COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 7 de octubre de 2021).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:48).

                –Corresponde continuar con la votación de los artículos desglosados, sustitutivos y aditivos que quedaban para analizar. Por lo tanto, vamos a iniciar  el trabajo con la hoja 140. Hay un nuevo repartido  –que hoy fue entregado a los señores senadores– que empieza con la hoja 140 y contiene un resumen que es una guía.

Se va a reconsiderar la votación  del artículo 7.º que figura en la hoja  39, tal cual viene del mensaje recibido por la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–8 en 12. Afirmativa.

Se va a votar la reconsideración del artículo 17, que tiene un sustitutivo en la hoja 140.

(Se vota).

–8 en 13. Afirmativa.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 140.

(Se vota).

-8 en 13. Afirmativa.

En consideración el aditivo presentado por el Frente Amplio que figura en la hoja 103.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–5 en 13. Negativa.

En consideración el aditivo que figura en la hoja 144.

SEÑOR GANDINI.- Sin ánimo de dificultar el orden de las disposiciones a tratar, advierto que presentamos un aditivo que figura en la hoja 153 y que tiene que ver con el artículo que acabamos de votar negativamente. A lo mejor este es el momento de considerarlo o, por lo menos, ya queda expresado para cuando lo analicemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando lleguemos a ese momento, lo vinculamos, señor senador.

                La señora senadora Asiaín pide la palabra para referirse a las hojas 144, 145 y 146.

                En consideración.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho a saludarlo por su cumpleaños.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Estimamos que se trata de un reclamo justo de parte de COFE, que refiere a la equiparación de algunos beneficios previstos en el ámbito privado que serían extendidos a los funcionarios públicos. Se trata de licencias para quienes tengan hijos con discapacidad a efectos de que puedan concurrir a los controles médicos o situaciones por el estilo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, señora senadora.

                Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las hojas 144, 145 y 146.

(Se vota).

                –16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En consideración la hoja 153, que refiere al comentario del señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor presidente: la hoja 153 recoge la parte final de la propuesta que hizo el Frente Amplio en la hoja 103, dado que conocemos un acuerdo en proceso y la voluntad del Poder Ejecutivo en el sentido de llenar vacantes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más allá de las que están vinculadas a sanidad animal. Ese proceso está en marcha y para que tengamos certeza de que se va a cumplir, agregamos este artículo –a lo mejor el Frente Amplio lo acompaña– en el que establecemos la obligación de dar informe al Parlamento en la próxima rendición de cuentas de las vacantes que se hayan llenado en el correr de este tiempo. A nosotros también nos interesa que esas vacantes se puedan llenar.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Esta hoja 153 recoge la última parte de lo que era el alma de la hoja presentada por el Frente Amplio, que implicaba la decisión legal de que el ministerio no tuviera que recortar el llenado de las vacantes. Por eso incluíamos esta segunda parte que, en realidad, no tiene ningún efecto porque este informe vendrá con el de vínculos de altas y bajas que tiene que enviar en cada rendición de cuentas la Oficina Nacional del Servicio Civil, donde constará cuáles fueron las altas y cuáles las bajas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de todos los ministerios. Esta redacción tenía razón de ser en la medida en que nosotros estableciéramos una excepción específica en la ley para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De todas maneras, si esto se votara, es igual a lo que tendría que venir en el informe de vínculo del Estado, con altas y bajas, remitido por la Oficina de Nacional del Servicio Civil sobre todos los incisos del presupuesto nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 16. Afirmativa.

                Me piden la rectificación de la votación.       

                Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota).

                –9 en 17. Afirmativa.

                En consideración el artículo sustitutivo que figura en la hoja 74, correspondiente a la sección III, «Ordenamiento financiero».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 17. Afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- Señor presidente: durante el presupuesto habíamos aprobado la posibilidad de que los hospitales, los teatros, algunos centros del Ministerio de Educación y Cultura, las escuelas agrarias y las UTU que están afectadas o que tienen producciones pudieran quedarse con los ahorros generados y con los proventos que generaran, para inversiones en el período siguiente.

                Ese artículo había sido retirado y lo que estamos haciendo ahora es incluirlo nuevamente en esta rendición de cuentas. Entonces, creo que sería bueno reconsiderar la votación, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la hoja n.º 74.

(Se vota).

                –17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Corresponde pasar a los incisos de la Administración Central.

En consideración un aditivo presentado por el Frente Amplio relativo al inciso 04, «Ministerio del Interior», que figura en la hoja n.º 139.

SEÑOR CARRERA.- Señor presidente: este aditivo es fruto de una preocupación que hemos discutido en el ámbito de la comisión bicameral que sigue la situación del sistema carcelario, cuyo presidente, el senador Camy, está aquí presente.

                Queremos que exista una herramienta para ciertas situaciones de desproporcionalidad. En estos días hemos visto en la prensa la situación de Dona, una madre a la que se le impuso una pena de cuatro años de cárcel por el ingreso de 56 gramos de marihuana, y al mismo tiempo hemos visto que a un narco que causa mucho daño a la sociedad, con más de 400 kilos de pasta base, se le dio 24 meses.

                Lo que está proponiendo el Frente Amplio es una modificación del Código del Proceso Penal para que los operadores de la Justicia por lo menos tengan una herramienta para esas situaciones desproporcionadas. La idea no es entrar en el debate de fondo, sino dar una herramienta.

                Le hemos enviado la propuesta al comisionado parlamentario, quien ha tomado conocimiento de ella. La idea es tratar de que los operadores de la Justicia tengan una herramienta para atender estas situaciones que se dan y que, lamentablemente, son desproporcionadas y causan más daño al Estado, al propio sistema –que tiene que administrar el Ministerio del Interior– y a una familia.

                Básicamente es eso, señor presidente.

SEÑORA ASIAÍN.- Señor presidente: compartimos esa preocupación y la sensibilidad por las desproporciones que se dan en algunos casos, como decía el senador Carrera, sobre todo por un caso reciente de una imputación que estaba prevista en una normativa anterior.

Para analizar a cabalidad y darle cierta redacción concisa a este literal, proponemos desglosarlo para su análisis en la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la hoja n.º 139.

(Se vota).

                –8 en 17. Negativa.

                Se va a votar el envío de la hoja n.º 139 a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota).

                –17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En consideración el sustitutivo que figura en la hoja n.º 154, que refiere a una modificación del sistema de calificaciones para ascensos del personal de la Escala Básica de la Ley n.º 19315, que será de un 50 % por antigüedad calificada y un 50 % por selección directa.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Eso forma parte de una propuesta más amplia que también comprende al personal superior, pero este último quedó para ser estudiado con mayor profundidad y no  se lo quiso incluir en la rendición de cuentas.

                La idea es dar más certezas, garantías y, en cierta forma, cuidar la carrera funcional del personal subalterno o de la Escala Básica, como se la denomina. Se trata de valorar la antigüedad, pero incluyendo un criterio de selección para aquellos casos en los que la antigüedad pura no sea suficiente.

                El espíritu de esta iniciativa es dar más certezas a la carrera funcional de la Policía y que no existan las incertidumbres que a veces surgen por no seguir determinados procedimientos.

                Falta tratar la segunda parte de esto, relativa al personal superior, que se abordará más en profundidad por distintas razones aludidas por el Ministerio del Interior.

SEÑOR CARRERA.- Quisiera formular una pregunta al senador Manini Ríos, redactor de la propuesta.

                 ¿La idea no es que exista una selección directa para el ascenso, sino que se tenga en cuenta la calificación y que la antigüedad pese de alguna manera?

SEÑOR MANINI RÍOS.- Exactamente; se le da peso a la antigüedad, pero hay un 50 % que no está compuesto exclusivamente por la antigüedad, aunque dice que tiene que estar en la primera mitad de la lista de antigüedad.

                Con este artículo se evita que personas con muchos años dentro de la institución sean pasadas fácilmente por quienes recién ingresan. Se respeta más la antigüedad.

SEÑOR PRESIDENTE.-     Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 154.

(Se vota).

                –9 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA NANE.- Buen día para todos y feliz cumpleaños, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.

SEÑORA NANE.- Quisiera solicitar la reconsideración de la norma relativa a la creación de la Unidad de Cibercrimen y argumentar al respecto.

                Nosotros saludamos la creación de la Unidad de Cibercrimen; nos parece que es necesaria, pero creo que no podemos crearla a la carrera.

                Ese artículo está compuesto por dos párrafos. El primero es el que crea la unidad y el segundo, el que establece sus cometidos. Dentro de los cometidos están incluidas una serie de conductas a investigar que exceden a los delitos propiamente dichos; entonces, nos parece que sería mejor acotar algunas cuestiones.

                Nosotros tenemos un sustitutivo para presentar que, si bien va en la misma línea, acota algunas de esas acciones, porque nos parece que tenemos que dar un debate más profundo sobre los cometidos; quizás habría que dejarlos para la reglamentación.

                Otro tema que nos parece importante discutir con seriedad es qué presupuesto y qué estructura va a tener esta unidad.

                Entonces, para nosotros lo ideal sería desglosarlo y enviarlo a la comisión que corresponda para discutirlo en forma más tranquila y con más tiempo de análisis y de debate. Si el desglose no es posible, podríamos reconsiderar lo que ya votamos, dado que tenemos un sustitutivo.

                Si les parece, podemos analizarlo más adelante, luego de terminar con estas consideraciones; no tiene por qué ser ahora. De todas formas, quería dejarlo planteado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a reconsiderar la hoja 8, que refiere a la creación de la Unidad de Cibercrimen.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Entonces, se va a desglosar la hoja 8 y adjuntar –que se procederá a repartir– la propuesta de la señora Nane, para que al final de la sesión podamos discutir este asunto.

                En consideración el sustitutivo que figura en la hoja 80, que refiere a un sustitutivo de la hoja 155, relativo al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR BOTANA.- Vamos a solicitar el desglose del artículo, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se desglosa la hoja 155, que viene acompañada de la hoja 80, para el final de la sesión.

Se pasa a considerar el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

En consideración el aditivo que figura en la página 21.

SEÑOR CAMY.- Este artículo establece un juicio de valor. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca encuentra pertinente cambiar la calificación de la infracción, de «muy grave» a «grave»; lo que allí se señala –que puede parecer descontextualizado, aunque sin razón– es ese cambio de calificación.

Es simplemente, repito, un juicio de valor que técnicamente sugiere ese ministerio.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Entiendo el argumento del juicio de valor. Ahora la pregunta es: ¿qué justifica ese juicio de valor? El artículo habla de quienes procesan, transportan o comercializan productos pesqueros o acuícolas y no cumplen con las normas sanitarias, y lo que estaríamos haciendo, en definitiva, sería rebajando la sanción, porque va de «muy grave» a «grave». Por lo tanto, estaríamos siendo más permisivos con quien no cumple con las normas sanitarias. Más allá de la explicación sobre el concepto de valor ¿cuál es el sustento para que este tipo de acciones sean menos gravosas?

SEÑOR CAMY.- Comprendo. En la escala que establece el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca esta acción es calificada como grave. No sé si se sigue el razonamiento del señor senador –que me queda claro– o si existe otro tipo de tipificaciones que revisten mayor gravedad que esta, que de por sí es grave, naturalmente, pues hablamos de procesar, transportar o comercializar productos sin cumplir con las normas sanitarias. Esta es la explicación que da el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que traslado a consideración de la comisión.

SEÑOR ANDRADE.- Con todo el ánimo de querer entender, nos parece que falta información para poder legislar. Si vamos a flexibilizar sanciones mereceríamos contar con un estudio más profundo sobre cuáles serían los efectos, porque en principio la señal parece muy difícil de justificar en términos de defectos de la fiscalización.

En ese sentido, pedimos que se desglose el artículo y pase a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR CAMY.- Este artículo está asociado al siguiente, que refiere al artículo 82 de la Ley n.º 19175 donde también hay una modificación. Si bien la cuantía de las multas en el rango que se promueve no cambia, pues se fija entre UR 50 y UR 6.000, lo que se hace es ponderarlas, ya que no estaban establecidas de esta manera, pues solo se establecía la mínima y la máxima. Ahora, en el artículo 82 se registran niveles que van de UR 50 a UR 499, de UR 500 a UR 2.499 y de UR 2.500 a UR 6.000. Entonces, la calificación correspondiente de gravedad ahora se establece en función del monto imponible, del valor de la multa. Esa es la lógica por la cual se establecen las dos modificaciones.

SEÑOR MAHÍA.- La explicación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que traslada el señor senador Camy, en cuanto a la valoración y al fundamento del porqué, no nos resulta convincente. Considero que debería haber una explicación más profunda de los fundamentos por los cuales se lleva adelante este cambio de categorización.

                Comparto lo que señaló el señor senador Andrade con respecto a que sería mejor desglosarlo y estudiarlo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑORA ASIAÍN.- A pesar de que no estoy en este tema, quisiera hacer una aclaración.

                En el artículo 77 de la ley a la cual se hace referencia está la lista de las infracciones muy graves. Si acudimos a ese artículo, podremos ver que realmente hay violaciones a la normativa que parecen de mayor entidad. Además, la calificación de muy grave o menos grave siempre la hace una persona, con su subjetividad; es decir que calificar una norma como más grave o menos grave es una decisión.

                Simplemente quería aportar eso, nada más.

SEÑOR ANDRADE.- En primer lugar, las multas para las infracciones graves y muy graves ya estaban reguladas. La multa para la infracción muy grave era de entre UR 4.000 y UR 6.000, pero ahora se bajaría.

Si lo que dice la señora senadora Asiaín es correcto, más me preocupa, porque la multa para la infracción muy grave tenía un piso de UR 4.000 y ahora se baja a UR 2.500. Si el fundamento que nos quiere dar el Gobierno tiene que ver con que la multa muy grave se aplica para temas realmente dramáticos, no parece coherente que esta se baje en la propia norma.

                Todas las multas se regularon en la rendición de cuentas de 2013: hasta UR 999 las leves; de UR 1.000 a UR 3.999 las graves; y de UR 4.000 a UR 6.000 las muy graves. Entonces, no parece serio que tomemos una decisión de estas características sin la debida fundamentación.

                Con el cambio que se propone se permiten multas más leves en toda la línea y se califica como grave lo que era muy grave. Es decir que hay un cambio doble. Fíjense que la falta que recién votamos, la de «Procesar, transportar o comercializar productos pesqueros y acuícolas que no cumplan normas sanitarias», tenía una multa con un piso de UR 4.000 y ahora tiene un techo de UR 2.500. Entonces, no es un cambio menor el que estamos considerando.

Entendemos que antes de tomar una decisión así, a vuelo de pájaro, deberíamos tener la información de cuántas multas se han aplicado, en qué tipo de sanciones, con qué efectos y qué opinan los sectores implicados.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa propone poner a votación las hojas 21 y 22, buscar la información que se ha solicitado y discutir sobre este tema en sala.

En caso de que la explicación no conforme, la coalición de Gobierno se compromete a remitir los artículos a la comisión permitente.

                Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las hojas 21 y 22.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

                En consideración la hoja 23, sobre la cual se solicitaron explicaciones.

SEÑOR DA SILVA.- Me gustaría tratar las hojas 23 y 24 en forma conjunta, que están relacionadas.

                Básicamente, se trata de incorporar las pasturas y herramientas biológicas al ámbito de aplicación a la Ley de Inversiones, para la promoción y mejoramiento de los suelos.

Con esto se da por finalizada una eterna discusión en el mundo agropecuario, donde se promovía la construcción de galpones, la adquisición de camionetas, tractores y camiones, pero no se cuidaba lo más sagrado que tiene el sector: el suelo. A partir de la aprobación de esta ley –y, obviamente, con la reglamentación del Poder Ejecutivo y la Comap– podremos promover, en un país agropecuario, la inversión en pasturas y herramientas biológicas, que fomentarán, como corresponde, todo lo que tiene que ver con la agroecología.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la hoja 23.

(Se vota).

                –18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En consideración la hoja 24.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

                En consideración los artículos 161 y 162 del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR NIFFOURI.- Solicito que estos artículos se voten al final de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará.

Informo que las hojas 21, 22, 23 y 24 ya fueron votadas.

(Dialogados).

                –La hoja 83 todavía no se votó. Como venimos considerando inciso por inciso y el que corresponde es el de industria que no tiene aditivos, volvemos al mensaje original. Se ha pedido que los artículos 161 y 162 se desglosen para el final de la sesión.

                En consideración los artículos 163, 164 y 165.

SEÑOR BERGARA.- Pedimos que se consideren en forma separada.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 163.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En consideración el artículo 164.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

                En consideración el artículo 165.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

                Ahora volvemos a las hojas y vamos a considerar la hoja sustitutiva 83.

SEÑORA ASIAÍN.- En la comisión, en respuesta a una pregunta que hizo el señor senador, el ministro de Educación y Cultura explicó que estaba vinculado con una reforma que se introdujo en la ley de presupuesto del año pasado, que habilitaba a ir transfiriendo las competencias para celebrar los matrimonios a funcionarios públicos, alcaldes y demás y respecto a lo privado dijo que la idea era la Asociación de Escribanos. Por eso lo circunscribimos globalmente a asociaciones de profesionales universitarios de las carreras de Derecho. Es más amplio, pero va a circunscribirse en los escribanos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 83.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

                En consideración el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública».

Se trata de un artículo aditivo que figura en la hoja 150.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

Se va a rectificar la votación de la hoja 150.

(Se vota).

                –18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 14, «Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial».

                En consideración el sustitutivo que figura en la hoja 157.

SEÑOR BOTANA.- Como dije en la sesión anterior, los gobiernos departamentales son los encargados de ser la policía territorial y, sin embargo, no tienen el poder de coerción necesario para evitar los asentamientos irregulares. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con este artículo es crear un proceso sumario por el cual ante la denuncia del gobierno departamental –por supuesto que en condiciones de legitimidad para hacerla–, el juez deberá proceder a lo que aquí se señala, que es la suspensión de las obras no autorizadas ni aprobadas, el desapoderamiento del bien inmueble ocupado irregularmente y la demolición de todas las construcciones irregulares existentes en un plazo de diez días hábiles. Este es el sentido de esta norma.

SEÑORA NANE.- Nosotros estamos analizando presentar un sustitutivo, pero antes de pedir el desglose, quisiera argumentarlo.

                La redacción que se propone respecto del artículo 69 de la Ley n.º 18308, creo que se puede analizar desde distintos ángulos. Por un lado, se propone la modificación de una norma sancionada en los primeros gobiernos del Frente Amplio, en la que ya se establecía como competencia de los gobiernos departamentales el deber de impedir la construcción, el loteo, el fraccionamiento y toda otra operación destinada a consagrar soluciones habitacionales en bienes de dominio privado. Por otra parte, se regula un nuevo proceso judicial de desalojo como la única respuesta a un problema de vivienda, el que tiene una mirada procesal que no atiende en absoluto la casuística ni las realidades sociales de los sujetos a quienes se está demandando. A su vez, también se le traslada la responsabilidad a los gobiernos departamentales por no prevenir la creación de los asentamientos cuando, en realidad, lo que pasa es que hay un incumplimiento de sus cometidos por parte del Poder Ejecutivo.

Con respecto a la responsabilidad de los gobiernos departamentales en la formación de los nuevos asentamientos, por ahí se dice que para que el Poder Ejecutivo tenga derecho a un resarcimiento no debería tener responsabilidad alguna en las circunstancias que causaron el daño o perjuicio sufrido que se pretende reparar, por ejemplo, asumir el costo de los realojos. En este caso, el Poder Ejecutivo no solo sería parte responsable del daño del que pretende resarcirse, sino que, además, está obligado a propiciar a la población el acceso a una vivienda digna, en función de lo que dispone el artículo 45 de la Constitución.

En este sentido, nos parece que se parte de una falsa premisa que explica la conformación de nuevos asentamientos o la extensión de los existentes únicamente por la falta de control de las intendencias. Por eso, a nosotros nos parece que este artículo tiene que tener una discusión más profunda. Nuevamente digo que para nosotros lo ideal sería que se tratara en la Comisión Especial de Asuntos Departamentales y Municipales, y que no lo consideráramos acá a las carreras en el último día de consideración de la rendición en la comisión. Hemos tratado de hablar para conseguir una alternativa a esto; de hecho, tenemos un texto sustitutivo en caso de que se quiera tratar al final del día. De todos modos, nos sigue pareciendo que es un tema demasiado fundamental como para tratar a las corridas –lo digo de nuevo– en este día de votación. Por eso, propongo desglosar el artículo y pasarlo a la comisión; esta es mi principal propuesta. De lo contrario, podríamos seguir viendo alternativas.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- En la misma línea que la señora senadora Nane, para decirlo en términos gráficos, tengo la impresión de que este artículo termina poniéndole un fardo que no corresponde a las intendencias.

                Uno conoce la ley general a la que hace referencia el artículo, pero en su redacción se agregan cuestiones que van a generar un problema superior. Además, por como está redactado, hay intendencias en cuyos territorios hay un mayor número de asentamientos –eso es claro–, pero hay otras que tendrán menos, pero los tendrán.

Como todos sabemos aquí, aquello de que la ley es general y abstracta va a generar dificultades importantes porque se va a avanzar en algunas líneas en cuanto al no cumplimiento y en acciones, que creo que son excesivas. Es así que entendemos que esto amerita un estudio mucho mayor. Insisto en que la redacción va a generar consecuencias que pueden ser complejas, gobierne quien gobierne las intendencias en todo el país. Particularmente, el efecto notorio va a ser en departamentos donde hay un mayor número de asentamientos porque este tipo de artículos obviamente no ataca, ni de cerca, el fondo del asunto, las responsabilidades generales, y no trata de articular entre órganos del Estado para solucionar el tema, sino que más bien hará recaer sobre una de ellas cuestiones que, vista la redacción sobre tablas, nos parecen absolutamente excesivas.

SEÑOR BOTANA.- Esta Rendición de Cuentas va a incorporar artículos para dar solución al tema de los asentamientos. Ello implicará una enorme inversión por parte del Estado. No detener la creación de nuevos asentamientos implicaría transformar en inútil todo el esfuerzo para erradicarlos. Poner recursos en solucionar el tema y no prevenir la nueva creación de asentamientos, sería como invitar a la gente a asentarse. Cualquiera puede pensar que al no tener vivienda y si termina en un asentamiento, algún día alguien lo va a solucionar. Parece obvio que el camino que le está invitando a llevar adelante el Estado es el de asentarse. Por lo tanto, esta Rendición de Cuentas tiene que incorporar una norma en este sentido.

No se puede acusar tan ligeramente ni de complicidad ni de omisión a los gobiernos departamentales. Los gobiernos de todos los departamentos, de modo unánime, han tratado de controlar el crecimiento de nuevos asentamientos. Todos ellos han estado presentes. Lo que no tienen es herramientas para prevenir el asentamiento y su crecimiento.

                Entonces, concretamente lo que prevé este artículo es sencillamente eso: darles herramientas a través de un proceso sumario, de una actuación que les permita el desalojo, la vuelta del bien a su propietario y la destrucción de algunas construcciones. Es el mínimo riesgo que debe correr quien se asienta en la propiedad de otro. Por lo tanto, creo que este artículo protege la gestión de los gobiernos departamentales.

Por otra parte, resulta obvio que debe figurar la solidaridad que deberá tener en caso de omisión, pero no ha sido la práctica de ninguno de los gobiernos departamentales, ni lo será en el futuro. Esto nos permite, por un lado, atacar el tema de los asentamientos para dar solución a los actuales asentados, y, por otro, impedir su crecimiento. En todo caso, lo que debemos hacer si se quiere perfeccionar el proceso y se desea hacer nuevos aportes, es aprobar este tema como un instrumento imprescindible en este momento y que más adelante vengan las propuestas de modificación con tiempo para perfeccionar un procedimiento que se incluye en esta rendición de cuentas, pero que surge de la experiencia y del debate de muchísimo tiempo en este sentido por parte de actores fundamentales de la vida de los gobiernos departamentales.

SEÑOR CARRERA.- El problema de los asentamientos se enfrenta con políticas públicas, con regularización, encarando la diversidad de la complejidad. Me parece que introducir esto aquí, de esta manera, realmente hace que se establezca un juicio ejecutivo especial que violenta el espíritu del Código General del Proceso, que establece el principio general. Pero esto tiene tal grado de complejidad que veo muy difícil que los gobiernos departamentales lo puedan aplicar. En realidad, esto me llama la atención, porque si hay una política buena que el país ha desarrollado en todos estos años es el Código General del Proceso, que nace en el año 1989, lo fuimos actualizando y hace pocos años se actualizó nuevamente, con trabajo y espíritu de la academia. Repito que esto tiene un grado de complejidad tal que, al leerlo, no me parece que los gobiernos departamentales lo puedan aplicar. Además, no veo la necesidad de agregar un artículo tan complejo en una ley de rendición de cuentas, porque esto debería discutirse en los ámbitos de las comisiones, para analizar si se puede establecer alguna herramienta. Pero, realmente, nosotros no podemos acompañar esto de ninguna manera y, además, no tendrá ningún efecto práctico, ya que será de un grado de complejidad mayor, imposible de llevar a cabo para un gobierno departamental. Además, estamos pensando en los gobiernos departamentales del interior, donde muchas veces hay carencias de recursos humanos en la jurídica para aplicar esto que, repito, es de un grado de complejidad tal que hasta resulta difícil de entender para uno, que pasó por la facultad correspondiente. No hay necesidad de crear todo un juicio ejecutivo especial de este grado de complejidad, en el que se regula el procedimiento ante un tribunal de apelaciones en procesos sumarios.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que sería subestimar la inteligencia de la gente el pensar que tenemos un debate entre quienes quieren prevenir los asentamientos y quienes no lo quieren hacer. O sea, eso sería casi ubicar la discusión en el límite de lo absurdo. El tema es que tenemos un fenómeno mundial que hay que atender, pues más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, ese fenómeno se incrementa y allí se insertan también fenómenos de precarización del trabajo, de cambios tecnológicos que sustituyen empleo por tecnología, y hay más de mil millones de personas que viven en asentamientos irregulares, que es más de un tercio de la población urbana. Es un fenómeno global. Entonces, pensar que a un abordaje de esa complejidad se le puede dar respuesta encarándolo del lado penal, es una respuesta muy limitada. O sea, si queremos prevenir los asentamientos, tenemos que ampliar el sistema de garantía de alquileres, tenemos que generar subsidio de alquileres y condiciones que permitan incrementar los recursos para vivienda, tenemos que defender el salario porque al bajarlo la gente no puede pagar el alquiler y se muda, tenemos que generar puestos de trabajo. Es decir, el debate sobre la vivienda informal es mucho más complejo que el problema de la intendencia y el loteo, es estructural, es económico, tiene muchas dimensiones como para colocarlo por encima de la rapidez con la que se le destroza la casa a una familia que no tuvo otra para vivir y se puso un rancho costanero para poder sobrevivir. Esa familia a la que le rompimos el rancho costanero, ¿a dónde va el día después? ¿A un refugio? Es decir, ¿la respuesta es que incrementemos los refugios? O sea, ¿pensamos que desaparece el problema, que lo resolvimos mágicamente, el día que derribamos la vivienda? Sinceramente, nos parece que es una respuesta que intenta simplificar un problema que es de una extraordinaria gravedad. En este sentido, podría pensarse que en los últimos 40 o 50 años de la vida del país este fenómeno ha seguido existiendo –tuvo etapas en las que la tasa creció por encima del 10 % anual– porque no tuvimos medidas penales suficientes, pero claramente el abordaje de este problema requiere una mirada mucho más integral.

                Desde la bancada del Frente Amplio estamos dispuestos a discutir sobre el tema de los asentamientos con la complejidad que tiene; esto implicaría abordar todas las dimensiones de los asentamientos. De hecho, presentamos dos proyectos de ley que tienen que ver con este asunto. Uno de ellos propone acelerar los procesos de expropiación cuando las deudas superen el componente del bien o de la vivienda abandonada; ese proceso actualmente demora seis o siete años y genera una patología urbana –además de la ambiental– muy complicada. La otra iniciativa plantea incrementar el impuesto a la especulación –para quien disponga de muchas viviendas y las tenga para especular– con el objetivo de desestimular la vivienda ociosa.

Ahora bien, no pretendemos plantear estas iniciativas en una rendición de cuentas porque merecen una reflexión profunda de todas las externalidades que genera una decisión de este tipo. En este caso, creo que el planteo fue realizado –no digo que sea improvisado– sin tener en cuenta el conjunto de los factores que se deben considerar. ¿O acaso piensan que el que no tener dónde vivir resolverá la situación gracias a que se amplía el proceso de demolición de la vivienda? ¿La intendencia resolverá eso? Podríamos decir, por ejemplo, «traslademos la responsabilidad de la intendencia a los municipios». ¡No! Esa parecería ser la lógica de quién tiene la responsabilidad, cuando el abordaje de la vivienda requiere una mirada claramente integral.

SEÑOR RUBIO.- Me parece que esto es mandar a buena parte de los Gobiernos departamentales a la guerra con un escarbadientes. Esto va a desatar un conjunto de conflictos que no van a poder resolver.

                Este tema tiene una complejidad que ya se ha mencionado y la verdad es que desde ninguna lógica, ya sea social o política, puedo entenderlo. Es de ese tipo de situaciones en las que uno dice: «Prometieron esto y resultó esto otro», como sucede con el hecho de subir los combustibles mes a mes. En realidad, me parece que esto se debería pensar mucho más en profundidad y no se debería adoptar este camino porque esta es una solución ilusoria; es igual a decir que se van a erradicar los asentamientos. Como compromiso, lo tomo, pero me parece que la realidad mostrará que semejante meta lleva un proceso muy largo en el tiempo y con gran inversión de recursos en múltiples dimensiones.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR DOMENECH.- El tema de los asentamientos tiene una larga historia en el país y todos los partidos que han sido gobierno tienen responsabilidad.

                Los asentamientos comenzaron con aquellos famosos cantegriles que aparecieron en Montevideo y luego se extendieron por el interior de la república debido a políticas –que hemos criticado muchas veces– de desindustrialización del país, de concentración en Montevideo, de posibilidades económicas y de abandono del interior de la república. En ese sentido, creo que todos los partidos que gobernaron y los que todavía no lo hemos hecho, pero vivimos en este país, tenemos responsabilidad.

                El asentamiento no resuelve el problema de la vivienda; este asunto ‒es perogrullesco decirlo, pero es así‒ se soluciona con viviendas. Cabildo Abierto asumió la responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial precisamente con la intención no de resolver el problema porque sabemos que hacerlo en el plazo de un período de gobierno es una afirmación utópica, pero sí de darle un fuerte impulso a su resolución.

                En ese sentido, me consta que la ministra Moreira le ha dado particular importancia al Plan Juntos, por ejemplo, que es una forma de resolver parcialmente este tema. Esta no es una iniciativa de nuestro partido político, pero adoptamos todas las iniciativas que nos parecen conducentes al fin, que es resolver el problema de la vivienda en el Uruguay.

                Nosotros vamos a acompañar esta norma porque nos consta que muchos de los asentamientos realmente se derivan de situaciones de angustia en materia de vivienda, pero también nos consta –porque uno es viejo y ha ejercido profesiones jurídicas durante muchos años– que muchos de ellos obedecen a acciones políticas bien planificadas y otras veces también a la corrupción de algunos agentes de la sociedad que venden promesas ilusorias de vivienda que en el fondo no solucionan el problema y de alguna forma contribuyen a que las personas con necesidades en materia de vivienda sean objeto de lo podemos calificar como  una verdadera estafa.

                Quizá la norma proyectada tenga defectos desde el punto de vista jurídico, pero me parece que contribuye a intentar frenar el tema porque la persona que va a un asentamiento no está resolviendo su problema de vivienda;  incluso está dificultando el acceso a la vivienda de otras personas que están en su misma situación, pero no adoptan medidas de hecho. En ese sentido me parece que esto es como lo del tránsito: durante el pasado Gobierno municipal, a todos nos disgustó cuando la Intendencia de Montevideo colocó radares en la rambla. Es cierto que nos fastidió y nos pareció muy injusto que a veces por excedernos dos o tres kilómetros se nos multara, pero debemos decir que la medida condujo a que la siniestralidad disminuyera. Bueno, acá hay un razonamiento un poco parecido. A veces hay que poner un poco de orden en la sociedad por más que nos rechine o disguste porque, en realidad, el desorden que se está creando en materia de ordenamiento territorial es tan grande que lo que se está haciendo es empeorar el problema y dificultar una solución de fondo que requiere justamente terrenos habilitados para la construcción.

                Ese es el espíritu, vamos a apoyar esta disposición y esperamos que los demás partidos de la coalición nos apoyen para dotar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de los fondos que se necesitan para resolver el problema de manera importante.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR CAMY.- Acá hay un tema subjetivo y otro, objetivo. El subjetivo es político y respetamos todas las opiniones; parto de la base de que la sensibilidad es compartida por todos, por lo que a mi entender no es propicio incorporar un tema que puede ser de larga discusión si lo miramos desde esa dimensión.

                Esto es legislativo. Acá hay una modificación al artículo 69 de la Ley n.º 18308, en la redacción que se le dio en el año 2015, y es un proceso garantista para todas las partes. En este mismo ámbito, hace algunos días –lo recordarán–, sugerimos algunas modificaciones sobre el respeto del debido proceso que luego se incorporaron; por lo tanto, es garantista para la persona afectada.

Y sí quiero señalar, objetivamente, que los Gobiernos departamentales del interior que fueron aludidos de ninguna manera se perjudican con estas modificaciones, entre otras cosas porque estas han surgido del asesoramiento, la elaboración y el conocimiento expreso de sus áreas jurídicas. Es algo que quiero dejar claro y me parece que tenemos que votar. Seguramente haya diferencias en  los diagnósticos, pero debemos partir de la base de que en ocho años pasamos de 589 a 656 asentamientos irregulares. 

Justamente, ya que hablamos del interior, hice un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –me respondió hace un par de  meses– que se refería a Ciudad del Plata, en el departamento de San José.  En 2011 había 299 viviendas irregulares y en 2019 esa cifra llegó a 631. Por tanto, es una situación sobre la que tenemos que trabajar.

Reitero, la sensibilidad es compartida por todos, pero creo que las subjetividades nos pueden llevar a discutir sobre aspectos en un ámbito que me parece no es el adecuado. Lo objetivo acá tiene que ver con la modificación legislativa de la Ley n.º 18308 –en realidad, la dada por el artículo 489 de la Ley n.º 19355–; eso es garantista para todas las partes y acorde al debido proceso. Reitero: las modificaciones que propuso la bancada del Partido Nacional fueron elaboradas y estudiadas, por lo menos, por cinco asesores letrados de los Gobiernos departamentales del interior de la república. En ese aspecto, quiero dejar clara nuestra convicción, que es por lo que vamos a votar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores: creo que a esta altura del partido llevar adelante una discusión sobre la política de vivienda no me parece lo adecuado. ¡Con mucho gusto la podremos tener! Hasta ahora he dado prioridad a que hagan uso de la palabra los señores senadores que lo hacen por primera vez. Ahora iniciamos una lista de quienes se han anotado, pero que ya han hablado dos o tres veces. Con mucho gusto lo digo, sin perjuicio de que adelanto que este no es el ámbito para llevar adelante esta discusión, sino el plenario de la Cámara de Senadores.

SEÑOR BOTANA.- Señor presidente: mi intervención va en el mismo sentido que la del señor senador Camy

                La norma propuesta es más garantista que el artículo 69 de la Ley n.º 18308, porque quedan claramente determinados los plazos para oponer las excepciones y los recursos que son procedentes y hay una clara determinación de cuál es el juzgado competente. Acá tenemos armas para el Gobierno departamental y garantías para los ciudadanos. No podemos pensar en no incorporar en la rendición de cuentas un instrumento de esta naturaleza. La solución no es no dar solución; la solución no es seguir reflexionando infinitamente mientras crece el fenómeno del asentamiento y no tenemos solución para nadie. El Congreso Nacional de Intendentes nos ha pedido un instrumento de este tipo y nos ha ayudado a elaborar la propuesta desde las jurídicas departamentales, que cuentan con  un vasto conocimiento, experiencia en el marco de la ley de ordenamiento territorial y en las políticas generales en esta materia. Sinceramente, me disgusta y no puedo aceptar que se diga que las jurídicas de los Gobiernos departamentales no pueden abordar cuestiones complejas. Me animaría a afirmar que en este tema están más preparadas que nadie.

(Intervención del señor senador Carrera fuera de micrófono).

SEÑOR PRESIDENTE.- Hasta el momento el señor senador Botana no ha hecho alusiones, porque no ha nombrado a nadie. El señor senador Carrera se está dando por aludido y yo, francamente, no creo que esté siendo aludido. En el caso de que así sea y si usted me lo pide, con mucho gusto lo anoto para contestar una alusión.

SEÑOR BOTANA.- Las jurídicas de los Gobiernos departamentales no deben de ser calificadas de este modo. No son mejores que las jurídicas de las demás reparticiones del Estado, pero en nada son menos; deben de ser respetables y respetadas.

                Es eso, señor presidente, no voy a abundar.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿ El señor senador Carrera ha pedido la palabra para contestar una alusión?

SEÑOR CARRERA.- No; hay  veces que no vale ni la pena contestar, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien.

SEÑORA NANE.-  Voy a ser muy breve, porque el señor senador Andrade expresó lo que yo quería aclarar, en el sentido de que estábamos trabajando en dos proyectos de ley, uno que entra ahora en noviembre, respecto a la aceleración de los trámites de expropiación y, el segundo, que tiene que ver con el manejo de una renta diferencial.

La única acotación que quería hacer es que, definitivamente, nosotros no podemos llevar este artículo así como está; seguimos entendiendo que esta discusión hay que darla en un ámbito muchísimo más amplio. En el medio nos vamos a encontrar con cuestiones de vivienda, de población, de desarrollo y, hasta diría, de derechos humanos y de ordenamiento.

Por lo tanto, no nos parece que sea este el ámbito, porque es un tema muchísimo más amplio. No lo podemos acompañar, así como está.

SEÑOR ANDRADE.- Muchas gracias, señor presidente.

 Nosotros tenemos profusa documentación, con mucha claridad, que señala que la integración familiar de los asentamientos irregulares ubica indicadores críticos desde el punto de vista social y económico, en términos de pobreza infantil y de hogares monoparentales. ¿Por qué digo esto? Porque la casuística que se coloca desde el punto de vista de que la integración de los asentamientos irregulares puede tener en el componente del formato situaciones de oportunismo de algunos operadores, no nos quita de arriba de la mesa  el hecho de que la población de la que estamos hablando es la más embromada.

En segundo lugar, cuando se discutió la ley de presupuesto vinieron las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial e hicimos la misma consideración sobre el informe de Techo y su metodología para comparar asentamientos. Las actuales autoridades se ubicaron con mucha claridad –por más que se sigue insistiendo en los números del informe de Un Techo para mi País– en cuanto a que se comparan metodologías distintas. ¡No se puede sacar conclusiones de esa naturaleza cuando se consideran metodologías distintas!

En tercer término, el plan quinquenal que votamos el año pasado, que estuvo a consideración de todos, arroja un dato que es relevante; podemos obviarlo, pero establece con mucha claridad –según la metodología de la Encuesta Continua de Hogares– que las familias y los hogares con una situación de vivienda con necesidades básicas insatisfechas –esto es,  hacinamiento– y los hogares que tenían problemas por estar en zonas inundables, por tener  riesgo de derrumbe, etcétera, eran 180.000  en el año 2006 y bajaron a 85.000. Este es el informe que da el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¡Hablo del actual y no del anterior! ¡Está en el plan quinquenal que votó la actual coalición de Gobierno! Obviar ese resultado cuando se mira la complejidad de la vivienda, en términos de información para poder sacar conclusiones, nos parece sencillamente que es, por lo menos, un análisis incompleto o parcial porque no intenta hacernos reflexionar acerca de las características de las viviendas.

En cuarto lugar, nosotros estamos de acuerdo con que parte de resolver el problema de la vivienda tiene que ver con las viviendas para pasivos, con el Plan Juntos, con las relocalizaciones, con préstamos y subsidios, con autoconstrucción, con las cooperativas y con las garantías de alquiler. Ahora bien, lo dijimos cuando vinieron las autoridades acá: el plan de abatimiento de gastos que se aplicó el año pasado generó que el Plan Juntos, que venía con un promedio anual de 463 viviendas, pasara a 226. O sea que la relocalización, que venía con un promedio anual de 449 pasó a 373; que las viviendas para pasivos, que venían con un promedio anual de 83, pasaron a 42; que la autoconstrucción, que venía con un promedio anual de 463, pasó a 227, y que las garantías de alquiler pasaron de 1.743, promedio quinquenal anterior, a 1.574. Mientras que en el 2019 se iniciaron 1.900 viviendas cooperativas, el año pasado se iniciaron 1.300.

Por lo tanto, se tiene que considerar el abordaje; después terminás en el asentamiento cuando no tenés para el alquiler o cuando no te salió la cooperativa. Se tiene que colocar la consideración de esta integralidad. Repetimos, haber aplicado el plan de abatimiento de gastos para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue un error porque recortó las posibilidades de resolver estas circunstancias. Reitero: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial dijo acá el año pasado que esa metodología de Techo es equivocada para comparar con la otra metodología, porque considera asentamiento cuando hay tres familias. Entonces, cuando comparás con metodologías equivocadas, te va a dar resultados equivocados. Ahora tenemos esta realidad compleja. Y el problema de los asentamientos irregulares explotó en el 1985. Tengo investigaciones acá –las puedo compartir con el senador– que señalan que crecieron a una tasa del 12 % anual con crecimiento económico. ¡De un 12 % anual con crecimiento económico! Y ni que hablar después de la crisis. Podemos abordar el tema de la vivienda, lo que no vamos a hacer es una narrativa que establezca que nada cambió. Repito: alcanza con ver los datos del plan quinquenal presentados por este Gobierno que busca un descenso a la mitad de los hogares con necesidades básicas insatisfechas; estamos hablando de viviendas. Solamente había 55.000 hogares hacinados y esa cifra bajó a 22.000, según datos del actual Gobierno ‒no nuestros‒ que habría que considerar a la hora de reflexionar sobre el problema de la vivienda.           

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR RUBIO.- Es posible que los datos de la crisis que hemos sufrido en estos últimos años como consecuencia de diferentes factores que todos conocemos hayan incrementado los números, pero los números no mienten, mentimos nosotros cuando interpretamos los números de cualquier manera.

                En realidad, hay cuatro cortes en materia de asentamientos con las bases de datos de 2004, 2006, 2011 y 2018. La base de datos de 2011 da un descenso en el número de asentamientos y de la población del 8 %; después eso sigue, pero con mayor lentitud. De cualquier manera, en 2011 para los Gobiernos departamentales esto implicaba 166 asentamientos, con lo cual, si creció en los últimos años, van a tener un enorme problema para resolver.

                Era cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de la señora senadora Nane de desglosar la hoja 157 y enviarla a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado.

(Se vota).

                –8 en 18. Negativa.

                Se va a votar la hoja 157.

(Se vota).

                –10 en 18. Afirmativa.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 215 del mensaje original del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

SEÑOR GANDINI.- Pido la postergación del artículo 215.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a postergar el tratamiento del artículo 215 del mensaje original enviado por la Cámara de Representantes para el final de la sesión.

                En consideración el artículo 216, que figura en la hoja 158.

                A solicitud de los señores senadores, se posterga su tratamiento para el final de la sesión.

                En consideración el artículo aditivo que figura en la hoja 101, presentado por los señores senadores del Frente Amplio.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Así como se han postergado los artículos 215 y 216, debería ser postergada la hoja 101 que refiere al mismo tema y que, a nuestro juicio, tiene una mejor solución que la propuesta que figura en la hoja 158.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a postergar el tratamiento de la hoja 101.

                En consideración el inciso 36, «Ministerio de Ambiente».

                El artículo aditivo figura en la hoja 29. Se trata de una modificación de redacción: se borra la palabra «medio».

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –10 en 17. Afirmativa.

                En consideración la hoja 64.

SEÑOR LANZ.- Este artículo propone un agregado al artículo 21 de la Ley n.º 17283 para aplicar al Plan Nacional de Ambiente, cuyo texto dice en especial: «Dicho ministerio podrá adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la escala jerárquica de la gestión de residuos». Simplemente, es una base que se agrega para la aplicación del Plan Nacional de Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración de la hoja 29.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la hoja 29.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 64.

(Se vota).

–10 en 17. Afirmativa.

Ingresamos ahora a los organismos del 220.

Pasamos al inciso 16, «Poder Judicial».

Hay siete artículos aditivos presentados por el Frente Amplio. Propongo una única votación para todos ellos.

En consideración la hoja 108.

SEÑOR CARRERA.- Esta propuesta surge de la visita de la Asociación de Magistrados del Uruguay, encabezada por su presidenta, la doctora Graciela Gatti, que asistió acompañada por la doctora Beatriz Larrieu. Ellas plantearon un problema que tienen por la especialidad de la tarea. Hoy el régimen general es de trece semanas de licencia maternal a los que se agregan nueve meses de medio horario. ¡Ahí está el tema!

Concretamente, nos plantearon que, por la especialidad de la tarea, su licencia sea de veintiséis semanas; esto es, que cuando sus hijos e hijas tengan seis meses se les pueda asegurar la independencia.

Entonces, como Frente Amplio, –recuerdo que en la comisión estaba el señor presidente– tomamos el tema ante la preocupación real que vinieron a plantearnos las señoras magistradas. Además, el promedio de mujeres embarazadas en el Poder Judicial durante el último quinquenio ha sido de nueve mujeres por año. El mencionado poder tiene un régimen de suplencias, por lo que se puede organizar la tarea.

Creo que sería muy loable de nuestra parte tomar esta preocupación de las señoras magistradas. La situación de cualquier trabajador público es trece semanas más nueve meses de medio horario. Entonces, me parece que su planteamiento es razonable porque, por ejemplo, una jueza que atienda violencia de género y deba estar 24 horas con el teléfono no puede asegurar la alimentación de sus hijos y todos sabemos lo importante que es la lactancia en determinada etapa.

Esa sería la fundamentación de la norma.

Si el señor presidente lo permite, pediría a la señora senadora Nane que fundamente el resto de los aditivos que presentó el Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Escuchamos a la señora senadora para luego proceder a una única votación.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señor presidente.

Voy a referirme a las hojas 129, 131, 135, 136 y 137 que presentamos como aditivos. Corresponden a los artículos del Poder Judicial para la implementación total de la Ley n.º 19580, relativa a la violencia hacia las mujeres basada en género.

En estos artículos estamos presentando los cupos para funcionarios de los once juzgados que se estarían creando de acuerdo con la ley mencionada; serían seis en Montevideo y cinco en el interior del país. A eso refiere la hoja 129.

La hoja 131 también refiere a la dotación de cargos necesaria para los once juzgados letrados de primera instancia de violencia hacia las mujeres basada en género, de acuerdo con lo que determina la mencionada ley. Concretamente, tiene que ver con todos los equipos técnicos.

La hoja 135 apunta a terminar el proyecto de la obra edilicia llamada Centro de Justicia de Familia Especializada en Violencia Doméstica y Género. En este caso, según se dice, los montos anuales no pueden ser ejecutados en su totalidad. Nosotros recogimos la redacción propuesta por el Poder Judicial.

La hoja 136 refiere a los gastos y arrendamientos asociados a las creaciones y puesta en funcionamiento –de nuevo– de los once juzgados a los que alude la Ley n.º 19580. 

                Por último, la hoja 137 refiere a arrendamientos y gastos asociados a la creación de tres juzgados de primera instancia en el interior, creados de acuerdo al artículo 542 de la Ley n.º 19924.

                Señor presidente: cuando estuvo aquí la delegación del Poder Judicial le consultamos respecto al presupuesto total de estos artículos y andaba en el orden de los USD 12:000.000. Si no tengo mal los datos, al día de hoy –en lo que va de este año– ha habido unos veinte femicidios. El otro día hicimos la cuenta y vimos que si seguimos a este ritmo y esperamos al 2024, a la implementación de las sedes donde está registrado el gasto que se haría, estaríamos –en cuatro años más– en ochenta o cien mujeres muertas más a causa de la violencia basada en género.

                Si bien es un monto importante y entendemos las condiciones en que estamos tratando esta rendición de cuentas, lo cierto es que también se han conseguido montos para otras cosas y realmente consideramos que hay que atender este tema en serio.

Acabamos de hablar sobre la situación de los asentamientos, otra cuestión que también nos preocupa; asimismo, hemos presentado aditivos para contemplar la situación de los niños, niñas y adolescentes en el INAU y en el Inisa; en fin, nos parece que es parte de este abordaje integral de políticas públicas que nos tenemos que empezar a dar de una forma seria, porque esto le cuesta vida a la gente, le cuesta tiempo, le cuesta vida a los gurises que son víctimas de todas estas madres, víctimas de violencia basada en género. Por lo tanto, señor presidente, nos parece que iba a ser una omisión importante de nuestra parte si no presentábamos estos aditivos.

Exhortamos a la comisión a tratar de conseguir estos recursos y a comprometernos en serio, de una vez por todas, con este tema que nos afecta a todos como sociedad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en conjunto los aditivos que figuran en las hojas 108, 129, 130, 131, 135, 136 y 137.

(Se vota).

                –8 en 17. Negativa.

                Pasamos al inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 132, presentado por el Frente Amplio.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 16. Negativa.

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 133, también firmado por los senadores del Frente Amplio.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 15. Negativa.

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 163, firmado por los senadores del oficialismo.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Pasamos al inciso 26, «Universidad de la República».

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 113, presentado por el Frente Amplio.

SEÑORA NANE.- Señor presidente: cuando desglosamos este artículo hice la misma argumentación que voy a hacer ahora.

                Realmente, en este caso se trata de una cantidad de dinero en el presupuesto universitario que hace la diferencia para una investigación del talante que necesitamos para implementar políticas públicas basadas en investigaciones académicas serias. Aún no tenemos un estudio integral del impacto socioeconómico que tuvo la pandemia. La universidad nos está pidiendo $ 2:000.000 para la creación de un instituto y poder así investigar y realizar aportes, desde un estudio científico, que nosotros luego usaremos para generar políticas públicas.

                A mi juicio, es un instrumento que en este momento no podemos dejar de considerar porque nos aportará conocimiento para hacer las cosas de mejor manera. De lo contrario, esto se va a traducir en que los organismos del Estado tendrán que contratar consultorías privadas. En la Universidad de la República tenemos un instituto de investigación que va a investigar qué nos dejó la pandemia. Honestamente, si ahora no lo vamos a votar, creo que merece un desglose porque esto es aporte de conocimiento. De otro modo, realmente vamos a pagar esta plata en consultorías privadas.

                Aquí se trata de un aporte integral que la Udelar hará al país y me parece que es una irresponsabilidad no votarlo, señor presidente. No digo esto con ánimo de emitir un juicio, sino pensando y preguntándome: ¿basados en qué, vamos a establecer políticas públicas en este país? 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la hoja 113.

(Se vota).

                –6 en 16. Negativa.

                En consideración el artículo 244 del mensaje original de la ANEP.

(Intervención fuera de micrófono, que no se escucha).

–Se solicita el desglose, por lo tanto, queda desglosado y será considerado al final.         Pasamos al inciso 27, «INAU».

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 52.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: habíamos quedado comprometidos, ante la consulta de la bancada del Frente Amplio, en justificar esta modificación que se propone, por la cual se ajustarán según lo establecido en el artículo 48 de la Ley n.º 19924, los créditos asignados a INAU.

                En ocasión de aprobarse en la Cámara de Representantes el cuerpo normativo que estamos tratando, se agregó al artículo 22 un mecanismo que ajusta las partidas asignadas en unidades indexadas y unidades reajustables, con el objetivo de actualizar de manera mensual los saldos no obligados al cierre de cada mes en las unidades de dicho valor. Dado que el artículo 582 de la Ley n.º 19355 que se está modificando prevé un ajuste automático y que en la práctica los ajustes se realizan a partir de una minuta que remite el INAU, parece razonable proponer que los ajustes se realicen, por parte de INAU, bajo esta nueva normativa. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como INAU están de acuerdo con esta propuesta. Desde el punto de vista legal, la única diferencia que existe entre un ajuste y el otro es que, en lugar de ajustar por saldo no comprometido, se hará por saldo no obligado. En la práctica no hay diferencia en cuanto a los importes, ya que actualmente los cálculos se hacen por el saldo no obligado. A su vez, desde el punto de vista del inciso, no tiene que solicitar el ajuste, sino que se ajustará mensualmente tal como lo establece el artículo 22.

Esa es la fundamentación.  Estaríamos equiparando todo en una misma metodología.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Entiendo la intención de que los créditos se ajusten, el problema es que cuando uno va al artículo 48 de la Ley n.º 19924 –con lo que se pretende ajustar los créditos del INAU– se encuentra con que allí, en el primer inciso, se establece: «Los créditos asignados en moneda extranjera se ajustarán según la evolución del tipo de cambio de la moneda de origen, de acuerdo a las pautas que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas». Y el segundo inciso expresa: «Cuando el crédito presupuestal hubiere sido asignado en moneda nacional y la obligación fuera emitida en moneda extranjera, las diferencias de cambio entre el momento de la obligación y del pago serán atendidas con cargo a los créditos del Inciso». Luego deroga un conjunto leyes.

                Entonces, reitero que entiendo la intención, pero creo que remitirlo al artículo 48 no garantiza el ajuste de crédito al que hace referencia el senador Camy.

                En definitiva, no logro comprender cuál es el ajuste porque acá estamos haciendo referencia a otras cosas.

SEÑOR CAMY.- Se ha sustituido su redacción por la establecida en el artículo 22, por eso referí en primer término a ese artículo aprobado por la Cámara de Representantes que, precisamente, sustituye el artículo 48 en la redacción dada por la Ley n.º 19924.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- La redacción debe ser modificada. Si se refiere al artículo 22 de la presente ley, se tiene que hacer esa referencia en el texto.

                Si la comisión está de acuerdo, facultamos a la secretaría de la comisión a que haga esa corrección.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 52.

(Se vota).

                –10 en 16. Afirmativa.

                En consideración la hoja 116, que es un aditivo del Frente Amplio.

SEÑORA NANE.- En este caso se está solicitando una partida de $ 30:000.000, de la que se habló hace unos días, cuando estuvo la delegación del INAU. Fortalecer los equipos de los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar es el paso anterior a la internación de los gurises. Las bases familiares tienen que estar fortalecidas y los equipos técnicos tienen que poder ayudar en esa tarea.

El INAU ya está con problemas. Nos habían mencionado que tienen expedientes judiciales todavía sin tratar; que están solicitando la intervención de niños, niñas y adolescentes, y que no los están pudiendo atender por falta de cupos y por falta de personal.

Estamos hablando de la infancia con derechos más vulnerados en nuestro país y, de nuevo, se ahorraron USD 140:000.000 por la aplicación de la regla fiscal. Realmente, no habla de una política pública responsable respecto a la infancia más vulnerada no tener este tipo de asignaciones presupuestales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 116.

(Se vota).

                –6 en 16. Negativa.

                En consideración la hoja 152, también presentada por el Frente Amplio.

SEÑORA NANE.- Respecto a esta propuesta, quiero señalar que el Sipiav recibió 4911 denuncias de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De ese total –lo pueden chequear en las actas de la comparecencia del Directorio del INAU–, solamente pudieron atender a unos 500.

                Eso quiere decir que más del 80 % de los gurises que son víctimas de violencia no están siendo atendidos como para que se pueda subsanar en el corto plazo esa situación, de la que no tienen nada que ver. Además, son las víctimas más perjudicadas de todo esto.

                Con estos $ 200:000.000 estaríamos cubriendo un cuarto de los gurises que quedan sin atender, y creo que les daríamos aunque sea una mínima posibilidad de mirar hacia adelante. Las secuelas de la violencia y del abuso quedan para toda la vida. Frente a eso no podemos hacer nada. Pero estamos haciendo mucho menos que eso y perpetuando algunas de esas consecuencias en aproximadamente 4.500 gurises.

                Creo que es un esfuerzo que como sociedad tendríamos que hacer, porque nos está yendo no solamente el futuro, sino el presente de un montón de gurises en esta levantada de mano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 152.

(Se vota).

                –7 en 17. Negativa.

                Pasamos al inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública».

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 73.

SEÑOR GANDINI.- Este aditivo había sido desglosado porque el artículo parece no contener la aclaración de si pasa o no los créditos, etcétera.

                Se está sustituyendo aquí el inciso segundo del artículo 614 de la Ley n.° 19924, que ya establece una facultad a la Jutep para incorporar a su estructura de puestos de trabajo a los funcionarios públicos que están en comisión. Este nuevo inciso segundo tiene igual redacción, pero el artículo vigente exigía tener tres años en el organismo y se propone bajar esa exigencia a dos años.

                Si miramos el artículo 614 original, veremos que al final dice: «Resuelta la incorporación, el cargo y su dotación presupuestal deberán ser suprimidos en la repartición de origen, habilitándose ambos conceptos en el organismo de destino en idénticas condiciones.

                La Contaduría General de la Nación, habilitará igual cargo del cual el funcionario es titular en su oficina de origen y los créditos necesarios para la aplicación de lo dispuesto... ».

                Es decir, todo esto continúa vigente, y lo único que estamos cambiando es que el requisito pase a ser de dos años en el organismo y no de tres como era, que fue lo que solicitó la Jutep para dos casos concretos que tiene.

                Por lo tanto, creo que estaría resuelta la observación que con razón se nos hacía.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Mucho le agradecemos al señor senador Gandini la explicación que originalmente habíamos solicitado con respecto a qué pasaba con los créditos.

                Ahora bien, no sé de qué organismos provienen los funcionarios que están en la Jutep, pero el problema se plantea si esos funcionarios provienen de organismos que están afuera del presupuesto nacional. En ese caso puede haber alguna dificultad.

                Simplemente quiero dejar esa constancia, en el sentido de que creo que esto debe ser revisado hacia adelante, porque de provenir de organismos que no están incluidos en el presupuesto nacional, estaríamos incorporando créditos al presupuesto nacional. En ese caso no sé cómo se resolvería la situación.

                En definitiva, la iniciativa es buena, pero nos parece que puede haber algún tipo de dificultad en su aplicación en esas hipótesis.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 73.

(Se vota).

                –17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 151.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GANDINI.- Señor presidente: Lo que se hace aquí es modificar el porcentaje que se permite reforzar desde el crédito de inversiones a «Servicios no Personales», previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y del Ministerio de Economía y Finanzas. Era del 10 % y se permite utilizar hasta el 50 %.

                Quiere decir que se modifica el porcentaje y, obviamente, el Inisa tiene la posibilidad de moverse según los excedentes o las posibilidades que tenga. 

SEÑOR CARRERA.- Solicitamos la reconsideración de este artículo, señor presidente, porque no vamos a acompañarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo.

                Se va a rectificar la votación de la hoja 151.

SEÑOR CARRERA.- Nosotros pedimos la reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es lo mismo, no votan y ya está.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –10 en 17. Afirmativa.

                En consideración la hoja 122, cuya autoría es de los señores senadores del Frente Amplio.

                Señora senadora Nane, me imagino que usted nos deleitará con la explicación.

SEÑORA NANE.- Gracias, señor presidente. Me encantaría deleitarlos con una explicación con respecto a este tema, pero la verdad es que no significa un deleite pedir $ 60:000.000 para el Inisa.

                Este artículo fue presentado por ese instituto. Todo lo que el Inisa tiene son reasignación de sus propios créditos, y todos salen de inversiones o de gastos de mejoras edilicias.

                Hace unos días, cuando estuvo presente la delegación del Inisa, tuvimos una discusión sobre el pasado, las herencias y demás, pero también sobre si los gurises comían fruta o no.

                Insisto en que esto es Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Nadie se incluye socialmente en ningún lado si no hay un lugar decente donde dormir, por ejemplo, y si no hay medidas adecuadas. Eso se consigue solamente con recursos. No tenemos mucha otra vuelta aquí. No podemos esperar que las políticas públicas hechas para lugares donde los gurises no pueden dormir en forma decente tengan, en absoluto, resultado positivo. Lo digo, justamente, porque es una cuestión de inclusión social. La primera razón es tener las necesidades básicas satisfechas. Después podemos empezar a hablar de inclusión social.

                Estamos hablando, nuevamente, de serios problemas de salud mental en la población del Inisa, donde no están siendo correctamente atendidos. También estamos hablando de otras necesidades básicas.

                Por tanto, nuevamente, es una cuestión bastante rara pensar políticas públicas y establecer cuestiones si después no les vamos a dar los recursos adecuados y continuamos diciendo qué desastre es el Inisa y que no podemos recuperar a esos gurises.

                Señalo esto porque, después, termina en que seguimos discutiendo durante años la situación carcelaria, la de inclusión social. Insisto en que no estamos tomando medidas integrales sobre aspectos que son absolutamente cruciales, no solo para el futuro sino también para el presente.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 122.

(Se vota).

                –6 en 16. Negativa.

                En consideración la Sección VI «Otros incisos». Inciso 21 «Subsidios y subvenciones».

En realidad, antes de votar esto –que lo vamos a dejar para el final– correspondería  considerar el inciso 23, «Partidas a reaplicar». Existe un sustitutivo en la hoja 162.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 24, «Diversos créditos» que figura en la hoja 97.

SEÑORA NANE.- El último párrafo dice: «El monto que percibirá cada Gobierno Departamental durante el período presupuestal 2020 - 2024, no podrá ser inferior al monto distribuido en el ejercicio 2019»  y proponemos que se agregue la forma en la que se indexa o el término «indexado» porque, de lo contrario, ese monto se va achicando y no hay vuelta.

SEÑOR BOTANA.- Esos montos siempre se actualizan por el Índice de Precios al Consumo; año a año así se han actualizado en todos los Gobiernos departamentales y en todos los rubros. En este caso, este fondo está dirigido a compensar las pérdidas que puedan tener algunos Gobiernos departamentales cuando se haga una nueva distribución de los recursos de acuerdo con los criterios de equidad que son, además de la población y el territorio, el inverso del PBI, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas y la distancia a puerto. Esos serán los criterios rectores para una nueva distribución de los recursos entre los Gobiernos departamentales. Por supuesto que va a generar ganadores y perdedores, y se pretende que estos últimos conserven, por lo menos, el mismo presupuesto que tenían a 2019 actualizado por IPC, de acuerdo con la aplicación de este fondo de asimetrías que se crea con este objetivo.

 SEÑOR SÁNCHEZ.- La explicación que da el senador Botana es correcta.

                Este último inciso justamente intenta dar las garantías de que no se van a perder fondos, y por eso se remite al año 2019. El problema es que esta garantía va a funcionar los próximos tres o cuatros años y, si no se establece que se trata de los créditos del ejercicio 2019 actualizados por el IPC, lo que va a terminar sucediendo es que esta garantía no sea tal, porque se va a manejar el valor del peso de 2019 y ahí habrá una pérdida por la vía de la inflación.

                Entonces, como es bien sabido, compartimos la idea, pero se incluye este artículo justamente para garantizar que ningún Gobierno departamental tenga menos presupuesto que en 2019. Para eso hay que actualizar ese presupuesto con el índice de precios; de lo contrario, la inflación se va a comer esos recursos.

Por eso planteamos que se diga que no podrán ser inferiores el monto distribuido en el ejercicio 2019 actualizado por el IPC.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa sugiere que, como falta considerar esta hoja, dos del Ministerio de Industria, Energía y Minería y las referidas a lo que se conoce comúnmente como regularización de asentamientos, la comisión realice un receso de quince minutos para ordenar el trabajo de la Mesa.

                La comisión pasa a cuarto intermedio hasta las 11:50.

(Son las 11:37).

 

 (Vueltos a sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 11:51).

–Continuamos con la etapa final de la rendición de cuentas.

                En consideración la hoja 97.

                Entendiendo el planteo de la bancada del Frente Amplio realizado por la señora senadora Nane, se están haciendo las consultas pertinentes y en el plenario se verá si se modifica o no.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja n.º 97 tal como vino redactada.

(Se vota).

                –8 en 15. Afirmativa.

En consideración la hoja 8, junto con la hoja 165, planteada por la señora Nane.

Se han realizado las consultas pertinentes a las autoridades del Ministerio del Interior, quienes insisten en la votación de la hoja 8. Si hubiera modificaciones, luego podremos trabajar en comisión

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –8 en 15. Afirmativa.

                Queda descartada la hoja 165.

                En consideración los artículos 161 y 162 del mensaje original, correspondientes al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

                Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

                –0 en 15 Negativa.

En consideración el artículo 244 del mensaje original, correspondiente a la ANEP.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 15. Negativa.

En consideración los artículos que figuran en las hojas 158, 159, 160 y 161.

SEÑOR GANDINI.- La hoja 158 establece el financiamiento del Fideicomiso Integración Social y Urbana. Se trata de una reasignación de montos, en algún caso con topes, que estaban dispuestos para el Instituto Nacional de Colonización. Ahora bien, la recaudación de estos dos impuestos asegura la concreción de un fideicomiso, que puede ser financiero, para obtener los recursos necesarios, por lo menos en una primera etapa, para la tarea que implica la regularización y la relocalización de asentamientos en todo el país.

                Los artículos contenidos en las hojas 159 y 161 están vinculados con el financiamiento de un monto equivalente al que se traslada al Fideicomiso Integración Social y Urbana para la compra de tierras, destinadas exclusivamente a eso, para el Instituto Nacional de Colonización.

En la hoja 159 se establece un monto de UI 135:000.000, equivalente a USD 15:000.000, en una partida que es anual; queremos dejar eso bien claro. Como dice el inciso primero´, se establece a partir del año 2022, o sea que queda establecida para todos los años. Si hiciera falta, no tendríamos inconveniente en agregar la palabra «anual». En ese caso, diría: «UI 135:000.000 anuales a partir del año 2022».

El inciso segundo de este nuevo artículo 265 establece que a efectos de financiar esos USD 15:000.000, o sea UI 135:000.000, se disminuye parcialmente la partida del artículo 233 de la Ley n.º 19535, en el monto anual de $ 165:975.000. Esto es de un fondo previsto para pagar sentencias judiciales que no ha sido utilizado, por lo tanto, ese remanente va a financiar parcialmente esos USD 15:000.000, y el complemento restante –diría, la mayor parte– va a estar financiada por el artículo que figura en la hoja 161. En términos sencillos, allí se establece que la trasposición de recursos desde el Ministerio de Desarrollo Social al Banco de Previsión Social para pagar pensiones a la vejez será sustituida por un aporte directo del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso libera el crédito, la partida dispuesta para financiar la mayor parte de esos UI 135:000.000.

Es decir que el Ministerio de Economía y Finanzas, con recursos propios, sustituye al Ministerio de Desarrollo Social en esa transferencia al BPS destinada a pagar las pensiones a la vejez. Sin embargo, no sustituye la función y el rol del Ministerio de Desarrollo Social de establecer las pensiones a la vejez; seguirá siendo este quien defina qué pensiones a la vejez deben pagarse. Lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es sustituir el financiamiento y será este ministerio el que pase a financiar lo que el Ministerio de Desarrollo Social indique pagar al BPS.

                De este modo, en la hoja 161 –y en concordancia con la hoja 159– se liberan los recursos necesarios para financiar los UI 135:000.000 que van a compensar la recaudación que tiene hoy el Instituto Nacional de Colonización debido a la afectación del impuesto principal y del impuesto –topeado– de la hoja 158, que es el establecido en el segundo inciso del artículo 7.º de la Ley n.º 18064, en la redacción dada por la Ley n.º 19924.

                Por otra parte, el artículo redactado en la hoja 160 autoriza al Instituto Nacional de Colonización a utilizar un monto de UI 225:000.000 –unos USD 25:000.000– a los efectos de subsidiar –es decir, de hacerse cargo– los intereses de préstamos que puedan contraer los colonos con entidades financieras –cualquier entidad financiera autorizada–a través de la presentación de proyectos que tengan por objeto la promoción productiva.

(Dialogados).

                –Quizás después, en sala, podamos hacer un pequeño agregado –que no hace al fondo de la cosa– con respecto a la aprobación de esos proyectos, pero ahora me remitiré a explicar el texto actual.

                En este artículo se establece un monto –del que se hace responsable el Ministerio de Economía y Finanzas– para que los colonos puedan contraer créditos –que seguramente podrán totalizar hasta USD 100:000.000 o USD 120:000.000–, en una moneda constante –como la unidad indexada, el dólar o canasta de productos–, con el Banco República –que está dispuesto a financiar estos créditos– o con otras entidades bancarias o no bancarias con las que el colono pueda sentirse más cómodo en la operativa, y pagar el crédito en sí mismo, sin los intereses, de los que siempre se hará cargo esta partida de USD 25:000.000. Seguramente, se podrán financiar créditos superiores a USD 100:000.000.

El propósito no es destinar este monto al Instituto Nacional de Colonización, sino directamente a los colonos quienes, además de contar con la tierra –por la que pagan una renta, obviamente subsidiada–, tendrán la posibilidad de agregar tecnificación a su establecimiento, mejorar las pasturas e incorporar equipamiento.  Estamos hablando de los montos que necesita para mejorar la calidad de su producción, la productividad de su predio, etcétera porque todos sabemos que hay necesidades importantes. Esto es toda una novedad porque hasta ahora no había ningún plan en este sentido. Por lo tanto, se dispone de un total de USD 15:000.000 –con sus fuentes de financiamiento que son anuales– para subsidiar los intereses de los créditos que tomen los colonos directamente.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Quiero hacer varias consideraciones. En primer lugar, según la explicación que dio el senador Gandini, lo que establece la hoja 159 es que hasta ahora el Instituto Nacional de Colonización tenía USD 30:000.000 para comprar tierras y aquí se consagra un recorte de USD 15:000.000.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores, estamos ingresando en la fase final de la consideración de la rendición de cuentas y sabemos que este es un tema que genera debate, pero les pido colaboración con la Mesa y que soliciten la palabra si desean intervenir.

                Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Hasta ahora el Instituto Nacional de Colonización  –producto de dos impuestos– recibía recursos para poder comprar tierras por unos USD 30:000.000. Esos recursos, que estaban establecidos a partir de un financiamiento derivado de la recaudación de impuestos, van a pasar a constituir el fideicomiso para atender la situación de los asentamientos irregulares. Estamos hablando de USD 30:000.000 que antes eran del Instituto Nacional de Colonización y se destinaban a poder comprar tierras. A cambio de eso, se incluyen estos aditivos que lo que hacen es poner USD 15:000.000 y no USD 30:000.000. Por lo tanto, lo que termina sucediendo en esta rendición de cuentas es que se recorta el 50% de los recursos de este instituto para la adquisición de tierras. Eso es lo que termina sucediendo por la lógica de los artículos. Eso sería en primer lugar.

                En segundo término, en la hoja 159 se asignan UI 135:000.000 al instituto. El senador Gandini argumentaba que como dice que eso se hará a partir del año 2022, hay que suponer que son anuales. Dado que estamos votando la rendición de cuentas y lo que vale es lo que está en el texto, en mi opinión debería decir que se asigna un monto anual de hasta UI 135:000.000, para que efectivamente sea anual. Luego se dice cómo se va a financiar ese monto anual que se va a asignar y en el segundo inciso se establece una fuente de financiamiento –que digamos es la pequeña– para esos UI 135:000.000. Y el gobierno nos dice que en la hoja 161, con los créditos que se liberan, se completaría el financiamiento, cosa que no dice el artículo. Lo que está estipulado en la hoja 161, es la liberación de créditos que hoy estaban en el Mides y que van a pasar a financiar el primer inciso del artículo 165. Según escuché de lo relatado por el senador Gandini, el gobierno pretende que esos UI 135:000.000, que serán anuales –escuché que están de acuerdo en poner que el monto será anual–, tengan dos fuentes de financiamiento: una es la que dice el segundo inciso y, en teoría, la otra, es la que se establece en la hoja 161, que no dice que es una fuente de financiamiento para eso, pero debería decirlo. Además, esto nos trae otra situación que no es menor porque estos recursos, que se iban a destinar a la asistencia a la vejez y que son créditos presupuestales que recibía el Ministerio de Desarrollo Social, ahora serán servidos por créditos presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas que no sabemos cuáles son porque no se incrementan a dicha Cartera los créditos para poder hacer frente a lo que el Mides defina y el BPS pague. Suponemos que esto va a salir de Rentas Generales pero esto es –permítaseme la expresión y que nadie se ofenda– una especie de dibujo. De algún lado van a salir los recursos y probablemente sea de Rentas Generales porque reitero que no se le asignan al Ministerio de Economía y Finanzas los montos necesarios para hacer frente a las pensiones a la vejez ya que, en teoría, esos dineros serían destinados a financiar el primer inciso del artículo 265. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas hoy no tiene estos recursos para hacer frente a las pensiones a la vejez y los tendrá que sacar no sabemos de dónde; de algún lado saldrán.

Esa es la lógica con la cual están redactados estos artículos y por lo cual, además, a nosotros se nos genera la duda mayor de que, efectivamente, los ciento treinta y cinco millones de UI sean anuales. Digo esto porque lo que se está haciendo aquí es quitar un financiamiento de las pensiones a la vejez que antes estaban en el Mides y que ahora van a estar en el MEF, sin incrementarle los recursos a este último para hacer frente a esta situación, porque en teoría esos recursos que estaban en el Mides van a ir a Colonización, algo que tampoco dice el artículo. Esta es la solución que se termina consagrando.

Además, en esta solución la cifra de que dispone el Instituto Nacional de Colonización ahora será de quince millones anuales, cuando antes era treinta millones anuales. A su vez, está el componente de que se dice: «hasta» y si no se dice que son anuales, es un monto único que se gastará en los distintos años del ejercicio presupuestal. Por eso es relevante que se diga que es «hasta» tal monto anual; incluso, con la palabra hasta puede ser que no se gaste, pero eso será, en todo caso, una decisión del directorio del Instituto Nacional de Colonización que está facultado a gastar hasta ahí, así como hasta ahora estaba facultado a comprar tierras por los treinta millones de dólares que recibía de los impuestos.

                Entonces, por todo eso nosotros seguimos insistiendo en que acá se está consagrando un recorte del 50 % del dinero del Instituto Nacional de Colonización para comprar tierras; acá se financia solo el 50 %. Además, tenemos estos problemas de redacción referidos a que quede claro que esos quince millones son anuales, que tienen dos fuentes de financiamiento y que una es la reducción de las partidas. Y dicho sea de paso, más allá de que sea un problema más técnico, estas partidas, señor presidente, eran partidas para hacer frente a los juicios de los judiciales y eran partidas establecidas por única vez. Sobraron doscientos millones de pesos de cada ejercicio, porque el artículo 233 de la Ley n.º 19535, destinada a solucionar el convenio de los judiciales, establecía tres partidas por única vez de ciento sesenta millones de pesos cada una para los años 2017, 2018 y 2019; y el artículo 317 de la Ley n.º 19670, asignaba dos partidas por única vez para el diferendo de los judiciales por seiscientos setenta millones de pesos y quinientos cuarenta millones de pesos para los ejercicios 2018 y 2019. Eran partidas anuales y fueron utilizadas de distintas maneras a lo largo de este ejercicio presupuestal, señor presidente, porque esas partidas que eran por un solo año y fijas, por arte de magia se transformaron en permanentes en el planillado del presupuesto quinquenal. Este es un error en el diseño de este presupuesto porque seiscientos millones que eran únicos en la línea de base del planillado se transformaron en permanentes; este es el primer elemento.

En definitiva, esta situación medio compleja en el manejo de las finanzas públicas fue aprobada. Además, en el presupuesto nacional, de esas partidas ya retiraron en el artículo 111 treinta millones para el 2021 y cuarenta millones para el 2022 para la Secretaría Nacional del Deporte. De la misma partida, en el artículo 114 retiraron ciento treinta millones para el ajuste salarial del Ministerio de Defensa Nacional;  en el artículo 547, veinte millones para la Udelar; en el artículo 606, treinta millones para la UTEC; en el artículo 615, un millón para la Jutep; en el artículo 616, dos millones más para la Jutep; en el artículo 641, cuatrocientos mil para el Instituto Cuesta Duarte; en el artículo 642, veinte millones para la ANII; en el artículo 643, seis millones para el Inacal; y en el artículo 644, otros ocho millones para el Ineed. Además, en esta Rendición de Cuentas de la misma partida, que era por única vez para los años 2017 y 2018, se asignan ochenta millones de pesos para la ANEP. Por lo tanto, señor presidente, lo que estamos notando a todas luces es que de una partida que era limitada el Gobierno ha ido, por distintas vías y artículos, utilizando esos fondos de manera que los han hecho crecer de una forma artificial, tanto por la Ley de Presupuesto Nacional como por la Ley de Rendición de Cuentas que estamos por aprobar. Se fueron retirando todos esos montos y tengo la suma. De esas partidas del pago de los acuerdos judiciales, habían sobrado $ 200:000.000, que eran 600. Entonces, como decía recién, por un error de planillado, por diferentes artículos del presupuesto y de la Rendición de Cuentas se incorporaron esas tres partidas como permanentes cuando estaban pensadas para única vez. Y si uno suma todo lo que han colocado de esas partidas, se llega al total de $ 1.690:000.000.

                Por lo tanto, más allá de esta descripción –que seguramente para el público general fuera de esta Casa, sea inentendible por la lógica de la técnica presupuestal–, lo cierto es que aquí hay personas que saben de técnica presupuestal y que saben que si esta situación no queda a texto expreso, es decir que es una partida anual, no terminará siendo una partida anual. Y si en la hoja 161 no queda claro que es para financiar al Instituto Nacional de Colonización, no sabemos si tendrá financiamiento porque el MEF tendrá que utilizar algún financiamiento y perfectamente puede decir que los recursos que estaban en el Mides, si los tiene que seguir pagando, lo hará con esos créditos.

                Entonces, más allá de la discusión política que estoy tratando de evitar –de la cual sabemos que tenemos diferencias–, aquí tenemos un problema en términos de garantizar efectivamente lo que se pretende hacer. Esas son las consultas que tenemos para hacerle a la bancada de Gobierno, en el entendido de la lógica en la que se está dando esta situación. Lo que sí es claro es que el Instituto Nacional de Colonización pierde USD 15:000.000 por año que tenía para adquirir tierras y que ya no tendrá.

                Con respecto a la hoja 160, allí se establece que se financiará la tasa de interés de los créditos que puedan asumir los colonos, para mejorar su tecnología o para poder realizar inversiones, con fondos del Instituto Nacional de Colonización, que podrían estar dispuestos para otras cosas, como para comprar tierras. Por supuesto que lo que puede hacer es bajarle el peso a esa cuota porque lo que se va a financiar, en definitiva, es la tasa de interés. Nosotros compartimos esa medida, nos parece que es una medida interesante porque lo que hace es aflojar cualquier préstamo que implique la amortización de capital y el interés. Por tanto, lo que estaríamos haciendo es garantizar que el colono solo se dedique a amortizar el capital prestado y no la tasa. En definitiva, nos parece una buena decisión porque va a ayudar a los colonos, que van a poder acceder a créditos. Como dije, va a favorecer a los que puedan acceder a créditos porque los que no puedan, no van a tener esa posibilidad porque naturalmente van a tener que garantizar el capital que le preste la institución financiera y para eso tendrán que demostrar que tienen capacidad para pagar el capital. Pero, en definitiva, para los colonos que sí puedan acceder a este mecanismo –que probablemente no sea el 100 %, debido a las dificultades que pueden tener muchos colonos muy pequeños o por el endeudamiento que tengan–, va a ser de ayuda.

Como dije, vamos a acompañar este artículo, pero por lo que decíamos recién, tal cual está planteado nos genera muchas dudas que efectivamente sean USD 15:000.000 anuales los que se van a servir de estas fuentes de financiamiento que van a ir al Instituto Nacional de Colonización. Sin entrar en consideraciones de carácter más político –que seguramente sea materia para un debate más profundo en Sala–, sería bueno que se aclare, no solo con la voz, sino con lo que se escribe porque lo que vale en una ley es lo que queda votado.

SEÑOR BOTANA.- El Instituto Nacional de Colonización tiene USD 20:000.000 en recursos y no USD 30:000.000. Tenía el producido de dos tributos: uno que se ubicaba en el entorno de los USD 11:000.000 y otro en el entorno de los USD 12:000.000, además de las ganancias operativas del instituto. Esto daría como resultado USD 30:000.000, pero debemos recordar que en la planilla del presupuesto uno de esos tributos, el de la Ley n.° 18.064, del adicional del ITP, fue topeado a $ 100:000.000, que equivale a unos USD 2:200.000 o USD 2:300.000.

En definitiva, tenemos doce millones, más dos millones, más los cinco millones correspondientes a los beneficios operativos, lo que da como resultado USD 20:000.000 y ese es el recurso. Ahora, Colonización seguirá teniendo USD 20:000.000; los mismos USD 5:500.000 de su resultado operativo, más una transferencia de rentas generales de USD 15:000.000, por lo que el recurso va a ser exactamente el mismo que hoy tiene el Instituto.

                Por supuesto que habrá un incremento del gasto, que será exiguo, con el sagrado fin que tendrá porque, en definitiva, gracias a este artículo vamos a empezar a dar solución a la desatendida cuestión de los asentamientos irregulares. Creo que se trata de una medida absolutamente inteligente.

En definitiva, por un lado, tenemos los mismos recursos en el  Instituto Nacional de Colonización y, por otro, los recursos suficientes para dar solución al tema de los asentamientos. Además, se incorpora esta otra medida que, como bien reconocía el senador Sánchez, es absolutamente contributiva de la buena suerte de la producción y de la generación de valor y de empleo. A su vez, acarrea mejoras en el asentamiento rural de los colonos cuando se les dan las herramientas para que puedan producir.

¿Cuánto crédito van a apalancar estos USD 27:000.000 con los que se subsidian intereses? Estamos hablando de que podemos tener diferentes plazos, pero si el plazo medio estuviera en el orden de los cuatro años, a una tasa como la que hoy está en el mercado, se estarían apalancando más de USD 100:000.000; será mucho más si los plazos son más exiguos. Por lo tanto, creo que es una excelente medida.

Por otra parte, creo que si bien en los montos la propuesta es diferente a lo que plantea el Frente Amplio con el aditivo al artículo 101, va en un mismo sentido, que es la reasignación presupuestal en el origen de los fondos. Si tenemos los mismos recursos y este otro aditivo que significa el recurso para que se pueda movilizar y hacer productiva esa tierra con todos estos créditos a los colonos, a tasa 100 % subsidiada, el Senado debería estar en condiciones de votar por unanimidad estos artículos, obviamente incorporando el concepto que quiere agregar el senador Sánchez en cuanto a decir específicamente que las partidas son anuales. No está de más incorporar eso al artículo, como bien dijo el senador Gandini cuando hizo el informe. No hay problema en hacer eso y si es aclaratorio, en este caso, lo que suma no daña.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR GANDINI.- Seré breve porque creo que sobre este tema vamos a tener suficiente debate en sala.

                En primer lugar, quisiera decir que no hay inconveniente en agregar la palabra «anual» en el texto del artículo 265, que figura en la hoja 159, y establece: «… con destino a la compra de tierras un monto anual de hasta $ 135:000.000». De todos modos, de acuerdo con la técnica presupuestal habitual o el lenguaje que debemos utilizar, si fuera solo para el año 2022 se habría puesto, precisamente, «para el año 2022». Cuando se dice: «a partir del año 2022» significa que rige para todos los años. Sin embargo, para que no queden dudas –si eso tranquiliza–, como ese es su espíritu, no hay inconveniente de poner un monto «anual».

                A su vez, hay otras observaciones que pueden motivar una consulta más concreta para llevar a sala. Se han hecho algunas observaciones inteligentes, cuyos datos no podemos confirmar ni desacreditar porque no tenemos la documentación aquí. Obviamente, confiamos en todos los datos que nos ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas para llevar adelante esta propuesta. Por ende, vamos a mirar con atención lo que se nos ha observado para corregir o mejorar el texto, a los efectos de que diga lo que se quiere decir. No habrá inconvenientes en ser más claros y específicos para superar las dudas que se han planteado.

                Con respecto al financiamiento ‒el senador Botana ya lo dijo‒, hoy el Instituto Nacional de Colonización recibe un impuesto que recauda, en promedio, unos USD 12:000.000 y otro que está fijado en UI 106:000.000. Asimismo, se modifica la Ley n.° 18064 que, entre otras cosas, establece: «El Poder Ejecutivo transferirá trimestralmente de Rentas Generales al Instituto Nacional de Colonización, un monto acorde al presupuesto de inversiónes vigente para cada ejercicio y a la planificación financiera aprobada, con un tope máximo de UI 26:500.000… ».

Estos son los 106:000.000 anuales, pero cuando establece un tope máximo, la realidad de ese tope presupuestal es de $ 100:000.000 y eso es lo que recibe colonización. Por lo tanto, lo que estamos sustituyendo es realidad por realidad: la suma de los $ 100:000.000 más lo que recauda el otro impuesto da como resultado, en promedio, USD 15:000.000 que sustituimos por otras fuentes de financiamiento. Por lo tanto, lo que en los hechos hoy recibe Colonización para la compra de tierras lo seguirá recibiendo con otra fuente de financiamiento. Asimismo, disponemos de ese impuesto a fin de garantizar la creación de un fideicomiso financiero para la regularización de asentamientos.

                Esto era cuanto quería decir; creo que podemos dar un debate más puntual en sala.

SEÑOR BERGARA.- Quisiera dar mi opinión y dejar alguna constancia sobre este tema, sin perjuicio de la discusión que se dará en el plenario del Senado.

                En principio, creo que todos coincidimos en que debemos buscar la mejor forma, la más transparente y la que dé más garantías para atacar el tema de los asentamientos sin que se reduzcan los recursos para el Instituto Nacional de Colonización y sus políticas.

                El tope al que hacía referencia el senador Botana en relación a cuánto del impuesto a las transferencias se va a Colonización se dio en la ley de presupuesto; en su momento, argumentamos contrariamente y es tal como él lo dice, aunque insistimos en que eso fue un recorte a los recursos de colonización.

                No obstante, tal como está planteado, la decisión sobre hasta dónde se llega con esos USD 15:000.000 que pasarían anualmente al Instituto Nacional de Colonización no está en dicho organismo, sino en el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, tampoco acá está garantizado que se cambia realidad por realidad; para eso, habría que sacar la palabra «hasta» y poner directamente «USD 15:000.000» porque quien tiene el resorte para definir el monto que se transfiere no es Colonización, sino el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, para que efectivamente sea como el señor senador Gandini dice, es decir,  que se garantice el cambio de realidad por realidad, la palabra «hasta» genera incertidumbre porque, reitero, es el ministerio de economía el que define hasta cuánto transfiere y no el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, en estos términos a nosotros no nos garantiza el cambio de realidad por realidad y no lo podemos acompañar.

SEÑOR BOTANA.- El principal interesado en que esos recursos estén disponibles termina siendo el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Digo esto porque el mantenimiento del poder de compra de tierras por parte de colonización es el mecanismo que le asegura al Ministerio de Economía y Finanzas que el valor por el que figura la compraventa de tierras no sea inferior al real. Eso se ve asegurado por el mecanismo por el cual, cuando se hace el ofrecimiento de la tierra al instituto de colonización, este la puede adquirir al precio que figura en la documentación. Por tanto, la existencia de ese mecanismo y de los recursos para comprar la tierra hace del Ministerio de Economía y Finanzas el principal interesado en este poder de compra y en el ejercicio de ese poder de compra.

SEÑOR BERGARA.- No tenemos el gusto de estar convencidos de esa argumentación y tampoco tenemos el gusto de compartir que el incentivo del Ministerio de Economía y Finanzas sea transferir el monto máximo. No nos parece que esa argumentación lo sustente, pero si así fuera, con más razón podríamos eliminar el «hasta», porque hasta el ministerio de economía estaría de acuerdo. Entonces, esto vuelve a ser un tema de que si realmente se tienen que dar garantías del cambio de realidad por realidad, el «hasta» molesta, genera incertidumbre y no da esas garantías.

                El otro aspecto es que queda claro que acá se apela a recursos que estaban planillados de manera equivocada; había errores en el planillado. Como ya explicó el señor senador Sánchez, se planillaron anualmente partidas que no eran anuales. Ahora bien, lo que está claro es que se echa mano a partidas que por el concepto que tenían no se iban a ejecutar y ahora sí se van a ejecutar. Creo que está claro que aquí hay un aumento de gastos, que no lo vemos mal; lo que vemos mal es toda esta ingeniería laberíntica que hay que explicar por qué se hace. Entonces, por qué no hacer las cosas transparentes, directas y decir que lo que va más allá del tope del impuesto a las transferencias, que iba para colonización –que no sé si eran diez millones más o algo por el estilo–, ahora va a la política de asentamientos, y asignar directamente a esta política, como plantea el Frente Amplio, el resto de los fondos reduciendo el porcentaje previsto para los refuerzos de rubros de la ejecución presupuestal. Este sería un monto muy manejable que no altera sustancialmente la partida de refuerzos. Además, sería absolutamente transparente y directo de dónde surge el financiamiento de la política de asentamientos y no metemos a colonización en el medio ni inventamos fideicomisos. Esto sería lo directo y lo transparente que, en el mejor de los casos, llevaría a la realidad lo que todos estamos diciendo que queremos llevar a la realidad.

Las preguntas entonces son para qué se mete al Instituto Nacional de Colonización en el medio y para qué se crea un fideicomiso. La única explicación que encontramos es que esta es una vía para poder avanzar en esa dirección sin registrar por completo el gasto fiscal –en el terreno del gasto fiscal–y sin registrar la deuda que se contrae a través del fideicomiso. Quiere decir que todo este laberinto –yo admiro la intención y todo el esfuerzo que se hace en esta comisión, primero, para tratar de entenderlo y, luego, para tratar de explicarlo– se puede evitar con un accionar mucho más transparente, estableciendo que las políticas de asentamiento se financian directamente con la parte del impuesto a las transferencias patrimoniales que no va para el Instituto Nacional de Colonización y, el resto, con la parte que pueda extraerse de los refuerzos de rubros previstos en la formulación presupuestal que, reitero, es de un orden de magnitud muy pequeño con relación a lo que es esa partida de refuerzos patrimoniales, que ronda entre los USD 400:000.000 y USD 500:000.000.  ¡Eso sería lo directo y lo transparente! Toda esta ingeniería que genera incertidumbre en los fondos que se van a volcar y en lo que va a poder hacer colonización, que no permite registrar transparentemente el gasto en el terreno fiscal de la política de asentamientos, así como tampoco registrar transparentemente la deuda que se contrae por el Estado, a través de la figura del fideicomiso, realmente, no la entendemos; a no ser que la razón por la cual no se hace de manera directa el financiamiento a la política de asentamientos del ministerio de vivienda, sea para no registrar de manera explícita y transparente esto.

Por lo expuesto, realmente vemos con malos ojos, o no vemos con buenos ojos, la conformación del fideicomiso e involucrar al Instituto Nacional de Colonización con todo este componente de incertidumbre que genera el mecanismo.  Por eso, entendemos, entonces, que la propuesta del Frente Amplio –que, reitero, puede ser complementada con asignar lo que se recauda del impuesto a las transferencias que no va para colonización y la diferencia financiarla desde la partida de refuerzos de rubros– es mucho más transparente, clara y da garantías a la política de asentamientos, al Instituto Nacional de Colonización y a la ciudadanía porque implica una transparencia real de lo que se gasta y lo que se endeuda el Estado.

SEÑOR RUBIO.- Mi intervención va en una línea similar a la del señor senador preopinante. El problema es que acá hay un conjunto de incertidumbres que no se despejan en los textos. Si vamos a los números, concretamente, hay una cifra que es con la que se financia el fideicomiso de UI 106:000.000 que proceden de las fuentes a las que se ha aludido. Luego hay una cifra que en el texto se señala que es de hasta –como se ha argumentado y eso le da mucha incertidumbre– UI 135:000.000; después, se va a las fuentes y cuando pasa esto el problema es que no sabemos cuáles son los números porque, en realidad, ¿cuál es la transferencia que hacía el Mides al BPS para el pago de estas pensiones a la vejez que ahora se transfieren a economía, pero no se dice que se van a transferir a colonización? ¿Cuál es la cifra? Nos falta la información para saber cómo cierran los números, porque ni acá ni en la información adjunta la tenemos. Por lo tanto, si los señores senadores la tienen, agradecería que la proporcionaran a la comisión.

SEÑOR CAMY.- Para mí este es un tema político, pero quiero aclarar la dimensión que le doy al término, porque me parece fundamental hacerlo. No es la dimensión en que seguramente podríamos encontrar diferencias en esta sala, acudiendo a medidas políticas, administrativas o de gestión en el devenir histórico del organismo. Ahí hay fundamentos políticos, ideológicos o tal vez filosóficos que, seguramente, nos encuentren en matices o diferencias. Por ejemplo, algunos sostenemos que la situación ideal de tenencia de la tierra es la propiedad, mientras que otros consideran que no y ponen el acento en un Estado arrendador de tierras o, inclusive, en la definición de lo que es el proceso colonizador, perfilan la gestión del organismo más hacia un carácter social que productivo y económico. Me parece que sería válido tener ese debate ‒aunque quizás no deba ser en el marco de esta instancia, creo que sí hay que tenerlo‒ y me atrevo a decir que puede haber diferencias internas de matices hasta en cada uno de los partidos.

                Cuando digo «político» me refiero al tema de fondo, que es donde creo que sí estamos todos de acuerdo. En esta sala, no le asignaría a ningún sector ni a ningún señor senador la definición de estar contra el Instituto Nacional de Colonización o contra lo que define la Ley n.º 11029 y sucesivas. Me parece que en eso coincidimos. La utilización o la gestión del instrumento seguramente nos marque maticees o diferencias, pero creo que no es ahora que debemos discutirlo. Lo que sí es ahora, a mi entender, es lo que hay precisamente.

                Acá hay cuatro leyes concretas en juego, en un espacio que va desde los años 2006-2007 al día de hoy o hasta el año pasado. La primera es la Ley n.º 18064, de diciembre de 2006, que crea el adicional del ITP para el adquirente de campos en la compraventa, que era del 2 % de afectación al comprador y 2 % al vendedor; en el adicional se establece el 5 % al comprador. Eso fue propuesto en una conferencia de prensa que se hizo en el mes de agosto del año 2003 en la sala Martín C. Martínez de este Parlamento, con el entonces senador Jorge Larrañaga y quien habla, que era vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización.

                La Ley n.º 18187 se consagró también en 2006. Fue votada por unanimidad en el Senado de la República y modificada con votos del Frente Amplio y de algún legislador de Alianza Nacional en la Cámara de Representantes. Después volvimos a modificar un artículo en la Cámara de Senadores, en un proyecto de ley que presentamos conjuntamente los señores senadores Eber Da Rosa, Isaac Alfie y quien habla. Estaba vinculado a la capacidad de hacer uso de la opción del artículo 35 de la Ley n.º 11029, es decir, el derecho preceptivo que tiene el Instituto Nacional de Colonización, fraccionando en el 20 % la oferta que se realizaba. Pero la vigencia del artículo 7.º de la Ley n.º 18064 se extendió hasta que empezó a operar el IRPF de capital, el 1.º de julio de 2007, con la reforma tributaria, la Reforma Astori, como la denominábamos en ese entonces. En ese momento, el artículo establecía que el promedio de lo recaudado adicional era del 5 % y eso es lo que la DGI derivaba en el Instituto Nacional de Colonización.

Otro hecho que considero clave en el concepto de la colonización, del proceso colonizador y de la política de tierras es el que sucedió en diciembre de 2011, con la llamada Ley n.º 18876 de ICIR, que fue declarada inconstitucional, pero que en la sección II tenía dos artículos, el 13 y el 14, en los que se aumentaba el monto del IRPF y del IRAE a pagar por las rentas de campos. El destino de lo que la DGI recaudaba comenzó a volcarse en el Instituto Nacional de Colonización. A vía de ejemplo, en el año 2019 por ese concepto se mandaron $ 530:000.000, que eran aproximadamente USD 15:000.000. En el año 2014, se sancionó otra ley que hay que tener en cuenta, la Ley n.º 19231 que en el artículo 3.º le otorga una nueva redacción al artículo 7.º de la Ley n.º 18064. Ahí se establece que el dinero que manda rentas generales es específicamente UI 26:500.000 por trimestre, o sea, unos USD 12:000.000 al año.

                El artículo 7.º de la famosa Ley n.º 18064 es el que en el proyecto de presupuesto cambia, en el artículo 588, y se establece que dependerá de las definiciones de políticas de inversión que establezca el Instituto Nacional de Colonización para demandar. Ese es el objetivo de hoy, entonces, pasamos raya y nos paramos en lo que está vigente. Hoy el monto aproximado es –en dólares para que sea más fácil de entender, como dijo el señor senador Botana– de USD 15:000.000. El artículo 16 establece que el Instituto Nacional de Colonización transfiera al fideicomiso de integración social urbana esta fuente de recursos con la modificación vigente del artículo 588 de la última ley de presupuesto. El artículo 216 dice también –el tema no me parece menor, sino muy importante– que dicho financiamiento operará durante la vigencia del fideicomiso; así está establecido. Personalmente, estoy dispuesto a mejorar todo lo que haya que mejorar, pero está dicho, no es menor en el concepto de una discusión que creo que me frustraría si no nos encuentra juntos para lograr una votación unánime. Ese no es un espacio menor.

                Hoy  hay USD 15:000.000 y se transfieren –por las explicaciones que, muy a mi criterio, dieron claramente los señores senadores Gandini y Botana– para ser el soporte del fideicomiso y se sustituye –trabajemos lo que haya que mejorar– igual monto, es decir, aproximadamente USD 15:000.000. Como también el resultado operativo del Instituto Nacional de Colonización fue de USD 5:000.000 –por eso hablamos de USD 20:000.000 el año pasado–, confiamos y vamos a pretender exigir que se mejore –esta es una opinión personal–, porque tiene que mejorar su gestión de administración, entonces, por ese lado, puede haber un aumento. Por lo tanto, obviamente, no hay cambios y se sustituyen los mismos ingresos que hoy tiene colonización.

SEÑOR BERGARA.- Quiero a hacer dos apreciaciones puntuales.

                Por un lado, daría la impresión de que con esa argumentación podríamos pensar que cuando dice «hasta USD 15:000.000» se podría sacar la palabra «hasta» para dar garantías de que sea ese monto.

                Por otro lado, respecto a que el financiamiento operará durante la vigencia del compromiso, me hizo acordar a la historieta de Inodoro Pereyra cuando Eulogia le grita a Inodoro: « Inodoro, ¿usted qué anda haciendo?».  Y responde: «Estoy acá, ayudando a Mendieta, que no está haciendo nada». O sea que decir que esto va a durar la vigencia del fideicomiso, pero no saber cuál es la vigencia del fideicomiso, no implica ningún límite real. Si estuviera explícito cuál es el plazo del fideicomiso, decir que es durante su vigencia daría alguna pauta, pero al no estar el plazo, esa frase no agrega certezas de qué va a pasar en el futuro con estas transferencias y, por lo tanto, cómo se va a seguir argumentando la política de colonización.

                Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Como estoy centrándome en el fondo del tema y es lo que me hace ser expectante, optimistamente expectante, de que podamos votar todos juntos, voy a seguir en el mismo camino.

SEÑOR BOTANA.- Quiero hacer un aporte en este sentido. El Instituto Nacional de Colonización tiene que comprar las tierras que sea conveniente comprar y que deba comprar; no puede comprar por comprar. No puede comprar a cualquier precio ni cualquier tierra, sino que tiene que hacer los negocios que el directorio entienda convenientes para los fines del instituto, de la colonización.

Entonces, transferir una cifra que no se va a utilizar si no hay tierras aptas para los fines del instituto, no tiene razón de ser. El artículo asegura los recursos para la compra de aquellas tierras que se deban comprar. Digo esto porque tenemos varias experiencias de tierras que fueron compradas a cualquier precio y con errores gravísimos que ahora están en investigación. Ese tipo de cosas son las que debemos evitar, por tanto, consideramos que el artículo debe seguir redactado tal como está. 

Me voy a quedar, de nuevo, con el buen sentido que tienen las palabras del senador Camy, pues van en la búsqueda de algo que queremos todos: votar juntos este artículo y respaldar juntos estos fines.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señor presidente, y gracias al senador Botana por el aporte.

Todo lo que sea el proceso de revisión legal en cuanto a la redacción de la norma, a mí siempre me parece oportuno y voy a estar dispuesto a ello, pese a que podremos estar o no de acuerdo. Aparte, creo que es una obligación que tenemos, porque la forma no es un tema adjetivo en una obra legislativa.

Entiendo, sí, que el «hasta» del Poder Ejecutivo está siempre, ¿verdad?, hasta cuando no está. De hecho, creo que cuando aprobemos la norma –como lo hizo la Cámara de Representantes– estaremos haciendo un gran aporte al Instituto Nacional de Colonización. Se reconoció por parte del Gobierno, del Estado uruguayo, de nosotros –dígase como se quiera, para no entrar en esa división en la que a veces nos encanta incursionar a los políticos y, sobre todo, a los parlamentarios, para eludir los temas importantes en los resultados, partidizando así las cosas–, que desde 2015 se le debe plata al instituto, plata que estableció la ley con destino a colonización y USD 32:000.000 no se han aportado. Es más, un tercio de 2015 a 2020 y dos tercios de 2020 al presente, también  para definir, no sea cosa que en esto estemos asignando una responsabilidad a la oposición al Gobierno. No cumplimos con lo que había que cumplir y se va a reconocer.

Podemos decir lo mismo de Inefop, también, que se financia con el Fondo de Reconversión Laboral; esto es, con el 0,10 % del sueldo de cada trabajador. Aquí aportan empresarios y trabajadores en partes iguales y el Estado está obligado a completar la tercera parte, cosa que no hizo desde 2011. ¡El Estado no ha aportado! Como forma de pago parcial se asignaron $ 150:000.000 en proyectos de interés común con UTU en 2018, y $ 480:000.000 al Programa Temporal de Subsidio al Empleo, de los cuales quedan $ 420:000.000 por ejecutar y forman parte de la actual Ley de Promoción del Empleo, recientemente votada. La deuda actual del Estado con el Inefop está en el entorno de los $ 1.600:000.000 desde 2018, el resto prescribió. En el presupuesto de 2020 el Estado se compromete a hacer aportes hasta un monto que iguale el aporte. Estamos hablando de $ 407:000.000 por año, de los cuales, a esta altura, hemos recibido $ 100:000.000 y es seguro que en el SIIF figura el aporte completo de este año. En definitiva, los trabajadores y los empresarios aportan en el entorno de $ 500:000.000 cada uno y, a partir del 2021, el Estado aporta $ 407:000.000, para cumplir con la ley. O sea que si rascamos el incumplimiento vamos hasta donde sea necesario, al siglo que sea. 

Por eso digo que mi intención, señor presidente –que, según creo, es la de todos, aun con las diferencias que sobre este tema seguramente tenemos, y estaría bueno discutirlo algún día–, es preservar el organismo. De ello se está hablando en este laberinto que se dijo.

El senador Bergara –a quien siempre escucho con especial atención– dijo que hay formas más transparentes y directas. Yo le acepto lo de «directas», no así lo de «transparentes», porque yo puedo deducir que si no es transparente es otra cosa. Eso no es así y no está claro en ninguna intención. Otras formas más directas, sí, puede haber. Tenemos un laberinto con dos caminos; perfecto, pero la salida es una. Entonces, pongámonos de acuerdo en la salida y partamos de una base que es real: el Instituto Nacional de Colonización queda con USD 15:000.000, cifra que hoy tiene. ¡¿Que antes tuvo más y se lo sacaron?! ¿Esa es la discusión? ¡Discutámoslo! Tengo en mi poder un pedido de informes del año 2018 que arroja algunos elementos de discusión que, a mi juicio, no aportarían mucho y, sin duda, también debe tener elementos la bancada de quienes hasta hace poco fueron oficialismo y ahora son oposición.

                Señor presidente: la solicitud radica en que parto de la base de que coincidimos en el instrumento, en no vaciarlo y en mantenerle los recursos. Después discutimos si la pobreza rural se combate a través del comprar tierra con el modelo tradicional –para eso hay todos los años quince millones de dólares–, que para mí es lo mismo que pretender combatir la pobreza urbana con el Estado comprando quioscos para dar un arrendamiento y que se pongan almacenes. Eso lo discutimos después. Creo que hay otro camino y otras alternativas. Esta ley tiene setenta y tres años. Es como si Antel mañana quisiera seguir vendiendo teléfonos a magneto.

¡Quiero la ley! ¡Quiero al instituto con plata! ¡Quiero que no lo toquen! Y eso depende, para mí, de un acuerdo político multipartidario que así lo entienda. Adentro, vamos a discutir; yo discuto con los míos, señor presidente, sobre el instituto actual y la forma de gestionar y administrar, pero en ese marco. Sí hago un paréntesis en todo lo que sea mejorar la redacción y procurar acercar en aspectos relacionados con la tecnicatura parlamentaria o legislativa, pero no podemos estar en desacuerdo en una discusión que, en el fondo, es clara y contundentemente establecedora de que hoy hay quince millones de dólares que están puestos acá. Y le sumamos veinticinco que –para hablar directo y de forma transparente– se los debe el Estado desde el año 2015 –porque siete se sacan para constituir el resto–, que potencian o posibilitan –como hasta ahora no se había podido hacer; ojalá mañana se mejore con los gobiernos de turno– a los colonos que lo puedan sustentar, obtener préstamos sin interés. Si en eso no estamos de acuerdo, la verdad es que me sentiría enormemente frustrado. En lo demás, bienvenidos sean los perfiles que podamos tener, pero no desvirtuemos lo que es claro.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Comparto lo expresado por los senadores Sánchez, Bergara y Rubio.

                Queremos dejar en claro algunas cosas.

                Compartimos los objetivos del instituto de colonización; no compartimos los instrumentos financieros propuestos. Compartimos que hay que atender la problemática de los asentamientos. Hay que enfrentar esa situación, pero hay que hacerlo con recursos genuinos del presupuesto nacional y en eso radica la propuesta que hicimos. Cuando hablamos de una asignación directa y transparente, nos referimos a que quede transparente la norma presupuestal. Es a eso a lo que estamos haciendo referencia.

                Me parece bien lo que decía el senador Rubio. Creo que ahora se inicia la incertidumbre en las políticas de colonización, porque si al instituto todos los años le daban un flujo de ingresos para salir a comprar tierras, ¿qué va a pasar hacia adelante? ¿Qué va a pasar a partir del año 2025? Esa es nuestra preocupación. ¿La próxima administración se va a iniciar de cero? ¿Qué va a pasar? Nos gustaría que nos respondieran hoy, porque hoy hay un cambio de financiación que –como decía el senador Camy– se inició allá por el período 2005-2010. Eso es lo que nos preocupa. A partir de ahora, hay un cambio en la financiación del instituto y nosotros queremos tener certidumbre también hacia el 2025.

                Respecto a lo que decía el senador Bergara, ¿cuál será el plazo del fideicomiso? ¿Diez, quince o veinte años? Nos gustaría saberlo.

(Dialogados).

SEÑOR SÁNCHEZ.- Más allá de los objetivos esgrimidos, que uno puede compartir, no se trata de un problema de técnica legislativa ni de argumentos sacados al azar.

                Aquí se argumentó, por ejemplo, que el más interesado de que el instituto tuviera los USD 15:000.000 era el Ministerio de Economía y Finanzas, que defendió en esta rendición de cuentas quitarle todo. O sea que ese argumento cae por su propio peso, porque por eso estamos discutiendo esas modificaciones. Y este tipo de incentivo no funcionó cuando se proyectó el presupuesto.

                En segundo lugar, señor presidente, yo fui hoy bastante cauto, pero se han realizado algunos comentarios que me obligan a intervenir. ¿Por qué la hoja 161 no establece la fuente de financiamiento de la plata que va para el Instituto Nacional de Colonización? Porque no va a ir. Y ahora sí estoy haciendo un comentario de carácter estrictamente  político. Lo único que va a ir es lo que está en el inciso segundo de la hoja 159, que son USD 3:500.000. Es la única fuente de financiamiento cierta para financiar el inciso primero.

                He escuchado con mucha atención todo lo que se dijo, y no estoy planteando que la intención de los señores senadores del Gobierno que han hecho uso de la palabra no sea que se vayan a destinar USD 15:000.000 efectivamente. El problema es que, como está redactado, el «hasta» es definido por el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que pueden ser USD 10:000.000. Y además por eso en la hoja 161 no se dice que esto será una fuente de financiamiento del Instituto Nacional de Colonización. Si efectivamente lo que se pretende es que el Instituto Nacional de Colonización tenga esos recursos, aquí lo que habría que hacer es transferir los recursos que estaban en el Mides al instituto. Si se transfieren al instituto, el instituto los tiene, y si es así los usará, por supuesto con una gestión responsable y que implique tomar decisiones sobre dineros públicos. Pero para que pueda hacer eso tiene que tener los recursos. Entonces quiero insistir con esto, señor presidente, porque como está redactado, no está garantizado.

Hoy vamos a acompañar la hoja 160, pero no podemos acompañar las hojas 158, 159 y 161 por las razones que estamos esgrimiendo: porque acá, más allá de las intenciones, lo que opera después es lo que está en el texto de la ley y allí no se garantizan estos recursos. Por tanto, a nosotros nos parece que es un error, justamente por muchos de los argumentos que se han dado acá por parte de algunos senadores del Partido Nacional –que son, básicamente, los que han hecho uso de la palabra–, en el sentido de que tenemos que preservar el Instituto Nacional de Colonización y sus recursos, por la función que cumple en términos de acceso a la tierra y también por lo que implica de control para que no se generen, digamos, transacciones.

Pero queremos insistir en esto: estamos abiertos a trabajar para encontrar soluciones que efectivamente garanticen que los recursos para el acceso a la tierra no se recorten. Lo hemos estado desde el día uno, en que llegó esta rendición de cuentas, trayendo propuestas alternativas que son posibles y viables. Se nos ha dicho en algún caso que esas alternativas aumentaban el gasto. Sin embargo, aquí se ha fundamentado que se va a aumentar el gasto. Se nos dijo que éramos irresponsables porque planteábamos aumentar el gasto utilizando las partidas de refuerzo de rubro que están en el presupuesto nacional y acá se ha fundamentado que esto también va a incrementar el gasto. Entonces, en realidad tenemos una coincidencia, que es el incremento del gasto para sostener una herramienta de acceso a tierras.

Lo que a nosotros nos parece es que esto no está garantizado en esta situación. Y eso no quita que estemos dispuestos a trabajar. Pero lo cierto es que el texto que se va a votar es importante, y no por un tecnicismo, sino porque es lo que se va a hacer cumplir.

Aquí se había planteado además –y quiero terminar con esto, señor presidente, porque ya me he extendido bastante– que hay recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha volcado al instituto y que debería volcar por imperio de la ley. Es más, aquí se habló de la modificación del presupuesto que topeó, que tampoco se ha cumplido, porque en realidad cuando se topeó en el presupuesto nacional y se le recortaron recursos a colonización –que están siendo parte de este debate–, se estableció que trimestralmente la DGI le iba a transferir recursos al Instituto Nacional de Colonización, y venimos en un ejercicio en el que todavía no le ha transferido nada.

Entonces, a nosotros nos parece que tiene que ser muy claro lo que se establezca en el texto, porque de lo contrario en la práctica no se va a concretar.

SEÑOR CAMY.- Coincido en que hay que ser muy claro en todo lo que se escriba, pero creo que hay que ser más claro en los compromisos y fundamentos políticos.

                Acá voy a decir algo que siento: más que el ministerio de economía de turno, la garantía está en esta casa. La UTEC, cuando salió como ley –en otro período–, salió de acá.

Entonces, respecto al concepto de que colonización tenga que tener la plata, obviamente me puedo hacer cargo solamente de mí y de mi sector, Alianza Nacional. Confío tanto en mis compañeros del partido de la coalición que hablaría por todos, pero lo digo por mí. Acá tiene que estar la responsabilidad del concepto de la plata. Después sí discutimos cómo se escribe, pero si no está eso, todo lo demás, para mí –lo digo con todo respeto y no aludo a nadie–, es cháchara política. Y yo me hago responsable de este instrumento y de estos recursos.

                Reitero, como en el período anterior, los acuerdos de algunas leyes salieron de acá. Entonces, si realmente todos estamos de acuerdo con colonización y con sus recursos, más allá de lo que haya que cambiar o ajustar, esto es bien claro: el respaldo es político.

SEÑOR CARRERA.- Para superar las incertidumbres, si la garantía está en esta casa, hay que dejarlo escrito en la letra de la ley.

SEÑOR GANDINI.- Creo que esto ha dejado en claro que este va a ser el debate del presupuesto y que quizás ocupe tanto tiempo como la discusión en general, así que reservemos para esa instancia una serie de asuntos, porque hay que hablarlos. Si nos invitan a bailar, vamos a bailar. Si se quiere hablar de colonización y de lo que se ha hecho, vamos a hablar y vamos a mirar.

Quiero decirles mi opinión: el «hasta» no tiene que ver con disponibilidad de recursos ni presupuestal, sino con saber qué quieren comprar de tierras. Hay que recordar algunas de las cosas que se compraron con recursos públicos en las Administraciones pasadas. Ahora no se van a comprar campos en las costas del Uruguay que no puedan ser colonizados ni sierras en las que no se puedan ni criar cabras, que también se compraron en su momento. Vamos a ver a quién se le compra, a cuántos se les compra y cómo se les compra.

                Entonces, el «hasta» también es una manera de cuidar los recursos públicos, y de esto vamos a hablar en sala. Este va a ser el debate en sala.

                Ahora bien, de transparencia o de falta de transparencia no se puede hablar, porque todo lo que vamos a hacer está en el texto, y no hay nada más transparente que un texto legal.

                Nosotros nos hacemos cargo de esto, y por supuesto que contiene una ingeniería. Y la ingeniería responde a necesidades económicas, jurídicas y también políticas.

                Y por supuesto que no es lo mismo garantizar un fideicomiso con recursos  públicos presupuestales que hacerlo a través de un impuesto. Unos se registran en los topes de deuda pública y los otros no. No estoy inventando nada. Acá se inventaron los contratos de participación público privad –PPP– como una manera de hacer obra pública contrayendo deuda a largo plazo y poniendo la cuota en el presupuesto; es un invento para no registrar la deuda en la deuda pública. Eso es viejo, lo conocemos y así se ha usado. ¿Cuál es el misterio? Es una necesidad entre las limitaciones que tenemos hoy. ¿Cuánto va a durar el fideicomiso? ¿Quién lo sabe?  La disponibilidad de los recursos que hoy estamos entregando, que son de recaudación segura y de cobro seguro, abrirá una negociación que determinará plazos, intereses y formas de pago. Nadie sabe si será a 10 años, a 12 años o a 20 años; será la mejor que encontremos, pero no se puede poner en la ley, obviamente que no.  Lo que pondremos en la ley es que cuando termine el fideicomiso los impuestos volverán al Instituto Nacional de Colonización. En ningún lado dice que las partidas presupuestales se levantan en ese momento; las partidas presupuestales están consagradas. Otra ley de presupuesto u otras leyes de rendiciones de cuentas podrán definir otra cosa, pero no lo dice esta norma. Quiero dejar esto bien claro, porque si hay algo que nos interesa poner en el debate es transparencia, no escondemos cosas que se ocultaron en otro tiempo. Y si de eso quieren discutir, hagámoslo, pero no perdamos tiempo acá, porque vamos a debatir dos veces lo mismo.

                Quizás en algún momento sabremos qué va a hacer el Frente Amplio con el otro artículo que está vinculado a este, sobre si van a votar o no el financiamiento  para los asentamientos. Esa también es una decisión política de la que hay que hacerse cargo, porque la verdad es que esta ingeniería no busca priorizar a colonización, sino no desprotegerlo. Lo que estamos haciendo en este debate es adjudicar fondos públicos, de manera de obtener cientos de millones de dólares para regularizar asentamientos que no han parado de crecer, y esto no empieza después de la pandemia ni con este Gobierno; si hay mérito, lo tienen los anteriores. Por lo tanto, ¿van a votar o no los recursos? Eso lo veremos en un minuto, pero de eso también discutiremos en sala, hay que hacerse cargo de esas cosas.

Gracias, presidente.

(Dialogados).

¡Por favor, acaban de decirnos varias cosas!

SEÑOR DOMENECH.- Hemos escuchado atentamente el debate.

¿Por qué estamos en Cabildo Abierto? Porque no nos afiliamos al liberalismo económico ni al socialismo. Nosotros creemos en la necesidad de ser propietarios y cuantos más propietarios haya mejor, porque creemos que el derecho de propiedad, de alguna forma, sirve de fundamento a la libertad.

                Hemos asistido desde hace muchos años a un fenómeno de concentración de la propiedad. Esto sucede a nivel bancario, a nivel industrial, a nivel comercial y, lo que nos preocupa –porque hace referencia a este tema–, a nivel de la propiedad de la tierra.

                No le voy a explicar a los señores senadores las dificultades que tiene un egresado de la escuela agraria o un joven rural que quiera iniciar una explotación agropecuaria para poder acceder a la tierra. Creo que no tengo que explicar al Senado los horrores que se han cometido con un hermoso instrumento, como es el Instituto Nacional de Colonización, a través de los distintos gobiernos. 

                Nosotros simplemente pretendemos escapar a esa pinza dialéctica que por un lado nos tira al socialismo y, por otro, nos tira al liberalismo económico, pero en ambos casos nos lleva a la concentración de la propiedad. Por eso nos preocupó particularmente que nos pusieran en la disyuntiva de tener que elegir entre asentamientos y colonización, porque el Instituto Nacional de Colonización, con todos los defectos que pueda tener, es una forma de que la gente acceda a algo fundamental para la producción agropecuaria, para la libertad y para cimentar la riqueza nacional.              

                En ese sentido, nosotros aceptamos esta ingeniería presupuestal. Debemos reconocer que somos muy ignorantes de ella. La aceptamos de buena fe, en el entendido de que esto le asegura al Instituto Nacional de Colonización los fondos que ya disponía en el pasado.

                He escuchado que se han hecho algunas objeciones en cuanto a la redacción. Creemos que tendría que aceptarse aclarar que este es un monto anual. Me parece que no puede haber ningún inconveniente en ese aspecto. Asimismo, tendría que estudiarse si puede eliminarse la palabra «hasta», porque consideramos que el objetivo es que ese dinero esté a disposición del Instituto Nacional de Colonización. A su vez, debemos decir que, en realidad, ese «hasta» siempre ha existido porque muchas veces ha sucedido que fondos que tenían que ir al Instituto Nacional de Colonización, en el pasado reciente, no tuvieron ese destino.

                Es en ese sentido que nosotros vamos a acompañar esta disposición, esperando que se acepten esas observaciones que parecen razonables.

                Señalamos que tal vez esa no sea la solución que hubiéramos preferido. Quizás hubiéramos preferido que no se tocara nada sobre las normas respecto a los fondos del Instituto Nacional de Colonización.

                También nos parece una muy buena iniciativa la del artículo 160. Si me llevara por mis inclinaciones y opiniones personales, reduciría los préstamos a los que haga el Banco República, pero –sobre todo cuando uno ha vivido mucho y se ha comido muchos sapos– me voy a comer este sapo de que pueda hacer los préstamos ante cualquier institución bancaria. 

                En ese entendido, queremos señalar que estas disposiciones cuentan con nuestra aprobación. Pensamos que esas diferencias de redacción son fácilmente superables.

                Era cuanto queríamos decir.

SEÑOR MAHÍA.- A pesar de que hay poca gente que lee las versiones taquigráficas, por las dudas, para que figure en ellas, por dos razones no voy a fundamentar en este debate. La primera es por el acuerdo en los argumentos que expresó mi bancada y, la segunda, porque creo que esto va a ser uno de los principales centros del debate, donde sí haremos uso de la palabra, en el pleno.

                Gracias.

SEÑOR BATLLE.- Gracias, señor presidente.

                Voy a ser breve. Feliz cumpleaños.

(Dialogados).

                –Quisiera referirme a un tema técnico para ver si podemos acercar un poco las partes. Es sobre el «de hasta». Este aporte de 135:000.000 de unidades indexadas es para compensar lo que se pierde de ITP. El ITP no es un importe fijo. No sabemos cuánto campo vamos a vender ni cuánto se va a comprar, obviamente. Entonces, creo que el «de hasta» tiene alguna justificación porque si ese año –y vamos por el absurdo– no hubo ninguna venta, el fideicomiso no va a recibir ni un solo peso. Sin embargo, si hubiere un campo que al Instituto Nacional de Colonización le interesare, podría tener acceso a los fondos porque el Ministerio de Economía y Finanzas podría decir que entiende el argumento, no hay plata para el fideicomiso, pero le gusta ese campo y está dispuesto a comprarlo.  Entonces, me parece que el tema viene por ahí, más que por retacear fondos al Instituto Nacional de Colonización. Es verdad que hubo un cambio en la coalición, porque hay quienes se acercan en su forma de pensar de un lado y del otro –por suerte eso pasa en Uruguay– y todos estamos un poco de acuerdo, pero, en mi opinión, no hay ánimo de retacear.

                En lo personal, utilizar la expresión «hasta» o «un tope de…» –u otra que les guste más–, creo que no afecta el tema básico que es arreglar el problema de vivienda por medio de un flujo fijo que viene de un impuesto que es de todos los uruguayos. El ITP es un impuesto que todos los uruguayos pagan cuando compran o venden su propiedad.

Quería aclarar eso y ver si hay un acercamiento pensando por ese lado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 215 tal cual viene de la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–9 en 16. Afirmativa.

                En consideración el artículo 216, que tiene un sustitutivo en la hoja 158 y otro en la 101, presentado por los senadores del Frente Amplio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 216.

(Se vota).

–0 en 16. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 158.

(Se vota).

–9 en 16. Afirmativa.

Por tanto, queda descartada la hoja 101 presentada por los senadores del Frente Amplio.

Para fundar el voto, tiene la palabra el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- La bancada del Frente Amplio pretendía votar la hoja 101, que ha sido rechazada por la mayoría de esta comisión, y por eso no hemos votado la hoja 158. De todas maneras, vamos a insistir con la hoja 101 en sala.

SEÑOR BERGARA.-  Ante la inquietud y las dudas que se generaban con respecto a si el Frente Amplio iba a votar recursos para la política de asentamientos, quiero dejar constancia de que, justamente, por la técnica de votación legislativa, no se pone a consideración la hoja 101, que  era la que íbamos a votar. Allí claramente el Frente Amplio está asignando de manera directa los recursos necesarios –que ya están en la formulación del presupuesto– para la política de asentamientos, como señalamos anteriormente, sin involucrar en el camino a un fideicomiso financiero ni al Instituto Nacional de Colonización.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al inciso 21.

                En consideración el artículo 265, que tiene un sustitutivo en la hoja 159.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 265, tal como viene de la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–0 en 16. Negativa.

En consideración la hoja 159.

SEÑOR BOTANA.- Quisiera hacer un agregado de modo verbal, que es lo que proponía el senador Sánchez. Después de la cifra «UI 135:000.000 (ciento treinta y cinco millones de Unidades Indexadas)» solicitamos que se agregue la palabra «anuales». Luego el artículo seguiría con la misma redacción, es decir, «a partir del año 2022».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 159 con el agregado realizado por el señor senador Botana in voce.

(Se vota).

–9 en 16. Afirmativa.

En consideración el aditivo que figura en la hoja 160.

SEÑOR CAMY.- Simplemente quisiera proponer –si está de acuerdo el señor senador Botana– que, en vez de agregar la palabra «anuales» después de «UI 135:000.000 Unidades Indexadas (ciento treinta y cinco millones de Unidades Indexadas)», se diga «…un monto anual de hasta UI 135:000.000 Unidades Indexadas (ciento treinta y cinco millones de Unidades Indexadas)…».

SEÑOR PRESIDENTE.-  Se asume la corrección hecha por el señor senador Camy.

SEÑOR BOTANA.- Cuando en este artículo se habla de entidades de financiamiento no se alude simplemente a las entidades del sistema financiero, las entidades bancarias, sino que se refiere a toda entidad –ya sea cooperativa, liga de trabajo, fondo, etcétera– que otorgue financiamiento a los productores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda hecha la constancia.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 160.

(Se vota).

                –16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En consideración el aditivo que figura en la hoja 161.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 16. Afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- A vía de fundamento de voto, señor presidente, quiero señalar que más allá de todo tecnicismo he votado los recursos necesarios para el programa de regularización de asentamientos y para que el Instituto Nacional de Colonización pueda continuar con la compra de tierras y tenga un mejor funcionamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 106, que tiene un sustitutivo que figura en la hoja 80 y que refiere a la Dirección Nacional de Aduanas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 16. Afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- Solicito la reconsideración de la hoja 97 para incorporar lo que bien señaló el señor senador Sánchez respecto de la actualización por IPC de los fondos que recibía cada intendencia para el año 2019.

                De esta forma, el artículo diría: «El monto que percibirá cada Gobierno Departamental durante el período presupuestal 2020-2024, no podrá ser inferior al monto distribuido en el ejercicio 2019 actualizado por IPC».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración de la hoja 97.

(Se vota).

                –16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En consideración nuevamente la hoja 97 con la corrección realizada in voce por el señor senador Botana.

                Si no se uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

                –16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Corresponde pasar al artículo 1.° de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2020.

                En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–9 en 16. Afirmativa.

Por tanto, queda aprobada la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2020, que se comunicará al Senado.

Corresponde designar miembros informantes.

SEÑOR NIFFOURI.-  Propongo a la señora senadora Carmen Asiaín como miembro informante del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde designar miembro informante de la oposición.

SEÑOR CARRERA.- Proponemos al señor senador Oscar Andrade como miembro informante. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto. La señora senadora Asiaín será miembro informante por la mayoría y el señor senador Andrade por la minoría.

                De esta forma, queda aprobada la rendición de cuentas.

                Agradecemos a los funcionarios del Senado, asesores de los parlamentarios, funcionarios de los ministerios y senadores, a quienes les pedimos disculpas si en algún momento ofendimos su sensibilidad.

                Se levanta la sesión.

(Son las 13:31).