a hacer un juicio de valor, pero en dos pedidos de informes que hizo a ASSE, se le contestó mal; primero se le dijo que había determinadas ambulancias, pero luego se corrigió y se le dijo que no.

El diputado Lema advirtió que en el año 2008 ASSE gastó USD 1:200.000 en el contrato de ambulancias para usar en sus hospitales. Y esta cifra en el año 2015 pasó a ser de USD 11:000.000.

Creo, señor presidente, que este es un tema que tiene que ser mencionado para que primero ASSE le conteste al diputado sobre qué pasó, porque ¡cómo puede ser que en el Hospital de Bella Unión se esté gastando semejante cifra! Reitero que se gastaron en contratos con ambulancias USD 11:000.000. No confío en la buena administración de ASSE; no lo hice en el pasado. Ojalá puedan decirnos que están cuidando los dineros públicos. Es más, en la Administración anterior, cuando justamente estaba como ministra la actual presidenta de ASSE, hubo persecución a los choferes de ambulancias que denunciaban el mal manejo de esto. Hubo persecución; así lo denunciaban. Ahora el tema está en la Justicia.

Las denuncias que nosotros hicimos en el pasado terminaron en la Justicia y se procesó a muchos jerarcas, entre ellos al director que era representante de los funcionarios. Nosotros queremos hacer una advertencia y dejar sentada nuestra preocupación ante esta situación. Hablamos de una cifra que, lamentablemente en su momento, no tuvimos la oportunidad de corroborar con ASSE. En las comisiones respectivas, señor presidente, vamos a llamar a las autoridades de ASSE si no se le responde al diputado Lema, que tiene legítima preocupación acerca del nivel de gastos, sobre todo de empresarios que hoy ocupan cargos de dirección en los hospitales. Si no ocuparan esos cargos no estaría dentro de nuestra preocupación la razón por la que salta tanto el gasto en ambulancias cuando ellos están al frente de hospitales que reciben o dan estos servicios, o sea que parecería que se contratan a sí mismos.

Entonces, nos parece que este es un tema que no podemos dejar pasar y lo traemos a sala anunciando que vamos a seguir averiguando con insistencia para que se esclarezca la responsabilidad respecto al costo que, vuelvo a decir, se multiplicó por diez: pasó de $ 1:200.000 a $ 11:000.000 en un período de dos o tres años.

Queríamos señalar muy clara y contundentemente nuestra preocupación y decir que vamos a seguir el tema con mucha dedicación, porque tenemos la obligación de cuidar los dineros públicos, así como la ética y el relacionamiento ético que deben tener quienes están al frente de hospitales y de empresas al mismo tiempo.

Muchas gracias.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Voy a ser breve.

En primer lugar, quiero decir que se han procurado responder permanentemente –me consta– los distintos pedidos de informes que han presentado, y no solo el del señor diputado que se ha mencionado. Inclusive, en algún momento esto motivó la preocupación del Cuerpo.

En segundo término, no se le prohíbe la entrada a nadie. Al contrario, han entrado legisladores, en su justo derecho, pero se han establecido determinadas pautas para que las visitas puedan desarrollarse con total normalidad.

A esta altura no voy a ingresar en la discusión general sobre ASSE, porque ese debate ya lo dimos cuando analizamos el inciso del Ministerio de Salud Pública. Ha habido una inversión muy importante en equipamientos y en ambulancias –articuladas y equipadas– y me consta que se han tomado las medidas internas correspondientes por parte del Ministerio de Salud Pública, para investigar lo que aquí se ha planteado. En todos los casos sé de la disposición del Directorio de ASSE para aclarar lo que sea necesario en este sentido.

Quiero subrayar que más de una vez se toma el dato del incremento de los gastos y no se miden los servicios y en qué extensión se han ampliado, particularmente, en este tema de la movilidad, el traslado y la asistencia oportuna.

No tengo la menor duda de que todavía tenemos muchas dificultades en determinados puntos del país, como se ha planteado en sala, pero ha habido un esfuerzo de equipamiento en este sentido, como afirmó el Directorio de ASSE en su comparecencia ante la comisión. Si uno hace un comparativo entre la disponibilidad de ambulancias de tiempos anteriores y la de ahora, es notorio el incremento.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a los señores senadores si hay alguna propuesta de desglose de los artículos de este inciso 29.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Vamos a pedir el desglose de los artículos 133 y 139.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Por nuestra parte, pedimos que se desglosen los artículos 131, 134, 137 y 138.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, vamos a votar artículo por artículo.

En consideración el artículo 131.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 132.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 133.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 134.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 135.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 136.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 137.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 137.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 138.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 139.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 25. Afirmativa.

Corresponde pasar a considerar el inciso 32, «Instituto Uruguayo de Meteorología», que comprende los artículos 140 al 143.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el inciso 33, «Fiscalía General de la Nación», que comprende los artículos 144 al 149.

Consulto a los señores senadores si hay algún desglose previsto.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Pedimos el desglose del artículo 144.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 144.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración los artículos 145 al 149.

 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a considerar el inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública», que comprende un solo artículo: el 150.

En consideración.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: en realidad, podemos decir que la Junta de Transparencia y Ética Pública –Jutep– fue un organismo también olvidado en el presupuesto nacional. No venía nada para él en la propuesta de la Cámara de Representantes y se agregó un artículo que le habilita, por resolución fundada, hasta ocho pases en comisión. Eso es todo lo que se le da.

Quiero dejar constancia de que este organismo, además, cada vez tiene más funcionarios a los que se les remiten las declaraciones juradas, tienen mayores funciones y llevan adelante, además, un proceso muchas veces de docencia y de perfeccionamiento técnico que no pueden cumplir con un presupuesto de $ 19:000.000 por año, de los cuales $ 13:000.000 están dedicados al pago de personal y algo más de $ 5:000.000 al funcionamiento. Se trata de un organismo creado como servicio descentralizado e integrado por tres personas. Al respecto, quiero hacer un reconocimiento al doctor Montero –padre del secretario de esta cámara– que fue uno de los integrantes de su dirección y que falleció recientemente.

En definitiva, señor presidente, han venido sus directores a reclamar mayor presupuesto para funcionar, ya no pases en comisión. Según recuerdo, no cuentan con técnicos en computadoras ni contadores y muchas veces los abogados que tienen son, propiamente, los directores, porque no tienen funcionarios. Les estamos dando cada vez más funciones y responsabilidades, y pedimos más declaraciones juradas. Además, vamos a incorporar, como queremos todos, el Estado paralelo, que funciona en la órbita privada pero que está relacionado con lo público. Por lo tanto, obviamente, cada vez van a tener más responsabilidades. Va a ser necesario y más garantista para todos tener una Jutep profesional y con presupuesto para funcionar. Obviamente, la historia se repite: lo que no pasó en el presupuesto, vuelve a no pasar ahora y, quizás como una guiñada, le habilitan ocho pases en comisión por resolución fundada.

Nosotros vamos a votar este artículo, pero no lo vamos a hacer con ganas, no por lo que encierra en sí, sino porque pensábamos que, ya que no había sido contemplada en el presupuesto nacional, era una buena oportunidad para que la Jutep tuviera jerarquía presupuestal. Sin embargo, eso tampoco va a suceder en esta rendición de cuentas.

Muchas gracias.

(Ocupa la presidencia el señor Guillermo Besozzi).

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 150.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ingresamos al inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente», que comprende los artículos 151 al 157.

En consideración.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en oportunidad de tratarse el inciso correspondiente al INAU advertí que iba a hacer algunas reflexiones sobre el Inisa, tema que incluso fue mencionado en la discusión general. No hice mención a este inciso en la discusión general porque me pareció muy grave y esperé llegar a esta instancia para traerlo a colación.

Fue el momento de mayor tensión que tuvimos en la comisión; esa tensión que se vivió en la comisión fue producto del enojo, a veces justificado, de algunos senadores del oficialismo por la sorpresa de las confesiones. Yo puedo entender la sorpresa que se pudieron haber llevado los integrantes de esa fuerza política a raíz de las confesiones de la presidenta del Inisa.

¿Qué dijo la señora Fulco en la comisión? Dijo cosas muy duras, que merecen nuestro comentario. La señora Fulco dijo que en el Inisa había una política del terror que consistía en que si se denunciaban los maltratos y las torturas a los internados, los mismos funcionarios tomaban represalias aún más graves que los hechos que provocaron la denuncia. Quiere decir que ni siquiera los familiares de la persona torturada podían hacerlo público porque, si lo hacían, recibía más torturas. Además, amenazaban a los familiares. Esto fue expresado por la señora Fulco, quien responsabilizó al sindicato; dijo que el sindicato era responsable de encubrir este tipo de prácticas, que consistían en torturar y hasta castigar en forma repugnante a los internados en el Inisa. También dijo que, como castigo general y para sojuzgar a los internados, ni siquiera se les daba el desayuno caliente. Expresó además que la depresión llevaba a que ellos tuvieran que andar por los pasillos descolgando a los gurises que se colgaban para suicidarse, por el calvario que vivían allí dentro. Y dijo que todo esto era amparado por el sindicato y por los funcionarios.

Yo puedo entender que la sorpresa pueda haber generado cuestionamientos –no me estoy refiriendo a ningún señor senador en especial, porque no es el caso–, pero no hay que enojarse con el mensajero. Creo que la señora Fulco fue muy valiente al denunciar estas cosas en comisión, porque habló de torturas, de persecución, de encubrimiento, de política del terror; dijo que los funcionarios boicoteaban a la Administración y habló de la necesidad de revertir esta situación, prácticamente solicitando apoyo. Yo no puedo pretender que se le pida respuestas a quien está viendo todo ese mundo. Queremos tanta comprensión en tiempo para algunas otras cosas y les pedimos a las nuevas autoridades del Inisa que terminen ya con la violación de los derechos humanos que confesamente se señaló en la comisión. Hay que ayudarlos. Se hicieron acusaciones muy graves que se pueden leer en las versiones taquigráficas. Como dije, no me parece que sea de recibo cuestionar a las autoridades del Inisa. Por el contrario, tiene que ser motivo de apoyo y de investigación, porque además ellos fueron los que dijeron que se había estafado al Estado al invertir USD 20:000.000 en instituciones que iban a reeducar a los menores que habían delinquido, pero los edificios no estaban en condiciones de aceptar a los menores para reeducarlos ni para contenerlos.

Todo lo que nos dijo la presidenta Fulco tiene que ser motivo de alerta y no de enojo. No nos podemos enojar con quien señala una situación caótica como la mencionada, en la que se tiene que reeducar a los propios funcionarios, en la que se la boicotea permanentemente y en la que se utiliza la violencia y la tortura para someter y castigar a quienes se quiere reeducar. Esto fue señalado, además, con el respaldo de que estas mismas cosas habían sido parte de informes de violaciones a los derechos humanos que tenían lugar en los centros de reclusión para menores de edad.

Por lo tanto, si bien voy a votar los siete artículos, no podemos dejar pasar el tema sin hacer estos comentarios. Aquí hay responsabilidades de quienes, en definitiva, estuvieron al frente de esta institución en el pasado. Se encubrió una situación de terror –tal como señaló la presidenta–, en asociación con un sindicato que genera esa política del terror. ¿Es verdad o no es verdad esto? Porque sé que después el sindicato vino a la comisión a negar esta situación. Y de lo que se trata, señor presidente, es de saber la verdad de lo que pasó. Por eso la investigación anunciada por la señora senadora Alonso tiene que hacerse realidad, no sé si en una comisión especializada o en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. No podemos mirar para el costado porque, si no, estamos siendo socios o amparando que estas cosas continúen en el Inisa. Tenemos que saber si esto es verdad o no y, si es verdad, debemos saber qué funcionarios son los que están cometiendo este tipo de atropellos. Es más: las nuevas autoridades del Inisa han establecido un sistema para poder recibir denuncias anónimas a fin de que no se le genere una represalia al internado en caso de que un pariente o un familiar las realice. Se están buscando fórmulas para que se denuncie lo que está sucediendo en estos centros de reclusión, que no son centros de reeducación, para ver si existe responsabilidad de los funcionarios.

En la comisión se narraron varias historias de gente que en la nocturnidad hace determinadas cosas a los reclusos adolescentes. Pido a los señores senadores que se tomen el trabajo de leer la versión taquigráfica. Esto es muy grave. No puedo afirmar si esto es cierto; tenemos la versión de las autoridades del Inisa y también la del sindicato. Pero, señor presidente, tendremos que ir hasta el hueso para saber si hay responsabilidad de los funcionarios. Y si la hay, habrá que echarlos, porque si están cometiendo este tipo de atropellos en un centro de educación, rápidamente se tiene que votar la venia de destitución de esos funcionarios en el Senado para separarlos de sus cargos. Ahora bien, si no es cierto, las autoridades de este nuevo organismo deberán rendir cuentas por la responsabilidad política de haber generado esta alarma pública que todos tenemos en función de lo denunciado en la comisión.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Señor presidente: en mis pagos, muy cerca de Santa Lucía, cruzando el río, están las dos colonias de alienados, la Etchepare y la Santín Carlos Rossi y pegado a ellas estaba la histórica escuela Doctor Martirené, del viejo Consejo del Niño.

Hace pocos días, recorriendo los pagos de Ituzaingó y de 25 de Agosto, fui expresamente a visitar la escuela. Allí hay 15 chiquilines. Cuando llegué, encontré un portón en muy mal estado y enseguida salió un señor y luego los chicos. Pregunté qué había ocurrido con aquella exitosa experiencia, con muchos años por cierto, donde funcionaba un campo de producción que contaba con tambo, huerta, criadero de cerdos y aves, y donde había una escuela de artes y oficios en la que se enseñaba herrería, linotipista, sastrería, etcétera. En esa escuela, cuando los muchachos cumplían la mayoría de edad, el director venía con ellos a buscar trabajo y era la garantía para su incorporación en el mercado laboral.

Permanentemente los chicos compartían actividades con nosotros en Santa Lucía, tanto en lo deportivo como en lo social. Ellos se integraban, eran parte de ese sistema, y la verdad es que hoy no sé hasta dónde puede llegar la etapa de reeducación a través de la laborterapia. Ese campo, que perteneció y pertenece al Estado, que cuenta con todas las instalaciones –casi 400 muchachos estudiaron allí–, hoy está prácticamente abandonado. Pregunto: ¿es necesario que sigamos teniendo a los muchachos amontonados acá en Montevideo, cuando puede haber una reeducación a través de la laborterapia? He tenido como pasantes a chiquilines que habían sido delincuentes y que cuando les brindé la oportunidad de trabajar lo hicieron y se sintieron totalmente reincorporados a la sociedad. Parece que estamos mirando solamente el lado negativo, que sí lo hay muchas veces, pero no en un ciento por ciento ni mucho menos. Pregunto por qué no volver a ese tipo de escuela. Quisiera que quienes saben más de reeducación nos digan si es posible o no concretar algo así.

Hoy tenemos a los muchachos amontonados en espacios reducidos. Esto también sucede en el sistema carcelario de los adultos. Quiero dejar el mensaje, ya que estamos tratando este tema, de que es necesario buscar otros caminos, reeducar a esos jóvenes y tratar de reinsertarlos en la sociedad. Si no actuamos en ese sentido, estaremos en un círculo vicioso del que no se podrá salir.

Muchas gracias.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: lo primero que quiero decir es que a nosotros no nos causó sorpresa la presentación de la directora Fulco y su equipo. En realidad, nos generó una honda preocupación, que es algo diferente a la sorpresa. Creo que, además, fue una preocupación compartida, ya que frente a algunos planteos que se hicieron, no haber manifestado preocupación habría sido irresponsable. Por esa razón, todos quienes estábamos presentes planteamos nuestra gran preocupación.

Voy a pedir al señor presidente que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- La Mesa exhorta a los señores senadores a que hagan silencio a fin de poder escuchar a la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Voy a ser lo más breve posible, pero la verdad es que se han dicho unas cuantas cosas acá y otras muchas en la comisión, que se encuentran en la versión taquigráfica de la que quiero recoger algunas expresiones.

El Directorio del Inisa hizo su presentación antes de la comparecencia del INAU –que fue la última delegación que recibimos– y vino a rendir cuentas del año 2015, cuando todavía no era Inisa, porque empezó a llevar ese nombre a partir del 31 de diciembre de 2015. Por lo tanto, la rendición de cuentas tenía que ver con la actuación del Sirpa, comisión delegada, cuyas autoridades habían sido designadas, si no me equivoco, en mayo de ese mismo año y son las que están actualmente, salvo por el director Viviano, que asumió como director del Inisa junto con la psicóloga Fulco y el doctor Katz.

Ahora bien, en la presentación que hizo el directorio hubo una serie de manifestaciones y de quejas vinculadas a la imposibilidad de hacer, por distintas razones, ya sea por carencias de presupuesto, como de recursos humanos, de organigrama, de voluntad por parte de los funcionarios, etcétera. Todo lo que se planteó en la comisión estuvo vinculado con la imposibilidad de hacer. Sin embargo, se supone que las personas que nosotros pusimos al frente de un organismo son quienes tienen que gestionar y revertir la situación. No quisiera que viniera un directorio de algún organismo, ahora o dentro de un año, a decir que no pudo hacer nada. Me parece que en ese aspecto radica nuestra gran preocupación y lo quiero plantear con la mayor de las responsabilidades como parlamentaria. Yo no hago la plancha cuando en una comisión o en cualquier lugar se dice que se están violando los derechos humanos; vienen a reconocer que se violan y, teniendo la responsabilidad de revertirlo, dicen que no lo pueden hacer o reconocen su incapacidad. Me genera una hondísima preocupación esta situación y me parece que lo mismo debemos sentir todos quienes estamos hoy acá y estuvimos oportunamente en esa comisión.

Pero no solo fue un bolsón de quejas lo que plantearon las autoridades del Inisa, sino que además hicieron acusaciones muy graves. Esas acusaciones muy graves, justamente, tienen que asumirlas quienes las hicieron. Pero también nosotros, como legisladores y legisladoras, vamos a asumir la cuota que nos corresponde, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que generamos las condiciones de creación de un servicio descentralizado, en el que pusimos mucho «pienso» y trabajamos mucho en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Lo hicimos todos los partidos políticos, y quiero reconocer especialmente a Martha Montaner, quien dejó muchas horas de trabajo y le puso muchas ganas a ese organismo en el que, como los demás integrantes de la comisión, depositó muchas esperanzas y mucha convicción.

El tema acá no es enojarse con el mensajero. No es enojo. Pero el mensajero que estaba sentado ahí era un directorio compuesto por tres integrantes. El directorio anterior estuvo también integrado por tres representantes que de alguna forma muchas veces fueron cuestionados en esta casa, porque eran los directores. Sinceramente, creo que si de responsabilidad se trata, la misma responsabilidad que supuestamente le cabía al directorio anterior le tiene que caber a este, ¿en cuánto a qué? ¡En cuanto a generar las políticas para revertir una situación que es inadmisible! No se puede decir con pacífica resignación que en el ámbito en el que yo tengo la responsabilidad máxima se violan sistemáticamente los derechos humanos. Eso no existe; en ningún lado se puede sostener semejante afirmación. Sinceramente, quiero decir lo que ya expresé: no voy a mirar para el costado. Y no me interesa quienes están al frente de esa institución; me interesa el caudal humano, los gurises que están ahí dentro, los 486 que ese día estaban privados de libertad, y los otros 200 y pico que están con medidas socioeducativas no privativas. Porque ¿sabe qué, señor presidente? ¡El Inisa no es una cárcel! Con esa sigla horrible es una institución para poner en práctica medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad para, de alguna manera, encauzar, reencauzar, socializar, resocializar –como se le quiera decir– a adolescentes que tuvieron algún conflicto con la ley. Y son adolescentes. El título, el nombre que le dimos todos los partidos políticos es el que tiene, y la «a» significa «adolescentes»; no significa «delincuentes» ni «menores», sino «adolescentes».

Preguntamos qué estaba pasando con los ocho programas que incluimos en la ley de creación de Inisa, pero no hubo respuesta. Por las dudas, como estamos haciendo referencia a la rendición de cuentas 2015, también preguntamos por los cinco programas que estaban en la ley de creación del Sirpa, y no reply diría alguno; tampoco hubo respuesta. Es más, en una segunda intervención, el director Katz dijo: «Lo que está planteando la senadora Payssé se lo mandaremos por escrito oportunamente». ¡Ah no, señor presidente, así no! ¡De ninguna manera!

Pero está la versión taquigráfica, no solo de la comparecencia del Directorio del Inisa con todo ese bolsón de quejas, sino de la del Directorio del INAU, que es el organismo rector de las políticas vinculadas a la infancia, que algo tiene que ver y que va a seguir teniendo que ver con un organismo en el que hay adolescentes. La verdad es que fue como el día y la noche, porque la presentación del INAU fue concisa, contundente, hablaron de las seis áreas de trabajo, se pusieron a disposición y contestaron una cantidad de cosas que los representantes del Inisa no contestaron. No dejó de generar igualmente su dosis de preocupación, pero ni por asomo –por lo menos con respecto a lo de las obras a que hizo referencia la senadora Moreira– tuvo el caudal de complicación exacerbado planteado por el Directorio del Inisa. Sí hay preocupación, señor presidente, porque nos presentaron un organigrama que yo, en chiste, digo que parece hecho para el Pentágono. Pero es un organigrama para una institución terrible, en el que hay una cantidad de cuadrados rojos que todavía no se han podido llenar, y es por eso que no pueden trabajar, porque no tienen contadores, no tienen arquitectos. Y yo pregunto si eso es lo fundamental en una institución de esta naturaleza. Pues bien, eso fue así y así lo plantearon.

Acá también tenemos una institución que tiene un directorio, que fue nombrado creo que en mayo del 2015 y cuyos dos primeros integrantes renunciaron: Edgar Bellomo y Luis Noya. Habrá que investigar un poco más, y voy a corregirme porque después la palabra «investigar» la toman textualmente: habrá que informarse un poco más acerca de qué pasó con Edgar Bellomo y con Luis Noya.

Y ahora también tenemos, en ese mix conformado por el Inisa y el Sirpa, que hubo directores como Juan José Mieres, Carlos Manzor y, actualmente, Álvaro Viviano –quien recién se ha integrado–, quienes también pueden dar fe de algunas cuestiones.

El director del INAU, Dardo Rodríguez, hizo una exposición más que responsable. Lo acusaron de ser la continuidad, de haber estado en el directorio anterior y de estar ahora, cosa que es cierta. Asumió esa responsabilidad y todo lo que dijo, que comparto, está en la versión taquigráfica.

Voy a decir una última cosa, señor presidente, porque el tiempo es escaso. El sindicato del INAU no vino solo; vino con Marcelo Abdala en representación del PIT-CNT, la central de trabajadores, para respaldar algunas cosas, como la defensa de los derechos humanos en la institución y el compromiso del PIT-CNT en ese sentido. Vino acompañando a la delegación en la que, entre otros, estaban la doctora Míguez y el maestro Luis Eduardo de Freites. La doctora Míguez, psiquiatra, fue desplazada del cargo que ocupaba de atención directa con los adolescentes y hoy está haciendo certificaciones médicas. Yo la conocí tratando con los adolescentes y les puedo asegurar que es un dislate, una pérdida que esa profesional esté haciendo certificaciones médicas y no esté atendiendo a los gurises, porque lo hacía con devoción y entusiasmo.

Asimismo, el maestro Luis Eduardo de Freites me entregó un informe de febrero del 2016 correspondiente a la rendición de cuentas de su equipo, vinculado con los proyectos de educación –en esa fecha todavía era Sirpa– para presentar ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que por supuesto también lo tiene. Yo lo pongo a disposición. Es un trabajo exhaustivo, que muestra el conocimiento que tienen de los chiquilines, la voluntad de trabajo educativo y el trabajo de reinserción laboral. Sin embargo, todo esto, señor presidente, no está más porque también sacaron al maestro De Freites. Tampoco existen los programas de inserción laboral de los gurises y así lo dejó ver Marcelo Abdala cuando vino en representación del PIT-CNT.

Entonces, señor presidente, termino diciendo: preocupación sí, y nos vamos a seguir informando e interiorizando de algunas otras cosas que ahora no puedo describir acá. Pero sí quiero decir que nosotros somos legisladores no solo para hacer grandes exposiciones, o no, según nuestras capacidades, nuestros talentos o nuestras voluntades; también somos elaboradores de leyes y somos y debemos ser celosos custodios de su aplicación. Si la aplicación de la ley de creación del Inisa no se está llevando adelante tal como fue la voluntad de los legisladores que levantaron la mano para que existiera, yo me comprometo –y me hago eco de que mi bancada también se va a comprometer– a que esa ley y sus ocho programas se cumplan a fin de asegurar que la institución que creamos aplique medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad. Muchas veces se olvidan de estas últimas, porque también tengo que decir que cayeron todos los convenios con las ONG que trabajaban las medidas no privativas. Estaremos, de alguna forma, no solo informándonos, sino además haciendo lo que el director Katz dijo de una manera que me sorprendió: «¡Los invito a que vengan a ver dónde tenemos que trabajar!».

Señor presidente: soy legisladora y voy a ir a los hogares del Inisa cuando se me ocurra ir y no cuando el señor Katz me invite. Esa es mi responsabilidad, como lo es la de todos aquí. Podremos ir en visitas acordadas, pero también podremos ir en los momentos en los que se nos ocurra; es nuestra obligación. Y creo que es mucho mejor ir sin anunciarse que ir habiéndose anunciado.

Estas eran las reflexiones que quería hacer. Adelanto que estaremos muy atentos porque no es así, al barrer, que se tira un sindicato. Allí dentro hay una cantidad de trabajadores que dejan el alma e, incluso, parte de su salud por el desempeño de una función que es bastante compleja.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: voy a ser breve y en serio, porque el que anuncia que lo será parece que es larguero.

Quiero ser claro. Cualquiera diría, luego de escuchar a los representantes del oficialismo, que la presidenta del Inisa y el director Katz representan a la oposición.

SEÑOR AGAZZI.- Está equivocado.

SEÑOR BORDABERRY.- Sin embargo, son personas de confianza, propuestas por el Frente Amplio.

Acá sentimos que se critica la denuncia que hicieron los directores de confianza del Frente Amplio en el Inisa que, además, vinieron y dijeron: «En el Inisa se están violando los derechos humanos». ¡Y ellos están al frente del Inisa! Vinieron a decirnos que, en los hechos, están violando los derechos humanos y siguen ahí. Después la bancada oficialista se conformó con su conciencia cuando concurrió el INAU, cuyos representantes manifestaron que no era cierto lo dicho por el Inisa.

Perdón, ¿no tendrían que pensar en sacarlos? Una de dos: si es cierto y siguen violando los derechos humanos, tendrían que dar un paso al costado; si no lo es, como dice el INAU, y no están violando los derechos humanos, tendrían que dar un paso al costado. ¡Seamos coherentes con eso! Nosotros observamos azorados lo que está pasando. Me parece que sentirse bien porque al rato vino el INAU y dijo que no era cierto –si no me equivoco, creo que dijeron que exageraron o que habían planteado las cosas en otros términos– no corresponde. Fueron la presidenta y el director del Inisa quienes dijeron: «Estamos violando los derechos humanos», «Los edificios no sirven», «Hay que hacer auditoría» –la está haciendo el INAU–, «Usamos contrato de tallerista al que no tenemos derecho». ¡A ver! Sáquenlos o, por lo menos, pregúntenles si esta semana –después de haber estado aquí– siguieron violando los derechos humanos en el Inisa. ¡Es gravísimo lo que dijeron! ¡Gravísimo! Y siguen ahí.

Después, venimos acá y criticamos a las autoridades del Inisa. ¡La bancada oficialista los critica: que removieron a la maestra no sé quién y dejaron sin efecto los contratos, etcétera! ¡Son el Gobierno! ¡Tienen los votos! ¡No se quejen con nosotros que los acompañamos! Esto parece de Perogrullo, pero es increíble que desde el Gobierno actúen como oposición al propio Gobierno. Eso es lo que está sucediendo acá. Hay algo que es ilógico y no me cierra. De repente, aparecieron esos personajes de Louis Stevenson, el doctor Jekyll y el señor Hyde. De a ratos, Jekyll dice: «¡Se violan los derechos humanos!»; y Hyde dice: «¡Qué mal Jekyll, que está violando los derechos humanos!». Bueno, en términos psicológicos, estas cosas podemos definirlas como trastorno disociativo de la personalidad.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: creo que, en cualquier caso, estamos ante una situación de gravedad. Me parece que hay que separar las denuncias del Directorio del Inisa en tres capítulos.

El primero de ellos tiene que ver con las obras. Este asunto hoy está en manos del Directorio del INAU y sobre él se discutió hace un rato, por lo que no me voy a referir a él. Obviamente que de esa dilucidación depende que esos recursos que el Estado brindó se aprovechen adecuadamente. En caso de existir actuaciones indebidas, creemos que deben ocurrir las denuncias correspondientes.

Un segundo capítulo está relacionado con la denuncia que hace el Directorio del Inisa con respecto a las inadecuadas condiciones para trabajar. Prácticamente, hablaron de impotencia para llevar adelante la gestión. De ser así, deberían renunciar, porque si una persona entiende que no puede hacer lo que tiene que hacer, ¿qué está haciendo allí? O sea que la primera responsabilidad que tiene es consigo mismo. Si entiendo que no están dadas las condiciones, no voy al Parlamento a decir que no puedo hacer el trabajo para el que me designaron; en todo caso, junto con eso, presento la renuncia.

El tercer capítulo lo componen las gravísimas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Obviamente que nadie puede hacerse el tonto ni el sordo en este aspecto porque, sin lugar a dudas, hay que investigar.

Ahora, también digo que si esas cuestiones efectivamente son así, como los directores del Inisa plantearon, deberían haber ido ya a la justicia penal. Sé que hubo alguna actuación cuando ocurrió el famoso hecho de la filmación del año pasado, cuando todavía era el Sirpa. Pero si existen hechos que son delictivos –torturas y actuaciones indebidas–, hay que recurrir a la Justicia; es un deber del funcionario que están omitiendo, en todo caso, los directores del Inisa al anunciar, muy sueltos de cuerpo, que están pasando ciertas cosas. Obviamente, debemos investigar; el Gobierno debería haber tomado cartas en el asunto ya, a partir del día en que estas cosas se hicieron públicas. Es más, me pregunto si no deberíamos mandar al Poder Ejecutivo la versión taquigráfica de las declaraciones que hizo el Directorio del Inisa en oportunidad de su comparecencia ante la comisión, para que tome cartas en el asunto. No se puede dejar pasar una situación que, según parece, es permanente y ante la que el directorio manifiesta que no puede hacer nada, pero tampoco la denuncian en la Justicia. Eso es lo que tendrían que hacer porque, de lo contrario, están en omisión e incurriendo en una irregularidad. En definitiva, esto así no se puede sostener; en las circunstancias actuales, esto no se puede mantener. En ese sentido, creo que hay que llevar adelante cursos de acción muy claros como, por ejemplo, reclamar responsabilidades.

En verdad, sobre este punto siento la misma perplejidad que el señor senador Bordaberry en tanto los cuestionamientos provienen de la bancada de gobierno y tienen que estar asociados a la toma de decisiones. No se arregla diciendo: «Esta gente está haciendo mal las cosas, porque está denunciando cosas que no son ciertas». Ante todo, hay que determinar si son o no ciertas, pero en cualquier caso se tienen que ir. Ese es el tema.

Quiero dejar una última constancia.

Nosotros votamos la solicitud de venia enviada por el Poder Ejecutivo porque era parte del acuerdo político, pero recuerdo que dijimos que teníamos una gran reserva con respecto al caso de la actual presidenta del Inisa, que ya llevaba a sus espaldas la renuncia de dos directores –a los que hizo referencia la señora senadora Payssé– y, además, que teníamos muchas dudas sobre las formas de trabajo que llevaba adelante. Digo esto porque en su momento lo planteamos. Esto no quiere decir que lo que ella diga sea o no cierto; si es cierto, tiene que ir ya –diría anteayer– al juzgado penal a presentar las denuncias del caso y, si no es cierto, obviamente tiene que irse.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: antes de votar quisiera simplemente hacer una aclaración.

Aconsejo a los señores senadores que lean la versión taquigráfica –no sé si todos lo hicieron– porque se ha dicho muchas veces que no se hizo nada, cuando hay una larga explicación de la directora Fulco sobre lo que sucedía y sobre lo realizado en un año. No es cierto que nada se hizo, como se está diciendo. Insisto: hay una explicación muy larga de la directora –se podrá coincidir o no en cuanto a si son las medidas necesarias–, de una hora de duración. No es que no se estaba haciendo nada. Al parecer, ahora la culpable es la directora Fulco porque estuvo un año.

Ella narró, con lujo de detalles, todo lo que hizo. Incluso, dio una explicación muy detallada de lo que estaba llevando adelante para tratar de revertir la situación, y de las dificultades que encontraba por parte del propio funcionariado. Mencionó también que estaba trabajando con las familias para educar a los padres, cosa que antes no se hacía.

Creo que no debe quedar en el ambiente que nada se estaba haciendo. Es como reconocer una situación de violación de derechos humanos y estar de brazos cruzados, como espectadores. ¡No es así! Sería injusto decir eso. Hay que leer todo lo que se dijo. Se estará haciendo bien o mal, pero no debemos enojarnos con la persona que de alguna manera trata de revertir una situación de violación de derechos humanos.

Quería aclarar esto y sugerir que se lea la versión taquigráfica en la que figuran las palabras de la señora Fulco, para saber todo lo que dijo.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: como lo dije desde el comienzo –y lo ratifico ahora– no se trata de que tengamos que barrer debajo de la alfombra. Por el contrario, creo que estas denuncias hay que investigarlas. El primero que debe hacerlo es el propio Gobierno, el Poder Ejecutivo, pero también hay una obligación de parte del jerarca de denunciar los hechos ante la Justicia, si es que están ocurriendo. De no ser así, se estaría ante una situación muy complicada porque no sería verdad.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Acá hay un asunto que es clave: si a ella le consta que se están produciendo hechos delictivos bajo su responsabilidad, tiene que ir a la Justicia. Ese es el punto.

Nada más, gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 151 a 157, con excepción del 152, que está desglosado.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 152 desglosado.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: en el inciso primero del artículo 152, que figura en la página 80, en el quinto renglón, después de la palabra «docentes», hay que agregar la expresión «talleristas y recreadores», porque la ley que permite la contratación no refiere solo a docentes, sino también a talleristas y recreadores.

Esto lo planteó el señor senador Bordaberry. Hicimos las consultas pertinentes con la señora senadora Moreira, y como le asiste razón lo corregimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa le pide que lea el artículo con la modificación propuesta.

SEÑOR MICHELINI.- El artículo 152 quedaría redactado de la siguiente manera: «Facúltase al Inciso 35 “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente” a contratar, bajo el régimen provisorio previsto en el artículo precedente, a quienes, a la fecha de promulgación de la presente ley, se encuentran desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de docentes, talleristas y recreadores del Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay».

El resto del artículo quedaría igual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 152 con la modificación propuesta.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

 SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por los días 14 y 15 de setiembre de 2016.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Enrique Pintado. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Queda convocado el señor Carlos Baráibar, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde tratar la sección VI, inciso 24, «Diversos Créditos», que comprende los artículos 158 y 159.

En consideración el artículo 158.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: quiero dejar constancia de que el Partido Nacional no acompañará estos dos artículos. En el caso del artículo 158, porque se trata de una disminución para el inciso 24, en el programa correspondiente a Infraestructura Fluvial y Marítima, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y concretamente en el proyecto 962, «Dragado del Río Uruguay», por la suma de $ 5:000.000, con cargo a rentas generales.

Con esta iniciativa –que se encuentra en el marco del abatimiento planteado por el Gobierno–, nos parece que se afecta un área que no debe ser tocada, debido a la importancia que esto tiene por estar directamente vinculado al dragado del río Uruguay.

En cuanto al artículo 159, somos consecuentes con lo expresado cuando se trató la ley de presupuesto, donde se constituyó una partida, en el artículo 684 de la Ley n.° 19355, en la que se otorga un fondo vinculado a la promoción de obras de desarrollo logístico, de infraestructura vial y de transporte para el área metropolitana. Esto se circunscribió a los departamentos de Montevideo y Canelones, sin involucrar a San José. Por esa razón, en esa oportunidad no lo acompañamos y ya dimos los argumentos en aquel momento.

Este artículo, en realidad, corresponde a la transferencia de esa partida a un fideicomiso que constituyen expresamente los Gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones, con la misma finalidad ya expresada.

Allí también se agrega, por supuesto, que se considerará como aporte a dicho fideicomiso el financiamiento que eventualmente pudiera obtenerse a través de la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Es cuanto queríamos señalar, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 158 y 159.

(Se votan).

–17 en 25. Afirmativa.

Corresponde pasar a considerar la sección VII, «Recursos», que comprende los artículos 160 a 185.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Antes de hacer algunas consideraciones generales sobre esta sección, para ser prácticos vamos a mencionar los artículos que acompañaremos. Concretamente, son los artículos 164, 168, 169, 175, 176, 184 y 185. En algunos otros vamos a acompañar parcialmente y, obviamente, vamos a pedir el desglose del resto.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- A los que va a acompañar el Partido Nacional agregamos el artículo 174. Además, vamos a pedir que el artículo 183 se vote por incisos, porque vamos a acompañar el primero de ellos.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: para no pedir una intervención por cada artículo y avanzar un poco más rápidamente, me parece que es práctico hacer algunas consideraciones generales. Varias de ellas ya las realizamos en el informe que nos tocó hacer ayer en nombre del Partido Nacional, de manera que vamos a repetir algunos conceptos, porque este es el otro corazón de esta rendición de cuentas.

El artículo 6.º era el de la tijera y estos son los artículos del ajuste, lisa y llanamente, por todo lo que involucran. Aquí no estamos hablando solo del IRPF, sino también del IRAE, del impuesto a los no residentes y del IVA. Los diferentes artículos de esta sección hacen referencia a los títulos 4, 7, 8 y 10 del Texto Ordenado 1996.

Cuando se creó el IRPF se había previsto una recaudación de USD 750:000.000 y después de USD 600:000.000. Hoy está recaudando USD 1.500:000.000. Es un impuesto que grava los ingresos a partir de los $ 23.380 y lo paga el 70 % de la población, lo que significa que hay cerca de 750.000 personas que ganan menos de eso y no son tributarias del IRPF.

Habíamos dicho en la intervención de ayer que este ajuste fiscal es el ajuste de la bonanza, como le llamamos, porque viene después de diez años de mucha bonanza en los que seguramente no hubo la inversión necesaria en infraestructura, en logística, en educación, en previsión. Previo a esto hubo un ajuste silencioso, que vamos a describir nuevamente.

No vamos a entrar en el detalle de cada una de las medidas debido a lo avanzado de la hora, pero por lo menos queremos dejar la constancia para que quede en la versión taquigráfica.

Comenzamos por la no prórroga de la exoneración del IVA a la carne de ave, ovina, de cerdo y de conejo, que venció en junio de 2015. Todos estos son artículos que van recaudando, a lo largo del año 2015 y hasta la fecha. También se resolvió la eliminación del ajuste por inflación para la liquidación del IRAE cuando la inflación sea menor al 10 %. Esto se hizo por decreto dos días antes de que finalizara el año pasado. Hubo un aumento del Imesi a los cigarros y tabacos de un 15,5 %. A esto se suman algunas modificaciones menores de tipo administrativo-contable, como modificaciones al IVA en servicios gastronómicos y turísticos, modificaciones de normas contables y al impuesto al patrimonio. Son menores, pero en todos los casos se termina pagando más impuestos.

En el momento de presentar el presupuesto del año pasado se decía que, junto con la mejora del resultado fiscal de las empresas públicas, se incrementaría su aporte a rentas generales –se hablaba de un punto, como recordarán los señores senadores–, no por ajuste de eficiencia, pese a algunos anuncios de mejora de gestión, sino –creemos nosotros, y corre por nuestra cuenta– por el aumento de las tarifas de los servicios públicos y, obviamente, la no rebaja de los combustibles. En el primer caso, el incremento fue por encima de la inflación y en el otro, al no bajar, terminaron subiendo.

Seguimos con los incrementos o con la recaudación. Se aumentaron los encajes. El encaje bancario en pesos pasó del 23 % al 28 %, y para los depósitos en dólares del 26 % al 28 %. Hubo también una modificación del Fondo de Solidaridad. Además, se dispuso la aplicación del impuesto de primaria a los predios rurales, que sustituyó el aporte de rentas generales por la recaudación equivalente. Esto, obviamente, dejó exentas a las explotaciones forestales. Y eso –también tenemos que decirlo– fue un compromiso de campaña del Gobierno, que se votó en una ley al respecto.

Nosotros hemos calculado que con esto que venimos describiendo, de ajustes fiscales silenciosos y sucesivos, se ha reportado un ingreso de entre USD 400:000.000 y USD 500:000.000. Sin embargo, no alcanzaron, y en esta sección se propone un ajuste fiscal de aproximadamente USD 460:000.000, que incluye una serie de tributos y también la eliminación de algunos gastos, menores pero gastos al fin.

Incluyo en esto algo que no está en la rendición de cuentas porque en la Cámara de Representantes se entendió, correctamente, que era inconstitucional. Me refiero al aumento del IASS. El proyecto referido al tema se votó ayer, por lo que ahora tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

En total, estamos hablando de más de 490.000 uruguayos que van a pagar más. En el caso del IRPF categoría II, que tiene que ver con salarios, estamos hablando de cerca de 290.000; en el caso del IRPF categoría I, que tiene que ver con el capital, son casi 134.000; y el caso del IASS, votado en la Cámara de Representantes, abarca unos 55.000 de los 150.000 jubilados afectados por este impuesto. Al sumar las tres categorías se llega, más o menos, a la cifra que mencionaba de personas que van a pagar más a partir de esta ley y de la que tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

¿Cuáles son los cambios más importantes?

En primer lugar hay una serie de modificaciones, que vamos a ver en los artículos, referidas a los topes de deducciones. Por ejemplo, hay una limitación del 50 % vinculada al título 4; hay otra referida al tema de los sueldos fictos, etcétera. En definitiva, hay una serie de artículos vinculados a los recursos y en todos los casos aumenta la recaudación.

Vamos a tratar de ser prácticos y no entrar en el detalle, por la hora que es y porque en parte ya lo dijimos ayer.

Hay también modificaciones a las tasas del IRPF en lo que respecta a la renta del trabajo. Son cambios en tramos, tasas y deducciones. Aumentan las tasas para las personas que ganan más de $ 50.000 nominales, unos $ 36.000 o $ 37.000 líquidos. Pero también se limitan las deducciones, lo que, en este caso sí, derrama en casi todos los estratos.

En cuanto al IRPF para el caso de las rentas de capital, también se modifican las tasas.

En el caso del IRAE, hay eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales para determinadas empresas. Además, se establece una limitación de la deducción de pérdidas fiscales; se gravan al 7 % las utilidades no distribuidas superiores a tres años; se establece una mayor imposición a las sociedades de servicios profesionales o personales; prácticamente se elimina el ajuste por inflación que se decretó en diciembre del año pasado.

También es verdad –para que no digan que no lo mencionamos– que hay una reducción de dos puntos del IVA a los pagos que se hacen por medios electrónicos, que según las cifras del Gobierno representará entre USD 48:000.000 y USD 50:000.000. Decimos todo.

Obviamente, nosotros creemos que la recaudación va a ser más que esto.

Pensamos que, más allá de la discusión sobre la constitucionalidad de la retroactividad tributaria –que es una discusión que dimos ayer y que no vamos a reiterar hoy– vinculada a gravar los dividendos no distribuidos, lo más importante es que se cambian las reglas del juego. Un equipo económico que se jactaba de dar garantías de estabilidad en las reglas del juego, las cambia. Habían dicho que reinvirtieran y ahora dicen que si no distribuyeron deben pagar impuestos retroactivos. Lo más importante es que por ese mecanismo, que pasó medio desapercibido en esta rendición de cuentas, a nuestro juicio van a recaudar, además de los USD 460:000.000, USD 150:000.000 adicionales.

Dentro de la serie de artículos que integran esta sección, resulta obvio que a partir de 2017 a determinadas unipersonales les empiezan a aplicar una tasa del 7 %. No va a estar imputado a esto, sino que se va a percibir en 2018.

Con todo respeto, señor presidente, nosotros entendemos que esta es, quizás, una solución fácil pero injusta. No sé si hay ajustes buenos o malos; hay ajustes y este es un ajuste después de diez años de bonanza, después de un pronóstico de que se iban a dar una serie de indicadores económicos que no se dieron.

Tenemos las cifras –volvemos a repasarlas– de cuánto estaba previsto que se iba a crecer este año y cuánto se va a crecer: se hablaba de un 2,5 %, pero según las estimaciones de hoy no vamos a llegar al 0,5 %. ¿De cuánto es el déficit? Era de tres y pico, pero este año se proyecta que va a ser de 4,3 %. Desde hace seis meses a la fecha –desde que se discutió el presupuesto y entró en vigencia– todos los indicadores cambiaron para peor. En realidad, las condiciones son más o menos las mismas. No desconocemos la salida del Reino Unido y algunas cosas más, ¡pero no se puede errar tanto!

A esto le sumamos que la inflación está hoy en el 10 %, fundamentalmente como producto de la baja del consumo y de la baja del dólar, porque estuvo en el 11 %; le sumamos que los proyectos para la promoción de inversión cayeron en montos y en cantidad durante el primer semestre de 2016 con respecto a igual período del año anterior; le sumamos que las exportaciones cayeron un 12 %, en volumen y en monto; y también le sumamos algo que para mí es muy importante porque va a tener repercusiones en el empleo. Hace unos minutos leí un titular que decía: «Industria uruguaya acumula diez trimestres de pérdida de empleo». La tasa de desempleo en todo el país se ubicó en el 8,6 %, unas 153.500 personas sin trabajo. Hay una diferencia de 1,1 % con respecto al mes anterior y de
1,6 % con respecto a igual mes del año pasado. Por supuesto que eso es diferente en Montevideo que en el interior, pero paralelamente a esto, en el período que va de enero a julio de 2015 había un promedio de 35.000 personas con cobertura del seguro de desempleo, y a igual período de 2016 hay más de 41.000.

Estos indicadores, por sí, ninguno es dramático, pero todos juntos forman un combo complicado.

En el año 2015 se perdieron 28.000 puestos de trabajo. En el primer semestre de 2016 se han perdido un poco más de 17.000 puestos de trabajo. El desempleo es mayor en el caso de las mujeres y de los jóvenes. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el desempleo de mujeres con hijos menores de cuatro años duplica el de aquellas que no tienen hijos. El desempleo en el caso de las mujeres se ubicó en el 9,7 %, cuatro décimas más que en el cierre anterior.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Déjeme terminar, señor senador. Después con mucho gusto se la concedo.

El otro día tuve una charla con el ministro de Trabajo y Seguridad Social y después él hizo unas declaraciones. Con estos niveles de desempleo y con este combo urge que se genere una política de empleo activa. Creo que tenemos que repensar algunas cosas, como el tema del Inefop y su utilización. Los integrantes de la comisión saben que fui partidario de destinar $ 100:000.000 a un convenio con la UTEC para capacitar. Además, hay que utilizar mucho más el Fondo de Reconversión Laboral, ya no para tratar de asistir, de reconvertir o de reinsertar a los trabajadores desempleados, sino para recalificar a la gente para que no pierda el trabajo. El tema del empleo empieza a ser un problema y, a mi juicio, también comienza a ser un problema el tema del consumo. Obviamente, este ajuste fiscal tiene efectos sobre el empleo, pero creo que también va a tenerlos sobre el consumo; por lo tanto, va a tener características de recesión. Y las mujeres jefas de hogar y los jóvenes son los principales afectados por el desempleo.

Señor presidente: esto es un ajuste fiscal. El Gobierno decidió usar la vía de crear más impuestos al trabajo, más impuestos a los jubilados –voy a mencionar la rebaja del IVA a través del pago electrónico, porque si no van a decir que no lo menciono–, y más impuestos a las empresas, con efecto retroactivo en algunos casos.

Yo creo que había mecanismos más creativos para mejorar la gestión y que se podían buscar alternativas para que el impacto en los trabajadores y en los jubilados no fuera tan doloroso. Creo que aun cuando se den USD 150:000.000 más de lo que anunciaron –es nuestro pronóstico, podrán discutirlo o no–, no va a alcanzar. Obviamente estoy en el terreno de las suposiciones, pero sospecho que van a usar la variable de las tarifas públicas, que en parte ya la usaron y la van a seguir usando. ¡Ojalá me equivoque! En realidad, todos tendemos a cumplir un solo objetivo que es el de tratar de que las cuentas den, pero que además la gente esté mejor, y pague menos por los servicios, siendo estos mejores.

Por eso, señor presidente, excepto esos artículos que mencioné y algunos que voy a pedir que se desglosen porque vamos a votar algún inciso, no vamos a acompañar este ajuste fiscal al trabajo, a los jubilados y a las empresas, porque creemos que es injusto, que no va a terminar cumpliendo el objetivo y, además, a nuestro juicio va a provocar desempleo y recesión.

Ahora sí le concedo con mucho gusto la interrupción, señor senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Hago mi intervención por vía de la interrupción porque la idea es que la rendición de cuentas se apruebe lo antes posible. Ya hemos dado la discusión en general y en particular.

Cuando uno estudia un presupuesto o una rendición de cuentas, como en este caso, por un lado analiza toda la parte macroeconómica, que importa para ver la capacidad de recaudación y de actividad que tiene un país y, por otro, la calidad del gasto inciso por inciso. En lo que respecta a la calidad del gasto, los uruguayos todavía tenemos mucho para hacer; nosotros, que somos gobierno, tenemos mucho para hacer. De las críticas que se hacen tomamos nota porque, reitero, hay mucho para hacer en cuanto a la calidad del gasto. Los uruguayos tenemos que lograr un aprendizaje que nos permita mejorar ese aspecto.

En cuanto a las políticas macroeconómicas, nos sentimos muy firmes, muy sólidos. Este equipo económico, que ha sido el mismo desde hace doce años, ha enfrentado pruebas muy difíciles a lo largo de su desempeño. Con una economía en crecimiento, un crecimiento más importante que el que tenemos hoy pero todavía débil, sorteamos la crisis económica más grande de la historia después de la de 1929, que fue la de los años 2008 y 2009. Hacía mucho tiempo que no caían instituciones bancarias en Estados Unidos como lo vimos en ese período.

El senador Delgado dice que nosotros vamos a recaudar 150 millones más por estas medidas; si recaudamos eso o más, es porque la economía funcionó. Si la economía no funciona, ninguno de estos artículos va a funcionar. En cambio, si la economía funciona, es porque hay confianza; y si hay confianza, es porque quien está al frente del barco la genera, para el bien de todos los uruguayos.

La oposición habla de ajuste y nosotros de consolidación. Lo que se plantea en algunos artículos, incluso en aquellos con los que el senador Delgado insiste en decir que se va para atrás, recién se va a estar pagando en el 2018.

El señor presidente me hace señas indicándome que se me terminó el tiempo de que disponía.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, se terminó el tiempo de que disponía el señor senador Delgado.

SEÑOR MICHELINI.- Le pido disculpas al señor senador.

Para finalizar, solo agrego que el hecho generador va a ser en marzo; va a pasar un año y recién se va a pagar entre setiembre y octubre del 2018. Entonces, un ajuste, supuestamente –dicho por ellos–, que empieza a recaudar un año y medio después, realmente no es en los términos que han planteado.

Reitero mis disculpas al señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya no le resta tiempo al señor senador Delgado, pero le damos la palabra para que finalice su intervención.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señor presidente.

Obviamente, no vamos a coincidir con el señor senador Michelini. Desde el 2012 le están errando a todos los pronósticos y los vienen ajustando. Entre lo que dijeron que iba a pasar y lo que sucedió, hay una realidad que realmente se impone. ¡Si será importante lo que se va a recaudar con efecto retroactivo que hay un artículo en el que se establecen facilidades para poder pagarlo!

Creo que el tiempo terminará dándonos la razón.

A nuestro juicio, hay un ajuste y vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: no vamos a ingresar otra vez en una discusión que ya dimos dos veces, en oportunidad del llamado a sala al señor ministro de Economía y Finanzas y en el día de ayer. Simplemente, reafirmamos nuestro voto contrario a toda esta sección, con excepción de algunos artículos que sí vamos a acompañar, por lo que solicitaremos que se desglosen para su votación. Se trata de los artículos 168, 169, 174, 175, 176 y del 182 al 185. El Partido Independiente va a votar estos artículos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: queremos mencionar los artículos que no vamos a votar y por qué.

No vamos a reiterar la discusión que se dio en el día de ayer porque ya hablamos de este capítulo. Sí diremos que no vamos a votar nuevos impuestos retroactivos a utilidades y dividendos fictos. Tan retroactivo es esto que la propia norma dice que son los acumulados del 2007. Si no fuera retroactivo tendría que hablarse de los acumulados a partir del 2017. Si ponen un uno delante del siete, con gusto lo votamos. Creo que ahí hay un error, porque ponen los acumulados desde el 2007 y dicen que no es retroactivo. Basta sencillamente con leer la norma para darse cuenta de que ese argumento ya alcanza para saber que son retroactivos.

También nos parece que eliminar el ajuste por inflación es un muy mal mensaje. Decir que solamente habrá ajustes si no vamos al cien por ciento en tres años seguidos, me parece que es muy mal mensaje, como también lo fue cuando hace dos o tres años, en una rendición de cuentas, se dijo que en caso de que se superara el 10 % no habría un ajuste automático de salarios y pasividades, sino que se sentaban a negociar. En ese momento dijimos que no dieran ese mensaje porque acrecentarían las dudas. ¿Y qué pasó? Vino la inflación. Apareció Casandra y les avisó que iba a suceder lo que sucedió hace unos meses, esto es, que la inflación superó el 10 %.

Obviamente, tampoco lo votaremos debido a lo que consideramos más grave: estamos aumentando los impuestos al trabajo y a las jubilaciones y quitando deducciones a los trabajadores que ganan $ 30.000. Eso es durísimo y me parece que no debería hacerse.

Por último, como creemos que el Gobierno está tomando buenas medidas –y ponemos nuestros votos en que efectivamente ellas logren que la economía mejore en el 2017, y para el 2018 haya pasado este momento y hayan solucionado la peor crisis desde 1929, como lo hicieron en el 2008–, lo que decimos es que, pasado este momento de crisis, quiten los impuestos que están colocando ahora. Vamos a hacer un voto de fe en las medidas que se están proponiendo, levantando nuestra mano. Pero si con estos impuestos vamos a solucionar el problema y no vamos a tener dificultades en el 2018, ¡establezcámoslos transitoriamente! En verdad, la experiencia en el país en materia de impuestos que se fijan por única vez, es muy mala. Quiero recordar que en 1968 se puso en el Uruguay, por única vez y por un solo período, el impuesto al patrimonio, el cual está vigente hasta el día de hoy.

De modo que vamos a proponer un artículo aditivo encomendando al Poder Ejecutivo a que el 1.º de enero de 2018 caigan todas estas medidas impositivas excepcionales. Nos gustaría que acompañaran esa iniciativa.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: voy a ser muy breve porque no quiero retrasar la votación y, además, tengo entendido que debía hablar un orador por partido y el senador Michelini ya hizo una referencia al tema. A su vez, como muy bien dijo el senador Bordaberry, en el día de ayer abordamos estos temas.

Lo único que quiero decir es que he escuchado con mucha atención las cifras y los diagnósticos que se han vertido en sala. Una ventaja que tiene cualquier partido al ser oposición es, precisamente, poder diagnosticar, asesorar, aconsejar y criticar, porque el peso de la decisión lo tiene la bancada de gobierno, y a nosotros se nos pide apoyar estas medidas. Obviamente, no queremos desequilibrar las cuentas de la macroeconomía ni las cuentas menores. Simplemente, tenemos una responsabilidad como bancada de gobierno y la asumimos. No vamos a ocultar nada de lo que está expresado en el informe económico-financiero, como tampoco en todo el capítulo referido a los recursos, que han sido ampliamente examinados en la comisión los días 15 y 23 de agosto pasado, respectivamente. Allí se abundó en todo el articulado y sus alcances específicos.

Queremos dejar esta constancia con toda claridad: no son estas las cosas que más gustan a los legisladores, o a quienes ejercen la política, pero hay algo que se llama responsabilidad y nosotros la asumimos.

Estamos a menos de la mitad de una Administración, recién ha pasado un año y medio. Entonces, todavía estamos a tiempo de revertir una situación que hoy no reviste la gravedad de otras instancias históricas del país. Dentro de un año veremos cómo nos ha ido en la confirmación de los equilibrios que buscamos.

Nadie promueve una carga impositiva por gusto.

Por lo tanto, señor presidente, en esa búsqueda de equilibrio que nos pide el Poder Ejecutivo, actuamos con coherencia en relación con lo que se nos solicita.

El Gobierno tiene la necesidad imperiosa de estos recursos y nosotros, como bancada de gobierno, lo vamos a acompañar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 160 a 163 inclusive.

(Se votan).

–16 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 164.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 165, 166 y 167.

(Se votan).

–16 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 168 y 169.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicitamos que se desglose el artículo 173 ya que vamos a votar solamente un inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 170, 171 y 172.

(Se votan).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 173.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: pedimos que se desglose y se vote en forma separada el penúltimo inciso de este artículo que establece: «Rentas obtenidas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, excepto dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes del IRAE», y para el que se prevé una tasa de 25 %.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 173 exceptuando el penúltimo inciso.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el penúltimo inciso del artículo 173.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 174.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se rectifique la votación del artículo 174, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van votar los artículos 175 y 176.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 177 a 181 inclusive.

(Se votan).

–16 en 26. Afirmativa.

Corresponde poner a votación el artículo 182.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: solicitamos que se desglose el último inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara a los señores senadores que este artículo requiere mayoría absoluta para ser aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 182, exceptuando el último inciso.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el último inciso del artículo 182.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

Corresponde poner a votación el artículo 183.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que este artículo se vote por incisos, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que hay un artículo sustitutivo presentado por el Partido Nacional.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: nuestro artículo sustitutivo tiene que ver con el desglose que se propuso, es decir, con evitar la discrecionalidad prevista en el último inciso. Con la votación desglosada, el objetivo ya está cumplido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer inciso del artículo 183. La Mesa aclara que este artículo requiere mayoría absoluta.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del artículo 183.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 184.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 185.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a considerar la sección VIII, «Disposiciones varias», que comprende los artículos 186 a 195.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se desglosen los artículos 191, 192 y 193.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Solicito que se desglosen los artículos 186 y 190.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito el desglose de los artículos 186, obviamente, el 190 y también el 193 si aún no se desglosó.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 193 ya fue desglosado.

En consideración los artículos de la sección VIII que no fueron desglosados: 187, 188 y 189.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 194 y 195, que tampoco fueron desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pedimos el desglose de los artículos 191, 192 y 193. Nuestra intención es que esos tres artículos pasen a la Comisión de Hacienda del Senado para que sean estudiados en profundidad. Si hay acuerdo, propongo que se vote ahora para luego dedicarnos a los otros dos que quedan. Después votaríamos la sección I.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Me parece bien que estos tres artículos pasen a comisión, pero quiero aclarar que siempre se seguía el camino de incorporar a las cooperativas de consumo a texto expreso y ahora se van a pasar los artículos a comisión para establecer un régimen general. Me acercaron un texto general que hice llegar a la Mesa para que sea enviado a la Comisión de Hacienda, a fin de que sea un elemento más para estudiar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la señora senadora Topolansky.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Acompañamos el pasaje de los artículos 191, 192 y 193 a la Comisión de Hacienda. No estamos en contra de la propuesta que en ellos se plantea, pero entendemos que puede distorsionar todo el sistema dando soluciones para una de las cooperativas de ahorro y crédito que se asocie a una cooperativa de consumo y no para otras –a cuyos representantes ya recibimos en comisión– que quizás estén reclamando el mismo régimen. El Partido Nacional presentó una especie de sustitutivo que refiere a un régimen general. Entendemos, por la hora, que no es el momento de tratarlo en profundidad.

Por lo tanto, con ese espíritu vamos a trabajar en la Comisión de Hacienda para tratar de solucionar el tema globalmente y dando facilidades a las cooperativas de ahorro y crédito.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Hemos votado el pase a la Comisión de Hacienda con la idea de que se encuentre una solución favorable para esto. Nos parece mejor la redacción formulada como un posible sustitutivo, en la que se propone un régimen de carácter general y no una solución específica para una cooperativa concreta. Esperamos que esto sea aprobado en la comisión.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Voy a ser breve porque es lo que habíamos acordado. Entendemos que este procedimiento es pertinente porque nos permite abarcar el tema en su contexto respecto a las acciones de profundización del cooperativismo y de potenciación de la economía social.

A su vez, queríamos dejar constancia en este fundamento de voto –es parte de lo que va a tener que llevar adelante la Comisión de Hacienda– que, en virtud de las normas vigentes, para implementar este tipo de resoluciones es preceptivo recibir la opinión del Instituto Nacional del Cooperativismo, que se ha creado y al que se le ha dado un rol sustantivo en lo que es la economía social. En ese marco, sin duda la Comisión de Hacienda podrá ser el ámbito de trabajo y de recepción de las propuestas de este instituto respecto a este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Este es el momento de aclarar un término que desde hace muchísimos años se ha confundido en el Uruguay: el mutualismo. Se habla de las mutualistas y no son tales; solamente hay cuatro mutualistas que se dedican a la salud y hay otro tipo de mutualismo que se dedica a cualquier actividad. En el mundo, la gran mayoría de los países americanos tienen leyes específicas sobre mutualismo y otras sobre cooperativismo. Estamos hablando de economía social y solidaria. Este es el momento para que la Comisión de Hacienda atienda el tema de una ley específica para el mutualismo porque este no solamente significa salud. De las cuarenta y tres instituciones que están en la salud, solo cuatro son mutuales puras. Es la versión más pura de una economía. Después viene el cooperativismo con sus accionistas. En el mutualismo los dueños son los socios de las instituciones, ellos eligen a sus propias autoridades y los trabajadores están en los directorios.

Hago esta aclaración porque desde hace muchos años se dice que las mutualistas hicieron esto o aquello, que tienen una buena o una mala administración. Pero acá se incluyó todo en una ley para cooperativas y empresas, solamente en el área de la salud. En el mundo, el cooperativismo existe bajo todo tipo de formas, y el mutualismo también existe en formas insólitas. En Orobó, al nordeste de Brasil, encontré una mutual que fabricaba juguetes. Esto es para que tengamos una idea y quede bien claro que no refiere solamente a la salud.

Durante años, el término «mutualismo» se ha utilizado de manera totalmente equivocada, tanto a nivel legislativo como de la prensa y de la población.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 186.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Como Partido Independiente tenemos la costumbre de acompañar las autorizaciones que implican la ampliación de la capacidad de endeudamiento, no porque nos guste, sino porque nos parece que no podemos dejar al Gobierno sin la posibilidad de manejar los recursos necesarios. Desde siempre somos partidarios de establecer, de una vez por todas, una regla fiscal –que es la solución definitiva a este tipo de problemas del sobregiro del déficit, del gasto exagerado, etcétera–, pero ocurrido el gasto y establecido el déficit, es necesario proveer los recursos para que el Estado pueda manejarse. Por lo tanto, con la convicción de que es un gesto de responsabilidad –no de aprobación de lo que ha ocurrido– porque no hay más remedio que recurrir a ello, vamos a votar el artículo 186.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo tiene que ver con el tope de endeudamiento. En 2014 el Gobierno tenía autorizado un tope de endeudamiento de USD 670:000.000 y en febrero de 2015 pidió una nueva autorización para aumentar ese tope, de modo retroactivo, a USD 1.100:000.000. Sin embargo, los datos del Banco Central del Uruguay a esa fecha –tercer trimestre de 2014– indicaban que ya se habían superado los USD 1.200:000.000 sin autorización legal. Obviamente, la rendición de cuentas de 2014 informa que el año cerró con un endeudamiento de USD 1.900:000.000, esto es, más de USD 1.200:000.000 por encima del tope que tenía originalmente autorizado para ese año.

Ahora, señores senadores, sobre la variable de factores extraordinarios e imprevistos –que nunca se estableció cuáles son– en esta rendición de cuentas se aumentan los topes de endeudamiento y se llega a poco más de USD 2.300:000.000. A nuestro juicio, esto no es regla fiscal; esto es endeudamiento y seguramente sea para cubrir la brecha de desfinanciamiento o de déficit que tiene el presupuesto nacional de USD 2.000:000.000. Se cubre el déficit con endeudamiento y se va corriendo la línea del arco todo el tiempo, aumentando el tope de endeudamiento. Así, se corrieron todas las líneas de una deuda que, a nuestro juicio, venía bastante bien manejada y se les fue la moto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 186.

(Se vota).

–16 en 25. Afirmativa.

SEÑOR BARÁIBAR.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 190.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: quiero pedir autorización al Senado para participar de la discusión y la votación de este artículo en la medida en que soy profesor de la Universidad Católica del Uruguay y, además, desde hace muchísimos años soy socio del Centro Latinoamericano de Economía Humana, que es una asociación civil sin fines de lucro. Por lo tanto, en la medida en que entiendo que el artículo 190 está específicamente dirigido –obviamente, eso es parte del debate– a las universidades privadas, solicito la autorización del Cuerpo para participar en la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud del señor senador Mieres para participar del debate y de la votación del artículo 190.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: estamos en los últimos artículos de esta rendición de cuentas después de una jornada de doce horas, más la de ayer y el trabajo realizado en comisión, y en este punto aprovechamos para reconocer nuevamente la labor de la comisión y del presidente.

Este es un artículo que, por lo menos para nosotros, tiene poca explicación y escaso fundamento. Se trata de una norma que en la Cámara de Representantes ingresó a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a las tres de la mañana, no se fundamentó porque se dijo que eso se iba a hacer en sala y la fundamentación en esa instancia, a mi juicio y con todo respeto, tenía un contenido muy poco racional y absolutamente ideológico.

En definitiva, se quita del régimen de exoneraciones impositivas a las empresas que donan a una serie de instituciones y pueden exonerar, como pago a cuenta del IRAE o del impuesto al patrimonio, un 75 %. La ley prevé una serie de instituciones dentro de las que hay cinco que son las universidades de gestión privada. ¿Qué hacía el artículo que vino de la Cámara de Representantes? Eliminaba la posibilidad de que las universidades de gestión privada recibieran donaciones y de que las empresas pudieran obtener el beneficio fiscal por una parte de lo donado. De las más de treinta empresas, quitaban solo a cinco que tienen que ver nada más y nada menos que con la educación. ¿Por qué las universidades de gestión privada y no otras? No lo sé y la verdad es que nadie lo sabe demasiado; se decidió que fueran esas.

En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado recibimos a los rectores y fueron muy claros. Voy a repasar algunos procedimientos porque me parece que está bueno que quede constancia de ello en la versión taquigráfica. Se ha dicho que muchas veces las empresas no están al día y donan, o evaden y donan y no hay controles. Por eso creo que hay que dejarlo claro, para que después cada uno decida en función de lo que siente, de lo que piensa y cree o de su ideología; en algunos casos, creo que va mucho más por ahí.

En primer lugar, me voy a referir al objetivo. Las donaciones para las universidades de gestión privada totalizaron en 2015 USD 1:471.000, de los cuales el ingreso renunciado por el Estado en materia de impuestos es de USD 1:195.000. ¿A cuántos afecta? A cerca de 6000 gurises que estudian en estas universidades de gestión privada, que no van en BMW a la universidad. Quizás algunos lo hagan, pero otros hacen un esfuerzo «machazo» –como diría el senador Heber– para poder estudiar, particularmente los del interior que pagan tres veces el estudio. ¿Por qué eligen la universidad privada? Porque les gusta la carrera, porque la tienen más cerca, porque les sirven los horarios, porque tiene horarios que les permiten estudiar y trabajar, por el nivel académico o por lo que sea. La cuestión es que la eligen y la verdad es que hacen tres veces el esfuerzo: pagan los impuestos como todo ciudadano –a través de los cuales se financia todo el Estado, dentro del cual está la Universidad de la República–, pagan la cuota parte que no está becada y, obviamente, el mantenimiento de un muchacho en Montevideo, que es bastante caro.

En estos casos, los rectores señalaron que estos fondos se destinan fundamentalmente a becas e investigación. Obviamente, les cambiamos las reglas de juego en el medio de un proceso de becas, ya que estas no son anuales. Cuando uno entra en una carrera, le dicen: «Tengo un programa de becas», y nos becan la carrera en un porcentaje que, en algunos casos, es bastante alto. Pero de la noche a la mañana, nos van a decir: «Bueno, te cambio las condiciones. Y capaz que el año que viene te cambio las condiciones en las cuales te estoy becando en función de este ingreso». Aclaro que no es el único; todas esas instituciones son sin fines de lucro, para que también quede claro.

Las donaciones a las universidades de gestión privada son el 13 % del total de las donaciones previstas en la ley, porque hay otra cantidad de instituciones, entre ellas, la Universidad de la República, que recibe más donaciones que las privadas. Pero hay otra cantidad de instituciones y todas muy justas que, obviamente, tienen fines diferentes. Es un mecanismo que no es novedoso en el Uruguay, y menos en el mundo, que es muy común y que consiste en que instituciones o empresas puedan donar. En este caso, lo pueden hacer nada más ni nada menos que en educación terciaria e investigación; esta última tiene un valor no privado sino público porque una vez que se investiga se publica. De esta manera se invierte en educación y con eso se le da un beneficio para que de una parte pueda deducir los impuestos.

Es mentira que con esto se baja el nivel de renuncia fiscal, porque es muy probable y lógico que las empresas que donan acá y a las que le limitan el nivel de donación, no van a ir al Estado a poner el resto, sino que seguramente donarán a otras instituciones que están previstas en la ley.

Por otro lado, el procedimiento es muy garantista. Cada donante potencial tiene un tope a lo que puede donar, fijado en el 5 % de la renta neta fiscal del año anterior. Complementariamente, el Ministerio de Economía y Finanzas –que es el gran articulador y controlador, porque a él tiene que rendirle cuentas– fija los topes reales de donaciones, ya que autoriza en forma previa los proyectos de las universidades que son pasibles de recibir donaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas además, tiene tope por entidad receptora. Por lo tanto, todo monto donado siempre fue autorizado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa cartera regula, asimismo, el flujo de los fondos. El donante tiene que depositar el dinero en cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas y, con posterioridad, una vez hechas las verificaciones del caso, vuelca el dinero a la cuenta de la institución beneficiaria.

Con respecto a lo que son las formalidades de las universidades de gestión privada, como el resto de las instituciones beneficiarias –obviamente–, no solamente deben obtener la aprobación de los proyectos y sus respectivos topes en forma previa a la liberación de los permisos sino que, además, deben rendir cuentas con posterioridad. Todas las instituciones rinden cuentas porque así está establecido en la ley y en los procedimientos del ministerio y, de no hacerlo, este no procede a autorizar las partidas del año civil siguiente.

Señor presidente: entre el 47 % y el 60 % de los muchachos que van a las universidades de gestión privada provienen de liceos públicos y un porcentaje parecido –depende de la universidad–, casi un 50 %, viene del interior.

La verdad, señor presidente que, obviamente, en el Senado se mejora la redacción que estaba en la Cámara de Representantes, que eliminaba de manera discrecional, discriminatoria e injusta solo a cinco instituciones de un total de más de treinta, es decir, las universidades de gestión privada, que junto con la Universidad de la República generan un pool educativo terciario que yo creo que en Uruguay aumentaba muchísimo la oferta. La competencia entre ellas ha generado una gran oportunidad a los jóvenes uruguayos y, quizás, sea en los sectores donde más se ha desarrollado el abanico de opciones de carreras terciarias.

En la Cámara de Senadores cambian el artículo. Si se votaba el texto tal como venía de la Cámara de Representantes, las universidades iban a tener cero posibilidades de recibir donaciones y también con ello se quitaba la posibilidad de las exoneraciones. Reitero que ahora pueden deducir hasta un 25 % con pago a cuenta del impuesto a la renta o del patrimonio sobre lo donado, y el porcentaje de lo que hoy tienen vigente, que es del 75 %, lo bajan al 40 %. ¿Por qué el 40 % y no el 30 % o el 60 %? Nadie lo sabe. Yo creo que es un proyecto ideológico y a la ideología le pusieron un porcentaje. Además, señor presidente –lo digo con todo respeto–, creo que esto tiene mucho que ver con una guiñada a la barra, a los diputados que quisieron sacar y dar una señal fuerte con respecto a una restricción a las universidades de gestión privada. Y como además están en un proceso de balance continuo de acuerdos y desacuerdos, cuando necesitaron conseguir los votos, el voto cincuenta o lo que fuera, fue necesario incluirlo. Y ahora es necesario ponerle sentido común y no podemos llegar al original porque si no se nos desmadra en diputados. Entonces, llegan a una solución intermedia que termina siendo porcentual. Una cosa que empezó siendo ideológica, termina siendo porcentual.

Estimo, señor presidente, que la lógica –escuché por ahí a algunos actores de gobierno y, la verdad, que me había entusiasmado– hubiera implicado decir: «Vamos, quizá, a revisar el sistema». Hubiera sido lo ideal: revisar todo el sistema, no solo para las universidades de gestión privada, sino para todo el sistema, pero revisarlo con seriedad. Acá estamos hablando de educación y, en otras instituciones, se habla de infancia y, en otras, de temas de salud. Ellas son las beneficiarias. Revisemos el sistema, pero no sobre la base de pegar primero un tijeretazo a algunos que no nos gustan. No, dejemos las cosas como están y revisemos el sistema seriamente en un tiempo prudencial y tomemos una decisión –que se puede hacer en cualquier ley–, pero no seleccionemos discriminatoriamente de treinta y pico de universidades de gestión privada solamente a cinco que, además, tienen que ver con la educación terciaria, con lo que terminamos afectando las becas y la investigación.

Esta manía de tocar lo que funciona bien, en verdad creo que le hace mucho mal a este sistema. Entiendo que acá también tiene mucho que ver lo que decíamos anteriormente en relación con las reglas de juego porque no solo funcionaba bien sino que también era un sistema estable. Es más, es un sistema estable que propuso el propio Frente Amplio en el año 2007 con la reforma tributaria. Este sistema está funcionando a partir del 2007, es auditado y controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y funciona bien. Las universidades funcionan bien, están contentas, el Ministerio de Economía y Finanzas está de acuerdo, porque está en contra de este proyecto que sale de la Cámara de Senadores y, sobre todo, los gurises tienen la oportunidad de tener una beca como merecen.

Contra este proyecto que está en discusión, en el que primero se quitaba y después se puso un porcentaje, se pronunciaron cantidad de instituciones: la Presidencia de la República, el ministro de Economía y Finanzas e incluso lo dijo a texto expreso el equipo económico.

La verdad es que cuesta saber dónde está el cangrejo debajo de la piedra. Uno tiende a pensar que es ideológico y si es así, señor presidente, la verdad que es mucho más pequeño, porque la ideología puede tener importancia en cualquiera de las decisiones de la vida, pero hay cosas que no tienen dos interpretaciones; sería como interpretar ideológicamente la teoría de la gravedad.

Este es un tema que funciona bien, que estaba teniendo efectos positivos en un aspecto donde el Uruguay está muy mal. La señal que estamos dando si se aprueba este proyecto de ley, no es buena. Estamos hablando de chirolas si lo comparamos con el proceso de capitalización de Ancap en el que se invirtieron millones de dólares, y además le estamos dando la oportunidad a gurises para que tengan las becas correspondientes y estamos propiciando la generación de investigación.

¿Hablaron de una mayor interacción entre lo público y lo privado? Sí, hay algunos proyectos y ojalá haya muchos más, pero me parece que empezar recortando, no es la señal que tenemos que dar.

Con mucha humildad digo que lo mejor hubiera sido sacar el artículo de la rendición de cuentas y crear una comisión especial, si quieren, para estudiar el sistema y, con tranquilidad, viendo las consecuencias y tomando en cuenta las posibles variables, tomar una decisión, ahí sí, con fundamento y con tiempo; con menos apuro y en este caso, con más responsabilidad.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- La verdad es que se trata de un artículo que nació mal; creo que todos en esta sala tienen la idea de que es así. Me estoy refiriendo al original, al que motiva la necesidad de la presentación de este nuevo artículo y, obviamente –como bien dijo el señor senador Delgado–, sabemos todos que es una transacción interna del partido de gobierno, entre posiciones diferentes: del ministro de Economía y Finanzas, de Presidencia de la República, entre otras. Además, este sistema de exoneración parcial de las donaciones a ciertas instituciones es una criatura del propio Frente Amplio. Cuando uno estudia cuál es el motivo de todo esto y analiza el contexto en que se discutió este artículo, puede ver que se hizo con el fin de buscar fondos para la educación pública. Ahora bien, con esta medida no se obtiene nada para la educación pública. Entonces, ¿cuál es la motivación? Es perjudicar, hacer daño a un conjunto de instituciones a las que, por razones probablemente ideológicas, se les ve –no digo que todos los que voten esto compartan esta idea– con una mirada negativa, crítica, de cuestionamiento. En definitiva, con esto hay agresión y daño hacia las universidades privadas. En el fondo hay una mirada anacrónica; tiene olor a naftalina esta idea que es de la época del monopolio de la educación pública universitaria, una idea que tiene atrás la molestia de que hoy exista un sistema universitario con distintos actores públicos y privados, lo que le ha hecho mucho bien al país. Es más, afortunadamente, países que tengan el monopolio de una única universidad estatal o solo universidades estatales se cuentan con los dedos de una mano. ¿Sabe qué, señor presidente? El monopolio del conocimiento universitario es malo, genera dinámicas perversas de encierro del conocimiento en un conjunto cerrado que se autolegitima permanentemente. El confrontar con otros y generar múltiples orígenes, así como tener que enfrentar desafíos, es parte del crecimiento, del desarrollo del conocimiento.

Cuando era joven, antes del retorno a la democracia, creía en el monopolio de la universidad pública, pero al empezar a leer, a entender y a ver cómo se produce mejor el conocimiento –recuerdo, en particular, El péndulo de Foucault, una de las novelas de Umberto Eco–, uno descubre el peligro que es el conocimiento único, el problema que hay cuando la fuente de producción del conocimiento es una sola. ¿Qué hay detrás de esto? Hay un cuestionamiento a la multiplicación de los lugares donde se produce o se enseña conocimiento de nivel universitario y un montón de prejuicios que tienen que ver con el carácter elitista de las universidades privadas, como si la Universidad de la República no lo fuera, lamentablemente. La tasa de egreso de la enseñanza media que tiene este país es de las peores de América Latina; está en el entorno del 40 %, solo hay dos o tres países de Centroamérica que son peores, porque el resto está, lejos, por encima. De la enseñanza media sale alrededor del 40 %, pero a la universidad ingresa muchísimo menos, así que, desafortunadamente, ya estamos hablando de que tenemos una enseñanza universitaria elitista, tanto en el sector privado como en el público.

Si se puede decir que en las universidades privadas, por el hecho de ser pagas, quizás haya un poco más de selección por el nivel socioeconómico hacia arriba, justamente este tipo de instrumento es de los que va en el sentido contrario porque este sistema se aprovecha en dos tipos de actividades muy valiosas y positivas. Una de ellas consiste en las becas, que tienen que ver con la posibilidad de dar entrada a la enseñanza. Como docente de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay durante muchos años y también de la Universidad de la República –en la misma rama de las ciencias– doy fe de que muchas veces, cuando uno tiene frente a sí a los estudiantes, se da cuenta de que no hay diferencia desde el punto de vista de su origen social. ¡No la hay y lo puedo asegurar! Quizás en otras carreras haya más diferencias, pero en Ciencias Sociales puedo asegurar que no la hay. Además, lo que hacen las becas es contribuir a evitar un proceso de elitización mayor y aportar para la investigación, que es algo muy importante en este país, ya que hay un déficit considerable de investigación académica y científica a nivel nacional. En particular, uno de los puntos más difíciles de desarrollar para las universidades privadas es la investigación porque como viven de su matrícula, a lo que básicamente tienen que responder es a la docencia. Es obvio que, como son universidades, además deben investigar, pero justamente este es uno de los instrumentos que les permite desarrollar la investigación, lo que no hace otra cosa que favorecer a la sociedad, porque la investigación científica genera conocimiento a favor de la sociedad en sus distintos campos y áreas de conocimiento.

Este sistema que se construyó a partir de la reforma tributaria que el Frente Amplio impulsó es controlado, serio y con calificación de los proyectos; no se aprueba cualquier cosa. El Ministerio de Economía y Finanzas ha rechazado muchos proyectos, los ha evaluado antes de aprobarlos y luego los controla en su ejecución; no se trata de que una empresa decida, por ejemplo, financiar algo porque se le antoja, lo presenta al MEF, este le da entrada y después le otorga la exoneración. No. Por el contrario, hay un análisis de los proyectos y me parece que eso es muy bueno.

Además, el monto final que se está recortando para lo que significa el Estado uruguayo es insignificante. Tomemos como referencia lo que implicó en términos de proyectos para todas las universidades privadas el año 2015. Se destinaron USD 1:400.000 para financiar a todas las universidades privadas. De eso, el 75 % es lo que exoneran las empresas que donan a las universidades privadas, o sea que hablamos del porcentaje que significa, de alguna manera, la renuncia fiscal de esos USD 1:400.000. Si ahora decimos que la exoneración será del 40 %, lo que el Estado se va a ahorrar con esto es alrededor de USD 500.000 al año. ¡Es insólito! Es insólito que se vote algo que perjudica exclusivamente a un conjunto determinado de instituciones de una lista muy larga –como decía el señor senador Delgado– de más de treinta; solo a cinco de ellas se les cambia el porcentaje de la exoneración. Ya no se elimina sino que se les cambia, lo que constituye un perjuicio.

Ayer decía que tenía dudas acerca de la inconstitucionalidad de esta norma y planteé una, pero ahora se me agregó otra. La primera tenía que ver con el hecho de si la reducción de exoneraciones es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Asumo que es dudoso, porque el artículo 133 de la Constitución, en su inciso segundo, habla en particular de aumentar exoneraciones, y acá se está reduciendo. Entonces, queda la duda y, a su vez, se dice que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo determinar las exoneraciones y determinar es un concepto que, como ayer se dijo, en el Diccionario de la Real Academia Española significa «establecer», y acá se está estableciendo el rango de una exoneración.

Hay, además, un segundo argumento de inconstitucionalidad que es la violación del derecho a la igualdad. Acá estamos hablando de un conjunto de instituciones que tenían un mismo tratamiento y que por vía legislativa, sin ningún fundamento, ni argumento desde el punto de vista de las razones, se las discrimina. Alguien podrá decir que son peores estas instituciones que las otras, que son más malas, que tuvieron un peor desempeño en la ejecución de los proyectos de los que fueron beneficiarias, pero ¡no!, ¡es una discriminación sin fundamento! Entonces, si hay una discriminación sin fundamento para un listado de instituciones que tenían, todas, el mismo tratamiento y repentinamente se establece que cinco tendrán otro tratamiento, creo que van a tener un problema de accionar por inconstitucionalidad. Es muy probable que eso suceda y que tenga éxito. Y saben que es por algo que, al final, es una cuestión tan menor que tiene que ver exclusivamente con la búsqueda de hacer daño o de marcar un posicionamiento ideológico que está en la época de las cavernas, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señor presidente: vamos a acompañar este artículo, pero queremos hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, se ha planteado que esta propuesta no tiene fines recaudatorios, pero sí una fundamentación ideológica. A nuestro juicio, este artículo tiene un marco, un contexto, y no se ha dicho en este debate que tiene que ver con las transferencias que hace el Estado. Sería interesante, en algún momento, poner arriba de la mesa este tema de las transferencias que el Estado realiza al sector privado, en general, porque son cientos de millones de dólares al año. Obviamente que esto sería bueno analizarlo, y seguramente muchas de esas exoneraciones vamos a compartirlas y otras no, pero nos parece que es un tema que en algún momento tendremos que abordar. En el caso que estamos tratando, hay importantes transferencias del Estado a la educación privada.

En segundo término, no creemos que el sistema educativo se pueda analizar confrontando lo privado y lo público, porque lo entendemos como una visión integral, complementaria, y coincidimos con algunos de los planteos que se han hecho aquí respecto a la importancia que ha tenido en ciertos aspectos la universidad privada en el país, en cuanto a la formación e investigación.

Se ha planteado que la ideología no puede tener porcentajes, pero nosotros entendemos que sí. No es lo mismo el IRPF que paga alguien que gana $ 50.000 que otro que gana $ 250.000. En cuanto a los porcentajes, entendemos que obviamente tenemos una visión diferente.

Como ya se ha dicho, la reforma tributaria introdujo este tema hace muchos años e implica una donación que efectúan los privados –y eso es real–, pero también genera una transferencia importante de ingresos genuinos que tiene el Estado. Estas donaciones, hasta ahora, significaban el 83 % del monto donado que es descontado por las empresas de su pago de impuestos. Esto quiere decir que por cada $ 100 que dona una empresa, $ 17 son erogaciones de la misma y $ 83 representan la renuncia fiscal del Estado. En definitiva, este mecanismo determina que quienes están dirigiendo el gasto público son las empresas, porque desde el momento en que se realizan esas donaciones, se está directamente destinando una parte importante de ella que pone el Estado. Eso hay que decirlo claramente.

Otro aspecto a señalar que está dentro del tema de las donaciones de las universidades privadas, es que se generan muchas inequidades por las facultades que tienen las empresas de ordenar ese gasto. Por ejemplo, la Universidad Católica del Uruguay tuvo un tope autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura de $ 15:000.000 en 2015 y recibió todo ese monto. En cambio, la Universidad de la Empresa –que cumplió con los mismos pasos que el resto de las universidades privadas–, a la que se le aprobó un tope de $ 5:000.000, recibió $ 2:500.000. Esto quiere decir que ambas instituciones presentaron proyectos, el Estado los aprobó, pero el mercado, es decir, los privados, resolvieron que un proyecto recibiera el 100 % y el otro un 50 %. Quiero señalar que apoyamos este artículo, pero hay que dejar claramente establecidos estos aspectos.

Por el artículo 69 de la Constitución existen exoneraciones de todo tipo de impuestos nacionales y departamentales como subvención a los servicios que brindan, en este caso, las universidades privadas.

Otro dato que debemos señalar es que la renuncia fiscal del Estado hacia la educación es de medio punto del PBI. Aclaro que es un dato de 2015. También vamos a enumerar algunos ejemplos. El Banco de Previsión Social informó que en 2013 la exoneración de aportes patronales a las instituciones privadas de educación fue de aproximadamente USD 45:000.000; la renuncia fiscal por IVA al servicio de la educación en el mismo año fue de USD 72:000.000, a lo que deben agregarse USD 23:000.000 por la exoneración del IRAE.

Entonces, vamos a acompañar este artículo, pero debemos tener presente todo el contexto de lo que son las transferencias que hace el Estado a estos sectores de la educación que, reitero, nosotros analizamos de manera integral sin contraponerlas.

Creemos también –como ya hemos dicho–, que en algún momento tenemos que discutir a fondo las transferencias que hace el Estado al sector privado en distintas áreas, porque si no cuando discutimos estos temas parecería que de lo que estamos hablando es de USD 1:000.000, USD 1:100.000 o de USD 500.000 y no es así. Estamos hablando de transferencias muy importantes que realiza el Estado anualmente, en este caso, a este sector de la educación. Obviamente que dentro de los límites que pone la ley, el mecanismo implica que actores privados definan un gasto público. Debemos tener claro esto y explicarlo porque creemos que si no lo hacemos, estamos diciendo solo una parte a la hora de analizar el apoyo que se le da a la educación privada.

En el año 2015 las donaciones en general realizadas por estos mecanismos implicaron una contrapartida fiscal de $ 284:000.000 que son, aproximadamente, USD 9:500.000. Pero también creemos que hay que comparar estas transferencias que se hacen por parte del Estado a partir de estas donaciones a las universidades privadas, con las donaciones efectuadas a la universidad pública. Estas últimas siempre han sido menores a las de las universidades privadas. Obviamente, la UdelaR recibió más donaciones que cualquiera de estas universidades, pero a la hora de comparar las donaciones por cantidad de alumnos, el monto total recibido por la universidad pública con respecto a la matrícula es mucho menor que el de las universidades privadas.

En resumen, acompañamos esta propuesta que tiene una modificación que lleva el porcentaje de 60 % a 40 %. Hay algunos aspectos que para nosotros son fundamentales. El senador Delgado mencionaba que esto se destina, principalmente, a becas e investigación; nosotros creemos que debe ir a becas e investigación. También entendemos que en el futuro deberíamos analizar y pensar en algún mecanismo que ayude al objetivo que tiene este artículo que vamos a votar: se podría crear un fondo en el que participe la ANII, representantes de las universidades privadas y el Ministerio de Economía y Finanzas para transparentar y garantizar el mejor uso de estas transferencias que hace el Estado a partir de las donaciones del sector privado.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DE LEÓN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: voy a complementar y a aclarar por qué esta no es una medida contra las universidades privadas. La verdad es que las universidades privadas tienen dos fuentes principales de sustento: uno es el propio, que reciben a través de sus matrículas, de sus alumnos, así como los recursos que puedan percibir por los servicios que prestan; una segunda fuente de recursos –muy importante– que sustenta la actividad de toda la enseñanza privada en este país es el régimen de subvenciones consagrado por el artículo 69 de la Constitución de la república que, como bien dijo el señor senador De León, entraña un compromiso de exoneraciones que llega a medio punto del producto. Esto está en la Constitución y no vamos a hacer una reforma constitucional para sacar este punto, pero constituye un sustento muy importante de la actividad de la enseñanza privada en el país.

Por otra parte, creo que tenemos que diferenciar la enseñanza privada a nivel de primaria y secundaria de la enseñanza privada a nivel universitario. ¿Por qué lo digo? Porque el gasto del sector público en la enseñanza privada, señor presidente, es regresivo. Entiendo lo que dice el señor senador Delgado. Hay una columna de opinión de Gabriel Chouhy que salió en La Diaria, que dice: «Luego de diarios y revistas, la exoneración de IVA más regresiva es, por supuesto, la correspondiente a la enseñanza privada, ya que son los sectores de mayores ingresos los que más “compran” educación en el mercado». No quiere decir que no haya excepciones –régimen de becas– y que no puedan ir personas con menos poder adquisitivo a la enseñanza privada, pero la ley de los grandes números no es esa. Además, esto se ve cuando el Uruguay entra en una época de bonanza, porque aumenta la educación privada en todos los niveles ya que los hogares tienen mayor capacidad de compra de ese tipo de enseñanza.

Entonces, puede haber excepciones y el régimen de becas puede atender a poblaciones que por distintas razones no tengan acceso a la educación pública en su territorio pero, en general, lo que hace el Estado –y más con este régimen de donaciones– es agregar subvenciones a la enseñanza privada. Entonces, si de $ 44:000.000 que se gastaron en 2013 resulta que el Estado pone $ 36:000.000, ¿quién está dando las donaciones? Las está dando el Estado. Ese es el quid de la cuestión, y el tema se plantea en un momento –no quiero hablar de recorte presupuestal ahora que está terminando la rendición de cuentas– de postergación de los incrementos del gasto, de consolidación fiscal. En la búsqueda de recursos extras del Estado se consideró, pero no porque fuera algo contra las universidades privadas, sino porque se entendió que ya estaban todas las subvenciones y exoneraciones respecto al régimen de donaciones, sobre todo arriba de la cadena educativa, que es donde se ubica la universidad privada –si nosotros vamos de abajo hacia arriba en la cadena educativa, vamos desde la enseñanza privada en los barrios más pobres de la periferia de Montevideo hasta la universidad privada–, porque ya hay un salto entre los que terminan la educación media y llegan a la universidad. Hay un salto socioeconómico.

La Universidad de la República –y voy a aprovechar para hablar bien de ella, como lo hago siempre–, como no tiene examen de ingreso, es abierta y ahora está bastante desplegada en todo el territorio, es menos regresiva desde el punto de vista del gasto que otras universidades públicas de América Latina que, al tener examen de ingreso y matrícula, etcétera, se vuelven finalmente universidades públicas al servicio de los alumnos ricos. ¡Esto pasa, y mucho, en América Latina! No es el caso de la Universidad de la República.

Entonces, ¿por qué se recorta arriba? Porque es un gasto que el Estado hace de forma regresiva. Diferenciando lo progresivo de lo regresivo: el gasto es progresivo cuando beneficia a los sectores más vulnerables de la sociedad y es regresivo cuando beneficia a los más privilegiados, que no son los que precisan las donaciones del Estado. Francamente, no creo que esto vaya a modificar el régimen de becas, porque por el listado de las cosas que he visto no es el régimen de becas el que aparece mayormente subsidiado por estas donaciones. Me refiero a un listado que salió en Brecha, donde aparecen todos los programas que son sometidos a escrutinio para acceder a estas donaciones.

De cualquier manera, como dijo el señor senador De León, nosotros nos disponemos a estudiar este tema con más profundidad y apertura de lo que hemos podido hacer en este tranco de menos de 45 días desde que salió de la Cámara de Representantes e ingresó acá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador De León.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DE LEÓN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: voy a agregar dos o tres puntos a lo que ya han dicho mis compañeros de bancada.

Quiero decir que esos montos de subsidio que tiene la enseñanza privada vía constitucional suponen, entre otras cosas, el aporte patronal. En el caso de la enseñanza es de los aportes patronales más altos que tiene el BPS por la sencilla razón de que el retiro de los maestros y profesores es más temprano y hay que pagar el resto del montepío, que llega al 19 %. Si nosotros miramos todo lo que se gasta en aporte patronal en la enseñanza pública vemos que es un monto importante. Ese es un subsidio fuerte que existe más allá de los impuestos. Eso lo quería recalcar. Es decir que no se puede interpretar esto como un despojo.

Acá se preguntó por el cambio de redacción que tuvo el artículo. Todos estamos de acuerdo en que esta es una norma que surgió de la reforma tributaria y tiene una cantidad de aspectos positivos, pero las cosas no son estáticas. Es bueno revisarla toda, no solo este punto. Nosotros proponemos hacerlo; es un compromiso que asumimos, en principio entre nosotros, y después pensamos llevar la discusión al ámbito parlamentario. Entonces, este nuevo formato que tiene el artículo 190 permite –y de algún modo obliga a– ir hacia una revisión que es necesario hacer.

Hay otro punto que quería dejar claro; nadie lo mencionó, pero sé que en algún lado algunas personas dijeron que esto es responsabilidad social empresarial. Nada más lejos de eso; esto es simplemente algo que les conviene a las empresas, porque la responsabilidad social empresarial no tiene contrapartidas. Me gustaría que todas estas empresas donaran sin contrapartida; ahí las aplaudiría y no podría poner ninguna condición. Si a una empresa se le ocurre donarle a cualquiera puede hacerlo. No precisa una ley ni voy a ponerle condición alguna; no tengo por qué hacerlo. Al amparo de esta ley, en realidad, hay dos donaciones: un pedacito, que es la donación de la empresa, y una parte bastante grande, que es la donación del Estado por voluntad de esa empresa.

Esta es la precisión que quería hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador De León.

SEÑOR DE LEÓN.- He terminado, señor presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Seré breve, señor presidente, porque no es para una controversia, sino simplemente para dejar una constancia y, más que nada, una vivencia.

En mi opinión, acá hay un poco de prejuicio. A mí me tocó vivir un episodio que no tenía previsto, que no conocía. Yo soy hijo de la universidad pública y sacaba boletera como todo el mundo. Un día me reúno con unos gurises que estaban yendo a universidades privadas, la mayoría de ellos eran del interior y muchos estaban becados, y ahí me entero de que los que van a las universidades de gestión privada, aun teniendo becas –un asistente social es el que, después de determinar el nivel socioeconómico, asigna la beca–, no tienen posibilidad de tener boletos como sí la tienen quienes concurren a la Universidad de la República. Que conste que no quiero decir que no los tengan quienes concurren a la Universidad de la República, sino que estoy hablando de que esa posibilitad la tengan todos, porque también sabemos que mucha gente se anota para conseguir algún beneficio en los boletos.

Ahí también me enteré de una decisión muy interesante y muy positiva del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –esto fue a fines del gobierno pasado–, que resolvió dar garantía de alquiler para estudiantes, fundamentalmente para los que van a vivir en grupo. Y cuando fui a hablar a dicha cartera a raíz de una consulta que me habían hecho los muchachos al respecto, me dijeron que eso solo estaba previsto para estudiantes de la Universidad de la República y no para los de las universidades de gestión privada, ni siquiera para aquellos que contaban con becas porque los asistentes sociales de las organizaciones habían determinado que su nivel socioeconómico no les permitía acceder a la matrícula total.

Quiere decir que estos son algunos elementos más. Uno tiene que ver la globalidad o la cancha grande. Ese es el sentido de lo que queríamos plantear. Estudiémoslo, pero no sobre la base de que primero hay que recortar y después estudiar; estudiémoslo y después veremos qué hay que recortar y qué hay que aumentar.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señor presidente: me encuentro en una situación similar a la del señor senador Mieres porque soy profesora de la Universidad de Montevideo y de la Universidad Católica del Uruguay, por lo que solicito al Cuerpo que se expida sobre mi participación en la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud presentada por la señora senadora Asiaín en el sentido de que el Cuerpo la autorice a participar de la votación.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de setiembre de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia el miércoles 14 de setiembre por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del artículo 190.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 23. Afirmativa.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Los fundamentos más fuertes con respecto a este artículo los dieron mis compañeros. Como fundamento de voto quiero hacer una pregunta al Cuerpo. ¿Qué decidimos si mañana se instala en Montevideo una universidad musulmana, cuya casa central está en el Reino de Arabia Saudita, que tiene universidades muy potentes y se instala en distintas partes del mundo? Sería una universidad privada como todas las demás. Planteo esta pregunta para que todos pensemos.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar al voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Como en el día de ayer debatimos bastante este tema, nos vamos a remitir, en nuestro voto negativo, a la exposición realizada por el señor senador Amorín, que nos parece suficiente. Si el Cuerpo quiere, algún día podemos dedicar una sesión a discutir acerca de si es bueno o no recibir universidades musulmanas, pero me parece que a esta altura de la noche no vamos a granjearnos el cariño de los funcionarios si nos ponemos a discutir eso y a responder esas preguntas. Así que no la voy a contestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: para fundar el voto me remito a la posición del Partido Nacional que sostuvo el señor senador Delgado.

Simplemente, después de escuchar el debate que se dio por este artículo, quiero decir algo muy claro. Acá se promete discutir a fondo y hacer un estudio pormenorizado de las exoneraciones, pero yo no creo que se haga eso. No se va a hacer nada. Se va a dejar esto y no va a haber un estudio de nada. No se van a analizar las fundaciones ni las exoneraciones, ni se va a hacer absolutamente nada, y cuando venga la próxima rendición de cuentas, va a ser uno de los artículos. Es mentira todo esto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar la sección I, que comprende los artículos 1.º y 2.º.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Pasamos a considerar los artículos aditivos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Con respecto a los artículos aditivos presentados por el Partido Colorado, propongo que se suprima la lectura y se voten en bloque, porque creemos que el resultado es previsible.

SEÑOR DELGADO.- Propongo que se actúe de igual manera con respecto a los artículos aditivos presentados por el Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las propuestas que acaban de hacer los señores senadores Delgado y Bordaberry, en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos aditivos presentados por el Partido Nacional y por el Partido Colorado.

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hay una propuesta para votar en bloque todos los aditivos, menos el que figura en la hoja n.º 23.

(Dialogados).

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: quisiera tener un trato especial con un artículo aditivo que presentó el Partido Nacional, porque entendemos que se debe considerar aparte. Me refiero al que está en la hoja 37, referido a la sección VII, «Recursos», vinculado a las exoneraciones al sector forestal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque todos los aditivos propuestos por el Partido Nacional y por el Partido Colorado, menos los que figuran en las hojas 23 y 37.

(Se votan).

–10 en 26. Negativa.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: voté globalmente, pero quiero dejar constancia de que eso no significa que esté de acuerdo con todos. Más bien fue un voto simbólico porque tengo diferencias con algunos de los aditivos, pero no iba a pedir que se votaran uno por uno para hacer más largo un final de sesión que está muy próximo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo aditivo que figura en la hoja 23.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo aditivo que figura en la hoja 37.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: queríamos pedir que este artículo fuera enviado a la Comisión de Hacienda. Creo que parte de esto está considerado en la Ley n.º 18083, Reforma Tributaria, pero por un tema netamente declarativo y político se ha utilizado muchas veces en el discurso. De no ser así, me parece que hay una redacción mejor y que se debería estudiar bien. No estoy diciendo que no se considere, sino que se debería analizar en la Comisión de Hacienda.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta del señor senador Berterreche en el sentido de que el artículo aditivo que figura en la hoja 37 pase a la Comisión de Hacienda.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2015, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: voy a proponer que se autorice a la Mesa a renumerar los artículos y las referencias. Si bien es de orden, está bien que se vote, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor senador Michelini.

(Se vota).

–23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: si el Cuerpo lo acompaña, voy a solicitar que la versión taquigráfica del intercambio que tuvimos con relación al artículo 78 sobre el Museo del Carnaval, sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo y a la Intendencia de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador Pardiñas.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: luego de esta tarea ardua y agotadora es de estilo agradecer por su labor a los funcionarios, a los secretarios, a los secretarios de la comisión y a todos aquellos que, de alguna manera, han trabajado con nosotros todo este tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La cámara hace suyo el reconocimiento que acaba de hacer el señor senador Heber a los funcionarios.

Se les recuerda a los señores senadores que quedan para tratar dos puntos del orden del día.

16) POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES SEGUNDO Y TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: propongo que las venias se consideren en la próxima sesión y que ahora solo se trate el proyecto de ley relacionado con el tope de los ingresos salariales para los funcionarios de los Gobiernos departamentales.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere informar acerca de una situación de bastante emergencia. En estos últimos días el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes en el día de hoy y que tiene que ver con un tratamiento especial para los contribuyentes afectados por el tornado de Dolores. La iniciativa debe aprobarse antes del 30 de setiembre. Por lo tanto, la coordinación de la Cámara de Senadores va a establecer una fecha para sesionar la próxima semana, a fin de abordar el mencionado proyecto de ley. Como dije, el proyecto de ley fue aprobado hoy por la Cámara de Representantes pero todavía no lo hemos recibido. Posiblemente se realice una sesión extraordinaria el próximo martes en un horario a coordinar. En esa sesión también se podría considerar lo que resta del orden del día de esta sesión.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite, señor presidente?

Creo que debemos tratar el proyecto de ley relacionado con el tope de los ingresos salariales para los funcionarios de los Gobiernos departamentales y luego levantar la sesión.

17) REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se establecen topes a las remuneraciones de funcionarios de los Gobiernos departamentales», que fuera firmado por un grupo de legisladores de todos los partidos.

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º - Agréguese un inciso cuarto al artículo 21 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002:

“Ninguna persona física que preste servicios personales en los Gobiernos Departamentales podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes, superiores al establecido en el inciso primero del presente artículo. Se exceptúa de esta prohibición a los Intendentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República”.

La limitación establecida en esta norma regirá para aquellas contrataciones efectuadas a partir de la promulgación de la presente ley».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

La Mesa propone unas correcciones. Donde dice «Artículo 1º», debe decir «Artículo único». Asimismo, el artículo deberá comenzar de la siguiente manera: «Agrégase como inciso cuarto al artículo 21 de la Ley Nº…».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con esas modificaciones.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 23:05, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Agazzi, Arregui, Asiaín, Ayala, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Camy, Carámbula, De León, Delgado, Heber, López Villalba, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Payssé y Topolansky).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.