COMISIÓN DE HACIENDA

(Sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2021).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:08).

                –Léase un asunto entrado.

(Se lee).

                «Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Carpeta n.° 588/2021, distribuido n.° 825/2021. Juego on line. Se establecen normas».

                –Propongo que se invite a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para que expliquen el alcance del proyecto de ley.

(Apoyados).

–La secretaría coordinará la comparecencia.

Corresponde pasar al segundo punto del orden del día, esto es, la carpeta n.° 580/2021, distribuido n.° 799/2021, que contiene el proyecto de ley sobre participaciones patrimoniales al portador con destino al Banco Central del Uruguay, por el que se modifican los artículos 5.º de la Ley n.º 18903, de 17 de julio de 2012, y 39 de la Ley n.º 19484, de 5 de enero de 2017, relacionados con la reserva de la información.

A tales efectos, y como figura en la convocatoria, concurren especialmente invitadas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

(Ingresa a sala la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas y del

Banco Central del Uruguay).

                –Damos la bienvenida a la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, integrada por el doctor Gustavo Igarza, adjunto a la Dirección General de Secretaría, y el doctor Mario Rosas, director de la Asesoría Jurídica, así como a la delegación del Banco Central del Uruguay, integrada por el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, y el doctor Daniel Artecona, gerente de la Asesoría Jurídica, quienes fueron convocados para dar la visión de las respectivas instituciones sobre el proyecto de ley relativo a las modificaciones de artículos vinculados a los temas de reserva sobre participaciones patrimoniales al portador que, obviamente, deben reportarse al Banco Central.

SEÑOR ROSAS.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos.

Voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema. Este proyecto de ley de entrega de información del Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y del Registro de Beneficiarios Finales, es una iniciativa del Banco Central y, como bien dijo el presidente de la comisión, procura la modificación del inciso tercero del artículo 5.° de la Ley n.° 18930 y la del inciso tercero del artículo 39 de la Ley n.° 19484. El fin último es facilitar el acceso de los sujetos obligados –ahora voy a referirme a ellos– a la información contenida en el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y en el Registro de Beneficiarios Finales.

Como ustedes sabrán, el artículo 12 de la Ley n.° 19574, Ley Integral contra el Lavado de Activos, refiere a las obligaciones de los sujetos obligados financieros y el artículo 13, a los sujetos obligados no financieros. El artículo 14 impone además la obligación de la debida diligencia, proceso de carácter previo a las contrataciones, por el cual se obtiene una adecuada identificación de los clientes, del beneficiario final y del volumen e índole de los negocios.  O sea que este es un proceso para detectar y evaluar los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

                Los artículos por modificar merecen una pequeña introducción.

                Hay que recordar que el artículo 3 de la Ley n.° 18930 crea el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y el Registro Beneficiarios Finales y el artículo 5 de la misma ley establece, como principio, la reserva de la información y la restricción de su acceso a instituciones como la DGI, la UIAF, la justicia penal y la Junta de Transparencia Ética Pública. En su inciso tercero, que es el que se pretende modificar, se establece que en los casos no previstos de ese acceso restringido la reserva se pueda levantar con una autorización expresa y por escrito de los titulares de los datos que consiga el registro.

                El artículo 39 de la Ley n.° 19484 tiene una redacción similar y en su inciso tercero repite prácticamente textual la redacción del artículo 3 de la Ley n.° 18930 que acabo de mencionar.

                Los fundamentos de la iniciativa se basan en la necesidad de generar condiciones favorables para el cumplimiento de esa debida diligencia que tienen los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros. Para ello se propone, en primer lugar, permitir a los sujetos obligados el acceso automático a la información custodiada y administrada por el registro y, en segundo término, permitir que la reserva sea levantada no solo por los titulares propietarios de los datos que se encuentran registrados, sino también por los representantes de las entidades emisoras de participaciones patrimoniales.

                Con este acceso automático se lograría que los sujetos obligados identificaran fácilmente  a sus clientes, a los beneficiarios finales, así como también a los titulares de las participaciones de una manera no solo más directa, sino menos costosa.

                En el momento de analizar la iniciativa, tanto la Senaclaft como el Ministerio de Economía y Finanzas entendieron razonable y compartieron la finalidad de la modificación propuesta.

                Esa es un poco la introducción a esta iniciativa.

                Me gustaría que se cediera el uso de la palabra a los integrantes del Banco Central del Uruguay, a los efectos de que expliquen la operativa.

SEÑOR CANTERA.- Buenos días.

                Muchas gracias por la invitación.

                El doctor Rosas ha explicado bastante bien y son claros los fundamentos que están expuestos en la motivación del proyecto, pero quiero enfatizar en el hecho de que esta propuesta se enmarca en un proyecto más amplio que desde siempre tuvieron el Banco Central del Uruguay y el Gobierno. Se trata de hacer más eficientes los distintos procesos que deben cumplir las personas y las empresas para operar en el sistema financiero, particularmente en este caso para abrir una cuenta y mantener el debido conocimiento que se requiere por las normas de prevención de lavado de dinero sobre el cliente por parte de las entidades financieras y por parte de los sujetos obligados en el caso de que sean del sector no financiero.

                En ese sentido, la normativa sobre prevención de lavado de activos ha impuesto una carga bastante pesada y costosa a todos los actores que tienen que ejercer ese control. Por ende, entendemos que la tecnología y los avances tecnológicos nos permiten lograr una mejora en la eficiencia en el acceso a la información necesaria por parte de los distintos agentes que tienen que operar y disminuir la carga también a los clientes cuando deben proporcionar información a las entidades.

                En el caso particular de la información sobre los beneficiarios finales de las cuentas abiertas en el sistema financiero y de las sociedades que deben operar en el sector inmobiliario o en cualquier otro de los sectores declarados como sujetos obligados, se requiere toda una documentación y una declaración por parte de la persona para poder reflejar quién es el sujeto o el beneficiario final de la sociedad sobre la cual se está operando.

                Esa información es declarada en el Registro de Beneficiarios Finales y en el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales al Portador del Banco Central. Cuando se solicita a una sociedad la declaración sobre el beneficiario final, la práctica es que el representante de esa sociedad entregue al solicitante una copia de la declaración que presentó en el Banco Central en nombre de los beneficiarios finales de dicha sociedad. Eso lleva implícito que el representante tiene la autorización del beneficiario final para hacer la entrega de esa documentación.

Lo que queremos hacer a través de esta propuesta es reconocer eso que ocurre en la práctica, permitir que el sistema se automatice y que el representante de una sociedad autorice especialmente a quien haga la solicitud automática al registro en el Banco Central. De esa forma, tendremos la posibilidad de controlar que, efectivamente, el representante, además de estar atribuido por la ley, otorgue la autorización a la persona que va a acceder a la información. Con eso se lograría hacer el control de una manera mucho más clara y eficiente, y entendemos que disminuiría de forma importante los distintos costos transaccionales que se presentan tanto para las personas como para las entidades que son sujetos obligados, sean o no del sector financiero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún otro integrante de la delegación desea hacer uso de la palabra, abrimos un espacio para que los señores senadores puedan hacer consultas o emitir opiniones.

SEÑOR BATLLE.- Damos la bienvenida a la delegación y agradecemos que hayan venido a explicarnos.

                Quisiera hacer una consulta técnica, nada más.

                En la práctica tecnológica, ¿cómo funciona la autorización del accionista para que se acceda a su información?

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera confirmar algo. Entiendo y creo que es compartible la motivación de la flexibilización que se plantea. Según entendí, debería ser así, pero me gustaría confirmar que no haya ninguna parte interesada que pueda verse sorprendida –digamos– en su buena fe en cuanto a que aparezca  información referida a su persona o a su sociedad sin que haya otorgado las respectivas autorizaciones. Es decir, quisiera confirmar que están dadas las garantías como para que no haya un manejo de información sin que todas las partes interesadas lo hayan autorizado. No sé si se entiende la pregunta.

SEÑOR CANTERA.- Con relación a la pregunta que hace el señor presidente, le pediré al doctor Artecona que después explicite mejor o amplíe lo que yo pueda responder.

                Voy a empezar contestando la primera pregunta referida a las formas operativas. Nosotros tenemos la comunicación con los sujetos obligados a través de un sistema de comunicación donde previamente se registra la firma y la firma digital avanzada, con lo cual está perfectamente identificado, por la vía electrónica, quién es el que está haciendo la solicitud. También se va a controlar que efectivamente el representante otorgó la autorización para que pudiera hacer esa consulta. Eso viene de parte del obligado, con todas las garantías tecnológicas. Es como si fuera una firma autógrafa, es una firma digital avanzada y reconocida por la legislación, como también por nuestros sistemas y al respecto el Banco Central tiene un registro bastante amplio. En una primera instancia lo hicimos con todos los escribanos que realizan declaraciones para incorporar al Registro de Beneficiarios Finales. Estos tienen registradas sus firmas digitales en el Banco Central y así lo tiene que hacer cada sujeto obligado que se quiera comunicar por esa vía. Desde el punto de vista operativo esa es la forma.

                Con relación a la pregunta del señor presidente sobre si están dadas todas las garantías para que la persona titular –estoy interpretando– del dato esté perfectamente advertida, lo que estamos haciendo por esta vía es decir que el representante de la sociedad que obtuvo el dato del beneficiario final para realizar la declaración en su nombre por una información que le proveyó, es el que va a estar autorizado a brindarla. O sea que la responsabilidad con relación a la entrega de la información del beneficiario final a un sujeto obligado, sea un banco o una inmobiliaria si fuera del caso, queda en el representante de la sociedad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Que ya tiene la autorización otorgada por el beneficiario final.

SEÑOR CANTERA.- Que tiene la autorización otorgada por el beneficiario final para hacer la declaración en el registro. Para otorgar la autorización a efectos de que otro acceda, él tiene que hacerse responsable y deberá obtener la autorización del mismo modo que lo hizo para realizar la declaración antes al registro. Pero la responsabilidad de que el beneficiario final efectivamente autoriza a que un tercero conozca su información que está incorporada al registro queda en el representante de la sociedad, al que originalmente se le dio la autorización para declarar en el registro.

SEÑOR ARTECONA.- Buenos días. Fue muy claro lo que dijo el señor superintendente. Simplemente para redondear la idea y para que todos los senadores lo tengan en cuenta, aclaro que hoy en día el único legitimado para relevar el secreto de la información, más allá de las autoridades que la ley habilita, es el propio titular del dato. O sea que si alguien quiere conocer la información de quién es accionista o beneficiario final de una entidad, debe tener la autorización del titular del dato en forma directa. Este proyecto posibilita que sea el representante de la entidad otro legitimado para relevar el secreto. Entonces, contestando lo que planteó el señor presidente, en realidad la garantía la debe procurar el propio representante en su relación interna con cada accionista o beneficiario final, pero desde el punto de vista de la ley, si quedara aprobado este proyecto, el representante es un legitimado más.

                En cierta medida se flexibiliza la protección del dato personal en beneficio de una mayor practicidad en el control de debida diligencia que tienen que hacer los sujetos obligados. Esa es un poco la opción que está latente en este proyecto de ley: flexibilizamos la protección del dato frente a la necesidad de facilitar al sujeto obligado el acceso a la información de beneficiarios finales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero agregar una consulta para saber si comprendí bien.

                Comparto la motivación de esa flexibilización, pero entiendo que la ley da el derecho al representante de relevar la información; o sea que no requiere otra autorización expresa del beneficiario final. Está implícito en la ley que cuando el beneficiario final da la autorización al representante de presentar la información, también, automáticamente, está dándole el derecho a operar como sujeto que puede relevar la reserva. Quiere decir que no se requiere otra cuestión y no incurriría en ninguna responsabilidad el representante si hiciera eso sin la autorización expresa del beneficiario final.

                Mi preocupación, en última instancia, es que justamente estén todas las garantías dadas. Ahora bien, los beneficiarios finales van a tener que estar informados de que no son los únicos que pueden relevar el secreto de su información.

                Una vez que se apruebe el proyecto de ley tal vez fuera deseable dar algún tipo de información general, porque no sabemos quiénes son todos los beneficiarios finales de todas las sociedades. No sé si de alguna manera no estamos limitando por ley una libertad del beneficiario final a mantener en reserva cierta información y que sea solo él quien pueda relevar el secreto, la reserva.

                Por ese lado va mi curiosidad. Entiendo el punto y el hecho de que no hay un ámbito institucional o social o una asociación de beneficiarios finales a la cual poder convocar para saber qué opina.

                Si entendí bien, esa es la situación.

SEÑOR ARTECONA.- Efectivamente es así. En cierta medida hay una limitación al derecho a la privacidad establecida por ley. Lo que tiene que juzgar el legislador es si el interés general justifica ampliar un poquito la órbita de legitimado para relevar el secreto en desmedro, claramente, del derecho individual de cada uno de los beneficiarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es una flexibilización leve en la medida en que al representante ya se le dio la potestad de presentar su información.

SEÑOR ARTECONA.- Sin ninguna duda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Además, es un conjunto limitado de agentes que van a poder acceder a esa información bajo dicho mecanismo. Hablamos de bancos o inmobiliarias,  ¿o es un conjunto muy amplio de posibles sujetos que pueden llegar a obtener esa información?

SERÑOR CANTERA.- El proyecto de ley no limita a quién va a autorizar el representante a acceder a la información. El objetivo es que el acceso sea para todos los sujetos obligados, pero insisto en que el proyecto de ley no limita a quiénes, porque hacerlo implicaría una incapacidad para automatizar el proceso, pues requeriría alguna actividad manual para la identificación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación por su comparecencia.

 (Se retiran de sala los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay).

–Consulto a los señores senadores si entienden que es necesario que comparezca  alguien más con respecto a este tema. 

En mi opinión se trata de una flexibilización leve y se justifica para facilitar y reducir costos a todos los sujetos obligados en los procesos de debida diligencia en la prevención del lavado de dinero.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BOTANA.- Propongo como miembro informante al señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–7 en 8. Afirmativa.

El cuarto punto del orden del día es la carpeta n.° 552/2021, distribuido n.º 762/2021, que contiene el proyecto de minuta de comunicación presentado por la bancada del Frente Amplio en la que solicitan al Poder Ejecutivo prorrogar hasta el 30 de abril de 2022 las medidas económicas para mitigar el impacto de la pandemia originada por la covid-19, dispuestas en la Ley n.º 19942, de 12 de marzo de 2021.

(Dialogados).

–Por ser esta una minuta por la que se plantea al Poder Ejecutivo la prórroga de las medidas antes mencionadas de ayuda a pequeñas y medianas empresas, se requiere su iniciativa y por eso le estamos pidiendo el envío de un proyecto en ese sentido.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Como se trata de exoneraciones tributarias para las pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas por la crisis sanitaria, estamos solicitando al Poder Ejecutivo –porque es de su potestad– que envíe al Parlamento una iniciativa por la que se viabilice su extensión.

En definitiva, lo que fundamenta la minuta es que estamos en un proceso de reapertura, con todas las incertidumbres que eso conlleva. Entendemos que –incluso a partir de comentarios que han hecho las distintitas asociaciones– este retorno a la normalidad ha sido relativamente lento y sería bueno que se mantuvieran los beneficios por un tiempo más a efectos de esperar, justamente, una mejor recuperación de esas empresas después de la situación por la que atravesaron. 

Solicitamos al Poder Ejecutivo que envíe los proyectos correspondientes para poder extender las exoneraciones hasta el mes de abril del año próximo.

SEÑOR BOTANA.- El Gobierno ha extendido algunos de los beneficios y ha establecido una prórroga de la Ley n.º 19956, que implica toda una serie de beneficios en materia tributaria: exoneración de aportes patronales jubilatorios para contribuyentes del IRAE, extensión a los contribuyentes del impuesto al patrimonio, devolución de nueve puntos de IVA en determinadas operaciones vinculadas al turismo, extensión del régimen de subsidio por desempleo parcial hasta el 31 de marzo de 2022, beneficios para turistas no residentes, suspensión de la retención del IRPF para contratos de arrendamientos temporarios con fines turísticos, préstamos con garantía estatal, el SIGA Impulso –que se prorroga hasta el 30 de abril del 2022– y varias de las medidas del Mides.

Estoy hablando de una serie de beneficios que el Gobierno ya ha extendido –podemos aportar algunos documentos sobre ello– y que nos parecen realmente suficientes en la situación, por lo que no amerita un mensaje al Poder Ejecutivo haciendo otro tipo de solicitudes.

SEÑOR NIFFOURI.- Voy a decir algo bien breve.

Creo que la minuta tiene la buena intención de mandar la señal al Poder Ejecutivo de algunas medidas para mitigar el impacto de la pandemia –como lo dice–, pero me parece que el Gobierno ha estado totalmente pendiente de la situación y ha ido monitoreando y elevando puntualmente, como bien lo decía el senador Botana, las distintas medidas y las ayudas a los sectores más afectados.

 Entendemos que, por suerte, venimos en una etapa de recuperación, que ojalá sea lo más rápida posible. El propio Poder Ejecutivo ha mandado –y lo sigue haciendo– proyectos de ley puntuales con exoneraciones y ayudas a los sectores más afectados.  Tenemos a un Poder Ejecutivo atento y presente que, en caso de que sea necesaria alguna otra medida, va a ir elevando las iniciativas pertinentes, como ha pasado en otras ocasiones y con minutas que se han enviado anteriormente. Ya había medidas que se estaban tomando y otras que se tomaron después y es por eso que en esta ocasión no acompañamos esta minuta, más allá de la buena intención.

Agradecemos y sabemos que el Poder Ejecutivo está trabajando permanentemente en estos temas.

SEÑOR BATLLE.- Me gustaría recibir al ministerio a este respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se trata de un proyecto, sino de una minuta, es solo un mensaje.

(Dialogados).

SEÑOR BATLLE.- No sé si todos los sectores ya se han recuperado en forma total de la pandemia; estas ayudas benefician a empresas que, en el fondo, son las que dan trabajo. En lo que ya había hecho el Poder Ejecutivo se tocaban sectores que estaban complicados en la pandemia y algunos de ellos recién ahora están comenzando a salir de la crisis. Es obvio que hay sectores comprendidos por esa normativa del Poder Ejecutivo que recién ahora están comenzando a recuperarse, como el turístico, el de fiestas y eventos, etcétera. Se me ocurren esos como los sectores más afectados, que recién ahora –repito– están saliendo de sus dificultades. Esas medidas, obviamente, dan aire financiero a sectores complejos y que han sufrido mucho durante dos años en que no han podido hacer prácticamente nada.

                Entonces, por lo menos me interesaría escuchar al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Estaba repasando el texto de la minuta y no hace referencias a la calidad, a la profundidad o a la oportunidad de las medidas de apoyo que haya llevado adelante el Poder Ejecutivo, que han sido materia de debate político durante todo este tiempo. Entonces, esa es la primera cuestión que quiero consignar.

El segundo punto que quiero señalar es que solicitamos –más allá de las cosas que está haciendo el Poder Ejecutivo– una prórroga de lo que está estipulado en la Ley n.° 19942, que fue una ley votada por una unanimidad del Parlamento de la república. En este marco planteamos que se extienda hasta el mes de abril. 

Esta minuta fue presentada en esta comisión el 7 de octubre, o sea, hace aproximadamente un mes y medio, y estamos en los albores del receso parlamentario. Además, hemos consultado para saber si se trataba o no. Incluso, por parte de los legisladores de la bancada oficialista se nos planteó que querían consultar al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de definir si estaban en condiciones de acompañar o no la minuta. Entiendo, de las intervenciones de varios señores senadores aquí, que hay un talante de no acompañar la minuta, lo cual me parece que es correcto así como también el planteo del señor senador Batlle, pero nos gustaría que se vote porque estamos llegando al receso parlamentario y, además, cuando vayamos a discutir esto ya no tendrá sentido pues habrán caído las disposiciones. Entonces, me parece que lo más correcto –por supuesto respeto la opinión, en este caso, del señor senador Batlle– es que se considere la minuta y cada uno tiene la libertad de acompañar o no. 

Insisto en que la minuta lo único que solicita es la prórroga de las disposiciones establecidas en la Ley n.° 19942; no está planteando ningún tipo de otra exoneración más que la que decidimos a pedido del Poder Ejecutivo que, en su momento, cuando se consideró el proyecto de ley votamos en veinticuatro horas en ambas cámaras. Nosotros también hicimos otras consideraciones en esa oportunidad –es bueno decirlo–, porque la bancada del Frente Amplio planteó aditivos a ese proyecto de ley ya que pretendíamos que se establecieran apoyos más fuertes, pero de todas maneras no prosperaron.

En esta ocasión simplemente estamos planteando, reitero, la extensión de lo ya votado. Entiendo lo que se ha planteado aquí respecto a las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo, pero lo cierto es que no puede extender por decreto las disposiciones contenidas en esa ley, sino que tiene que enviar una iniciativa al Parlamento si es que entiende que hay que extender una o parte. En este caso no se plantea otra cosa más que la extensión hasta el 30 de abril de 2022. Si nosotros postergamos y entramos en el receso, ¿cuándo vamos a discutir esto? Cuando lo hagamos ya estaremos en abril. Entonces, es de recibo lo que se ha dicho, pero nos parece que hay que tomar una decisión en la comisión y punto.

SEÑOR BOTANA.- No me parece muy oportuno en ningún caso ni circunstancia recomendar a alguien que haga lo que ya está haciendo. En este caso, todas esas medidas cuyos títulos enumeré tienen extensión por lo menos hasta finales de abril de 2022. Son las que afectan a los sectores que han sido más golpeados. Nadie ha dicho acá que hayan terminado de tener dificultades, pero el Gobierno ha hecho una extensión de medidas hasta ese plazo. Realmente, creo que no amerita de modo alguno que hagamos una recomendación, en este caso, al Gobierno. Me parece que si lo está haciendo, en todo caso démosle una felicitación por el camino que ha tomado y, en su momento, cuando volvamos a la actividad en el mes de marzo, podremos considerar alguna decisión o debate de este tipo. Dado que se han extendido las medidas sobre los sectores más afectados, no entiendo la pertinencia en este caso.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR MANINI RÍOS.- En el pasado mes de febrero entregamos personalmente al señor presidente de la república una batería de veintidós medidas para reactivar, justamente, las micro-, pequeñas y medianas empresas. A lo largo del año se han adoptado una serie de medidas y disposiciones que indudablemente, a nuestro entender –si bien están en la dirección correcta–, muchas veces no son suficientes para esa reactivación que todos queremos.

                Creo que lo que estamos tratando ahora es una minuta de comunicación, plantear a las autoridades económicas la preocupación o el sentir de que las medidas hay que profundizarlas aún más. Entiendo que no está de más que se haga llegar al Poder Ejecutivo esta preocupación cuando, en definitiva, es quien va a tener la iniciativa de responder lo que quiera sobre este tema. Podrá decir: no ha lugar porque nosotros vamos a tomar las medidas que están faltando o vamos a renovar la propuesta del Poder Ejecutivo.

                Es decir, esto no afecta de otra manera más que demostrar la sensibilidad de esta comisión, el sentir que todavía están faltando medidas para reactivar las micro-, pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora lo que se ha adoptado está en la dirección correcta, lo apoyamos, pero a nuestro entender todavía no es suficiente para lograr esa reactivación que queremos. Por lo tanto, voy a votar favorablemente el envío de esta minuta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el proyecto de minuta de comunicación.

(Se vota).

                –5 en 8. Afirmativa.

                Propongo al señor senador Sánchez como miembro informante.

                Se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 8. Afirmativa.

                Hemos terminado con el orden del día. No sé si algún señor senador quiere incorporar otro tema.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Me quiero referir al proyecto de ley de juego en línea –hoy lo mencionamos al inicio de la sesión–, sobre el que se va a solicitar la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección Nacional de Casinos a los efectos de informar su alcance.

                Quiero plantear una pregunta al oficialismo sobre previsiones de tratamiento de este proyecto, es decir, cuál es el objetivo, porque hay varias comparecencias que habría que organizar y me parece importante. Estamos a pocos días de ingresar al receso parlamentario y quiero saber si el proyecto de ley se va a considerar después o si hay intenciones por parte del Gobierno de darle un trámite acelerado.

                Estuve conversando informalmente con algunos senadores, pero sería bueno saber en qué están. Siempre los proyectos vinculados al juego tienen mucha controversia e intereses, por supuesto, y naturalmente implica planificar el trabajo de la comisión porque va a recibir a muchas delegaciones. De hecho, ya han llegado consultas a mi despacho provenientes de gremios, sindicatos y asociaciones, por lo que me gustaría saber qué horizonte tenemos con respecto al tratamiento de este tema.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a invitar a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para que comparezcan ante esta comisión en la próxima sesión que, en principio, sería la última del año. En todo caso, en esa instancia veremos cuál es el talante del Gobierno con respecto a este tema. 

Al margen de esto, me gustaría hacer una reflexión adicional a modo de un posible compromiso para el trabajo, en un futuro cercano, con respecto al tema de los juegos de azar. En lo personal entiendo que la estructura organizacional que regula y opera el juego desde la perspectiva estatal no es para nada adecuada. En Gobiernos anteriores hubo algunos proyectos de reorganización institucional y creo que podrían tomarse como base o referencia para una discusión, sobre todo en la confusión de roles del Estado en cuanto a la regulación y la operación del juego. Asimismo, hay circunstancias institucionalmente extrañas como, por ejemplo, la que refiere a la Dirección General de Casinos que ni siquiera está integrada al presupuesto nacional, a pesar de pertenecer a un inciso del Poder Ejecutivo. Se trata de una separación que cada vez tiene menos sentido ante lo que es Casinos y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, ya que ambas tienen roles regulatorios y de operación a la vez. Esto implica un notorio conflicto de objetivos.

En definitiva, da toda la sensación de que ahí existe un campo muy importante para avanzar en la reorganización institucional. En nuestra perspectiva, la idea es definir una dirección en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas que regule todos los juegos y, eventualmente, separar –tal vez en un esquema de servicio descentralizado o algo por el estilo– al organismo encargado de operar los juegos que, a su vez, deberá estar sujeto a la regulación.

Creemos que esa reorganización institucional es muy importante. Debo decir que en Gobiernos anteriores ese proyecto ya estaba esencialmente pronto, pero no recuerdo si se llegó a presentar o quedó en la órbita del Poder Ejecutivo.

(Dialogados).

–Lo cierto es que el proyecto también involucraba temas adicionales que quizá fueron los que generaron más dudas y conflictos, y por eso no avanzó. Ni siquiera estoy hablando de un conflicto de corte partidario; no se trató, por ejemplo, de la posición del Gobierno versus la de la oposición, sino que había visiones diversas que eran transversales a las colectividades políticas con respecto al tema del juego en línea. Recuerdo que en el proyecto se encomendaba una reglamentación al Poder Ejecutivo y, a priori, no tenemos una visión negativa en cuanto a que hay que tomar cartas en el asunto del juego en línea –sin duda– y analizar cómo regularlo porque hay muchos aspectos que son imposibles de ajustar. 

Por otra parte, estaba el tema referido a las famosas maquinitas tragamonedas que pululan en los establecimientos comerciales de todo el territorio. Se ha dicho que hay entre 15.000 y 20.000 maquinitas que no tienen ningún marco de regulación, ningún marco legal, pero tampoco se ha tipificado ningún delito. Entonces, estamos en la peor de las circunstancias porque no se regula ningún elemento de su operación, ni la tasa de ganancia ni el hecho de dónde se pueden ubicar o si pueden jugar menores. En realidad, es como tierra de nadie. Incluso, las propias asociaciones que representan a esa actividad demandan, en el buen sentido, una regulación. Obviamente, en su momento la discusión era si se prohibía y se pasaba a la tipificación del delito a rajatabla en ese tema. Esa era una posición; la otra consistía en si era conveniente la regulación con delito, en la medida en que este estaba asociado a violentar la regulación, no la prohibición.

                Es un tema en el que, en última instancia, puede haber posiciones diversas, pero se debería dirimir en el ámbito democrático, que es el Parlamento. Pongo este tema sobre la mesa, tomando como excusa que acá viene un parchecito, una partecita asociada, seguramente,  a procesos que se puedan estar dando hoy por hoy en materia de inversiones sobre el tema del juego en línea. Es por ello que apunto a la necesidad de que abordemos de manera integral las políticas de los juegos de azar y la reorganización institucional para dar racionalidad a los temas de la regulación y la operación. Incluso, está en discusión si el juego es o no monopolio del Estado y si, en todo caso, el Estado debería concesionar. Ese es un tema más conceptual sobre el cual también se debería terminar de tomar posición. También habría que resolver otros asuntos que involucran no solamente un tema de juegos y de ingresos del Estado, sino aspectos de carácter social y cultural, como el de las maquinitas tragamonedas que vemos en todos lados.

SEÑOR BOTANA.- Y sus locales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Exacto.

                En definitiva, quería dejar esa anotación, así como también manifestar la aspiración de trasladar al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de trabajar integralmente sobre este tema con toda la apertura que requiere. Tomamos como excusa el tema del proyecto de ley sobre el juego en línea que está sobre la mesa para incluirlo en una posible agenda de trabajo común de todos los partidos.

SEÑOR BOTANA.- Brevemente quiero comentar que la preocupación del presidente es compartida y es una linda oportunidad para crear, desde el vamos, una política de Estado en ese sentido. Creo que podríamos trabajar en conjunto en la elaboración de un proyecto de ley para regular el juego en línea, así como todo lo vinculado con las maquinitas, la industria nacional comprendida en ese tema y la regulación de los locales porque hay varios aspectos bien interesantes. También sería bueno fijar el destino de los tributos que se obtengan de esas regulaciones como contrapartida de la explotación de esos juegos. Creo que podría ser una buena contribución para dar estabilidad a una cuestión que hay que regular y es bueno hacerlo con la potencia que tiene el acuerdo general.

SEÑOR NIFFOURI.- En el mismo sentido, creo que sería muy bueno tomar la iniciativa como comisión, no solamente en lo que tiene que ver con el juego en línea, sino con la famosa regulación o prohibición de las maquinitas, que ha quedado en un limbo y que ha crecido de forma impresionante. Lo peor que puede suceder es que se siga en ese limbo. Me adelanto a decir que creo que se tendría que haber regulado desde la primera de cambio. Es más, dentro de esas asociaciones había planteamientos que eran bien interesantes y coherentes. Incluso, en algunos casos, no querían que hubiese una sala de máquinas como explotación única, sino que fuera el anexo a otra cosa. Cuando era chico, en mi casa y en mi familia había maquinitas, los llamados flippers, que estaban reguladas –no es comparable– y el Consejo del Niño de aquel momento era el que controlaba. Entonces, sus inspectores entraban a esas casas de juegos y si había menores de edad, se las multaba e incluso se llevaban detenidos por un rato a los propios menores.

                Creo que hay que trabajar en el tema porque no podemos mirar para el costado. Sabemos que es un asunto en el que hay muchos intereses en juego. También hay que trabajar en dar una señal en lo que tiene que ver con la ludopatía. Lo peor que nos puede pasar es que esa actividad siga creciendo y continúe en un limbo jurídico porque la situación es compleja. Desde el Frente Amplio creo que se manejaron algunos proyectos que no sé si se llegaron a presentar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Con gusto podemos colectivizarlos.

SEÑOR NIFFOURI.- De pronto los podemos desarchivar y crear un subgrupo dentro de esta comisión para que se pueda avanzar un poco más rápido en el tema y lograr así un material un poco más concreto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me comprometo a colectivizar un borrador –llamémosle así– sobre el que habíamos trabajado hace un tiempo, en donde están presentes estos temas, con total apertura a que sea un proyecto mártir –como se dice ahora– en el que podamos analizar estos puntos desde el vamos.

(Dialogados).

                –Se levanta la sesión.

(Son las 11:06).