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Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se compromete a
respetar los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores
migrantes.
1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio deberá tratar de determinar sistemáticamente si en su territorio se encuentran trabajadores migrantes empleados ilegalmente y si existen movimientos migratorios con fines de empleo provenientes o con destino a su territorio, o en tránsito por éste, en los cuales los migrantes se vean sometidos durante el viaje, a su llegada o durante su permanencia y empleo, a condiciones que infrinjan los instrumentos internacionales o acuerdos multilaterales o bilaterales pertinentes, o la legislación nacional.
2. Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberán ser
consultadas plenamente y deberán tener la posibilidad de proporcionar la información de
que dispongan al respecto.
Todo Miembro deberá adoptar todas las medidas necesarias y convenientes, tanto en el ámbito de su propia jurisdicción como en colaboración con otros Miembros:
| a) | para suprimir las migraciones
clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes; |
| b) | contra los organizadores de movimientos ilegales o clandestinos de migrantes con fines de empleo, que procedan de su territorio, se dirijan a él o transiten por el mismo, y contra los que empleen a trabajadores que hayan inmigrado en condiciones ilegales, a fin de evitar y suprimir los abusos a que se refiere el artículo 2 del presente Convenio. |
Los Miembros deberán, en particular, adoptar las medidas
necesarias en los planos
nacional e internacional para establecer en esta materia contactos e intercambios
sistemáticos de información con los demás Estados, en consulta con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores.
Las medidas previstas en los artículos 3 y 4 deben tener
especialmente por objeto que los traficantes de mano de obra puedan ser objeto de una
acción en justicia sea cual fuere el país que sirve de base a sus operaciones.
1. Deberán adoptarse disposiciones en la legislación nacional para llegar a investigar eficazmente el empleo ilegal de trabajadores migrantes así como para la definición y aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales, incluyendo la prisión, para el empleo ilegal de trabajadores migrantes, para la organización de migraciones con fines de empleo que se definen como abusivas en el artículo 2 del presente Convenio y para la asistencia deliberadamente prestada, con fines lucrativos o no, a tales migraciones.
2. Cuando un empleador sea objeto de una acción en justicia en aplicación de las
disposiciones que se tomen en virtud del presente artículo, deberá tener el derecho de
establecer la prueba de su buena fe.
Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberán ser
consultadas acerca de la legislación y de las demás medidas previstas en el presente
Convenio a fin de evitar o suprimir los abusos arriba mencionados, y deberá
reconocérseles la posibilidad de tomar iniciativas a este respecto.
1. A condición de haber residido legalmente en el país con fines de empleo, el trabajador migrante no podrá ser considerado en situación ilegal o irregular por el hecho mismo de la pérdida de su empleo, la cual no deberá entrañar por sí misma el retiro de su permiso de residencia o, llegado el caso, de su permiso de trabajo.
2. Deberá, en consecuencia, beneficiarse de un trato igual al de los nacionales,
especialmente en lo que se refiere a las garantías en materia de seguridad en el empleo,
obtención de otro empleo, obras para absorber el desempleo y readaptación.
1. Sin perjuicio de las medidas adoptadas para controlar los movimientos migratorios con fines de empleo, que aseguren que los trabajadores migrantes ingresen en el territorio nacional y sean admitidos al empleo de conformidad con la legislación pertinente, el trabajador migrante deberá, en los casos en que dicha legislación no haya sido respetada y en los que su situación no pueda regularizarse, disfrutar, tanto él como su familia, de igualdad de trato en lo concerniente a los derechos derivados de empleos anteriores en materia de remuneración, seguridad en el empleo y otros beneficios.
2. En caso de controversia sobre los derechos a que se refiere el párrafo anterior, el trabajador deberá tener la posibilidad de defender sus derechos ante un organismo competente, ya sea personalmente o por intermedio de sus representantes.
3. En caso de expulsión del trabajador o su familia, no deberían éstos correr con los costos de la expulsión.
4. Nada en el presente Convenio impedirá a los Miembros la concesión, a las personas
que residen o trabajan de manera ilegal en el país, del derecho a permanecer en él y ser
legalmente empleadas.
Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se compromete a
formular y a aplicar una política nacional destinada a promover y a garantizar, por
los
métodos adaptados a las circunstancias y usos nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y profesión, seguridad social, derechos sindicales y
culturales y libertades individuales y colectivas para las personas que, en su condición
de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su
territorio.
1. A los fines de la aplicación de la presente parte del Convenio, la expresión trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia; incluye también a toda persona admitida regularmente como trabajador migrante.
2. La presente parte del Convenio no se aplicará a:
| a) | los trabajadores
fronterizos; |
| b) | los artistas y las personas que
ejerzan una profesión liberal y que entren en el país por un período de corta
duración; |
| c) | la gente de mar; |
| d) | las personas que hayan entrado en
el país con fines especiales de formación o de educación; |
| e) | las personas empleadas en organizaciones o empresas que operan dentro del territorio de un país que han sido admitidas temporalmente en dicho país, a solicitud de sus empleadores, para cumplir trabajos o funciones específicos por un período definido o limitado de tiempo y que están obligadas a abandonar el país al término de sus trabajos o funciones. |
Todo Miembro deberá, mediante métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales:
| a) | hacer lo posible por obtener la
colaboración de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos
apropiados para promover la aceptación y observancia de la política prevista en el artículo 10 del presente Convenio; |
| b) | adoptar las medidas legislativas
y promover los programas educativos que resulten necesarios para lograr dicha aceptación
y dicha observancia; |
| c) | tomar medidas, promover programas
de educación y fomentar otras actividades tendientes a que los trabajadores migrantes
conozcan lo mejor posible la política adoptada, sus derechos y obligaciones, así como
las actividades destinadas a prestarles ayuda efectiva en el ejercicio de sus derechos y
para su protección; |
| d) | derogar toda disposición
legislativa y modificar toda norma o práctica administrativa que sea incompatible con
dicha política; |
| e) | elaborar y poner en práctica, en
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, una
política social adecuada a las condiciones y prácticas nacionales que permita a los
trabajadores
migrantes y a sus familias disfrutar de los beneficios acordados a sus
nacionales, teniendo en cuenta, sin infringir el principio de la igualdad de oportunidades
y de trato, las necesidades particulares que pudiesen tener hasta el momento en que su
adaptación a la sociedad del país de empleo se haya completado; |
| f) | tomar las medidas necesarias a
fin de ayudar y estimular los esfuerzos que realicen los trabajadores migrantes y sus
familias para preservar su identidad nacional y étnica, así como sus vínculos
culturales con su país de origen, incluyendo la posibilidad de que sus hijos reciban
enseñanza de su lengua materna; |
| g) | garantizar la igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo a todos los trabajadores migrantes que ejerzan la misma actividad, cualesquiera que sean las condiciones particulares de su empleo. |
1. Todo Miembro podrá adoptar todas las medidas necesarias, que dependan de su propia competencia, y colaborar con otros Miembros a fin de facilitar la reunión de familias de todos los trabajadores migrantes que residan legalmente en su territorio.
2. El presente artículo se refiere al cónyuge del trabajador migrante y, en la medida
en que estén a su cargo, a los hijos, al padre y a la madre del migrante.
Todo Miembro podrá:
| a) | subordinar la libre elección del
empleo, sin dejar de asegurar el derecho a la movilidad geográfica, a la condición de
que el trabajador migrante haya
residido legalmente en el país con fines de empleo
durante un período prescrito, que no deberá exceder de dos años o, si la legislación
exige un contrato de duración determinada inferior a dos años, a que el trabajador haya
cumplido su primer contrato de trabajo. |
| b) | después de consultar debidamente
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores representativas, reglamentar las
condiciones de reconocimiento en el país de las calificaciones laborales adquiridas fuera
de él, inclusive los certificados y diplomas obtenidos en el extranjero; |
| c) | restringir el acceso a categorías limitadas de empleos o de funciones, cuando así lo exija el interés del Estado. |
El presente Convenio no impide a los Miembros celebrar acuerdos multilaterales o
bilaterales con miras a resolver los problemas resultantes de su aplicación.
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, mediante una declaración anexa a su ratificación, excluir una de las partes I o II de su aceptación del Convenio.
2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de esta índole podrá en cualquier momento anular esta declaración mediante una declaración posterior.
3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración formulada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo, deberá indicar en sus memorias subsiguientes
sobre la aplicación del presente Convenio el estado de su legislación y práctica
respecto de las disposiciones de la parte excluida de la aceptación, la
medida en que
haya puesto o se proponga poner en ejecución estas disposiciones y las razones por las
cuales no las ha incluido aún en su aceptación del Convenio.
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de
los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación
del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
| a) | la ratificación, por un Miembro,
del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio,
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; |
| b) | a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. |
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales,
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |