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N.º 23 - TOMO 24 - 13 DE FEBRERO DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

COMISIÓN PERMANENTE

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

5.ª SESIÓN

PRESIDEN LA SEÑORA IVONNE PASSADA Presidenta y LA SEÑORA CONSTANZA MOREIRA Presidenta ad hoc 

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS SECRETARIOS, JOSÉ PEDRO MONTERO, VIRGINIA ORTIZ, HEBERT PAGUAS Y JUAN SPINOGLIO, Y LOS PROSECRETARIOS SILVANA CHARLONE Y FERNANDO RIPOLL

Concurren: el señor ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri; el señor director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera, Christian Daude; el señor ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi; la subsecretaria de Industria, Energía y Minería, Olga Otegui; el director de Energía, Ruben García; y el director de Ancap, Ignacio Berti.

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia 

3) Asunto entrado

4) Llamado a sala a los señores ministros de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, contador Danilo Astori y doctor Guillermo Moncecchi 

– De acuerdo con lo resuelto oportunamente, la Comisión Permanente los recibe en régimen de comisión general.

– Exposición del señor legislador Abdala, manifestaciones de los señores ministros y del señor director de Ancap, e intervenciones de varios señores legisladores.

5) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 12 de febrero de 2019

La COMISIÓN PERMANENTE se reunirá, en régimen de comisión general, mañana miércoles 13 de febrero, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y recibir a los señores ministros de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, a los efectos de informar sobre los motivos del ajuste de tarifas públicas decretado por el Poder Ejecutivo con vigencia 1.º de enero de 2019.

Asimismo, recibir el informe del señor ministro de Industria, Energía y Minería, sobre las razones por las cuales Ancap no realizó la denuncia penal por el uso de la tarjeta corporativa por parte del expresidente de ALUR, señor senador Leonardo de León. (Carp. n.º 60/2019).

Virginia Ortiz Secretaria - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín y Camy; y los señores representantes Abdala, Carballo, Díaz, Goñi, Iturralde, Pozzi y Reutor.

3) ASUNTO ENTRADO

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:09).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Juan Spinoglio).- «Los señores legisladores Pablo Abdala, Mario Ayala, Graciela Bianchi, Pedro Bordaberry y Carlos Camy presentan una moción relacionada con la situación política y social en la República Bolivariana de Venezuela.

–SE INCLUIRÁ EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN». 

4) LLAMADO A SALA A LOS SEÑORES MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, CONTADOR DANILO ASTORI Y DOCTOR GUILLERMO MONCECCHI

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el único punto del orden del día: «Recibir en régimen de comisión general a los señores ministros de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, a los efectos de informar sobre los motivos del ajuste de tarifas públicas decretado por el Poder Ejecutivo con vigencia 1.º de enero de 2019.

Asimismo, recibir el informe del señor ministro de Industria, Energía y Minería, sobre las razones por las cuales Ancap no realizó la denuncia penal por el uso de la tarjeta corporativa por parte del expresidente de ALUR, señor senador Leonardo de León. (Carp. n.º 60/2019)».

Se invita al señor ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y al señor ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, a ingresar a sala.

(Ingresan a sala los señores ministros y los señores subsecretarios).

–La Comisión Permanente tiene el agrado de recibir a los señores ministros de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería, quienes han sido convocados para comparecer en régimen de comisión general.

Antes de comenzar, solicitamos que nos indique los nombres de las personas que los acompañarán en sala.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: solicito al Cuerpo la autorización para que ingresen los asesores Christian Daude, del Ministerio de Economía y Finanzas; Ruben García, del Ministerio de Industria, Energía y Minería; y el doctor Ignacio Berti, director de Ancap.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se acepta su comparecencia en sala.

(Se vota).

–11 en 11. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Comisión Permanente invita a pasar a sala a las autoridades cuyo ingreso ha solicitado el señor ministro de Economía y Finanzas.

(Ingresan a sala).

–Damos la palabra a uno de los convocantes, el señor legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señora presidenta: en primer lugar y como corresponde, me sumo a la bienvenida que acaba de dar a los señores representantes del Poder Ejecutivo, y agradezco muy especialmente a los señores ministros de economía y de industria, al señor subsecretario de economía y a la señora subsecretaria de industria, así como a los jerarcas que los acompañan –cuyo ingreso en sala acabamos de votar– por su presencia en la mañana de hoy en la Comisión Permanente.

También quiero agradecer a la señora presidenta quien, en su condición de tal y con la eficiencia que la caracteriza, ha coordinado – y lo ha hecho con las garantías del caso para todos nosotros– esta instancia del día de hoy, que precisamente implica cumplir con una moción que la Comisión Permanente aprobó días pasados.

Agradezco asimismo a los representantes de los distintos partidos políticos, y muy especialmente a los representantes del oficialismo, por haber habilitado con sus votos que este llamado en régimen de comisión general se haya concretado, porque lo consideramos de mucha importancia.

No han comparecido –no lo han solicitado los señores ministros; no era imperativo que así fuera– los presidentes de los distintos entes involucrados con la suba de tarifas que el Gobierno anunció a fines del año pasado con vigencia al 1.º de enero, con excepción de un director de Ancap. Tampoco están –no era obligatorio que estuvieran, pero lo señalo como un dato– los representantes de la oposición en los distintos colegiados que administran las empresas y servicios públicos. Hago esta mención, porque –como se sabe– las decisiones que hoy vamos a estar discutiendo fueron aprobadas por mayoría y, por lo tanto –como ya lo sabíamos antes de empezar–, hoy recibiremos la fundamentación de quienes acompañaron esa decisión y de quienes la refrendaron desde el Poder Ejecutivo –esto es, la posición oficial o del oficialismo– con relación al aumento de tarifas. Sin perjuicio de ello, creo que es bueno que se diga que en las instancias correspondientes hubo planteamientos de diferente tenor y sentido por parte de otros integrantes de los Directorios de Ancap, de UTE, de Antel y de OSE.

Como ya dijimos, señora presidenta –usted lo señaló en la introducción de la sesión de hoy–, el motivo de esta convocatoria tiene que ver con el ajuste de tarifas que el Poder Ejecutivo anunció el 28 de diciembre, con vigencia al 1.º de enero. Al hablar de ese tema, creo que será me nester que nos refiramos a los antecedentes que tiene esa decisión y, por lo tanto, a la política tarifaria que el Gobierno nacional ha desarrollado, definido e implementado, particularmente a lo largo de los últimos años durante el transcurso de la actual Administración.

Esta decisión rige, reitero, desde el 1.º de enero. Me adelanto a decir –e intentaré fundamentarlo a lo largo de mi exposición– que la política tarifaria a la que también me he referido carece o ha carecido de la debida transparencia o, por lo menos, desde nuestro punto de vista, exhibe una importante falta de transparencia.

Creo que los anuncios realizados el 28 de diciembre demostraron cierta insuficiencia en cuanto a explicar a la población –sin duda, eso le da sentido a la sesión de hoy– los fundamentos y las razones de las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia tarifaria. Esto tiene que ver con un aspecto que, me parece, está en el meollo de lo que hemos llamado «transparencia desde el punto de vista tarifario» o «transparencia tarifaria»: la relación entre el precio y las tarifas que pagamos los consumidores uruguayos por los bienes y servicios que, frecuentemente, en régimen de monopolio las empresas públicas brindan, venden y ofrecen a la población, y la relación entre esos precios y los costos de generación, producción, distribución y comercialización.

El anuncio realizado el 28 de diciembre, al que recién hicimos referencia, estuvo a cargo, como todo el país lo vio, del señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Fue un anuncio –lo digo con toda franqueza– particularmente escueto. Desde ese entonces, las autoridades –tanto los ministros aquí presentes como los responsables de las empresas públicas, los presidentes de los respectivos directorios– prácticamente no han hecho referencia a este tema. La presentación realizada por el contador García el 28 de diciembre –último día hábil del año– fue una conferencia de prensa que se extendió durante diez minutos y veinte segundos. Nada de esto, por supuesto, inhabilita o invalida que se haya hecho de esa manera; simplemente, estoy describiendo los hechos. Sin embargo, cuando se realizó el ajuste del año pasado, la expresión del Gobierno en la Torre Ejecutiva ante los medios de comunicación estuvo representada por el secretario de la Presidencia de la República; el prosecretario; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento, contador Ferreri, y también la ministra de Industria, Energía y Minería. En esa oportunidad el contador García –fue el mismo día en el que el presidente realizó un brindis con la bancada parlamentaria y con los ministros en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes– expresó, a mi juicio con pocas palabas, las razones de la decisión que el Poder Ejecutivo acababa de adoptar. Prácticamente no aceptó preguntas –he repasado íntegramente esa conferencia de prensa–, e incluso dijo que los fundamentos y las explicaciones con relación a cada una de las decisiones que se adoptaban –los incrementos en aquellos casos donde acontecieron y la decisión que se adoptó con relación a Ancap, es decir, la de no bajar los precios de los combustibles aunque el precio del petróleo se había derrumbado o, por lo menos, había tenido un descenso significativo– iban a surgir tanto de las resoluciones de los directorios de las empresas públicas como de los correspondientes decretos del Poder Ejecutivo, cosa que –también nos tomamos el trabajo de analizar– se cumplió relativamente o, más bien, yo diría escasamente.

Más allá de todo esto, señora presidenta –que si se quiere puede hasta resultar anecdótico–, lo que a mi juicio resulta claro de la decisión adoptada y comunicada a la población el 28 de diciembre es la confirmación de que esa decisión, y por lo tanto la política tarifaria, durante todo este tiempo se ha caracterizado fundamentalmente por responder a connotaciones de carácter fiscal, más allá de las necesidades y de los costos vinculados, como antes decíamos, a la producción y generación de los servicios y bienes que las distintas empresas públicas ofrecen a la población.

Lo dijo el contador García con mucha franqueza. Su explicación empezó por allí. Dijo que, a la hora de tomar esta decisión, el Gobierno había tenido en cuenta la situación fiscal. Esto se reitera después, en algún sentido, en los considerandos de la resolución del Directorio de UTE, donde también a texto expreso se dice que la resolución que en ese momento se estaba promoviendo ante el Poder Ejecutivo respondía, precisamente, a lineamientos que este había hecho llegar a la empresa a los efectos de la adecuación tarifaria que en ese momento se promovía.

Y pienso que esto no es casual, señora presidenta. El país enfrenta un problema serio en materia fiscal. La semana pasada se ha conocido la información del cierre del año 2018. Según esos datos, el déficit fiscal alcanzó un 4 % del PIB. Después del descuento de las transferencias por concepto de la ley de los cincuentones, es el déficit más alto de los últimos treinta años. Esa situación confirma, señora presidenta, que ese resultado está muy por encima de la meta que el Poder Ejecutivo había fijado e inclusive corrigió en ocasión de la última rendición de cuentas, que era del 3,3 % del PIB, lo que está demostrando a las claras que no se cumplió. Parece difícil, en este contexto, que puedan cumplirse las metas en materia fiscal de un 2,8 %, anunciadas también por el Poder Ejecutivo para el ya iniciado 2019, e incluso la proyectada por anticipado para el 2020, del 2,5 %, entre otras cosas –de eso hubo noticias en la mañana de hoy, a partir de algún informe que se dio a conocer– porque habría cierta incertidumbre desde el punto de vista de las perspectivas o de las proyecciones del crecimiento económico para el presente año.

Volviendo al motivo de la convocatoria del día de hoy, señora presidenta –porque esto que acabo de mencionar naturalmente está vinculado, pero tal vez sea un aspecto colateral–, entiendo que sobra evidencia de que, durante todo este tiempo, debido a esta decisión compleja del 28 de diciembre que rige desde el 1.º de enero –o a este conjunto de decisiones porque se adoptaron varias, referidas a diferentes servicios públicos–, la Administración ha utilizado las tarifas para financiar el gasto público.

Creo que esto ha contrariado, en los hechos –o viene a contrariar, si se quiere–, el discurso que históricamente ha sostenido la fuerza que hoy está en el Gobierno en relación con este debate sobre el precio razonable o la forma de conformación de los precios públicos referidos a los bienes y servicios prestados por las empresas públicas, monopólicas o no monopólicas. Alcanza con remitirse a manifestaciones del propio contador Astori –hoy ministro de Economía y Finanzas, en tiempos en que no actuaba como tal, sino como senador de la oposición–, en distintas instancias parlamentarias, para advertir que desde el punto de vista conceptual parece surgir una diferencia entre lo que en aquel entonces se postulaba y lo que acontece, por lo menos en esta última etapa o en este último gobierno del Frente Amplio, en el que por segunda vez está a cargo de comandar el Ministerio de Economía y Finanzas. Considero que estas decisiones también contradicen, señora presidenta –esto es parte de un debate político legítimo, que es sensato dar en forma serena y civilizada–, los anuncios preelectorales de los distintos voceros del Gobierno del Frente Amplio, de la Administración pasada. Hay declaraciones muy elocuentes realizadas entre julio y agosto de 2014 por el entonces director nacional de Energía, el doctor Méndez, que vaticinaba para el período de gobierno siguiente –es decir para el actual, iniciado el 1.º de marzo de 2015– una reducción de las tarifas de energía eléctrica de hasta un 30 %, en función de los progresos que el país había tenido en cuanto a la transformación de la matriz energética con la incorporación de la energía eólica, dentro de otra serie de consideraciones realizadas en esa oportunidad.

Pienso también, señora presidenta, que esta decisión –y con ella la confirmación del derrotero que la política tarifaria ha tenido durante este quinquenio o, más bien, durante estos cuatro años que transcurren del actual período de gobierno– hay que confrontarla con los anuncios –sobre este tema volveré dentro de un rato– que la entonces ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cosse, realizaba, curiosamente en el mismo momento en que las tarifas aumentaban, en cuanto a la necesidad de bajar y reducir particularmente el costo de la energía eléctrica. Pero como ya mencioné, debido a que este tema me parece muy importante, me propongo volver a considerarlo después.

El Poder Ejecutivo, señora presidenta –y lo dijo el contador García en su conferencia de prensa del día 28 de diciembre–, ha buscado excusas para justificar sus decisiones, sobre todo desde el punto de vista del impacto de estos incrementos nominales o relativos –como en el caso de los combustibles que, repito, debieron bajar y no lo hicieron, y a pesar del aumento del precio del supergás–, con el argumento de que algunos de ellos, no todos, estarían o están por debajo de la inflación que el país registró durante el año 2018. Al parecer, por esa vía, la población podría advertir que, en lo que refiere al mantenimiento o a la eventual pérdida del poder adquisitivo, esos incrementos tendrían un efecto relativo o escaso en la economía familiar. Considero que esto puede ser admisible en principio en el caso de UTE, que en esta oportunidad tuvo un incremento del 5,7 %, pero no en el caso de las comunicaciones, del agua potable y del supergás, cuyos aumentos notoriamente están alineados con la inflación del año 2018.

En mi opinión, señora presidenta, en el contexto de la realidad nacional, ese argumento es de muy dudosa legitimidad, en especial en el caso de UTE, que es con relación al cual en principio se podría invocar, porque efectivamente aumentó un 5,7 % mientras que la inflación fue de un 7,96 %. Entiendo que no vale eso de decir que se aumenta más allá del incremento de los costos de las empresas o de su rentabilidad razonable por el hecho de que estamos en condiciones de maximizar las ganancias, porque la inflación nos permite, desde ese punto de vista, llegar hasta determinado lugar sin afectar el valor real del poder adquisitivo de la población. Esto no es admisible, en el caso de Uruguay, por la muy sencilla razón de que, en nuestro país, la situación de los precios, tanto de la energía eléctrica como la de los combustibles, indica que los precios de la energía industrial y residencial son los más caros de la región, así como también lo es el precio de la nafta en comparación con la región y el resto de Latinoamérica. No voy a detenerme a informar los valores porque el señor ministro y todos los legisladores los conocemos, y lo mismo sucede en el caso del gasoil.

No sé si se vincula con el tema que estoy analizando en este momento, pero me ha llamado poderosamente la atención –y lo dejo planteado como pregunta– que en medio de todo este proceso de definición de aumento de tarifas y de la convocatoria a los señores ministros por esos aumentos, se supo que UTE contratará una consultora, supongo que para incidir en el estado de ánimo de la población, y para derribar, según se dijo textualmente, «el mito de que la tarifa eléctrica es cara». Es muy interesante esto porque creo que sería menester que se dijera cómo se hace para postular, para justificar y para convencer a los demás de que lo que es no es, de que el precio del megavatio es el más caro de la región y del continente y que, sin embargo, una consultora –no sé de qué manera lo logrará– será contratada supuestamente por la Administración, y en este caso por UTE, para persuadirnos a los uruguayos de que eso no es así. Lo menciono porque esto tiene que ver con el tema de la transparencia, al que nos referimos desde el inicio y al que nos referiremos también a partir de alguna consideración que hagamos más adelante.

Señora presidenta: nosotros no queremos alargar injusta e innecesariamente esta presentación, pero tenemos que hacer varias consideraciones, fundamentalmente sobre dos decisiones centrales, una de ellas referente al aumento de las tarifas de UTE, y la otra relativa a los derivados del petróleo, es decir a los precios de Ancap. Vamos a soslayar el aumento correspondiente a la OSE y al agua potable, por la sencilla razón de que no ha sido convocado su directorio; no ha sido convocada la ministra de vivienda, que es la que con relación a los temas de OSE tiene responsabilidad política de acuerdo a la Constitución y a la distribución de competencias ante el Parlamento. Digamos sí, con relación a Antel que, según nos ha informado el director Delgado –en función de la posición que asumiera en el directorio cuando a fines del año pasado se promoviera ante el Poder Ejecutivo este aumento de tarifas–, a lo largo de estos últimos años –2015, 2016, 2017 y 2018–, los aumentos aprobados no responderían a necesidades imperiosas de la empresa desde el punto de vista de la financiación de sus costos. Es más: se nos dijo que en el año 2018 el margen de rentabilidad de Antel fue el más alto de los últimos seis años, lo que habría posibilitado una transferencia a rentas generales de aproximadamente USD 115:000.000, razón por la cual el director que representa al Partido Nacional no acompañó en esta oportunidad –como tampoco en las anteriores– el aumento propuesto por la mayoría del directorio y por el Poder Ejecutivo.

Vayamos ahora al caso de UTE, que me parece bien interesante. Como recién mencioné, UTE promovió, siguiendo lineamientos del Poder Ejecutivo –según lo confesó–, un aumento del 5,7 % de las tarifas en general, que el mencionado poder refrendó. Hay una discusión con relación a la tarifa general simple que dejaré para el final de este capítulo porque me parece bien interesante, como lo es la perspectiva de la transparencia, tal como lo mencionamos hace un instante. Es obvio que el aumento de la tarifa residencial es el que impacta fundamentalmente en el conjunto de la población, es decir, en los usuarios y en los consumidores uruguayos. Estamos hablando de aproximadamente 1:000.000 de usuarios, que son los que pagan tarifa residencial simple y, por lo tanto, se ven afectados directamente, e indirectamente también, por este incremento que, como todos sabemos, después se termina trasladando a la conformación de los demás precios.

Cuando hablo de falta de transparencia, entre otras cosas, me refiero, señora presidenta, a aquellos anuncios del doctor Méndez del 2014 y a algunos bien recientes, de fines del año pasado, de la señora subsecretaria de Industria, Energía y Minería, cuando actuaba como directora nacional de Energía. Es muy interesante lo que desde el Gobierno se nos dice con relación a esto, porque se reivindica –y con legítimo derecho– que se ha transformado la matriz energética. Es verdad. Se pone el énfasis ahora en la necesidad de gestionar la demanda y en la circunstancia de que la matriz primaria de generación de energía se basa, principalmente, en fuentes renovables. Se nos dice que ahora se trabaja fundamentalmente –como si estuviéramos en una nueva fase desde el punto de vista de la política energética y del desarrollo de la generación de energía en el Uruguay– en el concepto de la eficiencia energética. La entonces directora Otegui –hoy subsecretaria de Industria, Energía y Minería– llegó a hablar de que se estaba pensando en promover la construcción de casas energéticamente eficientes. Y está muy bien; es muy interesante. Pero mientras todo eso se preconiza, lo que concomitantemente advertimos es que los resultados de esos beneficios, que con tanto entusiasmo anunciaba el señor director nacional de Energía en 2014, año electoral, no se han trasladado, no han llegado al conjunto de la población, no se han manifestado en una reducción en la tarifa de la energía eléctrica. A eso le llamo, señora presidenta –y me parece que es bueno que lo discutamos–, falta de transparencia desde el punto de vista de la conformación de los precios, de lo que los uruguayos pagamos por los bienes y los servicios que recibimos.

En este caso –es bueno decirlo, porque es parte de la discusión–, también ha habido falta de transparencia en cuanto a otro aspecto. Lo decíamos antes: la definición de las tarifas públicas implica la realización de actos complejos. Se conforma el aumento de la tarifa pública, en cualquiera de los entes y con relación a cualquiera de los servicios, por una decisión, un acto administrativo del ente autónomo o del servicio descentralizado respectivo, que propone determinado temperamento, y un decreto del Poder Ejecutivo refrendando, homologando o aprobando definitivamente esa modificación tarifaria. Ahora bien, en ese aspecto, en esta oportunidad, como en otras, me parece que ha habido por lo menos una enorme desprolijidad en la actuación de la Administración. Y no solo eso, sino que además considero que ha habido, con relación a los reguladores y a la actividad regulatoria, un incumplimiento de la ley. En el caso específico de la tarifa eléctrica, alcanza con remitirse a la Ley Reguladora del Marco Energético, al Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, y allí surge muy clara y muy nítidamente –esto lo dejó sentado en actas el señor director de la Ursea, doctor Fernando Menéndez– la obligación por parte de UTE, antes de disponer ningún aumento, antes de promover ningún ajuste tarifario ante el Poder Ejecutivo, de someter esa decisión al dictamen y al pronunciamiento de la entidad reguladora. No voy a leer el texto normativo vigente –las autoridades presentes seguramente lo conocen y no quiero aburrir a la Comisión Permanente innecesariamente–, pero allí hubo una clara ilegalidad. Se podrá decir que es una ilegalidad de carácter formal; puede ser, pero es una ilegalidad al fin. Del mismo modo, creo que está muy mal que luego de que se realizó el anuncio públicamente –como ocurrió el 28 de diciembre–, o el mismo día, pero un rato después, se haya puesto, ahí sí, a consideración de la Ursea, la decisión que ya todo el país conocía o que por lo menos se le había anunciado al conjunto de los uruguayos.

También hubo falta de transparencia, señora presidenta, en cuanto a que a la Ursea le comunicaron tarde y mal la decisión, pero además ni siquiera le dieron todos los elementos para que se pudiera pronunciar. De manera que la Ursea finalmente terminó pronunciándose cuando ya era tarde. Si se quiere, los servicios técnicos de la Ursea produjeron un informe de carácter testimonial, a esa altura. Ya estaba aprobada o proyectada la resolución del Directorio de UTE y, por lo tanto, tomada la decisión a nivel del Poder Ejecutivo. Pero el informe de la Gerencia Económico-Financiera de UTE, que por supuesto es clave y determinante, en la perspectiva de analizar la pertinencia y la justificación de un incremento de tarifas, nunca apareció. No le fue remitido a la Ursea ni se conoce, salvo por parte de las autoridades, naturalmente. Nosotros hicimos un pedido de informes oportunamente para poder acceder a él, pero no hemos recibido respuesta. Estamos dentro de los plazos –lo confieso–, pero no se nos ha contestado. Y la Ursea, sin embargo, emitió un informe con fecha 31 de diciembre, donde dice, muy claramente, que la UTE no adjuntó, como en otras oportunidades, un informe sobre el incremento medio tarifario. Allí los técnicos de la Ursea dejan constancia de que la presentación no incluyó un ajuste medio definido como propuesta. Es decir, para la Ursea nunca estuvo claro –nunca tuvo ese dato o esa información– en qué sustentaban la UTE y el Poder Ejecutivo el incremento de tarifas que el Gobierno nacional, a sus distintos niveles, procesó y efectivamente aprobó a fines del año pasado.

Por lo tanto, señora presidenta, de ningún lado resulta la justificación de ese aumento. Es más: en el informe de la Ursea, que pude conseguir, hay un cuadro que me parece muy elocuente y que me lleva a la conclusión, sin haber visto el informe de la Gerencia Económico-Financiera de UTE, de que evidentemente las condiciones estaban dadas para que no solo no se aumentaran las tarifas, sino para que eventualmente, como se había planteado como posibilidad en instancias anteriores, el Gobierno hubiera rebajado la tarifa eléctrica. De ese cuadro, que es un programa financiero de UTE de 2019 que la Ursea adjunta al informe que eleva al directorio del regulador, surge claramente que los ingresos son sensiblemente mayores a los egresos proyectados –esto incluye, naturalmente, el costo de abastecimiento de la demanda– y surge un dato que me parece que es absolutamente relevante. Me refiero a que se contrajo con el Gobierno por parte de la UTE o se habría contraído –por lo menos ese es el dato que aparece allí– el compromiso de realizar una transferencia de recursos para el año 2019, que está en marcha, de USD 458:636.000, a los efectos de contribuir con rentas generales en aquello que decíamos al comienzo, es decir, la financiación del gasto público y del déficit fiscal. Estos USD 458:000.000, que, como digo, estarían destinados a enjugar el déficit fiscal, implican –las autoridades confirmarán o corroborarán si esto es así– aumentar sensiblemente la transferencia que UTE ha realizado a rentas generales en los años anteriores, porque en 2017 y en 2018 el aporte de UTE al tesoro nacional fue promedialmente de USD 358:000.000. Y este compromiso que se contrajo, reitero, de acuerdo con la información que la Ursea recogió e introdujo en su informe al directorio, implica también más que duplicar las transferencias que UTE realizaba a rentas generales en el período anterior, porque en los años 2013 y 2014 los aportes estaban en el entorno de los USD 200:000.000. Me parece que esto ilustra muy claramente y demuestra cabalmente lo que afirmábamos antes en cuanto a que está claro que el Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y la conducción económica del país han echado mano a las tarifas públicas, y particularmente a la de UTE, a los efectos de, como decíamos recién, enjugar el déficit fiscal.

Creo que está claro –y hay evidencia de sobra en ese sentido– que UTE estaría en condiciones de bajar los precios, como también está claro por qué no lo ha hecho hasta este momento. Al término de 2017, se recordará, la UTE llegó a proponer una rebaja del 5 % con vigencia a partir del 1.º de enero de 2018, pero el Ministerio de Economía y Finanzas no solo desestimó esa propuesta, sino que decretó, como todos recordamos también, un aumento del 3,2 %.

En el 2017, según confesaron las autoridades –en ese sentido hay declaraciones del propio presidente de la república que no voy a leer ahora–, trascendió que se manejaba una disminución de la tarifa residencial del 15 %, cosa que jamás se concretó.

En los últimos tiempos, el ingeniero Casaravilla –que hoy no está presente pero no tengo más remedio que invocar– ha sido, a mi juicio, con manifestaciones públicas que ha hecho en los últimos tiempos, particularmente elocuente con relación a este asunto. Concretamente –no estoy hablando de este último ajuste, sino de las anteriores decisiones y definiciones del Gobierno–, admitió que «los números del recibo de luz podrían ser más accesibles si los esfuerzos no estuvieran volcados a sanear el déficit fiscal». Me voy a detener un momento en esto, porque me parece que –por tratarse de quien se trata– es muy elocuente todo lo que expresó en este reportaje que ya tiene varios meses pero que mantiene, a mi juicio, plena vigencia.

Específicamente, el ingeniero Casaravilla dijo: «El Ministerio de Economía –MEF–, con una total transparencia, ha explicado cuál es el rol que le ha asignado a las empresas públicas; se les pidió disminuir en 650 millones de dólares el déficit fiscal para 2019, y venimos haciendo los deberes. Las empresas públicas hemos evitado que subiera el déficit fiscal, y el 80 por ciento de ese déficit evitado fue por el aporte de UTE. […] Si uno hace la cuenta de los años 2015, 2016 y 2017, hay como 600 millones de dólares excedentarios con respecto a la meta. Esto lo engancho con una propuesta que ha hecho la ministra de Industria y Energía –se refiere a la ingeniera Carolina Cosse–: tratar de ver cómo esos excedentes se pueden usar para reducir la tarifa residencial» –cosa, digo yo entre paréntesis, que obviamente todos sabemos no ha ocurrido–. «Fíjense –continúa diciendo el ingeniero Casaravilla– que si hubiéramos tenido 650 millones de dólares para distribuir en estos tres años en la tarifa residencial, hubiésemos tenido un detalle interesante, estaríamos en otro discurso, en otra situación».

Sus expresiones estimularon a la periodista que le hizo la nota para que le realizara ciertas consultas. La periodista dice: «En otras palabras, el ajuste responde a que todos los esfuerzos económicos de UTE están siendo volcados a rentas generales». El ingeniero Casaravilla contesta: «Está claro que UTE no pone las reglas de juego». La periodista vuelve a preguntar: «¿Comparte la concepción del ministro de economía de que las empresas públicas son un instrumento más de la conducción económica?». El ingeniero responde –de donde podría deducirse una discrepancia, un matiz con esa expresión–: «Tengo que medir mis palabras porque estoy impedido por la Constitución de hacer valoraciones políticas y esa pregunta entra en ese campo». Esto estimula una nueva pregunta de la periodista: «¿Tuvo discrepancias con el ministro de economía por este último ajuste?». El ingeniero Casaravilla contesta: «En lo que es la gestión pública, en un sistema donde hay tires y aflojes, cada uno tiene sus intereses. […] Con el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos intereses encontrados, eso es obvio, y es necesario, porque permite la tranquilidad que uno llega hasta donde llega el otro, y ahí vamos logrando salir».

A mi juicio, las expresiones del ingeniero Casaravilla eximen de mayores comentarios ya que se explican y comentan solas, y son muy ilustrativas de lo que estamos afirmando. Sin embargo, creo que hay que ponerlas en un contexto que tiene que ver con la UTE, respecto de lo cual el señor ministro de Economía y Finanzas y la señora subsecretaria de Industria, Energía y Minería se expedirán cuando les corresponda hablar. Esto no sucedió en el contexto de una empresa pública que transformó su matriz, que se desarrolló, que tuvo un crecimiento autónomo y que, además, en función de la eficiencia y del aumento de la eficiencia generó ganancias y le transfirió parte de esas ganancias a rentas generales. Esa no es la verdadera historia, porque mientras todo esto acontecía y, sin duda alguna, se desarrollaba un plan de inversiones muy ambicioso –y tal vez hasta bastante discutible, que viene del período pasado– con relación a la inversión en generación y producción de energía eléctrica, desde el 2015 –con la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas a cargo del contador Danilo Astori– se produjo –y se imputó por parte de UTE a una decisión del mencionado ministerio– un recorte muy importante en otras áreas muy sensibles de la empresa, particularmente las de distribución y comercialización. Esto lo discutimos, hace relativamente poco tiempo, con el presidente de UTE en la Comisión de Industria, Energía y Minería, sobre lo cual no solo hay declaraciones de prensa sino también informes –que tengo en mi poder– de los propios servicios de UTE denunciando esta situación. Es decir, denunciando que mientras la UTE generaba ganancias extraordinarias y aumentaba las transferencias a rentas generales, en las áreas de distribución y comercialización, esenciales para devolver a la población, a partir del esfuerzo tarifario que se le reclama, un servicio eficiente y de calidad de energía eléctrica, hubo recortes en la inversión proyectada que, además determinaron, según lo constataron los propios servicios de la empresa, un deterioro o retroceso desde el punto de vista de la calidad del servicio.

Anteriormente mencioné que me iba a detener muy rápidamente en las expresiones de la señora ministra saliente o exministra de Industria, Energía y Minería. Desde el punto de vista político, y con relación a todo esto, creo que a la ingeniera Carolina Cosse le cabe una muy grave responsabilidad. Tenía la expectativa de que llegara a comparecer en esta instancia porque, si bien se anunciaba su renuncia, cuando la planteamos en la Comisión Permanente aún estaba desempeñando funciones en dicha cartera. Pensé que si el Parlamento la convocaba antes de renunciar, vendría a explicar lo que fuera menester y después presentaría su renuncia al cargo; yo habría hecho eso. Pensé también que si fuera necesario –por supuesto, hubiéramos estado dispuestos– nos podría haber solicitado la posibilidad de adelantar esta convocatoria a esos efectos. Pero nada de eso ocurrió.

Es muy grave la responsabilidad de la exministra en todo esto, en esto de generar expectativas a la población, en esto de incidir en el estado de ánimo de la población en un sentido inverso al que los hechos concretos eventualmente pautan la realidad de las cosas. No se puede decir a la gente que las tarifas públicas van a bajar en el mismo momento en que quien es responsable de aumentarlas precisamente decreta un incremento. Y la ingeniera Carolina Cosse hizo eso, señora presidenta.

No tengo por costumbre juzgar las intenciones de la gente. Es más: me propongo creer siempre en la buena fe y voluntad de las personas, propias o ajenas, compañeros o adversarios políticos. Quiero creer que cuando la ingeniera Carolina Cosse hizo esas cosas fue con la mayor y mejor buena fe.

Ahora, reitero que no se puede decir –como sucedió en diciembre de 2017, por ejemplo, cuando el Gobierno proyectaba un aumento de las tarifas eléctricas, que efectivamente concretó– lo que dijo la señora ministra Carolina Cosse en un medio de prensa cuando reconoció que había espacio para reducir la tarifa residencial. Textualmente dijo: «Sinceramente yo quisiera que la tarifa de combustibles fuera más baja, y entiendo que la tarifa residencial eléctrica está retrasada con respecto a lo que podría ser».

Reitero que si bien el presidente de UTE ha dicho lo que dijo, no es el decisor final sino el presidente del Directorio de UTE y, en tal caso, no le corresponde a él la política tarifaria definitiva; simplemente recomienda al Poder Ejecutivo determinadas decisiones.

Con el señor ministro de Economía y Finanzas, por supuesto, hemos tenido diferencias y discrepancias en materia presupuestal, de gasto público y de distintas medidas que el Gobierno ha tomado, cosa que está dentro de lo admisible o esperable. Lo que no resulta desde ningún punto de vista justificable, señora presidenta, es que se diga que las tarifas van a bajar en el mismo momento en que se incrementan porque, a mi juicio, es una contradicción totalmente insalvable. Reitero: lamento tener que pronunciar estas apreciaciones en ausencia de la ingeniera Carolina Cosse, pero nuestra expectativa era otra ya que pensé que íbamos a contar con ella en este llamado a sala y, lamentablemente, no sucedió así.

Para culminar el capítulo referido a UTE, anteriormente hice referencia a otro anuncio que el Gobierno realizó el 28 de diciembre. Simultáneamente con el anuncio de un aumento de la tarifa residencial y de las demás categorías tarifarias, del 5,7 %, el Gobierno anunció –tengo en mi poder la nota que publicó el portal de la Presidencia de la República– una rebaja del 20 % de la tarifa general simple, es decir, las que pagan las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo –y para mi sorpresa–, advertimos, a partir de allí y en los días subsiguientes, que esa rebaja que el Gobierno anunció nunca se decretó. La rebaja de la tarifa general simple no se llegó a decretar como tal. UTE la proyectó en su resolución y le propuso al Poder Ejecutivo bajar la tarifa general simple. Es más: introdujo el nuevo valor, descontado el 20 % de la rebaja, en el nuevo pliego tarifario y así lo envió al Poder Ejecutivo. Sin embargo, este último, por alguna razón, mantuvo el valor vigente con relación a esta categoría tarifaria y lo que hizo fue establecer una exhortación a la UTE, en un numeral de la parte resolutiva del decreto correspondiente, para que descontara un 20 % de la tarifa a los usuarios. Se dijo que este descuento alcanzaba a unos 115.000 pequeños y medianos empresarios; de acuerdo a la información oficial de la UTE son algo menos, pero estamos hablando de aproximadamente 100.000 contribuyentes.

Se podrá decir que es lo mismo, que si bien no fue una rebaja, fue un descuento, y que, por lo tanto, implica o implicará un beneficio para los contribuyentes. En lo personal no estoy demasiado seguro de eso, en primer lugar, porque una cosa es rebajar una tarifa con la certeza jurídica que eso implica y establecer un valor menor, y otra es exhortar a UTE a que utilice una facultad que tiene, que es la de realizar un descuento. UTE después resuelve, pero de la misma manera que resuelve, en cualquier momento puede dejar sin efecto. Pero hete aquí que en este caso en particular yo no sé a esta altura qué es lo que está ocurriendo, porque después de esa exhortación del Poder Ejecutivo, la UTE en primera instancia dispuso el beneficio del descuento pero luego, por alguna dificultad que no alcanzo a comprender, a partir de una nueva resolución que adoptó hace pocos días, decidió oficiar al Poder Ejecutivo y preguntarle a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería cuál sería el alcance de la exhortación que le hizo con respecto a la tarifa general simple. No está muy claro para la UTE qué alcance debe tener o a quiénes debe comprender o a qué clientes, particulares o colectivos, debe llegar ese beneficio, que supuestamente el Poder Ejecutivo promovió. No sé si la solicitud de información que ha cursado la UTE ha tenido respuesta, pero como ocurrió hace pocos días, llegamos a la sesión de hoy con la incertidumbre de no saber realmente en qué situación estamos con esa rebaja que se anunció con tanto empeño a la población el 28 de diciembre.

Rápidamente voy a referirme al tema de Ancap y de los combustibles. Estoy tratando de cortar camino porque no quiero extenderme más allá de la cuenta. Como dije anteriormente –y lo reitero ahora–, el precio de los combustibles debió haber bajado a fin de año, y no solo no lo hizo sino que en parte aumentó porque hubo un incremento del supergás.

Como todos sabemos, en el último trimestre se produjo una caída en el precio del petróleo del 30 % con relación al precio de referencia que Ancap dejó establecido en ocasión del aumento anterior del mes de julio, cuando estaba en USD 75 por barril. No debemos olvidar que el petróleo llegó a cotizar en el entorno de los USD 54 o USD 55 a fin de año. Obviamente, debemos ponderar el tipo de cambio como corresponde, porque a la hora de calcular el costo del petróleo hay que medirlo en pesos y combinar la evolución del precio del barril con la del tipo de cambio, agregando el incremento del dólar en ese mismo período. En ese caso, el resultado da una caída del 20 % aproximadamente en el costo de importación de petróleo, medido en pesos.

En función de esto, el director Labat –quien representa al Partido Nacional en el Directorio de Ancap– promovió una rebaja del precio de los combustibles, a partir de un planteo muy moderado, de alrededor del 5 %, ponderando todos los costos y, por supuesto, incluyendo aquellos que se actualizan en el mes de enero en función de la inflación. Me refiero a los costos salariales, los de distribución y al nuevo valor del Imesi, que fijó y determinó el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley. Ponderando todos esos aspectos, los números indicaban –reitero: a partir de un planteamiento a mi juicio razonable, sensato y moderado– que se pudo haber decretado una rebaja del 5 %. Así fue formalizado en el ámbito del Directorio de Ancap, y si bien no le voy a pedir que salga de testigo, aquí está presente el director de dicho organismo, quien podrá corroborar lo que estoy manifestando.

También aquí hubo falta de transparencia. ¿Por qué digo esto? Porque el director Labat hizo este planteamiento en una sesión del directorio que se realizó el viernes 28 a las 5 de la tarde, cuando el Gobierno, a través del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ya le había anunciado al país que el precio de los combustibles no bajaría y que aumentaría el del supergás. Destaco que el director Labat se enteró de todo esto gracias a los medios de comunicación. El viernes 28, al mediodía, luego de que el contador García hizo esos anuncios, se comunicaron con el economista Diego Labat –uno de los cinco miembros del Directorio de Ancap– para convocarlo a una reunión que iba a tener lugar esa misma tarde, con el fin de formalizar lo que antes nadie le había notificado pero de lo cual se había venido a notificar en función de los anuncios públicos del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Como dijimos anteriormente, aquí se puede advertir con claridad la dudosa legitimidad de esa invocación a la inflación en cuanto al impacto que estas medidas por acción u omisión tienen en el bienestar de la población. Hemos dicho que tenemos los combustibles más caros de la región y, en este caso, además, es notorio que su precio ha tenido un comportamiento bien diferente ya que, de acuerdo con la evolución de los precios durante el año pasado, el de las naftas aumentó un 19,7 %, cuando la inflación fue de menos del 8 %. Está claro que con relación a los precios de paridad de importación que lleva la Ursea –más allá de las diferencias metodológicas que en algún momento Ancap planteó–, al día de hoy estamos $ 11 arriba del precio de paridad de importación en el caso de las naftas y $ 6 con relación al gasoil. De más está decir que esto afecta el costo de vida de los uruguayos en términos generales, en forma directa e indirecta, y por supuesto también la competitividad del país y de los sectores productivos.

Digamos también que los combustibles no bajaron, aunque la brecha con relación a los precios de la región se acentuó, porque nosotros no bajamos, pero los demás países de la región sí. Los valores internacionales en función de este commodity que cotiza en el mercado internacional se ajustaron a la baja. Durante el último trimestre, Chile llegó a decretar doce rebajas tarifarias en función de la tendencia descendente del precio del petróleo. En ese país, la política tarifaria es una suerte de serpiente tarifaria, porque los precios ajustan todas las semanas al alza o a la baja en función de los cambios que se van produciendo en la cotización del precio del petróleo en el mercado internacional.

Paraguay también bajó el precio de los combustibles en más de una oportunidad y también lo hizo Argentina, aun con el contexto económico tan complejo que está viviendo y con los incrementos tarifarios tan severos que está imponiendo con relación a distintos servicios públicos. A pesar de todo esto, la República Argentina bajó el precio de los combustibles al menos en dos oportunidades: en diciembre del año pasado y enero de este año.

Muchas veces se ha puesto por delante el argumento –he escuchado a la presidenta de Ancap decirlo con frecuencia– de la periodicidad en cuanto a la revisión de las tarifas de los combustibles. Se ha dicho que Ancap se ha propuesto, como medida de política tarifaria, una revisión semestral de los precios del petróleo y de su incidencia en los costos de los combustibles. No entiendo muy bien por qué semestral; obviamente, es un criterio absolutamente arbitrario que, además, en los hechos, ha ido cambiando. Recuerdo que en los tiempos en que el señor Colla ocupaba la presidencia de Ancap, la revisión era trimestral, y ahora resulta que es semestral. Se argumenta la rigidez que tiene esto en materia de fijación de precios administrados y, a mi juicio, ese es un argumento débil, en la medida en que no puede ser obstáculo para subir o bajar un precio que para ello se necesitan dos actos administrativos: el de Ancap y el del Poder Ejecutivo.

Ahora bien: también es cierto que esa periodicidad que el Gobierno invoca, o ha invocado, termina yendo en perjuicio del propio consumidor, y eso ha sucedido en esta instancia. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no bajaron los precios y, además, porque Ancap no bajó el precio del gasoil ni de las naftas, pero sí el de referencia que va a tomar en cuenta para la determinación de futuros ajustes. Desde el punto de vista del consumidor hubiera sido de toda lógica tener la expectativa de que se bajaran los precios –porque eventualmente estaba la posibilidad de hacerlo, aunque no se hizo–, pero eso ahora se convierte en un riesgo, porque aquel precio de referencia de USD 75, que quedó establecido en el mes de julio, ahora es de USD 54. Entonces, no bajamos los precios internos pero sí la referencia artificial que Ancap toma y, curiosamente, ahora estamos por encima de la referencia porque después de la caída a USD 54 del barril en el mes de diciembre, ahora está cotizando alrededor de los USD 61 o USD 62 por barril. Todos conocemos la volatilidad del precio del petróleo –el contador García mencionó esto el 28 de diciembre y está bien–, pero me parece que con estos criterios y parámetros es notorio que los contribuyentes cautivos son quienes terminan perdiendo la oportunidad de tener un alivio y acceder a mejores precios, que mucho mejorarían la competitividad del país. Por supuesto que la realidad de Ancap o esta decisión de política tarifaria, de mantener los precios de la nafta y del gasoil y aumentar el del supergás, hay que inscribirla en otro contexto, en el de la quiebra técnica a la que llegó Ancap hace relativamente poco tiempo. Y en esto hemos coincidido con el señor ministro Astori. A fines de 2015, el señor ministro vino al Parlamento a pedir la aprobación de una ley –que efectivamente fue aprobada– para capitalizar Ancap. En esa oportunidad nos dijo que este organismo estaba al borde del patrimonio negativo, como lo estaba; todos sabemos que así fue. Entonces, se hizo necesario capitalizarlo en USD 622:000.000 y, adicionalmente, contraer un préstamo por USD 250:000.000 de la Corporación Andina de Fomento, porque Ancap en ese momento no tenía casi dinero para hacer frente a sus obligaciones corrientes, para pagar la compra del petróleo que habitualmente importa a los efectos de abastecer la demanda de todos los uruguayos.

Así como acepto –y trato de ser muy objetivo en mis afirmaciones– que a partir del año 2005 –durante el primer período de gobierno del Frente Amplio, y en buena parte del segundo, el de José Mujica– se actuó con cautela con relación a los combustibles, en función de la realidad que se fue desarrollando, del endeudamiento creciente y del debilitamiento patrimonial que Ancap padeció en el período pasado, es notorio que desde fines del año 2014 –después de que el petróleo llegó a cotizar por encima de los USD 110 por barril y luego se derrumbó a menos de USD 50– empezó lo que se mantiene hasta hoy, que es –a mi juicio– el sacrificio de los consumidores por la vía de no bajar los precios o, mejor dicho, de no trasladar a los precios de los combustibles los beneficios de la caída de la cotización del barril de petróleo cuando ello acontece. Sin embargo, eso no ocurrió en el año 2014, que fue –repito– cuando el precio del barril de petróleo bajó a menos de la mitad y Ancap decretó una rebaja de apenas un 3 % –que ni siquiera era testimonial–, lo que resultó hasta irrisorio e, incluso, determinó una convocatoria a la Comisión Permanente al entonces señor ministro Kreimerman. Tampoco ocurrió en el año 2016, cuando el precio del petróleo cayó a menos de USD 30 por barril, aunque la ingeniera Jara dijo –muy honestamente– que tuvieron un excedente de USD 130:000.000 pero que, dada la realidad de la empresa, iban a dedicar esos recursos a reperfilar deudas y a reconstituir el patrimonio de Ancap.

Ya lo dijo el contador Álvaro García el 28 de diciembre: el Gobierno mantiene una preocupación con relación a la realidad patrimonial de Ancap, y yo creo que esa pésima política de gestión y esa pésima estrategia de desarrollo empresarial que se llevó adelante durante los últimos tiempos en la empresa pública siguen proyectando sus consecuencias y sus efectos sobre la realidad actual.

Señora presidenta: para terminar, voy a hacer algunas puntualizaciones con relación al aumento del precio del supergás, que tuvo un incremento de tarifas cercano al 8 %, como dijimos hoy. La suba del precio del supergás implica el aumento del costo de lo que podríamos llamar el combustible de consumo popular, porque es el que utiliza la mayor parte de la población –o una gran parte de ella, particularmente los estratos de ingresos medio y medio bajo– para satisfacer las necesidades básicas de cocción, de calefacción y demás. Este es un aumento que se acumula a los anteriores y que va a tener su impacto en el próximo invierno; no tengo la menor duda de ello. Soy consciente de que el precio del supergás está por debajo del precio de paridad de importación pero, sin perjuicio de eso, tengamos claro que comparando precio a precio no nos va tan bien en la comparación regional. No voy a decir los valores, pero estamos más caros que Argentina y prácticamente alineados con Brasil y Chile, por ejemplo.

El Gobierno ha establecido algunas bonificaciones en el pago del supergás para determinadas capas de la sociedad muy asociadas a las prestaciones del Mides –Ministerio de Desarrollo Social–, como ser, las que cobran asignaciones familiares, las que tienen la Tarjeta Uruguay Social, y está muy bien. Pero, obviamente, con eso no alcanza. Hace pocos días –a partir de esta decisión que se adoptó a fin de año– el secretario general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el señor Sixto Amaro, protestó –y creo que con mucha razón– porque, por ejemplo, aproximadamente ciento cincuenta mil jubilados y pensionistas que ganan por debajo de 3 BPC –es decir, $ 12.000 y poco– reclamaron la posibilidad de esa bonificación en el pago de este insumo energético de tanta importancia y no lo han logrado hasta este momento. El contador Álvaro García dijo que los fundamentos de esta decisión iban a estar en las resoluciones administrativas a adoptar, pero eso no ocurrió.

Ancap sostiene que el precio del supergás está subsidiado en Uruguay; habla de un subsidio interno o implícito de USD 30:000.000. Puede ser que sea así, pero creo que esto puede ser discutible porque ese subsidio obedece a la financiación de determinadas decisiones que la propia Ancap adoptó con relación al supergás, entre ellas, importar una parte de ese combustible que consumimos los uruguayos porque –como todos sabemos– la refinería es deficitaria para su abastecimiento. Ahora bien, como no tenemos capacidad suficiente para depositar el supergás que importamos y para asegurar el abastecimiento durante el invierno –recuerden que en el 2007 tuvimos una crisis muy severa en el abastecimiento del mercado por falta de producto–, se ha optado por mantener una suerte de almacenamiento flotante en la bahía de Montevideo, que tiene un costo muy alto. Esta fue una decisión empresarial que adoptó Ancap y que, por supuesto, tiene costos; y eso es parte del subsidio. Entonces, si hay un subsidio, este responde a decisiones que adoptó la empresa, entre ellas, el incremento del margen de la distribución o de los distribuidores, pero no en función del aumento de la rentabilidad de Acodike, de Riogás, de Megal ni de la propia Ducsa, sino de la decisión que se tomó en el año 2012 –cuando se llevaba adelante un conflicto con los trabajadores del sector–, a partir de una intervención del entonces presidente del Directorio de Ancap, el señor Raúl Sendic, y del señor director Germán Riet, de establecer un nuevo turno, es decir, aumentar la cantidad de trabajadores y, por ende, el costo laboral, que se financiaría con un incremento del margen de distribución. Naturalmente, todo esto determina que el precio del supergás esté subsidiado.

Ahora bien, cuando Ancap dice lo que dice, sería bueno que en lugar de actuar por reflejo, incrementando los precios para supuestamente superar ese subsidio interno o cruzado, tomara medidas de carácter estructural con relación a este negocio tan particular y complejo, que permitieran bajar los costos y dieran más transparencia a la conformación de los precios y a la realidad de este insumo.

Señora presidenta: voy a ir terminando mi intervención. No les voy a hacer llegar una hoja con preguntas, como habitualmente se acostumbra porque supongo que fui suficientemente claro. Durante el curso de mi intervención he hecho afirmaciones y planteado interrogantes, y como conozco suficientemente a los señores ministros como para saber de su sentido de la responsabilidad, doy por descontado que han tomado debida nota, que formularán los comentarios que entiendan pertinentes y harán las aclaraciones que correspondan. Estaremos muy atentos a lo que se nos devuelva desde el punto de vista conceptual, para luego, eventualmente, formular algunas precisiones adicionales si fuera menester.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Muchas gracias, señora presidenta.

Queremos comenzar nuestra intervención agradeciendo la oportunidad que tenemos en esta sesión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo de aportar información sobre todo aquello que se desee plantear acerca del tema que nos importa a todos los uruguayos, no solo desde el punto de vista económico sino también social, y particularmente en lo que refiere a las empresas públicas. Por supuesto que está muy lejos de nuestra intención que haya fallas de transparencia en cuanto a la discusión, los comentarios y los aportes que podamos hacer al respecto. Nuestra intención es, precisamente, la contraria: que haya absoluta claridad acerca de la información que sea necesario disponer para tener una adecuada composición de lugar sobre este asunto.

Tanto es así, que voy a comenzar por señalar un elemento que seguramente va a estar presente a lo largo de toda esta sesión, y es que la principal falta de transparencia que podemos tener en cuanto a la visión de este problema es analizar las tarifas en términos nominales. El señor legislador Abdala maneja supuestos aumentos o disminuciones de tarifas sin ningún sentido real. Es más, cuando se refiere a un aumento de tarifas, muchas veces lo que ha habido en la práctica es, en realidad, exactamente lo contrario: un descenso de las tarifas. Si no analizamos esto en términos reales, pierde absolutamente sentido cualquier estudio que podamos hacer al respecto.

Encabezo mis primeros comentarios con esta afirmación porque, lamentablemente, en el país ha aumentado un análisis que expresa estos precios públicos administrados en términos nominales, como si en la sociedad no pasara otra cosa que la evolución de los precios. Y si nosotros no insertamos la evolución de estos precios en una economía que tiene un conjunto de factores muy importantes a tener en cuenta, que están interrelacionados entre sí, y al mismo tiempo los impactos que esto tiene sobre la sociedad en su conjunto, corremos el riesgo de que pierda absolutamente el sentido todo nuestro análisis. Es por estas razones que elegí comenzar por este tema, que va a estar impregnando todo el análisis porque, obviamente, con el señor legislador Abdala tenemos una diferencia conceptual absoluta en cuanto al tratamiento que se le da a este análisis y al punto de vista que se elige para hacerlo.

Cuando se definen tarifas públicas –como muestra la imagen que los señores legisladores pueden apreciar en la pantalla –lamento que esté tan lejos, pero les pido que hagan un esfuerzo por descifrar lo que dice allí; de todas maneras, voy a ir explicándolo para que no haya problemas de comprensión–, se ajustan tomando en cuenta diversos factores. Es imposible definir tarifas públicas –o sea, precios de bienes y servicios públicos– sin tomar en cuenta la estructura de costos de cada empresa y, al mismo tiempo, proyectar la oscilación esperada de estos precios en cada variable que se considera y las previsiones que existen al respecto.

Voy a hacer un primer comentario vinculado con el titular que elegí para empezar esta intervención. En una empresa pública no se puede ignorar este primer factor, entre otras razones, porque estamos hablando de empresas y las empresas tienen costos que evolucionan, más allá de la tarifa que después elijamos para tener en cuenta esos costos; las empresas tienen previsiones acerca de la evolución futura porque las tarifas no pueden ajustarse a diario, sino siguiendo un determinado procedimiento que tiene implicaciones temporales y que es absolutamente preciso prever; las empresas tienen patrimonios con diferentes constituciones –el señor legislador Abdala mencionó, por ejemplo, la situación patrimonial de Ancap como un elemento que estaba pesando en el análisis de las tarifas, y tiene razón en hacerlo porque es un peso importante a tener en cuenta, que viene del pasado–; las empresas tienen historia, que se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás en algunos casos –como el que estamos considerando–; las empresas tienen procesos de recomposición de esas situaciones patrimoniales; las empresas tienen endeudamientos que hay que manejar, que hay que administrar, que tienen composiciones distintas, que también se proyectan hacia el futuro; y todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque, ante todo, son empresas.

Dejo para el final las proyecciones que, como empresa, cada una de ellas tiene que tomar para el futuro, a los efectos de definir inversiones, por ejemplo. Una empresa no solamente está para tener costos y cobrar por ellos, sino para tener planes de futuro, y esos planes obviamente pueden incluir –y seguramente incluyan– un plan de inversiones. ¿Por qué? Porque son empresas, y es el primer carácter que hay que tener en cuenta.

Ahora bien, en este caso estas empresas tienen otro carácter muy importante: son públicas, y por razones que no es del caso discutir ahora, la sociedad uruguaya ha decidido, por diversos caminos, que sean empresas públicas. Por ejemplo, ha decidido que sean públicas para tener, en aspectos estratégicos de la sociedad, un comportamiento seguro –pongo el caso de los combustibles o de la energía eléctrica– y también para tener seguridad de acceso a esos bienes públicos tan importantes. La sociedad uruguaya ha entendido que la mejor manera de tener seguridad en esos ramos –y no estoy poniendo en discusión el proceso– es teniendo empresas públicas. En otras ocasiones puede haber sido la importancia de ese bien público, de ese servicio público, para el bienestar de la población que la haya hecho entender que debía tener –como tiene ahora– una empresa pública en ese sector, para asegurar o garantizar el apoyo a ese bienestar de la población. Por eso, además de empresas, tiene empresas públicas en ciertas ramas como las que estamos analizando hoy.

Una empresa pública no es igual a una empresa privada, entre otras razones, porque está convocada por principios, criterios, comportamientos, conductas y proyecciones que se manejan diferente.

Entonces, tenemos que tener en cuenta que un primer factor para definir una tarifa pública es considerar la situación de la empresa de la manera que he tratado de simplificar ahora y, además, atendiendo al hecho de que es una empresa pública.

Ahora bien, no se agotan aquí los factores a tener en cuenta cuando se fija una tarifa pública, un precio administrado de este tipo, porque en la medida en que la sociedad ha tenido razones para hacer que allí existan empresas públicas es porque sabe o conoce históricamente que la conducta de esas empresas públicas influye en la vida de los uruguayos de alguna manera, para bien, para mal, para asegurar ciertas cosas para el futuro, para garantizar otras. Entonces, es imposible definir una tarifa pública sin tener en cuenta, además de los aspectos propios de la empresa, sus repercusiones en la sociedad. Por ejemplo, no puede haber incoherencia o no debería haberla –aunque a veces la hay– entre el comportamiento estructural de la economía y de la sociedad en su conjunto y la actuación de la empresa. Disculpen que ceda a la tentación de poner un ejemplo económico. La sociedad tiene que tener como objetivo en materia de política económica, obviamente, la coherencia, la consistencia, entre los diferentes componentes del orden macroeconómico, porque la estabilidad de la economía –que no es estancamiento ni es falta de crecimiento, sino que es estabilidad, que es un concepto diferente– requiere orden macroeconómico, como lo demuestra una larga historia de este país.

Ese orden macroeconómico tiene diferentes componentes: una política fiscal, que hoy lucha denodadamente por mejorar el resultado en esta materia, lo que fue mencionado por el señor legislador Abdala y es compartido por este equipo económico –me refiero a la preocupación que tenemos por mejorar ese resultado fiscal–; una política monetaria encargada de que, precisamente, no tengamos excesos ni discontinuidades en ese proceso tan fundamental que es el combate a la inflación, sin el cual no se puede analizar este tema, y también una política de ingresos de toda la sociedad.

No puede fijarse un conjunto de tarifas públicas sin tener en cuenta los efectos que esa definición tiene sobre la coherencia entre estos factores. No es posible, porque estaríamos comprometiendo –o, por lo menos, corriendo el riesgo de hacerlo– esa coherencia o esa consistencia, con lo que estaríamos poniendo en riesgo todos los resultados de la política económica. Por lo tanto, cuando se define una tarifa pública es menester tener en cuenta la vinculación que va a existir entre la definición que tomamos y el orden macroeconómico del país, esto es, su estabilidad. En este punto de vista o en esta aproximación, incluimos lo que hemos llamado genéricamente un mayor bienestar de la población. Por eso, en esa lámina, además de los factores que responden a la empresa en particular, se muestra que también deben considerarse los efectos que generan las decisiones tarifarias en la economía en su conjunto. Lo que sucede es que las empresas públicas forman parte del Estado y juegan un papel en la política pública considerada en su conjunto en estas áreas fundamentales de la sociedad.

Señora presidenta: estas son algunas consideraciones generales introductorias que posteriormente podremos complementar para ir respondiendo a las inquietudes del señor legislador convocante, y cuya importancia compartimos en su totalidad. Realmente quisiéramos que se viera con satisfacción, compartiéndolas o no, que buscamos dar respuesta a las preguntas que nos han formulado.

A continuación, nos gustaría pasar a un análisis de cada una de las empresas que, fundamentalmente, están involucradas en este llamado a sala. Dos de ellas las presentó con mucha insistencia el señor senador Abdala, que son UTE y Ancap, pero creo que también Antel y OSE deben ser tenidas en cuenta cuando se analiza este tema.

Entonces, quisiera solicitar autorización para que el señor ministro de Industria, Energía y Minería nos vaya explicando a todos cuáles son los elementos y las metodologías que se han seguido para la definición de las tarifas de diciembre de 2018, en principio, pero que –como también señaló correctamente el señor legislador convocante– están vinculadas a un proceso previo, tienen antecedentes, como lo hemos sostenido nosotros en esta introducción.

Vamos a comenzar por UTE y, teniendo en cuenta el caso de las otras empresas que he mencionado, trataremos de dar las explicaciones que nos han solicitado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Como digo siempre que vengo, es un honor estar aquí. Para nosotros, no solo es parte de la responsabilidad que tenemos, sino que también es un gusto informar sobre las decisiones que se toman y dar toda la información requerida en aras de la búsqueda de la transparencia, como decía el señor legislador Abdala. Todo lo que podamos aportar creo que suma a la sociedad en su conjunto para poder analizar las decisiones que se toman. Esa es siempre la mejor forma.

Antes de pasar a mostrar las demás presentaciones, voy a agregar algún comentario general a los que ya hizo el ministro Astori.

En la ciencia hay un principio muy conocido que se llama navaja de Ockham, en honor a un científico del siglo xiv, Guillermo de Ockham, que fue uno de los fundadores de la ciencia como hoy la entendemos. Este principio dice que, entre dos explicaciones, generalmente la más sencilla es la correcta. Cuando hablamos del principio de la navaja de Ockham en la facultad siempre agregamos una frase de Einstein que dice que las cosas deben explicarse de forma sencilla pero no demasiado sencilla. ¿Por qué traigo esto? Porque me parece que tenemos que aclarar bien algunas premisas que están sobre la mesa, porque son sencillas de interpretar, pero que no se corresponden a cómo se fijan las cosas, por ejemplo, la fijación de los combustibles. El señor legislador Abdala dice que si baja el petróleo tiene que bajar la tarifa y, en realidad, lo que queremos mostrar es que es un poco más complejo que eso, por la forma en la que se determina y por la composición de los costos que, como bien decía el señor ministro, depende de una cantidad de factores. Eso es lo que queremos explicar en cada caso, es decir, cuál es la composición de costos de cada empresa, que es la primera premisa desde la que se realiza el cálculo de la tarifa, y cómo se ajusta en base a otros criterios que dan esa visión global de la que hablaba el señor ministro Astori.

Reafirmando lo que decía el ministro, la transparencia que estamos viendo refleja en general que todas las tarifas en términos reales han bajado desde el año 2004 hasta ahora. Ustedes estarán pensando qué quiere decir «en términos reales». La curva de arriba es la del índice de salarios, que para cada uno de nosotros esencialmente quiere decir que nos costó mucho menos salario pagar las tarifas en 2019 que en 2004. Eso se da en el caso de todas las empresas consideradas. Voy a ir caso a caso.

El primer caso es el de UTE que, como ustedes saben, es una empresa de energía, de electricidad. A este respecto, me parece importante hacer una acotación general: Uruguay es uno de los países con mayor grado de cobertura de red eléctrica en el mundo, que llega al 99,8 % de la población y estamos haciendo denodados esfuerzos para llegar al 100 %.

Hace poco estuvimos en la asamblea de Irena –Agencia Internacional de Energías Renovables, que es como la ONU en la materia y está compuesta por alrededor de 180 países– y debo decir que Uruguay la presidió el año pasado, lo que nos da una idea de la importancia que tiene en el mundo energético el ejemplo de nuestro país. Ahí se habla, sobre todo, de futuro. Los interlocutores de Uruguay en estos temas son países como Suecia, Alemania y Costa Rica, porque el nivel de avance de la red y de los servicios eléctricos, así como de la matriz energética –considerada un ejemplo en el mundo– nos permite estar a ese nivel. Y esto, en gran parte –aunque no solamente– es por UTE, porque tenemos una empresa pública que ha liderado ese proceso siguiendo los lineamientos y en el contexto de una política energética nacional que –y esta es otra cosa por la que cada vez que nos ven nos dicen: «Qué bien lo que hacen ustedes»– se aprobó a nivel del Parlamento, lo que quiere decir que toda la sociedad uruguaya en sus principales componentes institucionales la aprobó. ¿Por qué hago esta introducción? Porque creo que no hay que perder de vista que, como bien decía el ministro Astori, esto se da dentro de un marco general también si lo vemos desde el punto de vista energético. Quiere decir que cuando uno considera cuáles deben ser las tarifas de UTE, debe tener en cuenta cómo se aporta a eso.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: me parece que ha hecho muy bien el señor ministro en hacer un reconocimiento al Parlamento. No nosotros, sino mucho antes, el Parlamento aprobó la Ley Reguladora del Marco Energético que fue la que permitió que hoy esté instalada la energía eólica que tanto orgullo da a los uruguayos y que cuando recorremos el país podamos ver esa cantidad de molinos que nos dan la sensación, más que nunca, de un Uruguay natural. Esa ley, que fue aprobada por mayoría en el Parlamento –y es bueno reconocer esto–, además, fue aprobada en segunda instancia por la población en general, porque el Frente Amplio interpuso en su contra un recurso de referéndum, pero la gente fue, votó y afirmó nuevamente esa norma.

Así que, como bien dice el señor ministro, fue el Parlamento quien lo hizo y, además, lo confirmó la población. Por eso me parece muy importante este reconocimiento del señor ministro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR GOÑI.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador Goñi.

SEÑOR GOÑI.- Gracias, señor ministro y señora presidenta.

El señor ministro hablaba de una cobertura de 99,8 % y quería saber, para poder seguir su explicación, si eso incluye a los que vulgarmente se conocen como «colgados» o si se trata de contratos formales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Cuando hablaba, puntualmente, del reconocimiento al Parlamento, por supuesto que me estaba refiriendo a la aprobación del Plan Energético Nacional, que es por lo que nos felicitan en todos lados.

Respondiendo a la pregunta del señor legislador, debo decir que se trata de dos aspectos diferentes: el comercial y el de la cobertura, esto es, a qué parte de la población se está llegando efectivamente, es decir, cuántos uruguayos tienen electricidad. El otro tema tiene que ver con un aspecto comercial. Aquí estamos hablando de toda la población, que es lo que se mide cuando se mira desde el punto de vista del acceso.

Continúo: la otra acotación que me gustaría hacer, porque creo que es importante, es que una de las características más relevantes de la estructura tarifaria del Uruguay es que en nuestro país la tarifa eléctrica es la misma en todos los puntos del territorio. Esto es algo que no ocurre en casi ningún país de la región con la excepción, creo, de Paraguay. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esto hace que los costos de infraestructura, que claramente no son los mismos en Montevideo –donde hay una concentración de población muy alta– que en el interior –donde cuesta más llegar porque es más difícil–, deban cubrirse con una tarifa que es exactamente la misma para alguien que vive en el punto más alejado del país que en el centro de Montevideo. Esto también debe tenerse en cuenta en los costos de UTE porque aumenta la incidencia en los costos de infraestructura.

Respecto al ajuste tarifario de 2019, es importante mostrar lo siguiente: una de las variables más relevantes es el costo de abastecimiento de la demanda de la energía eléctrica, es decir, cuánto le cuesta a UTE generar la energía eléctrica, lo que implica tener en cuenta los contratos que se hagan, el pago que se hace a Salto Grande, etcétera. Ese es uno de los conceptos y, para determinar la tarifa, siempre se maneja en términos estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace en un escenario de hidraulicidad media, es decir, se tiene en cuenta el promedio histórico de lluvias, pero si llueve más, habrá una mejor performance y si hay una sequía se tendrá que cubrir sus consecuencias. Esa estabilidad –y no es la primera vez que voy a utilizar esta palabra– es muy importante en el contexto del Uruguay y de la gestión de la empresa y, además, es parte de lo que se debe prever al comienzo del año.

Al principio del año la empresa genera una estimación de toda su matriz de costos y para eso, en base a estudios técnicos, por supuesto –aunque esto no deja de ser una previsión a futuro–, debe suponer cuáles van a ser sus costos. En esa definición de la tarifa no se incluyen sobrecostos como, por ejemplo, por sequía o por exceso de lluvias, como decía recién y, además, está el tema de las exportaciones de energía.

El otro costo muy importante es lo que mencionaba de la red de trasmisión y distribución. Este es uno de los costos más relevantes de la tarifa eléctrica; se dice que no ha habido un cambio a raíz de la modificación de la matriz energética, pero sí lo ha habido. Hay un estudio que tiene UTE que dice que en el año 2012 el 60 % del costo era por generación. En el 2017, eso fue el 40 % del costo, es decir que efectivamente hubo un cambio que –como lo mostramos en la primera lámina– también significó una reducción en términos reales. Además, eso hace que hoy ese costo haya bajado, como decíamos, al 40 %. Por su parte, eso hace que UTE tenga que mantener el costo de trasmisión –que es por el que todos los uruguayos tienen la misma tarifa en cualquier parte del país– y que pese más en la ecuación.

Esta evolución de los costos de la red está determinada, como dice ahí, por los costos de la construcción, los salarios y los metales que se utilizan, todo lo cual ha evolucionado un poco por encima de la inflación. No olvidemos que el dólar subió bastante, alrededor de un 10 %, el año pasado y este es un valor que no se puede omitir en el análisis. Como cualquier persona sabe, si se compran insumos en dólares y este sube tenemos que pagar más porque cobramos en pesos. Quiere decir que esa variable, repito, no se puede soslayar y, como dije, todos esos costos han aumentado por encima de la inflación.

Como decía al principio, Uruguay tiene un alto grado de electrificación y una participación muy alta de los consumos domésticos en relación con los usos productivos e industriales. Esto es parte de la realidad de Uruguay y debe utilizarse, también, para generar la tarifa que tiene. Los precios en San Pablo, por ejemplo, pueden ser más bajos que en Uruguay, pero en esa ciudad hay setecientos clientes por metro cuadrado, mientras que en nuestro país hay ocho. Los costos no se distribuyen de igual manera ya que los consumidores están más dispersos geográficamente; los costos de red se distribuyen de forma ponderada entre cada categoría tarifaria. Tenemos diferentes categorías tarifarias: grandes consumidores, residencial y tarifa simple y todos tienen que pagar lo mismo por ley, por reglamentación. Entonces, yendo concretamente al ajuste tarifario, de la aplicación de la paramétrica de costos de la empresa y utilizando las previsiones de las variables macro, como la inflación y el costo estimado del dólar, para el año 2019 surge un ajuste tarifario medio de 6,7 %. Y acá es interesante hacer una acotación porque ha circulado que ese 6,7 % corresponde al informe de UTE. Parecería que hay una versión correcta de técnica de UTE y arriba de eso decisiones políticas. Y sí son decisiones políticas, porque estamos haciendo política. Todo lo que expresaba el ministro Astori es política para toda la población. Hay un resultado inicial de la paramétrica de costos de la empresa con las variables macro definidas que da un indicador, que luego se ajusta para dar señales a la población en un marco institucional y, por eso, el que decreta el aumento es el Poder Ejecutivo.

El 34 % de la estructura de UTE es el costo de abastecimiento de la demanda. Y hay prevista una variación de 3,6 % para el año 2019. Recuerden que el precio lo definimos a principio de año y tenemos que estimar para adelante. En el año 2018 la variación del salario fue de 7,9 %, gasto de funcionamiento 7,5 %, gasto de funcionamiento en dólares 9,8 % –bastante por encima de la inflación– y gasto de capital 9,1 %, también por encima de la inflación.

Finalmente, sobre esa estimación de parámetro inicial y en base a consideraciones de naturaleza económica se decidió –en el marco institucional del Poder Ejecutivo que el ministro Astori presentó– generar estímulos para las micro-, pequeñas y medianas empresas y disminuir el peso del incremento en el consumo de los hogares. Esto quiere decir incrementar por debajo de la inflación, lo que hace que el peso, en el costo general, se reduzca. Esto se sustenta gracias a mayores ingresos de los establecidos inicialmente en el programa financiero de UTE. Con esto se llegó a un ajuste tarifario de toda la categoría del 5,7 % que lo deja como a dos puntos y medio por debajo de la inflación, la que fue de alrededor del 8 %. Fue una decisión institucional apuntando a aspectos como, por ejemplo, la competitividad. Además, en el ajuste tarifario del año 2019 se decidió hacer un descuento del 20 % para la tarifa general simple que aplica a pequeñas y medianas empresas. Son más de 100.000 clientes y a la inmensa mayoría se le aplicó el descuento del 20 %. Es decir que no hubo aumento, sino un descuento comercial del 20 % en la tarifa.

El mecanismo al que se refería el señor legislador es el de descuento comercial porque es lo indicado por tratarse de una empresa. Como se trata de una empresa, se habilita a generar ese descuento sin afectar la tarifa base y corresponde a decisiones que son de coyuntura y, por lo tanto, permite seguir evaluándolas. Ese es un mecanismo y el 20 % está sin ninguna duda.

La consulta que mencionó el señor legislador y que llegó hace poco al Ministerio de Industria, Energía y Minería refiere a ciertos aspectos de implementación, como ser, quién podía estar incluido o no. El descuento del 20 % está y ya va a aparecer en la factura de las pequeñas y medianas empresas.

Ya que estamos en este contexto, me gustaría referirme a quiénes son los comprendidos por esta medida. De los diez sectores que van a recibir los beneficios de aplicación de esta medida un 44 % van a ser comercios e industrias manufactureras que utilizan la tarifa TGS que es la de baja potencia. ¿Quiénes integran estos pequeños comercios e industrias? Las industrias manufactureras son un 12 % y hablamos, por ejemplo, de panaderías. También hablamos del sector forestal maderero, de la fabricación de maquinarias y aparatos eléctricos y de la fabricación de productos de metal. Reitero que son pequeñas empresas que van a tener un 20 % de descuento efectivo en la tarifa. Dentro de estos pequeños comercios o industrias está el sector de alojamiento y servicio de comidas, donde aparecen restaurantes, parrilladas, bares y rotiserías; hay servicios vinculados al turismo, actividades profesionales y científicas, comercio al por mayor y al por menor –este es el más grande– y reparación de los vehículos de motor y motocicletas. Estos se llevan el 32 % del descuento comercial; lo que representa USD 30:000.000 que van directamente a favorecer a estos sectores para mejorar sus condiciones, en algunos casos de competitividad y, en otros, generando posibilidades de empleo o mejorando su calidad de vida. Eso se está viendo ahora en la factura y creo que la mejor publicidad es la que cada uno puede ver en su recibo.

Esto no es lo único que se ha hecho en este marco en el que UTE aparece como una herramienta que aporta al sector productivo. En el año 2019 se renovarán descuentos por beneficios comerciales que ya se venían dando a sectores productivos –y se estima que son $ 728:000.000–, como ser, apoyos al riego a los sectores arroceros y lácteo, apoyo para empresas electrointensivas y exportadoras, apoyo a empresas que mejoren el uso de redes y apoyo a empresas que mantengan el nivel de empleo. Repito que esto funciona como una herramienta de apoyo al sector productivo.

Olvidé hacer una acotación. El aumento neto incluido este descuento, sobre todo lo que UTE recauda, es del 3,02 %, mientras que la inflación fue del 8 %, es decir que el aumento estuvo cinco puntos por debajo de la inflación. Además, se sigue trabajando en mejorar el servicio y las posibilidades para que cada uno pueda adaptarse a la tarifa que más le convenga. Por eso se trabajó en la creación de la tarifa de triple horario residencial, una tarifa especial para fomentar la movilidad eléctrica. No se me ocurre una forma más directa de ejemplo de promoción a futuro desde una empresa pública que la tarifa de movilidad eléctrica que da beneficios para que pasemos a autos eléctricos, lo que generará beneficios no solo económicos, sino también ambientales. Se trata de ofertas de oportunidad que permite a las empresas tener más flexibilidad en la gestión de la electricidad.

Además, estamos analizando la tarifa zafral para adaptarla a sectores productivos y revisando los programas de regularización de servicios eléctricos. Esto es muy importante para nosotros, es un desafío que tenemos en la agenda y UTE tiene que ser un actor fundamental.

No sé si quedó alguna pregunta sin responder. Si no me equivoco, ya hice referencia al pedido de informes a UTE.

El proceso de ajuste de tarifas fue el de siempre, tal como lo indica la ley y se respetaron todos los pasos. De todas maneras, me parecía importante señalar que para llevar adelante una composición de costos se debe fijar un valor y luego ajustarlo.

En lo que respecta a Antel, quiero señalar que los ajustes de los gastos de funcionamiento son en dólares y nuevamente se ubican muy por encima de la inflación, pues el valor del dólar ha subido bastante. Lo mismo sucede con los gastos de capital. Obviamente que por el tipo de infraestructura que tiene, Antel compra mucho en el exterior y lo hace en dólares. Así, por ejemplo, las torres que uno puede ver y todos los equipos de transmisión son en dólares y eso tiene su impacto. Según las variables macro, la paramétrica de la empresa daba un 8,2 % y el ajuste que se terminó aprobando fue de un 7 %, nuevamente ubicado por debajo de la inflación. Este ajuste, además, ha variado en diferentes sectores porque la composición de productos de Antel es muy grande; por ejemplo, la telefonía móvil estuvo bastante por debajo de ella, a diferencia de lo que sucedió con algunos planes. De todos modos, el ajuste promedio fue de un 7 %.

En la gráfica que tenemos en pantalla se puede advertir la evolución de los costos de las tarifas de Antel. Allí se muestra que la tarifa de la telefonía fija, que se determina por decreto, permaneció estable o se ajustó a la baja.

¿Qué ha pasado con Antel? A cambio de estas tarifas, ¿qué nos está dando Antel? Nos está dando la mayor conectividad a Internet a nivel de hogares de América Latina. Según estudios independientes, Uruguay es el segundo país con más velocidad de conexión de banda ancha fija de América Latina; ocupa el noveno lugar en el mundo en materia de penetración de fibra óptica –diría que 691.000 hogares cuentan con acceso a Internet por fibra óptica– y está primero en asequibilidad en América del Sur, seguido por Chile, con precios por debajo del 0,5 %. Aquí hay un patrón que no es casual en el Uruguay y es que el acceso llega a todo el país. Es el país con mayor velocidad de conexión de banda ancha móvil en América Latina. Esta infraestructura permite al organismo brindar más y mejores servicios para los contratos de telefonía móvil, tanto en voz, en datos, en roaming –esperen novedades para las próximas semanas–; nuevos productos de Internet; planos con tecnología inalámbrica, tanto para el medio rural como urbano, con una velocidad de bajada de hasta veinte megabytes por segundo. Nosotros estamos acostumbrados a esto, pero les aseguro que no es la media en el mundo: el hecho de que en las zonas rurales haya tanto acceso a Internet es mucho más una excepción que una norma. Se ha llegado a la expansión de la fibra óptica al hogar; al incremento de la cobertura móvil LTE; a la implementación de la banda de setecientos megahertz y a la duplicación de la capacidad instalada en el Data Center de Pando, que ha tenido resultados incluso mejores a los planificados, afortunadamente.

En cuanto a OSE, haré referencia a aspectos generales del organismo, porque el ministerio no participa de sus ajustes. En aplicación de la paramétrica de costos de la empresa y utilizando las previsiones de las variables macro, el ajuste correspondía a un 8,2 %, pero se ubicó en el 7,8 %.

OSE ha continuado ejecutando un nivel elevado de inversiones, aunque ellas son de bajo retorno económico y ha incrementado los gastos para mejorar la calidad del agua potable y extender la red de saneamiento en el interior del país, nuevamente con la visión de llegar a todos.

Finalmente, voy a hacer referencia a Ancap y tal vez me extienda un poco en mi exposición en aras de dar más claridad al tema. En la presente gráfica se advierten sus costos de funcionamiento, pero antes me gustaría hacer una acotación general.

La paramétrica de Ancap es la que permite hacer los cálculos al principio del año con una estimación anual. El ente, a principios de año –como toda empresa–, debe indicar cuánto le van a costar los insumos, cuáles van a ser sus gastos y cuánto debe cobrar para cubrirlos. Esto es un poco la ecuación general. Hay dos factores que se llevan el 85 % de la volatilidad de lo que se está estimando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de volatilidad? A las variaciones que se dan anualmente, las que se ven en el precio del crudo y en el valor del dólar. Se dice que predecir el futuro es difícil, pero más aún lo es hacerlo con el precio del petróleo. La variación o la volatilidad del precio del petróleo durante los últimos años ha sido muy grande y se debe a razones en las que, obviamente, Uruguay no tiene forma de incidir. Con el dólar pasa lo mismo; se trata de una variable que no podemos controlar, pero tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para estimarla. Todo esto se hace a principios de año. Me explico: a principios de año, Ancap tiene que fijar un precio de referencia del petróleo, esto es, estimar cuál va a ser el promedio anual de ese precio. Esta no es una decisión local ni pasa por decir que si sube o baja el valor del petróleo ello incidirá en su precio. No es así como se ajustan las tarifas en el Uruguay. Reitero que lo que se hace es una estimación anual del precio del petróleo y lo mismo se aplica para el valor del dólar, como se hace en todas las empresas. Se trata de seguir la trayectoria del petróleo y del dólar para ver si no hay algo que esté afectando o pueda afectar el resultado final. Además, se ha tenido como política revisar estos valores semestralmente. ¿Para qué? Para dar un mensaje de estabilidad. Nos podrá gustar más o menos el precio, pero sabemos que es estable, que no se va a cambiar de un día para otro. Es verdad que esta política se aplica en el Uruguay y, por ejemplo, en Chile, otra, pero debe quedar claro que no es posible comparar la política tarifaria de ambos países porque son diferentes. Entonces, en el semestre se procede a hacer la actualización para que los valores no se desvíen y se ajusta la paramétrica adecuadamente.

¿Qué pasó en 2018? La presente gráfica muestra cómo varió el precio del petróleo durante el año 2018. Fíjense los señores legisladores que, a comienzos de año, Ancap utilizó una paramétrica de USD 64 el barril. Hasta julio de 2018, el precio del petróleo se movió por encima de esa barrera. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se mueva por encima de ese precio de referencia le está saliendo más plata a Ancap de lo que había estimado. A eso denominamos volatilidad del precio del petróleo. El petróleo es volátil porque, sobre todo, depende de situaciones geopolíticas, aunque los señores legisladores lo sabrán mejor que yo.

Entonces, fíjense que al principio del 2018 el petróleo siempre se mueve por encima de la paramétrica. ¿Y qué se hace en julio del 2018? Se ajustan los valores estimados desde el principio de año. ¿Esto quiere decir que, de anual, pasa a ser semestral? No. La estimación sigue siendo anual. Lo que se hace es un ajuste semestral para adaptarse, porque ahora tenemos seis meses más de información.

En ese ajuste se resuelve un aumento del 8 %, si no me equivoco, se priorizan –acá otra vez aparece lo que decía el ministro: que esto se tiene que ver dentro de toda la política económica– los sectores productivos, se decide cargar el ajuste solamente a la nafta, a la gasolina –esa es una decisión de política–, y se mueve la barrera ajustándola a USD 75 el barril. ¿Por qué se mueve a USD 75? Porque tengo más información. Sería absurdo que a partir de julio se siguiera con un barril de USD 64 cuando en ese momento ya estaba en más de USD 70. Esa barrera es la que corre para lo que resta del año y es de USD 75.

Y fíjense lo que pasa en el segundo semestre –esto muestra claramente la volatilidad–: el petróleo empieza a bajar; sube hasta llegar a un pico de prácticamente USD 85 y después cae. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que esté por debajo de la curva es ganancia respecto a la estimación, y todo lo que esté por arriba es pérdida. Hubo períodos en los que el dólar subió mucho, y cuando llegó a USD 85, ¡claro que lo estábamos siguiendo, claro que estábamos preocupados y claro que estábamos evaluando qué teníamos que hacer! Eso se hace todo el tiempo, no cada seis meses. En ese momento decidimos no ajustar, esperar un poco en aras del beneficio de esa estabilidad. ¿Qué pasó? El petróleo empezó a bajar, a bajar, a bajar, lo que permitió una recuperación de esa pérdida que se había dado.

Así llegamos al final del año, donde el proceso empieza de vuelta: se tiene que fijar el costo para el 2019 teniendo en cuenta lo que pasó el año anterior y, también, nuevamente estimando. Hoy en día USD 54 no es el precio al que está el petróleo. Los combustibles no tienen un precio con el petróleo al día de hoy. Esa es una explicación sencilla pero incompleta. Los precios se hacen sobre la base de la estimación promedio de lo que va a ser el petróleo en el 2019, un promedio de lo que será el valor del dólar en el 2019, etcétera. Está hecho con criterios muy técnicos, consultando decenas de fuentes de información; es realizado por profesionales especializados en el tema, pero no deja de ser una previsión. Fíjense que en los últimos treinta días el precio del barril ya aumentó un 14 % de ese pico mínimo en que estaba en enero.

Me interesaba poner énfasis en esto para mostrar que no se trata de una decisión inmediata, porque así como cuando el petróleo está bien bajo se pide que se baje, esperaría que me pidieran que suba cuando está en picos bien altos. Tenemos que manejar esa oscilación.

Volviendo al comienzo del año y siguiendo con el análisis empresa por empresa, hay que decir que el costo del crudo es fundamental –el 40 % de los costos de Ancap es por el petróleo–, pero hay otra variable que impacta un montón y es el dólar. El dólar impacta en los costos de funcionamiento –el 11 % de los costos de funcionamiento de Ancap son en dólares–, pero también en gastos de capital y en el precio del petróleo. Una cosa es un petróleo a un valor equis y otro es ese mismo precio pero con un dólar más alto, porque nosotros recaudamos en pesos. Entonces, los dos factores impactan mucho. Esos costos –que son el 60 % de los costos de Ancap– van a aumentar en línea con la variación de los salarios, con el IPC y con el tipo de cambio. La decisión que se tomó fue que Ancap absorbiera ese costo. Ancap efectivamente decide no aumentar a pesar de ese 60 % de los aumentos. ¿Para qué? Para dar nuevamente señales económicas y energéticas. Esa volatilidad del precio del crudo tampoco supone que nos quedemos de brazos cruzados viendo cómo se mueve. En un trabajo conjunto muy importante entre Ancap y el Ministerio de Economía y Finanzas se analiza la política de compra del crudo, minimizando la volatilidad del precio mediante la compra a precio actual con entrega física diferida; se mejora el perfil de riesgo contratando seguros de crudo, sumados a los seguros por el tipo de cambio que ya había. Esos cambios de la política también tienen costos, como saben todos aquellos que han contratado un seguro. ¡Un seguro no es gratis! Esos costos de compra de seguro de crudo que está contratando Ancap para el año 2019, unos USD 30:000.000, no los está trasladando a las tarifas. Es decir, no traslada a las tarifas ni los aumentos en los costos por el tipo de cambio ni los aumentos en estos nuevos costos, aprovechando también, ¡claro! –es parte del balance–, lo que pudo incorporar de la ganancia en esa baja del petróleo. Nada de esto va a parar a una olla o a una caja fuerte.

Finalmente, con el objetivo de mejorar la competitividad, no se realizaron ajustes ni en nafta ni en gasoil en enero del 2019. Se hizo, efectivamente, una apuesta a la competitividad.

Respecto a la región, rápidamente voy a hacer un comentario. Si tenemos en cuenta que el IVA a los productores pueden devolverlo en el gasoil, en Uruguay el precio del gasoil está muy cerca, en frontera, con relación a Brasil y a Argentina: 1,08 en Brasil y 1,06 en Argentina. Esto es tomando en cuenta los precios en la frontera. En Uruguay el precio es único, no se divide por regiones; en Argentina se toma el precio en Gualeguaychú, y en Brasil en Santana do Livramento.

(Ocupa la presidencia la señora Ivonne Passada).

–Lo mismo sucede con las gasolinas: se ha intervenido a través de una reducción del Imesi para hacer más competitiva la situación en frontera, el precio de frontera. Hoy en día está muy cerca el precio de un lado y del otro de la frontera gracias a estos descuentos que todo el tiempo estamos monitoreando. Son intervenciones que permiten mejorar la vida de la gente que está ahí, que no tiene que estar cruzando a comprar y, además, no reduce los ingresos para el país.

Con esto más o menos creo que hemos repasado las cuatro empresas.

Muchas gracias, señora presidenta.

No sé si el señor ministro quiere hacer alguna acotación adicional.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: solamente quiero hacer algunos comentarios muy breves, que parten de la base de los que hicimos a título introductorio y que, obviamente, se apoyan en la exposición muy detallada que acabamos de hacer sobre cada una de las cuatro empresas que hemos venido analizando desde el punto de vista tarifario.

En primer lugar, queda absolutamente demostrado que todas las tarifas, en la decisión tomada en diciembre de 2018, han descendido en términos reales. Todas –algunas más que otras–, en términos reales, están por debajo del valor o del nivel que tenían antes, aunque no se trata solamente de eso.

Yo quiero que tengamos en cuenta –lamentablemente no es posible verlo con detalle– toda la trayectoria previa, durante los tres Gobiernos del Frente Amplio, en materia de evolución real de las tarifas: se aprecia claramente un descenso permanente en términos reales. Reitero: el criterio de estabilidad o de descenso es el único con el que podemos analizarlas y es lo que hemos podido apreciar.

Ahora bien, me importa especialmente volver a destacar que no solo hubo este comportamiento real, sino que en términos de poder adquisitivo los trabajadores uruguayos y los pasivos uruguayos han tenido un enorme –¡enorme!– crecimiento en su capacidad de compra de bienes y de servicios públicos, porque la diferencia respecto al poder adquisitivo de los ingresos es mucho mayor que la diferencia respecto a la inflación. Y, precisamente, una de las primeras gráficas que se mostraban en sala evidenciaba esa distancia enorme y creciente en cuanto a tarifas, salarios y pasividades. A mí me parece que desde este punto de vista hemos tenido un resultado absolutamente positivo para la sociedad uruguaya, que tenemos que destacar.

Incluso ahora, en algunas de las últimas láminas que se mostraban y en los comentarios que hacía el señor ministro de Industria, Energía y Minería, se ve en qué medida se ha hecho un esfuerzo importante por ayudar a los sectores productivos, un esfuerzo en algún caso muy relevante, como son, en primer lugar, el de la tarifa eléctrica, y, en segundo lugar, el de Ancap. Son sectores productivos que por diversas razones han visto enlentecido su crecimiento y cuya competitividad debe mejorar –con esto se ayuda a mejorarla–; son sectores productivos que han tenido dificultades especiales, como el de los lecheros y el de los arroceros, y que han recibido y van a seguir recibiendo –agrego– una ayuda importante desde este punto de vista.

No quiero dejar de mencionar el apoyo muy significativo que, desde el punto de vista de las tarifas de UTE, están recibiendo los pequeños, medianos y microemprendimientos del país, que también mencionaba con detalle el señor ministro de Industria, Energía y Minería. Entonces, aquí se ve claramente no solo la inserción en la sociedad en su conjunto, sino en los temas económicos fundamentales del país.

Sin duda que los resultados de las empresas públicas tienen impacto fiscal. No confundamos dos conceptos que son totalmente distintos: una cosa es el impacto fiscal que, junto a toda la economía, provoca una empresa pública con sus resultados, y otra cosa es la versión a resultados o a la tesorería que una empresa pública hace del resultado de su gestión. Son dos cosas totalmente distintas. Obviamente, cuando el país entero –y con razón se reclama– busca un mayor equilibrio fiscal –que necesitamos en forma absolutamente indiscutible–, hay que tener en cuenta el resultado de las empresas públicas. No hay dudas de eso, pero eso es una cosa y otra es la versión a resultados, esto es, la transferencia a tesorería que se hace de los resultados de las empresas. Reitero: son dos conceptos distintos; no confundamos uno con el otro.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar el apoyo a las sociedades de territorios de frontera, que hemos visto recién en una de las gráficas que mostraba el señor ministro de Industria, Energía y Minería y en los comentarios correspondientes. Se han tomado medidas de apoyo importante a territorios de frontera que se han visto afectados por las circunstancias económicas muy difíciles por las que atraviesan nuestros vecinos. Es imposible analizar el tema de las tarifas en el Uruguay sin tener en cuenta la influencia que recibimos del vecindario, porque eso también es una parte importante del análisis que se debe hacer y de las decisiones que se deben tomar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Yo agradezco mucho a los señores ministros por las respuestas y por los comentarios que han formulado a las apreciaciones iniciales que nosotros realizamos. Creo que hay aspectos que han sido aclarados, otros que no fueron específicamente mencionados y hubo algunas confirmaciones que a mí me parecen interesantes. Creo que, en la perspectiva de haber promovido esta instancia a los efectos de generar un proceso de transparencia y de análisis, donde los fundamentos de las decisiones del Poder Ejecutivo en un sentido o en otro puedan exponerse, desde ese punto de vista la justificación de esta sesión está absolutamente cumplida.

Creo que ha sido un acierto haber generado esta instancia en régimen de comisión general. Nosotros, desde el inicio –y en eso coincidimos todos los partidos políticos y por eso la moción se votó por unanimidad–, estuvimos de acuerdo con que esta instancia fuera, precisamente, de información, de análisis, de reflexión y de intercambio, en donde la oposición pregunta y formula cuestionamientos –como nosotros hemos formulado– y la Administración se explica y da sus razones en función de las decisiones que adopta.

Algunas cosas han quedado, a mi juicio, confirmadas.

Con el señor ministro Astori tenemos una diferencia conceptual en cuanto a lo que yo, en mi intervención inicial, mencioné como la fuente de la legitimidad de determinadas decisiones en materia tarifaria, en cuanto a los ajustes o a sus incrementos. El señor ministro se aferra –está en su derecho– al análisis de las tarifas en función de lo que él denomina su disminución real por la circunstancia de que los aumentos nominales están por debajo de la inflación. Me parece legítimo. Yo creo que eso no agota el análisis; a mi juicio, no debe agotarlo. En todo caso, es una explicación que el Poder Ejecutivo ensaya. Ahora bien, ¿alcanza con la circunstancia de que las tarifas estén por debajo de la inflación para dar por terminado el análisis? Yo creo que no, señora presidenta, y me parece que en el caso de UTE esto es absolutamente elocuente, porque el contexto es más complejo. Ese análisis se da en el contexto –como dijimos al comienzo– de una realidad, que es la nuestra, en función de la cual pagamos precios muy altos, pagamos los precios más caros del continente con relación a la energía eléctrica. Y creo que tampoco eso agota el análisis; hay que analizar la realidad de la empresa.

Comparto con el señor ministro, desde luego, que la fijación de las tarifas implica la ponderación de los costos de la empresa y su incremento. Por supuesto comparto también que a eso se debe agregar, naturalmente, el compromiso que las empresas tienen o deben tener con la sociedad, su aporte al orden macroeconómico, a la realidad fiscal. ¡Por supuesto que todo eso es legítimo! Las diferencias empiezan a aparecer al momento de bajar esos conceptos a la realidad material, a la realidad tangible, a los datos concretos. Es allí donde yo me pregunto, señora presidenta, en función de estos números que con relación a la realidad financiera de UTE hemos manejado, si alcanza para estar tranquilos que la tarifa aumente solo por debajo de la inflación o si, en tal caso, debiéramos detenernos un poquito más a explicar si es verdad lo dicho sobre el costo de abastecimiento de la demanda, si es verdad que los ingresos superan los egresos –de acuerdo al programa financiero que invoqué y que integra el informe que la Ursea produjo con relación a este último aumento–, si en esa perspectiva UTE estaría en condiciones o no de bajar las tarifas.

A lo largo de todo este tiempo en el Poder Ejecutivo han convivido dos versiones: esta que hoy ha expuesto el señor ministro Astori aquí y públicamente y otra es la que, simultáneamente, durante todo este tiempo se expuso desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En el día de hoy no la ha ratificado el nuevo ministro Moncecchi, pero la ministra Cosse –que tenía la misma responsabilidad con relación a este tema en cuanto a la tarifa de UTE que el señor ministro Astori– tenía una valoración diferente. Hasta hace muy poco tiempo la ministra nos decía lo que cité antes, es decir, que hay espacio y margen suficiente para reducir la tarifa eléctrica. Si después no se redujo y aumentó nominalmente, pero en términos reales por debajo de la inflación, es porque hubo una decisión política en ese sentido, señora presidenta. ¿Qué quiero decir con esto? En función de las explicaciones que hemos escuchado, alguien podría concluir que después de cubrir razonablemente los costos, de financiar las necesidades de UTE en términos del incremento del costo de abastecimiento de la demanda y de acordar con el Poder Ejecutivo un compromiso en términos ya no de resultado económico –entiendo el concepto–, sino en términos de las transferencias de las utilidades a rentas generales, aún había margen para bajar las tarifas. Creo que hay evidencias suficientes en ese sentido y me remito a los informes de la Gerencia Económico-Financiera del año pasado que proyectó –reitero– una rebaja del 5 %, y, sin embargo, por alguna decisión política se optó por un sentido diferente y una decisión contradictoria.

El señor ministro Astori –hice referencia a esto en mi intervención inicial– en el pasado manejó conceptos con relación a este tema que comparto plenamente. En 2001, en un llamado a sala al entonces ministro de economía con respecto a un incremento de tarifas señaló, concretamente, que Ancap y otras empresas públicas siempre fueron utilizadas como herramientas de recaudación disfrazando impuestos con el manto de precios públicos y utilizando todo el poder del Estado y la renta monopólica de estas empresas para generar resultados fiscales, sin importar las consecuencias que esto tiene sobre la producción y la sociedad.

Después señaló que antes de que alguien sospechara que estaba en contra de que las empresas públicas contribuyeran al Estado, quería aclarar que no solo no estaba en contra sino que creía que debían hacerlo. Por supuesto que eso lo comparto.

También comparto la aclaración que formuló acerca de los resultados. Se preguntó qué debía considerarse como resultado, si aquellos logrados después de un desarrollo empresarial, autónomo y eficiente o los resultados provocados por el señor ministro o por el Poder Ejecutivo tomando esta decisión.

Creo que es muy interesante analizar estos conceptos, particularmente frente a la realidad de UTE y del proceso que se ha seguido. Debemos preguntarnos si en el ente se ha dado el desarrollo empresarial, autónomo y eficiente que el señor ministro invocaba en aquella oportunidad ya lejana, que justifique el aumento de las tarifas. ¿Podemos decir que ahora las tarifas aumentan por debajo de la inflación después de ese desarrollo autónomo y eficiente de la empresa pública? Creo que no, señora presidenta, no son los datos que surgen de la realidad del Uruguay y que arroja el desarrollo empresarial de la empresa pública UTE, por la sencilla circunstancia de que desde el punto de vista del servicio que reciben todos los uruguayos no ha habido desarrollo empresarial y autónomo.

Tengo un informe de la Gerencia Operativa de UTE, de la que depende la gerencia de distribución que, a mi juicio, es muy elocuente con relación a lo que pasó particularmente en este último tramo, es decir, a partir del año 2015. Ya lo he mencionado, pero el ministro Moncecchi no habló de esto en su intervención cuando explicó lo concerniente a la empresa energética. En el informe se habla de una disminución de las inversiones desde el segundo semestre del año 2015 que se traduce en el empeoramiento de la calidad para el servicio a clientes concretos y zonas específicas. Expresa que existe una reiteración de problemas con resolución definitiva más demorada y que ello crea las consecuentes molestias a los clientes. Asimismo, dice que se ha producido un incremento de la cantidad de cortes en los clientes con problemas reiterados y por ello en estos años ha restado muy poco monto a las renovaciones por obsolescencia de los equipos o la adecuación de la red a los cambios de consumo. Asimismo, los gerentes también señalan que la capacidad de inversión para 2018 y 2019 serán similares a las de 2016 y 2017, que están por debajo del ritmo de las inversiones necesarias para mantener la actual calidad del servicio individual.

¿Qué se quiere decir con esto? Que esta es la realidad de UTE. No me refiero al eslabón de la generación, sino al eslabón fundamental relativo a la calidad del servicio que se brinda a la población; me refiero al de la distribución, trasmisión y comercialización. Esto se supone que tiene que integrar el análisis. Creo que no puede quedar subsumido, disimulado y ocultado debajo de la circunstancia de que el aumento tarifario estuvo por debajo de la inflación y entonces las tarifas bajaron en términos reales, a pesar de que se maximizó la ganancia y se duplicaron las transferencias –ya no el resultado de la empresa– a rentas generales.

Me gustaría que el ingeniero Moncecchi nos aclarara –porque no lo hizo– si los números que aparecen en este cuadro del informe de la Ursea son correctos o no. Se habla de ingresos proyectados para el año 2019 por USD 1.843:000.000 en números redondos y egresos incluyendo el costo de la demanda de USD 1.117:000.000. Se habla de un compromiso con el Gobierno de USD 458:636.000. ¿Esa es la transferencia que está proyectada? ¿Ese es el aporte? No estoy haciendo un juicio de valor; solo pregunto para saber. Como decíamos al comienzo esta instancia es para obtener información, para que el Poder Ejecutivo nos explique a los legisladores y a la población si esto es lo que está proyectado como contribución para solucionar el déficit fiscal.

He señalado que hay un problema fiscal; esto lo reiteró el ministro y todos lo sabemos. Podríamos analizar las causas por las que llegamos a estar en esa situación, pero eso es parte de lo que discutimos todos los años con el señor ministro en las rendiciones de cuentas, y no pretendo abrir el debate ahora. El dato objetivo es que el déficit fiscal es el más alto de los últimos treinta años, y las proyecciones de crecimiento para este año no permiten augurar un desempeño de la economía tal para que eventualmente podamos controlar o abatir este déficit.

No soy economista y por supuesto que de esto el señor ministro de Economía y Finanzas sabe mucho más por razones obvias, pero hay opiniones de analistas independientes que coinciden en esta preocupación. ¿Cuál es la transferencia pactada? ¿Cuánto le va a aportar UTE a rentas generales y a las cuentas públicas en el año 2019? Creo que sería muy interesante que tuviéramos una respuesta concreta en relación con ese aspecto que he mencionado.

En el último invierno quedaron expuestos problemas en UTE con relación a la distribución, trasmisión y comercialización. Este tema lo discutimos con el ingeniero Casaravilla –lamento que no haya venido– en la Comisión de Industria, Energía y Minería en el mes de octubre y no tuvo más remedio que corroborar la autenticidad de este informe. Reitero que lo que estoy leyendo es un informe cuya verosimilitud el señor presidente de UTE terminó confirmando que efectivamente existe. Tan así es que a partir de él la presidencia y el Directorio de UTE hicieron una gestión ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas logrando, aunque relativamente tarde, un refuerzo en la inversión en el área de distribución. Se supone que esto permitiría –corriendo de atrás y después de esa pérdida de la calidad que ya constataron los servicios– reforzar la inversión en esta parte de la cadena a los efectos de enmendar la situación.

Sobre la tarifa general simple, el señor ministro nos aclara que va a llegar a los pequeños y medianos empresarios. No me quedó muy claro –porque en ese tema no se detuvo mucho– cuál fue el sentido de la aclaración que pidió el Directorio de UTE. No sé qué contestó el Poder Ejecutivo, pero evidentemente lo que ocurrió en la práctica no condice con lo que anunció y comunicó a la población el 28 de diciembre. A esta altura eso es lo menos preocupante porque es muy claro que ha habido algunas dificultades en la implementación; por algo el Directorio de UTE debió aprobar una nueva resolución y decidió consultar al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Poder Ejecutivo para determinar el alcance de la exhortación referida al descuento que estaría en vías de implementarse.

Entonces, señora presidenta, seguramente tengamos diferencias conceptuales, pero creo que es muy importante que la opinión pública sepa lo que a mi juicio a esta altura está claro: las tarifas de UTE aumentaron por debajo de la inflación, pero los números de UTE indicarían que está en condiciones de absorber el incremento de los costos, y no solo eso, sino que eventualmente estaría y ha estado en condiciones –en el pasado reciente– de trasladar esos beneficios a la población, circunstancia que llegó a plantearse, pero que por alguna razón nunca se concretó.

Creo que está muy bien también que el señor ministro de Economía y Finanzas diga –y que lo ratifique después el señor ministro de Industria, Energía y Minería– que en el caso de los combustibles, más allá de las cuestiones que hacen a la política tarifaria y a la semestralidad con la que se analizan las tarifas –tema harto discutible–, se trata de un criterio que ha decidido adoptar la actual Administración. En otros países se practica de manera diferente en beneficio del consumidor, pero aquí se ha descartado esa posibilidad y eso es lo que se deduce de lo que el señor ministro de Industria, Energía y Minería acaba de señalar. Más allá de eso, está claro –lo dijo el contador García el 28 de diciembre, lo ratificó el señor ministro Astori ahora e implícitamente también lo corroboró el señor ministro de Industria, Energía y Minería– que los combustibles no han bajado, entre otras cosas, porque los datos de la empresa pública Ancap y la realidad de deterioro patrimonial que se ha vivido durante todos estos años indican que esa circunstancia sigue latente, sigue presente y, por lo tanto, sigue proyectando sus efectos y consecuencias sobre el nivel de precios que tenemos en el Uruguay e imposibilita trasladar a los precios los beneficios derivados de la disminución de costos en cuanto a la cotización del precio del petróleo.

Estos son los comentarios que nosotros queríamos formular. Tal vez, la pregunta concreta que replantearíamos o que ha quedado planteada a partir de todo lo que dijimos antes y de lo que se nos ha contestado y comentado es que sería bueno saber cuál es el nivel de transferencia que el tesoro nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas y rentas generales esperan de las empresas públicas para el ejercicio que acaba de comenzar y cuánto se proyecta que sea el aporte a las cuentas públicas durante el año 2019. Además, quisiera saber si esta cifra que aparece aquí de USD 458:000.000 de contribución de UTE es exacta, es correcta –personalmente, me he afiliado a ella, porque aparece en un informe de la Ursea– y si efectivamente duplica –como aparentemente lo hace– las contribuciones y transferencias que UTE vertía hace cinco años a rentas generales y supera por USD 100:000.000 las contribuciones de los años 2017 y 2018, que según la información que manejamos fueron de USD 350:000.000 y USD 380:000.000, respectivamente.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Señora presidenta: me interesaría hacer un par de comentarios respecto a los precios y a la capacidad de bajar la tarifa. Primero que nada, me parece que conviene repetir la aclaración general que hizo el señor ministro de Economía y Finanzas: si algo sube por debajo de la inflación y del nivel de salarios, no es un invento técnico decir que se puede comprar más que antes con eso. Así es como se maneja a nivel real: si baja menos que la economía en su conjunto, se trata de una baja.

Ahora bien, si queremos bajas reales, podemos mencionar una: bajó el 20 % –esto es, un quinto– la tarifa de las pequeñas y medianas empresas que pagan tarifa general simple. Esta es una rebaja real e inmediata; pagan un 20 % menos que en diciembre.

Respecto a la consulta sobre UTE, como dije en la anterior intervención, se trata de un detalle de implementación que no tiene nada que ver con el aspecto general de la tarifa, sino con la duda respecto a si un tipo específico de cuentas debería estar incluida o no, y la respuesta es que sí, que es todo lo que está indicado en tarifa general simple, baja. Hago esta apreciación, porque hay algún tipo de tarifa general simple que no corresponde estrictamente a las pymes, pero se trata de un detalle de ajuste técnico que no impidió que se ejecutara todo.

Respecto al informe de la gerencia de operación que maneja el señor legislador, quiero decir lo siguiente. El señor legislador dice que esta es la realidad de UTE, pero no es así; esa es la realidad de un informe interno operativo de UTE. Entonces, asumir como la realidad una visión que es de parte de una institución, no parece ser de recibo. Al margen de eso, sí tenemos datos que son públicos e internacionales, como los de inversión e infraestructura, que en los últimos dos períodos fue del orden de los USD 3.000:000.000. Por su parte, en los informes de calidad de servicio que hace la Comisión de Integración Energética Regional de América Latina, Uruguay siempre queda en los primeros lugares. ¿Eso quiere decir que no se trabaja en mejorar la gestión? No; justamente UTE está todo el tiempo intentando mejorar esa calidad de servicio, no solo desde el punto de vista de infraestructura, sino también de cómo gestiona eso, pero esos son datos objetivos.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR ABDALA.- Gracias, señora presidenta y señor ministro. Quiero precisar lo siguiente. Me parece que el ministro no puede decir que el informe que acabo de leer –no digo que sea su intención despreciarlo o minimizarlo, pero en los hechos por esa vía lo relativiza– es de una parte de la UTE y, en tal caso, no necesariamente refleja la realidad.

¿Cómo no va a reflejar la realidad, si este es un informe de la Gerencia de la Dirección Operativa –de la que depende la Gerencia de Distribución y Comercial– considerado oportunamente por el directorio? El Directorio de UTE se hizo eco de la realidad que este informe planteaba y resolvió ponerlo en conocimiento del Poder Ejecutivo, de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cómo voy a considerar que es un informe de algún servicio o de algún gerente que no necesariamente refleja la realidad de la empresa –nada menos que en los aspectos vinculados con distribución y comercialización– cuando el propio ingeniero Casaravilla, con quien analizamos esto hace pocos meses –no estaba el ingeniero Moncecchi, pero sí la ingeniera Otegui– nos dijo que efectivamente era verdad, que el informe era real? Además, agregó que en función de eso se habían hecho gestiones con el Poder Ejecutivo con relación a un rezago en las inversiones, nada menos que en el área de distribución que se arrastraba desde el año 2015 y que recién en el «actual año 2018» –como nos dijo en octubre del año pasado, cuando vino– se había acordado con el Poder Ejecutivo reforzar la inversión en estos sectores. Si mal no recuerdo, nos habló de un refuerzo de la inversión de unos USD 12:000.000 para invertir en esta área. Entonces, no se puede decir que este es un informe de una parte que no necesariamente refleja la realidad, porque en ese caso no tengo más remedio que creerle al informe, que creerle a Casaravilla cuando vino en octubre y dijo lo que mencioné y, por lo tanto, subestimar lo que ahora el señor ministro me está diciendo. Reitero, no quiero juzgar intenciones, pero el señor ministro me lleva a ese terreno cuando hace estas cosas. Creo que esto es categórico, contundente, y por otra parte es lo que la población ha visto en los últimos tiempos y lo demuestran las reacciones que los usuarios han tenido con relación a la calidad del servicio, por ejemplo, en el último invierno, donde se dio una situación de interrupciones de energía eléctrica muy por encima de lo habitual y frecuente.

Me parece que era necesario hacer esa precisión y le agradezco mucho al señor ministro por la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Para cerrar este tema, señora presidenta, quisiera mencionar el número de inversiones como dato relevante. En el período anterior, solo en distribución comercial, han sido quinientos cuarenta y seis millones, y en este período, quinientos millones.

Efectivamente, como bien dijo el señor legislador, ha habido un refuerzo en cuanto a inversión en infraestructura. Me parece que es un dato que aporta a la información.

Solicito se autorice el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Gracias, señora presidenta.

Quiero comenzar señalando que estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que la necesidad de hacer este análisis en términos reales lo agote. Nunca he dicho lo contrario. Por supuesto que comparto el hecho de que no se agota el análisis con ese aspecto, pero es absolutamente fundamental porque tener en cuenta nominalmente una discusión sobre tarifas puede conducir a conclusiones erróneas que, con todo respeto, creo que son conclusiones en las que, de alguna manera, incurre el señor legislador convocante cuando valora las consecuencias del comportamiento tarifario sin tener en cuenta este aspecto fundamental. Lo planteo porque esto produce efectos económicos, sociales y políticos que deben ser tenidos en cuenta.

En primer lugar, quiero señalar mi acuerdo con el hecho de que no se agota el análisis, que hay que discutir un conjunto de aspectos y de factores que trascienden los términos en que son consideradas las evoluciones de las tarifas.

(Ocupa la presidencia la señora Constanza Moreira).

–Pongo un ejemplo de otras cosas que no agotan el análisis. El señor legislador Abdala ha insistido una y otra vez diciendo que tenemos los precios de energía más altos de la región, pero en ningún momento analizó la calidad del servicio comparada con otros países de la región.

Para empezar, Uruguay es un país donde todos los habitantes, sean consumidores o productores, pagan tarifas similares. En otros países, de acuerdo con la ubicación regional del consumidor, se pagan tarifas diferentes, y ellas tienen efectos diferentes sobre la sociedad. Esto responde al hecho de que los niveles de calidad del servicio en uno y otro país de los comparados no son iguales. Nosotros no podemos, por ejemplo, poner el acento en que tenemos precios de la energía más caros que en Argentina y en Brasil si no consideramos la calidad que en esos países tiene el servicio del que estamos hablando. Entonces, tampoco se agota el análisis repitiendo, una y otra vez, que somos caros, que somos el país que brinda servicios de mayor precio en cuanto a los temas de la energía.

El segundo comentario que quiero hacer es que no me parece un buen método de discusión el hecho de hacer alusiones sobre intervenciones aisladas, fuera de contexto y correspondientes a una situación del país totalmente diferente. Sin embargo, voy a estar de acuerdo con lo que citó el señor legislador Abdala porque yo sostuve –en la cita que él utilizó– que las empresas públicas no deberían ser instrumento de recaudación. Y sigo pensando exactamente lo mismo, pero no solo pensando, sino haciéndolo. Porque si tenemos en cuenta una de las primeras gráficas en las que se comparaban los precios con los costos de las empresas públicas, nadie puede decir que se están utilizando como herramienta de recaudación. Digo esto porque los números dan otra cosa; los números dan, en la comparación entre tarifa y costo, una conclusión absolutamente contradictoria con el uso de las empresas como elemento de recaudación.

Finalizo respondiendo al dato de las transferencias, las que van variando –me refiero a la transferencia de UTE, a la tesorería– en función de lo cambiante de la realidad. Por ejemplo, en el caso de UTE, el grado de hidraulicidad del período es decisivo para explicar cuánto transfiere y cuánto no transfiere. El 2017 fue un año de alta hidraulicidad y eso se reflejó en las transferencias que hizo UTE a rentas generales en 2018 y que ascendieron a USD 340:000.000.

Ahora bien, el señor legislador Abdala preguntaba por las proyecciones hacia el futuro. Yo voy a dar la cifra de esa proyección en el supuesto –ahora no tengo cómo corroborar– de que vamos a tener una hidraulicidad media de acuerdo con los promedios históricos del país. Esto es, no vamos a tener ni sobrecosto energético por baja hidraulicidad, ni subcosto energético por alta hidraulicidad. Tomamos un promedio. Con ese promedio, la cifra que estamos manejando es de USD 82:000.000.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Constanza Moreira).- Tiene la palabra el señor legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Quisiera hacer una aclaración relativa a un aspecto que recién comentaba el señor ministro de Economía y Finanzas. Además, creo que tenemos pendiente otro asunto que tiene que ver con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y con Ancap.

En primer lugar, me parece muy bueno que nos pongamos de acuerdo en cuanto a que el análisis de este tema con respecto a la inflación no agota la discusión. Yo lo reivindiqué, el señor ministro Astori hizo acuerdo con esa afirmación y me alegro, más allá de que, por supuesto, después tengamos diferencias en cuanto a la valoración de la realidad, a la interpretación de los hechos y de las decisiones que el actual Gobierno ha adoptado. Con respecto a eso –por lo menos es un dato objetivo–, está claro que hay valoraciones contradictorias –o las ha habido– aun dentro del propio Gobierno en función, aunque más no sea, de las expresiones públicas de quienes estuvieron al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, por un lado, y del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por otro.

Ahora bien, el aspecto que quiero comentar tiene que ver con otra cosa que dijo ahora el ministro Astori. Por supuesto que yo tampoco agoto la discusión de otro aspecto basada, exclusivamente, en la circunstancia de que tengamos la tarifa eléctrica más cara de la región. Desde luego que ese es un elemento. Pero creo que para analizar en tal caso lo que representa tener la tarifa más cara de la región, por supuesto tenemos que analizar la calidad del servicio, el alcance, los niveles de cobertura, la circunstancia que el señor ministro postulaba en cuanto a la ausencia de precios diferenciales, todos elementos muy favorables.

Sin embargo, también tenemos que analizar lo otro. Yo me detuve largamente en el análisis de un aspecto que es medular en cuanto a la calidad del servicio que los uruguayos reciben o dejan de recibir en lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en estos años en el área de la distribución. No quiero repetirlo pero, precisamente, lo que intenté establecer, señora presidenta, era una relación ante una circunstancia objetiva: pagamos USD 265 el megavatio por la tarifa residencial, mientras que en los demás países de la región se paga sensiblemente menos que eso. En algunos países, tales como Argentina y Paraguay, el megavatio se paga muy por debajo de los USD 100. Sin embargo, a cambio de eso los uruguayos recibimos un servicio, de acuerdo con las gerencias competentes de la UTE, de escasa o muy baja calidad.

No voy a repetir todo lo que leí antes, pero está dicho. Quiero reafirmarlo. Esto también es parte del análisis. Cuando se nos dice, por ejemplo, que todos estos años ha restado muy poco monto para atender las renovaciones por obsolescencia de equipos, que no se ha atendido apropiadamente la adecuación de la red a los cambios de consumo, y que esto ha enlentecido o paralizado acciones tales como el cambio de tensión de la red de Montevideo, sustitución de postes, es decir, una serie de elementos –agrego estos a los que nombré antes–, entonces, evidentemente, allí hay una inconsistencia, una contradicción o un agravamiento en la ponderación del precio que pagamos cuando la contrapartida es esta calidad en el servicio que recibimos. Eso también es parte del análisis.

Por lo tanto, corroboro lo que dice el señor ministro y comparto el criterio. Tanto lo comparto que creo que este es el análisis que también debemos hacer a la hora de realizar una valoración de los precios.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Constanza Moreira).- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Simplemente para no ser menos y para ser equitativos en el uso de la palabra.

Culminando esta ronda de intercambio, quiero señalar que las orientaciones que en esta materia han tenido las empresas públicas, y en particular UTE, así como la visión que se ha practicado desde el ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a los efectos de la política energética sobre la sociedad en su conjunto, son absolutamente coincidentes –diría que totalmente coincidentes, más allá de alguna declaración e incluso de algún informe escrito, que respetamos mucho, por cierto– y asientan esa coincidencia en lo que ha sido uno de los cambios estructurales más importantes que ha tenido este país en los últimos tiempos. Me refiero al cambio profundo e igualmente estructural de su matriz energética en beneficio de la sociedad en su conjunto. Eso es lo que en definitiva se transforma en el factor de coherencia y consistencia, en este caso entre la empresa UTE y la posición que sostiene, y seguirá sosteniendo, el Ministerio de Economía y Finanzas.

Muchas gracias.

SEÑOR GOÑI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Constanza Moreira).- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR GOÑI.- Señora presidenta: seré muy breve.

Quiero hacer una reflexión que no puedo callar ni soslayar, sobre todo siguiendo el razonamiento y la definición que hacía el señor ministro de Economía y Finanzas en cuanto a que no puede analizarse o abordarse el tema de las tarifas públicas solamente en función de su costo y de su aspecto nominal, sino que debe tenerse en cuenta otra cantidad de factores.

El aspecto que más me preocupa, señora presidenta, es la pérdida o el deterioro de competitividad que tiene el país, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que muestran el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

Ayer recibimos en una de las comisiones de la Cámara de Representantes al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, que asistiera por el tema del cierre de la empresa Colgate Palmolive, y que planteó el tema del riesgo inminente en la destrucción y pérdida de puestos de trabajo. Incluso mencionaron algunas empresas que ya están anunciando su cierre o la reducción de personal en sus plantillas por un tema de competitividad. Por esa razón valoramos –más vale tarde que nunca; nos enfocamos en lo positivo– esta rebaja o reducción del 20 % que venimos reclamando hace mucho tiempo, tal como es de conocimiento del señor ministro de Industria, Energía y Minería. Por ejemplo, cuando se plantearon algunas rebajas para la industria láctea pedimos que fueran aún mayores y permanentes. No es lo mismo una rebaja transitoria porque no le da seguridad ni certeza al empresario. Valoramos este 20 % que de alguna forma nos demuestra que podía haberse abordado este tipo de medidas bastante antes de que muchas empresas cerraran y de que se destruyeran muchos puestos de trabajo.

Más allá de todas las consideraciones que hoy se han hecho, debe hacerse un esfuerzo mucho mayor para seguir buscando, a nivel real o de la forma que sea, una reducción del costo de las tarifas para la producción industrial, tanto para los servicios como para el comercio, y no solo para las empresas establecidas. Lo digo porque conocemos a muchísimos emprendedores o potenciales emprendedores que miran estos costos tarifarios o miran el costo país de alguna forma como un obstáculo o un freno para iniciar sus empresas.

Por todo eso hoy queremos aprovechar para reclamar a los ministerios de industria y de economía un mayor esfuerzo en el manejo del costo de las tarifas, factor que tiene mucho impacto en el costo de las empresas y que lamentablemente determina, reitero, el deterioro de la competitividad, lo cual nos lleva a este nivel de desempleo que por cierto crece y nos preocupa a todos.

(Ocupa la presidencia la señora Ivonne Passada).

–No queríamos dejar de hacer este reclamo. Valoramos, reitero, esta rebaja o descuento comercial del 20 % para las pequeñas y medianas empresas aunque consideramos que llega un poco tarde y por ello reclamamos un mayor esfuerzo. Más allá del análisis planteado por los señores ministros de que la suba de tarifas es menor al costo salarial o incluso a la inflación, entendemos que no es un argumento suficiente, sobre todo cuando vemos que ese costo tarifario está llevando al cierre de empresas o a la destrucción de empleos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR POZZI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR POZZI.- Señora presidenta: espero también ser breve.

Creo que este intercambio que hemos tenido en la Comisión Permanente a instancias del señor legislador Abdala ha sido enriquecedor para todos nosotros y para la sociedad en su conjunto.

Es notorio, y no podemos dejar de reconocerlo, que tenemos diferencias. Si nos ponemos a analizar –como un actor frío, por fuera de la situación–, vemos que las dos partes tienen en este aspecto una cuota de razón, de acuerdo a cómo se encaran las cosas. Tiene razón el señor legislador Abdala al decir que las tarifas en términos nominales han subido, al igual que el Gobierno, que tiene una consistencia de trece o catorce años, al entender que las tarifas públicas han bajado. Es más, en estos catorce años, en los que se ha dado un contexto donde el salario real de los trabajadores ha subido permanentemente, entendemos que las tarifas públicas empiezan a pesar cada vez menos en los bolsillos de los contribuyentes. Además, aquí se aportaron datos de cómo se ha tratado, a través de estas mismas tarifas, de justamente cuidar y dar más oxígeno al sistema productivo uruguayo, al que se refirió el señor legislador Goñi.

Es cierto que en este último tiempo se ha dado un deterioro en el empleo. Hace unos días vimos cifras que indican que entre 44.000 y 47.000 compatriotas se han quedado sin sus puestos de trabajo. Sin embargo, debemos poner todo dentro de un contexto, porque de trescientos mil puestos de trabajo que nosotros habíamos creado, hay todavía doscientos sesenta y pico de miles que aún se mantienen. Por lo tanto no tenemos que ver esto como una catástrofe.

Es cierto que han cerrado empresas, pero el otro día escuché al ministro Murro decir dónde se cerraron. Es cierto que hay un cierre más grande de empresas en el sector agropecuario que en industria y comercio. No hay un cierre masivo de empresas sino que, según los datos que el ministro Murro daba, hay un crecimiento de las empresas que están trabajando y aportando.

En el país siempre hubo problemas, crisis, momentos en los que determinadas empresas deciden que no van a producir más en el Uruguay, pero hay otras que deciden hacer sus planes de inversión y encarar la producción en nuestro país. ¡Vaya si hay en este país incentivos para esa instalación!, y no solo en el precio de las tarifas. Es decir, hay una ley de inversiones que las empresas utilizan y una serie de herramientas que tienen en cuenta a la hora de invertir, y no solamente influye el precio de las tarifas.

Señora presidenta: este ha sido un intercambio productivo en el que todos nos hemos enriquecido mucho, más allá de que nosotros tenemos opiniones y visiones diferentes en algunas cosas. Nosotros creemos estar en el camino correcto. También es interesante que desde dentro del ente energético –la UTE– haya determinados informes que me parece que responden a una coyuntura en la que hubo cortes eléctricos en algunas zonas de Montevideo, en un momento determinado. Pero creo que este verano se batió dos veces los récords de consumo, sin cortes eléctricos para la ciudadanía. Quiere decir que algo ha pasado entre octubre y enero y los problemas pudieron ser subsanados, de tal manera que a pesar de que hubo picos de consumo, nadie se quedó sin corriente eléctrica. Eso hace también a la calidad del servicio que se brinda, cosa que el señor ministro Astori ponía en el tapete cuando hablaba de los precios en Argentina, Brasil y Uruguay.

No tengo mucho más para agregar, señora presidenta. Creo que ha sido un evento que nos ha enriquecido a todos y también a la opinión pública. Seguramente en este punto seguiremos teniendo sanas discrepancias con la oposición y esperamos que en algún momento podamos ponernos de acuerdo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se ha agotado la lista de oradores.

SEÑOR ITURRALDE.- Tengo pendiente mi intervención, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor legislador, pero no lo tenía anotado en la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor legislador Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- No lo habíamos conversado previamente, señora presidenta, pero di por descontado que esta sesión se iba a desarrollar en dos tiempos, es decir, que en primer lugar iba a desarrollar su planteo el señor legislador Abdala y que posteriormente trataríamos el otro asunto. Por consiguiente, estaba esperando que culminara la discusión del primer tema para comenzar mi exposición.

SEÑORA PRESIDENTA.- El Reglamento es muy concreto en ese sentido. El llamado es por convocatoria de un legislador; usted tiene la palabra por el término de los quince minutos que le corresponden.

SEÑOR ITURRALDE.- Seguramente, señora presidenta, se me omitió algún tema, porque creí que, al desarrollarse esta sesión en régimen de comisión general, no era de aplicación esa norma.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los señores legisladores recordarán que en el día de ayer, cuando comenzamos la sesión, explicamos cómo funciona la Comisión Permanente y señalamos que se rige por el Reglamento de la Cámara de Representantes. El único orador con tiempo ilimitado es el miembro convocante, que en este caso es el señor legislador Abdala; quienes intervengan con posterioridad disponen de un tiempo de quince minutos.

Tiene la palabra el señor legislador Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- Si me permite, señora presidenta, por una cuestión de orden quiero discutir en primer lugar el tema reglamentario y realizar mi exposición después.

El régimen de comisión general de la Cámara de Representantes no incluye esas limitaciones. Me parece que eso es así. De todos modos, podemos tener diferentes interpretaciones, como sucedió en el día de ayer cuando usted no quiso dar lectura a la moción final.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted está cuestionando a la Mesa?

SEÑOR ITURRALDE.- No, no estoy cuestionando a la Mesa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo planteo porque usted está haciendo referencia a un punto que ya fue aprobado en el día de hoy y va a ser incluido en el orden del día de la próxima sesión.

Vamos a dar lectura a los artículos correspondientes del Reglamento.

SEÑOR ITURRALDE.- Si me permite, señora presidenta, quiero aclarar nuevamente que no estoy cuestionando a la Mesa. Estoy dando mi punto de vista acerca del Reglamento y creo que tengo derecho a hacerlo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léanse los artículos correspondientes del Reglamento.

SEÑOR PROSECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 52.- Los asuntos serán discutidos en general y en particular.

En la discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto, a objeto de resolver si la Cámara debe o no ocuparse de él.

Los Representantes no podrán, salvo caso de rectificación o aclaración de lo ya expresado, hablar más de una vez ni por más de quince minutos en la discusión general…».

«Artículo 33.- La Cámara podrá constituirse en Comisión General para deliberar sobre algún asunto arduo y complicado que exija explicaciones preliminares.

La Cámara también podrá constituirse en Comisión General a fin de oír los informes que, acompañados del Ministro del ramo, deban dar los Directores de Servicios Centrales, Autónomos o Descentralizados, sobre el funcionamiento de sus respectivos organismos. En este caso, para que puedan concurrir los mencionados Directores, será necesario el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de la Cámara.

Lo establecido en el inciso precedente no regirá para los casos de interpelación o investigación parlamentaria.

En Comisión General no se tomará decisión alguna, salvo las relativas a su propio funcionamiento, y en cuanto a la forma y extensión de sus debates regirá el artículo 52».

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Iturralde, en el uso de sus quince minutos.

SEÑOR ITURRALDE.- Señora presidenta: el régimen de comisión general, como lo dice el propio Reglamento, es de comisión, y en las comisiones no existe limitación, pero dado que ya estamos acostumbrados a que la mayoría parlamentaria utiliza sus votos y resuelve las cosas más allá de lo que pueda decir el Reglamento o la propia Constitución, vamos a hacer uso de la palabra y nos vamos a acotar a los quince minutos.

Resulta bastante difícil poder analizar en un plazo tan breve este tema y también me cuestiono en este momento si el señor ministro de Industria, Energía y Minería habrá venido con la información necesaria porque me imaginaba que, por lo menos, iban a estar presentes los miembros del Directorio de Ancap para brindarla. Supongo que eso será así; por consiguiente, voy a pasar a analizar el tema de fondo con las restricciones que se me han impuesto, que considero irregulares.

El objeto de este llamado es analizar por qué razón el Directorio de Ancap no puso en conocimiento de la Justicia hechos irregulares que, en mi opinión, están configurados en el Código Penal como ilícitos penales.

En este caso, los funcionarios deben denunciar los hechos ilícitos y, además, más allá del procedimiento que corresponde con relación a la denuncia de los funcionarios, hay un comportamiento ético que los servidores públicos debemos tener al analizar en qué se gasta el dinero de terceros y cómo se justifica. Sabido es que desde hace muchísimo tiempo dentro del Estado –y no solamente en el Uruguay ni en estos últimos Gobiernos– ha venido existiendo un proceso de funcionamiento de la Administración pública que se denomina «fuga» o «huida» del derecho administrativo y del derecho público.

No sé si puedo seguir, señora presidenta. Quizás haya algún inconveniente.

Muchas gracias por su atención, señora presidenta.

Naturalmente que en este caso lo que reclamamos es un funcionamiento adecuado del Estado y un correcto manejo de las finanzas públicas. Por lo tanto, sostuvimos y seguiremos sosteniendo la necesidad de que haya contralores por parte del Tribunal de Cuentas y todos ellos de acuerdo con lo que está previsto en nuestra Constitución.

Más allá de algunas disquisiciones que podamos hacer sobre el derecho penal y con relación a su rigidez, quienes administran dineros públicos han entendido, de acuerdo a un derecho penal liberal, que a los administradores de sociedades privadas de propiedad del Estado no les serían aplicables las normas sobre delitos contra la Administración pública. Es muy claro que este tema está regido por el artículo 188 de la Constitución de la república.

Por consiguiente, se debe aplicar la misma rigidez que se aplica a los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. No es necesario aclarar que se debe actuar con honestidad; va de suyo. Deberíamos tenerlo claro. Además, nos reafirma en nuestra posición la actuación que hemos visto tanto por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública –que ha sido por demás rigurosa en el análisis de la actuación de quienes estaban al frente de ALUR y de Ancap, que no controlaban este tema–, como del propio fiscal que en ningún momento señala que no hay delito, sino que aclara que no va a poner en marcha la pretensión punitiva del Estado –pero no dice que no exista delito–, y justifica las razones que lo motivan.

En virtud de que estos ámbitos rozan lo ético, lo moral y lo político, naturalmente, tengo que traer a colación la actuación que tuvo esta cámara en el juicio político donde, a menos de una semana de que la persona cuestionada fuera sancionada severamente por su fuerza política, levantó las manos para exonerarlo de todos los cargos. Todo eso requiere un análisis pormenorizado y mucho más a fondo, cosa que hemos venido haciendo y continuaremos haciendo porque este tema nos preocupa. En ese sentido, he presentado a la luz pública una ampliación de la denuncia contra el señor senador De León y he pedido que se dé traslado al Directorio de Ancap a los efectos de saber por qué no se dio noticia de un hecho relevante para el señor fiscal; tanto, que él mismo señala que es una de las razones principales por las cuales no ha pedido el procesamiento. Son, todos, temas por demás importantes.

Naturalmente, los funcionarios deben denunciar cualquier hecho con apariencia delictiva y seguramente, dada la forma de analizarlos en ámbitos jurídicos, cuando los mecanismos legítimos y legales nos impiden cumplir a cabalidad y profundamente nuestro cometido, asistimos a cuestiones jurídicas que no quiero calificar aquí porque no vendría al caso hacerlo y desviaría la atención sobre el tema. Quisiera poder discutirlo, y no me voy a cercenar ya que de esta manera apenas voy a poder introducirme en el fondo del asunto.

Creo que lo principal que debemos analizar hoy son las razones por las cuales Ancap no denunció un delito del que estaba en conocimiento, no denunció hechos irregulares señalados tanto por los tribunales de conducta de los partidos políticos como por los fiscales y por esta cámara. Todas esas irregularidades ameritarían que se aplicaran los artículos del Código Penal que establecen que deberían ser puestas en conocimiento de la Justicia.

Probablemente, si pidiéramos a la Administración pública información sobre cómo debemos proceder, no habríamos actuado como cuando pedimos los informes a estudios contratados por fuera. Esa es una de las buenas preguntas que deberíamos hacernos como administradores públicos: ¿por qué, teniendo tantos abogados –cientos, quizás miles– trabajando en el Estado, pedimos los informes afuera? Quizás sea en un intento de buscar informes que nos satisfagan más que los que pueden dar aquellos funcionarios que conocen a fondo la temática. Esa es una cuestión que tiene que ver con el manejo de la Administración pública; cada uno sabrá por qué lo hace.

De todos modos, cuando hay pérdida para el Estado, malversación de fondos, cuando se gasta indebidamente, cuando todas esas cosas suceden, la Administración pública puede tomar dos caminos: denunciar lisa y llanamente y esperar qué contestan los fiscales y jueces o empezar a buscar reparos para no realizar la denuncia. Creo que el deber del buen gobernante es denunciarlo inmediatamente para que pueda actuar la Justicia sin límites, cosa que no pudo suceder en este caso, aunque fue reclamado por el fiscal. Por consiguiente, me gustaría tener conocimiento de las razones por las cuales entiende el señor ministro que no fueron denunciadas todas las irregularidades y por las cuales ese ministerio no observó el accionar de los integrantes del Directorio de ALUR y aprobó una actuación plagada de irregularidades.

Para finalizar, señora presidenta, quiero decir que están en conocimiento del señor fiscal una serie de irregularidades que tienen que ver con el protocolo de uso del avión de ALUR. Esto también tiene que ver con la malversación de fondos. Cada vez que se utilizaba ese avión en provecho propio se ponía en marcha un andamiaje con un gran costo para el Estado, lo que debe ser regulado de acuerdo a derecho. No puede ser que cualquier ciudadano lo utilice como quiera, lo utilice de noche, con amigos, sin que se sepa si pasa por Aduanas, por la Dinacia o por Migraciones y que, además, todos esos vuelos coincidan con lo investigado por la Justicia sobre la ruta K.

Es cuanto tengo por decir, por ahora.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor ministro de Industria, Energía y Minería puede hacer uso de la palabra.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Me gustaría ceder el uso de la palabra al doctor Ignacio Berti, director de Ancap, con quien hemos trabajado en el tema en conjunto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Berti.

SEÑOR BERTI.- Señora presidenta: quiero, en primer lugar, saludar a todos los presentes y agradecer la oportunidad de permitirnos comparecer en este recinto republicano para dar explicaciones y rendir cuentas sobre aspectos que tienen que ver con la función pública que hemos desarrollado tanto en el Directorio de Ancap como en el de ALUR.

Creemos que no siempre tenemos la oportunidad de venir a explicar claramente las razones por las cuales se toman ciertas decisiones. En ese sentido, estamos muy contentos de estar hoy aquí presentes.

Para comenzar, realizaré un relato genérico que pretende dar respuesta a las inquietudes planteadas por el señor legislador Iturralde. Luego, trataré de contestar algunas de las apreciaciones o comentarios directos o indirectos que aparecen en su alocución y que, de alguna manera, tienen que ver con la ética del directorio o con el cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios que, a mi juicio, no puedo dejar de contestar.

En lo que tiene que ver con el asunto que hoy nos convoca, mi comparecencia obedece, en parte, a mi condición de abogado e integrante del directorio, porque entiendo que es un tema jurídico complejo. Si bien el tema se puede abordar desde diferentes aristas, ya sean políticas o económicas, la evaluación que en su momento hicieron los Directorios de Ancap y de ALUR sobre los hechos y denuncias fue estrictamente jurídica. Por lo tanto, ese será el enfoque que voy a dar a mi alocución. Como ustedes saben, los directores estamos para cumplir actividades totalmente ajenas a la actividad política.

En ese sentido, me parece importante dejar en claro de qué manera este directorio, que en cierta forma asumió tardíamente sus funciones –como todos recordarán, es un directorio que vino a sustituir al anterior–, tomó conocimiento de este tema. Cuando el señor legislador Iturralde pregunta por qué no se hizo la denuncia, hay que ver bien qué es lo que está preguntando. Me imagino que querrá saber por qué no la hicieron antes o después. Entonces, ante la pregunta de por qué no lo hicimos antes, quiero responder que nosotros tomamos conocimiento del tema que nos convoca a través de un pedido de informes tramitado por el señor senador Mieres. Esto fue lo que puso sobre la mesa del Directorio de ALUR el asunto concreto que nos ocupa. Por lo tanto, es imposible denunciar hechos que no se conocen. A partir del momento en que llega el pedido de informes –más adelante voy a relatar las actuaciones que cumplió ALUR en este sentido–, tomamos conocimiento de los hechos y de la documentación que los respalda. En consecuencia, es importante señalar y dejar clara la actitud de ALUR –y en forma indirecta el Directorio de Ancap– respecto a este tema. Ante la sugerencia del señor legislador de que se tuvo una actitud prescindente o soslayante, quiero decir que no fue así y que, por el contrario, fue absolutamente positiva ya que no solo dimos respuesta al pedido de informes original, sino que a partir de ese momento cumplimos con una cantidad de instancias judiciales y de otro tipo, agregando documentación y demás. Incluso, me atrevería a decir que la totalidad de la información y de la documentación que hoy está archivada en el expediente penal fue proporcionada directamente por ALUR. Obviamente, las partes también hicieron su aporte en el ejercicio de su defensa.

El 12 de junio de 2017 recibimos un pedido de informes del señor senador Mieres, el 21 de julio de ese año le dimos respuesta; el 31 de octubre, cuando todavía estábamos procesando la información y tratando de desentrañar el tema, abruptamente se presenta la denuncia penal por parte de los legisladores del Partido Independiente en el juzgado competente. Con posterioridad a esto se hicieron más actuaciones; algunas son de periodistas y otras de personas que estaban interesadas en el tema. Menciono esto porque son cosas que dificultaron el trabajo, ya que había que darles satisfacción y cumplir con los plazos de presentación de la información.

El 15 de noviembre de 2017 recibimos una solicitud de información de parte de la Jutep y el 21 de noviembre –tan solo seis días después– nos llegó un oficio del juzgado de crimen organizado competente, por el que se requería una gran cantidad de información adicional. El pedido de la Jutep fue respondido el 28 de noviembre, es decir, en menos de quince días y el 10 de diciembre presentamos al juzgado especializado la totalidad de la documentación que ALUR y Ancap poseían con relación al uso de las tarjetas corporativas.

Posteriormente, el 3 de enero de 2018, llega una solicitud de ampliación de la información de la Jutep, la que es satisfecha por el Directorio de ALUR. Asimismo, se llevaron adelante una infinidad de actuaciones, además de las judiciales y las vinculadas a la Jutep, que también fueron satisfechas dentro de los plazos legales. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con dar a conocer la situación, aclaro que no pudimos hacerlo por la simple razón de que no estábamos enterados. El legislador Iturralde concordará conmigo en que nadie, por más funcionario que sea, puede ser obligado a denunciar un delito o presunto delito que no conoce o siquiera sospecha. En consecuencia, con respecto a esto, entiendo que no nos cabe ningún tipo de reproche, sino que, por el contrario, quiero que quede claro que la actitud del directorio siempre ha sido la de cumplir, colaborar y facilitar la documentación necesaria para esclarecer los hechos.

A su vez, en nuestro ámbito de trabajo, también intentamos esclarecer los hechos y entender la situación para poder determinar claramente las responsabilidades que podían desprenderse de todo esto. Sin embargo, una vez realizada la denuncia penal y comenzado el trámite, no hay ninguna razón para que el Directorio de ALUR concurra con una nueva, sobre todo teniendo en cuenta que todavía estaba analizando algunos aspectos.

Una vez cerrado este capítulo que pretende demostrar cuál fue nuestra actitud o conducta frente al caso concreto, me interesa referirme al contenido del dictamen fiscal. Hubo muchas declaraciones de prensa y de distinto tipo, en un sentido y en otro. Concuerdo con el legislador Iturralde en que alguna declaración de prensa formulada por la fiscalía puede dar lugar a dudas. De hecho, a nosotros nos generó ciertas dudas y por eso solicitamos pedidos de informes jurídicos fuera de ALUR. Aclaro que no lo hicimos para preparar una respuesta –como sugiere el señor legislador–, porque no nos interesa hacerlo –y nunca nos interesó– con respecto a ningún tema. Lo hicimos porque las declaraciones posteriores a la decisión de la fiscalía –que ahora voy a relatar– generaron ciertas dudas en algún integrante del directorio, sobre si a pesar de eso no se debería actuar.

No me quiero adelantar al resultado de esos informes porque me voy a referir a ellos más adelante, pero sí me quiero detener en algo fundamental. No estoy de acuerdo con la afirmación del señor legislador en el sentido de que la causa fundamental –esa fue la palabra que utilizó– para que el fiscal no resolviera formalizar a los imputados fue la falta de denuncia de ALUR. Si fuera así, estaríamos ante un error jurídico grosero, ya que el fiscal de ninguna manera necesita de la denuncia del imputado para abrir un procesamiento respecto de cualquier persona investigada. En consecuencia, que se diga que esa puede ser una razón fundamental no tiene sustento jurídico. Comparto con el legislador que eso puede dar lugar a reflexiones y esa es la causa de que lo hayamos analizado y estudiado el caso penalmente. Para ello contratamos a un abogado externo que nos diera todas las garantías de imparcialidad con respecto a esto. Buscamos una mirada externa y calificada, que recayó en el profesor Gustavo Bordes, quien elaboró el informe cuyas conclusiones vamos a compartir más adelante.

En consecuencia, no es cierto que el argumento fundamental del fiscal para no procesar fue la falta de denuncia. Es más, los argumentos manejados por el fiscal en su dictamen van en un sentido totalmente contrario a eso. Lo mismo se aplica a las versiones de prensa y lo aclaro porque entiendo que allí alguien puede encontrar algún elemento para decir lo contrario. Tengo aquí –cualquiera puede escucharlo– el reportaje que se le hizo al fiscal en Radio Carve el 8 de marzo de 2018. En el minuto once y treinta el fiscal reconoce claramente que el delito de apropiación indebida se persigue de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que el supuesto damnificado no tiene la obligación de hacer la denuncia y que el fiscal sí la tiene. No se puede leer este tema jurídico de la siguiente forma: si es de oficio puedo o no investigarlo. No, si es de oficio debo investigarlo. En este caso, el fiscal lo investigó y concluyó en su dictamen que no había responsabilidad penal respecto al indagado. Esta opinión puede ser compartida o no, pero eso no forma parte de nuestra presentación; quiero dejarlo bien en claro. El fiscal está obligado a pronunciarse sobre ese delito; el fiscal consideró ese delito de apropiación indebida y expresó claramente que no se configuraba. Eso está escrito en el dictamen fiscal, que es al que debo atenerme.

Por lo tanto, con todos esos argumentos, cae por su peso tal afirmación. Es cierto que el fiscal en algún reportaje lo dijo; no sé por qué lo dijo, pero pienso que se confundió o que, leído en su contexto, lo que quiso fue reforzar el otro argumento que él utiliza en el dictamen, que es el basado en el principio de lesividad del derecho penal. Lo cierto es que en su dictamen lo consideró, como así también que no estaban dados los supuestos para atribuir la comisión de un delito de apropiación indebida.

Rápidamente voy a mencionar cuál es el contenido del dictamen fiscal.

En lo que tiene que ver con la posibilidad de atribución de responsabilidad por alguno de los delitos atribuibles a los funcionarios, el fiscal fue claro en sostener que la persona indagada en este caso no revestía la calidad de empleado público y, por lo tanto, no le era aplicable ninguno de los tipos o figuras penales. Eso no es solo un capricho del fiscal, sino que está previsto expresamente en un artículo del Código Penal, que deja afuera –por no incluirlos en el elenco de los funcionarios que pueden ser considerados a los efectos de su responsabilidad penal– a los directores o representantes de las sociedades administradas por los entes autónomos o los servicios descentralizados. Más allá de que tal vez sea un tema que deba debatirse en este ámbito –esa no es mi competencia–, realmente están expresamente excluidos de la responsabilidad del empleado público.

El otro argumento es el siguiente: si no se aplica la calidad de empleado público, evaluemos la responsabilidad particular. Es así que el fiscal maneja una cantidad de argumentos por los cuales no tipifica, mejor dicho, no atribuye la comisión de un delito de apropiación indebida. El fiscal no refiere en su dictamen a que no hubo denuncia, lo que dice es por qué no pide el procesamiento. Ahí vemos algunos argumentos como, por ejemplo, la ausencia de reglamentación expresa en el uso de las tarjetas corporativas –no había un reglamento claro en la empresa ALUR que regulara cómo se usaban esas tarjetas–, la ausencia del requisito de rendir cuentas –no había una norma interna de la empresa que obligara a rendir cuentas– y la inexistencia del rubro viajes y misiones oficiales, por lo cual no puede atribuirse ni analizarse la eventual apropiación indebida desde esa óptica. Otro de los argumentos son los aspectos subjetivos como la acreditación casi total de los comprobantes que respaldan los gastos del indagado y la suficiente acreditación del motivo de sus viajes. Es decir, el fiscal tuvo por bien acreditado los viajes y las oportunidades de los gastos.

También están los principios de congruencia, de lesividad del derecho penal y de intervención mínima. Esta fue una frase muy efectista, basta con buscarla en Google para comprobar que es la primera que aparece y allí se puede leer que el fiscal dijo que por $ 1500 no mandaba a nadie a la cárcel. ¿Por qué? Porque partió de la base de que la documentación y los comprobantes agregados al expediente daban por acreditados los gastos en los que se incurrió. Respecto a esos $ 1500 que no estaban reflejados, el fiscal aplica el principio de lesividad, que es un principio rector del derecho penal. Este planteo no nos sorprende en absoluto a quienes somos abogados.

El fiscal dice: «… los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida».

Con todos estos argumentos que emergen del dictamen fiscal, creo que no es sostenible afirmar que la falta de denuncia de ALUR fue el elemento fundamental para que el fiscal no pidiera el procesamiento. Es verdad que ALUR no hizo la denuncia, pero no conocía los hechos. Después de que terminó el proceso, a la vista de las resoluciones, se analizó extensamente por todos los integrantes del directorio, tanto del Directorio de Ancap como el de ALUR, y, con el informe de la asesoría jurídica interna de ALUR, más los informes jurídicos externos recabados, concluimos en que la presentación no correspondía.

Además, había una razón de Perogrullo. Alguien hace una denuncia arriba de otra archivada cuando tiene algo nuevo para agregar. Si hubiéramos encontrado algún documento nuevo o alguien hubiera venido a declarar algo o algún hecho que realmente enervara esta afirmación del fiscal, sin duda, ahí hubiera jugado nuestra obligación de funcionario de denunciar. En este caso, no se configura ni por asomo –lo digo con todo respeto– la obligación a la que alude el señor legislador.

En definitiva, la denuncia fue hecha por el Partido Independiente. ALUR –y esto nos parece muy importante– tuvo una actitud, una conducta activa durante el proceso, facilitando toda la documentación que se le requirió –documentación que luego fue a parar al juzgado, porque el fiscal pidió la remisión de esos antecedentes–, tanto por parte de la Jutep como la documentación directa y complementaria solicitada por el juzgado. Por lo tanto, no se puede decir que ALUR hizo caso omiso o miró para otro lado.

El señor legislador aludió a que se trata de un tema ético de los funcionarios, pero no lo es. Creo que la alocución del señor legislador confunde conceptos jurídicos que son diferentes. Los señores legisladores lo saben mejor que yo, pero una cosa es la responsabilidad política –que la pueden juzgar en este ámbito– y otra es la responsabilidad administrativa. El señor legislador habla de un tema que me interesa mucho –que tiene que ver con la cátedra de Derecho Constitucional, que integro desde hace dieciocho años–, que refiere a la huida del derecho administrativo, y concuerdo totalmente con ese enfoque. Estoy de acuerdo con que hay que tener mucho cuidado con el problema de la huida del derecho administrativo, pero esta no tiene nada que ver con el derecho penal, que es un derecho específico, que es la ultima ratio. Las normas de derecho penal no deben mezclarse con las normas de derecho administrativo. Si el Parlamento considera que la responsabilidad de esos funcionarios debe ser ampliada, tiene los resortes para hacerlo, pero la ley hoy indica que los funcionarios que están en esta situación no son pasibles de responsabilidad penal. Por lo tanto, la actuación activa de ALUR en el proceso; la inexistencia de hechos o de documentos nuevos que no hubieran sido incluidos por las partes, por ALUR o por la Jutep; la ausencia de documentación que permitiera determinar si efectivamente los gastos denunciados respondieron, o no, a gastos de representación; esos elementos más los informes jurídicos que recibimos –y que por supuesto están a disposición–, nos llevaron a concluir que no tiene sentido hacer la denuncia. ¿Por qué? Precisamente, porque sopesamos el argumento menor de la falta de denuncia expresada en los medios por el fiscal –en algunos, porque en otros dijo que no era necesaria la denuncia–, con los demás elementos manejados por la fiscalía, y concluimos que aun en el caso de formulada tal presentación, no lograría conmover un ápice la decisión del fiscal. Incluso cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen a menos que deshiciera todo lo que ya había realizado. Para resolver o deshacer los otros fundamentos que largamente ya expliqué acá, no tenemos ningún otro elemento para agregar.

Con esto, señora presidenta, dejo más o menos en claro cuál ha sido nuestra postura. Acá no se fabricó nada; no hay aspectos éticos; no salimos a buscar informes jurídicos porque los servicios internos sean ineficaces, sino todo lo contrario, tanto ALUR como Ancap tienen excelentes servicios jurídicos, pero en algunos casos es necesaria una mirada nueva, una mirada refrescante y además especializada en derecho penal. ALUR no tiene dentro de su staff un abogado penalista y tampoco lo tiene Ancap. Esta fue la presentación general de las razones por las cuales ALUR no formuló la denuncia que el señor legislador Iturralde reclama.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ITURRALDE.- Pido la palabra por una cuestión de orden. Además, porque he sido aludido varias veces y quiero aclarar varios puntos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ITURRALDE.- Quiero pedir a la Mesa que dé lectura a los artículos 1.º y 6.º del Reglamento de la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léanse los artículos 1.º y 6.º del Reglamento de la Cámara de Representantes.

(Se leen). 

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1.º.- El actual Reglamento interior de la Cámara de Representantes, servirá provisoriamente, en cuanto pueda aplicarse, para la Comisión Permanente, con las alteraciones y adiciones que se expresarán en los siguientes artículos».

«Artículo 6.- La discusión general será libre».

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que seguimos con claridad cómo tenemos que funcionar en esta sesión. El señor legislador Iturralde puede hacer las preguntas que correspondan por la vía de la aclaración y si no, el señor legislador Abdala…

SEÑOR ITURRALDE.- Usted es la dueña del proceso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le voy a solicitar al señor legislador que se ciña a lo que dice el Reglamento. Lo hicimos desde un principio y esas son las reglas que tenemos para actuar y que nos dan garantías a todos. Como recién leía el señor secretario, el propio Reglamento de la Comisión Permanente es provisorio. Capaz que nos tenemos que llamar a mejorarlo o a darle la mayor coherencia al momento del debate. Hasta ahora es clarísimo: el artículo 1.º sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente, en el momento del debate y la discusión, nos remite al Reglamento de la Cámara de Representantes. Nos hemos regido por él durante todos estos años, cada vez que tenemos la Comisión Permanente.

Por lo expuesto, le solicito al señor legislador que haga uso de la palabra por la vía de la aclaración. Cabe decir que el señor legislador proponente –que en este caso es el señor legislador Abdala– tiene tiempo ilimitado. ¿Está aclarado el punto?

SEÑOR ITURRALDE.- El artículo dice que la discusión es libre, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a repetirlo porque parece que no logramos entendernos. Para el resto de los legisladores, y para la Mesa, es clara la interpretación en el sentido de que nos estamos rigiendo por el Reglamento de la Cámara de Representantes. Todos tenemos en claro cómo funciona la Comisión Permanente. También fui presidenta de la Cámara de Representantes y sé cómo aplicar el Reglamento.

SEÑOR REUTOR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR REUTOR.- Sin duda estamos dando un debate con un señor legislador que debe conocer cuál es el Reglamento de la cámara. Nosotros apoyamos a la Mesa y le solicitamos que le permita al señor legislador hacer uso de los quince minutos que le corresponden, aunque ya los utilizó, para que haga las preguntas que requiera y que se rija realmente por el Reglamento que fue mencionado anteriormente y que todos conocemos.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor legislador Iturralde ya hizo uso del tiempo de que disponía. Informo que no fueron utilizados en su momento. Ahora seguimos con el régimen de aclaración y si el señor legislador proponente quiere, puede hacer alguna pregunta, pero si no, como no tenemos más temas nos veremos obligados a levantar la sesión.

SEÑOR ITURRALDE.- Más allá de mi discrepancia con la interpretación que se hace, si se va a aplicar el Reglamento, pido la palabra por una alusión, para pedir aclaraciones y para hacer preguntas sobre el tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ITURRALDE.- En primer lugar, solicito que se haga una consulta a la Dirección Jurídica del Parlamento sobre cómo debe aplicarse el Reglamento para este tema.

Señora presidenta: acá hay varios temas arriba de la mesa y todos tienen que ver con la denuncia penal. Lo primero que quiero plantear a quien me ha precedido en el uso de la palabra, al señor director de Ancap, es que obviamente no pretendo tener la verdad, sino que doy mi punto de vista. No lo digo como un sabedor, sino pensando junto con vosotros, si usted me permite.

Me sorprende mucho el hecho de que no se conocieran todos estos temas hasta que el señor senador Mieres hiciera el pedido de informes. También me pregunto por qué hay que tener miradas refrescantes y no se puede recurrir a los abogados que uno tiene. Tengo una opinión, pero como no puedo probarlo no voy a darla.

Tengo el mismo dictamen fiscal que los señores miembros de Ancap y sé exactamente lo que dice. El tema es que esto es todo un paquete completo; es un combo completo. La lógica de la huida, la fuga del derecho administrativo a la larga conlleva a la fuga del derecho penal. Aquel funcionario que es designado para administrar la cosa pública debe regirse, como dice el artículo 188 de la Constitución de la república, por el derecho público y debe ser considerado un ente autónomo. Por consiguiente, debe aplicársele todo el rigor de la ley.

Es cierto que a nivel de derecho penal, como esta es la ultima ratio de defensa, naturalmente muchas veces los fiscales y los jueces son muy reacios a atenderlo. Además de preguntarme por qué no se hizo la denuncia, me pregunto por qué no se hizo una auditoría y por qué se aprobó lo actuado con todas las irregularidades que tenía. De acuerdo al material que tengo, hubo desvirtuación de los mecanismos de control, omisión de rendir cuentas, omisión de presentar comprobantes, falta de verificación de los estados de cuenta, responsabilidad genérica respecto de los gastos y efectos de la percepción de gastos improcedentes. Todo esto que estoy diciendo no lo inventé yo. ¿Sabe de dónde salió esto? De Colonia y Ejido, del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Por otro lado, las conclusiones de la Jutep sobre este tema nos muestran una gran cantidad de irregularidades. Naturalmente que uno siempre puede, dentro de los límites del derecho, salir a asumir otros temas. Lo que creo es que acá es como Antón Pirulero, cada cual tiene que atender su juego. Si después el fiscal pide o no el procesamiento, será una cuestión de él, pero denunciar es mucho más fácil que salir a pedir informes que justifiquen por qué no debo presentar una denuncia. Denunciar es lo más fácil y lo más barato para el Estado. ¿Cuánto se paga afuera por los informes? Acá vino el fiscal. Quienes dijeron las cosas del fiscal fueron, justamente, ellos. Quienes están al frente de ALUR y manejan millones de dólares son designados por el Estado y, por lo tanto, tienen que tener todos los contralores del Estado.

¿Una norma precisa decir que no se puede gastar indebidamente? ¿Sinceramente estamos hablando de que se trata de $ 1500? Acá hablamos –y surge de los informes de la Jutep, del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y del juicio político que se realizó– de que hay, por lo menos, USD 22.000 gastados de más; reitero: hay por lo menos USD 22.000 gastados de más.

Sinceramente, esto me sorprende. No pretendo tener la razón absoluta, pero me parece que esto es parte de un mecanismo que tenemos que mejorar como Estado y, en este caso, debemos seguir adelante. En lo personal, voy a seguir adelante con este tema en la fiscalía, con las responsabilidades políticas del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Directorio de Ancap, que tienen que ponerse a tono con los reclamos acerca del buen manejo de las finanzas públicas. No se puede hacer como que no pasó nada porque aquí pasaron cosas y fueron muy graves.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Brevemente, el único comentario que quiero hacer es que el pedido por el que fuimos convocados a esta sesión refiere a por qué el Directorio de Ancap no había hecho la denuncia penal respecto al tema de las tarjetas corporativas. Entendemos que la respuesta fue dada previamente por el doctor Berti en el sentido de que eso ya estaba denunciado y ya se había colaborado en esa instancia, por lo que creemos que no tenemos mucho más que agregar al tema.

Gracias.

SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR CARBALLO.- Señora presidenta: en primer lugar, queremos saludar a la delegación del Poder Ejecutivo que nos acompaña en el día de hoy.

Obviamente, cuando tuvimos que tomar la decisión en esta comisión sobre la incorporación o no de este tema, mantuvimos algunos intercambios. La bancada tomó la decisión de acompañar la propuesta a los efectos, justamente, de que si había alguna duda quedara allí claramente planteada y demostrada y que cada uno de los legisladores y de los partidos tuviera la información de primera mano.

Escuché con mucha atención lo que planteó el Poder Ejecutivo y, evidentemente, es sumamente claro en materia de todos los procedimientos que se dieron, pero también siento la necesidad y la obligación de manifestar que no importa lo que se diga, no importa cuáles sean los fundamentos, no importa si la Justicia investigó a fondo este tema, no importa si las personas involucradas en esto fueron interrogadas en más de una oportunidad, no importa lo que diga el fiscal ni lo que diga la jueza con relación a este tema. ¡No importa! ¿Saben por qué? Porque todavía seguimos viendo a algunos actores políticos que son parecidos a los cuscos que van detrás de los sulkies, esos que son seguidores y que van en esa dirección, en esa permanente tarea, sin importar cuáles sean los elementos a considerar. Acá –y también tengo que decirlo– uno no puede adjudicar malas intenciones, pero es evidente que un día, y otro también, se va a seguir insistiendo en estos temas.

Mire, señora presidenta: en las comisiones asesoras de la Cámara de Representantes se intentó discutir este tema. Hace muy poco tiempo tuvimos un debate en este ámbito en el que opinaron los partidos políticos y hubo una resolución de esta cámara. Aun así seguimos y seguimos y hemos escuchado decir, en algunas de las intervenciones, que van a seguir y seguir. Entonces, eso deja en evidencia que no importa cuáles sean los fundamentos ni lo que se diga, ni las cifras, ni el trabajo, ni los informes, ni los porqués, ni nada, sino lo que pueda dar algún rédito político para golpear y golpear y golpear. Van a seguir en esa línea, pero no puedo meter a todo el mundo en esta bolsa; no puedo porque sé del trabajo, del compromiso, de la seriedad y de la responsabilidad de muchos de los señores legisladores.

Entonces, entiendo que de acuerdo con los fundamentos que hemos escuchado de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de los integrantes del Directorio de Ancap y teniendo en cuenta que este ha sido un tema arduamente debatido –en cada una de las instancias y por las preocupaciones que se convocó a las autoridades del ministerio para tratar el tema, como en el día de hoy–, quedó sumamente claro y demostrado que se siguieron todos y cada uno de los pasos correspondientes. Opinó el fiscal, opinó y falló la Justicia y decidieron archivar el tema porque no encontraron elementos que no dijeran que se había actuado con responsabilidad y transparencia.

Otras discusiones serán las que tendrán los partidos; el nuestro saldó este tema en la interna. De esa manera, decimos que no nos metemos en las internas de otros partidos, que cada uno resuelva y, sobre todo, en esta etapa en la que estamos en plena carrera electoral ya que el 30 de junio estaremos compitiendo, hacia dentro de cada uno de los partidos, todos contra todos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Quiero terminar mi intervención como empecé mi discurso: agradeciendo a los señores ministros por su comparecencia porque, más allá de las obligaciones constitucionales, creo que no está de más reconocer la buena disposición que han tenido al concurrir hoy al Parlamento para darnos explicaciones y contestar nuestras preguntas. Por supuesto que quedaron expuestos –como surgió del intercambio que mantuvimos a lo largo de la mañana de hoy– visiones diferentes y puntos de vista distintos. No vinimos con la expectativa de que era absolutamente necesario superar esas diferencias; nos alcanzó sobradamente con que quedaran expuestas y con que cada quien planteara la razón de sus dichos y de sus pensamientos, así como la justificación de sus posiciones.

Por lo tanto, me parece que hemos asistido –como muy bien dijo el señor legislador Pozzi– a un intercambio enriquecedor, que destaco fundamentalmente por la profundidad de lo conceptual y, sobre todo, por el tono respetuoso y por el estilo que todos hemos empleado.

Esta es la constancia que quería dejar.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: quería agradecer la oportunidad que nos ha brindado la Comisión Permanente de poder intercambiar opiniones, reflexiones e información sobre temas relevantes de la realidad nacional.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Señora presidenta: me sumo al agradecimiento de mi colega. Como dije al comienzo de mi exposición, para nosotros no es solamente un honor sino un gusto estar aquí y mantener estos intercambios, que esperamos sirvan a la ciudadanía para que pueda tener opiniones mejor informadas.

Muchas gracias.

5) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Son las 14:05). 

IVONNE PASSADA Presidenta 

José Pedro Montero Secretario

Virginia Ortiz Secretaria   

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos del Senado 

Control División Diario de Sesiones del Senado 

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.