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Carátula

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

(Sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2021).

(Ocupa la presidencia la señora Carmen Sanguinetti).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número está abierta la sesión.

(Son las 12:10).

                –Tenemos un total de siete designaciones de escuelas y liceos para considerar y quizás haya alguna urgencia para su aprobación, así que sugiero comenzar con eso. Dado que somos siete miembros, podríamos asignar uno por cada liceo o escuela.

SEÑORA BIANCHI.- Solamente quiero confirmar con la secretaría que estén todos los extremos de cada uno de los proyectos de ley en el sentido de si fue consultada la comunidad y demás. Si es así, podemos votarlas. Quiero pedir hacer el informe de la designación del Jardín de Infantes con el nombre Enriqueta Compte y Riqué.

SEÑORA PRESIDENTA.- Omití decir que todos los proyectos de ley tienen el visto bueno de la comunidad y del Codicén. Para aquellos en los que no se explicitó la ciudad –se había pedido que se agregara con anterioridad– se hizo un sustitutivo en el que, además del departamento, se especifica la ciudad. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de votarlas.

                En consideración, pues, el punto tercero del orden del día: «Carpeta n.º 571/2021. Profesor Julio Cremona. Se designa la Escuela Técnica de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 774/2021)».            

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me gustaría informar esta carpeta porque conozco bien esa escuela.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Queda designada la señora senadora Topolansky como miembro informante.

                En consideración el punto cuarto del orden del Día: «Carpeta n.º 570/2021. Hermanas Luisi. Se designa la Escuela de Tiempo Completo n.º 13 de la ciudad de Tacuarembó, departamento de Tacuarembó, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 775/2021)».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Me ofrezco para hacer el informe de esta carpeta.

(Apoyados).

                –Para las siguientes carpetas hay sustitutivos porque se aclara la ciudad a la que pertenecen las instituciones.

                En consideración el punto quinto del orden del día, que refiere a la carpeta n.° 569/2021. El sustitutivo dice: «Desígnase con el nombre “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes n.º 109 de la ciudad de Maldonado, departamento de Maldonado, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA BIANCHI.- Si entendí bien, ya se realizó el informe y solo se corrigió que apareciera el departamento de Maldonado. Si es así, me ofrezco para hacer el informe correspondiente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Queda designada la señora senadora Bianchi como miembro informante de esta carpeta.

                En consideración el punto sexto del orden del día: «Carpeta n.º 568/2021. Maestra Tamar Liria Gándara Rodríguez. Se designa la Escuela n.º 74 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 777/2021)».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Queda designado el señor senador Manini Ríos como miembro informante de esta carpeta.

                En consideración el punto séptimo del orden del día: «Carpeta n.º 560/2021, Alfonso Pou y Orfilia. Se designa la Escuela n.º 63 del paraje Reducto, departamento de Colonia, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 778/2021)».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Si los miembros de la comisión están de acuerdo, podemos pedir a la señora senadora Nane que informe esta carpeta.

(Apoyados).

                –En consideración el punto octavo del orden del día, relativo a la carpeta n.º 566/2021, que tiene un sustitutivo que dice: «Desígnase con el nombre Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 104 de la ciudad de Florida, departamento de Florida, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Queda designada la señora senadora Bianchi como miembro informante de esta carpeta.

En consideración el punto noveno del orden del día, relativo a la carpeta n.° 567/2021, que tiene un sustitutivo que dice: «Desígnase con el nombre “Maestro Víctor Quiroga Hernández” al Liceo Nº 2 de la ciudad de Durazno, departamento de Durazno, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                ‒4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Se ha propuesto como miembro informante a la señora senadora Kechichian.

(Apoyados).

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

‒Con respecto a la carpeta n.º 567/2021, se reconsidera el miembro informante, que pasa a ser la señora senadora Bianchi.

(Apoyados).

(Ingresa a sala la delegación de estudiantes de Formación Docente).

–Buenos días. Damos la bienvenida a la delegación de estudiantes de Formación Docente.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Buenos días. Soy Ricardo Vasconcellos Solari del CERP Sur de profesorado de Historia. Hoy estamos aquí porque alrededor del 18 de octubre llegaron a los CERP de diferentes partes de país las planillas preventivas con las horas disponibles para el año siguiente en las que se ve que varios cursos presenciales  pasarían a ser semipresenciales. Frente a este suceso, nos reunimos con compañeros y con la Intergremial de Formación Docente ‒los docentes son quienes manejan mejor las planillas‒ y confirmamos que efectivamente era así: de parte del CFE se planteaba la eliminación de cursos presenciales. Eso va en contra del derecho del estudiante de terminar su carrera como la empezó. Entonces, junto con compañeros y la intergremial nos movilizamos y nos comunicamos con el CFE y, a partir de eso, el CFE dio marcha atrás.

                A primera vista, lo que nosotros constatamos fue que el CFE planteó algo solapadamente ‒porque no lo hizo público‒ y, ante la reacción de docentes y estudiantes, dio marcha atrás. Ahora, las nuevas planillas preventivas con los horarios tienen un cambio que reconocemos que es muy favorable en relación con que, por ejemplo, en Atlántida se introduce el semipresencial. Es decir, además del curso presencial, se puede optar por un semipresencial sujeto a inscripción, o sea, al número de personas que se inscriban. No se sabe los mínimos, cómo se van a marcar ni si va a haber, por ejemplo, proporcionalidad en cuanto a la localidad. En nuestra opinión, no se le puede pedir el mismo mínimo a una localidad de mil personas que a una de treinta mil. Igualmente, eso no se sabe todavía.

                Asimismo, nosotros queremos que los legisladores sepan, más allá de que sé que hay algunos informados, que en profesorado hay tres modalidades de estudio: presencial ‒la que curso yo‒, semipresencial y semilibre. Ninguna de las tres modalidades incluye videoconferencia; no existe esa modalidad que llevamos adelante hace dos años en los cursos presenciales; no está en ningún lado. La videoconferencia se hizo como excepción por la pandemia.

                A su vez, otra cosa que tampoco hay es formación para los docentes en cuanto a la virtualidad. O sea, a nosotros nos forman para dar clases presenciales y nuestros docentes también fueron formados para dar clases presenciales. Sí reconocemos que fue una situación de emergencia y no se pudo trabajar, pero si tenemos cursos semipresenciales y semilibres que incluyen el uso de plataformas por Internet, debería existir una formación. Como estudiantes tampoco la tenemos y en la práctica también se usa la plataforma. Por ejemplo, cuando quería mandar un mensaje a mis veinte estudiantes, lo hacía uno por uno porque en ningún momento nos habían enseñado cómo hacerlo en forma global.

                Con lo que sí estamos totalmente en desacuerdo los estudiantes es con los cursos híbridos, o sea que unos estén en el salón y otros en la casa vía Zoom, porque eso no funciona. El docente no puede ocuparse de la clase y de los que están en la casa. Requeriría una infraestructura que no tenemos.

                Una cosa que debemos mantener y con la cual hemos tenido problemas es Internet. Por ejemplo, yo tengo una conexión espectacular; tengo fibra óptica y, como es uno de los primeros contratos de Antel, es maravilloso. No he tenido ningún problema, pero algunos docentes y compañeros sí los han tenido. Por lo tanto, se nos han complicado las clases; por ejemplo, cuando un compañero tuvo que presentar un video la semana pasada en Psicología, se le cortaba. Los profesores deben tener una conexión buena si van a dar clases a distancia.

                Por otra parte, la plataforma CREA no es amigable. He trabajado con las computadoras desde los dieciocho años y desde el primer año que usé la plataforma –que fue el año pasado– me costó mucho entenderla. Asimismo, la plataforma que se usa cuando se realiza la práctica tampoco es muy amigable.

                Otro tema –quizás la compañera lo sepa– tiene que ver con las opciones de estudio según la región. Aparentemente se quiere atar a la persona a una determinada región. Por ejemplo, quien vive en el litoral oeste no puede anotarse en un centro que esté en el sur. ¿Cuál es el problema? Que en el litoral oeste no están disponibles todos los cursos que sí se dan en el sur. El único centro que tiene todo es el IPA, o sea que está por allá arriba y nosotros estamos por allá abajo. Ojo: adoro el IPA, pero hay una diferencia.

                En rasgos generales, estos serían los temas por plantear. Por otro lado, estamos esperando una reunión con la presidenta del CFE. Nos la prometió, pero todavía estamos esperando la fecha. Me comuniqué en el día de hoy y sigue sin haber una fecha para la reunión. Entonces, recurrimos a ustedes y a los representantes porque nos pareció que lo correcto era que salieran en defensa nuestra cuando tenemos algún problema.

                A grandes rasgos, estos serían los temas.

                Algo que olvidé decir es que hay un proyecto de un señor representante –que lo pedimos para estudiar– y no veo cambios sustanciales. Se habla mucho de la Udelar, pero nosotros no somos de esa institución. Formamos gente que va a ir a la Udelar, pero no la integramos. En otra parte del proyecto de ley se habla de la semipresencialidad sin explicar qué es y, como ya dije, no implica videoconferencias; no las tiene. En ese régimen, se cursan presenciales las materias del tronco común y las específicas se hacen a través de Internet con tareas. Uno puede llegar a ver al docente tres o cuatro veces en el año nada más.

SEÑORA ARAÚJO.- Mi nombre es Yamila Araújo. Soy suplente de consejería estudiantil del Consejo de Formación en Educación. Fui electa recientemente.

                Para fundamentar lo que dijo el compañero, quiero señalar que una de las grandes preocupaciones es la falta de información que tienen los estudiantes del interior. Realmente, las decisiones tomadas por el Consejo de Formación en Educación no han sido trasmitidas con claridad, lo que ha producido un temor en los compañeros. Me parece importante que todos realmente tengamos la oportunidad de contar con la información de lo que va a suceder con nuestras carreras porque, como vieron, esto que pasó con los CERP no fue algo oficial, sino que nos enteramos por el boca a boca y lo mismo pasa con la situación de la modalidad semipresencial. Sé que esa es una modalidad medio desconocida, bastante vulnerada y en la que se desprestigia al estudiante. Somos estudiantes autónomos, que estudiamos solos porque no tenemos la referencia de un docente; realmente estudiamos y nos manejamos solos, y se nos desvaloriza y se desprestigia nuestra formación.

                Antes que nada, quería decir que estamos asustados, al menos los de la semipresencialidad porque no sabemos bien qué va a pasar con nosotros a partir de 2022, ya que se habla de una regionalización del sistema semipresencial y, como dijo el compañero, si no hay un cupo de diez estudiantes en la región no se va a abrir el curso. Eso quiere decir que muchos van a quedar sin poder cursar o terminar la carrera.

                También me parece que se les quita el derecho a cursar la carrera que quieran en la orientación que elijan. Ese es un derecho que debemos tener todos.

                En la modalidad semipresencial somos cerca de ocho mil estudiantes en todo el país y estaría bueno que el Consejo de Formación en Educación empiece a ocuparse de nosotros como estudiantes y a informarnos las resoluciones debidamente, por los medios correspondientes y no por los dichos de los docentes o referentes. Realmente, la desinformación nos está dando mucha inseguridad con respecto a la profesión que elegimos porque muchos de nosotros optamos por la docencia como una profesión que amamos y no como una decisión descartable.

                También estamos hablando de que los que eligen la modalidad semipresencial en el interior tienen que recorrer kilómetros para ir a una institución; entonces, la semipresencialidad los habilita a formarse y a tener una carrera terciaria.

                Eso era lo que quería decir.

SEÑORA BRAGUNDE.- Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Bragunde y quiero redondear un poquito lo que decían los compañeros. Simplemente me gustaría aclarar que, en realidad, nosotros estamos acá por las preventivas que bajaron directamente del CFE a las direcciones de los seis CERP de todo el país.

En cada CERP se hacían cambios diferentes; yo soy del CERP de Atlántida y por eso es el que tengo más claro. Por ejemplo, en nuestro CERP, de segundo y tercer año de Historia se sacaba la presencialidad y se pasaba directamente a la semipresencialidad; en tercer y cuarto año de Literatura pasaba lo mismo y, a nivel país, de primero a cuarto de Sociología se pasaba todo a semipresencialidad, por lo que la única posibilidad que quedaba para cursar el profesorado de esta materia en forma presencial era venir a hacerlo en el IPA.

Esto también dificulta, obviamente, al estudiante del interior porque no todo el mundo puede trasladarse a Montevideo, porque implica un costo en locomoción y, si es de un interior un poco más profundo, incluso implica venirse a vivir acá, alejándose de la familia que, muchas veces, es lo que no se quiere.

                Afortunadamente, se dio marcha atrás con la creación de los cursos semipresenciales, como comentaba la compañera, pero lo que nos preocupa es, justamente, esa falta de información porque eso se resolvió puertas adentro en el CFE. No se consultó a los consejeros estudiantiles ni a los consejeros docentes, sino que eso salió de ahí y bajó. Después hubo un enredo, como que no había salido desde el CFE, pero, si bajó a las direcciones, eso implica que del CFE salió. Nos quedó una incertidumbre muy grande acerca de qué pasó exactamente ahí.

                Simplemente, queríamos decir eso: que se respeten las normativas que están, porque si hay un CFE que está constituido por tres representantes –creo– por parte del Gobierno, dos representantes docentes y un representante estudiantil, eso debe respetarse y no ser algo impuesto que haya bajado; tampoco hay razón alguna para sacar lo que se pretendía sacar, pero, como dije, afortunadamente se dio marcha atrás. Así que esa es la incertidumbre que nos queda.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Una de las razones que se ha dado es que se basaban en los últimos dos años, pero –digo aquí lo mismo que expresé en la Cámara de Representantes– lo cierto es que los últimos dos años fueron excepcionales. Por ejemplo, si quisiera hacer un análisis de cómo son ustedes y me basara en los últimos dos años, diría que los señores senadores son antisociales porque en ese período no se reunieron con nadie.

En definitiva, creo que estos últimos dos años no se pueden usar como base para evaluar algo ni para tomar una medida. Además, se dice, por ejemplo, que la virtualidad, una modalidad que no existe –vía videoconferencia–, ayudó a que mucha gente volviera a estudiar, pero también es cierto que mucha gente dejó de hacerlo. En Atlántida hubo gente que dejó de estudiar porque no quiere estar frente a una computadora.

Lo que nos trajo acá fue precisamente esa actitud del CFE. Hay algo que también mencionamos en la otra cámara y es que, por ejemplo, el otro día, cuando nos reunimos, yo tenía un parcial de Historiografía; perdí mucho tiempo con esa materia y también perdí mucho tiempo por el parcial de Arte, que era el viernes –lo que me complicó un poco–, pero era el momento de hacerlo. Sin embargo, nos sorprendió gratamente la respuesta de los estudiantes porque, a pesar de que todos estábamos en medio de los parciales y con los tribunales de didáctica –que es donde queremos que nos vaya mejor–, todos respondieron. De todas formas, donde queremos estar es en nuestros centros, estudiando. Por ejemplo, hoy yo debería tener mi práctica, con mi segundo, y me encantaría estar ahí; no me disgusta estar acá, pero quiero estar en donde debo, que es con ellos.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Ante todo, quiero pedir disculpas porque tuve que comunicarme con un ministro por una situación urgente.

Por lo que entendí, los tres son alumnos, ¿es así?

SEÑOR VASCONCELLOS.- Sí, señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Son de los CERP de distintos departamentos o del mismo?

SEÑORA BRAGUNDE.- El señor Vasconcellos y quien habla somos del CERP de Atlántida.

SEÑORA ARAÚJO.- Yo soy de Canelones.

SEÑORA BIANCHI.- Muy bien, muchas gracias.

Es cierto que la plataforma CREA no es amigable y por eso muchos no estuvimos de acuerdo con que se implementara. Además, no se formaron profesores ni maestros; todo fue al margen, a espaldas. Recuerdo que estaba en el Codicén y si van a buscar las actas verán que fue así; está escrito. Cuando se implementó el Plan Ceibal fue con el objetivo de que los profesores y los maestros no tomaran contacto con él porque teníamos la fama de que estábamos en contra de la tecnología. La plataforma CREA no fue seleccionada por docentes, sino por ingenieros informáticos, y si los profesores y los maestros no están preparados para usar determinada plataforma, aunque sea más amigable, fracasará.

En ese sentido, la pandemia permitió en muchas cosas poner negro sobre blanco, lo cual no significa quitar el valor de la infraestructura del Plan Ceibal –aspecto que nadie discute–, sino, simplemente, que fue mala su implementación y la pandemia lo dejó en claro.

Por otro lado, me gustaría hacer una acotación, simplemente porque me sale la profesora: las cosas no suben y bajan; en realidad, se comunican o no. Me parece que futuros profesores deberían expresarse de otra manera.

No sé qué va a resolver la comisión, por lo que no voy a emitir opinión en ese sentido, pero me gustaría decirles que ustedes están dentro de un consejo en donde hay representación estudiantil y docente, que es lo que siempre reclaman. Por lo tanto, se supone –y sin suponer– que son las únicas autoridades que en la LUC quedaron tal cual estaban, es decir, con representación –reitero– de los órdenes. En definitiva, existe una vía de comunicación que debería haber funcionado y no funcionó. Lo pregunto y después me podrán responder. ¿Funcionó o no? Porque para algo uno tiene representantes en el consejo.

También es cierto que la pandemia nos trajo muchas consecuencias de desorganización –aprovecho para aclarar que acá funcionamos normalmente y recibimos delegaciones; a veces lo hicimos vía Zoom, en los períodos de mayor pico de la enfermedad–, eso es así, es inevitable, el país vivió y continúa viviendo una circunstancia complicada.

                Quisiera que se aclarara lo siguiente y me gustaría que por favor me lo contestaran. Hay movimientos de estudiantes –no hablemos de movimientos de padres, porque ustedes son mayores–, con y sin organización, que se manifiestan públicamente diciendo que quieren cursos semipresenciales, con clases virtuales, con plataforma educativa o de otra manera, y hay grupos de alumnos –en este caso adultos como ustedes– que se pronuncian porque quieren que las clases sean presenciales. Entonces, nosotros que somos legisladores y que tenemos que tratar de ver qué está pasando, a veces nos encontramos un poco desubicados en ese sentido.

                En síntesis, las dos preguntas puntuales son las siguientes.

                ¿Funcionó o no la comunicación con los representantes estudiantiles, en el caso de ustedes, del Consejo de Formación en Educación?

                ¿Ustedes tienen una idea de lo que quieren los estudiantes en cuanto a los cursos presenciales o no presenciales?

                Esto era simplemente lo que quería aclarar.

                Muchas gracias por su atención y por haber venido a la comisión.

SEÑORA ARAÚJO.- En realidad, lo que queremos es que se respete la modalidad en la cual uno elige cursar las clases, que es lo que no nos estaba sucediendo. Lo único que pedimos es eso: que se respete la modalidad. El que quiera hacer los cursos de manera presencial, que lo haga de principio a fin de esa forma, y el que opte por la manera semipresencial, que pueda empezar la carrera y culminarla así, siguiendo la modalidad nacional y, si empieza la modalidad regional, que lo haga en función de lo regional. Pero queremos que se respete.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Con respecto a la pregunta sobre el delegado estudiantil, personalmente no tengo idea. Ante esta situación nos comunicamos con todos los estudiantes que pudimos de todos los CERP y también con el CFE. Con la presidenta Viera nunca pude hablar, pero sí pude hacerlo con el secretario y la secretaria. No les puedo decir si funciona o no porque, ante todo, no tenía ni una mínima experiencia en todo esto, ni en lo que es la organización estudiantil, ni el movimiento estudiantil; lo más cerca que estuve del movimiento estudiantil fue en el Liceo n.° 30 cuando nos juntábamos a tomar mate y comer bizcochos antes de una marcha a la que, de hecho, no iba y me volvía para mi casa. Eso fue lo más cerca que estuve. Entonces, no lo sé.                 Nosotros, lo que hicimos fue juntarnos y decidir que debíamos hacer algo. Y después, como ha dicho la compañera, queremos que todos los ciudadanos de la república tengan la oportunidad de estudiar; que se respete el derecho de que uno pueda terminar su carrera como la empezó y que haya mejores oportunidades. Con respecto a los que piden semipresencialidad creemos que se confunde semipresencialidad con las videoconferencias, que no tienen nada que ver.

SEÑORA BRAGUNDE.- Simplemente quisiera agregar a la pregunta que se hacía que, en realidad, no se comunicó a los delegados docente y estudiantil porque cuando nosotros hicimos esas bajas las preventivas se elevaron a las direcciones de los centros. Cuando nos enteramos de todo eso nos empezamos a organizar como estudiantes. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar contactar al consejero estudiantil, que no sabía nada del tema. Fuimos con los docentes y todos estábamos en la misma situación. Esto se comunicó y nos preguntamos qué hacíamos porque no sabíamos de dónde había salido ni quién lo mandó; simplemente se comunicó. Entonces ahí creo que falló algo. Sinceramente desconozco las organizaciones internas, pero se ve que debe haber fallado alguna comunicación porque ni los consejeros estudiantiles ni los consejeros docentes estaban enterados de lo que se estaba haciendo. Después el compañero se comunicó con el CFE e incluso ahí hubo comunicaciones cruzadas porque en el CFE decían que la información era falsa y que eso no era así, pero si se comunicó a la dirección y a los centros, de algún lado salió. No es una noticia falsa que uno encuentra en Twitter.

                Simplemente quería decir eso.

                Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Buenos días. Me queda claro que un problema es el cambio de presencial a semipresencial en la mitad del proceso; parecería lógica esa coherencia. Creo que acá y en todas partes del mundo hay un aprendizaje que instaló la pandemia que se irá evaluando y se irán sacando conclusiones; no creo que sea tan automático, porque es difícil. Sí comparto totalmente que es muy difícil el desarrollo de cursos híbridos porque, como en todo tipo de actividades, esas son como cosas distintas que requieren una atención muy sutil para que funcionen bien.

                Pero lo que a mí también me preocupó de la exposición es que en cada región haya una limitación a los cursos que allí se dictan. Si entendí bien, si en la región no existe la formación para determinado profesorado, uno no se puede trasladar a otra región. ¿Es así? ¿No existe esa posibilidad?

SEÑORA ARAÚJO.- Hay problemas económicos y distancias largas entre los institutos. Eso implica un presupuesto y tampoco hay un pago del boleto ni de hospedaje; reitero, son distancias largas en el interior.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Sí, eso lo entendí, pero una cosa es que alguien tenga que trasladarse a un lugar y tenga un costo –ese es un problema– y otra es que pueda hacerlo si quiere; en caso contrario se limita la elección. Ese es el punto que quiero entender bien.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Ayer me comuniqué con un compañero de Carmelo, que fue el que me explicó; es más, me mandó un decreto y otro documento que no tuve tiempo de leer. Él nos decía esto: si uno es estudiante de determinada región no puede ir a estudiar a otra. Por ejemplo, si en esta región se dan diez profesorados, esas son las opciones que tiene; y si en otra región hay un profesorado número once no puede ir a estudiar ahí, aparentemente para hacerlo se tendría que ir a vivir allí.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Eso era lo que quería entender.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Por lo que yo entendí, es un cambio que se pretende hacer.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Entonces, es una cosa que está planteada.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Exacto; si ya fuera así, el lío sería otro; regionalizar las carreras es uno de los planteos a futuro. Por ejemplo, si vivo en la región uno, allí hay cinco profesorados, entonces esas son las opciones que tengo; de lo contrario me tengo que ir.

SEÑORA ARAÚJO.- Con respecto a lo que decía el compañero, el tema de la regionalización se quiere implementar para el 2022 a partir del primer año. O sea que el año que viene los primeros años ya van a comenzar con una semipresencialidad regional.

                Ahora que comprendí bien la pregunta digo que si yo, que soy de Canelones, quiero cursar Comunicación Visual, no tengo esa opción, entonces tengo que ir a Colonia o al IPA. ¿Por qué? Porque en Canelones no se imparte Comunicación Visual como profesorado. Entonces, ahí hay un déficit; no todas las regiones van a ofrecer todos los profesorados por igual.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tengo una pregunta. Se habló de las tres modalidades de estudio: la presencial, la semipresencial –en definitiva, las presenciales son las materias del tronco común y las otras se realizan con tareas– y la tercera modalidad es la semilibre. Quisiera entender mejor cómo es que funciona esta tercera modalidad.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Si no me equivoco, en la semilibre las materias de tronco común son presenciales y a las otras se las debe estudiar en forma libre, uno mismo solo, es decir hay que preparar un examen libre. Puede haber un docente tutor o algo así, pero uno estudia solo. Es la modalidad más difícil. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Que muchas personas solo tienen acceso a esa modalidad.

                Entonces, a las modalidades se les puede criticar mil cosas, pero lo cierto es que están dando acceso a la gente para que estudie. En mi caso, si me dan a elegir, prefiero la modalidad presencial toda la vida, no hay vuelta. Es más: lo vi en la práctica. Di práctica vía Zoom y comprobé que no se comparan la asistencia ni el rendimiento. Tengo casos de estudiantes que durante la práctica vía Zoom pensábamos que no pasaban y cuando volvimos a la presencialidad, eran los mejores de la clase.

SEÑORA BIANCHI.- Vamos a obtener certezas. Lo digo porque veo que tienen muchas dudas.

                Creo que soy una de las que más vínculos ha tenido con el sistema educativo y si bien sé que hubo muchos cambios desde que dejé de formar parte del Codicén, que es donde se maneja también el Consejo de Formación en Educación, quiero dejar planteado solo un concepto que me parece importante. Hasta la reforma de Germán Rama, los Centros de Formación Docente no existían; se iba al IPA, sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que volvamos para atrás? No, al contrario, que valoremos el instrumento que tenemos porque realmente fue un avance muy importante para la formación docente.

Después vamos a conversar los integrantes de la comisión y, si es que hay algunas carreras que se cursan en determinados centros y en otros no –como pasa, por ejemplo con la UTEC o con la propia Universidad de la República, lo que a veces tiene que ver con la disponibilidad de docentes de nivel para determinadas carreras porque, más allá de todo, se aspira a que tengan nivel universitario–, al menos de mi parte prometo que vamos a invitar al Consejo de Formación en Educación para darles certezas –pues ya las incertidumbres que se generaron con la pandemia fueron suficientes– y que ustedes puedan comenzar un año lectivo con certidumbres. Por lo que veo, está fallando la información.

SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Comisión de Educación y Cultura, agradecemos a la delegación por la información brindada.

SEÑOR VASCONCELLOS.- Tengan presente que lo que queremos hacer es dedicarnos a nuestras asignaturas y estudiantes.

Muchas gracias.

(Se retiran de sala la delegación de estudiantes de Formación Docente).

(Ingresa a sala la delegación de la Intergremial de Formación Docente).

SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Comisión de Educación y Cultura, damos la bienvenida a las profesoras Cecilia Klein y Rita Bruschi, integrantes de la Intergremial de Formación Docente.

                Con gusto las escuchamos.

SEÑORA BRUSCHI.- Buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos brindan.       Somos el sindicato que nuclea a los profesores de Formación Docente, IPA, CERP e IFD. Estamos enfrentados en el tema de la elección de horas, que ya se está dando. Nos encontramos con que a la hora de elaborar los escalafones se cayó en la violación del Estatuto del Funcionario Docente. Cuando se hizo el listado del orden del escalafón, el CFE, en lugar de tomar en cuenta los años que se tiene dentro de cada área o sección que se ha elegido como establece el estatuto, tomó el total de años dentro del CFE.

Hasta ahora hemos participado en tres o cuatro bipartitas y eso lo dijimos, y la única contestación que se nos dio fue que es para no dejar sin derechos a algunos docentes, que entendemos que son muy pocos. Y el otro argumento que se da es que siempre ha sido así. Como sindicato entendemos que el «siempre ha sido así» no puede ser un argumento que pase por encima del Estatuto del Funcionario Docente. También creemos que es bastante vidriosa la situación de favorecer a algunos cuando somos cientos que estamos esperando que se cumpla la normativa frente a algunos pocos que se benefician. Ese es el primer tema.

SEÑORA KLEIN.- Buenas tardes, soy Cecilia Klein.

Quiero poner un ejemplo claro para que se entienda bien. Nosotros estamos hablando de formación docente. Por lo tanto, la especificidad es muy importante, pues estamos hablando de los formadores de los futuros docentes y maestros que van a estar en las escuelas y en los liceos.

El estatuto docente establece que la antigüedad se da en el área, sección o subsección en la que yo me hago efectivo. ¿Qué nos está pasando? Por ejemplo, si durante años di clases de Geografía porque es lo que podía agarrar, lo que había o por distintos llamados accedí a eso, etcétera, pero finalmente concursé por Historia, el estatuto establece que mi antigüedad empieza en el área en que yo me hice efectivo, que en este caso fue Historia. El CFE cambia ese criterio, pero no solo eso, sino que lo hace a mitad de camino. Hasta el 24 de setiembre el CFE admitía, como está en el escalafón, que la antigüedad comienza en la sección y subsección en que estamos efectivos. A partir del 5 de octubre saca una resolución que toma la antigüedad en todo el CFE y, entonces, no importa lo que yo hice antes, si fui director, subdirector, si me encargué de la parte de tecnología, etcétera, y van a tomar mi antigüedad entera. Entonces, no solo toman en cuenta los años en que fui efectivo en el área que concursé, sino todo.

¿Qué es lo que está pasando con esto? Que profesores que por años fueron directores, que no ejercieron la docencia, tengan mucha antigüedad en relación con otros y en el escalafón estén por encima de otros profesores que son efectivos y tienen sus años de antigüedad en esa área donde se hicieron efectivos y fueron específicos.

Entonces, acá por un lado reclamamos la ilegalidad, porque no se está respetando el Estatuto del Funcionario Docente, lo que establecen los artículos 13 y 27 y, por otro, que no se está respetando la especificidad de formación en educación, que es un área que tiene que ser mucho más específica de lo que se da incluso a nivel de secundaria ya que estamos hablando de los futuros formadores de docentes.

A eso se suma que en este momento tenemos otra denuncia. Incluso tomando la antigüedad y los distintos grados, el Consejo de Formación en Educación entiende que hay ciertos docentes que son efectivos, que son los que concursaron con Rama, los formadores, que no tienen que respetar el estatuto, es decir, que no tienen que respetar el grado. Esos efectivos están por encima de todos. ¿Qué nos pasó en esta elección? Que docentes que tienen mayor grado tuvieron que esperar que los que tienen menor grado eligieran las horas, porque se entiende que esos docentes están por encima de todos, lo cual implica una nueva violación del Estatuto de Formación Docente.

En otro sentido, también es importante remarcar que con el Consejo de Formación en Educación hemos estado en distintas negociaciones, incluso hace muy poco tiempo en una reunión tripartita con el ministerio. La delegación de los estudiantes que estuvo antes que nosotros acá, uno de los problemas que nos planteó estuvo en el propio preventivo y en ese cambio de modalidad que hizo el consejo, es decir que cursos que hasta la actualidad eran presenciales los pasó a la semipresencialidad sin consentir, sin negociar, sin consultar, aunque afortunadamente eso se logró revertir. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de pasar cursos de una modalidad a otra. Entendemos que no es solo un cambio y una discusión pedagógica por el tipo de modalidad –nosotros somos defensores de la presencialidad en todos los ámbitos y consideramos que toda carrera de grado debe tener esos espacios de presencialidad–, sino que sobre todo violenta el plan vigente, que establece que tenemos tres modalidades y que el estudiantado tiene la posibilidad de elegirla. Si el estudiante después decide cambiar, es una opción, por supuesto, pero debe tener la posibilidad de elegir. Y la presencialidad es algo que defendemos con uñas y dientes porque consideramos que es el espacio real de intercambio en donde se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje.

                Otro punto que es importante y que ha estado circulando tiene que ver con la reforma curricular. Se conocen mucho las propuestas a nivel de secundaria, pero no a nivel de formación en educación, en donde también se están desarrollando. Concretamente se está proponiendo una reforma curricular exprés, es decir, sin pasar por las ATD, que son los órganos donde se tiene que dar la discusión, y sin pasar siquiera por las salas. Además, es un proyecto que no está muy claro, que propone líneas generales basadas en competencias, pero no se admite una discusión clara de qué es lo que se pretende hacer.

                A veces es difícil hablar de formación en educación porque parece algo muy específico, pero insistimos en el hecho de que esta reforma curricular significa la reforma de los futuros docentes y maestros que van a estar en las escuelas y en los liceos. Por lo tanto, es bien importante conocerla, tenerla en cuenta y que se dé la discusión en los espacios legales que se establecen.

                Es una reforma que también está queriendo ser exprés. ¿Qué significa esto? Que se han dado plazos inauditos: se pretende que para el año que viene, como mucho para mediados de ese año, esto ya esté resuelto. Por lo tanto, insistimos en que se tienen que dar los ámbitos claros, los espacios establecidos por la ley en los que se pueda discutir esta reforma.

                En este punto, queremos traer un tema muy importante como es la Universidad de la Educación. Somos defensores de esa institución, apostamos a que en ella se tengan en cuenta los tres pilares: docencia, investigación y extensión. En ese sentido, queremos denunciar lo que significa para nosotros la intromisión del MEC. Lo que pretende hacer el MEC a través del otorgamiento de estos títulos universitarios es poner un sellito a los títulos que ya tenemos. Queremos apostar a una Universidad de la Educación con autonomía, cogobierno, donde exista un lugar real de participación de docentes, egresados y estudiantes. Apostamos a que eso se pueda lograr, teniendo en cuenta los tres puntos que mencioné antes: docencia, investigación y extensión.

                También es importante señalar dos de los artículos que establece la LUC que tienen que ver justamente con el tema de los títulos universitarios. Por un lado, está la Comisión Consultiva donde también estarían incluidas las universidades privadas. Quiere decir que estas también podrían estar decidiendo sobre aquellas carreras que tengan título universitario. Por otro lado, esto podría ocasionar la fragmentación de la formación docente porque se daría la posibilidad de que algunos centros tengan el título universitario y otros no. Por lo tanto, no estaríamos hablando más de un sistema único. Además, está el sistema de váucheres. La LUC introduce este tema.

(Intervención fuera de micrófono).

                –Tenemos las becas.

SEÑORA BIANCHI. – Los váucheres no están en la LUC.

SEÑORA KLEIN.- Está en la reglamentación del artículo 198.

SEÑORA BIANCHI.- La LUC es una ley, la reglamentación es otra cosa, y no hay váucher. Acá por lo menos no falten a la verdad. No hay váucher. ¿Está claro? No hay váucher.

SEÑORA KLEIN.- La reglamentación establece que se le va a dar el váucher a aquellos estudiantes con mayores posibilidades, para poder elegir en qué lugar estudiar.

SEÑORA BIANCHI.- ¡Eso es falso!

SEÑORA KLEIN.- Insistimos en que el sistema de becas debe ser reforzado teniendo en cuenta aquellos estudiantes más vulnerables, que tienen más dificultades, y siempre apostando a mejorar la educación pública.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación y los mantendremos al tanto.

(Se retira de sala la delegación de la Intergremial de Formación Docente).

–Mientras esperamos que llegue la delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta n.º 545/2021. Día de Ariel. Se designa el 15 de julio de cada año, por corresponder al aniversario del nacimiento de José Enrique Rodó. Proyecto de ley presentado por la señora senadora Graciela Bianchi. (Distribuido n.º 759/2021).

                Carpeta n.º 555/2021. Técnicas de resucitación cardiopulmonar. Se declara de interés para la salud pública su enseñanza curricular. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 766/2021).

                Carpeta n.º 571/2021. Profesor Julio Cremona. Se designa la Escuela Técnica de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional de la ANEP. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 774/2021).

                Carpeta n.º 570/2021. Hermanas Luisi. Se designa la Escuela de Tiempo Completo n.º 13 de la ciudad de Tacuarembó, departamento de Tacuarembó, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 775/2021).

                Carpeta n.º 569/2021. Enriqueta Compte y Riqué. Se designa el Jardín de Infantes n.º 109, de la ciudad de Maldonado, departamento de Maldonado, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 776/2021).

                Carpeta n.º 568/2021. Maestra Tamar Liria Gándara Rodríguez. Se designa la Escuela n.º 74 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 777/2021).

                Carpeta n.º 560/2021. Alfonso Pou y Orfilia. Se designa la Escuela n.º 63 del paraje Reducto, departamento de Colonia, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 778/2021).

                Carpeta n.º 566/2021. Enriqueta Compte y Riqué. Se designa el Jardín de Infantes n.º 104 de la ciudad de Florida, departamento de Florida, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 779/2021).

                Carpeta n.º 567/2021. Maestro Víctor Quiroga Hernández. Se designa el Liceo n.º 2, de la ciudad de Durazno, departamento de Durazno, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria de la ANEP. Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 780/2021).

                Expediente del Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la designación del Liceo n.º 3 de San José de Mayo con el nombre Wilfredo Moreno Ponce.

                Expediente del Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la designación de la Escuela n.º 118 de Ciudad del Plata, departamento de San José.

                Expediente del Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la designación de un liceo del ámbito público, con el nombre Mordejai Anilevich.

                Expediente del Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la designación del Liceo Rural de Curtina, departamento de Tacuarembó, con el nombre Doctora Martha Montaner Formoso.

                Nota de la Administración Nacional de Educación Pública en respuesta a una solicitud de la comisión relacionada con la hoja de ruta de los cambios a llevarse a cabo en la educación, especialmente en bachillerato.

                Nota de la Cámara de Representantes por la que se transcribe una exposición escrita del señor representante nacional Álvaro Lima, relacionada con la situación de los medios de prensa del interior, especialmente del contexto financiero del diario El Pueblo de la ciudad capital del departamento de Salto.

                Oficio n.º 562/2021 de la Junta Departamental de Lavalleja por el que remite las palabras pronunciadas por el señor edil Felipe de los Santos, referentes al tema: Cien años del nacimiento de Manuel Espínola Gómez.

                Oficio de la Junta Departamental de Colonia por el que comunica su apoyo y adhesión al pedido de instalar un tercer liceo en Colonia del Sacramento.

                Oficio de la Junta Departamental de Río Negro por el que se remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Karina Sánchez, relacionadas con su preocupación por la colocación de una estatua religiosa en el hospital de Young.

                Correo electrónico relacionado con la situación de higiene de una escuela de El Pinar.

                Solicitud de audiencia de Andebu, a fin de exponer su posición con relación al proyecto de ley contenido en la carpeta n.º 356/2020.

                Solicitud de audiencia de la Intergremial de Formación Docente, a fin de informar a la comisión la situación que mantienen con el Consejo de Formación en Educación.

                Solicitud de audiencia de Fenapes a fin de abordar los siguientes temas: situación de docentes del Liceo n.° 1 de San José y elección de horas con efecto 2022; nota presentada por estudiantes de Formación Docente, relacionada con la preventiva de horas publicada por el Consejo de Formación en Educación.

                Los alumnos del Liceo de Chuy, Eladio Aristimuño, reenvían la nota enviada al señor presidente del Codicén, Robert Silva, para conocimiento de la comisión».

(Ingresa la delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria).

                –Damos la bienvenida al señor José Olivera y a la señora Alejandra Vespa, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR OLIVERA.- Agradecemos a la comisión por recibirnos. Estoy aquí en mi calidad de presidente de Fenapes y me voy a referir a dos temas que son los que motivaron nuestra solicitud de audiencia. Uno de ellos refiere directamente a la situación planteada con los docentes del Liceo n.º 1 de San José, sobre todo, porque en los últimos días hemos sido notificados de un pedido de destitución por parte de la División Jurídica a la Dirección General de Educación Secundaria. Nosotros encontramos allí algunos problemas en la forma en que se ha venido dando el procedimiento y, sobre todo, hay dos o tres aspectos que nos preocupan sobremanera. Uno de ellos tiene que ver con la discrecionalidad de la Dirección General de Educación Secundaria a la hora de desarchivar algunos expedientes y no hacer lo mismo con otros.

                Además, en el marco del sumario solicitamos que la Administración adjuntara el acta de una sesión del anterior consejo, del 9 de marzo de 2020, donde había cinco expedientes que tenían que ver con denuncias de distinto tenor con relación a violación de la laicidad en el marco del proceso electoral y plebiscitario del 2019.

                Lo que nos llama poderosamente la atención –de acuerdo con lo que se nos ha informado–, es que de los cinco expedientes que fueron tratados de la misma forma y archivados por la Administración anterior, solamente se reabrieron tres. A su vez, lo que llama la atención de esos expedientes –que, reitero, fueron todos archivados por las mismas causales y recomendaciones, lo que quiere decir que hubo un criterio general de la Administración de aquel entonces para abordar estos temas– es que solamente se reabrieron tres y lo coincidente es que todos tienen como punto en común que están vinculados con denuncias contra militantes y dirigentes sindicales.

Hay otros dos expedientes e incluso alguna denuncia de padres de estudiantes contra docentes que, según la denuncia, habrían violado la laicidad por distribuir material a favor de la reforma constitucional Vivir sin Miedo. Hasta el día de hoy esos dos expedientes no se han reabierto; desconocemos cuáles han sido los motivos. Lo que llama poderosamente la atención es el grado de discrecionalidad que ha tenido la Dirección General de Educación Secundaria a la hora de definir la reapertura de algunos expedientes y la no reapertura de otros. Este es un primer elemento que a nosotros nos preocupa sobremanera porque, de concretarse un accionar discrecional de la Administración, estaríamos ante un problema institucional importante.

La segunda cuestión que nos preocupa es todo el procedimiento que se está llevando a cabo por parte de la División Jurídica de Educación Secundaria. Debemos señalar que tiene una constitución bastante endeble y en los últimos años ha tenido una carencia importante de abogados de carrera con años en el sistema. De hecho, los catorce expedientes que involucran a los docentes de San José están siendo tramitados por distintos abogados, lo que, como proceso administrativo, nos enfrenta a una dificultad en relación con que hay una enorme disparidad de criterios entre los distintos instructores. Los expedientes fueron distribuidos, en promedio, dos, tres y hasta cuatro casos por instructor.

A su vez, más allá de este elemento, que es complejo, hemos encontrado un accionar de la División Jurídica de Educación Secundaria que, en el mejor de los casos, en ámbitos donde se ha abordado el tema, se ha limitado a responder cuestiones desde un punto de vista meramente formal, sin analizar cuestiones de fondo. Para nuestra sorpresa, algunos de estos instructores han desestimado análisis de fondo de informes presentados por prestigiosos juristas de distintas áreas del medio nacional, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo y en materia constitucional y administrativa. Es decir, vemos que hay un tratamiento formal, que no se analizan las cuestiones de fondo y que existen dudas en el procedimiento que se siguió en la propia investigación administrativa porque el objeto de esta es determinar la probabilidad de la existencia de un hecho y determinar los posibles responsables. En este caso se identificó de entrada, con nombre y apellido, a las personas porque la propia directora que realiza la denuncia así lo hace. No obstante, de todas formas, se dio una investigación administrativa cuando, en realidad, ya estaban determinados el hecho y las posibles personas partícipes. Ahora bien, el problema es que en todo ese proceso de investigación administrativa los docentes no pudieron articular sus defensas; ni siquiera pudieron ser asistidos por abogados porque se trataba de una investigación administrativa.

Es ahí que se encuentra la dificultad; en algo que se inicia en términos de investigación administrativa para indagar una supuesta violación de la laicidad ‒que era lo que se estaba denunciando‒, cuya acusación expresaba claramente los posibles responsables, se procede a una larga investigación administrativa para luego determinar que hubo violación del artículo 58, que trata de proselitismo. Es decir, en el transcurso de la investigación administrativa no se encontraron elementos para poder comprobar fehacientemente la violación de la laicidad en el marco de un sumario y, en ese sentido, se cambia.

La tercera cuestión que nos preocupa y que es bueno que sepan ustedes, como parte del Parlamento, es que hemos encontrado varios vicios de forma en el accionar de la División Jurídica de Educación Secundaria, algo que se ha planteado. Ha habido abogados que se han pronunciado sobre un mismo expediente en más de una vez. Existe un caso muy complejo: el propio abogado que ejerce como jefe de jurídica tiene a su cargo otros expedientes. Es decir que, en algún sentido, está informando doblemente sin excusarse de no participar como jefe de jurídica en el informe final. Para nosotros este es un tema grave en el sentido de que ya previamente, desde otro ámbito o abordando otros expedientes, este abogado ya había fijado posición en torno al tema.

                Por último, quiero señalar que también preocupan dos hechos importantes. Por un lado, hubo filtración a la prensa del expediente y su contenido. A mediados de marzo, un programa radial divulgó en la jornada previa y al otro día a la mañana, buena parte del contenido del expediente, que debería haber tenido carácter reservado. Nótese que cuando secundaria resolvió –en ese entonces era Consejo de Educación Secundaria– la instrucción del sumario, en la propia resolución, que es de carácter público, hay un punto que dice que no se admite o no se autoriza el acceso al expediente de la investigación administrativa a los implicados por no ajustarse a derecho. Ahora bien, a mediados de marzo el contenido del expediente estaba siendo trabajado, divulgado y comentado en un programa de radio. Esto motivó que nosotros presentáramos una denuncia ante el Codicén de la ANEP y este ha resuelto una investigación administrativa; lamentablemente, ya transcurridos más de seis meses, no tenemos ningún resultado al respecto. Da la sensación que el organismo rector que debería tener la responsabilidad de investigar esta filtración a la prensa, si bien desde el punto de vista formal resolvió iniciar una investigación administrativa, no ha actuado con la celeridad y la prontitud que marca el Decreto 500. Es decir, es preocupante que seis meses después un hecho puntual y concreto no haya arrojado ningún resultado.

                Además, el Codicén de la ANEP tiene a estudio desde hace muchos meses un recurso jerárquico que se presentó contra la resolución de instrucción del sumario que la Dirección General de Educación Secundaria rechazó en términos de revocación, analizando simplemente algunos aspectos de forma y no de contenido o de fondo. Entonces, llama poderosamente la atención que ese recurso esté, digamos, durmiendo dentro del Codicén de la ANEP sin que el organismo rector se pronuncie sobre el acto administrativo que estableció el sumario.

                Nos parece que sería importante que en algún punto el Codicén de la ANEP, como organismo rector, se expresara antes de concretarse una destitución porque, si lo hace después, se genera un problema institucional muy grande. Es decir, si mañana se concreta la destitución de dos, cuatro o cinco personas –esperemos que no– por resolución de la Dirección General y el Codicén de la ANEP no resolvió el recurso jerárquico que surgió del acto administrativo que desencadenó el sumario, se genera un problema institucional bastante importante porque el organismo rector debería pronunciarse con antelación.

                En este marco es bueno que ustedes sepan que vamos a estar presentando en los próximos días una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Aquí hay elementos que se han ido recogiendo en todo este proceso que nuestro equipo jurídico laboral, no solamente el permanente sino también otros juristas contratados por la federación, recomienda la presentación de una queja ante dicho comité, que será respaldada por el PIT-CNT y por la confederación sindical del área de educación. De hecho, aspiramos a que en el correr de la semana podamos tener una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social porque sabemos que esto, en realidad, va contra el Estado uruguayo y no contra Educación Secundaria o la ANEP. Entonces, quien va a tener que responder en última instancia es el Estado uruguayo. Creemos que con estos elementos estamos ante un problema de carácter institucional bastante importante. Dejo por acá este breve resumen. Este es el primer punto que queríamos plantear.

                Voy a solicitar a la compañera Vespa que plantee el segundo punto que tiene que ver con el tema de la elección de horas con respecto al año lectivo 2022.

SEÑORA VESPA.- Buenos días. Reiteramos el agradecimiento por el espacio que nos brindan en la tarde de hoy.

La segunda situación que queremos trasladar, para conocimiento de ustedes, es que nosotros, a nivel de la docencia, tanto para cubrir los cargos de docencia de aula como lo que nosotros llamamos, en este caso, cargos de docencia indirecta –que van desde directores hasta subdirectores, adscriptos y preparadores–, tenemos instancias de elección-designación de horas y cargos docentes en todos los años, que normalmente se realizan en el periodo de noviembre y diciembre y continúan en febrero y marzo en muchos casos. Sin duda, después, a lo largo del año y en función de las vacantes que se van generando, también hay espacios específicos de elección.

                Ese mecanismo para acceder al trabajo por parte de los trabajadores de Educación Secundaria ya se realiza, en este caso, desde hace algunos años, en función de la organización que se brinda a través de las Comisiones Departamentales de Elección-Designación –Coded– de horas y cargos docentes. Las Coded forman un organismo que se institucionalizó por parte de las Administraciones anteriores y tiene una composición bipartita. En este caso, la reglamentación plantea específicamente la presencia de la Federación Nacional de Profesores como el sindicato representativo y de los representantes que designe el Consejo de Educación Secundaria o, en estos momentos, la Dirección General de Educación Secundaria, en esta instancia y en este organismo bipartito. Después, por supuesto, la Administración pone los funcionarios necesarios y disponibles para hacer el acto concreto de elección-designación, que son, justamente, los compañeros que trabajan en esa área digitando y realizando el proceso de elección.

                Para el 2020 –que implica el acceso al trabajo para todos los trabajadores de Educación Secundaria, incluyendo los efectivos y los interinos–, nosotros tenemos una primera instancia, obviamente, en la que pasa el docente efectivo, que es aquel que está ordenado escalafonariamente, desde el grado 7 –que son aquellos que tienen más antigüedad a nivel del sistema; la integración a este grado implica, justamente, una calificación anual y un reconocimiento de la antigüedad– hasta el grado 1, que son los ingresos iniciales al escalafón y, a su vez, lo que llamamos las listas de interinatos y suplencias, que son aquellos trabajadores docentes aspirantes, en algún momento, a pasar por concurso y llegar a la efectividad en este escalafón.

                Todo ese universo de trabajadores, en este caso en el período noviembre-diciembre, accedemos al trabajo para los puestos del 2022.

                La situación que tenemos en este momento para el año próximo es la siguiente: la Dirección General de Educación Secundaria ha definido unilateralmente un cambio de formato en el criterio de designación para trece departamentos del país en los que, en este caso, se plantea realizar la elección de horas y cargos en forma virtual, manteniendo para el resto de los departamentos el formato que veníamos manejando y con el que se venía trabajando coordinadamente –incluso el año pasado, en plena emergencia sanitaria– con la Dirección General de Educación Secundaria, en función de mejorar, año a año, el proceso de designación.

Cada proceso de designación tiene las pautas bien claras y reglamentadas, no solo a través de las circulares, sino también del instructivo de elección de horas con que se trabaja año a año y se hacen las modificaciones necesarias si hubiera que hacer alguna a nivel de designaciones del año siguiente.

                Este proceso que se viene realizando hace años y que –insisto–, incluso en momentos de pandemia, se realizó con la Dirección General de Educación Secundaria justamente para la designación de diciembre del 2020 con efecto 2021, en este caso se cambia, insistimos, con una decisión unilateral por parte de la Administración.

Lo primero que planteamos es que estamos teniendo grandes dificultades a nivel de lo que implican la negociación colectiva y las instancias de trabajo con la Dirección General de Educación Secundaria, en el sentido de que todo lo que hace a las relaciones laborales y al acceso al trabajo está regulado por la Ley de Negociación Colectiva y en este caso necesariamente tiene que pasar por las instancias de intercambio y de negociación con la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Precisamente, queremos informar –como también lo hicimos en su momento en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social– que, de hecho, no se han cumplido estas instancias con la Administración. Por el contrario, teníamos previsto que el día 4 de octubre habría una instancia con la Dirección General de Educación Secundaria, pero debido a motivos totalmente entendibles –porque la Administración no podía– no pudo realizarse en ese momento y se nos solicitó trasladarla para el día 12 de octubre. En medio de esta situación y luego de no concretarse esa instancia bipartita el día 4 –que se trasladó para el 12 de octubre–, hubo una gran sorpresa porque el día 7 de octubre la Administración saca una resolución en la que expresa explícitamente esta modificación, en el caso de la designación de los cargos y horas docentes para el 2022 y plantea la virtualidad en trece departamentos y el resto en formato presencial. Allí mismo se plantea justamente que toma resolución la dirección general y que había realizado una consulta a los directores de los liceos departamentales como parte de la Coded.

Está bien, los directores de los liceos departamentales pueden formar parte de la Coded si los designa la Dirección General de Educación Secundaria como parte representante, en este caso, de la Administración, porque esta tiene todas las potestades para hacerlo. El problema es la otra parte de las comisiones organizadoras de horas, constituidas justamente por la federación, que en ningún momento fue convocada para discutir sobre este tema y ni siquiera forma parte de esta resolución.

Una sorpresa mayor surgió después, cuando se plantea que la consulta se realizó justamente a los colectivos, a través de las direcciones departamentales. Nos consta que a nivel de todo el país esas consultas, independientemente del hecho de haber violentado las relaciones laborales en el sentido de no trabajar en una instancia bipartita, tampoco se realizaron en los distintos departamentos. En los casos de Montevideo y Canelones se dice, de manera explícita, que ese procedimiento no se aplicó; en los otros departamentos, en nombre de los directores departamentales, se plantea que ha existido consulta a los cuerpos docentes, pero nos consta que no fue así. De hecho, luego de la resolución y de que esto se hiciera público, la sala de directores a nivel nacional –que hace de vínculo en el intercambio o asesoría con la Administración– se pronuncia, por dieciocho representaciones en diecinueve, en contra de la aplicación de esta resolución en estos momentos, por no estar claro para todos los docentes los procedimientos, las garantías y la forma de acceder al trabajo hacia el 2020.

En el caso de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria lo hicimos de manera explícita ante las autoridades –es decir, la directora general y el subdirector–, manifestando el incumplimiento de los pasos en la negociación. Por lo tanto, en este caso solicitamos no solo que se reviera, sino que se habilitara el proceso y se respetara, sin duda, la negociación colectiva en la cual ambas partes están comprometidas a ofrecer y a brindar toda la información necesaria, y a agotar las instancias para llegar a determinados acuerdos, más allá de que después se alcancen o no. En este caso, todos esos pasos no solamente no fueron contemplados, sino que no se cumplieron; no fueron realizados.

En consecuencia, hicimos una solicitud expresa a la Administración para que, en este caso, reviera ese posicionamiento y abriera los espacios necesarios para realizar los intercambios. Ante la imposibilidad de concretar esta situación, sin duda concurrimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hizo una recomendación a la dirección general para que dejara en suspenso y sin efecto la resolución mientras se generaban los espacios de intercambio y de negociación. En ese momento la dirección general respondió que no iba a llevar adelante ese accionar y que mantendría firme la resolución.

Por eso planteamos que íbamos a seguir transitando por todos los espacios necesarios para denunciar una situación que a nosotros nos preocupa profundamente porque, en esto de las relaciones laborales, lo primero que tenemos que hacer las partes es, justamente, tratar de agotar todas las instancias de diálogo y negociación para concretar el mejor resultado. Sin duda, es lo que busca la federación; me refiero a alcanzar las mejores condiciones de acceso al trabajo para nuestros trabajadores en el 2022. Deberíamos aspirar a que también ese sea el anhelo de la Administración y de la dirección general, cosa que por momentos nos deja amplias dudas.

Por otra parte, además del incumplimiento de lo que establece la propia norma, vemos que esta no se ha cambiado. Eso es algo que también preguntamos directamente a la dirección general; me refiero a si había alguna modificación en la normativa vigente, porque mientras esta nos respalde en el sentido de cómo se da el proceso, este se tiene que cumplir y en este caso se estaba incumpliendo. Obviamente, que nosotros conozcamos, hasta el día de hoy no hay modificaciones, y eso es así. El propio instructivo que está colgado en la página web del Consejo de Educación Secundaria sobre la asignación de horas, en sus primeros artículos deja claramente establecido que la Comisión Departamental de Elección-Designación –Coded– tendrá integración y carácter bipartito según resolución de fecha 23 de octubre de 2014, comunicada en circular y homologada por el Codicén en 2015, en consonancia con lo que establece la Ley n.° 18508, sobre negociación colectiva. Esto mismo a lo que hoy hacemos referencia aparece en el instructivo de elección y designación de horas para el 2022. Quiere decir que la dirección general asume que sin duda esto sigue vigente. El problema no es la vigencia, sino que en los sucesivos pasos y en las acciones y resoluciones, así como en los actos administrativos de la dirección general, no se contempla y no se respeta, o se violenta, esto que planteamos, que es lo que está establecido sobre cómo accedemos al año siguiente al trabajo los profesores de Educación Secundaria.

Sin duda, hay otra serie de situaciones que nos preocupan mucho. Nos referimos a la transparencia y a las garantías que cada trabajador debe tener en el momento en el que le son asignadas sus horas y sus cargos. En la presencialidad y en la elección y designación no solamente están los funcionarios que realizan esa tarea, sino que obviamente están presentes la Administración y el sindicato, que hacen el seguimiento. Si llegado el caso hay que rever alguna situación, se hace, porque como en todo proceso de elección y designación a lo largo de todos estos años, y también el año pasado, a veces se cometen determinados errores, algunos sin intencionalidad. Pero como es muy compleja la asignación ya que hay que contemplar topes, cantidad de grupos y de horas, a veces se puede cometer alguna equivocación que inmediatamente hay que rever para no perjudicar al resto de los trabajadores docentes que siguen en el proceso del escalafón. Lamentablemente, con esta modalidad que se está planteando no tenemos ninguna garantía de que se pueda hacer ese seguimiento y podamos tener claramente establecido que se va a respetar el orden en cada caso y que justamente se van a dar las garantías necesarias para el proceso de elección.

                A fin de no extendernos más, simplemente quiero agregar que esta semana se publicó por parte de la Administración un llamado para designar cargos a nivel de dirección, subdirección y adscripciones, y hay un elemento que preocupa profundamente, que en este caso es el de los listados de los docentes que se presentaron como aspirantes a cargos de dirección y subdirección. Ya en ese listado constatamos irregularidades. O sea que en estos momentos no estaríamos en condiciones de iniciar o de continuar el proceso de elección –porque de hecho el proceso de elección se inicia con los traslados– hasta que se superen o se corrijan irregularidades que aparecen en el llamado de interinatos y suplentes para dirección y subdirección. En este caso, la Administración estableció tres listados –los listados a, b y c– con requisitos diferentes, pero a todos les pedían lo mismo: poseer título de profesor de enseñanza media. Lamentablemente, a nivel nacional hemos constatado que en esas listas están incorporados quienes sí tienen ejercicio de la docencia pero no título de profesor de enseñanza media. Esa es una primera situación que a nosotros nos alarma y alerta mucho porque, obviamente, acá tenemos un doble perjuicio que se daría también hacia adelante. Me refiero al hecho de que si no se corrige esta situación, obviamente va a existir la denuncia pertinente y eso implicaría tener que trabajar sobre la marcha atrás de todos los procesos de designación, porque se están violentando las propias bases del llamado, que exigen un elemento contundente, que es el de poseer el título de profesor de enseñanza media. Tal vez allí la salvedad es que en el momento de adjuntar la documentación solicitada no se pidió la presentación del título. De todos modos la Administración podía no pedirlo, porque tiene sobradas maneras de saber si efectivamente quienes presentan su aspiración tienen o no el título. A esta altura, la Administración tiene esa documentación; lo que está claro es que no se revisaron, con la pertinencia necesaria, las presentaciones de quienes iban a conformar esas listas y por lo tanto hoy tenemos ese problema: una base de llamado a inscripción con determinadas características y unas listas resultantes que no reflejan eso que se estaba pidiendo y que violentan el propio llamado. Esto lo dejamos como ejemplo para decir que estamos en un proceso complejo de elección-designación hacia el 2022.

                Por lo tanto, para nosotros es de suma importancia que la Administración revea estos posicionamientos, de forma que transitemos todos –porque creo que esa es la voluntad general– las mejores condiciones para garantizar un buen proceso de elección-designación que implica el trabajo de cada uno de los trabajadores docentes hacia el  2022. Para nosotros eso es fundamental.

SEÑORA BIANCHI.- Voy a tratar de dar titulares, porque además nos conocemos –sobre todo con Olivera– y trabajamos en el quinquenio pasado por los caos que se producían en los actos de elección de horas. Voy a empezar por esta parte.

                Pido disculpas a mis compañeros, pero la verdad es que no quiero que ustedes después lean la versión taquigráfica de lo que voy a decir, sin mirarnos a los ojos. Voy a decir una cosa principal que Olivera sabe. Personalmente –lo dije en su momento–, no estoy de acuerdo con la negociación colectiva en el ámbito público, porque el Estado no es un patrón. El Estado defiende el interés general. El Uruguay tenía desde el 1943 la ley de negociación colectiva en el ámbito privado y no en el ámbito público; luego esto se creó. Una cosa que sí pedí especialmente –porque formaba parte del Gobierno del Frente Amplio– fue que se excluyera a la educación, porque el problema es que no son lo mismo los cargos en OSE –no hablo de que sean menos, sino que son distintos– que meterse en este berenjenal de la negociación colectiva en actos que son absolutamente docentes o técnico-docentes, no administrativos. Por supuesto que también perdí. Lo dejo como titular para que quede claro cuál es mi posición; Olivera lo sabe. Lo último que pedí es que se sacaran a la ANEP y a la Udelar. Lo que pasa es que como la Udelar tiene total autonomía, cogobierno, hace y deshace, no podemos controlar ni siquiera cómo se gasta la plata, no hay problema, pero en la ANEP sí se iban a producir estos problemas, porque ir a discutir el acto de elección de horas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –que a Olivera y a mí nos tocó en Gobiernos del Frente Amplio– es como una película de terror, porque los abogados del ministerio no tienen la menor idea.

Es un acto técnico-docente que se tiene que resolver dentro de los ámbitos que corresponden y no ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero, bueno, estamos metidos en este baile.

El acto de elección de horas siempre fue hecho por las autoridades de aquel entonces, es decir los consejos, al menos en los que participé desde el 2005 al 2010, en 2005 y 2006 en secundaria y antes como docente, como directora y docente. Siempre lo hicieron las autoridades administrativas del departamento docente, junto con los inspectores de las asignaturas. Después se fue produciendo un caos, derivado de la confusión –y lo voy a dejar por ahí– sobre qué papel tenía que cumplir el sindicato y resulta que la responsabilidad del acto de elección de horas recayó sobre el sindicato. Y a mí me pueden explicar las cosas en chino mandarín, pero yo sé cómo funcionaba, de modo que es así. Se formaron estas comisiones y el sindicato, en el momento en que asumió esa responsabilidad, reconozco –y el señor Olivera lo sabe– que había un caos muy grande en secundaria, no se hablaban ni siquiera los propios consejeros y no hubo más remedio que asumir que los sindicatos colaboraran para el acto de elección de horas. Pero siempre fueron Montevideo y Canelones, de acuerdo con la normativa vigente, y en un régimen democrático y republicano como es el nuestro, las autoridades del departamento docente; obviamente, los consejos y en este caso la dirección siempre son responsables, pero nos reuníamos así. Yo iba en representación del consejo a los actos de elección de horas, así que a mí no me lo cuentan. Estaban los inspectores, nosotros y no había sindicato ni nada. Reitero que después se produjo un caos brutal porque, como ya señalé, no se hablaban ni entre los propios consejeros, pero eso no valida de ninguna manera que estemos de acuerdo, como Gobierno, con determinadas mayorías, en seguir aceptando que el sindicato cogobierne, y nada menos que en el acto de elección de horas. Esto como primer punto.

Segundo; en el interior, el acto de elección de horas siempre fue llevado a cabo por los directores de los liceos departamentales junto con los inspectores correspondientes a los departamentos. Así que eso está claro. ¿Política de los hechos consumados? Y bueno, será política de los hechos consumados. En todo caso, discrepo con la Dirección General de Educación Secundaria que haya hecho referencia a esa resolución. No se puede ser trabajador y empleador al mismo tiempo; eso es básico en cualquier organismo que quiera funcionar bien, y menos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que no tiene la menor idea sobre el tema.

Simplemente quiero que quede claro que sé cómo se hacía, sé lo que dice la reglamentación y también sé cómo se fue distorsionando después.

Entiendo que sean retirados de «semejante responsabilidad» –entre comillas– del acto de elección de horas, que era manifiestamente ilegal y producto de reglamentaciones internas de los consejos. O sea que una resolución se modifica con otra. En este caso la dirección general –y tal vez el Consejo Directivo Central que siempre tuvo el grado de autonomía que establece la Constitución– tiene todo el derecho de cambiarlo. No me sorprende que haya desconfianza. También viví otras etapas en donde se cometían muchísimas irregularidades. Vi caer directores por la persecución de dirigentes sindicales y puedo dar nombres. Conmigo nunca se metieron, pero lo intentaron.

En el acto de elección de horas siempre había algún tipo de error, porque –la gente no sabe– hay que sentarse con el docente o hacerlo en línea e informarle que hay tantas horas en determinado liceo, que a él le corresponde esto o aquello, en fin, está todo transparentado. Yo pedí que me mostraran el software porque dudé, tuve miedo. El director del Consejo de Educación Secundaria, el ingeniero Tinetto en el Gobierno del Frente Amplio cayó por querer informatizar el acto de elección de horas. Entonces, pedí que me mostraran el software porque es muy difícil que la gente pueda manejar esto. Me conformó y, bueno, la cuestión era ver si surgían inconvenientes o no. Uno se sienta con el docente –es bien siglo XIX– le muestra los liceos, el lugar en el escalafón, y eso lo tienen todos los docentes; no entiendo por qué tiene que haber desconfianza. Los escalafones se publican y, si no se publican, ahí sí, tienen toda la razón del mundo. Están los recursos administrativos que además en la nueva Ordenanza 10, que es la versión para la ANEP del Decreto 500/991, se permite una opción anterior –yo tuve que ver en la elaboración, no sé si Olivera se acuerda– que era, antes de entrar en el recurso de revocación y jerárquico, presentar una nota para ver realmente si quienes teníamos la responsabilidad institucional –en mi caso lo hacía pasar por secretaría general y los inspectores obviamente por ser quienes supervisaban todo el acto– podíamos incluso evitar que se ingresaran los recursos administrativos; y corregimos muchos errores ahí.

Con respecto al llamado de los directores, si se exige el título habilitante y hay personas que no lo tienen, corre toda esta reglamentación que es de la ANEP, a la que hago referencia, y se puede recurrir antes de interponer un recurso. Es decir, se le dice a la Administración: acá se equivocaron. Pero no ir al ministerio, la bipartita, la tripartita; ¡así terminó la educación! Entonces, se le dice: se equivocaron en esto. Y ahí ustedes ven si los responsables reconocen o no que se equivocaron. Obviamente, ahí cabe todo lo que cabe, siempre dentro de los recursos administrativos. A mí con la OIT y con todos esos organismos internacionales no me llevan puesta, porque nosotros, como Estado de derecho, somos un ejemplo para que los administrados tengan la posibilidad de defenderse.

Ahora bien, me llama la atención que durante todos estos años los cargos de dirección fueron colocados a dedo por el artículo 20 del estatuto, que es manifiestamente ilegal, y en muchas oportunidades lo hablamos con Olivera. No podemos dejar que la Administración, sea del signo que sea, designe a los directores de los liceos en forma ilegal. Casi todos los directores eran designados por el artículo 20. Es más: nosotros llamamos al sindicato y a los consejos en el quinquenio anterior por ese tema, porque el artículo 20 ni siquiera se puede aplicar a los directores, es para los subdirectores, por licencias esencialmente transitorias de los directores, y se llama dentro de los docentes del liceo por puntaje. Al menos desde 2010 para acá, se estuvieron colocando por el artículo 20. ¿Ahí no nos problematizaban? ¡Y eso sí que es irregular y discrecional! Ahora por lo menos se están haciendo llamados, se pueden transparentar las bases y uno puede recurrirlos.

Sinceramente, ante las palabras «denuncia», «desconfianza», les digo: muchachos, así no vamos a salir adelante. Esto no es un problema político-partidario. ¡La educación está horrible! Y eso ya lo tienen que aceptar. ¡Los resultados son pésimos!

En consecuencia, creo que nosotros debemos aplicar un criterio colaborativo. Y Olivera me conoce, perdón que lo reitere pero trabajamos juntos mucho tiempo, sobre todo tratando de resolver los problemas de varios consejos anteriores de Educación Secundaria; está en las actas. Nosotros, como legisladores, siempre tratamos de buscar la aproximación entre las partes, hicimos hasta reuniones conjuntas con las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación del Trabajo, citando a los consejos, al Codicén. Es decir, siempre buscamos la parte colaborativa, pero quiero que quede claro el criterio. Y se están equivocando, porque ustedes ponen sobre la mesa determinadas cosas y otros vamos a poner otras.

Yo nunca vi por parte de Fenapes denuncias manifiestas por ilegalidad ante la OIT respecto a que casi todas las direcciones de Educación Secundaria –ni hablemos de la UTU porque es el aquelarre– se hicieran por designación directa. Eso es el artículo 20, reitero: mal aplicado, además, porque no es para los directores.

Entonces, estas cosas me molestan porque yo soy docente vocacional, de verdad, y realmente me da mucha pena darme cuenta de que la confusión de roles ha llevado a este caos. Tal vez habría que haber sido más firme al principio. Quizás si yo hubiera sido presidente del Codicén habría sido más firme al comienzo, así queda claro quién gobierna, pero no quien gobierna político-partidariamente, quién gobierna la educación. La población cuando elige, elige representantes. ¿Les gustan o no los resultados? Es así el juego democrático.

Y la verdad es que el acto de elección de horas dirigido por el sindicato, y el tema de la forma en que se ocupaban las direcciones por el artículo 20, para mí fueron dos preocupaciones grandes. Entren y vean las versiones de los cinco años pasados; diez veces debo haber llamado a los consejos y al sindicato.

                Si se quiere discutir alguna resolución de la Administración, reitero, están los recursos administrativos. ¿Qué denuncias? ¿Van a ir a Interpol? No; se interpone revocación y jerárquico, y ya está. No es lo mejor, y por eso se nos ocurrió ese otro paso previo, que es advertir a las autoridades que tomaron una decisión que en determinados puntos se están equivocando. Si hay buena fe y no hay desconfianza, ambas partes pueden llegar a un acuerdo. Si hay mala fe y desconfianza o uno de los dos elementos, no hay forma de llegar a un acuerdo.

Respecto a ese tema, tendría mucho más para decir. Jamás se hicieron –quiero que quede claro– desde 2005 a 2010, bipartitas para hacer el acto de elección de horas. Una sola vez nos llevaron y fui yo a negociar con el Codicén –también estaba Olivera– por el problema de un reglamento que hizo un consejero que ahora no recuerdo su apellido –obviamente, también era del Frente Amplio– que alteraba todos los derechos. Y hasta yo estuve de acuerdo con el sindicato –lo que me hizo ganar un rezongo del director general de educación– porque tenía razón. Cuando el sindicato tiene razón, se la doy, tanto esté en el oficialismo como en la oposición; pero en este caso, no es así.

Con respecto a los profesores de San José, hay temas que no me quedaron claros y si bien no me gusta dialogar, señora presidenta, tengo que hacer algunas preguntas puntuales sobre aspectos que me preocupan mucho.

En primer lugar, División Jurídica no puede decidir nada. El instructor de la investigación administrativa y luego el instructor del sumario hacen un primer informe –que corresponde al 213; no sé si sigue siendo este artículo–, luego pasa al director de Jurídica, que hace el informe del 215, analiza la prueba y es la dirección general la que decide o el consejo, antes; no es Jurídica. Esta división no tiene esas potestades; tiene pura y exclusivamente una función de asesoramiento, sin efecto vinculante. Eso tiene que quedar claro porque el segundo punto de la intervención de Olivera era que había problemas graves con División Jurídica de Educación Secundaria. En ese sentido, puedo estar totalmente de acuerdo con ustedes –me consta además–, pero siempre resuelve la Dirección General y luego el Consejo Directivo Central; nunca lo hace jurídica.

No me quedó claro por qué se desarchivaron tres y no cinco. Tomo el dato y veremos con las autoridades porque si se desarchivan, se tienen que desarchivar todos. Es cierto que detrás de San José hay una directora que nunca les tuvo miedo, ni ejerciendo el cargo ni después que se jubiló. Los directores a Fenapes le tenían miedo, lamentablemente. Fui fundadora de las dos primeras asociaciones de directores que existieron; es más, hice los estatutos, o sea que sé muy bien el miedo que algunos directores le tenían. Repito: vi caer directores por denuncias del sindicato y por miedo de las autoridades o por complicidad, porque como todos eran del mismo partido...

Lo que me generó dudas –es una pregunta que le hago a Olivera–, es lo siguiente. ¿Acá se hizo primero una investigación administrativa? En la investigación administrativa no se está asistido por abogado y en el sumario tampoco; el abogado puede entrar, pero no participar. Eso lo dice el Decreto 500 y la Ordenanza n.º 10. ¿Cuándo participa el abogado? Cuando se le da vista al que está dentro de la investigación administrativa y cuando se le da vista a cualquiera de los actos que se asuman o que se tomen al investigado. Son investigados los dos y el sumariado es inocente hasta que se declare la validez del sumario. Como dije, puede entrar el abogado, pero no puede hablar. Cuando le dan vista, que es el momento de articular defensa, ahí sí actúa el abogado; normalmente, es quien hace la vista.

Entonces, como primera pregunta, ¿nunca se le dio vista en la investigación administrativa? Y la segunda, ¿nunca se le dio vista en el proceso sumarial? Eso es algo que, realmente, me preocupa muchísimo.

                Quiero aclarar dos cosas de naturaleza jurídica. La primera es que, para el sistema jurídico uruguayo, las razones de forma son más graves que las de fondo. Uno interpone recurso de revocación y jerárquico, y después tiene que llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la suprema corte de la Administración y estamos aburridos –en lo personal, me aburrí como secretaria administrativa del Codicén– de recibir sentencias perdidas para la ANEP diciendo que no se entra al fondo del asunto por vicios de forma. ¿Por qué? Porque la forma es un derecho humano fundamental. En lo personal, no lo sé, porque no los conozco, no los vi ni sé qué los hizo trascender, sería bueno que se supiera.

                La otra cosa que quiero aclarar –y con esto termino– es que siempre es bueno que la Administración se pronuncie. Eso es una recomendación que siempre hicimos los administrativistas; los que ejercimos los cargos de gestión en ese sentido siempre decimos «que se pronuncie». Al no pronunciarse el Codicén, ¿no actuó la denegatoria ficta? Es una pregunta que me gustaría que respondieran, porque si no se pronuncia la Administración –no quiero hablar de memoria, pero me parece que son ciento veinte días; reitero que estoy hablando de memoria y hace años que no ejerzo la profesión– es como que se hubiera adoptado una resolución, que es negar o no acoger el recurso. Esa sería la tercera pregunta que les formulo.

                En lo personal, la parte jurídica me importa muchísimo porque acá sí está el Estado de derecho en juego. Creo que no me quedaron preguntas por realizar. Agradezco, entonces, la gentileza con la que han venido y el hecho de haber podido dialogar con ustedes, porque no me está gustando que recibamos agresiones en los medios de comunicación y que no hablemos, cuando nuestra costumbre era hablar.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En virtud de que hemos extendido muchísimo el tiempo previsto para esta delegación, si los señores senadores están de acuerdo, les damos unos cinco o diez minutos adicionales para ir cerrando.

(Apoyados).

                Muchas gracias.

SEÑOR OLIVERA.- Buenas tardes, mi nombre es José Olivera, presidente de Fenapes.

Señora presidenta: no voy a entrar en algunas consideraciones políticas porque sería ingresar en el debate y no corresponde.

En primer lugar, respecto a algunas afirmaciones, quiero decir que sostener que la educación ha sido gobernada por los sindicatos es un dato contrafáctico y ahistórico. Desde la restauración democrática hasta la fecha, todos los partidos políticos han tenido responsabilidad –por lo menos, los que están representados en el Parlamento– de dirigir la educación y han sido el gobierno de la educación, en cualquier circunstancia.

En segundo término, el Estado nos trasciende. Yo puedo tener muchas posiciones políticas, filosóficas e ideológicas sobre distintas cuestiones, pero es el Estado uruguayo el que definió ratificar convenios de la OIT; es el Estado uruguayo el que definió una ley de negociación colectiva; y, es el Estado uruguayo que legítimamente, en el marco de un sistema democrático, definió, por ejemplo, una ley de libertad sindical. Obviamente, un nuevo gobierno puede derogar o modificar; son las reglas de juego. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la aplicación del conjunto de normas que constituye el Estado de derecho y no de las que a mí me parece o las que a mí me gustan más o menos.

En tercer lugar, el proceso de elección de horas vino a corregir dos elementos que son claves, nunca desde la cogestión porque si se ve la normativa específica en lo que tiene que ver con la reglamentación de las comisiones departamentales que están amparadas en dos normas, una de Educación Secundaria y otra homologada por el Codicén de la ANEP, el punto nueve de una de esas normas dice claramente que hay una responsabilidad administrativa que es indelegable y que le corresponde a la Administración. Por lo tanto, ni cogobierno ni coempleadores ni nada por el estilo. Pero sí hay tres aspectos que nos parecen importantes que tienen que ver con la transparencia y con el elemento de dar garantías. Primero, tenemos que tener un sistema escalafonario, ya sea escalafón para el caso de los efectivos o listados que tienen que ser públicos, construidos sobre normas y pautas generales; una aplicación ecuánime. Este es un primer elemento de transparencia que tiene que estar definido. Lo segundo es que deben estar definidos públicamente cuáles van a ser los puestos de trabajo que se van a poner a elección y lo tercero es que todo el proceso tiene que tener un grado de carácter público y ser auditable. Hace mucho rato que el sistema de elección de horas está informatizado; hoy un docente sale del acto de elección de horas y su designación ya la tiene el liceo donde va a trabajar y la Administración a nivel central para empezar a procesarlo. Acá el problema no es informatización sí o no porque en cuanto al proceso de elección de horas todo el país está informatizado. Hay procesos, como el traslado de cargos de docencia indirecta –directores, subdirectores, preparadores y adscriptos– que sí se hacen con un programa informático, que llevó tres o cuatro años perfeccionarlo y así evitar que, en el corrimiento de dicho programa, se cometieran, no digo irregularidades, pero sí cosas que distorsionaban el ordenamiento escalafonario. Reitero que aquí el problema no es informática sí o no, sino la transparencia y la certeza que debe tener la Administración de que las cosas se están haciendo bien y esto que hoy prevé la Dirección General de Educación Secundaria no cumple con estas características porque no tiene un carácter auditable, no tiene carácter público, y nos parece que eso es un problema.

                Nosotros no venimos a llevar puesto a nadie, pero decimos que Uruguay, como Estado de derecho que integra el sistema de Naciones Unidas, suscribe ciertos acuerdos y nos da derechos, tanto a los empresarios como a los trabajadores. Sin embargo, se aplaude cuando van los empresarios a la OIT, pero se cuestiona cuando lo hacen los trabajadores. Pareciera que las reglas no rigen para todos por igual. Entonces, hay que tener claro que hay cosas que a uno pueden no gustarle; a mí no me gusta ir a la OIT y por eso tenemos la delicadeza de venir a plantearlo al Parlamento y al ministro de Trabajo y Seguridad Social porque son quienes luego tendrán que responder, sobre todo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

                Quiero mencionar algunas cuestiones con relación a lo sucedido en San José. Los informes jurídicos dejan claro que no es vinculante con respecto a las definiciones que luego toma la Administración. Tan así es que, en el caso de la investigación administrativa de los docentes de San José, el departamento de jurídica recomendaba separar del cargo y retener el 50 % de los haberes de solamente seis docentes y la Dirección General de Educación Secundaria optó por sancionar a todos de alguna forma. Incluso, en ese entonces, los quince fueron separados del cargo con retención de haberes y eso demuestra que no hay vinculación entre lo que recomienda jurídica y lo que pueda definir la dirección política. Ahora bien, en la investigación administrativa efectivamente se han introducido cambios que incluso se han adaptado. A principios de año firmamos algunas modificaciones del estatuto en acuerdo con el Codicén, con la ANEP, sobre procedimiento administrativo y lo que está claro es que en la investigación administrativa no son asistidos por abogados. Sí lo están en el marco del sumario y también está claro que a los docentes que se les negó acceder al expediente y solamente se les dio parte de la resolución, que es pública, no se les dio el expediente hasta, diría, luego de instruido la mitad del sumario, es decir, luego de que fueron a declarar. Reitero que no se les dio conocimiento del resultado de la investigación administrativa. Por lo tanto, en esa etapa sí se cumplió, pero ya en la etapa sumarial y no cuando se cerró la investigación administrativa.

                Con respecto al sumario del Codicén, nosotros esperamos que haya un pronunciamiento del organismo por lo que allí se denuncia y fundamenta. No tengo claro lo de los ciento veinte días, pero sí que algunos expedientes se tramitan con mayor celeridad que otros y ese también es un elemento discrecional que preocupa a la hora de la ecuanimidad con la que se debería manejar la Administración. Algunos expedientes se tramitan en tiempo récord y otros quedan ahí meses y meses. Advertimos que si en el futuro cercano hay destituciones –posibilidad que está planteada sobre la mesa– y luego el Codicén decide tirar por tierra todo el procedimiento, habrá un problema institucional muy grave desde el punto de vista de cómo se manejan. Incluso, hay sentencias propias del TCA que señalan cómo la falta de garantías para el administrado en el marco de los procesos de investigación administrativa ha generado muchos reveses para varios organismos del Estado a la hora de analizar, por parte del TCA, destituciones, sanciones y demás cuestiones. Acá el problema es que nosotros creemos imperioso que el Codicén de la ANEP dé su punto de vista, reafirmando o rectificando la instrucción de sumario.

SEÑORA BIANCHI.- Seré breve.

                Yo no dije que no se aplicaban las normas, sino que perdí y que estas tempestades son consecuencias de aquellos vientos. Lo que se hizo fue absolutamente erróneo y lo lamento por la educación. Lo aclaré.

Asimismo, los organismos internacionales pueden ir adonde quieran; yo no tengo la misma idea que ahora está de moda de que ellos mandan sobre el derecho positivo uruguayo. En el Uruguay, las normas internacionales las podemos derogar cuando queremos porque no van a la Constitución como en Argentina, sino que son leyes que ratificamos nosotros.

                A su vez, quisiera decir algo para que quede claro, porque después se manipulan las versiones taquigráficas por parte, sobre todo, de los presuntos periodistas. Este Gobierno no tiene absolutamente ninguna intención de derogar esas disposiciones ni de irnos de los organismos internacionales ni de violar las normas. Lo que sí tenemos es el ánimo de cambiar la gestión. En consecuencia, que quede bien clarito –por si hay algún malintencionado que me quiere hacer decir lo que no digo, algo bastante difícil que suceda conmigo– que lo que tenemos es la intención de modificar la gestión. Y repito: durante muchos años sí gobernaron los sindicatos; sí, en especial a partir de 2010. Así que me hago cargo de ello y yo soy quien lo dice. Esto no es política partidaria, sino política educativa, que es una de las más importantes del Estado. Con esto termino.

SEÑORA VESPA.- Quisiera decir una última cuestión.

                Ya que la señora senadora Bianchi reafirma su posición con respecto a que los sindicatos han gobernado la educación, desde el lado de los sindicatos tenemos claro cuál es nuestro papel y rol; eso lo hemos defendido en todos estos años, independientemente de a quién le ha tocado estar en el gobierno de la educación y de qué sector político-partidario ha estado allí.

Por lo tanto, nosotros también volvemos a reiterar en este caso que el gobierno de la educación es responsabilidad de la Administración y también tenemos claro cuál es el papel que jugamos allí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecemos a la delegación por su comparecencia.

(Se retira de sala la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria).

SEÑORA BIANCHI.- Propongo citar al Consejo de Formación en Educación y a la Dirección y Subdirección General de Educación Secundaria.

                La verdad es que no sé ‒lo digo con total honestidad‒ cómo están haciendo, si vienen conjuntamente con el Consejo Directivo Central o vienen solos. Yo no tengo problema en que venga el Consejo Directivo Central con la dirección general o que vengan la dirección y la subdirección solas, pues tienen competencias para hacerlo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Nosotros tenemos dos versiones en las que se plantearon problemas sobre la elección de horas y otras cosas. Ahora tenemos que tener las otras versiones lo más rápido que podamos porque la elección de horas se juega en este momento.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, citamos al Consejo de Formación en Educación y, si están de acuerdo, a la Dirección General y Subdirección General de Educación Secundaria.

(Apoyados).

                Se levanta la sesión.

(Son las 14:12).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.