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N.º 12 - TOMO 101 - 29 DE DICIEMBRE DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

12.ª SESIÓN

PRESIDE BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, FERNANDO RIPOLL, JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Asuntos entrados

5) Inasistencias anteriores

6) Suelos de prioridad forestal. Regulación

7) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 27 de diciembre de 2021

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 29 de diciembre, a las 11:00, a fin de levantar el receso y dar cuenta de los asuntos entrados, entre los que se encuentra el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo por el cual, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 137 y siguientes de la Constitución de la república, comunica que ha resuelto observar el proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con suelos de prioridad forestal.

Fernando Ripoll Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Oscar Andrade, Carmen Asiaín, Raúl Batlle, Mario Bergara, Graciela Bianchi, Eduardo Bonomi, Sergio Botana, Carlos Camy, Charles Carrera, Germán Coutinho, Sebastián Da Silva, Amanda Della Ventura, Guillermo Domenech, Raúl Lozano, Guido Manini Ríos, Silvia Nane, Amin Niffouri, Daniel Olesker, Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez, Carmen Sanguinetti, Lucía Topolansky, María Dolores Álvarez, Enrique Canon, Andrés Cianciarullo, Fernando Curuchet, Lauro Meléndez y Juan Straneo; y los señores representantes Ubaldo Aita, Rodrigo Albernaz Pereira, Jorge Alvear González, Óscar Amigo Díaz, Eduardo Antonini, Fernanda Araújo, Rubén Bacigalupe, Rodrigo Blás Simoncelli, Wilman Caballero, Fernando Cáceres, Cecilia Cairo, Sebastián Cal, Nazmi Camargo Bulmini, Elsa Capillera, Germán Cardoso, Armando Castaingdebat, Gonzalo Civila López, Mario Colman, Milton Corbo, Daniel Dalmao, Álvaro Dastugue, Alfredo de Mattos, Bettiana Díaz Rey, Diego Echeverría, Omar Estévez, Lucía Etcheverry Lima, María Fajardo Rieiro, Diver Fernández, Joanna Fort, Alfredo Fratti, Virginia Fros Álvarez, Lilián Galán, Luis Gallo Cantera, Daniel Gerhard, Gabriel Gianoli, Rodrigo Goñi Reyes, Claudia Hugo, Alexandra Inzaurralde, Miguel Irrazábal, Pedro Jisdonian, Nelson Larzábal Neves, Alfonso Lereté, Margarita Libschitz Suárez, Eduardo Lorenzo Parodi, Nicolás Lorenzo, Eduardo Lust Hitta, Daniel Martínez Escames, Martín Melazzi, Constante Mendiondo, Rafael Menéndez, Nicolás Mesa Waller, Emiliano Metediera, Sergio Mier, Adel Mirza, Juan Moreno, Gonzalo Mujica, Gerardo Núñez Fallabrino, Nancy Núñez Soler, Ana María Olivera Pessano, Gustavo Olmos, Marne Osorio Lima, Ernesto Gabriel Otero Agüero, Ope Pasquet, Rosa Pellerey, Daniel Peña, Susana Pereyra Piñeyro, Silvana Pérez Bonavita, Álvaro Perrone Cabrera, Carlos Piccone, Ernesto Pitetta, Alicia Porrini, Iván Posada Pagliotti, Javier Radiccioni Curbelo, Luciana Ramos, Nibia Reisch, Carlos Rodríguez Gálvez, Álvaro Rodríguez Hunter, Conrado Rodríguez, María Eugenia Roselló, Sebastián Sabini, Felipe Schipani, Juan Neuberis Silveira Pedrozo, Ismael Smith, Martín Sodano, Carlos Testa, Martín Tierno, Gabriel Tinaglini, Carmen Tort González, Mariano Tucci Montes de Oca, Sebastián Valdomir, Carlos Varela Nestier, César Vega, Raquel Verdúm, Pablo Viana, Nicolás Viera Díaz, Álvaro Viviano y Gustavo Zubía.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Danilo Astori, Jorge Gandini, Liliam Kechichian, Pablo Lanz, Sandra Lazo y Juan Sartori; y los señores representantes Sebastián Andújar, Gabriela Barreiro, Cecilia Bottino Fiuri, Daniel Caggiani, Felipe Carballo Da Costa, Walter Cervini, Zulimar Ferreira, Álvaro Lima, Cristina Lustemberg, José Carlos Mahía, Enzo Malán Castro, Verónica Mato, Orquídea Minetti, Juan Martín Rodríguez, Federico Ruiz, Dardo Sánchez Cal y Javier Umpiérrez Diano; con aviso, la señora representante Valentina Dos Santos y el señor representante Aníbal Méndez.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 11:10).

La Mesa solicita a todos los señores legisladores y a todas las señoras legisladoras que usen el tapabocas mientras estemos en el recinto, cumpliendo, además, con una resolución que tiene la Cámara de Representantes en el uso de esta sala.

Se va a votar el levantamiento del receso parlamentario.

(Se vota).

–75 en 79. Afirmativa.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa reitera que es indispensable la utilización de tapabocas, en cumplimiento de la reglamentación que la Cámara de Representantes votó para el uso de este recinto.

Somos muchos; les agradezco la colaboración.

Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Fernando Ripoll).- «El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 137 y siguientes de la Constitución de la república, remite mensaje a los efectos de observar en forma total el proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con los suelos de prioridad forestal. (Carpeta n.º 74/2021).

–A LA COMISIÓN DE FOMENTO.

El Poder Ejecutivo remite:

• de conformidad con lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la república, el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondiente al ejercicio 2022.

–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.

• Copia de un decreto por el que se aprueban las partidas presupuestales correspondientes a la ejecución presupuestal del Banco Hipotecario del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019;

• copia de un decreto por el que se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al ejercicio 2021;

• copia de un decreto por el que se aprueba la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2019.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.° de la Ley n.° 19924, de 18 de diciembre de 2020, Presupuesto nacional 2020-2024, dando cuenta de la corrección detectada y subsanada en el inciso 24 “Diversos Créditos”, artículo 658 de la citada ley.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Presidencia de la República remite copia de las siguientes resoluciones:

• por la que se autoriza la firma de las Revisiones K y L del proyecto Apoyo a la Consolidación de la Estrategia de Cooperación Sur-Sur y Triangular y al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cooperación Internacional en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo;

• por la que se autoriza una trasposición de crédito desde la unidad ejecutora 008, Oficina Nacional del Servicio Civil, a la unidad ejecutora 010, Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento;

• por la que se aprueba el proyecto de Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para la Américas de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo de Cooperación Horizontal y Triangular en Salud;

• por la que se aprueba el Convenio a celebrarse entre la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Defensa Nacional remite copia de varias resoluciones del Poder Ejecutivo relacionadas con trasposiciones de créditos.

–TÉNGANSE PRESENTES.

Asimismo, remite mensaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley n.º 15848, de 22 de diciembre de 1986, el artículo 9.º de la Ley n.º 18650, de 19 de febrero de 2010 y la Ordenanza 120/02 del Ministerio de Defensa Nacional, adjuntando los Planes de Estudio de los Institutos del Sistema de Enseñanza del Ejército Nacional. (Carpeta n.º 72/2021).

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite copia de:

• un decreto del Poder Ejecutivo por el que se efectúa una corrección al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al ejercicio 2021, relacionado con partidas no limitativas;

• una resolución del Poder Ejecutivo por la que se autoriza una trasposición de créditos en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, unidad ejecutora 024, Dirección General de Secretaría, y el Proyecto de Inversión n.º 979, Programa de Transformación Digital de Mipyme;

• una resolución del Poder Ejecutivo por la que se autoriza la trasposición entre proyectos de inversión dentro de un mismo programa del inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, sin cambio de fuente de financiamiento;

• varias resoluciones del Poder Ejecutivo por la que se autorizan trasposiciones entre proyectos de inversión dentro de un mismo programa del inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, sin cambio de fuente de financiamiento;

• una resolución por la que se aprueba el proyecto de Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo n.° 4658/OC-UR, suscrito el 31 de enero de 2019, entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo;

• una resolución por la que se aprueba el proyecto de Contrato de Préstamo n.° 5337/OC-UR, a celebrarse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta USD 40:000.000 (cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), destinado a contribuir a la financiación y ejecución del proyecto de Educación para la Transformación;

• una resolución por la que se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos para el ejercicio 2022;

• una resolución por la que se aprueba el proyecto de Contrato Modificatorio de los Contratos de Préstamo celebrados entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que contiene las modificaciones de las cláusulas contractuales de los referidos Contratos de Préstamo.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Educación y Cultura remite copia de las siguientes resoluciones:

• por la que se aprueba una habilitación de créditos en la fuente de financiamiento 1.7 “transferencias internas recibidas”;

• por las que se disponen varias trasposiciones de créditos;

• por la que se solicitó informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y autorización al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de realizar un cambio de fuente de financiamiento;

• por la que se solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los informes consignados en el marco del artículo 18 de la Ley n.° 18996;

• por la que se autorizó al Área de Contabilidad Financiera a efectuar una transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo;

• por la que se autoriza a efectuar la transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo, por el presente ejercicio, con cargo al proyecto 888 “Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP”, ad referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite copia de varias resoluciones por las que se autoriza, según lo previsto en la Ley n.º 18092, de 7 de enero de 2007, su modificativa y decretos reglamentarios, el ejercicio del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias a las siguientes firmas:

Agropecuaria Icomar SRL,

Gilkenal S. A.,

Rincón de las Gallinas SRL,

Agropecuaria Dalunor SRL,

Forestal Oro Verde SRL.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio del Interior remite copia de varias resoluciones por las que se aprueban trasposiciones de crédito presupuestal entre proyectos de inversión de varias unidades ejecutoras del inciso.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite copia de la resolución por la que se aprueba la trasposición de crédito presupuestal entre diferentes programas y proyectos de inversión de las Direcciones Nacionales de Hidrografía y Vialidad.

–TÉNGASE PRESENTE.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial remite copia de una resolución del Poder Ejecutivo por la que se autoriza la trasposición de crédito entre proyectos de inversión de la unidad ejecutora 001, Dirección General de Secretaría.

–TÉNGASE PRESENTE».

(Continúa dándose cuenta de los asuntos entrados).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Comisión de Hacienda y Presupuesto eleva, por vencimiento del plazo, la carpeta relativa a errores y omisiones detectados y subsanados en el inciso 24 “Diversos Créditos” del Presupuesto nacional 2020-2024. (Carpeta n.º 57/2021).

–OPORTUNAMENTE FUE COMUNICADO.

La Suprema Corte de Justicia remite copia de varias sentencias relacionadas con varias excepciones de inconstitucionalidad interpuestas contra artículos de las Leyes n.os, 18211, 18335, 18738, 18831 18996, 19310 y 19355.

–TÉNGANSE PRESENTES.

La Suprema Corte de Justicia remite copia de la Resolución n.° 739, de 19 de octubre del corriente, la cual comunica el cese en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia del doctor Luis Domingo Tosi Boeri, cargo que fue declarado vacante. (Carpeta n.º 73/2021).

–HA SIDO REPARTIDA.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay remite copia de una resolución por la que se habilita el Proyecto de Inversión dentro del inciso 24 “Diversos Créditos”, unidad ejecutora 027, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. (Oficio 48576).

–TÉNGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Artigas remite copia de una resolución sobre el programa Jornales Solidarios.

–TÉNGASE PRESENTE.

Las juntas departamentales de Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Maldonado, Paysandú, Río Negro y San José comunican, de conformidad con lo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la república, que han resuelto no aceptar las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a los presupuestos quinquenales de esas juntas, período 2021-2025. (Carpetas n.os 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71/2021).

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

El Tribunal de Cuentas remite oficios transcribiendo varias resoluciones relacionadas con los siguientes organismos:

• Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland

• Administración Nacional de Correos

• Administración de Ferrocarriles del Estado

• Administración de los Servicios de Salud del Estado

• Agencia Nacional de Vivienda

• Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado

• Administración Nacional de Telecomunicaciones

• Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

• Agencia Nacional de Vivienda

• Banco de la República Oriental del Uruguay

• Banco de Previsión Social

• Congreso de Intendentes

• Intendencia de Paysandú

• Junta Departamental de Artigas

• Junta Departamental de Canelones

• Junta Departamental de Colonia

• Junta Departamental de Florida

• Junta Departamental de Montevideo

• Junta Departamental de San José

• Ministerio de Ambiente

• Ministerio de Defensa Nacional

• Ministerio de Desarrollo Social

• Ministerio de Economía y Finanzas

• Ministerio de Industria, Energía y Minería

• Ministerio de Salud Pública

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

• Ministerio de Transporte y Obras Públicas

• Ministerio de Turismo

• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

• Obras Sanitarias del Estado

• Presidencia de la República

• Poder Judicial

• República Microfinanzas S. A.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los literales C) y D) del artículo 211 de la Constitución de la república, remite la memoria anual correspondiente al ejercicio 2020, relativa a dicho organismo.

–TÉNGANSE PRESENTES. LA DOCUMENTACIÓN QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES LEGISLADORES EN LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

La Embajada de la República de Azerbaiyán remite una nota relacionada con el Movimiento de Países no Alineados.

–TÉNGASE PRESENTE».

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea General, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- A la sesión extraordinaria del día 15 de diciembre faltaron con aviso los señores legisladores Raúl Batlle, Graciela Bianchi, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Armando Castaingdebat, Amanda Della Ventura, Valentina Dos Santos, Alexandra Inzaurralde, Liliam Kechichian, Gonzalo Mujica, Daniel Olesker, Gloria Rodríguez, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez, Lucía Topolansky, Nicolás Viera Díaz y Gustavo Zubía.

6) SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL. REGULACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- La Asamblea General ingresa a la consideración del orden del día relativo al mensaje del Poder Ejecutivo por el cual, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 137 y siguientes de la Constitución de la república, comunica que ha resuelto observar el proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con suelos de prioridad forestal. (Carp. n.º 74/2021 - rep. n.º 10/2021).

–Tiene la palabra el señor legislador Alfredo Fratti.

SEÑOR FRATTI.- Señora presidenta: al tratar este veto me hace acordar aquella famosa frase que se le atribuye al general Aparicio Saravia, que dice: «Se sublevó el gobierno». Dicha frase estaba referida a que el gobierno de la época había incumplido el acuerdo de los pactos de la Cruz y de Nico Pérez, por una cláusula verbal –no escrita– que establecía que se debían nombrar jefaturas políticas nacionalistas en Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera, Maldonado, Flores y San José.

Traigo a colación ese episodio porque, en reiteradas oportunidades, el actual presidente dijo: «Yo estoy con el campo», y compañeros de la coalición de gobierno decían, a voz en cuello: «Hay que soltarle las riendas al campo».

Si bien esas referencias no están escritas en ningún programa de gobierno, es incumplimiento de promesa electoral porque quien escuchó y votó esta propuesta nunca pensó que a través de este pacto no escrito se le fuera a ningunear dinero, por ejemplo, a Colonización, cuando tenemos más de mil familias de aspirantes a colonos por año. Ahora, a través de un veto y de un decreto van a dejar que los árboles y la forestación en macizo empujen a las vacas, y van a poner a productores medianos y pequeños a disputar la tierra con grandes multinacionales.

Es por eso que, cuando el gobierno y nosotros, los legisladores, tenemos en la sociedad intereses contrapuestos, debemos administrar esas tensiones. En definitiva, gobernar es como decía Mujica: simplemente, es ver para dónde se corta más grueso el tocino. En este caso, el gobierno cortó a favor de las empresas forestales.

Además de vetar la ley, ha incorporado un decreto que va exactamente en contra del espíritu de los legisladores que por mayoría votaron esta ley, porque el referido decreto aumenta las áreas posibles de ser plantadas, lo que está en un sentido directamente opuesto a lo que quería recoger la ley. Por eso digo que este veto es una sublevación del gobierno ante el Poder Legislativo.

Ingresando en el punto, para vetar la ley se argumenta que cambiaron las reglas; entonces, permítame, señora presidenta, leer el artículo 5.° de la Ley n.° 15939, que apoyaron todos los partidos. Dice: «Son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no: A) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso; […]».

O sea que lo que querían decir los legisladores de la época es que solo se podrían destinar a la forestación aquellas tierras de bajísima o nula productividad, en función de los rubros que el país estaba acostumbrado a trabajar.

Se aduce la libertad –que cuando es bien entendida podés usarla en su máxima expresión–, pero es siempre y cuando no vayas contra el interés general.

El capítulo II de la Ley n.° 15939 –de vuelta la misma ley– se titula: «Forestación obligatoria». Parece que acá no corría la libertad. El artículo 12 dice: «Es obligatoria la plantación de bosques protectores en aquellos terrenos que lo requieran para una adecuada conservación o recuperación de los recursos naturales renovables, sean dichos terrenos de propiedad privada o pública […]». A continuación, el segundo inciso del artículo 13 expresa: «El propietario que, comprendido en la situación del artículo 12, no quiera realizar el trabajo,» –o sea, la forestación obligatoria– «podrá optar por la venta del terreno a terceros o al Estado; […]». O sea que no hay libertad de nada: o planta o lo vende porque está en juego el interés nacional.

Entonces, me pregunto: ¡¿y cómo?! ¿No era que la libertad te permite hacer lo que quieras con tu tierra? No, señora presidenta. ¡Claro que no se puede, aduciendo la propiedad, hacer cualquier cosa! Y esto está admitido por nuestra sociedad en los sistemas de uso de la tierra. Por ejemplo, aunque la tierra sea de mi propiedad, no puedo plantar soja cinco años de corrido, etcétera, así como tampoco puedo hacer uso de los planes de uso o los puentes verdes como quiera. No es elección del propietario de la tierra, sino que es obligación cumplir con la regulación; de lo contrario, es pasible de sanciones.

¿Con esta medida se afecta la libertad? De ninguna manera. Se está protegiendo el interés general y supremo de la nación.

Ahora bien, antes de continuar, quiero hacer una aclaración para ser honesto intelectualmente. Cuando el diputado Menéndez presentó un proyecto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que iba en el sentido de la ley que terminamos aprobando, tuvo la madurez suficiente para permitir que legisladores del Frente Amplio y asesores del Frente Amplio introdujéramos modificaciones sustanciales al proyecto, además de incluir aquellas sugerencias de gente vinculada con el sector forestal, y voy a dar un ejemplo. En el proyecto original estaba puesta una limitación a los suelos forestales de acuerdo con el Coneat, con la que yo, particularmente, estaba de acuerdo, pero, a sugerencia de ingenieros forestales consultados y por entender que no era conveniente para obtener mayores consensos, fue retirada. Y para los que digan que no se trabajó: ¡ocho meses estuvimos en Diputados con este tema!

La limitación del 10 % del área productiva nacional, tan discutida, surge porque las entidades forestales que nos visitaron en la comisión afirmaron que ni el más optimista cree que en los próximos treinta años se puedan plantar 1:000.000 de hectáreas más de las que ya tenemos plantadas. Tampoco inventamos la rueda con esta limitación, dado que, por ejemplo, en Nueva Zelanda –que es ejemplo para todo, pero cuando no nos gusta, ya no es más ejemplo–, este límite es del 15 %. ¿Saben qué? ¡También en Nueva Zelanda existen límites! Las sociedades se manejan con límites, con normas y con reglas que rigen nuestra vida.

Lo que quiero decir muy claramente es que acá no hubo nunca una especulación menor de política, sectorial o partidaria. Eso se lo dejo para el análisis de los politólogos –¡que digan lo que quieran!–, pero no para los hombres y mujeres bien intencionados que venimos a este Parlamento a contribuir, en el error o en el acierto, para un país mejor. Es más, ¡lo que me grita mi conciencia, señora presidenta, es que con los recursos naturales de mi patria no se jode! Es más, los que somos propietarios de algún pedazo de tierra debemos tener claro que no es nuestra: ¡somos depositarios, simplemente, de la tierra de nuestros hijos!

En definitiva, vetar la ley forestal aprobada por este Parlamento es optar entre dos intereses en disputa o contrapuestos –como decía el otro día el diputado Zubía–: desde nuestro punto de vista, por un lado, el interés general de la mayoría de los uruguayos y, por otro, el interés particular de un grupo forestal productor de madera sobre la base de macizos de eucaliptus en tierras que no estaban clasificadas como de prioridad forestal, pero sí están próximas a las tres plantas de celulosa ya instaladas en el país.

Para colmo de males, vetar la ley deja vigente el Decreto n.° 405/021, que innova; innova en su artículo 9.º, al incluir como terrenos forestales regiones del país que actualmente tienen otros usos: agrícolas, granjeros, lecheros y ganaderos intensivos.

Además, utilizar la clasificación de los suelos de Estados Unidos para aplicar aquí, en Uruguay, es un verdadero disparate técnico y político. ¡Si hay algo que es local, es el suelo, señora presidenta! El suelo es local, originado a partir de nuestra geología en un largo proceso de desarrollo en nuestro clima, con la materia orgánica de nuestro tapiz, con la vida de nuestros microorganismos, etcétera. Es un verdadero atropello definir grupos de riesgo con la clasificación del hemisferio norte, donde no solo el suelo, sino ¡hasta el cielo es distinto!

Esto no es de izquierda ni de derecha: es neoliberalismo, puro y duro; además, esta clasificación que se pretende imponer vía decreto, en sentido contrario al criterio de los índices Coneat, que lleva décadas, es avalado por la mayoría de los productores y está absolutamente laudado por el mercado para los que se afilian a esta teoría; tanto es así que los precios de los campos hoy tienen una relación estrecha con los índices Coneat establecidos.

El impacto desestabilizador de este veto y decreto alcanza a todas las cadenas productivas. Al contrario de lo que pretendía esta ley votada por el Parlamento, vetándola y enancándose en el decreto, se incrementa –¡se incrementa!– el área pasible de recibir forestación por encima de los 4,2 millones de hectáreas actuales, que –¡atención, ciudadanos!– ya es esta área el 25 % del territorio aprovechable que tiene el Uruguay. ¡La cuarta parte ya está en prioridad, y la estaremos aumentando si se configura este veto y este decreto!

Actualmente, estas tierras –me refiero a las nuevas que se incluyen en el decreto– son el soporte de las principales cadenas agrícola, lechera y de ganadería intensiva que tiene el país. La referencia de los suelos que se están agregando, vía decreto, son los grupos 5.02b y 1.10b del litoral centro-sur, que se encuentran en los departamentos de San José, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Florida: la nata de los campos uruguayos. Entre ellos, están los suelos que involucran los de Cañada Nieto, ubicados en Soriano y Colonia. ¡Nadie puede afirmar que estos suelos son de baja productividad agropecuaria, como fue la intención de aquella ley inicial, a no ser que no conozca nada! Después, entre los grupos perjudicados, están los productores ganaderos criadores del Uruguay profundo, que pertenecen al principal grupo productivo familiar y que conforman el primer y más débil eslabón de la ganadería. Y no digo «eslabón de la cadena», porque en ganadería nunca lo hubo; cada eslabón trata de salvarse como pueda. Estas familias producen, precisamente, donde se instalan los macizos de eucaliptus, y tienen que competir por la tierra con las empresas papeleras.

Después de treinta años de aplicación de la vieja ley, hemos tenido enormes beneficios económicos como país, pero también hemos tenido una enorme taperización y caída de la población dispersa, trayendo una desarticulación económica y social en estos enclaves papeleros, transformadores de los pagos chicos, otrora sustentables. Con este decreto se habilita a extender estos males a regiones del interior que han alcanzado mayor desarrollo económico y social.

Si miramos regionalmente, el litoral centro-sur, con un importante aporte al PBI nacional –aproximadamente el 16 %–, será la región más afectada. Los macizos de eucaliptus competirán por el uso de los recursos que sostienen las correspondientes cuencas lechera, agrícola y granjera de la región. En esta región vive uno de cada cuatro habitantes del interior. Aquí, la integración de rubros productivos y el encadenamiento agroartesanal se han logrado, a través de muchos años, en el rico proceso histórico de afincamiento de inmigrantes europeos. Son parte de nuestro patrimonio económico, social y cultural, porque no solo de pan vive el hombre, y las utopías, señora presidenta, nos permiten avanzar y transformar nuestro hábitat.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor legislador. Ha finalizado el tiempo de que disponía.

Tiene la palabra el señor legislador Gustavo Olmos.

SEÑOR OLMOS.- Señora presidenta…

SEÑOR FRATTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR OLMOS.- Sí, señor legislador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR FRATTI.- Señora presidenta: ya termino.

Por último, queremos expresar que no estamos en contra de plantar árboles.

Por ejemplo, estamos a favor del silvopastoreo, porque se plantan árboles con baja densidad por hectárea, lo que aporta al medioambiente, al bienestar animal y permite tener una caja chica para que el lechero pueda seguir siéndolo, para que el ganadero pueda seguir criando sus vacas y para que el agricultor pueda seguir labrando la tierra. Estoy convencido de que, si le diéramos algunos de los incentivos que le dimos a la plantación de macizos forestales, seguramente se desarrollaría esta actividad y tendríamos otro Uruguay mucho más amigable con el medioambiente y con toda la sociedad uruguaya.

Muchas gracias, señor legislador Olmos, por la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor legislador Gustavo Olmos.

SEÑOR OLMOS.- Señora presidenta: no voy a hacer uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Juan Moreno.

SEÑOR MORENO.- Señora presidenta: hoy comenzamos nuestra exposición haciendo referencia al pasaje de este proyecto por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en Diputados, es decir, cómo empezó a transcurrir dentro del Parlamento. Es bueno recordar y así entender claramente por qué nuestro partido no votó en Diputados ni en Senadores el referido proyecto de ley.

Cuando recibimos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados el primer proyecto relativo a la modificación de la Ley n.° 15939, Ley Forestal, del año 1987, de allí en más empezamos a trabajar muy fuertemente en él. Mirando la fecha, el primer proyecto de ley fue presentado en mayo de 2020. Entonces, velozmente, se empezaron a recibir delegaciones e instituciones que estuvieron a favor y en contra del proyecto. En nuestro caso, personalmente, siempre estuvimos de acuerdo en avanzar en estos temas.

Después de más de treinta años de la Ley Forestal, a través de una modificación de la propia ley o logrando un buen decreto reglamentario, merecíamos poner de vuelta a la forestación en un rumbo como gran política de Estado, como lo es actualmente. Veníamos de quince años en que las alfombras rojas y beneficios habían aterrizado en favor de la industrialización de los bosques de producción y todo lo que trajo: extranjerización de las tierras como nunca hubo en nuestro país. Experimentábamos en nuestro país, con alta preocupación, cómo de forma desigual se volcaba la balanza para un sector productivo, dejando todos los otros afuera –me refiero a los quince años anteriores–; todos aquí lo vimos. En el territorio nacional, miles de productores chicos y medianos fueron desapareciendo de diferentes actividades. Recordarán la desaparición récord que llegamos a tener de un tambero por día, destruyendo grandes cuencas de plantas y procesadoras lácteas. Ni qué decir de los otros sectores que la fueron padeciendo: horticultores, agricultores, y no hablemos de a dónde marcharon las vacas y las ovejas.

Entonces, era importante rever las desigualdades a través del tratamiento de un proyecto en la comisión.

El primer proyecto presentado contenía un sesgo erróneo y equívoco de cómo avanzar –esto lo veíamos con preocupación–, pero teníamos la esperanza de poder utilizarlo como puntapié inicial para lograr el objetivo. Estaba la oportunidad de poder aportar y de lograr un articulado que verdaderamente llegara a ser superior y así obtener, finalmente, el objetivo planteado. Reitero, se presentó en mayo de 2020.

Cabe mencionar que hubo diferencias entre ambos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de mayo de 2020, el artículo 1.° limitaba las plantaciones a ciento cincuenta árboles por hectárea, cuando comúnmente los bosques de producción andan en mil trescientos a mil quinientos árboles por hectárea. El artículo 2.° obligaba a una rotación de cultivos entre cada turno forestal de bosques de producción no muy específico y sin un claro concepto técnico de recupero en favor de las tierras. Por su parte, en el artículo 3.° se pedía la consulta pública a los pobladores de la zona para el chequeo y habilitación final para lo que sería un proyecto de bosque de producción. Aunque algunos no lo crean, ese proyecto fue el que se trabajó en el correr del año en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo traje para explicarlo porque los senadores y muchas personas, seguramente, no lo llegaron ni a leer.

Ese año, no dio ni para poder recibir a todos quienes querían concurrir a la comisión. El año pasado tampoco compareció a la comisión un ministerio por ni siquiera haber tomado funciones reales como tal. Y me refiero, nada más ni nada menos, que al Ministerio de Ambiente, jugador fundamental en el sello de garantía de la habilitación de los proyectos forestales de producción.

En este caso y ya avanzado el año, nos aprestábamos a lograr una redacción alternativa real y en consenso a fin de modificar el proyecto presentado y avanzar ya con el Ministerio de Ambiente en funciones. Otro camino era mediante un decreto reglamentario y no manoseando directamente la ley y la política de Estado más importante que hoy existe en nuestro país.

Llegando a las dos últimas reuniones del año 2020, el 1.° de diciembre, aparece en nuestra mesa de trabajo un proyecto nuevo presentado en nuestra comisión; llegó con una redacción nueva y ni siquiera se consultó a los compañeros del resto de la comisión.

Siendo así, no solo no dio para empezar a trabajarlo nuevamente, sino que también hubo dos partidos políticos que en alianza llevaron adelante la aprobación exprés en comisión para votarlo como grave y urgente en una sesión plenaria de Diputados.

Así cerramos el 2020, señora presidenta, con una rara sensación de por qué en un tema tan importante no se había buscado con responsabilidad el consenso que nuestro país merece.

Este año 2021 no fue diferente en cuanto al tema: ni bien empieza el período legislativo, ambos partidos –sin que se entienda el apuro– presionan para votar el proyecto de ley lo más rápido posible. No lo entendemos –y menos seguimos entendiendo–, salvo que sea una estrategia política y quieran dejar contentos a unos pocos. Podemos entender que el partido de oposición hiciera su juego claramente en contradicción con lo hecho y actuado por ellos cuando estaban al mando, con mayorías parlamentarias durante quince años, pero no que un socio con responsabilidad de gobierno se tiente al otro extremo, que finalmente se junten y sin consenso alguno sigan adelante. Claramente, no se escuchó a todas las delegaciones, instituciones y ministerios competentes en cuanto a cambiar el sentido del proyecto de ley al cual se llegó.

Tampoco encontramos que en ninguna de las redacciones se elevara la mira y se tratara de solucionar el problema de la desigualdad con los otros sectores de la producción.

Hace un rato escuchábamos que liberarle las riendas al campo no estaba escrito. Sugiero la lectura de algunos programas de gobierno, porque sí quedó claro y plasmado, y está escrito.

Hay que entender que debemos sacarle la soga del cuello a todas las producciones y por sí solas se regularán las actividades, el mosaico productivo de nuestro país es del más amplio espectro y maravilloso. En nuestro territorio, productivamente hablando, se puede hacer de todo. Esto llevó finalmente a que se hiciera un decreto reglamentario, que ya es público, el Decreto n.° 405/021, del 10 de diciembre de este año, incorporando soluciones y exigencias en lo ambiental y en cuanto al correcto uso del suelo. También allí hay una clasificación que reordena los diferentes tipos de suelos, incluyendo proyectos forestales menores a 100 hectáreas; o sea que de 40 hectáreas en adelante tendrán que contar con una habilitación ministerial. Esto implica que no solamente sea una innovación, sino un control mucho más exigente para la actividad respecto de lo que ya existía.

Otro tema que no es menor ni menos importante es el de la actualización de los criterios de clasificación de los suelos, algo que vemos como muy positivo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el decreto fue mucho más allá desde el punto de vista ambiental que el proyecto de ley aprobado que hoy nos convoca.

Apoyamos y felicitamos la tarea del ministro de Ambiente, Adrián Peña, y la del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, por la gran labor, por la responsabilidad y el respaldo dado al gobierno, por lo que se logró firmar ese nuevo decreto reglamentario, fortaleciendo la tarea de nuestro Poder Ejecutivo, encabezado por nuestro presidente, el doctor Lacalle Pou.

Es por eso que respaldamos el veto a esta ley, dejando bien en claro los hechos acontecidos porque, muchas veces, se sale de aquí y la historia no se cuenta como se debe.

El país merece que en temas así nos encontremos juntos y con la seriedad correspondiente.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Nelson Larzábal.

SEÑOR LARZÁBAL NEVES.- Señora presidenta: es posible que la ley que se votó en la Cámara de Diputados, que luego fue aprobada, hace pocos días, en la Cámara de Senadores, tenga algunas carencias y defectos, pero, sin duda, pretende avanzar en la regulación de la actividad forestal, lo que creemos adecuado y necesario, tomando criterios que articulen la forestación, con la protección de actividades y otros usos y valores del suelo.

En cuanto a la actividad forestal, hubo avances relevantes en los últimos quince años, tales como dejar sin efecto los incentivos económicos para la forestación con destino a la pulpa de celulosa; profundizar en la normativa del ordenamiento territorial con la ley que lleva su nombre y con directrices territoriales nacionales y departamentales, y jerarquizar la protección de ecosistemas valiosos, a través del cuidado de los efectos acumulativos sobre los recursos hídricos de las cuencas y la preferente ocupación de suelos de prioridad forestal entre otros aspectos.

A pesar de los avances, entendimos que la normativa no es suficientemente efectiva para regular más estrictamente la ocupación de suelos que tengan otras aptitudes además de la forestal ni para proteger ecosistemas valiosos como el campo natural y el avance de la forestación sobre suelos de alto potencial de producción de alimentos. Sin duda, al proyecto le faltó atender en mayor dimensión los aspectos ecosistémicos y ambientales para regular la actividad en el marco del desarrollo sostenible.

También puede faltarle señales de incentivo hacia la integración de la actividad forestal con lo agropecuario, con sistemas de silvopastoreo –que hemos visitado recientemente en Melo–, con ensayos y estudios llevados adelante por la universidad, o sistemas que apuntan a desarrollar nuevas tecnologías de la madera, a lo que ya tenemos en el norte del país con madera de calidad, que también visitamos como Comisión de Ganadería en 2020 e intercambiamos. En ese intercambio llegamos a la conclusión de que el 10 % del territorio nacional agropecuario era suficiente para la forestación necesaria por treinta años más. No fue un número inventado; salió del intercambio con los productores forestales.

En ningún momento hemos dejado de reconocer que la forestación ha traído beneficios innegables al país, generando desarrollo económico en muchas zonas del interior profundo, pero es necesario ordenar o limitar la producción forestal a los suelos que estaban definidos como de prioridad forestal.

Seguramente en el Senado se podría haber mejorado el proyecto si hubiera tenido los aportes en los aspectos a los que le faltaba y no la tozudez de sus detractores, queriendo confundir con frases que no tienen nada que ver con el espíritu de la ley, diciendo que el Frente Amplio y Cabildo Abierto estaban en contra de la forestación. En el caso del Frente Amplio es claro que no estamos en contra de la forestación; queremos limitarla a los suelos de prioridad forestal ¡Y vaya si hay suelos de prioridad forestal, que son más de 4:000.000 de hectáreas, o sea el 25 % de los suelos agropecuarios del país!

Ahora, con el Decreto n.º 405/021, si bien ha habido avances en cuanto al registro de plantaciones forestales y a someter a evaluación de impacto ambiental a las plantaciones mayores a 40 hectáreas en nuevos proyectos y replantaciones, tratando de minimizar el impacto que causan si se cumplen las «buenas prácticas» recogidas en la Guía de Pautas para la Gestión Ambiental Forestal, de 2016, se incorporan como suelos de prioridad forestal una muy importante cantidad de hectáreas; seguramente cientos de miles, o tal vez millones, ya que el país no tiene cartografiado con ese nuevo criterio los suelos agropecuarios. Sí sabemos que afectará suelos de departamentos como Colonia, San José, Flores, Durazno, Florida, Soriano, lo central de la cuenca lechera, y que la mayoría de los productores no podrán competir con el precio de la renta que pagan las empresas forestales. No nos olvidemos que el 50 % de la tierra que ocupa la lechería es arrendada.

Señora presidenta: con el veto del señor presidente de la república a este proyecto de ley se va a permitir plantar eucaliptos para celulosa en los suelos de la cuenca lechera, en los campos naturales de alta producción de pasturas para la cría de ganado y en los suelos agrícolas de todo el país, donde más les convenga a las empresas forestales. Registrados y con estudio de impacto ambiental, pero sin límite.

Lamentamos profundamente el veto del señor presidente Lacalle Pou a esta ley.

Termino con una frase de Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984, fallecido recientemente: «Si pretendes ser neutral ante una situación de injusticia, entonces has elegido estar del lado del opresor».

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el legislador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- No sé si corresponde, pero tengo que poner en conocimiento de esta Asamblea que soy titular de una explotación agropecuaria desde hace más de treinta años. El Reglamento del Senado establece que se denuncie esa situación; honestamente, no conozco el Reglamento de la Asamblea General.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a obrar como suele acontecer en las Cámaras.

Se va a votar la permanencia en sala del señor legislador Domenech.

(Se vota).

–104 en 105. Afirmativa.

Puede continuar el señor legislador Guillermo Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Tengo el altísimo honor de ser la novena generación de campesinos establecidos en este país.

Con referencia a este tema, el Poder Ejecutivo, tal como lo había anunciado, decidió observar el proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo, relativo a normas regulatorias de la actividad forestal. Se aluden razones de juridicidad como de oportunidad, mérito y conveniencia que no compartimos.

En el caso pretextan el desconocimiento de un pronunciamiento de un Poder del Estado que representa, incuestionablemente, a la mayor expresión de la soberanía nacional, manifestada claramente en las últimas elecciones nacionales.

La fundamentación jurídica de la observación a dicho proyecto de ley es de la mayor irrelevancia, ya que no se puede señalar que una sola de las disposiciones del proyecto observado contravenga una clara norma constitucional. Los derechos individuales reconocidos en nuestra Constitución, de acuerdo al texto de su artículo 7.º, pueden ser regulados conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.

Como señala el artículo 36 de la Constitución, el trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita tendrán las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.

En definitiva, contra lo que indica la fundamentación de la observación recaída sobre el proyecto, las disposiciones citadas por el Poder Ejecutivo respaldan la plena constitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo.

No existen derechos ilimitados. Por el contrario, los derechos reconocidos por la Constitución admiten limitación en función del interés general y ¡vaya si en este caso las limitaciones que se proponen lo son en beneficio del interés general de los habitantes de la república, por razones de interés económico y social ante el accionar de empresas productoras de celulosa que ponen en peligro la producción de alimentos y el entramado social que las sostiene!

La fundamentación del Poder Ejecutivo se caracteriza por hacer afirmaciones de carácter general, sin precisar cuáles son los preceptos de la Constitución nacional que, supuestamente, se infringen, dando a entender que estas empresas oligopólicas son titulares de derechos ilimitados, al margen de cualquier consideración de interés general.

Es, precisamente, el texto sancionado el que impediría que dos empresas extranjeras, compitiendo desigualmente con miles de pequeños y medianos productores lecheros, agricultores, fruticultores, horticultores, apícolas y ganaderos, continúen extendiendo la forestación celulósica, en detrimento de producciones alimenticias tradicionales en el suroeste del país.

Se protege así la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, a regular la producción y comercialización nacional, a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles, fomentando la formulación de políticas y prácticas que sirvan a los derechos de los pueblos, a la alimentación y a la producción inocua, sana y ecológicamente sostenible, como indica la propia FAO.

La observación del Poder Ejecutivo recaída sobre el proyecto deja inermes a miles de productores agropecuarios frente a unas pocas empresas extranjeras que se han establecido en el país, gozando de prebendas, que las colocan en situación de privilegio frente a otras producciones que no gozan de la concesión de zonas francas, de exoneraciones tributarias, de construcción de obra pública para su exclusivo beneficio, etcétera; se ha estimado en un costo de USD 4.600:000.000 que abona el resto de nuestra sociedad en beneficio de quienes han contratado con el anterior gobierno y el actual, mediante negociaciones que se llevaron a cabo con secretismo, sin el aval generalizado del sistema político.

Digamos al pasar que estimamos que contratos de dicha naturaleza deberían ser puestos a consideración del Poder Legislativo, como las venias para designar a los titulares de determinados cargos públicos o bien la aprobación de un tratado internacional.

Contra lo indicado en las observaciones aprobadas por el Poder Ejecutivo, el texto aprobado por el Poder Legislativo no vulnera el derecho de propiedad, la libertad ni el trabajo de nadie, sino que, por el contrario, protege las tierras del suroeste de la república, aptas para la producción de alimentos, donde están radicadas miles de personas dedicadas a la lechería, la agricultura y la ganadería intensiva, contra el avance de empresas de producción celulósica que pretenden maximizar sus ganancias ahorrando fletes a despecho; y no hablemos de los daños que su cultivo impone al salinizar y acidificar la tierra y consumir las fuentes hídricas; además, desplazan a miles de productores rurales pequeños y medianos y a una nutrida red de trabajadores del campo que serán sustituidos por cuadrillas de radicación urbana que desarrollan una tarea totalmente mecanizada por breves lapsos en grandes intervalos de tiempo.

Nos preguntamos qué será de los pequeños tambos de San José y Colonia, con sus colonias suizas y piamontesas, que iniciaron en nuestro país la quesería artesanal, luego la industrialización de lácteos, en distintas formas; iniciaron y difundieron la conservación de forrajes edificados o ensilados, y promovieron los cultivos forrajeros de verano e invierno y las praderas artificiales. ¡Ni qué decir de la acción fitotécnica del doctor Alberto Boerger, inspirador de La Estanzuela, precisamente, establecida en el departamento de Colonia, que fuera precursora del INIA!

Hoy estas técnicas se encuentran extendidas en gran parte del país, pero encontraron en el suroeste del Uruguay el impulso difusor que hoy pone en peligro una actividad que se estimuló para aprovechar otras tierras y no generar una competencia desigual por dicho recurso con la producción de alimentos.

Según el Anuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 2021, la lechería ocupa 756.800 hectáreas y hay 3.320 establecimientos lecheros. La forestación plantada ocupa 1:292.000 hectáreas y estimamos que en unas cinco o seis empresas.

Son actividades que ocupan superficies similares del país, pero generan actividad empresarial que comprende a un número muy distinto de personas. Mientras la lechería genera un gran número de empresas, la forestación celulósica suele ser ejercida por unas pocas empresas extranjeras.

El Anuario del 2019 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca establece que la forestación ocupa 11.646 personas en 1:292.000 hectáreas, como ya dijimos, mientras que la agricultura ocupa 38.378 personas en 1:134.000 hectáreas, prácticamente cuatro veces más empleo en la agricultura que en la forestación.

¿Qué necesidad hay de sustituir la agricultura por la forestación, cuando esta última bien podría establecerse en las tierras de prioridad forestal, de acuerdo con la ley de 1987, sin competir con las tierras agrícolas del país? ¿Cuál es la ventaja de extender la forestación sobre tierras con aptitud para la lechería y la agricultura, en lugar de radicarla en las tierras que en 1987 se entendieron de prioridad forestal y cuya explotación explica una política de subsidios y exoneraciones que hoy atraviesa el país, estableciendo una odiosa diferencia entre los que pagan tributos y los que no pagan nada, porque se radicaron en zonas francas y gozan de exoneraciones, compitiendo deslealmente con actividades productoras de alimentos por la utilización de la tierra.

Por otro lado, según el mencionado Anuario del 2019 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –cifras que nos habría gustado ver actualizadas, pero han sido ocultadas–, mientras que en la ganadería trabaja un 23,8 % de mujeres y en la agricultura un 23,8 % de mujeres, en la forestación solo trabaja un 10 % de mujeres. O sea que ni siquiera en esta materia de género, tan de moda, la forestación mejora los índices de las actividades agropecuarias tradicionales.

Según el mismo anuario, en la agricultura, la proporción de ocupados no registrados en la seguridad social es del 28 %. En la ganadería, es del 22 % y, en la forestación, es del 45 %. O sea que hay un 45 % de trabajadores de la forestación que trabaja en negro.

Estas cifras no se publicitan habitualmente por el lobby celulósico forestal en medios de comunicación nutridamente contratados por dicho grupo de interés, que pretende que estas cifras escandalosas pasen inadvertidas. Nos preguntamos entonces qué seguridad jurídica ataca el proyecto aprobado, cuando solo pretende un ordenamiento de las tierras a ocupar por diferentes producciones del agro. Las empresas beneficiarias de las observaciones de este proyecto de ley han logrado en el pasado importantes beneficios tributarios, y en los anteriores quince años se les ha permitido adquirir a las dos forestadoras celulósicas casi 700.000 hectáreas, constituyéndose así en los mayores propietarios de tierras del país en el siglo XXI, verificándose un proceso de concentración de la tierra sin antecedentes en el Uruguay desde el siglo XIX. No conforme con ello, practican una desigual competencia con productores de otros rubros para arrendar tierras que no son de prioridad forestal, desplazando a productores de leche, agricultores y ganaderos de zonas tradicionalmente productoras de leche, granos y carnes. Se consuma así un fenómeno de concentración de la tierra que desplaza a productores y trabajadores del campo de su medio, así como a toda la red de servicios en que se apoyan, desde almacenes y panaderías, hasta talleres mecánicos, tornerías, electricistas, etcétera, empujando afuera de su ámbito tradicional a una importante trama social y económica. Este fenómeno de concentración de la propiedad rural encuentra un paralelo en la concentración de la propiedad comercial, industrial y bancaria que impulsaron políticas de gobiernos anteriores de distintos signos y que, sorprendentemente, pareciera que continúan en el presente.

Todo esto nos lleva a recordar la afirmación del célebre Hilaire Belloc en su obra El Estado servil, escrita ya a principios del siglo XX, en la que reflexiona observando la realidad de Inglaterra, donde fue diputado con su amigo Chesterton, con el que inspirados en el pensamiento católico fundaron el movimiento distributivista, que indica que no existe diferencia entre que toda la propiedad sea del Estado –como promueve el estatismo– o de algún noble inglés. Lo cierto, dice este autor, es que en ambos casos las grandes mayorías son radiadas de los beneficios del derecho de propiedad, que en el estatismo y en el capitalismo concentrador de la riqueza hacen ilusorio este derecho a amplios sectores de la sociedad.

El proyecto de ley sancionado pretende un ordenamiento territorial de las distintas producciones, pero indirectamente es un freno a la concentración de la propiedad de la tierra, que constituye un fenómeno indeseable desde el punto de vista político, económico y, particularmente, social.

Esta ley simplemente ordena la producción en los distintos tipos de tierras que tiene el país, radicando la forestación en aquellas de prioridad forestal, declaradas como tales por la ley de 1987 y reservando, en consecuencia, las tierras restantes para la lechería, la agricultura y la ganadería.

En el país hay numerosas disposiciones que regulan las actividades productivas, como planes de uso y manejo de suelos, la trazabilidad animal, la vacunación antiaftósica, el combate a la sarna y al piojo bovino, la brucelosis, etcétera. Por lo tanto, no puede decirse que se innova en materia de regulación de la producción cuando ello viene sucediendo en el país desde larga data, al amparo de las normas constitucionales vigentes.

Se proclama la libertad económica en dichas observaciones como un derecho fundamental de todo ser humano; sin embargo, la historia de la libertad de comercio que se exigió a Hispanoamérica desde su gesta independentista trasuntó en una apertura indiscriminada de nuestros mercados para que las potencias dominantes de entonces penetraran con sus productos manufacturados, mientras se hacían a precio de ganga de nuestras materias primas y se destruían las incipientes industrias nacionales.

Hoy, bajo otra realidad política, continúa dicho proceso que nos limita a ser productores de materias primas, carne, lácteos, granos y celulosa, mientras otros se reservan los procesos industriales que dan mano de obra a sus pueblos en detrimento del nuestro.

Lo paradójico llega al extremo de que nos exigen tratados de libre comercio para entrar libre de aranceles con dichas materias primas a países que nos han inundado con sus productos industriales y tecnológicos.

Me pregunto: ¿qué más quieren de nosotros? Porque ya les hemos dado casi todo. ¿Será la tierra que nos queda?, puesto que ya hemos vendido una parte importante.

En realidad, se trata de la libertad del zorro dentro del gallinero libre, como se ha dicho tantas veces.

Lo que este veto facilita es la competencia por la tierra de dos multinacionales forestales celulósicas altamente subsidiadas mediante regímenes de zona franca y exenciones tributarias contra medianos y pequeños productores de nuestro campo, que deben tributar una larga lista de impuestos, tasas y contribuciones.

Es así que esas multinacionales no solo ya han adquirido gigantescas superficies de tierra de nuestro país, sino que además salen a arrendar a precios con los que no pueden competir otros sectores de la producción no privilegiados. Esto determina inexorablemente que nuestros pequeños y medianos productores vegeten o bien abandonen el campo y la producción de alimentos para engrosar las filas de desposeídos de las ciudades, donde se da un fenómeno similar de la concentración de la propiedad comercial e industrial en beneficio de grandes grupos internacionales que, como las multinacionales celulósicas, monopolizan los medios de comunicación para irradiar una propaganda abrumadora de los pretendidos beneficios de su actividad, mientras crece nuestra deuda externa y el combate a los asentamientos irregulares es un desafío ante el cual sucumbió el anterior gobierno.

¿Qué futuro les abre la industria celulósica a nuestros hombres y mujeres del campo, a nuestros egresados de las escuelas agrarias, en especial, la de lechería, incluso, a nuestros agrónomos y veterinarios, pero en especial a nuestra gente de campo que tiene un saber empírico?

Las observaciones recaídas pretenden ilegitimar que la forestación obligatoriamente se reedite en las tierras declaradas de prioridad forestal, de acuerdo con las previsiones de la ley de 1987, que las definió como aquellas que no son útiles para otros fines productivos…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor legislador, ha culminado el tiempo de que disponía.

(Interrupción del señor legislador Guillermo Domenech).

–Hay una lista de oradores y cada uno dispone de quince minutos para hacer uso de la palabra.

Usted ya ha culminado, señor legislador.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor legislador Iván Posada.

SEÑOR POSADA PAGLIOTTI.- Señora presidenta: ayer hizo treinta y cuatro años de la aprobación de la Ley n.º 15939, que empezó a regir a partir del 28 de diciembre de 1987, en la que nuestro país estableció, como política de Estado, una estrategia de desarrollo forestal, que lejos está de establecerse como una estrategia única.

El desarrollo económico de un país requiere de una visión integrada de los procesos de producción y, por tanto, siempre es importante que, a la luz de los distintos objetivos en materia de políticas agrícolas, políticas pecuarias y, en este caso, políticas de forestación, se establezcan las promociones que consoliden sus procesos de desarrollo.

Hoy estamos convocados en función del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a un proyecto de ley promovido en la Cámara de Diputados con los votos del sector Cabildo Abierto y del Frente Amplio, que recibiera sanción definitiva como ley en el Senado de la república. Realmente es una situación que en todo caso genera pocas sorpresas, porque desde un comienzo, desde que esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, el presidente de la república anunció que se iba a establecer un veto, en la medida en que se entendía que afectaba aspectos, eventualmente, de la Constitución de la república, pero también compromisos internacionales suscritos por nuestro país con otros países y también contratos de inversión suscritos por nuestra república con diversas empresas de explotación forestal.

En cualquier caso, durante estos treinta y cuatro años –donde se sucedieron gobiernos del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio– la ley forestal, con modificaciones, siguió siendo un elemento sustancial de la estrategia de desarrollo de nuestro país.

La primera pastera –en aquel momento Botnia–, se aprobó durante el gobierno del doctor Jorge Batlle, pero se instrumentó en toda su implementación durante el siguiente gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Durante los quince años de gobierno del Frente Amplio se incorporaron dos nuevos emprendimientos en materia forestal a efectos de establecer la explotación que nuestro país había fomentado a través de la Ley n.º 15939: el de Montes del Plata y esta nueva inversión que se firmó en la legislatura pasada, con todas las críticas que hemos realizado desde nuestro partido, pero, en definitiva, se firmó y nuestro país se comprometió.

Por tanto, desde ese punto de vista me parece que no debería haber sorpresas en el sentido de que el Poder Ejecutivo hoy esté vetando este proyecto de ley, en la medida en que entiende que puede afectar disposiciones constitucionales y también estos tratados que hemos firmado, por ejemplo, con la República de Finlandia, o los contratos de inversión que se firmaron durante los sucesivos gobiernos de nuestro país que tuvieron la responsabilidad –durante todos estos años, desde el 2000 en adelante– en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de Botnia –luego UPM–, Montes del Plata y ahora nuevamente UPM.

Hay algunos ejemplos, señora presidenta, que en todo caso nos deberían hacer reflexionar sobre el impacto que a veces estos proyectos de ley pueden generar, cuyos fundamentos se pueden compartir. Creo que todos compartimos que es necesario preservar y promover actividades agrícolas y pecuarias en aquellos campos que, particularmente, tienen especificidades más adecuadas para lograr una mejor explotación. Pero a veces hay que tener cuidado con el voluntarismo. Y el país tiene algún ejemplo bastante reciente cuando en el Parlamento de la república, en 2011, se votó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales (ICIR). Ese impuesto, cuya inconstitucionalidad manifestamos en su momento y el impacto que iba a tener en cuanto a la afectación de compromisos internacionales firmados por nuestro país, se convirtió en ley.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia, ante reclamos, declaró algunos de sus artículos inconstitucionales, pero respecto a otros –y estas son de las cosas que a veces no trascienden, pero que en todo caso bien vendrían a cuento– el Poder Legislativo debería dar cuenta de cuánto está pagando por responsabilidad legislativa en cuanto a la aplicación de la ley que creó el ICIR, porque hubo reclamos por responsabilidad legislativa por la aprobación de esa ley que recayeron en el Parlamento, que al fin de cuentas ha tenido que hacerse cargo del desaguisado de la aprobación de esa ley promovida por el Poder Ejecutivo.

Cuando tenemos compromisos internacionales de esta naturaleza, cuando el país es signatario de esos compromisos internacionales, de esos convenios de promoción y protección de inversiones, debemos tener especial cuidado respecto a la legislación que aprobamos. Y en todo caso, lo que a nosotros nos parece de recibo es la fundamentación que el Poder Ejecutivo ha dado a la hora de establecer estos vetos, porque lo que está tratando de hacer es salvaguardar el interés del Estado ante la eventualidad de reclamos que puedan surgir como consecuencia de la aprobación de un cambio de reglas de juego frente a compromisos que el país ha asumido frente a otras naciones, frente a otras repúblicas, pero también en contratos que ha firmado en los últimos tiempos relativos a la aprobación e implementación de estos proyectos productivos, más recientemente, como es notorio, con la empresa UPM.

Desde ese punto de vista, señora presidenta, el Partido Independiente votará negativamente el levantamiento de este veto. Entendemos, sí, y me parece necesario reconocerlo, que no hay ninguna sorpresa en cuanto a que el sector Cabildo Abierto, durante toda su campaña y, en particular, yo diría desde el comienzo de esta legislatura, cuando el diputado Eduardo Lust promovió la interpelación de los ministros de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas, tiene una visión distinta que no es fruto del acuerdo que firmamos los partidos integrantes de la coalición en el compromiso del país. Es una posición absolutamente respetable, entendible, pero que en todo caso no forma parte de ningún compromiso que los partidos políticos hayamos firmado. Por tanto, el sector Cabildo Abierto se siente absolutamente liberado de hacer este planteo que en todo caso respetamos, no compartimos, y creemos que lo que corresponde es respaldar el veto del Poder Ejecutivo.

Llama la atención, sí, señora presidenta, que el otro partido político firmante de este proyecto que ha tenido responsabilidades directas desde el punto de vista de la gestión de gobierno, que después de quince años de gobierno entienda que ahora, desde la oposición, era necesario un cambio en la legislación vigente. Nos llama a sorpresa; un partido político que tuvo las mayorías absolutas durante los tres gobiernos que precedieron al actual por supuesto que tiene derecho a cambiar de opinión, pero llama la atención que esa preocupación no hubiera surgido en aquellos quince años de gobiernos anteriores.

Es todo cuanto quería decir.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador César Vega.

La Mesa comunica que el legislador solicitó autorización para transmitir un audio de dos minutos de duración; no lo hemos chequeado técnicamente, pero autorizamos efectivizar ese mensaje.

SEÑOR VEGA.- Señora presidenta: corrigiendo y para que conste en la versión taquigráfica, también el PERI, Partido Ecologista, por razones que no tendríamos que explicar, apoyó y abrazó el proyecto que pretende limitar no solamente la forestación indiscriminada de eucaliptos, sino también la instalación de plantas de celulosa, así como que tampoco que se pueda sembrar soja en el país como a uno se le ocurra.

Quédese tranquila, señora presidenta, que va a quedar muy contenta al escuchar las palabras de una persona que hizo un resumen muchísimo mejor que el que puedo hacer yo, y de quien sentí mucho orgullo en ese momento: son un par de minutos de una alocución del presidente Tabaré Vázquez en el Día Mundial del Medioambiente, en 2004.

Luego, voy a solicitar al personal que proyecte tres fotografías para ayudarme a expresar por qué nos oponemos definitivamente a la forestación indiscriminada y a la ocupación en el territorio en zona franca en competencia desleal de plantas de celulosa que los países del tercer mundo no quieren en su territorio.

Por favor, que se transmita el audio.

(Así se procede).

«Y en el Día Mundial del Medioambiente, hoy es el Día Mundial del Medioambiente, es bueno que reflexionemos sobre la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, cuidar el lugar en que vivimos. Es el único lugar en el universo en que por ahora podemos vivir, no podemos vivir en ningún otro lado, y lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar esta casa grande que es el mundo porque las generaciones que vienen después tienen todo el derecho a vivir en un mundo habitable y no en un mundo destrozado.

Entonces, en este día especial del medioambiente, estamos muy felices de estar acá, en Minas de Corrales, porque es la expresión de la naturaleza en todo su esplendor. Y ojalá podamos mantener no solo a Minas de Corrales, sino a todo el país libre de contaminación, libre de polución; un país natural, un país realmente hermoso como el nuestro debe permanecer en esas condiciones».

SEÑOR VEGA.- Solicito que se transmita el segundo audio.

(Así se procede).

«La peor agresión que hay al medioambiente es la riqueza extrema. ¿Verdad? Ese ultraconsumismo de los poderosos, que también produce la destrucción del medioambiente y que los lleva a sentirse tan poderosos y tan hegemónicos que se creen que son los dueños del mundo, pero en ese consumismo que tienen, en esa concepción de consumir cada vez más, producen elementos contaminantes que terminan destrozando el medioambiente que le pertenece a toda la humanidad y no solo a un país, por poderoso que sea.

Y lo otro que produce la destrucción del medioambiente, a veces, es la producción de fábricas o la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que producen destrucción del medioambiente. Entonces, para no destruir su medioambiente, sabiendo de las necesidades de trabajo de los países más pobres, con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen nuestro medioambiente porque ellos no quieren destruir el suyo. Y no se dan cuenta que destruir un medioambiente en cualquier parte del mundo es comenzar a destruir el medioambiente de todo el mundo».

SEÑOR VEGA.- Muchas gracias, presidenta.

Diría que este audio, después de diecisiete años no solo tiene total vigencia, sino que merecería un aplauso.

La revista Forestación –que nos dejan para que leamos; una manera de hacer lobby en los parlamentos bien conocida– dice que 2021 para la FAO, para Naciones Unidas, es el año de las frutas y las verduras.

Si hay que combatir este modelo es porque es un muy mal negocio, que conocemos muy bien porque hemos trabajado con productores hortícolas que han tenido que sacar las cepas para ponerse a plantar.

Produzcamos alimentos. Un día puede sobrar la celulosa y todos esos montes que hoy están limpios estarán sucios, y quiero ver qué haremos si arranca un incendio. ¿Nos sucederá lo que pasa en Portugal o lo que pasa en Australia, que es de donde salió este árbol? Los pueblos originarios le llaman el árbol egoísta, aunque no es en sí mismo egoísta.

El día de hoy tuve varejones de eucaliptos en mis manos y puedo decir que el problema es cómo lo plantamos, al igual que lo es cómo se planta la soja transgénica: con un paquete de agroquímicos tóxicos venenosos que está liquidando nuestro país, cuando podríamos plantar soja orgánica. En ese sentido, una noticia dice que en Brasil esa soja duplica en precio y empata el rendimiento. Y eso sí que lo sé; ¡sí que lo sé!

¿Necesitamos hombres de partido? ¡Sí, necesitamos hombres de partido! Pero necesitamos hombres con conciencia, que sepan, quieran y tengan la valentía de enfrentar a sus partidos. Cuando se debate sobre el aborto o sobre la eutanasia aparece nuestra independencia de conciencia. Por eso a uno le molesta bastante, siendo nuevo en esta Cámara, que se vote porque se es de tal o cual partido y se cuestione a los demás por hacer lo que se calcula que no habría que haber hecho.

Bien que existe la probabilidad de que en 2024 este Partido Ecologista no esté en esta Cámara. ¡Sí que existe! Sin embargo, yo espero que tengamos más de un legislador, ¡y jamás se me va a ocurrir preguntarle qué va a votar con respecto a tal o cual asunto, no solamente cuando se hable de aborto o de eutanasia!

¡Imaginen el territorio uruguayo –si no, hagamos una recorrida, como se puede hacer– con una de cada cuatro hectáreas plantadas de eucaliptos! ¡Imagínenlo!

Se siente mucha soledad en un monte de eucaliptos, en un bosque, en una plantación industrial de eucaliptos. Se siente mucha soledad. Se le denomina desierto verde porque son verdaderos desiertos donde no existe nada más. Debajo de esos montes, ¡minga que hay silvopastoreo! ¡Habrá en las áreas que los rodean! Lógicamente, si se plantan menos árboles para producir madera, habrá silvopastoreo; sin duda, no es el eucalipto en sí mismo el problema.

Este lunes –para la producción de alimentos– tuve la suerte de conocer Anchorena y me enteré de que, aparentemente, la Gleditsia, la acacia de tres espinas, fue traída en el siglo XIX a la Argentina, y por Aarón Anchorena al Uruguay, y está contaminando todo el litoral atlántico y todo el litoral del río Uruguay. ¡Esa sí que es peor que el eucalipto; ojalá no prospere!

En esos montes se siente un pavoroso silencio, que aturde, que da miedo y solamente se corta cuando hay un incendio.

Desde el punto de vista económico tampoco nos sirve esta plantación, a pesar de que hay información académica que sostiene que no es un problema. Lo último que conocimos, gracias al debate, fue un estudio de cuencas apareadas de Lumin que dice que se reducen caudales de agua para los arroyos.

Desde el punto de vista del uso de la tierra, es mucho más conveniente sembrar otras cosas; desde el punto de vista del agua que se consume, también es mucho más conveniente sembrar otras cosas.

Aparte de todos los regalos que le hemos dado a la forestación desde que se arrancó, promoviéndola, están todos los regalos que ahora le damos a las plantas de celulosa, que son megaindustrias muy contaminantes. Por eso el señor Summers, del Banco Mundial, decía que «deben ser instaladas en países del tercer mundo porque nosotros acá, en el primero, no las queremos».

Cuando dije en Anchorena: «¡Qué lindo para ir a pescar ahí abajo!», la gente que trabaja ahí me respondió: «Antes salía hasta surubí, ahora, desde que se colocó la planta de celulosa, no sale nada». Y que nadie vaya a ir a buscar al mensajero porque el mensajero no importa; lo que importa es el mensaje.

Hace unos días me llamó un productor que tiene una producción bastante mediana, totalmente ecológica, para decirme que ya no saben qué hacer con los olores. Lo olores los viví yo mismo en campaña electoral, cuando estuve en Río Negro. En Fray Bentos sentí un fuertísimo olor a podrido, absolutamente insoportable, y me dijeron: «Es de la planta de celulosa». Entonces, pedí que me llevaran hasta el río Uruguay, y fuimos. Allí, no solamente había un olor a podrido totalmente insoportable, sino que nos tuvimos que ir porque daban ganas de vomitar; no nos dio para bajar la barranca y tomar una muestra de agua, de un agua que se veía con una espuma densa de tipo lechoso. Las plantas de celulosa que se están construyendo en Uruguay no se construyen en ninguna parte del mundo. ¡Ojalá que no veamos ese resultado en el río Negro, que es bastante más pequeño que el río Uruguay –diez veces menor– o en el Río de la Plata!

En su momento, la exministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, negó que el agua que consumía la planta de celulosa equivaliera al consumo de cuarenta y cuatro millones de personas, pero se equivocó, puesto que consumen más que eso. Son 125:000.000 litros por día los que le vamos a regalar a esta planta de celulosa que se está ubicando sobre el río Negro. El presidente de la república se va a acordar de por vida, porque cuando me invitó para ir, al otro día yo me hice acompañar de un montón de compañeros que están en contra de estas locuras y le pedimos que aplicara el artículo 7.° del contrato con esta empresa. Él nos dijo, claramente y con valentía, que no estaba en contra de la planta de celulosa.

Si OSE dice que una persona consume 130 litros por día –lógicamente, para todos los usos–, estamos hablando de una alta cantidad de consumo de agua, de 87.000 litros por minuto, de casi 1.500 litros por segundo. ¿Cómo se devuelve esa agua? Se devuelven, en estos casos, 106:000.000 de litros de agua totalmente contaminada. ¡Claro que nosotros les fijamos los límites; los límites de la contaminación! Vayamos a preguntarle a los surubíes, que no andan más en esa zona, por qué se fueron.

Por otro lado, que no vengan a hacer demasiado lobby, porque si hay acá alguien que tuvo como esclava a la gente en el campo, viviendo en carpas de nailon y haciendo sus necesidades donde pudiera, fue la forestación. ¡Claro! Lógicamente, después los gobiernos tratan de apretar la clavija para que eso no siga sucediendo, porque sería una vergüenza nacional que uno saliera a recorrer las plantaciones de eucalipto para celulosa y se encontrara con gente viviendo en esas condiciones.

¿Qué dirán nuestros hijos más adelante? Eso es lo que me preocupa: qué dirán nuestros hijos más adelante. Por lo menos nos queda en la conciencia que hicimos lo que pudimos, que planteamos que se pensara antes de seguir con esta locura. ¿Acaso vamos para la cuarta planta de celulosa? ¿Tendrá que suceder, como para quienes somos de Paysandú, que un día llevamos a bañar a nuestros hijos al río Uruguay y no había nadie bañándose porque decía: «Aguas contaminadas»? ¿Ustedes se creen que con esta tecnología se salva esa situación? ¡No!

Muchas gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Peña.

SEÑOR PEÑA.- Señora presidenta: vamos a expresarnos específicamente sobre el tema que nos convoca hoy, que es el veto presidencial.

Queremos expresar nuestra coincidencia con los fundamentos del veto del señor presidente porque brinda al mismo tiempo un mensaje firme hacia adentro del país y también hacia el exterior.

En el Uruguay están garantizadas la libertad, la legalidad y la seguridad jurídica. Es evidente que el proyecto de ley sancionado, que veta el presidente, podría generar no solamente perjuicios económicos, sino también afectar a esa seguridad jurídica histórica que sigue generando certidumbre y garantías en el mundo.

Tampoco quiero pasar por alto que esta es una situación en la que, sin lugar a dudas, llegando a fin de año, algunos intentan hacer que signifique también un problema político para la coalición, y creo que es bueno decirlo claramente. Para quienes creen que este tipo de discusiones pueden llegar a perjudicar al gobierno, yo les diría que esto es todo lo contrario. En esta discusión no hay sorpresas; en esta discusión no hay novedades; en esta discusión, lo que hay es un fortalecimiento de partidos diferentes que piensan diferente, pero que van a seguir trabajando unidos. Y ese abanico que se genera hacia la opinión pública del país es un abanico que fortalece a un gobierno que va a seguir avanzando, a un gobierno que va a seguir construyendo y que va a seguir gobernando a favor de todos los uruguayos.

Por otro lado, señora presidenta, por haber estado a veces más cerca de los temas internacionales, creo que es bueno ver cómo se destaca el Uruguay y hoy es noticia por garantizar la ley. Solo con mirar qué pasa en la región, qué pasa en algunos países, se van destacando a lo largo del tiempo –sobre todo en estos últimos meses– el respeto a la ley, el cuidado de las inversiones, la seguridad jurídica que se brinda a todos los actores que en definitiva deciden por el Uruguay, eligen al Uruguay para instalarse y no solo para generar inversiones y, por ello, trabajo. Eso nos permite a todos destacarnos en un mundo que está cada vez más complicado.

Señora presidenta: en la medida en que nos hemos comprometido a ser breves, finalizamos expresando que no queríamos dejar de lado la posibilidad de marcar nuestra posición, de decir firmemente que acompañamos el veto del señor presidente y que es un camino adecuado no solo para que la coalición pueda seguir discutiendo, expresando claramente su sentir, sino también para que a la hora de gobernar Uruguay siga siendo claro al dar los mensajes hacia el exterior.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Ubaldo Aita.

SEÑOR AITA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer nuestras también la afirmación y las intervenciones de algunos compañeros en el sentido de que nosotros, integrantes de la fuerza política Frente Amplio, enfrentamos esta situación fuera de un planteo reduccionista, tal como lo sería si girara en torno a forestación sí o forestación no.

Es claro que nuestra fuerza política tiene una definición en torno a la promoción y a la afirmación de esta actividad económica en nuestro país, también como parte del desarrollo, pero naturalmente tiene una mirada en función de la cual, teniendo en cuenta los recursos naturales que están comprometidos y fundamentados en la protección de interés general, estas actividades –como muchas otras en las que se comprometen los recursos naturales que aportan a un desarrollo sostenible en nuestro país– merecen y son objeto de una reglamentación muy estricta. En ese sentido, señora presidenta, nosotros queremos valorar desde el punto de vista político y de su contenido el proyecto de ley que hoy es objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo.

Al respecto, claramente establecemos tres o cuatro ejes de este proyecto. Uno, y fundamental, tiene que ver con la reafirmación de la localización de los proyectos de las plantaciones forestales, que remite directamente a lo que fue la ley original en torno a la actividad forestal, la Ley n.° 15939, del año 1987. Lo que hay, en el primer artículo del proyecto de ley –que, reitero, es objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo–, es claramente una reafirmación respecto a la localización de esas plantaciones.

Por otro lado, en realidad, el proyecto establece como una medida precautoria –digamos– un límite a los suelos de prioridad forestal, marcado en el 10 % de las tierras productivas de nuestro país destinadas a las distintas actividades agropecuarias. En ese sentido, de esos aproximadamente 16:000.000 de hectáreas que Uruguay tiene, establecer este 10 % como medida precautoria parece necesario, en la medida en que siempre es fundamental ir revisando las regulaciones que estas actividades merecen.

Por otro lado, hoy en el Uruguay hay 300.000 hectáreas forestadas por fuera de los suelos de prioridad forestal y eso ha sido fundamentalmente a través de la dinámica de la promoción o del fomento de los suelos destinados al servicio de otras actividades. Y en ese sentido, establecer el límite del 8 % –como se hace– a los bosques de servicio parece una medida por demás adecuada y necesaria.

Por otro lado, fundamentalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 6.°, se establece el seguimiento de los proyectos forestales a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ello implica, necesariamente, un avance en términos del control de los efectos ambientales de la plantación forestal y, en ese sentido, también nos parece de suma importancia radicar este artículo 6.° como otro de los ejes que aportan a las virtudes de este proyecto. Así, someramente entonces, decimos que este proyecto en definitiva aporta en el marco de una necesaria discusión en torno a la actividad forestal que, como se decía en algunas de las intervenciones, debe tener una mayor profundidad y un mayor análisis. Lo cierto es que vinculado a nuestro posicionamiento político respecto a este proyecto de ley se han manejado algunos conceptos como «cinismo político», etcétera; aquí también se ha caracterizado algún posicionamiento político como de un llamado a sorpresa. En ese sentido, quiero transmitir que nuestra fuerza política, cuando desempeñó el gobierno de la república, avanzó fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tratamiento de los efectos ambientales en torno a la actividad forestal de manera profunda. Y en ese sentido, simplemente, quiero marcar lo que fue la incorporación de los montes superiores a 100 hectáreas a las disposiciones de la ley de impacto ambiental. Allí se incluyó a los montes mayores a 100 hectáreas en la necesaria aprobación ambiental previa, pero fundamentalmente en el marco de los avances de las políticas públicas del Frente Amplio, la Ley n.° 18308, de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que orientó la localización de las actividades y de la población en el territorio nacional, y su derivado, que son las directrices nacionales de ordenamiento territorial de la Ley n.° 19525, tienen una función trasversal de todas las actividades económicas y, particularmente, una función trascendente en lo que tiene que ver con la localización de las explotaciones forestales. También podríamos incluir algunas otras medidas como, por ejemplo, el retiro del subsidio a los montes destinados a la producción de madera rolliza, de manera anticipada a lo establecido en la Ley n.° 15939. Todas estas medidas que nuestra fuerza política adoptó para con la actividad forestal implican el apoyo al proyecto de ley en términos de continuidad histórica pues obran de antecedente. Entonces, salvadas algunas de las apreciaciones de orden político que hoy son públicas, nosotros queremos introducirnos en los fundamentos de las observaciones o del veto que el Poder Ejecutivo ensaya sobre este proyecto de ley. En términos generales, están fundamentadas en algunos artículos de nuestra Constitución como, por ejemplo, los artículos 7.°, 10 y 36 que hacen mención al interés general como limitación posible al ejercicio de algunos derechos. En ese sentido, claramente existe la necesidad de analizar el concepto del interés general. Seguramente en sala haya legisladores especialistas en Derecho Administrativo, por lo que no voy a cometer el atrevimiento de ser yo quien analice el concepto de interés general, pero, básicamente, en torno a este concepto se conocen dos posiciones fundamentales. La primera tiene que ver con un concepto individualista, liberal del concepto de interés general que, de alguna manera, establece al interés general como la suma de los intereses individuales y otorga al Estado meramente una función de articulador o de regulador para que los defectos del mercado sean corregidos, mercado que, en definitiva, termina siendo la referencia fundamental y el paradigma del sistema social. Por otro lado, hay una concepción que tiene que ver con una mirada de solidaridad –digamos–, enraizada en las tradiciones republicanas y, en cuanto al interés general, lo establece como derivado de la voluntad general; allí se tiene en cuenta el interés de todos y de cada uno de los ciudadanos integrantes de una comunidad. En ese sentido, claramente nosotros nos afiliamos a esta segunda opción, pues esta concepción tiene una concreción clara en términos de derechos. Es decir: este concepto termina aterrizando en la realidad de la vida de los integrantes de una comunidad en derechos a la salud o en derechos a la educación. Particularmente, en este sentido y en el marco de este debate, nos interesa establecer el interés general, que no solo significa proteger la diversificación en la actividad productiva de nuestro país –que también representa parte del interés general de nuestra sociedad–, pues también aquí están comprometidos algunos otros derechos en particular, que tienen que ver con la concreción precisamente de ese interés general, como lo es el derecho a la alimentación –que aquí se ha citado–, que en nuestro país tiene una estructura clara, tanto productiva como socialmente, en la producción familiar; y el derecho a la protección del suelo como parte de esa expresión del interés general.

Hace pocos días recordábamos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, ante la visita de la Mesa de campo rural, que hoy Uruguay tiene un 63 % de campo natural y, en ese sentido, siendo esta una ventaja comparativa para nuestro país, hay que tener un cuidado importante, porque ese 63 % significa que venimos perdiendo campo natural. Pero también en materia de cuencas hidrográficas se manifiesta claramente el interés general, así como en el cuidado de los servicios ecosistémicos, en la biodiversidad, hasta en el propio paisaje y en la forma de habitar nuestro suelo rural. La cercanía de estos montes, de estas plantaciones a los centros poblados, también debe ser objeto de ese interés general como forma de habitar en nuestro medio rural.

En ese sentido, como se fundamenta en las observaciones del Poder Ejecutivo, las limitaciones en las que pudiera incurrir este proyecto de ley están basadas en un interés general marcado en nuestra sociedad. Este interés general, estas limitaciones que implican este interés general, claramente no tienen que ver con la quita de derechos, sino con un modo de ejercicio particular de esos derechos que, precisamente, hacen a la coincidencia de esa expresión de la voluntad popular y del interés nacional por encima de todas las cosas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Sebastián Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: por tener vínculos notorios con el sector agropecuario, quisiera pedir a la Mesa autorización para hacer uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud del señor legislador.

(Se vota).

–84 en 87. Afirmativa.

Puede hacer uso de la palabra el señor legislador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: luego de pedir una autorización lógica por ser productor rural, quisiéramos referirnos al centro de la convocatoria, que es el mecanismo establecido en el artículo 137 de la Constitución y sucesivos que permite al Poder Ejecutivo observar una ley votada por ambas Cámaras. Ese es el centro de la convocatoria. Creo que son más de veinte las convocatorias similares que ha tenido este Parlamento desde la restauración democrática; vetos, observaciones a leyes, parciales o totales, como en este caso, ha habido más de veinte, en algunos, tomando en cuenta como fundamento el interés general y, en otros, inclusive, se ha hecho uso de esa facultad constitucional haciendo referencia a creencias filosóficas profundas del señor presidente de turno. Esto quiere decir que el mecanismo de la observación de una ley, el veto presidencial, no genera ningún tipo de distorsión institucional. Nos vamos a ir a las tres, a las cuatro de la tarde, las instituciones van a seguir firmes y la coalición de gobierno más firme aún.

Hemos estado dos años discutiendo temas de campo, temas camperos, temas que en lo personal nos gustan porque nos permiten llevar o aportar información sustantiva de realidades que conocemos de cerca. En el Senado, donde nos tocó trabajar, recibimos a muchas delegaciones, muchas de ellas con aportes sustantivos. Creo que hay un antes y un después de la discusión de la ley forestal; hay una sensibilidad por parte del sistema político en atender alguno de esos ruidos que no nos son desconocidos al sistema agropecuario y hay muchísimo camino para trabajar.

La Asamblea General hoy va a ratificar ese camino bien uruguayo de dar certezas, respetar las reglas de juego y fomentar la inversión, en este caso en la forestación, pero podría ser en cualquier otra actividad que forme parte de esa política de Estado. La forestación es parte del sector agropecuario, ni más ni menos; es parte de un sector agropecuario que desde esta bancada defendemos todos los días, de un sector agropecuario que no necesita viajar en helicóptero para determinar si hay una emergencia climática –como se está decretando en estos precisos momentos por parte del Consejo de Ministros–, de un sector agropecuario en cadena, en donde hay zonas, regiones, clústeres productivos y en donde la sinergia va a permitir a los uruguayos agregar un segundo piso a los 16 o 17 millones de hectáreas productivas de este país. Ese es el Uruguay moderno, el que nosotros queremos. El Partido Nacional no tiene que rendirle pruebas a nadie de su condición campera; hace casi ciento noventa años que el Partido Nacional está con el campo. Nosotros no vemos al sector agropecuario como un botín electoral; nosotros, los blancos, somos la encarnadura misma del productor agropecuario. Hace ciento noventa años que padecemos cuando llueve o cuando no. Por tanto, no es este el momento de tener que dar pruebas a nadie de la condición campera de los blancos, y de lo preocupado que está el gobierno del doctor Lacalle Pou por el desarrollo integral de cada una de las localidades y parajes de todo el Uruguay, mucho menos a gastados mercaderes del chamuyo que vienen a esta sala, señora presidenta, con tono gauchesco a tratarnos a nosotros de cosas que no somos; ¡mucho menos, señora presidenta!, porque para hablar de campo hay que tener autoridad moral que algunos perdieron hace tiempo en este Parlamento.

(Interrupciones).

–Parece mentira que habiendo sido gobernantes…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor legislador: le voy a pedir que mantengamos, por favor, el nivel de lo que vinimos a hacer…

SEÑOR DA SILVA.- Yo no estoy aludiendo a nadie; estoy hablando con nivel y con la verdad, señora presidenta.

Parece mentira que en este Parlamento se venga a hablar de la forestación cuando habiendo sido gobernantes han vendido las propiedades a empresas forestales, y que se venga a tratar de endilgarle al partido más agropecuario que tiene el Uruguay condiciones que no tiene. Parece mentira, señora presidenta, que esos gobernantes que ahora nos hablan con acentos gauchescos, en vez de confiar en su propio gobierno derivan el producto de su patrimonio para invertir en sectores agropecuarios de otros países. ¡Es muy chiquito el Uruguay, señora presidenta!; ¡nos conocemos todos! Yo soy productor de Cerro Largo y se conoce perfectamente quién es quién, qué tuvo y qué tiene. Por tanto, señora presidenta, este partido no tolera que se le endilguen cosas que no son.

El sector forestal es uno más de los que al Partido Nacional le preocupan. Le preocupa muchísimo la sinergia con la actividad lechera; muchísimo, señora presidenta. Creemos que habrá un salto cualitativo en la actividad lechera cuando todos los tambos del Uruguay tengan el agua en la parcela, y entendemos que va a haber un salto cualitativo cuando, además del agua en la parcela, haya cortinas de abrigo y sombra que permitan que un día como el de hoy las vacas lecheras puedan estar amparándose en los montes. Eso es tener visión productivista. Ese es nuestro desvelo. No podemos venir acá a hablar de los suelos 1.10b, decir que está el suelo 1.10b en Cañada Nieto, Soriano, que es de lo mejor de lo mejor, cuando es un suelo de basalto superficial. Esa falta de profesionalismo al hablar, de parte de los mercaderes gastados chamuyeros que van y ven al sector agropecuario como un botín electoral, es lo que termina construyendo un relato equivocado.

El sector forestal genera ruidos y nosotros los vamos a atender. El sector forestal genera garrapata endémica en los montes y tenemos obligación de atenderlo; genera proliferación de jabalíes; genera un mundo de perros sueltos que terminan atacando a las majadas; genera distorsiones en los caminos, y todo eso lo tenemos que atender, pero no es por la vía de la cuotificación legal de una actividad productiva.

Era lo que quería decir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Oscar Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: nosotros vamos a votar en contra del veto presidencial por razones que expusimos en la discusión de la plenaria del Senado y en la comisión, con la siguiente lógica. No estamos en un debate a favor o en contra de una actividad productiva; no se trata de dirimir hoy, en la Asamblea, el sí a la forestación o el no a la forestación. Lo que estamos discutiendo es el sí a la regulación o el no a la regulación.

En todo caso, estamos interpretando políticamente si los aspectos de la regulación que propone el proyecto de ley van en línea con preocupaciones que esta actividad económica genera, en función del interés general.

Repasando la normativa vinculada a la forestación, ya en la Ley n.° 19939 –la ley madre, que se ubica como política de Estado– se establecía con claridad la perspectiva de ubicar la forestación en terrenos que no tuvieran aptitud para otro tipo de actividades. No estamos descubriendo nada. Desde el origen de la política forestal –que tuvo un conjunto de sacrificios fiscales e impositivos muy altos para desarrollarla– eso estaba como preocupación central para poder desarrollar un modelo forestal integrado con otras actividades económicas.

No siempre la preocupación ambiental estuvo en el primer lugar. Tanto es así que cuando se vota la Ley n.° 16466, que tuvo tres años de tratamiento parlamentario –entró en 1991–, en su reglamentación no se pudo incorporar en el texto la autorización ambiental previa para los establecimientos forestales; en la reglamentación se exoneró –año 1994– a la producción forestal de autorización ambiental previa. Es cierto que la preocupación ambiental fue una incorporación y regulación posterior. El hecho de que en el año 2005 se haya incorporado la necesidad de autorización ambiental previa para el 97 % de la producción forestal que está en establecimientos mayores a 100 hectáreas, ¿es un cambio en las reglas de juego? Sí. ¿Es un cambio razonable en las reglas de juego? También. El hecho de que en el año 2005 se hayan quitado exoneraciones que tenía la producción forestal o que en el año 2007 se haya quitado a la producción forestal la exoneración que tenía de la contribución inmobiliaria, ¿es o no un cambio en las reglas de juego? Sí; es un cambio. O haber eliminado el decreto que establecía que el 40 % del predio no de prioridad forestal pasaba a ser automáticamente de prioridad forestal si se forestaba el otro 60 %, ¿fue un cambio? Sí, fue un cambio. ¿Esos cambios están cuestionados hoy? Es más, el cambio más importante, el de la ley de ordenamiento territorial y medioambiente que permitió –entre otras cosas–, con directrices nacionales, que un conjunto de departamentos prohibieran la actividad forestal fuera de ámbitos de prioridad forestal –Cerro Largo, Salto, San José, Colonia–, ¿es algo nuevo? ¿Fue un cambio o no en las reglas de juego? Claramente, fue un cambio en las reglas de juego. ¿Fue un cambio antojadizo y caprichoso en las reglas de juego o fundado en que existe un riesgo?

La producción forestal genera empleo, diversifica la matriz productiva, genera componentes de exportación, ¡no hay dudas!; también genera riesgos. Genera riesgos ambientales y riesgos sociales, que están largamente fundamentados. Alcanza con ver la ponencia de la Universidad de la República y de la cátedra de agronomía en términos de acidificación de los suelos, de déficit hídrico, de problemas que tienen que ver con la reconversión de la producción forestal o de afectación de la biodiversidad. Pero no estamos ante una discusión blanco o negro, ni ante la primera regulación hecha en política pública, en función del interés general, desde que se votó la ley de promoción de la actividad forestal.

Nosotros, en esa discusión, creemos que el rol del Estado es central para el desarrollo, que la planificación es central para el desarrollo y que la participación ciudadana es central. Es cierto que hay un conjunto de temas que la ley que votamos en el Senado y en Diputados no resuelve. Entre las medidas tomadas a la hora de la exoneración, por ejemplo, levantamos exoneraciones a la producción forestal –pero no todas– y sostuvimos exoneraciones a la madera de calidad, y lo hicimos pensando en que la forestación tiene que potenciarse en donde más valor agregado genera y menos impacto ambiental tiene, porque la captura de carbono es distinta en la producción de madera sólida por el tiempo de tala.

Ahí tenemos un desafío que el proyecto no resuelve. Está el desafío del silvopastoreo, que ha sido de consenso; es un componente de desarrollo con menos impacto ambiental que la forestación. Tenemos el desafío de la concentración. Pero por acá se hablaba de la concentración de la riqueza y la extranjerización de la tierra. Parece que hoy descubrimos que dos terceras partes de las mercancías que circulan en el mundo son propiedades trasnacionales, y que ese es un fenómeno general muy difícil de revertir.

Ahora, a mí me gustaría saber –en esa discusión que es interesantísima– cuáles han sido las medidas adoptadas en este período de gobierno para evitar la concentración de la tierra, la extranjerización y la concentración de la economía porque las que encuentro, como quitarle impuestos a quien tiene más de 2.000 hectáreas, como las políticas fiscales, como las políticas para los residentes millonarios, como las políticas salariales, como las políticas de debilitamiento de colonización, lejos, muy lejos, están de integrar un programa político que vaya en dirección contraria a la extranjerización y concentración de la tierra; porque, de lo contrario, parecería que siguiera gobernando el Frente Amplio, y no tenemos en la crítica el cambio de políticas que implican un rumbo diferente en lo económico.

Yo conozco la forestación también desde un lugar distinto, no desde el de dueño de terreno ni de productor: salí a organizar trabajadores de la forestación, por ejemplo, en Tranqueras. Les puedo contar un millón de anécdotas. Algunas empresas forestales mencionan cuánto bajó la accidentabilidad, y le puedo decir, presidenta, que me tocó atender circunstancias de una trabajadora con un dedo amputado que, al volver a su trabajo, fue sancionada, a fin de que los accidentes no se denunciaran. ¡No me lo contó nadie! Le puedo contar cuál es la situación de Tranqueras con respecto a la evasión de aportes que sufren las cuadrillas. O le puedo contar –creo que con mucha propiedad– la circunstancia de algún centro de trabajo en Guichón y la condición en que estaban las trabajadoras antes de poder armar un sindicato –acá, que muchas veces, se habla de que los sindicatos son el problema– en alguno de los viveros más grandes que tiene la forestación. Se lo puedo comentar. Está claro que eso no lo resuelve el proyecto de ley.

En todo caso, lo que ponemos sobre la mesa es profundizar en una regulación por un riesgo –acá se ha mencionado la necesidad de integrar actividades productivas– que tiene que ver con componentes ambientales, con componentes sociales.

El proyecto de ley no resuelve todo ni es mágico, pero va en una dirección correcta. Y nadie nos puede decir –podemos repasar la normativa– que no va en una dirección complementaria con un conjunto de medidas que se tomaron.

Por esas razones, vamos a votar en contra. Lamentamos que estemos enfrentando un veto presidencial.

Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Andrés Cianciarullo.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Señora presidenta: pido autorización para hacer uso de la palabra. En mi caso no poseo tierras forestales. Yo dirijo una empresa uruguaya de servicios forestales que emplea más de ciento veinte personas en el interior del país.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–74 en 89. Afirmativa.

Puede hacer uso de la palabra, señor legislador.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Señora presidenta: queremos comenzar nuestra exposición señalando que asistimos hoy a una sesión que nunca debió haber ocurrido; un final de una discusión tan predecible como evitable.

Entendemos que no se debió llegar a esta instancia, sino que debieron generarse los acuerdos necesarios para corregir algunos aspectos vinculados a la forestación, que ameritaban ajustes normativos. Tiempo hubo, de sobra. Pero, sin dudas, lo que claramente faltó fue compromiso y lo que sobró fue especulación política de algunos actores políticos.

Desde el Partido Colorado anunciamos nuestro total apoyo, como integrantes de la coalición de gobierno, al veto del Poder Ejecutivo a la ley de suelos de prioridad forestal.

La forestación es, y ha sido, política de Estado en el Uruguay desde el año 1987. Fue una ley promovida en un gobierno del Partido Colorado, que ha sido respetada y preservada por todos los sucesivos gobiernos de los distintos partidos políticos que gobernaron desde entonces. Es por ello que nos llama a reflexión la postura del Frente Amplio, quien durante quince años, y teniendo mayorías parlamentarias, nunca propuso modificaciones como las que apoyó en la ley recientemente vetada. Es más: no solo nunca propuso cambios, sino que, en los períodos de gobierno de la coalición de izquierda, la forestación tuvo su mayor ciclo expansivo y se propiciaron las mayores exoneraciones y ventajas a favor de los grandes capitales forestales.

Me llama poderosamente la atención escuchar algunas alocuciones dirigidas creo que a nuestro partido, cuando pasaron quince años y no hubo nada en este sentido.

Por eso decimos que volvió el Frente Amplio de antes, el de «cuanto peor, mejor», el Frente Amplio del palo en la rueda, el de «si lo propone otro, no sirve». Eso no es bueno para la política uruguaya.

Esta actitud de la oposición encontró un socio circunstancial en Cabildo Abierto, que, siendo parte de la coalición de gobierno, creemos que debió buscar el camino del entendimiento mediante el diálogo y el consenso…

(Interrupción del señor legislador Guillermo Domenech).

–En lo que podemos estar todos de acuerdo es en que el desarrollo forestal en Uruguay ha sido muy beneficioso para el país y que marca un camino estratégico productivo a seguir, que implica nada más y nada menos que la generación de veinticinco mil puestos de trabajo –no once mil, como se ha dicho por parte del miembro preopinante– en el sector formal de la economía, distribuidos en el interior del país y que va rumbo a convertirse en el mayor sector exportador del Uruguay.

Nos preguntamos: ¿se necesitaban mejoras y actualizaciones normativas en materia forestal? Claro que sí. Por ello, durante más de un año, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente…

(Interrupción del señor legislador Guillermo Domenech).

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor legislador: le está pidiendo una interrupción el legislador Domenech.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Déjeme terminar la exposición.

SEÑORA PRESIDENTA.- Cuando usted termine, entonces, le concede la interrupción.

Prosiga.

SEÑOR CIANCIARULLO.- El senador me hizo perder en mi exposición.

Decía que hay veinticinco mil puestos de trabajo en el sector formal. Es falso el dato de que son once mil puestos de trabajo los que genera el sector forestal. Están distribuidos en el interior del país, generalmente, en las localidades más pequeñas del Uruguay. Entonces, nos preguntábamos si se necesitaban mejoras y actualizaciones normativas en materia forestal. Claro que sí. Por ello, durante más de un año, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente trabajaron denodadamente en la formulación de ajustes de los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Desde nuestra bancada queremos agradecer la gran labor de nuestros ministros Adrián Peña y Fernando Mattos, que confluyó en un decreto cuyo alcance es mucho más abarcativo, profundo y, en algún caso, hasta mucho más restrictivo y exigente que la propia ley que votaron Cabildo Abierto y el Frente Amplio y que ahora ha sido vetada por el presidente de la república.

Entendemos que esta ley no era necesaria, puesto que por la vía de la reglamentación se logró atender problemas que estaban pendientes de solucionar en materia forestal y, como decía anteriormente, hasta se hizo con un alcance mucho mayor, mucho más restrictivo que el que se estipuló en la propia ley.

Como ustedes saben, los proyectos forestales son a largo plazo y, a medida que pasa el tiempo, es natural que se vaya generando información técnica y científica, información que hace treinta o cuarenta años no teníamos.

Desde este gobierno entendemos y nos congratula que se haya buscado dar una respuesta técnica a temas ambientales que hasta ahora no se habían contemplado en materia forestal.

Entendemos que esta respuesta técnica contenida en el Decreto n.º 405/021, de 10 de diciembre de 2021, incorpora soluciones novedosas, como la de incluir proyectos forestales menores a 100 hectáreas. En la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental estaban comprendidos únicamente los proyectos mayores a 100 hectáreas, no así los menores, que sí se incorporan con este decreto. A partir de este decreto, los proyectos que tienen entre 40 hectáreas y 100 hectáreas afectadas comienzan a estar bajo el radar de habilitación del Ministerio de Ambiente. Esto implica no solamente una innovación, sino un control mucho más restrictivo de la actividad respecto a lo que ya existía.

Otro tema no menor es la actualización de los criterios de clasificación de los suelos para que se ajusten de un modo más estricto y exigente, teniendo en cuenta muchas variables a la hora de la autorización ambiental y no solo la variable suelo, como plantea el proyecto de Cabildo Abierto. El decreto incorpora la variable suelo, pero la define con claridad, y también se incluyen otras variables relevantes, por ejemplo, el agua, la biodiversidad y el valor patrimonial, las cuales pasan a integrar la evaluación de los proyectos forestales a la hora de su aprobación.

Por lo tanto, sin lugar a dudas, desde el punto de vista ambiental, el decreto fue mucho más allá que el propio proyecto de ley aprobado que hoy nos convoca.

Es importante señalar también que nuestro país debe dar certezas jurídicas para los proyectos que hoy están en marcha, que son muy importantes para el futuro económico del Uruguay. Volvemos a resaltar que aquí han cambiado los colores de los partidos políticos en el gobierno y la ley forestal siempre ha sido mantenida. No perdamos esa tradición que tanto nos identifica como país.

Haciendo un poco de historia, antes de 1994, los criterios por los cuales se forestaba entendían la prioridad forestal como un concepto meramente económico, sin tener en cuenta, a cabalidad, aspectos ambientales que hoy son parte del eje estratégico de este gobierno. Es por ello que ahora se incorpora la autorización ambiental que plantea determinadas exigencias y controles ambientales que hasta el momento no se habían incluido. Así, cuando determinadas zonas se vayan a reforestar, además del suelo, habrá que contemplar otros aspectos, por ejemplo, si se afecta la biodiversidad o si se afecta una cuenca hídrica.

Lo volvemos a enfatizar: mediante el decreto emitido recientemente por el Poder Ejecutivo, que no es otra cosa que el resultado de un año de arduo trabajo en conjunto de los dos ministerios, se ha actualizado y generado información y conocimiento para ajustar los criterios de desarrollo forestal de nuestro país con soluciones con bases técnicas y científicas, buscando subsanar problemas del sector de larga data que hasta el momento no habían sido contemplados.

Voy a destacar algo positivo de la puesta en discusión de este proyecto: se han derribado varios mitos y falsos relatos del sector forestal en Uruguay. Los iré enumerando brevemente. No es cierto que la forestación contamine; no hay ningún estudio que así lo diga. No es cierto que los árboles sequen los acuíferos; como prueba están todas las investigaciones que así lo respaldan. No es cierto que la forestación genera pocos puestos de trabajo –me imagino que por ahí viene la interrupción del senador–; la forestación ocupa hoy más de veinticinco mil puestos de trabajo en el sector formal de la economía uruguaya. No es cierto que estos puestos de trabajo –repito– sean del sector informal. El estudio al que hace referencia el senador preopinante incluye dentro del sector forestal todo lo vinculado a la venta de leña. Creo que el dato está distorsionado por ese aspecto. El sector forestal es, sin duda, dentro de la agropecuaria, el más formal de todos. No es cierto que la forestación compita por los mejores suelos con otros sectores productivos. Esa es una mentira que se dice una y otra vez. A la forestación no le sirven los mejores suelos del país; a la forestación le sirven los suelos más arenosos y más pobres.

Otro de los mitos que se han derribado es que la forestación es culpable del despoblamiento rural. Hay un estudio que dice que Artigas y Salto son los dos departamentos que han tenido mayor despoblamiento rural. Ustedes saben –creo que acá hay algún legislador de Salto y de Artigas– que no hay ninguna hectárea forestada en ninguno de esos dos departamentos. Así que también cae ese mito de que la forestación produce despoblamiento rural.

Tampoco es cierto que la forestación esté desplazando otros rubros, cuando tenemos récord de producción de carnes, granos, leche, etcétera.

Como comentario final, vuelvo a agradecer y felicitar a los miembros de nuestro partido Colorado por el gran trabajo realizado. Destaco su actuación técnica y profesional, siempre poniendo el interés general del país por arriba de cualquier otro interés particular.

Desde nuestro partido no traicionamos al campo, como se ha dicho por ahí; todo lo contrario: estamos a favor de todos y cada uno de los sectores que generen desarrollo sostenible en el Uruguay. No nos imaginamos un país solo ganadero o solo lechero o solo agrícola o solo forestal ni tampoco solo granjero. Apostamos al desarrollo de todos los sectores. Estamos convencidos de que hay espacio y lugar para todos. No compartimos la lógica del enfrentamiento de unos contra otros, la lógica de la división.

Hoy vengo a este Cuerpo a representar la posición del partido que más años ha gobernado este país, un partido que sabe estar a la altura de las responsabilidades a las que se lo convoca, al socio leal y responsable de gobierno que está siempre del lado de las soluciones y que, en definitiva, es el redactor de la herramienta que quedará vigente como ordenadora de la producción forestal luego de esta sesión.

Cuando todo esto pase, el marco normativo será el propuesto por nuestro partido porque nada puede estar por encima del interés general, porque nunca lo más importante puede estar al servicio de lo menos importante, porque gobernar es mucho más que estar en el gobierno.

Por todo ello y fiel a su tradición de gobierno, basado en la ética de la responsabilidad, el Partido Colorado votará por mantener el veto presidencial, votará a favor de las certezas, a favor del trabajo, a favor del desarrollo y a favor del gobierno nacional, que es nuestro gobierno.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Guillermo Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Simplemente, no vamos a admitir que se nos den consejos. Nosotros no le damos consejos al Partido Colorado; sería bueno que el Partido Colorado no nos diera consejos a nosotros.

Nosotros no estamos dispuestos a ser el furgón de cola de ningún otro partido; que quede bien claro.

Quiero referirme a otras afirmaciones. Lo que yo he mencionado es información que surge de los anuarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hoy en manos del Partido Colorado; y en el Anuario 2021 no se animó a publicar ni un solo resultado de una encuesta similar. O sea que no se puede repetir acá que la forestación genera veintinueve mil puestos de trabajo cuando, en realidad, de la información oficial de que disponemos surge que son once mil.

SEÑOR CIANCIARULLO.- ¿Me permite, señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- No, no vamos a conceder más la palabra por alusión de alusión porque estamos…

(Interrupción del señor legislador Andrés Cianciarullo. Murmullos).

–Disculpen, ustedes empezaron.

Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Si el señor senador Cianciarullo quiere hacer uso de una interrupción, con gusto se la concedo.

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador Andrés Cianciarullo.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Agradezco la deferencia, legislador.

Los once mil puestos de trabajo a los que se refiere el legislador preopinante son en el sector primario; hay que tener en cuenta a todo el sector en todas las fases. Esa es la aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

Puede continuar el señor legislador Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: siento que estamos reeditando un debate que ya se dio en ambas Cámaras sobre las posiciones que tienen los distintos partidos con respecto al proyecto de ley de Suelos de Prioridad Forestal. Está bien; es natural que se dé de esa manera, pero la Asamblea General está convocada para considerar el repartido n.º 10, de diciembre de 2021, en virtud de que el Poder Ejecutivo vetó una ley aprobada por las mayorías que se constituyeron en ambas Cámaras. Por lo tanto, estamos en discusión de un diferendo, de un conflicto de dos poderes, que tienen diferencias por razones políticas. El Poder Ejecutivo tiene diferencias con el Poder Legislativo; se componga la mayoría del Poder Legislativo como sea, con el voto del partido Cabildo Abierto –y en el caso de la Cámara de Representantes con el voto del PERI también– y del Frente Amplio, es la mayoría del Poder Legislativo. Por tanto, el Poder Legislativo tomó una decisión: aprobar una ley y legislar sobre regular sobre un tema. El Poder Ejecutivo, en el ejercicio del derecho que le otorga la Constitución de la república, la ha observado. Estamos convocados aquí, en todo caso, para considerar la observación que realizó el Poder Ejecutivo a la decisión del Poder Legislativo.

Por tanto, es un conflicto de Poderes que, por suerte, la Constitución de la república lo regula muy bien –como es tradición uruguaya–, de manera institucional, y este conflicto se puede resolver en la medida en que haya mayorías especiales en la Asamblea que está reunida en el día de hoy para levantar el veto o para confirmarlo, razón que no hay ninguna de las dos. Acá se confirmará una mayoría que sigue estando a favor del proyecto de ley que regula el uso de suelos forestales, pero que no tiene la calificación de una mayoría especial para levantar el veto del presidente. Lo que va a terminar sucediendo es que, pasados treinta días, quedará firme el veto del Poder Ejecutivo; veto que se anunció antes de que se votara.

Es natural que estas cuestiones nos traigan nuevamente al debate sobre la ley forestal. Voy a incurrir en algunas manifestaciones, pero lo que sí me permito, señora presidenta, es discutir el fundamento del veto del Poder Ejecutivo, que es lo relevante en esta Asamblea General.

Es un fundamento bastante débil; un fundamento que intenta esconderse en aparentes posiciones jurídicas para no reconocer que es un problema de opciones políticas. El Poder Ejecutivo entiende que, por una cuestión de prioridad, de oportunidad y de convicción política, tiene que vetar –y ha vetado esta ley–, pero no hay razones jurídicas para hacerlo.

El Poder Ejecutivo trató de esgrimir pobremente su posición; como nos tiene acostumbrados la Torre Ejecutiva, sus posiciones tienen bastante pobreza jurídica. ¡Hay una cosa muy buena en este repartido! La Torre Ejecutiva nos trae, aunque sean pobres los argumentos, una posición jurídica. Lamentablemente, ese no fue el caso –en que todavía no tenemos ningún informe jurídico– del contrato por el cual hemos generado un monopolio en el Puerto de Montevideo con Katoen Natie. Ahí no hay informe jurídico, hasta ahora, que aparezca. Acá, por lo menos, hay aparentes razones jurídicas.

Lo primero y sorprendente de este documento, señora presidenta, es que el Poder Ejecutivo dice: «En primer término, es dable señalar que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo el cometido esencial de fijar y conducir las políticas sectoriales, lo que comprende la competencia en el diseño y ejecución de la política en materia forestal, tanto a nivel de producción como de industrialización». ¡Esta afirmación es gravísima! Acá hay un Poder Ejecutivo que le está diciendo al Parlamento que se arroga el derecho de regular una política sectorial diciendo que no es materia de ley cuando, en realidad, lo que estamos discutiendo es una ley que se votó en el año ochenta y siete, y es el mismo Parlamento, con otras mayorías, que decide cambiar esa regulación. El Poder Ejecutivo dice: «No; esto lo hago yo porque es una política sectorial». Es muy falso; es muy falso establecer que el Poder Ejecutivo tiene materia privativa en los aspectos sectoriales, porque no la tiene, señora presidenta. Eso es materia de la ley, y la ley no tiene absolutamente ninguna restricción para regular sobre ningún tema en Uruguay, salvo lo que dice claramente la Constitución de la república en los artículos 86, 133, 168 –numeral 7– y 214, que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Quiere decir que el Parlamento de la república es libre de legislar sobre cualquier aspecto de la república, lo puede hacer y no está contraviniendo la Constitución. En la primera afirmación del Poder Ejecutivo se quiere instalar la idea de que las cuestiones forestales son materia del Poder Ejecutivo, cuando no es así. Claramente, esto es materia legal y, por tanto, el Parlamento es soberano a la hora de decidir. Como bien está establecido por la doctrina –si seguimos a Cajaraville, por ejemplo–, es esencial en la separación de Poderes que al Poder Ejecutivo le corresponda –vaya la redundancia– ejecutar, dirigir y conducir las políticas que básicamente se aprueban en el Parlamento de la república, que son las leyes, y no al revés.

Creo que hay que tener mucho cuidado con este argumento del Poder Ejecutivo porque le arranca diciendo al Parlamento: «Usted no puede legislar porque el que legisla soy yo». Ese es un profundo error del Poder Ejecutivo: querer arrogarse en este país ese derecho. Además, naturalmente, el Poder Ejecutivo ha sido votado por la gente para conducir las políticas públicas del Uruguay, para ejecutarlas, pero el Parlamento es el ámbito de mayor representatividad, porque aquí están todas las voces de la sociedad representadas en los partidos políticos. Por tanto, el Poder Legislativo es el de mayor representatividad, naturalmente, y el Poder Ejecutivo el que conduce, claramente.

Me parece que esto es claro para despejarlo de primera.

El segundo fundamento del Poder Ejecutivo para este veto es que este proyecto de ley establece un límite a la libertad económica y al derecho a la propiedad, a la libre empresa y al comercio referidos en los artículos 7.º, 10, 32, 36 de la Constitución de la república. Eso es lo que dice el Poder Ejecutivo. Por eso fundamentó su veto en el sentido de que claramente podría generar problemas para el país.

Diría que la afirmación del Poder Ejecutivo parte –para mí es natural esta afirmación– de una premisa propia del liberalismo económico a ultranza: que la libertad económica es absoluta. Toda la intervención del Estado es vista como una interferencia de un orden considerado natural. Por esta premisa se rige la idea, que subyace en el documento del Poder Ejecutivo, de que los derechos a la propiedad, a la libre empresa y al libre comercio no serán susceptibles de limitaciones. Esto es muy contrario a lo que establece la Constitución de la república, que señala claramente –como dice el profesor Risso, siguiendo al profesor Sayagués– que no hay derechos absolutos en nuestra Constitución, sino que todos son regulables y limitables por la ley. Justamente, la regulación y la limitación de los derechos es una materia que la Constitución reserva a la ley y así lo dicen expresamente los artículos 7.º, 32 y 36, es decir, es una materia que la Constitución le reserva exclusivamente al Poder Legislativo y no a los organismos del Poder Ejecutivo. Esto me parece que también es claro.

El tercer fundamento que expone el Poder Ejecutivo es que, en definitiva, nosotros estamos prohibiendo, en este caso hipotético, a un dueño de una propiedad rural llevar adelante su actividad; sin embargo, no lo estamos haciendo porque en Uruguay, como se ha fundamentado aquí, uno no puede hacer lo que quiere con la propiedad, ya que la propiedad tiene, aunque no les guste a algunos, límites en el interés general.

Así como yo no puedo construir un rascacielos frente al Palacio Legislativo, aunque sea propietario del inmueble que está ahí, porque tengo que cumplir con las regulaciones que se establecieron con respecto al mejor aprovechamiento del suelo, que es materia municipal, tampoco puedo hacer lo que quiero con mi propiedad. Por lo tanto, admite regulaciones. ¿En función de qué? Del interés general, que es importantísimo que los Estados regulen porque son los que defienden ese interés general.

Otro argumento jurídico que nos trae el Poder Ejecutivo se sustenta en la idea de que podemos tener nuevamente el cuco de juicios internacionales porque estaríamos contraviniendo algunos contratos firmados por la república con inversiones que se han instalado en el país. Lo primero que hay que decir es que en el último juicio que tuvo el Estado uruguayo en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, el tribunal con mucha claridad dijo algo que me parece importante: que los Estados tienen un amplio margen de apreciación, que es el criterio que toma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para regular el interés público, y que las medidas regulatorias dictadas por Uruguay fueron en el marco del ejercicio razonable del derecho soberano y del deber estatal de proteger lo que consideró una razón de interés como es la salud pública. En este caso, era el conflicto con Philips Morris. El Tribunal hace hincapié en lo siguiente: «El ejercicio discrecional del poder soberano que no se lleva a cabo de manera irracional ni de mala fe». Y agrega: «La única pregunta que debe responder el Tribunal es si hubo una carencia manifiesta de motivos para dicha legislación», más allá de si estos fueron eficaces o no.

¿Qué es lo que estoy diciendo? Uno no puede sostener el inmovilismo legislativo porque se haya firmado un contrato. ¿Cómo alguien puede venir y sostener, en el mundo en que vivimos hoy, que no podemos cambiar la legislación que tiene un país? ¿O es que nos estamos dando cuenta de que no somos un país soberano? Por lo tanto, tenemos derecho a modificarla; y es natural y razonable en todas partes del mundo que la legislación se modifique porque las cosas avanzan, porque hay evidencia científica nueva, porque hay nuevos desafíos en el mundo, porque es necesario tener regulaciones nuevas y la humanidad ha avanzado así. De lo contrario estaríamos adhiriéndonos a una teoría extremadamente conservadora de que ya no se puede hacer nada y no se puede tocar nada. Eso no es así; podemos hacer y mucho, y está asumido. Lo que no podemos hacer, en todo caso, es que una vez firmado un contrato por parte de Uruguay se modifique la ecuación de negocios de esa inversión. La verdad sea dicha –se habla del Frente Amplio en el gobierno y un montón de cosas–: a nadie que haya invertido en el país en una fábrica de pasta de celulosa o haya plantado árboles en Uruguay esta ley le modifica las condiciones, porque hay 1:100.000 hectáreas forestales plantadas que pueden abastecer a las tres plantas que va a tener el país.

Por lo tanto, establecer que no hay certeza jurídica en el Uruguay es un error, porque la hay. Es más, con lo que se establece en el proyecto en cuanto a que se pueden llegar a plantar 1:600.000 hectáreas podría haber una cuarta planta; es más: los forestales discuten que tiene que ser en el este del país.

Entonces, la discusión que tenemos aquí es que después de treinta y dos años de desarrollo de la actividad forestal, que se va a colocar como el segundo rubro de exportación del país, el Estado uruguayo tiene derecho a discutir cómo la regula hacia el futuro y no está pisoteando los derechos de nadie que haya invertido en el país ni está rompiendo ningún sacrosanto acuerdo de hace treinta años, que no se puede tocar.

La ley forestal fue exitosa y tenemos un sector forestal que ha crecido muchísimo, que le está trayendo divisas al país, pero lo cierto es que ante las 1:100.000 hectáreas de tierras forestales cabe la pregunta de cuál es el interés general de proteger los ecosistemas. Yo me adhiero a la teoría de que en términos medioambientales el Estado uruguayo tiene que tomar conciencia ambiental porque la naturaleza nos dijo que hay límites y que, por lo tanto, es necesario regular para que el crecimiento futuro de la forestación se oriente solo en los suelos de prioridad forestal.

Eso no es ir en contra de la certeza jurídica ni contra la ley forestal del ochenta y pico, sino que es asumir el futuro en el sentido de que debemos proteger el medioambiente, el agua y los déficits hídricos. Hay suficiente evidencia científica para darnos cuenta, con sinceridad, que cultivar árboles en este país es cambiar el ecosistema y que tiene un efecto en el déficit hídrico, en el componente de la tierra y en el hábitat de muchos animales, además de los efectos sociales en términos de la producción que se instala. Frente a ese conflicto, el Poder Legislativo se paró de un lado y el Poder Ejecutivo, de otro; esa es la verdad. El Poder Legislativo se paró del lado de regular para que la forestación siga avanzando sobre los suelos de prioridad forestal y que la pequeña producción sea defendida, y el Poder Ejecutivo se paró del otro lado. Por eso estamos votando en contra del veto.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Rafael Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a comenzar con una frase que leí hace muy pocos días, de un ensayista y filósofo argelino francés, Albert Camus, que dice: «He comprendido que toda la infelicidad de los hombres procedía de no emplear un lenguaje claro». Y también dice: «La lógica del rebelde estriba en esforzarse por mantener un lenguaje claro, a fin de no hacer más densa la mentira universal».

Voy a retrotraerme un poco porque algún compañero de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados dijo que prácticamente este proyecto había sido aprobado en forma exprés. Estuvo ocho meses en la comisión a la que comparecieron la Sociedad de Productores Forestales, la Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay, la sociedad de productores de madera de aserrío, la Dirección General Forestal –en dos oportunidades–, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y el Movimiento Movus.

Se leyó parte del articulado que ingresó a comisión y es así. En ese sentido, se atendieron las inquietudes de absolutamente todas las sociedades que comparecieron en la comisión y salió un proyecto diferente. Algunos legisladores hicieron aportes y otros no hicieron nada. Tengo acá los aportes del compañero diputado Moreno y acá está, no hay nada. En ocho meses de tratamiento en la comisión en Diputados no hubo absolutamente ningún aporte. No obstante, fue un proyecto abierto hasta el último día de la votación y los diputados integrantes de la Comisión de Ganadería pueden revisar su WhatsApp.

Ya lo he dicho, pero aparentemente esto es como un ensayo de iniciación maya y en cada oportunidad que tenemos hacemos la ofrenda al dios en la que hay que matar a alguien. Acá no vine a calentar bancos y eso es lo que hay que entender. He tratado de generar un proyecto de ley con la más pura convicción de que es bueno para el país.

Lo que ha sucedido es que, muy inteligentemente, el lobby forestal ha posicionado este proyecto de ley en el escenario de traición a la coalición, en el sentido de que poco menos que nuestro partido cometió un adulterio hacia los socios de la coalición. El contenido del proyecto pasó a ser absolutamente secundario porque no había que mostrar las desviaciones a la Ley n.° 15939, Ley Forestal, que se venían cometiendo durante treinta y cuatro años. Eso era lo que había que tratar que no sucediera, y el proyecto caminó por dos escenarios absolutamente distintos: uno fue el del tratamiento en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado y otro fue el de los medios de comunicación, donde la pauta publicitaria de las empresas forestales jugó con toda la artillería hasta el último día y hay que decirlo: con entrevistas exprés. Obviamente, se jugó también en ese ámbito.

Este proyecto forestal tuvo el aporte de ingenieros agrónomos, abogados, especialistas en ordenamiento territorial y, sobre todo, de decenas o centenas de productores. Algunos de esos productores están nucleados en la Federación Rural y llevaron a sus últimos dos congresos la ponencia de su preocupación por el avasallamiento de la forestación en aquellos terrenos más fértiles del país, pero no tuvieron ninguna respuesta. Además, hay otro centenar de productores rurales que son los que se levantan todos los días a las cinco de la mañana y tributan acá en Uruguay, también por eso. Yo creo que así deben surgir las leyes, de la problemática de la sociedad, y los legisladores deberíamos contemplarlas y plasmarlas, en definitiva, para darles mejor calidad de vida a nuestros coterráneos.

Básicamente, lo que celebramos es que se están discutiendo cosas que acá nadie sabía. Hace dos años, no se sabía que había 4:200.000 hectáreas de prioridad forestal y que un 30 % de lo que hay plantado está fuera de prioridad forestal. Eso acá no se sabía; eso se dejó arriba de la mesa. Acá nadie sabía que los proyectos de menos de 100 hectáreas nunca pasaron por un estudio de impacto ambiental, nunca pasaron por la Dinama. Cuántas decenas de miles de hectáreas son, nadie sabe: pueden ser 20.000, 30.000 o 40.000 hectáreas, y así se han provocado daños medioambientales irreversibles en determinados ecosistemas. Eso es lo que ha pasado.

Este proyecto forestal también ha echado luz en el sentido de que hoy lo que se está forestando es absolutamente todo para la producción de celulosa. Hace años que ya no se planta un pino en el Uruguay, que era lo que proporcionaba la madera de calidad.

Con la discusión de este proyecto de ley, también se supo que el 90 % de la forestación está en manos de empresas extranjeras. En eso echó luz la discusión de este proyecto forestal.

Ahora no hay justificativos, porque antes no se conocían esas cosas, pero ahora ya hemos definido el modelo de país para los próximos veinte años.

El 28 de diciembre de 1987, cuando se promulga la Ley n.° 15939, se acuña el término de prioridad forestal; es un término nuevo para el país. Y ahí el legislador dejaba plasmado cuál era el espíritu de la Ley Forestal n.° 15939. Se atendieron dos conceptos fundamentales. Lo primero fue preservar al Uruguay diversificado. Eso era lo primero, nosotros teníamos la experiencia de la cría vacuna desde que Hernandarias metió la vaca, desde 1600. Y lo otro –de lo que tal vez inconscientemente el legislador se había dado cuenta– era que una hectárea sacada a la producción de alimentos y destinada a la forestación no iba a tener marcha atrás. Es un concepto científico que hoy se maneja: el de la flexibilidad de un cultivo. Claramente, la producción forestal es un cultivo muy poco flexible, en el entendido de que retornar a las condiciones originales del suelo, debido a la extracción de nutrientes, cambios de PH y todo lo que se ha dicho acá, es prácticamente imposible. Eso quedaba plasmado en el término de prioridad forestal. Y el artículo 5.º de la Ley n.° 15939, que voy a leer, porque acá se dijo que plasmaba en dónde al legislador le interesaba forestar y, además, sobre esos terrenos todos los uruguayos metimos plata, a través de subsidios y exenciones, lo definía así: «Son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no: A) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso; B) Sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en función de la aptitud forestal del suelo, o razones de utilidad pública. En este último caso, se comunicará a la Asamblea General».

Ahora, en la determinación de los terrenos de prioridad forestal, que era un término político, no intervino absolutamente ningún político. Acá es donde viene la confusión, porque en la determinación de los terrenos de prioridad forestal quienes intervinieron siempre, históricamente, desde la ley forestal, fueron los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no los políticos. Y ¿saben en qué se basaron para eso? En dos cosas que estaban plasmadas en el proyecto original y que, en el término de la negociación, las quitamos a raíz de que la Sociedad de Productores Forestales trajo como argumento que había muchos terrenos destinados a la forestación que pasaban el índice Coneat 76, que era lo que proponíamos en el proyecto original. ¿Saben los legisladores en qué se basaba la dirección de los servicios forestales para la determinación? En dos cosas muy sencillas: en la aptitud forestal y en el Coneat, en esas dos cosas. No fueron los políticos. Sin embargo, sorpresivamente, ante la aparición del primer proyecto de ley que –luego de treinta y cuatro años– intenta regular las desviaciones, aparece el lobby forestal diciendo que el Coneat no era un buen índice para la determinación de prioridad forestal. Y mientras se iban ganando terrenos porque pasamos de 1:100.000 hectáreas determinadas como de prioridad forestal en el año 1987 a 4:200.000 hectáreas al día de hoy, no hubo nadie que se opusiera al índice Coneat y a la aptitud forestal como criterio para determinarlo. Hoy, el 25 % del Uruguay –como se ha dicho– está en prioridad forestal. ¿Dónde estaba la Facultad de Agronomía, dónde estaba la Udelar, dónde estaban los políticos? Porque si ese no era el criterio, multiplicamos 300 % el área de prioridad forestal. ¿Dónde estaban? Yo no los vi. Hoy, de 1:100.000 hectáreas que hay forestadas, 300.000 hectáreas están fuera de prioridad forestal. Y pongan atención a esto: en Flores, el 81 % de lo que hay forestado está fuera de prioridad forestal; en San José, un 78 % de lo que está plantado está fuera de prioridad forestal; en Colonia, un 82 % de lo que está forestado está fuera de prioridad forestal.

En este proyecto de ley, señora presidenta, fuimos muy cuidadosos de no incursionar en terrenos técnicos que eran exclusivos de la Dirección General Forestal. Nuestro proyecto de ley no agrega ni quita absolutamente ni un metro cuadrado a lo que es la prioridad forestal, y eso es muy importante decirlo. Acá no innovamos nada; ¡nada!

En este recinto hay legisladores que, siendo intendentes, a través de directrices, de decretos departamentales, prohibieron la forestación fuera de terrenos de prioridad forestal en su departamento. En intendencias históricamente blancas, Cerro Largo, Colonia, San José, ahí está prohibido forestar fuera de prioridad forestal. Sin embargo, lamentablemente –y también hay que decirlo–, dichos decretos no tienen la fuerza de la ley, y lo que hubiesen sido excepciones se convirtieron –no digo en todos los departamentos, sino en muchos– en la regla, y se han aprobado decenas de proyectos que están fuera de prioridad forestal y se ha forestado.

Hay que dejar claro que cuando se destina una hectárea a la forestación se destruye una hectárea de campo natural, que es la base de la ganadería del Uruguay. Eso también hay que decirlo. Una hectárea destinada a la forestación permanece, como mínimo, veinte años en un ciclo ininterrumpido de siembra-cosecha, sin descanso. Y acá hay que decir también que más forestación significará más pasteras y más renuncia fiscal, porque las pasteras que van a venir van a querer absolutamente las mismas condiciones que se les ha dado a las existentes. Además, habrá más despoblamiento de la campaña.

Cada uno de los señores legisladores puede respondérselo para sí, pero quiero que se hagan la siguiente pregunta: ¿en verdad están de acuerdo con que la forestación siga avasallando las tierras más fértiles del país? ¿Ese es el pensamiento de todos los legisladores, habiendo 4:200.000 hectáreas en prioridad forestal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros.

El artículo 2.º, el tan cuestionado artículo 2.º, ha servido para tildar al proyecto en muchos medios de palo en la rueda para la coalición, de retrógrado –esto dicho por los compañeros nuestros–, de propuesta kirchnerista y algún otro adjetivo…

(Interrupciones).

–Sovietización: ahí está. Acá claramente se intentó llevar la discusión a un terreno que no pretendíamos y en el que nunca incursionamos; nunca incursionamos en esos terrenos.

Ahora, ¿en qué devino la tan mentada política forestal uruguaya? ¿Hubo una política forestal o hubo una ley forestal? El 80 % de lo que hay forestado termina en la producción de celulosa, en una zona franca, y cada 300.000 hectáreas forestadas, como se ha dicho ya, se instala una pastera: pronto vamos a tener tres pasteras funcionando.

También se ha dicho que Uruguay tiene todos los árboles para abastecer las plantas de celulosa que van a estar funcionando muy prontamente, y es posible que el adelanto tecnológico y también el adelanto genético de la forestación hagan que se tenga que ampliar la capacidad de procesamiento o que se instale una nueva planta, le pese a quien le pese.

El artículo 2.° topeaba con un límite de 10 % las tierras productivas del Uruguay destinadas a los árboles.

Les voy a trasladar la pregunta de nuevo a los legisladores porque, en definitiva, son los que se han opuesto a este proyecto de ley quienes debieran contestarlo: ¿cuántas pasteras creen que son suficientes? La pregunta también podría ser: ¿cuántas pasteras soportará el Uruguay? ¿Tres pasteras, cinco pasteras, ocho pasteras, diez pasteras? Es una pregunta que con la definición de este veto se la vamos a trasladar a las futuras generaciones porque serán ellas las que se tendrán que hacer cargo de ese pasivo medioambiental.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien, señor legislador, ha culminado el tiempo de que disponía.

Vamos a solicitar nuevamente que todos los legisladores estén con tapabocas en sala. Les pido por favor que colaboren. Gracias.

Asimismo, la Mesa exhorta a quienes van a hacer uso de la palabra que no hagan preguntas a los legisladores directamente, deben dirigirse a la Mesa.

Tiene la palabra la señora legisladora Nazmi Camargo.

SEÑORA CAMARGO BULMINI.- Señora presidente…

SEÑOR MENÉNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA CAMARGO BULMINI.- Sí, señor legislador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora presidenta: me voy a referir a las palabras de algunos pesos pesados del sector forestal, quienes básicamente dijeron lo mismo, y acá también se mencionaron: palabras del economista Miguel Helou y del señor Francisco Bonino, de la Sociedad de Productores Forestales, en la comparecencia del 8 de julio de 2020 a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados. Asimismo, el señor Javier Otegui, básicamente, dijo lo mismo.

El señor Bonino expresó: «En realidad, estimamos que para el ritmo con que se viene forestando hoy –en los últimos años, la forestación no ha crecido mucho más de 25.000 hectáreas por año–, necesitaríamos treinta años para elevar los números al 9 %. Pero ese 9 % lo haríamos sobre la superficie utilizable productivamente sobre 15:000.000 de hectáreas. Entonces, hablaríamos de 1:500.000 de hectáreas en treinta años más; no hablamos de 2:000.000 de hectáreas».

Digo más aún: cuando hubo legisladores que condicionaron la aprobación de este proyecto o dar su voto si se sacaba el artículo 2.°, nosotros salimos a decir de forma pública que estábamos completamente abiertos a desglosarlo del proyecto de ley. Como dijimos públicamente, este era un artículo más virtual que real; esto no cambiaba la ecuación, como tampoco cambiaba la ecuación de absolutamente ninguno de los artículos.

El anhelo del proyecto de ley fue siempre recabar la adhesión de todos los partidos políticos, porque entendemos que era un proyecto muy importante para el Uruguay, pero no fueron más que gárgaras que intentaron ganar tiempo, unas dilatorias mientras el Ministerio de Ambiente confeccionaba un decreto a la carta, que constituye un nuevo estímulo al sector forestal celulósico, apelando a una cartografía que ni siquiera está disponible en Uruguay, incorporando, además, nuevos suelos a la forestación. Si no quería sopa, dos platos.

No me voy a referir al artículo 3.°; solo diré que, además, permitía la forestación de hasta un 8 % en suelos que no son prioridad forestal. ¿Y saben cuánto era eso en la superficie del Uruguay? 1:000.000 de hectáreas más. Con el artículo 3.° extendíamos el límite a 3:000.000 de hectáreas para ser forestadas en Uruguay, es decir, prácticamente el 20 % del Uruguay.

Por su parte, el artículo 5.° se anticipaba a los problemas que evidentemente van a surgir al final del último turno forestal, es decir, qué se va a dejar, porque veinte, treinta o cuarenta años de forestación van a provocar que ya no haya un banco genético para repoblar esas áreas en las que se va a levantar el último eucaliptus. Lo que dábamos con este artículo era la posibilidad –independientemente de que el dueño de la plantación fuera el dueño del campo– de repoblar con una pastura verde esas áreas que van a quedar despobladas y que no van a tener un banco genético próximo para ser repobladas. Esto también se lo vamos a trasladar a las próximas generaciones.

El artículo 6.° intentaba dar la solución al problema que hace un ratito les mencionaba, que eran aquellos proyectos forestales, concretamente de 99 hectáreas –como se han presentado muchísimos–, que no pasaban por la Dirección de Ambiente, pero esto no es lo anecdótico. Lo anecdótico es que le dábamos absolutamente todas las potestades al Ministerio de Ambiente para aprobar o no los proyectos forestales, independientemente de la cantidad de hectáreas que involucraran, y el ministro Peña fue un enfático opositor al proyecto de ley. Esto es paradójico, es anecdótico. Que le digamos a un Ministerio: «Ahora tiene absolutamente todas las facultades para decidir y aplicar criterios medioambientales a cualquier proyecto de ley», y que el ministro diga: «No» es lo más anecdótico que hemos visto en la discusión.

En cuanto a las consideraciones finales, señora presidenta, no creemos acertada la decisión de veto. Obviamente, no la vamos a cuestionar, porque mal podríamos cuestionar algo que es constitucional, pero sí estamos muy consternados –diría– o decepcionados por el anuncio temprano de veto. Nosotros entendemos que esa fue una señal que coartó la posibilidad de que los senadores aportaran, porque consideramos que hay senadores con suficiente capacidad, suficiente experiencia como para haber aportado y enriquecido este proyecto de ley. O sea que el anuncio de veto temprano no lo compartimos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora legisladora Nazmi Camargo.

SEÑORA CAMARGO BULMINI.- Señora presidente…

SEÑOR MENÉNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA CAMARGO BULMINI.- Sí, señor legislador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de darle la palabra, advierto que el señor legislador Juan Moreno, quien fuera aludido por usted, está pidiendo una interrupción.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Después de que finalice, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

Continúe, señor legislador Rafael Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora presidenta: se invocó la afectación de derechos adquiridos cuando el proyecto no tenía carácter retroactivo. Este es un proyecto que no tiene carácter retroactivo. Se iba a respetar absolutamente hasta el último contrato establecido, pero, además, tampoco hemos visto a legisladores que ahora apelan a la afectación de derechos adquiridos a salir a defender, por ejemplo, las 8.700 casas o familias que son afectadas porque el tren les pasa por la puerta de la casa o por el patio.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, continúe señor legislador.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Se invocó también la afectación del derecho de poder decidir qué es lo que puede hacer el productor en su campo. Acá ya se ha dicho: no hay absolutamente ninguna actividad industrial, comercial, ni de ningún tipo productiva, en donde cada uno pueda hacer lo que quiera. Aun siendo mis ovejas, aun siendo mi ganado, no lo puedo tener con sarna, no lo puedo tener con garrapata. Acá ya se dijo. Si hay un terreno frente al mar y quiero hacer una torre de veinte pisos y la reglamentación me exige otra cosa, es lo mismo; si tengo un auto y quiero ponerlo de taxi, no puedo. Es decir, todo está regulado. Entonces, creemos que no es de recibo, porque suponemos, además, que todos conocemos lo que es el derecho al bien común. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si por los pools de siembra, los productores sojeros, los productores arroceros hubiesen cuestionado, con el mismo argumento, la ley de uso y manejo de suelos por la cual no se le permite a un productor de soja plantar indefinidamente sin hacer una rotación, sin hacer un puente verde en su campo? Esta podría ser la misma argumentación, y hubiésemos tenido que ceder ante los pools de siembra, diciendo que ellos eran dueños del campo, de las semillas y que podían plantar indefinidamente como quisieran. Acá se dijo que tenemos que regular la garrapata. ¡No; no! Las certificaciones obtenidas por las empresas forestales dicen eso: que tienen que controlar las plagas, que tienen que controlar los árboles que se desparraman de los montes, que no se hace.

Quienes se opusieron al proyecto de ley argumentando el derecho individual no se acordaron de los cientos de productores que ya no pueden criar ovejas porque están contiguas a una forestación, y los jabalíes, los caranchos y los zorros no les permiten criarlas, pero no oímos el mismo ímpetu en defender el derecho de esos productores.

Acá se utilizó a los productores rurales como mascarón de proa de la libertad del derecho a decidir en su campo lo que ellos quisieran, cuando el 50 % de la forestación está en manos de dos empresas forestales que, a su vez, son propietarias de pasteras y el 95 % de la forestación está en manos de empresas extranjeras. Se trata del proceso de extranjerización más importante que se ha dado en la historia. No lo digo yo; lo dice la DIEA (Oficina de Estadísticas Agropecuarias). Datos del 2014: el 95 % de la forestación era explotada por sociedades y empresarios extranjeros.

Lo más importante, señora presidenta, es que en esta casa no podemos hablar de libertad cuando no hubo, no hay ni habrá igualdad para los distintos sectores productivos que mueven la economía de este país, cuando al sector forestal le hemos dado el purasangre y al sector lechero el petiso piquetero, porque eso es lo que ha pasado.

Se esgrime que la política forestal fue una política de Estado. Acá ya están revisando políticas de Estado que tienen la misma edad que la ley forestal; con muy buen criterio lo está haciendo el presidente de la república. Se trata de la ley del Mercosur, porque un legislador mal podría no evaluar los resultados de una política durante treinta y cuatro años, y que acá nada se tocara. Bien que está y eso debe ser lo que rige la política: adecuarse a los nuevos tiempos, a los tiempos que corren. Nosotros celebramos que hoy se esté validando o cuestionando una política que tiene la misma edad que la ley forestal, que es la política de Mercosur. No sirvió absolutamente ni un artículo de los propuestos; de los siete no sirvió ninguno. No se agregó ni quitó ni una coma, y venimos sin rencores. El tiempo es el mejor juez de nuestras decisiones. Como dicen: todo está bien si termina bien. Sí reclamaremos la cuota de responsabilidad a quienes corresponda.

Señora presidenta, para finalizar quiero decir que este proyecto de ley y su culminación ponen de manifiesto cuán vulnerables somos en la negociación con el verdadero poder.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito que se lea el artículo 60 del Reglamento de la Asamblea General, porque se puede olvidar en el transcurso de la sesión.

(Se lee).

«Artículo 60.- Después que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones o contestar alusiones, las que no podrán durar más de cinco minutos.

Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión, únicamente cuando esta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o su partido político».

SEÑOR MORENO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Juan Moreno.

SEÑOR MORENO.- Señora presidenta: omití en mi comparecencia anterior solicitar permiso para ingresar a sala por ser productor ganadero. No sé si hay que votarlo o basta con avisar a la Mesa. Pido disculpas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la permanencia en sala del señor legislador.

(Se vota).

–101 en 102. Afirmativa.

De esta manera, ha quedado subsanada la omisión, señor legislador.

SEÑOR MORENO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador Juan Moreno.

SEÑOR MORENO.- Señora presidenta: lamentamos que nos hayan aludido de la manera en que se hizo. Entendemos la molestia del legislador que nos aludió, pero no entendemos por qué se dijeron esas cosas ni de la manera en que se dijeron cuando somos partícipes de las comisiones. Tenemos cero faltas, porque siempre comparecimos a la comisión y sobre todo cuando se trataron estos temas. Primero se presentó un proyecto y a fin de año se cambia toda la redacción. Vuelve a reiterarse y se vota de forma exprés, evidentemente con mayorías. Queda claro que mi esencia no fue representar a mis propios intereses. En lo personal, soy ganadero y padezco muchísimo. Nací y me crié en una zona donde nació la forestación en este país, que se llama Piedras Coloradas. Pero no me vengo a representar a mí mismo acá en el Parlamento; yo vengo a representar, primero, a mi departamento de Paysandú y, después, al resto del país. Represento a un partido político y me debo al consenso. Me gusta sacar las cosas por consenso y bien trabajadas. A la vista está lo importante que es haber aprendido –luego de escuchar mucho–, que ni siquiera la primera redacción tuvo que ver con la segunda. Hoy lamentamos que este hecho haya llegado a esta instancia.

Lamento la molestia del diputado que nos aludió, pero seguimos trabajando para continuar gobernando con responsabilidad, seriedad y en consenso por sobre todas las cosas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor legislador Fratti, por una omisión, también nos está solicitando que la Asamblea autorice su permanencia en la sesión.

(Se vota).

–100 en 102. Afirmativa.

Entendamos que estamos haciendo las cosas con retroactividad, lo que no corresponde.

¿El señor legislador Menéndez está pidiendo lo mismo?

SEÑOR MENÉNDEZ.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Alguien más se olvidó de hacer la solicitud?

Se va a votar la solicitud del señor legislador Rafael Menéndez.

(Se vota).

–101 en 103. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor legislador Sergio Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: estamos asistiendo a un debate con un clima propio de la fecha en la que se está realizando. Aquí, en esta sala, en este debate, nadie ha cuestionado la legitimidad del Poder Ejecutivo para llevar adelante el veto. Nadie ha cuestionado la observación ni la legitimidad de la observación. Nadie la ha cuestionado en cuanto a sistema de contralor y de contrapeso en la organización republicana del país. En el país tenemos separación de Poderes y reglas de convivencia entre los Poderes. La interacción está regulada. Un Poder vota, el otro observa y nuestra organización institucional le da al Poder Ejecutivo, además, la posibilidad de levantar el veto cumpliendo con determinadas mayorías. Es un sistema de equilibrios. Creo que esto es bueno decirlo, porque nadie está cuestionando al sistema como tal. En todo caso, el legislador Sánchez, en algún momento, lo que ha hecho es defender el derecho del Parlamento de legislar en determinados campos.

Creo que, en general, compartimos absolutamente sus manifestaciones.

La ley es ley cuando está promulgada. Se perfecciona recién en ese momento, de modo ficto si no hay promulgación expresa, o a través de la promulgación. El Poder Ejecutivo tiene esas opciones.

Cuando hay un proyecto de ley aprobado en el Parlamento –que hasta ese día es proyecto– lo promulga o deja pasar los días. Tiene aprobación tácita o lo observa, como ha sido este el caso. Desde ese punto de vista, es bueno para la sanidad del sistema que todos creamos en la legitimidad y el buen funcionamiento del mecanismo.

Obviamente, no vamos a ingresar de modo tan profundo en el debate político en particular, porque ya dimos esta discusión en las respectivas Cámaras. Lo que sí es cierto es que existe conciencia generalizada en el país de que este es un sector que conlleva riesgo ambiental; es un sector que puede dañar a la naturaleza; es un sector que muchas veces desde el punto de vista paisajístico atenta contra las bellezas del país y contra la actividad vinculada al turismo naturaleza; que a veces trae algunas plagas y que ha expulsado población rural. No voy a entrar en el debate acerca de si ha empleado o no más o menos gente. Lo que sí me animo a afirmar con total certeza es que desde que se instaló la forestación las cuadrillas que van a trabajar son, en general, urbanas y se ha expulsado la mano de obra rural y a la gente del campo. En ese sentido, no ha sido un fenómeno positivo desde el punto de vista social, amén de los conflictos existentes entre estas cuadrillas y los pobladores locales de cada uno de esos pagos.

También es cierto –reconozcámoslo– que la forestación ha generado empleo. Es cierto que ha servido a nuestras exportaciones. El Uruguay ha multiplicado sus exportaciones a partir del advenimiento de este fenómeno; ha valorizado la tierra de modo significativo. Realmente, en general, venimos llegando a los consensos acerca de los pro y de los contra que presenta esta actividad en el país. La forestación dio uso a los suelos poco profundos, a esos pedregales inmensos, y el Uruguay, con sabiduría, dijo: «Bueno, le vamos a dar prioridad a la forestación en estos suelos, que ningún otro sector puede utilizar con esa misma rentabilidad». Fue una decisión sabia, junto a otras promociones y a una política de Estado que es la mayor política de Estado que hemos visto estas generaciones en este país, porque nadie fue ajeno a la contribución a esas políticas. Han generado este fenómeno de 1:000.000 de hectáreas forestadas. Yo puedo hablar con propiedad.

No siento la alusión como alusión, pero sí fui el responsable de dos cosas. En primer lugar, presenté en el año 2006, en este Parlamento, un proyecto que prohibía forestar en todo otro suelo que no fuera de prioridad forestal.

Después, en el 2011, me tocó redactar los proyectos que se transformaron en decretos departamentales de Cerro Largo, n.º 31, n.º 41, n.º 58 y algunos más, que prohíben en el departamento la forestación en todo otro suelo que no sea de prioridad forestal. Entonces, ante esa pregunta de dónde estábamos los políticos, bueno, yo me siento con mi responsabilidad más que cumplida: promoví el debate y en Cerro Largo es ley ese artículo 1.º de este proyecto. Es nuestra ley departamental y no es relativizada por nada; es más: a alguno que abusó plantando donde no debía o del modo que no debía hacerlo, le expropiamos algunas partes de los terrenos donde lo hicieron o le hicimos pagar multas expropiatorias. Quiere decir que, en este sentido, no nos duelen prendas.

La relación entre suelo forestado de no prioridad y suelo forestado de prioridad forestal –si uno hace esa ratio– en Colonia es más de 5 a 1; en Flores es de 3,5 a 1; en San José y en Río Negro, está en el orden de más de 2 o 3; en Cerro Largo, ese cociente da 0,03. Entonces, ¿cómo que no había acciones posibles? Hubo omisiones enormes: cuando el país resuelve el endeudamiento agropecuario a través de la extranjerización de la tierra y se habilita el 42 % de extranjerización de la tierra; cuando se da permisos a las compañías forestales para que tengan sociedades anónimas y planten por doquier; cuando se dejó plantar en cualquier lugar. Entonces, ahí hubo omisiones; también, cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto autoriza la instalación de la planta en un lugar sin estudio de localización alguno. Lo dije en el Senado y lo repito. Entonces, ¿cómo que no se podían hacer cosas? Se podían hacer cosas. Y se pueden hacer cosas. Lo que no se puede es quejarse de estas cosas y presentar un proyecto que dice otra cosa, porque acá lo que se está dirimiendo es acerca de una ley que contiene un artículo 2.º que limita, sin razón alguna, la forestación a 1:600.000 hectáreas, el 10 % de la superficie productiva del país. No conocemos la razón ambiental, no conocemos las razones que afecten al turismo de naturaleza, o que afecte la etiqueta Uruguay Natural del país ni las exportaciones nacionales; no sabemos que se haya encontrado un mejor uso relativo para esos suelos desde el punto de vista productivo, económico y del empleo. No; pero el artículo 2.º pone una limitación sin ningún tipo de razón. Si definimos que un suelo es de prioridad forestal, es de prioridad forestal y ese es el mejor uso relativo que le podemos dar. Si no, lo que estamos diciendo es: «Señores de la forestación: a ustedes no los queremos». Si es así, entonces, digámosles que sea cero lo que foresten, si es un sector tan malo. De lo contrario, pongamos las limitantes que debemos poner, de distancias de las corrientes de agua, de los nacimientos de ríos, arroyos y cañadas, de las poblaciones, de espacios paisajísticos. No podemos discutir un proyecto y votar otra cosa, porque acá, en realidad, estamos refiriéndonos a dos proyectos distintos. Es más, de seguir en curso un proyecto de este tipo y, de aprobarse, tendríamos la mayor aceleración de la historia de la forestación. Ante el límite temporario, visible y cercano, o ante el límite del número de hectáreas a forestar visible y cercano, lo que harían las compañías forestales sería, precisamente, verse incentivadas a salir a forestar todo lo que no han forestado, a pedir todos los permisos y a concretar, para que les toque un pedazo mayor de la torta.

Entonces, el proyecto tendría exactamente –y por culpa del artículo 2.º– un resultado contrario al que se está buscando. Esto es de lógica pura.

Por lo cual nos parece que hemos dado un debate bueno, adecuado, respetando los marcos institucionales, sabiendo reconocer las verdades del otro y compartiendo muchas.

El país deberá alentar a los departamentos en sus ordenamientos territoriales –que son leyes de mucha fuerza–, a trabajar en la vigencia de estos proyectos, a mejorar los costos de la producción nacional para obtener mayor rentabilidad de una vez por todas y que la competencia por la tierra sea entre el que más trabaje y el que mejor utilización pueda dar al recurso. Esas son las cosas que el país debe encaminar, con la sensatez del debate profundo, correcto y dado en los términos que debe ser dado.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores legisladores, señoras legisladoras: si no se hace uso de la palabra, se va a proceder a tomar la votación nominal, como establece la normativa.

En primer lugar, la Mesa recuerda que para levantar las observaciones se requiere un quorum de tres quintos de los presentes de cada Cámara.

A su vez, la Mesa recuerda que quienes voten por la afirmativa estarán votando por el mantenimiento de las observaciones y quienes lo hagan por la negativa lo harán por el levantamiento de la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo al proyecto que establece normas relacionadas con los suelos de prioridad forestal.

Repito: se va a votar recordando que quienes voten por la afirmativa estarán votando por el mantenimiento de la observación del Poder Ejecutivo y quienes lo hagan por la negativa estarán votando por el levantamiento de la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo.

Primero se tomará la votación a los miembros de la Cámara de Senadores.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el orden siguiente).

SEÑORA ÁLVAREZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ANDRADE.- Voto por la negativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BATLLE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Voto por la negativa.

SEÑORA BIANCHI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BONOMI.- Voto por la negativa.

SEÑOR BOTANA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CAMY.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CANON.- Voto por la negativa.

SEÑOR CARRERA.- Voto por la negativa.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR COUTINHO.-Voto por la afirmativa.

SEÑOR CURUCHET.- Voto por la negativa.

SEÑOR DA SILVA.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Voto por la negativa, y voy a fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se ha acordado no fundar el voto, señora legisladora.

Continúe tomándose la votación nominal.

(Así se procede).

SEÑOR DOMENECH.- Voto por la negativa.

SEÑOR LOZANO.- Voto por la negativa.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Voto por la negativa.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Voto por la negativa.

SEÑORA NANE.- Voto por la negativa.

SEÑOR NIFFOURI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR OLESKER.- Voto por la negativa.

SEÑOR PENADÉS.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Voto por la negativa.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Voto por la negativa.

SEÑORA SANGUINETTI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR STRANEO.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voto por la negativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voto por la afirmativa.

Se pasa a tomar la votación de los miembros de la Cámara de Representantes.

SEÑOR AITA.- Voto por la negativa.

SEÑOR ALBERNAZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR ALVEAR.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR AMIGO.- Voto por la negativa.

SEÑOR ANTONINI.- Voto por la negativa.

SEÑORA ARAÚJO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BACIGALUPE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BLÁS SIMONCELLI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CABALLERO.- Voto por la negativa.

SEÑORA CAIRO.- Voto por la negativa.

SEÑOR CAL.- Voto por la negativa.

SEÑORA CAMARGO BULMINI.- Voto por la negativa.

SEÑORA CAPILLERA.- Voto por la negativa.

SEÑOR CARDOSO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CÁCERES.- Voto por la negativa.

SEÑOR CIVILA LÓPEZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR COLMAN.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CORBO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DALMAO.- Voto por la negativa.

SEÑOR DASTUGUE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DE MATTOS.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA DÍAZ REY.- Voto por la negativa.

SEÑOR ECHEVERRÍA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ESTÉVEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA ETCHEVERRY LIMA.- Voto por la negativa.

SEÑORA FAJARDO RIEIRO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA FORT.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FRATTI.- Voto por la negativa.

SEÑORA FROS ÁLVAREZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA GALÁN.- Voto por la negativa.

SEÑOR GALLO CANTERA.- Voto por la negativa.

SEÑOR GERHARD.- Voto por la negativa.

SEÑOR GIANOLI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GOÑI REYES.- Declaro ser propietario de un inmueble rural. Voto por la afirmativa.

SEÑORA HUGO.- Voto por la negativa.

SEÑORA INZAURRALDE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR IRRAZÁBAL.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR JISDONIAN.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LARZÁBAL NEVES.- Voto por la negativa.

SEÑOR LERETÉ.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA LIBSCHITZ SUÁREZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR LORENZO PARODI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LORENZO.- Voto por la negativa.

SEÑOR LUST HITTA.- Voto por la negativa.

SEÑOR MARTÍNEZ ESCAMES.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MELAZZI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MENDIONDO.-Voto por la negativa.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR MESA WALLER.- Voto por la negativa.

SEÑOR METEDIERA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MIER.- Voto por la negativa.

SEÑOR MIRZA.- Voto por la negativa.

SEÑOR MORENO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MUJICA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO.- Voto por la negativa.

SEÑORA NÚÑEZ SOLER.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA OLIVERA PESSANO.- Voto por la negativa.

SEÑOR OLMOS.- Voto por la negativa.

SEÑOR OSORIO LIMA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR OTERO AGÜERO.- Voto por la negativa.

SEÑOR PASQUET.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA PELLEREY.- Voto por la negativa.

SEÑOR PEÑA.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA PEREYRA PIÑEYRO.- Voto por la negativa.

SEÑORA PÉREZ BONAVITA.- Voto por la negativa.

SEÑOR PERRONE CABRERA.- Voto por la negativa.

SEÑOR PICCONE.- Voto por la negativa.

SEÑOR PITETTA.- Voto por la negativa.

SEÑORA PORRINI.- Voto por la negativa.

SEÑOR POSADA PAGLIOTTI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RADICCIONI CURBELO.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA RAMOS.- Voto por la negativa.

SEÑORA REISCH.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RODRÍGUEZ GÁLVEZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR RODRÍGUEZ HUNTER.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA ROSELLÓ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SABINI.- Voto por la negativa.

SEÑOR SCHIPANI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA PEDROZO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SMITH.- Voto por la negativa.

SEÑOR SODANO.- Voto por la negativa.

SEÑOR TESTA.- Voto por la negativa.

SEÑOR TIERNO.- Voto por la negativa.

SEÑOR TINAGLINI.- Voto por la negativa.

SEÑORA TORT GONZÁLEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR TUCCI MONTES DE OCA.- Voto por la negativa.

SEÑOR VALDOMIR.- Rechazo el veto del Poder Ejecutivo. Voto por la negativa.

SEÑOR VARELA NESTIER.- Voto por la negativa.

SEÑOR VEGA.- Voto por la negativa.

SEÑORA VERDÚM.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR VIANA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR VIERA DÍAZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR VIVIANO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ZUBÍA.- Sin perjuicio de los argumentos relevantes, en uno y otro sentido, voto por la afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta del resultado de la votación de la Cámara de Senadores.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Han sufragado 31 señores senadores: 15 lo han hecho por la afirmativa y 16 por la negativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta del resultado de la votación de los miembros de la Cámara de Representantes.

SEÑOR SECRETARIO (Fernando Ripoll).- Han sufragado 97 señores representantes: 44 lo han hecho por la afirmativa y 53 por la negativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución de la república, que exige tres quintos de votos del total de presentes de cada una de las Cámaras, se proclama que no se alcanzó la mayoría calificada requerida por el citado artículo.

Por lo tanto, el veto queda vigente.

7) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Así se hace. Son las 14:55).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Fernando Ripoll Secretario

Andrea Páez Directora del Cuerpo Técnico de Taquigrafía de la Cámara de Representantes

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.