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n.º 6 - TOMO 24 - 18 DE FEBRERO DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

COMISIÓN PERMANENTE

PRIMER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

6.ª SESIÓN

PRESIDEN LA SEÑORA DANIELA PAYSSÉ Presidenta Y EL SEÑOR RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO Presidente ad hoc

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS SECRETARIOS JOSÉ PEDRO MONTERO, VIRGINIA ORTIZ Y JUAN SPINOGLIO, Y LA PROSECRETARIA SILVANA CHARLONE

Concurren, según lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución, el señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, acompañado por el subsecretario, economista Pablo Ferreri; el director de la Asesoría Macroeconómica, economista Andrés Masoller y el asesor, economista Javier Liberman. Asisten, además, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, acompañado del subsecretario, ingeniero agrónomo Enzo Benech; el director general de Secretaría, doctor Alberto Cautelar; el encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales, contador Mario Piacenza; el encargado de Opypa, ingeniero agrónomo Adrián Tambler y el presidente de Inale, doctor Ricardo De Izaguirre.

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Recibir al señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, y al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, a los efectos de brindar información sobre el fideicomiso con la República Bolivariana de Venezuela surgido del Convenio de Brasilia de julio de 2015, el destino de los fondos emergentes de la Ley n.º 19339, de 26 de agosto de 2015, sobre cancelación de adeudos de Ancap con PDVSA. Situación general de impagos con productores en mérito al citado convenio y negocios previos. Y, asimismo, informar acerca de las medidas y las gestiones previstas para lograr los pagos adeudados y canalización de ventas futuras

5) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 16 de febrero de 2016

La COMISIÓN PERMANENTE se reunirá en régimen de comisión general, el próximo jueves 18 de febrero a la hora 9:30, a fin de recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, y al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, a los efectos de brindar información sobre el fideicomiso con la República Bolivariana de Venezuela surgido del Convenio de Brasilia de julio de 2015, el destino de los fondos emergentes de la Ley n.º 19339, de 26 de agosto de 2015, sobre cancelación de adeudos de Ancap con PDVSA. Situación general de impagos con productores en mérito al citado convenio y negocios previos. Y, asimismo, informar acerca de las medidas y las gestiones previstas para lograr los pagos adeudados y canalización de ventas futuras.

Virginia Ortiz Secretaria - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Pedro Bordaberry y Luis Alberto Heber, y los señores representantes Pablo Abdala, Macarena Gelman, Pablo González, Jorge Meroni, Adrián Peña, Juan Federico Ruiz y Alejo Umpiérrez.

Observaciones: asisten a la sesión los señores legisladores Guillermo Besozzi, Javier García, Álvaro Delgado, Felipe Carballo, Valentina Rapela, Omar Lafluf, Amín Niffouri, Alfredo Asti, Rodrigo Goñi, José Andrés Arocena y Gloria Rodríguez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9:40).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor legislador Jaime Trobo, relacionado con las características del Sistema de Registro de Armas.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR LEGISLADOR TROBO.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a los siguientes pedidos de informes:

• Solicitado por el señor legislador Alejo Umpiérrez, relacionado con la sala de emergencia del hospital de la ciudad de Rocha.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR LEGISLADOR UMPIÉRREZ.

• Solicitado por la señora legisladora Gloria Rodríguez, relacionado con la situación del Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA LEGISLADORA RODRÍGUEZ.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

• Solicitado por la señora legisladora Carol Aviaga, referido a la situación de la cuenca del Santa Lucía en una de sus nacientes en el departamento de Lavalleja.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA LEGISLADORA AVIAGA.

• Solicitado por el señor legislador Pedro Bordaberry, relacionado con la contratación de una empresa constructora por parte de la Agencia Nacional de Vivienda.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR LEGISLADOR BORDABERRY.

• Solicitado por la señora legisladora Bethy Molina Espinosa, relacionado con las áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA LEGISLADORA MOLINA.

• Solicitado por la señora legisladora Graciela Matiaude, relacionado con la causa de mortalidad de los peces en nuestras costas.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA LEGISLADORA MATIAUDE.

• Solicitado por el señor legislador Carlos Camy, relacionado con el control de impacto ambiental efectuado en la Central de Ciclo Combinado de UTE ubicada en Puntas del Tigre, departamento de San José.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR LEGISLADOR CAMY.

• Nota relacionada con las palabras pronunciadas por el señor legislador Omar Lafluf, referentes a la responsabilidad de los institutos técnicos en el proceso de construcción en la cooperativa Covidet de la ciudad de Young, departamento de Río Negro.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR LEGISLADOR LAFLUF.

(Murmullos).

4) RECIBIR AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CONTADOR DANILO ASTORI, Y AL SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA, INGENIERO AGRÓNOMO TABARÉ AGUERRE, A LOS EFECTOS DE BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SURGIDO DEL CONVENIO DE BRASILIA DE JULIO DE 2015, EL DESTINO DE LOS FONDOS EMERGENTES DE LA LEY N.º 19339, DE 26 DE AGOSTO DE 2015, SOBRE CANCELACIÓN DE ADEUDOS DE ANCAP CON PDVSA. SITUACIÓN GENERAL DE IMPAGOS CON PRODUCTORES EN MÉRITO AL CITADO CONVENIO Y NEGOCIOS PREVIOS. Y, ASIMISMO, INFORMAR ACERCA DE LAS MEDIDAS Y LAS GESTIONES PREVISTAS PARA LOGRAR LOS PAGOS ADEUDADOS Y CANALIZACIÓN DE VENTAS FUTURAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores legisladores: la Mesa pide que se haga silencio, y agradece vuestra colaboración, ya que los senadores tuvimos una larga sesión y poco descanso. El señor secretario me acota algo que es cierto: los señores diputados están descansados porque no tuvieron una reunión larga. De todos modos, vamos a tratar de llevar esta sesión con la colaboración de todos.

Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: «Recibir al señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, y al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, a los efectos de brindar información sobre el fideicomiso con la República Bolivariana de Venezuela surgido del Convenio de Brasilia de julio de 2015, el destino de los fondos emergentes de la Ley n.º 19339, de 26 de agosto de 2015, sobre cancelación de adeudos de Ancap con PDVSA. Situación general de impagos con productores en mérito al citado convenio y negocios previos. Y, asimismo, informar acerca de las medidas y las gestiones previstas para lograr los pagos adeudados y canalización de ventas futuras».

La Mesa invita a pasar a sala a los señores ministros y subsecretarios, a quienes recibe en régimen de comisión general.

(Ingresan a sala el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, y el señor subsecretario, ingeniero agrónomo Enzo Benech, y el señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, y el señor subsecretario, economista Pablo Ferreri).

–La Mesa solicita a los señores ministros que nos hagan saber su voluntad en cuanto al ingreso de asesores a sala, a fin de votar la autorización correspondiente.

SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Buenos días a todos.

Solicito el ingreso a sala del director general de Secretaría, doctor Alberto Castelar, del encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales, contador Mario Piacenza, del encargado de Opypa, ingeniero agrónomo Adrián Tambler y del presidente del Inale, doctor Ricardo De Izaguirre.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: solicito el ingreso del director de la Asesoría Macroeconómica, economista Andrés Masoller, y del asesor especializado en temas financieros, economista Javier Liberman.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el ingreso solicitado por los señores ministros.

(Se vota).

–10 en 10. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se invita a los asesores a ingresar a sala.

(Así se procede).

–Tiene la palabra el señor legislador Alejo Umpiérrez, quien se referirá a los planteos que motivaron esta convocatoria.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Señora presidenta: antes que nada, quiero agradecer la presencia, tanto del señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, como del señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, así como la actitud del Frente Amplio de acompañar este llamado a sala, porque creo que habla bien de este partido que se habilite la posibilidad de dialogar. Hay que entender que este es un tema de suma importancia que, obviamente, tiene varios puntos complejos y oscuros que corresponde analizar.

En distintos medios de prensa hemos dicho que no buscamos hacer rodar cabezas; queremos buscar soluciones. No buscamos hacer rodar cabezas por dos motivos: por la lógica matemática pura, ya que no tenemos votos para hacerlo y, además, cambiar direcciones de ministerios y ministros, eventualmente, no conduce a que se modifique la situación de fondo si no hay una respuesta política que genere soluciones.

El 9 de diciembre de 2015, el señor ministro Aguerre compareció ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y, después de hablar largamente del tema, le pregunté si había un plan B y tiré algunas propuestas al voleo. El ministro me dijo que era muy temprano, que nos estábamos adelantando. Si no recuerdo mal, su frase fue: «Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente». El problema fue que llegamos al río y no había puente. Entonces, comenzamos a ahogarnos; a ahogarnos en la inacción, en una dulce espera que no debería haber sido tal. Si bien no queremos hacer rodar cabezas sino soluciones, también debe quedar claro –muy claro– que hay que asumir responsabilidades. La política es eso: acción, consecuencias y responsabilidades. Los USD 267 millones de la deuda que tenía Ancap con Petróleos de Venezuela es mucho dinero; tanto dinero que la empresa no tenía liquidez para pagarla. La tuvo que solventar el Estado central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que tampoco tocó al Banco Central en sus reservas o Rentas Generales, sino que el día antes de que la cámara sesionara se hizo una licitación de letras por USD 600 millones, sabiendo que en pocos días se aprobaría el proyecto de un fast track que completaba el Senado y saldría la autorización correspondiente para la cancelación de la deuda que tenía Ancap con Petróleos de Venezuela. Entonces, todo este proceso no fue –como manifestó el oficialismo cuando se trató el tema de la recapitalización de Ancap– un mero asunto contable. Así lo dijeron el señor Mujica y varios legisladores del oficialismo. ¡Vaya asunto contable: USD 267 millones emitidos en deuda soberana que, obviamente, se traspasa a Ancap con la misma financiación que se tomaba la deuda! Y no solo fueron los USD 267 millones; por el tema de la deuda también hubo que pagar al exdiputado suplente de la Vertiente Artiguista señor Alejandro Steineck –exlegislador frenteamplista, hoy representante del Estado en la terminal Cuenca del Plata–, en una cuestionada transacción, USD 3.500.000 más. Entonces, lejos de ser un asiento contable, esto involucra mucho dinero, dinero que duele; tanto, que no lo tenemos hoy y tampoco lo puso Venezuela.

Como aclaración previa, creo que es importante decir –para evitar que de alguna manera el ministro Aguerre se embarque en una extensa exposición, porque no vengo a hablar de eso– que no voy a cuestionar el comercio con Venezuela. No vengo a hablar de la historia del comercio con Venezuela, que tiene cuarenta años y que a raíz del impulso ideológico en los últimos años tuvo mayores bríos y lo reconocemos. No vengo a hablar de la evolución del comercio con Venezuela. Tampoco vengo a hablar de la crisis del sector lácteo, por todos conocida, que tiene causas externas a este negocio. Tampoco vengo a hablar de la evolución de un sector de excelencia, del aumento de su productividad ni del incremento de sus exportaciones a Venezuela y de los precios conseguidos, porque es de pública notoriedad. No vengo a hablar de nada de esto.

Tampoco vengo a hablar de ideologías, porque poco me importa con quién se comercie. El comercio es el comercio. Un viejo lord inglés, Lord Acton, decía una frase que gustaba repetir Luis Alberto de Herrera: «Los países no tienen amigos permanentes sino intereses permanentes».

Entonces, lo que corresponde a los gobiernos no es preguntar con quién se negocia o se comercia por ideología, sino defender el interés nacional, y a este respecto no se defendió el interés nacional. En la negociación concreta que culminó con el pago de la deuda de Ancap a PDVSA no se defendió el interés nacional. Hubo una buena ecuación económico-financiera. Habría que analizar la tasa de redescuento, la evolución de la unidad indexada, el 2 % adicional, la pesificación de esa deuda, elementos que forman parte de un combo económico, pero, obviamente, no hablamos de la parte financiera sino de la otra parte de la cuestión, que era lo productivo. Esta era casi la otra pata central y –tal vez debamos considerarlo así– la zanahoria que se puso delante del burro. Quizá se trató de burros a los integrantes de la oposición. «Quizá» no; se nos tomó por burros.

Obviamente, la situación que estamos considerando hoy no fue la generadora de la crisis del sector lácteo, pero sí la agravó.

Vamos a desarrollar nuestra exposición basándonos en tres ejes temáticos. El primero es demostrar que el dinero debía quedar en Uruguay y que el Gobierno asumió esa carga y esa responsabilidad, a pesar de que ha sido negado, no tres veces –como el precepto bíblico–, sino muchas más por el ministro Aguerre y otras autoridades. El dinero debía quedar en Uruguay y lo vamos a demostrar.

El otro eje temático tiene que ver con algo en lo que el Gobierno ha insistido y es que este era un acuerdo entre privados. Vamos a demostrar que no había un acuerdo entre privados, sino un acuerdo de Gobierno a Gobierno.

El tercer eje pasa por demostrar que el fideicomiso –que no apareció– fue una renuncia a la defensa del interés nacional.

El dinero debía quedar en Uruguay, pero el Gobierno –es dura la palabra– estafó a la oposición y a los productores de este país. Nos estafó. Lo digo porque nos embarcó a todos en un proyecto –que acompañamos con total buena fe, al igual que los productores que creyeron en la palabra del Gobierno– haciéndonos creer que había una solución al pago de las deudas pasadas y al flujo de exportaciones a generarse en el comercio con Venezuela.

Quizá convendría explicar el proceso para que se pueda comprender a cabalidad, porque es un proceso que lentamente va teniendo un giro discursivo; a medida que la realidad cambia, el Gobierno va cambiando el discurso.

Esto empezó el 15 de abril en Caracas. El vicepresidente Sendic se reunió con el vicepresidente Arreaza. Allí se habló de un intercambio de petróleo por alimentos –es la otra pata de este negocio– y se comenzó a negociar la cancelación de la deuda de Ancap.

El 9 de diciembre de 2015, el ministro Aguerre nos dijo en comisión que este proceso había comenzado el 22 de junio, cuando se le ocurrió la muy buena idea –lo hemos reconocido– de atar la negociación de Venezuela al negocio agroalimentario. En esa visita el ministro relata –después lo refrenda el subsecretario Pablo Ferreri en sus comparecencias al Parlamento– que se creó una suerte de comisión interministerial con los Ministerios de Relaciones Exteriores; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con Aguerre liderando el grupo. ¿Con qué fin? Para generar la propuesta del fideicomiso que canalizara la producción.

Entre el 5 y el 6 de julio se produjo el inicio de este proceso. Se firmó en Montevideo, con la presencia del presidente Tabaré Vázquez, el memorándum de entendimiento con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Allí estaban nada menos que el ministro de Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, y el ministro de Finanzas Públicas de ese país, Rodolfo Marco Torres. Naturalmente, también estaban el ministro Astori, el ministro Aguerre, la ministra Cosse y un conjunto de autoridades. En ese memorando, indudablemente figura la obligación del Gobierno uruguayo de depositar el dinero del convenio producto de la cancelación de la deuda con PDVSA en un fideicomiso en Uruguay; no hay dos lecturas. Soy abogado, pero me dije: «Capaz que estoy obsesionado; quiero ver lo que no veo y termino en una suerte de mística jurídica». Lo chequeé con varios colegas, profesionales no tontos, y todos me dijeron lo mismo: «Alejo: no cabe duda». Simplemente voy a leer el memorándum. El punto 1 del acuerdo dice: «Acuerdo entre las empresas Ancap y PDVSA. Constituir un Comité de Alto Nivel que se encargará de evaluar, coordinar y definir los términos y condiciones requeridas para la cancelación anticipada por parte de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap) de la deuda no vencida que mantiene con PDVSA. Esta reunión se efectuará entre el 8 y el 10 de julio de 2015». El punto 2 establece –esta es la madre del borrego–: «Creación del Fondo de Compensación Comercial, Fideicomiso.- A través de la Corporación Venezolana de Exportación, Corpovex, con el objeto de mantener y apalancar el flujo comercial binacional, el cual funcionará como un instrumento de respaldo a los exportadores uruguayos en Bandes Uruguay –y sigue– parte de la fuente de financiamiento de este Fondo se realizará a través del pago anticipado de Ancap a PDVSA». Repito: «Parte de la fuente de financiamiento de este Fondo se realizará a través del pago anticipado de Ancap a PDVSA». Luego continúa: «[…] el cual contará con apoyo inicial de USD 50 millones hasta completar el monto de la negociación entre las dos empresas petroleras». No hay dudas: «[…] hasta completar el monto de la negociación entre las dos empresas petroleras», es decir, USD 267 millones. PDVSA hacía integraciones de USD 50 millones hasta completar el pago de los USD 267 millones que quedaban en Uruguay. Esto es por demás claro. Y agrega: «Además, dicho Fondo podrá contar con esas otras fuentes de financiamiento», porque en su momento se habló –todos los recordarán– de hasta USD 1000 millones.

Entonces, concluyendo, en este punto 2 se crea el fideicomiso que va a funcionar en Bandes Uruguay, y Ancap deberá pagar a Petróleos de Venezuela un monto inicial de USD 50 millones hasta completar el monto total del acuerdo. No hay dos interpretaciones. El señor ministro y diversas autoridades han dicho que no era obligación dejar el dinero en Uruguay, que era otro negocio independiente. No; no lo es. El memorando del 6 y del 7 de julio, de Caracas, no lo dice así. El texto es clarísimo. No hay dos interpretaciones. ¿O acaso el presidente Tabaré Vázquez se equivocó? ¿Es tonto el presidente Tabaré Vázquez? No. En la página oficial de la Presidencia de la República del 6 de julio de 2015 hay declaraciones del presidente Vázquez con respecto a este tema. La página dice lo siguiente: «[…] “Uruguay está seguro de que tiene disponibilidad para enviar estos alimentos –obviamente, producto del acuerdo–”, dijo Vázquez, quien explicó que los 300 millones de dólares quedarán depositados a través de un fideicomiso de Venezuela en la sucursal uruguaya de la institución bancaria Bandes, “como garantía de cobro inmediato ante la venta de cada producto”». Esto lo dijo Vázquez. Les voy a aclarar algo: aunque el acuerdo del 6 y del 7 de julio hubiera dicho otra cosa, la gente no lee los acuerdos y documentos que quedan archivados en un despacho ministerial. La gente escucha al presidente de la república y a las autoridades; los productores escuchan a sus autoridades. Ese es el mensaje que recibe la gente.

¿La equivocación fue de Vázquez, quizás? No. Rodolfo Marco Torres entendió lo mismo. En la misma página, en la misma nota, Rodolfo Marco Torres habla de las 265.000 toneladas de alimentos que se comprarán. Al respecto, en la página se señala: «En este aspecto, hizo hincapié en que los recursos están garantizados, lo que asegura la continuidad en el suministro».

De manera que no hay posibles errores o interpretaciones diferenciales. Creo que el Gobierno ha tratado de sostener una posición, inclusive, en contra del presidente y de los documentos. La necesidad les ha impuesto negarse a sí mismos.

Este proceso continuó el 15 de julio. En esa fecha ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de cancelación de la deuda. En la exposición de motivos se hace una referencia muy clara a todo esto. Se expresa lo siguiente: «Como contrapartida de lo anterior, Venezuela se compromete a revisar y cancelar, en caso de corresponder, las deudas que actualmente mantiene con los exportadores uruguayos». Recordemos que Vázquez dijo: «Venezuela va a honrar sus deudas». Continúa la exposición de motivos: «Asimismo se acordó un cronograma de exportaciones a partir de la oferta exportable del Uruguay para los meses entre junio y diciembre de 2015 –ese era el cronograma: seis meses–, en el sector alimentario (rubros: pollo, arroz, leche en polvo, soja y queso). Para ello, la Corporación Venezolana de Exportación (Corpovex) se comprometió a la creación de un Fondo de Compensación Comercial (fideicomiso) en Bandes Uruguay, a los efectos de canalizar los pagos de las cuentas a los exportadores antes referidos».

Obviamente, no fue entendido así en el espíritu de la ley.

El día 22 de julio, en Montevideo Portal, se publicaron declaraciones del diputado Asti sobre este tema. En la página se señala lo siguiente: «Asti indicó que el pago de Ancap se depositará directamente en el banco Bandes de Uruguay para que la Corporación Venezolana de Exportación lo destine a un fideicomiso con el que importadores venezolanos cancelarán deudas con productores uruguayos de leche en polvo, queso, arroz, pollo y soja».

De manera que el diputado Asti, una de las voces más visibles del ministro Astori en la Cámara de Diputados, también entendió lo que decía el texto.

Posteriormente, tuvimos una sesión de comisión de la Cámara de Diputados en la que comparecieron los señores Pablo Ferreri, Herman Kamil –lo destaco por la importancia de su comparecencia con respecto a otro tema– y José Coya, presidente de Ancap. En esa ocasión, el subsecretario de Economía y Finanzas no lo dijo una vez sino tres. Me remito a la versión taquigráfica: «[…] se firmó un memorando de entendimiento […] y, luego, con esos fondos, se estructura el fideicomiso con el que comenzará a pagarse el flujo de exportaciones de alimentos uruguayos. Reitero que si bien estos hechos se enmarcan dentro de un acuerdo […]. En primera instancia, con los fondos con los que Ancap cancelará de manera anticipada, se estructurará el fideicomiso con el que se pagarán las exportaciones uruguayas, además de saldar las deudas que se mantienen con algunos exportadores de nuestro país».

El señor Coya, presidente de Ancap, que estaba presente y que después terminó mandando el dinero a China, inmediatamente después de estas palabras –no quince minutos después sino inmediatamente después de las palabras del señor subsecretario– dijo: «Complementando escuetamente las palabras del señor subsecretario», y se extendió en algunas consideraciones financieras. Si dijo: «Complementando las palabras del señor subsecretario», para el señor Coya, también estaba claro que el dinero quedaba en Uruguay.

Poco después el subsecretario Ferreri reiteró: «Como decíamos, luego del pago de Ancap, esos fondos irán a la creación de un fideicomiso: el Fondo de Compensación Comercial, que se realizará a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior –Corpovex–, que es la entidad que paga las importaciones en Venezuela. Por lo tanto, a través de ese fondo estructurado por Corpovex se irá pagando a los exportadores uruguayos».

Más adelante, a requisitoria de otro diputado, el subsecretario señaló: «Tal como está establecido en el cuarto párrafo de la exposición de motivos del proyecto de ley, con el dinero que utilizará Ancap para cancelar la deuda con PDVSA se creará un fideicomiso, un Fondo de Compensación Comercial, que será estructurado y llevado adelante por la Corporación Venezolana de Exportación, Corpovex. Además, dicho fideicomiso se estructurará en Bandes Uruguay, por lo que los fondos estarán en el país, y los exportadores exportarían contra ese fideicomiso. Por lo tanto, con esa estructura no habría riesgo en cuanto a la cobranza».

Lo anterior sucedió en la comisión en la Cámara de Diputados. Naturalmente, esto siguió. Los diputados del Frente Amplio lo asumieron como propio.

En la sesión de la Cámara de Diputados hubo múltiples intervenciones de diputados. Seleccionamos algunas de ellas.

El miembro informante, diputado José Querejeta, en su intervención, señalaba: «“Asimismo se acordó un cronograma de exportaciones a partir de la oferta exportable del Uruguay para los meses entre junio y diciembre de 2015, en el sector alimentario (rubros: pollo, arroz, leche en polvo, soja y queso). Para ello, la Corporación Venezolana de Exportación (Corpovex) se comprometió a la creación de un Fondo de Compensación Comercial (Fideicomiso) en Bandes Uruguay, a los efectos de canalizar los pagos de las cuentas a los exportadores antes referidos”.- Esta es una colateralidad del convenio que va a ser refrendado más adelante –ahora estamos tratando otro tema, que es el préstamo del Ministerio de Economía y Finanzas a Ancap para adelantar el pago de la deuda–, que nos parece muy importante en este contexto, porque todos conocemos la situación que están atravesando la industria láctea y la actividad avícola; además, también se habló del arroz y la soja».

También hizo uso de la palabra el diputado Placeres. Si hay alguien que conoce de Venezuela, es Placeres. Más de ochenta viajes a Venezuela lo avalan. Para que no queden dudas, él manifestó: «Por otro lado, la mano que nos tiende el pueblo venezolano consiste en que los depósitos de esos montos queden en nuestro país –obviamente, está hablando de los montos de la cancelación de la deuda de Ancap; es el proyecto que se estaba debatiendo en la cámara, no se trata de otro dinero que fuera a venir después– en un fideicomiso en la cuenta del Bandes, como bien dijo el señor diputado Posada». ¡Claro! Otro de los estafados.

Luego hizo uso de la palabra el diputado Oscar De los Santos. En respuesta a algunas afirmaciones que se habían hecho en sala en cuanto a que este era un convenio que atacaba los intereses del pueblo venezolano, expresó: «No me refiero al acuerdo entre las dos empresas estatales, que se va a laudar porque hay mayorías que así lo respaldan, y que representa una quita importante, pero no a costa del hambre de nadie, sino a costa de un acuerdo que le sirva a Venezuela y al Uruguay –y acá viene lo importante–; a Venezuela le permite tener plata en efectivo en un fideicomiso –¿qué plata?, la que estábamos discutiendo, los USD 267 millones– para poder comprar alimentos y a nosotros asegurar la venta de millones de toneladas».

El diputado Fratti terminaba, en un encendido discurso diciendo: «Reitero que esta es una excelente negociación y es un grito a tiempo. También debemos pensar que el canciller, el presidente y el ministro de Economía y Finanzas no son unos nabos como para negociar en contra del país». Son las palabras del señor diputado Fratti, no las mías.

Lo interesante que tuvo este debate fue que a muchos legisladores nos extrañó que no hubiera un artículo 3.° en ese proyecto que asegurara el dinero, más allá del memorando escrito, más allá de las declaraciones de Vázquez, más allá de las declaraciones de Ferreri, más allá de que no lo cuestionara Coya o cualquier otro integrante del Gobierno, entre ellos el ministro Aguerre. Por eso, nos pareció que era importante dejar un artículo aditivo que ligara definitivamente esto. Lo propusimos. El Partido Nacional acompañó la redacción que hicimos de un artículo aditivo y la oposición, generosamente, nos dio su apoyo. El Frente Amplio, muchas veces tiene la costumbre de no dar explicaciones de nada –no se dieron explicaciones–, dijo que no.

Entonces, ya la sospecha empezaba a tener grado de firmeza o, por lo menos, daba como para empezar a sospechar que las cosas estaban cambiando de sentido, porque el compromiso de Vázquez y lo que decía el texto del memorando del 6 y del 7 de julio no admite dos interpretaciones. Algo estaba cambiando en el momento en que esto se votó en la Cámara de Diputados. Nuestro aditivo, obviamente, no fue acompañado; no nos dieron corte con ese proyecto.

La iniciativa pasó al Senado y, nuevamente, Ferreri fue a la Comisión de Hacienda. El 13 de agosto de 2015 –perdón, hay un detalle que importa: allí estaba presente Martín Vallcorva, o sea que no era ajeno a todo esto, a pesar de algunos tuits de los últimos días con expresiones lamentables de Vallcorva sobre este tema; estaba presente y sabía de lo que se estaba hablando– Ferreri expresa: «Este negocio es bueno de por sí; además, se enmarca dentro de un acuerdo entre los dos países, donde se habilita a que los fondos que Ancap tiene que pagarle a PDVSA constituyan un fideicomiso a través de la Corporación Venezolana de Alimentos, para garantizar el cobro de futuras exportaciones y también para el pago de otras exportaciones ya realizadas por parte de exportadores uruguayos. Si bien todo forma parte de un acuerdo en general, el negocio financiero es bueno para Ancap de por sí, y si a eso agregamos un reperfilamiento de monedas y la posibilidad de que estos fondos formen parte de un fideicomiso que asegura el cobro de exportadores uruguayos, estamos hablando de cuestiones –todas– sumamente positivas para el país en general». O sea: Se reitera lo mismo y los senadores, obviamente, volvieron a confiar en la palabra del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero no vayan a creer que esto ocurría solo en comisión, porque en la sesión del Senado vuelve a suceder lo mismo. El señor senador Martínez Huelmo fue miembro informante del proyecto y reafirmó exactamente lo mismo. Dijo: «Subsidiariamente, como es de público conocimiento y también lo expresa la exposición de motivos –estamos hablando de la futura Ley n.° 19339–, mediante esta operación habrán de cancelarse las deudas que actualmente mantiene Venezuela con exportadores uruguayos». Finalizando su exposición, el miembro informante dijo: «En cuanto al artículo 2.º, que es el relativo al fideicomiso, el señor subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas expresó en la comisión: “Además, dicho fideicomiso se estructurará en Bandes Uruguay, por lo que los fondos estarán en el país, y los exportadores exportarían contra ese fideicomiso. Por lo tanto, con esa estructura no habría riesgo en cuanto a la cobranza”». Pero esto no solo ocurría acá, porque capaz que podemos pensar que fue un malentendido a la uruguaya, en las cortitas. No, no fue así.

La República, diario no opositor, si los hay, y, por lo tanto, prácticamente sin mácula de sospecha sobre intencionalidades que pudieran haber deformado declaraciones, el 7 de julio de 2015 tomó declaraciones otra vez de Rodolfo Marco Torres quien, hablando sobre el tema del convenio de las 265.000 toneladas, dijo: «Según el acuerdo, Uruguay cancela la deuda a precios actuales con una quita de aproximadamente el 38 %, reduciendo el monto a 262 millones de dólares aproximadamente. Ese dinero, adelantó el vicepresidente de Finanzas y ministro de la Banca Pública de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, se integrará al fideicomiso que estará en la sucursal uruguaya del banco venezolano Bandes, para pagar la compra de alimentos pactada». Con esto nos quedamos totalmente tranquilos, porque ya no es, como dije antes, nuestro gobierno que entendió esto de una lectura equivocada –no fue equivocada; es lo que dice el texto–, sino que en Venezuela también entendieron lo mismo.

Creo que vamos siguiendo el hilo del razonamiento; no hay dubitación alguna. Los medios de prensa de Venezuela también entendían lo mismo. El Universal del 18 de setiembre de 2015, en una nota sobre este tema –periódico opositor y molesto con esta situación, obviamente– dice: «La diferencia, 167 millones de dólares, fue depositada en una cuenta bancaria para pagar a los productores uruguayos que exportan alimentos a Venezuela y no han cobrado por sus envíos, así como para satisfacer futuros acuerdos entre ambos Estados». Reitero: esto fue extractado del diario El Universal, del 18 de setiembre de 2015.

El día 8 de noviembre, El Nacional –tiempo después; habían pasado dos meses y seguía siendo lo mismo para ellos– respecto al fideicomiso, manifiesta: «Esta semana se anunció que estaba listo el fideicomiso que sustentará el acuerdo de pago de la deuda que tiene la petrolera uruguaya Ancap con PDVSA a cambio de 230.000 toneladas de alimentos uruguayos, por un monto de 300 millones de dólares. Por medio de este acuerdo comercial, discutido en septiembre, Uruguay enviará a Venezuela 90.000 toneladas de arroz, 44.000 de leche en polvo, 9000 de pollo, 12.000 de quesos y 80.000 de soya. De acuerdo con informaciones de agencias internacionales, Corpovex había autorizado el embarque de los alimentos». O sea: nuevamente lo mismo respecto al fideicomiso en Uruguay por el pago de la deuda. Reitero, este texto fue extractado de El Nacional, del 8 de noviembre de 2015.

Luego de votado el proyecto en la Cámara de Diputados, y antes de que se votara en el Senado –ya con la seguridad del proyecto– el ministro Aguerre viajó con una numerosa delegación de privados a Venezuela a cerrar los acuerdos con Corpovex, que iban a ser el objeto del intercambio comercial. El 30 de julio volvió a Uruguay y dio una conferencia de prensa –rodeado por los directores de todas las empresas– en la cual, naturalmente, se festejó el acuerdo mientras seguía la negociación de Ancap con Petróleos de Venezuela.

El 18 de setiembre, se firmó el contrato de cancelación de la deuda de Ancap con Petróleos de Venezuela. En ese momento, en un documento anexo, se establecen las formas de cancelación, con los pagarés y vales que se iban a liquidar, y se fija que se pagará la deuda, un monto de USD 267 millones.

Ese contrato se firmó el 18 de setiembre, y el 24 de dicho mes, cumpliendo con este, Petróleos de Venezuela giró el dinero a China, al China Citic Bank que se encuentra en Beijing. Para ello se utilizó el mensaje Swift, que es un código para las comunicaciones bancarias internacionales; entonces, hablamos de Ancap, de Petróleos de Venezuela y de USD 267 millones que se enviaron a China en cumplimiento del contrato celebrado el 18 de setiembre relativo a la cancelación de adeudos. Y esto es lo más grave, porque nadie dijo que iba a suceder eso con el dinero; obvio, ¡cómo iban a decirlo! Además, nadie dio señales de que el dinero ya no estaba en el país, de que no habría garantías para los productores y de que si exportaban se las iban a tener que arreglar solos; no avisaron. Obviamente, sé que debe haber sido una situación muy incómoda para el Gobierno explicar el giro de posición, porque el dinero iba a quedar en Montevideo, pero se transportó a más de 10.000 kilómetros de distancia, a Pekín. Pero ese ocultamiento es parte de otra situación, es otro capítulo más en la estafa, porque todos los productores estaban actuando y negociando con las garantías que el Gobierno les había dado, ya que les había dicho que los USD 267 millones iban a quedar en Uruguay. ¡Nadie les avisó a los productores! Ni el ministro Astori, ni el ministro Aguerre ni el presidente de la república, y eso es muy grave.

De todas maneras, cuando los exportadores se enteraron, tampoco tenían muchas alternativas y ya habían comenzado los flujos de exportación, ya que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca los había alentado a enviar la mercadería, aun cuando en Uruguay todavía no se había constituido el fideicomiso.

Entonces, Conaprole, alentada por el ministro Aguerre, envió embarques de leche en polvo sin que hubiera dinero en Uruguay, pero contando con la garantía del Gobierno de que ese envío sería pagado y de que no iba a haber problemas.

Con esto creo que ha quedado claro el primer bloque de la exposición: se realizó un acuerdo que obligaba al Gobierno uruguayo a dejar depositada la plata en Uruguay; eso lo sabían el Gobierno uruguayo y el Gobierno venezolano, estaba firmado en un documento, lo dijeron el presidente Vázquez, el subsecretario Ferreri, los miembros informantes, los diputados y lo repitieron los ministros Astori y Aguerre en diferentes intervenciones realizadas a los medios. Pero eso no se cumplió, y está demostrado con el giro que se realizó a China, que acabamos de exhibir y está en nuestro poder. Además, el Gobierno lo admitió públicamente recién el 21 de enero, pero no a través de Aguerre, Vázquez o Astori, sino de Sendic, quien, como dije, lo hizo el 21 de enero; después haremos algunas apreciaciones sobre este aspecto.

El segundo bloque de mi exposición pretende demostrar que se trata de un acuerdo de Gobierno a Gobierno. Al principio todos se peleaban por salir en la foto, pero ahora nadie quiere aparecer en ella, por aquello de que «las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas».

Cuando las papas empezaron a quemar, algunas voces del Gobierno salieron a decir que esos eran negocios entre privados. Inclusive, el ministro Aguerre dijo: «Nosotros armamos el negocio marco y los privados después actuaban a su libre albedrío». No, señora presidenta; esto no fue un negocio entre privados, sino un negocio de Estado a Estado, de país a país, de Gobierno a Gobierno. No fue una loca idea de algunos empresarios a quienes un día se les ocurrió ir a Venezuela a negociar. Esto fue estructurado y armado desde el Gobierno, y se hizo entre Gobiernos. Sin duda, no es como dice la senadora Topolansky, ni mucho menos como dijo días atrás el asesor Vallcorba.

Además, por ahí se dijo que estas son cosas independientes y que nada tienen que ver, como si fueran apéndices que se manejan en forma independiente, pero no es así. Inclusive, se dijo que no se podía incidir en las resoluciones de Ancap ni en las negociaciones que realizaba, ya que correspondían al ente autónomo. ¡Vamos! ¡Somos todos grandes! ¡Todos hablamos el mismo lenguaje de la política! ¡Todos sabemos! ¡Esa es una falta de respeto a la ciudadanía! ¡Cómo van a decir que es una cuestión independiente de Ancap, que se trata de la resolución de su directorio, de un organismo autónomo del resto del Gobierno! La lógica, en cualquier parte del mundo es: los presidentes deciden, y luego las dependencias ministeriales, los entes autónomos y los servicios descentralizados ejecutan esas decisiones. Eso lo acabamos de ver en Ancap: el presidente de la República pidió la renuncia de algunos integrantes del directorio, y lo hicieron, aunque se trató de la tan autónoma empresa Ancap. Es así. Y en este caso sucedió lo mismo, porque Ancap no podía actuar desligada del Gobierno. Es más: tenía que seguir sus directivas; inclusive, el ministro Aguerre y el ministro Astori tendrían que haber estado arriba de Coya, aunque trabajando en conjunto para evitar que pasara lo que sucedió. Además, la situación era tan de Gobierno a Gobierno que el vicepresidente Sendic, el 7 de julio, dijo al diario El País que el Gobierno se iba a encargar de custodiar –«custodiar»– el buen cumplimiento de las obligaciones de los exportadores uruguayos, como poniéndolos en observación y bajo capilla, pero al único que había que custodiar era al Gobierno o a él mismo.

Eso fue lo que dijo el vicepresidente de la república: custodiar para responder la demanda de Venezuela, que estaba embarcada en un proceso electoral que se llevaría a cabo el 6 de diciembre y necesitaba los alimentos en forma urgente. Y esa necesidad de alimentos para el 6 de diciembre no fue casual, sino que fue lo que llevó al Gobierno y al ministro Aguerre a alentar las exportaciones hacia Venezuela, aun cuando no estaba constituido el fideicomiso; y no hablemos de la plata, olvidémonos de eso. Como dije, ni siquiera estaba constituido el fideicomiso, pero se dijo a los productores: «Exporten; manden; hay que cumplir con Venezuela porque hay elecciones; el calendario tiene que cumplirse para llegar a tiempo y no generar rispideces».

Cuando en comisión le preguntamos al ministro Aguerre si había hecho un seguimiento del dinero del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la cancelación de la deuda de Ancap, nos dijo que no sabía lo que firmaba en su chequera el ministro Astori. Perdóneme, señor ministro: esa no es una respuesta seria. Usted no tenía que conocer la chequera del ministro Astori, sino que tenía la obligación de saber.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor legislador: por favor, diríjase a la Mesa.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Perdón, señora presidenta.

El señor ministro tenía la obligación de saber el destino de ese dinero.

Luego las cosas se empezaron a complicar, y tanto fue así que ni siquiera desde Montevideo se pudieron arreglar. Entonces, Tabaré Vázquez, el 29 de octubre, terminó haciendo una llamada desesperada desde París al presidente Maduro –otra expresión más del acuerdo Gobierno a Gobierno– para pedirle dinero de manera urgente, porque el fideicomiso se había inscripto en Uruguay el 5 de octubre, habían pasado tres semanas y no aparecía la plata, por lo que el fideicomiso estaba vacío.

Por lo tanto, ¿si no era responsabilidad de Gobierno a Gobierno, por qué Tabaré Vázquez llamó nada menos que a Maduro? Creo que todo esto demuestra, a las claras, que el Gobierno uruguayo no puede decir que fue un acuerdo entre privados.

En esa publicación del 7 de julio de 2015, decía Sendic: «Fue dura la negociación de precios. […] Ayer acordamos que el gobierno uruguayo se hace responsable del control del cumplimiento por parte de proveedores uruguayos de los compromisos que alcanzamos ayer. […] es un mercado que hay que cuidar, porque Venezuela deja de comprar algunos productos en otros mercados y se juega a que Uruguay cumpla con este aprovisionamiento».

Esta es la injerencia natural de un Gobierno que hace un acuerdo Gobierno a Gobierno. Pero no solamente el Gobierno entendió que era un acuerdo Gobierno a Gobierno, país a país: los privados también lo entendieron así.

El 30 de julio de 2015, a la vuelta de Caracas, después de haber firmado los convenios con Corpovex, en la conferencia de prensa que dio el ministro Aguerre se produjeron distintas declaraciones de actores comerciales de ese proceso. Entre ellos, el economista Hugo Pareschi, gerente general de Calcar dijo: «Por primera vez el sector de la exportación de quesos hará una venta directamente al Gobierno venezolano, dado que antes siempre se trató de acuerdos entre privados. Ello, […] nos da una enorme certeza en cuanto a la concreción de los negocios y la obtención de los pagos». Vean qué claro que es: esta es la primera vez que se hace una exportación de quesos directamente al Gobierno venezolano. Y agrega que eso da una enorme certeza en cuanto a la concreción de los negocios y la obtención de los pagos.

Ese mismo día, El Observador destacaba la participación público-privada. Los anuncios fueron realizados por el ministro Aguerre; el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Pesca, contador Mario Piacenza; el presidente de la Gremial de Molinos Arroceros, ingeniero Renato Gastaud; el integrante de la Asociación de Comerciantes de Granos y gerente de Cereoil, señor Andrés Capurro; el presidente de Conaprole, ingeniero Álvaro Ambrois, y el gerente general de Calcar, economista Hugo Pareschi.

También el ministro Aguerre entendió que era un acuerdo Gobierno a Gobierno –aunque después trató de decir que era cuestión de privados–, y lo destacó como un logro.

En una nota del diario El País, del 18 de setiembre de 2015, Aguerre dice: «[…] la concreción del operativo […] implicó un esfuerzo “muy grande de todo el Gobierno, porque es un trabajo del Gobierno nacional en pleno definido en el Consejo de Ministros, con muchísima participación del Inale, involucramiento del BROU y Ancap”». ¿Se equivoca el ministro Aguerre? No. Tiene razón. Fue todo el Gobierno y del otro lado estuvo el Gobierno venezolano. Fue Gobierno a Gobierno.

Lo mismo dijo el vicepresidente de Conaprole, señor Wilson Cabrera. El 12 de octubre de 2015 en El País –ya había pasado largo tiempo desde el 30 de julio, el dinero no aparecía en esa fecha y ya habían salido productos hacia Venezuela– se expresa al respecto: «[…] reconoció, por su parte, que el cobro “se ha demorado un poco”, pero aseguró que “somos muy optimistas porque todos los documentos están en regla” y porque hay un acuerdo suscrito entre Gobiernos».

Nuevamente, varios meses después del 30 de julio –estamos hablando del 12 de octubre–, el economista Hugo Pareschi vuelve a decir lo mismo: «Yo no sé si los embarques están demorados porque no tenemos experiencias en acuerdos de país a país […]», atribuyendo, quizás, que la demora de los embarques se debía no a los privados –obviamente–, sino a que no tenían experiencia en cosas que se negociaban a nivel de esferas de Gobierno.

En La República, el día 17 de setiembre se dice: «Según explicó Coya, las negociaciones por las exportaciones de alimentos las conduce el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

También el ministro Aguerre dijo que era un acuerdo Gobierno a Gobierno en su comparecencia a la Comisión de Presupuesto del Senado, el día 10 de noviembre de 2015. El día anterior habían llegado USD 50 millones y cuando el señor senador Delgado le pregunta cómo van a venir los otros, el ministro dice: «No estoy hablando de cuándo van a venir los otros, pero este es un convenio celebrado Gobierno a Gobierno por el que se fija una partida, una cantidad, que equivale a los 262 millones. Contra eso se están realizando las exportaciones». Después continúa con que se va a seguir cumpliendo el cronograma.

«No estoy hablando de cuándo van a venir los otros, pero este es un convenio celebrado Gobierno a Gobierno […]»; estas son las palabras del ministro Aguerre.

De esta manera, hemos terminado de demostrar, irrefutablemente, que además de que el dinero tenía que haberse quedado en Uruguay, el acuerdo era de Gobierno a Gobierno y no era una aventura de particulares, una aventura de privados que, dotados de un espíritu kamikaze, fueron a vender sus productos a zonas de peligro. Es más, todas las empresas, aquellas que supuestamente había que supervisar que cumplieran según Sendic, hicieron toda la producción que se iba a exportar a Venezuela. Conaprole todavía tiene guardados en sus depósitos más de 20.000 toneladas de leche en polvo elaboradas con los requisitos específicos vitamínicos y proteicos para el mercado venezolano, de difícil colocación en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque les dieron las garantías. A las queseras les dijeron: «Ustedes tienen un cupo de 4000 toneladas cada una, 12.000 en total». Calcar, Pili y Claldy también produjeron todo su queso para exportar a Venezuela. Exportaron 1.400 toneladas; quedaron 2600 toneladas en cámaras de frío, algunas de ellas pagando derecho de piso afuera para el mantenimiento de lo mismo, a la espera de lo que pasaba. Las empresas quedaron en una situación tan precaria que no saben si vender; primero, porque los productos están etiquetados y preparados para el mercado venezolano, con los números de registro y especificaciones concretas de esos quesos y, segundo, porque si llegaran a vender a otro destino, amén de las diferencias de precio, podría venir la exigencia de cumplimiento por parte de Venezuela, que depositara milagrosamente el dinero, y ellos no tendrían el producto. O sea que están atrapados en una dicotomía de hierro: no pueden vender y no les pagan los productos. Tienen los quesos guardados, pero corre el tiempo rumbo al vencimiento; pueden tener un año de duración, pero no son eternos. Y ese año de duración no es el año en cámara en el Uruguay, sino que también comprende el lapso que tiene el transporte en barco –veinte o treinta días– y el tiempo que tiene el distribuidor o el comprador para desaduanar en el país de destino y para distribuirlo en la red interna del otro país.

O sea que estamos yendo derecho al hecho de tener que fundir los quesos, perder el producto, perder la inversión, por este desaguisado que es responsabilidad de este Gobierno que –como dije– estafó a la oposición y a los productores que confiaron y produjeron para tener todo esto a disposición y así cumplir los convenios con Venezuela. O sea, a los únicos a los que acá había que custodiar no era a los productores –los responsables eran los productores–, sino al Gobierno, y el Gobierno, como veremos, no se custodiaba ni siquiera a sí mismo.

El tercer capítulo es el fideicomiso que, lamentablemente, nos ha sido esquivo. Nos ha sido esquivo porque el Gobierno no ha actuado con la debida lealtad institucional con la que debe actuar un Gobierno en cooperación con los demás organismos que conducen el país. No lo conocimos de manera oficial. Tuvimos que buscar otras vías para conseguirlo. Lo pedimos el día 9 de diciembre en comisión, no vino; lo pedimos en la Comisión Permanente cuando sesionó el 19 de enero, no vino. Reiteramos la solicitud el 4 de febrero, no vino. Después se nos aclaró la razón misteriosa por la cual no venía: era un convenio entre privados. ¡Diablos! Yo creí que era un acuerdo entre Gobierno y Gobierno, y acabo de demostrar que era un acuerdo entre Gobierno y Gobierno. Entonces, ¿por qué se dice que es un acuerdo entre privados? ¿Cómo el Gobierno no me puede proveer de un documento? Obviamente ¡hubo voluntad de ocultar información! ¡Obviamente! ¡No quería que viéramos el fideicomiso! ¡No quería que accediéramos a fideicomiso! Pero accedimos y lo tenemos. Y el fideicomiso, efectivamente –entre comillas– «es privado»; es celebrado entre Corpovex y el Bandes, que no son privados, son públicos, de Venezuela; son privados para nosotros, porque el Estado uruguayo, increíblemente, en el negocio que debía asegurar el pago de los productores uruguayos no está, no forma parte. Créase o no, el Estado uruguayo no es parte del fideicomiso con Venezuela. O sea que acordamos un negocio con Venezuela, el mecanismo de pago, y no estamos integrados como parte en el mecanismo de pago que es el fideicomiso, ya sea como fideicomitente o como parte de él para establecer un control sobre su funcionamiento, para tener detalles sobre el flujo de fondos, las formas de pago, para discernir de qué manera se paga. No; no estamos.

En ese error del Gobierno de entregar y de resignar el interés nacional, se dejó la voluntad del fideicomiso librada al Gobierno venezolano. Pero lo peor de todo es que en distintas instancias el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y el subsecretario Ferreri manifiestan en sus comparecencias a comisiones, que se está trabajando en el fideicomiso. Es más: el 22 de junio, supuestamente se constituyó ese grupo interministerial para trabajar en el fideicomiso. No entiendo. Que me expliquen cómo se constituye un grupo para trabajar en un fideicomiso y resulta que el Estado uruguayo no participa en el fideicomiso. El fideicomiso lo hace Venezuela entre dos entidades públicas. No quiero poner ejemplos fuera de lugar, pero vamos a plantear uno más burocrático. Es como si Venezuela, en parte inversa, dejara librado el pago que debe recibir a un arreglo entre el Banco de la República y Ancap, y lo mira de afuera. ¡Es absurdo! ¡Es absurdo celebrar un fideicomiso en el que Uruguay no es parte! O sea que Venezuela arregla con sí mismo, a través de sus diferentes dependencias gubernamentales y Uruguay la mira desde afuera. ¡Nos pasaron la pelota por los caños; abrimos las piernas para que nos pasara la pelota por los caños! ¡Es inadmisible la resignación de soberanía, de traición a la defensa del interés de la producción nacional! ¡Insostenible!

Pedimos el fideicomiso, pero, claro, ¡qué nos van a dar el fideicomiso! ¡Qué van a querer que miremos el fideicomiso! Y lo empezamos a mirar, obvio; lo leímos. Es un fideicomiso de papel, no otra cosa; puro papel. El capital del fideicomiso es USD 1. ¡Qué iban a querer que viéramos esto! Es un fideicomiso vacío, de cartón, un fideicomiso fantasma. Pero tiene más cláusulas, no solamente esa.

Cuando uno celebra fideicomisos –soy abogado y he participado en estos–, se ponen cláusulas para asegurar el cumplimiento por parte del fiduciario –en este caso, el Bandes–, o cláusulas a las recíprocas, de garantías que se toma el fiduciario frente a obligaciones asumidas contractuales con el fideicomitente, y se establecen multas. Este es el primer negocio sin multa que veo en la historia del Uruguay. O sea que si nadie cumple, si nadie hace nada, no hay nada que se pueda exigir como cumplimiento del fideicomiso; ni siquiera una multa. Claro, no tiene sentido que el Estado venezolano se exija una multa a sí mismo.

Además, hay algo que nos había llamado la atención sobremanera. Era que todas las facturas del fideicomiso de las entregas de los USD 50 millones que se les daba a los productores a medida que se iban liberando fondos, además de la constancia de la suma de dinero entregada, tenía una simple palabra: «comisión», que era del 3 %, nada más.

Quienes estamos acostumbrados a manejar fideicomisos financieros –lo comenté con otros colegas que también trabajan en el ramo– sabemos que no puede pretenderse un 3 % de costo del fideicomiso para el beneficiario, porque los costos del fideicomiso no los paga el beneficiario sino el fideicomitente; no los paga quien va a recibir el dinero. Es absurdo creer que los costos de un fideicomiso los pague el que recibe el dinero. No; el que recibe el dinero es el beneficiario y, en este caso de contrato tan particular –que no tenía beneficiarios en sus cláusulas–, el beneficiario era Corpovex; entonces, quien debería pagar es Corpovex.

¿Qué es ese 3 % de comisión? Pido que nos lo aclaren los ministros respectivos, porque en el anexo C del contrato están establecidos los costos financieros del fideicomiso.

Naturalmente, los productores no quieren meterse en problemas; lo que a ellos les interesa es cobrar, pero entre las tantas consultas que hice por ahí, sacando el cuerpo de alguna manera, nos decían: «No; deben ser los costos de funcionamiento, de fideicomiso, la parte financiera». No; el costo financiero del fideicomiso es el 0,01 % de los montos administrados por el fiduciario, o sea, por el Bandes; es decir que es la décima parte del 1 % y no el 3 %. Por lo tanto, en las boletas está viniendo un 2,99 % más de deducción bajo un rubro que no es honorarios del fiduciario, pero no se dice a quién va. Supongo que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca o el ministro de Economía y Finanzas nos podrán informar sobre esto, porque si no está en los contratos de los productores firmados con Corpovex y no está entre las condiciones del fideicomiso, ¿quién se lleva ese monto? ¿Aire Fresco está nuevamente acá? ¿Aire Fresco nuevamente está cobrando comisiones? Porque Aire Fresco estuvo en Venezuela. Aire Fresco viajó en el mismo avión que el señor ministro, con la delegación de Uruguay y participó en reuniones con el Gobierno y con productores. Aire Fresco, esa empresa ligada al MPP que tanto hemos denunciado, otra vez aparece. Y acá figura un 3 % de comisión que no tiene destinatario, que no corresponde la tenga que cubrir el beneficiario del fideicomiso, que no aparece en los contratos con Corpovex y esa deducción no está dentro del fideicomiso. Entonces, ¿para quién es esa plata? ¿O empezaremos a pensar que en esto también hay corrupción?

Creo que para los intereses de Uruguay lamentablemente hemos terminado de demostrar que el fideicomiso es una mentira, fue un invento de papel, fue un fideicomiso por un solo dólar, en el que el Gobierno uruguayo no intervino, aunque aparentemente participó en la redacción, en la generación, pero del que no es parte, no tiene control alguno del funcionamiento, de la forma como se distribuye el dinero, de cómo se gerencia, ni de nada; estamos ajenos y ausentes. Este es otro tema más que se suma.

El dinero debió quedar en Uruguay, fue un acuerdo de Gobierno a Gobierno y el fideicomiso fue contra el interés nacional, porque no participó el Estado uruguayo. Son tres puntos.

En cuanto a la salida del dinero, señora presidenta, no es chamboneada; es un zafarrancho. Lo dejaron salir; negocian con un país fundido. Esa no es una novedad, lo sabe todo el mundo. Terminó de dictar un decreto de emergencia económica. ¿Por qué el Gobierno no tomó las previsiones del caso? ¿Acaso no se sabía que si el dinero salía no volvía nunca más? No se tomó previsión alguna. ¿Por qué? ¿Por qué, señores ministros, se cambió el texto de lo pactado, que era el espíritu? ¿Por qué se cambió el texto?

¿Qué fuerza misteriosa actuó y obligó al Gobierno a cambiar lo que era un compromiso asumido documentalmente entre dos países, un acuerdo de dos naciones? ¿Qué lo llevó a cambiar sus propios dichos para dejar en offside a todos quienes declararon, como el subsecretario Ferreri, y a quienes exportaron creyendo en el compromiso del Gobierno?

Cuando a Sendic lo largaron al frente –valga la redundancia, porque, como ya dije, Vázquez no explicó el cambio por el cual el dinero estaba en China y no en Uruguay; no lo explicó Aguerre; no lo explicó Astori, sino Sendic, en solitario; lo tiraron y lo pusieron allí y que fueran los pastelazos contra él; no salió ninguno porque, obviamente, alguien había traicionado el compromiso asumido– dijo que no había habido más remedio que enviar el dinero y habló de que PDVSA había impuesto condiciones. ¿Qué condiciones tan fuertes que puede imponer un organismo estatal venezolano para cambiar la voluntad manifestada y escrita en un documento firmado Gobierno a Gobierno, Estado a Estado? Queremos saberlas. ¿Cuáles fueron las razones de mérito o de oportunidad que convencieron al Gobierno uruguayo para que el dinero se fuera a China y ustedes, alegremente, despidieran el avión que se lo llevó? Valga eufemísticamente la imagen, como si hubiera salido contante y sonante. ¿Acaso esto forma parte de otro de los desaguisados de Ancap y la presentación pública de Sendic implica decir: «Tú eres el responsable; sal al frente y explícalo tú. Nosotros hicimos esto porque tú te equivocaste»?

Esto es como lo de Ancap, que se trató ayer. Hay algunos que dicen que la causa del déficit de Ancap fue la política económica del ministro Astori para contener la inflación. Eso lo menciona el MPP y después el señor ministro de Economía y Finanzas, del Frente Líber Seregni, se defiende diciendo que no, que fue la mala política de inversiones de Ancap. Y en definitiva se equivocan, porque no es ni uno ni otro; la responsabilidad es de todos, es del gobierno. Y, en este caso, si fuera de Sendic, tampoco sería de él, sino de todos; todos están involucrados. Esto es responsabilidad de todo el Gobierno; hasta de la ministra Cosse que anteayer estuvo en este Cuerpo y se negó a contestar. Su silencio no la exonera. Participó en todo este proceso, y en la comisión interministerial formada para analizar la creación del fideicomiso. Ancap está bajo su dependencia. Los de la primera línea de responsabilidad serán Vázquez, Aguerre y Astori, pero sin duda es todo el Gobierno el que está involucrado en esto.

Quizás confiaron en que, enviado el dinero, se iba a celebrar un nuevo convenio de compra de petróleo con Venezuela, como los anteriores, y que por lo tanto quizás al fideicomiso iban a llegar partidas de USD 50 millones producto de los futuros pagos que hiciera Ancap a Petróleos de Venezuela por esos embarques de petróleo. Pero esos embarques de petróleo no llegaron jamás ni van a llegar porque no se cerró acuerdo alguno y eso debería haberlo sabido el Gobierno. Venezuela no tiene petróleo para entregar; no tiene petróleo para vender. Si confiaron en esa jugada, le erraron. Si los convencieron diciendo: «Dennos la guita que ahora la necesitamos y empezamos a dejar que quede como dinero que venga del petróleo futuro», le erraron, porque Venezuela no tenía más petróleo para entregar; tiene todos sus embarques comprometidos y más con el cambio de valor del barril, que ha dejado más endeudado a ese país porque necesita mucho más petróleo para pagar los mismos montos de dinero. Si ese fue el camino, se equivocaron.

En definitiva –empiezo a redondear mi exposición–, de las deudas pasadas, nada. Ni Conaprole, ni Tres Arroyos cobraron nada, ni el resto de las empresas que eran acreedoras no alimentarias de Venezuela. De las ventas futuras, nada; ni para atrás ni para adelante.

El Partido Nacional propuso al Gobierno que asumiera su responsabilidad en cuanto a lo adeudado, que pagara y que viera cómo recuperar ese dinero de Venezuela, con petróleo o con divisas a futuro. Estamos hablando de USD 93 millones al día de hoy, y hay un daño no cuantificable que todavía hay que ver cómo se canaliza, que es el resto de las toneladas de producto –que ya está hecho– que se va a perder si no se logra recanalizar a tiempo. Se trata de USD 93 millones. El gobierno tuvo USD 900 millones para recapitalizar Ancap; tuvo USD 300 millones para el desaguisado de Pluna. Tiene que haber USD 93 millones para salvar un entramado de más de cincuenta mil personas que giran en torno a la lechería, uno de los sectores más prósperos, más innovadores en el país desde el punto de vista tecnológico, nutrido de cooperativas, ya que el 80 % funciona a través de estas. Tiene que haber una solución para el último entramado rural de pequeños productores granjeros, cuatro mil productores de los cuales tienen menos de cien hectáreas. Hay que darles respuestas, y respuestas en serio –lo digo al señor ministro–, no medidas publicitarias; no medidas para llenar el ojo y convencer de que se les dan cosas que no se les dan.

Días atrás se emitió un decreto relativo a la exoneración del IVA a productos de consumo de los tambos que fue realmente una tomada de pelo para los productores.

Fue la reiteración de un decreto que ya existía, que había sido emitido en el pasado, con el agregado de unos escasos productos de poco uso y valor que nada generaban ni agregaban. Fue para la tribuna y no para los productores. Es decir que si hoy se anuncian medidas aquí, que sean medidas en serio y no cosméticas; no para la tribuna.

Si usted hoy anuncia medidas en esta sesión vamos a quedar muy contentos. ¿Sabe algo? Ese será el triunfo de este llamado a sala. Usted nos habrá dado la razón si eventualmente hoy anuncia soluciones para los sectores afectados. Eso será mérito de este llamado a sala y también de la militancia y la rebeldía que han manifestado en sus protestas los productores lecheros. Es decir que no nos va a disgustar si usted hoy nos da noticias, pero en serio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor legislador: vuelva a dirigirse a la Mesa, porque nuevamente se ha dirigido a los ministros o al ministro y no es lo que corresponde.

Puede continuar el señor legislador Umpiérrez.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Correcto, señora presidenta.

En definitiva, Venezuela nos jugó una mala pasada a pesar de tratarse de un Gobierno amigo. A veces pasa. Nos jugó una mala pasada y contrarió hasta las propias palabras del embajador Chirino, quien en un reportaje a La Juventud, el 8 de julio de 2015, expresó: «Uruguay nunca tendrá de Venezuela una carta oculta, nunca tendrá una acción contraria a lo acordado en una mesa y jamás tendrá un irrespeto de los hijos e hijas de Simón Bolívar y Hugo Chávez». Sin embargo, Venezuela nos ha faltado el respeto y no por problemas económicos, sino porque se llevó un dinero faltando a un compromiso asumido y, obviamente, se lo llevó porque se lo dejaron llevar de acá. Y esa es la cuota de responsabilidad que tenemos los uruguayos.

El presidente Tabaré Vázquez el mismo día en que hizo una presentación ante interesados en exportar a Uruguay en París, Francia, desde el mismo lugar que llamó a Maduro en forma desesperada por los primeros USD 50 millones, dijo que para bonanza del país el ministro Astori manejaba la economía como una ciencia y no como un casino. Yo creo que en todo el proceso en el que participó la Unidad de Gestión de Deuda –liderada por el economista Kamil y, obviamente, por el señor ministro–, en la liquidación de la deuda de Ancap, en su pago y en el dinero final que salió del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro no actuó de acuerdo con los principios de la ciencia, sino según los principios del casino y nos metió en una timba en la que perdimos mucho dinero.

Hubo una última oportunidad de salvar todo esto y de que el dinero quedara en Uruguay. Esto no es menor y es importante, por lo que pido atención. Fue el día anterior a que se firmara el convenio de cancelación de adeudos de Ancap con PDVSA en Caracas. Esto ocurrió el 18 de setiembre. Hubo una última oportunidad y fue el 17 de setiembre, en una reunión que se celebró en la tarde en la sede de PDVSA. Allí estaban presentes muchas personas, pero las más importantes eran el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino; el presidente de Ancap, José Coya; el embajador uruguayo en Caracas, Óscar Ramos; y el director de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Mario Piacenza.

Esa tarde se leía el borrador final del contrato de cancelación de la deuda. La última discusión se situó en torno a USD 33 millones: no cerraban el negocio porque Venezuela quería USD 300 millones y Uruguay ofrecía USD 267 millones. Se encontró una cláusula de transacción por la cual se hacía una posición take off en función de un futuro contrato de petróleo comprado a PDVSA.

En ese momento –esto es lo importante–, uno de los participantes de la reunión dijo: «Pero el convenio no tiene nada referente al depósito del dinero en Bandes Uruguay de acuerdo con lo firmado». Y el presidente José Colla respondió: «Bueno, ya está celebrado así y esto es lo que vamos a firmar». Allí mismo estaba Mario Piacenza, director de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura, mano derecha del ministro; él tuvo la oportunidad de no haber callado, pero calló. Después, todo cayó.

En consecuencia, la responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es muy grave. ¡Es muy grave! Esto se hizo en los descuentos del partido, y no a escondidas; no se puede decir que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca no lo supo y que se firmó en un sótano, a escondidas, entre Colla y el presidente de PDVSA. ¡No! El ministerio estaba presente, y si estaba presente tenía la responsabilidad política de defender el interés nacional de los productores y evitar que se consumara la estafa al país y a la oposición. En ese momento tenía que haber dicho: «Los USD 267 millones van al Bandes Uruguay». Pero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca calló.

El Ministerio de Economía y Finanzas, que había participado en toda la redacción del documento y en la negociación de la deuda a través de los señores Liberman y Kamil, también calló y nada dijo.

Estas son las responsabilidades que tienen. No creo que haya una explicación sencilla. Voy a escuchar cómo se explica esta traición al interés nacional, esta estafa a los productores, a la oposición y al sistema político. El presidente de la república habla mucho de hacer un diálogo social en 2016. ¡El diálogo se construye sobre la confianza, y la confianza sobre la sinceridad cuando se puede creer en la persona que tenemos enfrente! Si nos dicen una cosa, votamos en ese sentido, nos cambian, y se termina en algo distinto, es difícil construir diálogos. Así no vamos a poder construir.

Voy a hacer llegar al ministro Aguerre una hoja con algunas preguntas para que las responda.

Las voy a leer para que figuren en la versión taquigráfica. Dice así:

«1- ¿Cuándo y por medio de quién supo usted que el dinero no quedaba en Uruguay en el fideicomiso a firmarse? ¿Lo supo antes o después de que fuese girado el dinero al exterior?

2- ¿Por qué no hizo nada usted o sus representantes ministeriales en todo el proceso para evitar que el dinero se fuera de Uruguay?

3- ¿Usted participó en la redacción del fideicomiso? ¿Quiénes lo hicieron o redactaron por Uruguay?

4- ¿Por qué el Estado uruguayo no es firmante como fideicomitente o como parte del fideicomiso?

5- En el fideicomiso se debe cobrar a prorrata […] de lo exportado, hay queseras que han cobrado casi todo; otra, un poco y una tercera, nada».

Un comentario sobre esto: no queremos saber los mecanismos por los que algunos en Venezuela cobran y, otros, no; nos imaginamos.

Continúo con las preguntas: «6- ¿Por qué se alentó a empresas como Conaprole a exportar si el dinero no estaba?».

Ni siquiera estaba constituido el fideicomiso en Uruguay. «7- ¿Por qué se están descontando el 3 % de comisión en las facturas del Bandes a los productores, si los honorarios del fideicomiso son el 0,01 % por anexo C del contrato de fideicomiso? ¿Para quién es esa comisión?

8- Ante el impago, ¿por qué no se conformó una delegación de primer nivel para concurrir a Venezuela a reclamar el cumplimiento del fideicomiso?».

Señora presidenta: he finalizado mi exposición.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: antes que nada quiero decir que no corresponde agradecer nuestra presencia en esta Casa porque simplemente estamos cumpliendo con una obligación: suministrar la mayor y mejor información disponible para que el Parlamento pueda hacer un seguimiento riguroso de los temas de interés nacional. Hemos venido una vez más a eso.

Digo que hemos venido una vez más –así lo mencionaba en su intervención el señor legislador convocante– porque acerca de este proceso hubo muchas oportunidades de información al Parlamento, ya sea en las comisiones o sesiones del plenario de ambas cámaras. Es decir que durante el transcurso del desarrollo de este proceso tuvimos ocasiones de plantear con transparencia la información que entendíamos era importante tener y que el Parlamento conociera.

Ahora bien, celebro que haya algunas preguntas para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca porque prácticamente toda la intervención inicial del señor legislador convocante fue un conjunto de afirmaciones y no de interrogantes. El señor legislador convocante toma posición y además adjetiva acerca de todos los puntos que estimamos relevantes acerca de este proceso. O sea que da la impresión de que él está en conocimiento de todos estos aspectos y no necesita escuchar nuestra posición. Por eso digo que celebro que, por lo menos, haya algunas preguntas para el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Decíamos hace un momento que prácticamente toda la intervención del señor legislador ha sido una afirmación. Ha manifestado sus posiciones con respecto a estos temas.

A modo de titular, quiero adelantar dos cosas. En primer lugar, que discrepo prácticamente con todo lo que ha dicho y que hemos preparado el material para tratar de demostrarlo y, en segundo término, que antes de escucharnos ha utilizado algunas calificaciones que no puedo aceptar y que tengo la obligación de rechazar. No se puede decir que no hemos defendido el interés nacional. Hemos hecho exactamente lo contrario, pues en toda esta operación hemos defendido el interés nacional de forma permanente. No se puede decir que no hemos defendido lo «productivo» –lo digo entre comillas, porque lo estoy citando textualmente–; hemos defendido todo lo productivo porque para nosotros lo productivo es todo el país, no solo el sector lechero. Estamos convencidos de que la acción del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que por razones de especialidad estuvo enfocada hacia la lechería, fue la defensa del interés de la producción nacional. Y no voy a hablar en pasado: lo sigue siendo, porque el tema no ha terminado y seguimos trabajando y profundizando con elementos nuevos para intentar seguir defendiendo el interés nacional y el interés de la producción nacional. No podemos aceptar que se diga que hubo estafa y que nosotros somos autores o cómplices. Estafar es actuar con engaño y nosotros en ningún momento hemos actuado con engaño ni lo vamos a hacer en el futuro. Por lo tanto, rechazamos absolutamente esta calificación.

Se ha dicho que hubo una resignación de soberanía. Por lo señalado antes, también rechazamos esta afirmación. No hubo la más mínima resignación de soberanía. Hubo intentos, como decía antes, de obtener los mejores resultados para Uruguay, en defensa del interés nacional. Se ha hablado, incluso, de la posibilidad de que exista corrupción. ¿Qué puedo decir al respecto? Que rechazo la utilización de esta palabra en la intervención inicial del señor legislador. También se ha hablado de cambio de lo pactado. No cambió nada de lo pactado. De todos modos, vamos a tener que volver a explicar todos los aspectos conceptuales con los cuales partimos en este proceso, porque parto de la base, después de haber escuchado al señor legislador convocante, de que muchas cosas no están claras, y es nuestra obligación volver a explicarlas, porque si las cosas no están claras, no vamos a poder discutir de buena fe; hemos venido a discutir de buena fe pensando, antes que nada, en el interés nacional. Para discutir de buena fe debemos tener clara y rigurosa noción de lo que estamos diciendo y de los conceptos que estamos empleando. No percibí esto en la intervención inicial del señor legislador convocante.

Por lo tanto, haremos un nuevo esfuerzo por explicar todo lo relacionado directa e indirectamente, así como lo que se entienda necesario preguntar, porque estoy seguro de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dará adecuada respuesta a los planteos que se han realizado.

Si se nos permite, vamos a hacer una intervención alternada entre ambos ministerios, dedicándonos a la especialidad de cada uno, sin rehuir aquellas cosas vinculadas entre sí.

Obviamente, el punto fundamental de la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en todo esto ha sido la operación por la cual Ancap canceló su deuda de largo plazo con Venezuela por segunda vez. ¿Por qué lo había hecho antes? En setiembre de 2007 –esta historia empieza hace más tiempo que lo que planteó en su intervención el señor legislador convocante– se realizó un acuerdo de compraventa de petróleo entre Ancap y Petróleos de Venezuela. Dicho acuerdo se renovaba anualmente hasta 2015 y hoy no está en vigencia; como parte de esa renovación anual, en 2012 se hizo una primera operación de cancelación de la deuda a la luz de las condiciones establecidas, que fueron muy pero muy ventajosas para el país. Diría que, hasta donde llegan mis conocimientos a este respecto, no he conocido otro tipo de acuerdo de esta naturaleza en materia de compraventa de petróleo.

De acuerdo con el contrato del que estábamos hablando, se establece el pago al contado del 75 % de la deuda contraída entre las dos empresas y el restante 25 % conforma una deuda a quince años de plazo, con dos años de gracia, a una tasa del 2 % anual de interés. En los tiempos que corren de volatilidad e incertidumbre, se trata de una tasa realmente muy baja.

Como los señores legisladores saben, Uruguay tiene grado inversor, pero no por manejar la economía como un casino porque las calificadoras de riesgo no asignan grado inversor a quienes manejan la economía como un casino, adjetivación que rechazo absolutamente y que también fue utilizado por el señor legislador convocante. Debemos tener en cuenta que los adjetivos no confieren razón a quien los utilizan, sino los argumentos en los que se apoyan las afirmaciones que se hacen.

Menciono lo del grado inversor porque la calificación que otorgan hoy a Uruguay todas las calificadoras de riesgo –para algunas de ellas no en un escalón mínimo, sino en uno superior– determina que el país acceda a tasas de interés privilegiadamente bajas en el mundo financiero. En términos promediales, en sus salidas al mercado, Uruguay está pagando aproximadamente 5 % de interés anual en dólares. Créaseme, señores legisladores, señora presidenta, que hay muy pocos países en el mundo ¡muy pocos! que paguen una tasa de interés de este tipo. Precisamente, en ese contrato de compraventa de petróleo con Venezuela la tasa de interés es de 2 % anual; o sea, se trata de una situación positiva para Ancap.

Ya que hablo de Ancap, tengo que decir para que se entienda correctamente lo que estoy afirmando, desde hace varios meses y a pedido de la propia empresa –que como todos sabemos pasa por situaciones muy difíciles–, nuestra Unidad de Gestión de Deuda la está ayudando a cambiar la composición de su deuda, a hacer lo que los economistas llamamos un reperfilamiento de la deuda y, al mismo tiempo, una desdolarización. Como ustedes podrán imaginar, este calce de monedas entre activos y pasivos es absolutamente fundamental para una empresa que tiene todos sus activos en moneda nacional y gran parte de sus pasivos en dólares. A la luz de ese proceso de ayuda en que estamos desde hace varios meses, tomamos la decisión de hacer una nueva operación de cancelación de la deuda para aprovechar las ventajas que el contrato aludido confiere.

Por este motivo, realizamos un acuerdo con Ancap a los efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue un préstamo a la empresa para que pueda cancelar la deuda de largo plazo que mantiene con PDVSA, aprovechando una ventaja adicional que aún no mencioné. Me refiero a que esa cancelación opera por el valor actual que tiene la deuda a quince años, que hay que calcular tomando una tasa de interés de descuento, para traer los valores del futuro al valor presente. La tasa elegida fue 9 %. La sola comparación de la tasa de descuento para el cálculo de la deuda a pagar, esto es, el valor actual de la deuda a quince años con la tasa de interés que se ha venido pagando de 2 %, alcanza para percibir la enorme ventaja financiera que Ancap experimenta con una operación de este tipo.

Vamos a recordar los números porque me parece necesario, reitero, volver sobre temas ya discutidos para que queden absolutamente claros. La deuda que Ancap está cancelando con esta operación asciende a la cifra de USD 418 millones, pero como hay intereses devengados no pagados por USD 12 millones…

Pido disculpas a la Comisión Permanente porque, como se puede apreciar, mi voz no está en las mejores condiciones.

Como decía, si agregamos los intereses devengados a los USD 418 millones, llegamos a una deuda de USD 430 millones, que se cancela precisamente a través del valor presente que señalábamos hace un momento y que llega a la suma de USD 267 millones.

La comparación de tasas de interés de 2 % contra 9 % y la deuda a pagar de USD 430 millones contra USD 267 millones, creo que nos debería eximir a todos de poner en duda la conveniencia de esta operación, que para una empresa en la situación de Ancap tiene mucha importancia conceptual.

Recién hablábamos de activos en moneda nacional y pasivos en moneda extranjera. Esta operación, que consiste en un préstamo del Ministerio de Economía y Finanzas para que Ancap cancele la deuda con PDVSA la transforma en una empresa que tiene mucha mayor proporción de deuda en moneda nacional, porque lo que le prestó el Ministerio a Ancap para cancelar la deuda fueron unidades indexadas y no dólares. De modo que por esta operación, por primera vez en mucho tiempo, Ancap pasa a tener una buena proporción de su pasivo en moneda nacional.

Además de esta característica fundamental, ocurre otra cosa. Esto le permite a Ancap empezar a manejar de otra manera el perfil de sus vencimientos. Es decir, tener un mayor margen de maniobra desde el punto de vista de su pasivo para renegociar condiciones de vencimiento que le estaban insumiendo un costo muy elevado para responder a los temas. Por eso esta operación, por el lado que se la mire, es absolutamente ventajosa para Ancap, para el interés productivo, para la producción nacional y, por supuesto, para el país en su conjunto dada la relevancia de la empresa de la que estamos hablando y el fuerte impacto que esta ha tenido.

A esta reflexión –para cerrar este pequeño análisis sobre el primer punto– tenemos que agregar que con esta decisión hemos contribuido a reducir la deuda total de Ancap, que se comprueba simplemente al comparar las cifras con las que veíamos antes. Y el ministerio hizo lo que tenía que hacer, esto es, cumplir con las condiciones de esta decisión; una decisión del Gobierno en acuerdo con PDVSA a la luz de un convenio firmado hace nueve años, en setiembre de 2007.

Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo ya había tomado esta decisión surgió la posibilidad –también positiva para el país– de aprovechar, en el marco de un proceso de cooperación creciente entre Uruguay y Venezuela, recursos que promovieran el desarrollo de las relaciones comerciales entre estos dos países, particularmente en el terreno de los alimentos y más particularmente en el terreno de la producción láctea. Eso comenzó a ser estudiado a iniciativa del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que, reitero, tuvo la visión de captar en esta operación absolutamente ventajosa para el país la posibilidad de incrementar esas ventajas, articulando por primera vez la compraventa de petróleo con la promoción comercial de alimentos uruguayos en Venezuela.

Por tal razón, quiero pedir a la señora presidenta que escuchemos la primera intervención del ministro Aguerre para que señale cuáles fueron los rasgos fundamentales de su planteo inicial en el Consejo de Ministros.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Buenos días a todos.

Señora presidenta: escuché atentamente al miembro convocante que en sus palabras iniciales sugería lo que yo tenía que manifestar porque no quería escuchar intervenciones prolongadas. Lo escuché atenta y respetuosamente a pesar de algunas sonrisas, elevaciones en el tono de voz y alusiones personales, que al final de mi intervención voy a contestar.

Realizaré una presentación inicial que me permitirá fundamentar las razones –como bien decía el señor ministro de Economía y Finanzas– que nos llevaron a la conclusión y a la convicción de que teníamos que aprovechar la situación que estaba definida desde el punto de vista financiero y, por las razones que él explicó, la conveniencia de encarar este otro capítulo, no libre de riesgo porque no se equivoca el que no hace nada. Mi función es ejecutiva.

Además, quiero agradecer al miembro convocante por habernos dado esta oportunidad, quizá por primera vez en un ámbito de esta jerarquía institucional, que se vio enriquecido con la presencia de los representantes de los productores y de algunas industrias lácteas que siguieron este proceso desde el primer momento e, inclusive, antes de haberse iniciado, acompañaron la demanda y el reclamo permanente de la recuperación de un mercado que había sido determinante y que se había perdido. Por lo tanto, agradezco que nos permita tener esta visualización de una forma más completa. Agradezco que se autorice la proyección de algunas transparencias que muy rápidamente me van a permitir estructurar un mensaje, a fin de ir complementando algunas explicaciones de lo que se hizo, para finalmente contestar las ocho preguntas que realizó el miembro convocante, más otras tres que me voy a autoformular porque me parece que contribuirán a tener una visión un poco más holística de un proceso que, planteado como fue, no es otra cosa que una sumatoria de frases sueltas en distintos contextos que tienen un hilo conductor que surge de determinada interpretación, pero yo tengo otra. Así que, si me permite, señora presidenta, me gustaría que la persona que está a cargo de la proyección exhibiera la presentación que hemos preparado.

El miembro convocante habló de interés nacional; habló de no defender el interés nacional y también de no defender a los productores. Permítaseme decir que en eso yo no le doy la derecha a nadie, porque lo hago desde antes de ocupar este cargo, desde otro rol, semana a semana y viernes a viernes.

¿Y por qué es importante haber desarrollado lo que implementamos? Todos sabemos el efecto de difusión hacia adelante que tiene la lechería en la economía y conocemos los encadenamientos. Es el cuarto rubro de exportación, emplea en forma directa a quince mil personas en el ámbito rural de las cuales nueve mil trabajan y viven en los establecimientos, directamente ocupa a más de veinte mil personas e indirectamente –como bien dijo el señor legislador– entre cuarenta y cincuenta mil. Esa es la razón por la cual asumimos el compromiso de transformar algo que era una operación financiera en un instrumento que apalancara la recuperación de un flujo comercial en un mercado que había sido tan importante durante tantos años y que incidía de forma más o menos significativa, dependiendo del tipo de producción.

Cuando hablamos de la lechería estamos aludiendo a una actividad que en los últimos treinta años ha tenido una evolución del 500 % en términos de crecimiento y que tiene algunas características que deben permitirnos advertir que los problemas por los cuales lamentablemente está atravesando nuestra producción lechera hoy no surgen por lo que ha ocurrido después del convenio con Venezuela. Existen algunas razones un poco más estructurales.

Ahora bien, nosotros no estamos preocupados por el sector lechero desde julio. Como vamos a ver más adelante, tuvimos una situación de sequía y de sobrecostos por alimentación, asociada a caída de precios antes de haber perdido el mercado de Venezuela, que nos llevó a acudir a una solución legal: un fideicomiso que felizmente empezó a operar.

El trabajo que realizamos en cuanto a caracterizar a la población de productores de leche nos permite afirmar, sintéticamente, que si dividimos el conjunto de 2773 productores remitentes en tres tercios, hay una diferencia fundamental –yo diría abismal– de productividad entre el primer y el tercer tercio. Esto no pretende ser una clase de economía en materia de lechería, teniendo en cuenta las condiciones del Uruguay, pero es importante que en este ámbito se tenga claro que estamos hablando de un sector –afortunadamente en su enorme mayoría estructurado en un sistema cooperativo– que exporta el 70 % de lo que produce y que tiene una integración muy transparente de los productores a la industria. Ahora bien, en la franja de productividad básica, la producción primaria –tengamos claro que la competitividad de una cadena agroindustrial empieza a estar definida por la propia competitividad y eficiencia en la fase agropecuaria–, hemos mejorado mucho, pero, lamentablemente, todavía tenemos la media del tercil inferior en 2700 litros de leche por hectárea, la del promedio en 4300 y la del tercil superior en 6600.

Este ha sido un tema de discusión permanente en el Ministerio y en el Inale con las gremiales y con las cooperativas, porque también es importante tener presente que hay pocos sectores de la actividad agropecuaria nacional con una dispersión tan amplia entre el tercio superior y el inferior, lo cual nos dice que tenemos muchas asignaturas pendientes, muchos problemas por resolver, muchas asimetrías para corregir, pero que no es posible hacerlo si el resultado final del negocio global no termina siendo positivo. Y esta es la razón por la cual consideramos al sector lechero especialmente estratégico, pero particularmente vulnerable, cuando vinculamos productividad con escala y tenemos un conjunto de productores con un altísimo riesgo.

En la transparencia que se está proyectando se aprecia claramente que en los cuatro estratos inferiores en términos de tamaño es donde concentramos la mayor cantidad de gente que vive y trabaja en los predios, asociada a una economía de tipo familiar. Son estos productores –sin desmerecer a ningún otro– los que constituyen lo que nos ha llevado a decir que se trata de un activo social y estratégico que tiene el Uruguay. Esos productores lecheros, que no se forman en ninguna universidad –quizá pueden mejorar sus conocimientos en alguna escuela tecnológica–, tienen esa honrosa y honorable condición –lo digo siempre y lo manifesté cuando fui a la comisión–, no solo de trabajar los trescientos sesenta y cinco días del año, sino de hacerlo dos veces por día. Esa es la otra razón. No estamos hablando de la importancia de que es el cuarto rubro de exportación, de las divisas que genera ni de los encadenamientos económicos que tiene, sino de la importancia de la actitud y la aptitud de ese colectivo social, que debemos fortalecer.

En la gráfica que se está proyectando se puede ver que en los últimos años la mano de obra en la fase industrial ha tenido una evolución; ahora bien, si miramos el índice de volumen físico, el índice de personal ocupado y el índice de horas trabajadas se advertirá que en el último año hay una caída significativa del 5 % y del 6 % en el índice de personal ocupado y de horas trabajadas. Lo que está reflejando esto es que en realidad se produjo un 2 % más de leche, pero bajó el índice de ocupación, entre otras cosas porque cerraron dos plantas importantes. Casualmente, las dos tenían poca participación en un mercado tan importante como el venezolano.

Sintéticamente, para terminar la primera parte de esta introducción, pasaremos a la siguiente gráfica para ver el efecto de multiplicación o de encadenamiento que tiene la actividad lechera. Si al tarro de leche –que afortunadamente hoy no existe más, porque hay otras tecnologías– lo ponemos como producción primaria, hacia adelante multiplica por 3,37 y cada unidad adicional de crecimiento en la fase primaria tiene un efecto de multiplicación hacia atrás o un aumento de demanda de 30 %. Esos números explican por sí solos algo, a lo cual ya se hizo referencia, característico y estructural de esta actividad. Esa es la razón por la cual es un sector estratégico y por eso entendíamos que debíamos desarrollar soluciones imaginativas que apuntaran a ayudar o acompañar la demanda de los productores organizados a través de sus gremiales, representados en la institucionalidad a través del Inale, y responder a la desesperación –esa es la palabra– que manifestaban, inclusive por medio de correos electrónicos que tengo grabados y que leí al miembro convocante el 9 o el 10 de diciembre en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aun con los atrasos que se habían generado, nos felicitaron no solamente por la iniciativa, sino por la esperanza que se generaba a partir de haber recuperado un flujo comercial que no existía con Venezuela desde hace meses.

En la siguiente transparencia se señala que el sector lácteo multiplicó por siete sus ventas al exterior; ello incluye producción y precio. En esta otra transparencia podemos ver que, con variaciones, la tendencia de la remisión, aun en los últimos años y con un contexto favorable, se ha mantenido en aumento, lo que constituye un activo adicional frente a una circunstancia de caída de precios que ya tiene de sostenida prácticamente un año y medio, a pesar de lo que los productores siguen apostando, creyendo e invirtiendo, con lo cual la producción aumenta.

En esta otra transparencia puede observarse que la producción lechera creció a un ritmo del 4 % promedio. Pero si ustedes pueden advertir, hay dos tendencias: en los años 2005, 2006 y 2007 se acelera el crecimiento a un ritmo del 6 %. Obviamente, esto se explica por la siguiente lámina, que tiene que ver con la productividad por vaca, por hectárea y no con el número de vacas en ordeñe. La siguiente lámina tiene que ver con cómo visualizamos esta crisis y cómo nos paramos frente al mundo.

En la comparación internacional de precios pagados al productor, Uruguay está en el nivel del medio, pero cuando veamos la siguiente lámina podremos observar cómo desde el punto de vista de los costos de producción se encuentra también en la mitad de la tabla y somos competitivos con los países exportadores con alta producción de leche del mundo. Para entender la problemática por la que está atravesando el sector lácteo nacional no hay que interpretarla a partir del incumplimiento en los depósitos al fideicomiso constatado al día de hoy por parte de Venezuela, tema del que hablaremos más adelante. También tenemos que ver lo que hoy vale la leche: 38 % de lo que valía hace dos años. Ese no es un problema que nos deba hacer pensar que la lechería está condicionada, sino todo lo contrario. Frente a esa situación de caída, con diferentes niveles de productividad, hay algunos productores que todavía tienen escasos números a favor y, un conjunto de ellos, números en rojo. Lo importante es lo que viene.

¿De dónde venimos? Venimos de un período en el cual si analizamos un tambo promedio, después de incluir en los costos la renta de la tierra y los financieros, hay una serie de muchos años con márgenes positivos. Si a estos los miramos en términos de la siguiente gráfica, vamos a relacionar el margen bruto como porcentaje del ingreso bruto, y todos pueden observar los números. Estos son los antecedentes de la lechería y en ellos está el aumento de productividad, el aumento de la producción y la colocación comercial en algunos mercados que tienen algunos riesgos. La advertencia importante es que en esos antecedentes –siempre buscando el mejor ingreso– hemos concentrado, como veremos más adelante, nuestras exportaciones en algunos mercados.

La siguiente gráfica nos dice que estamos en un escenario de caída de los precios internacionales. No voy a abundar en detalles acerca de las razones de la sobreoferta de producción que se ha generado. La situación de la caída de precios de los lácteos en el mundo no es distinta a la de otros sectores en los que la crisis está generada por un exceso de producción. Frente a una serie de años muy buenos, se incorporaron zonas, regiones, productores y sistemas productivos que en otra condición serían marginales y que han llevado a un aumento de la producción, de los stocks. Tendremos que esperar que se reduzcan esos stocks para que los precios vuelvan a un valor razonable.

En la siguiente transparencia se observa la oscilación de los últimos meses en términos de volúmenes de producción. El mundo ha tenido dos cambios importantes: la reducción de las cuotas en Europa y, como dije anteriormente, el aumento de la producción en zonas no tan competitivas. Si bien están bajando los stocks, en una proyección de por lo menos un año y medio, prevalece una situación de oferta que va a seguir deprimiendo los precios internacionales.

En esta gráfica podemos ver cómo, dependiendo de los productos –manteca, queso, leche en polvo descremada–, hay una tendencia a que los stocks comiencen a decrecer. En la siguiente gráfica se muestra una perspectiva desde el año 2002 hasta 2015 de los valores o de los precios que alcanzaron los distintos productos. Se puede observar que la última caída de precios importante antes de esta fue en el año 2008, cuando cayó de golpe y subió abruptamente.

Acá quiero enfatizar que esta vez no cayó en forma tan abrupta y, de todos los modelos que hemos corrido y todos los informes que hay por el mundo, ninguno dice que va a subir rápidamente. Quiere decir que de lo primero que debemos ser conscientes es de que la recuperación de precios será gradual y, por lo tanto –dado todo lo anterior–, se impone encontrar los mejores precios y mercados, pero, además, se impone vender. Yo no estimulé que Conaprole vendiera. Afortunadamente, tengo un excelente relacionamiento con los productores e industriales de este país. Además, como mi teléfono está disponible las veinticuatro horas del día y de pronto soy medio esponja para los problemas, durante siete meses recibí el reclamo de que Venezuela no compraba, que Venezuela no compraba, que Venezuela no compraba y de qué hacíamos con Venezuela. Más adelante podremos ver las estadísticas de ventas globales por país, por producto y por empresa. Allí se podrá advertir la caída brutal de las ventas que generaba una disminución de los ingresos. Ahora no estoy hablando de los márgenes, sino de la caída de los ingresos.

Al pasar, hablando de los quesos, el miembro convocante dijo que se habían producido para Venezuela. Pero las vacas se ordeñan dos veces por día, todos los días y la leche tiene una vida útil máxima –controlando la temperatura– de veintiséis horas y, por lo tanto, la transformamos en leche, en leche en polvo, en manteca o en quesos, o bien la tiramos.

Una forma de conservar la leche cuando no tiene colocación es hacer queso y hoy está conservado en cámaras. Que haya que cambiarle la etiqueta…, somos conscientes de que es una complejidad. ¡Ojalá hubiera salido todo como lo planeamos! Luego analizaremos qué cosas no salieron como las imaginamos.

Sin embargo, nadie me escuchará jamás arrepentirme de haber hecho lo que hice ni de haber conducido a un equipo profesional del Ministerio, de haber hecho participar al Inale o de haber involucrado al Consejo de Ministros, porque el día 22, cuando tomé conocimiento de que se realizaría la cancelación a la que hace referencia el señor ministro de Economía y Finanzas, dije: «Señores: además de pagar la cuenta de Ancap, acá hay productores lecheros que no están cobrando su deuda; hay productores lecheros que no están colocando su producto, que se está almacenando». En esos días las conversaciones con el presidente de Conaprole eran semanales, y nos decía que se acumulaban los stocks y se iba agotando el fondo de compensación, creado en momentos de buenos precios. Conaprole –hablo de Conaprole porque fue la empresa que lo hizo– tuvo la sabiduría de manejar una especie de fondo de compensación que le permitió amortiguar la caída. La que se puede apreciar en la gráfica corresponde a los precios en Oceanía, porque el sistema cooperativo tuvo elementos de amortiguación. Cuando en el otoño pasado estaba empezando una sequía –y hay varios productores en la barra que no me dejan mentir– planteamos la necesidad de crear un fondo, y hay varios productores que están en la barra que acompañaron este proceso. Preveíamos que esa situación se iba a complicar, por clima y precio. En ese momento estuvimos cuarenta y cinco o cincuenta días analizando si sería oportuno crear un fondo de endeudamiento. El Inale y la Opypa empezaron a trabajar en la estructuración de un fondo y cuando los productores dijeron: «Se nos complicó porque al sobrecosto de alimentación por la sequía se nos suma una caída de precios». La caracterización por terciles de producción determinaba que a mayo del año pasado los productores del tercil más bajo tenían un margen negativo de 7 centavos de dólar por litro, los del tercil de arriba todavía tenían un margen de 1 o 2 centavos por litro y los del medio, un déficit de 4,2 centavos. Los USD 80 millones del fideicomiso que se estructuraron no son un número mágico, sino que surgen de multiplicar la remisión de los productores por ese valor promedio de 4,2 centavos de dólar. Entonces, porque ese fideicomiso se impulsó y porque el Banco de la República tuvo una muy buena disposición –posteriormente sería uno de los inversores en ese fideicomiso para hacer un crédito puente por USD 42 millones, que se está cancelando contra el propio fideicomiso en estos días– los precios no cayeron como en el resto del mundo.

Por lo tanto, en tener iniciativa, en la defensa de los productores, en la defensa del interés nacional o en cuanto a compromiso, en el acierto o en el error, no le damos la derecha a nadie.

¿Cuál es la concentración del mercado de lácteos del Uruguay? Es la que figura en esta transparencia. Entre 2005 y 2015, Uruguay ha tenido el crecimiento que vimos, el aumento de productividad que vimos y la acumulación de márgenes brutos sobre ingresos brutos que también mostré en una gráfica, pero concentrando el 51 % de la colocación en Brasil y en Venezuela. Esto no es casualidad. En el mundo, la producción de leche es una de las más distorsionadas, de las más subsidiadas. En una lógica de construcción de soberanía alimentaria, muchos países tienen, entre los apoyos a su producción láctea, un aspecto estratégico. Ningún país depende de importar el 100 % de los lácteos. Salvo Nueva Zelanda y Uruguay, ningún país exporta la mayor parte de la producción. Esto que parece obvio, no lo es, y lo repito cada vez que puedo, sobre todo en este ámbito, porque considero que en nuestro país, independientemente de los partidos políticos, hay una concepción mucho más urbana que rural y a veces no nos damos cuenta de que el 70 % de nuestras exportaciones proviene de nuestros alimentos, ni de que Uruguay es el único país del mundo que no exporta solo el 5 % que le sobra después de haber comido lo que produjo, sino que exporta el 99 % de la soja, el 97 % del arroz, el 70 % de los lácteos y el 70 % de la carne. Por lo tanto, nuestro mercado interno, salvo algunas excepciones de la economía agropecuaria del país, no nos da la estabilidad ni los instrumentos como para amortiguar las oscilaciones del mercado internacional, y lo tenemos que hacer con imaginación y eficiencia, pero también con inserción comercial.

Muchas veces hemos hablado de mejorar nuestra inserción externa. ¡Cómo no! Ayer mismo, a las once de la noche, estábamos cerrando con el canciller un convenio para que el arroz uruguayo entre por primera vez en Colombia, a pesar de toda la presión y el lobby del comercio internacional, que nos ha complicado. ¡Cómo no! Y vamos hacia el Pacífico. ¡Sí, señor! Pero ¿por qué la mitad de la producción se coloca en Brasil y en Venezuela? En Brasil, obviamente, por la diferencia arancelaria en la venta de lácteos en los últimos cinco años, porque nuestros competidores hubieran tenido que pagar el arancel externo común, lo que equivale a algo así como USD 340 millones. Los productores tienen que encontrar el mejor precio, que puede estar en un mercado donde tenemos acceso preferencial o en otro, por razones que analizaremos después, como dificultades operativas, falta de acceso a la divisa, falta de crédito internacional o no disponibilidad de medios de pago. En Venezuela los precios siempre fueron mucho más altos y los cobros mucho más prolongados, y fue lo que nosotros quisimos resolver en esta instancia. En efecto, primero quisimos recuperar un mercado que se había cortado, tratando de mantener el plus de precios que pagaba Venezuela.

Espero no olvidarme de formular al final unas apreciaciones sobre cuáles fueron los objetivos de nuestra misión, acompañando a los exportadores a Venezuela, porque también me parece importante aclarar que esa acción, lejos de lo que se pudo haber insinuado, representó defender el interés nacional, acompañar a los productores y –como voy a explicar más adelante– redactar, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, algunas cláusulas del contrato que los exportadores firmarían con la empresa Corpovex porque, más allá de lo que se dijo, los Gobiernos celebraron un acuerdo y los negocios los hacían los privados de Uruguay con el Gobierno de Venezuela, no el Gobierno de Uruguay con el de Venezuela. Es decir, generamos el marco y nos preocupamos de acompañar a los productores, y como voy a demostrar –tengo los contratos en mi poder– el contrato tipo de Corpovex por el cual venía exportando el exportador más importante de este país, que es Conaprole, no contiene las cláusulas de salvaguardia que nosotros sugerimos incluyeran los exportadores que iban por primera vez. Nos sentíamos más responsables de los que iban por primera vez que con los otros. ¡Lógicamente! ¡Si los quesos no estaban dentro de la compra pública de Venezuela!

Los productores de queso de este país vendían a los privados de Venezuela, que dejaron de comprar en noviembre de 2014 porque no accedían a las divisas para poder hacerlo. Y los quesos se amontonaban de la misma manera que se están amontonando ahora o peor; tenemos que ver la estadística de venta.

En ese marco de complejidad climática, que ponemos como coyuntura desfavorable, cerraron dos plantas: Ecolat y Schreiber Foods, lo que no es un detalle menor. El cierre de estas dos plantas es lo que explica el índice de horas ocupadas y el índice de actividad industrial. La leche se colocó en otras industrias; hay una transparencia que muestra adónde va la leche de las empresas que cerraron. Es un problema que las empresas cierren, pero de una manera u otra la leche se fue colocando, no sin diferencia de precio, porque estamos en una circunstancia complicada. Lo que quiero decir es que, como consecuencia de complejidades en el mercado mundial de lácteos, cerraron las empresas que tenían un producto especializado en un determinado mercado y que mayoritariamente no participaban del mercado de Brasil ni de Venezuela. Esa es una realidad objetiva. Se podrá decir que había conflictividad sindical, que había problemas de fidelidad de los productores. Puede ser, pero el hecho objetivo es que esas industrias no vendían en los mercados de los cuales estamos hablando y que hoy nos convocan.

El promedio de precios del año 2015 fue de 30 centavos de dólar. El año arrancó con un precio de 37 centavos el litro al productor en el mes de enero y terminó en un mínimo, en diciembre, de 25,3. Ese año, el dólar tuvo una valorización de 27,44 % y tuvimos una inflación de 9,44 %, en una economía que exporta dólares, pero que tiene una altísima composición de pesos en sus costos. Por lo tanto, la caída de los precios en pesos no fue tan significativa como la caída de precios en dólares.

A pesar de todo eso, en la siguiente lámina podemos observar la magnitud del cambio al que se han enfrentado las empresas integrantes de la cadena láctea entre 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.

Veamos los números. ¿Cuánto valía un litro de leche en 2013 y 2014? Valía 42 centavos. Al año siguiente, costaba 36 centavos y la proyección que tenemos al cierre de junio de 2016 es de 25 centavos. Los costos cayeron por lo que ya dije, es decir, porque el componente en pesos tuvo un efecto favorable por la diferencia entre la devaluación de la moneda y la inflación. Bajaron de 32 a 26. Hace dos años, para la producción media –no estoy hablando de la mejor ni de la peor– el ingreso neto por litro era de 10 centavos de dólar, el año pasado fue de 7 centavos de dólar y este año nos dejaría en rojo, de 1 centavo negativo. Hay que cruzar esto con la variabilidad de productividad y de costo a la que hice referencia al principio. Ello implica que pasamos de tener USD 400 de ingreso neto por hectárea a USD 295 y a USD 32 negativo. Los USD 32 negativo del ejercicio 2015-2016 se transforman en positivo porque le pusimos el fondo, que no es otra cosa que deuda de los productores a pagar dentro de cinco, seis o siete años. Es un instrumento para conseguir tiempo a efectos de que un problema financiero no se transforme en un problema económico que atente contra la productividad, la inversión y la innovación, que son los motores de la competitividad, y es lo que nos permite seguir creciendo y compitiendo en el mundo al cual hacía referencia. Con estos números, estas cosas se dan si vendemos la leche. Se supone que todo se vendió al promedio que se manejó. Ahora bien, si los galpones están llenos de leche en polvo o de queso, por más que este sea el cálculo teórico, las empresas industriales no podrán pagar este precio. Ahí está la tercera urgencia por recuperar el flujo comercial con un mercado que, como veremos más adelante, en los últimos seis años representó el 35 % de las ventas de lácteos del Uruguay.

En la estructura de costos de los distintos tipos de tambos del Uruguay –chicos, medianos, grandes– advertimos que la alimentación del rodeo representa entre el 35 % y el 40 %, la mano de obra entre el 17 % y el 29 % y los combustibles, que están más caros que la paridad de importación, están entre el 3 % y el 4 %.

Hace unos días participamos de las conclusiones de un trabajo que nos presentó el Instituto Nacional de la Leche, conjuntamente con las gremiales de productores, relativo a algunas medidas paliativas para la situación de la lechería.

Cuantificamos esas medidas: la exoneración de los primeros 500 kilovatios de consumo de los tambos, la compensación de la diferencia del precio del gasoil, sumado a las demás medidas propuestas, representaba USD 3.500.000. Ahora, si no se concreta el pago de los negocios con Venezuela y el precio sigue cayendo, los números que se manejan por ahí indican que el faltante para el sector lechero será de USD 79 millones, si el precio al productor baja de $ 8 a $ 6 pesos por litro. Por lo tanto, reitero, los problemas del sector lechero están asociados a una caída brutal de los precios y, además, a una caída brutal del flujo de ventas en el mercado que mejor pagaba.

Los lácteos explican el 9 % del valor de las exportaciones totales de bienes del Uruguay. Por eso es un sector estratégico. Si los lácteos representan el 9 % y Venezuela el 35 % de los lácteos, el mercado lácteo de Venezuela es el 3 % del destino de las exportaciones de bienes del Uruguay. Entonces, preocuparse por resolver eso –más que preocuparse, ocuparse– tiene mucho que ver con el interés nacional al que se hacía referencia; tiene que ver con el compromiso y con la defensa de los productores.

En cuanto a la inserción internacional, tenemos industrias lácteas que tienen alta concentración de sus exportaciones en los mercados de la región, por las razones que ya expliqué –Brasil y Venezuela explican el 50 % o el 51 %–, pero también tienen una alta concentración por producto: 58 % de las exportaciones de lácteos de este país corresponden a leche en polvo. No quiero aburrirlos con más gráficas, pero podría mostrarles que durante los últimos treinta años, en el mercado internacional, de todos los productos lácteos el que más tiene comportamiento de commodity es la leche en polvo. Obviamente es así, porque es la que tiene menos costo industrial por tonelada de leche en bruto, menos mano de obra, menos valor agregado, mayor tiempo de conservación, ocupa menos espacio y se comercializa mucho más fácilmente. Esto no quiere decir que no sea una debilidad estructural de un sector que es tan importante para un país que, además, exporta el 70 % de lo que produce. Este es un asunto del cual tendremos que ocuparnos, que es tan importante como elevar el tercil de productividad media inferior y como atender los problemas estructurales que condicionan la productividad por factores tecnológicos que, entre otras cosas, tienen que ver con el acceso a la tierra, con el tiempo de los contratos de arrendamiento que permiten hacer las inversiones, que necesitan un natural tiempo de amortización, pero que terminan condicionando la productividad y, por tanto, la competitividad. Por eso, hablando de fideicomiso, no olvidemos que el fideicomiso de compra de tierra para ser arrendada a los productores lecheros con plazo de quince años, un producto que nos llevó mucho estudio y mucho análisis, pero que finalmente quedó operativo, llegó tarde; lamentablemente, quedó operativo cuando los precios internacionales cayeron. Pero no importa, porque cuando vuelvan los precios altos vamos a tener para muchos productores un instrumento que antes no teníamos, ya que van a ser seleccionados por un agente operador y no por el ministerio; de ello se va a encargar Fucrea, porque no hay institución en este país que tenga mejor información de empresas lecheras y más credibilidad en el manejo de datos empresariales. Hicimos un convenio con esta institución que la transformará en el agente para operar ese fideicomiso.

Nadie va a poner plata con la leche a esos precios, pero la luz al final del túnel indica que somos competitivos, que tenemos margen para elevar fuertemente la productividad en los estratos de abajo y que tenemos desafíos en materia de competitividad por inserción externa. No obstante, hoy no podemos dejar de vender a esos mercados que tienen el riesgo que tienen, porque de lo que se trata ahora es de bracear para llegar a la otra orilla, no de hacer maravillosos análisis de cómo deberían ser las cosas.

En los últimos años, Venezuela se ha convertido en el principal mercado: es el segundo destino de la leche en polvo y el primer destino de los quesos, con varias empresas colocando un altísimo porcentaje de su producción. Los precios pagados por Venezuela son superiores a los de otros mercados. Analizando el período 2010-2015 –no estoy hablando desde junio hasta ahora, sino de por qué era importante hacer esto–. En las gráficas vemos que los productores lecheros vendían a Venezuela porque si lo hubieran hecho al siguiente mejor destino en términos de precio por producto –hagamos ese ejercicio– la renta marginal de ese negocio habría sido de USD 204 millones menos. En la transparencia que se ve a continuación podemos observar la gráfica de la leche en polvo. Estamos ante una caída de precios. Si miran el cuadro podrán advertir que las referencias internacionales bajan un poco más que lo que baja Uruguay: un 2 % en leche en polvo descremada y un 1 % en leche en polvo entera. Ese es el efecto precio de ese mercado. En cuanto a los quesos, podemos decir que la caída internacional fue de 25 %; la de Uruguay, de 17 %. Eso tiene un nombre: ese mercado, con el riesgo implícito que tenía. Podemos preguntarnos cómo sería si se tradujeran adecuadamente las variaciones del precio internacional a lo que recaudan los productores, pero es obvio –no hace falta aclararlo– que dentro de un sistema cooperativo no debemos pensar que tenemos márgenes industriales crecientes o decrecientes dependiendo de las capacidades de negociación. Estamos hablando de un producto perecedero, de un sistema cooperativo, de un producto que se puede stockear.

En la siguiente transparencia se puede ver la variación de los precios de exportación en leche en polvo de Uruguay con relación a Nueva Zelanda. Como se podrá observar, nuestro país sigue las oscilaciones del mercado internacional; muchas veces está un poco por encima de Nueva Zelanda. Más adelante demostraremos que esto tenía que ver con ese mercado.

Quiero aclarar que atendí muy bien cuando el miembro convocante dijo al principio: «No queremos que el ministro Aguerre nos haga una larga exposición, explicando cómo es la lechería», pero en este ámbito y con esta concurrencia me parece fundamental transparentar esta información. Mucha gente no conoce algunos de los planteamientos que estoy haciendo, y es bien importante que, aprovechando la presencia de la prensa, nos enteremos de lo que es la lechería, de dónde está y de cómo competimos con el mundo.

La siguiente diapositiva es sobre los quesos. En este producto la diferencia con Nueva Zelanda es mucho más grande. ¿Saben por qué? Porque la gran concentración del comercio de quesos de Uruguay fue a Venezuela. En la siguiente gráfica figuran los precios de exportación de Uruguay y la evolución de los precios promedio de leche en polvo en dólares por tonelada. Se muestran los negocios que no fueron hechos con Venezuela –gráfica roja– y los que sí se hicieron con dicho país –gráfica azul–, advirtiéndose diferencias de USD 800 a USD 1000 por tonelada; que cada uno saque sus conclusiones.

Ahora, esto no fue producto del acuerdo que celebramos. Fue consecuencia de esta realidad que nos condicionaba por la demanda de los productores, que nos exigían y pedían soluciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: generar condiciones para que nuestros empresarios puedan realizar los negocios.

Si vemos la diferencia en los quesos, advertiremos que es mucho mayor. Pero hay algo bien importante, que quiero destacar. Cuando tomamos conocimiento de la cancelación a la que hacía referencia, con minuciosidad, el señor ministro de Economía y Finanzas intentamos ponerle un plus –como bien dijo él–, tratando de que la decisión política entre los Gobiernos de los dos países se plasmara en el acuerdo que se firmó, que establece la voluntad de que, entre otros recursos, los provenientes de la cancelación se destinaran al pago de los negocios de alimentos. Esto fue producto de algunas gestiones que fueron encabezadas por el presidente de la república y por la venida de dos ministros, con un objetivo de compra: venían a comprar leche en polvo, pollo, soja y arroz cáscara. Ellos no venían a comprar arroz elaborado ni quesos.

Y como a usted le consta –ello quedó registrado en la versión taquigráfica…

SEÑORA PRESIDENTA.- Tratando de ser equitativa, voy a solicitar al señor ministro que se dirija a la Mesa, tal como establece el Reglamento.

Puede continuar el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Disculpe, señora presidenta, pero como la canción de Numa Moraes, Soy del campo.

En esa conversación fue difícil incorporar los quesos al negocio. En ese sentido, debemos recordar que el Gobierno llevó a cabo acciones para generar condiciones a fin de que los empresarios privados uruguayos pudieran vender –no hay ninguna duda–, pero el comprador que estaba del otro lado era el Ministerio de Alimentación de Venezuela. En realidad, el convenio que leyó el miembro convocante habla de un instrumento, de un fideicomiso que crearía la compañía de compra de alimentos Corpovex en Bandes Uruguay; por lo tanto, es claro que las compras las iba a realizar la empresa estatal Corpovex.

De todos modos, quienes hablaron en la reunión que se llevó a cabo el 6 o el 7 de julio en nombre del Gobierno de Venezuela y, obviamente, de dicha empresa estatal, nos dijeron: «Nosotros no venimos a comprar quesos». Por supuesto, les respondimos que teníamos que vender quesos, pero ellos nos dijeron que la distribución de quesos era muy complicada y que necesitaban leche en polvo. En realidad, esa discusión nos llevó más de una hora y fue muy dura, a tal punto que en determinado momento estuvo por no salir nada. ¿Por qué nuestro énfasis en los quesos? Porque las tres empresas más importantes de Uruguay, que formaron parte de este acuerdo, que son Calcar, Pili y Claldy, habían dejado de vender a Venezuela.

En la siguiente gráfica se puede observar que la empresa Pili, desde el año 2007, pero sobre todo en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, realizó el 90 % de sus exportaciones a Venezuela. Y durante ese tiempo el Gobierno uruguayo no condicionó la venta; no estuvo diciendo que se debía vender a Venezuela. En realidad, se estaba vendiendo ese país porque, por lo que mostré antes, Venezuela era el mejor mercado para vender quesos. Por lo tanto, lo que hicimos fue consecuencia de una realidad comercial, empresarial y social que quemaba. En el celular tengo todos los WhatsApp, mails y mensajes de texto que intercambié con los operadores y propietarios de algunas de estas empresas, en los que se habla de la necesidad imperiosa de recuperar el flujo comercial.

En ese sentido, me voy a permitir decir algo que hasta ahora nunca dije: en algunas de esas conversaciones me expresaron que lo relativo al precio se podía ver más adelante, ya que lo importante era vender. Y acá hay varios integrantes del sector lechero que saben que esa era la realidad en todas las empresas. Lo que ellas querían era recuperar el flujo de venta.

Como tengo suficiente confianza con el señor presidente de Conaprole, y total tranquilidad de conciencia, voy a hacer pública una conversación que mantuve con él. Cuando esto se concretó, el presidente de Conaprole me dijo: «Lo importante es retomar el flujo y vender». Entonces, le pregunté: «¿Pero te diste cuenta de que la deuda de Conaprole no es con Corpovex sino con Casa?». Él me respondió que luego veríamos cómo arreglarlo en el marco del acuerdo. Le dije que íbamos a intentar solucionarlo, pero que en el acuerdo no figuraba Casa sino Corpovex. De todos modos, él me respondió que lo importante era que se recuperaba el flujo.

Ese era el espíritu que imperaba y nos animaba cuando construimos este acuerdo, que leído de la manera en que lo hizo el miembro convocante, a pesar de haber dado las fechas con prolijidad, parece una cosa hecha de la noche a la mañana. En realidad, este fue un proceso muy largo, no exento de dificultades, de urgencias, de llamadas y de ciertos riesgos que los empresarios decidieron correr, a pesar de que se les advirtió que lo que indicaba la cláusula del contrato que habían firmado con la empresa exportadora aludía a: A) recibir la orden de compra de la empresa Corpovex; B) recibir la constancia de depósito en Bandes Uruguay correspondiente a los recursos; C) realizar la exportación contra depósito certificado, lo que implicaba que con la presentación del bill –o sea, la documentación del conocimiento del embarque– se cancelaba el 80 %. Eso no estaba incluido en el contrato tipo que encontramos; afortunadamente, acompañamos a los productores en esa misión. En realidad, fuimos a esa misión porque la delegación estaba conformada por gente que nunca había vendido a las empresas de compras públicas de Venezuela. Como nos sentíamos muy responsables por haber generado ese ámbito, no quisimos dejarlos ir solos a ese país para que no cayeran en algo que nadie sabía cómo era; por eso fuimos.

Entonces, cuando tomamos conocimiento del contrato tipo, redactamos una cláusula –de cuya elaboración participaron el contador Piacenza y, por teléfono, el señor Liberman– que blindaba el nuevo contrato, y algunas empresas queseras lo firmaron. En realidad, el contrato establece que la empresa notificará al comprador la disposición de embarque o despacho, o fecha prevista. Asimismo, señala que Bandes Uruguay emitirá a la empresa la certificación de la disponibilidad de los fondos que preserven la operación, conforme a la solicitud presentada por el comprador. Por lo tanto, aquí está todo claro.

Por supuesto, no sé cómo es el contrato de Conaprole, porque nunca lo vi, pero sé que en una conversación que se llevó a cabo en Venezuela con representantes de Conaprole, cuando hice ese comentario, el gerente general de dicha empresa y su presidente dijeron: «Nosotros vamos a seguir con el contrato que teníamos, porque hace años que le vendemos a este país, y si se recupera el flujo, a nosotros nos sirve el precio y le vamos a seguir vendiendo». Esa conversación la mantuvimos sentados a una mesa, al lado de la Casa Amarilla, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que fue donde se llevaron a cabo las reuniones de negociación de precios, en las que quien habla no participó. Fue así porque este ministro –desde el gobierno– concurrió a dicho país a tratar de contener y de apoyar a la delegación de empresarios.

En ese sentido, quiero aclarar que dicha delegación no estuvo integrada por ningún otro agente comercial que no fuera exportador o propietario de la mercadería. Se trató de una delegación comercial, cuya integración fue comunicada oportunamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República. También quiero informar que la delegación estuvo integrada por el ministro Aguerre y el contador Piacenza, por los señores Ambrois, Núñez, Laurino y Maturana, integrantes del sector lácteo y Conaprole; por el señor Noya, representante de Pili; por el señor Pareschi, de Calcar; por los hermanos Jurgen y Bernardo Penner, de Claldy; por el presidente de Saman y de la Gremial de Molinos Arroceros, señor Renato Gastau; por el señor José María Gómez, de la Gremial de Molinos Arroceros; por el señor Helio Pérez, gerente comercial de la empresa Saman; por el señor Luis Bonino, de la empresa Coopar; por los señores Santiago del Carril, Ernesto Kreimerman y Andrés Capurro, de la empresa Cereoil, y por el señor Roger Aluffi, del sector avícola. Como verán, la delegación no estuvo integrada por ningún operador comercial, lo que no quiere decir que no hayan estado presentes ni que no hayan viajado en el mismo avión. En realidad, el pasaje que compré decía: «Aguerre, asiento 7A», pero no figuraba quiénes viajaban en los demás lugares. Por lo tanto, lo que se dijo en cuanto a que los operadores viajaron en el mismo avión que el ministro lo tomo como una suspicacia. Digo esto porque el ministerio no tiene un avión y, por lo tanto, sus integrantes viajamos a través de una compañía aérea y compramos los pasajes de a uno. O sea que quién es el piloto, cómo se llama la azafata y quién se sienta en el asiento de atrás, no lo sé.

Es cierto que en las reuniones en Venezuela participaron representantes de la empresa a la que se hizo referencia, porque los señores integrantes de la delegación del arroz me dijeron que habían acordado con ellos que iban a llevar adelante su negociación en Venezuela. Es una decisión que tomaron esos empresarios privados que conozco muy bien –creo que todos en esta sala saben que antes de esta actividad estuve muchos años en la actividad arrocera– y sé que son especialistas en comerciar en el mundo.

La dependencia de la producción de quesos con Venezuela no es solo de esta empresa. En la siguiente gráfica, lo que está en rojo es Venezuela –esto no tiene ninguna connotación partidaria; lo digo por las dudas–. La tercera es Calcar. Como pueden apreciar, en los últimos cinco años la producción quesera nacional ha tenido una colocación promedio en el mercado de Venezuela de más de 70 %. Esa fue la razón fundamental por la cual discutimos largamente en esa primera reunión del 6 de julio con los representantes de Venezuela que vinieron a negociar. Esa es la razón; esa es la causa; ese fue el origen de una ardua discusión por la cual entendimos que fue por buena disposición de la delegación de Venezuela incluir los quesos.

Y algunos de ustedes no vayan a pensar que la cifra 44.000 y 12.000 son casuales. No. ¡Ninguna casualidad! Son los números del Inale. Si relacionamos la leche que esas empresas destinan a queso y la que Conaprole industrializa, da esa proporción. Y en un buen acuerdo entre las empresas, en una reunión en mi oficina –espero no haber cometido abuso de funciones; lo digo por las dudas– sugerí a las empresas lácteas que si Conaprole tenía la infraestructura para hacer leche en polvo y las otras empresas hacían queso, a fin de guardar un equilibrio necesario frente a una circunstancia adversa por la que atravesaba el comercio de los lácteos del Uruguay, sería bueno que Conaprole se especializara en leche en polvo y que los queseros vendieran quesos; los últimos no tenían la posibilidad de hacer leche en polvo y Conaprole sí.

Esa es la relación entre los números y también tiene que ver con el interés nacional, con el compromiso y con la defensa de los productores. No es corrupción. Es tener la mejor intención de preservar un equilibrio delicado, pues la diferente oportunidad de venta de las distintas industrias puede representar cambios en las cuencas y en los precios, y corrimientos en los productores entre una y otra cuenca con lo que ha costado, privada y públicamente, desarrollarla.

Por último, vamos a Conaprole. En la imagen pueden ver dos cosas: la dependencia del mercado de Venezuela es menor que la de cualquiera de las otras empresas, pero es muy importante. Les pido que miren con atención en esa gráfica la caída del penúltimo año. Si miran la tendencia anterior, solamente crecíamos. Recuerden que vimos que la producción de leche crecía; recuerden que vimos que veníamos creciendo a un ritmo de 6 %; sin embargo, en el año 2014 hay un decrecimiento. No bajó la producción; lo digo por las dudas, porque hoy se manifestó que ahora la producción se está estoqueando en los galpones. Ahí estábamos en el año 2014 y la diferencia que hay entre la penúltima gráfica y la siguiente o entre el promedio de la siguiente y de la anterior, eran productos lácteos que estaban en los galpones sin vender. ¿Ese año bajó la producción? No. La producción estuvo. Se industrializó y no se vendía porque a fines del año 2014 un cliente principal como Venezuela había dejado de comprar. Por eso crece de una manera mayúscula la colocación del último año en Brasil. ¡Por suerte! Por suerte Brasil compró buena parte de lo que en términos técnicos se conoce como el carry over de un producto.

Cuando analizamos esta situación, advertimos la evaluación del diferencial de precios: USD 93 millones en leche en polvo; en la siguiente imagen, USD 111 millones el diferencial de precios en quesos –estoy hablando de Venezuela con el resto–; cuando sumo todo llego a USD 205 millones que figuran en la lámina siguiente. Eso fue lo que ocurrió entre 2010 y 2015.

Quiero volver a una lámina que ya vimos. Dijimos que a partir del año 2007 la producción láctea nacional había crecido a un ritmo de 6 % y no de 3 %. Nuestro modelo de simulación, aplicando la matriz de contabilidad social, más otro modelo de simulación –por las dudas– nos da la gráfica siguiente. Si hubiéramos vendido la misma cantidad de leche, pero al mejor precio del mercado siguiente en importancia, el crecimiento en la actividad lechera nacional hubiera sido del 3 %. Cuando hago el análisis de lo que significa eso como actividad faltante y en la siguiente lámina le pongo efecto de absorción hacia atrás y efecto de multiplicación hacia adelante, llego a la conclusión de que en términos de valor agregado, en los últimos cinco años, el mercado de lácteos de Venezuela, en forma diferencial contra el mejor mercado alternativo, es del orden de USD 452 millones más USD 182 millones por otro lado: ni más ni menos que el 4,5 % del PIB agropecuario y ni más ni menos que un descenso de la producción de 270 millones de litros contra los 2200 millones que tenemos hoy.

(Ocupa la presidencia ad hoc el señor legislador Martínez Huelmo).

–El interés nacional y la defensa de los productores nos llevó a asumir con convicción el compromiso de construir un instrumento que se plasma en el acuerdo al que se hacía referencia. Ese acuerdo empezó el día 6 de julio en la Torre Ejecutiva, pero, como dije anteriormente, tuvo origen en la decisión del 22 de junio de encarar este tema aprovechando como un plus la negociación a la que refirió el señor ministro de Economía y Finanzas para tratar de recuperar el flujo comercial. En esa reunión se discutió el mecanismo de pago al cual iban a acceder los exportadores; ese mecanismo de pago tenía una ingeniería financiera –forma parte de todos los antecedentes que manejamos en sala– según la cual Ancap pagaba a PDVSA y esta transfería los recursos a Corpovex, que era el fideicomitente que constituía el fideicomiso privado. Yo también accedí a ese contrato que me fue solicitado el 9 de diciembre; ese día se me solicitó una copia del convenio del 6 de julio y la remití a la Comisión de Agricultura y tengo constancia de su entrega con fecha 23 de diciembre. Con posterioridad, a fines de enero, se me pidió la copia del acuerdo entre los presidentes Vázquez y Maduro firmado en Brasilia y la mandé. También me solicitaron la copia del fideicomiso de administración entre Corpovex y Bandes. Nosotros no lo teníamos. Fuimos al Registro del Ministerio de Educación y Cultura, pagamos un timbre y accedimos a ese registro, que se sabía era privado, como cualquiera. El señor legislador convocante o cualquier ciudadano del Uruguay que acredite las condiciones y que pague los $ 1500 si es trámite normal o $ 3570 si es trámite urgente, accede a la copia de ese contrato. Es un contrato de fideicomiso privado.

El acuerdo –en cuya redacción participé en esa fecha, junto con quienes estaban allí: la señora ministra de Industria, Energía y Minería, el prosecretario de la presidencia, doctor Roballo, y la delegación venezolana– comenzaba: «Acuerdo entre las empresas Ancap y PDVSA. Constituir un comité de alto nivel […]». Esto ya lo leyó el miembro convocante y, por lo tanto, no lo voy a reiterar. El segundo punto dice: «Creación de un fondo de compensación comercial –fideicomiso– a través de la Corporación Venezolana de Exportación, Corpovex, con el objeto de mantener y apalancar el flujo comercial binacional, que funcionará como un instrumento de respaldo a los exportadores uruguayos en Bandes Uruguay. Parte de la fuente del financiamiento de este fondo se realizará a través del pago anticipado de Ancap a PDVSA, el cual contará con un aporte inicial de USD 50 millones hasta completar el monto». Eso fue lo que leyó el miembro convocante, pero lo que dice el texto es: «[…] USD 50 millones mensuales hasta completar el monto de la negociación […]».

Esa es la razón; y me gustaría contestar lo mismo que dije el 9 de diciembre frente a una pregunta similar. En realidad, el 9 de diciembre estábamos a un mes de que se hubieran pagado los primeros USD 50 millones. Y el señor legislador podrá recordar –creo que está en la versión taquigráfica; no lo recuerdo, pero ahora no voy a buscarlo– que dije: «Se constatará el incumplimiento mañana o el 31 de diciembre, dependiendo de qué interpretemos por mensual. Si mensual es al mes de que se pusieron los primeros USD 50 millones o si es durante el mes de noviembre, de diciembre o de enero».

Después vino aquello a lo que se hacía referencia cuando, frente a la pregunta de ¿qué vamos a hacer? –en eso estamos trabajando, obviamente–, yo contesté: «Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente». No es casualidad. Son esas cosas raras de la memoria del ser humano, pero que, en este caso, no son casualidad. En la conferencia de prensa del lunes, al terminar el Consejo de Ministros, cuando se trató en forma significativamente importante la preocupación que surgió en el sector productor –y también en nosotros, como Gobierno– por el notorio incumplimiento a este acuerdo, hablamos de «un puente financiero». El 9 de diciembre no podíamos decir que había incumplimiento. Hoy decimos claramente que lo hay; tendrían que haber venido USD 50 millones, más otros USD 50 millones, más otros USD 50 millones, que no vinieron. Con toda la preocupación hay una continuidad. Por eso dijimos: «Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente», y el lunes hablamos de «un puente financiero» que estamos tratando de estructurar para recomponer el flujo de ingreso que deben tener las empresas industrializadoras a fin de dar continuidad a este proceso.

Y el acuerdo continúa: «[…] hasta completar el monto de la negociación entre las dos empresas petroleras. Asimismo, dicho fondo podrá contar con otra fuente de financiamiento».

En ese momento –en honor a la sinceridad–, yo no sabía que Venezuela no tenía más petróleo para vender. Entonces, la oración que dice: «Asimismo, dicho fondo podrá contar con otra fuente de financiamiento», la puse yo en esa negociación, porque si reconstituimos el flujo comercial y si tenemos un acuerdo de Gobierno a Gobierno por el cual se manifiesta el compromiso político de un país de trasladar los recursos provenientes de la cancelación a USD 50 millones por mes, y en algún momento hubiera estado claro que los USD 265 millones podían quedar constituyendo el fideicomiso, estaría acá; sin embargo, habla de «USD 50 millones por mes». Honestamente, manteníamos expectativas respecto a lo que esto podía representar en las futuras compras. Hubo otras cancelaciones y esto nunca se usó antes. Yo soy ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ahora y lo fui en el período anterior, cuando sugerí que esto podía ser una idea, pero no se concretó, no se generó el ámbito, se canceló o no estaban dadas las condiciones. En estas circunstancias estuvieron dadas las condiciones y teníamos la sana expectativa de que las futuras compras con Venezuela pudieran apalancar que este instrumento no se quedara en USD 265 millones.

El tercer punto establece: «Revisar y cancelar las deudas con los exportadores uruguayos, específicamente del sector alimenticio». En realidad, cuando habla del «sector alimenticio» se refiere a las empresas Conaprole y Tres Arroyos. En el momento en que se firmó esto, era un compromiso del Gobierno de Venezuela con el Gobierno de Uruguay, que fue ratificado por los presidentes con posterioridad, pero después aparece el tema de que la deuda no era de Corpovex sino de Casa. Desde el punto de vista del Gobierno uruguayo, la voluntad política era cancelar las deudas.

Después se discutió largamente sobre el volumen, y en esa reunión no se habló de precio. La delegación venezolana, con insistencia, planteó la necesidad de acordar precios, pero el Gobierno uruguayo, más precisamente quien habla –respaldado por el resto de los compañeros–, dijo: «En esta mesa no se habla de precios. Ustedes son el Gobierno de Venezuela que compra; nosotros somos el Gobierno de Uruguay que trata de generar condiciones para que los dueños de la mercadería, que en Uruguay son privados, la vendan». La palabra «privado» generó dudas. ¿Qué quiere decir? Que en Uruguay los dueños de la mercadería son privados. Yo estoy tratando de generar condiciones para que la oficina de compra del Gobierno de Venezuela retome el flujo de compras que –reitero– hasta ese momento no compraba queso ni soja, aunque sí pollos y leche en polvo. Los antecedentes comerciales de Conaprole eran con Casa primero y, luego, con Corpovex.

Por lo tanto, suscrito este documento y ratificado el 17 de julio con una declaración firmada por los presidentes Maduro y Vázquez en Brasilia, lo que teníamos era un acuerdo de dos Gobiernos que manifestaban la voluntad de generar un mecanismo que apalancara el flujo comercial de alimentos de Uruguay a Venezuela. Nosotros, sinceramente, nunca interpretamos que la plata quedaría toda en nuestro país, por lo que dice ese texto, pero tampoco lo interpretaron los productores; si lo hubieran interpretado así, no habríamos tenido una larga secuencia de llamadas telefónicas y de conversaciones preguntando qué pasaba con la constitución del fideicomiso.

Debemos atenernos a la cronología de los hechos: esto se firma el 6 de julio, se ratifica el 17 de julio y, como bien dijo el miembro convocante, se firma el 18 de setiembre. Entre el 17 de julio y el 18 de setiembre hay sesenta días, y la preocupación que teníamos los exportadores y nosotros era acerca de la demora. Entre medio realizamos la visita a Venezuela, que fue el 27 o 28 de julio. En esa fecha nosotros viajamos a ese país acompañando a la delegación a la que hice referencia. En esa ocasión tuvimos una actividad protocolar –por decirlo así– en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Encabezábamos la mesa el ministro de Alimentación de Venezuela y quien les habla, y estaban los representantes del sector privado a quienes yo presenté uno por uno. Expresé: «El señor es el presidente de la empresa privada más grande del país que es una cooperativa; el señor es el presidente de la gremial de molinos arroceros»; reitero, los presenté uno por uno. Después pasé a relatar el volumen que Uruguay tenía disponible para vender, que era producto de las llamadas telefónicas que habíamos hecho a las respectivas industrias el 6 de julio desde la Presidencia, en la que les preguntamos: «¿Cuánto tenés? ¿A cuánto podés llegar?», frente a lo que nos respondieron: «A tanto; a cuanto», y es lo que también formó parte de este convenio.

Con posterioridad, al finalizar esa reunión, reiteré que la función del Gobierno, acompañando a esa delegación empresarial, era dar continuidad a las gestiones que se realizaron en Montevideo, es decir, acompañarlos políticamente como Gobierno frente al Gobierno de Venezuela, e interiorizarnos de las condiciones contractuales. No fuimos a participar en la negociación de precios. A partir de ahí se desarrolló una larga serie de reuniones por rubro, en las que los representantes del sector privado negociaron las cantidades y los precios con los funcionarios de la empresa Corpovex.

Hago esta aclaración porque me parece fundamental. El Gobierno del Uruguay generó las condiciones para que se realizara este negocio. Ese fue el espíritu. Cuando se dice que los negocios los hicieron los privados es porque los negocios los hicieron los privados. Los contratos que tengo a la vista están firmados por cada empresa. Por ejemplo, tengo ante mí el firmado por la empresa Claldy con la compañía Corpovex y establece qué compra, a qué precio, cómo se entrega y cómo se cobra. Y en la parte relativa a cómo se cobra están incluidas las observaciones que nosotros hicimos.

Esto fue privado y lo expreso porque aquí lo más sencillo sería decir: «Nosotros no tenemos nada que ver; arreglate como puedas». Pero, en realidad, los queseros estaban vendiendo a la empresa oficial porque nosotros habíamos hecho una gestión para que así fuera. Por eso los acompañamos y por eso cuando tomamos conocimiento del contrato quienes saben más que yo de este tema dijeron: «Acá va la mercadería y si no está garantizado el dinero en el fideicomiso que está puesto en el acuerdo...». Reitero que era de Corpovex en Bandes Uruguay, porque para que el productor hiciera la exportación debía tener un certificado que acreditara que la plata estaba. En el ínterin en el que fuimos, y durante esa conversación que nosotros no conocemos, las autoridades de Conaprole, específicamente su gerente general y su presidente, nos dijeron que ellos no iban a cambiar el contrato porque estaban vendiendo con este y si se recobraba el flujo, iba. Todos volvimos de allá esperando lo que sucedería a la semana siguiente. Hubo una reunión en la que se llegó al compromiso de que a la semana siguiente todas las empresas iban a mandar los documentos que Corpovex exigía a quienes no tenían antecedentes de venta con ella. Las empresas lácteas estuvieron mandando información e hicieron otros viajes.

La razón por la cual el contador Piacenza se encontraba en Venezuela en esos días –aprovecho para contestar una pregunta– fue porque estaba apoyando las gestiones de algunas empresas para tratar de consolidar y para que arrancaran de una vez por todas los pedidos de compra por parte de Corpovex.

El 18 de setiembre aparecieron en la prensa declaraciones mías que hice a la salida del ruedo de El Prado. Allí dije: «Me comunicaron que en la mañana de hoy se celebró el acuerdo definitivo entre Ancap y PDVSA. Pero también debo decir que hace unos minutos recibí la llamada del presidente de Conaprole comunicándome con alegría que recibió la primera orden de compra de Corpovex». Eso sucedió el 18 de setiembre.

¿Y qué van a hacer? ¿Mandamos o no mandamos? Me gustaría muchísimo que estuviera presente Álvaro Ambrois, que está viajando. El 9 de diciembre le sugerí a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que convocara a los industriales y a los exportadores, porque yo tengo la responsabilidad política de construir esto, pero esta no es una construcción solamente pública. Esto se construyó en permanente diálogo con los sectores exportadores. Nadie puede decir que no sabe cómo fue este proceso. Puede no saberlo un productor o un dirigente de una gremial, pero los exportadores estuvieron en permanente contacto con nosotros en la definición de este proceso. Es más, en alguna ocasión dijimos: «Mirá que la ingeniería financiera de esto supone que no solamente debe estar constituido el fideicomiso de Corpovex en Bandes Uruguay sino que, además, tiene que estar la plata. Porque no alcanza con el pedido de compra de Corpovex, sino que, además, tiene que estar la certificación del Bandes de que la plata para ese pedido está». Yo entiendo la posición de alguien que vende a un 80 % más caro que el precio internacional de ese momento.

Si se me permite, voy a hacer una aclaración. Si ustedes revisan las versiones taquigráficas en las que yo he hablado de este tema o mis comunicados de prensa, advertirán que siempre pido que se retiren de la versión taquigráfica mis referencias a los negocios privados. Hoy no lo voy a solicitar. ¿Saben por qué no? Porque esa precaución y ese cuidado que tuve con respecto a la información privada –yo también soy empresario– no lo han tenido muchos actores políticos, no lo han tenido muchos actores gremiales, ni lo han tenido muchos empresarios.

Humildemente, creo que a la larga Uruguay va a seguir siendo productor de lácteos y estoy convencido de que Venezuela, gobierne quien gobierne, va a seguir comprando lácteos. Por lo tanto, creo que es malo para los intereses de Uruguay que nosotros mostremos esto al mundo entero. Venezuela pagaba el diferencial que yo mostré hoy y por eso lo hice público; pero los precios a los cuales se celebró el contrato están casi un 80 % por encima de los precios alternativos. Por lo tanto, reconozcamos todos de una vez por todas que esa circunstancia era tentadora. Nadie vendió sin que fuera firmado el acuerdo entre Ancap y PDVSA, pero no vayan a creer que no hubo ninguna llamada del tipo: «Che, Tabaré, ¿qué hacemos? ¿Mandamos?». No; si ni siquiera estaba el acuerdo. O que cuando estuvo el acuerdo se preguntó: «Che, Tabaré, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? Mirá que falta el fideicomiso». Cuando tuvimos conocimiento de que el fideicomiso se constituyó en Venezuela antes de inscribirse acá –se constituyó en ese país una semana antes de que se inscribiera en el Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay–, ahí sí en una conversación el señor Álvaro Ambrois –yo venía viajando desde Colonia en auto– me dijo: «Nosotros igual vamos a mandar 2000 toneladas porque estaban en el contrato anterior que teníamos». Aclaro que estoy divulgando información de la empresa porque estoy frente a los representantes del pueblo. Y hago la aclaración porque acá hay representantes del sector lechero, y es bueno que quede claro.

En esa conversación yo le dije al señor Ambrois: «Si vas a vender dos mil y sabes que las órdenes van a ser de cuatro mil, ¿por qué no metés dos mil más a cuenta de lo que estamos haciendo a ver si apuramos esto, que viene demasiado lento?». En consecuencia, si alguien dice que el ministro alentó a vender, y se basa en eso, tiene razón. Ahora bien; esto no significa decir: «Mandá cualquier cosa». Él me dijo: «Yo voy a mandar dos mil de cualquier manera con el contrato viejo porque tengo que vender». Y le respondí: «Ya que vas a vender dos, ¿por qué no conformás cuatro? Porque esos dos te dan el argumento».

Ustedes no vayan a creer que las conversaciones eran entre nuestro ministerio y Corpovex. Acá hay gente de Conaprole que conoce la situación. Hubo gente de Conaprole que casi se fue a vivir allá, ¿o no es así? ¿Cuántos días pasaron allá? ¡Semanas! Iban a Corpovex, hablaban con uno, con otro; con el general Yoffreda, con el teniente Galeano y con la mar en coche.

Entonces, ¡no vengan acá a decirme que este fue un negocio que hizo el Gobierno! Este negocio no lo hizo el Gobierno. El Gobierno negoció y mejoró las condiciones del contrato con el que históricamente se hacían los negocios.

En esto debemos tener en cuenta un aspecto que se llama riesgo-precio, que está en la base de cualquiera que estudie economía. El precio está en función del riesgo y de las alternativas de venta en otros mercados. Esas son las dos cosas que no tenían los productos lácteos de Uruguay en esa circunstancia.

Existe una cronología de los hechos: el 18 se firmó y unos días después se inscribió el fideicomiso. Hay un cronograma detallado de cada uno de los negocios de las exportaciones y de los cobros. Además, el Ministerio realizó un seguimiento permanente. Nadie vaya a pensar que esto fue algo así como: «Yo hice esto y arreglate como puedas». ¡No! Al embajador de Venezuela lo llamé cinco veces a mi despacho. Al señor prosecretario de la Presidencia le pedí tres veces que hiciera las gestiones de cobro. Lo digo porque una de las preguntas formuladas era qué gestión habíamos hecho para cobrar. Hicimos todas las posibles; todas las que se nos ocurrieron.

Como decía, el 18 de setiembre se firmó el acuerdo de pagos. El 21 de setiembre hubo reuniones en Venezuela.

Señor presidente: no quiero dirigirme directamente al señor legislador convocante, pero quiero que me preste atención en este punto. Él hizo una cronología de los hechos y señaló que el contador Piacenza, director de la Unidad de Asuntos Internacionales, estuvo en la reunión en la que se celebró el acuerdo.

Entre los días 20 y 21 de setiembre hubo reuniones entre MGAP, Corpovex y Bandes para ultimar los detalles de la operativa. Nosotros estábamos acá. ¿Y qué pasó? El contador Piacenza estaba allá porque yo se lo indiqué. Me preguntó: «¿Qué hago?». Y le dije: «Vos estás ahí. Si hacen un arreglo, al minuto que se celebró el acuerdo entre Ancap y PDVSA, que no exista más esta excusa para que no se concrete el fideicomiso». Esa fue la razón por la que estuvo allá. Por eso coinciden las fechas. Como dije, el 21 de setiembre hubo reuniones entre el MGAP, Corpovex y Bandes para ultimar detalles de la operativa.

El 18 de setiembre –o sea, sesenta y un días después de la ratificación del convenio celebrado por los presidentes en Brasilia y setenta y pico de días después de la celebración del convenio en Montevideo– finalmente Ancap y PDVSA llegaron a un acuerdo de cancelación. Sin el acuerdo de cancelación, todo lo demás que estaba diseñado no se disparaba.

Como acá estaba todo el mundo realmente desesperado por vender, más o menos mis palabras fueron –el contador Piacenza las podrá ratificar–: «No tenés nada más importante que hacer que estar allá para que cuando Ancap firme con PDVSA hagas toda la presión que tengas que poner para que Corpovex y Bandes hagan lo que tengan que hacer». Esa fue la razón por la que el contador Piacenza estaba allá. Nosotros no participamos en lo más mínimo en la negociación de la cancelación y del monto. Es más: desde el primer día partimos de la base de que eran USD 265 millones; por eso se hablaba de esa cantidad en el convenio que se firmó. ¿De dónde salió la cifra de USD 265 millones que está en el convenio que se firmó entre el 6 y el 7 de julio? Ese era el número que figuraba.

Demoraron dos meses para firmar. Al otro día de que se firmó, estábamos en Corpovex y Bandes haciendo gestiones para que se moviera el fideicomiso.

El 29 de setiembre –es decir una semana después– se firmó el fideicomiso entre Corpovex y Bandes.

Como recordarán, el presidente de Conaprole me llamó el 18. Teníamos información de que se había firmado ese día. Inclusive, la declaración pública está grabada por tres canales de televisión a la salida del ruedo de la jura de la raza Hereford o Aberdeen Angus, no lo recuerdo. Lo cierto es que él me llamó y me dijo: «Recibí una buena noticia: nos piden el primer embarque». Yo le aclaré: «Mirá que todavía no está el fideicomiso». Me preguntó: «¿Qué hacemos? ¿No exporto nada?». Le contesté: «Me parece que no. Hasta que no esté por lo menos constituido el fideicomiso no podés exportar, porque sin fideicomiso no hay plata». Como dije, acá todos estábamos muy apurados, sobre todo quienes tenían necesidad de vender.

El 29 de setiembre se firmó el fideicomiso entre Corpovex y Bandes.

El 30 de setiembre se hizo el primer embarque de Conaprole. Quienes estaban participando de este proceso sabían que la plata no estaba. O sea que acá nadie puede decir: «Creíamos de buena fe que la plata de la cancelación había quedado en Uruguay y tres meses después nos desayunamos de que la plata no está». No; se conocía la situación: el 28 no estaba el fideicomiso; el 29, estaba; la plata no vino de un día para el otro, y el 30 de setiembre salió el primer embarque.

El 5 de octubre salió el segundo embarque. La plata todavía no estaba; no se podía hacer funcionar la operativa. Es cierto que la jerarquía de un convenio de país a país puede hacer sentir al exportador una tranquilidad que antes no tenía –no tengo dudas de que es así; para eso lo hicimos–, pero quienes estamos en los negocios sabemos que por algo existen los certificados, los documentos y los plazos.

También habría que analizar lo que ocurrió los últimos cinco años. No tengo todos los datos, pero sí tengo información de lo que pasó con los quesos. Conozco a la perfección cuál fue el tiempo medio de cobranza de un negocio de quesos entre un privado y Venezuela: entre seis y ocho meses. Pero eso no importaba, porque los quesos se vendieron a 5,13 y valen 2,40. ¡Si había que esperar un año, igual era negocio! Pero el riesgo es parte del negocio. Este negocio no habría tenido riesgo si se hubiera cumplido la operativa que nosotros planteamos en el contrato con los queseros. Acá tengo el contrato de una empresa, que está clarito. Si esta empresa hubiera recibido la orden de compra y, además, la comunicación de Bandes de que estaba el certificado, no hubiera tenido problemas. La cuestión es que exportó sin tomar esto en consideración. Yo no estoy culpando a nadie; creo que hasta el aburrimiento expliqué el estado de nerviosismo y preocupación general que tenía todo el mundo. Había presión por vender. Pero no hubo alguien que dijera: «¡Vendé, vendé, vendé, que los pobres venezolanos precisan alimento!». No; tampoco acepto ese tipo de cosas. Esto es un negocio. El Gobierno generó las condiciones para que los negocios se hicieran. Desconozco –reitero– cuáles son las condiciones del contrato de Conaprole que, de repente, en forma privada tenía estas coberturas que no tenía el contrato tipo de Corpovex. Ahora bien, los queseros, que tenían el 90 % de los quesos en Venezuela, que hacía ocho meses que no vendían, que están en este negocio por las gestiones que hizo el Gobierno, por la negociación que hizo con aquel país, que fueron acompañados por la delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, además tuvieron el asesoramiento legal de cómo debe ser un contrato para que este instrumento no tuviera riesgo. Nadie puede negarlo.

Sigue una sucesión de embarques; aclaro que tengo las fechas de cada uno y de los pagos, pero no lo voy a leer. En determinado momento empezó la insistencia de Uruguay a Venezuela –como bien decía el legislador convocante–, preguntando: «¿Y la plata? Porque la gente ya mandó el embarque y la plata no está». Hubo una gestión de este Gobierno diciendo al otro: «Mirá que firmaste un convenio acordando que la plata de la cancelación, a razón de USD 50 millones por mes, iba a venir a un fideicomiso de administración de derecho privado entre Corpovex y Bandes Uruguay, que tenía que garantizar esto»; como saben, no soy abogado.

Llegamos al 10 de diciembre. Debo confesar con total honestidad que, frente a la pregunta que hizo el miembro convocante en la sesión de la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del 9 o el 10 de diciembre, dije que tenía la expectativa de que llegarían los segundos USD 50 millones. Era así porque preguntábamos a los exportadores qué pasaba y nos contestaban: «Nos dicen que la semana que viene llegan USD 50 millones», y así sucesivamente. Por eso la frase: «Veremos si esto se incumple o no y volvemos a conversar más adelante». Acá hay un incumplimiento claro, y por eso estamos tratando de encontrar soluciones paliativas, señor presidente, para recomponer el flujo de pagos de este sector tan importante para la economía nacional.

En síntesis: no se cumplió el convenio de país a país. Estamos viendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de qué manera este convenio incumplido puede hacerse valer como activo en el futuro –es un tema de discusión jurídica que hemos planteado–, pero hoy estamos en esta circunstancia: se exportó; una buen parte no se cobró y, según dicen algunos exportadores, sobre todo los de quesos, la preocupación más grande es que se volvió a cortar el flujo de compra y no hay mercados alternativos.

A mí me gustaría, por un momento, que hiciéramos ficción e imagináramos cuál sería la situación si el 22 de junio el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a quien el miembro convocante alude como responsable de esto, no hubiera ido al Consejo de Ministros y su sustituto no hubiera tenido la feliz idea de involucrarse en este lío. ¿Cuál sería la situación? Por lo pronto, no estaríamos hoy acá, pero al problema de los quesos que se están acumulando –tal como manifestó el miembro convocante– habría que agregar las 4200 toneladas que ya se fueron, porque no hay mercado alternativo. Ayer hablé con el gerente de una de las principales empresas, concretamente la que no cobró nada, y aprovecho a contestar una de las preguntas. ¿Por qué razón unos cobraron y otros no? La respuesta es que no lo sé, porque no dependía de nosotros ni estaba previsto. Lo que estaba previsto era que se exportara contra la documentación que certificara que la plata estaba, y se exportó sin que eso sucediera. O sea, se hizo confianza en que este era un acuerdo que tenía involucrados a los dos Gobiernos y, además, los precios eran significativamente más importantes que los alternativos.

Ahora volvamos a la ficción que planteé. Lo primero que habría ocurrido es que no hubiéramos recompuesto el flujo comercial; cuando lo hicimos, pensábamos que el flujo comercial se iba a mantener. Lo segundo es que hubiéramos vendido en el siguiente mercado alternativo y, asumiendo esto, el costo –si le quieren poner un número– sería de USD 20 millones. ¿Por qué? Porque si lo que se vendió se hubiera vendido al siguiente mercado alternativo, comparado con lo que se cobró, estaría faltando esa cifra. Obviamente, desearíamos que no faltara nada, que se pudiera cobrar la deuda anterior. Estamos convencidos de que Venezuela, a la larga o a la corta, seguirá siendo un comprador de lácteos.

Entonces, de ninguna manera podemos pensar que este fue un negocio de Gobierno a Gobierno; lo que hubo de Gobierno a Gobierno fue un acuerdo. Asimismo, lo que hubo entre el Gobierno uruguayo y los exportadores privados fueron largas conversaciones buscando soluciones, para tratar de encontrar la vuelta a esta situación tan crítica que ya describí profusamente.

Hechas estas aclaraciones, me gustaría contestar las preguntas.

La primera es: ¿cuándo y por medio de quién supo usted que el dinero no quedaba en Uruguay en el fideicomiso a firmarse? ¿Lo supo antes o después? Sé cuándo lo supe: al otro día de la cancelación del 18 de setiembre nos dijeron que el dinero iba a ser girado a un banco que indicaba el acreedor.

La segunda pregunta dice: ¿por qué no hizo nada usted o sus representantes ministeriales en todo el proceso para evitar que el dinero se fuera de Uruguay? No es que no hice nada; hice la consulta y la respuesta que tuve fue: «Porque el dinero es del acreedor». Acá hubo una cancelación, por la cual Uruguay recibió un documento de pago por más de cuatrocientos millones de dólares y pagó USD 260 millones.

La tercera es: ¿usted participó en la redacción del fideicomiso? No, el fideicomiso es entre Corpovex y Bandes. Yo participé directamente desde la tarde del 22 de julio hasta hoy, siguiendo este proceso. Participé en la construcción de esta ingeniería financiera.

Hay que tener claro que cuando se habla de fideicomiso, el acuerdo dice claramente «el fideicomiso que constituirá Corpovex en Bandes Uruguay», pero la gente interpreta que hay un fideicomiso del Gobierno uruguayo o uno por el cual el dinero de la cancelación se iba a depositar ahí, y esa no es la interpretación de ningún integrante del Gobierno.

En cuanto a si en el fideicomiso se debe cobrar a prorrata de lo exportado, no por el fideicomiso, sino por el contrato que los exportadores firmaron con Corpovex, la prorrata no tiene nada que ver; este es un negocio entre una empresa y Corpovex. La condición del negocio establece que Corpovex manda la orden de compra, el exportador se presenta en Bandes y dice: «Mire, tengo esta orden de Corpovex». Bandes le contesta: «Vos sabes que no hay plata». Bueno, si no hay plata, entonces no hay que exportar porque el contrato establece que Bandes tiene que entregar un certificado que acredite que la plata está y contra la presentación de los documentos de embarque cobra el 80 %.

Me olvidé de decir algo. En las gestiones que hicimos durante la misión con los exportadores y después del primer día, cuando los exportadores uruguayos –todas empresas privadas– negociaron en la tarde las cantidades y los precios –proceso en el cual nosotros no participamos–, ya en el hotel donde estábamos alojados nos mostraron el contrato que habían firmado. Nosotros nos dimos cuenta de que faltaba la cláusula que les habíamos dicho que tenían que salvaguardar. Nos contestaron: «Bueno, pero nos dijeron que este era el contrato tipo y que era este contrato o no era nada». Les dije que no podía ser, que ellos no podían vender así. Se lo señalé concretamente a uno de los representantes de las queseras y recuerdo con precisión al señor representante de la empresa Cereoil. Le dije: «Pero vos te das cuenta de que esto es menos que un cash against documents, ¡es menos que eso! Esto implica que tú mandás y después, cuando llega a destino, si te dan conformidad, te pagan». Entonces, nos tomamos un taxi con el contador Piacenza, fuimos a Corpovex y tuvimos una hora y media esperando para que nos atendieran, para decir que nosotros no hacíamos los negocios de los privados, pero que habíamos recomendado a nuestros exportadores que no firmaran ese contrato porque queríamos que la conformidad del producto se diera en origen, aunque hubiera que pagar una certificación, SGS, Caleb Brett o cualquiera por el estilo, porque el objetivo de esto era garantizar la exportación. Si tengo un mercado de riesgo y mando en un formato cash against documents cobro o voy en un barco a buscar la mercadería porque no me la aceptan. Me había olvidado de contestar esto que no es un detalle menor.

O sea que no hay nada que tenga que ver con prorrata; hay un contrato con Corpovex que, si se hubiera cumplido, no habría habido este problema.

Continúo con las preguntas.

La sexta dice: ¿por qué se alentó a empresas como Conaprole a exportar, si el dinero no estaba? Esta pregunta ya la contesté, creo. Acá no se alentó a nadie; al contrario, se frenó. Pero tomada la decisión unilateralmente por Conaprole de exportar 2000 toneladas que estaban pendientes del contrato anterior –hala barra gente de Conaprole– yo pregunté: «¿Por qué no mandás dos más?». Reitero: «¿Por qué no mandás dos más, Álvaro, y generás el antecedente de que, a cuenta de esto, estás mandando 2000 más?». Lo asumo. Entonces, si se me pregunta si alenté a vender 2000 toneladas a Conaprole, la respuesta es sí, señor presidente, pero 2000 toneladas; frené el resto.

(Ocupa la presidencia la señora legisladora Daniela Payssé).

–La séptima pregunta es: ¿por qué se está descontando a los productores el 3 % de comisión en las facturas del Bandes, si los honorarios del fideicomiso son el 0,01 %? Tampoco lo sé, señora presidenta. No sé por qué. Es cierto lo que dice el miembro convocante: el fideicomiso es de USD 1, porque se constituye con USD 1, después le ponen USD 50 millones y no le ponen los siguientes USD 50 millones. Es decir que el fideicomiso se constituye con USD 1 y, un tiempo después, le ponen USD 50 millones. Esto también habla de los costos de administración, que son del 0,01 %. O sea que desconozco por qué en la factura se cobra eso.

Cuando tomamos conocimiento de esto –ojo, porque fue hace un tiempo– hablamos con dos exportadores, tres o cuatro días después de que fuéramos convocados por el señor legislador Umpiérrez a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes. Hablé con los señores Noya y Bachmann y les pregunté –lo hago público–: «¿Ustedes pagan alguna comisión extra?». La respuesta fue que no había ninguna comisión, que lo que había era un costo de administración que cobra el Bandes. A lo que pregunté: «¿Están de acuerdo con eso?». Me respondieron: «Y bueno, al precio que estamos vendiendo, el 3 % no es nada». Esa fue la respuesta de uno de ellos, el otro no me comentó nada.

La octava pregunta dice: «Ante el impago, ¿por qué no se conformó una delegación de primer nivel para concurrir a Venezuela a reclamar el cumplimiento del fideicomiso? Más que conformar una delegación, hemos estado permanentemente en contacto con la Prosecretaría de la Presidencia y con la Cancillería, tratando de que se pagara, y estamos convencidos de que tendremos que llevar adelante una acción de este tipo.

Yo dije que, además de las ocho preguntas que me hacía el miembro convocante, iba a contestar algunas que no me había hecho y ya lo hice a lo largo de la exposición. Una es con respecto a la misión: ¿por qué el contador Piacenza y yo acompañamos a los exportadores? Esto lo he explicado con lujo de detalles. Además, aclaré en más de una oportunidad que entendíamos que el contrato tipo de Corpovex tenía defectos y ayudamos en la redacción.

Finalmente, quisiera hacer una síntesis con base en las tres argumentaciones del señor miembro convocante.

Este no fue un negocio de Gobierno a Gobierno; fue un acuerdo de características políticas de Gobierno a Gobierno, en el marco de una cancelación que tenía objetivos financieros para la empresa Ancap y repercusiones en la economía nacional, al que agregamos que sirviera para apalancar la recuperación de las ventas en un momento muy particular.

Por otra parte, admito que alguien pueda interpretar las cosas de otra manera porque está el Gobierno. Pero no es solo que está el Gobierno, porque hay gobiernos y gobiernos, y hay involucramientos e involucramientos. Yo tengo un defecto y es que agarro los temas y los sigo. Capaz que lo más prudente hubiera sido no tener tanto contacto con los exportadores, no estar tan cerca, no estar llamando tanto, no estar tratando de frenar. Bueno, si ese es un error, me felicito de haberlo cometido. Repito: si ese es un error, me felicito de haberlo cometido.

Si no resumí mal, la tercera argumentación refiere a cuál fue nuestra responsabilidad en la construcción del fideicomiso. Nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad en la construcción del fideicomiso. En el acuerdo de los días 6 y 7 de julio dejamos sentado que la forma de pago debía ser a través de un fideicomiso de la empresa que compraba –Corpovex–, en Bandes Uruguay, que se capitalizaría o tendría ingresos a razón de USD 50 millones mensuales. Me parece un detalle a destacar porque si van a ser USD 50 millones por mes, está aludiendo indirectamente a que los USD 265 millones no quedaban en nuestro país.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Voy a hacer una brevísima intervención vinculada con un punto relevante de los comentarios que ha hecho el señor legislador convocante.

El ministro Aguerre acaba de exponer con gran detalle y rigurosidad los fundamentos que llevaron a proponer que se articulara la cancelación de la deuda con PDVSA al proceso de promoción comercial y, particularmente, el que involucra a la industria láctea.

En estas palabras finales quiero enfatizar que se trata de dos operaciones separadas y distintas, si bien después fueron articuladas por todos los fundamentos expuestos. Pero, por ejemplo, en 2012 se hizo la misma operación sin que hubiera articulación con este ni con ningún problema.

Las operaciones son separadas, y eso quiere decir, primero, que la cancelación de la deuda de Ancap con PDVSA de la manera como se hizo hubiera sido de cualquier modo y condición. Aunque no hubiera existido el planteo el ministro Aguerre –por suerte existió; a pesar de los incumplimientos algún avance estamos teniendo, si bien es mucho más lento de lo que quisiéramos–, esta operación se habría realizado. Porque, como ya expliqué, por el lado que se la mire, es absolutamente conveniente para el país. Esta articulación aportaba lo que el ministro Aguerre llamó un plus, es decir, un valor agregado, algo muy importante desde el punto de vista productivo.

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía una sola obligación –de acuerdo con la decisión del Parlamento–: suministrar a Ancap los recursos necesarios para que cancelara la deuda con PDVSA. El ministerio cumplió estrictamente con esa obligación. El ministerio tenía que asegurar que Ancap pagara a PDVSA con los recursos que recibía en préstamo de la cartera, y ahí terminaba la responsabilidad del ministerio. No puede decirse que era responsabilidad del ministerio –total o parcial– impedir que los recursos salieran del país.

Razonemos unos minutos, nada más. Si nosotros ponemos condiciones al acreedor, para que no solo dedique los recursos a determinado fin, sino que además nosotros nos quedamos con los recursos, no encuentro manera más eficaz de arruinar toda la operación y destruirla.

Quiero afirmar aquí, con total responsabilidad, que en caso de haber actuado así no se hubiera hecho la cancelación de Ancap con PDVSA porque habría fracasado. Nadie hubiera podido aceptar condiciones de ese tipo. Si esa operación hubiese fracasado, no estaríamos aquí discutiendo todo esto. Son dos procesos separados, pero el primero es condición sine qua non del otro.

Por eso pongo el énfasis en la necesidad de tener en cuenta, en primer lugar, que el Gobierno no cambió su opinión, porque este acuerdo lo habría hecho sí o sí. ¿Por qué? Porque era lo mejor para Ancap. Estoy seguro de que todos compartiremos que mejorar la situación de Ancap es un objetivo positivo. ¡Y vaya si mejoró la situación del pasivo de Ancap una operación de este tipo!

Por supuesto, hubo declaraciones varias de intención al respecto. Las mencionó con detalle el ministro Aguerre, yo no voy a volver sobre estas. Pero no van a encontrar una sola frase escrita por nadie en un documento en este proceso que diga que el Ministerio de Economía y Finanzas debió retener los recursos en Uruguay. No la van a encontrar porque es imposible proponer eso; absolutamente imposible.

Quise expresar estas palabras finales para dejar bien definida la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y el cumplimiento estricto de esa obligación.

Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Umpiérrez.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Señora presidenta: voy a responder algunos de los planteamientos que se han hecho, aclarar otros, enfatizar sobre algunos errores y discrepar profundamente con otras cuestiones.

El ministro Astori exponía sobre las bondades financieras de la cancelación de la deuda de Ancap con PDVSA. Eso no se cuestionó; nuestro partido lo votó. Si no hubiera habido acuerdo económico, también lo habríamos votado. Ya lo habíamos votado la vez anterior. Nosotros no cuestionamos la ecuación financiera del negocio de cancelación anticipada; el cuestionamiento viene por otro lado.

Cuando el ministro Aguerre reivindica su participación en la idea del fideicomiso –porque después dice que no participa–, es como un desenganche. Porque participamos en la generación de un mecanismo, pero luego, aparentemente, el país –como gobierno, como institucionalidad– a través de ninguna de sus dependencias hace un seguimiento de ese fideicomiso o de sus condiciones.

Al igual que para bailar, en el comercio se necesita una pareja, o sea, dos cosas: vender y cobrar. No solo se trata de vender, también hay que cobrar. No se trata solamente de mandar las cosas y que las reciban, sino de que las paguen. Como dijo el ministro Aguerre, obviamente, Venezuela es un país riesgoso. Eso debería haber exacerbado el interés, la precaución, la diligencia y la minuciosidad para seguir todo esto. No se puede jugar con un país riesgoso, entregándole la plata para luego esperar a ver si se cobra, si empiezan a poner plata en un fideicomiso.

No voy a leer otra vez lo mismo, pero parece que estamos en dos mundos paralelos. Me aburrí de leer declaraciones de Ferreri en las comisiones, y en cuanto lugar estuvo, que afirmaban que el dinero, los USD 267 millones, quedaba en Uruguay. El presidente de la república así lo dijo; lo refrendó el ministro Rodolfo Marco Torres. Cómo había que hablar a los señores ministros para decirles que el dinero tenía que quedar en Uruguay. Y ni que hablar de que el documento también lo prevé; lo leí de cabo a rabo. No dice USD 50 millones mensuales, sino que se van a integrar con cincuenta millones iniciales. Obviamente, se establecía que serían iniciales mientras se negociara la cancelación, pues no se sabía el monto. Después se dice que será hasta completar el monto de la negociación entre las dos empresas petroleras. No se habla de partidas de USD 50 millones mensuales. Lo que se dice es que mientras se negocia se va a integrar esa suma para que empiece a funcionar y cuando se termine se vuelca el resto. No hay dos interpretaciones; no hay que encontrar un documento firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la presencia del titular de esa cartera el día en que se hizo el lanzamiento de este acuerdo vale más que mil documentos firmados por el propio Astori. Él estuvo el día en que esto se avaló, se firmó y se presentó públicamente. Entonces, no es un problema de encontrar, o no, la presencia de un ministro; cuando decimos «de Gobierno» es de Gobierno; es responsabilidad global de todos.

Aparte se juega en ese desdoble por el que parecería que los Estados son cosas desarticulables en fracciones mínimas, que son compartimentos estancos donde no se ejecutan las voluntades de las cabezas de los organismos. Entonces, Ancap puede decidir lo que quiera, el MEF puede hacer otra cosa, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca otra y todo es independiente: aparentemente se desvertebra la voluntad de los presidentes.

Se habló de una deuda anterior de otro organismo público estatal y de las exportaciones de Venezuela anteriores a Corpovex. Parece que todo es diferente cuando todo es lo mismo: es el mismo Estado venezolano, que creó otra organización con distinto nombre: Corpovex.

El ministro nos habla de que agregó cláusulas en los contratos para tratar de asegurar los cobros, y ¿cuál es el problema? Que no estuvieron en el fideicomiso: no participaron en su constitución. El contrato del fideicomiso es una colección de chicanas para no pagar: hay que leer las cláusulas 6.3 y 6.4 para darse cuenta de que el Bandes se reserva la capacidad de observar las órdenes de pago enviadas por Corpovex, aunque sea absurdo. O sea: yo soy el dueño que hago el mandato en el fideicomiso, decido qué se debe pagar, a quién se le debe pagar, de qué forma y cuánto, y el banco, que es el que tiene que ejecutar la fiducia, se reserva el derecho de oponerse y objetar el pago. Absurdo, ¡absurdo! ¿Qué cláusulas me van a decir que agregaron en los contratos con Corpovex si no estuvieron en el fideicomiso que, entre otras cosas, establece esto? Por eso digo: grueso error.

Es terrible que el ministro me diga que tuvo que ir al Registro Nacional de Actos Personales a pagar un timbre de $ 1500 como un vulgar ciudadano para tomar conocimiento de la existencia del contenido del fideicomiso. ¡Es terrible! ¡No sabía lo que decía el fideicomiso! ¡Se fue a enterar unos días atrás! Y tuvo que ir como ciudadano a pedir un certificado registral, como un escribano, haciendo la cola, cuando se trata de un acuerdo Gobierno a Gobierno. Esta es la negligencia, la omisión, hasta la ineptitud –en este rasgo– de todas las esferas involucradas del Gobierno por no participar en la generación y estructuración del fideicomiso que, en su uso y ejecución, quedó absolutamente librado a la voluntad de Venezuela a través de dos instituciones estatales del Gobierno de ese país, como Corpovex y el Bandes.

Después se habló del crédito puente y esto también nos preocupa porque, en definitiva, genera a los productores otro problema adicional. El Gobierno debe buscar otra solución que implique asumir esto como deuda propia, como pago propio del Gobierno, y no trasladar a los productores la responsabilidad en todo el proceso: «Vayan al banco, pidan un crédito y eso sí, se lo vamos a dar». Claro que van a pagar intereses y, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el día que pague Venezuela? ¿Cuándo va a pagar? ¿Dentro de uno, cinco, diez, quince, veinte años? ¿Cuándo? Mientras tanto, ¿qué hace el productor? ¿Sigue pagando intereses, esperando que Venezuela le pague? ¿Es esa la solución que eventualmente nos van a proponer como alternativa en días futuros? Aparte es una solución totalmente injusta: volvemos al ejemplo de las queseras. Hay unas que cobraron casi todo y no es un problema de documentos, porque a ninguna de las tres queseras les faltan documentos; todos fueron presentados en Venezuela y en el Bandes. Sin embargo, hay una empresa que cobra el 80 % y otra no cobra nada; hay una que paga alegremente el 3 % y la otra no sabe por qué pagó eso. Entonces, se genera una injusticia, porque a una le van a dar USD 7.500.000; tendrá que tomar un crédito por esa suma y pagar los consecuentes intereses; otra tendrá que asumir un crédito de USD 1 millón y otra de USD 5 millones. Eso genera un desequilibrio patrimonial financiero en los balances de las empresas lácteas que, obviamente, incide en su capacidad de financiamiento futuro y en el análisis que hace de su patrimonio cualquier banco. Les van a tirar otra loza en la espalda y, obviamente, si el crédito puente saliera, se van a prender como a un fierro caliente, porque no tienen más remedio. Capaz que hasta aplauden, porque no hay más remedio, pero no porque sea lo que corresponde que suceda en este proceso.

Considero que el ministro es un hombre sumamente inteligente, pero me asombra la ingenuidad con que actuó en este proceso. El 9 de diciembre todavía esperaba que siguieran llegando los USD 50 millones y no sabía que Venezuela no tenía petróleo para vender. Supuestamente, integra el mismo Gobierno y en aquel entonces estaba Coya; entonces, asusta esa ingenuidad.

Yo quería que hoy el ministro diera respuestas a los productores. Estaba esperanzado de que hoy hubiera propuestas concretas de salida de la crisis para el sector generada coyunturalmente por este tema; lo global ya lo sabemos y es ajeno. Porque el ministro Aguerre no está presente por el tema de los negocios históricos con Venezuela, ni por la evolución de precios y los valores. Está presente por la cuestión concreta de este negocio en el que desapareció el dinero que tendría que haber quedado en Uruguay, y lo diremos hasta el cansancio. Lo dijeron todos: lo dijeron los miembros informantes, los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión; lo dijo el presidente de la república, lo dijeron en Venezuela. En fin; lo dijeron todos y, además, a ninguno de los cinco mil tamberos del Uruguay o de las empresas lácteas se le distribuyó puerta a puerta el convenio para que supieran lo que decía o no decía. Confían en lo que escucharon de su presidente. Confían en lo que escuchan del ministro de finanzas del otro país: «Olvídense; el dinero queda en Uruguay para garantizar el flujo de exportaciones y cancelar la deuda pasada». Olvídense. Nadie se duerme leyendo el Diario Oficial para ver si allí se publica el texto del convenio.

Además, ese convenio no dice lo que quiere leer el ministro. Es abstruso tratar de negar lo que allí figura, letra por letra, que no deja ningún lugar a dudas. Además, aunque ese convenio no dijera eso, después de lo manifestado por el presidente de la república y por todos los representantes políticos del Poder Ejecutivo, poco importaría lo que expresara. Lo que pasa es que todavía hay una respuesta pendiente de las que se hicieron. ¿Cuáles fueron las poderosas razones que generaron el cambio en bloque del discurso de todos los representantes del Gobierno hasta que llegara el dinero a China? ¿Qué es lo que pasó? Esos son los famosos sesenta y un días de los que habla el ministro durante los cuales hubo un silencio oficial; en ese lapso el dinero dejó de estar en Uruguay y pasó a estar en China. Y no sabemos quién lo definió, si fue un uruguayo, un venezolano; no nos pueden decir que la plata del acreedor la cobra el acreedor. ¡Por favor! Estamos hablando de empresas estatales, de Gobiernos, en un pacto de Gobierno a Gobierno, más allá de que la instrumentación de precios, los volúmenes de carga y las fechas de entrega fueron de particulares. Es obvio que eso no lo va a definir el Gobierno, pero lo cierto es que –para poner los números– este error cuesta al país el equivalente a 1200 millones de litros de leche, cuando Uruguay produce al año 2300 millones de litros. Tiramos medio año de producción del sector lácteo, en un momento muy especial.

Por supuesto que el Poder Ejecutivo no es el causante de la crisis del sector lácteo, que vive una terrible coyuntura internacional de precios –vimos los precios en Fonterra que volvieron a caer en todos sus valores y en todos los rubros en la última licitación–, pero sí la agravó.

Si esto era un tipo en la horca colgado del pescuezo, le pateó el banquito; ese es el tema. La piola estaba alrededor del cuello; ahora le pateamos el banquito donde el tipo estaba parado. Y ahí está la responsabilidad.

El ministro Astori dijo que no hay ninguna cláusula. Ya me referí a que el ministro Astori participó en aquel mismo momento y en todo el trabajo enganchado de la Unidad de Gestión de Deuda. Además, cuando compareció Ferreri estuvo Kamil participando y escuchó las mismas afirmaciones que Ferreri y nunca hubo una contradicción por parte de la Unidad de Gestión de Deuda que estaba negociando conjuntamente con Coya y como contraparte en la cancelación de la deuda de Ancap. Entonces, no puede decirse que de esto el Ministerio de Economía y Finanzas sale limpito; no es así.

Creo que queda demostrada la existencia de dos mundos paralelos, y uno se dedica a negar la realidad. No es el que construimos nosotros, señora presidenta. Lo que hemos hecho a lo largo de nuestra exposición fue leer detalladamente documentos tras documentos, en los que no hay dos interpretaciones. De todas maneras, tengo algunas preguntas para el señor ministro Astori, que me gustaría respondiera.

En primer lugar, quisiera saber por qué el Ministerio de Economía y Finanzas en sus comparecencias parlamentarias, en Diputados y en el Senado, siempre anunció que el dinero del pago de Ancap a PDVSA quedaba en Uruguay. Si el ministro Astori dijo que se trataba de dos negociaciones independientes, ¿por qué cuando concurrieron al Parlamento los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas afirmaron esto?

En segundo término, por qué el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del señor ministro o de la Unidad de Gestión de Deuda que participó en la negociación, no condicionó la entrega del dinero a Ancap planteando que quedase en Uruguay, de acuerdo con lo manifestado por sus autoridades en el Parlamento y al memorando de entendimiento del 5 y 6 de julio firmado por Vázquez y el Gobierno de Venezuela, en cuyo lanzamiento participó como ministro.

En tercer lugar, la participación de la Unidad de Gestión de Deuda para cancelar la deuda de Ancap, ¿fue simultánea con la de la sociedad paraguaya Exor S. A. para la negociación de la deuda? ¿Negociaron en conjunto?

En cuarto término, ¿la Unidad de Gestión de Deuda se cercioró de que los pagarés o facturas conformadas por compras de petróleo de Ancap no hubiesen sido descontados en China u otro país por PDVSA? Uno no piensa mal, pero en esto termina por hacerlo. ¿Por qué el dinero fue a China? ¿Hubo una triangulación? ¿Tenía que quedar plata por el camino antes de que llegara a Venezuela? ¿O se comieron que los pagarés estaban descontados en China para conseguir circulante porque no lo tenían?

En quinto lugar, ¿cuál fue la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en la conformación del fideicomiso? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué el Estado uruguayo no forma parte del fideicomiso como fideicomitente o parte del mismo para el control de su funcionamiento?

Por último, quisiera saber –si es que el señor ministro lo sabe–, ¿por qué se cobran comisiones en las facturas del fideicomiso del 3 % si el costo financiero de los honorarios previstos por el contrato representa el 0,01 %, o sea, un 2,99 % de diferencia –¡pavada de diferencia!– de los fondos administrados según el anexo C del contrato? ¿Quién cobra esa comisión?

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: vamos a ser equitativos, como seguramente lo será la Presidencia. De acuerdo con la tradición parlamentaria, hubo dos intervenciones del legislador convocante y corresponde que haya dos de parte de los ministros convocados.

El señor legislador convocante insiste en sugerir que existía una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a que PDVSA contribuyera a financiar la parte comercial de la experiencia que estamos discutiendo y, además, de que los recursos permanecieran en el Uruguay. Con todo respeto quiero decir que el señor legislador convocante está equivocado: eso no existe, no figura en ningún documento, ni siquiera en aquellos que hacen alusión a la participación de los recursos de la cancelación de la deuda con PDVSA en el financiamiento de las operaciones comerciales. Ni siquiera en esos documentos. Entonces, vayamos por partes.

La obligación del ministerio era poner a disposición de Ancap –así lo votó el Parlamento– los recursos necesarios para pagar la deuda y no para decir a PDVSA que tenía que financiar el fideicomiso que se constituyó para las operaciones comerciales. Es más: si ponemos esa condición a PDVSA, no se hace el acuerdo. ¡Por favor, piensen por un minuto en que esa hubiera sido la manera más rápida de liquidar esta posibilidad! Y si además les digo que los recursos de ellos los voy a administrar yo, entonces francamente estamos hablando de una situación absolutamente irrepetible, de acuerdo con mi experiencia, en todo el mundo y por cualquier objetivo. No solo le habríamos puesto una condición al acreedor, además de las ventajas que obteníamos nosotros, sino que le hubiéramos dicho que nosotros íbamos a administrar sus recursos. Por supuesto que esperábamos que nos dijeran a todo que sí. Eso no se puede hacer; no hay norma ni institución que habilite hacer un planteo de ese tipo. Y no está escrito en ninguno de los documentos que hemos manejado hoy, ni siquiera en el memorando del 6 y 7 de julio, donde se dice que se aprovechará esta negociación de cancelación de deuda para alimentar con otras fuentes el fideicomiso, pero en ningún momento se establece que los recursos no saldrán del Uruguay; no lo dice. Tampoco el documento establece lo que conversaron los presidentes Vázquez y Maduro. No hay ninguna referencia a dónde permanecerán los recursos.

Repasen, por favor –supongo que todos lo tienen–, el reporte, el resumen de la reunión entre los dos presidentes: no hay alusión absoluta a este tema. Entonces, ¡por favor! No sigamos afirmando algo que no es, porque así como el legislador convocante señala que no hay dos interpretaciones posibles, yo estoy viendo que las hay porque, a mi juicio, se está tomando un documento clarísimo donde no se menciona en absoluto el lugar de radicación de los recursos. Estamos cumpliendo con lo que dice el documento y con el espíritu del acuerdo.

Vamos a entendernos. Cuando un acreedor recibe recursos y tiene destinos posibles para elegir dónde volcarlos, tiene todo el derecho a tomar él la decisión. Por supuesto que la intención de este acuerdo es que PDVSA contribuya a financiar con recursos de la cancelación la operación de promoción comercial de productos uruguayos, pero el momento, la cantidad, la expresión, la moneda, la definición de los detalles de la operación, las debe tomar el acreedor, el que recibe los recursos. No podemos sustituirlo en eso. Sería, repito, una manera muy efectiva de destruir la operación, y sin esa operación no estaríamos acá ninguno de nosotros o, peor aun, los productores lecheros del Uruguay no estarían recibiendo ninguna ayuda ni tendrían esperanza alguna.

Esta fue la clave que originó todo, y nosotros hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con la búsqueda de soluciones para los productores lecheros.

Vayamos a las preguntas. Se pregunta por qué el Ministerio de Economía y Finanzas anunció siempre en sus comparecencias en la Cámara de Diputados y en el Senado que el dinero del pago de Ancap a PDVSA quedaba en Uruguay. Como tengo la fortuna de que esté presente, sentada a mi derecha una de las personas referidas, voy a pedir autorización para que el subsecretario de Economía y Finanzas, contador Ferreri, intervenga.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor subsecretario de Economía y Finanzas.

SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Quisiera comentar las alusiones del miembro convocante referidas a mis afirmaciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

El miembro convocante leyó una frase de mi intervención, pero quiero leer también lo que dije antes y después, porque en honor a la verdad citar una sola frase podría cambiar radicalmente el sentido de lo que se quiere expresar. Por lo tanto, voy a leer las frases que dije antes y después, para continuar luego con otros comentarios.

El miembro convocante dijo que ese día yo hice determinadas afirmaciones tres veces; no fue así: yo expresé cinco, y no tres veces, que eran negocios independientes y separados. En una de mis intervenciones –de la cual el miembro convocante extrae una frase– dije lo siguiente: «Entendemos que esta cancelación anticipada es positiva para Ancap y para las cuentas públicas nacionales, de manera independiente del otro suceso. Si bien hay un acuerdo entre ambos países –hace alguna semanas, en Montevideo, se firmó un memorando de entendimiento–, este negocio ocurre en una primera instancia y, luego, con esos fondos, se estructura el fideicomiso con el que comenzará a pagarse el flujo de exportaciones de alimentos uruguayos. Reitero que si bien estos hechos se enmarcan dentro de un acuerdo entre ambos países, este evento ocurre de manera independiente».

Tal como lo explicó con lujo de detalles el ministro Aguerre, el diseño, en el cual colaboró el Gobierno, implicaba una primera operación independiente de cancelación anticipada entre Ancap y PDVSA –la que tenía un beneficio económico y financiero muy importante para Ancap, como explicó el ministro Astori– y luego de este pago iría alimentando un fideicomiso que Corpovex creaba en Bandes –dentro del derecho privado, como también explicó el ministro Aguerre– con USD 50 millones por mes, tal cual se establece en el memorando. En el diseño que se hizo, se preveía que, luego de ir alimentando el fideicomiso con USD 50 millones, las exportaciones se concretarían cuando se tenía el certificado de que el dinero estaba en el Bandes. Por eso –lo dijimos en nuestra comparecencia–, al momento de exportar el dinero estaría en Uruguay, porque fue el esquema que diseñamos y sobre el cual trabajamos.

Como también explicó con lujo de detalles el ministro Aguerre, hubo exportaciones que se concretaron sin que este diseño fuera utilizado en un 100 %.

Pero si quedaba alguna duda respecto de nuestras afirmaciones, ese mismo día se nos solicitó el memorando de entendimiento entre Uruguay y Venezuela. El ministro dijo que ese memorando lo entregó allá por noviembre o diciembre; en realidad, a la Comisión de Hacienda se le entregó el mismo día que comparecimos, de tarde, es decir, el 23 julio.

El memorando, que fue leído por ambos ministros, deja claramente establecido que tendrá una alimentación de USD 50 millones mensuales, extremo que se cumplió en la primera cuota; luego hubo incumplimiento de esa alimentación y por eso estamos en esta sesión.

Por lo tanto, señora presidenta, no acepto y, es más, rechazo la afirmación de que hubo una estafa del Gobierno. El ministro Aguerre explicó claramente por qué –en lo referente al relacionamiento comercial y las industrias exportadoras había pleno conocimiento de esta situación– no hubo ninguna estafa. Además, yo aclaré el sentido de mis palabras y en el contexto que las dije, no como frases sueltas, y acabo de contar que ese mismo día se entregó el memorando.

No obstante, también quiero leer, en función de mis declaraciones y de la entrega del memorando en la tarde de ese día, qué se interpretó en el plenario de la Cámara de Representantes cuando se votó el proyecto de ley de cancelación anticipada. Veamos qué interpretaron algunos legisladores ese día; no voy a dar lectura a todas las declaraciones, porque en muchos casos son similares, pero sí voy a citar la intervención del señor diputado Gandini y lo que entendió de nuestras palabras y de la lectura del memorando. El señor diputado manifestó: «En la exposición de motivos del proyecto de ley de dos artículos relativos a la deuda de Ancap con PDVSA y en este memorando de entendimiento se nos dice que el Gobierno de Venezuela se comprometerá a formar un fideicomiso en Bandes Uruguay y depositará dinero en esa institución. Debe quedar claro que no se refiere a los USD 267 millones; ese dinero no es el que se va a depositar en el fideicomiso. No dice que esa plata no va a Venezuela y se deposita allí para pagar las 265.000 toneladas que se exporten entre junio y diciembre. No, esa plata va para Venezuela». Esto fue lo que interpretó el señor diputado Gandini.

Hay varias afirmaciones más, de otros señores parlamentarios, en la misma línea, a tal punto que proponen un artículo aditivo para subsanar lo que entendían en ese momento como un problema.

Voy a referirme a la intervención del señor diputado Mujica, quien dijo: «El acuerdo que efectuaron los presidentes no vincula el saldo de la deuda de Ancap con la creación de este fondo en Bandes Uruguay. Lo vincula en términos políticos, pero no dice que el dinero no va a ingresar a PDVSA porque, entre otras cosas, […] esos son mecanismos internos del Gobierno venezolano. Nosotros no podemos imponer lo que se debe hacer con la plata que le pagamos por lo que le adeudamos».

Para no extenderme demasiado, voy a finalizar citando las declaraciones de la diputada Patricia Vásquez, quien dijo: «Entiendo que estos dos temas están relacionados, aunque al consultar la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Hacienda del día de ayer, tomé conocimiento de que el Ministerio de Economía y Finanzas informó rotundamente que no es así».

Señora presidenta: con esto quiero dejar claro que se podrán o no compartir, se podrán tener diversas opiniones, pero no se puede afirmar, bajo ningún concepto, y lo rechazamos enfáticamente, que hubo algún ánimo de estafar o que hubo una estafa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: continúo respondiendo las preguntas del convocante.

La segunda pregunta es por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no condicionó la entrega de dinero a Ancap, bajo condición de quedarse en Uruguay. Ya lo hemos respondido, pero lo reitero: caía toda la operación; no se hacía. Si caía ese acuerdo, también perdíamos la oportunidad de discutir lo que estamos discutiendo ahora.

De todas maneras, debo recordar que la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio no participó en los acuerdos de cancelación de deuda de Ancap con PDVSA, porque eso responde a un acuerdo celebrado en 2007. Todos los acuerdos de cancelación realizados –que son dos: uno en 2012 y otro ahora– se hicieron a la luz de condiciones acordadas hace nueve años entre las dos instituciones. Lo que nosotros hacemos es ejecutar una operación de cancelación –como la reciente; en la de 2012 no participó este equipo–, precisamente siguiendo los lineamientos del acuerdo de 2007.

La tercera pregunta es si la Unidad de Gestión de Deuda participó con la sociedad paraguaya Exor. La respuesta es negativa. No participamos.

La cuarta pregunta es si nos cercioramos de que los pagarés o facturas conformadas no hubieran sido descontados en China o en otro país. Nuestra misión no es realizar este tipo de control. No participamos.

La quinta pregunta es cuál fue la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en la conformación del fideicomiso. Tengo que repetir en su totalidad la respuesta que dio el ministro Aguerre. No era nuestra responsabilidad participar de un fideicomiso entre sujetos no residentes. El fideicomiso lo hace Corpovex con Bandes instalado en Uruguay. Nuestro país no tiene posibilidad de participar de este fideicomiso a través de ninguna institución.

Finalmente, se nos pregunta por qué se cobran comisiones de 3 %. No tenemos conocimiento de ese tema. Por lo tanto, no podemos contestar. Nuestra misión no incluye participar en las condiciones de comercialización que se hacen a la luz de estos acuerdos. Lamentablemente, no puedo dar respuesta a esta pregunta porque no conozco la razón que podría llevar a contestarla; además, no es nuestra responsabilidad.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señora presidenta: creo que a esta altura del debate los hechos relatados y revelados, las afirmaciones formuladas por el señor legislador Alejo Umpiérrez y las respuestas ensayadas por los señores ministros que han comparecido empiezan por demostrar, por lo menos, la pertinencia y la justificación de que esta instancia se haya llevado a cabo.

Quiero hacer una valoración de las respuestas que hemos obtenido de parte de los representantes del Poder Ejecutivo. En función de que esta instancia parlamentaria se aproximaba, recogimos alguna información con relación a este asunto, en particular entre compañeros de nuestro partido que han estado más directamente vinculados a este tema: el senador Besozzi, los diputados Roselli, Lafluf y Olivera, que integran la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca o están preocupados por el impacto que este asunto tiene en los departamentos que representan, y el diputado Gandini, que es representante del Partido Nacional en la Comisión de Hacienda.

He llegado a la conclusión de que, más allá de la buena intención –prefiero no juzgar ni atribuir mala intención a nadie; tampoco a los señores ministros presentes–, a esta altura parece evidente que las empresas que se han visto afectadas por esta situación fueron inducidas por el Gobierno, por los ministros, por la realidad, por la forma en que se desarrollaron los hechos. En función de la gestualidad, más allá de las palabras o del mayor o menor aliento del ministro Aguerre, los hechos se interpretaron como una oportunidad de negocio y en términos de certeza, lo cual –digámoslo claramente– después no aconteció. Estas empresas interpretaron que este fue un negocio en el que la seguridad del cobro era prácticamente un dato que se conocía de antemano; de manera que aumentaron su producción, tomaron más personal y pagaron más horas extras, fundamentalmente en los meses de setiembre y octubre. En este momento, por ejemplo, se han producido miles de toneladas de queso, pero no se pueden vender, en razón de todo lo que el legislador Alejo Umpiérrez ha explicado y yo no voy a reiterar, porque sería de una enorme torpeza.

Ahora bien, que el Gobierno indujo, indujo; que actuó con la más noble y alta intención patriótica, puede ser, pero indujo. Eso es absolutamente incontrastable. No me parece satisfactorio que el señor ministro Astori venga a ensayar la respuesta –francamente, a esta altura de la discusión y en función de las circunstancias, me parece bizantina– de que estamos frente a dos instrumentos jurídicos distintos. Estaremos frente a dos instrumentos jurídicos distintos, pero estamos frente a una misma solución que se compone de esos dos mismos instrumentos o de esas dos mismas vías de resolución de temas que inexorablemente están emparentados.

El ministro viene a tratar de salvar la responsabilidad del Gobierno –está bien; lo convocamos para que se defienda, para que explique la posición del Ministerio de Economía y Finanzas– y nos dice que no pueden indicar al acreedor, en este caso a PDVSA, lo que tiene que hacer con los recursos. El ministro dice que después de que cancelemos la deuda no podemos meternos en lo que PDVSA haga con el dinero que le pagamos, ni en la cantidad ni en los montos que componen esa deuda que se cancela. Eso es contradictorio con los antecedentes legislativos que con relación a este tema fueron constituyéndose progresivamente en el ámbito del Parlamento porque, como todos sabemos, esto dio lugar a la aprobación de una ley que autorizó al Poder Ejecutivo a destinar a Ancap USD 267 millones para realizar esta cancelación.

También yo voy a remitirme a la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del 22 de julio, de la que participé. El señor legislador Gandini, que recién fue aludido por el señor subsecretario Ferreri, claramente y con enorme prudencia preguntó sobre esto porque habíamos visto que en la exposición de motivos había una alusión a la exportación de alimentos. Entonces, si los instrumentos son tan independientes, ¿por qué en la exposición de motivos, que está referida a uno de los aspectos, se incluye el otro? Podría haberse incluido un tercero, cuarto o quinto aspecto. ¿Por qué se incluyó ese? Porque alguna vinculación tiene. Repito: no caigamos en argumentos bizantinos, porque me parece que no es un buen camino para entendernos.

El señor legislador Gandini expresó en la sesión de la Comisión de Hacienda: «En la exposición de motivos se hace referencia a un componente más complejo, y más interesante también, que tiene que ver con las deudas que mantiene el Estado venezolano con las empresas exportadoras uruguayas, la creación de un fideicomiso en el Bandes […]». Y con enorme prudencia dijo: «O sea, dio la impresión –capaz que hice una lectura absolutamente errónea– de que era una suerte de petróleo por alimentos». El señor subsecretario contestó de manera absolutamente inequívoca e incontrastable. No se puede decir que esto no está escrito. No está escrito en un convenio, en un memorando de entendimiento, no fue incluido en la ley; es verdad, pero los antecedentes de la ley y su historia fidedigna está compuesta por lo que el Poder Ejecutivo dice y deja sentado en la versión taquigráfica cuando expresa la exposición de los motivos de la norma legal que promueve y cuando viene a explicarla al Parlamento. El señor subsecretario Ferreri no es un funcionario cualquiera; habló en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, en nombre del Poder Ejecutivo. No es un tonto; es un hombre muy inteligente. Cuando habla sabe lo que dice. Frente a la pregunta del señor legislador Gandini, el señor subsecretario dijo, aclarando que eran instrumentos jurídicos distintos –nunca interpretamos otra cosa–: «[…] este negocio ocurre en una primera instancia y, luego, con esos fondos, se estructura el fideicomiso con el que comenzará a pagarse el flujo de exportaciones de alimentos uruguayos […]». Más adelante, por si no lo entendimos bien, reitera: «[…] con los fondos con los que Ancap cancelará de manera anticipada –la deuda con PDVSA– se estructurará el fideicomiso con el que se pagarán las exportaciones uruguayas, además de saldar las deudas que se mantienen con algunos exportadores de nuestro país».

Entonces, el Gobierno indujo a los productores, pero también a los legisladores, porque esto no admite dos interpretaciones. Creo que más adelante el señor subsecretario de Economía y Finanzas fue todavía más preciso. Frente a una pregunta del señor legislador Adrián Peña, presente en la Comisión de Hacienda en esa oportunidad, que pretendía algunas precisiones –todos teníamos una enorme curiosidad por conocer cómo se iba a implementar esto y qué características iba a tener–, el señor subsecretario dijo: «Tal como está establecido en el cuarto párrafo de la exposición de motivos del proyecto de ley, con el dinero que utilizará Ancap para cancelar la deuda con PDVSA se creará un fideicomiso […]. Además, dicho fideicomiso se estructurará en Bandes Uruguay, por lo que los fondos estarán en el país, y los exportadores exportarían contra ese fideicomiso».

Admito que al debate parlamentario, se pueden traer a colación una y mil reflexiones, interpretaciones y afirmaciones, pero, a mi juicio, estas expresiones, que tienen el valor de un documento público, porque son extraídas de la versión taquigráfica de una comisión permanente de la Cámara de Representantes –no son afirmaciones vertidas en rueda de boliche–, tienen un valor absoluto, inexorablemente concluyente. Para nosotros lo tiene. Me parece que desde ese punto de vista se tiene que interpretar y entender la buena intención con la que llegamos a este llamado a sala e interpretamos los hechos.

El señor ministro Astori dice que si nosotros nos hubiéramos metido en las decisiones de PDVSA se frustraba la solución de la cancelación de la deuda. Puede ser; no tengo por qué no creerle. Me llama mucho la atención, porque ya antes se había cancelado una deuda similar, en el año 2013, por un monto todavía mayor –el valor contable es lo que se cancela; no hay quita ni perdón por parte de Venezuela, sino que, como pagamos antes, pagamos menos–, que ascendió a USD 517 millones. En ese caso, simplemente, hubo un acuerdo, la deuda se canceló y punto. Capaz que en esta oportunidad las circunstancias cambiaron y era necesario hacerlo de esta forma; se daba en otro contexto, había que negociar en otros términos y establecer otra serie de condiciones.

¿Qué es lo que nos está trasmitiendo, entonces, el señor ministro Astori con esto? Porque esa expresión no la utilizó el subsecretario Ferreri el 22 de julio del año pasado. ¿Por qué no dijo eso mismo el subsecretario Ferreri, cuando nos fue a pedir el voto –que lo proporcionamos– para aprobar estos recursos que fueron trasladados a Ancap para cancelar la deuda? ¿Acaso los productores –y nadie lo sabía– eran garantía de la operación? ¿La posibilidad de que los productores pudieran cancelar las deudas o los créditos que ya tenían y que pudieran exportar más fue tomada de rehén, para que resultara funcional o accesoria esa finalidad a la principal, que era que Ancap cancelara su deuda? Yo creo que, clínicamente hablando, con total objetividad y de forma desapasionada, es inexorable que nos planteemos esto, por lo menos como hipótesis. ¿Por qué venimos a enterarnos ahora, tantos meses después, de que teníamos que ser muy cautos, de que no podíamos irritar al ciervo y de que no podíamos meternos en el tema de adónde y de qué manera iban los recursos? ¿Por qué eso no se dijo hace seis, siete, ocho o nueve meses, cuando el señor subsecretario, en nombre del Gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas fue a plantear esta solución? Creo que hay una contradicción y una inconsistencia histórica muy importante, por lo menos en el desarrollo de los hechos, y yo quiero señalarla.

El señor ministro Aguerre, en su largo parlamento, nos dijo que los negocios los hicieron los privados, porque esa fue la tesis. El señor ministro Aguerre vino a decirnos –y está bien; yo creo que es absolutamente humana esa reacción de venir a explicarse; todos tratamos de explicar la razón de nuestros hechos, de nuestros dichos, de nuestros actos–: «Nosotros hicimos las cosas bien. Nosotros no alentamos». A veces decía que alentaba; otras, que no. «Los productores nos llamaban», dijo el ministro Aguerre. «El Gobierno creó las condiciones. Después la decisión de exportar era de cada productor», agregó.

Vuelvo sobre lo mismo: probablemente eso pudiera ser sostenible desde el punto de vista de las obligaciones jurídicas, legales o de lo que surja de los instrumentos que formalmente se suscribieron, pero si el Gobierno crea las condiciones y dice que las está creando, eso evidentemente estimula al sector productivo a que exporte. Y el ministro confesó que alentaba a que los señores productores exportaran. Entonces, ¿por qué razón después tuvo que llamar a su despacho al embajador de Venezuela? Bueno, porque evidentemente, como él dijo, no cumplieron el convenio. Está bien: yo acepto. Capaz que aquí el Gobierno actuó con la mejor intención, desarrolló sus mejores oficios o actuó con todas sus capacidades desde el punto de vista político y administrativo, pero igual fracasó. Fracasó porque Venezuela no cumplió; fracasó porque Venezuela le mintió, porque Venezuela le dijo que iba a hacer algo que después no hizo. Puede ser.

Ahora, que no crea el señor ministro Aguerre que con eso es suficiente para venir a redimir responsabilidades ante el Parlamento, porque yo entiendo que hay errores u omisiones excusables, hay circunstancias que muchas veces trascienden la propia capacidad de decisión de las personas y de los gobernantes que, por supuesto, es legítimo esgrimir, pero nuestra profesión es muy difícil, muy compleja, en la que las obligaciones no solo son de medios sino de resultados, particularmente en el caso de los ministros de Estado. El señor ministro Aguerre puede haber cumplido con todas sus obligaciones de medios en cuanto a hacer lo que tenía que hacer, en cuanto a alentar, pero no demasiado, a los productores para que exportaran –eso no quedó claro, pero tampoco se trata de hacer una pesquisa de hasta dónde fue el ministro o hasta dónde dejó de ir–, pero me parece que el señor ministro igualmente debe responder por un resultado que no se dio y por algo que notoriamente fracasó. Me refiero a la circunstancia de que los productores iban a cancelar sus deudas y que, además, iban a exportar todo lo que notoriamente no han exportado.

Se me está terminando el tiempo, por lo que voy a culminar con una reflexión. Creo que este episodio, a mi juicio negativo –no digo desgraciado, porque tampoco tenemos que ser tremendistas– para la vida productiva del país –veremos cómo se supera y de qué manera salimos de él–, se inscribe en una circunstancia más amplia, que trasciende a los propios ministros que hoy han sido convocados al Parlamento y se remonta a marzo del año 2005. Creo que en todo esto hay una responsabilidad muy grande del Poder Ejecutivo –no del actual, sino del que se instaló en 2005 que, en algún sentido, es el mismo que tenemos ahora, porque obviamente hay una continuidad en la conducción política del país– y es el exceso de confianza que hemos tenido a los Gobiernos de Venezuela a la hora de relacionarnos con ellos. Hay una especie de encandilamiento, y no recurro al tema de los motivos ideológicos. Poco me importa si es por razones ideológicas o no. Lo que constato, señora presidenta, es que a nivel de las autoridades de nuestro país todo lo que se dice, se anuncia y se compromete por parte de Venezuela se toma como una suerte de verdad revelada, como una especie de compromiso indefectible que, inexorablemente, va a acontecer. Después, los hechos se encargan de demostrar que no era así. Particularmente, eso ha acontecido en materia energética.

Ayer me tomé el trabajo –por lo que veo, no voy a tener tiempo de desarrollarlo– de repasar cuántos instrumentos hemos firmado: memorando de entendimiento, tratado de eficiencia energética y demás. Ninguno se cumplió; absolutamente todos han sido letra muerta. Todo ha estado cargado de retórica y de un enorme romanticismo. Después, nos pasan cosas como estas. Creo que la instancia de hoy termina de demostrar que la versión que el señor legislador Umpiérrez ha traído al Parlamento es absolutamente incontrastable y, desde mi punto de vista, hay hechos que, más allá de la capacidad dialéctica y de la eficiencia política de los señores ministros, no se pueden modificar porque están documentados.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Meroni.

SEÑOR MERONI.- Señora presidenta: quisiera hacer algunas puntualizaciones.

Primero que nada, quiero decir que el problema del sector lechero no está dado por las deudas que tiene Venezuela con dicho sector, sino que es estructural. Al contrario, Venezuela ha pagado sobreprecios al sector lechero en el último quinquenio. De 2010 a 2015, Venezuela pagó más de USD 200 millones al sector lechero uruguayo, lo que le permitió un gran crecimiento.

Los impagos de Venezuela son desde siempre, no de ahora. Para afirmar esto nos vamos a remitir a lo dicho por el señor legislador Lafluf el día que votamos el fideicomiso: «Como intendente estuve dos años yendo a hablar con el embajador de Venezuela por una empresa láctea. Se atrasaban, pero se cobraba y se seguía vendiendo». Por eso, aclaro que este problema es de siempre, no de ahora.

Por otra parte, quiero manifestar que los negocios fueron entre privados y eso está más que claro. Los negocios con Venezuela los hizo la industria láctea, no los productores tamberos. Venezuela paga USD 5,3 el kilo de queso, y en el mercado se vende a USD 2 el kilo. Con esto volvemos a demostrar que Venezuela realmente paga sobreprecios a los productos que exporta la industria láctea de nuestro país.

El legislador Abdala –que en este momento no está escuchando sino hablando– dijo que lo recogido en la versión taquigráfica de la Comisión de Hacienda no fueron dichos de boliche, y nosotros decimos que lo recogido en la versión taquigráfica de la sesión de la Cámara en la que se votó el fideicomiso tampoco fueron dichos de una rueda de boliche. Además, es bien claro lo que dijo el legislador Gandini sobre el fideicomiso y el aditivo que presentó el Partido Nacional, así como también lo es lo que manifestaron los legisladores Rodríguez, Goñi Romero, Peña –que hoy está presente– y el legislador convocante.

El legislador Umpiérrez, en aquella oportunidad, manifestó: «[…] Lo que estamos pidiendo son garantías para los productores. Estamos velando por el trabajo uruguayo y por las futuras exportaciones que se hagan al mercado venezolano. Entonces, ¿por qué no se vota? La bancada oficialista no sabe a dónde va el dinero; si tuviera las garantías y la tranquilidad en ese sentido, votaría el aditivo y no discutiríamos más. Una vez más pido a la bancada oficialista que tome en consideración el aditivo presentado […]».

Es decir que por el aditivo que presentó el Partido Nacional, apoyado por el Partido Colorado, estaba bien claro que el dinero del fideicomiso no iba al Bandes, sino que se iba a exportar una vez que viniera el dinero desde Venezuela, de acuerdo con el negocio realizado entre privados.

El legislador convocante hizo referencia a un compañero de nuestro sector político, el legislador Placeres, y dijo que había realizado ochenta viajes a Venezuela. Quizás el legislador Umpiérrez no sepa que desde que se abrió la empresa Envidrio –recuperada, autogestionada– el legislador Placeres es gerente honorario y es quien comercializa con Venezuela, que es el país que aportó para que esa empresa autogestionada pudiera abrir sus puertas. El legislador Placeres viaja a Venezuela, ¡cómo no!, pero lo hace a costa de la empresa o de su propio bolsillo; en ningún momento lo hizo –que quede claro– a costa del Parlamento uruguayo ni de la Junta Departamental de Montevideo cuando ejercía el cargo de edil.

Capaz que lo que molesta es que los ochenta viajes los haya hecho un trabajador de una empresa autogestionada, porque si los hubiera hecho un industrial o un comerciante quizá no hubiese molestado.

Se habló de estafa y traición a los productores y a la producción nacional, pero no vamos a tolerar dichas afirmaciones. En todo caso, podría decirse que cuando los productores estuvieron fundidos durante otros gobiernos, capaz que se atentó o traicionó a los productores y a la producción nacional; realmente, se tiene poca memoria.

También se mencionó a Aire Fresco y a mi sector político, el MPP, y se habló de corrupción. Quedó bien claro que no hubo intermediación en los negocios de productos lácteos –lo dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca–, y que representaron el 60 % de las exportaciones a Venezuela. Ahora bien, si el legislador Umpiérrez tiene pruebas de que Aire Fresco y el MPP son corruptos, lo invito a que acuda a la Justicia. Pero si no es así, que no diga cosas que no tienen fundamento.

Pensaba realizarle una pregunta al señor ministro Aguerre, pero me quedó claro que antes Calcar no le vendía quesos al Gobierno de Venezuela, y que si comenzó a hacerlo fue gracias a las gestiones del Gobierno uruguayo.

Para finalizar esta intervención voy a dar lectura a un artículo publicado en La República el 21 de enero. Dice así: «El vicepresidente de la Comisión de Ganadería, Edmundo Roselli, aseguró a La República que la negociación lograda con Venezuela con acuerdos comerciales por leche y queso es muy buena. “Hay que dividir lo político de lo comercial”, señaló. Indicó que si bien Venezuela está atravesando un momento económico difícil, “las tres empresas que le venden queso como Calcar, Pili y Claldy están en lista de espera, pero van a cobrar”. […]».

No vamos a leer toda la nota, pero compartimos lo expresado por el legislador Edmundo Roselli, y reiteramos que cuando se realizan acusaciones en la Cámara de Representantes y en la Comisión Permanente, si se tienen pruebas, que se acuda a la Justicia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que de la lectura de mis palabras, recogidas en la versión taquigráfica de la sesión mencionada, se desprenderá claramente que lo que queríamos con el aditivo era asegurar lo que figuraba en la exposición de motivos y lo expresado en tal sentido por los señores legisladores Querejeta, Placeres y De los Santos.

En realidad, queríamos asegurar todo lo manifestado a través de un artículo aditivo, por aquello de que es muy veleidosa la probidad de los hombres. Esa fue la idea.

Por supuesto que votamos el proyecto de ley –lo dijimos– y, para nosotros, la garantía final estaba constituida por incluir ese aditivo porque mucho temíamos –el tiempo nos dio la razón– que ocurriera lo que sucedió; de lo contrario, hoy no estaríamos en esta sala.

Respecto a Aire Fresco, será tema de conversación en el Parlamento a partir del mes de marzo, por lo que tendremos tiempo de hablar de eso.

SEÑOR MALÁN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa aclara que en esta oportunidad realizará una excepción, ya que perdemos más tiempo razonando si se debe dar la palabra para una aclaración o para contestar una alusión, y si corresponde o no.

Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR MALÁN.- Señora presidenta: voy a hacer una aclaración para que quede constancia en la versión taquigráfica.

El legislador Jorge Gandini, del Partido Nacional, refiriéndose al memorando de entendimiento el día que fue votado, dijo lo siguiente: «[…] No, esa plata va para Venezuela. Lo que dice el memorando es que Venezuela va a depositar en el fideicomiso que se forme en Bandes Uruguay el dinero que va a ir comprometiéndose una vez que cada exportador venda a Venezuela. De allí se pagará. Pero ese dinero no está y no es este dinero. […] vamos a proponer un aditivo –lo están firmando en estos momentos– que nos dé la tranquilidad de que este dinero se abocará exclusivamente a la cancelación de la totalidad de los adeudos existentes con los exportadores uruguayos […]».

Por lo tanto, queda bien claro que esto no estaba en el memorando de entendimiento y que se propuso ese aditivo, precisamente, por la posición que planteaba el legislador Umpiérrez.

Reitero que si el legislador tiene pruebas –nos alegraríamos–, las lleve a la Justicia.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a tratar de dirigir este debate para que no se desordene.

Ahora voy a seguir con la lista de oradores y no voy a ceder la palabra para realizar aclaraciones, ya que no hubo una alusión.

(Interrupción del señor legislador Abdala).

–¿Está pidiendo la palabra para contestar una alusión política?

SEÑOR ABDALA.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor legislador; yo le entendí que era para una aclaración. Usted dijo «aclaración».

Bueno, tiene la palabra para contestar una alusión política. ¡Después no habrá contestación de alusión de alusión! Estamos en los cinco minutos de aclaraciones y alusiones. ¡Ya está! Después vamos a seguir con la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ABDALA.- Señora presidenta: le pido disculpas; no advertí que no me había entendido.

Como no se pueden contestar alusiones de alusiones, voy a ser muy cuidadoso y no voy a mencionar por su nombre al legislador preopinante, aunque claramente ha aludido en reiteración real a mi sector parlamentario, porque mencionó tanto al legislador Roselli como al legislador Gandini.

Con relación al primero, le recomendaría que llamara al legislador Roselli por el interno, de despacho a despacho, y le preguntara qué opina ahora de esta situación, y si eso coincide con lo que declaró el 21 de enero. Esto es dinámico. El 21 de enero todavía teníamos la expectativa de que este incumplimiento pudiera solucionarse, pero no ha sucedido.

El legislador Roselli no está presente porque no es miembro de la Comisión Permanente para poder justificar su posición, pero es la que acabo de trasmitir en mi intervención anterior.

Con relación al señor legislador Jorge Gandini, agradezco mucho que se haya traído a la consideración de la Comisión Permanente las expresiones que él vertió en el ámbito de la Cámara de Representantes cuando ese tema se trató porque, precisamente, confirma lo que dije antes: que el Poder Ejecutivo nos anunció –nos lo anunció el subsecretario Ferreri en la comisión– que se iba a constituir un fideicomiso adonde iba a ir el dinero –que iría gradualmente o no, pero que allí iría el dinero para financiar las exportaciones– y que además ese fideicomiso se constituiría en Bandes Uruguay.

Es lo mismo que dije antes, así que agradezco mucho que tengamos la oportunidad de reafirmar ese concepto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR RUIZ.- Señora presidenta: no voy a hablar de la parte técnica porque lo desarrollaron de forma notable los señores ministros, pero sí de la intervención del miembro convocante, señor diputado Umpiérrez, ya que integro –junto con él– la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Lo primero que él dijo fue que no buscaba que rodaran cabezas, sino soluciones. Yo me senté cómodamente en esta silla a escuchar las soluciones de parte del miembro convocante; sin embargo, no escuché en toda la sesión una posible solución o alternativa al verdadero problema del sector lechero. Es más, todo el discurso del miembro convocante desemboca, precisamente, en que rueden cabezas, en reclamar culpables porque nombra a Sendic, a Coya y a Aire Fresco, y termina diciendo que es responsabilidad de Astori, de Aguerre y de todo el Gobierno. También habla de estafa y de traición al interés nacional.

Yo no soy abogado, sino un simple maestro de Flores, pero sé darme cuenta cuando hay un discurso vacío.

Esta evidente contradicción del señor legislador Umpiérrez resta consistencia y quita total credibilidad a su discurso. Estoy convencido de que perdimos una oportunidad impresionante de dar un debate profundo y productivo sobre este tema, que es lo que vinimos a buscar hoy quienes tenemos mentalidad democrática y ganas de contribuir a un proyecto colectivo. Hoy esa posibilidad no la vamos a tener, y lo lamento.

El legislador Umpiérrez dice defender el interés nacional, pero esto no lo hizo cuando se paseó por todo el ámbito parlamentario hablando de la corrupción de Venezuela; es más, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca llegó a decir que Venezuela es un país corrupto y el lugar que ocupa en la lista de países corruptos. Si eso es defender el interés nacional…

Además, Umpiérrez miente, y sabe que miente cuando en un pasaje de su alocución dijo que nadie cobró nada, pero sabemos que hay empresas que cobraron entre el 80 % y el 100 % de la deuda que mantenían con Venezuela.

Es una lástima que se haya perdido una oportunidad de debate ante un planteo, por lo menos, mezquino de la oposición.

Si en algo concuerdo con el señor legislador Pablo Abdala es que no todo está perdido. Este llamado a sala sirvió para demostrar, en primer lugar, la solvencia y consistencia de los fundamentos que llevaron a realizar esta gestión, la enorme responsabilidad, el compromiso y la transparencia con la que actuaron ambas carteras –a lo que nos tienen acostumbrados–; en segundo término, que cuentan con el total respaldo de nuestra fuerza política; y en tercer lugar, la sensibilidad con la que se actúa en todo momento al trabajar junto a los productores y comerciantes.

Por último, advertimos una vez más que en caso de que se resientan las negociaciones con el hermano país de Venezuela la responsabilidad la tendrán que asumir y administrar entre ustedes, entre la oposición, y quienes deberán dar la cara a los productores ante esta coyuntura serán ustedes, porque nosotros tenemos la tranquilidad de haber hecho lo correcto.

SEÑOR GONZÁLEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RUIZ.- Sí, señor legislador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Señora presidenta: solamente quiero referirme a la afirmación que se hizo respecto a que los acuerdos con Venezuela son letra muerta.

Ancap firmó con PDVSA un acuerdo para la compra de crudo, pagando el 75 % a noventa días y el 25 % financiado a quince años con una tasa de interés de 2 %.

Quiero comentar que no hay institución financiera que preste en estas condiciones. Es decir, este préstamo es de los más baratos que hemos tenido en los últimos tiempos. Y si esta letra muerta que nos dio estas posibilidades generó que hasta 2008 las exportaciones a Venezuela fueran por menos de USD 100 millones, que entre 2008 y 2011 superaran los USD 200 millones, y que entre 2011 y 2014, por año, se exportara más de USD 300 millones a ese país, la verdad es que voy a seguir fomentando los tratados de letra muerta de los que se habló en sala, porque sin duda estas exportaciones son trabajo de los uruguayos y divisas que ingresan a nuestro país.

Por lo tanto, afirmar que los tratados con Venezuela son letra muerta es desconocer la realidad o generar un estado de situación que, sin duda, dista mucho de lo que hemos vivido.

Por supuesto, hoy Venezuela atraviesa una dificultad, como lo hacen todos aquellos países productores de petróleo, y ello repercute directamente, inclusive, hasta en la pesca. Ya no podemos vender el pescado entero a los países africanos porque no tienen cómo pagarnos, pues carecen de ingresos. Esto ocurre en África central, donde no pueden comprarnos pescado. ¡Sin duda que repercute!

Ante esa repercusión y la situación que hoy vivimos con los precios del petróleo, necesitamos generar inteligencia, poner ideas sobre la mesa, y no solo hacer discursos para ¡vaya a saber quién!, en los que el trabajo de los uruguayos e intereses nacionales no se ven contemplados; la miopía y los intereses mezquinos ganan los titulares de los diarios.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor legislador Ruiz.

SEÑOR RUIZ.- He culminado, señora presidenta.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ABDALA.- Señora presidenta: he sido aludido en reiteración real, primero por el señor legislador Ruiz, que mencionó mi apellido, y luego por el señor legislador González, que le solicitó una interrupción y me aludió implícitamente por lo que dije antes en cuanto a la letra muerta, expresión que utilicé.

Agradezco mucho al señor legislador Pablo González porque entonces me permite, sucintamente, desarrollar ese concepto.

Cuando dije que desde 2005 hasta ahora se firmaron más de quince instrumentos, la enorme mayoría de los cuales son letra muerta, entre otras cosas me referí –estamos hablando en el plano estrictamente energético– al que se firmó para desarrollar unidades de conversión profunda y plantas de almacenamiento de hidrocarburos en la refinería, que nunca se llevó a la práctica; a cambio de eso se hizo la desulfurizadora, que fue motivo de análisis en el Senado, con todos sus ribetes polémicos en la noche de ayer. También me referí a aquel instrumento según el cual PDVSA iba a incrementar su participación en ALUR y llevarla al 25 %, cosa que nunca ocurrió. Y no solo no incrementó su participación, sino que esta decreció porque los venezolanos pueden ser solidarios, bolivarianos y socialistas, pero no son tontos y saben dónde ponen el dinero, y cuando se los invitó a capitalizar ALUR y a aumentar su participación, no lo hicieron.

También me referí al que se firmó para impulsar la construcción de una planta regasificadora en el Uruguay; no sé si eso estaría en el menú de alternativas que dijo manejar la ministra Cosse el pasado martes –fue tan lacónica en sus respuestas que no lo pude deducir–, pero presumo que no porque eso se firmó mucho antes de que el Gobierno impulsara el proyecto de construcción de una planta regasificadora, que fracasó con todo éxito.

Y mencioné aquel que se blandió con tanta emoción y tanta coincidencia ideológica sobre la prospección y producción en la faja del Orinoco. ¡Nunca trajimos una gota de petróleo de la faja del Orinoco!

Entonces, cuando hablo de letra muerta me refiero a eso. El acuerdo de cooperación energética y el convenio para la compra de crudo no fue letra muerta, no lo fue, y capaz que ahí estoy tentado de decir que lamentablemente ese sí no lo fue.

Comparto con el ministro Astori que como instrumento financiero es muy ventajoso. ¿Cómo no va a ser ventajoso que a uno le presten dinero y pueda postergar el pago de la cuarta parte con una tasa tan baja de 2 %? Estoy seguro de que el ministro Astori coincide conmigo en cuanto a que los instrumentos son buenos o malos por lo que en sí mismos representan, pero pueden ser buenos o malos según el uso o abuso que de estos se hace.

Creo que eso es lo que ha ocurrido porque, evidentemente, Ancap no utilizó ese ahorro para financiar lo que después no financió: las inversiones del plan estratégico de 2006. Me afilio a la interpretación que ha hecho pública el ministro Astori en el sentido de que para financiar las inversiones, Ancap se endeudó, y como lo hizo de esa forma, provocó el colapso que conocemos.

A lo largo de los últimos diez años estuvimos intentando determinar a dónde habían ido los recursos que se habían ahorrado por la postergación del 25 % de los préstamos por la compra de crudo –fuimos a hablar con el entonces ministro Lepra y con el después ministro, ingeniero Daniel Martínez–, pero nunca determinamos o logramos detectar que esos dineros fueran a financiar tal o cual obra o tal o cual inversión. Además, está claro que eso después se financió con otras fuentes de recursos, y que Ancap quedó en una situación de insolvencia, que es lo que hoy el ministro Astori define como dificultades, o no sé cuál fue el término que empleó. Es claro que es así. Tanto es así que, a pesar de que comprábamos el crudo pagando el 75 % y postergando el otro 25 %, también Ancap tuvo que salir al mercado financiero para pagar sus obligaciones corrientes y pedir dinero a los bancos para cancelar las compras de crudo. Entonces, no sé si el crédito fue tan ventajoso desde ese punto de vista, fundamentalmente, por el uso que de este se hizo. Esa es mi interpretación.

Sobre lo de letra muerta, anoto todo lo demás, y me afilio a eso porque de todo esto, ¿qué se hizo? ¡Nada! ¡Absolutamente nada!

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero explicarle al señor legislador González que para hacer uso de la palabra debe anotarse. Anteriormente le había solicitado una interrupción al señor legislador Ruiz, quien se la concedió, y eso motivó que se sintiera aludido el señor legislador Abdala. Al no estar anotado, usted no puede aclarar.

Por lo tanto, usted se anota y al hacerlo, aclara.

¿Lo anoto señor legislador?

SEÑOR GONZÁLEZ.- No.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: me alegro mucho de que el señor legislador Umpiérrez haya traído a sala a los dos ministros por un tema que le preocupa, como a mucha gente en el país.

Nos interesaba que en el análisis –como él muy bien dijo– se hablara de la necesidad de encontrar soluciones a este tema. Han intervenido algunos legisladores del oficialismo que se refirieron a mezquindad, pidiéndonos soluciones a nosotros.

Precisamente, el llamado a sala es por la preocupación ciudadana de muchos productores, de muchos empresarios y de mucha gente trabajadora, y lo que pedimos son soluciones.

En su intervención, el legislador Umpiérrez hizo varias preguntas al ministro Aguerre, y con respecto a la octava no escuchamos claramente si la solución se va a implementar; una solución que también ha planteado el líder de nuestro sector, senador Luis Lacalle Pou. Concretamente, la octava pregunta dice: «Ante el impago, ¿por qué no se conformó una delegación de primer nivel para concurrir a Venezuela a reclamar el cumplimiento del fideicomiso?».

Queremos saber si esto está dentro de los planes y si se va a conformar una misión oficial. Es importante. ¿Por qué? Porque nos estafaron. ¡Nos estafaron! Nos hicieron creer algo a los productores, al Parlamento y al propio Gobierno –les concedo mi credibilidad; a mi juicio, como fue dicho por los legisladores Umpiérrez y Abdala, era hasta desmedida la credibilidad que muchos gobernantes tienen en el Gobierno de Venezuela–, pero nadie cree que pueda hacer un negocio de este tipo sabiendo que no le van a pagar.

Entonces, la discusión en el Parlamento, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, fue acerca de las garantías de cobro. Acá no hay que dar explicaciones –como hemos escuchado en una muy larga exposición del señor ministro Aguerre– sobre la producción lechera. Siempre es interesante escucharlo; a mí me gusta escucharlo y demuestra conocimiento del sector lechero, pero no lo escuchamos manifestarse acerca de fideicomisos y garantías; sobre la producción lechera sí, pero no sobre las garantías que el Gobierno –también lo representaba el ministro Aguerre– dio por medio del señor subsecretario Ferreri en la comisión del Senado, sobre que el Estado uruguayo y el Gobierno decían que esto era factible y que los productores iban a cobrar. Ahí está el tema.

Al igual que el legislador Umpiérrez, creo que la presencia del Estado uruguayo en ese fideicomiso era más que una garantía y que era un error no estar. Pero claro, estamos leyendo el diario del lunes. En su momento, también pedimos garantías sobre ese fideicomiso.

Y se trajo la desconfianza que planteaba el señor diputado Gandini en la Cámara de Representantes, pero él también se equivocó porque expresó que la plata iba a ir a Venezuela, pero fue a China, un poquito más lejos.

El señor legislador Abdala manifestó claramente qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, el señor subsecretario, nuestro amigo y conocido Pablo Ferreri, dijo en la comisión lo siguiente: «Este negocio es bueno de por sí; además, se enmarca dentro de un acuerdo entre los dos países –o sea, la garantía– donde se habilita a que los fondos que Ancap tiene que pagarle a PDVSA constituyan un fideicomiso a través de la Corporación Venezolana de Alimentos, para garantizar el cobro de futuras exportaciones y también para el pago de otras exportaciones ya realizadas […]».

Nosotros creímos en esas palabras del señor subsecretario; nos dio plenas garantías. Nos dijo que el negocio era bueno, y nadie discute las explicaciones que, como buen docente, hoy nos dio el ministro Astori, quien claramente se refirió a las conveniencias económicas de un negocio con las que, de por sí, estábamos de acuerdo y así las votamos. El señor ministro Astori nos dio una buena clase sobre las conveniencias, el negocio, las tasas de interés, los plazos. ¡Todo! Nosotros estábamos para votarlo y lo votamos. La única duda que tuvimos cuando votamos eran las garantías de cobro.

Y nosotros le creímos al Gobierno, le creímos a Pablo Ferreri, y los productores uruguayos también le creyeron al Gobierno y recibieron garantías por distintas vías, entre ellas, del legislador Martínez Huelmo, que, como miembro informante de ese proyecto por el partido de gobierno, dijo acá, en esta sala, lo siguiente: «En cuanto al artículo 2.°, que es el relativo al fideicomiso, el señor subsecretario de Economía y Finanzas expresó en la comisión –y pone entre comillas–: “Además, dicho fideicomiso se estructurará en Bandes Uruguay, por lo que los fondos estarán en el país, y los exportadores exportarían contra ese fideicomiso. Por lo tanto, con esa estructura no habría riesgo en cuanto a la cobranza”».

Por todo esto, uno esperaría que vinieran aquí tanto el legislador Martínez Huelmo, como el contador Ferreri y los ministros Astori y Aguerre, y dijeran: «Nos equivocamos. Vamos a tratar de buscar una solución, pero nos equivocamos. Fue un error. No había garantías». No las hay. La plata se fue para China. Nos estafaron. Los venezolanos nos estafaron. Se quedaron con la plata y se quedaron con la leche; se quedaron con todo, mientras que nosotros nos quedamos con la necesidad de ayudar a los productores rurales que están en una situación muy comprometida, como muy claramente señaló y describió el señor ministro Aguerre.

Entonces, el punto es que a mí me hubiera gustado que vinieran los ministros a decir: «Miren, las garantías no fueron suficientes; nos equivocamos. Pensábamos que con este fideicomiso en manos de la Corporación Venezolana y el Bandes no nos iban a girar la plata a China. Nunca lo pensamos, pero sucedió. Nos estafaron. Nuestros compañeros bolivarianos, revolucionarios de Venezuela, estafaron al Uruguay, a pesar de todo lo que dijo el embajador de Venezuela y narró muy bien el legislador Umpiérrez. Nos robaron. ¿Vamos a ir a cobrarles? No sé cómo vamos a cobrarles». Ayer Venezuela instrumentó un aumento de 1300 % en la nafta común y de 6000 % en la nafta súper, porque el país está quebrado.

Nosotros estamos para ayudar a cobrar; queremos que se cobre. Pero partamos de la base de que no se hicieron bien las cosas, porque la única duda que había en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados, manifestada a través de la desconfianza del diputado Gandini, como en el Senado, era si pagarían. Y no pagaron; nos estafaron. No se trata de buscar un culpable, pero por lo menos no justifiquen que está bien la estafa. No vengan a decirnos que esto era entre privados y que ahora se arreglen los privados. ¿Cómo que se arreglen los privados? El Estado uruguayo, en su versión oficial en el Senado, así como a través de intervenciones públicas muy contundentes que he escuchado, dijo muy claramente que había una garantía de cobro. Sin embargo, no está la plata. Entonces, hay que buscar una solución.

Como dijo el legislador Umpiérrez, a mí no me parece que los créditos puente sean una solución, ya que de acuerdo con los ejemplos que él puso, de gente que ha cobrado y otra que no ha cobrado nada, resultan injustos por los intereses que se van a imponer. La solución debería ser otra, porque la garantía la dio el Estado. Los negocios los hicieron los particulares, pero la garantía de cobro la dio el Estado; la dio el ministro en sesiones oficiales en el Senado y en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, el Estado es responsable por esta estafa que hace el Gobierno de Venezuela a los uruguayos, específicamente a productores y a la industria uruguaya.

Mucho más que cuestionar, nosotros pretendemos un mea culpa natural: «No tomamos los recaudos necesarios como para dar garantías. Aquellas que mencionamos en el Parlamento no eran reales. Lo que afirmamos en cuanto a que la plata iba a quedar en Bandes Uruguay, en fideicomiso, no era real». La plata voló y voló más lejos de lo que calculaba el señor diputado Gandini. Se fue a China –como dije– y, por lo tanto, ese dinero de Ancap no lo vamos a recuperar, a no ser que enviemos a Venezuela una misión –como planteó el señor senador Lacalle Pou– integrada por una delegación de primer nivel y el Gobierno se haga responsable de esta situación que es intolerable para la producción nacional. Ahí queremos ver a los dos ministros que hoy están convocados; ya no podemos pensar en gente delegada por ellos, sino en integrantes de primer nivel de gobierno. Esta es mucha plata e involucra a muchas familias, por lo que creemos que es necesario, de manera urgente, enviar una misión y tratar de cobrar lo que se garantizó por parte de la Corporación Venezolana que iba a quedar en Bandes Uruguay, en este fideicomiso. Es ilógico que la plata que se iba a cobrar vaya a Venezuela o a China y después vuelva a nuestro país.

Nosotros nos felicitamos por el llamado a sala que propició el legislador Alejo Umpiérrez. Creo que fue contundente en la explicación de los hechos que se han sucedido y esperamos alguna solución para los productores, que hoy no escuchamos. A nuestro juicio, los créditos puente no son suficientes y resultan injustos. Debemos buscar otro tipo de solución para que de alguna manera se haga responsable quien es responsable, y el responsable de esta situación es el Estado uruguayo, que garantizó en la Cámara de Diputados y en el Senado que la plata se iba a quedar en el país y no se iba a ir. ¡Pues la plata se fue!, y ahora el que debe dar la cara frente a la producción nacional es el propio Gobierno y el Estado uruguayo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: esta semana hemos tenido un maratón de discusiones y la voz nos va pasando la factura a todos.

Creo que es muy oportuna la convocatoria que hizo el legislador Umpiérrez, así como la presencia de los ministros, porque quiero confesar algo: yo había entendido exactamente lo contrario de lo que hoy se dijo aquí. Me parece sensata la explicación que dio el ministro de Economía y Finanzas, especialmente en cuanto a que resulta obvio que si se va a cancelar una deuda de centenas de millones de dólares con una tasa de descuento muy favorable no parece razonable que el acreedor diga: «La plata quedátela tú, porque yo te voy a comprar cosas y vamos a ir contra eso». La verdad es que quien lograra eso sería un mago. La explicación es sensata.

Además, según surge de los documentos, los negocios se estructuraron separadamente. Es decir que si uno se remite a la fría lectura de los documentos comprueba que, evidentemente, por un lado se hizo la cancelación y, por otro, la obligación de constituir el fideicomiso.

Pero quiero confesar por qué entendí algo distinto, es decir por qué entendí que en este caso se trataba de aquel viejo sueño de todos de petróleo por alimentos o alimentos por petróleo. Empecé a juntar información, pedí la carpeta correspondiente –lamentablemente no está presente el senador Amorín, que integra la Comisión de Hacienda y con quien recuerdo que conversamos cuando hicimos la coordinación acerca de esta ley–, busqué antecedentes y recordé que me dijeron que esto se cancelaba, que efectivamente con ese dinero se pagaban deudas y después, contra eso, se exportaba y de ahí se cobraba. Recuerdo haber pensado que era algo muy sensato, porque Venezuela hoy –olvidemos las connotaciones políticas y pensemos solamente en los temas comerciales– es un cliente complicado, no por quien está en el gobierno sino por su situación, porque sus principales ingresos provienen del petróleo que ya no está a USD 120 o a USD 110 el barril, sino a menos de USD 30 y, entonces, tiene menos ingresos. Si al cliente que nos tiene que pagar le entra menos dinero es lógico pensar que quizá vaya a tener dificultades para hacerlo. Además, tiene problemas políticos. No miremos para otro lado ni nos metamos en ellos, pero tiene problemas políticos, y cuando hay problemas políticos siempre influye la situación económica. También tiene problemas económicos: es el país de América Latina con la inflación más alta y que tiene el mayor déficit. Es decir que está en una situación complicada; como cliente, puede ser problemático. Si yo fuera el auditor de los que le venden a Venezuela, diría: «Hagan alguna previsión por incobrabilidad, pueden tener problemas con este cliente».

Por todos estos motivos, el acuerdo nos parecía muy bueno. El que nos dijo –y lo hizo públicamente– que este era un canje de petróleo por alimentos fue el presidente de la república, doctor Vázquez. Tengo esas declaraciones; le pedí a personal de prensa que me las consiguiera. Voy a resistir pasarlas en sala, pero cualquiera las puede escuchar. El doctor Vázquez dijo en la prensa: «Esto es así. Vamos a canjear petróleo por alimentos». Así lo entendimos todos y así lo entendí yo; inclusive, se sacó un comunicado. Así también lo entendió el representante del diario El Mundo, de España, quien tituló una nota: «Uruguay y Venezuela canjean petróleo por comida». El acuerdo fue el 6 de julio y el 7 de julio se publicó en ese diario español.

Vázquez dijo: «Uruguay está seguro, porque lo hemos conversado con Conaprole y con los productores, que tiene disponibilidad para enviar estos alimentos a Venezuela. El monto de esta operación es de 300 millones de dólares aproximadamente. […] Van a quedar depositados a través de un fideicomiso por parte de Venezuela en Bandes, aquí en el Uruguay, como carta de garantía del cobro inmediato de los envíos […]».

También corresponde decir algo sobre el Ministerio de Economía y Finanzas. Es cierto que el articulado del proyecto de ley que nos mandó el 15 de julio de 2015 no hace referencia a un fideicomiso; no tenía que hacerlo. En realidad, solo se necesitaba ley para que el Ministerio de Economía y Finanzas pudiera dar el préstamo a Ancap para hacer la cancelación; no se precisaba ley para hacer un fideicomiso de este tipo. Pero ¿cuál fue la confusión en la que caímos? Quiero que entiendan por qué nos confundimos. Quizá la culpa fue nuestra, ya que entendimos mal. En la exposición de motivos se hacía referencia al negocio de cancelación de la deuda de Ancap con PDVSA.

Allí se señalaba: «[…] (Ancap) ha presentado al Poder Ejecutivo una propuesta de pago adelantado de la deuda que mantiene con la proveedora Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), la cual representaría un ahorro financiero considerable […]». Y más adelante decía: «Como contrapartida de lo anterior, Venezuela se compromete a revisar y cancelar, en caso de corresponder, las deudas que actualmente mantiene con los exportadores uruguayos». ¿Para qué poner esto? No era necesario. Si bien alcanzaba con decir que era un buen negocio financiero, en la exposición de motivos se señala que hay una contrapartida.

Luego, se expresa: «Asimismo se acordó un cronograma de exportaciones a partir de la oferta exportable del Uruguay para los meses entre junio y diciembre de 2015, en el sector alimentario […]. Para ello, la Corporación Venezolana de Exportación (Corpovex) se comprometió a la creación de un Fondo de Compensación Comercial […] en Bandes Uruguay, a los efectos de canalizar los pagos de las cuentas a los exportadores antes referidos». No se dice que el dinero de PDVSA de la cancelación va a ir a dar ahí, pero así como entendemos que no había que ponerlo en el articulado, no sabemos por qué figura en la exposición de motivos. Esto nos indujo a un seguro error de interpretación; por lo menos al senador Amorín –que estaba en la Comisión de Hacienda– y a mí, nos indujo a error.

Revisé lo que expresé cuando se discutió este tema; casi no hablé, pero dejé la constancia de que a este respecto para mí lo importante no era el negocio financiero. Mientras discutíamos en sala, dije que lo importante era el negocio que se concretaba. Señalé: «El verdadero negocio, el verdadero motivo […] por el que nosotros estamos votando esto es por lo otro: como es tan difícil hoy cobrarle a Venezuela –por la situación en que se encuentra–, como es tan difícil hacer negocios y como estamos pasando por estos temas tan complicados, esto es una salida». Es decir que actuamos de buena fe, interpretando que esto era de esa forma; puede ser que estuviéramos equivocados.

A los pocos meses, en octubre, volvió a aparecer en la prensa, en una revista de economía, un informe que señalaba que Venezuela cortaba el envío del petróleo que le cambiaba a Uruguay por alimentos. Y me salió el abogado: los hechos posteriores de los contrayentes servían para explicar su voluntad al momento de celebrar los contratos.

Creo que este es un asunto desgraciado. No voy a insistir sobre las cosas que se dijeron en esa sesión; a esta altura hasta me parece de mal gusto hacerlo.

En términos jurídicos, este es un típico caso de culpa compartida; en responsabilidad civil se llama así. Es cierto que cuando van a exportar, los exportadores tienen la obligación mínima de preguntar cómo van a cobrar; si uno va a exportar por millones de dólares debe tener ciertas garantías. También es cierto que el Gobierno no nos puede mandar estos mensajes. Esto tiene que ver con algo que reclamé varias veces en el período pasado –el ministro de Economía y Finanzas se va a acordar porque entonces presidía el Senado–, y que hace a la calidad del trabajo parlamentario. Muchas veces los parlamentarios no tenemos toda la información que precisamos y en estos temas delicados la verdad es que no queremos poner el palo en la rueda. Entonces, hacemos confianza, tenemos fe.

Si ese día nosotros hubiéramos pedido el borrador del fideicomiso y más explicaciones, habríamos dilatado un negocio financiero y hubiésemos sentido que estábamos perjudicando al país. Siento que ese día no cumplí con mi deber como legislador; tendría que haber dicho que no votaba ese proyecto si no me traían toda la información. ¿Y saben qué? Ese día lo pensé.

Así que me voy embroncado. La próxima vez que lo haga, entiéndaseme. La próxima vez que pida más documentación o diga que no voto sin el respaldo documental, entiéndaseme. En este Parlamento no trabajamos con la calidad que debemos, no por culpa nuestra, sino porque hay apuro y porque no se nos da toda la información. Si hubiéramos trabajado bien, le habríamos ahorrado a dos ministros que pasaran todo un día en este Cuerpo, dando explicaciones, porque todo hubiera sido claro.

Como esto es de ida y vuelta, voy a hacer un aporte y a tratar de no meternos en más honduras.

Es cierto que el crédito de PDVSA con Ancap era muy favorable: quince años, interés de 2 % en dólares, dos años de gracia. ¡Denme que yo quiero! ¡Si hay, avísenme, que yo también quiero! Entonces, es cierto; no hay ninguna duda en ese sentido. Sin embargo, me alegra que hoy no esté en vigencia –según lo que dijo el ministro–, porque es muy bueno pero no es conveniente un exceso de crédito que coloque a una empresa en la situación en la que quedó Ancap, por lo menos si no se puede usar para sustituir el otro pasivo que tiene, que no es a quince años, sino que en su mayoría es a menos de un año y que no es al 2 %, sino a una tasa variable: Libor y unos cuantos puntos más. O sea que sabemos que se está trabajando en eso y no nos vamos a meter.

Pero hay una parte de la historia que no se dijo: es cierto que esa operación de cancelación fue muy buena porque se sacó pasivo en dólares y se pasó a pasivo en UI. Es cierto, pero ya no está más…

(Interrupción del señor Ministro de Economía y Finanzas).

–Esto lo dijo el ministro, y es cierto.

Pero ¿saben qué pasa? Hoy en día el 90 % del pasivo volvió a estar en dólares, a menos de un año y a una tasa variable. Ese pasivo lo condonamos en enero y lo capitalizamos. Entonces, si de vuelta agarramos exclusivamente la torta del pasivo actual, veremos que en Ancap hay un pasivo riesgoso. Sé que es mejor que antes, porque ahora no hay una parte del pasivo. Eso es mejor para Ancap, no para los uruguayos, pero ese fue el esfuerzo que hicimos.

Por otra parte, voy a hacer un aporte, porque vi que hubo una pregunta sobre Exor. Cuando me tocó trabajar en el tema de Ancap, la gente de la auditoría dijo que, si bien numéricamente es cierto que estas operaciones dan una ganancia de USD 167 millones o algo así, en realidad esa ganancia no es tal porque, obviamente, está alcanzada por el impuesto a la renta. Además, en ese momento se decía que esa ganancia se pagaba con un crédito en UI a largo plazo, mucho más caro. Entonces, si hacemos la tasa de descuento correspondiente nos da una cifra menor. En aquel momento se estimaba en USD 219 millones y a Ancap le quedaban nada más que USD 30 millones o USD 40 millones. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque hay una demanda de la empresa Exor contra el Estado uruguayo en la cual se pide un porcentaje de esa ganancia. Entonces, yo creo que tiene razón Ancap cuando dice que la ganancia no fue de USD 167 millones y no hay que aplicar sobre esa cifra el 3 % que se reclama. Creo que, en una buena actitud, dicen: «De esos USD 167 millones saquemos los impuestos, la tasa de descuento y dejémoslos en USD 30 millones o USD 40 millones». Entonces, en vez de aplicar el 3 % sobre los USD 167 millones hay que aplicarlo sobre los USD 30 millones o USD 40 millones.

Si bien es un tema semántico, es importante saber que la verdadera ganancia para Ancap no es la exclusiva de sacar la tasa de descuento. Eso, además, va a influir en la demanda, que estaba transada y hoy está devolviendo el Tribunal de Cuentas por algunos motivos. Si se aplicaran los criterios que estoy expresando, quizás Ancap tendría que pagar bastante menos que esos USD 3.100.000. En ese caso, todos estaríamos ayudando a que el Ministerio de Economía y Finanzas y Ancap tuvieran más recursos.

Es cuanto quería decir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: antes que nada, quiero decir que tanto el ministro Astori como el ministro Aguerre han explicado este asunto en sus justos términos, cosa que mucho les agradecemos porque, contra todo lo que se ha dicho en cuanto a que este tema estaba lleno de falsedades, ha sido muy cristalina la información que han dado. También hay que decir que este no es un tema fácil; no el de las exportaciones a Venezuela, sino el del comercio exterior, que es muy complicado, sobre todo para países como el nuestro, que en los mercados mundiales somos menos que insignificantes por nuestros volúmenes. Tenemos que recordar, a modo de ejemplo, que en el gobierno del presidente Mujica –creo– logramos finalmente, luego de dieciocho años, la autorización para exportar cítricos a Estados Unidos de América. Fue objeto de todo un operativo. Como ese, puedo dar un sinfín de ejemplos para que se puedan analizar todas las negociaciones que están en curso, que estuvieron en el pasado y que estarán en el futuro en torno a cada tonelada de cualquier producto que tengamos para exportar.

Nuestro compañero el legislador Moroni ha hecho referencia a un reportaje a Edmundo Roselli, diputado por Colonia del Partido Nacional. Más allá de que se puedan desmentir algunos aspectos de este reportaje hecho en Colonia, el legislador Roselli dice cosas muy importantes, que son verdad, y voy a citar algunas. Dice que Uruguay le debe mucho a Venezuela en lo que refiere a lo comercial. Se nota que es una persona criteriosa y no se fija en esto que es un affaire en la larga tradición comercial que tenemos con la República de Venezuela. También dice: «[…] hay que esperar. Si Calcar ha logrado extenderse en Tarariras, es gracias a los 30 años que lleva exportando a Venezuela». Y sigue en esa línea de que hay que esperar, que estamos en lista de espera y vamos a cobrar. Sin lugar a dudas, hace una apuesta a las negociaciones con Venezuela.

Sin embargo, hay un latiguillo que sentimos que se utiliza siempre: que nosotros hacemos negocios con Venezuela, exportamos queso, leche en polvo y demás, por similitud ideológica. No; es por la plata, por los pesos, por lo más genuino que tiene un país cuando tiene que hacerse de recursos: negocios de exportación. Eso lo demostró perfectamente bien el ministro Aguerre cuando en sus gráficas mostró la evolución de los precios promedio de la leche en polvo, los quesos, etcétera, marcando la diferencia entre el precio que pagan otros mercados y el que pagan Brasil y Venezuela. Las diferencias son enormes; entonces, es una cuestión de precios, no de similitud ideológica.

Me parece, señora presidenta, que ese latiguillo está de más y no es serio exponerlo en sala. Además, se dice siempre, pero no se demuestra; por el contrario, el ministro ha demostrado que el plus que paga con respecto a otros mercados equivale a millones de dólares.

Es verdad que, hoy por hoy, es un mercado de riesgo, pero las gráficas que nos trajo el ministro Aguerre también muestran otra cosa. Se dice: «Algo hay que hacer», y yo pregunto: ¿cómo que no se hizo nada con este tan ventajoso mercado? Lo hicimos nosotros; lo quiero decir con total tranquilidad: lo hizo el primer gobierno del Frente Amplio. Nosotros aprobamos –a medianoche, es verdad, porque venía el presidente de Venezuela y queríamos cumplir con ese asunto– el tratado de adhesión de Venezuela al Mercosur. Ese tratado –lo recuerdo muy bien porque fui el miembro informante en la Cámara de Diputados– traía un anexo IV en el cual, para nivelar las asimetrías, Venezuela otorgaba a Uruguay y a Paraguay dos listas –140 y 141– con ciento cuarenta productos que, de inmediato –una vez que fuera aprobado por los demás países–, se empezaban a comercializar con arancel cero. Desde la oposición –que tampoco votó este tratado de adhesión– nunca hubo un pero contra el Senado de Paraguay, que durante ocho años aguantó este protocolo de adhesión. ¿Qué hizo Venezuela? Fue a Aladi a hacer un acuerdo de complementación económica para ratificar la posibilidad de que desde el vamos pudiéramos negociar esos ciento cuarenta productos con arancel cero. Eso explica que en las gráficas del ministro Aguerre, en el año 2007, hayamos saltado a niveles nunca vistos. Como decía el legislador Roselli, hace treinta años Venezuela ocupaba el lugar diecinueve o veinte, pero no bien se facilitó ese comercio para los países más débiles del Mercosur –como Uruguay y Paraguay– saltó al sexto lugar. Eso se mantuvo hasta el año pasado y para nuestros productores implicó cobrar cifras infinitas y tener un mercado asegurado.

Entonces, señora presidenta, ¡vaya que hicimos cosas! Obviamente, en esta situación hay un mercado de riesgo, pero no estamos derrotados como dijo el miembro convocante, sino en la pelea. Lo estamos arreglando y veremos cómo negociamos. ¿No se cobró la deuda rusa? ¿Cuánto demoramos? Años y años. Todas las exportaciones se terminan cobrando, porque son producto de intensas negociaciones. Además, nuestro Gobierno está atento a este asunto, como lo estuvo hace muchos años para llevar nuestros productos al mercado venezolano con los mejores precios.

Señora presidenta: no estoy agregando mucho en este asunto, pero quiero ratificar y desmentir ese latiguillo de que tenemos vinculación con Venezuela solamente por el mero aspecto ideológico. Me parece absurdo ese tipo de razonamientos y lo estoy demostrando con estos pequeños aportes.

SEÑOR GONZÁLEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Sí, señor legislador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Señora presidenta: en el listado de tratados de letra muerta al que se hizo referencia, se omitió uno que me parece relevante, ya que cortó un sangrado en dólares muy importante. Me refiero al que se hizo con la empresa Sol Petróleo, de la República Argentina, empresa tan seria que tenía su domicilio en las Islas Vírgenes británicas, que nos costó muchísimos millones de dólares. Desde el año 1998, Uruguay estuvo poniendo allí. Eso también debe tenerse en cuenta cuando se habla de los tratados de letra muerta que se firmaron con Venezuela.

Reconozco el planteo que hizo un legislador preopinante sobre cuáles son los números reales de ahorro de Ancap, pero hay otra cuenta que se debe hacer. Me refiero a los números del país, teniendo en cuenta cuánto ahorra Uruguay, y no solo Ancap.

Me parece que estos tratados no pueden ser calificados de letra muerta cuando han sido sumamente beneficiosos tanto para Uruguay como para Venezuela. Uruguay ha aportado mucho a Venezuela, y eso también hay que tenerlo presente, porque nosotros tenemos una concepción de integración regional, aunque algunos aldeanos vanidosos no lo tomen en cuenta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor legislador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- He terminado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Peña.

SEÑOR PEÑA.- Señora presidenta: simplemente, quiero hacer algunas consideraciones.

Hablamos mucho de Venezuela, pero creo que el punto no es discutir los negocios con ese país. Uruguay tiene una larga y rica historia de negocios con Venezuela y estamos todos a favor de eso. Los negocios con Venezuela no surgen con el Frente Amplio. Los lácteos no se exportan a Venezuela con la llegada del Frente Amplio, porque –como se está por confirmar– Uruguay no se fundó el 1.º de marzo de 2005. Incluso, recuerdo que el señor Lago, exsecretario de la Presidencia y exembajador en Venezuela, operó personalmente como productor de Conaprole para poder vender quesos allí y en la década del noventa se destrabó una situación complicada para la lechería gracias a que se colocaron quesos en ese país. Por lo tanto, eso no está en discusión. Podemos ingresar en esa discusión, pero no tiene sentido, y no escuché que alguien la planteara.

Desde mi punto de vista, las respuestas del ministro Aguerre me satisfacen bastante. ¿Por qué? Porque, en realidad, él nunca vino al Parlamento a decirnos otra cosa. Yo no le puedo decir: «Mire, ministro, usted nos aseguró tal o cual cosa». No, al ministro Aguerre no le puedo decir eso. No fue él quien vino a comisión y nos planteó un escenario diferente. En eso tenemos que ser claros. Aquí la discusión se plantea porque nosotros recibimos otra información. Como señalaba el legislador Bordaberry y como se explicó en sala, tenemos una confusión que surge de la exposición de motivos del proyecto que se presentó. La parte en la que se hace referencia al acuerdo comercial ni siquiera era necesario que estuviera, en la medida en que, en los hechos, terminaron siendo negocios que no estaban conectados. Pero se nos hizo creer que los negocios estaban conectados, y por eso lo votamos. Quiero expresar eso en esta sala. Muchos de nosotros votamos esta ley –la gran mayoría de la oposición la votó–, porque creímos en esa otra parte, en la parte comercial de este acuerdo. De lo contrario, quizá no la hubiésemos votado; hubiese salido igual, pero no la hubiésemos votado, porque Ancap venía como venía y por el negocio financiero, que era buenísimo, y eso no se puede rebatir. No obstante, no interesa mucho hablar del negocio financiero en la medida en que ese acuerdo y esos plazos que se habían mejorado se terminaron perdonando. Entonces, ¿para qué vamos a discutir si esas tasas eran buenas o no? Sí eran buenas pero, en realidad, todo eso fue condonado el 2 de enero a Ancap. Entonces, tampoco podemos abundar sobre eso.

Personalmente, hice preguntas al subsecretario Ferreri en aquel momento porque queríamos saber sobre la parte comercial. Él me respondió lo que han leído algunos legisladores –que, en lo personal, no admite ninguna otra interpretación–, expresando: «Tal como está establecido en el cuarto párrafo de la exposición de motivos del proyecto de ley, con el dinero que utilizará Ancap para cancelar la deuda con PDVSA se creará un fideicomiso, un Fondo de Compensación Comercial, que será estructurado y llevado adelante por la Corporación Venezolana de Exportación, Corpovex. Además, dicho fideicomiso se estructurará en Bandes Uruguay, por lo que los fondos estarán en el país, y los exportadores exportarían contra ese fideicomiso. Por lo tanto, con esa estructura no habría riesgo en cuanto a la cobranza».

Entonces, eso sí es importante porque genera en nosotros, que votamos, y en quien exporta, garantías para cobrar. Está dicho acá; no lo inventamos ni está sacado de contexto. Yo lo pregunté y él lo respondió. Por tanto, hay una clara contradicción. No se puede decir que no se dijo lo que se dijo; está escrito. Y sin duda –lo sé, porque lo hemos hablado, ya que todos nos hemos preocupado por esta situación–, los productores también confiaron en eso; quienes vendieron sus productos, obviamente confiaron en eso. Si lo dice el presidente de la república, si concurre a la comisión el Ministerio de Economía y Finanzas y lo señala el subsecretario, ¿quién no va a creer que va a terminar cobrando? Está clarísimo que es así.

Por eso, quiero hacer una pregunta a los ministros, que tiene que ver con lo que señaló el legislador Heber y, además, apunta a sacar rédito a esta convocatoria y al tiempo invertido, y es la siguiente. ¿Qué solución tenemos, en lo inmediato, para los productores? ¿Cómo se piensa encarar esto? Para mí, hay una doble responsabilidad. La primera es ante los productores, ante los industriales que exportaron. Ahora, si el Estado se hiciera cargo como garante, habría responsabilidad también ante la sociedad.

Aquí hay un claro error del Poder Ejecutivo; quizás fue, parafraseando al expresidente, una chamboneada. Tal vez fue eso. No está mal reconocer que nos equivocamos. Acá hay gente muy capaz, muy inteligente, que hace las cosas muy bien –lo tengo que reconocer–, pero todos nos equivocamos. El asunto es reconocerlo y encontrar un camino alternativo, una solución, que es lo que están esperando los productores.

Hay alguna noticia, a nivel de prensa, sobre que habría algún crédito puente, alguna solución; el expresidente y actual senador Mujica también ha hecho alguna referencia en ese sentido. Quiero señalar que un asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente sin la información suficiente, salió a decir que el Gobierno no se había responsabilizado de esos créditos. Sí, señor; se había responsabilizado o, por lo menos, había dado su palabra, que ahora no cumple, y este es un valor fundamental en la política. Se habló de buena fe. Señores: yo voté de buena fe; yo creí en el subsecretario cuando dijo lo que dijo y acabo de leer. Por eso voté; de lo contrario, seguramente no lo hubiese hecho. Para honrar la buena fe hay que reconocer y asumir el valor de la palabra dada, que es muy importante en materia política. Además, todos empezamos a descreer de todos. Como dice la frase: «No me afecta que me hayas mentido; que no pueda creerte es lo que me afecta».

Entonces, salgamos todos de aquí capitalizando este momento y pensando que esta convocatoria –que destaco como muy oportuna por parte de Alejo Umpiérrez– sirva para que podamos dar tranquilidad al sector productivo, por lo menos en lo inmediato. Coincidimos con el señor ministro –lo señalamos y figura en la versión taquigráfica de la sesión del plenario– en que sin duda la situación es mucho más compleja que este problema puntual. Esta no es la solución para el sector; compartimos todo lo que aquí se ha dicho. No obstante, sería una muy buena señal que pudiéramos dar alguna respuesta a este problema, que es uno más de los que ya tiene el sector productivo en su conjunto.

El sector productivo tiene un problema básico de estructura de costos, de competitividad y de mercados –como se ha reconocido–; en eso es en lo que debemos trabajar, y mucho. Si Uruguay no consigue esos mercados va a ser difícil que haya solución, ya no a mediano plazo sino a largo plazo. Mientras tanto, hay que dar una señal a este sector de la producción. Por eso, quiero preguntar a los ministros que nos visitan si el Gobierno tiene, en carpeta, alguna propuesta o medida concreta para esta situación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MERONI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR MERONI.- Señora presidenta: el legislador preopinante decía que el Uruguay no se fundó el 1.º de marzo de 2005. Creo que nadie dijo eso. Ahora, personal y políticamente pensamos que no se fundó, sino que se refundó, sobre todo, para quienes vivían en este país bajo la línea de pobreza e indigencia. Por lo tanto, creemos que desde el 1.º de marzo de 2005, ha cambiado la realidad del pueblo uruguayo.

(Interrupción del señor legislador Pablo Abdala).

–Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Umpiérrez.

SEÑOR UMPIÉRREZ.- Señora presidenta: para redondear y cerrar, seré breve, que es dos veces bueno.

Me voy decepcionado; esperaba algún grado de autocrítica. Cuando no hay autocrítica, se cae en otro lado: en la soberbia. Todos podemos equivocarnos, pero parece que el Gobierno jamás se equivoca. Además, se niega la contundencia de todo lo que está escrito en documentos y de lo que fue expresado en declaraciones públicas, a las que se intenta torcer y cambiar el sentido, o se señala que no se dijo lo que se ha dicho. Eso es de un grado de tozudez que rechina con la inteligencia de todos los ministros e integrantes del Gobierno que tengo enfrente, a los que considero personas de suma capacidad.

Nos vamos con tristeza, porque no obtuvimos respuestas. Nos quedamos sin respuesta a la pregunta de por qué el dinero terminó en China y no en Uruguay. Como nadie admite nada, nos quedamos sin esa respuesta. Nos quedamos con la duda acerca de cuáles fueron las condiciones irresistibles –según las palabras de Sendic– que torcieron el destino de las palabras del propio presidente de la república, haciendo que el dinero terminara en China y no en Uruguay, tal como habían señalado el presidente, Torres y también los documentos. Nos vamos sin esas respuestas.

También nos vamos sin la respuesta acerca de quién está cobrando comisión. En ningún lado se cobra comisión; ningún documento, ni el fideicomiso ni los contratos con Corpovex refieren a las comisiones que se están deduciendo. ¿Es Aire Fresco, otra vez? Sugiero al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que se preocupe y llame al Bandes para averiguar quién cobra la comisión que se está debitando. Los productores me han dicho que no acordaron comisiones. Creo que alguien sí acordó, pero con picardía no me lo dice.

Lo peor de todo esto es que nos vamos sin soluciones. Yo creí que hoy el ministro venía con soluciones y con propuestas. De alguna manera, habría sido dar respuesta, no al Partido Nacional ni a este miembro convocante casual de la coyuntura, sino al sector productivo, a la gente que vive con zozobra, con penuria y con suma preocupación toda esta situación. Los productores no se rebelan ni salen a movilizarse, no de puro satisfechos, sino porque están viviendo una coyuntura muy embromada.

Este negocio concebido para ser bueno terminó siendo ruinoso y embretando al sector productivo que pretendía ayudar. Si bien no es causante de la crisis, ha complicado la situación en grado sumo. Y no la complicó el sector productivo, sino el Gobierno, con un grado de ineptitud, de ineficiencia, de ineficacia y de falta de capacidad de gestión y de previsión en este negocio que sorprende. Debieron tomarse todas las medidas conducentes a la diligencia y al cuidado de los intereses de los productores uruguayos para mantener la posibilidad de cobro, que estaba en un dinero que se sabía que si salía del país no volvería nunca más.

Nada más, señora presidenta.

Muchas gracias.

(¡Muy bien!).

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora legisladora Gelman.

SEÑORA GELMAN.- Señora presidenta: no voy a reiterar lo que ya se ha dicho, pero quiero aclarar algo que se ha repetido con respecto a que Venezuela se quedó con el dinero. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el dinero es de ellos. Eso es obvio y no permite mucha discusión, independientemente de los eventuales acuerdos que pudieran haberse hecho. Ha quedado más que claro que eso es independiente de la iniciativa de la cancelación de la deuda anticipada.

Como se ha hablado de los productores, quiero leer la intervención de un productor en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el pasado 12 de enero, que dijo: «Comparto la opinión de nuestro compañero y del señor presidente, porque el de Venezuela es un negocio puntual; no es esencial para los productores del sector lechero. Más allá de que veamos poco productiva la politización que se está haciendo del tema, tenemos que estar muy agradecidos de la gestión del Gobierno. Llegamos hasta acá porque el Gobierno vendió la producción a Venezuela. De lo contrario, estaríamos vendiéndosela a México a USD 2; nos hubiésemos fundido seis meses antes. Este es un problema a futuro […]». El problema estructural es otro.

Era cuanto quería decir.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Queremos compartir algunas conclusiones de este llamado a sala que, sinceramente, esperamos sea útil y contribuya a mejorar los resultados obtenidos hasta ahora.

Solicito que se autorice hacer uso de la palabra al señor subsecretario Ferreri –que ha sido tan aludido en el día de hoy– para que pueda ensayar su posición.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor subsecretario de Economía y Finanzas.

SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: creo haber sido claro con respecto a una parte de las alusiones que referían a un fragmento de la versión taquigráfica a la que aludí y pretendí contestar en la intervención anterior.

Luego, se hizo alusión a otra parte de la versión taquigráfica, que fue leída por todos los legisladores que la mencionaron, y yo también la voy a leer. Allí expresé que luego de cancelada la deuda con PDVSA, «[…] se creará un fideicomiso, un Fondo de Compensación Comercial, que será estructurado y llevado adelante por la Corporación Venezolana de Exportación, Corpovex». Eso ocurrió. Continué expresando: «Además, dicho fideicomiso se estructurará en Bandes Uruguay […]». Eso ocurrió.

Posteriormente, en clara alusión al mecanismo ideado para cerrar todo el circuito –es decir que luego de la cancelación y tal cual está en el memorando que se alcanzó esa misma tarde, se fuera alimentando con USD 50 millones por mes–, expresamos: «[…] los fondos estarán en el país, y los exportadores exportarían contra ese fideicomiso». Es decir, el mecanismo preveía que el fideicomiso se iría alimentando de USD 50 millones por mes y, por lo tanto, los exportadores, teniendo la orden de compra y el certificado de que los fondos estaban en el Bandes, exportarían; eso se haría contra los fondos de un fideicomiso de Corpovex estructurado en Bandes Uruguay, que es donde estaría el dinero. Eso fue lo que yo dije; lo recoge la versión taquigráfica.

El problema es que, en ese esquema, ocurrieron dos cosas. Primer punto: se realizaron exportaciones sin cumplir con todos los pasos previstos en el diseño ideado, con el cual colaboró el Poder Ejecutivo. Se realizaron exportaciones sin tener la garantía ni el certificado de que el dinero estaba en el Bandes. El segundo punto es tanto o más importante: los fondos que la contraparte venezolana –el Gobierno de Venezuela– se había comprometido a enviar todos los meses solo se mandaron el primer mes y en los siguientes, no. Pero eso no entra en contradicción con lo que acabo de decir: hay un fideicomiso creado por Corpovex, que existe y está en Bandes Uruguay. Y las exportaciones en el esquema diseñado, previsto y comunicado por el Gobierno –como expuso muy detalladamente el ministro Aguerre– debían realizarse contra el certificado en Bandes de que el dinero estaba en el fideicomiso en Uruguay, extremo que no ocurrió.

Eso es lo que dijimos, y está en consonancia con lo que está en el memorando y con el esquema que el Poder Ejecutivo trasmitió y trabajó en su debido momento con las industrias exportadoras.

Por lo tanto, nuevamente queremos rechazar las expresiones en el sentido de que hubo alguna clase de estafa por parte del Gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Señora presidenta: a lo largo de esta sesión he percibido en sala una inquietud que compartimos y en este momento de conclusión hay que tenerla en cuenta. Estamos trabajando intensamente para lograr dos objetivos.

El primero es lograr que la arquitectura de esta propuesta funcione, porque creemos en ella y porque entendemos que en sus dos componentes es positiva para el país. Lo ha sido para Ancap en medio de sus dificultades y lo está siendo –¡ojalá lo sea en una medida mucho mayor!– para los productores lecheros del Uruguay. Estamos trabajando en eso porque creemos en la arquitectura de esta propuesta; al mismo tiempo, somos conscientes de que ha habido incumplimientos absolutamente claros por parte de Venezuela.

Se nos ha preguntado –no en estos términos– si vamos a trabajar para superar esos incumplimientos. Señora presidenta: estamos trabajando de forma intensa, precisamente por el objetivo de superar los incumplimientos por parte de Venezuela, y no renunciamos a ningún instrumento. Inclusive, en sala se han mencionado algunos caminos. Nos llevamos como conclusión positiva y constructiva la sugerencia de esas alternativas; no rechazamos ninguna. Por el contrario, vamos a trabajar con todas las armas posibles para lograr este primer objetivo.

El segundo objetivo es encontrar propuestas para ayudar financieramente –perdonen si subrayo tanto este adverbio– a productores que están teniendo problemas de capital de trabajo porque no cobran. No es que nosotros, desde el Gobierno, vayamos a dar a los productores lo que otros deberían pagar, sino que vamos a tratar de ayudarlos para que sobrelleven este momento, sin que se den situaciones irreversibles. En eso también estamos trabajando intensamente.

Culmino con estas palabras: estoy convencido de que esto puede funcionar mucho mejor de lo que hemos visto hasta ahora, tanto desde el punto de vista de los efectos que tuvo la cancelación de deuda como de la propuesta de articular el proceso de trabajo sobre las operaciones alimenticias con los recursos que estuvieron en juego en la cancelación de la deuda.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Señora presidenta: voy a ser breve.

A lo largo de mis exposiciones, en reiteradas oportunidades expresé algo que podría considerarse como el análisis con el diario del lunes. Cuando manifesté que por mi función ejecutiva estaba sometido a tomar decisiones, no quise decir que porque las adopte sea soberbio, inepto o falto de autocrítica, sino todo lo contrario. He planteado, creo que con bastante detalle, el origen del problema, que es más amplio que el tema de Venezuela, así como la necesidad de actuar, yo diría proactivamente, pero también con el compromiso, el involucramiento y el acicate permanente de la gente que realmente está sufriendo. A eso es a lo que se hacía referencia: a las dificultades por las que están atravesando los productores.

Adviértase que se recobró un flujo comercial que hoy está nuevamente interrumpido. Podríamos formularnos una pregunta –insisto en que hagamos ese análisis–, hacer una simulación y pensar qué habría ocurrido si no hubiésemos hecho esto. ¿Se habrían cobrado USD 50 millones de Venezuela, un mercado que estaba interrumpido desde hacía siete u ocho meses? ¿Tendrían documentos por cobrar, con discutible validez, si alguien se la quiere poner? Nosotros pensamos que, de alguna manera, la validez de los documentos tiene atrás un compromiso de Gobierno a Gobierno, que no quiere decir que no estemos realizando acciones para tratar de que se cumpla lo que hicimos con la intención de que se cumpliera.

También sugerí que hiciéramos el análisis del costo –si lo quieren plantear en términos de costo– de haber realizado esta acción. El costo de oportunidad de esta acción pasaba por embarcar esas toneladas al precio que había en ese momento en el mercado. Yo diría que el tema es mucho peor, porque por algo todavía hay un montón de toneladas acumuladas. Podría comparar el precio de julio con el de hoy. ¿Qué pasa si se vendían a 2300 a Brasil –como se vendieron– o si se cobraba a 1800 en el mercado de hoy? Si tomo en cuenta las toneladas que se vendieron a 1800 y las comparo con lo que se cobró, si bien obviamente falta cobrar, se trata de una pequeña cantidad. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, porque esa pequeña cantidad, en la situación que están las industrias y los productores lecheros, no es menor, pero tenemos un convenio. Alguien puede decir que el convenio no tiene validez, que Venezuela no va a comprar nunca más, que no va a pagar nunca más, pero hay un antecedente. Y esto no es falta de autocrítica.

Cuando se aludió a que yo incitaba a la industria, expresé con minuciosa rigurosidad nuestra participación y nuestro involucramiento profundo con este tema. Alguien podrá decir que salió mal. Y sí, tal vez no salió bien; quizás no salió todo lo bien que queríamos. Ahora, ¿ha fracasado totalmente? No; de ninguna manera.

Tampoco se debe pensar que las acciones de cobro, que las gestiones o que los llamados telefónicos a Venezuela agotan el proceso. Nosotros no precisamos que ningún legislador, ni de la oposición ni del oficialismo, nos sugiera que acompañemos a los productores para tratar de concretar este negocio. Aceptamos la sugerencia –es bienvenida–, pero la noticia es que nosotros ya estamos en proceso de generar esa misión. Además, voy a sugerir, con todo respeto, que participen los legisladores de los otros partidos. ¿O no tienen responsabilidad los legisladores de los otros partidos en tratar de encontrar soluciones para los productores? No se trata de quién lo logra, pero lo cierto es que nunca se había hecho. Que me vengan a mostrar cuándo alguna vez una cancelación comercial en forma anticipada se transformó en una oportunidad de realizar negocios para los productores uruguayos.

Por lo tanto, si quieren pueden utilizar el término ineptitud, pero no acepto que digan que hay falta de autocrítica. La aptitud o ineptitud es una condición genética, multiplicada por las oportunidades de la educación. Uno es lo que es. ¡Qué le va a hacer!

Partimos de la base de que la situación es compleja, pero podría ser peor. Es así, señores legisladores de todos los partidos: la situación es compleja, podría ser peor y podría empeorar más, porque el precio de la leche de ayer cayó 3,7 %. Entonces, ¿qué tenemos por delante? El diagnóstico es que, más allá de que existe una gran diferencia de productividad, la media de nuestros productores, la media de la producción de leche en el Uruguay y la media de la combinación de factores –tecnología, mano de obra, industrialización, integración vertical, energía, caminería y capacitación de la gente– nos pone en la franja de los sectores más competitivos de productores de leche exportable en el mundo. Esa es la oportunidad, gobierne quien gobierne, que tenemos que construir. ¿Cómo? Se puede ser más proactivo o menos activo; se puede responder más rápidamente o menos rápidamente; se puede responder con más eficacia o con menos eficacia. Yo creo que hay que responder, actuar y ser proactivo.

Hablé del puente financiero y dije que lo cruzaríamos, pero que no le comente al miembro convocante las soluciones que estamos manejando o elaborando no quiere decir que no las tengamos. Con todo respeto, a quienes primero se las voy a comunicar es a los productores; no las voy a explicar aquí, si se me permite, señora presidenta.

En las próximas horas o días tendremos una propuesta de solución que, evidentemente, intentará recomponer el flujo que está faltando. Hay que recordar que el flujo que está faltando son kilos por un precio que no existe en el mercado. Entonces, ¡cuidado! cuando muy ligeramente decimos que esto no sirve a los productores. No; los productores atraviesan una situación complicada al igual que los industriales. Por lo tanto, no ahora sino desde mediados de enero, estamos aguzando el ingenio y trabajando con la esperanza de que vengan los segundos USD 50 millones o los terceros USD 50 millones y de que se pongan al día en el incumplimiento a que hacía referencia el señor Ministro de Economía y Finanzas, pero sabiendo que si eso no ocurre tenemos una cuenta regresiva que son los compromisos de los productores de todo tipo. En ese sentido, estamos trabajando: en gestiones de cobro y en soluciones para los productores.

Quiero agregar algo por la positiva. El desafío del Uruguay, como un país que exporta el 70 %, 80 % o el 90 % de lo que produce, no se agota en vender bien algunas toneladas en un mercado ocasional con un riesgo precio o facilitado por un convenio de estas características. Espero que en poco tiempo podamos discutir mecanismos legales que nos permitan afianzar la venta del trabajo de los uruguayos de tal manera que podamos acceder a aquellos mercados que, obviamente, tienen un riesgo crediticio menor. Por dos razones: porque quienes tienen un riesgo crediticio menor pagan los peores precios y, en segundo lugar, porque en esos países que tienen el riesgo crediticio menor, generalmente existen sistemas productivos propios y demandan poca importación.

El otro aspecto –que ya se mencionó en esta sesión– es el precio del petróleo. Si se analiza a dónde vendemos, se advertirá que, salvo Brasil, el resto de la venta se hace a países que tienen una economía petrolera. Por lo tanto, nuestra colocación de cadenas agroindustriales integradas con inversión, con innovación y con todo lo que se necesita para ser competitivos en un país con las características de Uruguay –es decir, compitiendo en la proporción con la que hay que competir en el mundo–, ¿puede depender permanentemente de la oscilación de los precios que definen las economías de los países compradores? ¿No habría que pensar en algunos mecanismos que nos permitieran amortiguar eso?

Quiero quedarme con ese desafío.

Muchas gracias.

5) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de los señores ministros y sus asesores. Esperamos que este intercambio haya sido productivo.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión.

(Es la hora 16:12).

DANIELA PAYSSÉ Presidenta

Virginia Ortiz Secretaria - José Pedro Montero Secretario

Julio Míguez Director del Cuerpo Técnico de Taquigrafía de la Cámara de Representantes

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.