SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY 13.659 ESTABLECIENDOSE UN REGIMEN DE PLAZOS PARA LOS CONTRATOS DE FIJACION DE ALQUILERES Y SE DAN NORMAS SOBRE INICIACION DE JUICIOS DE DESALOJO.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 1°. Modifícanse los artículos 5°, 6°, 7°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 29,
30, 32, 33, 34, 36, 47, 49, 51, 56, 60, 62, 67, 69, 77, 82, 83, 85, 88, 89, 95 y
103 de la ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, en la siguiente forma:
"Artículo 5°. En los contratos celebrados con posterioridad al 7 de octubre de
1964 y antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, así como en los celebrados con anterioridad a aquella fecha y no comprendidos por la
ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964, una cualquiera de las partes podrá acogerse a sus beneficios
en las siguientes condiciones:
a)Los que tengan plazo contractual vencido podrán hacerlo antes del 1° de agosto
de 1969. El nuevo plazo de dos años y el precio regirán a partir del 1° de setiembre
de 1968, o desde la fecha de vencimiento del contrato, si ésta es posterior;
b)Los que tengan plazo contractual pendiente, podrán hacerlo dentro del término
de noventa días anteriores al vencimiento del plazo contractual, disponiendo en cualquier
caso de plazo hasta el 1° de agosto de 1969.
El nuevo plazo y el precio regirán a partir del vencimiento del respectivo plazo
contractual.
De no promoverse en los plazos indicados las acciones previstas en este artículo,
continuará rigiendo por dos años el precio anterior.
En todos los casos previstos en este artículo, será de aplicación, en lo pertinente,
lo dispuesto, por el artículo 89".
"Artículo 6°. Agrégase al inciso 4° el siguiente párrafo: "Si no mediare acuerdo
de partes, ni se dedujere acción, continuará rigiendo el precio vigente durante un
nuevo plazo de dos años".
"Los arrendatarios o subarrendatarios que arrienden u ocupen más de una finca con
destino a habitación, deberán denunciar esta situación ante los Juzgados que corresponda,
expresando su voluntad de permanecer en una de ellas. Las otras fincas podrán ser
desocupadas a pedido de los interesados, por el procedimiento establecido en el artículo
90 de esta
ley.
Esta manifestación deberá hacerse antes del 31 de julio de 1969 y su omisión dará
derecho al arrendador o subarrendador a solicitar la rescisión de los contratos de
arrendamiento de todas las fincas de que sea titular el arrendatario o subarrendatario
omiso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13".
"Artículo 7°. El procedimiento para la fijación de alquiler a que se refieren los
artículos 4°, 5° y 6° se ajustará a las siguientes normas:
El actor presentará la solicitud por escrito, ante el Juzgado competente, en formularios
que a tales efectos proporcionará la Asesoría Técnica de Arrendamientos, a la que
deberá acompañar una copia para cada una de las personas que integren la contraparte,
otra para la Dirección de la Asesoría Técnica de Arrendamientos y las boletas que
acrediten haber consignado en aquel organismo en la capital o en la sucursal del
Banco de la República Oriental del Uruguay en el interior, el honorario del perito
y los gastos de notificación, según tarifa que determinará la Suprema Corte de Justicia.
El Juzgado notificará la solicitud a la contraparte por telegrama colacionado,
y remitirá la copia a la Asesoría Técnica de Arrendamientos para que se proceda al
peritaje de la finca. El honorario devengado por la pericia será equivalente al 25
% (veinticinco por ciento) del alquiler vigente.
Presentado el informe pericial los autos se pondrán de manifiesto por el término
común y perentorio de diez días hábiles, que se computará a partir de la notificación
a las partes por telegrama colacionado, pudiendo éstas formular por escrito sus observaciones
dentro del referido plazo.
Vencido éste, se pondrán los autos al despacho y el Juez dictará sentencia dentro
del término de treinta días. La sentencia será inapelable, salvo cuando en ella se
aumente o disminuya la estimación pericial en más de un 30 % (treinta por ciento),
en cuyo caso será apelable en relación.
La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria.
En caso de promoverse más de una gestión de fijación de alquiler judicial respecto
de una misma unidad habitacional, sólo tendrá validez la iniciada en primer término,
debiendo las otras clausurarse de oficio.
En los procedimientos a que se refiere el presente artículo sólo podrá desistirse
mediante acuerdo expreso de ambas partes.
Tratándose de fincas destinadas a casa - habitación, los Jueces además de los resultados
de la pericia y de la inspección ocular del inmueble, en su caso, podrán tener en
cuenta, de manera de fijar con criterio equitativo los nuevos precios, la finalidad
social de estas disposiciones".
"Artículo 10. Inciso 1°.- Si en virtud del nuevo precio fijado conforme a las normas
referidas en los artículos 4°, 5° y 6°, con excepción de los contratos que se celebren
con posterioridad al 1° de junio de 1968, se superara el 20 % (veinte por ciento)
de los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional ocupante del inmueble,
el nuevo alquiler será rebajado hasta el porcentaje referido. En ningún caso la rebaja
podrá significar disminución de la renta vigente. En todos los casos se tomarán en
cuenta, también, los ingresos del titular del contrato de arrendamiento. Se entenderá
por ingresos mensuales líquidos, los nominales menos dos descuentos de montepíos
jubilatorios, las pensiones alimenticias decretadas judicialmente y cualquier otra
retención legal que corresponda aportar a organismos de seguridad social.
No se computará entre los ingresos mensuales líquidos lo percibido por concepto
de asignaciones familiares".
"Artículo 11. Inciso 2°.- Se considerará como ingreso mensual la doceava parte
del total de los ingresos o rentas líquidas definidos en el artículo 10 percibidos
durante el año anterior a la fecha de vigencia del nuevo alquiler fijado de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 4°, 5° y 6°, para el caso de la demanda a que
hacen referencia los artículos anteriores".
"Artículo 12. Inciso 1°.- El arrendador o subarrendador podrá deducir acción tendiente
a que se modifique el alquiler resultante de la aplicación del porcentaje del 20
% (veinte por ciento) de los ingresos mensuales del núcleo habitacional cuando, a
su juicio, haya cambiado la situación económica de dicho núcleo. A tales efectos
se computarán los ingresos del año inmediato anterior a la fecha de la demanda de
revisión".
"Artículo 13. Modifícase el inciso 1°, que quedará redactado como sigue:
"El contrato de arrendamiento y los derechos que otorgan al arrendatario de casa
- habitación las leyes vigentes, benefician por su orden a su cónyuge o ex - cónyuge
en caso de divorcio, a los ascendientes y descendientes directos, hijos adoptivos,
hermanos legítimos o naturales y parientes afines hasta el segundo grado inclusive
del locatario o de su cónyuge, cuando aquél o éstos hayan convivido con el arrendatario
o subarrendatario desde la celebración del contrato o durante todo el año inmediato
anterior a la desvinculación del arrendatario. No obstante no regirán estas exigencias
tratándose del cónyuge".
Agrégase como último inciso: "La desvinculación del titular podrá acreditarse por
cualquier medio de prueba. En caso de controversia, se seguirá el procedimiento establecido
por los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil".
"Artículo 14. Agrégase como último inciso, el siguiente: "Si no mediare acuerdo
de partes ni se dedujere la acción, continuará rigiendo el precio anterior durante
un nuevo plazo de tres años".
"Artículo 17. Inciso F).- El interés razonable de la inversión. Si mediaren inversiones
o mejoras autorizadas a cargo del arrendatario o subarrendatario y a estos efectos,
su valor actualizado se deducirá previamente del importe en que se estime la inversión
total que representa la finca".
Agrégase el siguiente inciso: "Tratándose de inmuebles destinados a la realización
de espectáculos públicos, el perito deberá tener en cuenta, al aplicar el inciso
G), el valor de las entradas, la capacidad locativa y la recaudación estimada promedialmente
en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la pericia, así como el número
de locales que alquile el arrendatario".
"Artículo 18. Inciso B).- Que exista contrato con plazo contractual o legal vigente
y que el cedente acredite una antigüedad de seis o más años de permanencia en carácter
de arrendatario o tenedor respecto de la finca en que está instalado el establecimiento.
La exigencia del plazo de seis años no regirá para quienes tuvieran al 1° de junio
de 1968, una antigüedad de dos años".
"Artículo 21. En los contratos de fincas a que se refiere el artículo anterior,
con plazo contractual vencido, el arrendador, subarrendador, arrendatario o subarrendatario,
podrán solicitar la revisión judicial del precio del arriendo. El nuevo plazo será
de cuatro años y regirá, al igual que el precio, desde la fecha de la demanda.
Esta acción deberá instaurarse dentro de los noventa días a partir de la fecha
de vigencia de la presente
ley.
Si el plazo contractual estuviera pendiente y hubieran transcurrido más de cuatro
años desde la fecha de celebración del contrato, dentro del término señalado en el
inciso anterior, cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión del precio
del arriendo.
Si el plazo contractual estuviera pendiente y hubieran transcurrido menos de cuatro
años desde la fecha de celebración del contrato, dentro del término de noventa días
a partir del cumplimiento de dicho plazo de cuatro años, una cualquiera de las partes
podrá solicitar la revisión del precio del arriendo.
En los casos previstos en los dos incisos anteriores, el nuevo precio regirá desde
la fecha de la demanda, sin perjuicio del mantenimiento del plazo contractual a todos
sus demás efectos".
"Artículo 23. Inciso C).- El carácter no lucrativo y de reconocido interés social
de la actividad que desarrolla el arrendatario o subarrendatario en relación directa
con el inmueble arrendado".
"Artículo 29. Apartado 4:
a)Cuando el propietario posea una o varias fincas que estén arrendadas o hayan
sido construidas para habitación en la misma localidad y no ocupe ninguna de ellas,
podrá reclamar una para su propia vivienda. Aun cuando habite su propia casa, podrá
reclamar una finca para que la habiten sus ascendientes y una para cada uno de sus
hijos que hayan contraído matrimonio, cuando éstos o aquéllos no ocupen ninguna vivienda
de la que sean exclusivos propietarios o condóminos. Si el demandante fuera propietario
de varias fincas y durante el juicio de desalojo quedara disponible una de ellas
de características similares o inferiores - a criterio del Juez - a las de la solicitada
en juicio, deberá darle prioridad, como arrendatario, al inquilino demandado, el
que podrá pasar a ocuparla en un plazo no mayor de veinte días, en las condiciones
contractuales o legales en base a las cuales ocupa la finca objeto del desalojo;
b)Tratándose de una finca en condominio de origen sucesorio, o derivado de la sociedad
conyugal, uno de los condóminos podrá reclamarla, con la ratificación de los demás
copropietarios, para su propia vivienda o para la de sus descendientes en primer
grado que hayan contraído matrimonio o para sus ascendientes, cuando éstos o aquéllos
no ocupen ninguna vivienda de la que sean exclusivos propietarios o condóminos;
Cuando los condóminos posean varias fincas que estén arrendadas o hayan sido construidas
para habitación, el que no ocupe ninguna de ellas podrá reclamar, con la ratificación
de los demás, una para su propia vivienda. Aun cuando habite su propia casa podrá
reclamar, con la ratificación de los demás condóminos una para sus ascendientes y
una para cada uno de sus hijos que hayan contraído matrimonio, en caso de que éstos
o aquéllos no ocupen ninguna vivienda de la que sean exclusivos propietarios o condóminos;
Se considerarán como única propiedad los casos en que los condóminos de varias
fincas de origen sucesorio, hayan solicitado una de ellas para vivienda propia;
A los efectos de esta ley se consideran condóminos de origen sucesorio aquellos
que hayan adquirido la propiedad en todo o en parte por el modo sucesión por causa
de muerte. Las otras situaciones a los efectos de esta
ley, se consideran condominio de origen contractual, con excepción de los derivados de la sociedad conyugal.
Podrán no obstante, dar el desalojo los condóminos que tengan la calidad de cónyuges
entre sí en el momento de promoverse la acción referida;
A los efectos dispuestos por esta ley, no se reputará condómino a aquél constituido
exclusivamente entre parientes hasta el segundo grado, con anterioridad al 1° de
junio de 1968, cuando el número de unidades habitacionales no sea superior al de
condóminos;
En los casos de los incisos precedentes, el demandante que tenga varias propiedades
deberá expresar los motivos que han determinado la selección de la finca y reseñar
la situación de los arrendamientos de cada una, indicando el alquiler vigente e inmediato
anterior y las fechas desde las cuales rigen los mismos. Si se probare la omisión
de una o varias de las fincas arrendadas en la referida reseña, se clausurará el
juicio de desalojo, de oficio o a petición de parte, siendo de cargo del actor los
tributos y costos causados;
El Juez examinará el mérito de los fundamentos expuestos y no hará lugar a la causal
excepcional de desalojo, cuando por las circunstancias del caso la promoción de aquél
sirva o haya servido para obtener aumentos de arrendamientos que excedan los autorizados
por la ley. En tales situaciones, los aumentos pactados que excedan los autorizados
por la ley serán anulados y se rechazará la demanda, imponiéndose al actor el pago
de tributos y costos;
Esta sentencia será notificada a todos los arrendatarios del actor.
c)Tratándose de condominios de origen contractual constituidos con anterioridad
al 9 de enero de 1967, se requerirán las siguientes condiciones:
1°)Que se haya otorgado la escritura de enajenación o registrado la promesa antes
del 9 de enero de 1967;
2°)Que se solicite para vivienda propia y que el demandante haya promovido el
desalojo con anterioridad al 1° de junio de 1968, o se haya visto impedido de hacerlo
en mérito a la vigencia del plazo contractual del arrendamiento, o por prohibición
de la
ley;
3°)Que la cuota parte de sus derechos como condómino sea equivalente, por lo menos,
al de la unidad habitacional o al de la finca cuyo desalojo se solicita;
4°)Que el condómino solicitante no sea único propietario de otra finca - habitación
en la localidad;
5°)Que no posea otros condóminos de origen contractual con destino a casa habitación,
salvo aquél cuya cuota - parte lo habilita para accionar.
En los casos de los incisos a), b) y c) precedentes, la finca deberá ser ocupada
efectivamente dentro del plazo de ciento veinte días de su desocupación por quienes
tengan derecho a ello de acuerdo con la demanda de desalojo, y no podrá dársele otro
destino que el de finca - habitación, ni podrá ser enajenada ni arrendada total o
parcialmente, antes de transcurrir un plazo de cinco años, a partir de la fecha en
que quedó desocupada.
Cuando el estado de conservación de la finca requiera la realización de obras de
reparación, el Juez, a solicitud fundada de parte, podrá ampliar el plazo para la
ocupación hasta en noventa días más.
No regirá la prohibición de enajenar o arrendar en los siguientes casos:
1°)Por razones de salud del titular de la acción debidamente comprobada por un
Tribunal integrado por tres médicos designados por el Juez que entendió en la causa
de desalojo;
2°)Por divorcio;
3°)Por razones de trabajo, cuando el propietario sea destinado a desempeñar funciones
o tareas fuera de la localidad donde está ubicado el inmueble, por no menos de dos
años, circunstancia que deberá ser debidamente probada ante el Juzgado que hubiese
entendido en el juicio de desalojo;
4°)Enajenación forzada;
5°)Cualquier otra causa de entidad similar a las anteriores, a criterio del Juez.
Apartado 10. Cuando el propietario posea uno o más locales arrendados para industria
o comercio en la localidad, siempre que los arrendatarios tengan una antigüedad mayor
de 6 años, podrá reclamar solamente uno de ellos para instalar comercio o industria
él o su hijo en ese mismo local, debiendo ser el giro del nuevo comercio o industria
distinto del que estaba funcionando.
Está acción podrá ser ejercida a partir del 1° de junio de 1971.
El propietario o su hijo deberán ocupar personalmente el inmueble sin admitirse
ninguna forma societaria, por un plazo mínimo ininterrumpido de 10 años a partir
de la desocupación del local, salvo el caso de fallecimiento o incapacidad superviniente
declarada judicialmente.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este inciso,
lo hará pasible de las sanciones establecidas en el artículo 68 de la presente
ley.
Esta acción no podrá ser ejercida mientras exista plazo contractual pendiente".
"Artículo 30. Prohíbese la iniciación de juicios de desalojo, contra arrendatarios
o subarrendatarios, promovidos por condóminos de origen contractual, con excepción
de las situaciones previstas por los apartados 4° (inciso c), 6°, 7°, 8° y 9° del
artículo 29, por accionistas de sociedades anónimas o en comandita, o por titulares
de promesas de compraventa de inmuebles en transformación al régimen de propiedad
horizontal, por la causal de vivienda propia.
No obstante, los condóminos de origen contractual y los promitentes compradores
de cuotas de condominio o titulares de promesas de compraventa de inmuebles en transformación
al régimen de propiedad horizontal, cuyas respectivas escrituras se hubieran otorgado
o cuyas promesas se hubieran registrado con anterioridad al 9 de enero de 1967, podrán
proseguir los juicios de desalojo cuando se haya solicitado la unidad habitacional
para vivienda propia. Asimismo podrán promover nuevo juicio de desalojo, siempre
que se ajusten a la exigencia precedente, aquellos cuyas demandas hayan sido desestimadas,
por su sola calidad de condóminos, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
El actor deberá solicitar ante el Juzgado respectivo antes del 1° de agosto de
1969, la prosecución de las actuaciones, que continuarán su tramitación a partir
del estado en que se hallaban en el momento de decretarse su clausura. Dicha solicitud
deberá ser acompañada de declaración jurada en la que se expresará no ser propietario
exclusivo de otra unidad habitacional en la localidad y que se solicita para vivienda
propia.
La falsedad en la declaración traerá aparejada la sanción penal correspondiente.
Clausúranse de oficio todos los desalojos en los que no hubiera recaído sentencia
ejecutoriada y que no se ajusten a las condiciones establecidas en este artículo".
"Artículo 32. Incisos 1° y 2°: En los casos de los numerales 4°, 5°, 6°, 7° y 8°,
del artículo 29, si se efectuara traslación de dominio por acto entre vivos antes
de hacerse efectivo el desalojo, éste se tendrá por no promovido aunque medie sentencia
ejecutoriada, salvo que el adquirente sea aquél para el cual se solicitó el desalojo.
No se aplicará esta disposición en los casos de los numerales 6°, 7° y 8° si el
adquirente toma a su cargo las obligaciones del enajenante mediante ratificación
en el respectivo expediente".
"Artículo 33. Inciso 6°: Será competente para atender en los juicios de que trata
el inciso 1° del presente artículo el Juzgado de Paz de ubicación del inmueble, cualquiera
fuere el monto del alquiler".
"Artículo 34. En los casos de los numerales 4°, 5°, 6°, 7° y 8° del artículo 29,
el propietario cuya demanda fuere rechazada, no podrá promover nueva acción por la
misma causal, hasta después de un año de haber quedado ejecutoriada la sentencia
por la que no se hizo lugar al desalojo".
"Artículo 36. Los aumentos de alquiler operados por aplicación de las disposiciones
de esta ley, no se percibirán desde el momento en que se hagan valer en juicio las
causales del artículo 29 de la misma. Cuando se decrete el desalojo, el Juez, apreciando
las circunstancias del caso, podrá ordenar la devolución de todo o parte de los aumentos
de alquiler abonados, la que se hará efectiva por el procedimiento de ejecución de
sentencia.
Declárase que no corresponde pagar los aumentos dispuestos por la
ley N° 13.638, de 22 de diciembre de 1967, a aquellos arrendatarios o subarrendatarios contra quienes
se hubiera promovido acción de desalojo al amparo de lo dispuesto por el artículo
27 de la ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964, modificativas y concordantes.
Los aumentos que se hubieran percibido, deberán ser imputados a alquileres futuros,
si correspondiere, o devueltos al arrendatario o subarrendatario, en su caso.
En los casos previstos en este artículo, si la demanda fuere rechazada o se clausurare
el procedimiento, los aumentos volverán a correr desde la fecha en que quede ejecutoriada
la sentencia".
"Artículo 47. Apartado A): Agrégase el siguiente inciso: Si alguna de las asociaciones
referidas no proporcionare la nómina de sus técnicos dentro del término de noventa
días de haber sido requerida, la Suprema de Justicia podrá prescindir de ella y procederá,
en el caso, a la designación directa de los mismos".
"Artículo 49. Todo contrato de arrendamiento o subarrendamiento de finca con destino
a habitación, deberá ser precedido por la estimación pericial de su precio máximo,
de lo que deberá dejarse constancia fechada en el documento. En caso de destino mixto,
la Asesoría Técnica de Arrendamientos determinará cuál es el destino principal, y
si fuere el de vivienda, procederá a su tasación. El precio a regir no podrá ser
mayor que el resultante de la pericia.
La omisión de esta formalidad hará incurrir al arrendador o subarrendador, en su
caso, en una multa equivalente al 10 %, (diez por ciento) del valor del inmueble,
determinado de acuerdo con las disposiciones legales que rigen en materia de impuesto
de herencia. Del importe resultante corresponderá, en cada caso el 50 % (cincuenta
por ciento) para el denunciante y el 50 % (cincuenta por ciento) para el Instituto
Nacional de Viviendas Económicas.
Cuando se trate de finca de apartamentos o pisos, cuyos locales se arrienden separadamente,
se tendrá en cuenta, proporcionalmente, el valor de cada unidad.
A los efectos de la estimación pericial, la Asesoría Técnica de Arrendamientos
dispondrá de un plazo de quince días hábiles para expedirse".
"Artículo 51. Agrégase el siguiente inciso: "El peritaje no podrá delegarse y los
honorarios serán percibidos como remuneración del trabajo personal efectivamente
realizado".
"Artículo 56. La tasa por prestación del servicio de fijación de la renta será
equivalente al 25 % (veinticinco por ciento) del alquiler mensual vigente, no pudiendo
dicha tasa ser menor de $ 2.000.00 (dos mil pesos), percibiendo la Suprema Corte
de Justicia para atender los gastos de funcionamiento de la Asesoría Técnica el 5
% (cinco por ciento) y el tasador el 20 % (veinte por ciento) restante. En caso de
viviendas desocupadas será el equivalente al 6 o/oo (seis por mil) del valor imponible
para el pago de la Contribución Inmobiliaria, percibiendo la Suprema Corte de Justicia
el 2 o/oo (dos por mil) y el tasador interviniente el 4 o/oo (cuatro por mil) restante.
El pago será efectuado por adelantado por el arrendador en el caso de viviendas
desocupadas y por el que lo solicitare tratándose de fincas ocupadas, debiéndose
en este caso imputarse al pago de alquileres".
"Artículo 60. La solicitud de intimación de pago de alquileres se deducirá por
escrito.
Todos los juicios de desalojo de bienes inmuebles a que se refiere esta
ley, se tramitarán por escrito en la forma dispuesta por el artículo 20 de la
ley N° 8.153, de 16 de diciembre de 1927, que quedará redactado en la siguiente forma:
"Artículo 20. En los juicios de desalojo, conjuntamente con la intimación, el Juez
citará al demandado para que oponga cualquier excepción que tenga, dentro de diez
días hábiles y perentorios.
Si no se produjeran excepciones, quedará terminado el juicio sin ningún otro trámite
y el plazo para el desalojo se contará desde el día siguiente a la intimación.
Si se opusieran excepciones, se procederá con arreglo a los artículos 889 a 893
del Código de Procedimiento Civil.
En estos juicios solo será apelable, además del auto a que se refiere el artículo
890 del Código citado, el que no haga lugar a la apertura de la causa a prueba y
la sentencia definitiva.
Las sentencias en segunda instancia causarán ejecutoria.
Contra las providencias ulteriores a la sentencia definitiva, no se admitirá el
recurso de apelación".
"Artículo 62. Las acciones estatuidas en los artículos 12, 27, 37, 49, 69, 71 y
79, la relativa a la reclamación de los daños y perjuicios prevista en la última
parte del apartado A) del artículo 31, y los juicios de rescisión de contratos de
arrendamientos, se seguirán por el procedimiento previsto en los artículos 591 a
594 inclusive del Código de Procedimiento Civil.
En el caso del artículo 27, la sentencia tendrá efecto desde la fecha de presentación
de la demanda".
"Artículo 67. Están comprendidos en los derechos y obligaciones que esta
ley atribuye a los propietarios, los promitentes compradores de inmuebles cuya promesa esté inscripta,
y todos los demás titulares de derechos reales.
No obstante, no podrán ejercer acción de desalojo al amparo de las causales previstas
por los numerales 6°, 7° y 8° del artículo 29.
Los promitentes compradores con promesa inscripta, podrán invocar la causa del
numeral 4°, apartado A) del artículo 29, cuando acrediten que la promesa está inscripta
con una antigüedad de tres años a la fecha de promoción del juicio.
Tratándose de los inmuebles a que se refiere la
ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, los promitentes compradores sólo podrán promover desalojo si justificaren que
se ha realizado la efectiva incorporación del bien al régimen de dicha
ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 30.
Los juicios de desalojo promovidos por promitentes compradores antes del 1° de
junio de 1968, de conformidad con las disposiciones legales entonces vigentes, continuarán
rigiéndose por dichas disposiciones hasta su finalización.
Los juicios de desalojo y lanzamiento en trámite, promovidos por promitentes compradores,
que no se ajusten a lo dispuesto por este artículo, se clausurarán de oficio".
"Artículo 69. Inciso 4°: con posterioridad a la inscripción en el Registro de una
promesa de compraventa de inmuebles, el promitente vendedor no podrá solicitar el
desalojo del bien prometido en venta, por las causales referidas en el inciso 1°
de este artículo".
"Inciso 7°: Si se hubiese arrendado nuevamente la finca y el precio del alquiler
fuese superior al que regía con el inquilino demandante, la multa se calculará en
base al precio del nuevo arrendamiento. En los demás casos las multas se regularán
en base al nuevo alquiler que de nuevo alquiler que determinará la Asesoría Técnica
de Arrendamientos".
"Artículo 77. Inciso 4°: La cesión del arriendo no podrá significar en ningún caso
rebaja del precio del alquiler de la finca cedida. El arrendador o subarrendador
podrán, además, oponerse a la cesión en los casos en que el nuevo arrendatario les
merezca objeciones de carácter moral, extremos éstos que podrán acreditar sumariamente
en el expediente de desalojo.
En los casos en que la cesión se produzca, el arrendador o subarrendador podrán
ejercer la acción prevista en el artículo 12".
"Artículo 82. Inciso 1°: Cuando el propietario haya pagado dos o más mensualidades
de tributos nacionales, municipales o servicios accesorios, cuyo pago se haya establecido
en la ley o en el contrato a cargo del inquilino, la deuda se reputará indivisible
con el alquiler y su falta de pago tendrá los mismos efectos que la del alquiler
mismo. los reembolsos podrán ser exigidos hasta por tres mensualidades atrasadas
en cada mes.
La constancia inserta en el recibo de pago del alquiler, constituirá prueba suficiente
de que los tributos o servicios accesorios han sido exigidos al arrendatario".
"Artículo 83. La presente
ley se aplicará a los arrendatarios y subarrendatarios de fincas urbanas, suburbanas y núcleos poblados y de todas aquellas, cualquiera
sea el lugar de su ubicación, cuyo destino principal sea el de la casa - habitación
o industria y comercio u otros destinos no rurales. Las disposiciones de la misma
que establezcan beneficios para los inquilinos, sólo podrán invocarse por quienes
tengan la calidad de buenos pagadores, con excepción de lo establecido en el Capítulo
IX, en lo pertinente, cuyas normas se aplicarán, igualmente, a los inquilinos malos
pagadores".
"Artículo 85. Inciso 1°: Agrégase al final la expresión "y propietarios ocupantes".
"Artículo 88. Inciso 1°: En los desalojos de malos pagadores no se admitirá recurso
alguno contra la sentencia definitiva de primera instancia, si no se acredita simultáneamente
por el desalojo que ha consignado en el Banco de la República Oriental del Uruguay
(artículo 68) el importe de los alquileres devengados hasta ese momento, debiendo
el mismo, para poder continuar el trámite, acreditar mes a mes el mismo extremo".
"Artículo 89. Las controversias surgidas sobre el monto del alquiler no suspenden
el pago del mismo. La diferencia que determine el alquiler fijado judicialmente que
tendrá efecto retroactivo de conformidad con lo dispuesto en los Capítulos II y IV,
deberá ser pagada en un plazo igual al que haya demandado la tramitación judicial,
contado a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada.
El crédito del arrendador se asimilará al alquiler y el del arrendatario será imputado
a los alquileres futuros.
La condena en costos se regirá por el derecho común.
En cualquier momento, los arrendatarios o subarrendatarios podrán efectuar pagos
a cuenta de los futuros aumentos, directamente al arrendador, o depositando mensualmente
su importe en el Banco de la República Oriental del Uruguay, previa comunicación
a aquél".
"Artículo 95. Inciso A): Entregar al arrendatario o subarrendatario copia simple,
libre de tributos, firmada por el otorgante del respectivo contrato de arrendamiento
o subarrendamiento".
"Artículo 103. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas y los organismos del
Estado promotores de viviendas, otorgarán preferencia en los sorteos, a las familias
desalojadas por las causales de desalojo de los numerales 5, 7, 8 y 9 del artículo
27 de la
ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964.
Esta preferencia se regulará en la siguiente forma:
A)Tendrán primera preferencia los arrendatarios o subarrendatarios desalojados
por la causal del artículo 27 numeral 5 de la
ley N° 13.292, no amparados por el artículo 77 de la presente
ley; B)Tendrán segunda preferencia los arrendatarios subarrendatarios que no aceptaron
la cesión de arriendo que establece el artículo 77 de la presente
ley, por motivos fundados expresados en el expediente; C)Tendrá tercera preferencia los arrendatarios y subarrendatarios de fincas con
destino a habitación, desalojados por las causales de los numerales 7, 8 y 9 del
artículo 27 de la
ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964".
Artículo 2°. Declárase que las partes podrán convenir la determinación del pre
en las situaciones previstas por los artículos 5°, 14, 15, 21 y 22 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968.
Artículo 3°. Extiéndese hasta el 1° de agosto de 1969, el plazo establecido en el artíc
105 de la ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, exclusivamente para aquellos desalojos
autorizados expresamente por la presente
ley.
Artículo 4°. Los accionistas de sociedades anónimas o en comandita que tengan asignado el
derecho de uso de una unidad habitacional, los condóminos de origen contractual posteriores
al 9 de enero de 1967, o anteriores que no cumplan las exigencias establecidas por
el numeral 4° del artículo 29 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, y los promitentes compradores que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 están impedidos de
promover juicios de desalojo, podrán sin embargo ejercer todas las restantes acciones
que correspondan a los propietarios.
Asimismo, podrán promover juicio de desalojo amparados por las causales previstas
en los numerales 2°, 3°, 6°, 7°, 8° y 9° del artículo 29 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968.
Artículo 5°. Los copropietarios de un apartamento en régimen de propiedad horizontal (
ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946) o de un inmueble que comprenda una sola unidad
habitacional, podrán ejercer la acción de desalojo de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 29, numeral 4°, apartado b), de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968.
Artículo 6°. Las Oficinas Públicas dependientes del Estado o de los Gobiernos Departamentales,
estarán obligadas a suministrar a la Asesoría Técnica de Arrendamientos, los datos,
y a exhibir toda la documentación que ésta requiera para el cumplimiento de sus fines.
En caso que los peritos se vieren impedidos de cumplir sus tareas en virtud de no
haber podido, por cualquier causa, tener acceso a la finca, podrán solicitar al Juez
competente la orden a que se refiere el artículo 11 de la Constitución de la República,
siempre que, previamente, se le haya notificado al ocupante el día y hora en que
se efectuará la diligencia.
Artículo 7°. La Asesoría Técnica de Arrendamientos someterá a la aprobación de la Suprema
Corte de Justicia, dentro del término de sesenta días a partir de la fecha de vigencia
de la presente ley, la reglamentación que regule su funcionamiento.
Artículo 8°. Declárase que los alquileres que pagan los actuales arrendatarios del Instituto
Nacional de Viviendas Económicas, que cuenten con dos años de antigüedad, no podrán
ser aumentados de acuerdo con das disposiciones de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968.
Artículo 9°. Para proseguir la tramitación de los expedientes, se exigirá la complementaci&#
de los depósitos respectivos hasta el mínimo fijado en el artículo 56 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, y el recaudo que lo acredite podrá agregarse sin necesidad
de escrito.
Artículo 10. La Asesoría Técnica de Arrendamientos pagará al perito el importe de sus honorarios,
una vez practicada la tasación y sin requerirse orden judicial.
Artículo 11. Auméntase hasta 400 el número de técnicos a que se refiere el apartado A) del
artículo 47 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968.
Artículo 12. Declárase que corresponde clausurar de oficio los procedimientos, cualquiera
sea el estado del trámite de los desalojos o de los lanzamientos pendientes, contra
los arrendatarios y subarrendatarios que se hubiesen acogido a las disposiciones
de las leyes números 13.618, de 29 de setiembre de 1967 y 13.628, de 30 de noviembre
de 1967.
Artículo 13. Se entenderá, a todos los efectos legales, que no han perdido su calidad de
buenos pagadores, cualquiera sea el destino de la finca, quienes hayan hecho uso
de la facultad que les acuerda el artículo 33 de la
ley N° 8.153, de 16 de diciembre de 1927, o que se encontraban al día en el pago de los alquileres, al 31 de diciembre
de 1968.
Artículo 14. Prorrógase hasta el 31 de julio de 1969 la exigencia de la presentación de
la habilitación municipal a que se refiere el artículo 76 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, debiendo el Registro de Hoteles y Pensiones del Ministerio de
Transporte, Comunicaciones y Turismo inscribir a todas las empresas que presenten
dicha habilitación con iguales derechos que los acordados a aquellas que se inscribieron
con anterioridad al 5 de enero de 1969. La aludida habilitación municipal tendrá
la vigencia concedida por la Intendencia Municipal de Montevideo.
Artículo 15. Quedan exceptuados de las disposiciones del artículo 13 de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, aquellos subrogantes cuyo estado de responsabilidad patrimonial,
certificado por la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales
de acuerdo a lo establecido por el artículo 231 de la
ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, los acredite, a juicio del Juez, como personas en situación económica capaz
de solventar su propia vivienda.
Artículo 16. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 10, inciso final y 12, de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968, el Juez podrá tener en cuenta lo pagado por
el arrendatario o subarrendatario, durante el lapso establecido en el artículo 11,
inciso segundo, por concepto de cuotas de afiliación a clubes sociales y deportivos,
energía eléctrica, teléfono, seguros y agua corriente y diligenciará las pruebas
solicitadas por el arrendador o subarrendador para comprobar dichos extremos.
Artículo 17. Suspéndense, hasta el 31 de diciembre de 1969, todos los lanzamientos contra
los arrendatarios y subarrendatarios, buenos pagadores, de fincas con destino a habitación,
con excepción de los siguientes:
A)Los casos previstos en el artículo 29, inciso 9° de la
ley N° 13.659, de 2 de junio de 1968 (fincas ruinosas).
B)Los casos previstos en el artículo 29, apartado 3 de la misma
ley (Rescisiones por incumplimiento).
C)Cuando el propietario hubiera solicitado el inmueble para su vivienda propia,
siempre que justifique mediante declaración jurada que el inmueble cuyo desalojo
se solicita constituye la única casa - habitación de su exclusiva propiedad o de
su cónyuge en la localidad, podrá procederse al lanzamiento en las siguientes fechas:
1°)Cuando la intimación de desalojo sea anterior al año 1965, el lanzamiento podrá
practicarse a partir del 1° de junio de 1969;
2°)Cuando la intimación, de desalojo se haya realizado durante el año 1965, el
lanzamiento podrá practicarse a partir del 1° de agosto de 1969;
3°)Cuando la intimación de desalojo se haya realizado durante el año 1966, el lanzamiento
podrá practicarse a partir del 1° de octubre de 1969;
4°)Cuando la intimación de desalojo se haya realizado durante el año 1967, el lanzamiento
podrá practicarse a partir del 1° de noviembre de 1969;
5°)Cuando la intimación de desalojo se haya realizado durante el año 1968, el lanzamiento
podrá practicarse a partir del 1° de diciembre de 1969.
No obstante, no regirán los plazos establecidos en este apartado C) y podrá hacerse
efectivo el lanzamiento inmediatamente, en los casos en que habiéndose solicitado
el desalojo por la causal en él indicada, el actor acredite mediante información
sumaria en el juicio, que ha sido decretado el lanzamiento de la vivienda que ocupa
ha sido lanzado durante el juicio de desalojo por él promovido.
En las situaciones previstas en este artículo el Juez solamente podrá aplazar el
lanzamiento hasta por 45 días cuando mediare causa grave justificada.
Artículo 18. Esta ley será obligatoria a partir del 1° de mayo de 1969.
