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A los efectos del presente Convenio, la expresión licencia pagada de estudios significa una licencia concedida a los trabajadores, con fines educativos, por un período determinado, durante las horas de trabajo y con pago de prestaciones económicas adecuadas.
Cada Miembro deberá formular y llevar a cabo una política para fomentar, según métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, y de ser necesario por etapas, la concesión de licencia pagada de estudios con fines:
| a) | de formación profesional a todos
los niveles; |
| b) | de educación general, social o
cívica; |
| c) | de educación sindical. |
La política a que se refiere el artículo anterior deberá tener por objeto contribuir, según modalidades diferentes si fuere preciso:
| a) | a la adquisición, desarrollo y
adaptación de las calificaciones profesionales y funcionales y al fomento del empleo y de
la seguridad en el empleo en condiciones de desarrollo científico y técnico y de cambio
económico y estructural; |
| b) | a la participación activa y
competente de los trabajadores y de sus representantes en la vida de la empresa y de la
comunidad; |
| c) | a la promoción humana, social y
cultural de los trabajadores; y |
| d) | de manera general, a favorecer una educación y una formación permanentes y apropiadas que faciliten la adaptación de los trabajadores a las exigencias de la vida actual. |
Esta política deberá tener en cuenta el grado de desarrollo y las necesidades
particulares del país y de los diferentes sectores de actividad y deberá coordinarse con
las políticas generales en materia de empleo, educación y formación profesional y con
las relativas a la duración del trabajo, y tomar en consideración, en los casos
apropiados, las variaciones estacionales en la duración o en el volumen del trabajo.
La concesión de la licencia pagada de estudios podrá ponerse en práctica mediante la
legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales, o de cualquier
otro modo compatible con la práctica nacional.
Las autoridades públicas, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las
instituciones u organismos dedicados a la educación o a la formación deberán aunar sus
esfuerzos, según modalidades adecuadas a las condiciones y prácticas nacionales, para la
elaboración y puesta en práctica de la política destinada a fomentar la licencia pagada
de estudios.
La financiación de los sistemas de licencia pagada de estudios deberá efectuarse en
forma regular, adecuada y de acuerdo con la práctica nacional.
La licencia pagada de estudios no deberá negarse a los trabajadores por motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social.
Cuando sea necesario, deberán establecerse disposiciones especiales sobre la licencia pagada de estudios:
| a) | en los casos en que categorías
particulares de trabajadores, tales como los trabajadores de pequeñas empresas, los
trabajadores rurales y otros que habiten en zonas aisladas, los trabajadores por turnos o
los trabajadores con responsabilidades familiares, tengan dificultad para ajustarse al
sistema general; |
| b) | en los casos en que categorías particulares de empresas, como las empresas pequeñas o las empresas estacionales, tengan dificultad para ajustarse al sistema general, en la inteligencia de que los trabajadores ocupados en estas empresas no serán privados del beneficio de la licencia pagada de estudios. |
Las condiciones de elegibilidad de los trabajadores para beneficiarse de la licencia pagada de estudios podrán variar según que la licencia pagada de estudios tenga por objeto:
| a) | la formación profesional a todos
los niveles; |
| b) | la educación general, social o
cívica; |
| c) | la educación sindical. |
El período de la licencia pagada de estudios deberá asimilarse a un período de
trabajo efectivo
a efectos de determinar los derechos a prestaciones sociales y otros
derechos que se deriven de la relación de empleo con arreglo a lo previsto por la
legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o cualquier otro
método compatible con la práctica nacional.
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce
meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de
los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación
del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
| a) | la ratificación, por un Miembro,
del
nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio,
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 14,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; |
| b) | a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. |
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales,
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |