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Artículo 1º.- Las gestiones de jubilación y de pensión y las de reforma de ambas, que aún se encontraban o debían encontrarse en trámite el 31 de julio de 1947, ante la Caja de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, serán resueltas definitivamente de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
Mediando iguales circunstancias, se resolverán del mismo modo las gestiones de reconocimiento de servicios ante dicha Caja y los que deban ser traspasados a otras Cajas, cuando éstas certifiquen que los titulares de dichas gestiones son jubilados o pensionistas suyos o que antes de aquella fecha les solicitaron jubilación o pensión.
Artículo 2º.- Acéptase la presunción de haber sido prestados todos los servicios que se denunciaron en esas gestiones, a partir de los dieciocho años de edad de quienes los prestaron.
Sin embargo, por los otros medios en vigor, podrá probarse actividad computable anterior a los dieciocho años y desde los doce de edad del afiliado.
Si la persona que prestó los servicios es extranjera, además de la edad indicada, deberá justificarse de manera fehaciente la fecha de ingreso al país.
Artículo 3º.- La presunción no comprenderá los servicios ya probados por otros medios o que puedan probarse fácilmente en forma documental, ni se la admitirá en oposición a lo que ya resulte establecido por las pruebas recibidas en esas gestiones, antes de la promulgación de la ley.
La presunción tampoco comprenderá el tiempo en que pueda probarse que el afiliado estuvo dedicado a tareas no incluidas en las leyes jubilatorias o radicado fuera del país, o impedido por enfermedad o recluido en la cárcel o en otras condiciones inhibitorias del desempeño de actividades comprendidas en la jubilación.
Artículo 4º.- Cuando las declaraciones estampadas en las fichas contengan lagunas, imprecisiones y otras deficiencias, que hagan imposible reconstruir la historia de los servicios prestados, la Caja citará a los autores de denuncias de servicios para que se ratifiquen en ellas, mediante una declaración bajo juramento. En tal oportunidad podrán hacerse modificaciones y aclaraciones que no comporten aumento del tiempo de servicios denunciado.
Artículo 5º.- La presunción se establece exclusivamente respecto de los servicios de empleados, obreros y obreras independientes incluidos en las leyes cuya aplicación corresponde a la Caja de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, y, en general, respecto de los prestados con anterioridad a la fecha de la respectiva ley de inclusión; pero podrá extenderse a los posteriores a esa fecha cuando, por inexistencia actual de las empresas, imposibilidad de compulsa de toda documentación o circunstancias análogas, la Caja así lo resuelva expresamente, en cada caso. Antes de que se tome esta resolución, las empresas serán intimadas administrativamente para que documenten estos servicios mediante las planillas respectivas, dentro del término perentorio de diez días siguientes al de la intimación. Si no lo hicieren quedarán obligadas al pago de la deuda por concepto de aportes, resultante de los servicios que se den por probados, el que deberán efectuar dentro de igual termino siguiente a la fecha de notificación de lo adeudado.
Artículo 6º.- Para calcular los reintegros debidos por los servicios probados mediante presunción, la actuación total de los titulares o de los causantes en su caso, se considera dividida en tres períodos decenales cuyos sueldos se fijan para el primero y el segundo períodos, respectivamente, en el 25 y en el 50% de los sueldos percibidos en el tercer período que los forman los diez años finales de servicios. Si la actuación total excediera de treinta años, el sueldo básico para el cálculo del reintegro por el tiempo excedente de servicios, se fija en el 15% de dicho promedio.
Cuando en el tercer período haya servicios y sueldos no documentados, los reintegros debidos por éstos equivaldrán para cada mes al promedio mensual de servicios y sueldos documentados.
Artículo 7º.- El trámite de las gestiones de pasividad iniciadas en la Caja de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, a partir del 1º de agosto de 1947, se ajustará a lo dispuesto en los respectivos artículos siguientes.
Cuando se trate de jubilaciones de afiliados que cesaron en la actividad o de pensiones, se aplicarán a su tramitación las disposiciones de los artículos 8º, 9º, 11, 12 y 13; y las de los artículos 16 a 21 cuando se trate de jubilaciones pedidas desde el cargo.
Artículo 8º.- Al solicitar la pasividad, los interesados formularán ante la Caja una declaración explícita de los servicios que invocan y adjuntarán, además, la certificación escrita de las empresas en que fueron prestados, especificando períodos de trabajo, sueldos, jornales, viáticos, aguinaldos, premios, valor de la casa-habitación, etc., así como también adjuntarán, cuando proceda, las pruebas pertinentes de la edad o el estado civil y demás extremos que deben justificar.
La mencionada certificación se fundará en la documentación de las empresas y se amoldará a las condiciones, y formalidades que determine el Directorio del Instituto, quedando obligadas las empresas a expedir aquélla a los interesados que se la soliciten, dentro del plazo de quince días.
La falsa declaración o la certificación alterada o falsa, serán consideradas falsificación documentaria, de acuerdo con, el Capítulo II del Título VIII del Código Penal, en lo aplicable.
La negativa o el retardo de la empresa en expedir la certificación, constatados por la Caja, constituirán una de las formas de conducta prevista en el apartado B) del artículo 53 de la ley de 6 de octubre de 1919, modificado por el artículo 23 de la presente.
Artículo 9º.- A la falta de la certificación escrita a que se refiere el artículo anterior, se admitirá la declaración de dos testigos por cada empresa.
Artículo 10.- La Caja tomará las medidas necesarias para fiscalizar y verificar la exactitud y autenticidad de tu certificaciones expedidas por las empresas, organizando registro de firmas, disponiendo la compulsa de la documentación original, etc.
Artículo 11.- La Caja de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, habilitará los medios necesarios para la recepción de pruebas, y entregará al interesado la constancia de haber cumplido con lo que establecen los artículos 8º y 9º de esta ley.
Artículo 12.- Presentadas las pruebas exigidas por la Caja las estudiará en el término de 120 días, y aceptadas, tendrá un nuevo plazo de 90 días para proceder a fijar - tomándolas como base - el monto de la pasividad y el pago de la asignación jubilatoria.
Normalizada la situación del Instituto -según lo previsto en el artículo 24 de esta ley- dichos términos serán reducidos a 80 y 60 días, respectivamente.
Artículo 13.- Cuando el Directorio del Instituto no se haya expedido dentro de los plazos que establecen los artículos 12 y 20, el afiliado tendrá derecho al pago de un anticipo cuyo monto máximo será del 70% de su pasividad. En este caso, el interesado se presentará en papel simple ante el Administrador General de la Caja, quien dispondrá el pago -si procede- dentro del término de 10 días de recibida la reclamación, debiendo dar cuenta al Directorio en la primera reunión que éste realice.
Transcurridos noventa días desde que se hizo efectivo el pago del anticipo sin que el Directorio del Instituto se haya pronunciado definitivamente sobre la reclamación del interesado, éste percibirá su asignación íntegra, por concepto de anticipo, salvo que exista resolución contraria fundada de dicho organismo
Artículo 14.- No obstante lo establecido en los artículos precedentes, la Caja podrá aún después concedidas las jubilaciones, pensiones y traspasos, hacer la revisión de los mismos y comprobada falsedad en las denuncias (artículo 2º) o en las pruebas aportadas (artículos 8º y 9º) disponer la revocación total o parcial de los beneficios concedidos y deducir las acciones penales que correspondan.
Artículo 15.- En los casos que el Instituto determine que corresponde una disminución en el monto de pasividad asignado, procederá a reintegrarse las cantidades pagadas en demasía, por medio de descuentos, que no podrán ser mayores del 30% de la asignación correcta.
Artículo 16.- En las solicitudes de jubilación formulada desde el cargo, ante la Caja de la Industria, Comercio y Servicio Públicos, se establecerá de inmediato una fecha convencional entre la Caja y el afiliado, que se tomará como término de la actividad del solicitante, para la liquidación de haberes jubilatorios.
Los que se hubieran amparado a la disposición precedente, podrán acogerse a lo dispuesto en los artículos 8º y 9º si les sobreviene incapacidad física o fueren despedidos.
Artículo 17.- Los afiliados podrán solicitar jubilación y ampararse de inmediato en lo dispuesto en el artículo anterior, hasta 6 meses antes de adquirir derecho por cumplimiento de las causales de edad o servicios.
Artículo 18.- Cuando el cese real en la actividad sea posterior al fijado convencionalmente, y el afiliado incurra en incompatibilidad, se le aplicarán las disposiciones en vigor.
Artículo 19.- Los servicios de la actividad a que se refiere el artículo anterior, estarán sujetos a los tributos legales, pero no darán derecho a reformar la jubilación para incluirlos, si sólo se prestan por un término de hasta noventa días. Cuando sobrepase este término se aplicará la disposición del artículo 21.
Artículo 20.- Sin perjuicio de lo que disponen los artículos 16, 18 y 19 de esta ley, el pago de la pasividad deberá iniciarse dentro de los 60 días a contar de la fecha del cese convencional.
Artículo 21.- Si por causas no imputables al interesado, vence el plazo anterior sin haberse iniciado el pago de la jubilación, los servicios que el afiliado preste de nuevo dentro de un año subsiguiente, no estarán sujetos a tributos legales y la Caja devolverá de oficio los que por error se hubiesen retenido del sueldo o salario. Esos servicios y los indicados en el artículo 19 dan derecho a la reforma de la jubilación para computarlos, pero ésta sólo se podrá pedir después que la jubilación se halla en curso de pago.
Artículo 22.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley de 11 de enero de 1934, por el siguiente:
| "ARTICULO 11.- Las
personas que vuelvan o hayan vuelto a la actividad, con posterioridad a la ley de
inclusión de sus servicios anteriores deberán cumplir o haber cumplido, en forma
continua o no, un término de cinco años de permanencia en la plana activa, para tener
derecho a la jubilación. |
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| También tendrán este derecho o causarán pensión las personas que, dentro de ese término, se imposibiliten para todo trabajo o fallecieren, respectivamente". |
La disposición precedente es aplicable a las situaciones que se hayan configurado desde el 1º de febrero de 1934, pero sólo se servirán los haberes que causen desde la fecha de promulgación de esta ley, salvo caducidad.
Las Cajas procederán de oficio a las reformas de cédulas.
Artículo 23.- Sustitúyense los artículos 11, 53 y 54 de la ley de 6 de octubre de 1919, por los siguientes:
| "ARTICULO 11.- Las
empresas cuyo personal esté comprendido en los beneficios de esta ley, quedan obligadas a
efectuar los descuentos a que se refiere el inciso B) del artículo 7º
y a pagarlos en la forma que determinen las leyes o reglamentos, con lo percibido de
acuerdo con los incisos A), C) y G) del mismo artículo dentro del mes siguiente al
mes vencido, sin deducir cantidad alguna por ningún concepto. |
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| ARTICULO 53.- Las
empresas comprendidas en las distintas leyes de jubilaciones que defrauden o hicieren
falsas declaraciones u obstaculizaren de cualquier modo el fiel cumplimiento de las leyes,
serán pasibles de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las penales que pudieren
corresponder: |
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| A) | Cuando se trataré de
defraudación, quedarán obligadas a abonar el duplo de la cantidad defraudada, sus
intereses, costas y costos. |
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| Se considera
defraudación tanto la ocultación de personal, como la alteración del tiempo de trabajo
y de las asignaciones percibidas por aquél. Asimismo se considera defraudación,
cualquier acción u omisión de la empresa, que se traduzca en una pérdida de aportes
para la Caja. El Directorio juzgará este último extremo de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, teniendo en cuenta la cantidad del perjuicio y la voluntad de ocasionarlo.
La resolución se tomará por cinco votos conformes. |
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| Una vez aplicadas
tales sanciones, el Directorio no podrá exonerarlas y deberá exigir su cobro por la vía
judicial cuando fuere necesario. |
||
| Cualquier funcionario
del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay podrá denunciar las infracciones a
que se refiere el inciso primero. |
||
| De los créditos que
realice la Caja por efecto de esas denuncias, el Directorio deberá destinar un porcentaje
a la retribución de los denunciantes, el que se estipulará en un reglamento aprobado por
cinco votos. |
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| B) | Cuando la conducta de la empresa
se traduzca únicamente en obstaculizar la acción de la Caja, aquélla será pasible de
multas que oscilarán entre doscientos y mil pesos, las que sólo podrán exonerarse por
resolución fundada del Directorio, adoptada por cinco votos conformes. |
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| ARTICULO 54.- Las
empresas que no pagaron en el tiempo y forma establecidos por los artículos 11
y 47 de esta ley,
las sumas a que están obligadas con sujeción a la misma, sufrirán por vía de multa, un
recargo de 5% anual, sobre esas sumas, hasta tanto las paguen con el interés del 7%
anual, a contar, igual que el recargo, desde el primer día de la demora. |
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| La
Administración de la Caja tendrá personería para promover ante los Jueces y Tribunales
de la República, las acciones que correspondan para hacer efectivas las acciones y
penalidades de esta ley. |
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| Comprobada
administrativamente la mora de la empresa, la Administración de la Caja estará obligada
a extender un certificado en el que conste el monto preciso de la deuda, cuyo documento
autenticado por un Escribano de la Caja, constituirá título ejecutivo y dará lugar a
las acciones previstas en el inciso anterior. |
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| No sufrirán el recargo de 5% las empresas que paguen las sumas a que se refiere el precedente artículo 54, dentro de los doce meses de la promulgación de esta ley". | ||
Artículo 24.- Fijase un término de 36 meses a partir de la fecha de la publicación de esta ley, para el despacho de los expedientes a que se refiere el artículo 1º.
Artículo 25.- Declárase aplicable a las gestiones sobre jubilación o pensión ante la Caja de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, lo dispuesto en el artículo 87 y concordantes de la ley número 9.940, de 2 de julio de 1940.
Artículo 26.- Los jubilados o pensionistas de las distintas Cajas que integran el Instituto de Jubilaciones y Pensión del Uruguay, que residan en campaña, podrán obtener que aquéllas les remitan sus haberes al lugar de su residencia, sin otro descuento que el correspondiente al derecho de giro.
Bastará a tales efectos, que lo soliciten por escrito al Administrador o Gerente de la Caja respectiva, en papel simple, certificándose la firma por el Juez de Paz de la sección en que se domicilie.
La certificación de firma se hará gratuitamente y los jubilados y pensionistas deberán justificar mensualmente su existencia y no encontrarse en situación de incompatibilidad.
Artículo 27.- Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de enero de 1948.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos y archívese.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |