COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

(Sesión celebrada el día 3 de mayo de 2022).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:40).

                ‒Como se indica en el primer punto del orden del día, dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta n.º 672/2022. Casa de Galicia. Se establece el derecho de sus exafiliados a solicitar el cambio de prestador de salud para causas excepcionales. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por las señoras senadoras Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo y Silvia Nane y los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Daniel Caggiani, José Carlos Mahía, Daniel Olesker y Sebastián Sabini (Distribuido n.º 917/2022).

                Solicitud de audiencia de los exafiliados de Casa de Galicia (enviado por correo electrónico el día 28 de abril).

                Solicitud de audiencia del Congreso Nacional de Ediles para brindar sus consideraciones acerca del proyecto de ley sobre pirotecnia (enviado por correo electrónico el día 18 de abril)».

                ‒Pedimos, si es posible, incorporar al orden del día de la sesión de la semana próxima el proyecto sobre Casa de Galicia, sobre el que en el plenario propusimos que ingresara como asunto urgente, pero no se aprobó. En concreto, refiere a un cambio sobre todo metodológico, a abrir una posibilidad más de cambio de las que están en la norma legal cuando los hijos y los padres quedan separados. No estamos proponiendo discutir ahora el proyecto, sino que, de ser posible, lo incorporemos al orden del día de la sesión del próximo martes.

SEÑOR NIFFOURI.- Sin entrar en el debate del proyecto de ley, quizás sería bueno recibir una breve explicación sobre su contenido.

SEÑORA LAZO.- En la lista de solicitudes de audiencia está la de los usuarios de Casa de Galicia. Me parece que sería bueno escucharlos antes de comenzar a  tratar el proyecto de ley. Me parece fantástico que se explique su contenido, pero también sería bueno que podamos tener la expresión de ese grupo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para el martes que viene podríamos convocar a los usuarios de Casa de Galicia. De cualquier manera, yo me puedo comunicar con el presidente de la Junta Nacional de Salud, contador Yagoda, con quien conversamos –el senador Niffouri estuvo presente–  sobre los criterios de asignación para ver qué le parecían a él. Para el martes que viene podría traer la posición de la Junta Nacional de Salud, salvo que él quisiera venir a expresarla, en cuyo caso también podemos citarlo para el martes.

Este proyecto de ley tiene dos partes. Plantea cinco puntos por los cuales uno se puede cambiar de la institución asignada y afiliarse en otra fuera de las cuatro instituciones asignadas. Lo aclaro porque a las cuatro asignadas se podría cambiar ahora. Decía que el proyecto tiene dos partes. Algunos aspectos como el cambio de domicilio, la dificultad de acceso geográfico y los problemas asistenciales constituyen causas que ya, hoy por hoy, permiten el cambio, pero como la norma que aprobamos los asigna a la mutual por dos años, quedaba la duda jurídica de si eso no derogaba estas tres posibilidades excepcionales durante los dos años y, por lo tanto, las volvíamos a poner acá. ¿Se entiende?

SEÑORA ASIAÍN.- Perdón, no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hoy solo es posible cambiarse a los dos años, salvo por una de estas tres razones: por cambio de domicilio…

SEÑORA SANGUINETTI.- ¿En el régimen general fuera de Casa de Galicia?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí. Entonces, como la ley los asignó por dos años, algunos compañeros abogados de nuestra bancada interpretaban que esos dos años eran inamovibles aun por estas tres causas. Entonces, ante la duda, las reincorporamos. Lo hablé con el señor Yagoda y él sostenía, al igual que yo, que no las eliminaba, y que si alguien se iba a vivir a Tacuarembó, se podía cambiar. Las que son nuevas son la existencia de su médico de referencia y la voluntad de integrar al núcleo familiar en un único prestador, porque al haber sido por cédula… El subsecretario Satdjian nos había dicho al principio que iban a intentar hacerlo conservando los núcleos familiares, pero eso no fue posible y realmente no lo es; requería un trabajo relativamente complejo. Entonces, la idea es que si una madre quedó en el hospital Evangélico y su hijo en el Círculo Católico y tienen intención de juntarse –no es obligación; puede haber quedado con el padre–, que esté la posibilidad de hacerlo.

                Esa es la explicación básica.

SEÑOR NIFFOURI.- Sería bueno que estuviera sostenida en el tiempo porque, supuestamente, en el proyecto que aprobamos había un plazo de treinta días en el que la movilidad estaba abierta.

SEÑORA SANGUINETTI.- Es para aquel que se durmió.

SEÑOR NIFFOURI.- Claro, porque la movilidad era por treinta días al principio.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el caso del médico de referencia no, porque lo abre a otras instituciones que no estaban dentro de las cuatro, porque el médico de referencia puede no estar en ninguna de las cuatro.

SEÑOR NIFFOURI.- Supuestamente, Casa de Galicia distribuyó los usuarios y también el personal médico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso es verdad, porque si se van masivamente afecta al ponderador. Yo entiendo que esto es una solución muy puntual para casos muy puntuales. De todos modos, hay que hablarlo con ellos y, como dice la senadora Lazo, escuchar a los usuarios para saber qué opinan.

SEÑOR CARRERA.- A nosotros nos preocupa, en principio –porque nos han llegado muchas inquietudes–, el tema de si se está cumpliendo con la ley que se votó, por eso es importante escuchar a los usuarios, así como a los trabajadores y quizás también a los médicos, para que se nos informe. Creo que deberíamos tener, por lo menos, una metodología de trabajo o rutina en el sentido de escuchar a los usuarios y a los trabajadores de Casa de Galicia antes de tratar el proyecto, pero tenemos que hacer acuerdo antes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pregunté a la secretaría y, al parecer, los trabajadores todavía no han pedido reunión en este ámbito; sí lo hicieron los trabajadores médicos en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Acá no la han pedido, pero está bien que podamos escuchar tanto a Afuncag como al SMU.

                A continuación, y como se indica en el segundo punto del orden del día, corresponde hacer pasar a la delegación de la Junta Nacional de Drogas para escuchar sus consideraciones acerca del proyecto de ley por el que se establecen normas sobre consumo abusivo de drogas.

(Ingresan a sala los representantes de la Junta Nacional de Drogas).

                –Damos la bienvenida a la delegación.

                La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por el que se establecen normas sobre consumo abusivo de drogas que, como ustedes saben –pues seguramente habrán sido convocados en su oportunidad–, involucra temas en cuanto a la internación por consumo abusivo de sustancias. Este proyecto llegó al Senado y se entendió que no era necesario hacer el mismo extenso recorrido de recibir a tantas delegaciones dado que contamos con la versión taquigráfica de lo actuado en la otra cámara, pero nos pareció que era muy importante escuchar tanto al ministerio como a la Junta Nacional de Drogas.

                Nosotros definimos este proyecto como prioritario en el sentido del orden, porque si bien entró más tarde que otros, lo pusimos primero en la discusión del mes de mayo.

                La idea es escuchar, pues, la opinión de ustedes.

SEÑOR RADÍO.- Mi nombre es Daniel Radío, soy secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y me acompaña el adjunto, señor Dardo Rodríguez.

                Si vieron la versión taquigráfica de lo expresado en el seno correspondiente de la Cámara de Representantes, sabrán que tengo una mirada crítica sobre este proyecto. A su vez, entiendo que las modificaciones que se establecieron en la discusión no levantan la visión crítica que nosotros teníamos.

                ¿Cuál es el problema que el proyecto en consideración pretende resolver? La primera tentación es ir a buscar la fundamentación del proyecto en la exposición de motivos, que es lo que uno hace habitualmente, pero allí no está la respuesta, porque no solo carece de un diagnóstico, sino que además ni siquiera explicita cuáles son los obstáculos que se identifican para el cumplimiento del objeto o de los propósitos para después, consecuentemente, proponer modificaciones. Así, pues, no hay un diagnóstico de los problemas que habría que resolver con respecto a esto.

La exposición de motivos es, más bien, una suerte de autojustificación. Dice que en 2009 se aprobó una norma sobre voluntad anticipada para oponerse a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad, pero con mayor razón por qué no tener una similar para expresar la voluntad anticipada en este otro tema. Y a continuación menciona asegurar el derecho a transitar lo que califica como un programa que permita el goce pleno de la vida con salud y la reinserción en la sociedad, accediendo a tratamientos en centros e instituciones y superar el problema del consumo abusivo. 

Lo primero a señalar es que el proyecto referido del año 2009 no tiene nada que ver con este, tiene una fundamentación hondamente liberal. Expresar de manera anticipada la voluntad de oponerse a tratamientos o procedimientos médicos remite a la jerarquización de la libertad del individuo para decidir no ser sometido a un encarnizamiento terapéutico. Este está en las antípodas. Este proyecto propone renunciar por escrito y ante escribano público a la posibilidad de la internación, que es un tipo particular de tratamiento que aquí se le refiere como programa. 

Partamos de la base de que todos los que estamos aquí queremos resolver los problemas derivados del consumo abusivo de sustancias. Entonces, vamos a la pregunta original, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Si nosotros entendemos que los problemas derivados del uso abusivo no se resuelven, preguntémonos de nuevo por qué creemos que no se resuelven. Aparentemente –a juzgar por lo que se propone como alternativa–, el proyecto supone que en nuestra sociedad no resolvemos los problemas relacionados con el consumo abusivo de drogas debido a que las personas, en el momento de estar intoxicadas, no se quieren internar, a pesar de que sí querían antes cuando no estaban intoxicadas. Eso lo deduzco no porque se explicite en ninguna parte, sino porque es la única solución propuesta: internar a quienes, intoxicados, se oponen a hacerlo si antes manifestaron por escrito y ante un escribano que sí querían. Ese razonamiento tiene muchas fallas. Lo primero es que si este fuera el problema, es difícil entender por qué tenemos cientos o miles de usuarios problemáticos de drogas que no se opondrían a un tratamiento y que o bien no están siendo tratados por nuestra carencia de recursos o por problemas de accesibilidad –algo que debemos corregir y mejorar–, o bien están siendo refractarios a los tratamientos porque se trata de un trastorno complejo, crónico y recurrente. 

Desde mi punto de vista, las personas tienen derecho y, por lo tanto, tendrían que acceder a un tratamiento. Reitero: tendrían que acceder a un tratamiento. Internarse o no hacerlo a veces es una herramienta auxiliar de todo el arsenal terapéutico del que deberíamos disponer. La internación de una persona, por razones terapéuticas, por cualquier afección de la salud, incluida esta, es una decisión estrictamente técnica, no política ni legislativa y mucho menos una autoindicación, aunque se haga ante escribano público.

Este proyecto entrevera y confunde tratamiento –al que todos deberíamos tener derecho– con internación, que es solo una posibilidad y una herramienta más que, por cierto, debería estar disponible cuando fuera necesario. 

Pensémoslo para otra afectación cualquiera, desde el sobrepeso al alzhéimer o una faringitis: las consecuencias personales, familiares o sociales de estas afecciones, en algunos casos, son más o menos importantes y, a veces, constituyen verdaderas tragedias. ¿Por qué los políticos creemos que tenemos que decir a los técnicos cómo se tratan estas afecciones? ¿Por qué creemos que tenemos que determinarles, a través de una norma, qué herramienta terapéutica tienen que utilizar, en este caso la internación, cuando el paciente manifiesta su voluntad en ese sentido? Y si esto vale para procedimientos terapéuticos que en algunos casos son probadamente eficaces, ¿cuánto más valdrá para esta cosa tan popular y con un fundamento casi etéreo que es confundir tratamiento con internación? Eso de creer que la internación hará la magia –porque hay una especie de apuesta al pensamiento mágico– aparentemente, y por suerte, habría en Uruguay una sabiduría particular surgida de nuestra experiencia peculiar que postula que encerrándome contra mi voluntad, cuando antes firmé ante un escribano, yo voy a superar el problema del consumo abusivo. ¿De qué tratado de medicina o de psicología mínimamente basado en evidencia científica se extrajo la idea de que la manera de garantizar el derecho de las personas a ser tratadas es internándolas involuntariamente si antes firmaron ante un notario? ¿Esto se aplica solo para usuarios problemáticos de drogas o vale para cualquier otra afectación de la salud? Como, además, el proyecto de ley no especifica ninguna sustancia en particular, ¿deberíamos suponer que se aplicaría para el uso de todas las drogas, como por ejemplo el alcohol?

                La verdad es que no. El Parlamento no va a sancionar leyes para que se proceda a la internación por todas las afecciones. ¿Pero por qué creemos que por esta sí? ¿Por qué nos parece saber que, en este caso, sí hay que internar? ¿Cuándo sí o cuándo no? ¿Quién lo determina? Cuando aparezca otro proyecto relacionado con otra afectación de la salud y alguien nos diga que los familiares están sufriendo y no podemos no hacer nada ni ser indiferentes, ¿también vamos a creer que nuestro derecho al tratamiento se garantiza firmando ante un escribano que queremos ser internados? Pero la internación no sería en ese momento, sino cuando la enfermedad esté haciendo estragos.

                Me parece que nos estamos metiendo en un territorio complicado y que es una competencia exclusivamente técnica. En todo caso, la mala noticia, además, es que no existe una peculiaridad del conocimiento de los uruguayos que nos haga saber, en este rincón del mundo, algo que desde el punto de vista académico no se sostiene. No es casuística; no es que «a un amigo mío le resultó», que «fulanito sabe porque él salió de esta manera» o que «tengo un médico conocido que dice que, como funcionó para él, va a funcionar para todos».

Las calles están llenas de ejemplos de personas en las que los más diversos tratamientos –ya sea de internación en comunidades terapéuticas o tratamientos ambulatorios– han fracasado porque estamos hablando de un trastorno de la salud de naturaleza crónica y recurrente. Las respuestas terapéuticas deben ser individualizadas, tomando en cuenta a la persona y su contexto, la etapa de la vida en la que se encuentra y las circunstancias vitales que atraviesa, y eso no se resuelve con una raviolera. Quien está en el centro es una persona y no una sustancia. La internación es una indicación clínica y, salvo en circunstancias de emergencia ya previstas en nuestra normativa, solo será adecuadamente indicada cuando sea realizada por un técnico en el marco de un plan de tratamiento individualizado y ajustado a las necesidades de la persona. No hay respuestas universales y mucho menos simples. Los problemas complejos no tienen soluciones simples.

                Por si ello fuera poco, los estándares internacionales para el tratamiento de los trastornos por consumo de drogas expresamente contradicen este proyecto. Dice la Organización Mundial de la Salud –voy a dejar a los señores senadores una copia de la página de un libro que tiene relación con eso; está en inglés, pero yo la traduje– que los pacientes deben tener la opción garantizada para retirarse en cualquier momento. Repito que esto lo dicen la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

                El proyecto de ley contiene, además, algunas incongruencias que son de una magnitud insoslayable.

En el artículo 1.º se sostiene que el objeto es garantizar el derecho de toda persona a recibir el tratamiento adecuado e integral.

El artículo 2.º dice que los costos serán de cargo del interesado o de quien acepte asumirlos. O sea que el propio proyecto reconoce que no está en condiciones de garantizar lo que dice que va a garantizar. Tampoco está en condiciones de garantizar siquiera que haya instituciones accesibles para todas las personas y mucho menos que sean gratuitas.

                Además, estaría pasando por alto el hecho de que sería preciso que alguien certificara y habilitara lo que el proceso llama clínicas o instituciones especializadas en la materia. ¿O alcanzará con que cada uno se perciba y se defina especializado en la materia? ¿Será necesario que alguno de estos centros con tantos cupos –varios centenares en algunos casos– incorpore más personal técnico, también especializado, en función de esa cantidad de camas? ¿Encarecerá eso o no los costos de la internación privada? ¿Quién supervisará la idoneidad técnica y la efectividad de los tratamientos allí instituidos? ¿Nadie? ¿El Estado tendrá algo para decir respecto a qué es un tratamiento y qué no lo es? ¿O cada uno irá al centro que quiera y el único requisito será que lo mantengan internado?

                Aun en el caso en que esta fuera una respuesta terapéutica adecuada –que no lo es porque la internación pura y dura sin otras especificaciones no es una respuesta terapéutica adecuada–, es generadora de nuevas inequidades, con lo cual agrega un nuevo problema a los ya existentes. Por eso el artículo 1.º, con una redacción seductora y generadora de expectativas, es declarativo y voluntarista.

Debemos tener cuidado de no caer en propuestas voluntaristas, en respuestas fáciles y de ingenio, porque son generadoras de expectativas que no se verán satisfechas y traerán más frustración, ya que lo que emerge atrás del voluntarismo son las tesis conspirativas: «No resuelven el tema porque no quieren» o, peor aún, «No lo resuelven porque hay intereses».

                El artículo 2.º establece que toda persona podrá expresar su voluntad de ser sometida a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social.

                Por su parte, el artículo 5.º dice que la voluntad para recibir un tratamiento de desintoxicación tendrá plena eficacia durante el período de internación.

                ¿Cuál es el consentimiento que se va a requerir? No es lo mismo lo que plantea el artículo 2.º –recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social– que lo que se establece en el artículo 5.º –recibir un tratamiento de desintoxicación–; tienen distintos alcances.

                ¿Se trata de un reconocimiento implícito de la ineficacia de la internación voluntaria luego de la desintoxicación? ¿Es un lapsus de los que redactaron el proyecto de ley? ¿Se van a firmar dos consentimientos y uno mantendrá más vigencia que el otro?

Volvamos a la pregunta original. ¿Hay problemas para resolver en relación con el uso problemático de drogas? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Están relacionados con el potencial adictivo de las sustancias, con la voluntad de los usuarios? ¿Son insuficientes los recursos? ¿Es mala la calidad de la atención? ¿Tenemos estrategias equivocadas? ¿Tenemos problemas de accesibilidad geográfica, cultural, económica u organizacional? Estas son preguntas que estamos permanentemente debatiendo y estudiando, aun antes de ponernos a considerar la redacción de este proyecto de ley porque, dependiendo de cuáles sean las respuestas o según las dificultades o los problemas que detectemos, por ahí iría la propuesta de planteos alternativos.

Por ejemplo, uno de los aspectos que generalmente se señalan con más énfasis es la carencia de recursos suficientes para el tratamiento. He escuchado a legisladores hablar en Cámara de Representantes del número de camas que tenemos disponibles; incluso lo hicieron durante el debate que allí se dio. Y se contraponen las escasas decenas de camas que hay en el ámbito público –un par de cientos–, con las dos mil que habría en el ámbito privado. ¿Esto es verdad o no? ¿Es cierto o falso que los recursos son insuficientes? Yo creo que es verdad, que nos faltan recursos.

¿Qué quiero decir con esto? Lo único que agregaría es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de definir qué es un centro de tratamiento y cómo cuantificamos los recursos. Con esto me refiero a que, si lo que define la cuestión es la cantidad de camas disponibles, los mejores centros de tratamiento están por acá cerca, en las mueblerías ubicadas en General Flores, porque allí hay muchísimas camas disponibles.

En realidad, en Uruguay no hay dos mil camas disponibles, sino millones. Todos nosotros dormimos en una cama. Lo que hay que ver es quién define que una cama o un cupo sean para tratamiento. Hay que poner un poco más de cosas encima de la mesa para hablar de calidad de tratamiento y no son solo las camas.

En todo caso, si coincidiéramos en que el principal problema que detectamos es que tenemos insuficientes recursos destinados a la atención de los adictos, todos los que somos conscientes de que se necesitarían más recursos, también deberíamos serlo de que los recursos no aparecen ni siquiera mencionados en este proyecto de ley. Este proyecto de ley no resuelve el problema de la insuficiencia de recursos, sino que, por el contrario, lo agrava. En la medida en que construimos mayor demanda de internación y, paralelamente, reconocemos que no hay suficientes recursos, el problema va a ser mayor.

Por último, para agregar un elemento más, quiero decir que el proyecto de ley no se ocupa de aclararnos cómo harán estas instituciones privadas para retener a un adicto internado en contra de su voluntad. ¿Se utilizarán métodos físicos? ¿Rejas, quizás? ¿Algún otro tipo de medidas de contención física? ¿Se utilizarán medidas farmacológicas depresoras de la conciencia? ¿Estos centros serán inspeccionados? ¿Requerirán el auxilio de la fuerza pública? Nada se dice al respecto.

En definitiva, primero el proyecto dibuja con brocha gruesa y da por supuesto que compartimos el diagnóstico sobre cuál es el problema de los adictos y el uso abusivo de drogas sin antes diagnosticar y explicitar cuál es el problema que pretende resolver para mejorar la situación.

Segundo, presume que hay una sola respuesta terapéutica y, a partir de allí, confunde tratamiento con internación. A todos los que firmaron hay que internarlos cuando se encuentren bajo los efectos de la drogadicción, tal como dice el informe en mayoría de la Cámara de Representantes.

Tercero, no considera otras alternativas de tratamiento; las desprecia.

Cuarto, no especifica si la propuesta refiere a un tipo particular de sustancias o si se aplica a todas. Como no lo dice, tenemos que suponer que las comprende a todas, incluido el alcohol, sustancia con respecto a la cual hay cientos de usuarios problemáticos, a menos que consideremos que el alcohol no es una droga.

Quinto, posterga la adopción de medidas terapéuticas. Cuando el usuario de drogas está lúcido, en lugar de procurar que concurra a un lugar de tratamiento, le propone ir a un escribano para comenzar a tratarse recién cuando su afección haya hecho estragos.

Sexto, agudiza la carencia de recursos y no propone aumentarlos.

Séptimo, genera mayores inequidades de las que ya tenemos.

Octavo, no da cuenta del desbalance entre la cantidad de usuarios problemáticos y las camas o los cupos para las internaciones que propone.

Noveno, no define cómo se certificarán o habilitarán los centros donde se producirán las internaciones.

Décimo, promete garantizar derechos para todos, pero no pasa de ser una declaración de deseo.

Decimoprimero, contiene incongruencias de redacción.

Decimosegundo, no muestra ninguna evidencia científica, más allá de relatos y de testimonios; desafía las recomendaciones de la academia y contradice los estándares internacionales y las normas éticas de atención de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud.

Decimotercero, por si fuera poco genera expectativas que no se verán satisfechas.

De aprobarse el proyecto de ley, solo traerá aparejada una mayor dosis de frustración.

                Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR MANINI RÍOS.- En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los invitados y agradecerles su exposición.

                Me queda bien claro cuál es la posición del secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Creo que todas las propuestas parlamentarias que buscan soluciones responden a un problema real, porque acá nadie está inventando el problema. Acá el problema que padecen centenares de familias –tal vez miles– es que ven un avance en el grado de adicción de su hijo, hija, esposo o esposa. Ese es un proceso cada vez más grave en el que se producen crisis recurrentes y, como no se puede internar a la persona porque esta no quiere, se la seda o compensa. Queda por esa a la espera de la próxima crisis y luego la siguiente.

                Hay posiciones que sostienen que el momento inicial de la crisis es el más complicado, pero después que pasa un período determinado la persona, en dominio de su razonamiento, puede decidir continuar con el tratamiento y la rehabilitación o no. Aquí el artículo 5.° da la potestad al médico de decir si tiene que seguir o no con el tratamiento y ahí entra la parte técnica que el señor Radío mencionó. No creo que esto aumente las inequidades, sino todo lo contrario, porque da posibilidades a una cantidad de gente que hoy está impotente, que ve cómo nadie hace nada por ellos y quedan librados a sus propias posibilidades.

Creo que deberían ser una de las principales preocupaciones de la Junta Nacional de Drogas los miles y miles de uruguayos que hoy ni siquiera saben qué tienen que hacer en estos casos. Como el hijo o el familiar que pasa por esta situación no lo pide, no puede ser internado y, de alguna forma, la familia tiene que encontrar la solución, sin tener las herramientas para hacerlo. Esto busca dar una posibilidad. Por supuesto que requiere muchos más recursos de los que hoy se tienen, pero esa es la parte que sigue. Una vez que tengamos esta obligación, habrá que brindar los recursos presupuestales necesarios para atender este problema.

Creo que este es uno de los problemas más grandes que hoy tiene la sociedad uruguaya y no podemos seguir haciendo lo mismo porque los resultados no van a cambiar. El señor Radío dijo que las calles están llenas de gente que no ha logrado salir de la adicción. Eso es verdad, es pavoroso y cada vez es peor. Cada vez estaremos ante una situación más grave, comprometiendo a futuras generaciones. Como bien dijo, algo hay que hacer, pero no por eso se presenta un proyecto cualquiera. Este que está a consideración tiene un enfoque diferente, busca dar una oportunidad a todas las familias que tienen un hijo que está en crisis, que no está en uso de sus facultades y no quiere ser internado, pero que cuando sí lo estaba aceptó la posibilidad de ser internado.

Con este proyecto de ley se podría llegar a esa primera etapa, que es la más complicada y a la que siempre se niegan. Luego, tal vez acepte seguir con el proceso necesario de rehabilitación. Creo que esta es una herramienta y coincido en que se necesitan muchísimos más recursos.

Esto de que los que van a instituciones privadas deban pagárselo, sí, está bien, pero para eso hay que dar al Estado todo el refuerzo necesario a los efectos de que aquellos que no pueden abonarlo lo reciban sin costo. Eso hay que expresarlo claramente. 

                En definitiva, creo que tenemos que encarar este tema de una vez por todas, sea de esta forma o de otra, pero no podemos continuar haciendo lo mismo porque los resultados serán iguales y cada vez estamos más enterrados como sociedad frente a este problema.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA LAZO.- Me surgen muchas consultas, pero seguramente no están en el ámbito de la Junta Nacional de Drogas, sino más cercanas al Ministerio de Salud Pública.

                Antes que nada, creo que todos los que participamos en esta comisión reconocemos que esto responde a un grito desesperado de familiares que sufren este flagelo. Me parece que todos estamos contestes en ese sentido.

También quiero expresar que estamos hablando de una solución que seguramente debería estar enmarcada en la Ley n.º 19529, Ley de Salud Mental, de 2017. Y aquí viene otro tema por el cual decía que esto probablemente no estuviera en la órbita de la Junta Nacional de Drogas y es que tiene que ver con el presupuesto. 

En realidad, ahí me surgen dudas con respecto a la disponibilidad de camas, los recursos técnicos, humanos, financieros y la voluntad –que aparecería como transitoria, como un momento de lucidez– de quienes intervienen en la definición de que ese es el momento en el que se debe tomar la decisión. Luego creo que hay que pensar en cómo afecta esto o cómo seguir con el tratamiento del tema, tal como decía el señor senador Manini Ríos. Considero que es complejísimo. Quisiera escuchar más voces porque me genera más dudas lo que expresan desde el punto de vista técnico y de la implementación, y quizás del rol que hoy tiene la propia Junta Nacional de Drogas, de lo cual escapa este proyecto de ley.  Reitero que esto me genera más dudas.  Me gustaría recibir aportes en el mismo sentido de lo que nos entregaba ahora el propio director de la Junta Nacional de Drogas sobre los estándares internacionales en cuanto a cómo se maneja este tema. Se me plantean más dudas con respecto a lo que señala el proyecto de ley en sí que, reitero, respeto profundamente, porque además hemos tenido oportunidad de escuchar a estas familias y sabemos que realmente están desesperadas. 

Ahora bien, en el afán de solucionar un problema, no quiero generar uno mayor como el que tiene que ver con qué recursos vamos a aportar desde el punto de vista técnico, humano y financiero, e incluso cómo vamos a apoyar a esas familias.

Por lo tanto, lo primero es, obviamente, expresar la solidaridad con quienes sufren esta problemática, pero también es necesario dar un tratamiento serio al tema y no a la ligera, quizás barajando y dando de nuevo, juntándonos con las propias familias en aras de dar un paso más allá. Me refiero a ese paso que el propio señor senador manifestaba, que creo es muy necesario y seguramente está muy vinculado al presupuesto y a la Ley de Salud Mental, cuya implementación es muy lenta.

Era cuanto tenía para decir, señor presidente.

SEÑORA ASIAÍN.- Agradezco el análisis brindado por la delegación de la Junta Nacional de Drogas. Al igual que a la señora senadora Lazo, la exposición me ha generado algunas inquietudes y creo que despierta cuestiones que quizás merecerían ser ajustadas en el caso de que el proyecto de ley prosperara. Quisiera señalar una duda que se me planteaba en cuanto a la interpretación de la propia iniciativa.

En lo personal, cuando leo el proyecto y lo analizo, veo la intención de remover aquel obstáculo al que se enfrentan la familia, los médicos y la sociedad para atender a alguien que se resiste, cuando de pronto esa persona –el proyecto seguramente parte de ese supuesto– pasó por una etapa de «estar limpia» –como se dice en la jerga– y quizás en ese momento haya pedido que no la dejaran volver a caer, pero cuando eso ocurrió, se negó a ser atendida. Obviamente, se trata de una persona y es de ética respetarla integralmente en sus derechos, por lo que si se niega, no se la puede obligar.

Entonces, yo veo que este proyecto tiene la intención de remover ese escollo. Esto lo digo para ilustrar cómo fue mi aproximación.

                En ese entendido, había interpretado que cuando se hablaba de internación, esta procedía cuando antes había existido una prescripción médica en ese sentido, a la que la persona se había negado por encontrarse en ese estado propio de una recaída en el problema. Tal vez tengamos que leer de vuelta y hasta hacer un intercambio en lo que refiere a la interpretación del texto. Creo que no se trata de que haya una imposición de la ley en el sentido de que cuando la persona recae hay que internarla, sino que habiendo de por medio una prescripción médica de internación, frente a la negativa, opera la voluntad que había manifestado la persona previamente. No sé si me explico en lo que hace al matiz, que entiendo es muy importante. La ley no dice expresamente «intérnese», sino que luego de que un facultativo vio a la persona y determinó que había que internarla, si nos encontramos con el escollo, este queda salvado por una voluntad previamente manifestada por el paciente.

                Sobre esos aspectos es que consulto a mi amigo Daniel Radío acerca de por qué interpretó de manera diferente, que me sorprendió, pero en el buen sentido.

Ahora bien, sí creo que hay elementos muy valiosos, como por ejemplo alguna incongruencia –destacada por el doctor Radío– en el artículo 1.º, que establece un derecho mientras que también se determina que los costos serán de cargo del interesado. Creo que habría que hacer algún ajuste, en caso de que el proyecto llegara a prosperar.

                Aclaro que recién estoy tomando contacto con este proyecto, que tal vez fue analizado antes por los integrantes de la comisión; no lo sé porque estuve ausente.

                Sin duda, habría que definir qué es internación. También habría que establecer la diferencia conceptual entre el consentimiento del artículo 2.º y lo que figura en el 5.º; y ni que hablar lo relativo a los recursos, su definición y escuchar a las autoridades del Poder Ejecutivo al respecto.

                El doctor Radío preguntaba cómo se va a detener al adicto contra su voluntad, si será con rejas, con drogas, etcétera. En este sentido, también traslado mi inquietud. Es sabido que a los pacientes internados en los hospitales de salud mental a veces se les aplica alguna medida de contención para habilitar su atención, por ejemplo en los casos de demencia senil.

Creo que otro tema a resolver es la cuestión de que no se excluya el alcohol, es decir, en síntesis, habría que determinar qué se considera droga.

                Entiendo que se ha hecho un análisis muy pormenorizado que nos lleva a la reflexión y que, al menos en lo personal, me deja la inquietud de tener que definir algunas cuestiones.

SEÑORA SANGUINETTI.- Quiero agradecer, ante todo, la presencia y la participación de la delegación, así como sus reflexiones.

                En lo personal, tengo un familiar que trabaja muy cerca de personas con adicciones, justamente desde un abordaje familiar sistémico. Si bien, obviamente, no conozco a las personas involucradas, llevo como veinte años entendiendo la dimensión del problema y que, en definitiva, para lograr una rehabilitación plena en general se precisa un sistema que acompañe. Es por eso que tenemos la situación que ya conocemos, por ejemplo a nivel penitenciario, donde es tan difícil la rehabilitación y demás.

                Comprendo la mirada que tienen ustedes en cuanto a que es un problema complejo con muchas aristas y que, por lo tanto, es de difícil solución. Nuevamente: los problemas complejos requieren soluciones complejas; entiendo que desde la junta están haciendo lo que consideran necesario para recorrer este camino, que siempre es lento. Más allá de esto, me gustaría saber si desde su postura no hay aspectos dentro de este proyecto de ley, mientras se sigue avanzando en esa línea, en los cuales se pueda hacer una intervención que signifique un aporte a la situación. Sabemos que el alcance es limitado y que no va a resolver el problema en su totalidad. Concretamente, quisiera conocer su opinión en ese sentido.

                Muchas gracias.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Simplemente quiero hacer dos comentarios complementarios o no sustanciales con relación al texto del proyecto de ley.

                Nosotros también partimos de la base de la solidaridad y del reconocimiento de la necesidad de una respuesta a situaciones extremadamente dolorosas y complejas que viven muchas familias en el país. En la secretaría estamos permanentemente recibiendo y dialogando con los colectivos de personas que están transitando por este tipo de problemas. O sea que no se trata de que la secretaría esté ajena a esta situación; la conoce mucho, trata de procesarla con las herramientas que tiene y es extremadamente sensible y solidaria frente a la situación que, de algún modo, origina la preocupación plasmada en el proyecto de ley.

                Por otra parte, quiero referirme al rol de la Junta Nacional de Drogas. Como ustedes saben perfectamente, no es un efector de salud sino el órgano especializado y rector en materia de política. Lo que existe en la junta es un reservorio desde el punto de vista académico y técnico sobre la cuestión del consumo abusivo de drogas, como así también de otros aspectos que tienen que ver con la represión, otra parte importante en la que colabora y apoya. Pero lo que ofrece, en definitiva, la Junta Nacional de Drogas es una sistematización de las evidencias nacionales e internacionales acerca de tratamientos, de los efectos y del monitoreo de las distintas sustancias que se consumen en Uruguay. Por lo tanto, lo que ofrece al país en materia de política de drogas es información fundamentada sobre qué se puede aportar como solución ante problemas diversos que están vinculados con estos temas.

                Quería hacer estas dos precisiones porque, obviamente, en cualquier proyecto de ley hay un componente político en la opinión, pero el fundamento profundo de la junta está basado en evidencias técnicas con las cuales ha venido trabajando y sistematizando. Nos parece que la mejor recomendación a una comisión que está analizando este tema debe basarse en una opinión muy sincera y a veces de no fácil aceptación para algunos sectores de la población.

Reitero: nuestra opinión está fundamentada en evidencia que ha sido profundamente estudiada.

SEÑOR NIFFOURI.- Creo que este es un asunto más que sensible, sobre el que hay mucho para trabajar. No dudo de la buena fe –la doy por sobreentendida– de las legisladoras que presentaron esta iniciativa para tratar de encontrar una solución a un tema puntual. Nos ha pasado tener que recibir a madres preocupadas por el hecho de que sus hijos tienen graves problemas de adicción y no saben qué hacer, y creo que de allí puede partir gran parte de las buenas intenciones de este proyecto de ley. Ni que hablar de que cada uno puede haber vivido, a través de familiares, amigos o conocidos, distintas situaciones de consumo abusivo de drogas. Entiendo, particularmente, que no se puede hacer ningún tratamiento hasta que la persona no decide que realmente quiere recibirlo y salir de ese problema. Conozco gente que no tiene dificultades económicas, que puede pagar el tratamiento que sea –incluso los propios familiares han pagado una, dos y varias veces–, pero hasta que el propio adicto no hace ese clic que le permite entender que es a partir de él que va a salir de ese consumo abusivo, lamentablemente no va a poder sanar por más dinero que tenga. Hoy en día conozco gente que está en situación de calle, cuando tiene recursos para hacerse el tratamiento que sea necesario, incluso no solo en este país sino en donde quiera.

Entonces, se trata de un tema más que complejo. Quizás la mirada de las legisladoras está en la otra punta, en la de que hay jóvenes que de pronto quieren hacerse un tratamiento y como no tienen posibilidades económicas, no pueden.

Conozco a Daniel Radío a partir del trabajo legislativo en otros períodos y sé de su contundencia al marcar su posición en todo sentido, lo que lleva a tratar de buscar soluciones. Creo también que no está resuelto el tema de la gente que no tiene recursos para hacer un tratamiento porque en este proyecto de ley tampoco están garantizados ni solucionados. 

Simplemente, ante un tema tan sensible como es el consumo abusivo de drogas, por la tarea que tiene la Junta Nacional de Drogas y más allá del proyecto de ley, consulto cuál es la tarea que debería llevarse adelante en este tema de una forma bastante integral, ni que hablar que siempre apuntando a la necesidad de los que menos tienen y quieren acceder a un tratamiento.

SEÑOR RADÍO.- Todos han sido muy amables en sus comentarios.

                No mencioné algo –agradezco que lo haya hecho el señor Rodríguez–, que sí manifesté cuando fui a la comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Ni que hablar que uno empatiza con el dolor de las personas que tienen que enfrentar estas circunstancias. En este caso hay algo peculiar que solo pasa con el uso problemático de drogas y que no sucede con otras afecciones de la salud. Cuando conocemos a un paciente con alzhéimer, vemos que es una tragedia para la persona que lo padece y para su familia, pero a nadie se le ocurre consultar al propio paciente o a su familia cómo se trata. Nadie como ellos sabe el sufrimiento que tienen, pero eso no quiere decir que sepan cómo se resuelve. Y esto vale para todas las otras patologías.

                Tuve un familiar que padecía leucemia, que se metió a trabajar activamente y fue fundador de Porsaleu, la Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Él falleció, pero antes escribió un libro –en el que, además, me nombra porque teníamos diálogos permanentes sobre el tema– con la idea de asociar a los familiares, a los usuarios y a los enfermos para tratar de colaborar, pero a ninguno se le ocurrió decir a los técnicos cómo tenían que tratarlos ni reclamar la internación de mi familiar; era el técnico el que lo decidía. Entonces, hay que diferenciar bien, pero eso no quiere decir que no fuera una tragedia ni que los recursos eran suficientes. Eso es lo primero.

Si yo fuera diabético –no lo soy, sí soy hipertenso–, me gustaría que mañana ya no lo fuera, pero eso es imposible porque se trata de una patología crónica. Los usos problemáticos de sustancias son patologías crónicas, que a veces se resuelven pero que tienen marchas, contramarchas y recaídas. ¡No hay magia!

La apelación a la táctica de la burbuja, es decir, sacar a la persona del entorno, no sirve; uno debe tener claro que lo que está en el centro de esta historia no es una sustancia sino una persona, y distintas personas con el uso de la misma sustancia no generan los mismos resultados. Lo mismo vale para los tratamientos. Si yo aíslo a la persona y la coloco en una burbuja durante un tiempo, a lo mejor en algún caso –sobre todo si hay motivación para cambiar– consigo resultados, pero cuando vuelva a su contexto –a menos que pretendamos que esté internada toda la vida, cosa que supongo no se plantea–, nuevamente se generarán las circunstancias que provocaron la caída y, entonces, tendrá recaídas. El mundo está lleno de esos ejemplos. Me parece que eso es lo que debemos cuidar.

Estoy convencido de que necesitamos más recursos. Como bien aquí se dijo, nosotros no somos un organismo efector, solo tenemos una red incipiente, que más bien es testimonial. En 202l ingresaron 2858 personas a tratamiento ambulatorio en la Red Nacional de Atención en Drogas, en Uruguay. Tengo testimonios grabados de personas que me agradecen porque resolvieron su problema. En realidad, no sé si lo resolvieron; quizá después tengan una recaída. Esas personas no van a la prensa, no se atan con cadenas, no manifiestan en la puerta del Palacio Legislativo, no llenan las barras. Pero también atendemos a miles de personas que hoy están en tratamiento. Este no es un invento de Daniel Radío; no tengo pretensión refundacional de ningún tipo y no creo que tenga que seguir realizando lo mismo que se hizo, como bien manifestó el señor senador Manini Ríos. Seguramente necesitemos más recursos.

Pienso que debe potenciarse la atención ambulatoria; estoy convencido de ello. Un proyecto creo que tiene que tratar de garantizar el derecho a la atención, al tratamiento, que no necesariamente es la internación, aunque a veces sí lo es, pero no hay que confundir estos conceptos. Digo esto porque a cualquiera de nosotros que mañana tenga apendicitis nos van a internar, pero eso no va a resolver la apendicitis; si me internan por la Junta Nacional de Drogas, no van a curar la apendicitis. Debe existir un lugar que esté certificado, que esté habilitado, que cumpla con todas las condiciones exigidas y en el que se pueda hacer un tratamiento posterior. Ergo, si digo que a todos los pacientes con apendicitis van a internarlos, no resolví el problema. En fin, lo que debe garantizarse es el derecho al tratamiento y este a veces demanda internación, pero no en otros casos. Hay pacientes que pueden seguir un tratamiento ambulatorio, en muchos casos porque es mejor y, en otros, porque no es posible otra opción. Sobre quienes tienen uso problemático de drogas –es verdad–, siempre vamos a hacer referencia a los walking dead, a esos pobres muchachos que andan por la calle como zombis, que no trabajan, pero hay otros que tienen uso problemático de drogas y a veces están sosteniendo una familia o un trabajo y si quieren internarlos no pueden porque tienen otras cosas que cuidar en la vida.

En definitiva, debemos pensar en cómo garantizamos el derecho al tratamiento. En este sentido, creo que hay que reforzar los dispositivos de atención ambulatoria y comunitaria que, además, pueden llevarnos a reducir una demanda de internación, que más allá de que no siempre es efectiva, es más cara, y en términos de economía de un país tenemos que tratar de resolver las cosas al costo más bajo posible. Pienso que esto es lo mejor, no solo porque sea más barato, sino porque la Declaración de Alma-Ata de la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud recomienda que la llevemos lo más cerca posible de la gente para resolver sus problemas de salud, sin sacarla de su contexto familiar y social. 

                Insisto: mañana va a haber personas con uso problemático de sustancias; el año que viene también habrá, y dentro de cinco años también.

Yo miré los debates entre Kast y Boric, en Chile, en los que se tiraban con el uso de drogas como con armas arrojadizas. ¡No nos hagamos trampas al solitario! ¿No les llama la atención que todos los expresidentes después se asocian y dicen cosas distintas a las que expresaban cuando eran presidentes? Es porque, en realidad, el mundo sin drogas no va a existir. Tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener estos problemas, y necesitamos lidiar con ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar lo más posible a las personas de carne y hueso que tienen un problema con el uso de sustancias. Quizá otra persona que use la misma sustancia no tenga un problema, porque la culpa no está en la sustancia, sino en el vínculo que se establece con ella. A nadie se le ocurriría que, porque hay violencia doméstica, se deben prohibir las parejas. Con el uso de drogas pasa algo de eso, razonamos distinto que en lo que respecta a otras enfermedades.

                Hay que ser empático con las personas, pero por haber tenido esa experiencia no saben más que los técnicos. ¿Qué quiero decir? No es mejor cardiólogo quien haya tenido un infarto porque sabe cómo se sufre, no es verdad. Entonces, me parece que tenemos que pensar que de lo que se trata es de no vendernos la ilusión de que mañana vamos a tener un mundo sin el problema. Yo quisiera no ser hipertenso en el futuro, pero me voy a levantar y voy a seguir siéndolo.

                En resumen, lo que tenemos que tratar de hacer es integrar a estas personas, mejorar su atención y garantizar su derecho a la atención, y eso no es lo mismo que garantizar su derecho a la internación. Debe estar disponible para cuando sea necesaria, pero en muchos casos ‒en la mayoría, me animaría a decir‒ no lo es. Ahora bien, yo vengo acá en calidad de director de una oficina del Estado y, en realidad, estas cosas hay que consultarlas con los técnicos. Me encantaría que estuvieran acá los representantes del Área Programática Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que seguramente podrían hablar con más jerarquía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está citado el ministerio. Estaban citados para hoy, pero hubo un desencuentro en los correos.

SEÑOR RADÍO.- También me gustaría que convocaran a la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, porque me parece que hay aspectos referidos a esa materia que son muy importantes.

SEÑOR CARRERA.- Yo me estoy sumando este año a la comisión, pero quiero dejar una constancia y plantear una interrogante.

                Nosotros, los senadores del Frente Amplio, hace un tiempo hicimos un pedido de acceso a la información pública solicitando todas las actas de la Junta Nacional de Drogas y el doctor Radío las envió. Quiero destacar esa actitud, porque me parece que es muy republicana y que habla de la transparencia. Uno puede discutir si está de acuerdo o no en cómo se dividen los recursos, pero creo que fue muy importante que compartiera toda la información, porque muchas veces tenemos que terminar en un juzgado discutiendo y pidiendo que un tercer poder, el Poder Judicial, habilite el acceso a esa información. Entonces, quiero reconocer la actitud dado que el doctor Radío está aquí presente. Quería dejar esa constancia.

                La otra cuestión está y no está relacionada. Quiero saber si se actualizó el Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, en el que la Junta Nacional de Drogas tiene un papel, que lidera el prosecretario de Presidencia de la República y que creo es muy importante ‒lo que tengo es el plan anterior‒, porque ahí se establece cómo actúan cada una de las reparticiones.

                Asimismo, me gustaría saber si tienen algún censo actualizado del uso problemático de pasta base. La última información que tengo es que habría unos diez mil usuarios problemáticos en la zona metropolitana. Si no la tienen acá, me gustaría que la remitieran luego a la comisión.

                Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Vuelvo a agradecer la dedicación con la que se ha abordado este tema.

                Mi pregunta está referida al proyecto. Quiero saber si las objeciones presentadas tienen que ver con el fondo del asunto o se deben a cómo se ha redactado o a alguna formulación. Concretamente, por ejemplo, en vez de hablar de internación, se podría establecer que tiene derecho a ser atendido, con todas las salvedades que se han relatado ‒no estoy proponiendo una redacción, sino preguntando conceptualmente‒, según lo que el facultativo entienda pertinente, sin la imposición de la internación porque quizá no corresponda, como bien decía el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Quiero saber si su posición o la de la secretaría es una negativa en general al proyecto o si, quizás, dependiendo de cómo sea reformulado, se podría acompañar.

SEÑOR RADÍO.- Yo no soy legislador ahora; la sensatez del pueblo me sacó de acá.

(Hilaridad).

                –Me parece que lo que tienen que definir es qué queremos resolver. Los legisladores resolverán si esto amerita una decisión legislativa.

                Está claro que el proyecto de ley no me gusta. De todas maneras, si tenemos un diagnóstico claro sobre algunos puntos, me parece perfecto que se haga un proyecto de ley. No tengo ninguna aversión a legislar en estas cuestiones, pero no me gusta la apelación al pensamiento mágico como creer que un proyecto de ley va a resolver estas cosas. Pero está bien que los legisladores actúen; valoro mucho el esfuerzo de quienes se han tomado el trabajo de hacer este proyecto. El hecho de que no esté de acuerdo, no quiere decir que esté mal.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, hay todo un capítulo vinculado con lo que se ha dado en llamar el control de la oferta. Hace pocos días vino a visitar Uruguay una delegación de Copolad –que es un programa de cooperación europea con los países de América Latina y el Caribe sobre drogas–, con la que nosotros tuvimos un intercambio. Lo que nosotros llamamos control de la oferta –lo hacemos periódicamente– hay que seguirlo haciéndolo, pero hay que llamarlo de otra manera, porque la verdad es que no la controlamos nosotros, sino el narcotráfico. Entonces, ya no le digamos más control de la oferta. Sigamos haciendo control del lavado de activos, sigamos haciendo la coordinación de la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado, sigamos haciendo la coordinación de inteligencia y todas las cosas que hay que hacer, pero no le llamemos control de la oferta. Es la confesión de un fracaso, porque todos los usuarios que quieren consumir lo hacen; no hay nadie que se quede con ganas. Ergo, nosotros no controlamos la oferta, sino que lo hace el narcotráfico. Nosotros tenemos una participación muy accesoria desde la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas. Lo que hacemos es enterarnos de la aparición de nuevas sustancias; tenemos un sistema que se llama Sistema de Alerta Temprana en Drogas por el que coordinamos a todos los organismos que participan. Eventualmente, emitimos una alerta, como sucedió en el episodio que se dio en Argentina. Repito: tenemos una participación accesoria en eso.

Nosotros realizamos dos tipos de encuestas vinculadas al uso problemático de drogas. Una es en población general y otra, en estudiantes de la enseñanza media. La última encuesta en población general se hizo en 2018 y no se ha reiterado todavía. Estamos haciendo un esfuerzo para ver si la hacemos el año que viene, pero hay un tema de recursos; capaz que la hacemos. Como decía, lo que recién terminamos de hacer fue la encuesta de estudiantes de la enseñanza media. La hicimos el año pasado y está pronta para salir. Queremos presentársela primero a las autoridades de la enseñanza y después la vamos a hacer pública. Los resultados no son muy sorprendentes, se dan en la línea de lo que venía siendo. Hay algunas alertas –por darles alguna novedad– respecto al fuerte uso de las bebidas llamadas energizantes. Esto empieza a ser un problema en la sociedad.

A su vez, el último informe respecto al consumo de pasta base ya está publicado y las cifras son las que decía el senador Carrera. El análisis que nosotros hacemos en base a lo que tenemos, es que el número de usuarios de pasta base en el Uruguay, en los últimos quince o veinte años, se ha mantenido estable. Esta puede ser interpretada como buena noticia o como una mala noticia. La otra cosa que ha cambiado es la edad. En general, los usuarios de pasta base ahora son más añosos, probablemente porque sean los mismos. Esto también puede ser una buena noticia o una mala noticia, pero es lo que tenemos para informar.

                Insisto en que dentro de poco vamos a tener la encuesta de estudiantes de enseñanza media, que es muy importante, con 10.000 episodios. La verdad que tiene mucho valor estadístico y me parece que va a ser importante hacerla pública.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Aprovechando que hoy están aquí –no siempre los tenemos–pregunto si está previsto hacer –capaz que ya lo dijo o es muy público– una campaña de concientización –como se ha hecho con el cigarro y el tabaco; uno compra una cajilla y le muestras fotos horrorosas–, una campaña educativa en los medios, en las escuelas y liceos para tratar de disuadir del uso de la droga. ¿Eso está en marcha? ¿Hay recursos? ¿Precisan recursos? ¿Cuál es la situación?

SEÑOR CARRERA.- Me preocupa lo que decía el secretario de la Junta Nacional de Drogas en el sentido de que la población que consume pasta base se ha mantenido estable, alrededor de 10.000, y he visto que se han incautado cargamentos de 450 kilos de pasta base que equivalen a 4:500.000 de dosis, que no creo que sean para el consumo interno. Esta es mi preocupación. Hemos interrogado al ministro del Interior en algunas oportunidades y no nos ha contestado. Entonces, tengo una preocupación por este tema en cuanto a si no está pasando otro fenómeno en Uruguay. Dejo constancia de que esta es mi preocupación.

                En cuanto a lo que usted hacía referencia hoy de cómo cambian, me acuerdo de una expresión de Kofi Annan que decía  algo así como que las drogas matan, pero las políticas equivocadas de los Estados matan a más personas. Se decía que las políticas contra las drogas a nivel mundial costaban USD 100.000:000.000 y hay 300:000.000 de usuarios en el mundo y el mercado ilícito maneja unos USD 330.000:000.000. Por eso comparto totalmente con usted que una de las estrategias tiene que ser combatir el blanqueo de esos dineros.

SEÑOR RADÍO.- Depende de cuándo uno lea a Kofi Annan, porque es típico de los que han hecho una evolución en eso, ya que tuvo un cambio de 180 grados en su postura con respecto a este tema.

                No es fácil responder a la pregunta que hizo el senador Manini Ríos en el sentido de si se ha previsto una campaña como la del tabaco. Puedo decirle que como la del tabaco, seguro que no. Tengo que hacer una confesión que no me beneficia: yo soy de los pocos uruguayos que no he compartido las políticas antitabaco y hoy estoy en la secretaría de la Junta Nacional de Drogas. Yo no estoy tan de acuerdo con las políticas antitabaco que se desarrollaron en Uruguay. Además, si hoy uno mira los números, Uruguay está en la mitad de la tabla en todo, en uso de tabaco, en el descenso del uso del tabaco; en todas las cosas estamos en la mitad de la tabla al igual que otros países que hacen menos cosas que nosotros. Creo que el mundo ha cambiado, ha evolucionado culturalmente, por lo que creo que los resultados que nosotros hemos tenido no son necesariamente consecuencia de las políticas antitabaco que se han desarrollado. Creo que ha habido un cambio cultural en las sociedades mundiales y eso ha favorecido el descenso del tabaco en todos lados. Yo en general tiendo a pensar que las campañas no deben ser atemorizantes, no me gustan los pictogramas en las cajas de cigarros, a pesar de que son una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que las campañas deben ser informativas y no atemorizantes. Asumo que es un problema que yo esté ocupando esta responsabilidad y esté confesando estas cosas. Seguro que no va a ser igual que las campañas antitabaco. Lo que nosotros tenemos que hacer es prevención, seguro, pero la cuestión es prevención de qué, si tenemos que disuadir del uso de sustancias o tenemos que hacer prevención del uso problemático de sustancias. Es toda una polémica que tenemos en torno al tema.

SEÑOR MANINI RÍOS.- ¿Hay dudas acerca de si conviene o no disuadir del consumo de drogas?

SEÑOR RADÍO.- En realidad, de lo que hay dudas es de la efectividad de eso. Por ejemplo, cuando uno mira las gráficas de uso de cannabis en Uruguay, es muy recurrente la pregunta, sobre todo en la prensa internacional, de si desde que se aprobó la reglamentación ha aumentado su consumo en Uruguay. La respuesta es sí, pero en realidad también es no, porque ha aumentado desde el año 2000, según los registros que tenemos. ¿Y cómo impacta la regulación del uso de cannabis en esa gráfica creciente de consumo? No impacta, no pasó nada, regulamos el consumo y la gráfica de consumidores continuó aumentando de la misma manera. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos regulado el mercado de cannabis? No se puede hacer historia contrafáctica, pero sí se puede comparar con los países vecinos. En los países vecinos evolucionó más o menos igual que en Uruguay, en algunos un poco más, en otros un poquito menos, en otros muchos más, como en Chile. 

SEÑOR MANINI RÍOS.- ¿Usted no piensa que una campaña que muestre el daño que causa el cannabis, así como cualquier droga, incluido el alcohol, podría disuadir a la gente de su consumo?  

SEÑOR RADÍO.- No importa mucho lo que yo piense. Creo que tenemos que hacerla. Debemos tener cuidado en cómo alertar. En general, los usuarios de cannabis, por ejemplo, son una población informada, son internautas, y si uno exagera los riesgos, probablemente lo que logre es cortar la comunicación, porque ellos van a consultar en Internet y a decir: a estos nos les presto más atención. 

SEÑOR MANINI RÍOS.- ¿Los liceales que se inician en eso también son internautas?

SEÑOR RADÍO.- En cuanto a los estudiantes, estamos trabajando permanentemente con la ANEP y estamos haciendo cursos. Hay un listado de docentes referentes en el uso problemático de drogas. 

Sí creo que hay que hacer campañas, sí creo que hay que hacer prevención, particularmente del uso de cannabis, porque además Uruguay es un país testigo de esto en el mundo, no porque lo tengamos en mayor cantidad que en otros, ni porque tengamos más uso problemático de cannabis, sino porque el mundo nos tiene bajo la lupa y entonces hay que hacerlo. 

Dudo de la eficacia de estas campañas porque, en realidad, están más destinadas a quienes están preocupados por la existencia de campañas que para los usuarios de drogas. 

En materia de prevención podemos hablar, en términos generales, de dos tipos, aunque hay muchas más. Hay una prevención específica, como es el caso concreto de las vacunas: si uno se da la antitetánica, eso previene solo del tétano y no de otra cosa. Y existe una prevención inespecífica, pues hay enfermedades en las que no se puede hacer prevención específica. Por ejemplo, si uno no quiere tener enfermedades cardiovasculares debe hacer ejercicio, comer sin sal, etcétera. Eso es una prevención, pero de todas maneras se puede hacer un infarto. 

La prevención en el uso problemático de drogas es bien inespecífica y yo me pararía, más que en la prevención, en la promoción de hábitos de vida saludable, promoción de habilidades para la vida, promoción de personas que estén paradas con los dos pies sobre la tierra y que puedan decir no cuando quieren decir no. Eso es muy inespecífico y no se hace a través de una campaña, sino todos los días en la casa. De las cosas que hay que promover, está el diálogo familiar y que se hable de este tema; de eso estoy convencido. Estas cosas se tienen que hablar en la casa entre los padres y los hijos, que los padres estén enterados de si los hijos usan o no sustancias. Insisto: lo digo porque me parece un ejercicio de sinceridad. No importa si yo considero que es eficaz o no. Hay que hacerlas igual, de eso estoy convencido.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- La respuesta a la pregunta de si está previsto hacer una campaña es que sí, ya lo estamos haciendo porque es una campaña escalonada. En este momento estamos trabajando solo en redes sociales con algunos mensajes específicos, pero forma parte de un plan integral de prevención. Esto implica el uso de medios de llegada a distintas poblaciones porque, además, esto es heterogéneo, unos están dirigidos a estudiantes, algunos a la familia y otro a otro tipo de consumidores.

Como decía el doctor Radío, el énfasis lo ponemos en los factores protectores que también los tenemos identificados, porque no solo estudiamos los efectos de las sustancias, sino también los efectos de las campañas en todo el mundo y, por lo tanto, hemos aprendido muchas cosas.

Tenemos clarísimo que lo que previene el uso problemático de drogas o retrasa el inicio del consumo en los adolescentes y los jóvenes, son los mismos factores protectores que provienen de la familia, del ingreso al sistema educativo y su permanencia allí. Es decir, hay un conjunto de decisiones que la sociedad ha tomado que constituye un factor de protección de por sí, y tratamos de alentar que los adolescentes transiten por esos lugares de la mejor manera posible, porque el solo hecho de formar parte de eso ya constituye un factor de protección. Por supuesto que, además, está el factor de información y el de transmisión de los daños, etcétera, aunque no mueve mucho la aguja según lo que nosotros hemos estudiado. Es decir, yo puedo decir los riesgos que tiene determinado consumo y la persona no es que decide solo en función de eso, algunos sí, pero muchos no.

Por lo tanto, hay que ir a trabajar en otros factores que sí mueven la aguja. Como decía, el hecho de trabajar ahí no solo previene el uso problemático de drogas, sino también el suicidio y otro tipo de situaciones. Por eso es clave el trabajo que estamos haciendo en el sistema educativo, pero también lo es llegar a aquellos colectivos de adolescentes o instituciones que trabajan con quienes no están en el sistema educativo porque ahí el riesgo es mucho más alto.

SEÑOR RADÍO.- Vamos a hacer una campaña no desde la secretaría de la Junta Nacional de Drogas, sino desde el IRCCA –probablemente sea con la cooperación de la secretaría de la Junta Nacional de Drogas–, vinculada directamente a la marihuana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Estuvo bien la exposición porque se amplió a otros temas que siempre es bueno conversar con esta secretaría. Vamos a convocar al ministerio y después iremos informando sobre la evolución de los acontecimientos.

(Se retiran de sala las autoridades de la Junta Nacional de Drogas).

 

(Ingresan a sala los representantes de la Comisión Interna del Hospital Español).

                –Damos la bienvenida a la delegación de la Comisión Interna del Hospital Español, quienes han solicitado esta audiencia.

Antes que nada quiero decir a nuestros invitados que varios señores senadores debieron concurrir a otras comisiones, pero los que estamos vamos a escucharlos y, como esto queda registrado en la versión taquigráfica, lo haremos llegar a quienes tuvieron que retirarse por los motivos antes señalados.

SEÑORA ASIAÍN.- Lamentablemente, yo también debo concurrir a la Comisión de Constitución y Legislación, que empieza a las 15:00, por lo que también quiero disculparme especialmente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin más, les damos la palabra.

SEÑORA NOVAS.- Buenas tardes.

Mi nombre es Gisel Andrea Novas; soy la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español y, antes que nada, quiero darles las gracias por recibirnos.

                El Hospital Español fue el primer centro de referencia covid en esta pandemia que comenzó el 13 de marzo de 2020 y en la que todos los compañeros nos pusimos la camiseta y estuvimos a la altura de las circunstancias. Tuvimos que capacitarnos para saber cómo desempeñar nuestra tarea y empezar a usar los equipos de protección personal para afrontar este problema por la pandemia de covid.

                Nosotros tenemos un número de funcionarios en el Hospital Español –que fue inaugurado hace catorce años– de más o menos novecientos funcionarios, entre los que tenemos funcionarios presupuestados y funcionarios 068. También tenemos compañeros tercerizados. En la pandemia teníamos un déficit estructural de más menos sesenta personas entre auxiliares de enfermería, licenciados, médicos, auxiliares de servicio y administrativos. Con la inyección de los fondos covid se logró contratar –a través del contrato 068 del Plan de Contingencia COVID-19– a los compañeros que actualmente están trabajando. Tenemos entre 123 y 150 compañeras con contrato covid. Mediante una reunión con ASSE y los compañeros de la federación se logró que los contratos se extendieran hasta el 31 de mayo.

                Lo que sucede con este problema es que tenemos la espada de Damocles sobre nuestra cabeza porque si perdemos a estos 123 o 150 compañeros que están cubriendo los cargos estructurales –los contratos van a caer el 31 de mayo–, se va a resentir la calidad de atención que brindamos al usuario de ASSE. Decimos esto porque muchos de los compañeros están desempeñándose en enfermería, en administración, algunos en mantenimiento y otros, en caldera. Los tenemos diseminados por todo el hospital.

                Hemos tenido reuniones bipartitas con la doctora Cardozo, que es la directora del hospital. Hacemos un seguimiento de los contratos. Ellos han mandado informes a ASSE diciendo que necesitamos que se cubra la estructura. Muchos compañeros se fueron con pase en comisión a otras unidades ejecutoras sin unidad a cambio. Entonces, hemos perdido esa estructura. También se fueron compañeros médicos y licenciados en Enfermería cuando se abrió el segundo centro covid –el INOT–, y esos licenciados no volvieron.

                Por lo tanto, como seguimos teniendo todos esos agujeros estructurales en el hospital, los cubrimos con esta cantidad de compañeros que están con el contrato covid contingencia.

                Vemos con gran preocupación que al 31 de mayo los contratos van a caer, y el hospital se va a ver resentido. Hace unos años, la Comisión Interna Hospital Español y la Comisión de Salud Laboral Hospital Español plantearon un proyecto en ASSE. Allí planteamos el libre más. Como sabemos, para tener un cuatro y dos en la salud, se necesita un veinte por ciento más de personal, y sabíamos que no se iba a poder. Hicimos un proyecto tripartito entre la dirección, la Comisión Interna y el Departamento de Enfermería en el que se establecía que todos los compañeros que tuvieran asiduidad, es decir cero faltas en el mes, se ganan dos libre más, estos es, dos libres premio. Eso fue votado por el Directorio de ASSE y lo estamos usando tanto en piso como en CTI,  block quirúrgico, farmacia y cocina.

                El tema es que, con la pandemia y todo el estrés que se vivió, hay compañeros que se vieron afectada su salud. Aumentó un poco la certificación. Teníamos compañeros que fueron certificados por su edad avanzada y otros, con certificación siquiátrica.

Vemos que en ese proyecto que tenemos de libre más necesitamos aumentar, es decir, generar uno o dos libres más con la misma contraprestación, esto es, un premio al compañero que tiene la camiseta puesta y no falta.

Planteamos esto porque también vimos que cuando ASSE votó el cuatro y dos para el CTI del Hospital Español en el proceso de la pandemia –ahora ya lo sacaron–, el porcentaje de ausentismo no bajó con el cuatro y dos porque no tenía ninguna contraprestación.

Sabemos que el libre más en piso con esta contraprestación de que si uno falta no lo obtiene, sirvió. Queremos tratar de seguir negociando en el observatorio en ASSE para ver si podemos incluir mejor calidad de libres en el hospital. Eso va a influir en la calidad del trabajo de los compañeros y a repercutir directamente en la calidad de atención que brindamos al usuario de ASSE.

SEÑOR GONZÁLEZ.- También integro la Comisión Interna.

En la nota que entregamos a la Comisión de Salud Pública nos basamos en tres grandes pilares. En el momento en que presentamos la carta una de las cosas que estábamos sufriendo era la dificultad en los cobros. En el hospital había grandes irregularidades con el cobro de salarios por estos contratos que se habían puesto en funcionamiento para poder mantener el hospital. Teníamos gente que estaba cobrando porcentajes del sueldo, sin llegar al 100 %. También tuvimos compañeros que, con este tipo de contratos, en el mes de febrero tenían salarios sin cobrar habiendo trabajado desde fines de noviembre.

Además, hay un serio problema en el sector de recursos humanos, que tuvo que fortalecerse con contratos de contingencia para cubrir el déficit y que los compañeros pudieran cobrar los salarios atrasados. Muchos de los cargos que se pusieron para fortalecer recursos humanos eran de contingencia covid, pero con el fin de la emergencia sanitaria fueron dados de baja, por lo que nuevamente ese servicio se encuentra resentido. Por ejemplo, una de las compañeras administrativas –integrante de esta comisión– hoy no pudo venir porque se encuentra realizando esa tarea. Ellos están muy solos con el problema que tienen para afrontar. Se dan atrasos por la misma gestión y ellos tratan de lograr que los cobros lleguen desde ASSE. Son trámites lentos y se necesita gente para fortalecer ese servicio. Se necesitan recursos desde ASSE.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Esto es comisión de apoyo? ¿Cuál es la dificultad?

SEÑOR GONZÁLEZ.- Los de contingencia son de comisión de apoyo. Muchas de las liquidaciones se hacen por separado; es muy difícil porque hay que liquidar presupuesto, contratos 068 que son comisión de apoyo y también los suplentes 263. En su momento, los recursos para pagar los sueldos de los 263 se terminaron y hubo que utilizar el plan de contingencia. Los compañeros que funcionaban como 263 pasaron a cobrar por plan de contingencia porque no había recursos y el rubro del recurso de suplentes de 263 se había terminado. Nos hicieron el planteo desde dirección y la estrategia fue utilizar el fondo covid para cubrir esos cargos a nivel general. Estamos hablando de médicos, personal de cocina y administrativos. Así como la compañera plantea que hay un déficit estructural, podemos decir que tenemos muchos huecos en la estructura del hospital que fueron cubiertos con estos cargos. Es la historia de la sábana corta porque ahora termina la contingencia y esos cargos se pierden. Ya hay muchos compañeros a los que no se les renovó el contrato.

Ahora, lo último que surgió fue la extensión por un mes más, hasta fines de mayo, pero con eso lo único que se hizo –y por eso estamos acá– fue dilatar el problema. Hoy estaríamos con graves problemas para brindar asistencia a los usuarios, pero eso se dilató un mes más. Si bien teníamos alrededor de unos 160 contratos funcionando dentro de la estructura por el plan de contingencia, los que se renovaron fueron unos 100, es decir que bajaron bastante porque mucha gente se consiguió otro trabajo o no fue a firmar y esos cargos no continuaron. Los que continuaron son algo más de 100, unos 120. Por los datos que hemos recabado como sindicato y viendo el trabajo de los distintos sectores, el cálculo nos daría que necesitamos alrededor de sesenta cargos –que es lo que planteaba la señora Gisel Novas– para lograr no aumentar la estructura sino mantenerla. Cuando se inauguró este hospital contaba con varias especialidades que hoy por hoy no tenemos, ya que se han ido perdiendo con el devenir del tiempo.  Por ejemplo, funcionaba una policlínica que fue perdiendo especialidades. Dentro del barrio y la zona somos un referente y muchos de nuestros pacientes son vecinos. Si bien tenemos gente que viene de otras partes del país y de otros barrios, muchos pacientes son vecinos de la cuadra, por decirlo de alguna manera; para ellos es muy importante el hospital y nuestro objetivo es atenderlos.

                Obviamente, ante todo defendemos el trabajo, pero no queremos que nuestro hospital se transforme en un depósito de gente, como en algún momento también ocurrió. No sé si eso se pretendió o qué pasó, pero teníamos muchos pacientes «sociales» que estaban internados por orden judicial y teníamos varias camas ocupadas. Nuestro hospital atiende pacientes con problemas respiratorios; por eso la atención por covid-19 fue definida ahí. Reitero que se trata de un hospital que siempre ha trabajado con enfermedades respiratorias, desde antes de la pandemia. Nosotros ya veníamos con un equipaje y un conocimiento sobre enfermedades respiratorias.

Ahora bien, nosotros apostamos a seguir brindando el servicio, ya que tenemos la infraestructura necesaria, pero hay camas que están bloqueadas por falta de personal.  Sabemos que hay mucha venta de servicios, ya que se están contratando camas fuera del ámbito público, a nivel privado, porque no hay espacio para atender a los pacientes, cuando tenemos un hermoso hospital con potencial para dar mucho más, pero estamos dejando que se deteriore, que se venga abajo. Eso está mal.

Creo que justamente el Estado tiene que preocuparse por la salud del más vulnerable, y esa es la población a la que nosotros apuntamos y atendemos. Por eso es importante que el hospital no se pierda y que se le den los recursos necesarios para seguir adelante, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo.

                En este momento, estamos saliendo de esta pandemia, pero hace unos meses esto fue una guerra para nosotros. El trabajo y los pacientes nos generaron un estrés muy alto durante la pandemia. Llegamos a bajar siete u ocho pacientes a la morgue; era impresionante ver cómo la gente venía y se moría. Todo esto tiene un precio que hoy por hoy estamos pagando: como se sabe, tenemos muchos compañeros con depresión y han surgido muchas patologías de diferente tipo por el desgaste emocional que pasamos. Si bien tuvimos mucho desgaste físico, lo emocional nos afectó. En lo personal hace veintiocho años que trabajo como enfermero, pero puedo asegurarles que en toda mi carrera nunca viví lo que pasé en esta pandemia. Lo digo a modo personal, pero sé que mis compañeros lo vivieron de igual manera y sufrieron el mismo desgaste. Miren que acá no vengo a pedir nada; lo único que quiero es que el hospital sea protegido y que se le den los recursos que necesita para seguir brindando lo que tiene que dar a la sociedad. Nada más que eso; no pedimos nada extra. Simplemente pedimos lo que es necesario. En este momento, lo que precisa ese hospital son recursos, tanto humanos como materiales, a fin de poder seguir brindando una asistencia de calidad como merece el usuario de ASSE.

SEÑOR AIRES.- A fin de no ser redundante en lo que ya se planteó, quiero decir que lo que reivindicamos es tener el mejor hospital público para usuarios y trabajadores; para eso se necesitan los recursos. Para los usuarios necesitamos todos los servicios abiertos, con especialistas disponibles, sin camas cerradas; y para los funcionarios necesitamos condiciones de trabajo, lo que significa tener al compañero al lado con un cargo genuino, con todos los derechos, con todos los beneficios y todas las obligaciones. No queremos contratos chatarra. Los contratos covid vinieron a llenar ese vacío que existía por las vacantes no cubiertas, pero ahora necesitamos que sean llenadas y que los compañeros se queden para reforzar la estructura y a futuro sean presupuestados.

                En cuanto a los especialistas, es un tema que no se puede perder. Ahora tenemos las vacantes de la región, que no son del hospital; cuando pasa el tiempo y no se cubren, se las quedan otras unidades ejecutoras o, en algunos casos, los cargos son transformados o divididos y se utilizan para otra cosa. Más allá de la complementariedad entre lo público y lo privado, en alguna medida está bien –sobre todo cuando un servicio de salud no tiene algo que otro sí puede ofrecerlo–, pero en este caso ASSE tiene todo, y los especialistas que se fueron eran parte de la estructura, por lo que son necesarios. En cuanto a los licenciados, los auxiliares de enfermería y los auxiliares de servicio que se fueron para el INOT, si no contamos con ellos, lo que está arriba de la mesa es que van a empezar a quedar servicios cerrados, salas cerradas, camas cerradas, y será necesario comprar afuera. Eso no puede pasar.

                Nuestra reivindicación general es contar con un hospital público de calidad para usuarios y trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entiendo que durante la pandemia de covid la capacidad instalada funcionó al cien por ciento.

SEÑORA NOVAS.- Durante la pandemia tuvimos el hospital lleno, sin absolutamente ni una cama libre. Hoy día tenemos camas cerradas; contamos con veinticinco en el CTI, pero solo diecinueve están funcionando porque no tenemos personal, tanto personal médico como no médico, para cubrirlas a todas.

SEÑOR PRESIDENTE.-  ¿Y qué ocurre con los moderados?

SEÑORA NOVAS.- Nosotros llamamos cuidados moderados a los cuidados en piso, y ahí también tenemos sectores cerrados porque falta personal. Habíamos abierto el Cebiobe, que era el laboratorio que tenía el Hospital Español, con diez camas de CTI, pero luego fueron cerradas porque no tenían las condiciones adecuadas en cuanto al metraje de la unidad, entre otras complicaciones. Ahora esas camas podrían estar abiertas para personal de cuidados moderados de piso, pero no podemos abrirlas porque no contamos con los licenciados en Enfermería ni con los auxiliares de servicio. Por lo tanto, como dijo Andrés González, muchas veces el problema es el de la sábana corta, ya que pagamos muchos miles de dólares por camas de CTI en el área privada teniendo camas bloqueadas por falta del personal necesario para funcionar.

Apostamos a tener el hospital lleno, como debe ser, pero contando con el compañero al pie de la cama, ya que si no hay enfermero, médico, auxiliar de servicio, administrativo, no se conforma el equipo. Cada uno cumple una tarea diferente, pero funcionamos en conjunto. Por consiguiente, para dar una atención digna debemos contar con el personal capacitado y con contratos decentes. La verdad es que todo esto de los contratos covid y de los contratos 263, que son los de los suplentes, genera estrés a los compañeros por el tema de los pagos y de la continuidad. Eso no hace digno el trabajo porque lo único que genera es temor en los compañeros y no suma nada, sino todo lo contrario. Si se extienden por un mes estos contratos llegaremos al 31 de mayo y tendremos el mismo problema que el 31 de marzo: si los contratos no continúan, vamos a tener que seguir cerrando camas. Debe quedar claro que las camas que hoy por hoy están cerradas en el hospital, no lo están por el sindicato sino por orden de dirección, ya que no contamos con la dotación adecuada para atender dignamente al usuario de ASSE.

SEÑOR NIFFOURI.- Agradezco la presencia de la delegación y ni que hablar el hecho de haber estado en primera línea durante este tiempo en un hospital específico para covid, con la incertidumbre que generó en los uruguayos todo ese tema. Sin lugar a dudas, debe haber sido como la atención en un hospital de guerra.

                He sido legislador por varios períodos, en este caso del Gobierno, pero anteriormente de la oposición, y en ese entonces fui crítico cuando como representante del departamento de Canelones reclamaba un CTI público y me decían que había que focalizarlo en Florida. Entonces, sostenía que no podía ser que no se tuviera en cuenta al segundo departamento en habitantes del país. Lo cierto es que se terminaban contratando servicios privados. Hoy el CTI público en el hospital de Las Piedras es una realidad.

                Junto con el presidente de la comisión nos pondremos en contacto con las autoridades de ASSE porque no puede ser que ocurra lo mismo en un CTI público, aquí en Montevideo. Quiere decir que mantenemos el mismo discurso: si hay capacidad de camas de CTI para los propios usuarios de ASSE, no puede ser que se estén comprando. Por lo tanto, pediremos información al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Más allá de la intervención de Andrés González, que incorporó otras problemáticas, creo que el centro está en el tema de los recursos humanos, con dos componentes: el estructural y el de los 123 cargos que cesan el 31 de mayo. Al respecto haremos las consultas del caso. Y luego Gisel Novas agregaba lo relativo al proyecto de dos días libres.

                La primera consulta la haremos al presidente de ASSE, doctor Cipriani, a quien le comentaremos que recibimos a la delegación, que hay una preocupación por los cargos que vencen el 31 de mayo, y le preguntaremos cómo se vincula eso con la atención, eventualmente, de las camas cerradas, como decía recién el senador Niffouri.

                En definitiva, tomamos esos puntos como el grueso de la preocupación y los mantendremos al tanto. Tenemos un vínculo bastante permanente, tanto con el ministro Salinas como con el presidente de ASSE; en realidad, somos una polea de transmisión de los problemas.

SEÑORA NOVAS.- Como comisión de salud y como comisión interna hemos brindado el proyecto a otras unidades ejecutoras del interior –tanto a las direcciones como a las comisiones internas–, dado que funcionó y nos permitió generar una reducción en el porcentaje de ausentismo en piso. Entonces –insisto–, lo transmitimos a otras unidades ejecutoras para ver si se puede copiar ya que es un mimo para el funcionario y resulta en una mejor calidad de su descanso. La idea es que también pueda implementarse allí.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Reiteradamente se habla de quien premia al que trabaja siempre, al que se pone la camiseta del hospital y viene a laburar todos los días. En el malón, los beneficios vienen para todos. Con este proyecto apuntamos a premiar realmente al que viene y cumple. Por eso nos ha funcionado el proyecto del libre más y ha bajado el ausentismo. El gran problema dentro del aparato del Estado es, creo, el ausentismo. Realmente, con esto nosotros hemos tenido un logro, ya que marcó un antes y un después. Incluso cuando el doctor Cipriani puso el 4-2 en CTI, el ausentismo despegó nuevamente. A veces parece que se es hijo del rigor, o sea, «te doy esto si vos te comprometés con esto», ahí se genera el compromiso. La cosa es premiar al que se pone la camiseta y viene a trabajar. Nosotros siempre apostamos a eso: al laburo, a la gente que trabaja. Hoy estamos aquí representando a todos esos compañeros, y por eso vinimos acá.

SEÑORA MARÍN.- Antes que nada, quiero agradecer que nos hayan recibido, porque nosotros hemos golpeado muchas puertas antes de llegar acá; hemos hecho de todo.

Si bien el asistencialismo es el que está en la primera línea, con el compañero Morales –él trabaja en mantenimiento y yo estoy en cocina– teníamos el mismo miedo. Lo mismo que les pasaba a ellos nos sucedía a nosotros, por más que no estábamos directamente con el paciente. Nosotros también necesitamos recursos humanos, porque si no estuviéramos en áreas como mantenimiento, cocina y lavadero, no funcionaría el hospital. En general, se mira la primera línea, y nosotros lo entendemos, pero para nosotros es muy importante que se visualice a los compañeros que estamos abajo –en realidad trabajamos en el subsuelo–, donde están el lavadero y la cocina.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están abajo, textualmente.

SEÑORA MARÍN.- Sí, es textual.

                Y es muy importante nuestra tarea porque le damos una alegría a la gente cuando le damos la comida. Lo mismo sucede con los compañeros de mantenimiento y del lavadero que están luchando porque trabajan en todo el hospital.

                Muchísimas gracias nuevamente por habernos recibido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Fue un gusto para nosotros.

Se levanta la sesión.

(Son las 15:28),