1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por persona inválida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.
2. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.
3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Convenio mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y conformes con la práctica nacional.
4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las categorías de
personas inválidas.
De
conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro
formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de
readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a
promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del
empleo.
Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de
oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las
medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y
de trato entre
los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán
considerarse discriminatorias respecto de estos últimos.
Se consultará a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
sobre la aplicación de dicha política y, en particular, sobre las medidas que deben
adoptarse para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos
y privados que participan en actividades de readaptación profesional. Se consultará
asimismo a las organizaciones representativas constituidas por personas inválidas o que
se ocupan de dichas personas.
Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros métodos conformes con
las
condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar las medidas necesarias para aplicar
los artículos 2, 3, 4 y 5 del presente Convenio.
Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los
servicios de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines,
a fin de que las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el
mismo; siempre que sea posible y adecuado, se utilizarán los servicios existentes para
los trabajadores en general, con las adaptaciones necesarias.
Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de
readaptación profesional y de empleo para personas inválidas en las zonas rurales y en
las comunidades apartadas.
Todo Miembro deberá esforzarse en asegurar la formación y la disponibilidad de
asesores en materia de readaptación y de otro personal cualificado que se ocupe de la
orientación profesional, la formación profesional, la colocación y el empleo de
personas inválidas.
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de
los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación
del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) | la ratificación, por un Miembro,
del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio,
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; |
b) | a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. |
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales,
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |