COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

(Sesión celebrada el día 5 de mayo de 2022).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:50).

                ‒Como se indica en el primer punto del orden del día, dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Solicitud de audiencia de la Asociación de Funcionarios Aduaneros por reestructura, descuentos de sueldo, teletrabajo y condiciones laborales en la Administración de Aduanas de Artigas.

                Solicitud de audiencia de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (agendada para el día de la fecha) por problemas laborales.

                Solicitud de audiencia del grupo Marcha por los Profesionales y sus Derechos, por situación de la caja de profesionales.

                Solicitud de audiencia del grupo Cincuentones por considerar una discriminación el cálculo jubilatorio de la Ley n.º 19590, artículo 16».

                ‒Si los señores senadores están de acuerdo, los invitaríamos a concurrir a las próximas reuniones.

(Apoyados).

                –A continuación, como figura en el punto tercero del orden del día, corresponde recibir a representantes del Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay.

(Ingresan a sala los representantes del Sudeppu).

 

                ‒En nombre de la comisión, es un gusto recibir a la delegación del Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay, integrada por los señores Leonardo Musetti, Sergio Colo y Daniel Cocchi, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR COLO.- Buenas tardes y gracias por recibirnos.

                En el momento en que pedimos audiencia a esta comisión ‒obviamente, estábamos en emergencia sanitaria por la pandemia‒ teníamos una dificultad puntual, pero, como habrán escuchado varias veces, la industria de la pesca tiene varios problemas habitualmente.

                Lo que nos trae hoy en día aquí es un pedido concreto, por un cambio que hubo en el BPS. Cada vez que los barcos estaban sin trabajar, por distintas razones ‒por rotura o lo que fuera‒ los trabajadores tenían acceso al seguro de paro. La metodología que se usa ahora es que la empresa entregue el formulario, pero en determinadas circunstancias se niega a hacerlo. Concretamente, el problema que tenemos aún hoy es con la empresa Tolimar, que tiene varios buques; son armadores de pesca a los que conocemos hace muchos años, desde que estamos en la pesca; si bien la razón social ha cambiado, los barcos siguen siendo los mismos. Lo que sucedió aquí fue que estos barcos, que habitualmente y en su gran mayoría pescan en la modalidad de pareja –les llamamos barcos de costa, de media altura–, a fin de año, como es costumbre, hicieron un viaje antes de las fiestas tradicionales, entraron y la flota quedó parada. En ese momento tuvieron lugar las asambleas generales ordinarias de los tres sindicatos. Quizá resulte un poco complicado de explicar, pero trataré de hacerlo. En cada barco hay tres sindicatos a bordo: estamos nosotros, que somos los patrones de cabotaje y pesca; está el Suntma, integrado por los tripulantes de cubierta, y el Centro de Maquinistas Navales, formado por los maquinistas. Cuando finalizamos nuestra asamblea avisamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Dinatra y a las distintas empresas que a partir del 7 de enero quedábamos a la orden para salir. Esto es algo que hacemos todos los años. La casuística llevó a que algunos barcos no estuvieran arranchados –como decimos nosotros–, alistados y prontos para salir, esto es, con combustible, artes de pesca, provisiones, hielo, etcétera. Hubo sí una pareja, vinculada a esta empresa en cuestión, que salió el 10 de enero. Sin embargo, los días seguían pasando y al ver que el resto de los barcos no salía, nuestros compañeros patrones empezaron a pedir a la empresa que les hiciera el formulario porque no había indicio alguno de que a corto plazo pudieran salir. En el ínterin comenzó el conflicto de la descarga, otro gremio, obviamente, que no está vinculado al Sudeppu. Es bueno recalcar que en situaciones en las que se producían conflictos con otros gremios se entregaba el formulario a los patrones, porque no eran ellos los que estaban en conflicto, pero en este caso la empresa empieza a negarse. Entonces, un problema que estábamos abordando en forma bipartita pasó a la Dinatra. En ese ámbito tuvimos sucesivas reuniones, pero siempre estaba presente la negativa, hasta que el 14 de febrero labramos un acta –vamos a dejar una copia a la comisión– en la que decíamos que nos encontrábamos a fojas cero; de un lado no, del otro sí, y no había alguien que decidiera.

La tesitura del Banco de Previsión Social es la de que si la empresa no envía el formulario, no puede acceder. Los trabajadores, acostumbrados obviamente al sistema, ya habían hecho sus reservas, pero por más que las tuvieran no accedían al seguro de desempleo.

Lo que les estoy relatando llevó un mes, por lo que, diría, esos trabajadores estuvieron un mes a la deriva. Esa es la verdad. Nosotros decimos que estuvieron en el limbo y nos preguntábamos en qué situación se encontraban.

Desde el punto de vista económico no estamos hablando de un número grande; en realidad, estamos peleando por el concepto. No puede ser que una empresa habitualmente diga –como lo ha hecho en reiteradas oportunidades– que los patrones a bordo del barco son los gerentes de la empresa. ¡Con más razón! Si somos personal de confianza, si somos gerentes de la empresa a bordo del barco, no puede ser que nos tengan indefinidamente en el aire. Después de quince días todos sabemos lo que sucede y nosotros no lo buscamos; por el contrario, siempre priorizamos la fuente de trabajo. En este caso concreto transcurrió un mes, pero a lo largo del año ocurren diferentes casos en los que pasan catorce, quince o veinte días y dicen: «Esperame que cuando esté pronto el barco te llamo». No debería funcionar así por más que existan sueldos diferenciados, pues a bordo del barco somos los que ganamos más por las responsabilidades que tenemos. En ese tipo de barco somos su capitán; todo lo que suceda a bordo es nuestra responsabilidad, como lo es nuestra cabeza. Entonces, reitero, no puede ser que nos tengan en el aire. Es una falta de respeto de la empresa hacia sus propios trabajadores.

Después de eso iniciamos un expediente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque vimos que por la vía de la Dinatra no había más negociación y fue ahí cuando decidimos recurrir a esta comisión para ver si era posible abrir alguna puerta. Queremos dejar bien claro que el Sudeppu apuesta a la negociación hasta el final y hemos dejado muestras de sobra en ese sentido. Hace veintisiete meses que venimos planteando con la cámara –no con una empresa sola– otro tema que implica mucho más dinero que un seguro de paro, que es el de la comisión de precio, y no hemos hecho una sola medida; siempre apostamos a la negociación.   

Luego de ese expediente nos dieron vista en el ministerio –les vamos a dejar copia de todo el material– y nosotros la evacuamos el 28 de abril; o sea, hace pocos días. Eso sigue dando vueltas en el ministerio, va de una dependencia a otra; por ejemplo, fue dos veces a la Dinatra. Allí dijeron que teníamos razón. El director nacional de Trabajo, Federico Daverede, mirándonos a la cara, nos dijo que teníamos razón en ese reclamo puntual. Por el propio director nos llegó que el ministro de Trabajo y Seguridad Social expresó que teníamos razón, pero al momento seguimos en vueltas. 

No queremos solucionar solo ese tema concreto. Queremos que quede claro para el futuro, porque este es un motivo de conflicto. Hemos tenido paciencia hasta el momento porque sabemos que hay otros trabajadores que están muy complicados. Entonces, «mascamos el freno», como decimos vulgarmente, pero no podemos estar en esta situación en forma indefinida ni queremos que sucedan a lo largo del año. 

Deseo aprovechar para decirles –y luego cedo la palabra a los compañeros– que recientemente la cámara se ha pronunciado a nivel público, a través de medios de prensa, y nosotros también hicimos algunas puntualizaciones. Enviamos un comunicado de prensa que lamentablemente fue leído solo por nosotros. Son cosas que pasan; gajes del oficio, pero queremos hacer determinadas puntualizaciones porque la cámara insiste en que el objetivo es trabajar trescientos días al año. En todo momento los trabajadores hemos dicho que si es por nosotros lo hacemos por trescientos treinta días al año con treinta días de licencia. Eso también pueden preguntarlo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Dinatra, donde hemos firmado actas diciendo que acompañamos lo de los trescientos días porque nosotros ganamos cuando trabajamos, no cuando estamos parados. Y vamos a decir que, por otro lado, es un sistema perverso. Si el barco no pesca, nosotros no ganamos. Entonces, ¡claro que queremos trabajar! Pero la mayoría de los períodos en los que los barcos no trabajan no ocurre por conflictos gremiales. Hay un montón de barcos involucrados –como los de costa, de media altura, el merlucero– que a lo largo del año pasan períodos y períodos parados por constantes roturas. Hay barcos que en un lapso de quince días –que es la marea promedio de alguno de ellos–  han entrado tres veces al puerto para ser reparados. A eso le podemos sumar algo que no es responsabilidad de los trabajadores ni de los armadores, como es el factor climático. No todas las veces se trata de conflictos gremiales ni del factor climático, sino que en muchas ocasiones se para por rotura. Invito a los señores senadores a que visiten el muelle para que con sus propios ojos puedan ver lo que es la flota de pesca del Uruguay. La mayoría está formada por barcos vetustos y con poco mantenimiento.

SEÑOR MUSETTI.- Primero que nada les agradecemos por recibirnos en la comisión.

                En segundo lugar, creo que la situación está bastante sintetizada, por lo que si tienen alguna duda o pregunta para formularnos sobre el tema, quedamos a las órdenes para responderlas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

                A continuación, cedemos la palabra a los señores senadores que deseen realizar algún tipo de pregunta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Como dijo el señor representante de esta delegación, la estructura de ustedes es un tema complejo. Entiendo el problema del seguro de paro que nos plantean. Por lo que comentan, la empresa no les facilita los formularios correspondientes para acceder a ese seguro de paro. Ese sería el centro del problema. En ese sentido pregunto cómo ha sido la situación en este último tiempo. En enero pasó eso y ustedes dicen que sucede con cierta frecuencia. Me gustaría saber cómo está actualmente la situación.

Por otro lado, consulto cómo es el ordenamiento en cuanto a la flota de pesca del Uruguay. ¿Hay empresas que tienen esa flota, ustedes son patrones y, a la vez, hay trabajadores? Me gustaría conocer cómo es la estructura, que me ilustraran un poco.

Pedimos disculpas en nombre de la comisión por el hecho de que estemos recibiéndolos recién hoy. Estuvo el receso parlamentario y luego el tema del referéndum, lo que hizo que el Parlamento funcionara relativamente poco. Estamos volviendo de a poco a la normalidad.

SEÑORA SANGUINETTI.- Agradecemos a la delegación que haya venido.

                Tengo una pregunta para hacer, que no es del planteo central, pero me dejó pensando. Aquí se habló de barcos vetustos con poco mantenimiento. Me imagino que, como cualquier otro elemento, tienen que cumplir una cierta certificación o inspección. Como lo dijo así, simplemente quería confirmar eso.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando los patrones entran en conflicto, ¿a qué otros trabajadores afecta?

SEÑORA ARISMENDI.- La pregunta que quería formularles es la siguiente.

Ustedes plantean que hubo un cambio en el BPS. Quiere decir que anteriormente era una comunicación, si no me equivoco, del patrón de pesca directamente con el BPS. Entonces, pregunto cuándo y por qué cambió.

SEÑOR MUSETTI.- Con respecto al asunto del BPS, que más o menos está enrabado con la pregunta que hizo la otra senadora, hasta este año había sido normal, en líneas generales. Nos daban los papeles, después de repente demoraban un poquito más, etcétera, pero no había problemas, pero a partir de este año en esta empresa en particular hay una reestructura y cambia de razón social. Hay una reestructura de sociedad dentro de la empresa y nos encontramos con esta situación de que se niegan a realizar algo que normalmente hacían. Estamos hablando de que cambiaron de razón social, pero los dueños de los barcos siguen siendo las mismas personas y nosotros seguimos siendo los mismos trabajadores.

Con respecto a los conflictos, cualquier gremio que tome una medida de fuerza afecta a otros. Si nosotros tomamos una medida de fuerza, por ejemplo una paralización, afectamos a los marineros, que es el SUNTMA, y a los maquinistas, que es la gente de máquinas. Normalmente, cuando pasaba una situación de esas, que había un gremio que tomaba una medida de fuerza, los demás iban al seguro de paro porque no estaban en conflicto y se encontraban a disposición; iban a salir, pero como no había gente no podían hacerlo. Esa era un poco la situación.

En cuanto al mantenimiento de los barcos, legalmente, cada dos años tienen que subir a dique. Normalmente se les está dando prórrogas por parte de las autoridades marítimas mediante una inspección que hacen. Se puede prrorogar hasta dos años más. Ese es el mantenimiento que se le hace a los buques. Lo que nosotros tenemos que contar acá es que el tema no pasa solo por la subida de dique. Yo, por ejemplo, estoy en una empresa de una pareja que tiene un barco de 1962. ¡De estas situaciones estamos hablando! Por más mantenimiento que se le haga al barco, hay que tener uno nuevo para decir que está bien; por más mantenimiento que se le haga, es imposible que pueda seguir soportando el castigo que recibe. Además, los tiempos han cambiado mucho.

 La realidad es que el mantenimiento del barco se hace cuando está en el dique y sí, se hace el trabajo lo más conscientemente posible, pero después el barco sigue navegando y tiene sus problemas; lo que se hace es colocar parches. Tendrían que verlos, porque es así: un parche, dos parches y otro parche. Uno podría decir muchas cosas acá. Ha pasado, por ejemplo, que barcos a los que supuestamente le traen un motor nuevo, no terminan de salir del muelle cuando se les fundió el motor, después de estar seis meses parados. Por ejemplo, el barco en el que yo trabajo fue a dique para ser reparado y todavía no hemos salido a navegar en lo que va del año y no es por un problema nuestro. Es una locura esperar cinco meses para poder salir a trabajar. Reitero que todavía no hemos salido y recién la semana que viene hay posibilidad de empezar a trabajar. Esto no es conflicto ni nada. Como esta, tenemos muchas situaciones que podríamos enumerar.

                Esta es la situación general.

SEÑOR COLO.- Se hizo un par de preguntas que conviene aclarar.

                La figura del patrón de pesca consiste en un capitán de barcos que, en este caso, hace navegación de cabotaje y pesca. No somos dueños de las empresas, sino trabajadores totalmente dependientes, como dijimos antes, y tenemos mayores responsabilidades. Para acceder a ser patrón de pesca se tiene que hacer el curso en la UTU marítima, en la Escuela Técnica Superior Marítima, pero también se debe tener un mínimo de experiencia en la cubierta. Es decir que nosotros pasamos por la cubierta; antes fuimos grumetes –que es el aprendiz–, marineros en algunos casos, después contramaestres y posteriormente patrón, luego de sufrirla unos cuantos años en la cubierta. No salimos de la escuela y somos patrones de un día para el otro. O sea que a la formación técnica le agregamos la experiencia a bordo; somos gente de mar con experiencia.

                Con respecto a la pregunta concreta sobre el BPS, cuando había alguna situación de que una empresa por hache o por be se negaba a darle el formulario al trabajador, hacíamos la reserva y si la empresa por distintas circunstancias no daba el formulario, el BPS actuaba de oficio y accedía a dar el seguro. Obviamente, esto se analiza caso a caso; habrá algunos que les corresponda, y otros que no. En este caso concreto, era lo que nosotros estábamos reclamando. Si la empresa se arroga el derecho o el poder de decir que le hace el formulario a unos, pero a otros no, al trabajador que le corresponda, lo respalda el BPS. Todavía estamos en eso, porque el expediente que nosotros iniciamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aún sigue dando vueltas. Esperamos que se solucione a corto plazo, y es parte de la situación que relaté en mi anterior intervención.

 Nosotros seguimos teniendo paciencia porque por este tema en cuestión, aplicamos una demora en febrero de este año –fue por unos días– porque veíamos que no había solución al tema y había una pareja pronta para salir, a lo que dijimos: «Vamos a ver qué pasa en el ministerio». Después de ciertos hechos accedimos a que vuelva a salir, justamente pensando –y esta fue otra pregunta que se hizo recién– en que afectábamos a otros trabajadores. Fue así como dijimos: «Vamos a mantener la paciencia», «Vamos a dejar que salga esa pareja». Pero cuando dejamos que saliera esa pareja, éramos conscientes –y lo expresamos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– que no todos los barcos afectados de esta empresa iban a salir. La prueba, la realidad de los hechos fue esa: no salieron todos los barcos, hubo trabajadores que continuaron en la misma situación, es decir, con los barcos parados y no por problemas del Sudeppu.

                Espero haber sido suficientemente claro con el problema, pero de todas maneras insisto en que dejo todo el material ordenado con las fechas, incluyendo la sucesión de expedientes y las actas del ministerio.

                No me quiero ir sin tocar otro tema, aunque sé que la citación no era para tratar esto. Hablamos de lo de la pesca, pero hay un problema del que nosotros avisamos en todos lados y que venimos arrastrando desde hace muchos años.

Mencioné a la Escuela Técnica Superior Marítima. La formación marina en nuestro país se obtiene en la UTU –Escuela Técnica Superior Marítima– o en la Escuela Naval de Carrasco.

¿La diferencia cuál es? Para ser lo más sintético posible, señalo que en la Escuela Naval se forman marinos de guerra y marinos mercantes, mientras que en la UTU se forman marinos de cabotaje y pesca, que es nuestra profesión.

Nosotros no pedimos nunca ir a buques de ultramar, portacontenedores, etcétera. No; simplemente estamos pidiendo seguir haciendo nuestra función y consideramos que el puesto de patrón de cabotaje es una especie en extinción.

El Decreto n.º 311/009 intentaba regular todo lo que tiene que ver con las normas de titulación, formación, etcétera, que a nivel mundial es regulado por la OMI; STCW es la sigla en inglés.

Yo les he dicho que somos capitanes pero que en nuestras libretas de embarque no tenemos STCW. Pueden entrar en la página web de la UTU y ver que se promocionan los cursos y tienen su nivel STCW, pero resulta que los egresados de la UTU no tenemos STCW. Eso responde a una decisión de la autoridad marítima; esto lo digo acá y lo sostengo en cualquier lado: son juez y parte. Se lo hemos dicho al propio comandante de la Armada, así como se lo estamos diciendo a ustedes acá.

Nosotros no tenemos nada que esconder y hace años que venimos reclamando. Tenemos expediente en el MEC, pero sinceramente nadie presta atención a este reclamo y esto nos está afectando en lo que refiere a fuentes de trabajo.

Además, señalo que estamos preparando una denuncia para llevarla a la OMI.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias. Sin duda que es muy importante la explicación y la trascendencia que tienen los conflictos, en este caso, de los patrones de pesca, ya que afectan a muchos otros trabajadores y también a toda una cadena logística de consumo y de exportación.

Sabemos que ustedes son conscientes de eso y solo me queda, como presidente de la comisión, agradecer en su nombre la presencia del Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay. Esperamos que se solucione este tipo de problemas.

(Se retira de sala la delegación del Sudeppu).

                –Como se estipula en el punto tres del orden del día, a continuación corresponde recibir a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil.

(Ingresa a sala la delegación de la Afureci).

–Buenas tardes. En nombre de la comisión, damos la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, integrada por el señor Javier Mederos y las señoras Ana Vera y Verónica Eiroa, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR MEDEROS.- En primer lugar, en nombre de los funcionarios del Registro Civil, quiero agradecer esta instancia para poder expresarnos porque la consideramos muy importante por la temática que nos incumbe.

En segundo lugar, nuestra visita tiene que ver con una situación general que tiene el Registro Civil, que reviste varios aspectos y que hace que hoy tengamos un funcionamiento bastante crítico en relación con el cumplimiento de las tareas.

Tenemos un problema central en la estructura del Registro Civil, que se viene arrastrando desde hace muchos años en cuanto al recambio de funcionarios, a la actualización del padrón, a modalidades de trabajo y a un montón de cuestiones que hacen que el funcionamiento no sea el mejor. Los funcionarios del Registro Civil estamos muy preocupados desde hace mucho tiempo por este tema y queremos encontrar soluciones. Apostamos a ese tipo de actitudes y de acciones que, lamentablemente, hasta hoy no se han dado y, últimamente, se han acentuado los problemas por algunos temas que pasaremos a detallar.

Nuestro organismo es pequeño y se centra, básicamente, en el departamento de Montevideo, con una oficina en Ciudad de la Costa y otra en la ciudad de las Piedras. Hoy en día contamos con 116 funcionarios en el padrón, y debemos solventar 15 Oficinas de Estado Civil y distintas dependencias que realizan otro tipo de tareas administrativas, algunas más conocidas como la expedición de partidas de todo el Uruguay que se centraliza, concretamente, en el local de Uruguay y Río Branco.

La plantilla funcional que tenemos actualmente hace que el servicio sea deficitario y que los parámetros que se nos imponen por parte de la Administración sean imposibles de cumplir, dada la sobrecarga muy importante de trabajo que tenemos. Claramente, esto repercute, principalmente, en el servicio y en la calidad de los trámites que se brinda a los usuarios. A modo de ejemplo –sabemos que el tiempo es tirano, los números son complejos y tenemos mucha información al respecto–, si hoy por hoy una persona solicita una partida vía página web, tiene un promedio de treinta días de demora para obtener ese documento. Esto se arrastra desde hace un tiempo bastante prudencial, situación que consideramos bastante delicada y perjudicial para el usuario. A su vez, esa demora lleva a que la demanda que exige la población sea muy difícil de absorber por la capacidad que tiene el Registro Civil.

Otro ejemplo refiere a la documentación extranjera. Cuando un extranjero concurre al Registro Civil y quiere inscribir su documentación, se le recibe la solicitud, pero hoy el Departamento Notarial –es de las secciones que más apoyo ha tenido en cuanto a refuerzos– está transcribiendo solicitudes –no quiero equivocarme– del 14 de enero. O sea que las solicitudes que ingresaron el 14 de enero recién hoy están transcriptas y la persona puede obtener así su documento.

                A su vez, las Oficinas del Estado Civil en muchos lugares tienen un funcionario y cuando él no está es el propio oficial del Estado Civil quien tiene que realizar toda la tarea. Incluso, a veces tiene que cerrar la oficina momentáneamente –por ejemplo, para hacer una ceremonia de matrimonio– y luego continuar con otros trámites administrativos.

                Desde hace mucho tiempo venimos remarcando la situación. Nos preocupa, no solo por la calidad y la exigencia que tienen los funcionarios, sino también porque repercute directamente en el servicio que se brinda. No nos referimos solo a los tiempos, sino también a la calidad de la tarea que se realiza: a los errores que pueden cometerse en las distintas inscripciones que se generen, lo que después requiere una enmienda. Es un proceso que se va incrementando y que hoy deriva en una situación muy alarmante.

                Con relación a este tema les dejamos algunos números como referencia, pero pueden profundizarse. De los 116 funcionarios con los que hoy cuenta Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras, en pocos meses vamos a tener 65 que estarían en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios. Esta cifra marca un porcentaje extremadamente alto para poder continuar con las tareas tal como están dispuestas y en una perspectiva de continuidad con el trabajo que, obviamente, no desconocemos y, además, queremos realizar de la mejor manera.

                Hay 38 funcionarios que ya tienen sesenta años y, a su vez, hay otros 27 que tienen entre cincuenta y ocho y sesenta años. Esto representa una alarma importante para poder sobrellevar el servicio en un futuro.

                Queremos agregar dos aspectos más con relación a esta temática, que hacen también a la solución o a la búsqueda de soluciones. Nos referimos a la comunicación o al vínculo existente con las actuales autoridades. En relación con los procesos o mecanismos que se han implementado o querido implementar últimamente –de todo tipo, sean sencillos, tales como cambiar una hoja de un fondo de seguridad para expedir una partida, hasta una pasarela de pago–, existe escasa o nula comunicación o vínculo dentro del funcionamiento del organismo, lo que también dificulta llevar adelante la tarea de forma correcta. De esta forma, se generan muchas problemáticas para poder solventar, más allá de lo que planteamos con respecto a los otros tipos de inconvenientes más estructurales. Nos referimos, por ejemplo, a la confección de agendas para que los usuarios puedan asistir correctamente. Se trata de solucionar el problema de horarios y tiempos para la atención, pero se superponen de forma tal que un funcionario tiene que atender tres o cuatro trámites a la vez. Esta situación genera malestar del usuario y otras cosas más. A veces, con una valoración de la situación que puede llevarse adelante en la oficina de que se trate, y con coordinación con los funcionarios que estén capacitados para analizar el tema, seguramente se encuentre una solución. Lo mismo sucede con una pasarela de pagos que se implementó recientemente, que no fue comunicada ni puesta en funcionamiento como debería ser y que ha generado un montón de inconvenientes a los usuarios –que siempre son nuestro eje principal– o grandes perjuicios, aspecto que es muy complicado.

                Entonces, ese relacionamiento que tenemos actualmente con los funcionarios –sean de mayor jerarquía u otros que deban implementar lo que pretende hacerse– dificulta mucho el trabajo. Creemos que se podría encontrar una solución más práctica y en beneficio del organismo –para minimizar las dificultades– y del usuario, al que nos debemos y al que tenemos que brindar un mejor servicio.

Finalmente,  me voy a referir a otro aspecto para contextualizar la situación. A partir de este año se implementó un nuevo procedimiento. Los Gobiernos departamentales realizaron convenios con el Ministerio de Educación y Cultura a los efectos de llevar a cabo las tareas que hacían los juzgados de paz en el interior del país, excepto en Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras. Como funcionarios objetamos esos convenios por entender que tenían serias debilidades en cuanto a su implementación, poniendo siempre en el centro al usuario, porque conocemos la tarea del Registro Civil en su totalidad, como son los nacimientos, defunciones, reconocimientos, certificados de soltería y matrimonios. Hacer correctamente esa tarea luego tiene una incidencia en la vida del usuario porque lo acompaña durante muchas etapas de su vida. Entonces, no hacer bien la tarea puede generar muchos inconvenientes. Esto tiene que ver con el vínculo que la Dirección del Registro Civil pueda tener jurídicamente con los Gobiernos departamentales y los alcaldes, cosa que nosotros no lo vemos correcto porque hay una superintendencia disciplinaria y administrativa que para nosotros adolece de un vínculo jurídico correcto más allá del convenio que se gestionó. Desde el punto de vista práctico eso ha tenido una incidencia en la estructura del Registro Civil pues ha demandado otro acercamiento con los actuales funcionarios que hacen esa tarea en el interior, que también les significa una sobrecarga adicional en una estructura que está totalmente debilitada y que, incluso, es imposible de contemplar. A modo de ejemplo, hablamos de insumos, libretas de matrimonio, papelería, formularios y soporte técnico que brindan funcionarios a la tarea que se realiza en el interior, como ser una mesa de ayuda o una inspección. En todo el Registro civil tenemos un solo inspector a nivel nacional para avalar y apoyar ese tipo de tareas. Esto ha significado una sobrecarga en una estructura muy debilitada y que adolece de muchas falencias. En definitiva, esto repercute en que los servicios que se brindan al usuario sean deficitarios.

                Como funcionarios vemos con gran preocupación esta situación y lo queremos manifestar. Son muchas las quejas que hay sobre el Registro Civil en cuanto a la atención y a un montón de procedimientos, como ser que la gente no se puede agendar, que hay dificultades en la pasarela de pagos, que en el interior no se tiene muy claro cuál es el procedimiento o a dónde hay que recurrir. Más allá de algunas cuestiones más de fondo que nosotros planteamos, no tenemos la estructura suficiente para abarcar todo esto y estamos como en un sistema macabro donde no se le encuentra la vuelta para aplicar, incluso, algunos procedimientos. No es que uno esté en contra de ellos, sino que queremos aplicarlos de la mejor forma, y hablamos de una agenda, de una pasarela de pagos o de cualquier otro procedimiento que haga que se pueda funcionar mejor.

                En términos generales esta sería la presentación y la situación que queremos enmarcar. Creo que el que más o el que menos todos tuvimos que solicitar una partida, lo tuvo que hacer un familiar o realizó alguna visita a alguna oficina y podrá haber advertido alguna cuestión que va más allá de aspectos funcionales e individuales de los funcionarios, que también asumimos que se puedan dar. Tenemos nuestra participación en todo este proceso y nuestras deficiencias que debemos asumir. Sin embargo, desde hace meses estamos enmarcados en una situación que nos lleva a plantear con preocupación esta realidad.

SEÑORA EIROA.- Nosotros hemos hecho lo que podríamos llamar un peregrinaje, ya que hemos hablado con todo el que nos ha querido recibir. A grandes rasgos, queremos plantear dos temas.

Por un lado, está el deterioro del servicio del Registro Civil; obviamente nosotros, como trabajadores, estamos trabajando mal, pero lo más importante es que el usuario está recibiendo un mal servicio. Nosotros «manipulamos la identidad», dicho esto entre comillas. Dada nuestra tarea, está en nuestras manos la identidad de las personas, que es un tema de Estado y por eso es importante quién la haga, pues se puede saber hacer bien la tarea o no, y esto trae aparejado el tema de los alcaldes. Nuestra tarea, nuestra obligación, es hacer valer los derechos de las personas que no saben cuáles tienen. En el caso del Registro Civil como institución, acá en Montevideo o en Ciudad de la Costa, no lo estamos haciendo bien porque la gestión es mala y porque no tenemos suficientes funcionarios, pero, además, de base, no tenemos herramientas, ya sean humanas o de otro tipo. Eso está intercalado en la gestión, recursos, etcétera, y se podría hablar como temas puntuales, pero no quiero referirme a eso porque necesitaríamos mucho tiempo, pero sí al de las alcaldías. Las tareas que hacen ahora los alcaldes, que son las de registro civil, es decir lo que hace un oficial, no son solamente casar, ese ritual concreto en el que están los contrayentes, sino que estamos hablando de nacimientos, defunciones, reconocimientos, adopciones, legitimaciones, todas cosas que involucran identidad y repercuten en toda nuestra vida. Si estas tareas se hacen mal, a largo plazo nos pueden perjudicar mucho, sobre todo a la gente pobre, porque es la que  no accede fácilmente al saber y a las herramientas para hacerlo valer. Antes de que se aprobara esto de los alcaldes, nosotros hicimos nuestro peregrinaje y no logramos impedirlo. De todos modos, nos parece importante que ustedes, como legisladores, lo tengan en cuenta y le pongan luz, porque se trata de un tema de Estado que debe estar cuidado. Estamos hablando de que las consecuencias de esto se verán a mediano y largo plazo. El Registro Civil debería ser la institución base que cuide la identidad de toda la gente, pero consideramos que los alcaldes que tienen sus potestades –son cargos políticos– no saben hacerlo –y no tiene nada de malo– porque no están en ese puesto para eso, sino que tienen otras obligaciones. Pensamos que eso no debería ser así y por eso estamos tan preocupados desde el punto de vista social. Además, estamos involucrados con la tarea, nos interesa y pensamos que es importante para el país y la ciudadanía.

                Esto sería a grandes rasgos lo que queríamos plantear, aunque podemos contestar todas las preguntas que deseen porque tenemos mucha información.

SEÑORA BIANCHI.- El tema de los alcaldes –estábamos hablando de eso ahora con los compañeros– es producto de una ley, o sea que los legisladores lo sabemos.  Justamente le estaba consultando al compañero Caggiani, que es de la oposición, si ellos habían votado esta iniciativa o cómo había sido el resultado de esa votación; sinceramente no lo sé, pero eso después lo averiguamos. Seguramente nosotros lo propusimos y se votó.

                De nuestra parte damos la palabra en cuanto a hacer un seguimiento de la formación –no sé si ya existe algún curso– de los alcaldes. Se supone que si pueden ser alcaldes, pueden llevar registro, más allá de que va de suyo la importancia que tiene la identidad. De cualquier manera, nos quedamos con la preocupación.

                Con total honestidad, voy a decir algo y sé que voy a tener problemas, incluso, dentro de mi partido. Con el tema de la descentralización hay que tener mucho cuidado, porque bajo la bandera de la descentralización ‒que es necesaria‒ corremos riesgos. En un país que ‒por razones históricas que datan de nuestro surgimiento como Banda Oriental‒ tiene todo centralizado en Montevideo, hay que tener mucho cuidado con cómo se hace la descentralización, porque son temas sumamente delicados. En este caso, ustedes están planteando un tema delicado. Les agradecemos la información y, en lo que a mí respecta, la recojo, porque es realmente importante.

                Hay una cosa que quisiera que me aclararan. Acá yo escuché «sistema macabro» y «deterioro del servicio». Si ustedes me preguntan, como usuaria ‒¡si habré usado el registro civil por mis profesiones!‒ diría que para mí siempre funcionó mal ‒lo digo con total honestidad y me hago cargo‒: colas, horas enteras, teníamos que pagar gestores. Si uno entraba al edificio del archivo ‒estoy hablando de hace poco tiempo porque no soy matusalén y, además, me jubilé no hace tanto‒, realmente era como entrar al siglo XIX en varios aspectos, incluido el propio edificio. Muchas veces teníamos que hacer la búsqueda nosotros dado que las partidas eran muy antiguas, lo que se da más frecuentemente de lo que la gente piensa, porque en una sucesión podemos necesitar una partida de mucho tiempo atrás. Lo digo con todo respeto a los funcionarios porque, además, me consta que estos siempre han puesto todo su esfuerzo para que funcionara mejor. Me gustaría que se precisara más desde cuándo se da el deterioro del servicio y el sistema macabro de los que hablan. Reitero: ustedes apelaron a la experiencia que nosotros podemos tener como usuarios, y la verdad la acabo de decir.

                A nosotros lo que nos importa es sumar y ver qué cosas se pueden resolver lo más rápido posible, porque entiendo, modestamente, que a lo largo de varios años y de distintas Administraciones la Dirección General del Registro de Estado Civil fue un poco como el pariente pobre. Lo sentimos así todos los que lo teníamos que usar sistemáticamente y, como decía la funcionaria, efectivamente tiene funciones –valga la redundancia– muy importantes.

                Además, algunas líneas más abajo en la presentación que ustedes hacen, también hablan de que hay un relacionamiento pésimo entre autoridades y funcionarios y un grado de tensión y agresividad. Entonces, les pido que, con la mayor objetividad posible ‒aunque para los seres humanos es bastante difícil‒, nos digan cuándo empezó en realidad, según la asociación de funcionarios, el deterioro del servicio o llegó a convertirse en lo que califican como sistema macabro; más o menos, no les estoy pidiendo un día y una hora, porque seguramente no fue un día y una hora específicos.

                Gracias.

SEÑOR CAGGIANI.- Me sumo a los saludos de la senadora Bianchi a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil y también tomo con mucha preocupación lo que están planteando en cuanto al deterioro constante. No quiero polemizar con la senadora Bianchi con respecto a cuándo comenzó, pero creo que debe ser hace muchos años y, sin duda, lo importante aquí es tener una visión que logre parar el deterioro y comience a mejorar la situación.

                Por la circunstancia que reportaba la funcionaria acerca del nivel garantista que tiene el Estado, es difícil ampliar las condiciones que tienen los usuarios para que existan mayores facilidades para el acceso. La descentralización es un tema complicado, pero debe tener esa visión, con las garantías necesarias. Nosotros tenemos que aprender de la práctica y del error. Quizás haya decisiones que tomamos según nuestro leal saber y entender, pero sobre las que la práctica después nos terminó diciendo otra cosa. Sin duda, es un elemento positivo desde donde lo plantean ustedes, porque no es desde una mirada hipercrítica, sino desde el planteo que les preocupa esta situación y lo que puede generar en el futuro. 

Más allá de una adecuación de la estructura funcional habida cuenta de la nueva realidad en materia de gestión de las nuevas herramientas, quiero formular otra pregunta. 

Según los números que nos acercaron hay una disminución de un 90 % en la tramitación vía presencial de las partidas, para hacerlas vía página web, lo que considero es un buen elemento. Ahora bien, ustedes también señalaron que eso debe estar acompañado de una preparación por parte de la propia oficina. 

Concretamente, quisiera saber qué otra serie de medidas tienen pensado plantear de cara ya a una próxima instancia de rendición de cuentas. Siempre es importante conocer las ideas que desde los trabajadores del Estado se puedan plantear para poder instrumentar –sobre todo que tengan bajo costo para que sea posible llevarlas a cabo– y dar una mano en ese sentido.

Muchísimas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin duda que coincido con lo manifestado en cuanto a que los alcaldes no están preparados para eso y que es otra su función. Sin embargo, creo que deberían hacer cursos o prepararse para desempeñarse en esa tarea.

La consulta que quiero hacer surge de algunos trascendidos que vi en la prensa y es la siguiente. Con respecto a que los alcaldes tengan como función oficiar casamientos, pregunto si lo ven como una ayuda al trabajo múltiple que tienen ustedes porque están precisando funcionarios o si, por el contrario, lo consideran –como lo mencionaron en ocasión de algún otro conflicto– como rompehuelgas.

Me gustaría saber cuál es la postura de ustedes en cuanto al trabajo de los alcaldes en esa función en particular.

SEÑOR MEDEROS.- Voy a responder en primer lugar lo planteado por la señora senadora.

El tema del Registro Civil hace muchos años que viene en decadencia; diría –sin ánimo de usar palabras que no mencionó–, en abandono y se lo califica como el pariente pobre del Ministerio de Educación y Cultura. Esta es una realidad que data de mucho tiempo.

Ahora bien, esa realidad no fue acompañada de los recursos humanos necesarios que llevaron a sostener la tarea de manera adecuada. Aclaro que no me refiero a contar con la misma cantidad de funcionarios que antes –pues, por ejemplo, hace quince años superaban en más de cien a los que tenemos ahora–, sino a dar sostén a un tema que debemos evaluar en números: una demanda equis que se sustenta con una cantidad mínima de funcionarios.

Tuvimos dos cambios trascendentes, por lo significativo que fueron simbólicamente  y en cuanto a lo que al usuario se le podía facilitar. Uno de ellos fue el dejar los antiguos libros matrices que se labraban para pasar a hacer un acta digital en una computadora. Este fue un cambio trascendental y simbólico que implicó una mayor interconexión con Salud Pública y las instituciones médicas, así como también una cierta agilidad en el procedimiento, por cuanto salía más clara la letra y se entendía lo que se escribía, entre otras cosas.

Ahora bien, ese avance o ese nuevo procedimiento en el Registro Civil no disimularon otras carencias en materia de número de funcionarios que sistemáticamente se fueron perdiendo.

Con respecto a las partidas cuya solicitud se hace por Internet –son de 2012 a la fecha– luego se pueden obtener vía web en forma gratuita. Cualquier usuario puede ingresar y obtener la partida vía web. Si bien se obtienen muchas partidas y el usuario puede sacar las más recientes, hay otro montón  de partidas –para trámites a los que aludió la señora senadora– que igualmente se solicitan vía web, pero el funcionario tiene que recibir la solicitud, bajar al archivo –que sigue en las mismas condiciones que lo conoció la señora senadora–, sacar el libro, hacer la fotocopia y luego entregársela al usuario en las debidas condiciones. Reitero que algunas mejoras que han existido no disimularon otras carencias estructurales que ha tenido el organismo y que se deben valorar en números. Por eso nosotros aportamos, en términos generales, las cantidades de actas que hacen las Oficinas de Estado Civil, la cantidad que se transcribe en el Departamento Notarial y la atención que se debe hacer. Y remarco nuevamente que el proceso es un tema que se arrastra desde hace unos cuantos años y que, últimamente, ha tenido su punto más crítico en cuanto a que no ha existido un recambio o refuerzo de funcionarios y la franja etaria que tenemos es muy alta. Incluso, las propias tareas que requiere el desempeño del organismo –por ejemplo trabajar en el archivo– con personas de cierta edad hace que sea mucho más difícil el ritmo de trabajo. Digo esto para dar un ejemplo concreto de la situación. O cuando uno va a anotar a su hijo, si está agendado para las 13:00, hay que ver que el mismo funcionario que recibe al usuario no tenga una inscripción de un matrimonio o de defunción a esa misma hora, porque el Registro Civil se maneja con plazos legales, y si no se pone un determinado cupo la gente va a tener que hacer una inscripción tardía o no ver satisfechos sus requerimientos para casarse o hacer un trámite.

Con respecto a generar propuestas, debo decir que desde hace mucho tiempo se han hecho por parte de los funcionarios y no solo incluyen dotar de más personal. Obviamente que es una de las patas, pero hay otro montón de propuestas y de soluciones que pueden facilitar la mejora. Ni que hablar de seguir con un proceso de digitalización o de intercambio con las intendencias del interior. Muchas de ellas tienen digitalizada la misma información que Montevideo. Sería bueno que pudiera haber un intercambio, y ni que hablar que también con la Intendencia de Montevideo. Sabemos que muchas están totalmente digitalizadas como, por ejemplo, la de Florida. Sería bueno intercambiar información para la expedición y el trabajo arcaico que se hace, que incluye la conservación del documento y otro montón de situaciones.

Además, en las Oficinas de Estado Civil, en Ciudad Vieja, donde tenemos la mayoría de los trámites que hace el Registro Civil en cuanto a matrimonios y nacimientos, resultaría mucho más criterioso tener un horario único en el que optimizar los recursos humanos, con un grupo de funcionarios, y a la vez facilitar la información que se le brinda al usuario. Ese es un gran déficit que tenemos. Podríamos evitar, por ejemplo, que un Álvarez tenga que ir en el turno de la mañana y un Rodríguez en la tarde, y si se agendó mal tenga que volver a la mañana o reagendarse porque resulta que no le tocaba el horario correspondiente. Entonces, con un cambio de horario o estructurando otro funcionamiento, creo que los recursos humanos se podrían optimizar de mejor forma. Si bien no disimularía otro problema de fondo, por lo menos a corto plazo se mejoraría e, indirectamente, se ganaría optimizando criterios internos. Bastaría con que uno se inscriba o se agende para hacer una inscripción de nacimiento. Son todos procesos que hace muchos años se vienen implementando. Se han presentado últimamente y nunca se concretaron.

Finalmente, en cuanto al tema de los alcaldes, la ley que estableció el pasaje de los juzgados de paz al Registro Civil no establecía a quién se determinaba esa tarea. Hay leyes que habilitan al Registro Civil a investir en calidad de oficial de Estado Civil a funcionarios públicos y la última rendición de cuentas, incluso, habilitó a privados, pero no estableció quién puede ser. Los funcionarios del Registro civil que conocemos la tarea, no objetamos –eso lo hemos hecho saber a los legisladores y a intendentes con los que nos hemos entrevistado– que otros funcionarios públicos hagan esa tarea. Nosotros también lo somos y, probablemente, cualquier otro lo puede hacer correctamente. Lo que sí objetamos –que lo vemos ahora y, lamentablemente, podemos demostrar, si bien hace poco tiempo– es el vínculo jurídico que tiene el Gobierno departamental, alcalde, funcionario departamental, con el Poder Ejecutivo, MEC, Registro Civil, en el sentido de que no es tal como para tener la conexión jurídica, disciplinaria y administrativa, no solo para imponer correctivos, sino formas de trabajo, criterios y demás condiciones. Este es un punto principal en cuanto a relacionamiento. Pueden ser Gobiernos departamentales o, reitero, cualquier otro funcionario público, en realidad, porque consideramos muy importante el resguardo de la información.

                Desde el punto de vista práctico, a nosotros no nos afecta tanto lo que hace Canelones o Maldonado en cuanto ellos se circunscriban a sus jurisdicciones y nosotros, con nuestros funcionarios, estamos vinculados a Montevideo, excepto la comunicación que debe haber como dirección general en cuanto a los trámites internos que puedan hacer del interior hacia Montevideo. Pero, justamente, en esa realización del trámite está la otra pata que nosotros vemos y advertimos como un gran déficit en cuanto a lo que se implementó y está sucediendo ahora. La capacitación que se hizo a los Gobiernos departamentales y a sus funcionarios fue de escasa a nula; solamente se les indicó cómo funciona el programa informático que se utiliza en Montevideo. Pero, por ejemplo, un alcalde o un funcionario no tienen conocimiento de los impedimentos dirimentes que puede tener una persona para casarse; cómo evaluar un documento extranjero de una persona o de dos extranjeros que quieren casarse acá en Uruguay; cómo evaluar las distintas marginaciones o reconocimientos que se pueden hacer. A veces, esta situación se ha centralizado en el casamiento como hecho simbólico, pero hay otro montón de situaciones muy importantes que pasan desapercibidas, incluso de trabajo interno que hace el Registro Civil. En este sentido, les voy a robar un minuto más para poder explicarlo. Por ejemplo, nace un niño en Maldonado al que solo lo inscribe la mamá; el papá vive en Tacuarembó, por lo que lo reconoce allí. Estamos hablando del año 2020. El funcionario, en este caso del Gobierno departamental de Tacuarembó, que hizo el reconocimiento y recibe la declaración de la persona de Tacuarembó –lo tiene que hacer ahí porque es donde vive–, debe comunicar internamente a la oficina de Maldonado que se presentó un señor en Tacuarembó a reconocer a su hijo. Pero esa comunicación tiene que ser en tiempo y en forma, y el funcionario que la recibe en Maldonado tiene que asentarla, también en forma, en su documentación para que ese reconocimiento, por ejemplo, al instante esté correctamente realizado y después el niño pueda sacarse la cédula de identidad o los documentos que vaya a precisar. De lo contrario, puede pasar que esté reconocido pero no figure en su partida de nacimiento. Entonces, como dije, hay cuestiones internas y ni que hablar de la innumerable cantidad de circulares y de recomendaciones que hace la dirección general en cuanto a distintas leyes que necesitan un mínimo de orientación para su aplicación. Hay que hacer bien el reconocimiento del nacimiento, pero a su vez la comunicación tiene que ser correcta y en tiempo. También puede ser que esas comunicaciones tengan que venir a Montevideo si las partidas son de acá. Simplemente quería citar este ejemplo porque, a veces, nos quedamos con el trámite del casamiento que es muy importante, pero no es el mayor que se hace en el Registro Civil si lo comparamos con las defunciones, los nacimientos, los reconocimientos y otro montón de cosas. Al usuario le implica un perjuicio enorme el hecho de que luego de unos años pueda hacer ese reconocimiento y quedar asentado. Lo ejemplifiqué con esto para ver la profundidad de la situación y la capacidad que se requiere.

Reitero algo muy importante: nosotros no estamos en contra de los funcionarios de los Gobiernos departamentales o de cualquier otro funcionario público que puede hacer la tarea ni de la descentralización que se quiera tener, y así lo planteamos en su momento. Incluso, dejando de lado el tema jurídico y el vínculo de convenio, pedíamos que en la ley que habilitaba para el 1.º de enero de 2022 se diera más plazo para generar otra capacitación y otro fortalecimiento en esas personas que iban a hacer esa tarea, cosa que no fue posible y lamentablemente hay errores, no por el solo hecho de empezar una tarea nueva sino que denuncian un tema más de fondo en cuanto a esta cuestión. Digo esto porque una cosa es que en algo nuevo que empiezo pueda cometer errores –o no lo sepa hacer del todo– y otra es cuando uno ya adolece de los conocimientos suficientes para el desempeño.

                Han salido cuestiones en la prensa que son puntuales y a las que tampoco hay que tomar tan al pie de la letra, digamos, como en el departamento de Cerro Largo. De todos modos eso también marca una señal –quizás muy exagerada en cuanto a algún alcalde o alguna situación que se presentó– de otro tema de fondo que, como decía la compañera, tal vez no lo vamos a ver ahora sino con el correr del tiempo, cuando surjan los inconvenientes y las cuestiones a los usuarios.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Esta última intervención aclaró bastante en cuanto a todo el tema de pasar esas funciones a los municipios y a los Gobiernos departamentales. En Florida el intendente casó a una pareja también y es cierto que está digitalizado todo lo del período de gobierno 2005-2010.

                Recuerdo que cuando tratamos la ley nos centralizamos en los casamientos y, realmente, en aquel momento no me pareció bien eso, pero lo que veo hoy es todo un panorama de grandes temas que están en la órbita de los Gobiernos departamentales y que pueden derivar en esto que ustedes dicen: que en el futuro la identidad de las personas pueda estar mal registrada.

                La pregunta que haría con respecto a esto es si a ustedes les parece que con algún cambio en alguna parte de la legislación podríamos estar ayudando a solucionar este problema. Creo que es un deber para nosotros y que a todos los partidos nos tiene que llegar el mensaje de que es algo grave lo que está pasando en el registro y que tenemos que buscar soluciones.

Mi duda es: ¿se mejora la ley y esto se arregla o con esta falta, de alguna forma, de preparación y capacidad de quienes están a cargo, se torna difícil de arreglar por ley?

Esa es la pregunta que quiero plantear.

Después también está la preocupación de que la mitad del funcionariado se va a retirar; si hay 116 funcionarios y son 65 los que están por retirarse, estamos más o menos en la mitad.

                Eso les preguntaría, repito, para que nos ayuden un poco a ver cómo se puede seguir con esto.

SEÑORA EIROA.- En un principio, cuando se iba a aprobar la ley, ese trabajo lo hacía el Poder Judicial; lo que no hacía el Registro Civil lo hacía el Poder Judicial. Este poder hacía tiempo que quería deshacerse de esa tarea, pero justamente por este problema de que no había gente que la pudiera hacer, eso nunca se fue dando.

Para nosotros fue muy prematuro el hecho de que realmente el Poder Judicial se retirara. A nuestro entender, lo ideal –si vamos a poner un ideal– es que debería existir un registro civil nacional. ¿Por qué? En el Registro Civil somos las personas que sabemos con respecto a eso. No tenemos nada en contra de la descentralización, pero cuando se pierden garantías se ve la parte negativa de la descentralización; hay que poner esto en la balanza.

                Con respecto a esto, cuando ya está hecho, me parece que habría hacer pedidos de informes y crear situaciones que generen garantías. No sé si se podría volver para atrás.

SEÑOR MEDEROS.- Hay estudios y evaluaciones del Registro Civil a nivel de América. Una cosa es la descentralización de la tarea en sí –ya estaba descentralizada porque la hacían los juzgados de paz– y otra es la forma en que se centraliza el trabajo en general o el control general de la tarea. En ese sentido, a no ser por situaciones geográficas, demográficas u otras que pueda tener el país, lo aconsejable es tener la unicidad en cuanto al registro y al manejo integral de la situación, lo que no implica, obviamente, que la gente tenga el mayor acceso a la realización de los trámites en el Registro Civil. Concretamente, en cuanto a las soluciones que podría haber, creemos que los oficiales de Estado Civil deberían pertenecer y estar vinculados directamente a la Dirección de Registro Civil. Es decir que, al igual que los funcionarios de Montevideo, dependan directamente del Registro Civil con la capacitación y la formación necesarias. Para ser oficiales en Montevideo necesitan dar un concurso interno, que se hace dentro del organismo con diversos parámetros. Esto determina que, en principio, sean funcionarios con cierta antigüedad, con cierto cargo y, luego del estudio y la prueba correspondiente, estarán capacitados para realizar esta tarea administrativa. Hoy por hoy, todavía sigue siendo una excepción dentro del criterio general de concursos en el inciso. Por ejemplo, funcionarios de la Biblioteca, del Sodre o del Archivo General no pueden participar del concurso para ser oficiales del Estado Civil si no tienen esa formación. Adviértase la diferencia que se tiene con los investidos en cualquier otro lugar.

Entonces, quizás podríamos considerar el caso de oficiales que pertenezcan a la dirección, que sean los responsables y que lleven adelante esto, pero con una oficina que sí pueda ser sustentada con funcionarios de Gobiernos departamentales u otras entidades públicas en condiciones de soportar la tarea. Por ahí puede haber una solución que no implique el ingreso de una gran cantidad de funcionarios públicos para hacer toda la tarea del Registro Civil, sino que se haría con personas referentes que estuviesen investidas en esa calidad. De esta forma, también solucionaríamos el tema jurídico de relacionamiento en la tarea, porque todos pertenecerían a la misma dirección y tendrían otra formación y otra sustentabilidad. Y los convenios que hoy se hicieron, quizás se podrían dejar para los locales o para otro tipo de sustentabilidad. Esto lo vemos como algo viable que, quizás, tenga un grado de solución e incluso de interrelación con los Gobiernos departamentales, porque sabemos que están dispuestos a colaborar con la tarea, ya sea desde los locales o los funcionarios; a ellos también les ha implicado un esfuerzo llevar adelante la tarea. Por ahí podría haber un camino de solución en varios aspectos –no vamos a desdecirnos del refuerzo de funcionarios– aunque hubiese que realizar un proceso de capacitación e incluso utilizar –no quiero dejar de mencionarlo– los recursos del propio Registro Civil, con los oficiales que tiene ahora para generar áreas de capacitación, de fortalecimiento y de respaldo para ir con funcionarios capacitados en la medida de las necesidades, repito, como una de las vías de solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la comisión, agradezco muy especialmente a la Asociación de Funcionarios del Registro Civil por la muy completa exposición que realizaron. Sin duda que es un trabajo que requiere mucha responsabilidad.

(Se retira de sala la delegación de la Afureci).

 

                (Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

                –Volvemos al orden del día.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Disculpe, señor presidente. ¿No vamos a hacer algún trámite más con respecto a este tema?

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuál es la propuesta?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Creo que la propuesta sería convocar a las autoridades del Registro Civil para conversar y saber cómo están viendo la situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Los señores senadores están de acuerdo con esa propuesta?

SEÑORA BIANCHI.- Es una dirección general del Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me parece que no podemos quedar como que no pasó nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece bien.

SEÑORA BIANCHI.- Es lo que corresponde.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- El segundo punto del orden del día tiene que ver con la carpeta n.º 528/2021, distribuido n.º 690/2021, que contiene el proyecto de ley por el que se crea el Registro de Personería Jurídica de Organizaciones de Trabajadores y Empleadores en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por este tema está invitado para la semana que viene el ministro de Trabajo y Seguridad Social –que asistirá con la delegación que él entienda– y para la siguiente lo haría el PIT-CNT. Después se verá si con estas invitaciones alcanza o no. Luego votaríamos este proyecto de ley. Ahí estaríamos hablando de la sesión del 9 de junio.

Por otra parte, tenemos varias audiencias pendientes: con el grupo  Cincuentones, con otro grupo por la situación de la Caja de Profesionales Universitarios, con la Federación de Funcionarios de Salud Pública y con la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Todas estas audiencias quedarían para el 16 de junio.

Esa es la situación en la que nos encontramos.

SEÑORA BIANCHI.- Por economía procesal, justamente, propongo que como viene el ministro de Trabajo y Seguridad Social,  enviemos la versión taquigráfica de la sesión de hoy al Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay.

También me parece bueno que el doctor Daverede, director nacional de Trabajo, venga con el ministro, en tanto fue mencionado especialmente. Eso facilitaría este asunto.

                En mi modesta opinión, como el registro de la personería jurídica de organizaciones de trabajadores y empleadores es un tema muy amplio, a lo cual vamos a agregar este otro asunto, propongo que en la próxima sesión solo venga el ministro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señora senadora. Está previsto que vengan el ministro y el subsecretario, y también Daverede.

                Se va a votar el régimen de trabajo.

                                                                                      (Se vota).                      

           –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Se suspende momentáneamente la versión taquigráfica).

           –Se levanta la sesión.

(Son las 16:18).