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1. A efectos del presente Convenio, la expresión agencia de empleo privada designa a toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo:
| a) | servicios destinados a vincular
ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las
relaciones laborales que pudieran derivarse; |
| b) | servicios consistentes en emplear
trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o
jurídica (en adelante "empresa usuaria"), que determine sus tareas y supervise
su ejecución; |
| c) | otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información, sin estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda específicas. |
2. A efectos del presente Convenio, el término "trabajadores" comprende a los solicitantes de empleo.
3. A efectos del presente Convenio, la expresión tratamiento de los datos personales
de los trabajadores designa la recopilación, almacenamiento, combinación y comunicación
de los datos personales, o todo otro uso que pudiera hacerse de cualquier información
relativa a un trabajador identificado o identificable.
1. El presente Convenio se aplica a todas las agencias de empleo privadas.
2. El presente Convenio se aplica a todas las categorías de trabajadores y a todas las ramas de actividad económica. No se aplica al reclutamiento y colocación de la gente de mar.
3. El presente Convenio tiene como una de sus finalidades permitir el funcionamiento de las agencias de empleo privadas, así como la protección de los trabajadores que utilicen sus servicios, en el marco de sus disposiciones.
4. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, todo Miembro podrá:
| a) | prohibir, en determinadas
circunstancias, el funcionamiento de las agencias de empleo privadas con respecto a
ciertas categorías de trabajadores o en ciertas ramas de actividad económica en lo que
ata¨e a la prestación de uno o más de los servicios a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1; |
| b) | excluir, en determinadas circunstancias, a los trabajadores de ciertas ramas de actividad económica, o de partes de éstas, del campo de aplicación del presente Convenio, o de algunas de sus disposiciones, siempre que se garantice por otros medios a los trabajadores en cuestión una protección adecuada. |
5. Todo Miembro que ratifique el Convenio deberá indicar, en las memorias que envíe
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, las prohibiciones o exclusiones a las que en
su caso se acoja en virtud del párrafo 4 del presente artículo, motivándolas
debidamente.
1. La determinación del régimen jurídico de las agencias de empleo privadas se efectuar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.
2. Todo Miembro deberá determinar, mediante un sistema de licencias o autorizaciones,
las condiciones por las que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo privadas
salvo cuando dichas condiciones estén determinadas de otra forma por la legislación y la
práctica nacionales.
Se adoptarán medidas para asegurar que los trabajadores contratados por las agencias
de empleo privadas que prestan los servicios a los que se hace referencia en el artículo 1 no se vean privados del derecho de libertad sindical y
del derecho a la negociación colectiva.
1. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y a las diferentes profesiones, todo Miembro velará por que las agencias de empleo privadas traten a los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación cubierta en la legislación y la práctica nacionales, tales como la edad o la discapacidad.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no serán obstáculo a que
las agencias de empleo privadas faciliten servicios especiales o apliquen programas
destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda
de empleo.
El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo privadas deberá:
| a) | efectuarse en condiciones que
protejan dichos datos y que respeten la vida privada de los trabajadores, de conformidad
con la legislación y la práctica nacionales; |
| b) | limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente pertinente. |
1. Las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa.
2. En interés de los trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo respecto de determinadas categorías de trabajadores, así como de determinados servicios prestados por las agencias de empleo privadas.
3. Todo Miembro que autorice excepciones en virtud del párrafo 2 del presente
artículo deberá, en las memorias que envíe de conformidad con el artículo 22 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, suministrar información
acerca de esas excepciones y motivarlas debidamente.
1. Todo Miembro deberá, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, adoptar todas las medidas necesarias y convenientes, dentro de los límites de su jurisdicción y, en su caso, en colaboración con otros Miembros, para que los trabajadores migrantes reclutados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas gocen de una protección adecuada y para impedir que sean objeto de abusos. Esas medidas comprenderán leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas o abusos.
2. Cuando se recluten trabajadores en un país para trabajar en otro, los Miembros
interesados considerarán la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales para
evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y empleo.
Todo Miembro tomará medidas para asegurar que las agencias de empleo privadas no
recurran al trabajo infantil ni lo ofrezcan.
La autoridad competente deberá garantizar que existen mecanismos y procedimientos
apropiados en los que colaboren si es conveniente las organizaciones más representativas
de empleadores y de trabajadores, para examinar las quejas, los presuntos abusos y las
prácticas fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo
privadas.
Todo Miembro adoptará, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección adecuada en materia de:
| a) | libertad sindical; |
| b) | negociación colectiva; |
| c) | salarios mínimos; |
| d) | tiempo de trabajo y demás
condiciones de trabajo; |
| e) | prestaciones de seguridad social
obligatorias; |
| f) | acceso a la formación; |
| g) | seguridad y salud en el trabajo; |
| h) | indemnización en caso de
accidente de trabajo o enfermedad profesional; |
| i) | indemnización en caso de
insolvencia y protección de los créditos laborales; |
| j) | protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales. |
Todo Miembro deberá determinar y atribuir, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las responsabilidades respectivas de las agencias de empleo privadas que prestan los servicios que se mencionan en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, y de las empresas usuarias, en relación con:
| a) | la negociación colectiva; |
| b) | el salario mínimo; |
| c) | el tiempo de trabajo y las demás
condiciones de trabajo; |
| d) | las prestaciones de seguridad
social obligatorias; |
| e) | el acceso a la formación; |
| f) | la protección en el ámbito de
la seguridad y la salud en el trabajo; g) la indemnización en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional; |
| e) | la indemnización en caso de
insolvencia y la protección de los créditos laborales; |
| f) | la protección y las prestaciones de maternidad y la protección y prestaciones parentales. |
1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, todo Miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas.
2. Las condiciones que se mencionan en el párrafo 1 del presente artículo deberán reconocer el principio de que las autoridades públicas retienen competencias para, en última instancia:
| a) | formular políticas de mercado de
trabajo; |
| b) | utilizar y controlar la utilización de fondos públicos destinados a la aplicación de esa política. |
3. Las agencias de empleo privadas deberán, con la periodicidad que la autoridad competente disponga, facilitarle la información que precise, teniendo debidamente en cuenta su carácter confidencial:
| a) | con el fin de permitirle conocer
la estructura y las actividades de las agencias de empleo privadas, de conformidad con las
condiciones y las prácticas nacionales; |
| b) | con fines estadísticos. |
4. La autoridad competente deberá compilar y, a intervalos regulares, hacer pública
esa información.
1. Las disposiciones del presente Convenio se aplicar n por medio de la legislación o por otros medios conformes a la práctica nacional, como decisiones judiciales, laudos arbitrales o convenios colectivos.
2. El control de la aplicación de las disposiciones destinadas a dar efecto al presente Convenio correrá a cargo de los servicios de inspección del trabajo o de otras autoridades públicas competentes.
3. Se deberían prever y aplicar efectivamente medidas de corrección adecuadas, con
inclusión de sanciones si hubiese lugar, en los casos de infracción de las disposiciones
del presente Convenio.
El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables aplicables en virtud
de otros convenios internacionales del trabajo.
El presente Convenio revisa el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949, y el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933.
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de
los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrar en vigor el presente
Convenio.
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 23
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente Convenio, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
| a) | la ratificación, por un Miembro,
del nuevo convenio revisor implicará, ipso iure, la denuncia inmediata de este Convenio,
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; |
| b) | a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. |
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales,
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |